SUMARIO
De la Comisión Permanente, mediante la cual se comunica que, durante este periodo, se concedieron licencias a los diputados José Elías Lixa Abimerhi, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Xavier Azuara Zúñiga y Fernando Luis Manzanilla Prieto, para separarse de sus funciones como diputados federales electos. De enterado. Llámese a los suplentes
De la Comisión Permanente, respecto a la reincorporación de los diputados José Elías Lixa Abimerhi, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Xavier Azuara Zúñiga y Roberto Antonio Rubio Montejo a sus actividades legislativas. De enterado, comuníquese
De la Junta de Coordinación Política, a través de la cual comunica que, durante el primer receso del primer año de ejercicio, se realizaron cambios de integrantes y de juntas directivas de diversas comisiones ordinarias, que se publicaron en la Gaceta Parlamentaria y se actualizaron los registros parlamentarios. De enterado
Del diputado Teófilo Manuel García Corpus, por la que comunica su incorporación al Grupo Parlamentario de Morena. De enterado
De la Coordinación del Grupo Parlamentario de Morena, mediante la cual comunica la integración del diputado Teófilo Manuel García Corpus, a ese Grupo Parlamentario. De enterado, actualícense los registros parlamentarios
Del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, por la que comunica la designación de los diputados Olga Juliana Elizondo Guerra y Jorge Arturo Argüelles Victorero, como coordinadora y vicecoordinador, respectivamente del Grupo Parlamentario. De enterado
Del diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez, con la cual comunica que deja de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. De enterado
-De la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
-Del diputado Juan Francisco Ramírez Salcido, del Grupo Parlamentario de MC, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de identificar las carencias y fallas de las instalaciones deportivas escolares y estar en condiciones de atender las necesidades fundamentales
-Del diputado Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 121 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios
Del ciudadano Gregorio Guerrero Pozas, mediante la cual remite su renuncia al cargo de titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, con efectos al 31 de enero de 2019. Se remite a la Junta de Coordinación Política
De la Secretaría de Salud, con las que remite:
-Los Informes Trimestrales sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores de desempeño previstos en las Reglas de Operación, correspondientes al Cuarto Trimestre de 2018. Se turna a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud, para su conocimiento
-La Información relativa a las contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto, el reporte del monto ejercido de los subsidios otorgados y el resultado de las evaluaciones de los programas sujetos a reglas de operación, correspondientes al período enero-diciembre del ejercicio fiscal 2018. Se turna a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud, para su conocimiento
-El Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud enero-diciembre 2018. Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento
De la Comisión Federal de Competencia Económica, por medio de la que remite el Programa Anual de Trabajo 2019 y el Cuarto Informe Trimestral 2018, de los resultados alcanzados y acciones desarrolladas durante el periodo que comprende del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018. Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para su conocimiento
Del Instituto Nacional de las Mujeres, con la cual remite el Informe de Resultados correspondiente al período octubre-diciembre de 2018 y los Avances de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, correspondientes al cuarto trimestre de 2018. Se turna a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Igualdad de Género, para su conocimiento
Del Banco de México, mediante la cual remite la Exposición sobre la Política Monetaria que el instituto se ha propuesto seguir en el ejercicio 2019. Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite el Cuarto Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal 2018, de los programas sujetos a reglas de operación S y otros subsidios U, a cargo de la Secretaría de Economía y su sector coordinado. Se turna a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Economía, Comercio y Competitividad, y de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, para su conocimiento
De la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con la que remite el Informe de la Auditoría Interna a su Matrícula, correspondiente al cuarto trimestre del año 2018. Se turna a las Comisiones de Educación, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento
Del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante la cual remite la Memoria Anual 2018. Se turna a la Comisión de Justicia, para su conocimiento
De la Comisión Nacional del Agua, mediante la cual remite el Informe por entidad federativa, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2018 de los recursos asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el Programa de Devolución de Derechos. Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para su conocimiento
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la que remite los informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al cuarto trimestre de 2018; e información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, al costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondiente a diciembre de 2018, y a la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de estas, desagregada por tipo de fondo; y adjunta la información mediante la cual se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento
De la Cámara de Senadores, con las cuales:
-Comunica que durante la sesión extraordinaria celebrada el 18 de enero de 2019, el Pleno de la Cámara de Senadores, designó al ciudadano Alejandro Gertz Manero, como Fiscal General de la República. De enterado
-Devuelve para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional, el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39, numeral 2, segundo párrafo, fracción X de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen
-Devuelve para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional, el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen
-Devuelve para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional, el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se dispone la obligación de los editores de hacer el depósito legal de sus publicaciones digitales, además de sus publicaciones impresas. Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen
El ciudadano Eudoxio Morales Flores rinde protesta de ley y entra en funciones como diputado federal
INICIATIVAS DE CONGRESOS ESTATALES
Del Congreso de Baja California, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 153 y 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
Del Congreso del Estado de México, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXXII al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
Del Congreso de Sonora, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
El diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena, en nombre propio y de diputados integrantes de la Comisión de Pesca, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen
El diputado Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PAN, del PRI, de MC y del PRD, así como los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Para referirse a la iniciativa hacen uso de la tribuna:
-El diputado René Juárez Cisneros, del PRI
-El diputado Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, de MC
-El diputado José Ricardo Gallardo Cardona, del PRD
Se turna a las Comisiones Unidas de Educación, y de Puntos Constitucionales, para dictamen
La diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, en nombre propio y de la diputada Maribel Martínez Ruíz, ambos del Grupo Parlamentario del PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen
La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 74, 89 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
El diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 267 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
La diputada Beatriz Manrique Guevara, del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen
La diputada Graciela Sánchez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 8o. y 12 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. Se turna a la Comisión de Economía Comercio y Competitividad, para dictamen
La diputada Martha Elena García Gómez, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 8o., 67 y 149 de la Ley General de Víctimas. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
El diputado Carlos Javier Lamarque Cano, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se turna a la Comisión de Economía Comercio y Competitividad, para dictamen
El diputado José Salvador Rosas Quintanilla, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 Ter de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen
El diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9o. y 20 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 216 de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
La diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Turismo y de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para opinión
EFEMÉRIDES
Para referirse a la efeméride, intervienen:
-La diputada Abelina López Rodríguez, de Morena
-El diputado Óscar Bautista Villegas, del PVEM
-La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del PRD
-El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, de MC
-El diputado Alfredo Porras Domínguez, del PT
-El diputado Ricardo de la Peña Marshall, del PES
-La diputada Claudia Pastor Badilla, del PRI
-El diputado Marcos Aguilar Vega, del PAN
ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Se da cuenta con un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta respetuosamente a las dependencias del Poder Ejecutivo federal a garantizar la operación adecuada y el uso eficiente, eficaz y honrado de los recursos públicos del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras
Para referirse al acuerdo, hacen uso de la palabra:
-La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz
-La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del PRD
-La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, de MC
-El diputado José Luis Montalvo Luna, del PT
-El diputado Mario Mata Carrasco, del PAN, para rectificar hechos, desde la curul
-La diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo, del PAN, para rectificar hechos, desde la curul
-La diputada Carolina García Aguilar, del PES
-La diputada Laura Barrera Fortoul, del PRI
-El diputado Armando Tejeda Cid, del PAN, quien propone una modificación
-El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT, para hacer una moción de orden, desde la curul
-El diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua, de Morena
Desde la curul, intervienen:
-La diputada Dulce Alejandra García Morlan, del PAN, para rectificar hechos
-El diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del PAN, para rectificar hechos
-La diputada Anilú Ingram Vallines, del PRI, para rectificar hechos
-El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, del PAN, para rectificar hechos
-El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT, para rectificar hechos
-La diputada Lourdes Celenia Contreras González, de MC, para rectificar hechos
-La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del PRD, para rectificar hechos
-La diputada Martha Angélica Tagle Martínez, de MC, para rectificar hechos
-El diputado Armando Tejeda Cid, del PAN, para responder alusiones personales
-La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez, del PRI, para rectificar hechos
-El diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua, de Morena, para responder alusiones personales
-La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del PAN, para rectificar hechos
-El diputado José Luis Montalvo Luna, del PT, para rectificar hechos
-El diputado Rubén Terán Águila, de Morena, para rectificar hechos
-El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT, para rectificar hechos
-La diputada Frinné Azuara Yarzábal, del PRI, para rectificar hechos
-El diputado Mario Delgado Carrillo, de Morena, para referirse al acuerdo
No se acepta la modificación propuesta
Aprobado comuníquese
Se da cuenta con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que, en 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas, se les incluye en el desarrollo de las sesiones ordinarias
Aprobado comuníquese
Se da cuenta con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta respetuosamente a los presidentes del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica para que acudan a reunión de trabajo para que informen sobre el proceso de autorización de la fusiónDisney-Fox
Desde la curul, se refieren al acuerdo:
-El diputado José Elías Lixa Abimerhi, del PAN
-El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT
-El diputado Mario Delgado Carrillo, de Morena
-El diputado José Elías Lixa Abimerhi, del PAN
La Presidencia instruye a la Secretaría dar lectura al acuerdo nuevamente
Para referirse al acuerdo, hacen uso de la tribuna:
-El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, del PVEM
-El diputado Higinio del Toro Pérez, del MC
-El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT
-El diputado José Luis García Duque, del PES
-La diputada Soraya Pérez Munguía, del PRI
-La diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del PAN, quien propone una modificación
-El diputado Rafael Hernández Villalpando, de Morena
La Secretaría da lectura a la modificación propuesta. Se acepta
Aprobado, comuníquese
De la Junta de Coordinación Política, por las que propone cambios de integrantes y en juntas directivas en comisiones. Se aprueba, comuníquese
La Presidencia turna las proposiciones con punto de acuerdo y las iniciativas con proyecto de decreto que no se presentaron en tribuna a las comisiones que correspondan, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados
INTERVENCIÓN DE DIPUTADA Y DE DIPUTADO
-La diputada Irma Juan Carlos, de Morena
-El diputado Manuel López Castillo, de Morena
EFEMÉRIDES RECIBIDAS
Del diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM, se recibió efeméride con motivo del 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer
Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del miércoles 7 de febrero de 2019, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados
ASISTENCIA
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia, por favor.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Sí, presidente. Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 427 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum, presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (a las 11:25 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: En votación económica, se consulta si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.
Orden del día
Miércoles 6 de febrero de 2019
Declaratoria de apertura
Comunicaciones oficiales
De la Comisión Permanente
De la Junta de Coordinación Política
Del diputado Teófilo Manuel García Corpus
Comunica su incorporación al Grupo Parlamentario de Morena.
De la Coordinación del Grupo Parlamentario de Morena
Comunica la integración del diputado Teófilo Manuel García Corpus, a ese Grupo Parlamentario.
Del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social
Comunica la designación de los diputados Olga Juliana Elizondo Guerra y Jorge Arturo Argüelles Victorero, como Coordinadora y Vicecoordinador, respectivamente del grupo parlamentario.
Del diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez
Comunica que deja de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
De los diputados Sara Rocha Medina, Juan Francisco Ramírez Salcido y Marco Antonio González Reyes
Solicitan el retiro de sus iniciativas.
Del ciudadano Gregorio Guerrero Pozas
Remite renuncia al cargo de Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral, con efectos al 31 de enero de 2019.
De la Secretaría de Salud
Remite los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores de desempeño previstos en las Reglas de Operación, correspondientes al Cuarto Trimestre de 2018.
Remite la Información relativa a las Contrataciones por Honorarios que realizan los Ejecutores de Gasto, el Reporte del Monto Ejercido de los Subsidios Otorgados y el resultado de las evaluaciones de los programas sujetos a reglas de operación, correspondientes al período enero-diciembre del ejercicio fiscal 2018.
Remite el Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud enero-diciembre 2018.
De la Comisión Federal de Competencia Económica
Remite el Programa Anual de Trabajo 2019 y el Cuarto Informe Trimestral 2018, de los resultados alcanzados y acciones desarrolladas durante el periodo que comprende del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.
Del Instituto Nacional de las Mujeres
Remite el informe de resultados correspondiente al período octubre-diciembre de 2018 y los Avances de los Programas Presupuestarios con Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, correspondientes al cuarto trimestre de 2018.
Del Banco de México
Remite la exposición sobre la política monetaria que el Instituto se ha propuesto seguir en el ejercicio 2019.
De la Secretaría de Gobernación
Remite el Cuarto Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal 2018, de los programas sujetos a reglas de operación S y otros subsidios U, a cargo de la Secretaría de Economía y su sector coordinado.
De la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Remite el Informe de la Auditoría Interna a su matrícula, correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2018.
Del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Remite la Memoria Anual 2018.
De la Comisión Nacional del Agua
Remite el Informe por Entidad Federativa, correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018 de los recursos asignados a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en el Programa de Devolución de Derechos.
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Remite los informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al cuarto trimestre de 2018; información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal; el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondiente al mes de diciembre de 2018; e información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de diciembre de 2017. Asimismo, adjunta la información mediante la cual se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
De la Cámara de Senadores
Comunica que durante la Sesión Extraordinaria celebrada el 18 de enero de 2019, el Pleno de la Cámara de Senadores, designó al ciudadano Alejandro Gertz Manero, como Fiscal General de la República.
Devuelve para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional, el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39, numeral 2, segundo párrafo, fracción X de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Devuelve para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional, el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Devuelve para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional, el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se dispone la obligación de los editores de hacer el depósito legal de sus publicaciones digitales, además de sus publicaciones impresas.
Protesta de diputado
Iniciativa del Congreso del Estado de Baja California
Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 153 y 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Iniciativa del Congreso del Estado de México
Con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXXII al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Iniciativa del Congreso del Estado de Sonora
Con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Propuesta de acuerdo de los órganos de gobierno
Iniciativas
Que reforma el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 194 y 198 de la Ley General de Salud y 198 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Manuel Huerta Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Sergio Mayer Bretón, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, a cargo del diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo del diputado Maximino Alejandro Candelaria, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Maximiliano Ruiz Arias, del Grupo Parlamentario de Morena y diputados integrantes de la Comisión de Pesca.
Que adiciona el artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Israel Ramos Ruíz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley Nacional de Fomento y Protección a la Ganadería, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Maximino Alejandro Candelaria, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena, e integrantes de la Comisión de Pesca.
Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Irán Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género, suscrita por diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Congreso de la Unión, a cargo del diputado Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Raúl Gracia Guzmán y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 35 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, suscrita por el diputado Ricardo Flores Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 9o. de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, suscrita por el diputado Ricardo Flores Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones al Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por la diputada Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 282 y 283 del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Martha Elisa González Estrada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por la diputada Martha Elisa González Estrada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Martha Elisa González Estrada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por el diputado Sergio Fernando Ascencio Barba y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 240 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marcela Guillermina Velasco González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 3o., 7o. y 9o. de la Ley General de Turismo, suscrita por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 7o. de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que expide la Ley del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de justicia laboral, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que adiciona el artículo 11 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma y adiciona el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma y adiciona el artículo 37 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que adiciona el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma y adiciona los artículos 187 Bis y 420 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Francisco Favela Peñuñuri, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 68 y 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado b) del Artículo 123 constitucional, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 72 de la Ley General de Bienes Nacionales y 25 de la Ley de Aeropuertos, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 95 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruíz y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que expide la Ley que crea el Fideicomiso Operador del Fondo de Acceso a la Seguridad Social para Artistas y Promotores Culturales, a cargo del diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 9o., 91, 92 y 93 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo del diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 259 Ter del Código Penal Federal, a cargo del diputado Alan Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 102 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona los artículos 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 41 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona los artículos 5o. y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por diputadas integrantes de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano y de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 262 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona el artículo 325 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 95 y 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar a todos los trabajadores del país y sus familias una vida digna, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 2o., 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 26 y 29 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que expide la Ley de Ahorro y Recorte de Gasto Corriente de la Federación, a cargo de la diputada Luz Estefanía Rosas Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona los artículos 210 y 212 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Oscar Bautista Villegas y Erika Mariana Rosas Uribe, de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
Que adiciona un artículo 33 Bis a la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
Que reforma los artículos 16 y 99 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez.
Que reforma el artículo 31 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Defensa Nacional.
Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Turismo y de la Ley Federal de Derechos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos, a fin de garantizar la paridad de género en la integración de los órganos de dirección de los partidos políticos, a cargo de la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 74, 89 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Que expide la Ley que Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones Federales de Seguridad Pública, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el DOF el 18 de julio de 2016, suscrita por la diputada Martha Elena García Gómez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 8o., 67 y 149 de la Ley General de Víctimas, a cargo de la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 68 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 267 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 4o., 83 y 86 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Martha Elisa González Estrada, y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 6o., 12 y 18 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Planeación, en materia de participación ciudadana, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 9o. y 20 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo del diputado Héctor Jiménez y Meneses, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 73 de Ley General de Partidos Políticos, suscrita por la diputada Saraí Núñez Cerón y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 7 y 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona el artículo 216 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, suscrita por la diputada Saraí Núñez Cerón y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en materia de fomento al empleo para los jóvenes, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 16, 40, 41 y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 429, 430 y 431 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por la diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de registro nacional de deudores alimenticios morosos, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 20, 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 7 Bis y 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Ricardo Delsol Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 14 Ter de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 3o., 8o. y 12 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, a cargo de la diputada Graciela Sánchez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adicionA diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por la diputada Dulce Alejandra García Morlan y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 70 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 4o. de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, así como los diputados integrantes de sus Grupos Parlamentarios.
De decreto por el que se declara el mes de febrero cómo Mes de la Salud del Hombre, suscrita por los diputados Manuel Huerta Martínez y Katia Alejandra Castillo Lozano, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 8o., 67 y 149 de la Ley General de Víctimas, a cargo de la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Carlos Pavón Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 92 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Carlos Pavón Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 17 y 36 y adiciona un artículo 50 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley General de la Diversidad Sexual, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.
Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Jalisco, a abrogar el Decreto Número 27228/LXII/19, publicado el pasado 31 de enero 2019, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y lo extingue, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que gire las instrucciones a la SHCP, para aumentar el periodo de prórroga en el Artículo Transitorio Primero, de las Reglas de carácter general para la recepción de información de declaraciones fiscales y la recaudación de recursos federales por parte de las instituciones de crédito, publicado en el DOF el 14 de septiembre de 2018, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SHCP, haga pública la información de los procesos de contratación y los contratos celebrados con las empresas extranjeras con las que se convino la adquisición de 671 unidades de transporte para trasladar combustibles, por un monto de 92 millones de dólares, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a instruir a las dependencias correspondientes a exentar de pago el tramo Playas de Tijuana - Rosarito, en la Autopista Tijuana - Ensenada, a cargo del diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Con punto de acuerdo para realizar un censo en las instituciones escolares públicas y privadas y se determine si cuentan o no con un espacio propicio para desarrollar los programas de activación física de los educandos en el país, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de los estados de la República a tipificar el maltrato y la crueldad animal en su legislación penal, suscrito por las diputadas Julieta Macías Rábago y Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del estado de Nayarit, para que en coordinación con la Semarnat y la Profepa, investiguen las causas que dieron origen a los varamientos de especies marinas en los últimos meses, suscrito por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Guerrero, a dar solución a la situación que viven los desplazados que por motivos de inseguridad tuvieron que abandonar su lugar de origen, propiedades y empleos en dicha entidad, a cargo del diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo relativo a garantizar la protección y el acceso a servicios básicos a la caravana migrante, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, en coordinación con el INE, a asegurar los recursos necesarios que garanticen la plena y eficaz participación de las autoridades electorales en los procesos electorales locales que se realizarán durante el 2019, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a la SRE, para implementar acciones que faciliten la incorporación de hijos de mexicanos en retorno, al sistema educativo nacional, así como el otorgamiento de la doble nacionalidad, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo para intervenir y revisar las condiciones laborales del personal de limpieza del recinto legislativo, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política, a efecto de que se garanticen condiciones laborales justas y en términos de trabajo decente a todas y todos los empleados de limpieza que trabajan en la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política, para crear una Comisión Especial que dé seguimiento a las investigaciones y recomendaciones relacionadas con el robo de combustible, los planes emergentes de abastecimiento de Pemex, y los sucesos acaecidos en la comunidad de Tlahuelipan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y a la SHCP, a ampliar los beneficios del programa Somos Mexicanos para que los migrantes que retornan al país de manera definitiva puedan importar sus vehículos sin gravamen alguno, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente del municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a respetar el estado laico y se abstenga de organizar, participar o asistir con carácter oficial a un acto religioso de culto público, a cargo del diputado Irán Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las instancias correspondientes realice una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas locales susceptibles de ser afectadas por la construcción del proyecto denominado Tren Maya, a cargo de la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo para actualizar y fortalecer los protocolos de actuación y medidas de seguridad, auxilio y protección a las mujeres, ante el incremento de presuntos intentos de secuestro en las instalaciones e inmediaciones del metro de la CDMX, a cargo de la diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedatu, a impulsar programas de vivienda a bajo costo para migrantes mexicanos en el extranjero y de retorno que les permita hacerse de un patrimonio que posibilite el bienestar familiar, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a realizar las acciones necesarias en materia presupuestaria, jurídica y administrativa para mitigar el impacto negativo en los niños, hijos de madres trabajadores y padres solos, resultado de la reducción en el PEF 2019 al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cofepris, para que haga del conocimiento público las causantes que derivaron en el retraso de entrega de permisos para la importación de materias primas en la producción de medicamentos, a cargo de la diputada Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fortalecer el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y pueda operar de manera eficiente, a cargo de la diputada Lourdes Celenia Contreras González, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía, condena las amenazas realizadas en contra del Presidente de la República y respalda las acciones que lleva a cabo para combatir el robo de combustible en el país, suscrito por los diputados Jaime Humberto Pérez Bernábe y Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a instrumentar campañas informativas para concientizar a las niñas, niños y adolescentes que estudian la educación básica, sobre los principales riesgos del uso desmedido de los plásticos, a cargo de la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a someter a consideración la cesión de derechos a los 32 estados de la República Mexicana, de helicópteros y/o aviones que pertenecen al Gobierno Federal, a cargo del diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, a garantizar el estado de derecho y, a través del diálogo y la conciliación, atienda el conflicto laboral suscitado en el estado de Tamaulipas y la estabilidad laboral en todo el país, a cargo de la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales a dar cumplimiento a los convenios de apoyo financiero para que los recursos propios de las universidades tecnológicas y politécnicas no se consideren aportaciones estatales, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que transparente el origen de los recursos, montos finales y proceso de adquisición de los carros tanques que serán utilizados para la distribución de combustible, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo para implementar estrategias y políticas públicas para eliminar el uso de bolsas de plástico, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, para que atiendan su obligación de prevenir, proteger y garantizar el derecho a la vida de las mujeres y niñas, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales, a legislar en materia de establecimientos mercantiles, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de México, a iniciar una investigación objetiva e integral en relación a proliferación irregular de obras y los presuntos beneficios económicos otorgados por el gobierno de la entidad a favor de las empresas inmobiliarias, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a dar de conocer de manera electrónica un informe de evaluación sobre la implementación del Programa Intersecretarial para Atención a Migrantes en Baja California, a cargo de la diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a emitir por decreto una estampilla postal conmemorativa de los cien años de la muerte del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata y a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública para que a más tardar el día 10 de abril de 2019, expida un billete de lotería conmemorativo, a cargo de la diputada Brenda Espinoza López, del Grupo Parlamentario de Morena.
Efemérides
Con motivo del Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Abelina López Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con motivo del 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»
DECLARATORIA DE APERTURA
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se invita a los presentes a ponerse de pie, por favor. Por favor, ponerse de pie.
La Cámara de Diputados, de conformidad con lo que establece el artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hoy 6 de febrero de 2019 declara formalmente iniciado el segundo periodo de sesiones ordinarias del primero año de ejercicio de la LXIV Legislatura. Comuníquese. Muchas gracias. Pueden tomar asiento.
COMUNICACIONES OFICIALES
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo Federal. Comisión Permanente.
Secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de licencia del diputado José Elías Lixa Abimerhi, presentada a la Mesa Directiva el 7 de enero de 2019, aprobándose el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
Único.Se concede licencia al diputado José Elías Lixa Abimerhi, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para separarse de sus funciones como diputado electo en el 04 Distrito Electoral federal del estado de Yucatán, del 15 al 20 de enero de 2019.
La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite:
Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Ciudad de México, a 9 de enero de 2019. Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica), secretaria.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo Federal. Comisión Permanente.
Secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de licencia de la diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal, presentada a la Mesa Directiva el 8 de enero de 2019, aprobándose el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
Único.Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la segunda circunscripción plurinominal.
La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite:
Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Ciudad de México, a 9 de enero de 2019. Diputado Jorge Arturo Espadas Galván (rúbrica), secretario .»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo Federal. Comisión Permanente.
Secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la solicitud de licencia del diputado Xavier Azuara Zúñiga, presentada a la Mesa Directiva el 14 de enero de 2019, aprobándose el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
Único. Se concede licencia al diputado Xavier Azuara Zúñiga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal, del 15 de enero al 4 de febrero de 2019.
La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite:
Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Ciudad de México, a 15 de enero de 2019. Diputado Héctor Yunes Landa (rúbrica), secretario.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo Federal. Comisión Permanente.
Secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se dio cuenta de la solicitud de licencia del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto presentada a la Mesa Directiva el 22 de enero de 2019, aprobándose el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:
Único.Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para separarse de sus funciones como diputado electo en el 12 distrito electoral federal de Puebla a partir del 22 de enero de 2019.
La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Ciudad de México, a 23 de enero de 2019. Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica), secretaria.»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De enterado.
o
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo Federal. Comisión Permanente.
Secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el escrito del diputado José Elías Lixa Abimerhi, por el que comunica que se reincorpora a sus funciones legislativas como diputado electo en el 04 distrito electoral federal del estado de Yucatán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a partir del 20 de enero de 2019.
La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: De enterado. Comuníquese.
Ciudad de México, a 23 de enero de 2019. Diputado Héctor Yunes Landa (rúbrica), secretario.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo Federal. Comisión Permanente.
Secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el escrito de la diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal, por el que comunica que se reincorpora a sus funciones legislativas como diputada federal electa en la segunda circunscripción plurinominal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a partir del 19 de enero de 2019.
La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: De enterado. Comuníquese.
Ciudad de México, a 23 de enero de 2019. Diputado Jorge Arturo Espadas Galván (rúbrica), secretario.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo Federal. Comisión Permanente.
Secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el escrito del diputado Xavier Azuara Zúñiga, por el que comunica que se reincorpora a sus funciones legislativas como diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a partir del 21 de enero de 2019.
La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: De enterado. Comuníquese.
Ciudad de México, a 23 de enero de 2019. Diputado Héctor Yunes Landa (rúbrica), secretario.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo Federal. Comisión Permanente.
Secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
En sesión celebrada en esta fecha por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se dio cuenta del escrito del diputado Roberto Antonio Rubio Montejo por el cual comunica que se reincorpora a sus funciones legislativas como diputado electo en el 11 distrito electoral federal de Chiapas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a partir del 18 de enero de 2019.
La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: De enterado. Comuníquese.
Atentamente
Ciudad de México, a 23 de enero de 2019. Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica), secretaria.»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De enterado. Comuníquese.
o
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura. Junta de Coordinación Política.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados sobre los cambios en la integración de comisiones durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, le informo de la modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:
Que el diputado Arturo Escobar y Vega cause baja como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Que el diputado marco Antonio Gómez Alcantar cause alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 15 de enero de 2019. Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura. Junta de Coordinación Política.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se estable el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados los cambios en la integración de comisiones, durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, le informo la modificación en la integración de las comisiones solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:
Que el diputado Mario Emmanuel Aragón Castillo cause alta como secretario en la Comisión de Puntos Constitucionales.
Que el diputado Mario Emmanuel Aragón Castillo cause alta como integrante en la Comisión Jurisdiccional.
Que el diputado Mario Emmanuel Aragón Castillo cause alta como integrante en la Comisión de Justicia.
Que el diputado Adrián Sánchez Ramiro cause alta como secretario en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Que el diputado Adrián Sánchez Ramiro cause alta como integrante en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento.
Que el diputado Adrián Sánchez Ramiro cause alta como integrante en la Comisión de Vivienda.
Que la diputada Cecilia Sofía Robledo Suárez cause alta como secretaria en la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales.
Que la diputada Cecilia Sofía Robledo Suárez cause alta como integrante en la Comisión de Deporte.
Que la diputada Cecilia Sofía Robledo Suárez cause alta como integrante en la Comisión de Educación.
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.
Respetuosamente
Palacio Legislativo, Ciudad de México, a 15 de enero de 2019. Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura. Junta de Coordinación Política.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados los cambios en la integración de comisiones durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, le informo la modificación en la integración de comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
Que el diputado René Juárez Cisneros cause baja como integrante de la Comisión de Energía.
Que el diputado René Juárez Cisneros cause baja como integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales.
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 17 de enero de 2019. Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura. Junta de Coordinación Política.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política en el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados los cambios en la integración de comisiones, durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, le informo la modificación en la integración de comisiones que se señalan, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:
Que el diputado José Elías Lixa Abimerhi cause alta como secretario en la Comisión de Puntos Constitucionales.
Que el diputado José Elías Lixa Abimerhi cause alta como integrante en la Comisión Jurisdiccional.
Que el diputado José Elías Lixa Abimerhi cause alta como integrante en la Comisión de Justicia.
Que el diputado Xavier Azuara Zúñiga cause alta como secretario en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Que el diputado Xavier Azuara Zúñiga cause alta como secretario en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento.
Que el diputado Xavier Azuara Zúñiga cause alta como integrante en la Comisión de Vivienda.
Que la diputada Isabel Guerra Villarreal cause alta como secretaria en la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales.
Que la diputada Isabel Guerra Villarreal cause alta como integrante en la Comisión de Deporte.
Que la diputada Isabel Guerra Villarreal cause alta como integrante en la Comisión de Educación.
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.
Respetuosamente
Ciudad de México, a 23 de enero de 2019. Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura. Junta de Coordinación Política.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el procedimiento para informar al pleno de la Cámara de Diputados los cambios en la integración de comisiones durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, le informo la modificación en la integración de comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:
Que el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo cause alta como secretario en la Comisión de Pueblos Indígenas.
Que el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo cause alta como integrante en la Comisión de Educación.
Que el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo cause alta como integrante en la Comisión de Ganadería.
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 25 de enero de 2019. Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente.»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De enterado. Actualícense los registros parlamentarios.
o
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura.
Diputado Mario Delgado Carrillo, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Presente.
Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito informar a usted mi interés de incorporarme al Grupo Parlamentario de Morena, por las coincidencias que tengo con la agenda legislativa del grupo parlamentario que usted coordina y con el proyecto de nación.
Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2019. Diputado Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De enterado.
o
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presente.
Por este conducto, me permito informar a usted el interés del diputado Teófilo Manuel García Corpus para integrarse al Grupo Parlamentario de Morena, motivo por el cual solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de realizar los trámites conducentes a que haya lugar, para la formal integración del diputado García Corpus a este grupo parlamentario, para que su prerrogativa y expediente correspondiente sea transferido a Morena, a partir del 16 de enero del año en curso.
Asimismo, solicito se incorpore su curul correspondiente al Grupo Parlamentario de Morena en el salón de pleno.
Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de enero de 2019. Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De enterado. Comuníquese y actualícese.
o
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura.
Diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva. Presente.
Por medio de la presente le informo que en el marco de nuestra segunda reunión plenaria, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social ha decidido elegirme como coordinadora de éste, para ocupar la vacante dejada por la licencia indeterminada otorgada al diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto a partir del 31 de enero del presente año.
Pido atentamente que hagan el registro de este nombramiento y dicte sus apreciables instrucciones para que se me reconozca ese carácter en las áreas técnicas o administrativas correspondientes.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 27, fracción 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 20 y 21 del Reglamento Interior y del Reglamento del Grupo Parlamentario.
Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de febrero de 2019. Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura.
Diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva. Presente.
Por medio de la presente le informo que en el marco de nuestra segunda reunión plenaria, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social ha decidido elegirme como vicecoordinador de éste, para ocupar la vacante dejada por el nombramiento de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra como coordinadora, a partir del 31 de enero del presente año.
Pido atentamente que hagan el registro de este nombramiento y dicte sus apreciables instrucciones para que se me reconozca ese carácter en las áreas técnicas o administrativas correspondientes.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 27, fracción 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, yo 20 del Reglamento Interior, y del Reglamento del Grupo Parlamentario.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de febrero de 2019. Diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (rúbrica).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De enterado. Comuníquese y actualícense los registros parlamentarios.
o
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presente.
Sirva la ocasión para enviar a usted un afectuoso saludo y, asimismo, hacerle llegar una cordial felicitación con motivo de la instalación del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
De igual manera, informo y hago de su conocimiento en mi calidad de diputado federal a este órgano legislativo que con fundamento en la fracción XII del artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a partir de esta fecha me separo y dejo de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social por así convenir a mis intereses respecto a mi representación y trabajo legislativo.
Lo anterior, a efecto de integrarme en lo sucesivo a los trabajos legislativos como diputado sin partido, así como para los efectos legales, parlamentarios y administrativos conducentes.
Sin más por el momento que expresarle, en espera de dar la oportuna atención a mi respetuoso comunicado, quedo de usted.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 1o. de febrero de 2019. Diputado Vicente Alfredo Onofre Vázquez (rúbrica).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: De enterado. Comuníquese.
o
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva.
Por medio del presente, me permito solicitar a usted se sirva autorizar el retiro de la iniciativa que promoví, con proyecto de decreto se adiciona el artículo 4 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Misma que fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables el día 2 de octubre del año próximo pasado.
Sinopsis de la iniciativa: Incorporar el principio de progresividad, con el objeto de establecer la obligación positiva del estado de promover los derechos de las personas de la tercera edad de manera progresiva y gradual, de forma tal que se garantice el incremento en el grado de tutela, respeto y protección de los derechos.
Lo anterior, con fundamento en el artículo 77, Apartado 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Sin más por el momento, quedo de usted.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2019. Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno se retire de la Comisión de Deporte la iniciativa presentada el pasado 2 de octubre del 2018.
Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de identificar las carencias y fallas de las instalaciones deportivas escolares y estar en condiciones de atender las necesidades fundamentales.
Para efecto de que, se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2019. Diputado Juan Francisco Ramírez Salcido (rúbrica).»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en el artículo 77, párrafo segundo, de Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta que dicte sus apreciables instrucciones para que sea retirada y borrada de todos los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 121 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por el suscrito, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, el 25 de octubre de 2018 y que fue turnada a la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados para el dictamen correspondiente.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta consideración y respeto.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de febrero de 2019. Diputado Marco Antonio González Reyes (rúbrica).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
o
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos:«Del ciudadano Gregorio Guerrero Pozas, mediante la que remite renuncia al cargo de titular del Órgano Interno de Control del INE, con efectos al 31 de enero de 2019.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Presente.
Distinguido Diputado Presidente:
Como es de su conocimiento, fui elegido en 2008, por esa honorable Cámara de Diputados como contralor general del entonces Instituto Federal Electoral, por un periodo de 6 años y, posteriormente, ante la reforma constitucional de 2014, que creó al Instituto Nacional Electoral, la propia Cámara baja aprobó mi reelección como contralor general de Instituto, por 6 años más.
En 2015, fue reformado el artículo 41 de la Constitución, en el sentido de cambiar la denominación de Contraloría General del Instituto Nacional Electoral a Órgano Interno de Control, habiendo quedado en los mismos términos sus funciones y regulación, como lo relativo a su autonomía técnica y de gestión, la forma del nombramiento de su titular y el periodo de su encargo.
Para mí ha sido un alto honor el haber tenido la responsabilidad de encabezar la primera Contraloría General Constitucional con autonomía técnica y de gestión en un órgano autónomo. Me correspondió la responsabilidad de materializar jurídica y estructuralmente el establecimiento de una unidad administrativa con autonomía en su actuar, pero siempre con una relación de respeto, sin subordinación, frente a los órganos de dirección que integran el Instituto Electoral.
Después de casi 11 años de mi designación, he realizado un ejercicio de reflexión sobre la fortaleza alcanzada en este ente autónomo de control y fiscalización, en cuanto a su organización, su instrumentación jurídica, su normativa interna y el profesionalismo de los servidores públicos que lo componen, lo que incluye desde luego, la materialización del nuevo paradigma encausado por el recientemente creado Sistema Nacional Anticorrupción y autoridades legalmente formadas. Puedo afirmar como misión cumplida la responsabilidad que me fue conferida encabezando un órgano interno de control sólido y consolidado.
Por ello al haber sido invitado para colaborar en la administración que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para incursionar en un nuevo reto en donde aplicaré toda mi experiencia profesional obtenida a lo largo de 43 años en el servicio público, es que me veo precisado a someter a su consideración mi renuncia con carácter de irrevocable al nombramiento de titular del Órgano Interno de Control del instituto Nacional Electoral, con efectos al 31 de enero de 2019.
Agradeciendo de antemano las muestras de apoyo que siempre recibí de esa honorable Cámara de Diputados, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración y respeto invariable.
Ciudad de México, a 29 de enero de 2019. Contador Público Gregorio Guerrero Pozas (rúbrica).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Junta de Coordinación Política, para su atención.
o
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Salud.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presente.
Me refiero a lo dispuesto en los artículos 28 (anexo 26) del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que las dependencias deberán enviar trimestralmente a la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones correspondientes, los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios, a nivel capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación.
Al respecto, por instrucciones del doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, y en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, me permito enviar copia de la nota DGPyP-41-2019, suscrito por el contador público Mario M. Ruiz de León, director general de Programación y Presupuesto, así como el anexo que la acompaña, mediante la cual se proporciona la información descrita.
Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 22 de enero de 2019. Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud, para su conocimiento.
o
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Salud.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presente.
Me refiero al oficio 315-A-0l14, mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicita que se remita en forma directa al honorable Congreso de la Unión, por conducto de las comisiones correspondientes, la información establecida en los artículos 69, 75, fracción X, y 7B, último párrafo, de la Ley Federal de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Al respecto, por instrucciones de la doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, secretario de Salud, y en términos de lo dispuesto en el artículo 13, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, que establece que corresponde a esta Unidad Coordinadora ... coordinar los mecanismos de vinculación con el Poder Legislativo..., me permito enviar copia del oficio sin número, suscrito por el doctor Pedro Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas, así como el anexo que la acompaña, mediante la cual se proporciona la información descrita.
Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 30 de enero de 2019. Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Salud.
Doctor Ernesto Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.
En atención al oficio número 315-A-0114, mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicita que se remita en forma directa al Congreso de la Unión, por conducto de las comisiones correspondientes, la información establecida en los artículos 69,75, fracción X, y 78, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).
Al respecto envío a usted de forma impresa y en disco compacto, mediante atenta nota DGPyP-40-2019, de fecha 21 de enero del presente año, suscrita por el contador público Mario M. Ruiz de León, director general de Programación y Presupuesto, la información relativa a las contrataciones por honorarios y reporte del monto ejercido de los subsidios otorgados, correspondientes al periodo enero-diciembre del ejercicio fiscal de 2018. Cabe señalar que la fecha límite para la entrega de dicha información es el 30 de enero del presente año.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 29 de enero de 2019. Doctor Pedro Flores Jiménez (rúbrica), titular de la Unidad de Administración y Finanzas.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Salud.
Doctor Pedro Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas.
Anexo copia del oficio número 315-A-0114, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante el cual solicita que se remita en forma directa al Congreso de la Unión, por conducto de las comisiones correspondientes, la información establecida en los artículos 69, 75, fracción X, y 78, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH).
Al respecto, con fundamento en los artículos 285 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH) y 27 de Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, anexo en impreso y disco compacto, la información relativa a las contrataciones por honorarios y reporte del monto ejercido de los subsidios otorgados, correspondientes al periodo enero-diciembre del ejercicio fiscal de 2018, con la finalidad de obtener su visto bueno para dicho envío.
Así también, le informo que el resultado de las evaluaciones de los programas sujetos a reglas de operación, a que se refiere el artículo 78 de la LFPRH, se encuentra publicado conforme al Programa Anual de Evaluación en la página web de esta secretaría en el siguiente vínculo electrónico:
http://www.dged.salud.gob.mx/contenidos/deppes/ evaluaciones_filtro.html
Por lo que se refiere a las reglas de operación de los programas a través de los cuales se otorguen subsidios para fortalecer a los intermediarios que participen en el sector de ahorro y crédito popular, otros intermediarios financieros, y de los programas en los que, por conducto de dichas instituciones, se otorguen subsidios a la población de menores ingresos, le informo que no le aplica a la Secretaría de Salud.
Es importante mencionar que la fecha límite para entregar dicha información a la honorable Cámara de Diputados es el 30 de enero de 2019, y conforme al artículo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, el conducto para su entrega ante esa instancia legislativa es la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social. No omito señalar que la mencionada Unidad Coordinadora debe enviar una copia del oficio de remisión a la Secretaría Hacienda y Crédito Público / director general de Programación y Presupuesto A de la SHCP.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 21 de enero de 2019. Contador Público Mario M. Ruiz de León (rúbrica), director general de Programación y Presupuesto.»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud, para su conocimiento.
o
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Salud.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presente.
Me refiero al diverso CNPSS-130-2019, de fecha 30 de enero del 2019, suscrito por la maestra Angélica Ivonne Cisneros Luján, comisionada nacional de Protección Social en Salud, mediante el cual presenta el Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud enero-diciembre 2018.
Al respecto, por instrucciones del doctor Jorge Carlos Alcacer Varela, secretario de Salud, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 77 Bis 31 de la Ley General de Salud y 140 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, remito de forma impresa y electrónica el Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud enero-diciembre 2018.
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/Salud_Inf2018-20190206.pdf)
Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 31 de enero de 2019. Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Salud.
Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud. Presente.
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 77 Bis 31 de la Ley General de Salud y al artículo 140 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, referente al requerimiento de presentar al Congreso de la Unión, en los meses de enero y julio de cada año, el informe pormenorizado de las acciones realizadas por el Sistema de Protección Social en Salud, remito a usted el Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud enero-diciembre 2018, en impreso y medio magnético, a efecto que por su amable conducto sea entregado en tiempo y forma al honorable Congreso de la Unión.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 30 de enero de 2019. Maestra Angélica Ivonne Cisneros Luján (rúbrica), comisionada nacional de Protección Social en Salud, Secretaría de Salud.»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Salud, para su conocimiento.
o
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Comisión Federal de Competencia Económica.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Presente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con los artículos 12, fracción XXV, y 49 de la Ley Federal de Competencia Económica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, el titular de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) deberá presentar el programa anual de trabajo y un informe trimestral de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, dentro de los 30 días naturales después de terminado el trimestre correspondiente.
En cumplimiento a este mandato, hago llegar los siguientes documentos en disco compacto y en versión impresa:
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/Cofece_P.A.T.-20190206.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/Cofece_4trim-20190206.pdf)
1. Programa anual de trabajo 2019, en el cual se especifican las acciones a seguir por la Cofece durante 2019.
2. Cuarto informe trimestral 2018, el cual da cuenta de los resultados alcanzados y acciones desarrolladas durante el periodo que comprende del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018.
Por último, le informo que, en apego al artículo 20, fracción IX, de la LFCE, el programa anual de trabajo 2019 y el cuarto informe trimestral 2018 fueron aprobados de manera unánime por el pleno de la Cofece, en la tercera sesión ordinaria del 24 de enero de 2018.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 29 de enero de 2019. Alejandra Palacios Prieto (rúbrica), Comisionada Presidenta.»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para su conocimiento.
o
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala:«Instituto Nacional de las Mujeres.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Presente.
Por este medio, y en cumplimiento con lo estipulado en el artículo 22 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2018, me permito hacerle llegar, en versión impresa y electrónica, el informe de resultados correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2018 del Instituto Nacional de las Mujeres, así como en electrónico los Avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, con sus respectivos anexos al cuarto trimestre de 2018.
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/Inmujeres-20190206.pdf)
Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente
Ciudad de México, a 30 de enero de 2019. Licenciada Marcela Eternod Arámburu (rúbrica), Secretaria Ejecutiva .»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Igualdad de Género, para su conocimiento.
o
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala:«Banco de México.
Secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Con fundamento en los artículos 46, fracción IX, y 51, fracción 1, de la Ley del Banco de México, me permito enviar a esa honorable Comisión Permanente la exposición sobre la política monetaria que el Instituto Central se ha propuesto seguir en el ejercicio 2019, aprobada por la Junta de Gobierno del Banco en sesión del 28 de enero de 2019.
Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.
Atentamente
Ciudad de México, a 29 de enero de 2019. Licenciado Alejandro Díaz de León Carrillo (rúbrica).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y debate.
o
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Por este medio me permito hacer de su conocimiento que, por oficio número 113.2019.DGVP.005, recibido a las 18:20 horas de este día, el doctor Marcos Santiago Avalos Bracho, coordinador de asesores y encargado de la Dirección General de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, envía el cuarto informe trimestral para el ejercicio fiscal 2018 de los programas sujetos a reglas de operación 5 y otros subsidios U, a cargo de esa dependencia y su sector coordinado.
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/SE-20190206.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/SE2-20190206.pdf)
Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, les acompaño, para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita, en formato impreso y disco compacto.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 22 de enero de 2019. Maestro Miguel Enrique Lucia Espejo (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Economía.
Maestro Miguel Enrique Lucia Espejo, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. Presente.
En cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 177, fracciones III, VI y VII, 181 y 285 de su Reglamento, 3, fracción XXI, y 22 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, por este conducto me permito remitir, de manera impresa y electrónica, el cuarto informe trimestral 2018 de los programas sujetos a reglas de operación S y otros subsidios U, operados por esta secretaría y el sector coordinado, los cuáles se enuncian a continuación:
PP: Nombre del programa
S020: Fondo Nacional Emprendedor
S021: Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural
S151: Programa para el Desarrollo de la Industria de Software y la innovación
S220: Programa para la Productividad y Competitividad Industrial
U004: Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera (fondo ProMéxico)
Con fundamento en los artículos 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la fracción II del artículo 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, me permito solicitarte que, por su amable conducto, se remita la información en comento al honorable Congreso de la Unión.
Asimismo, se anexa copia del oficio 112.2019.DGPE.002, para conocimiento de su antecedente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.
Atentamente
Ciudad de México, a 21 de enero de 2018. Doctor Marcos Santiago Ávalos Bracho (rúbrica), coordinador de asesores y encargado de la Dirección General de Vinculación Política.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Economía.
Doctor Marcos Santiago Ávalos Bracho, coordinador de asesores de la Secretaría de Economía y encargado de la Dirección General de Vinculación Política. Presente.
En cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 177, fracciones III, VI y VII, 181 y 285 de su Reglamento, 3, fracción XXI, y 22 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, por este conducto me permito remitir a usted, de manera impresa y electrónica, el cuarto informe trimestral 2018 (integrado conjuntamente por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y esta Dirección General), de los programas sujetos a reglas de operación S y otros subsidios U operados por esta secretaría y el sector coordinado, los cuales se enuncian a continuación:
PP: Nombre del programa
S020: Fondo Nacional Emprendedor
S021: Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural
S151: Programa para el Desarrollo de la Industria de Software y la innovación
S220: Programa para la Productividad y Competitividad Industrial
U004: Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera (fondo ProMéxico)
Lo anterior, a fin de que gire sus instrucciones a quien corresponda para remitir la documentación en comento a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
No omito señalar que, de conformidad con la normatividad vigente, el informe deberá ser entregado al Congreso a más tardar el 22 de enero del presente año, en un horario hábil.
Muchas gracias por la atención que se sirva brindar y reciba un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 18 de enero de 2019. Maestro Alejandro César Rosas Guerrero (rúbrica), director general de Planeación y Evaluación.»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Economía, Comercio y Competitividad, y de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, para su conocimiento.
o
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala:«Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura.Presente.
Estimado presidente:
Con fundamento en el artículo 76 del Estatuto General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que reconoce a la Contraloría General como el órgano oficial de fiscalización interna de la institución, encargado de diseñar, preparar y procesar la información que permita vigilar, evaluar y confirmar el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad, me permito hacer de su conocimiento que:
En cumplimiento a lo establecido en la fracción V del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, en el que dispone que las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública r entrego a usted: Informe de la auditoría interna a la matrícula de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo e informe de matrícula en el formato emitido por la DGESU/SES/SEP, correspondientes al cuarto trimestre del año 2018.
Agradeciendo su decidido apoyo para el desarrollo de la cultura de transparencia y rendición de cuentas en la vida universitaria, esperamos las indicaciones y observaciones que considere pertinentes y, sin otro particular por el momento, reitero a usted las seguridades de mi consideración.
Atentamente
Amor Orden y Progreso
Pachuca de Soto, Hidalgo, a 14 de enero de 2019. Contador Público Ramiro Mendoza Cano (rúbrica), contralor general.»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones de Educación, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
o
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Presente.
En cumplimiento a las atribuciones conferidas en los artículos 23, fracción XXXVI, y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, me permito enviarle la memoria anual 2018 de este tribunal, que me honro en presidir.
En ella se presentan los resultados del trabajo realizado por este tribunal durante 2018, tanto en el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales como administrativas y también por lo que se refiera a la competencia de este órgano jurisdiccional en lo relativo al sistema nacional anticorrupción.
Debo manifestar que, para alcanzar nuestros objetivos, se ha contado con la competitividad de los magistrados y cada uno de los servidores públicos que integran este tribunal.
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/Tfja-20190206.pdf)
Sin otro particular, con la más alta consideración y estima, quedo de usted muy respetuosamente.
Atentamente
Ciudad de México, a 29 de enero de 2019. Magistrado Carlos Chaurand Arzate (rúbrica).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.
o
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Comisión Nacional del Agua.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presente.
Con relación al Programa de Devolución de Derechos y de acuerdo con lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, anexo al presente para su conocimiento el informe por entidad federativa correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 2018 de los recursos autorizados y, en su caso, asignados a los municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento inmersos en este programa.
Sin otro particular reciba un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 31 de enero de 2019. Ingeniero Homero Encarnación Landa Vera (rúbrica), subdirector general de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.»
«Comisión Nacional del Agua.
Ingeniero Alfonso Camarena Larriva, Coordinador de asesores. Presente.
Me refiero a su memorando número B00.00.01.-053 con fecha 31 de enero, recibido en esta SGT con fecha 7 de febrero del presente, relativo al punto de acuerdo de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión que a la letra dice:
"Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Comisión Nacional del Agua a revisar la delimitación de la zona federal del lago Cuitzeo, en los municipios de Santa Ana Maya, Cuitzeo, Huandacareo, Chucándiro, Copándaro, Álvaro Obregón y Zinapécuaro, Michoacán, que tome en cuenta la vocación natural del lago y su estructura geomorfológica que eviten la utilización de zonas del lecho en construcción de infraestructura pública o privada, vivienda o actividades agropecuarias, permitiendo la participación en su diseño, de la sociedad civil."
A ese respecto, tengo a bien hacer de su conocimiento lo siguiente:
Esta Conagua se encuentra desarrollando el proyecto de delimitación de zona federal del lago Cuitzeo, de acuerdo con las consideraciones técnicas establecidas en los artículos 27 constitucional, 3o. y 4o. de la Ley de Aguas Nacionales, 52, 54, 68, 73, 82 y 86 del Reglamento Interior de la Conagua, así como lo estipulado en el manual de procedimientos en materia de declaratorias de aguas de propiedad nacional, delimitación de cauce y zona federal, así como su demarcación y supresión.
De igual forma, dentro de las consideraciones técnicas requeridas para su validación, se contempla que la información topográfica y/o batimétrica utilizada, describa adecuadamente la configuración del terreno. En el caso particular de los lagos, el nivel de aguas máximas ordinarias (NAMO), se obtiene a través de un análisis de los niveles máximos anuales históricos, tomando en cuenta el funcionamiento hidráulico registrado del cuerpo de agua; a partir del cual se definirá la franja correspondiente de 10 metros, considerada como zona federal.
Sin más por el momento y en espera de que la información haya sido de utilidad, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 14 de febrero de 2028. M. en I. Alfredo R. Ocón Gutiérrez (rúbrica), gerente.»
«Comisión Nacional del Agua.
Ingeniero Alfonso Camarena Larriva, Coordinador de Asesores. Presente.
Me refiero a su memorando número B00-00-01.084 con fecha 13 de abril, recibido en esta SGT con fecha 18 de abril del presente, relativo al punto de acuerdo de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, que a la letra dice:
"Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Comisión Nacional del Agua a revisar la "Delimitación de la zona federal del lago Cuitzeo, en los municipios de Santa Ana Maya, Cuitzeo, Huandacareo, Chucándiro, Copándaro, Álvaro Obregón y Zinapécuaro, Michoacán", que tome en cuenta la vocación natural del lago y su estructura geomorfológica que eviten la utilización de zonas del lecho en construcción de infraestructura pública o privada, vivienda o actividades agropecuarias, permitiendo la participación en su diseño, de la sociedad civil".
A ese respecto, se reitera lo expresado en mi similar B00.7.02.-0003 de fecha 14 de febrero de 2018, que a la letra dice:
Esta Conagua se encuentra desarrollando el proyecto de delimitación de zona federal del lago Cuitzeo, de acuerdo con las consideraciones técnicas establecidas en los artículos 27 constitucional, 3o. y 4o. de la Ley de Aguas Nacionales, 52, 54, 68, 73, 82 y 86 del Reglamento Interior de la Conagua, así como lo estipulado en el manual de procedimientos en materia de declaratorias de aguas de propiedad nacional, delimitación de cauce y zona federal, así como su demarcación y supresión.
De igual forma, dentro de las consideraciones técnicas requeridas para su validación, se contempla que la información topográfica y/o batimétrica utilizada, describa adecuadamente la configuración del terreno. En el caso particular de los lagos, el nivel de aguas máximas ordinarias (NAMO), se obtiene a través de un análisis de los niveles máximos anuales históricos, tomando en cuenta el funcionamiento hidráulico registrado del cuerpo de agua; a partir del cual se definirá la franja correspondiente de 10 metros, considerada como zona federal.
Sin más por el momento y en espera de que la información haya sido de utilidad, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 25 de abril de 2018. M. en I. Alfredo R. Ocón Gutiérrez (rúbrica), gerente.»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para su conocimiento.
o
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Presente.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y 22 a 24 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, me permito anexar los informes trimestrales sobre los ingresos obtenidos, la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al cuarto trimestre de 2018.
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/SHCP-20190206.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/SHCP2-20190206.pdf)
Adicionalmente, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 107 de la LFPRH, se incluye la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley Federal de Deuda pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes a diciembre de 2018.
Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para calcular el pago de las participaciones a las entidades federativas, así como su pago, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente a diciembre de 2017.
Para dar cumplimiento a los artículos 31 y 55 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito y 48 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, se adjunta la información mediante la cual se dan a conocer los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural; Forestal y Pesquero.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México, a 30 de enero de 2019. Arturo Herrera Gutiérrez (rúbrica), subsecretario de Hacienda y Crédito Público.»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
o
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Senado de la República. LXIV Legislatura.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Presente.
Hago de su conocimiento que, con fundamento en el Apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimiento del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto de 2018, por el que se reforma el artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, en sesión extraordinaria celebrada en esta fecha, el pleno de la Cámara de Senadores designó al ciudadano Alejandro Gertz Manero, como fiscal general de la República.
Atentamente
Ciudad de México, a 18 de enero de 2019. Senador Martí Batres Guadarrama (rúbrica), Presidente.»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se recibió, de enterado.
o
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Senadores. México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 39, numeral 2, segundo párrafo, fracción X, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.
En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.
Atentamente
Ciudad de México, 18 de diciembre de 2018. Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (rúbrica), secretaria.»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
o
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Senadores. México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.
En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.
Atentamente
Ciudad de México, 18 de diciembre de 2018. Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (rúbrica), secretaria.»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
o
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Senadores. México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se disponía la obligación de los editores de hacer el depósito legal de sus publicaciones digitales, además de sus publicaciones impresas,aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.
En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto en la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.
Atentamente
Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2018. Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (rúbrica), secretaria.»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Educación, para dictamen.
TOMA DE PROTESTA
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Eudoxio Morales Flores, diputado federal electo por el 12 distrito electoral del estado de Puebla.
Se designa una comisión para que lo acompañe en el acto de rendir la protesta. Se han designado, con su consentimiento, a la diputada Zaira Ochoa, a la diputada Verónica María Sobrado, a la diputada Elba Lorena Torres, a la diputada Claudia Angélica Domínguez y a la diputada Kehila Abigail Ku.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ciudadano Eudoxio Morales Flores: ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Eudoxio Morales Flores: Sí, protesto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.Bienvenido a la Cámara de Diputados.
INICIATIVAS DE CONGRESOS ESTATALES
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: «Congreso de Baja California.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
Por este conducto me dirijo muy respetuosamente a usted, a fin de hacer de su conocimiento que, en sesión extraordinaria de la honorable XXII Legislatura Constitucional del estado de Baja California, celebrada el día 12 de diciembre del año en curso, se aprobó el siguiente
Dictamen número 50
De la Comisión de Justicia
PRIMERO. Se aprueba la reforma a los artículos 153 y 174 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares
Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, garantizar la reparación del daño de la víctima u ofendido, o evitar la obstaculización del procedimiento.
(...)
Artículo 174. Incumplimiento del imputado de las medidas cautelares
(...)
(...)
(...)
(...)
En el caso de que al imputado se le haya impuesto como medida cautelar una garantía económica y, exhibida ésta sea citado para comparecer ante el juez e incumpla la cita, se requerirá al garante para que presente al imputado en un plazo no mayor a ocho días, advertidos, el garante y el imputado, de que si no lo hicieren o no justificaren la incomparecencia, se ordenará la entrega de la suma que garantiza la reparación del daño a la víctima, dejando constancia en el expediente del pago definitivo de la cantidad depositada, lo que no implica que se haya efectuado la reparación integral del daño correspondiente.
Artículos Transitorios
Primero. Aprobada que sea esta inciativa por la Vigésima Segunda Legislatura del estado de Baja California, remítase formalmente al Congreso de la Unión para su trámite correspondiente.
Segundo. En su oportunidad, aprobada que sea por el Congreso de la Unión, remítase al Ejecutivo federal para su publicación.
Tercero. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Remítase la presente iniciativa al honorable Congreso de la Unión para su trámite correspondiente.
Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes.
Mexicali, Baja Calornia, a 17 de diciembre de 2018. Diputado Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica), Presidente del Congreso del Estado.»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: «Congreso del estado de México.
Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Presentes.
Nos dirigirnos a ustedes para comunicarles que, en sesión de esta fecha, la honorable LX Legislatura del estado de México tuvo a bien aprobar iniciativa de decreto al Congreso de la Unión, que adiciona la fracción XXXII al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la iniciativa que se adjunta, acompañándose del dictamen legislativo correspondiente.
Sin otro particular, le reiteramos nuestra distinguida consideración.
Atentamente
Toluca de Lerdo, México, a 25 de enero de 2019. Secretarias: diputada Brenda Escamilla Sámano (rúbrica), diputada Liliana Gollas Trejo (rúbrica), diputada María Luisa Mendoza Mondragón (rúbrica).»
«Congreso del estado de México.
Proyecto de decreto
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión decreta:
Artículo Primero: Se adiciona la fracción XXXII al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73. . ..
I. a XXXI. ...
XXXII. Para expedir la Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que establezca las acciones y mecanismos de coordinación entre los órganos dependientes de las legislaturas locales, en el intercambio de información, reglas y procedimientos encaminados a la fiscalización de los recursos públicos.
Transitorios
Primero. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero. Se derogan las disposiciones de igualo menor jerarquía que se opongan al presente decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la ciudad de México, a __ del mes de __ 2019.
Transitorios
Primero. Publíquese la iniciativa de decreto en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno.
Segundo. Remítase a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del estado de México, a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil diecinueve.Presidente diputado Valentín González Bautista (rúbrica); secretarias: diputada Brenda Escamilla Sámano (rúbrica), diputada Liliana Gollas Trejo (rúbrica), diputada María Luisa Mendoza Mondragón (rúbrica).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: «Congreso de Sonora.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
El Congreso del estado de Sonora, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
Acuerdo
Único. El Congreso del estado de Sonora, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su correlativo 64, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Sonora, resuelve presentar ante el honorable Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona diversas disposiciones al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue
Artículo 167. Causas de procedencia
...
...
...
...
...
...
I. a XI. ...
XII. Robo con violencia, previsto en el artículo 372;
XIII. Los previstos en el artículo 381 Bis.
...
Transitorio
Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Lo que comunicarnos a usted para su conocimiento.
Atentamente
Hermosillo, Sonora, a 25 de septiembre de 2018. Diputada Marcia Lorena Camarena Moncada (rúbrica), diputada secretaria.»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Irineo Molina, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto. Tiene la palabra el diputado Irineo.
El diputado Irineo Molina Espinoza: Gracias, presidente. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. La salud de los mexicanos ha sufrido cambios drásticos en los últimos años. La creencia de antaño de que ver a una persona con sobrepeso o gordita era sinónimo de opulencia y salud, ya no es aceptable, toda vez que detrás del sobrepeso existen un sinfín de efectos negativos y afectaciones al funcionamiento normal de nuestro organismo que, de no controlarles, generan enfermedades como la obesidad, la diabetes y algunos tipos de cáncer, que probablemente ocasionarían la muerte de la persona que las padezca.
De acuerdo a estimaciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud, desde 1975, la obesidad se ha triplicado en todo el mundo. Para el 2016 más de mil 900 millones de adultos de 18 o más tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos.
La diabetes, la obesidad y el sobrepeso son tres de los problemas de salud más grandes que enfrenta la humanidad a nivel internacional. Son alarmantes las cifras por estos trastornos que han alcanzado la población adulta y menores de edad y, desgraciadamente, México se ubica en el primer lugar de la obesidad infantil.
La diabetes es una enfermedad crónica, no distingue edad, sexo o condición social. Es la primera causa de amputación distinta a la ocasionada por traumatismos. La primera causa en ceguera en adultos y la primera causa de insuficiencia renal crónica. Es la cuarta causa de muerte en nuestro país, así como la segunda causa de ocupación de camas en hospitales después de los embarazos y los partos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura alertó sobre la necesidad de cambiar los hábitos alimenticios en México, donde el 73 por ciento de la población adulta padece sobrepeso y obesidad. Ante esta situación, la Secretaría de Salud tuvo que declarar emergencia sanitaria por el alto índice de personas con diabetes, enfermedad que provocó 98 mil 450 muertos en el año 2015, la mayor mortalidad en América Latina, según la Organización Panamericana de la Salud.
Para atender esta enfermedad, el sector salud destinó en 2017 más de 11 mil 600 millones de dólares, sin poder contrarrestarla. Es más, podríamos asegurar que el problema va en aumento, y si no hacemos algo para remediar esta epidemia moderna, nuestro sistema de salud no contará con recursos suficientes para atender a toda la población de diabéticos y obesos.
Es preciso generar mayor conciencia entre la población, ya que la diabetes, la obesidad y el sobrepeso son enfermedades prevenibles no infecciosas, que se han incrementado en las últimas dos décadas debido al estilo de vida, al consumo excesivo de alimentos procesados o altamente calóricos, al sedentarismo y a los altos niveles de estrés.
Esto nos obliga a que actuemos con responsabilidad y enfrentemos este problema aprobando medidas legislativas que, sumadas a las acciones y políticas públicas del Poder Ejecutivo, a la colaboración de la industria productora de alimentos procesados y acompañadas, por supuesto, de la participación de la sociedad, sirvan para combatir con efectividad estos tres problemas que representan la mayor afectación a la salud de las y los mexicanos.
Por lo anterior, compañeras diputadas y diputados, propongo la siguiente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Educación, para que en las escuelas se promueva la activación física y la práctica reiterada del deporte, así como prohibir la venta de alimentos y bebidas con un alto contenido calórico que constituya una afectación a la salud de los educandos, fomentando la venta y consumo de alimentos que promuevan la buena nutrición, además de incluir una obligación intrínseca para que todo padre o tutor impulse o difunda en sus hijas, hijos o pupilos, hábitos de activación física y preferencia por el consumo de alimentos de alto valor nutritivo.
Considero que con esta medida contribuiremos a disminuir el aumento desmedido de personas con diabetes y, en un futuro, no se tenga que destinar tantos recursos públicos para el tratamiento de esta enfermedad. Es cuanto, diputado presidente.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena, e integrantes de la Comisión de Pesca
Los suscritos, diputados Irineo Molina Espinoza y Beatriz Dominga Pérez López, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 73, fracciones XVI y XXIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, 78, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación , en materia de activación física, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosPlanteamiento del problema
La salud de los mexicanos ha sufrido cambios drásticos en los últimos años, de igual forma, la creencia de antaño de que ver a una persona con sobrepeso o gordita era sinónimo de opulencia y salud, ya no es aceptable, toda vez que detrás del sobrepeso existen un sinfín de efectos negativos y de afectaciones al funcionamiento normal de nuestro organismo, como hipertensión arterial, colesterol elevado, altos niveles de glucosa en sangre, dolor de huesos, crecimiento del corazón (cardiomegalia), hígado graso, entre otros, que de no controlarse generan enfermedades como la obesidad, diabetes y algunos tipo de cáncer, que si no se controlan a tiempo, seguramente ocasionarán la muerte de la persona que los padezca.
La diabetes, la obesidad y el sobrepeso son tres de los más grandes problemas de salud que enfrenta la humanidad a nivel internacional, son alarmantes las cifras que estos trastornos han alcanzado en la población adulta y en menores de edad, y desgraciadamente México se ubica en el primer lugar de obesidad infantil.
Esta situación obliga a que los legisladores actuemos con responsabilidad para enfrentar dicho problema de salud pública y contribuyamos con el impulso, planteamiento y aprobación de medidas legislativas, que sumadas a las acciones y políticas públicas del Poder Ejecutivo, a la colaboración plena y real de la industria productora de alimentos procesados, acompañadas de la participación y respaldo de la sociedad en su conjunto, sirvan para combatir con efectividad estos tres problemas que representan la mayor afectación a la salud de las y los mexicanos, incluidos la población infantil y adolescente.
Con la presente iniciativa, que es la primera de una serie de iniciativas que propondrán implementar prevención y tratamiento más adecuado para atender la diabetes, obesidad y sobrepeso, así como medidas más eficaces para impulsar la activación física y deportiva de los educandos con la intención de inhibir y prohibir el consumo de alimentos y bebidas con altos contenidos calóricos y grasas, se propone que en la Ley General de Educación se integren disposiciones contundentes para que en las escuelas se promueva la activación física y la práctica reiterada del deporte; así como prohibir la venta de alimentos y bebidas preparados y procesados que por su alto contenido calórico constituyan afectación a la salud de los educandos o no la favorezcan, fomentando la venta y consumo de alimentos que promuevan la buena nutrición; además de incluir una obligación intrínseca de todo padre o tutor consistente en inculcar e infundir en sus hijas, hijos o pupilos, hábitos de activación física y de predilección por el consumo de alimentos de alto valor nutritivo.
Argumentos que sustentan la propuesta de reforma
Diabetes
La diabetes es una enfermedad crónica, es decir de larga duración, que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía, la mayoría de los alimentos que consumimos se convierten en glucosa que se libera en el torrente sanguíneo, esta enfermedad no distingue edad, sexo o condición social, y se puede presentar durante la infancia, la adolescencia, en las personas adultas o durante el embarazo.
El cuerpo humano produce insulina en el páncreas, que es una glándula que se encuentra debajo del estómago, y lo hace a partir de la semana 13 de gestación y durante toda la vida de la persona, este proceso le permite poder utilizar adecuadamente los azúcares, las grasas y proteínas de los alimentos y las de su cuerpo, si una persona tiene diabetes, su cuerpo no producirá una cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce, por ello, si no hay suficiente insulina o si las células dejan de responder a la insulina, quedará demasiada azúcar en el torrente sanguíneo, lo que causará problemas de salud graves, como enfermedades del corazón, pérdida de la visión y enfermedad de los riñones, dicha enfermedad es la primera causa de amputación, distinta a la ocasionada por traumatismos, además de representar la primera causa de ceguera en adultos, así como de las primeras causas de insuficiencia renal crónica, es la cuarta causa de muerte en nuestro país, así como la segunda causa de ocupación de camas, después de los embarazos y partos.
Obesidad y sobrepeso
De acuerdo a estimaciones formuladas por la Organización Mundial de la Salud, desde 1975, la obesidad se ha triplicado en todo el mundo, para el 2016, más de mil 900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos.
En 2016, el 39 por ciento de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y el 13 por ciento eran obesas, la mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas de personas que aquellas que presentan un peso por debajo del que se considera saludable o la llamada insuficiencia ponderal.
De igual manera, en 2016, 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso o eran obesos y había más de 340 millones de niños y adolescentes entre los 5 a 19 años con sobrepeso u obesidad.
El sobrepeso y la obesidad generan una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, el índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad, se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su estatura (kg/m2).
El índice de masa corporal establece un valor aproximado, porque puede no corresponder con la masa del cuerpo en diferentes personas, para el caso de los niños, es necesario tener en cuenta la edad al definir el sobrepeso y la obesidad, en el caso de los niños menores de 5 años el sobrepeso es el peso para la estatura con más de dos desviaciones típicas por encima de la media establecida en los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud, mientras que la obesidad es el peso para la estatura con más de tres desviaciones típicas por encima de la media establecida en los patrones de crecimiento infantil emitidos por dicha organización internacional.
La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas, a nivel mundial ha ocurrido un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa y ha descendido la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización, así como los avances tecnológicos como los video juegos que permiten pasar largos ratos sentados y hasta ingiriendo al mismo tiempo alimentos y bebidas.
A menudo los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; la agricultura; el transporte; la planificación urbana; el medio ambiente; el procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, y la educación.
Un índice de masa corporal elevado es un factor importante de riesgo de enfermedades no transmisibles, como enfermedades cardiovasculares, principalmente cardiopatías y accidentes cerebrovasculares que actualmente son la principal causa de muertes.
La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta, pero además de estos mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos.
El sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles vinculadas, pueden prevenirse en su mayoría, propiciando entornos y comunidades favorables que permitan influir en las decisiones de las personas, de modo que la opción más práctica por resultar la más accesible, disponible y asequible sea la más saludable en materia de alimentos y actividad física periódica, y en consecuencia, permitirá prevenir el sobrepeso y la obesidad.
Para prevenir la diabetes, obesidad y sobrepeso, cada persona debe optar por limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total y de azúcares, así como aumentar el consumo de frutas y verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos; acompañado de actividad física periódica que en los jóvenes podrían ser de 30 a 60 minutos diarios y para los adultos mínimo de 150 a 250 minutos semanales.
Estos hábitos sanos deben implementarse en la vida diaria de las personas, acompañadas de la ejecución de políticas sociales que los tornen asequibles para toda la población, especialmente para los sectores más pobres, respaldadas por la industria alimentaria que puede desempeñar un papel importante en la promoción de dietas sanas reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal de los alimentos procesados que comercializan y apoyando la práctica de actividades físicas periódicas.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertó sobre la necesidad de cambiar los hábitos alimenticios en México, donde el 73 por ciento de la población adulta padece sobrepeso u obesidad.
Lamentablemente en México es más barato comer alimentos altamente procesados y con alto contenido calórico que comer sano, además de que contamos con un amplio sector de la población integrado por familias que no les alcanza el dinero para comer sano.
De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) de 2016, el 73 por ciento de la población adulta en México padecía sobrepeso u obesidad, por lo que siete de cada diez adultos, cuatro de cada diez jóvenes y uno de cada tres niños padecen de este tipo de condición.
Ante esta situación, la Secretaría de Salud tuvo que declarar en 2016, emergencia sanitaria por el alto índice de personas con diabetes, enfermedad que provocó noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta muertes en 2015, la mayor mortalidad de América Latina, según la Organización Panamericana de la Salud, así como por los efectos del sobrepeso y de la obesidad.
Para atender el problema de la obesidad, el sector salud destinó en 2017 más de 11 mil 600 millones de dólares, pero el problema no se ha contrarrestado, es más podríamos aseverar que el problema va en aumento, por lo que si no se hace algo para remediar esta epidemia moderna, nuestro sector salud no contará con recursos suficientes para atender a toda la población de diabéticos y obesos, así como sus comorbilidades y complicaciones asociadas.
Es preciso generar mayor conciencia entre la población ya que la diabetes, obesidad y sobrepeso son enfermedades prevenibles, no infecciosas que se han incrementado en las últimas dos década debido al estilo de vida, al consumo excesivo de alimentos procesados y altamente calóricos, al sedentarismo y a los altos niveles de estrés, por ello, consideramos necesario fomentar, promover e impulsar arduamente en las niñas, niños y adolescentes, y en general en todo educando el que realicen cotidiana y reiteradamente actividad física y deporte, así como se prohíba la venta de alimentos con alto contenido calórico y con mínimos valores nutrimentales en las escuelas, además de hacer corresponsables a los padres de familia, parientes y tutores de este sector, para que les inculquen y difundan la predilección por realizar actividad física y deportes y por consumir alimentos sanos y con poca densidad calórica, aspectos que contribuyen a acciones preventivas para eliminar factores de riesgo de las personas con diabetes, obesidad y sobrepeso.
Esta medida se estima que contribuirá a disminuir el aumento desmedido de estas enfermedades en la población, lo que generará a la larga un beneficio en su salud, implicando que en el futuro no se tengan que destinar tantos recursos públicos para el tratamiento de dichas enfermedades.
Con la presente reforma los costos de implementación serían mínimos, toda vez que el sector educativo y de salud cuentan con los mecanismos presupuestales y materiales que facilitarán la implementación de las reformas y adiciones que se proponen, evitando que en 2050 haya más de 114 millones de mexicanos con obesidad.
Para fines didácticos, se reproduce a continuación un cuadro comparativo de la redacción que actualmente tiene la Ley General de Educación que se propone modificar y de la propuesta legislativa base de la presente iniciativa.
(Cuadro comparativo artículo vigente y proyecto de reforma)
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se propone reformar y adicionar diversos artículos de la Ley General de Educación
Artículo Único: Se reforman la fracción IX del artículo 7, la fracción IX del artículo 14, el artículo 24 Bis, y la fracción VIII del artículo 75; y se adiciona una fracción VI al artículo 66, todos de la Ley General de Educación, para quedar como siguen:
Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
I. a VIII. ...
IX. Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular , promover y fomentar la educación física , la activación física y la práctica reiteradadel deporte;
X. a XVI. ...
Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:
I. a VIII. ...
IX. Promover, fomentar y difundir la práctica reiterada de actividades físico-deportivas, así como participar en el fomento y difusión de actividades artísticas, y culturales en todas sus manifestaciones;
X. a XIII.
...
Artículo 24 Bis.La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados , prohibiendo la venta de aquellos que por su alto contenido calórico constituyan afectación a la salud de los educandos o no la favorezcan, dentro de toda escuela se fomentará la venta y consumo de alimentos que generen y promuevan la buena nutrición, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud.
Artículo 66. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:
I. a III. ...
IV. Informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos para que las citadas autoridades apliquen los estudios correspondientes, a fin de determinar las posibles causas que hayan dado origen a tales cambios ;
V. Hacer del conocimiento de la autoridad educativa del plantel, las irregularidades cometidas por el personal administrativo o académico, que ocasionen perjuicios, daños o cambios emocionales en los educandos , e
VI. Inculcar e infundir en sus hijas, hijos o pupilos, hábitos de activación física y de predilección por el consumo de alimentos de alto valor nutritivo.
Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:
I. a VII. ...
VIII. Realizar o permitir se realice publicidad dentro del plantel escolar que fomente el consumo, así como realizar o permitir la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo o cuyo consumo constituya riesgo de afectación a la salud de los educandos o no la favorezca;
IX. a XVII. ...
Artículos TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las autoridades educativas respecto a la prohibición establecida en el artículo 24 Bis de la presente ley en un plazo no mayor a 180 días, instrumentaran las prevenciones, disposiciones y acciones que resulten necesarias para el cumplimiento de dicha disposición.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 11 de diciembre de dos mil dieciocho. Diputado y diputada: Irineo Molina Espinoza,Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Túrnese a la Comisión de Educación, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la palabra el diputado Juan Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por dos minutos y medio.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks: Estimados legisladores, la educación es un tema que ocupa y preocupa todas las familias de México.
El día de hoy, cuatro grupos parlamentarios: Acción Nacional, el PRI, Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática, a nombre de especialistas y organizaciones de la sociedad civil, asumimos la introducción de una iniciativa profunda, innovadora y amplia, para poner en perspectiva el tema de la educación. Son los artículos 3o., el artículo 31 que se refiere a las obligaciones de los padres y el artículo 73, de las atribuciones del Congreso de la Unión.
Son tres valores los que inspiran esta propuesta: primero la equidad, segundo la inclusión y, tercero, la calidad del propósito educativo.
¿Qué es lo que nos motiva? Nos motiva presentar una iniciativa de contraste en complementariedad con el Ejecutivo federal y otras que ya son del conocimiento del país, para poder poner de relieve tres aspectos: unas innovaciones, algunas mejoras y algunas modificaciones para poder mantener lo necesario.
En la parte de innovación incorporamos temas de derechos humanos, aspectos de interculturalidad, el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación, la obligación del Estado para impartir la educación superior y, como giro y foco de todo, el educando, y como un agente principal a ser respetado, el maestro, que hoy se siente vulnerado y ofendido.
Mantenemos la rectoría del Estado, la calidad como un propósito, por supuesto que la autonomía universitaria, que, en una circunstancia de error, por parte del turno del Ejecutivo, se tendrá que reconocer que se tiene que reponer, así como también aspectos como la educación inicial y el contrapeso de la evaluación.
Estamos a favor de una evaluación formativa, no punitiva, integral y que dé mejores condiciones para todas las personas.
Hoy que se inicia el debate con las audiencias públicas, estamos seguros que este contenido va a ser de gran inspiración para buscar una visión integral, una visión incluyente y una visión a la altura de lo que México merece. Es cuanto.
«Iniciativa que reforma los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los coordinadores y los integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD
Los suscritos, coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional; del Partido Revolucionario Institucional; de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática, así como las y los diputados de sus grupos parlamentarios a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está basada en el imperio de la ley, en la igualdad ante la misma y en la separación, independencia y respeto de los poderes públicos. Estos tres principios republicanos han sido, son y deben seguir siendo los pilares de la nación y, en consecuencia, de nuestro sistema educativo, por lo que debe ser un compromiso indeclinable de cualquier gobierno al que el pueblo le haya conferido el mandato de conducirlo.
De 1917 a la fecha, el artículo 3o. constitucional se ha reformado en diez ocasiones, cada una de ellas introduciendo hitos que, de un modo u otro, le han dado forma y fondo al Sistema Educativo Nacional (SEN) que hoy conocemos. Hay sin duda hitos fundamentales que demuestran esta progresividad, a saber: el carácter público, laico y gratuito de la educación, así como su orientación democrática y hacia la convivencia humana; el crecimiento del segmento de escolarización obligatoria en el país, que ha transitado desde la educación primaria, hasta la educación secundaria (1993), incluyéndose después a la educación preescolar (2002) y, más recientemente, a la educación media superior (2012); la distribución de la función social educativa, que establece el marco legal de atribuciones exclusivas y concurrentes entre instituciones y los diferentes órdenes de gobierno; y finalmente el hito de la equidad, los aprendizajes y la inclusión que, de manera clara y creciente ha subrayado el enfoque de derechos poniendo énfasis especial en la atención de grupos que enfrentan mayores desventajas sociales, económicas, culturales y educativas.
Cada una de las iniciativas de reforma obedeció a un propósito específico; sin embargo, en un balance histórico queda claro que dichas modificaciones han sido orientadas, desde diferentes enfoques y propósitos, por una búsqueda de mejora constante y por el anhelo de materializar el reconocimiento y ejercicio del derecho a la educación de las personas.
En el caso de la reforma educativa de 2013, ésta avanzó en hacer explícita la obligación del Estado de ofrecer una educación sustentada en los principios de calidad y equidad, cambio sustantivo que quiso hacer exigibles ambos preceptos al convertirlos en cualidades inherentes del derecho a la educación reconocido en la Carta Magna.
Esa misma reforma reivindicó la rectoría del Estado en materia educativa y afianzó la creación del Sistema Nacional de Evaluación y del Servicio Profesional Docente, prescribiendo el mérito como principio rector para el ingreso y el desarrollo de la carrera docente. Estos principios fueron aparejados con procedimientos para evitar la discrecionalidad en el ingreso y la promoción de las y los maestros y, así, evitar su uso político y clientelar.
Además, la reforma constitucional de 2013 incluyó la obligación de sistematizar la información del SEN, con el propósito de que ésta se convirtiera en un insumo para el diseño de una política educativa equitativa, incluyente y de calidad.
Como ocurre en cualquier sistema democrático, la puesta en marcha de dicha reforma atravesó por múltiples cuestionamientos, los que con el paso del tiempo fueron revelándose, en algunos casos, como claras imperfecciones y, en otros, como francas resistencias al cambio de paradigma.
A seis años de distancia de ese proyecto y con el arribo de nuevo gobierno electo democráticamente, se ha abierto también una nueva oportunidad para poner el derecho a la educación al centro de la discusión pública. Primero, a partir de los múltiples instrumentos presentados por legisladores de diversos partidos en las Cámaras y, sobre todo, a partir de la iniciativa que en diciembre pasado envió el presidente de la República al Congreso mexicano, que atiende su promesa de revisitar la Constitución en materia educativa.
Bajo ese escenario de pluralidad y apertura y ante los tiempos que se han establecido para materializar dicho objetivo, numerosos especialistas educativos, miembros de la sociedad civil organizada y ciudadanos interesados en el diseño de política educativa le han hecho llegar a los presentadores de este proyecto -legisladores de diversas corrientes políticas-, una serie de propuestas para enriquecer el debate y los contenidos de la reforma que habrá de discutirse próximamente en el seno del Poder Legislativo.
La raíz que une a los actores interesados en el cambio educativo es el genuino interés en contribuir a que el derecho a la educación sea, como lo ha reconocido el derecho internacional, el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos, aquél que juegue un papel decisivo para garantizar el respeto a la dignidad de las personas; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y el pleno goce de sus libertades fundamentales.
Ésta es también la oportunidad de fortalecer el derecho a la educación, alineando las acciones que le dan vigencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, de los que México es signatario. Esta agenda no es sino un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, y en la que se hace un llamado explícito a que los Estados miembro implementen las medidas necesarias para garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad.
A este interés se suma la voluntad constructiva de que en este nuevo proceso de rediseño constitucional 1) se incorporen nuevos componentes que contribuyan a la mejora continua de la educación; 2 se mejoren aquellos elementos imperfectos del texto vigente, y 3) se mantengan aquellos que han contribuido objetivamente a robustecer el Sistema Educativo Nacional.
Es éste el enfoque que motiva la presente iniciativa, cuyos elementos se detallan a continuación.
1. Elementos innovadores
Incorporación del enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva.
La propuesta aterriza el nuevo paradigma de derechos humanos adoptado por México en 2011, al establecer que toda la educación impartida por el Estado deberá basarse en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a la dignidad de las personas; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y que fortalezca la protección, el ejercicio y el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
La igualdad formal se refiere a la Constitución y a las leyes que conceden a todos los ciudadanos los mismos derechos: a las libertades civiles, a la participación política y a la vida digna. La igualdad sustantiva se refiere a que, en la práctica, todos los ciudadanos puedan efectivamente acceder a esos derechos.
Esto significa que el Estado tiene la obligación legal de eliminar todas las barreras discriminatorias, ya sea que existan en la ley o en la vida cotidiana, y emprender medidas positivas para lograr la igualdad, incluido el acceso, dentro y a través de la educación.
Dada la heterogeneidad y dispersión de la población en México, aunque la educación es un derecho, se han logrado avances desiguales para garantizar su ejercicio pleno. Por ello, instituir el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva en la educación que imparta el Estado permitirá? identificar y atender las causas sociales y económicas que limitan el acceso a la educación o son una causa de exclusión dentro del sistema educativo, y evidenciar el impacto que habrá en la situación educativa nacional al incorporar estos enfoques.
La propuesta que se ofrece innova al incorporar un enfoque que hoy en día es lo más inclusivo posible. La educación, entendida en estas dos dimensiones, es una práctica constructora de inclusión social. En ella se procurará deliberadamente no excluir a nadie del derecho a la educación, y en cuanto a quienes están fuera o en sus márgenes, propiciar activamente su incorporación plena.
Incorporación de nuevos principios y propósitos de la educación
Esta iniciativa considera que la inclusión, la interculturalidad, la equidad y el desarrollo sostenible deben ser propósito y eje de la educación impartida por el Estado.
La educación inclusiva es de suma importancia para impulsar un nuevo paradigma en el acceso a oportunidades de desarrollo, en el que las características específicas de las personas y sus necesidades de aprendizaje sean atendidas. A través de la educación inclusiva es posible tomar en cuenta la diversidad de necesidades de todos los y las aprendices, mediante una participación creciente en el aprendizaje, en las culturas y en las colectividades; también permite reducir la exclusión que se presenta cotidianamente en la educación escolarizada.
Hoy más que nunca se requiere de una escuela abierta a todos y como se estableció en la Conferencia Internacional de Jomtién, Tailandia en 1990 de una educación para todos.
En la presente iniciativa también se introduce el carácter intercultural en la impartición de la educación, reconociendo la existencia de una sociedad culturalmente plural, con distintas realidades y necesidades de aprendizaje.
La identidad cultural de las personas no es un elemento estático ni homogéneo, sino una realidad dinámica y plural que se construye y que influye en el desarrollo de las personas, por este motivo es que la educación intercultural es tan relevante, porque pone en contacto diversidades y promueve el reconocimiento razonado del otro como portador de valores, pensamientos y emociones, con la intención de disminuir la persistencia de actitudes intolerantes.
Una de las tareas esenciales de los sistemas educativos es promover el respeto de todas las personas independientemente de su cultura, fomentando valores que favorezcan actitudes solidarias, tolerantes, democráticas y de respeto a los derechos humanos.
México es el país con más población indígena de América Latina, pues en 2010 era de 11.5 millones, con 6.9 millones de hablantes de lengua indígena. En ese año, en nuestro país habitaban 42% de los indígenas de toda la región y 51.1% de los hablantes. Esta realidad requiere ser aprehendida a través de una perspectiva intercultural que obligadamente debe aterrizar en la política educativa, no como un mecanismo de exclusión o segregación, sino como un enfoque educativo global, integrador y reformador para la práctica educativa.
Al plantear la introducción de la interculturalidad como característica de la educación impartida por el Estado, se reconoce la composición diversa del aula, la escuela y los docentes, y la obligación de aquél de crear puentes y pautas de interacción entre los diversos. Bajo esta concepción se pretende derribar, desde la letra constitucional, el histórico modelo segregador que ha hecho parecer que la interculturalidad es sólo asunto de los pueblos indígenas y no un desafío que requiere de la participación de la sociedad en su conjunto.
Además, se plantea incorporar la dimensión de equidad de la educación, para lo cual el Estado deberá tomar medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de todas las personas, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos.
Dichas medidas deberán estar dirigidas, de manera preferente, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de injusticia y desigualdad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales.
Por otro lado, México, como parte de los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, se ha comprometido a promover la educación como fundamento de una sociedad más viable para la humanidad e integrar el desarrollo sostenible en el sistema de enseñanza escolar a todos los niveles.
Añadir el desarrollo sostenible como propósito educativo contribuirá a darle herramientas a los educandos para transformarse a sí mismos y a la sociedad en la que viven mediante la adopción de estilos de vida sostenibles y convirtiéndolos en ciudadanos del mundo activos y participativos que contribuyan a crear un mundo más justo, pacífico, tolerante, inclusivo, seguro y sostenible.
Reconocimiento de las y los educandos como titulares del goce y efectivo ejercicio del derecho a la educación
El advenimiento de la Convención de los Derechos del Niño (1989) dio lugar a un cambio filosófico sustancial, al abatir el modelo de la situación irregular -en el que se sustenta el paradigma tutelar-, que partía de mirar a la infancia desde una plataforma de lástima, compasión, caridad, filantropía y represión. Contra esta corriente, la entrada en vigor de la Convención trajo consigo la emergencia de una nueva óptica para la valoración de la niñez, colocándola como actor social relevante y visible en el espacio público, lo que dio pie al afianzamiento de la doctrina de la protección integral de la infancia, que ya no habla más de menores, sino de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; puntualiza sus derechos y reconoce su carácter de personas en desarrollo, capaces de adquirir -paulatinamente- responsabilidades, con potestad para expresar sus opiniones.
Dicha doctrina fue reconocida constitucionalmente por el Estado mexicano a partir de los primeros años de la década pasada. Sin embargo, su implementación aún se encuentra aún limitada en la práctica y, en el caso educativo, apenas hace unos años se ha avanzado hacia el reconocimiento la supremacía del interés de la niñez en controversias diversas.
Es por lo que, a efecto de despejar los alcances del nuevo paradigma de derechos de la niñez en el ámbito educativo, esta iniciativa comparte con la del Ejecutivo Federal el interés de reconocer a las y los educandos como el eje cardinal del sistema educativo, añadiendo que, bajo esta perspectiva, ningún interés podrá estar por encima del pleno ejercicio al derecho a la educación o impedir su acceso y permanencia en los servicios educativos prestados o autorizados por el Estado.
Reconocimiento de los docentes como agentes primordiales en la calidad y la transformación de la educación
A través de esta modificación se propone redignificar el papel de las y los maestros, reconociéndoles como agentes primordiales en la transformación de la educación. Para lograr su papel transformador de la educación, es necesario a su vez promover el establecimiento de las condiciones para promover que los docentes sean altamente calificados, que sean remunerados justamente y que tengan las herramientas para consolidar las trayectorias que ellos mismos establezcan para su continuo desarrollo como profesionales de la educación.
En ese sentido, se destaca la labor primordial de los docentes en el proceso educativo, su autonomía individual, no sólo como transmisores de conocimiento sino también como intelectuales formadores de ciudadanos, lo que implica una alta responsabilidad en relación con los educandos.
Reconocimiento del carácter local, contextual y situacional del proceso educativo
El texto constitucional confiere al Poder Ejecutivo Federal la atribución de determinar los planes y programas de estudio, para los cuales habrá de considerar la opinión de diversos actores involucrados en la educación. La novedad de la propuesta recae en la incorporación de la perspectiva local, contextual y situacional, reconociendo las múltiples dimensiones donde ocurre el fenómeno educativo y que influyen su desarrollo
Incorporación de consejos consultivos en materia educativa
La participación social es un tema de actualidad y relevancia en la discusión del tema educativo a nivel local y global. Algunos estudios coinciden en que la participación social en la educación incide significativamente en la calidad y equidad de los servicios, así como en la mejora en los resultados de aprendizaje de los educandos, al tiempo que impulsa la responsabilidad pública sobre la educación y mejora nuestras capacidades de argumentación, favoreciendo su democratización y la mejora de la calidad.
Aunque el tema ha estado presente en México desde la década de los 90 - formalizándose jurídicamente mediante la figura de los consejos de participación social en la educación-, su alcance aún ha sido limitado a la hora de definir la política educativa nacional. Con el objeto de subsanar esta limitante, reconocer la importancia de la participación social y vincularla al diseño de las políticas educativas, este proyecto propone la creación de consejos consultivos que funjan como órganos de las autoridades federales y locales.
Obligación del Estado de impartir educación superior
Al igual que el proyecto del Ejecutivo, se propone incorporar la obligación del Estado de impartir educación superior, pues los datos demográficos han revelado reiteradamente que la tendencia a la demanda en educación superior seguirá creciendo, por lo que el Estado habrá de asumir una política más ambiciosa para atender dicha demanda, sin que ello comprometa la calidad de los servicios. Con el propósito de atender esta nueva responsabilidad, el proyecto refiere el desdoblamiento de sus detalles en una ley en la materia, para lo cual el Congreso tiene facultades de acuerdo con la fracción XXV del artículo 73 constitucional.
Si bien la propuesta coincide con el proyecto, se distancia del carácter obligatorio para las personas, partiendo de que quienes desean acceder a este tipo educativo se encuentran típicamente en rangos de edad que corresponden a jóvenes adultos, los cuales gozan de plena libertad para decidir sobre este aspecto. En este sentido, la propuesta establece que el Estado deberá implementar medidas para promover el acceso de las personas que decidan ingresar a este tipo educativo, así como para generar condiciones que contribuyan a su continuidad y permanencia.
Reconocimiento del derecho a la ciencia y a gozar de los beneficios del desarrollo científico y sus aplicaciones
El derecho a la ciencia ya ha sido recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.Sin embargo, su reconocimiento en el marco jurídico mexicano aún está pendiente.
El derecho a la ciencia va más allá de la visión de beneficiarse de ella y aboga por contenidos más amplios de participación. Es un derecho que incluye contenidos como la divulgación, la participación en la creación científica, la participación en las políticas científicas, la responsabilidad en la gestión de riesgos, las libertades y responsabilidades de quienes hacen ciencia y tantos otros aspectos.
La Constitución contempla disposiciones respecto del tema de ciencia y tecnología. No obstante, al analizar de forma cronológica los cambios vertidos en la Carta Magna, se advierte una recepción tardía y difusa en la materia que prioriza el apoyo, la promoción e inversión en investigación científica y tecnológica, pero no recoge ninguno de los elementos sustantivos adherentes a tal derecho.
Con el propósito de resarcir esta laxa identidad jurídica, la iniciativa -además del reconocimiento explícito de tal derecho- prescribe que el Estado deberá incentivar la investigación científica, humanística y tecnológica, así como garantizar el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezca la ley.
Además, confiere facultades expresas al Congreso de la Unión para legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado, con el objeto de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
2. Elementos que mejoran el texto constitucional vigente
Énfasis en carácter pedagógico, no laboral
Una de las narrativas que dominaron la opinión sobre la reforma educativa de 2013 fue la ausencia de una perspectiva pedagógica en la redacción del tercero constitucional, la cual fue suplida por la concentración en los ámbitos laboral y profesional de las y los maestros. Tal como se describe en el apartado de innovaciones que componen este cuerpo argumentativo, este proyecto de reforma se aproxima al fenómeno educativo desde un enfoque que pone al centro una serie de conceptos inherentes al derecho a la educación, tales como, por ejemplo, el papel cardinal de las y los educandos en dicho proceso, la relevancia de los aprendizajes de los estudiantes, el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva como base de la educación, el carácter contextual de los procesos pedagógicos y en la formación inicial y continua de los docentes, entre otros.
Eliminación de los efectos de la evaluación sobre la permanencia en el servicio
La propuesta reconoce a los docentes como agentes primordiales en la transformación de la educación. Con base en este carácter, se reconoce su derecho a que les sea garantizado el acceso a un sistema permanente de actualización y formación continua para cumplir con los objetivos y propósitos del SEN.
Más allá del actual momento político-electoral y contrario a visiones incompletas del sistema educativo, esta iniciativa propone corregir y mejorar algunos aspectos relativos a la evaluación de los docentes. La propuesta de reforma que aquí se presenta elimina la evaluación del desempeño ligada a la permanencia, toda vez que su aplicación, en los términos del texto vigente, ha sido identificada como un elemento punitivo, diluyendo su función diagnóstica y formativa orientada a la mejora de la práctica docente.
Cumplir con los objetivos y propósitos del SEN solo podrá lograrse mejorando las condiciones en las que el docente desarrolla su trabajo, fortaleciendo su carrera como un profesional autónomo y ampliando sus oportunidades de formación de acuerdo a sus necesidades y el contexto en el que se desenvuelve. Dado que esta labor requiere de una profunda transformación de las instituciones y las políticas para mejorar la docencia, tanto en el ámbito de la formación inicial como de la formación en servicio, se incorpora la figura del Servicio para el Desarrollo Magisterial.
Con esta actualización normativa se aspira a despojar a la evaluación docente de connotaciones punitivas y sumativas privilegiando su contribución a la mejora continua del sistema educativo nacional, al desarrollo profesional de sus integrantes, al respeto de los derechos de todas las personas y al enriquecimiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
3. Elementos que se mantienen del texto constitucional vigente
Rectoría del Estado
El texto vigente reconoce al Estado mexicano como el ente que orienta la política educativa.
La rectoría del Estado descansa sobre diversos componentes, entre los que destacan 1) la actualización y formación continua de las y los maestros; 2) la evaluación de los componentes del SEN, que aporte elementos para su mejora permanente, y 3) los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento de la carrera docente.
La calidad como cualidad inherente al derecho a la educación
A lo largo de casi un siglo el artículo tercero de la Constitución ha experimentado diversas modificaciones, pero no se había abordado de forma explícita la calidad de la educación ni se habían dado las garantías para alcanzar su cumplimiento. Gracias a la investigación independiente desde la década de los sesenta y con la constitución de los órganos de evaluación a principios del dos mil, se pudo empezar a medir, de manera sistemática, rigurosa e independiente, la calidad educativa del sistema educativo en su conjunto.
Después, con la incorporación de la calidad como elemento inherente al derecho a la educación, se tuvo el propósito de integrar una serie de dimensiones que permitieran valorar la educación impartida por el Estado a través de componentes observables y exigibles.
Retroceder en este aspecto, además de echar por tierra los avances descritos, contravendría los compromisos internacionales adquiridos por México, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que consta de 17 Objetivos y 169 metas, dirigidas a hacer frente a los tres elementos interconectados del desarrollo sostenible: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.
En particular, el Objetivo 4 de la Agenda y las metas que lo desarrollan buscan garantizar una educación inclusiva, equitativa de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Las metas deseables en este sentido son que todas las niñas, niños y jóvenes tengan acceso a servicios de atención y desarrollo desde la primera infancia hasta el nivel superior, con una educación obligatoria de calidad en un sistema educativo incluyente que reduzca la desigualdad social y económica.
Para que el Estado mexicano atienda el desafío de garantizar una educación de calidad se requiere que éste eche mano de los instrumentos de la evaluación en tanto insumos confiables para identificar los retos que enfrenta el SEN y así poder diseñar una política educativa que contribuya a su mejora.
Aunado a ello, extinguir la calidad de la educación en el texto constitucional contravendría el principio de progresividad de los derechos humanos consagrados en la Constitución, pues éste se relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la obligación de promoverlos de manera progresiva y gradual. Es por ello que el Estado mexicano tiene el mandato constitucional de realizar todos los cambios y transformaciones necesarios en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos.
El mérito como principio rector para el ingreso y desarrollo de la carrera docente.
Uno de los componentes más importantes es, sin duda, aquel que indica que la evaluación de los docentes debe efectuarse bajo los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y objetividad. El sistema basado en el mérito previsto en la Constitución promueve la aplicación de estos principios en la evaluación de las y los docentes. El mérito como principio rector contribuye a combatir la opacidad y la discrecionalidad, en tanto que quienes aspiran a ejercer como docentes o a mejorar sus condiciones laborales tienen el derecho de conocer, con anticipación, la información acerca de qué y cómo se va a evaluar, y todo lo relacionado con el proceso, los requisitos y los efectos de las evaluaciones.
La medición de mérito debe realizarse por instancias con autonomía plena y técnicamente calificadas para diseñar instrumentos adecuados y adaptados al contexto en donde cada profesor se desenvuelve para poder hacer una interpretación adecuada del mérito y el desempeño docente.
La autonomía universitaria
Las universidades públicas de nuestro país han sido las impulsoras de la mayor parte de la investigación científica para la generación de nuevos conocimientos, lo que constituye uno de los valores agregados más importantes que siguen dándole plena vigencia y autoridad. Estas instituciones han desarrollado los estudios de posgrado, con una visión amplia donde este nivel se concibe como la cúspide del sistema de educación superior y que nos permite incursionar con mayores posibilidades en el concierto internacional de los avances científicos, tecnológicos, humanísticos y sociales. También se han preocupado por preservar, enriquecer y dar continuidad a la tradición cultural y el patrimonio histórico, así como la difusión de la cultura universal. Las universidades públicas se destacan por ser instituciones complejas que atienden diferentes niveles educativos y cubren prácticamente todas las áreas del conocimiento, lo mismo las ciencias naturales y exactas que las ciencias sociales y las humanidades y a las expresiones más disímbolas de la cultura y el arte.
Por lo anterior, resulta imprescindible en esta iniciativa preservar la fracción VII del artículo tercero constitucional referido a la autonomía universitaria. Las garantías institucionales que tutela esta fracción: libertad de cátedra e investigación, autodeterminación de planes y programas académicos, autogobierno y libertad para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, han resultado fundamentales para el desarrollo y consolidación de las universidades autónomas por ley.
Educación inicial
La educación inicial en México ha seguido un largo proceso de búsqueda para ser reconocida y valorada como parte del proceso educativo. Los avances de la investigación en psicología, pedagogía, neurociencias y sociología han aportado evidencia científica que señala que durante los primeros años de vida de las personas se abre una ventana de oportunidad para el aprendizaje, desarrollo y bienestar del ser humano. El desarrollo de las niñas y niños a través de la sana nutrición, el cuidado y el afecto tendrán un impacto sobre toda la trayectoria educativa y laboral de las personas a lo largo de toda su vida, trayendo beneficios en etapas posteriores y posibilitando el desarrollo de sus potencialidades y con ello, la expansión de sus libertades individuales.
En este sentido, la presente propuesta legislativa tiene el propósito no sólo de reconocer plenamente la importancia de este nivel educativo, sino de establecer la obligación del Estado de impartirlo a través del diseño y financiamiento de una estrategia nacional que garantice su atención y mejoramiento continuos.
Un organismo autónomo en materia de evaluación educativa
Evaluar al Estado en tanto ente garante del derecho a una educación de calidad requiere fortalecer, mejorar y finalmente consolidar decididamente un organismo constitucional autónomo que no dependa de agendas políticas y que goce del prestigio y reconocimiento para monitorear el cumplimiento del derecho a una educación de calidad.
A través de la creación de un nuevo órgano autónomo, el Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación (el Centro), se le dará preponderancia a lo técnico por encima de lo político, mediante la institucionalización de las herramientas idóneas para que el Estado mexicano robustezca sus funciones evaluadoras y reguladoras y genere los insumos necesarios para que las políticas educativas sean más pertinentes, inclusivas y equitativas.
Es por ello que se propone que el Centro cuente con las garantías institucionales que brinda la autonomía constitucional con la capacidad de establecer lazos de coordinación tanto con la Secretaría de Educación Pública, las autoridades educativas locales, el magisterio, padres de familia, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, organismos internacionales y con los otros poderes de la Unión.
En ese sentido, esta iniciativa propone recoger las buenas prácticas que hasta ahora ha realizado el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como varios de los informes y recomendaciones de política que se hicieran para mejorar el sistema educativo. También asigna al Centro funciones más específicas, acordes a su naturaleza, con el fin de atender omisiones del instituto y potenciar la capacidad del nuevo centro para desarrollar con base en sus investigaciones y mediciones, propuestas de política educativa útiles no sólo para las autoridades educativas federal y estatales, sino beneficiosas para las y los educandos, las escuelas, directivos y docentes con el fin de mejorar los resultados de aprendizaje, equidad e inclusión del sistema educativo nacional.
Es por ello que además de realizar estudios, mediciones e investigaciones especializadas que coadyuven a la mejora continua del SEN y determinar los estándares e indicadores de resultados educativos, el Centro sería responsable de generar y difundir información con base en la cual emitirá recomendaciones de política educativa relacionadas con la formación y mejora permanente del magisterio, de las escuelas y del desempeño escolar, así como de la operación del sistema educativo; y del diseño e implementación de dispositivos de evaluación en el aula y capacitaciones que promuevan la formación docente, específicamente en aspectos ligados con la mejora de la gestión escolar.
Un organismo como el propuesto cumplirá así con el importante papel técnico de producir información y conocimiento relevante sobre el sistema educativo del país, y de emitir recomendaciones basadas en evidencia para promover la deliberación pública y orientar la toma de decisiones a fin de mejorar la calidad de la educación, su equidad e inclusión.
Sin demérito de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de las modificaciones planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar sus alcances:
La perfectibilidad de las normas es una característica que permite encontrar áreas de oportunidad para contribuir a la consolidación de dispositivos e instituciones más pertinentes que sirvan a las personas como vehículos para ejercer plenamente sus derechos. En materia educativa la evolución del marco normativo se hace indispensable para atender de manera pertinente a todos los actores involucrados, reiterando: el reconocimiento de los derechos humanos, el papel del Estado como garante de los mismos y la coordinación entre los tres órdenes del gobierno y la sociedad en general.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los diputados federales firmantes sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de:
Decreto que reforma los artículos 3o., párrafos primero y segundo y el actual tercero, que asimismo se convierte en octavo, y las fracciones II, incisos c) y d), III, V, VI, inciso a), VII y IX, párrafos primero, segundo, cuarto, quinto, sexto y séptimo; 31, fracción I, y 73, fracciones XXV y XXIX-F; y se adicionan un nuevo párrafo tercero y los párrafos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, los incisos e) y f) a la fracción II y un párrafo octavo a la fracción IX del artículo 3o., todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Único.Se reforman los artículos 3o., párrafos primero y segundo y el actual tercero, que asimismo se convierte en octavo, y las fracciones II, incisos c) y d), III, V, VI, inciso a), VII y IX, párrafos primero, segundo, cuarto, quinto, sexto y séptimo; 31, fracción I, y 73, fracciones XXV y XXIX-F; y se adicionanun nuevo párrafo tercero ylos párrafos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo , los incisos e) y f) a la fracción II y un párrafo octavo a la fracción IX del artículo 3o. ,todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación inicial, preescolar, primaria, secundaria , media superior y superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.
La educación que imparta el Estado deberá basarse en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a la dignidad de las personas y promueva su autonomía, así como el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y que fortalezca la protección, el ejercicio y el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos de esta Constitución y de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Además, la educación impartida por el Estado será integral, equitativa, incluyente, intercultural y de calidad. Ésta contribuirá al desarrollo sostenible y fomentará en las personas el autocuidado, el civismo, el amor a la Patria, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad nacional e internacional, en la independencia y en la justicia.
Los educandos son titulares del goce y efectivo ejercicio del derecho a la educación. El Estado privilegiará el interés superior de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo establecido en el artículo 4º de esta Constitución. Atendiendo dicho principio, ningún interés podrá estar por encima del pleno ejercicio al derecho a la educación o impedir el acceso y permanencia en los servicios educativos prestados o autorizados por el Estado.
El Estado reconoce a los docentes como agentes primordiales en la calidad y la transformación de la educación. Con base en este carácter, los docentes tienen derecho a que les sea garantizado el acceso a un sistema permanente de actualización y formación continua para cumplir con los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional, así como a que sea reconocida su contribución a la educación.
Para cumplir con lo anterior, las autoridades educativas federal y locales coordinarán un Servicio de Desarrollo Profesional del Magisterio, conforme a los requisitos y criterios que establezca la ley, los cuales deberán favorecer la calidad y la equidad educativas, así como el desempeño académico de los educandos.
El Estado dará atención igualitaria y prioritaria al fortalecimiento de las instituciones públicas que brindan formación docente, incluyendo a las escuelas normales, las cuales contarán con libertad académica y autonomía de gestión, y a otras instituciones de educación superior. Dichas escuelas e instituciones deberán garantizar la pertinencia, relevancia y calidad de esta formación.
Asimismo, el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, los planes y programas de estudio, la infraestructura educativa y la formación y actualización de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizajes y el pleno desarrollo de los educandos.
I. ...
II. ...
...
a) y b) ...
c) Será solidaria, educará para la vida y contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, evitando toda forma de discriminación y exclusión;
d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante , el máximo logro de aprendizajes y el pleno desarrollo de los educandos , y
e) Será equitativa, para lo cual el Estado tomará medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de todas las personas, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos.
Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales.
En el caso de la educación indígena, ésta se impartirá respetando plenamente la diversidad lingüística y cultural de los pueblos indígenas y su derecho a recibir educación pertinente.
III. El Ejecutivo Federal determinará, para toda la República, los objetivos de la educación inicial, así como losplanes y programas de estudio de la educación básica, considerando el carácter local, contextual y situacional del proceso de enseñanza- aprendizaje. A tal efecto, con base en el federalismo educativo, se consultará alos gobiernos de las entidades federativas para incorporar los contenidos regionales que correspondan, y se considerará la opinión de los sectores sociales involucrados en la educación, los maestros , los educandos y los padres de familia en los términos que la Ley señale. Además de considerar dichas opiniones, las autoridades educativas federal y locales contarán con un Consejo Consultivo que fungirá como órgano asesor de la política educativa, en el ámbito de sus respectivas competencias. La Ley determinará las atribuciones, organización y funcionamiento de los consejos. Elingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y la media superior que imparta el Estado se llevarán a cabo mediante concursos de selecciónque garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, términos y condiciones de la evaluación para el ingreso, la promoción y el reconocimiento en el servicio profesional , con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores y tomando en cuenta sus contextos demográfico, social y económico. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;
IV. ...
V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estadoapoyará la investigación científica , humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. Además, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura , en términos de lo dispuesto por el artículo 4º;
VI. ...
a) Impartir educación de calidad en términos de lo que la Ley señale ycon apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo y tercerpárrafo s y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y
b) ...
VII. El Estado impartirá educación superior y garantizará que ésta sea de calidad, en términos que la Ley señale. Además, deberá implementar medidas para promover el acceso de las personas que decidan ingresar a este tipo educativo, así como para generar condiciones que contribuyan a su continuidad y permanencia.Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;
VIII. ...
IX: Paragarantizarla mejora enla prestación de servicios educativos , el Estado contará con un Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Dicho Centro tendrá por objeto mejorar de forma constante la educación a partir de evaluar los componentes, procesos y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, además de la educación inicial, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. Corresponderá a este órgano:
a) Realizar estudios, mediciones e investigaciones especializadas que coadyuven a la mejora continua del sistema educativo nacional;
b) Determinar los estándares e indicadores de resultados educativos;
c) Generar y difundir información con base en la cualemitirá recomendaciones de política educativa relacionadas con la formación y mejora permanente del magisterio, de las escuelas y del desempeño escolar, así como de la operación y gestión del sistema educativo;
d) Diseñar evaluaciones en el aula y emitir lineamientos para las capacitaciones que promuevan la formación docente, específicamente en aspectos ligados con la mejora de la gestión escolar;
e) Desarrollar mecanismos de coordinación con las autoridades educativas, en el ámbito federal y local, a efecto de fortalecer sus funciones, desarrollar capacidades y atender de mejor manera las necesidades educativas de las distintas poblaciones, y
f) Emitir recomendaciones para la integración de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la educación especial y de adultos.
El Consejo Directivoserá el órgano de dirección del Centroy estará compuesto por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de las personas propuestas, designará al integrante que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante d el Centro aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.
...
Los integrantes de l Consejo Directivo deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Centro y cumplir los requisitos que establezca la ley . Desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma escalonada y no podrán ser reelectos. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución.
La persona que presida el Consejo Directivo será nombrada por la Cámara de Senadores de entre sus integrantes, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes,quien desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley.
La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Centro, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión.
La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Centro y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones.
El Centro contará con un Consejo Consultivo compuesto por una persona que lo presida, quien será la misma que encabece el Consejo Directivo, y catorce integrantes honoríficos. La ley determinará las atribuciones, organización y funcionamiento de dicho Consejo.
Artículo 31. ...
I. Ser responsables de quesus hijas, hijos o pupilos concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y, en su caso,reciban la militar, en los términos que establezca la ley , así como participar en su proceso educativo y proporcionarles las condiciones para garantizar el acceso, continuidad y permanencia en el sistema educativo.
II. a IV. ...
Artículo 73. ...
I. a XXIV. ...
XXV. Para establecer el Servicio de Desarrollo Profesional del Magisterioen términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma;
XXVI. a XXIX-E....
XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. Asimismo, para legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado, con el objeto de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
XXIX-G. a XXXI. ...
TransitoriosPrimero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir las leyes generales en materia del Servicio de Desarrollo Profesional del Magisterio, de Ciencia, Tecnología e Innovación y de Educación Superior, así como las reformas correspondientes a la Ley General de Educación, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
Tercero. En tanto no se expida la Ley del Servicio de Desarrollo Profesional del Magisterio, los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia a los que se refiere la fracción III del artículo 3o. se llevarán a cabo conforme a la legislación vigente al entrar en vigor el presente Decreto.
Cuarto. Las Legislaturas de las entidades federativas tendrán un plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para armonizar su normatividad conforme a lo establecido en el presente Decreto.
Quinto. El Congreso de la Unión, en un plazo de ciento ochenta naturales contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, realizará las modificaciones necesarias a Ley General de Educación, con la finalidad de establecer las bases para que las escuelas normales y demás para la formación de maestros de educación básica cuenten con autonomía de gestión y libertad académica.
Sexto. Los integrantes que actualmente conforman la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación podrán formar parte del nuevo Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, previa petición formal al Senado de la República dentro de los diez días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto en el Instituto que se extingue, siempre y cuando su petición sea aprobada por el voto de las dos terceras partes de los Senadores presentes. En este caso, la Cámara de Senadores deberá resolver en un plazo de diez días, de lo contrario se entenderá aprobada su petición.
En tanto se integra el Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, los consejeros que actualmente conforman la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.se mantendrán en funciones, conforme al orden jurídico vigente al entrar en vigor el presente Decreto.
La designación de los integrantes del Consejo Directivo del Centro que se crea en el presente Decreto será realizada a más tardar ciento veinte días después de su entrada en vigor, conforme a lo siguiente:
I. En el supuesto de que la totalidad de los consejeros integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación presenten su solicitud de formar parte del nuevo Centro y obtengan la respectiva aprobación en los términos del párrafo primero de esta disposición transitoria, formarán parte del Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación que se crea mediante el presente Decreto, hasta la fecha de terminación del período para el que fueron originariamente designados, conforme a lo dispuesto por el siguiente artículo transitorio.
II. En el caso de que sólo alguna, alguno, algunas o algunos de los consejeros integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación soliciten continuar en el cargo y obtengan la aprobación a que se refiere el párrafo primero de este precepto, continuarán en el ejercicio del cargo en el nuevo organismo hasta el término de la designación que se les confirió originariamente para formar parte del Instituto que se extingue.
En esta hipótesis, los integrantes del Consejo Directivo que formen parte del nuevo organismo en virtud de que los consejeros del citado Instituto no soliciten o no obtengan la aprobación para continuar en esa función, tendrán los períodos de desempeño siguientes:
a) Si ha fenecido el mandato de la consejera que concluye el encargo el 30 de abril 2019, el nombramiento concluirá el 30 de abril de 2024;
b) Si el nombramiento es en razón de la no continuación de la consejera que habría concluido el encargo el 30 de abril de 2020, el mismo se hará al 30 de abril de 2024.
c) Si el nombramiento es en razón de la no continuación de uno o ambos consejeros que habrían concluido el encargo el 30 de abril de 2025, el mismo se hará hasta esa fecha.
En este supuesto, se nombrará además un consejero por un periodo de siete años.
III. En el supuesto de que ninguno de los actuales consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación solicite al Senado o reciba la aprobación para formar parte del nuevo Centro Nacional que se crea por medio del presente Decreto, el Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de Senadores las ternas para la designación de los cinco integrantes del Consejo Directivo del Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, en un plazo máximo de sesenta días naturales contados a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, que deberá recaer en personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Centro. Para asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se realizarán, éstos se harán por los periodos siguientes:
1) Dos nombramientos por un periodo de cinco años;
2) Dos nombramientos por un periodo de seis años, y
a. Un nombramiento por un periodo de siete.
El Ejecutivo Federal deberá determinar el periodo que corresponda a cada uno de los miembros, al someter su designación a la aprobación de la Cámara de Senadores. Para la conformación del primer Consejo Directivo del Centro, el Ejecutivo Federal someterá a la aprobación de la Cámara de Senadores cinco ternas para que de entre ellas se designen a los cinco integrantes que la constituirán. La presentación de ternas en el futuro corresponderá a la renovación escalonada que precisa el párrafo segundo de este artículo. La primera persona que presida el Consejo Directivo del Centro durará en su encargo cuatro años.
Séptimo. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, a más tardar en un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la fecha de publicación del presente Decreto.
En tanto el Congreso de la Unión expide dicha Ley, el Centro Nacional creado por este Decreto ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2013, en lo que no se oponga al presente Decreto. Para estos efectos, las atribuciones previstas en dicho ordenamiento para la Junta de Gobierno del Instituto serán ejercidas por el Consejo Directivo del Centro, y las de la persona que presida la Junta de Gobierno por la persona que presida el Consejo Directivo.
Octavo. Los recursos materiales y financieros, así como los trabajadores adscritos al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación pasarán a formar parte del Centro que se crea en los términos del presente Decreto.
Noveno. La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobará las previsiones presupuestarias necesarias al Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación, para el eficiente desempeño de sus funciones.
Décimo. Para atender la educación inicial a la que se refiere el primer párrafo del artículo 3o., el Poder Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, definirá, una estrategia nacional de desarrollo infantil temprano con énfasis en la atención de niñas y niños que vivan en situaciones de pobreza. Dicha estrategia estará dirigida a garantizar la nutrición, estimulación e interacciones necesarias para promover la igualdad de oportunidades.
Décimo primero. La legislación secundaria, en los aspectos que así lo ameriten, determinará la gradualidad para la implementación de lo contenido en el presente Decreto.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los seis días del mes de febrero de 2019. Diputados y diputadas: Juan Carlos Romero Hicks,Benito Medina Herrera, Brasil Alberto Acosta Peña, Carlos Pavón Campos, Claudia Pastor Badillo, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Cynthia Iliana López Castro, Eduardo Zarazosa Sánchez, Enrique Ochoa Reza, Ernesto Javier Nemer Alvarez, Fernando Galindo Favela, Frinné Azuara Yarzábal, Héctor Yunes Landa, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Irma María Terán Villalobos, Ismael Alfredo Hernández Deras, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Ivonne Liliana Álvarez García, José Ricardo Gallardo Cardona, Juan Francisco Espinoza Eguia, Juan José Canul Pérez, Juan Ortiz Guarneros, Laura Barrera Fortoul, Lenin Nelson Campos Córdova, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Luis Enrique Miranda Nava, Manuel Limón Hernández, Marcela Guillermina Velasco González, María Alemán Muñoz Castillo, María Ester Alonzo Morales, María Lucero Saldaña Pérez, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Martha Hortencia Garay Cadena, Norma Adela Guel Saldívar, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Pedro Pablo Treviño Villarreal, René Juárez Cisneros, Ricardo Aguilar Castillo, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Soraya Pérez Munguía, Ximena Puente de la Mora (rúbricas).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra, para referirse al mismo asunto, el diputado René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado René Juárez Cisneros:Con su venia, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados. El desarrollo de un país pasa irremediablemente por su educación, por su sistema educativo.
Hoy hemos querido entender que el que pregunta no se equivoca, y si le preguntas a quien conoce y sabe de los temas, entonces seguramente vamos a acertar.
Por eso se ha querido construir a partir de la visión de organizaciones civiles, de la sociedad civil, un planteamiento que permita que podamos todos enriquecer la visión del gobierno a partir de otras voces, para lograr un objetivo fundamental que tiene que ver con la construcción de un sistema educativo de calidad, que garantice a nuestras niñas y niños la posibilidad de una formación sólida que les permita enfrentar el futuro.
Respeto a la educación inicial, a la autonomía universitaria, respeto, y garantizar la certeza laboral de las maestras y maestros, garantizar sus prestaciones, contar con un órgano, llámese como se llame, autónomo, que pueda evaluar todo el proceso educativo buscando mejorar la calidad a partir de una formación, actualización cada vez mejor de quien entrega su vida en la formación de nuestras niñas y niños; nuestras maestras y maestros.
Se trata, en esta oportunidad, de garantizar también y analizar un tema que es de la mayor trascendencia, el tema financiero, económico, para poder garantizar un sistema educativo de calidad hacia adelante y, sobre todo, escuchar al actor fundamental, que es el maestro y la maestra, que enfrentan precisamente a nuestras niñas y niños todos los días, y que es factor insalvable en la formación de nuestros niños.
En el centro de la discusión, un sistema educativo de calidad, alejándolo para siempre de intereses políticos y partidarios. Es cuanto.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, ciudadano diputado. Tiene la palabra, para referirse al mismo asunto, el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla:Estimadas y estimados legisladores, un país sin educación, es un país que no tiene futuro. La educación es el instrumento fundamental que permite la equidad y justicia social, es un derecho constitucional y es, por supuesto, un bien público.
El día de hoy participamos cuatro coordinadores de grupos parlamentarios en esta iniciativa, con el propósito fundamental de proponer un gran pacto por la educación. Asociaciones civiles y grupos parlamentarios proponentes planteamos, de manera puntual, la incorporación de un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, principios y propósitos de la educación, el reconocimiento de las y los educandos como titulares del goce efectivo del ejercicio de los derechos vinculados al tema educativo.
Así también, como ya ha sido señalado aquí, el reconocimiento de los docentes como agentes primordiales de la calidad y la transformación de la educación.
Por supuesto, un enfoque que incluya a las entidades federativas y a los municipios como parte sustantiva del tema educativo, y no exclusivamente como un tema del gobierno federal con características centralizadas.
El propósito fundamental de esta propuesta es enriquecer el debate. Qué bueno que el titular del Poder Ejecutivo ha hecho un planteamiento a través de su propia iniciativa y de su propio derecho.
Qué bueno, también, que haya otras iniciativas que, de manera concurrente, se revisarán, pero qué bueno que el día de hoy cuatro grupos parlamentarios apoyemos los conceptos de diversos expertos y organismos ciudadanos con la finalidad de amalgamarlos a los nuestros y generar un debate profundo sobre uno de los principales pilares del Estado social.
Por lo anterior, decimos sí al derecho a la educación superior a todos los jóvenes de México, sí a los derechos de los docentes, pero también sí a todas sus obligaciones con el Estado mexicano y, principalmente, con los derechos de las niñas y de los niños de México. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Ricardo Gallardo Cardona, del PRD.
El diputado José Ricardo Gallardo Cardona:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, hoy venimos a presentarles un proyecto de nación, un proyecto por el bien de la educación, por el bien de México, RED, Red Educación y Derechos.
Queremos una educación que sea y que tenga evaluaciones formativas, capacitemos a todos los maestros en México, no los corramos. Queremos una educación incluyente y lo digo tal cual: incluyente, porque hay datos que nos deberían de preocupar y que no los hemos visto o no los hemos tomado en cuenta.
Una de cada siete escuelas, a lo largo y ancho del país, no tiene ni siquiera baños. Es increíble que, todavía, en un país como el nuestro estemos padeciendo de que los alumnos no tengan baños.
Cuatro de cada ocho escuelas no están preparadas para albergar a los diferentes niños y niñas con discapacidad. No es posible que estemos viviendo en un país donde la educación no tenga el mejor presupuesto, por eso decimos: queremos una educación incluyente.
Las escuelas se tienen que adaptar a los niños y niñas de este país, no los niños y las niñas se tienen que adaptar a las escuelas. Eso no puede ser, eso debe de cambiar. Por eso hoy venimos a presentar un gran proyecto RED.
Hay padres de familia, a lo largo y ancho del país, que tienen que ayudar a sacar adelante a las escuelas, se hacen cargo de las escuelas con las famosas cuotas escolares, cuando la federación y los estados tendrían que hacerles frente a esos derechos.
Por eso, hoy también decimos: no más cuotas escolares para los padres de familia. Unámonos, compañeros, por el bien de México. Unámonos por la educación. Que vivan los niños y las niñas de México.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañero. Túrnese a las Comisiones de Educación, y de Puntos Constitucionales.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada Dulce María Sauri Riancho:Con su permiso, señor presidente. El 24 de agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron cuatro artículos para establecer las bases constitucionales para regular las remuneraciones de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno. En esta disposición se consigna que ningún servidor público podría recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República.
Más de ocho años después concluyó el proceso legislativo de reglamentación del artículo 127 constitucional, con la aprobación de la Cámara de Diputados de la minuta de la Ley Federal de Remuneraciones. Son sobradamente conocidas las consecuencias de la aplicación de esta nueva norma, contra la cual han surgido acciones de inconstitucionalidad...
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdóneme, diputada. Pido orden en la sala. La mayor parte de los diputados no están escuchando a la oradora. Orden. Siéntense, por favor. En sus asientos o en el del vecino. Muchas gracias, siga, compañera.
La diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, señor presidente. Numerosas acciones de inconstitucionalidad, controversias, amparos por parte de servidores públicos que consideran vulnerados sus derechos.
Esta iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional pretende responder a dos problemas: el primero radica en el establecimiento de la remuneración del Ejecutivo federal como tope salarial en la administración federal en su conjunto. Además de los tres Poderes, incluye a los órganos constitucionales autónomos.
¿Por qué el salario del presidente de la República y no del presidente de la Suprema Corte de Justicia o del presidente del Congreso General? Esta disposición refuerza la preeminencia de la figura presidencial en el sistema político mexicano, cuando la división de Poderes, el equilibrio entre ellos, y el respeto a su autonomía deberían ser parte esencial de la reforma.
A esta situación se sumó un segundo problema, se debió incorporar en la ley reglamentaria la metodología y la fundamentación técnica y jurídica para establecer los tabuladores oficiales de la totalidad de los cargos del gobierno federal en relación con sus niveles de responsabilidad y perfiles curriculares requeridos.
El no contar con estas disposiciones ha provocado una seria afectación a las garantías de certeza y seguridad jurídica de los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno y de todos los niveles, que no tienen forma alguna de conocer la manera en que sus salarios han sido ajustados en el ejercicio fiscal 2019.
Peor aún, hasta ahora el único referente público relativo a la estimación de percepciones salariales para los servidores públicos no es la resolución del Congreso de la Unión, sino una declaración personal del entonces presidente electo y hoy en funciones Andrés Manuel López Obrador, de que su salario sería 108 mil pesos mensuales.
¿Por qué esa cantidad? ¿Es mucho? ¿Es poco? No ha habido explicación clara, mucho menos objetiva de la forma como se construyó la remuneración presidencial. Se trata de una declaración formulada por el Ejecutivo federal de la que no se conocen fundamentos o estudios técnicos jurídicos, normativos o presupuestales sobre cómo fue sustentada, considerando que se convierte por sí misma en un límite constitucional que impacta directamente en las percepciones de la totalidad de las y los servidores públicos del país, afectando su vida personal y los aspectos profesionales en su desempeño laboral.
Asimismo, los entes constitucionales autónomos y un Poder como el Judicial que, por antonomasia también debe ser independiente, autónomo y altamente especializado, ha reclamado una invasión a su autonomía porque otro Poder, sin bases técnicas y sin tomarlos en cuenta fijó sus retribuciones sin atender a criterios de proporcionalidad a sus responsabilidades, tal como establece la Norma Suprema.
Sin duda alguna es importante reconocer un límite de las percepciones, pero no en la figura del Ejecutivo federal. La experiencia reciente ha demostrado las serias limitaciones que conlleva a definir un monto insuperable para el ingreso salarial en niveles indiferenciados de responsabilidad.
Por lo anterior, con la finalidad de impulsar y fortalecer el principio de división de Poderes, se propone que cada Poder de la Unión determine lo que corresponda a lo relativo a sus niveles de responsabilidad jurídica y se propone y diferenciar la integración de tabuladores desglosados por cada Poder de la Unión y establecer un límite dentro de cada uno de ellos.
Para lograrlo, la iniciativa de reforma constitucional presenta la propuesta de creación de una unidad técnica al interior de la Auditoría Superior de la Federación, de modo que exista un órgano netamente técnico a cargo de establecer los parámetros técnicos, curriculares y estrictamente profesionales que pueda valorar los ámbitos de responsabilidad e ingreso para cada empleo público con la certeza y seguridad jurídica para las y los servidores públicos y la ciudadanía.
Señor presidente, le solicito que sea insertada íntegramente la versión que tuve que acortar en aras de respetar el tiempo reglamentario. Muchas gracias.
«Intervención de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI, en relación a la iniciativa que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El 24 de agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron cuatro artículos para establecer las bases constitucionales para regular las remuneraciones de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno. En esta disposición se consigna que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República. El régimen transitorio estableció un plazo de 180 días naturales para emitir la legislación secundaria, el cual expiró en febrero de 2010. Más de ocho años después, concluyó el proceso legislativo de reglamentación del artículo 127 constitucional con la aprobación en la Cámara de Diputados de la minuta de Ley Federal de Remuneraciones.
Son sobradamente conocidas las consecuencias de la aplicación de esta nueva norma, contra la cual han surgido acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y numerosos amparos por parte de servidores públicos que consideran vulnerados sus derechos.
Esta iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional pretende responder a dos problemas. El primero radica en el establecimiento de la remuneración del Ejecutivo federal como tope salarial en la Administración federal en su conjunto. Además de los tres poderes, incluye a los órganos constitucionales autónomos. ¿Por qué el salario del Presidente de la República y no el del presidente de la SCJN o del presidente del Congreso General? Esta disposición refuerza la preeminencia de la figura presidencial en el sistema político mexicano, cuando la división de poderes, el equilibrio entre ellos y el respeto a su autonomía deberían ser parte esencial de la reforma. A esta situación se sumó un segundo problema: se debió incorporar en la Ley Reglamentaria, la metodología y la fundamentación técnica y jurídica para establecer los tabuladores oficiales de la totalidad de cargos del Gobierno Federal, en relación con sus niveles de responsabilidad y perfiles curriculares requeridos.
El no contar con esas disposiciones ha provocado una seria afectación a las garantías de certeza y seguridad jurídica de los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno y de todos los niveles, que no tienen forma alguna de conocer la forma en que sus salarios ha sido ajustados en el Ejercicio Fiscal 2019.
Peor aún, hasta ahora el único referente público relativo a la estimación de percepciones salariales para los servidores públicos no es una resolución del Congreso de la Unión, sino una declaración personal del entonces presidente electo y hoy en funciones, Andrés Manuel López Obrador, de que su salario sería de 108 mil pesos mensuales. ¿por qué ésa cantidad? ¿Es mucho, es poco? No ha habido explicación clara, mucho menos objetiva, de la forma como se construyó la remuneración presidencial. Se trata de una declaración formulada por el Ejecutivo federal de la que no se conocen fundamentos o estudios técnicos, jurídicos, normativos o presupuestales sobre cómo fue sustentada, considerando que se convierte, por si misma, en un límite constitucional que impacta directamente en las percepciones de la totalidad de los servidores públicos del país, afectando su vida personal y los aspectos profesionales de su desempeño laboral.
Asimismo, los entes constitucionales autónomos y un poder como el Judicial que, por antonomasia también debe ser independiente, autónomo y altamente especializado, ha reclamado una invasión a su autonomía, porque otro poder, sin bases técnicas y sin tomarlos en cuenta, fijó sus retribuciones sin atender criterios de proporcionalidad a sus responsabilidades, tal como establece la Norma Suprema.
En consecuencia, considero indispensable que un órgano con características técnicas y con la participación de al menos, los tres Poderes de la Unión, pueda determinar una metodología y una serie de criterios racionalmente acreditables, sobre las responsabilidades inherentes a los puestos, de tal manera que se garantice a los servidores públicos un salario digno, acorde a sus responsabilidades y que no vulnere sus derechos adquiridos.
Sin duda alguna, es importante reconocer un límite en las percepciones, pero no en la figura del Ejecutivo federal, la experiencia reciente ha demostrado las serias limitaciones que conlleva al definir un monto insuperable para el ingreso salarial en niveles diferenciados de responsabilidad. La reforma constitucional de 2009 contempló el cargo de Presidente de la República como el más elevado dentro del organigrama, pero dejó de lado el hecho de que atañe a la Administración Pública Federal en el ámbito del propio Poder Ejecutivo, pero no es así en el del Poder Legislativo, con cuyos integrantes somos elegidos por un tiempo determinado e improrrogable. Situación distinta se da en el Poder Judicial, ya que las formas de acceso y permanencia dependen del desarrollo de una carrera judicial y de méritos curriculares evaluables. Tampoco se toma en consideración al cuerpo de funcionarios que sirven a las Cámaras del Congreso de la Unión y que se integrarían al servicio profesional de carrera contemplado en su Ley Orgánica.
Por lo anterior, con la finalidad de impulsar y fortalecer el principio de división de poderes, se propone que cada Poder de la Unión determine lo que corresponda en lo relativo a sus niveles de responsabilidad jurídica acreditable para diferenciar los niveles de la misma, así como los perfiles de especialización de cada cargo que requieran una justa y correspondiente diferenciación en las percepciones a las que puedan aspirar las personas que ocupen dichos cargos.
Por ello, se propone diferenciar la integración de tabuladores desglosados por cada Poder de la Unión y establecer un límite dentro de cada uno de ellos. Para lograrlo, la iniciativa de Reforma Constitucional presenta la propuesta de creación de una unidad técnica al interior de la Auditoría Superior de la Federación, de modo que exista un órgano netamente técnico a cargo de establecer los parámetros técnicos, curriculares y estrictamente profesionales, que pueda valorar los ámbitos de responsabilidad e ingreso para cada empleo público con certeza y seguridad jurídica para las y los servidores públicos y para la ciudadanía.»
«Iniciativa que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI
La diputada Dulce María Sauri Riancho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 73 fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I; artículos 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl 24 de agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron cuatro artículos constitucionales para incorporar las bases para regular las remuneraciones que perciban los servidores públicos de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios y determinar que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República.
La reforma abarcó cuatro artículos: el 75, el 115, el 122 y el 127.
La reforma al artículo 75 incorporó en sus disposiciones a los organismos constitucionales autónomos, mientras que los cambios a los artículos 115 y 122 incluyeron en sus disposiciones a los estados, municipios y el entonces Distrito Federal, facultando a los congresos de los estados a establecer los límites salariales correspondientes.
En esos artículos se estableció claramente que los montos salariales se propondrían con base en tabuladores desglosados de las remuneraciones, concepto que se repite textualmente en los tres artículos reformados.
La reforma al 127 incorporó a los funcionarios de la federación y expresó los alcances de la reforma estableciendo derechos y obligaciones, que se concretaron en los siguientes enunciados:
En el primer párrafo del artículo, se establece un derecho:
Los servidores públicos de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
En el segundo párrafo, se desglosan las obligaciones, la más importante de las cuales es la contenida en la fracción II del mismo:
II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
El régimen transitorio establecía la obligación del Congreso de la Unión de emitir la legislación secundaria de esta reforma en un plazo de 180 días naturales posteriores a su entrada en vigor.
El plazo para expedir dicha legislación expiró en febrero de 2010 sin embargo el Congreso de la Unión concluyó en septiembre pasado el proceso legislativo de una Ley Federal de Remuneraciones iniciada en el Senado de la República siete años antes la cual se publicó finalmente en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre pasado.
Esta legislación sin embargo, más allá de los problemas de armonización, congruencia y técnica legislativa que posee, presenta un problema mayor puesto que no legisló en los términos que la reforma constitucional estableció para otorgar derechos e imponer obligaciones y sólo reconoció las obligaciones omitiendo la protección de las garantías que el texto constitucional ofreció a los servidores públicos.
La Ley Federal de Remuneraciones sólo consideró disposiciones relativas a establecer los límites a las percepciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 127, pero ignoró totalmente establecer las previsiones legales necesarias para determinar la ...remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades para los funcionarios públicos.
Lo anterior viola lo dispuesto en la misma reforma pues en las modificaciones al artículo 127 se incorporó un párrafo VI que señala:
VI. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.
Ello implica que el Congreso de la Unión debió expedir una ley que abarcara la aplicación total del artículo 127, iniciando desde luego por su primer párrafo, el cual establece el derecho a una remuneración adecuada y proporcional a las responsabilidades.
Para ello, se debió incorporar a la ley la metodología y la fundamentación técnica y jurídica para establecer los tabuladores oficiales de la totalidad de cargos del gobierno federal, en relación son sus niveles de responsabilidad y perfiles curriculares requeridos.
A ello se refieren las disposiciones en los otros artículos de la reforma que establecen la obligación de contar con tabuladores desglosados de las remuneraciones, los cuales se elaboran a partir de análisis y valoraciones técnicas, jurídicas y orgánicas de cada puesto público.
El no contar con esas disposiciones ha provocado en una afectación a las garantías de certeza y seguridad jurídica de los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno y de todos los niveles, que no tienen forma alguna de conocer la forma en que sus salarios han sido ajustados en el ejercicio fiscal 2019.
Peor aún, hasta ahora el único referente público relativo a la estimación de percepciones salariales para los servidores públicos no es una resolución del Congreso de la Unión sino una declaración personal del entonces Presidente Electo y hoy en funciones, Andrés Manuel López Obrador de que su salario sería de 108 mil pesos mensuales, la que todo indica será incorporada, en sus términos, a las previsiones presupuestales del próximo año.
Lo anterior entraña un problema de constitucionalidad y legalidad de la mayor relevancia ya que:
Se trata de una declaración formulada por el Ejecutivo federal de la que no se conocen fundamentos o estudios técnicos, jurídicos, normativos o presupuestales sobre cómo fue sustentada, considerando que se convierte, por sí misma, en un límite constitucional que impacta directamente en las percepciones de la totalidad de los servidores públicos del país afectando su vida personal y los aspectos profesionales de su desempeño laboral.
Ha dado forma a un parámetro económico y presupuestal que la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados se apresta a incorporar a las previsiones presupuestales del próximo año, aun siendo en los hechos una disposición dictada por el titular del Ejecutivo federal y sin haber expedido las normas y sin llevar a cabo los análisis organizacionales, administrativos y laborales mínimos que preserven el derecho constitucional de los servidores públicos a recibir una remuneración adecuada y proporcional a sus responsabilidades determinada de modo equitativo, tal como dice la constitución.
Ello es lo que subyace en el fondo del conflicto entre Poderes que hoy vivimos y que se ha manifestado en más de 11 mil amparos presentados por servidores públicos en contra de la Ley Federal de Remuneraciones, una controversia constitucional interpuesta por senadores de la República y acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Banco de México.
A todas luces, la reglamentación que buscaba la ley impugnada estaba desfasada y no estaba por demás actualizada. Aun así, el grupo mayoritario no quiso elaborar ningún cambio ni procesar una sola modificación y la ley se remitió al Ejecutivo federal para su publicación, con erratas, desactualizaciones y hasta con errores de técnica legislativa.
Una de los ejes de la construcción de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que había sido elaborada sin experiencia y cuando existían muy pocos órganos constitucionales autónomos estableció que Ningún servidor público debe recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El pasado 7 de diciembre, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán admitió a trámite una acción de inconstitucionalidad interpuesta por 44 senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, en contra de la Ley Federal de Remuneraciones, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de noviembre, ordenando la suspensión respecto a los efectos y consecuencias de la norma impugnada, para que los salarios de los servidores públicos del próximo año no se fijen con la nueva ley, pues consideró que puede haber afectaciones irreparables si se aplica.
La disposición respecto a que ningún servidor público no pueda ganar más que el Presidente de la República ya se contenía en la fracción II del artículo 127 constitucional que a la letra dice:
Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Lo relevante entre otras cosas es que ahora existen sanciones y penalizaciones para quien no las cumpla o contravenga.
Sin embargo, ello omite que existen otras disposiciones de carácter constitucional que establecen otros aspectos no menos importantes sobre las remuneraciones de los servidores públicos, tales como las que establece el mismo artículo en su primer párrafo:
Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
Por otra parte en el texto constitucional existen disposiciones como la contenida en el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo.
En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General.
Los Poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos, prevé el artículo 74 fracción IV de esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables
El artículo 94 de la Constitución en su onceavo párrafo establece que:
La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo (que obvia decir que son ya superiores a las que tenía el Titular del Poder Ejecutivo Federal).
En este sentido, no puede perderse de vista que el artículo 127 no solo impone límites a las percepciones de los servidores públicos: en su primer párrafo otorga el derecho constitucional de recibir una remuneración proporcional a las responsabilidades.
La relevancia de hacer notar lo anterior, estriba en que la decisión de suspender la vigencia de la Ley Federal de Remuneraciones, se sustenta en consideraciones relativas a la preservación de los derechos que de otra forma se podrían ver vulnerados y dañados más allá de toda reparación.
Esa es la sustancia de la argumentación del ministro Pérez Dayán para decidir sobre la suspensión de la norma.
Siguiendo ese razonamiento, resulta que el derecho de los servidores públicos que se afectaría es el de recibir una remuneración adecuada, proporcional a sus responsabilidades, el cual de no respetarse transgrediría las seguridades de legalidad y seguridad jurídica de los funcionarios públicos.
No es ocioso hacer notar el sentido imperativo que utiliza el artículo 127 de la Constitución cuando se refiere a los términos recibirán para referirse a la remuneración, y que esta deberá ser proporcional para referirse al monto de la misma. Más aún, el segundo párrafo del referido artículo señala que:
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos anuales correspondientes...
Por ello, la Cámara de Diputados al establecer los límites salariales respecto a las percepciones de los servidores, debe establecerlos de modo equitativo, armonizando tanto el derecho a un salario adecuado y proporcional, como a la obligación de que no sea superior al del Presidente.
Sin embargo, la Cámara de Diputados al legislar en la materia no llevó a cabo y no lo ha hecho después un estudio que con bases técnicas y jurídicas sólidas, determinara un tabulador federal equitativo basado en los niveles de responsabilidad y especialización curricular de los servidores públicos para establecer su ingreso en relación con el tope máximo que representa el salario presidencial.
De hecho, el no contar con esos parámetros constituye una omisión legislativa que seguramente será reclamada por la Suprema Corte, pues el Congreso de la Unión, al expedir la legislación secundaria al artículo 127, debió considerar la metodología para establecer los montos salariales y no solo restringirlos sin tener un referente formal para hacerlo salvo el del salario presidencial que además, se ajustará a la baja de modo arbitrario sin respaldarse en ningún criterio técnico o jurídico conocido.
El problema es que la mayoría en la Cámara de Diputados únicamente estableció criterios para la prohibición de percepciones mayores a las del Presidente, sin tomar ninguna medida jurídica o administrativa para asegurar así sea mínimamente la preservación del derecho a un salario digno, equitativo, adecuado y proporcional.
Para ello, se debió incorporar a la ley la metodología y la fundamentación técnica y jurídica para establecer los tabuladores oficiales de la totalidad de cargos del gobierno federal, en relación son sus niveles de responsabilidad y perfiles curriculares requeridos.
Asimismo, los entes constitucionales autónomos y un Poder como el Judicial que, por antonomasia también debe ser independiente, autónomo y altamente especializado, ha reclamado una invasión a su autonomía, el que otro poder sin bases técnicas y sin tomarlos en cuenta, fije sus retribuciones sin atender criterios de proporcionalidad a sus responsabilidades que establece la norma suprema.
En consecuencia, nos parece indispensable que un órgano con características técnicas y con la participación de al menos, los tres Poderes de la Unión, pueda determinar una metodología y una serie de criterios racionalmente acreditables, sobre las responsabilidades inherentes a los puestos que garanticen a los servidores públicos un salario, digno, acorde a sus responsabilidades y que no vulnere sus derechos adquiridos.
Por ello se propone modificar el artículo 127 para que dicho texto dé cabida a tabuladores desglosados y sustentados por un órgano técnico de la Auditoría Superior de la Federación y las leyes que elabore el Congreso en la materia, hagan efectivos los derechos y las obligaciones contenidas en el artículo propuesto.
Por otro lado, el origen de toda la problemática antes mencionada respecto de la materialización de la Ley Reglamentaria del Artículo 127 Constitucional proviene de la redacción original de la reforma de 2009 que estableció como referencia para limitar los salarios de los servidores públicos al Presidente de la República, bajo el argumento principal de que en él se deposita la figura de jefe de estado de nuestro país, sin embargo, lo anterior refleja el predominio de la influencia presidencialista que históricamente se ha desarrollado en nuestro sistema político mexicano y que actualmente bajo los principios de la división de Poderes y el estado de derecho que se han desarrollado y madurando en los últimos años con mayor fuerza, la redacción original genera grandes conflictos prácticos para materializar efectivamente la ley reglamentaria.
En este sentido, es importante reconocer un límite en las percepciones pero no en la figura del Ejecutivo federal, experiencia que tan pronto ha sido aplicada ha mostrado las serias limitaciones que conlleva al definir un monto insuperable para el ingreso salarial en niveles diferenciados de responsabilidad; en efecto, la reforma contempló al Presidente de la República como el máximo cargo del organigrama, pero dejó de lado el hecho de que esto es sólo en lo relativo a la administración pública federal y el ámbito del propio Poder Ejecutivo, pero no es así en el del Poder Judicial ya que las formas de acceder a los cargos en este dependen del desarrollo de una carrera judicial y de méritos curriculares evaluables, ni en los legisladores federales o en el cuerpo de funcionarios que sirven a las Cámaras del Congreso de la Unión y que se integrarían al Servicio Profesional de Carrera contemplado en su ley orgánica.
Por lo anterior, con la finalidad de impulsar y fortalecer el principio de división de poderes, se propone que cada Poder de la Unión determine lo que corresponda en lo relativo a sus niveles de responsabilidad jurídica acreditable para diferenciar los niveles de la misma así como los perfiles de especialización de cada cargo que requieran una justa y correspondiente diferenciación en las percepciones a las que puedan aspirar las personas que ocupen dichos cargos.
Por ello, se propone diferenciar la integración de tabuladores desglosados por cada poder de la Unión y establecer un límite dentro de cada uno de ellos.
Para esto, es que se hace la propuesta de creación de una Unidad Técnica al interior de la Auditoría Superior de la Federación, de modo que exista un órgano netamente técnico que pueda establecer los parámetros técnicos, curriculares y estrictamente profesionales para valorar los ámbitos de responsabilidad e ingreso para cada empleo público con certeza y seguridad jurídica para el servidor público y para los ciudadanos.
A continuación se hace un comparativo de lo que se pretende modificar al texto constitucional materia de la presente iniciativa:
Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente
Decreto por el que se reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 127. ...
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, conforme a los tabuladores desglosados de remuneraciones cuyo método de elaboración establecerá la ley, bajo las siguientes bases:
I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. El cálculo que corresponda a cada empleo de la federación se señalará en los tabuladores correspondientes, los que se integrarán considerando la responsabilidad acreditable por niveles jerárquicos en cada uno de los poderes de la Unión y serán elaborados por la Unidad Técnica de Percepciones de los Servidores Públicos de la Auditoría Superior de la Federación, conforme a lo establecido en la ley.
Dicha Unidad se integrará por el auditor superior de la Federación y un representante de cada uno de los Poderes de la Federación así como un representante por cada organismo con autonomía técnica reconocida por esta Constitución.
II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el empleo de mayor jerarquía en la estructura orgánica del Poder federal que corresponda. En el caso de los órganos constitucionales con autonomía reconocida por la Constitución, el límite se establecerá a partir de lo que determine la Unidad a que se refiere la fracción anterior.
III. ...
IV. ...
V. Las remuneraciones y sus tabuladores desglosadosserán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie, así como el método de elaboración de los mismos.
VI. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivos los derechos y las obligaciones contenidas en el presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión deberá armonizar la ley federal en la materia conforme a lo dispuesto por el presente decreto dentro de los siguientes noventa días posteriores a la entrada en vigor del mismo.
Tercero. En caso de que dicha legislación no se armonice antes del 7 de septiembre del año en que se expide el presente decreto, la Auditoría Superior de la Federación constituirá a más tardar en esa fecha, la Unidad a la que se refiere el párrafo segundo del artículo que se reforma por razón de este decreto, la cual funcionará conforme a lo que en éste se establece y a las reglas de operación que dicha unidad apruebe por el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019. Diputadas y diputados: Dulce María Sauri Riancho,Anilú Ingram Vallines, Claudia Pastor Badilla, Enrique Ochoa Reza, Frinné Azuara Yarzábal, Manuel Limón Hernández (rúbricas).»
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Constará en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas:Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea, hago uso de esta tribuna para someter a su consideración la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, en materia de tarifas preferenciales para personas de escasos recursos económicos.
En la actualidad, para medir la calidad de vida y la satisfacción de necesidades básicas, el acceso a las fuentes de energía se considera básico. Cada hogar que no cuente con este servicio se considera que se encuentra en pobreza energética.
En un estudio reciente, en México, se dice que 11 millones 93 mil hogares, los cuales representan 36.7 por ciento del total nacional, están en pobreza energética; el hecho de que esa cantidad tan importante de hogares experimenten la privación de al menos de uno de los bienes económicos relacionados con los satisfactores y necesidades absolutas de energía, representan un problema social relevante.
En lo particular, en mi entidad, Guerrero, seis de cada 10 guerrerenses viven en condiciones de extrema pobreza y cuatro de cada 10 tienen ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo. El 71 por ciento de la población del estado se encuentra en pobreza laboral, cuatro de cada 10 se encuentran en situación de hambre. Todos estos datos del Consejo Nacional para la Evaluación de los Programas Sociales. Ello resulta suficiente para considerar a la situación de pobreza como un indicador esencial para determinar las tarifas eléctricas para estos amplios sectores de la sociedad.
Queremos un México iluminado en el que la gente no tenga que colgarse de los postes de luz o no tenga que meter diablitos a sus medidores para poder tener este servicio. No queremos que los transformadores se sigan quemando por exceso de tomas de luz en las colonias con los mayores índices de marginación y pobreza. Nuestro gobierno aspira a que el bienestar les toque a todos.
Dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que primero los pobres.
Encuentro Social, por medio de esta iniciativa, acude al llamado del presidente y propone que el Ejecutivo federal establezca tarifas fijas a los usuarios que se encuentren en condiciones de marginalidad y pobreza garantizándoles el consumo básico.
Además, que la Comisión Reguladora de Energía establezca las cuotas mínimas y máximas considerando el gasto de familias en condiciones de marginalidad y pobreza para el pago del consumo de la energía eléctrica, y que la determinación y aplicación de las metodologías y tarifas deberán tener como objetivo el desarrollo del sector energético, evitando la discriminación y asegurar el servicio para los usuarios domésticos en condiciones de marginación y pobreza en términos de equidad para satisfacer sus necesidades básicas en sus viviendas.
Pedimos a la comisión dictaminadora que tenga a bien atender la presente iniciativa. Por ello se propone que se reformen y se adicionen los artículos 6, 139, 140 y 165 de la Ley de la Industria Eléctrica.
Le pido a cada uno de ustedes que manifiesten su voluntad de aprobar este proyecto, y que lo adicionen. Otro México es posible. Hagámoslo nosotros. Es cuanto, diputada presidenta.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES
Quien suscribe, María del Carmen Cabrera Lagunas, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en mérito de lo expuesto y fundado, en el marco humano, social, y la presente iniciativa con proyecto de decreto.
I. Planteamiento del problema
Como ustedes saben, una de las más grandes apuestas es y ha sido la reforma energética, con los criterios de que el pueblo de México era incapaz de enfrentar la nueva realidad de mercado y competir por sí solo junto con las grandes empresas transnacionales en el ramo de la industria eléctrica y de hidrocarburos. De tal manera que se llevaron a cabo una serie de modificaciones constitucionales y ordenamientos secundarios para que empresas privadas participaran en la generación y comercialización de hidrocarburos y energía eléctrica, con la finalidad de que las paraestatales como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, dejaran de tener el monopolio en el sector y se asociaran con entes privados para su participación en proyectos en beneficio de los mexicanos.
Con estos cambios legales, se pretendía generar competencia en el mercado del sector energético y lograr con esto que los precios de los hidrocarburos y la energía eléctrica, tuvieran un menor costo para los usuarios. Sin embargo, con el paso de los meses estas falacias se han quedado sin argumentos sólidos, al observar que en los precios no existe beneficio alguno, si bien es cierto el gobierno federal pretendió traducir esto en beneficios palpables y concretos para todos los mexicanos entre los que destacaron los siguientes:
Bajar las tarifas eléctricas y bajar el precio del gas.
Lograr tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y gas superiores a 100 por ciento.
Aumentar la producción de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios que se producen actualmente, a 3 millones de barriles en 2018 y a 3.5 millones en 2025, así como aumentar la producción de gas natural de los 5 mil 700 millones de pies cúbicos diarios que se producen actualmente, a 8 mil millones en 2018 y a 10 mil 400 millones en 2025.
Generar cerca de un punto porcentual más de crecimiento económico en 2018 y aproximadamente 2 puntos porcentuales más para 2025.
Crear cerca de medio millón de empleos adicionales en este sexenio y 2 millones y medio de empleos más a 2025.
La energía eléctrica es un servicio indispensable, en poblaciones urbanas o rurales. Actualmente, poco más de 98 por ciento de la población mexicana tiene servicio de electricidad; de éstas, 22 por ciento se encuentra en áreas rurales y 78 por ciento en urbanas por lo que el mayor consumo de electricidad se realiza en las ciudades donde es utilizada en diversas actividades productivas y para el consumo doméstico, la utilización en los hogares, es para atender principalmente necesidades básicas a través del uso de aparatos eléctricos como refrigeradores, calentadores, así como para aparatos de entretenimiento y comunicación.
La cobertura de acceso a la energía eléctrica es amplia y si bien no se ha logrado en 100 por ciento de las viviendas, existen factores climáticos que hacen que el uso de la electricidad sea inequitativo tal es el caso que en ciudades y localidades donde la temperatura en verano es elevada y en invierno muy baja, el costo por las tarifas eléctricas se eleva considerablemente por el mayor consumo para enfriar o calentar alimentos, así como para mantener las viviendas a temperatura adecuada. Estos requerimientos inciden en el confort de vida de las personas que habitan una vivienda.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dentro de la cuarta transformación una de sus principales prioridades es que el estado mexicano deba tener una perspectiva integral del sector energético-industrial, en el que se incluya la explotación y la transformación de hidrocarburos, la generación y distribución de electricidad, la utilización de todas las fuentes de energía renovables y no renovables; además de revertir la tendencia de dispersión, privatización, extranjerización y dependencia que se ha observado en los últimos tres años.
Así deberán recuperarse la renta, la industria petrolera, la petroquímica como actividad sustantiva de los organismos del Estado, con la finalidad de transformar el desarrollo de México desde una perspectiva de desarrollo de una matriz energética nacional sustentable.
En la actualidad para medir la calidad de vida y la satisfacción de necesidades básicas que incluye el acceso a las fuentes de energía, entre ellos el acceso a la electricidad en los hogares. La cual se define como pobreza energética y se considera que un hogar se encuentra en pobreza energética cuando las personas que lo habitan no satisfacen las necesidades de energía absolutas, las cuales están relacionadas con una serie de satisfactores y bienes económicos que son considerados esenciales, en un lugar y tiempo determinados, de acuerdo a las convenciones sociales y culturales.
En un estudio reciente para México, los resultados muestran que aproximadamente 11 millones 93 mil hogares, los cuales representan 36.7 por ciento del total nacional, viven en pobreza energética en México. El hecho de que una cantidad tan importante de hogares experimente la privación de al menos uno de los bienes económicos relacionados con los satisfactores y necesidades absolutas de energía representa un problema social relevante, debido a la asociación que tiene el uso de energía limpia y asequible para mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza de la población. En cuanto a su distribución, 7.8 millones de hogares urbanos (27.5 por ciento de los que hay en México) están en pobreza energética, mientras que hay 4.5 millones de hogares rurales (16 por ciento).
Por otro lado, de acuerdo con un estudio reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social sobre la evolución del ingreso promedio de los hogares en los últimos 25 años, como se observa en la gráfica 2, señala que existe una fuerte reducción del ingreso a raíz de la crisis económica de 1994, posteriormente una recuperación entre 1996 y 2006. Pero a partir de 2006 el ingreso ha fluctuado sin que se observe alguna recuperación general en estos últimos 10 años.
Basta mencionar que la estimación preliminar del ingreso en 2016, a partir de la evolución del ingreso laboral reportado en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, es menor que en 2006, incluso ligeramente por debajo que en 2012, pero mayor que en 2014. Es decir, mientras que el precio de la energía eléctrica ha tenido incrementos y no ha disminuido, las familias mexicanas han tenido que vivir con un ingreso estancado, del cual han tenido que destinar una mayor parte al gasto en el pago de servicios como la energía eléctrica.
II. Consideraciones que fundan la presente propuesta
La Ley de la Industria Eléctrica tiene por objeto regular la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. De acuerdo con el artículo 2 de dicho ordenamiento, la industria eléctrica comprende las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como la operación del mercado eléctrico mayorista. Mientras, el sector eléctrico comprende a la industria eléctrica y la proveeduría de insumos primarios para dicha industria. Las actividades de la industria eléctrica son de interés público.
Una de las finalidades de esta ley es regular las tarifas de energía eléctrica, en los artículos 6, 139, 140 y 165, los cuales establecen la determinación y aplicación de las metodologías y tarifas, que deberán tener como objetivos, entre otros
La promoción del desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la continuidad de los servicios, evitar la discriminación indebida, promover el acceso abierto a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución y proteger los intereses de los participantes del mercado y de los usuarios finales;
Determinar tarifas reguladas de los servicios regulados de transmisión y distribución que permitirán obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento, financiamiento y depreciación aplicables a las diversas modalidades de servicio, las pérdidas técnicas y no técnicas de acuerdo con el estándar determinado por la CRE, los impuestos aplicables y una rentabilidad razonable, la que no estará garantizada; y
Determinar tarifas reguladas para los suministradores de servicios básicos que permitirán obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento, financiamiento y depreciación, los impuestos aplicables y una rentabilidad razonable, misma que no estará garantizada.
Con base en estas disposiciones, el 1 de enero de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 015/2014, por el que se establecen como tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos las siguientes:
Tarifa 1 servicio doméstico
En esta tarifa las cuotas aplicables mensualmente son las siguientes:
En temporada de verano:
Consumo básico: $0.711 por cada uno de los primeros 175 kilovatios-hora.
Consumo intermedio bajo: $0.839 por cada uno de los siguientes 225 kilovatios-hora.
Consumo intermedio alto: $1.071 por cada uno de los siguientes 200 kilovatios-hora.
Consumo excedente: $2.859 por cada kilovatio-hora adicional a los anteriores.
En temporada fuera de verano:
Consumo básico: $0.809 por cada uno de los primeros 75 kilovatios-hora.
Consumo intermedio: $0.976 por cada uno de los siguientes 125 kilovatios-hora.
Consumo excedente: $2.859 por cada kilovatio-hora adicional a los anteriores.
Tarifa 1 A Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 25 grados centígrados
En esta tarifa las cuotas aplicables mensualmente son las siguientes:
En temporada de verano:
Consumo básico: $0.711 por cada uno de los primeros 100 kilovatios-hora.
Consumo intermedio: $0.839 por cada uno de los siguientes 50 kilovatios-hora.
Consumo excedente: $2.859 por cada kilovatio-hora adicional a los anteriores.
En temporada fuera de verano:
Consumo básico: $0.809 por cada uno de los primeros 75 kilovatios-hora.
Consumo intermedio: $0.976 por cada uno de los siguientes 75 kilovatios-hora.
Consumo excedente: $2.859 por cada kilovatio-hora adicional a los anteriores.
Tarifa 1 B Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 28 grados centígrados
En esta tarifa las cuotas aplicables mensualmente son las siguientes:
En temporada de verano:
Consumo básico: $0.711 por cada uno de los primeros 125 kilovatios-hora.
Consumo intermedio: $0.839 por cada uno de los siguientes 100 kilovatios-hora.
Consumo excedente: $2.859 por cada kilovatio-hora adicional a los anteriores.
En temporada fuera de verano:
Consumo básico: $0.809 por cada uno de los primeros 75 kilovatios-hora.
Consumo intermedio: $0.976 por cada uno de los siguientes 100 kilovatios-hora.
Consumo excedente: $2.859 por cada kilovatio-hora adicional a los anteriores.
Tarifa 1 C Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 30 grados centígrados
En esta tarifa las cuotas aplicables mensualmente son las siguientes:
En temporada de verano:
Consumo básico: $0.711 por cada uno de los primeros 150 kilovatios-hora.
Consumo intermedio bajo: $0.839 por cada uno de los siguientes 150 kilovatios-hora.
Consumo intermedio alto: $1.071 por cada uno de los siguientes 150 kilovatios-hora.
Consumo excedente: $2.859 por cada kilovatio-hora adicional a los anteriores.
En temporada fuera de verano:
Consumo básico: $0.809 por cada uno de los primeros 75 kilovatios-hora.
Consumo intermedio: $0.976 por cada uno de los siguientes 100 kilovatios-hora.
Consumo excedente: $2.859 por cada kilovatio-hora adicional a los anteriores.
Tarifa 1 D Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 31 grados centígrados
En esta tarifa las cuotas aplicables mensualmente son las siguientes:
En temporada de verano:
Consumo básico: $0.711 por cada uno de los primeros 175 kilovatios-hora.
Consumo intermedio bajo: $0.839 por cada uno de los siguientes 225 kilovatios-hora.
Consumo intermedio alto: $1.071 por cada uno de los siguientes 200 kilovatios-hora.
Consumo excedente: $2.859 por cada kilovatio-hora adicional a los anteriores.
En temporada fuera de verano:
Consumo básico: $0.809 por cada uno de los primeros 75 kilovatios-hora.
Consumo intermedio: $0.976 por cada uno de los siguientes 125 kilovatios-hora.
Consumo excedente: $2.859 por cada kilovatio-hora adicional a los anteriores.
Tarifa 1 E Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 32 grados centígrados
En esta tarifa, las cuotas aplicables mensualmente son las siguientes:
En temporada de verano:
Consumo básico: $0.595 por cada uno de los primeros 300 kilovatios-hora.
Consumo intermedio bajo: $0.741 por cada uno de los siguientes 450 kilovatios-hora.
Consumo intermedio alto: $0.967 por cada uno de los siguientes 150 kilovatios-hora.
Consumo excedente: $2.859 por cada kilovatio-hora adicional a los anteriores.
En temporada fuera de verano:
Consumo básico: $0.809 por cada uno de los primeros 75 kilovatios-hora.
Consumo intermedio: $0.976 por cada uno de los siguientes 125 kilovatios-hora.
Consumo excedente: $2.859 por cada kilovatio-hora adicional a los anteriores.
Tarifa 1 F Servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados
En esta tarifa las cuotas aplicables mensualmente son las siguientes:
En temporada de verano:
Consumo básico: $0.595 por cada uno de los primeros 300 kilovatios-hora.
Consumo intermedio bajo: $0.741 por cada uno de los siguientes 900 kilovatios-hora.
Consumo intermedio alto: $1.804 por cada uno de los siguientes 1,300 kilovatios-hora.
Consumo excedente: $2.859 por cada kilovatio-hora adicional a los anteriores.
En temporada fuera de verano:
Consumo básico: $0.809 por cada uno de los primeros 75 kilovatios-hora.
Consumo intermedio: $0.976 por cada uno de los siguientes 125 kilovatios-hora.
Como vemos, las variables más importantes utilizadas por la SHCP para determinar las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos son: el nivel de consumo, la temperatura promedio registrada por la zona geográfica y la temporada (verano/fuera de verano), de tal manera que, cuanto más cálida es una zona geográfica, menos paga por concepto de electricidad.
Ese acuerdo precisa que para la clasificación de estas tarifas se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima (25, 28, 30, 31, 32, 33 grados Celsius) cuando ésta alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente, lo cual se considerará que durante un año alcance el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la temperatura influye en los determinantes sociales y medioambientales de la salud, como, por ejemplo: un aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y una vivienda segura en ese aspecto las altas temperaturas son un factor que incide en la propagación de enfermedades respiratorias, así como para propiciar los golpes de calor poniendo en riesgo la vida de las personas de igual manera se encuentran los alimentos, pues como podemos ver estos requieren de un tratamiento y almacenamiento especial parta que estos no se echen perder.
Además, por si fuera poco, con el cambio climático el problema de las altas temperaturas se agrava. De acuerdo con el Instituto de Ecología y Cambio Climático, México es el país con mayor incremento de temperatura, con un aumento de 1 grado Celsius entre 2012 y 2017, aunque hay que decir que, en algunas zonas del territorio nacional, la variación ha sido todavía más grande de manera que, cada vez es más común ver que el termómetro rebase 40 y 50 grados Celsius en muchas regiones del país.
Finalmente, se adiciona el siguiente comparativo:
III. Fundamento legal
Por lo expuesto, fundado y motivado, y con base en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, numeral 1, fracción VIII, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 6, 139, 140 y 165 de la Ley de la Industria Eléctrica
Único. Se reforman el artículo 139 y la fracción I del 140; se adicionan las fracciones IX al 6 y VIII al 165; y se deroga el inciso e) de la fracción II del 165 de la Ley de la Industria Eléctrica, para quedar como sigue:
Artículo 6. El Estado establecerá y ejecutará la política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica a través de la secretaría y la CRE, en el ámbito de sus respectivas competencias, teniendo como objetivos los siguientes:
I. a VII. ...
VIII. El Ejecutivo federal establecerá tarifas fijas a los usuarios que se encuentren en condiciones de marginalidad y pobreza, garantizándole el consumo básico.
Artículo 139. La Comisión Reguladora de Energía será la encargada de establecer las cuotas mínimas y máximas, por lo que aplicará las metodologías, considerando el gasto en familias en condiciones de marginalidad y pobreza para el pago del consumo de la energía eléctrica.
El Ejecutivo federal podrá comprobar, mediante acuerdo un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de usuarios del suministro básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE.
Artículo 140. La determinación y aplicación de las metodologías y tarifas referidas en el artículo anterior deberán tener como objetivos, entre otros
I. El desarrollo del sector energético, evitando la discriminación y asegurar el servicio para usuarios domésticos en condiciones de marginalidad y pobreza en términos de equidad para satisfacer sus necesidades básicas en la vivienda.
II. a VI. ...
Artículo 165. Las infracciones a lo dispuesto en esta ley, sus reglamentos o disposiciones emanadas de la misma se sancionarán de conformidad con lo siguiente:
I. y II. ...
a) a d)...
e) Se deroga.
f) a i)...
III. a VIII. ...
IX. El Ejecutivo federal, a través de la CRE, solicitará la suspensión inmediata del suministro eléctrico a usuarios que hagan uso de la red sin haber celebrado contrato u ocupar aparatos para alterar la medición del consumo.
...
...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019. Diputadas: María del Carmen Cabrera Lagunas,Julieta García Zepeda, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»
Presidencia de la diputada María de los Dolores Padierna Luna
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Energía para su dictamen.
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Benjamín Robles Montoya, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya:Gracias, diputada presidenta, compañeras, compañeros diputados, en los fines establecidos por la Ley de Educación vigentes, desde nuestro punto de vista, falta por considerar una relación mucho más sólida, mucho más explícita entre la formación educativa y la laboral, con la finalidad de que la productividad laboral y la innovación expresada en nuevas patentes aumenten de forma acelerada.
En México, compañeras y compañeros, este resultado es urgente, debido a que diversos estudios reportan que la productividad laboral está estancada debido a las pocas mejoras generadas desde fines del 2016 hasta el presente.
La recomendación, incluso de diversos organismos, así como de los planteamientos de múltiples enfoques de teoría económica, es que la forma adecuada de aumentar la productividad laboral para alcanzar el bienestar general, es por medio de la educación.
Por otra parte, compañeras, compañeros, la tasa de desocupación en México, según el Inegi, para octubre del 2018 ascendía a 3.24 por ciento, cifra bastante dudosa sobre lo que realmente venía pasando, mientras que la tasa de desempleo entre los jóvenes prácticamente lo duplicaba, llegaba a un cercano seis por ciento, es decir, el desempleo juvenil muy grave.
Este panorama, compañeras y compañeros, resulta también una desvinculación entre el sistema educativo y el sistema laboral, porque no hay una planeación adecuada para que se puedan enlazar educación y trabajo.
Por una parte, hay muchos estudiantes en los planteles universitarios, pero al momento de asistir a la búsqueda de trabajo, simplemente no los encuentran. Es decir, la inserción laboral no tiene un vínculo solido con lo que se aprende en la escuela o en las universidades, por lo cual se requiere de una estrategia especial al respecto.
En este sentido, los planteamientos generales establecidos por el programa, ya en curso, del presidente Andrés Manuel López Obrador Jóvenes Construyendo el Futuro resultan evidentemente muy adecuados, debido a que establecen que una vertiente de dicho programa estará dirigido a la capacitación en el trabajo por medio de vincular a jóvenes con los centros laborales para que reciban asesoría, para que reciban capacitación, otorgándoles, como ya sabemos, una beca mensual de 3 mil 600 pesos.
Igualmente, la capacitación se enlazará con la vocación educativa y/o con la necesidad de orientar la formación estudiantil en carreras o especialidades adecuadas a la oferta laboral de las empresas.
Y, precisamente, este es un mecanismo, es un vínculo que debería de generalizarse para el sistema educativo nacional en todos los niveles posibles, porque esto sí permitirá un acelerado proceso de incremento de productividad como se ha demostrado en otros países, como Alemania.
En México, ciertamente, la Subsecretaría de Educación Media Superior tiene establecido el denominado Modelo Mexicano de Formación Dual que se sintetiza de la siguiente manera:
Los jóvenes egresados de educación media superior, los jóvenes egresados de educación media superior tecnológica se caracterizan por carecer de experiencia laboral, contar con escaso capital social y estar formados en un número reducido de carreras, muchas de ellas saturadas en el mercado laboral, lo que se traduce, a menudo, en altas tasas de desempleo y subempleo, una baja productividad e ingresos precarios en el primer empleo o actividad económica que realizan.
Y frente a esta situación se hace necesario es la propuesta que venimos a presentarles incorporar una fracción al XII Bis del artículo 7 de la Ley General de Educación, que ordene fomentar en todos los niveles educativos la creación de competencias profesionales por medio del modelo mexicano de formación dual en todos los niveles educativos, la creación y formación de competencias profesionales por medio, insisto, de este medio, de este modelo mexicano de formación dual.
Es la propuesta que presentamos, y le rogaré, diputada presidenta, me pueda obsequiar que la propuesta íntegra que he presentado y que aparece en la Gaceta, también se incorpore al Diario de los Debates. Es cuanto.
«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, diputado Benjamín Robles Montoya, en nombre propio y de la diputada Maribel Martínez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, 78 y 102, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación ampliando su finalidad para fomentar en los niveles educativos de educación media y media superior la creación y formación de competencias profesionales usando el Modelo Mexicano de Formación Dual.
Exposición de MotivosLa Ley General de Educación, en su artículo 7o. establece que:
La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas;
II. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos;
III. Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país;
IV. Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.
Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español.
V. Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad;
VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;
VI Bis. Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural;
VII. Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, así como su comprensión, aplicación y uso responsables;
VIII. Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación;
IX. Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte;
X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;
XI. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;
XII. Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general.
XIII. Fomentar los valores y principios del cooperativismo.
XIV. Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo.
XIV Bis. Promover y fomentar la lectura y el libro.
XV. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos.
XVI. Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo
Como se puede observar, en los fines establecidos por la ley vigente, falta considerar una relación más sólida y explícita entre la formación educativa y la laboral con la finalidad que la productividad laboral y la innovación expresada en nuevas patentes aumenten de forma acelerada. En México fomentar este resultado es urgente debido a que diversos estudios de la OCDE y otros privados reportan, según https://www.animalpolitico.com/2018/03/productividad-laboral-mexico- semaforoeconomico/ que la productividad laboral está estancada debido a las pocas mejoras generadas desde fines del año 2016 al presente.
Como se conoce, la productividad laboral, es una medición que relaciona el número de horas trabajadas y el producto interno bruto (PIB). Una manera usual de encontrarla es comparando el crecimiento del PIB, respecto del crecimiento de las horas trabajadas en un mismo período de tiempo. Si el crecimiento del PIB es mayor que el crecimiento de las horas trabajadas, se puede decir que ahora se produce más con igual o menos trabajadores, lo que significa un aumento de la productividad. Según los especialistas de #SemáforoEconómico se establece que en México, entre 2016 y 2017, el número de horas trabajadas pasaron de 26 mil 300 millones a 26 mil 710 millones de horas, pero el crecimiento económico, sobre todo en las actividades secundarias, cayó en 3.3 por ciento aunque en las actividades primarias y de servicios subieron un 1.4 por ciento; es decir hay una disminución neta de la productividad laboral.
Más aún, si se hace una comparación internacional, entonces el rezago es considerable, pues según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) la productividad de sus países miembros en promedio alcanza el 1.2 por ciento de crecimiento en el periodo comprendido entre los años 2002 y 2016; mientras que el dato para México es de 0.3 por ciento.
La recomendación de diversos organismos, así como de los planteamientos de múltiples enfoques de teoría económica, es que la forma adecuada de aumentar la productividad laboral para alcanzar el bienestar general es por medio de la educación. Así lo establece también uno de los economistas más relevantes de estas propuestas, Robert Solow en su célebre artículo Contribution to the Theory of Economic Growth, publicado en The Quarterly Journal of Economics, Volumen 70, número 1 (febrero, 1956), páginas 65-94.
Por otra parte, la tasa de desocupación en México, según Inegi, para octubre de este año (https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestadisticos/) fue de 3.24 por ciento, una cifra bastante dudosa sobre lo que realmente vendría pasando, mientras que la tasa de desempleo entre los jóvenes es casi de 6.0 por ciento, es decir, el desempleo juvenil es muy grave.
Este panorama, resulta también de una desvinculación entre el sistema educativo y el mercado laboral, porque no hay una planeación adecuada para que se puedan enlazar educación y trabajo. Por una parte, hay muchos estudiantes en los planteles universitarios, pero al momento de asistir a la búsqueda de trabajo simplemente no los encuentran. Es decir, la inserción laboral no tiene un vínculo sólido con lo que se aprende en las escuelas o universidades, por lo cual se requiere de una estrategia especial al respecto.
En este sentido, los planteamientos generales establecidos por el programa del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el denominado programa Jóvenes Construyendo el Futuro son muy adecuados, debido a que establecen que una vertiente de dicho programa estará dirigido a la capacitación en el trabajo por medio de vincular a jóvenes con centros laborales para que reciban capacitación y tutoría, otorgándoles una beca mensual de 3 mil 600 pesos mensuales. Igualmente, tal capacitación se enlazará con la vocación educativa y/o con la necesidad de orientar la formación estudiantil en carreras o especialidades adecuadas a la oferta laboral de las empresas.
Precisamente, este es un mecanismo, un vínculo que debería generalizarse para el sistema educativo nacional, en todos los niveles posibles, porque esto sí permitirá un acelerado proceso de incremento de la productividad como se ha demostrado en otros países, en particular Alemania.
En México, la Subsecretaría de Educación Media Superior tiene establecido el denominado Modelo Mexicano de Formación Dual, que de acuerdo a su página, https://www.gob.mx/sep#284 se sintetiza de la siguiente manera:
Los jóvenes egresados de la educación media superior tecnológica, se caracterizan por carecer de experiencia laboral, contar con escaso capital social y estar formados en un número reducido de carreras, muchas de ellas saturadas en el mercado laboral, lo que se traduce a menudo en altas tasas de desempleo y subempleo, una baja productividad e ingresos precarios en el primer empleo o actividad económica que realizan.
Frente a esta situación, se hace necesario establecer en los programas de estudio un equilibrio armónico entre la formación teórica y la formación práctica, alternando el periodo de formación en el aula con el espacio del trabajo; desarrollar en los jóvenes las competencias necesarias para que logren un buen desempeño laboral al egresar, sin que se requiera un entrenamiento adicional para iniciar su etapa productiva, y diversificar la oferta educativa.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) en coordinación con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y con la asesoría de la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria (Camexa) y la experiencia en el tema del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), desarrollaron en 2013 el Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD), el cual retoma los elementos esenciales del modelo dual alemán y los adapta a la realidad nacional.
A partir de los aprendizajes generados y con el propósito de conceptualizar e institucionalizar a la formación dual en el nivel medio superior, el 11 de junio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Secretarial número 06/06/15 por el que se establece, caracteriza y regula a la formación dual como una opción educativa del tipo medio superior. Esta nueva opción educativa pertenece a la modalidad mixta y se caracteriza porque las actividades de aprendizaje previstas en el plan de estudios se desarrollan tanto en las instituciones educativas que lo ofrecen, como en contextos reales de aprendizaje mediante trayectos curriculares flexibles. Lo anterior, permitirá a los estudiantes desarrollar conocimientos y competencias en las empresas; vincular de manera temprana y simultánea la teoría y la práctica educativa para fortalecer el desarrollo integral de sus habilidades; así como contribuir a mejorar su empleabilidad.
Así mismo, en la tesis de maestría, Educación como estrategia para aumentar la productividad laboral en la Zona Económica Especial del Istmo de Tehuantepec: caso Puerto de Salina Cruz (Robles Montoya, B., Universidad de Alcalá, 2018), se da cuenta de cómo la globalidad requiere de modelos educativos versátiles, de agilidad en la aplicación del conocimiento y de la generación de patentes en los centros de trabajo, y en este sentido, se documenta, las bondades de la aplicación del modelo de educación dual, de la siguiente manera (obra citada, páginas 106-109):
La puesta en marcha de la Zona Económica Especial (ZEE) de Salina Cruz es una oportunidad multidireccional para el desarrollo territorial... Más aún podría constituirse en ejemplo y pilar central para el estado de Oaxaca, en el combate a la pobreza a través del aumento de la productividad laboral. Sin embargo, este camino propuesto a recorrer tiene diversas vertientes. Una de ellas es el énfasis en la educación dual y su relación con los procesos de producción y gestión administrativa de las empresas de la ZEE. Esta relación educaciónproductividad ha sido eje de las ZEE exitosas, aunque cada una con sus particularidades. A pesar de la existencia de más de tres mil ZEE en el mundo y que su creación tiene características generales, la magnitud real, se encuentra en las características particulares de cada una de ellas, y es ahí donde la creatividad en el diseño de las políticas públicas se convierte en eficiencia y eficacia para los objetivos que se trazan.
Por ello, el presente trabajo pretende advertir sobre la urgencia de garantizar el éxito de la ZEE de Salina Cruz, Oaxaca, y en la necesidad del enlace entre la educación de la población en función de las características específicas de las empresas que ocuparán el territorio de la ZEE para la obtención de un resultado exitoso, tan necesario para la localidad, el estado y el país.
No todas las ZEE que se han puesto en funcionamiento en 120 países han sido exitosas. Las experiencias negativas también se deben de tomar en cuenta para evitar un fracaso en su implementación en México. Los inversionistas de las ZEE procurarán que éstas funcionen como pistas de aterrizaje muy seguras debido a que llegan con altas ventajas competitivas en el mercado mundial y desean minimizar sus márgenes de riesgo en todas las áreas de su competencia, por lo que, este tipo de inversiones tienen asegurados mercados globalizados cercanos o remotos para la colocación de sus productos de forma tal que sus preocupaciones se concentran en buena parte en los costos de producción, transporte y distribución.
Como se ha mencionado en el presente trabajo, una de las ventajas de la globalización es el acercamiento de oferentes a los mercados que incluye la parte de la liberalización comercial, por ello una de las características de las empresas de las ZEE es procurar ensambles y combinaciones óptimas en la conectividad entre centros de ensamblaje o de ventas. ...pero dada la competencia, encuentran en la innovación de los productos vigentes, en la creación de nuevos productos y en la innovación organizativa campos fructíferos para el registro de nuevas patentes. Precisamente esta política de innovación demanda a su vez que sus trabajadores deban de contar con niveles educativos especializados de manera creciente.
En Salina Cruz hay un gran potencial para la vinculación entre instituciones de educación y empresas para la formulación de convenios de colaboración para la formación dual en los siguientes proyectos de negocios: infraestructura, terminales, almacenes, áreas de reserva para desarrollo, ampliación del puerto, energías renovables, industria química, industria de petróleos y sus derivados. Así mismo, para la formación dual habrá que impulsar la vinculación entre instituciones educativas y empresas como resultado del potencial que ofrece el entorno de mercado y composición de las actividades económicas del Puerto de Salina Cruz, que es un nodo vital para el transporte marítimo de carga comercial para la salida o entrada de insumos: equipos, partes industriales, graneles agrícolas y minerales, petroquímicos, y partes y equipo para la industria eólica. Además de ser un puerto estratégico para el abasto de combustibles (petróleo y derivados) a todos los estados del Pacífico, así como para el abasto de maíz y el comercio exterior -importaciones y exportaciones- hacia Norte, Centro y Sudamérica y Asia.
Los éxitos demostrados por la aplicación del Modelo Mexicano de Formación Dual para fomentar la Creación y Formación de Competencias Profesionales también han quedado demostrados en los estados donde prácticamente, de manera experimental y con muy bajo alcance, ya se aplicó desde 2016 en particular.
Por todo lo anteriormente expuesto se pone a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona la fracción XII Bis al artículo 7o. de la Ley General de Educación
Artículo Único. Se reforma y adiciona una fracción XII Bis al artículo 7o. de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Artículo 7o. ...
I. a XII. ...
XII Bis. Fomentar en todos los niveles educativos la creación y formación de competencias profesionales por medio del Modelo Mexicano de Formación Dual.
XIII. a XVI. ...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a once de diciembre de 2018. Diputado y diputadas: Benjamín Robles Montoya,Maribel Martínez Ruiz, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Insértese íntegramente la propuesta en el Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Educación, para su dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 74, 89 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega:Con su venia, diputada presidenta. Los secretarios de Estado tienen una importancia esencial en el funcionamiento diario del país. Estos son los brazos ejecutores del presidente, y junto con él toman las decisiones de mayo envergadura que definen el rumbo de México.
Por consiguiente, una mala decisión en materia energética, educativa, de salud o fiscal puede representar una afectación incuantificable o un retroceso grave en la calidad de vida y en las aspiraciones de nuestros niños y jóvenes. De este tamaño es la importancia y trascendencia que tienen las personas que acompañan al presidente de la República a lo largo de su sexenio.
Durante décadas hemos visto cómo secretarios de despacho entran a la posición y llegan a aprender, anuncian grandes obras y programas que, básicamente, en el término no se cumplen ni los objetivos ni los parámetros establecidos.
Dicho lo anterior, para Movimiento Ciudadano, las personas que elige el presidente de la República para delegar los más importantes asuntos del país no es un tema menor, estas deben ser expertas en los temas que les corresponde, para así lograr ser lo más eficaces posible en su desempeño y entregar los mejores resultados posibles al país al término de su gestión.
La presente iniciativa tiene dos objetivos fundamentales: el primero de ellos es que se elijan los mejores perfiles para encabezar cada una de las Secretarías de despacho del gobierno federal, y el segundo objetivo es fortalecer el sistema de pesos y contrapesos que caracterizan a la democracia de nuestro país.
Respecto del primer objetivo, si revisamos nuestra Constitución Política, así como diversas leyes secundarias, podemos darnos cuenta que, para ocupar la titularidad de múltiples posiciones clave dentro de la administración pública, se exige que se tenga conocimientos especializados, una trayectoria y una edad mínima determinada.
Tal es el caso de los ministros de la Suprema Corte, el fiscal general de la República, los miembros de la Junta de Gobierno en Banxico, así como muchos otros que contemplan nuestras leyes.
En función de lo anterior, para Movimiento Ciudadano no es justificable que el gabinete que acompaña al presidente de la República esté exento de cumplir con trayectoria, edad y conocimiento profundo y especializado en las materias que desempeñan.
Si en verdad aspiramos a transformar México, debemos empezar por garantizar la idoneidad de los perfiles que conforman el gabinete de la Presidencia.
Los problemas que enfrenta nuestro país han empantanado su progreso y solo con el liderazgo de los personajes más capaces estaremos en la posibilidad de encaminar a nuestra nación en la dirección correcta.
Es por lo anterior que consideramos esencial que nuestros secretarios de despacho cuenten con un título profesional afín al puesto a ejercer; que se hayan desempeñado de forma destacada en materias relacionadas con el objeto de su encargo, y que cuenten con una mayor experiencia al tomar la posición de secretario.
Respecto al segundo objetivo de la iniciativa, los ciudadanos estamos cansados de la curva de aprendizaje de varios de lo que llegan a sobrellevar los problemas de las secretarías, lo que necesitamos son liderazgos que revolucionen a los sectores, gente con talento especial para atender las crisis y tomar decisiones eficientes que nos encaucen en un tren de alta velocidad hacia un mejor país.
Es por lo anterior que necesitamos reformar nuestra Constitución para que, quienes somos representantes del pueblo y de los estados tengamos la facultad de ratificar y remover a quienes llegan al gobierno federal y no tienen la capacidad suficiente para sobrellevar un cargo de tal tamaño.
No es posible que en el México de hoy solo se nos permita examinar el desempeño de los funcionarios públicos durante la glosa del informe de gobierno. No es posible que vengan los secretarios, respondan vagamente a nuestros cuestionamientos y se vayan con la tranquilidad de que nadie los pueda remover de su puesto mientras estén bien con el presidente.
Por esa razón necesitamos aprobar esta reforma constitucional, para que los secretarios no se relajen en el cumplimiento de sus funciones y que, a lo largo de seis años de gobierno, seamos testigos de cambios verdaderos, que deriven en más y mejores oportunidades para los mexicanos.
Por lo anterior expuesto, pongo a su análisis y, en su caso, aprobación, la presente iniciativa de reforma. Es cuanto, diputada presidenta.
«Iniciativa que reforma los artículos 74, 89 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, Geraldina Isabel Herrera Vega, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 74, la fracción II del artículo 89 y el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
De acuerdo con el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, denominado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y dentro de las facultades exclusivas del titular del Ejecutivo está, según el artículo 89, el nombrar y remover a los funcionarios que integrarán su gabinete.
En este orden de ideas, las secretarías de Estado son el brazo ejecutor de los asuntos de orden administrativo encomendados, por lo que los titulares de las secretarías llevan implícito en sus hombros la responsabilidad del sector de que se trate y, junto al presidente, son quienes toman las decisiones de mayor envergadura para el futuro de nuestro país.
Por consiguiente, una mala decisión en materia fiscal, educativa, salud, energética o telecomunicaciones puede representar una afectación incuantificable para algún sector o un retroceso devastador en la calidad de vida de la población o en las aspiraciones de nuestra niñez y juventud.
De esa magnitud es la trascendencia de las personas que acompañan al presidente de la República durante su mandato.
Dicho lo anterior, para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano la libertad de la que goza el presidente de la República de nombrar y remover libremente a quienes serán sus secretarios no es un tema menor y el Poder Legislativo no puede ser un simple espectador de una de las decisiones de mayor relevancia de cada sexenio.
Si revisamos nuestra Constitución Política y diversas leyes especializadas en algunas materias, podemos identificar que para ocupar la titularidad en muchas de las oficinas de gobierno se exige una trayectoria de un determinado periodo de tiempo y un conocimiento especializado en algunas materias, incluso se solicita como edad mínima 35 años cumplidos el día de la designación, como se muestra a continuación:
Constitución
Comisionados Cofece
(Artículo 28)
-Ser mayor de 35 años
-Haberse desempeñado, cuando menos 3 años, en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia económica..
Comisionado IFT
(Artículo 28)
-Ser mayor de 35 años.
-Haberse desempeñado, cuando menos 3 años, en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines a la radiodifusión o telecomunicaciones.
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(Artículo 95)
Tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación.
-Antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.
Fiscal General de la República
(Artículo 102)
-Tener cuando menos 35 años.
Antigüedad mínima de 10 años, con título profesional de licenciado en derecho.
Ley del Banco de México
Miembro de la Junta de Gobierno
(Artículo 39)
-No tener más de 65 años cumplidos en la fecha de inicio del período durante el cual desempeñará su cargo.
-Gozar de reconocida competencia en materia monetaria.
-Haber ocupado, por lo menos durante 5 años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera.
Ley Federal de Competencia Económica
Titular de la Autoridad Investigadora
(Artículo 31)
-Tener cuando menos 35 años.
Poseer al día de la designación, título profesional con antigüedad mínima de 10 años, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Titular de la autoridad investigadora
(Artículo 27)
-Tener cuando menos 35 años.
-Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de 10 años, título profesional expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.
Ley de Petróleos Mexicanos
Consejero
(Artículo 20)
1. Contar con título profesional en las áreas de derecho, administración, economía, ingeniería, contaduría o materias afines a la industria de los hidrocarburos, con una antigüedad no menor a 5 años al día de la designación.
2. Haberse desempeñado, durante al menos 10 años, en actividades que proporcionen la experiencia necesaria para cumplir con las funciones de consejero de Petróleos Mexicanos, ya sea en los ámbitos profesional, docente, o de investigación.
Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética
Comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y de la Comisión Reguladora de Energía
(Artículo 8)
1. Poseer título profesional en cualquiera de las ingenierías, de las ciencias físico-matemáticas, de las ciencias biológicas y químicas o de las ciencias sociales y administrativas, que se vinculen con las actividades del sector energético.
2. Haberse desempeñado en forma destacada, durante al menos 5 años, en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines al objeto del Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética respectivo.
Ley de la Comisión Federal de Electricidad
Consejero
(Artículo 15)
1. Contar con título profesional en las áreas de derecho, administración, economía, ingeniería, contaduría o materias afines a la industria eléctrica, con una antigüedad no menor a 5 años al día de la designación.
2. Haberse desempeñado, durante al menos 10 años, en actividades que proporcionen la experiencia necesaria para cumplir con las funciones de consejero de la Comisión Federal de Electricidad, ya sea en los ámbitos profesional, docente o de investigación
En función de lo anterior, para Movimiento Ciudadano no es justificable que el gabinete que acompaña al presidente de la República esté exento del cumplimiento de la trayectoria, edad y conocimiento profundo en ciertas materias, como se le exige a quienes aspiran a ocupar la titularidad de los cargos enlistados en el recuadro que antecede.
Nuestro país se ha visto inmerso en devastadoras consecuencias cuando se ha privilegiado el compadrazgo en la toma de decisiones. Por lo que no podemos ser cómplices de un error de esa magnitud. En nuestras manos está la gran oportunidad de que no se vuelvan a aceptar improvisados que llegan a aprender a las secretarías o que permanecen en su encargo a pesar de la ineptitud mostrada.
Si en verdad aspiramos a transformar a nuestra nación, debemos empezar por garantizar la idoneidad de los perfiles que conformarán el gabinete del presidente.
Los problemas que enfrenta nuestro país han empantanado el progreso de México y sólo con el liderazgo de grandes personajes, estaremos en la posibilidad de encaminar a nuestra nación en la dirección correcta.
Como ciudadanos debemos exigir la selección de perfiles sensibles a la problemática de cada uno de los sectores en que se desarrollaran, por lo que la elección del gabinete debe regirse con reglas que eleven la calidad de los funcionarios públicos y que su trayectoria asegure un desempeño extraordinario al encabezar un sector.
Por consiguiente, proponemos las siguientes modificaciones a nuestra Constitución:
1. Facultar al Poder Legislativo federal para ratificar y remover a los secretarios de Estado con excepción de aquellos en los que la misma Constitución o la ley faculta expresamente al Senado.
a) La Cámara de Diputados será responsable cuando llegue al poder un partido político o un candidato independiente con excepción de los secretarios, titulares y funcionarios nombrados expresamente dentro de las facultades del Senado de la República.
b) El Senado de la República asumirá dicha responsabilidad en los nombramientos expresos en la ley o cuando se opte por un gobierno de coalición.
2. La ratificación o remoción será con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara que corresponda y en los recesos, por la Comisión Permanente.
3. Si el Poder Legislativo no ratifica en dos ocasiones el nombramiento del mismo secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe directamente el presidente de la República.
4. Para ser secretario del despacho será necesario:
a) Tener treinta y cinco años cumplidos.
b) Contar con título profesional en las áreas afines al puesto a desempeñar.
c) Haberse desempeñado en forma destacada, durante al menos diez años, en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con las materias afines al objeto del encargo.
Se considera pertinente elevar la edad de 30 a 35 años para quien ocupe el cargo de secretario. El razonamiento es muy sencillo, consideramos que cinco años de experiencia sí pueden marcar la diferencia en la calidad de las decisiones que se tomen. La madurez y mayor experiencia pueden ser elementos insustituibles para un mejor desempeño y manejo de los retos por enfrentar.
La ciudadanía está cansada de la curva de aprendizaje de todo el que llega a sobrellevar los problemas de las secretarías, salir en la foto con el presidente y vanagloriarse con el trabajo de los subordinados. Lo que necesitamos son liderazgos que revolucionen a los sectores, gente con un talento especial para atender situaciones de crisis, tomar decisiones eficientes y elegir los proyectos que nos encausen en un tren de alta velocidad a un México mejor.
Necesitamos reformar nuestra Constitución para que los representantes del pueblo, tengamos la facultad de remover a quienes llegan al gobierno federal a estafar las arcas públicas. No es posible que en el México que vivimos, sólo se nos permita criticar el desempeño de los funcionarios públicos durante la glosa del informe de gobierno respecto al estado que guarda la administración pública federal. Vienen los secretarios, responden vagamente o inclusive ignoran nuestros cuestionamientos, y se van con la tranquilidad de que nadie los puede remover de su puesto.
Por esa razón, necesitamos aprobar esta reforma constitucional, para que los secretarios no se relajen en el cumplimiento de sus funciones y que a lo largo de los seis años de gobierno seamos testigos de verdaderos cambios que deriven en más y mejores oportunidades para el pueblo de México. La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución de un puesto; es un eslabón insustituible de aptitudes, destrezas y de un conocimiento profundo que se demuestra con una trayectoria ejemplar y altamente reconocida.
Ese es el perfil que propone Movimiento Ciudadano para quienes acompañen al presidente de la República. Ese es nivel que deseamos que tengan los próximos secretarios de Estado. Si la gran transformación ha sido planteada para llevar a México a un nuevo horizonte, resulta indispensable colocar en la capitanía del barco a una tripulación preparada y con la mayor experiencia posible para realizar la travesía con la seguridad de que lleguemos a un puerto de éxito, en donde la sociedad sea la primera beneficiada.
Por lo antes expuesto, propongo la discusión y, en su caso, la aprobación del siguiente proyecto de:
Decreto que reforma la fracción III del artículo 74, la fracción II del artículo 89 y el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Único. Se reforma la fracción III del artículo 74, la fracción II del artículo 89 y el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 74. ...
I. ...
II. ...
III. Ratificar y remover el nombramiento que el Presidente de la República haga de los secretarios de Estado, así como de los empleados superiores de Hacienda; salvo aquellos que sean facultad exclusiva del Senado o que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de esta Constitución;
La ratificación o remoción se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara responsable y en los recesos por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas.
El plazo para la ratificación será improrrogable de 10 días naturales a partir de la presentación de la propuesta.
En caso de que se rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el presidente de la República someterá una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior.
Si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe directamente el presidente de la República.
IV. a IX. ...
Artículo 89. ...
I. ...
II. Nombrar, con la ratificación de la Cámara correspondiente, a los secretarios de Estado y remover libremente a dichos servidores públicos, remover embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;
Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones entrarán en funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los términos de esta Constitución, dejarán de ejercer su encargo.
...
En los supuestos de ratificación de los secretarios de Estado, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo Secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la República;
Artículo 91. Para ser secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta y cinco años cumplidos.
Contar con título profesional en las áreas afines al puesto a desempeñar.
Haberse desempeñado en forma destacada, durante al menos diez años, en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con las materias afines al objeto del encargo.
TransitoriosPrimero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.
Palacio Legislativo, a 6 de febrero de 2019. Diputadas y diputados: Geraldina Isabel Herrera Vega(rubrica).»
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.
LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 267 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Javier Salinas Narváez:Con su venia, presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado Javier Salinas Narváez: En los últimos años hemos atestiguado los excesos derivados de la destitución de servidores públicos por el Poder Judicial, conculcando sus derechos humanos por la simple razón de ser servidores públicos.
Servidores públicos de los gobiernos municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México han sido exhibidos públicamente al ser destituidos y sometidos a procesos penales por incumplimiento de sentencias de amparo.
El problema estriba en que la nueva Ley de Amparo de 2013 incorporó en el artículo 267 penalidades de cinco a 10 años de prisión y multas hasta por mil días de salarios para los servidores públicos omisos, los cuales resultan extremadamente severas, pues se trata a los servidores públicos peor que delincuentes.
En ese sentido, las penalidades establecidas en el artículo 267 de la Ley de Amparo son equivalentes, por ejemplo, a las penalidades aplicadas a los delitos contra la salud y mucho mayores que las penas aplicables a algunos delitos que se consideran mucho más dañinos a la sociedad, como son, por ejemplo, los delitos cometidos contra funcionarios públicos, el delito de corrupción o el delito de coalición de servidores públicos.
Esto es así porque el legislador de 2013 omitió considerar diversas circunstancias ajenas a la voluntad de los servidores públicos, tales como el de la legislación presupuestal, que establece procedimientos y plazos distintos para estar en posibilidades de disponer de los recursos públicos y para atender las sentencias del Poder Judicial federal.
Cabe recordar que los gobernantes recibieron un mandato en las urnas electorales, y su destitución puede tener graves implicaciones en materia electoral, tales como la necesidad de convocar a nuevas elecciones y las consecuencias económicas de dichas resoluciones puedan resultar muy onerosas para el erario público, como sería la necesidad de convocar a nuevas elecciones.
Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha reconocido que el incumplimiento de una sentencia de amparo puede tener varios matices, pues se puede dar el caso de un simple desacato, del cumplimiento excesivo o defectuoso o de la repetición del acto reclamado.
No obstante, la Ley de Amparo omite establecer penalidades distintas para cada caso. Sin embargo, el dispositivo señalado omite considerar excluyentes de responsabilidad, agravantes o atenuantes para imposición de la pena, cuestión que ocurre con los demás delitos graves.
Por lo expuesto, proponemos reformar el artículo 267 de la Ley de Amparo para eliminar las penas privativas de la libertad, la destitución e inhabilitación, sustituyéndolas por mayores sanciones pecuniarias, categorizadas de acuerdo con la gravedad de las diferentes conductas que se desea evitar.
Con ello restauraremos los derechos humanos, la igualdad de los servidores públicos, daremos certidumbre a la función pública y devolveremos la dignidad del servidor público. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 267 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Javier Salinas Narváez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 267 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en lo siguiente:
Planteamiento del Problema
En los últimos años hemos atestiguado los excesos derivados de la aplicación a rajatabla de las sanciones de destitución previstas para los servidores públicos en la nueva Ley de Amparo, para el caso del incumplimiento a las resoluciones del Poder Judicial de la Federación.
Así las cosas, diversos servidores públicos de los gobiernos municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México han sido exhibidos públicamente a través de los diferentes medios de comunicación, al ser destituidos y sometidos a proceso penal por incumplimiento de sentencias de amparo. Tal es el caso del municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, donde la presidenta municipal fue destituida de su cargo por el incumplimiento a la sentencia de amparo; donde se ordenaba, la devolución a una empresa el dinero que pagó por el servicio de alumbrado público.
En Emiliano Zapata, Morelos; el alcalde y la tesorera municipal fueron destituidos por el incumplimiento a la sentencia de amparo, que les ordenaba la devolución de impuestos sobre la adquisición de un inmueble a un ciudadano. Lo mismo sucedió en el municipio de Coacalco, estado de México; donde el alcalde fue destituido junto con trece regidores; además esta medida alcanzó al ex alcalde, quien será consignado ante el juez. La misma medida se tomó en los municipios de Paraíso, Tabasco, y Tlacotepec, Puebla, donde los alcaldes, funcionarios y el cabildo fueron destituidos y consignados ante un juez. Tal es el caso y la misma consecuencia del delegado de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, cuya destitución y consignación ante un juez fue contundente; alcanzando también al ex delegado en la misma demarcación territorial.
Por supuesto que, en la mayoría de los casos, la sentencias que se dejan de atender son las que tienen que ver con la erogación de recursos públicos; los cuales, como es del conocimiento generalizado, no sólo son cada vez menores en términos reales (aplicando la inflación); sino que también, es un hecho fehaciente que las normas aplicables a éstos son cada vez más estrictas.
En principio, resulta de suma importancia la existencia de una disposición que sancione a las autoridades que se niegan a atender una sentencia de amparo, pues la garantía de que las sentencias protectoras de los derechos humanos deben ser cumplidas, es un elemento indispensable para mantener el estado de derecho. Sin embargo, dicha medida trata a los servidores públicos peor que a los delincuentes, por lo que es menester atemperar las sanciones ahí previstas, para permitirles atender debidamente las funciones para las cuales fueron electos o contratados.
El problema estriba en que la Ley de Amparo de 1936 disponía, en su artículo 202, que: La falta de cumplimiento de las ejecutorias de amparo imputables a los jueces de distrito, o a las autoridades judiciales que conozcan del juicio, se castigarán con arreglo a las disposiciones del Código Penal aplicable en materia federal a los responsables del delito de abuso de autoridad, disposición cuyas limitaciones permitió, por décadas, el que las autoridades dejaran de cumplir la mayoría de las sentencias de amparo sin que el Poder Judicial o el Ministerio Público de la Federación actuaran en consecuencia.
No obstante, la nueva Ley de Amparo de 2013 incorporó el artículo 267, donde se establecen severas sanciones para los servidores públicos que no cumplan con las sentencias de amparo, las cuales rayan en el exceso.
Argumentos
De la revisión del dispositivo de referencia se observa:
En primer lugar, que la pena de prisión señalada por el artículo 267 de la Ley de Amparo es equivalente, por ejemplo, a las penalidades aplicables a los delitos contra la salud, previstas en el artículo 194 del Código Penal Federal; y mucho mayor que las penas aplicables a algunos delitos que se consideran mucho más dañinos a la sociedad; como son, por ejemplo los Delitos Cometidos contra Funcionarios Públicos, donde se prevé una pena de tan sólo 1 a 6 años (artículo 189); el Delito de Corrupción, cuya pena va de 1 a 10 años de prisión (artículo 211, fracción I); o el Delito de Coalición de Servidores Públicos, que amerita una pena de 2 a 7 años de prisión (artículo 217). Yo pregunto al pleno, ¿qué es más grave los delitos antes señalados? O ¿el incumplimiento de una sentencia de tipo laboral o por la falta de un pago, que muchas veces queda fuera del alcance presupuestal y de las atribuciones de las autoridades?
Sin embargo; el dispositivo en comento omite considerar excluyentes de responsabilidad en caso de fuerza mayor o caso fortuito, o agravantes y atenuantes para la imposición de la pena, como si ocurre con los delitos más graves.
Asimismo, se prevé un procedimiento sancionatorio abreviado para la destitución de los servidores públicos, en franca transgresión de sus derechos humanos y políticos, tales como el derecho al debido proceso, a la privacidad o la presunción de inocencia; y sus aspiraciones a otros cargos públicos, los cuales son violados, por la simple razón de ser servidores públicos.
Por tal razón, consideramos que las penas aplicables al incumplimiento de una sentencia de amparo deben ser estrictamente pecuniarias, incorporando la multa y, en su caso, la reparación de daños, dado que el incumplimiento en cuestión dará lugar también al procedimiento administrativo sancionador, donde ya se encuentra prevista la posible destitución del servidor público en cuestión.
En segundo lugar, el legislador, en su momento, omitió considerar diversas circunstancias ajenas a la voluntad de los servidores públicos que deberían atenuar la penalidad aplicable a cada caso, como son, por ejemplo:
-Que los servidores públicos suelen tener que atender miles de juicios de manera simultánea;
-Que la administración pública, particularmente en el nivel municipal, suele carecer del personal capacitado y bien remunerado para atender a tal magnitud de asuntos contenciosos;
-Que la legislación presupuestal establece procedimientos y plazos distintos para estar en posibilidad de disponer de los recursos públicos para atender a las sentencias del Poder Judicial Federal o local.
-Que los gobernantes están materialmente imposibilitados de conocer las circunstancias particulares de los miles de juicios promovidos en contra de sus gobiernos.
-Que los gobernantes recibieron un mandato en las urnas electorales y la destitución de los gobernantes puede tener graves implicaciones en materia electoral, tales como la necesidad de convocar a nuevas elecciones.
-Que las consecuencias económicas de dichas resoluciones pueden resultar muy onerosas para el erario, como sería la necesidad de convocar a nuevas elecciones.
En tercer lugar, el sistema dispuesto por la Ley de Amparo para sancionar el incumplimiento de las sentencias que concedan la protección federal se compone de diversos procedimientos excluyentes entre sí:
1. Procedimiento para el caso de desacato;
2. Procedimiento para el caso de cumplimento excesivo o defectuoso, y
3. Procedimiento para el caso de la repetición del acto reclamado,
Al respecto, la nueva Ley de Amparo establece tal confusión al respecto, que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que emitir el Acuerdo General número 10/2013, relativo a las atribuciones de los órganos de este Alto Tribunal para conocer de los incidentes de inejecución de sentencia previstos en el Título Tercero de la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2013.
No obstante, la Ley de Amparo prevé y omite establecer penalidades distintas para cada caso.
En cuarto lugar, el propio Poder Judicial de la Federación ha establecido diversos criterios para la aplicación de las sanciones a los servidores públicos que incumplan las sentencias de amparo, a fin de subsanar las lagunas y los excesos de la ley, tales como:
1. No cabe aplicar la sanción consistente en la destitución del cargo y consignación penal de la autoridad responsable, cuando de las constancias de autos se advierte que el acto repetitivo se generó a causa de la confusión.
2. No es el caso de que se aplique la sanción, cuando de autos aparece que la responsable, motu proprio, dejó sin efecto el acto que constituyó la repetición del acto reclamado.
3. Cuando se trate de una entidad conformada por un conjunto de personas deberá identificar por nombre a quienes deban acatarlas, así como por el cargo de autoridad que ocupan, por ser un aspecto indispensable, si se tiene presente que el cumplimiento de la sentencia requiere de la participación de todas, pues de presentarse alguna renuencia, se actualiza una responsabilidad individual que debe ser claramente perceptible.
4. Antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo debe ordenar a la responsable, en su caso, que corrija esos vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz.
De donde se aprecia que el legislador incurrió en diversas omisiones al legislar sobre esta materia.
En quinto lugar, el 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, conforme al cual se creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a fin de desvincular el salario mínimo como unidad de referencia de otros precios de trámites, multas, impuestos, prestaciones, etcétera., y poder recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo.
Conforme al artículo 2, fracción III, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, la UMA, se debe utilizar como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes, por lo que, en consonancia con lo anterior es menester actualizar la redacción del artículo 267 de la Ley de Amparo.
En vista de lo anterior, se propone reformar el artículo 267 de la Ley de Amparo, como a continuación se explica:
Fundamento Legal
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se reforma el artículo 267 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Único. Se reforma el artículo 267 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 267. A la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, se le impondrá una pena de multa de:
I. Cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad que dolosamente incumplan una sentencia de amparo o no la haga cumplir;
II. Mil una a cinco mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad que dolosamente repita el acto reclamado;
III. Cinco mil una a siete mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad que dolosamente omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; y
IV. Siete mil una a diez mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad que dolosamente incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019. Diputado Javier Salinas Narváez(rúbrica).»
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Justicia, para su dictamen.
LEY DE VIVIENDA
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Beatriz Manrique Guevara, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. Suscrita por varios integrantes del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.
La diputada Beatriz Manrique Guevara:Gracias. Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Beatriz Manrique Guevara: En México las áreas verdes en desarrollos urbanos y fraccionamientos comúnmente son vistas como un espacio de recreación y a veces hasta como un espacio de lujo. Muy pocas veces se valora el papel fundamental que estas desempeñan dentro de las ciudades y de los grandes fraccionamientos habitacionales o concentraciones poblacionales.
En la mayoría de los desarrollos inmobiliarios se destina la mayor parte de la superficie a la edificación, a la pavimentación, al equipamiento urbano, sin considerar el factor ambiental como parte sustantiva del desarrollo social. Esto, debido a que no existe la obligación legal de incluir un espacio de áreas verdes dentro de la construcción, pues los reglamentos de edificación solamente se enfocan en resolver necesidades básicas de vivienda.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y los Tratados de Ginebra, las condiciones mínimas con que deben cumplir las viviendas uni o multifamiliares son: proteger contra enfermedades transmisibles, estar correctamente impermeabilizadas, sus espacios deben reducir al mínimo el estrés psicológico social. Debe proveer seguridad en su tenencia, disponibilidad de servicios básicos, tanto materiales como de instalaciones, infraestructura y accesibilidad. Contar un baño como mínimo, una cocina, estanciacomedor y dos recámaras, además de espacios auxiliares, como zonas de circulación, trabajo e higiene.
Sin embargo, en las leyes de nuestro país, así como en los manuales de construcción de vivienda, no se incluyen las áreas verdes dentro de las condiciones mínimas de vivienda, lo que genera que no se cumplan condiciones que deben estar atentas en la vivienda de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a los Tratados de Ginebra.
Las condiciones de las viviendas muchas veces expulsan a las familias y a los niños a llevar parte de sus actividades en la calle, y en la calle tendrían que tener cerca de su vivienda lugares de esparcimiento y áreas verdes.
Las áreas verdes contribuyen a la reducción del estrés y mejoran las condiciones ambientales, donde la Organización Mundial de la Salud recomienda a los gobiernos destinar nueve metros cuadrados de área verde por habitante.
Debido a que en la construcción de los desarrollos urbanos se sacrifica siempre el entorno natural en el que están asentados, se originan cambios sustanciales a nivel ambiental, teniendo como denominador común la contaminación del aire por los gases nocivos expedidos por automóviles, industrias, etcétera.
Es por ello que, en el Partido Verde, consideramos que una forma de contrarrestar el caos urbano, el estrés social y la calidad de vida deficiente es la correcta planificación y administración de áreas verdes, ya que contribuyen a mejorar las condiciones micro climáticas en los espacios exteriores para el correcto desarrollo de adultos y menores, ayuda a reestablecer el confort físico, mejora la calidad del aire, remueve el bióxido de carbono, que es un gas efecto invernadero, incrementa la disminución de la erosión del suelo e incrementa la biodiversidad.
En cuanto a su contribución al bienestar social, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales considera que las áreas verdes son espacios donde la población puede desarrollar actividades de recreación y deporte al aire libre, apoyar la salud física y mental de la población, contribuir a la reducción del estrés y mejorar la imagen urbana de la ciudad.
Por lo que, en el Partido Verde, proponemos reformar diversos artículos de la Ley de Vivienda, para que se establezcan criterios necesarios a fin de que el desarrollo de las viviendas pueda incluir más metros cuadrados de áreas verdes en su construcción, no solamente con un fin estético, sino también para incrementar la calidad de vida de sus habitantes y permitir un sano desarrollo en los espacios exteriores.
Con esto se contribuye a mitigar los efectos nocivos de la contaminación, se mejoran los espacios de vivienda y el desarrollo íntegro de las familias. Es cuanto. Gracias por su atención.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura y los diputados Nayeli Arlén Fernández Cruz, Erika Mariana Rosas Uribe, Ana Patricia Peralta de la Peña, Francisco Elizondo Garrido y Humberto Pedrero Moreno, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracciones IV y V del artículo 6, primer párrafo del artículo 11, adiciona un segundo párrafo al artículo 70, reforma el primer párrafo del artículo 71 y reforma el artículo 74 de la Ley de Vivienda, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEn México las áreas verdes en desarrollos urbanos y fraccionamientos, comúnmente son vistas sólo como un espacio de recreación y son consideradas un lujo, muy pocas veces se valora el papel fundamental que estas desempeñan dentro de las ciudades y grandes fraccionamientos habitacionales.
En la mayoría de los desarrollos habitacionales destinan la mayor parte de la superficie a la edificación y pavimentación de todos los espacios, sin considerar las áreas verdes, debido a que no existen los ordenamientos jurídicos que incluyan el factor ambiental como parte sustantiva en el desarrollo social.
Las áreas verdes urbanas contribuyen a mejorar las condiciones micro climáticas en los espacios exteriores al agregarle oxígeno y remover el bióxido de carbono, que es un gas efecto invernadero.
En cuanto a su contribución al bienestar social, son espacios donde la población puede desarrollar actividades de recreación y deporte al aire libre, apoyar la salud física y mental de la población, contribuir a la reducción del estrés y mejorar la imagen urbana.
Las áreas verdes urbanas están integradas por diferentes tipos de espacios, desde un pequeño jardín hasta un parque metropolitano y aunque en México no existe una definición oficial de áreas verdes, se entiende que puede ser desde un arbusto, el pasto, un árbol o hasta un bosque.
La Comisión Nacional de Medio de Ambiente de Chile define área verde como los espacios urbanos, o de periferia a éstos, predominantemente ocupados con árboles, arbustos o plantas, que pueden tener diferentes usos, ya sea cumplir funciones de esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación del entorno, o similares, toma en consideración áreas deportivas, jardineras y zonas con cualquier tipo de cubierta vegetal.
Actualmente en México los centros urbanos, cada vez son más grandes y en ellos se concentra la mayoría de la población, esto atiende principalmente a que la probabilidad de encontrar trabajo es mayor en las ciudades que fuera de ellas.
En las ciudades se accede con mayor facilidad a o distintos servicios ya sea de índole pública o privada, tales como mejor educación, servicios de salud de calidad y mayor ingreso per cápita. Con esto se da origen a un patrón de urbanización que se expande por el territorio y hace que los estados y municipios que colindad con la ciudad formen junto con ella la llamada zona metropolitana.
Según datos la Encuesta Intercensal 2015, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México (Inegi) existen 74 zonas metropolitanas registradas, 15 zonas más que en 2010, a su vez, sus habitantes pasaron de 63.8 millones a 75.1 millones, lo que representa el 56.8 y 62.8 por ciento de la población nacional respectivamente.
El crecimiento de las zonas metropolitanas ha contribuido, a la transformación del entorno natural, el cual se va llenando de construcciones y sistemas favorables para la habitación y vivienda, a su vez se van presentando problemas originados como la pérdida de áreas verdes y daños al medio ambiente.
Un factor clave para la expansión de las zonas metropolitanas es la accesibilidad a la vivienda que se ha logrado gracias a las facilidades con las que pueden ser adquiridas.
El mercado ofrece diferentes opciones, así como diversas modalidades de acceso para los sectores de bajos ingresos donde el mercado se reduce a muy pocas alternativas, dentro de las cuales se encuentra el autoconstrucción, los asentamientos irregulares y las viviendas de interés social en los denominados desarrollos urbanos o fraccionamientos, donde la mayoría de las veces, las viviendas son adquiridas por medio de créditos hipotecarios.
Una de las instituciones que proporciona de forma accesible créditos hipotecarios y no hipotecarios relacionados con la vivienda, a través del Fondo Nacional de Pensiones, es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Este instituto Cuenta con la participación del sector de los trabajadores, el sector empresarial y el gobierno, además es uno de lo que más créditos otorga al año.
Según datos del Infonavit en 2018 otorgo 544,588 créditos, para la compra, remodelación o construcción de hogares, 88, 588 créditos más que en 2017 y para este año se prevé que la cifra aumente. Esto ha propiciado a que cada vez más personas se establezcan en zonas urbanas y que utilicen sus créditos para comprar una vivienda. De acuerdo a datos de Inegi el 46 por ciento de las constructoras en nuestro país se dedican a la edificación de vivienda.
De acuerdo con la OMS, los tratados de Ginebra y las leyes de nuestro país; las condiciones mínimas con que deben cumplir las viviendas uni o multifamiliares son:
Una vivienda debe proteger contra enfermedades transmisibles;
Estar correctamente impermeabilizada;
Sus espacios deben reducir al mínimo el estrés psicológico y social;
Debe proveer seguridad en su tenencia, disponibilidad de servicios básicos tanto materiales como de instalaciones, infraestructura y accesibilidad:
Debe contar con un baño como mínimo, una cocina, una estancia-comedor y dos recámaras, además de espacios auxiliares como zonas de circulación, trabajo e higiene.
Sin embargo, en dichos tratados, así como en los manuales de construcción de vivienda en nuestro país no se incluyen las áreas verdes en las condiciones mínimas de vivienda.
De acuerdo con el Manual explicativo del programa Vida Integral Infonavit: Vivienda Sustentable; las viviendas de interés social, pueden llegar a ser como mínimo, de 38 metros cuadrados, en predios de 75 metros cuadrados; incluyendo las áreas mencionadas y un patio de casi 40 metros cuadrados.
Una de las premisas para los desarrolladores urbanos es optimizar el territorio, es decir, explotar la densidad máxima construyendo el mayor número de casas en la menor superficie posible. Aunado a esto siempre buscan los terrenos más económicos y con las condiciones mínimas para obtener los permisos necesarios.
Por lo general se trata de predios con vocación agrícola para los que, después de las diligencias necesarias ante Administración Urbana del gobierno local, se consigue cambiar a habitacional debido a que se ubican en la periferia de las ciudades reduciendo costos, trámites y permisos.
En la construcción de desarrollos urbanos se sacrifican el entorno natural en las que están asentadas, se originan cambios sustanciales a nivel ambiental, teniendo como denominador común la contaminación citadina que incluye dentro de sus principales elementos los desechos no reciclables, los gases nocivos expedidos por automóviles e industrias y finalmente la contaminación sónica.
Una de las formas de contrarrestar el caos urbano es la correcta planificación y administración de sus áreas verdes, ya que representan un eslabón fundamental en la regulación del microclima urbano, en la regulación de ruido, en el mejoramiento de la calidad de aire, en la disminución de la erosión del suelo, en el incremento de la biodiversidad y sirven de hábitat y alimento para la fauna silvestre, y como lugar para el asentamiento y descanso de muchas especies de aves migratorias.
Los árboles urbanos ayudan a mejorar la calidad del aire refrescándolo y limpiándolo. La ingeniería del paisaje, mediante plantaciones estratégicas, puede conservar la energía y mantener un ambiente confortable sin aire acondicionado. En la medida en que reducen la necesidad de consumir combustibles fósiles, los árboles son una buena inversión para atenuar el efecto invernadero.
Los espacios verdes arbolados contribuyen a la formación de microclimas urbanos placenteros. Disminuyen los niveles de gases responsables de la formación del efecto invernadero. Se estima que mientras el ser humano consume entre 500 y 600 gramos de oxígeno al día, un solo árbol urbano adulto y frondoso puede producir esa cantidad en poco más de 20 minutos.
Las áreas verdes urbanas, al igual que los de los bosques, ayudan a conservar el suelo, mejorando las propiedades físicas, químicas y microbiológicas, impidiendo deslizamientos en ecosistemas frágiles con terrenos en pendiente, como ocurre en el caso de los taludes.
Asimismo, las zonas verdes desempeñan un papel esencial en la biodiversidad urbana. Mediante redes de zonas verdes se mejora la conservación de la vida y la biodiversidad; los cinturones verdes y las avenidas verdes pueden servir como corredores biológicos.
En México el proceso de construcción está regido por las normas, lineamientos y leyes locales, donde en muchas regiones del país están orientadas a seguir cierto tipo de arquitectura o patrones específicos de construcción, sin embargo, en la mayor parte de ellos no se incluyen las áreas verdes dentro la construcción. Los reglamentos de construcción solamente se enfocan en resolver las necesidades básicas de vivienda.
En la construcción de grandes fraccionamientos están regidos por reglamentos internos dependiendo de las constructoras que desarrollen las casas de interés social, tales como Geo, Urbi, Homex entre otras, donde si bien se consideran los espacios verdes dentro de los planos de la edificación, muchas veces es insuficiente y desproporcional al número de habitantes o de viviendas construidas.
Por esa razón es que en el partido verde proponemos la siguiente iniciativa que busca dar certeza jurídica y garantizar que todas las construcciones de casa habitación puedan incluir un espacio destinado para áreas verdes y de esa forma contribuir a una mejora en la salud de las personas y del medio ambiente.
Proponemos establecer los criterios necesarios dentro de la Ley de Vivienda, para que puedan existir áreas verdes en la construcción de casa habitación, ya que, aunque los procesos de construcción son regulados por las normas y códigos locales, en la Ley de Vivienda se establecen las disposiciones de orden público e interés social que tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos de vivienda en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como la concertación con los sectores social y privado.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de
Decreto que reforma las fracciones IV y V del artículo 6, primer párrafo del artículo 11, adiciona un segundo párrafo al artículo 70, reforma el primer párrafo del artículo 71 y reforma el artículo 74 de la Ley de Vivienda
Artículo 6. La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta Ley y deberá considerar los siguientes lineamientos:
I. a III. (...)
IV. Fomentar la calidad de la vivienda y fijar los criterios mínimos de los espacios habitables , auxiliares y de áreas verdes;
V. Establecer los mecanismos para que la construcción de vivienda se disponga de un espacio de al menos 10 por ciento de la superficie, destinado para áreas verdes respetando el entorno ecológico, la preservación y el uso eficiente de los recursos naturales;
Artículo 11. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lleven a cabo acciones de vivienda , formularán sus programas anuales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley yservirán de base para la integración de sus anteproyectos de presupuesto.
Artículo 70. El Gobierno Federal promoverá e impulsará proyectos inmobiliarios en los que se transfieran tierras de uso común o parceladas a sociedades mercantiles o civiles en las que participen ejidatarios o comuneros, dando prioridad de acceso a los productores sociales de vivienda, de conformidad con esta Ley, la Ley Agraria y demás disposiciones aplicables
Las construcciones de desarrollos urbanos o fraccionamientos, deberán destinar al menos un 10% del espacio del suelo o de la construcción para áreas verdes.
Artículo 71. Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables, auxiliares y de áreas verdessuficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.
Artículo 74. Las acciones de vivienda que se realicen en las entidades federativas y municipios, deberán ser congruentes con las necesidades de cada centro de población y con los planes y programas que regulan el uso y el aprovechamiento del suelo, a fin de garantizar un desarrollo urbano ordenado. Además, establecerán las previsiones para dotar a los desarrollos de vivienda que cumplan con lo anterior, de infraestructura, equipamiento básico y áreas verdes dispuesto en el artículo 70y adoptarán las medidas conducentes para mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente.
TransitoriosPrimero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las autoridades de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán adecuar sus leyes, reglamentos, bandos y demás disposiciones jurídicas, de acuerdo con las competencias que a cada uno corresponda, para que sean congruentes con la presente ley.
Notas
1 Microclima. Por debajo de los 2 m de altura se crean una alta variedad de condiciones de clima, que responderán a la amplia heterogeneidad presente en la superficie del suelo de un área extensa. Las condiciones climáticas de estos pequeños espacios caracterizado por las grandes diferencias que se muestran en relación con el de los espacios vecinos, se llama microclima. https://www.ecured.cu/Microclima
2 http://portal.infonavit.org.mx
3 http://cuentame.inegi.org.mx/economia/parque/construccion.html
4 https://www.homify.com.mx/libros_de_ideas/3788854/casas-de-interes-social- en-mexico-8-cosas-que-debes-debes-saber-en-cuanto-antes
5 https://www.otromundoesposible.net/las-areas-verdes-urbanas-una-alternativa- para-mejorar-el-microclima-urbano/
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019. Diputadas y diputados: Beatriz Manrique Guevara,Arturo Escobar y Vega, Francisco Elizondo Garrido Morena, Nayeli Arlén Fernández Cruz, Humberto Pedrero Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Erika Mariana Rosas Uribe, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Vivienda, para su dictamen.
Presidencia del diputado Marco Antonio Adame Castillo
LEY FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Graciela Sánchez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., 8o. y 12 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.
La diputada Graciela Sánchez Ortiz:Diputado presidente, le solicito de la manera más respetuosa, un minuto de silencio por el feminicidio tan ruin en este fin de semana a una estudiante del Estado de México, que se llama Valeria Ruiz. Vanessa Ruiz, perdón. No solo por ella, sino por todas las mujeres, que diariamente están siendo violentadas, por favor.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Procedo. Procedamos, se declara un minuto de silencio.
(Minuto de silencio)
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias. Proceda, diputada.
La diputada Graciela Sánchez Ortiz: Gracias, compañeros; gracias, presidente, con su permiso. Honorables compañeras y compañeros legisladores. El 27 de abril de 2016 se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado de las regiones del país con mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.
Las regiones del sur de México son las que presentan mayores niveles de rezago en comparación con las entidades federativas del centro y norte del país, por lo que hasta el momento desde la publicación de la ley en comento se han declarado siete zonas económicas especiales.
Coatzacoalcos en Veracruz, Puerto Chiapas en Chiapas, Lázaro Cárdenas, La Unión en Michoacán y Guerrero, Salina Cruz en Oaxaca, Progreso en Yucatán, Champotón en Tabasco y Dos Bocas en Campeche.
Sin embargo, las disposiciones establecidas en esta ley no obligan a los inversionistas a contratar mano de obra local ni incentiva a los jóvenes de la región a seguir estudiando y capacitarse. En consecuencia, se crean empleos de baja especialización, así como una mayor desigualdad y una brecha amplia en materia de salarios.
La infraestructura existente en algunas zonas económicas especiales es mínima o no cuenta con centros de salud, escuelas y otros servicios básicos. Frente a esto, en la pasada administración el gobierno federal aseguró que el Estado, con los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada, podrían generar la infraestructura necesaria. No obstante, esa colaboración no está regulada en la ley y todo está en la buena voluntad de los empresarios.
Debemos seguir actuando para que las estrategias de crecimiento económico se fortalezcan para generar oportunidades de desarrollo que impulsen una mayor actividad económica. Es uno de los retos que asumimos y estamos seguros que para combatir la pobreza que golpea a millones de mexicanos, se requieren acciones eficaces y contundentes que permitan satisfacer sus demandas económicas y sociales.
Se deben focalizar los esfuerzos y crear las condiciones específicas para que estas zonas puedan detonar sus potencialidades y generar el crecimiento y desarrollo económico que tanto se requiere.
Con esta iniciativa que se propone reformar las fracciones VII, XII, XIII y XV del artículo 3, las fracciones I y II del artículo 12, y adicionar el artículo 8, las fracciones VII, VIII y IX de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.
Se pretende favorecer la creación de empleos impulsando una mayor educación y capacitación para que los profesionistas, técnicos y obreros en general, la mano de obra mexicana de dichas zonas tenga oportunidad de participar en las cadenas productivas de valor, así como fomentar el mejoramiento de la infraestructura educativa y de salud.
En Morena seguiremos trabajando para que las acciones en política económica se vean reflejadas en el bienestar que todos esperamos. Se debe garantizar el derecho de los jóvenes mexicanos a tener un empleo digno con salarios que eleven su calidad de vida y la de sus familias contribuyendo a la disminución de la desigualdad. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.
«Iniciativa que reforma los artículos 3, 8 y 12 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, a cargo de la diputada Graciela Sánchez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena
Graciela Sánchez Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, y 76 a 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, fracciones VII, XII, XIII y IX, y 12, fracciones I y II, último párrafo; y se adicionan al artículo 8 las fracciones VII a IX, recorriéndose la subsecuente en sus términos, de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, conforme al siguiente
Planteamiento del problema
Durante las últimas décadas, la política económica neoliberal provocó el empobrecimiento creciente y acelerado de los mexicanos, teniendo efectos graves en la población rural que se encuentra dentro de los mayores índices de pobreza y extrema pobreza. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2016 el nivel de pobreza a escala nacional era de 43.6 por ciento; es decir, 53.4 millones de personas, y en extrema pobreza de 7.6, 9.4 millones de personas. Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz constituían los estados con los más altos porcentajes de pobreza extrema: 28.1, 23.0, 26.9, 11.8 y 16.4, respectivamente.
A lo largo de esos años se impulsó una gran variedad de programas sociales y de políticas públicas dirigidas al desarrollo social y a la reducción de la pobreza. Sin embargo, la naturaleza del modelo impidió que tuvieran éxito. De esos programas destacan Marcha hacia el Sur, Puebla-Panamá y Microrregiones de Desarrollo Local, cuyo objeto, se aseguró, fue contribuir a la disminución de las desigualdades a través de políticas de desarrollo territorial de las localidades y municipios con mayor marginación de la zona sur-sureste del país. Tales esfuerzos se fusionaron en 2009, dando lugar al Programa Apoyo para la Atención de Zonas Prioritarias, aún vigente.
El 27 de abril de 2016 se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (LZEE) y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio del mismo año. Dicha iniciativa fue presentada por el entonces Ejecutivo federal el 29 de septiembre de 2015, a fin de regular la planeación, el establecimiento y la operación de zonas económicas especiales (ZEE) con el objetivo de impulsar el crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado de las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.
Originalmente se propusieron tres zonas económicas especiales:
1.En el corredor industrial interoceánico, en el istmo de Tehuantepec, que conectará el océano Pacífico con el Golfo de México.
2. En los municipios de Michoacán y Guerrero que colindan con el puerto de Lázaro Cárdenas.
3.En Puerto Chiapas.
La ubicación de las tres zonas mencionadas se justifica debido a que las regiones del sur de México son las que presentan mayores niveles de rezago en comparación con las entidades federativas del centro y norte del país, mencionando por ejemplo:
El producto interno bruto por habitante en la región sur creció apenas a un ritmo anual de 0.3 por ciento de 1990 a 2010, por debajo de lo observado a escala nacional, que fue de 1 por ciento. Por el contrario, en la frontera norte, el ingreso por habitante creció 1.1 al año durante el mismo periodo. Por otro lado, el abatimiento efectivo de la pobreza en las entidades del Sur ha sido limitado, como consecuencia del pobre desempeño económico de la región.
Asimismo, se argumenta que en el rubro de competitividad:
Los estados de la región presentan los menores niveles de competitividad, en contraste con la región centro y metropolitana, que fue de 46.7 por ciento, y del norte, que fue de 46.6.
Hasta el momento, por decreto presidencial se han declarado siete zonas económicas especiales:
i) Coatzacoalcos, Veracruz;
ii) Puerto Chiapas, Chiapas;
iii) Lázaro Cárdenas-La Unión, Michoacán y Guerrero;
iv) Salina Cruz, Oaxaca;
v) Progreso, Yucatán;
vi) Champotón, Tabasco; y
vii) Dos Bocas, Campeche.
Sin embargo, en la Ley Federal de las Zonas Económicas Especiales no se prevé la obligación de que se contrate mano de obra local y de origen mexicano a fin de incentivar a los jóvenes para que sigan estudiando y eviten la deserción. Se corre el riesgo de generar empleos de baja especialización y que la población local se incline por percibir un ingreso, aun cuando sea mezquino, que seguir preparándose; de esta manera se tendrán gerentes que ganen mucho, pero llegarán de fuera, y una mano de obra principalmente local con salarios muy bajos, con lo cual no se estaría cumpliendo con uno de los objetivos básicos de un programa de desarrollo social, como lo es la disminución de la desigualdad.
Argumentación
Desde hace más de 20 años, en varios países ha ido creciendo el establecimiento de diversos tipos de zonas económicas especiales, las cuales son áreas delimitadas geográficamente, ubicadas en las regiones con condiciones de ventajas naturales y de logística y que son utilizadas para fomentar su desarrollo; esto con el fin de atraer inversión, generar empleos y contribuir al desarrollo económico y social de la zona.
Sin embargo, como en todo programa o proyecto, siempre habrá casos de éxito como el de China y otros de fracaso como los casos de los países africanos.
En el caso de China no fue fácil al inicio, ya que algunos de los problemas a los que se enfrentaron fueron a la falta de reglas claras para la inversión y en que no sólo se concentraron en los beneficios o incentivos para atraer la inversión, así como a su firme compromiso con la reforma, es decir, el gobierno también se preocupó por la inversión en infraestructura, aunado a su preocupación por que existiera una interacción e intercambio entre las empresas extranjeras y las locales, tanto en conocimientos, generando cadenas productivas de valor.
La justificación principal, presentada por el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, para el establecimiento de las ZEE en México fue el desarrollo social y económico de la zona, así como del área de influencia, y se aseguró que una de las herramientas para poder lograr dicho objetivo es la generación de empleos para los habitantes de la región, empleos que sean dignos y con salarios competitivos a fin de que los jóvenes se vean motivados a continuar sus estudios básicos, de nivel medio y superior, y se logre cumplir lo que establece el artículo 12, fracción II, inciso a), de la Ley en comento:
Artículo 12. El programa de desarrollo incluirá
I. Las acciones de ordenamiento territorial y las características de las obras de infraestructura de transporte, de comunicaciones, de logística, energética, hidráulica, ambiental y otras que se requieren ejecutar en el exterior de la zona para la operación de la misma y, en su caso, otras que sean complemento a la infraestructura exterior; y
II. Las políticas públicas y acciones complementarias que se ejecutarán para
a) El fortalecimiento del capital humano, a través de la educación, capacitación y adiestramiento a nivel local, para la incorporación de trabajadores en los sectores industriales y de innovación en la zona y su área de influencia, así como para promover el talento y la provisión de servicios de soporte para empresas e industrias con el aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación.
Para tal efecto, se fomentará el establecimiento de instituciones de educación media superior, superior y tecnológica, públicas y privadas, así como de centros de investigación y capacitación para el trabajo de acuerdo con la vocación productiva de la zona, que promuevan la incorporación de trabajo de mayor calificación en las actividades económicas que se desempeñen en la zona y su área de influencia;
De acuerdo con el Informe de evaluación de la política de desarrollo social 2018, realizado por el Coneval, aun cuando el porcentaje de la población desocupada descendió en el periodo 2010 a 2017, pasando de 5.3 a 3.3 por ciento, persisten situaciones de precariedad laboral por falta de seguridad social, incertidumbre en cuanto a la duración del empleo, bajos ingresosy ausencia de prestaciones.
Debe resaltarse que dentro de las zonas declaradas como ZEE, la mayor parte de los municipios son rurales. Los datos de los municipios involucrados en las ZEE muestran que el 12 por ciento de la población mayor de 15 años es analfabeta, y el 50 por ciento de la población presenta la instrucción básica (primaria y secundaria) incompleta. Los puertos como Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos, tienen porcentajes comparables.
La situación de los municipios, sugiere que es necesario hacer un esfuerzo educativo muy intenso para que la población del área de influencia pueda integrarse a una actividad económica en el futuro.
Pese a lo anterior es importante señalar que existe infraestructura educativa en los municipios de mayor actividad económica, por lo que habrá que adecuarla a las futuras necesidades de las industrias que se instalen en las ZEE. Según documento elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados
Se observa la necesidad de realizar un esfuerzo de vinculación entre el estado, el sector productivo y las instituciones educativas con el propósito de mejorar la innovación y desarrollo e incrementar el nivel de educación de su población, para que éste sea acorde con las necesidades de la oferta y demanda laboral. Al incrementar y mejorar los niveles de escolaridad y consolidar la vinculación entre los diferentes actores, estas zonas contarían con mano de obra calificada, lo que ayudaría a elevar la productividad, mejorar la remuneración salarial y elevar el nivel de vida e ingreso per cápita de la población. Además de reducir la tasa de desempleo de la zona y la importación de la fuerza de trabajo de otras regiones o países.
En efecto, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales presenta características que deben ser cuando menos modificadas, si no es que eliminar.
Como ha ocurrido tanto en el periodo neocolonial como en el transnacional, los gobiernos neoliberales otorgaron ventajas y beneficios a los grandes capitales transnacionales a través de tratos financieros, fiscales y aduanales preferenciales y de proveerles la infraestructura que requieren, como señala el artículo 1, párrafo tercero, de la ley en cuestión.
Las personas físicas o morales que operen en las zonas económicas especiales como administradores integrales o inversionistas podrán recibir beneficios fiscales, aduanales y financieros, así como facilidades administrativas e infraestructura competitiva, entre otras condiciones especiales, en los términos de la presente ley.
En el mismo sentido, las disposiciones legales de las ZEE no evitan una mayor desigualdad y una brecha amplia en materia de salarios al no obligar a los capitales a contratar mano de obra local ni incentiva a los jóvenes a seguir estudiando y a capacitarse. En consecuencia, se crearán empleos de baja especialización.
La infraestructura existente en algunas ZEE es mínima o no cuentan con centros de salud, escuelas y otros servicios básicos. Frente a esto, el gobierno federal aseguró, en la pasada administración, que el Estado, con los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada, pueden generar la infraestructura necesaria. Sin embargo, esa colaboración no está regulada en la ley. Todo está a la buena voluntad de los empresarios a diferencia de lo que ocurre con las exenciones fiscales.
La ley considera exención de impuestos y beneficios a los inversionistas, pero no incluye obligaciones a las empresas para que inviertan en mayor capacitación para el trabajador y que éste pueda tener un mejor salario. La Ley tampoco considera medidas para el desarrollo social, por lo que el resultado será una mayor polarización económica y social, en consecuencia.
Como integrante del Grupo Parlamentario de Morena y en congruencia con los objetivos de la Agenda Legislativa presentada para este primer periodo, es que considero que se debe garantizar el derecho de los jóvenes mexicanos a tener un empleo digno con salarios que eleven su calidad de vida y puedan contribuir a la disminución de la desigualdad.
En ese sentido se propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 3, fracciones VII, XII, XIII y XV, y 12, fracciones I y II, último párrafo; y se adicionan al artículo 8 las fracciones VII a IX, recorriéndose la subsecuente en sus términos, de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales
Fundamento legal
Por lo expuesto, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, y 76 a 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman las fracciones VII, XII, XIII y XV del artículo 3, y I y II en su último párrafo del artículo 12; y se adicionan al artículo 8 las fracciones VII a IX, recorriéndose la subsecuente, de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales
Único. Se reforman las fracciones VII, XII, XIII y XV del artículo 3, y I y II en su último párrafo del artículo 12; y se adicionan al artículo 8 las fracciones VII a IX, recorriéndose la subsecuente; de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, para quedar como sigue:
Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por
I. a VI. ...
VII. Convenio de coordinación: El instrumento suscrito entre el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, el administrador integral, los inversionistas y las comunidades en donde se ubique la zona y su área de influencia, en el que se establecerán las obligaciones de los tres órdenes de gobierno, del administrador integral y de los inversionistas para el establecimiento y desarrollo de la zona y su área de influencia;
VIII. a XI. ...
XII. Plan maestro de la zona: El instrumento que prevé los elementos y características generales de infraestructura y de los servicios asociados, para la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de la zona y del área de influencia, el cual será revisado por lo menos cada 5 años;
XIII. Programa de desarrollo: El instrumento de planeación que prevé los elementos en materia de ordenamiento territorial y las características de las obras de infraestructura educativa, de salud, de transporte, de comunicaciones, de logística, energética, hidráulica, y otras que se requieren ejecutar en el exterior de la zona para la operación de la misma y el desarrollo económico del área de influencia y, en su caso, otras obras que sean complemento a la infraestructura exterior; así como las políticas públicas y acciones complementarias a que se refiere el artículo 12 de esta ley;
XIV. ...
XV. Servicios asociados: Los sistemas de urbanización, electricidad, agua potable, drenaje, tratamiento de aguas residuales, saneamiento, telecomunicaciones y seguridad; así como los demás que se presten a los inversionistas en la zona y a la población del área de influencia;
XVI. y XVII....
Artículo 8. El titular del Ejecutivo federal, a través del decreto correspondiente, emitirá la declaratoria de la Zona. Dicho decreto será publicado en el Diario Oficial de la Federación y contendrá
I. a VII. ...
VIII. Las facilidades administrativas y los incentivos fiscales y económicos, entre otros, que se otorgarán a la población del área de influencia;
IX. Que los convenios de coordinación obliguen a las empresas inversoras a contratar mano de obra local, capacitarla, generar empleos de mayor especialización y pagar salarios suficientes que eleven la calidad de vida de los habitantes del área de influencia.
X. Que los convenios de coordinación obliguen a que el área de influencia cuente con los servicios asociados.
Artículo 12. El programa de desarrollo incluirá
I. Las acciones de ordenamiento territorial y las características de las obras de infraestructura educativa, de salud,de transporte, de comunicaciones, de logística, energética, hidráulica, ambiental y otras que se requieren ejecutar en el exterior de la zona para la operación de la misma y el desarrollo económico del área de influencia y, en su caso, otras que sean complemento a la infraestructura exterior; y
II.Las políticas públicas y acciones complementarias que se ejecutarán para
a) ...
Para tal efecto, será obligatorio el establecimiento de instituciones de educación media superior, superior y tecnológica, públicas y privadas, así como de centros de investigación y capacitación para el trabajo de acuerdo con la vocación productiva de la zona, que promuevan la incorporación de trabajo de mayor calificación en las actividades económicas que se desempeñen en la zona y su área de influencia;
TransitorioÚnico.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Las zonas económicas especiales de México, extracto del Reporte sobre las economías regionales enero-marzo de 2018, recuadro 3, páginas 33-36, junio de 2018.
2 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Paginas/ IEPDS_2018_principales_hallazgos.aspx
3 Resultados de la medición de pobreza en 2015 por el Coneval, 2011, 2016.
4 Serie de zonas económicas especiales, Antecedentes y generalidades, 31 de marzo de 2018.
Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 6 de febrero de 2019. Diputadas y diputados: Graciela Sánchez Ortiz, Edith Marisol Mercado Torres, Felipe Rafael Arvizu de la Luz, Gustavo Contreras Montes, Juan Angel Bautista Bravo, Julieta Kristal Vences Valencia, Lorena Villavicencio Ayala, Marco Antonio González Reyes, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, Y LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, PUBLICADO EN EL DOF EL 18 DE JULIO DE 2016
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Martha Elena García Gómez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada Martha Elena García Gómez:Con su venia, diputado presidente. Vengo a esta tribuna a presentar esta iniciativa con la finalidad de generar certidumbre jurídica en la aplicación correcta de la norma y ante la redacción actual del artículo tercero transitorio se propone la presente reforma para determinar bajo qué criterio se debe operar el régimen de responsabilidades administrativas.
Tratándose de los asuntos que habrán de iniciarse por los hechos o conductas contrarias a la ley, cometidos por servidores públicos o particulares antes de la vigencia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La corrupción y la impunidad que desde hace décadas prevalece en las instituciones públicas del país, constituye un problema grave que enfrentamos todos los mexicanos.
En ese sentido, como resultado de los esfuerzos políticos y legislativos para configurar un marco jurídico nacional sólido en materia de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, el día 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno.
En atención a lo dispuesto por la Carta Magna, el 18 de julio del año 2016 se publicó un paquete de leyes y reformas al marco legal, dentro de lo que destaca la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuya vigencia comenzó a partir del día 19 de julio de 2017, la cual establece un nuevo régimen sancionador en la materia a nivel nacional.
El decreto por el que se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas estableció, en su artículo tercero transitorio, la temporalidad de un año para su entrada en vigor, esto es, a partir del día 19 de julio del 2017, teniendo como consecuencia la pérdida de la vigencia de la legislación en materia de responsabilidades administrativas en el ámbito federal y de las entidades federativas, con excepción de ciertas salvedades específicas.
El párrafo cuarto del artículo tercero transitorio establece claramente que los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es decir, antes del 19 de julio del 2017 deberán ser concluidos conforme a las leyes vigentes al momento de su inicio.
No obstante, falta señalar o precisar cuál debería de ser la norma aplicable a las conductas, actos u omisiones constitutivos de probables faltas administrativas o hechos de corrupción suscitados antes del día 19 de julio de 2017.
Bajo ese razonamiento, la iniciativa materia de estudio tiene por objeto precisar el alcance de la ultra actividad de la ley prevista en el artículo transitorio multicitado, a efecto de otorgar certidumbre jurídica para quienes, desde las secretarías y los órganos internos de control, estén en condición de aplicar la normatividad vigente al momento en que ocurrieron los hechos o se realizaron las conductas susceptibles de sancionar, y no se corra el riesgo de que queden en la impunidad, lacerando gravemente con ello el sistema de impartición de justicia en materia administrativa y penal, así como las instituciones de los sistemas nacional y locales anticorrupción.
Así pues, se establece que las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y sus homólogas de las entidades federativas, entren en vigencia en vigor de la presente ley, seguirán aplicándose por los hechos y conductas realizadas durante su vigencia.
Agradezco su atención y solicito al Presidente de la Mesa que el texto íntegro de estas iniciativas se inserte en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.
«Iniciativa que reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el DOF el 18 de julio de 2016, suscrita por la diputada Martha Elena García Gómez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Diputada Martha Elena García Gómez, por la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los diversos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, relativo a la aplicabilidad de las leyes federales y locales en materia de responsabilidades administrativas, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos La problemática de la corrupción y la impunidad, resultado del artículo tercero transitorio, del decreto vigente
La corrupción y la impunidad que desde hace décadas prevalece en las instituciones públicas del país, constituye un problema grave que enfrentamos todos los mexicanos. Tal parece que es un lastre del sistema político que lo ha ido degradando paulatinamente. La corrupción es una enfermedad que se multiplica y crece a niveles exponenciales, con estructuras y estrategias que se reproducen casi a diario en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
En no pocas ocasiones, la impunidad es una regla entre los servidores públicos, frente a quienes los actos de corrupción quedan impunes, aun cuando existan leyes específicas en la materia para sancionarlos, pero que por múltiples factores no se materializan en la práctica. Esto significa que, a diferencia de otros países, en México la corrupción rara vez es castigada.
La corrupción en nuestro país se ha posicionado como unos de los principales problemas a combatir, ya que en la actualidad se ventilan múltiples casos de corrupción en su modalidad pública, en los que se encuentran relacionados los órdenes de gobierno municipal, estatal y federal, y por ende servidores públicos de todos los niveles jerárquicos, quienes han estado relacionados en denuncias públicas que involucran el uso y abuso de los recursos públicos para beneficio privado. Estas denuncias incluyen, entre otros, desfalcos al erario, sobornos, pagos irregulares, conflictos de interés, desvío de recursos, tráfico de influencias, licitaciones amañadas o facturas con sobreprecio.
En este sentido, podría argumentarse que el pueblo mexicano es doblemente victimizado; primero al producirse el desfalco de recursos del Estado y, segundo, por la falta de sanción a los responsables.
Nuevo régimen sancionador de responsabilidades administrativas
Como resultado de los distintos esfuerzos políticos y legislativos para configurar un marco jurídico nacional sólido en materia de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, el 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno en materia de anticorrupción.
Como resultado de dicha reforma constitucional, fue necesaria la emisión y reforma de la legislación secundaria para poner en marcha y dar sustento jurídico al Sistema Nacional Anticorrupción, y con ello establecer nuevos instrumentos para fortalecer la integridad en el servicio público y reconstruir la confianza ciudadana mediante la investigación, persecución y sanción en su caso, de los actos de corrupción de servidores públicos y de particulares.
El paquete de normas secundarias se publicó en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 18 de julio del año 2016, y consta de siete ordenamientos jurídicos, de los cuales, cuatro leyes fueron creadas por completo, y las tres restantes fueron reformas a leyes ya existentes.
Ahora bien, como se aprecia en líneas anteriores, fue expedida la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuya vigencia comenzó a partir del 19 de julio de 2017, la cual establece un nuevo régimen sancionador en la materia a nivel nacional.
Así, entre los objetivos principales que el legislador pretende con dicha ley general, está el de instituir un nuevo ordenamiento jurídico que regule la distribución de competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación, dejando en el pasado el antiguo régimen sancionador de responsabilidades administrativas que imperaba al amparo de las leyes federales y locales que fueron abrogadas.
No obstante, por diversos motivos, no ha sido posible concretar los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción, en parte, por las imprecisiones jurídicas contenidas en las distintas leyes y reformas que constituyen el paquete normativo contra la corrupción. Una de ellas, es precisamente el dilema jurídico que trajo consigo la mencionada Ley General de Responsabilidades Administrativas, al establecer un régimen de transición insuficiente, principalmente en lo concerniente a la norma que debe ser aplicada en los procedimientos administrativos que se sigan por y ante las autoridades federales y estatales competentes, como se aprecia de su artículo tercero transitorio.
La redacción atinente, ha resultado en una difícil tarea para la Secretaría de la Función Pública, para sus análogas estatales, para los órganos de control de las entidades federativas, y para los órganos jurisdiccionales que deben de sancionar hechos ocurridos antes del 19 de julio de 2017 (al amparo de leyes abrogadas), a través de procedimientos y juicios que ya son diferentes y forman parte de un nuevo régimen jurídico sancionador.
Artículo tercero transitorio del decreto en estudio
El decreto por el que se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estableció en su artículo tercero transitorio la vacatio legis de un año para su entrada en vigor, esto es, a partir del 19 de julio de 2017, teniendo como consecuencia, la pérdida de la vigencia de la legislación en materia de responsabilidades administrativas en el ámbito federal y de las entidades federativas, con excepción de ciertas salvedades específicas.
En ese tenor, la problemática que la presente iniciativa pone de manifiesto, deriva de la redacción del párrafo cuarto del artículo tercero transitorio del referido decreto, por cuanto dispone que:
Tercero....
(...)
(...)
Los procedimientos administrativosiniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.
(...)
De la lectura de esta disposición, se puede inferir que los procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados por las autoridades competentes antes del 19 de julio de 2017, deben ser concluidos por éstas, bajo el imperio de las disposiciones normativas contenidas en la ley de la materia, vigente al momento de incoar el procedimiento respectivo; porción normativa que hasta este punto garantiza el principio de seguridad jurídica.
En contraste con lo anterior, el ya mencionado párrafo cuarto del artículo tercero transitorio del decreto en cita, pone de manifiesto una omisión del legislador, de señalar o precisar claramente la norma aplicable constitutivos de probables faltas administrativas o hechos de corrupción suscitados antes del día 19 de julio del 2017;es decir, se considera que el texto legislativo no fue suficientemente claro, puesto que, desde la perspectiva del presente proyecto, tendría que haber señalado que: para los hechos y conductas cometidos antes del 19 de julio de 2017, deberán de aplicarse las normas sustantivas y adjetivas con vigencia en aquél momento, y no sólo haber circunscrito el alcance de la norma a aquellos procedimientos administrativos que fueron iniciados antes de la entrada en vigor de la ley general.
Dicha omisión, que puede atribuirse a un error de técnica legislativa, genera una grave laguna legal, toda vez que, a priori, y siguiendo los principios fundamentales del derecho, deberían aplicarse en primer lugar las norma sustantivas y adjetivas vigentes al momento en que ocurrieron los hechos y, en segundo lugar, siguiendo el principio de no retroactividad en perjuicio de persona alguna, la norma más benéfica para el procesado.
En ese sentido, cuando una norma es abrogada o derogada, sólo puede seguir teniendo ciertos efectos en los casos específicamente determinados por la legislación que la abroga; es así que en el caso que nos ocupa, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dejó implícitamentesin efecto las leyes abrogadas en lo concerniente a loshechos o conductas constitutivos de responsabilidad administrativa que sucedieron durante su régimen de vigencia, y para los cuales no se había iniciado todavía un procedimiento administrativo.
Es decir, si bien es cierto que por una parte se precisó la salvedad de seguir aplicando la legislación sustituida en lo que corresponde a los procedimientos iniciados con antelación,también lo es, que no se precisó respecto a los hechos o conductas cometidas antes de la vigencia de la ley general, y que no han sido objeto de algún procedimiento administrativo,debiéndose entender que ésta última no podrá ser invocada con motivo de la instauración de un procedimiento sancionador no iniciado y cometido antes de su vigencia, pues de hacerlo implicaría la aplicación retroactiva de un norma sustantiva y procedimental y una violación manifiesta al principio de no retroactividad contemplado en el artículo 14 de nuestra ley fundamental.
Así las cosas, ante esta laguna o insuficiencia legal, las autoridades federales y locales responsables de aplicar la normatividad en la materia, a la luz del contenido de dicho artículo transitorio, tienen la opción de imponer la norma bajo los siguientes escenarios:
a) Aplicación de la ley atendiendo la literalidad del artículo tercero transitorio del decreto en análisis: al respecto, cuando las secretarías y los órganos internos de control, determinen la probable responsabilidad de servidores públicos o particulares derivado de una investigación de hechos cometidos bajo el imperio de las leyes abrogadas, pero no iniciado el procedimiento sancionador durante su vigencia, tendrán que instruirlos y sancionarlos, en su caso, bajo un procedimiento administrativo establecido en la vigente Ley General de Responsabilidades Administrativas, norma que no tenía vigencia en el momento en que esos servidores públicos y particulares cometieron los hechos o realizaron las conductas constitutivas de faltas administrativas. En ese tenor, dichos procedimientos podrían resultar violatorios del principio de seguridad jurídica y de no retroactividad en perjuicio de persona alguna.
b) Aplicación de leyes en la materia, abrogadas. Las secretarías y los órganos internos de control se verían en la tesitura de iniciar en contra de los servidores públicos o particulares, de quienes se determinara una posible responsabilidad administrativa, procedimientos sancionadores con base en la aplicación de leyes abrogadas en la materia, lo cual no está expresamente contemplado en el articulado transitorio de la ley general en la materia, situación que nos instala ante una posible vulneración como la señalada en el escenario anterior.
De esta forma, con la finalidad de generar certidumbre jurídica en la aplicación correcta de la norma, y ante la redacción actual del texto normativo que se propone enmendar, nace la necesidad de determinar bajo qué criterio se debe operar el régimen de responsabilidades administrativas, en tratándose de los asuntos que habrán de iniciarse por los hechos o conductas contrarias a la ley, cometidos por servidores públicos o particulares antes de la vigencia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Consecuentemente, se insiste en que esta situación representa un problema jurídico grave para el sistema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos en todo el país, que impone un claro sesgo en la empresa contra en combate a la corrupción, pues una diversidad de hechos que se cometieron con antelación al 19 de julio de 2017, no han podido ser dirimidos por las autoridades competentes, ante la incertidumbre de sus actos devenida por imprecisa interpretación de la porción transitoria en materia; lo que representa el riesgo de que el accionar de las instancias administrativas y jurisdiccionales competentes, podría verse frenado ante posibles impugnaciones por vicios de legalidad e inconstitucionalidad en la aplicación indebida de la norma, y que probablemente, dependiendo de la interpretación dada finalmente por los tribunales de cierre, podrían generar concomitantemente, situaciones de impunidad en materia de actos y hechos de corrupción.
Bajo ese razonamiento, la presente iniciativa tiene por objeto precisar el alcance de la ultra actividad de la ley prevista en el artículo tercero transitorio multicitado, a efecto de otorgar certidumbre jurídica para quienes, desde las Secretarías y los órganos internos de control, estén en condición de aplicar la normatividad sustantiva y adjetiva vigente al momento en que ocurrieron los hechos o se realizaron las conductas susceptibles de sancionar, y no se corra el riesgo de que queden en la impunidad, lacerando gravemente con ello, el sistema de impartición de justicia en materia administrativa y penal, así como las instituciones de los sistemas nacional y locales anticorrupción.
Expuesto lo anterior, en ejercicio de mis facultades constitucionales, pongo a su consideración el siguiente
Decreto por el que se reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, relativo a la aplicabilidad de las leyes federales y locales en materia de responsabilidades administrativas
Único. Se reforma el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para quedar como sigue:
TransitoriosPrimero. ...
Segundo. ...
Tercero. ...
...
...
...
Las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y sus homólogas de las entidades federativas, vigentes a la entrada en vigor de la presente ley, seguirán aplicándose por los hechos y conductas realizadas durante su vigencia.
A la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previstas en las leyes federales y locales así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Una vez en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determina los formatos para la presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno presentarán sus declaraciones en los formatos que a la entrada en vigor de la referida Ley General, se utilicen en el ámbito federal.
Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, quedarán abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los títulos primero, tercero y cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas , a excepción de los supuestos previstos en el párrafo cuarto y quinto del presente artículo transitorio.
Cuarto. ...
Quinto. ...
TransitorioÚnico.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 De acuerdo con el Índice de Corrupción de la organización Transparencia Mexicana, el costo total que implicaba la corrupción, se estimaba en 2011, en 400 mil millones de pesos anuales, es decir, equivalente al 11 por ciento del monto del Presupuesto de Egresos de la Federación de aquél año, por lo que obviamente, contrastando esta cifra con lo que cuesta el acceso a servicios y trámites básicos de la administración pública, resulta alarmante ya que rebasa el gasto federal de varios programas sociales, y las personas más afectadas de estas malas prácticas, resultan ser las de más bajos recursos, ya que esta fuga de recursos produce un efecto perverso que impide o limita el acceso a bienes y servicios públicos, y encarece aún más la subsistencia de quienes menos tienen.
2 Leyes expedidas: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General De Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
3 Leyes reformadas: Código Penal Federal en Materia de Combate a la Corrupción, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal y Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
4 En el Dictamen en Sentido Positivo a las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Sistema Nacional Anticorrupción, el legislador federal afirma que se trata de un nuevo sistema jurídico sancionador de responsabilidades administrativas:
...la ley general que establece responsabilidades de los servidores públicos y de particulares que se vinculen con faltas administrativas graves, tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes para determinar aspectos subjetivos y adjetivos en materia de responsabilidades de servidores públicos y particulares,...
...La ley general que se propone, fortalece de forma significativa al Sistema, al ubicarse jerárquicamente por encima del resto de las leyes federales y locales, esto es, dentro del sistema normativo que reconoce nuestro orden constitucional....
...En suma, esta modificación está encaminada justamente a contar con instrumentos jurídicos que permitan a las autoridades de todos los órdenes de gobierno cumplir con los objetivos planteados en este Decreto, pues sólo la suma de esfuerzos conjuntos, con bases claras y precisas, permitirá alcanzar un nuevo sistema jurídico que se traduzca en un combate efectivo a la corrupción....
5 Cfr. Artículo 1.
6 Artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publica con fecha 18 de julio del 2016.
(...)
Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas
7 ...El Sistema Nacional Anticorrupción- es el mecanismo mediante el cual se crearon leyes e instituciones, que cuentan con la participación de organismos y ciudadanos para enfrentar de manera distinta y amplia este problema ampliamente generalizado en las instituciones mexicanas...
https://www.eleconomista.com.mx/politica/11-puntos-para-entender-el-Sistema- Nacional-Anticorrupcion-20170719-0085.html
-El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) tiene por objeto fortalecer la acción estatal en materia de prevención y lucha contra la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas. El marco legislativo que sustenta al SNA, se observa en la siguiente ilustración.
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/06/ asun_3548008_20170621_1498058402.pdf
8 Énfasis añadido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019. Diputadas y diputados: Martha Elena García Gómez,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Se inserta el texto íntegro en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
LEY GENERAL DE VÍCTIMAS
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 8o, 67 y 149 de la Ley General de Víctimas.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán:Muchas gracias, presidente. Con su venia. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Acudo a esta alta tribuna en esta ocasión para presentar una iniciativa, como ya se mencionó, a la Ley General de Víctimas, pero en particular para introducir en el texto de esta ley el principio de subsidiariedad.
¿Cómo lo podríamos introducir? Como bien sabemos, en 2013 se publicó la Ley General de Víctimas, creando la Comisión Ejecutiva de Atención a las mismas, y entonces en varios artículos de su ley los que hemos estado diciendo, el 8, el 140 y el 167, vienen unos procesos mediante los cuales las víctimas pueden acceder a la reparación del daño, que es uno de los derechos fundamentales que ellos están en posibilidad de ejercer.
Esta ley retoma los derechos de las víctimas que se consagran en la Constitución, pero también en los tratados internacionales que México ha suscrito. Particularmente me gustaría traer a su atención la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso del Poder.
Uno de estos derechos fundamentales, como ya les comento, es el derecho a la reparación integral del daño. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en alguna de sus sentencias, ha desglosado que, para que se lleve a cabo esta reparación integral que les estoy mencionando, deben tenerse en consideración cuatro elementos centrales: el primero es la restitución, el segundo es la indemnización, el tercero el proyecto de vida y, el cuarto, la satisfacción y garantía de no repetición.
Específicamente, la propuesta que vengo a presentar en nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, es incluir el principio de subsidiaridad, como se los había mencionado, y me voy a permitir explicarles cómo. Actualmente el texto del artículo 8 nos dice que las comisiones estatales deberán de cubrir algunos gastos que deben realizar las víctimas para poder acceder a la justicia y poder llegar e ir de sus estados a las procuradurías, ahora fiscalías, para poder ejercer sus derechos.
Lo que nosotros estamos proponiendo es que a veces, por problemas de presupuesto o problemas que vienen siendo de burocracia gubernamental, no se puede salvaguardar estos derechos de las víctimas. Entonces, nosotros proponemos que la Comisión Ejecutiva de Víctimas sea obligada subsidiaria a cubrir estos gastos que las comisiones estatales no están pudiendo cubrir, para que, independientemente de qué bolsa gubernamental salgan estos apoyos, las víctimas vean con claridad sus derechos garantizados; y habrá un mecanismo entre la Comisión Ejecutiva y las comisiones estatales para que estas resarzan igualmente a la Comisión Ejecutiva federal de lo que ella está erogando.
Por otro lado, estamos poniendo un tope que hace igual el pago de compensación por reparación del daño para dos clases de víctimas. Unas son las víctimas del delito. Las víctimas del delito son las personas que iban por la calle y reciben una violación a cualquiera de sus derechos y se les comete un delito.
En cambio, las víctimas de violaciones de derechos humanos son las que una vez que han sido señaladas o imputadas, reciben una violación a sus derechos por parte de una autoridad. Aquí podrían entrar los que se duelen de tortura.
Entonces, estamos pidiendo o estamos proponiendo a través del artículo 67, que los topes para estas compensaciones sean iguales, para que no haya víctimas de primera y víctimas de segunda.
Y, por último, en el artículo 149 me equivoqué al principio, que les dije que era el 140 estamos diciendo que para que las víctimas puedan acceder al proceso de obtener esta reparación del daño no sea necesario ir a una sentencia ejecutoriada para que puedan iniciar el procedimiento, puesto que, como hemos venido aquí platicando en algunos otros temas, llegar a una sentencia ejecutoriada puede tomar muchos años.
Entonces, las víctimas podrían estar presentando ante la autoridad que conozca el proceso, la solicitud de asistencia o ayuda, y estas autoridades, con apoyo de peritos especializados en las materias que ustedes pudieran leer aquí el procedimiento que se está poniendo a su consideración, pudieran acceder de manera eficaz y oportuna a este derecho que le corresponde.
Yo apelo a la solidaridad de todas y todos ustedes, de todos los grupos parlamentarios en este tema fundamental, que tiene que ver con los derechos de las víctimas, para que podamos, por favor, lograr ponerlos de una buena vez en igualdad de circunstancias con los imputados, pero también para que podamos, por favor, estar velando porque a los derechos de reparación a que tienen valga la redundancia derecho puedan acceder de mejor manera.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Concluyo ya, presidente, le agradezco su atención. Es cuanto.
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 8, 67 y 149 de la Ley General de Víctimas, a cargo de la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Mariana Rodríguez Mier y Terán , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma los artículos 8, 67 y 149 de la Ley General de Víctimas, en materia de subsidiariedad en materia de reparación del daño y compensación a víctimas, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosEl derecho victimal puede ser definido como el conjunto de principios, normas y procedimientos jurídicos, locales, nacionales e internacionales, tendientes a requerir, posibilitar y controlar las prerrogativas y pretensiones de las víctimas de delitos y abusos de poder.
En México este derecho nació formalmente en 2008, cuando la víctima adquirió calidad de parte en el proceso penal. Con la reforma constitucional en materia de procuración y administración de justicia, se fortalecieron los derechos humanos de las víctimas en el apartado C del artículo 20 Constitucional a la par que también se le permitió participar de manera más activa, tanto en la investigación como en el proceso.
Posteriormente, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, comenzaron a contar un marco más amplio de protección; no sólo porque los tratados internacionales se elevaron a rango constitucional sino además, porque el Estado asumió la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Con esta reforma, el Estado adquirió la obligación de garantizar los derechos de las víctimas y no únicamente reconocerlos.
Fue precisamente por tales motivos que en enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas, a través de la cual, se conformó una Comisión Ejecutiva que tiene como objetivo general, atender y garantizar los derechos de las mismas y resarcir en su totalidad, los daños de una violación de derechos humanos o aquellos causados a consecuencia de un delito, cuando el imputado no se encuentra en posibilidad de resarcirlo.
En principio, esta ley retoma los derechos de las víctimas consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte; a la vez que se fundamenta en la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder.
De acuerdo con el instrumento internacional de la ONU, las víctimas de los delitos tienen derecho al acceso a la justicia y un trato justo, al resarcimiento, la indemnización y la asistencia.
Es así que la ley se conforma bajo un principio garantista en donde el Estado asume la responsabilidad de la protección de las mismas.
De ahí que se conformó un marco de acción al que deben sujetarse todas las autoridades de gobierno para garantizar los derechos desde los principios establecidos en la ley, los cuales son: dignidad; buena fe; complementariedad; debida diligencia; enfoque diferencial y especializado; enfoque transformador; gratuidad; igualdad; no discriminación; integralidad; indivisibilidad e interdependencia; interés superior de la niñez; máxima protección; mínimo existencial; evitar victimización secundaria; participación conjunta; progresividad; publicidad; rendición de cuentas; trasparencia y trato preferente.
Si bien esta ley significó un avance fundamental en la asistencia, protección, justicia, cuidado y defensa de las personas que han sido objeto de algún delito o violación de derechos humanos, hoy en día, requiere de ciertas reformas para fortalecer las garantías jurídicas que permiten el pleno acceso de las víctimas, a sus derechos.
Para lo anterior, es importante puntualizar que uno de los ejes fundamentales es el debido cumplimiento del derecho a la reparación integral del daño. Este concepto establece que todos los derechos violentados a causa de un ilícito o una violación a derechos humanos, deberán ser restituidos a través de diversas medidas que el Estado deberá implementar, ya sea a través de asistencia médica, psicológica, apoyo y trabajo social, así como una restitución de carácter monetaria que busca compensar, resarcir o indemnizar, cuando el derecho no puede restablecerse en su totalidad.
Así, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el concepto de reparación integral se establece a través de cuatro elementos centrales 1) la restitución; 2) la indemnización; 3) Proyecto de vida y 4) la satisfacción y garantía de no repetición. De esta forma, la sentencia Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú de la Corte IDH, refiere:
Es preciso tomar en consideración que en muchos casos de violaciones a derechos humanos, como el presente, no es posible la restitutio in integrum, por lo que, teniendo en cuenta la naturaleza del bien afectado, la reparación se realiza, inter alia, según la jurisprudencia internacional, mediante una justa indemnización o compensación pecuniaria.
Es así que cuando no se cuentan con los mecanismos específicos para restituir el derecho vulnerado, ya será por violaciones a derechos o la comisión de ilícitos, se debe proceder a una compensación pecuniaria que tendrá que ser garantizada por tratarse de un derecho fundamental de las víctimas.
No obstante lo anterior, la reparación integral del daño no siempre es garantizada. En el caso de las víctimas de los delitos, el imputado no siempre logra cumplir con la condena a la reparación del daño, a la par que algunas comisiones ejecutivas de los Estados no cuentan con los recursos necesarios para garantizar tal derecho.
En este respecto, y de conformidad con el artículo primero constitucional el cual establece la obligación de prevenir, investigar y reparar las violaciones de los derechos humanos, la iniciativa de reforma a la Ley General de Víctimas busca establecer el principio de subsidiaridad a fin de marcar la obligación de la Comisión Ejecutiva de Víctimas de garantizar la reparación integral del daño cuando otras instancias, o autoridades no sean capaces de atender tal derecho.
Así, se establece de manera clara que el Estado tiene la obligación de atender la reparación del daño de manera subsidiaria; ello, a fin de que se haga efectivo y esté plenamente garantizado.
Cabe destacar que desde el marco del derecho civil, el principio de subsidiaridad parte de la obligación impuesta a un responsable subsidiario, que habrá de responder ante un deber impuesto, cuando el responsable principal incumple su obligación o simplemente porque no existe. De esta forma, la presente reforma establece como responsable subsidiario a la Comisión Ejecutiva de Víctimas.
La reforma a los artículos 8, 67 y 149 integran el principio de subsidiaridad en la ley de la materia, para garantizar cubrir de manera pronta, las medidas de ayuda inmediata a víctimas, cuando las comisiones locales o autoridades competentes no dispongan de recursos.
Asimismo, se indica que el límite para el pago de compensación por reparación del daño será equivalente tanto para víctimas del delito, como para víctimas por violaciones a los derechos humanos.
Es de esta forma que se busca establecer en la ley de la materia la obligación del Estado de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de la víctima del delito, así como la reparación del daño, de acuerdo con lo siguiente:
Ley General de Víctimas
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente propuesta:
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas
Único. Se reforman los artículos 8, 67 y 149 de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:
Artículo 8. ...
La Comisión Ejecutiva será subsidiaria con las comisiones estatales para cubrir de manera pronta las medidas de ayuda inmediata a víctimas, cuando ésta última no tenga disponibilidad de recursos. En este caso, las comisiones estatales se comprometerán a resarcirlos, en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la ley.
La Comisión Ejecutiva establecerá los mecanismos de colaboración para este efecto.
Artículo 67. ...
a) y b) ...
...
El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de quinientas Unidades de Medida y Actualización mensuales, que ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufridoy no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.
En todo caso, el límite para el pago de compensación por reparación del daño será equivalente tanto para víctimas del delito, como para víctimas por violaciones a los derechos humanos.
Artículo 149. Las solicitudes para acceder a los recursos del fondo en materia de reparación, serán procedentes para las víctimas, una vez que se acredite la realización del delito y la afectación que le fue causada.
La víctima presentará ante la autoridad que conozca del proceso, la solicitud de asistencia, ayuda o reparación integral, remitiendo copia de su solicitud a la Comisión Ejecutiva.
La autoridad que conozca del proceso, de manera prioritaria, con el apoyo de peritos y escuchando a la víctima, realizará la valoración de los daños ocasionados y determinará el monto total a cubrir y, en su caso, otras formas de reparación.
Una vez determinado el monto de la reparación, la autoridad lo hará del conocimiento de la Comisión Ejecutiva o comisión estatal que corresponda para realizar el trámite de pago.
No procederá el pago cuando la víctima haya recibido por cualquier otra vía la reparación integral de los daños lo que podrá acreditarse con el oficio del juez.
TransitorioÚnico.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Manzanera Rodríguez, Luis. Derecho victimal y victimodogmática. Eguszquilore, Número 26, San Sebastián, 2012, páginas 131-141, página 133.
2 Artículo primero constitucional
3 Artículo 5 de la Ley General de Víctimas.
4 Rousset Siri, Andrés Javier. El concepto de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos . Revista Internacional de Derechos Humanos.2011 Año I N 1.
5 Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C número 110, párrafo 189; Corte IDH. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C número 109, párrafo 222.
Dado en salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 6 de febrero de 2019. Diputadas y diputados: Mariana Rodríguez Mier y Terán,Anilú Ingram Vallines, Armando Javier Zertuche Zuani, Benito Medina Herrera, Carlos Pavón Campos, Carlos Torres Piña, Claudia Pastor Badilla, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Cynthia Iliana López Castro, Dulce María Sauri Riancho, Eduardo Zarzosa Sánchez, Enrique Ochoa Reza, Ernesto Javier Nemer Alvarez, Fernando Galindo Favela, Frinné Azuara Yarzábal, Irma María Terán Villalobos, José Elías Lixa Abimerhi, Juan Ortiz Guarneros, Laura Barrera Fortoul, Lorena Villavicencio Ayala, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Manuel Limón Hernández, Marcela Guillermina Velasco González, María Alemán Muñoz Castillo, María Ester Alonzo Morales, Martha Hortencia Garay Cadena, Norma Adela Guel Saldívar, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Ricardo Aguilar Castillo, Soraya Pérez Munguía, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbricas).»
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Carlos Javier Lamarque Cano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Carlos Javier Lamarque Cano: Con su permiso, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Carlos Javier Lamarque Cano: Diputados, diputadas, el objeto de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa es el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación y apoyo de micro, pequeñas y medianas empresas, con objeto de que estas sean viables, productivas, competitivas y sustentables.
De igual manera, la ley busca incrementar la participación de estas empresas en los mercados y generar crecientes encadenamientos productivos que creen mayor valor agregado a nivel nacional.
La definición de las Mipymes, micro, pequeñas y medianas empresas, parte de la estratificación establecida entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda, que tiene que ver con el número de trabajadores contratados por cada empresa.
De esta forma, por ejemplo, el rango de trabajadores que laboran en las microempresas que se dedican a la industria, al comercio, a los servicios va de cero a diez trabajadores.
En el caso de la pequeña empresa industrial, hoy de servicios, el rango está entre once y cincuenta trabajadores. Y el de pequeñas empresas comerciales entre once y treinta trabajadores.
Las pequeñas y medianas empresas, Pymes, tienen particular importancia no solo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios, sino también por ser un excelente medio para impulsar el desarrollo económico, la generación de empleo y una mejor distribución de la riqueza.
Las Pymes en México constituyen el 97 por ciento del total de las empresas. Generan empleo para el 79 por ciento de la población. Aproximadamente, generan ingresos por alrededor del 23 por ciento del producto interno bruto.
A pesar de ser una fuente muy importante en la economía del país, las Pymes no han contado con suficientes recursos para desarrollarse plenamente. Entre la problemática de las pequeñas y medianas empresas podemos resaltar sus inversiones para tecnología, infraestructura, seguridad, entre otras. Y estas son de un 0.5 por ciento y 0.7 por ciento, respectivamente, estancando su propio crecimiento por esta falta de apoyo.
El desarrollo y la aplicación de políticas dentro de un marco de planeación para el poder federal es necesario para el desarrollo integral y equilibrado de un país. Por ello, es indispensable que el Poder Ejecutivo cuente con todas las atribuciones que la ley le proporciona.
La creación del Instituto Nacional del Emprendedor presentó varias irregularidades jurídicas que hoy limitan la operación y el ejercicio del Poder Ejecutivo, y es por ello que la presente iniciativa busca resolver esas limitaciones.
Por ello, la presente iniciativa busca retomar, fortalecer y eficientar la facultad del Ejecutivo federal para organizar la administración pública federal, en aras de la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 89, fracción I, y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, propone suprimir en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa toda mención al Instituto Nacional del Emprendedor, Inadem. Deja en 31 el número de integrantes del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, instancia que promueve, analiza y da seguimiento a los esquemas, programas, instrumentos y acciones que deben desarrollarse en apoyo a las Mipymes.
Desaparece la figura del presidente del Inadem y, en consecuencia, plantea que sea el subsecretario el que designe al secretario de Economía, quien asume las funciones del presidente del Consejo cuando este se encuentre ausente.
Asimismo, plantea que la secretaría técnica del Consejo no siga a cargo del presidente del Inadem, sino que de quien designe el secretario de Economía y, con objeto de actualizar la ley, sustituye al Distrito Federal por Ciudad de México, para el caso de los representantes en el Consejo de los Secretarios de Desarrollo Económico. Por su atención, gracias.
«Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Los diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl 13 de octubre de 2015 se presentó en la Cámara de Diputados, una iniciativa de decreto denominada Iniciativa de Decreto por el cual se reforman los artículos 18, fracciones X y XXII, párrafo 4o, y 19 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
La iniciativa de decreto mencionada tuvo por objeto complementar un decreto de enmiendas al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, publicado el 14 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, que dio lugar ala derogación de su artículo 2, apartado A, fracción IV, ya la adición de una fracción IV al apartado C del mismo artículo 2, y de los artículos 57 Bis, 57 Ter, 57 Quáter. Las modificaciones señaladas hicieron posible ladesaparición de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa,la creación del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), y la subrogación (transitorio tercero) del Inadem en la competencia y menciones normativas de la mencionada Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa.
En la iniciativa aludida se lamentó el hecho de que meses antes, el 21 de enero de 2015, la misma Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa hubiera sido reformada y adicionada sin reflejar la extinción de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, y sin prever las facultades que la Secretaría de Economía le confiere al Inadem en cuanto a las disposiciones jurídicas aplicables. Como corolario, se consideró importante mencionar la desactualización de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, al reflejar un desfase de dos años respecto del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.
La iniciativa reiteró la urgencia de modificar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para establecer un texto vigente al amparo de las nuevas reformas realizadas en 2013 al Reglamento Interior de la Secretaría de Economía en materia de extinción de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, así como la creación del Instituto Nacional del Emprendedor.
Finalmente, la iniciativa destacó el carácter imprescindible de todas las disposiciones jurídicas aplicables conferidas al Inadem, y enalteció el buen funcionamiento, óptima organización y correcto funcionamiento de ese órgano desconcentrado creado en 2013.
En otras palabras, la pretensión de enmendar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, fue adecuar su contenido al del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.
Previo dictamen de la Comisión de Competitividad del 10 de diciembre de 2015, así como la aprobación del Congreso General de fecha 18 de octubre de 2016, el decreto en estudio fue publicado el 01 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, las enmiendas así publicadas representan un inconveniente organizacional que a continuación se plantea.
Los principios de primacía y de reserva de la ley, se encuentran previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la siguiente manera: Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. // No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.
El artículo transcrito repercute en las relaciones de la ley y el reglamento, en la medida en que, una vez dotado el Legislativo de competencia constitucional para legislar en determinadas materias, sólo ese órgano puede legislar sobre ellas, quedando vedado al Ejecutivo regularlas, por vía reglamentaria, si el Legislativo no ha expedido previamente la ley o leyes respectivas. De ahí la reserva de la ley. La primacía, por su parte, resulta de la necesidad de que el primer ordenamiento que establece las directrices de una materia, es decir, la ley, no sea contrariado por un ordenamiento ulterior, como un reglamento del Ejecutivo, de modo que sus disposiciones no se vean desbordadas o excedidas, como sucedería si el ordenamiento secundario estableciera, por ejemplo, disposiciones novedosas o contradictorias respecto de las contenidas en la ley. Por consecuencia, el reglamento, en tanto que ordenamiento secundario, únicamente está llamado a complementar las disposiciones de la ley.
La reserva de la ley frente al reglamento se ha actualizado a plenitud en materia de organización de la Administración Pública Federal, de la que forma parte la Secretaría de Economía, en la medida en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresamente dispone: Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.
Ahora bien, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la que se refiere el artículo 90 constitucional, ha delegado, a su vez, en el Ejecutivo Federal, la creación y supresión de los cargos públicos auxiliares de las Secretarías de Estado, una de las cuales es la de Economía. Hasta antes del 13 de octubre de 2015, fecha de presentación de la iniciativa en examen, y específicamente después de la reforma publicada el 13 de mayo de 2015, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, disponía: Artículo 14. Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de Estado, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los Subsecretarios,Oficial Mayor, Directores, Subdirectores, Jefes y Subjefes de Departamento, oficina, sección y mesa, y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales....
Sucede sin embargo que la discrecionalidad otorgada por ley al Ejecutivo Federal para organizar internamente a la Secretaría de Economía, fue acotada por el propio Legislativo mediante una ley diversa, a saber, la relativa a la materia del Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada el 30 de diciembre de 2002 en el Diario Oficial de la Federación. Y tal acotación la efectuó de la siguiente manera: Artículo 18.- El Consejo estará conformado por 31 integrantes: ...X. El Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía; ...En las ausencias del presidente del Consejo, el Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa asumirá dichas funciones, y Artículo 19.- El Consejo contará con un secretario técnico, a cargo de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, quien dará seguimiento a los acuerdos que emanen de dicha instancia; informará semestralmente al Congreso de la Unión sobre la evolución de los Programas y los resultados alcanzados; y se coordinará con los Consejos Estatales en lo conducente.
A su vez, el decreto de reformas y adiciones a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicado el 01 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, reprodujo las mismas limitaciones orgánicas impuestas al Ejecutivo Federal, al disponer: Artículo 18.- El Consejo estará conformado por 31 integrantes: ...X. El Presidente del Inadem; ...En las ausencias del presidente del Consejo, el Presidente del Inadem asumirá dichas funciones, y Artículo 19.- El Consejo contará con un secretario técnico, a cargo del Presidente del Inadem, quien dará seguimiento a los acuerdos que emanen de dicha instancia; informará semestralmente al Congreso de la Unión sobre la evolución de los Programas y los resultados alcanzados; y se coordinará con los Consejos Estatales en lo conducente.
Ha quedado demostrado, incluso con los motivos expuestos en la iniciativa del 13 de octubre de 2015, que la Secretaría de Economía había sido reorganizada previamente, a través de su Reglamento Interior, mediante decreto de reformas publicado el 14 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. De manera que no existía reorganización pendiente que efectuar en la citada Dependencia.
En este contexto, las reformas y adiciones a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicadas el 01 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, se redujeron a confirmar la desaparición de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, así como el establecimiento, en su lugar, del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), plasmadas ya en el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.
El inconveniente práctico de prever en una ley la denominación de una Subsecretaría de Estado, en lugar de reducir su previsión al correspondiente Reglamento Interior, es el de que tal previsión restringe injustificadamente la facultad que el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal confiere al Ejecutivo Federal para reorganizar discrecionalmente las Secretarías de Estado, acorde a las necesidades del servicio público, tal como de hecho lo hace mediante la expedición del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, el último de los cuales fue publicado el 09 de septiembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.
En consecuencia, la presente iniciativa tiene por objeto derogar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en sus preceptos que mencionan, por su denominación, a las unidades administrativas de la Secretaría de Economía, a efecto de fortalecer y preservar la facultad del Ejecutivo Federal para organizar la Administración Pública Federal, en aras de la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el 89, fracción I constitucional.
De manera complementaria, esta iniciativa se propone adecuar la denominación de la Secretaría de Estado mencionada en la fracción V de su artículo 18, a la establecida en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 30 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación; actualizar, por razón constitucional, la mención del Distrito Federal por la de la Ciudad de México, que existe en la fracción XIV del mismo artículo 18; y en general, armonizar entre sí el contenido del artículo 18, toda vez que previendo su acápite un total detreinta y un integrantes del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, los mencionados en sus veintidós fracciones suman, en cambio, solamentetreinta.
Por lo anteriormente expuesto, las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena; con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos someter a la consideración, y en su caso, aprobación, del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Artículo Único. Se reforman los artículos 18, en su acápite, fracciones V y XIV, y párrafo cuarto, y 19, y se deroga la fracción XVIII del artículo 3, y la fracción X del artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:
Artículo 3. ...
I. a XVII. ...
XVIII. Derogada.
Artículo 18.- El Consejo estará conformado por los integrantes siguientes:
I. a IV. ...
V. El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural;
VI. a IX. ...
X. Derogada.
XI. a XIII. ...
XIV. Seis representantes de los Secretarios de Desarrollo Económico o su equivalente en la Ciudad de México y en las Entidades Federativas;
XV. a XXII. ...
...
...
En las ausencias del presidente del Consejo, asumirá sus funciones el Subsecretario que designe el Secretario de Economía.
Artículo 19.- El Consejo contará con un secretario técnico, que designará el Secretario de Economía, quien dará seguimiento a los acuerdos que emanen de dicha instancia; informará semestralmente al Congreso de la Unión sobre la evolución de los Programas y los resultados alcanzados; y se coordinará con los Consejos Estatales en lo conducente.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota
1 Actualmente, y por decreto publicado el 30 de noviembre de 2018, el artículo transcrito es del tenor literal siguiente: Artículo 14. Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de Estado, quien, para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los Subsecretarios, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Jefes de Unidad, Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, y los demás funcionarios, en los términos que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales....
Palacio Legislativo, a 6 de febrero de 2019. Diputados y diputada: Carlos Javier Lamarque Cano,Rubén Cayetano García, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.
LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 Ter de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado José Salvador Rosas Quintanilla:Con su permiso.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado José Salvador Rosas Quintanilla: Buenas tardes, compañeros. La presente iniciativa de reforma surge al ver día a día las condiciones de rechazo, maltrato o discriminación que sufren los migrantes en las fronteras de nuestro país.
Es evidente que los movimientos migratorios masivos provocados por conflictos armados, la inseguridad y los problemas relacionados con la economía son un gran reto que atender.
Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, el fenómeno migratorio reporta cifras de más de 68 millones de desplazados, de los cuales 25.4 millones se encuentran en condiciones de refugiados en otros países.
Atender la problemática no es tarea sencilla, pero se debe empezar por lo obligatorio: sus derechos humanos, sus garantías individuales, como la libertad de religión, de tránsito, su derecho a la educación y el trabajo que encuentran sustento en documentos y tratados internacionales firmados por México, como la Convención de Ginebra de 1951 o la Convención de los Apátridas de 1954.
Históricamente, México ha atendido este fenómeno y brindado el apoyo necesario; cabe recordar a los refugiados españoles en la dictadura franquista de los años 40, los refugiados sudamericanos perseguidos por las dictaduras durante los años 70, el apoyo a migrantes centroamericanos durante la década de los 80 y, actualmente, la llamada caravana migrante, que surge por las condiciones económicas y sociales de Centroamérica.
Lo anterior impone un reto para atender en estricto apego al derecho humano y a la creación de una sociedad incluyente, global y progresiva, por lo que se requiere de esfuerzos multilaterales por parte de gobiernos expulsores, receptores y mediadores.
Por eso, considero necesario que la legislación en materia de asilo político sea más clara y precisa respecto de las competencias y objetivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en torno a los derechos humanos y las garantías individuales que México tutela.
Por lo anterior, propongo modificar la fracción V del artículo 14 Ter de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en aras de una redacción con mayor claridad y eficacia y que la fracción solo se refiera a los derechos humanos de manera general, que señala al respecto de las garantías individuales, ya que solo así podrá cumplir con la fundación protectora de los actos de autoridad, además que el mismo documento refiera el irrestricto respeto a los tratados internacionales de que México sea parte, como la propia Convención de Ginebra de 1951. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 14 Ter de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción V del artículo 14 Ter de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLos movimientos migratorios masivos debido a conflictos armados o cuestiones de inseguridad se han disparado en la última década en diversas regiones del mundo. Los éxodos ocurridos en Sudán, Yemen, Somalia, Myanmar, Siria, Guatemala, El Salvador y Honduras, por hablar de los casos más sonados mediáticamente, abonan en gran escala la cifra de 68 millones de desplazados forzados, de los cuales 25.4 millones se encuentran en condición de refugiados en otros países, situándose como cifras récord según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
La problemática, la cual va más allá de la voluntad de las personas desplazadas y en situación de refugiados, tiene que ser atendida por esfuerzos multilaterales por parte de gobiernos expulsores, receptores y mediadores, donde la vida de millones de personas está en juego si las normatividades, reglamentos y leyes no se ajustan a las necesidades demandadas por parte de personas en situación de vulnerabilidad. Dichas necesidades, explicitadas de manera nítida en tratados internacionales, como la Convención de Ginebra de 1951 o la Convención de los Apátridas de 1954.
En relación con los fenómenos concretos los cuales atraviesan los intereses nacionales, la denominada Caravana Migrante es sólo uno de los ejemplos más mediáticos acerca del problema migratorio orillado por las condiciones actuales de nuestros vecinos centroamericanos. Para 2017 hubo un total de 14 mil 596 solicitudes de asilo en México, donde solamente 2 mil 825 fueron aceptadas, sólo una quinta parte.
Según información de medios nacionales, para octubre de 2018 había registradas 23 mil solicitudes de refugio a la espera de resolución. Esto denota un reto regional ante la problemática, los problemas internos de nuestro país y el deber que se nos imputa debido a nuestra participación en organizaciones internacionales, al igual que nuestra propia ley, la cual está enfocada a un apego a los derechos humanos y a la creación de una sociedad incluyente, global y progresiva.
Ignorar las peticiones de ayuda por parte de nuestros hermanos latinoamericanos sería una ofensa al amplio legado de apoyo a refugiados que nuestro país proveyó de manera constante durante el siglo XX. El apoyo a refugiados españoles debido a la dictadura franquista durante los años cuarenta, el apoyo a los refugiados sudamericanos perseguidos por las dictaduras durante los años setenta, igual que el apoyo a migrantes centroamericanos durante la década de 1980, corrobora la importante labor que ha tenido México en el tema. Caracterizados por nuestras raíces multiculturales, de apoyo y cooperación, tener afinados todos nuestros recursos legales de acorde a las demandas actuales es un deber político y moral.
Por ello mantener una legislación que clarifique cuáles son las competencias y objetivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ayudará a prever situaciones futuras que, muy posiblemente, se sigan dando ante el escenario desolador al cual nos enfrentamos en la región.
Con este objetivo en mente y revisando la legislación sobre refugiados, al observar la fracción V del artículo 14 Ter, uno se puede percatar que, si bien se refiere al objetivo por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores por preservar los derechos humanos, la ley no puede referirse a una mera carta de buenos deseos, sino que necesita clarificar de acorde a qué definición de derechos humanos se refiere y dónde podemos encontrarlos. México, al ser parte de la Convención de Ginebra, resalta los derechos fundamentales de los refugiados en principalmente tres elementos: libertad de religión y de movimiento, derecho a la educación y posibilidad de trabajar.
Igualmente, atender con pleno respeto a los refugiados no es la única variable por considerar, sino que también debe de contar con los mecanismos necesarios para garantizarlos, lo que pasa de una mera observación a una ejecución, tornándose como instancia garante de dichos derechos.
Por último, realzar la existencia de convenios y tratados internacionales que mantienen la claridad respecto al trato y estatuto de los refugiados es sumamente importante, al ser los esfuerzos una labor regional y multilateral, respetándose la soberanía de las naciones, pero asumiendo que las problemáticas van más allá de los territorios, las culturas y las demandas internas de cada nación. En un mundo globalizado, la necesidad de cooperación mediante la estructura y referencia de pisos comunes facilita la labor diplomática y eficiente para la gesta de las medidas necesarias para darle una correcta solución a un tema tan delicado como lo es asilo político en una nación de por sí extraña para aquellos que tuvieron que migrar, no por gusto, sino por necesidad.
En un escenario de magnitudes tan grandes y de carácter internacional, y por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de
DecretoÚnico. Se reforma la fracción V del artículo 14 Ter de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 14 Ter. En materia de asilo político, compete a la secretaría lo siguiente:
I. a IV. ...
V. Atender a los asilados con pleno respeto a sus derechos humanos , el mantenimiento de las garantías individuales y un completo apego a los tratados internacionales, como la Convención de Ginebra de 1951, firmados por el gobierno mexicano en temas migratorios y de asilo político.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Adrian Edwards (2018). Desplazamiento forzado alcanza el récord de 68.5 millones, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Sitio web:
https://www.acnur.org/noticias/stories/2018/6/5b2922254/desplazamiento- forzado-alcanza-el-record-de-685-millones.html
2 Ibídem.
3 Organización de las Naciones Unidas (2018). Derecho de los refugiados, de Organización de las Naciones Unidas. Sitio web:
https://www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/international-law-courts- tribunals/refugee-law/
4 Mireya Cuéllar (2018). 4 409 integrantes de la caravana migrante en Tijuana, en La Jornada. Sitio web:
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/21/4-409-integrantes-de-la- caravana-migrante-en-tijuana-9156.html
5 Emir Olivares Alonso (2018). Solicitudes de asilo a México aumentaron más de mil por ciento en los últimos 5 años, en La Jornada. Sitio web:
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/06/19/solicitudes-de-asilo-a-mexico- aumentaron-mas-de-mil-por-ciento-en-los-ultimos-5-anos-5644.html
6 Forbes Staff (2018). Crecen a 23 mil las solicitudes de refugio de migrantes en México, de Forbes. Sitio web:
https://www.forbes.com.mx/crece-a-23000-las-solicitudes-de-refugio-de- migrantes-en-mexico/
7 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (2018). Convención de Ginebra de 1951, el Estatuto de los Refugiados, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Sitio web:
https://eacnur.org/es/convencion-de-ginebra-de-1951-el-estatuto-de-los- refugiados
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019. Diputados y diputadas: José Salvador Rosas Quintanilla,Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Héctor Jiménez y Meneses, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 9 y 20 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos.
El diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses:Con su permiso, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.
El diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses: Distinguidas diputadas, compañeros diputados. La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de hidrocarburos es de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional en materia de fuero federal, ordenamiento que tiene por objeto establecer los delitos en particular y las sanciones que serán aplicables en materia de hidrocarburos petrolíferos, petroquímicos y demás activos, así como establecer las medidas necesarias para prevenir la comisión de los mismos o suspender sus efectos.
Asimismo, el artículo 2o. del ordenamiento antes citado prevé que en los casos no previstos por esta ley serán aplicables el Libro Primero del Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Hidrocarburos, entre otros.
Acorde al artículo 1o. de la Ley de Hidrocarburos, corresponde a la nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional y llevar a cabo la exploración y la extracción que, conforme a la fracción I del artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando haya delitos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en la comisión, se califican como graves para los efectos de la detención por caso urgente los delitos señalados como prisión preventiva oficiosa, que se está estudiando en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Diversas sanciones se mencionan para aquellos delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Cuando se sustraiga, aproveche, compre, comercialice, resguarde, distribuya, oculte o adultere hidrocarburos y a quien auxilie, facilite, colabore o preste ayuda por cualquier medio para su realización.
La sustracción de hidrocarburos en México se ha dado como una forma de negocio para el crimen organizado. En este sentido, es incuestionable que el robo de gasolina se ha convertido en una actividad de los grupos delictivos, la cual ocurre de dos maneras, ya sea a través de los ductos de la empresa del Estado o mediante el robo de pipas.
Diversas actividades ilícitas se han multiplicado en forma desmedida en el país, lo cual ha generado un contexto de violencia social alto, teniendo de manera constante noticias de tomas clandestinas en diversos puntos de las entidades federativas, especialmente en el estado de Puebla, en donde grupos de huachicol se han enquistado especialmente en el triángulo rojo, sobresaliendo Palmarito Tochapan, del municipio de Quecholac, Palmar de Bravo, San Matías Tlalancaleca, San Martín Texmelucan, Acatzingo, así como la Colonia Villa Frontera, de la capital del estado.
En esas condiciones delictivas no solo impactan la cuestión económica del país, sino que el problema ha crecido, y con esto se presentan otros ilícitos, como diversos daños al medio ambiente y, mucho más grave, a la seguridad y bienestar social, puesto que para nadie es desconocido que al llevar a cabo el delito de robo de hidrocarburos en su mayoría dejan fugas de combustible, ya sea de gasolina, diésel o gas.
En mérito de lo anterior se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para que se reformen diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Artículo 9, fracción III, inciso a), cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 litros, se impondrá de seis a ocho años de prisión y multa de seis mil a ocho mil veces el valor de unidad de medida.
Cuando la cantidad sea mayor de 300 litros, pero menos o equivalente a mil litros, se aplicará una sanción de ocho a 10 años de prisión...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputado.
El diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses: ...y multa de ocho mil a 10 mil veces el valor de la unidad de medida. Es cuanto, señor presidente.
«Iniciativa que reforma los artículos 9 y 20 de la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, a cargo del diputado Héctor Jiménez y Meneses, del Grupo Parlamentario de Morena
Héctor Jiménez y Meneses, diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de México, y 6,77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se refoman diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, de conformidad con los siguientes
Considerandos
Que la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, es de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional, en materia de fuero federal; ordenamiento que tiene por objeto establecer los delitos en particular y las sanciones que serán aplicables en materia de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos y demás activos, así como establecer las medidas necesarias para prevenir la comisión de los mismos o suspender sus efectos.
Asimismo en el artículo 2o. del ordenamiento antes citado prevé que en los casos no previstos en esta ley serán aplicables el Libro Primero del Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales,la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal de Extinción de Dominio y la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
Acorde al artículo primero de la Ley de Hidrocarburos, corresponde a la Nación la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentren en el subsuelo del territorio nacional y corresponde a la nación, llevar a cabo la exploración y la extracción.
Que conforme a la fracción I del artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que cuando existan datos que establezca la existencia de un hecho señalado como delito grave, y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió a participó en su comisión, se califican como graves,para los efectos de la detención por caso urgente, los delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa en este Código o en la legislación aplicable, así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión...
Diversas sanciones se mencionan, para aquellos delitos cometidos en materia de hidrocarburos; cuando se sustraiga, aproveche, compre, comercialice, resguarde, distribuya, oculte o adultere hidrocarburos y a quien auxilie, facilite, colabore o preste ayuda, por cualquier medio para su realización.
Que la sustracción de hidrocarburos en México, se ha dado como una forma de negocio para el crimen organizado, en este sentido, es incuestionable que el robo de gasolina se ha convertido en una actividad de los grupos delictivos, la cual ocurre de dos maneras: ya sea a través de los ductos de la empresa del Estado, o mediante el robo de pipas.
Dichas actividades ilícitas se han multiplicado de forma desmedida en el país, lo cual ha generado un contexto de violencia social alto, teniendo de manera constante noticias de tomas clandestinas en diversos puntos de las entidades federativas, especialmente en el estado de Puebla, en donde grupos del huachicol, se han enquistado especialmente en el llamado triángulo rojo, sobresaliendo Palmarito, Tochapan del municipio de Quecholac, San Martín Texmelucan, Acatzingo, así como en la colonia Villa Frontera, de la capital del estado, lugares en donde más de mil personas se dedican a este delito, ejecutándose cerca de 3 mil operativos y en donde se han decomisado más de nueve mil litros de gasolina.
Que estas conductas delictivas no sólo impactan la cuestión económica del país, sino que el problema ha crecido y con este se presentan otros ilícitos como diversos daños al medio ambiente y mucho más grave, a la seguridad y al bienestar social; puesto que para nadie es desconocido que, al llevar a cabo el delito de robo de hidrocarburo, en su mayoría dejan fugas de combustible, ya sea de gasolina, diésel o gas, causando una afectación al medio ambiente y colocando en un riesgo inminente a la población en muchos casos, los que afortunadamente no han terminado con un desastre masivo, no obstante, en forma constante, los cuerpos de emergencia tienen que actuar para su atención.
En este orden de ideas, no hay que perder de vista que este delito se multiplica, porque existen varios enlaces que llevan a cabo diversas conductas, con las que obtienen ganancias ilícitas y los sujetos activos lamentablemente van escalando delictivamente, cometiendo a la par numerosos delitos como la extorsión, las amenazas, lesiones y hasta homicidios.
Que, conforme a lo anterior, se debe ponderar la violencia generada, así como su impacto social, por lo que es necesario inhibir este tipo de delitos a través del incremento de la sanción corporal, a efecto de que estos conforme a su penalidad ameriten prisión preventiva oficiosa, y que estos supuestos normativos sean considerados como delitos graves, de acuerdo a lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En mérito de lo anterior expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos
Artículo Único.Se reformanlos incisos a) y b)del artículo 9,y el artículo 20,todos de la Ley Federal para prevenir y sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, para como sigue:
Artículo 9.-...
I. ...
II. ...
III. ...
...
a)Cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 litros, se impondrá de 6 a 8años de prisión y multa de 6 mil a 8 mil veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente.
b)Cuando la cantidad sea mayor a 300 litros, pero menor o equivalente a 1,000 litros, se impondrá de 8a 10años de prisión y multa de 8 mil a 10 mil veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente.
c)...
d)...
...
...
Artículo 20.Se aumentará hasta en una mitad la sanción que corresponde por el delito de que se trate, a quien o quienes cometan dolosamente algunas de las conductas descritas en esta ley y que con ello provoquen un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente; también en aquellos casos en que se cause una contingencia masiva que afecte a la población provocando que los cuerpos de emergencia intervengan para su atención, estos supuestos legales se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
De igual forma, los delitos en materia de hidrocarburos establecidos en las fracciones I y II del artículo 8; así como las fracciones I, II y III del artículo 9, estas últimas en relación con el inciso d), y el último párrafo de dicho artículo ameritan prisión preventiva oficiosa; lo anterior conforme a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
TransitoriosPrimero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.Los asuntos, procedimientos y juicios que se encuentran en trámite al momento de entrar en vigor el presente decreto, se substanciaran conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de su inicio y se resolverán hasta su total conclusión por la instancia que conozca de ellos.
Tercero.Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto.
Ciudad de México, a 6 de febrero de 2019. Diputado Héctor Jiménez y Meneses(rúbrica).»
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.
LEY GENERAL DE SALUD
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 216 de la Ley General de Salud.
El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences:Con su permiso, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Proceda, diputado.
El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences: Gracias. Compañeros, en los últimos años las enfermedades crónico degenerativas se han incrementado, y parte de ello es la mala alimentación que hemos adoptado los mexicanos, pues la dieta actual se basa en alimentos congelados, pre elaborados y empaquetados, pues se convierten en una opción de alimentación cómoda y práctica en los hogares.
En 1948, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, fue incluido el derecho a la alimentación.
Pero no es solo tener derecho a la alimentación, sino que los consumidores deben tener derecho a contar con la información necesaria de manera oportuna, completa, clara y veraz, que les permita conocer los componentes de los productos que consumen, saber si estos, a mediano o largo plazo, tendrán efectos negativos en su organismo y, bajo conocimiento de causa, tomar la decisión y la cultura preventiva, y con ello disfrutar de una vida más saludable.
La alimentación es una necesidad esencial que todo ser humano tiene que satisfacer para conservar la vida. Pero no todo lo que consumimos se convierte en beneficio para nuestro cuerpo, pues hay componentes que en exceso provocan daño al organismo, y por ello es necesario informar a los consumidores sobre lo que consumimos, pues está científicamente comprobado que algunos componentes que se utilizan para el envasado y conservación de los alimentos son nocivos para la salud si se consumen en una forma periódica.
Es evidente la predisposición genética, pero los factores medioambientales son claves para el desarrollo del cáncer; la forma de conservación y/o de preparación de los alimentos, favorece la formación de compuestos con acción cancerígena, o bien, son vehículos de residuos pesticidas, agentes organoclorados o compuestos químicos con potencial de efecto carcinógeno.
Expertos en salud pública y organismos nacionales e internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, han formulado una serie de recomendaciones para una política integral, que incluyen: agua potable gratuita, regulación de publicidad de alimentos y bebidas, escuelas saludables, política agrícola, medidas fiscales y etiquetados claros.
La finalidad de esta iniciativa es la política de etiquetados claros, implementando un sistema de etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas envasadas, que sea fácil de entender y ayude a los consumidores a tomar elecciones más saludables, identificando los productos con alto contenido de azúcares, sodio y grasa, haciendo la mención preventiva de: El consumo frecuente de este producto es nocivo para la salud.
A mérito de lo expuesto, ya hay un avance en la cultura de prevención, al hacer un etiquetado precautorio en tabacos y alcohol, en el marco jurídico competente, y considerando la responsabilidad del Estado en materia de información pública de que deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, prevención de daños a la salud pública, y la obligatoriedad del Estado en garantizar salud bajo la máxima y principio legal de la precautoriedad.
Por los motivos antes expuestos, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración decreto por el que se modifica la Ley General de Salud:
Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 216 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue.
Artículo 216. Los alimentos o bebidas que por sus componentes den origen o causen alguna enfermedad crónico degenerativa como resultado del consumo frecuente o excesivo, deberán ostentar en los envases la leyenda: El consumo frecuente de este producto es nocivo para la salud. Escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.
Muchas gracias. Le pido que por la brevedad del tiempo se incluya el texto íntegro en el Diario de los Debates.
«Iniciativa que adiciona el artículo 216 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Víctor Adolfo Mojica Wences, diputado de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la Ley General de Salud, conforme a lo siguiente:
Antecedentes
En los últimos años las enfermedades por diabetes, cáncer, insuficiencia renal, cardíacas, etc., conocidas como crónico degenerativas, se han incrementado y parte de ello es la mala alimentación que hemos adoptado los mexicanos pues la dieta actual de los mexicanos se basa en alimentos congelados, pre elaborados y empaquetados, pues se convirtieron en una opción de alimentación cómoda y práctica en los hogares.
En 1948, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, fue incluido el derecho a la alimentación.
Pero no es solo tener derecho a la alimentación, sino que el consumidor y la consumidora, tienen derecho a contar con la información necesaria de manera oportuna, completa, clara y veraz, que le permita conocer los componentes de los productos que consume, saber si esto a mediano o largo plazo tendrán efectos positivos o negativos en el organismo y, bajo conocimiento de causa, tomar la decisión y la cultura preventiva, y con ello disfrutar de una vida más saludable.
En México, la cultura alimenticia, empieza su transformación a principios de los años 30 cuando, merced a un deseo de modernizar a la sociedad mexicana, el Estado impulsó programas de salud, educación y, en el plano económico, la industrialización. Como era más fácil instrumentar estas acciones en los núcleos urbanos, las ciudades empezaron a crecer y a tener mejores condiciones de vida que la sociedad rural; entre ellas, instituciones de salud pública. Por eso, los asentamientos urbanos atrajeron a una gran cantidad de habitantes de la zona rural. Con el tiempo, estos asentamientos se convirtieron en grandes ciudades, donde se desarrollaron la industria y los servicios.
En 1930 México tenía una población mayoritariamente rural (70%), mientras que para el año de 2010 la población urbana es del 77%. Este cambio social trajo consigo una cultura diferente a la rural.
Las diferencias fundamentales de la cultura rural y urbana, que provocan el cambio radical en el tipo de alimentos que se están consumiendo, se caracterizan por conductas contrastantes, tales como colectivismo contra individualismo, redes familiares de ayuda contra soluciones individualizadas, comunicación simbólica y verbal contra aislamiento individual, jornadas amplias de trabajo contra jornadas intensivas de trabajo que dan por resultado el estrés laboral, ocupación constante contra tiempos de ocio (que en algunos momentos llega al aburrimiento), pequeños desplazamientos al lugar de trabajo contra necesidad de mucho tiempo para desplazarse, trabajos que requieren gasto calórico contra actividades sedentarias de mínimo gasto calórico, entre otras.
La alimentación es una necesidad esencial que todo ser humano tiene que satisfacer para conservar la vida. Pero no todo lo que consumimos se convierte en beneficio para nuestro cuerpo, pues hay componentes que en exceso provocan daño al organismo y es por ello que es necesario informar a los consumidores sobre el consumo de los productos, pues está científicamente comprobado que algunos componentes que se utilizan para el envasado y conservación de los alimentos, son nocivos para la salud si estos se consumen de forma periódica.
Algunos estudios a nivel internacional, estiman que del 30 40% de todos los tumores de los hombres y hasta el 60% en las mujeres están relacionados con la alimentación, por ello delimitar y crear una cultura preventiva, sería de gran trascendencia para el sector salud, pues podemos hablar de un costo de alrededor de un millón de pesos por el tratamiento de cáncer.
Es evidente la predisposición genética, pero los factores medioambientales son claves en el desarrollo de cáncer, y las dos formas más importantes de reducir el riesgo consiste en evitar los agentes que lo producen, entre los cuales el tabaco es el más importante, y el consumo habitual de una dieta rica en alimentos con potencial protector.
En la LVII Asamblea Mundial de Salud celebrada el 22 de mayo de 2004, se acordó respaldar la estrategia global de la OMS, sobre dieta, actividad física y salud, llamando a los estados miembros a adoptar las medidas necesarias para implementarlas.
Se han identificado diversos carcinógenos en alimentos y bebidas, su contribución al impacto global en el riesgo de cáncer parece ser limitada. La forma de conservación y/o de preparación de los alimentos favorece la formación de compuestos con acción carcinógena o bien son vehículo de residuos pesticidas, agentes organoclorados o compuestos químicos con potencial efecto carcinógeno.
Como ejemplo de los principales agentes carcinógenos vehiculizados en los alimentos, localización de tumos asociada y grado de evidencia disponible tenemos el siguiente cuadro:
Como podemos ver los carotenoides podrían intervenir en los procesos tumorales actuando como inmunomoduladores.
Otros datos alarmantes los encontraremos en la epidemia de sobrepeso y obesidad, que se han convertido en el problemas más grave y costoso de salud pública en México. El sobre peso y la obesidad afectan la al 33% de la población infantil y al 72.5% de la población adulta, y se le atribuyen enfermedades cardiovasculares y la diabetes, siendo la primera causa de muerte en México.
Debido a la falta de una cultura preventiva y a la falta de información sobre los daños que pueden ocasionar a mediano o largo plazo por el consumo frecuente de alimentos envasados, las enfermedades derivadas de ello, han tenido un gran impacto económico; pues la Secretaria de salud, estima que el costo total de la obesidad en 2017 fue de 240 mil millones de pesos. El Instituto Mexicano de la competitividad, calculo que los costos totales solamente de la diabetes asociados a la obesidad en el año 2013 ascendieron a 85 mil millones de pesos al año, de los cuales el 73% por ciento corresponde a gastos para tratamiento médico, 15% al costo generado por pérdidas debidas al ausentismo laboral, y 12% al costo por pérdidas de ingreso debido a mortalidad prematura.
Expertos en salud pública y organismos nacionales e internacionales como la OPS/OMS han formulado una serie de recomendaciones para una política integral que incluyen:
- Agua potable gratuita
- Regulación de publicidad de alimentos y bebidas
- Escuelas saludables
- Política agrícola
- Medidas fiscales
- Etiquetados claros
La finalidad de esta iniciativa es la política de etiquetados claros, implementando un sistema de etiquetado de advertencia en alimentos y bebidas envasadas, que sea fácil de entender y ayude a los consumidores a tomar elecciones más saludables identificando los productos con alto contenido de azúcares, sodio, grasas y calorías haciendo la mención preventiva de: el consumo frecuente de este producto es nocivo para la salud.
El derecho a la información sobre lo que consumimos es un derecho básico de los consumidores. Sin embargo, este derecho no está garantizado en México. A diferencia de lo que ocurre en países como Japón, China y la Unión Europea, entre otros. En México no existe el etiquetado de alimentos que prevengan sobre el uso excesivo de su consumo causa alguna de las enfermedades antes mencionadas.
Marco jurídico
Consideraciones jurídicas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
El artículo sexto constitucional, párrafo I, en la última línea determina lo siguiente:
Titulo Primero
Capítulo 1 De las Garantías Individuales
Artículo 6o. ...
Última línea: El derecho a la información será garantizado por el Estado.
Que es su fracción primera establece con claridad:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
Ley General de Salud
De lo anterior podemos deducir lo siguiente, respecto de las responsabilidades y obligaciones del Estado:
1. Que en virtud de que esta información la detenta el gobierno federal a través de sus secretarías y autoridades competentes, es información pública.
2. Que, siendo competencia y responsabilidad de las autoridades sobre la información de los alimentos, deberán informar a los consumidores finales, en apego a los derechos sobre la información de los alimentos que consumen y las causas que a mediano y largo plazo ocasionen a la salud por el exceso de su consumo.
3. Esta información atiende a un principio precautorio al que las autoridades deberán atenerse en cumplimiento de la responsabilidad que tienen con los ciudadanos, ante el desconocimiento de la naturaleza alcance y magnitudes del consumo excesivo de alimentos enlatados, pre elaborados y empaquetados
4. La NOM-051-SCFI/SSA1/2010 a la letra dice: Que es responsabilidad del Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los productos que se comercialicen en territorio nacional cumplan con la información comercial que debe exhibirse en su etiqueta o envase, con el fin de garantizar una efectiva protección del consumidor.
A mérito de lo expuesto ya hay un avance en la cultura de prevención, al hacer un etiquetado precautorio en tabacos y alcohol en el marco jurídico competente y considerando las responsabilidades del Estado, en materia de información pública de la que deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, prevención de daños a la salud pública y la obligatoriedad del estado en garantizar salud; bajo la máxima y principio legal de la precautoriedad.
Bibliografía
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley General de Salud
- NOM-051-SCFI/SSA1/2010
- Pérez, Rodrigo. -Soporte Nutricional en el Paciente Oncológico. Sociedad Española de Nutrición Comunitaria.
- Propuesta para una política integral frente a la Epidemia de Sobrepeso y Obesidad en México 2018 2024. Alianza por la salud alimentaria.www.actuaporlasalud.org
- https://www.profeco.gob.mx/encuesta/brújula/bruj_2015/ bol300_alimentos_sanos.asp
- https://docplayer.es/10276080-La-alimentacion-de-los-mexicanos-canacintra- cambios-sociales-y-economicos-y-su-impacto-en-los-habitos-alimenticios.html
Por los motivos antes expuestos, y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Decreto por el que se modifica la Ley General de Salud.
Único.Se adiciona un tercer párrafo al artículo 216 de la Ley General de Saludpara quedar como sigue:
Artículo 216 ...
...
Los alimentos o bebidas que, por sus componentes, den origen o causen alguna enfermedad crónica degenerativa, como resultado del consumo frecuente o excesivo, deberá ostentar en los envases, la leyenda: el consumo frecuente de este producto es nocivo para la salud, escrito con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referencia a alguna disposición legal.
Artículo Transitorio.El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, a 6 de febrero de 2019. Diputado y diputada: Víctor Adolfo Mojica Wences,Sandra Simey Olvera Bautista(rúbricas).»
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Sí, diputado, con todo gusto. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, y túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
LEY GENERAL DE TURISMO Y LEY FEDERAL DE DERECHOS
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Turismo y de la Ley Federal de Derechos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Informo a la asamblea que con esta intervención concluye la ronda de iniciativas.
La diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño:Muchas gracias, ciudadano presidente. Ciudadanos y ciudadanas que nos siguen a través del Canal del Congreso, amigas y amigos legisladores, llegó el momento de atender las necesidades regionales con una visión federal responsable.
La industria turística constituye una de las actividades productivas más importantes de nuestro país, tiene un gran poder de transformación social, que permite desarrollar integralmente las comunidades y municipios alrededor de los atractivos turísticos, así como generar polos de desarrollo económico que benefician directa o indirectamente a toda la población, lo cual, en su oportunidad, motivó la creación del Consejo de Promoción Turística de México, como una entidad de participación estatal mayoritaria, sectorizada a la Secretaría de Turismo.
Este organismo, en su momento, generó grandes expectativas y convocó a participar en él, tanto al gobierno federal como a todas las entidades federativas, municipios y prestadores de servicios turísticos.
Sin embargo, los altos costos de las labores de promoción y difusión turística nacional e internacional que desarrollaba el consejo no correspondían a los beneficios de una actividad tan importante. Lo anterior resultó en una paradoja, en un país ávido de recursos económicos, el gobierno no observaba la austeridad y la eficiencia como principios fundamentales.
Por ello, la presente iniciativa propone reformar el artículo 3o. y derogar los artículos 38, 39 y 40 de la Ley General de Turismo, eliminando la mención y facultades de dicho consejo y, con ello, suprimir su carácter de empresa de participación estatal mayoritaria, permitiendo así que, conforme a su estatuto orgánico y la legislación aplicable, se proceda a su disolución y liquidación, proceso en el cual se establece que el consejo y el gobierno federal estarán obligados a respetar los derechos de sus trabajadores.
También se propone una reforma al artículo 4o., fracción II, de la ley en comento, para establecer como facultad directa del Ejecutivo promover y coordinar la actividad turística de México a nivel nacional e internacional.
En consecuencia, se reforma la Ley Federal de Derechos, para establecer que los ingresos provenientes de las contribuciones derivadas del pago de derecho de visas turísticas se destinen, en un 20 por ciento, al Instituto Nacional de Migración, y el 80 por ciento al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, y los remanentes que hubiere, a infraestructura turística.
En suma, la reforma propuesta tiene en su espíritu la transparencia, la eficiencia presupuestaria y, desde luego, la justicia social, a través del impulso sostenido del desarrollo a la industria turística.
Adelgazar al Estado para propiciar su eficiencia y asegurar que los recursos públicos lleguen a su destino, es una premisa fundamental para fortalecer y desarrollar a la industria turística mexicana, lo cual resulta de fundamental importancia por su aportación al PIB y los beneficios que reportará a las diferentes regiones del país. Es cuanto, señor presidente.
«Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de las Leyes General de Turismo, y Federal de Derechos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Los diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo y de la Ley Federal de Derechos, se desincorpora el Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, como empresa de participación estatal mayoritaria y se ordena su disolución y liquidación, de conformidad con la siguiente
Exposición de MotivosEl 31 de diciembre de 1992, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Turismo, la cual tenía entre sus objetivos programar la actividad turística del país, elevar el nivel económico de las entidades federativas y los municipios con afluencia turística y fomentar la inversión en la materia, entre otros.
La mencionada ley contenía un título dedicado a la promoción y fomento al turismo. Asimismo, instruía a la Secretaría de Turismo a fomentar, con la participación de los sectores público y privado, todo tipo de actividades que promuevan los atractivos y servicios turísticos del país. Cabe mencionar que desde entonces la ley ordenó la creación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
Siete años después, la Ley Federal de Turismo fue reformada para ampliar, especializar y profesionalizar más las tareas de la Secretaría de Turismo en el ámbito de la promoción. La modificación legislativa dio lugar a la creación del Consejo de Promoción Turística de México, bajo la figura de una empresa estatal mayoritaria, regida por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Con el propósito de tener un marco jurídico más adecuado, en 2003 fue reformada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre los tres órdenes de gobierno. Asimismo, en esta reforma se consideró y se incluyó la participación del sector social como del privado.
Es importante señalar que dicha reforma constitucional derivó de la necesidad que tenía el país de contar con una legislación que estableciera los lineamientos generales para regular el turismo nacional y fortalecer los esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno junto con los sectores público, privado y social, a efecto de promover y desarrollar el sector turístico de manera coordinada ante la exigencia activa de los estados y municipios de la República de participar en rubros económicos de mayor relevancia nacional.
Fue hasta el 17 de junio de 2009 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Turismo vigente, la cual abrogó la Ley Federal de Turismo, pero conservó dentro de sus objetivos el coordinar las atribuciones concurrentes entre los tres órdenes de gobierno y la participación de los sectores social y privado. De igual forma, dio continuidad al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística y de los recursos turísticos, así como de la promoción del financiamiento de las inversiones, y conservó al Consejo de Promoción Turística de México como encargado de la aplicación de las políticas de promoción turística tanto en territorio nacional como en el extranjero. A su vez, el Estatuto Orgánico del Consejo refiere que dicha entidad tiene por objeto planear, diseñar, coordinar y realizar en colaboración con la Secretaría de Turismo, las políticas y estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional.
De acuerdo con el Manual de Organización del Consejo de Promoción Turística de México, la misión de dicha entidad consiste en promocionar integral y competitivamente a México, con sus productos y destinos, en los mercados nacional e internacional, a través del trabajo conjunto entre las y los actores de la actividad turística.
Sin embargo, debido a varias modificaciones que ha sufrido el marco legal de la administración pública federal, coexisten actualmente, más allá de la materia de turismo, diversos órganos y entidades de distinta naturaleza jurídica que desempeñan funciones similares a las que lleva a cabo el Consejo de Promoción Turística de México. Por ejemplo, la Oficina de la Presidencia de la República se integra con la Coordinación de Marca País y Medios Internacionales que tiene entre sus funciones la de participar en el diseño y aplicación de las estrategias de comunicación para fortalecer la imagen y percepción de México en el extranjero.
A su vez, en la Secretaría de Relaciones Exteriores se encuentra adscrito el órgano administrativo desconcentrado denominado Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el cual está encargado de concertar, coordinar y estimular las acciones de cooperación internacional en materias como la educativa, cultural y turística, entre otras, de conformidad con lo previsto en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La existencia de varias dependencias y entidades de la administración pública federal que realizan funciones similares, ha ocasionado la dispersión de recursos, tanto materiales como humanos, y de esfuerzos encaminados a un mismo objetivo, los cuales podrían ser aprovechados de mejor manera.
En virtud de lo anterior, se considera necesario alinear todas las actividades antes mencionadas bajo una sola estrategia que permita hacer un uso más eficiente de los recursos públicos. Para ello la presente iniciativa propone desincorporar el Consejo de Promoción Turística de México, a fin de que las funciones en materia de promoción turística sean ejercidas directamente por la Secretaría de Turismo en el ámbito de sus atribuciones conferidas conforme a la legislación correspondiente.
Cabe mencionar que de acuerdo con la Cuenta Pública 2016, integrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el presupuesto pagado del Consejo de Promoción Turística de México fue de más de 5 mil millones de pesos, cifra que superó en 469.2 por ciento su presupuesto aprobado. De este incremento, el rubro Gastos de Operación presentó un aumento del 606.3 por ciento, en comparación con el original. De igual forma, la Cuenta Pública 2017 indica que el presupuesto pagado del mencionado Consejo fue superior en 700.9 por ciento al presupuesto aprobado. De este gasto, el rubro de Gastos de Operación presentó un incremento equivalente al mil 68.7 por ciento en comparación con el original.
Si bien los gastos mencionados se destinaron a la promoción turística del país, vale la pena tener en cuenta que esa actividad genera un gasto de recursos públicos mucho mayor al que se destina a otros sectores que, dadas las circunstancias actuales, requieren mayor prioridad.
Es por ello que, la presente iniciativa propone desincorporar al Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, a través del proceso de disolución y liquidación, a efecto de unificar las tareas de promoción turística y hacer más eficiente el uso de los recursos del Estado.
Bajo ese contexto, se destaca la naturaleza del Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, constituido como una sociedad mercantil, cuyo órgano supremo es la Asamblea General de Accionistas, en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de los estatutos sociales de la misma, por lo que dicho órgano es quien legalmente está facultado para reconocer la disolución de la empresa y nombrar a su liquidador.
De acuerdo con lo mencionado, las modificaciones al texto de la Ley General de Turismo quedarían de la siguiente manera:
Por cuanto a la Ley Federal de Derechos, toda vez que se desincorpora de la administración pública federal a la persona moral que era destinataria del ochenta por ciento de los ingresos provenientes de la contribución establecida en el párrafo primero del artículo octavo del citado ordenamiento, por la prestación de algunos servicios migratorios, es necesario establecer la dependencia u órgano al que, una vez que entre en vigor el decreto que propone esta iniciativa, reciba los recursos recaudados por el cobro del citado derecho.
En este sentido se propone que se entreguen al fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), conforme al siguiente cuadro comparativo:
Por lo expuesto, ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo y de la Ley Federal de Derechos, se desincorpora al Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, como empresa de participación estatal mayoritaria y se ordena su disolución y liquidación
Artículo Primero. Se reforma el artículo 4, fracción II, y se derogan los artículos 3, fracción V; 38; 39; 40, y 41 de la Ley General de Turismo, para quedar como a continuación se señala:
Artículo 3. ...
I. a IV. ...
V. Se deroga.
VI. a XXI. ...
Artículo 4. ...
I. ...
II. Promover y coordinar la actividad turística de México a nivel nacional e internacional;
III. a XV. ...
Artículo 38. Se deroga.
Artículo 39. Se deroga.
Artículo 40. Se deroga.
Artículo 41. Se deroga.
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:
Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la presente ley, por lo que se refiere a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinarán en un 20 por ciento al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona. El 80 por ciento restante se entregará al fideicomiso denominado Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Los demás ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en esta sección, serán destinados a programas de modernización, equipamiento e infraestructura para mejorar el control fronterizo en la línea divisoria internacional del sur del país y a mejorar las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la calidad integral de los servicios en materia migratoria que presta el Instituto Nacional de Migración.
Tercero. Se decreta la desincorporación de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, de la administración pública federal, y se ordena su disolución y liquidación. Dicha empresa conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación, de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento.
TransitoriosPrimero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Asamblea General de Accionistas del Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, deberá sesionar dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, a efecto de aprobar su disolución y nombrar a su liquidador, quien tendrá las más amplias facultades para actos de administración, dominio y pleitos y cobranzas, y para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquellas que, en cualquier materia, requieran poder o cláusula especial en términos de las disposiciones aplicables, así como para realizar cualquier acción que coadyuve a un expedito y eficiente proceso de liquidación.
Tercero. El Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, conservará su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de disolución y liquidación, conforme a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, su Reglamento, la Ley General de Sociedades Mercantiles y los demás instrumentos aplicables a su forma societaria.
Cuarto. La Secretaría de Turismo, en su carácter de dependencia coordinadora sectorial publicará, dentro de los treinta días siguientes al reconocimiento de la disolución y nombramiento del liquidador del Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, por su asamblea general de accionistas, las bases para el proceso de liquidación de dicha empresa de participación estatal mayoritaria, con respeto a su estatuto orgánico y conforme lo dispuesto en la normativa aplicable.
Quinto. Los asuntos del Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto, se seguirán rigiendo por las mismas, hasta su conclusión por el liquidador.
Los derechos y obligaciones que en materia de promoción turística haya contraído el Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV y se encuentren vigentes a la entrada en vigor del presente decreto, serán ejercidos y, en su caso, asumidos por la coordinadora de sector, en términos de la normativa aplicable y de las bases para la liquidación de dicha entidad.
Los remanentes del proceso de liquidación del Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, consistentes en activos, muebles e inmuebles y derechos de carácter patrimonial, podrán ser transferidos por el liquidador, para los efectos legales a los que haya lugar, al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes o, en su caso, a la Tesorería de la Federación, previo a la conclusión de dicho proceso y en términos de las bases de liquidación y de la normativa aplicable.
Sexto. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Turismo realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las gestiones que resulten necesarias para desincorporar al Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, e intervenir en el proceso de liquidación, en términos de la normativa aplicable.
Séptimo. Los derechos de los trabajadores del Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, serán respetados conforme a la legislación y normativa aplicables.
Octavo. Se derogan todas aquellas disposiciones legales, administrativas y reglamentarias que sean contrarias a lo establecido en el presente decreto.
Palacio Legislativo, a 6 de febrero de 2019. Diputadas y diputados: Carmina Yadira Regalado Mardueño,Rubén Cayetano García, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Turismo, para dictamen, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para opinión.
Presidencia de la diputada Dulce María Sauri Riancho
EFEMÉRIDES
ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra la diputada Abelina López Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Abelina López Rodríguez:La democracia es la única que puede restablecer la concordia en todas las clases sociales. Con su venia, señora presidenta.
El 5 de febrero es un día importante en la historia de México, se celebra la promulgación de nuestra Carta Magna, con la cual nos regimos hasta el día de hoy, solo que en letra muerta.
De ahí que, a 102 años de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, es oportuno regresar la mirada en retrospectiva de nuestra historia, en cuyo lema podemos citar la Constitución y reforma que abanderó Venustiano Carranza para reunir a todas las fracciones armadas revolucionarias de los distintos caudillos mexicanos y unificar la lucha contra el gobierno dictatorial de Huerta.
No sin antes reconocer que la Revolución Mexicana sentó las bases para el constitucionalismo mexicano, en cuyos antecedentes del conflicto se retomó la situación de México bajo la dictadura conocida como el porfiriato, de 1876 a 1911. Hechos donde justamente Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz.
Y es así que, en 1911, se realizaron elecciones, resultando electo Madero, en cuyo espíritu de la lucha quedaban en gran vacío las clases más desprotegidas de los campesinos, de los obreros, ya que no fueron reflejadas sus demandas en el nuevo proyecto político, generándose una gran división.
En esa ruta de la historia, sin duda jugó un papel fundamental Venustiano Carranza.
Justamente en Monclova, Coahuila, tuvo lugar la convención donde fue ratificado el Plan de Guadalupe, que significó la unión de las fuerzas, de las tres fuerzas de un solo ejército. Y, una vez que se vieron sofocadas las fuerzas contrarias, en 1916, Carranza convoca en el estado de Querétaro a un Congreso Constituyente, para reformar la Constitución de manera urgente y adaptarla a la nueva realidad política de México.
Viene a mi mente ¿dónde quedó la Constitución social de avanzada y considerada de corte universal? Hoy, con sus más de 693 reformas, se ha convertido en letra muerta, quedando en el olvido la lucha de cientos, miles y miles de mexicanas y mexicanos que buscaron tener un México de mejores oportunidades.
Y de ello dan cuenta el artículo 3o. constitucional, el 27, el 28 y el 123, en que han sido aniquilados los derechos de los maestros, de los campesinos, de los obreros, de la pequeña y mediana economía. Porque, en la ruta de su desmantelamiento, solamente el uno por ciento concentra la riqueza del país.
Desde aquí te digo mi querido pueblo, desde aquí te digo, y desde aquí te convoco: vamos a regresarte, sin duda... Desde aquí te convoco, mi querido pueblo: te vamos a regresar tus derechos, vamos a la abrogación del 3o. constitucional. Vamos a tipificar el delito de hechos de corrupción, tipificar el delito de robo de gasolina.
No hay cuarta transformación si no hay el regreso a los derechos de las y los ciudadanos. Es cuanto, ciudadano presidente.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada López Rodríguez.
Se han registrado los grupos parlamentarios, quienes tendrán el uso de la palabra, hasta por tres minutos. Tiene la palabra el diputado Óscar Bautista Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Óscar Bautista Villegas:Muy buenas tardes, con la venia de la Presidencia. Es para nuestro Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México una oportunidad hacer uso de esta tribuna para aportar una reflexión en torno al documento que ha dado sentido y visión de futuro en nuestro país.
Hace más de 100 años que los constituyentes plasmaron en el texto de nuestra Constitución Política los valores e ideales planteados por el pueblo mexicano durante la Revolución Mexicana, y que nos han orientado a lo largo del último siglo: libertad, igualdad, justicia, democracia y soberanía, han sido los pilares fundamentales que sostienen a México como una nación.
Es de destacar que la esencia de nuestra Constitución ha trascendido más de una época; si bien, ha sido necesario cambiar algunas de sus formas e instituciones para ajustarlas a la modernidad, lo cierto es que los valores que le han dado vida permanecen intactos.
Las transformaciones que ha registrado nuestra Ley Fundamental se ha realizado porque así lo exigía una realidad nacional muy distinta a la de 1917; sin embargo, se trata de cambios que le han renovado y fortalecido, convirtiéndola en una Constitución moderna y transformadora.
En estos tiempos de cambio es importante reconocer que los logros alcanzados han sido gracias a la unidad de todos los mexicanos y mexicanas, la cual siempre nos ha permitido encontrar soluciones a los grandes problemas nacionales. En el camino puede haber desaciertos, pero es evidente que ha sido la unidad, el entendimiento y el respeto a los valores constitucionales lo que históricamente nos ha sacado a flote.
Un contexto internacional enrarecido en lo político y en lo económico nos exige mantenernos unidos a pesar de nuestras diferencias, y aferrarnos a los ideales plasmados en nuestra Carta Magna, los cuales han hecho de nuestro país una nación libre, democrática e independiente.
Los acontecimientos recientes que han puesto en entredicho a diversos regímenes democráticos en el mundo deberían representar una advertencia para nuestro país de que ha llegado la hora de que el ideal republicano deje de ser una aspiración y se traduzca en un auténtico desarrollo para todos los mexicanos.
En otras palabras, es el momento de consolidar a la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de nuestro pueblo.
Es innegable que, gracias a la Constitución, nuestro país cuenta hoy con un sólido cuerpo legal e institucional para generar progreso y desarrollo, en un marco de libertad, gobernabilidad y estabilidad política. La asignatura pendiente sigue siendo aprovechar al máximo nuestra capacidad para generar mejores condiciones de vida de las y los mexicanos.
El llamado, entonces, es a velar por el respeto absoluto de los postulados y valores de nuestra Constitución. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Bautista Villegas. Tiene la palabra la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez:Con su venia, diputada presidenta. El día de ayer se conmemoró el aniversario 102 de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene las leyes que rigen nuestra sociedad hasta estos días.
Esta Carta Magna fue promulgada el 5 de febrero de 1917, en la ciudad de Querétaro, por el entonces jefe revolucionario Venustiano Carranza y el Congreso Constituyente, y entró en vigor el primero de mayo de ese mismo año.
Desde ese momento nuestra Constitución fija los límites y define las relaciones de los tres poderes que engloban nuestra federación: el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y nos da los parámetros para que estas relaciones abonen en el mejoramiento de la vida de los mexicanos.
En total, nuestra Constitución tiene nueve títulos que contienen 136 artículos y 19 transitorios, que están divididos por capítulos. La Constitución de 1917 sobrevivió a procesos complicados de la Revolución mexicana e intentos posteriores de guerras civiles, y sigue siendo el pilar del gobierno contemporáneo de México.
La historia de nuestro país nos ha enseñado las vicisitudes a las que se enfrentaron los personajes que impulsaron la promulgación de la Constitución, los que murieron en el proceso y cómo fue de complicado llevar a buen puerto su publicación y aprobación.
La Constitución de 1917 recoge la tradición del pensamiento liberal del siglo XIX. Fue la primera que incluyó principios propios de una agenda social, específicamente en materia agraria y laboral. Fue un resultado histórico, pues en ella se sintetizaron tanto los intereses como los anhelos del pueblo.
A sus 102 años, la Constitución Política de México ha tenido diversas modificaciones y reformas en distintos momentos, lo que ha permitido fortalecer las garantías y ha creado una base exigible de derechos y libertades que antes se veían muy ajenos.
Es, sin duda, un momento en el que debemos profundizar en los conocimientos que nos ha conferido nuestra Constitución para que, en este tiempo de cambios impulsados desde el gobierno, todo sea llevado al margen de la ley.
Hay muchos cambios que la nueva administración está realizando, y debemos cuidar que se respete lo que plantea nuestra Carta Magna. Nuestra postura será vigilar que se cumpla lo que se establece en la ley, y que la autoridad que el pueblo concede a sus representantes no se vuelva contra la sociedad.
Finalmente, reconocer el alcance de nuestra Constitución, al tiempo de reconocer también que son necesarios algunos cambios, por lo que trabajaremos siempre para conseguir mejoras en pro de los derechos de los mexicanos. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Esparza Márquez. Tiene la palabra el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas:Con su permiso, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe de ser respetado como una persona y nadie debe de ser minimizado. Venustiano Carranza.
El día de ayer se conmemoró el 102 aniversario de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que ha sido traducida a 40 lenguas indígenas, entre ellas el náhuatl, mixteco, zapoteco, otomí, entre muchas otras.
Esta Constitución se conforma por las garantías individuales de la soberanía nacional y la forma de gobierno, de la división de poderes, de las responsabilidades de los funcionarios públicos, de los estados, municipios y de la federación.
Fue la primera Constitución en el mundo en integrar los derechos sociales, como el artículo 27, que se refiere a la protección de los ejidos y comunidades del campo; asimismo, para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para fomentar la agricultura, ganadería y demás actividades económicas en el medio rural, logrando asentar las bases del derecho agrario.
No olvidemos el artículo 3o., que garantiza recibir una educación que sería gratuita y de calidad en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior, además de ser laica, fomentar el amor a la patria y luchar contra la ignorancia.
Sin embargo, nunca se ha respetado que las y los mexicanos puedan recibir esa educación que establece la Carta Magna, ya que muchas niñas, niños y jóvenes no tienen acceso a una educación que verdaderamente garantice su preparación y prosperidad.
Es importante decir que nuestra norma suprema establece, en el artículo 4o., párrafo cuarto, el derecho a la salud gratuita, a la que deben tener acceso todos los mexicanos.
No hace falta decir que muchos centros de salud, hospitales y clínicas, hoy en día no cuentan ni siquiera con los servicios médicos indispensables para la gente en situación de pobreza, tampoco hay medicamentos suficientes para poder atender las carencias básicas de la población.
Actualmente, se han tenido reformas importantes, como el reconocimiento a los derechos humanos; se incrementó la participación en el ámbito internacional; pero, sobre todo, la participación ciudadanapolítica de las mujeres, que se ve reflejada en esta Cámara de Diputados.
Muy a nuestro pesar, después de más de un siglo de ser promulgada nuestra Ley Fundamental, estamos lejos de cumplir los principios por los cuales se estableció, ya que sigue existiendo desigualdad, injusticia, inequidad, ignorancia, violación a los derechos humanos.
Debemos legislar con el corazón para fomentar el empleo, seguridad social, educación, salud y apoyo al campo y a todos los sectores fundamentales, y así lograr el bienestar de nuestro querido México.
Compañeras y compañeros, los invito a respetar valerosamente nuestra Constitución. Todos tenemos la obligación legal y moral de hacer valer y aplicar cada uno de los artículos que la conforman, debemos hacer que esta legislatura refleje no solamente con palabras, sino con hechos buenas prácticas y buen ejemplo, lo valeroso en nuestra Constitución.
Echémosle ganas y demostremos que estamos aquí para servir y engrandecer a nuestro querido México. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Espinoza Cárdenas. Tiene la palabra el diputado Alfredo Porras Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Alfredo Porras Domínguez:Muy buenas tardes. Con su anuencia presidenta, compañeras y compañeros diputados; antes de entrar a la efeméride de nuestra Constitución, quisiera solo hacer hoy un reconocimiento a las mujeres que han estado como presidentas en esta honorable Cámara de Diputados, porque hoy se da una situación que nos invita a sumarnos.
En el pasado María de los Ángeles Moreno, del PRI; Josefina Vázquez Mota, del PAN; Beatriz Paredes, del PRI; Elba Esther Gordillo, del PRI; Rocío Nahle, de Morena, y hoy recientemente nombrada, Olga Juliana Elizondo, del PES. Solo seis mujeres en 150 años de vida y de Cámara de Diputados. Solo seis, y si esta se llama la legislatura de la equidad, convoco a los partidos que hagan lo propio para que haya equidad también en las fracciones parlamentarias.
Dicho lo anterior, presidenta, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo festeja, hoy más que nunca y con verdadera felicidad, los 102 años de vida de la Constitución mexicana.
Nuestra Constitución estuvo dormida después de haberse dado tantas vidas, más de un millón de vidas en la Revolución Mexicana, y en ella se establece el precedente de la tierra, en el artículo 27; se establece el artículo 3o, de la educación; y se establece el artículo 123, el derecho de los trabajadores.
Ninguna Constitución es inmutable e incambiable, hoy las condiciones hacen ver, y los invito a una reflexión serena. El artículo 39, que es de los pocos que no han sido modificados en su texto original, dice que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, y que todo el poder público se instituye para su beneficio, teniendo en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno.
Es decir, el poder reside en el pueblo, tal como reza el lema del Partido del Trabajo: todo el poder al pueblo.
En los años que corren, de 1982 a 2018, el neoliberalismo estuvo gobernando el país, generando más de 50 millones de pobres y, escuchen ustedes, el uno por ciento de las familias mexicanas tienen y cuentan con el 52 por ciento de la riqueza del país.
El neoliberalismo hizo lo suyo y actuó sin consultar a la Constitución mexicana. Luego entonces, si vinculamos el artículo 39, que establece que el poder soberano reside y dimana del pueblo, y el artículo 136, dice también que, si hay alguna rebelión, una vez que se recupere la paz y la estabilidad, la Constitución volverá a dar vigencia y derecho. Por lo tanto...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo se ha excedido notablemente.
El diputado Alfredo Porras Domínguez: Solo concluyo, presidenta. Vinculando el 39 y el 136, es momento de recuperar lo que a los mexicanos les corresponde: carreteras, puertos, telefonía, petróleos, minería. Todo lo cual el neoliberalismo le quitó indebidamente al pueblo de México. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Porras Domínguez. Tiene la palabra el diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.
El diputado Ricardo de la Peña Marshall:Presidenta, con la venia. Al toro, por los cuernos. En el marco de la conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, creemos en Encuentro Social que es urgente y necesaria la reflexión crítica e histórica desde su origen, cuyo fin en su tiempo era fortalecer el sistema político para garantizar la seguridad de las personas y su patrimonio. Pero, permítanme retomar algunos elementos básicos de su historia.
El 19 de septiembre de 1916, es publicada por el presidente Venustiano Carranza la convocatoria para elegir a los diputados del Congreso Constituyente, el cual se instaló en la ciudad de Querétaro, como todos sabemos, el 10 de diciembre, en el teatro Iturbide, hoy Teatro de la República, con la participación de los representantes de solo 28 estados y el Distrito Federal. Porque hay que recordar que algunos territorios eran dependientes del gobierno federal. Sesionaron hasta el 31 de enero para redactar la más reciente de nuestras constituciones, la Carta Magna que nos rige actualmente y que vio la luz el 5 de febrero de 1917.
Pero aquí les preguntaré, compañeros diputados, nuestra Carta Magna, nuestra Norma Suprema, desde este mismo espacio, en 1982, en el gobierno de José López Portillo, se hicieron profundas modificaciones a la Constitución para aceptar la aparición del GATT, el que luego dio paso al Tratado de Libre Comercio y el que hoy nos tiene, sí con una mejor economía, pero contra la pared y con la espada de frente.
Desde este mismo recinto, esta Constitución fue violada masivamente para aumentar los impuestos, porque se creyó que era lo mejor en ese momento, de aquí salió el nuevo peso para modificar también la Constitución.
De aquí han salido tantas cosas para ir violando masivamente ese espíritu que los constituyentes quisieron implementar en 1917, y no nada más las modificaciones que se han hecho al artículo 3o., al 27 y a prácticamente todos.
La Constitución que hoy tenemos, como en la mayoría de nuestros estados, las constituciones locales poco tienen que ver con lo que en 1917 decidieron los radicales jacobinos, los rojos, aquellos que llevaron a su máxima expresión la integridad y, sobre todo, el reconocimiento de que era una Constitución avanzada.
Hoy nuestra Constitución ni siquiera es magna, ni siquiera es nuestra regla máxima, porque arriba de ella están los tratados internacionales. Por eso, desde Encuentro Social retomamos y le tomamos la palabra al presidente Obrador, hay que refundar a este país y hay que refundarlo con una nueva Constitución, que se erija en la representante de lo que necesitamos los mexicanos para seguir creciendo hoy.
La problemática, las necesidades, el futuro que tenemos que construir a partir de hoy es muy distinto que el que se construyó hace 102 años. Por eso, desde Encuentro Social proponemos que ya es el momento de empezar a construir el futuro, el nuevo México que necesitamos en esta coyuntura de la cuarta transformación social...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo se ha agotado sobradamente.
El diputado Ricardo de la Peña Marshall: Sí, señora presidenta, pido disculpas, termino. Y con ello...
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: La Constitución lo amerita, señor diputado.
El diputado Ricardo de la Peña Marshall: ...mejores leyes que se traduzcan en libertad, igualdad, es posible hacerlo desde este recinto histórico. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado De la Peña Marshall.
Esta Presidencia ha sido flexible, porque dada la importancia del 102 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bien podemos brindarle algún tiempo más, segundos, minutos.
Tiene la palabra la diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Claudia Pastor Badilla:Gracias, presidenta. Gracias compañeras y compañeros. Hoy recordamos un movimiento social que logró expresar sus aspiraciones en un documento pilar de nuestra vida política y de las instituciones nacionales.
La Constitución de 1917 es la expresión de grandes anhelos de nuestro pueblo. En ella se encuentran plasmadas las más ambiciosas ilusiones de nuestra sociedad, así como los derechos y obligaciones que tenemos como mexicanas y mexicanos.
Para algunas voces es apremiante su reforma integral o por lo menos una reorganización de su articulado. Para otros es un documento vivo y vigente del que emanan normas secundarias encargadas de regular específicamente derechos y obligaciones.
Nuestra Constitución es una de las más longevas en el mundo. Sus más de 600 cambios, entre reformas y adiciones, la mantienen a la vanguardia del reconocimiento de derechos y la construcción de nuevas instituciones que fortalecen el equilibrio de Poderes en nuestro país.
El régimen democrático que surgió en 1917 está vigente en nuestros tiempos y norma nuestra vida política. La igualdad entre los hombres y las mujeres, el voto libre y secreto, la división de Poderes, el federalismo, el municipio libre, los derechos sociales y laborales, entre otros, son derechos consagrados en un documento vivo y moderno.
La Constitución Política, promulgada hace 102 años, es y seguirá siendo nuestra hoja de ruta, como homenaje a quienes trazaron un país democrático, justo e igualitario.
Nuestro compromiso es hacer cumplir lo imaginado por aquellos constituyentes en una realidad cotidiana para nosotros y para las generaciones del futuro.
En el pasado proceso electoral, los ciudadanos llamaron a un cambio, sin embargo, eso no equivale a tirar por la borda nuestra historia, nuestras luchas sociales y, sobre todo, las instituciones que con tanto esfuerzo hemos construido las y los mexicanos.
La tensión entre pasado y futuro no pasa jamás por la destrucción o las simulaciones demagógicas. Debe quedar claro, los ciudadanos, con su voto, se pronunciaron por eficientar y enaltecer el ejercicio político, en modificar la forma en que se ha ejercido el poder público, pero no votaron por cambiar los fundamentos de nuestra nación ni su Ley Suprema.
Hemos reconocido el derecho de todo nuevo gobierno para ajustar las leyes secundarias e impulsar sus cursos de acción pública, pero no vamos a avalar cambios a nuestra Constitución que vulneren derechos y llamen a la división de la sociedad.
Lo decimos claro: no acompañaremos cambios constitucionales que signifiquen un retroceso social o político. No avalaremos cambios constitucionales que coarten la libertad individual y menos por ambiciones del gobierno en turno.
En el PRI seguiremos honrando la Constitución y las leyes que de ella emanan. En el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor del cambio, sabemos que el cambio es la única constante, pero ese continuo movimiento en nada se acerca a tirar por la borda a nuestros más altos valores nacionales vigentes en la Constitución de 17.
En esta fecha refrendamos nuestro compromiso por respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Nos comprometemos en trabajos y esfuerzos cotidianos para respetar todos y cada uno de los derechos que emanan de nuestra Constitución.
La tentación por abandonar nuestros valores democráticos parece estar presente; ante los grandes problemas sociales se promueven acciones que a todas luces van en contra de los fundamentos constitucionales y de la vocación democrática de los mexicanos.
Es tiempo de recordar nuestra esencia, nuestros valores y nuestros anhelos. Esta conmemoración de la promulgación de la Constitución de 17 debe ser motivo de reflexión profunda sobre nuestro papel como legisladores, como Poder Legislativo y como mexicanos.
Sí al cambio, siempre que tenga rumbo, y claro. Y siempre con la inclusión de las minorías políticas, signo distintivo de las democracias modernas. Muchas gracias, compañeros y compañeras.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Pastor Badilla. Tiene la palabra el diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Marcos Aguilar Vega:Muchas gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, a 102 años de que se promulgara la Constitución Política de 1917, podemos confiar en la vigencia de nuestra Carta Magna. Podemos hablar de una Constitución que no ha perdido su esencia, la de ser una Constitución social. Principios establecidos en ella como el federalismo, las garantías individuales, la división de Poderes, sin dejar de lado las bases de nuestras instituciones, son testimonio de nuestra historia y la base de nuestro futuro.
No fue una tarea fácil la que tuvieron quienes integraron el Congreso Constituyente en Querétaro; sin embargo, mediante el consenso, el diálogo y la apertura al pluralismo de las ideas, se lograron consolidar los instrumentos necesarios para la construcción de un nuevo orden basado en las libertades y para la unión de un país dividido que acaba de vivir una revolución.
Aquellos anhelos de igualdad, libertad, justicia y dignidad son tan relevantes hoy como en tiempos de Carranza. Más allá de facciones e ideologías, el Congreso Constituyente buscó edificar un nuevo proyecto de nación y reivindicar deudas sociales, bajo el liderazgo de personajes como Luis Manuel Rojas, Heriberto Jara, Félix Palavicini y Francisco Múgica; se dio un nutrido debate que vio el bien superior de la nación por encima de diferencias ideológicas.
La Constitución del 17 es prueba de que la apertura a las ideas distintas a las propias enriquece, no empobrece. La apertura y el diálogo nutren y fortalecen; la imposición de la mayoría debilita y resta legitimidad a cualquier proyecto.
Es cierto que la Constitución actual no es la misma que aquella aprobada en 1917, nuestra Carta Magna ha visto muchos cambios que en su mayoría se han dado para adaptarse a las condiciones de cada contexto histórico.
Se han hecho muchos cambios y reformas a la Constitución que actualmente nos rige, muchos de ellos imperativos, al no estar presentes originalmente, como los derechos humanos; la equidad de género, los derechos a los pueblos indígenas, por mencionar algunos, si los cambios son para mejorar, entonces bienvenidos sean.
Sin embargo, si se trata de cambiar algo solo por cambiarlo de manera arbitraria, las cosas no mejoran, empeoran. Una cosa es reformar y otra muy diferente manosear a capricho del gobernante en turno. Cuando se busca manipular la Constitución para servir o satisfacer intereses personales o de grupo, lo único que se consigue es debilitar a la democracia y a sus instituciones.
A todos aquellos que menoscaban a nuestra Carta Magna y ponen en peligro a nuestras instituciones, les tenemos un sencillo mensaje, Acción Nacional no lo va a permitir. En el PAN no vamos a permitir que la Constitución se convierta en víctima de una mayoría que no escucha razones, que ignora los hechos y se niega a actuar cuando debe actuar.
No vamos a permitir que la Constitución sea manipulada para justificar la falta de visión de Estado, la falta de estrategias, la falta de visión de futuro.
Compañeros y compañeras, es nuestro deber como legisladores acertar en las mejores reformas al texto constitucional, partiendo de lo que ya tenemos con base en la realidad del México de hoy, lejos de posturas ideológicas únicas y de prejuicios. Retomemos el ejemplo de los Constituyentes de 1917 de apertura al diálogo y de poner los intereses de México por encima de todo.
A 102 años de su promulgación, sintamos orgullo de nuestra Constitución, que es la base de las instituciones democráticas que debemos preservar, y hagamos de su cumplimiento una virtud, empezando por el gobierno y terminando por todos y cada uno de los ciudadanos. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Marcos Aguilar Vega.
Presidencia de la diputada María de los Dolores Padierna Luna
ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
RECURSOS PARA ESTANCIAS INFANTILES
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Compañeras diputadas, diputados. Se recibió un acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a las estancias infantiles. Proceda la Secretaría a dar lectura a los resolutivos.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura. Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, por el que se exhorta respetuosamente a las dependencias del Poder Ejecutivo Federal a garantizar la operación adecuada y el uso eficiente, eficaz y honrado de los recursos públicos del "Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras".
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente:
Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de las secretarías del Bienestar y de Hacienda y Crédito Público, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, se garantice la operación y financiamiento integral de las estancias infantiles durante el ejercicio fiscal 2019 y sucesivos. Asimismo, converge en la pertinencia de hacer que los recursos públicos para el programa sean ejercidos de manera eficiente, eficaz, sin intermediarios y se eliminen los posibles espacios de corrupción.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Comisiones de Desarrollo Social; Presupuesto y Cuenta Pública; Igualdad de Género; Atención a Grupos Vulnerables; Derechos de la Niñez y Adolescencia y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, para que convoquen a la brevedad a una reunión de trabajo a los servidores públicos responsables, a fin de analizar la situación presupuestal, los resultados de las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación, así como las acciones del Poder Ejecutivo Federal entorno al "Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras".
Tercero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para que remita a esta soberanía de manera integral, los resultados obtenidos por el "Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras" desde el inicio de su implementación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019. Diputado Mario Martín Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado René Juárez Cisneros (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado José Ricardo Gallardo Cardona, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Se han registrado para hablar del tema los grupos parlamentarios, quienes tendrán uso de la palabra hasta por cinco minutos. En tal sentido, tiene la palabra la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz.
La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras fue creado con la intención de mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de madres, padres y tutores.
Este programa lleva 12 años de operación atendiendo a niños de uno a cuatro años, y en el caso de niños con discapacidad, hasta los seis años, apoyando mediante el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil como un esquema de seguridad social a madres trabajadoras.
De acuerdo con el monitoreo 20172018 hecho por el Coneval, el programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, tiene efectos positivos en la sociedad, entre los que se destaca un aumento del 18 por ciento en la probabilidad de las personas beneficiadas por el programa que cuenta con un empleo, el 93.9 por ciento de las personas beneficiadas consideran que el programa contribuye a una mejora en su calidad de vida y la de sus hijos, ya que les brindó la posibilidad de contar con empleo, salud mental, salud física e ingresos monetarios.
El 96.5 por ciento considera que la atención y cuidado de sus hijos en las estancias infantiles ha tenido un impacto positivo en el desarrollo del lenguaje, el 96 por ciento de los casos han desarrollado habilidades sociales y, el 97.5 por ciento han desarrollado y han observado una mejora en el desarrollo motriz de sus hijos.
Sin duda, es necesario seguir monitoreando el funcionamiento de las estancias infantiles y definir cuál es el beneficio real en las madres y padres, y principalmente en los menores.
Resulta fundamental hacer más eficiente el uso de los recursos y eliminar la corrupción, transparentar los censos, los recursos que se entregan, su uso y su destino, y al mismo tiempo asegurar un buen funcionamiento de las estancias, mejorar la calidad en el servicio y maximizar sus beneficios.
El precedente ha señalado que se buscará la manera de reponer el presupuesto que fue recortado, por lo que resulta indispensable encontrar alternativas para detener los intermediarios en la entrega de recursos y que estos sean focalizados a las entidades que más lo requieran, aquellas con mayores índices de rezago social, desempleo y marginación.
Asimismo, es importante que se informe a la población sobre la estrategia mediante la cual se garantice la operación de las estancias infantiles sin disminuir el número de beneficiarios a fin de dar certeza a todos los mexicanos. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del PRD.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, como todos y todas sabemos, es un programa que atiende a hijas e hijos de madres solteras que trabajan, que sostienen económicamente sus hogares, buscan empleo o estudian, así como a los padres solos con hijas e hijos bajo su cuidado, abocándose principalmente a pequeñas y pequeños entre uno y cinco años.
Respalda también a niñas o niños con alguna discapacidad o cuyo ingreso por hogar no rebasa la línea de bienestar y no tienen acceso a servicios de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios. Es decir, es un programa que atiende a uno de los grupos más vulnerables de nuestro país.
El programa de Estancias Infantiles tiene la cualidad de proveer una infraestructura y un servicio que el gobierno no cubre, lo cual permite que muchas madres y padres de escasos recursos se puedan insertar en el mercado laboral con la tranquilidad de que sus hijos se encuentran en espacios seguros y se están desarrollando en áreas intelectual, emocional, física y de salud, además de recibir una alimentación balanceada.
En esta misma tribuna, en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos para 2019, nuestro grupo parlamentario alertó de los riesgos que significaría el hecho de que los recursos destinados a los distintos programas para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes no eran suficientes.
Las consecuencias de esta insensible decisión ya es una realidad. Muchas madres y padres en todo el país no tienen a dónde llevar a sus hijos e hijas mientras trabajan, o en su defecto han tenido que gastar más del ya de por sí escaso ingreso que perciben, que han visto afectada intempestivamente su economía por la disminución de más del 50 por ciento del subsidio que recibían para este fin, propuesta presupuestal de reducción de recursos realizada por el Ejecutivo federal y avalada por la mayoría de Morena.
Lo anterior lastima principalmente a la población de entidades que nominalmente reciben una mayor disminución de recursos, como el Estado de México, 171 millones de pesos; la Ciudad de México, 99 millones de pesos, y Jalisco, 90 millones de pesos. Pero lo más importante es que de manera específica ahonda los problemas de desigualdad, debido a que impacta de manera negativa en entidades como Chiapas, Oaxaca y Veracruz, cuyos índices de pobreza extrema son alarmantes.
Debemos ser claros. El presidente de la República declaró que no entregará dinero directamente a organizaciones civiles o empresas que tienen estancias infantiles, debido a la falta de transparencia en el manejo de sus recursos, sin embargo, el problema de fondo es que ni el ISSSTE ni el IMSS ni los gobiernos estatales tienen actualmente la infraestructura instalada para cumplir con esta obligación. Por eso desde anteriores gobiernos subrogaban el servicio.
Desde esta tribuna llamo al presidente de la República a que cumpla con su promesa de construir estancias infantiles y escuelas de tiempo completo a cargo del Estado. Es urgente e indispensable, pero en tanto hay que atender de inmediato los problemas que generó esta decisión de gobierno, porque se está atentando con el derecho de niñas y niños a recibir el servicio de cuidado y atención infantil.
Existen alternativas para resolver esta situación provocada por el gobierno federal. Representantes de estancias infantiles y miles de padres y madres de familia marcharon en varios estados de la República para demandar que se les atienda, que se les escuche y se resuelva favorablemente.
Aquí mismo estuvieron y plantearon tres opciones para el traslado de recursos para la atención de las pequeñas y pequeños.
Que quede claro, el Grupo Parlamentario del PRD exige transparencia en el uso de los recursos. Pero, sobre todo, exigimos que los derechos de las niñas y niños de nuestro país no sean sacrificados por un discurso maniqueo, que subyuga su bienestar a posiciones políticas.
Esta decisión apresurada de Andrés Manuel López Obrador constituye un error más de su gobierno. Este tema debe atenderse lo antes posible.
Sí a las estancias infantiles. No a vulnerar y sacrificar la educación en la primera infancia. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, de Movimiento Ciudadano.
La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega:Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega: Compañeros diputados, el tema fundamental para dialogar el día de hoy es derivado de una decisión del 23 de diciembre del año pasado, cuando se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación sin la apertura al diálogo, el debate racional, al consenso, a la construcción de las ideas.
Esto ha ocasionado que la sociedad en general manifieste inconformidades, como la que sucedió ayer por la mañana en el Zócalo capitalino, donde cientos de estancias infantiles alzaron la voz.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2019, de manera irracional y bajo una intolerante mayoría, sin una explicación suficiente, recortó casi por la mitad el recurso económico para el programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.
En 2018, se recibía aproximadamente más de cuatro mil millones de pesos. Ahora solo poco más de dos mil millones de pesos. La reducción del presupuesto del programa de Estancias Infantiles en casi un 50 por ciento es irresponsable, pues las niñas y niños pierden la oportunidad de estar en lugares seguros. Las estancias infantiles están cerrando. Las madres de familia faltan a su trabajo, y si continúa esta dinámica se perderán empleos. Mientras el Poder Ejecutivo solo menciona que la reducción se debe a un tema de corrupción.
Le hago la siguiente reflexión: si hay corrupción, que realice una auditoría al programa. Señor presidente, no olvide que los beneficiarios son las niñas y los niños, no las estancias infantiles. Tenemos en México más de 315 mil niñas y niños beneficiados, con un futuro incierto. Un tema tan sensible con un Poder Ejecutivo insensible.
Y aunque es muy temprano para dar cifras oficiales, según algunas fuentes de información, como el Excélsior, estiman que en Guerrero ya han cerrado 351 estancias y con ello 11 mil niños sin un espacio seguro. En Durango ya hay registro de 217 estancias cerradas, unos ocho mil niños sin estancia segura.
La cuarta transformación insiste en consultar al pueblo, pues ayer le hablaron desde fuera del Palacio Nacional, y disfrazó de humildad y palabras lentas, abandona la sociedad más vulnerable de nuestro país, mostrando un desprecio por los programas sociales para niñas y niños.
A la soberbia de la cuarta transformación se le está olvidando el principio de interés superior de la niñez, una primicia con rango constitucional tan importante y tan poco ejercida por este nuevo gobierno federal.
Son tantas las consecuencias de esta decisión que incluso merma la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, pues estamos restando a las mujeres con hijos la oportunidad de salir a trabajar, estudiar y mejorar su calidad de vida para ellas y sus familias.
La propuesta del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano es muy concreta y no ha sido distinta desde el mes de diciembre de 2018: mantener el mismo presupuesto que fue aprobado para el año pasado, poco más de 4 mil 70 millones de pesos.
Y usted se pregunta, ¿de dónde vamos a sacar recurso para reasignarlo al programa de Estancias Infantiles? La respuesta es muy fácil, se lo restamos al opulento presupuesto de comunicación social del presidente Andrés Manuel y lo sumamos al programa de Estancias Infantiles.
Finalmente, el presupuesto de comunicación del presidente Andrés Manuel López Obrador es más alto que el de Enrique Peña Nieto.
Finalizo con la siguiente reflexión: ¿qué vale más la seguridad y formación de nuestras niñas o niños o que aparezca en televisión y nos diga que todo está bien? Basta de disfraces, exigimos más congruencia del Poder Ejecutivo. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, el diputado José Luis Montalvo Luna, del Partido del Trabajo.
El diputado José Luis Montalvo Luna:Presidenta, con su anuencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, me congratulo con que el llamado que hemos venido haciendo es constante, desde antes de que se instalara esta LXIV Legislatura, atendiendo a responsables de estancias infantiles, atendiendo su preocupación, hoy haga eco en todos y cada uno de los grupos parlamentarios que integran esta LXIV Legislatura.
El día de hoy no está a discusión el papel y la importancia de las estancias infantiles para alcanzar una sociedad más justa y equitativa. Conocemos su contribución a la creación de mayores oportunidades para las mujeres y de la manera en que logran un desarrollo integral de las y los niños a su cargo.
Tampoco está en el debate la necesidad de otorgar mayores recursos a las estancias infantiles. Son conocidas las dificultades económicas por las que estas están atravesando.
Lo que está en cuestión es la corrupción que ha permeado a las estancias infantiles. En este sentido, resulta apremiante acabar con los hechos de corrupción que han impedido que a las estancias que verdaderamente están comprometidas con el bienestar de las y los niños les lleguen mayores recursos.
Es importante señalar que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no está regateando el apoyo a las madres y niños de México. Su compromiso con los grupos más vulnerables de nuestro país, como lo ha dicho el presidente, el problema es con los de arriba, no con los de abajo.
Conocemos de primera mano estancias infantiles que trabajan con recursos escasos y con la convicción de lograr un desarrollo integral de los niños que están en su cuidado.
No obstante, existen casos de grupos que, lejos de buscar los objetivos que hemos enumerado anteriormente, han convertido a las estancias infantiles en un negocio para enriquecerse.
En el Foro de Estancias Infantiles que realizamos el día de ayer diversos encargados de estancias se nos acercaron y nos entregaron distintas denuncias de prácticas de corrupción, tales como, señalo: el descuento que le realizaban las autoridades para entregarle los recursos o cómo diferentes grupos tenían hasta 20 estancias, estas a través de prestanombres, las cuales tenían padrones de beneficiarios inflados.
Estos señalamientos coinciden con la identificación de negocios irregulares que detectó la Comisión de Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Estas prácticas van en detrimento del interés superior de las niñas y desvirtúan el noble objetivo de las estancias infantiles.
De nada serviría incrementar los recursos de las estancias infantiles si no atacamos antes a estos grupos que han convertido a las estancias infantiles en un lucrativo negocio familiar. Los recursos no llegarán a quien más lo necesita, tal como ocurría en administraciones anteriores.
Compañeras y compañeros, en el Partido del Trabajo condenamos que se quiera politizar las demandas de las estancias infantiles. Hoy aquellos responsables de los trágicos hechos de la Guardería ABC se quieren erigir como representantes de las causas de la primera infancia.
Los padres de familia de estos niños todavía reclaman justicia, que no fue atendida en esa administración ni en la siguiente. El apoyo de 950 pesos que se les otorga a las estancias se ha mantenido estancado por años.
Ayer se los dije y se los repito: cuando tuvieron la mayoría de este Congreso ¿por qué no salieron a dar la cara por las estancias? ¿Por qué no salieron a refrendar el compromiso con ellas y les aumentaron, como lo prometieron ayer, hasta triplicar el presupuesto?
Lo digo con constancia: sí estamos a favor de que las estancias infantiles reciban por justicia la cantidad de dinero que corresponde. En lo que no estamos de acuerdo es que el grupo político que les dio la espalda hoy se quieran presentar como los amantes perfectos y les estén ofreciendo palmaditas a las estancias infantiles.
La inmensa mayoría de este Congreso está a favor de que por justicia se les dé a las estancias lo que les corresponde. Es cuanto.
El diputado Mario Mata Carrasco(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Un momento, diputado. Diputado Mata, desde su lugar. Y les rogaría, a la fracción del PAN, que no tienen por qué gritar. Estamos... No, no tienen por qué gritar. Usted está diciendo: Tema, tema. Pues se está hablando de las estancias infantiles y ese es el tema.
El diputado Mario Mata Carrasco (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado Mata.
El diputado Mario Mata Carrasco (desde la curul): Sí, muchas gracias, señora presidenta. Para aclararle al señor diputado, que la Guardería ABC no pertenecía a estancias infantiles. Sería muy bueno que el señor leyera, pertenecía a las estancias del IMSS. Únicamente ese era mi punto. Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, en el uso de la palabra, la diputada Carolina García Aguilar, del Partido Encuentro Social.
La diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Sylvia Garfias. Sí, sí, sí. Si no, no dejan hablar a los oradores. Permítame.
La diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo (desde la curul): Gracias, presidenta. Solamente también para aclarar bajo la premisa y los supuestos que dijo quien antecedió en el uso de la tribuna, que si hubiese sido así no hubieran retirado de esta administración gobernada por Morena, en las reglas de operación para 2019, a los menores a partir de dos años 11 meses. Eso no lo están diciendo y están dejando fuera, y entonces la pregunta es, ¿todos y todas las menores que tienen más de dos años 11 meses están en el supuesto de corrupción? ¿Por eso los están dejando fuera de las estancias? Me parece una falacia más que está distinguiendo a los y las diputadas de Morena, y por supuesto administración federal que sí está queriendo acabar, pero con los niños y niñas de México y no permitiéndoles... se merecen.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Espero que ahora la fracción del PAN deje hablar a la compañera del Partido Encuentro Social. Adelante.
La diputada Carolina García Aguilar:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Las madres de familia de nuestro país salen a trabajar obligándose con ello a dejar a sus hijos al cuidado de otras personas. Ante esta realidad en el 2007 el gobierno federal puso en marcha el programa guarderías y Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras como una propuesta de política pública para facilitar a las madres el que pudieran salir a trabajar y de esta forma no descuidar a sus hijos.
El Programa de Guarderías y Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, inició su operación el 11 de enero de 2007, con el objeto de disminuir a vulnerabilidad de los hogares en los que el cuidado de los hijos recae en una madre trabajadora o que tiene intención de incorporarse al mercado laboral, estudiantil o donde hay un padre solo mediante la entrega de apoyos para cubrir parte de los gastos del servicio de cuidado y atención infantil, y la creación de espacios que permitan aumentar la oferta.
Cuando empezó el programa brindaba apoyo mensual a los padres de familia de hasta 700 pesos por cada niño de entre un año y tres años hasta los 11 meses de edad, y de uno a cinco años con 11 meses en los casos de pequeños con discapacidad. El monto de apoyo es asignado a cada beneficiario dependiendo su situación socioeconómica y se entrega directamente a la responsable de la estancia infantil.
Este programa generó aproximadamente 42 mil 437 fuentes de ingreso entre responsables de estancias y sus asistentes, donde el 99 por ciento de ellos son mujeres. En el sexenio anterior, el programa operaba con 9 mil 200 estancias que atendían a más de 315 mil niños. Actualmente es operado por la Secretaría de Bienestar Social y consiste en apoyos a través de subsidios de 950 pesos destinados a los servicios de cuidado y atención infantil.
Este 2019 el programa tuvo una reducción a nivel nacional de casi la mitad de su presupuesto al pasar de 4 mil 70.26 millones de pesos en 2018 a 2 mil 41.62 millones de pesos.
En Encuentro Social reconocemos que el programa ha traído consigo beneficios adicionales, ya que además de facilitar el desempeño laboral de las mujeres al tener donde dejar a sus pequeños e irse tranquilas a trabajar. Hoy los niños están cuidados, alimentados, educados y cuentan con un desarrollo integral.
También reconocemos que, no obstante la importancia del programa, desafortunadamente ha tenido desviaciones por actos de corrupción y de intermediación. Destacamos que este programa fue reconocido por la ONU como uno de los mejores programas públicos de México.
La Unicef lo consideraba una medida que ayuda al sistema de protección de los derechos de los niños que ha sido considerado un ejemplo de mejoras en prácticas, debido a la mejora de condiciones para que las mujeres accedan al mercado laboral y eleven sus ingresos y la manutención de sus familias.
A raíz de esa reducción, en varios estados del país, tanto trabajadores de estancias infantiles como padres de familia se han visto severamente afectados, pues ha dejado en estado de indefensión a 300 mil niños.
Es por eso que en Encuentro Social pedimos que se continúe con el programa sin intermediarios y con un claro combate a la corrupción, pues es un programa que ha funcionado y que necesitan padres y madres trabajadoras. Reconocemos la necesidad de las familias mexicanas y siempre hemos estado a favor de resolverlas.
Derivado de lo anterior y atendiendo a los principios que enarbola el Partido Encuentro Social, tomando en cuenta el interés superior de la niñez, es que coincidimos con la Junta de Coordinación Política para que se continúe este programa destinando más recursos, pero sin intermediarios y sin corrupción.
Coincidimos con los resolutivos del punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política pues este programa si bien ha sido funcional, también ha tenido problemas de manejo de dinero y en la intermediación.
Es por ello que el grupo parlamentario acuerda que las comisiones de esta Cámara analicen los resultados de la Auditoría Superior de la Federación sobre este programa y que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social remita a esta soberanía de manera integral, los resultados obtenidos por el programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, desde su inicio que fue implementado. Siempre estaremos a favor de los derechos de la niñez, pero sin corrupción. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, la diputada Laura Barrera Fortoul, del PRI.
La diputada Laura Barrera Fortoul:Muy buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el desarrollo infantil temprano es un proceso que abarca desde la etapa de gestación hasta los cinco años de vida de las niñas y los niños, y es obligación del gobierno velar por sus derechos.
Estamos hablando de la etapa más importante y crucial del ser humano. Para darnos una dimensión y una idea, en esta etapa se consolida el 90 por ciento del cerebro, es una etapa crucial neurológica en la vida de nuestros niños, y es justo la etapa que ellos tienen a su alcance las estancias infantiles.
Este programa, donde más de 300 mil niños, como aquí se ha dicho, reciben la capacitación, estimulación, alimentación y cuidados que requieren de acuerdo a su edad, si bien fue un programa creado con la finalidad de apoyar a las madres trabajadoras, hoy nos damos cuenta gracias a la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que nuestros niños son los que están en el centro de esa propuesta porque es el derecho de los niños a tener todos los cuidados necesarios y las herramientas a su alcance para que ellos, como actores principales, sean los que tengan esta gran oportunidad de tener un piso parejo para su crecimiento.
De enero de 2013 a junio de 2018, para darles algunos datos que nos pongan en contexto de lo que estamos hablando, las estancias infantiles afiliadas, se atendieron más de un millón 364 mil niños. Un millón 364 mil niños que tuvieron alimentación, cuidados, estimulación, que tuvieron muchos ojos y muchos brazos de amor que les permitieron estar perfectamente claros en su posición y su vocación y, sobre todo en su arranque en este mundo.
En junio de 2018 existían 9 mil 374 estancias infantiles. El día de hoy tuvimos un encuentro muy afortunado, con más de 300 mujeres que vinieron a hacer un reclamo muy justo de cada una de las acciones que ellas están emprendiendo en las estancias infantiles y haciendo una exigencia fundamental de que no se les tache de corruptas.
Son mujeres que están dedicando su vida al amor que tienen profundamente claro, con una preparación muy técnica que tienen que hacer por nuestros niños, y esto en favor y beneficio de más de 295 mil madres trabajadoras y padres solos, que, yo les pregunto de manera muy respetuosa, ¿qué van a hacer estos más de medio millón de padres y madres el día de mañana que su estancia infantil esté cerrada? ¿A dónde va a dejar esta madre a lo más preciado que tiene en su vida, que es su hijo?
Yo les pregunto a muchas de mis compañeras diputadas que hemos visto durante estos meses que han sido madres, ¿en manos de quién están dejando a sus hijos? ¿En manos de quién están dando lo más preciado? Porque aquí están dando una batalla y aquí tienen un trabajo muy digno, pero en manos de ¿quién? ¿Quién está cuidando y quién está supervisando esta atención que tienen sus hijos?
Ahora en el 2019 se asignó un presupuesto de dos mil millones de pesos. Esto significa una reducción del 50 por ciento, y el histórico, permítanme compartirlos, durante los últimos años se incrementó en más de cuatro mil millones de pesos, es decir, desde su creación hace 11 años es un programa, que como se ha dicho, está certificado y observado por instancias internacionales y por los expertos que dicen: vas por buen camino.
Claro que es perfectible. Y si ustedes tienen una propuesta, bienvenida. Bienvenida toda crítica que permita que estas mujeres tengan más herramientas para atender a lo más preciado que son nuestros niños, pero desapareciendo el programa no es la respuesta.
Datos de Unicef indican que, por cada dólar invertido, y ellos así lo miden, en la primera infancia, significa un rendimiento de más de 13 dólares. Es decir, tiene un incremento muy importante de más del 130 por ciento en cada dólar aplicado para que esto pueda tener un abono a su vida adulta.
Este recorte del presupuesto en un 50 por ciento va a impactar negativamente todo lo que signifique esta primera infancia, que aquí hemos discutido muchísimo esta etapa tan importante del ser humano y que ustedes mismos, nuestros muy queridos amigos de Morena, han reconocido, han hecho foros, nuestra presidenta de la Comisión de Niñez, una mujer muy sensible ha hecho hincapié en cada una de las acciones que podamos todos emprender en favor de ella.
Durante los últimos años realizamos, y digo realizamos porque tuvimos el privilegio muchos de los que estamos aquí, de ser parte de este esfuerzo, de capacitar a más de nueve mil mujeres que trabajan en las instancias infantiles para que se genere la Cédula de Desarrollo Infantil.
Esto significa que ellas tengan todos los elementos y herramientas para que puedan supervisar cuál es el estado de la motricidad gruesa, fina, del lenguaje y de movilidad de nuestros niños y desde la primera infancia identificar si hay un niño que tiene una oportunidad, desde ahí remitirlo a las unidades básicas de rehabilitación y que cuando llegue a la primaria no tenga este retraso de lenguaje y desde el inicio aventajar en esta oportunidad.
Yo insisto, y nuestro Grupo Parlamentario del PRI lo hace con muchos aliados. No todo es corrupción, les suplicamos de la manera más atenta que no les falten al respeto a todas estas mujeres que dan su vida todos los días. No justifica, este tema no justifica afectar...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, diputada.
La diputada Laura Barrera Fortoul: Concluyo, presidenta. No justifica afectar a más de 300 mil mexicanos que son el presente y el futuro. Y concluyo, ¿se va a garantizar el servicio de manera regular? Es decir, ¿el día de mañana estas mujeres podrán ir de manera regular a las estancias infantiles, o estarán cerradas? ¿Cuál será la respuesta que daremos en cada uno de nuestros estados por estos niños mexicanos? Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, el diputado Armando Tejeda Cid, del PAN. Adelante, diputado.
El diputado Armando Tejeda Cid:Hola, qué tal. Muy buenas tardes a todo el Congreso de la Cámara de Diputados. Hoy nos trae a la tribuna un tema muy delicado que implica a 300 mil niños que hoy gritan y quieren presupuesto. Niñas y niños de uno a cuatro años y niñas y niños de uno a seis años, con capacidades diferentes.
El día de hoy celebro que todos estemos preocupados para poder solucionar este tema. Es muy importante la reasignación de recursos, dos mil millones necesitamos para que estos 300 mil niños puedan tener cubierto este programa.
Tenemos un ejército de nueve mil equipos que se dedican todos los días a cuidar a nuestros niños. Los cuidan, los educan, los nutren, le dan un pedacito de su existencia a cada uno de ellos.
Han sido afectadas 300 mil madres o padres, que ahora tienen que echar mano de un recurso que algunos no tienen y, en el peor de los casos, decirles que se van a quedar solitos, en vulnerabilidad y desprotegidos.
Compañeras y compañeros legisladores, quiero que abracemos esta causa que es importante para todos. Exhorto a la Secretaría de Bienestar, a la secretaria, y al secretario de Hacienda, que ya se lo comenté aquí a la secretaria de Egresos, que nos ayude con la reasignación presupuestal que necesitamos. La verdad es que es una cuestión de voluntad. Solamente es el uno por ciento de su presupuesto, del que tiene para la Secretaría de Bienestar y creo que 300 mil niños merecen que un secretario tenga la voluntad de poder mover el uno por ciento.
Decirles que, con mucho respeto, quiero decirles lo que las niñas, los niños, los padres, las maestras, nos están pidiendo, que por favor los respeten y que ya saquen las reglas de operación. Por favor, urge que ya sepan cuál es el andamiaje jurídico que van a tener.
Decirles que necesitamos que cubran los 12 meses. Todos sabemos que están funcionando, porque qué hacen las madres, no es que de repente tengan algún lugar dónde llevarlos, necesitamos darle una solución y esta mayoría tiene la posibilidad de hacerlo.
Que no base el apoyo, que de por sí es mínimo, y decirles que otras formas parecidas pagan hasta 19 mil pesos, como en esta Cámara, por cada niño y ustedes le están regateando 950 pesos al mes.
Que todos los niños de uno a cuatro años puedan ser contemplados, independientemente las características, si están sus papás registrados en el IMSS o en el ISSSTE. ¿Por qué? Porque tenemos algunas ciudades en la frontera que no tienen la capacidad en el tema de maquiladoras para poderlos trabajar.
Que no haya ninguna excusa, que nos ayuden con las becas, que son 50 mil mujeres que trabajan todos los días sin seguridad social y que necesitamos atenderlas, que necesitamos promover mucho más el programa para que ellas tengan esa seguridad social, son 50 mil, no son pocas.
Les pido con humildad, con sencillez, desde el corazón, escuchar este grito desesperado de 300 mil niños y niñas, padres y madres de familia, 50 mil guerreras que viven de cuidar lo más preciado que hoy tenemos, que viven y que expresan todos los días su intención de dar su corazón y que cuidan lo que más queremos.
Yo quiero pedirles que podamos, y le pido a la Mesa de manera formal, que podamos cambiar el exhorto y que le quitemos, primero que le pongamos el tema de reasignación presupuestal. Es importante que ese uno por ciento, es solamente el uno por ciento lo que pedimos que se reasigne de una partida u otra en la propia Secretaría, para que se pueda dar.
Y la otra, que podamos trabajar con las estancias infantiles, que sean las instituciones las que cuiden a nuestros niños, son 50 mil guerreras que todos los días se levantan temprano para poder hacer.
Le pido a la Secretaría que ponga a votación, por favor, estos dos temas como cambio de este exhorto que hace la Junta. Le pido a la Mesa que lo someta a votación, por favor.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluya su intervención, señor diputado. Lo que estamos discutiendo es un punto que llegó de la Junta de Coordinación Política y se está votando en esos términos, si ustedes no están de acuerdo votan en contra, si sí están de acuerdo votan a favor.
El diputado Armando Tejeda Cid: No. Queremos hacer una enmienda, porque no queremos...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Que se modifique.
El diputado Armando Tejeda Cid: ...no queremos que nuestras estancias infantiles desaparezcan...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pues es que eso se discutió en la Junta de Coordinación Política.
El diputado Armando Tejeda Cid: ...y queremos los dos mil millones que quitó la mayoría de esta Cámara a estas estancias infantiles. Que se incluya en el tema de la reasignación y que puedan ser las instituciones que hoy tenemos, nueve mil en México y 50 mil trabajadores, 300 mil personas, niños y niñas entre uno y seis años, algunos con capacidades diferentes que yo les pido que con conciencia se toquen el corazón y podamos llevar esto a una excelente resolución.
Yo, la verdad es que creo en muchas personas de las que hoy aquí están, que saben del trabajo de las estancias y que es importante que resolvamos este tema que afecta a más de un millón de personas. Ojalá puedan tener congruencia y ojalá podamos ir juntos en este camino por los 300 mil niños en México. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, el diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua, de Morena.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: A ver, el diputado Gerardo Fernández Noroña solicita la palabra.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Por una moción de procedimiento, diputada presidenta. La fracción de Acción Nacional ha presentado una propuesta que debe ser tratada en base a como el Reglamento lo plantea en su momento.
Yo quiero, además, adicionalmente plantear dos cosas: que fue escuchada con absoluto respeto. Nadie les gritó, nadie los descalificó como ellos hacen habitualmente en nuestras intervenciones.
Y quiero decir, además, que es falso que nosotros no apoyemos no solo a los 300 mil niños sino a todos los niños y niñas del país. Nosotros no estamos de acuerdo en que hagan negocio con la educación de los niños. Estamos convencidos de que debe ser público, que debe ser laico, que debe ser de excelencia. Le vamos a dar respuesta a la gente y vamos a revisar todas esas concesiones, porque estamos convencidos que hay negocios detrás de esa falsa defensa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, el diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua.
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Estamos en intervención de diputados. La vez pasada le di dos. Estamos siguiendo el procedimiento. Le toca la intervención a Morena, cuando termine damos la palabra a otros más. En el uso de la palabra, Ignacio Benjamín Campos Equihua.
El diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua:Con su venia, diputada presidenta. El instinto más grande de los niños es precisamente liberarse del adulto. María Montessori.
Y claro que hay algunas coincidencias con los compañeros del PAN, pero creo que quieren sacar beneficio político de este programa. Y yo me quiero dirigir a las responsables y a los responsables de las estancias infantiles.
Efectivamente, la Guardería ABC no pertenecía a este programa, pero se generó esa gran desgracia por no poder cumplir con las reglas de operación que exigían y porque ellos estaban al frente de esos programas por parte del Seguro Social.
Y dejar muy en claro que nosotros no estamos por la desaparición de las estancias, por eso es mi llamado y mi comunicación con los responsables. Vayamos a revisar, porque la auditoría señala muy claramente que la Sedesol tiene graves irregularidades, la auditoría de 2017.
El presupuesto no se está modificando en cuanto al apoyo para cada uno de nuestros niños y niñas, no es así, compañeras. Y ustedes saben perfectamente que hay algunas responsables que han prestado su nombre para poder darle el tinte que ustedes requieren.
Con este programa se permite que las madres y padres trabajadores se incorporen efectivamente a las cuestiones laborales, a las cuestiones productivas del país.
Ayer yo escuchaba muy atento al diputado que me antecedió y hoy, con un tono diferente, viene a querer señalar algunas cuestiones. Por eso, vayamos a las coincidencias. Vayamos y busquemos realmente si queremos o si ustedes tanto dicen defender a las estancias, hacer un estudio real de cuáles son las que verdaderamente están trabajando, cuántos niños están asistiendo y vayamos directamente con los padres de familia para ver la atención que se les está dando. Pero ustedes, su preocupación es de aquellas instancias que son fantasmas. Conozco desde hace 12 años perfectamente el programa. Por eso vayamos juntos, vayamos juntos a esa investigación.
El presupuesto está claro, lo vamos a defender. Las estancias no van a desaparecer, al contrario, las vamos a fortalecer con un proceso de enseñanza y aprendizaje donde el niño tenga verdaderos conocimientos en todos los sentidos y amor a su patria, y sobre todo que tengan un principio de humanismo y de libertad...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado...
El diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua: ...en todos los sentidos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado Benjamín, un momentito.
El diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua: Sí.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Miguel Riggs. ¿Para qué objeto, señor diputado?
El diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua: No la acepto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: No para intervención, ¿para qué objeto? ¿Con qué objeto?
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): A ver, una pregunta. Tengo pregunta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Una pregunta.
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (desde la curul): Tengo pregunta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado Benjamín, ¿acepta una pregunta del diputado?
El diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua: No.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: No acepta.
El diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua: Estoy exponiendo ¿no? Es mi derecho, es mi derecho. Allá afuerita ahorita podemos discutir y analizar y demás.
Es prioridad para el gobierno de México garantizar el desarrollo integral de nuestros niños, procurándoles una vida digna plena, y no soy cobarde. Cobardes ustedes que siempre están y son muy buenos para hacer pancartas y playeritas, pero cuando tuvieron la oportunidad no hicieron nada, por eso la ciudadanía ahí está el resultado del primero de julio.
Y reitero nuestro compromiso con las y los responsables de las estancias infantiles, que este programa lo vamos a fortalecer, lo vamos a fortalecer. No está quitado, compañera. En ese sentido nuestro gobierno se compromete y vamos a revisar con mucho cuidado con nuestras compañeras de nuestra fracción y con los que coincidamos, las reglas de operación, porque los niños no son el futuro de México, son el presente. Muchas gracias. Provecho.
La diputada Dulce Alejandra García Morlan(desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: ¿Para qué objeto, diputada? Alejandra Morlan, desde su curul.
La diputada Dulce Alejandra García Morlan (desde la curul): Este gobierno llegó con un enorme bono democrático y es una vergüenza que ese bono solamente les haya servido para ganar una elección, fue muy claro en diciembre la manera en que traicionaron al pueblo de México con esos recortes y en especial a los que menos tienen.
La verdad es que no entiendo su justificación del recorte a estancias infantiles diciendo que es un programa del PAN, eso me parece totalmente ridículo y mucho más ridículo y grave que señalen temas de corrupción sin poner denuncias, porque eso los hace cómplices, diputados.
Hoy tienen la enorme oportunidad de rectificar como lo hicieron ayer varios diputados del PT, y que dijeron que iban a hacer una reasignación del presupuesto. Porque lo que hoy pretenden que se vote, de ninguna manera responde a lo que hoy y ayer vinieron a pedir las representantes de estancias infantiles.
Ellas vinieron a hablar de reasignación de presupuesto y vinieron a pedir que no hubiera intermediarios y lo que quieren hacer es engañarlas. A las mujeres no se les puede engañar.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ya cumplió su tiempo, diputada. Diputada, ya concluyó su tiempo. Cierren micrófono. Tiene el uso de la palabra el diputado Espadas. Secretaría, Jorge Espadas.
La diputada Dulce Alejandra García Morlan (desde la curul): Decidimos salir ya de nuestra casa para trabajar y no pensamos regresar, no pensamos dar ni un paso atrás.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado Jorge Espadas, micrófono. Secretaría, micrófono en la curul del diputado Espadas.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván(desde la curul): Muchísimas gracias, presidenta, para rectificación de hechos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Para hechos un minuto.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (desde la curul): Muchísimas gracias. Nada más para invitar al orador que me antecedió aquí en la tribuna, el último orador, a que juntos yo me comprometo con él ir a presentar cuanta denuncia sea necesaria, pero que no tachemos de corruptas a todas las estancias, porque están tachando de corruptos a ciudadanos.
Invitar al orador a que vayamos el día que me diga y a la hora que me diga a presentar las denuncias. Cualquier acto de corrupción no puede quedar impune. La impunidad es corrupción y yo lo acompaño al diputado con muchísimo gusto. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra que está solicitando, la diputada Anilú Ingram, desde su curul, un minuto.
La diputada Anilú Ingram Vallines(desde la curul): Gracias, presidenta. Me queda claro que el presidente cumple su palabra, porque fue el único candidato en aquel entonces que no firmó el pacto por la primera infancia, y hoy lo vemos reflejado en el Presupuesto. Los dos mil millones de pesos que de un plumazo se borraron en estancias infantiles tienen nombre y tienen rostro. Son 315 mil niñas y niños en todo el país.
Exigimos la reasignación presupuestal para dar solución a miles de familias hoy afectadas. Sí a las estancias infantiles y con los niños no.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, para hechos, solicitó el diputado Alonso Riggs. Miguel Alonso Riggs.
El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza(desde la curul): Gracias. Aquí una muestra clara de cómo el PT está en contra de las estancias infantiles contenido de grabación de teléfono celular: En el futuro van desaparecer las estancias de Sedesol. Van a aparecer otros tipos de vicios que son.... Sí, aquí el senador Joel Padilla, del PT.
Y yo les quiero hacer una pregunta: ¿Antes de que se aprobara el presupuesto ustedes ya estaban seguros de que el 50 por ciento de las estancias infantiles están involucradas en corrupción? El 50 por ciento. Numérenmelas, cobardes, insensatos. Lo que deben ver es qué va a pasar con todas esas niñas y niños, más de 320 mil niñas y niños ¿en dónde se van a quedar? Ah, pero eso sí, eso sí, para aportarle más recurso al Cendi, para eso sí están muy puestos, para solo 33 mil niños que les destinan 76 mil pesos al año. Son incongruentes e insensatos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado, se le agotó su tiempo. Diputado Gerardo Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Es muy lamentable la manera en que están partidizando una discusión los compañeros de la derecha. Nosotros no le negamos a ni un solo niño o niña el apoyo que requiere, no a los 300 mil.
Los compañeros han visto niños y niñas trabajando y pidiendo limosna, han gobernado al país y no les han importado nada, los han dejado viviendo en la calle, han sido unos hipócritas contrarios al pueblo y no saben otra cosa que gritar cuando uno está hablando. Yo los escucho respetuosamente y ustedes se la pasan gritando e interrumpiendo.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado Fernández Noroña, permítame un minuto.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Con mucho gusto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Solicitamos a la bancada de Acción Nacional tenga la tolerancia de escuchar a otros oradores como igualmente se les ha escuchado a ustedes. Continúe, diputado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Sí, se les acabó el negocio con los niños y las niñas del país, efectivamente. Las estancias seguirán, pero no el negocio, no el lucro con los niños y las niñas del país, se les acabó todo negocio al cobijo del poder público, y les recuerdo que los Cendi es el proyecto más avanzado de educación de primera infancia y de atención a niños del país, les pese lo que les pese y les disguste lo que les disguste. Edúquense, compañeros.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, para hechos, desde su curul, la diputada Lourdes Celenia Contreras González, de Movimiento Ciudadano.
La diputada Lourdes Celenia Contreras González(desde la curul): Gracias. La reducción del presupuesto de las estancias infantiles por casi el 50 por ciento es realmente irresponsable, pues las niñas, niños de esta sociedad más vulnerable, se está mostrando el desprecio por los programas sociales para ellos.
La propuesta del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano es muy concreta desde diciembre del 2018: mantener el mismo presupuesto que fue aprobado para el año pasado, poco más de 4 mil 70 millones de pesos.
Se pide sensibilizarnos, se pide que el presidente cumpla sus promesas. Él prometió cubrir a las personas más vulnerables, las niñas y niños se están quedando sin un lugar seguro, las mujeres están dejando de ir a trabajar. No frenemos la productividad el país. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, la diputada Verónica Juárez Piña, del PRD, hasta por un minuto.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Gracias, presidenta. Miren ustedes, en el país hay 2.5 millones de niñas y niños que trabajan. Hay tres millones de niños y niñas que no acceden a la educación. Hay millones de niñas que no se les garantizan sus derechos. Es decir, de un tercio de la población que representan los que tienen menos de 18 años, solamente el 16 por ciento de niñas, niños y adolescentes se les han garantizado sus derechos.
Pero me parece aquí inmoral, que se venga a hablar de que se les atiende y que son prioridad en este gobierno niñas, niños y adolescentes, cuando el amor se debe ver reflejado, y el interés, en el presupuesto, cosa que aquí no ocurrió y que nosotros denunciamos en su momento en la tribuna.
Desaparecieron más de siete programas que venían en el anexo correspondiente, y uno de ellos, de los que han salido perdiendo, es precisamente el de Estancias Infantiles.
A mí me parece también que, cuando se habla que es por abatir a aquellos, a los delincuentes de arriba, por los de abajo, es una falacia cuando no conocemos un solo nombre de los de arriba...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ya terminó su tiempo, diputada.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): ... pero sí, pero sí lastiman a los de abajo. Concluyo diciendo...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra...
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): ...que no se vale...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluyó su tiempo diputada Juárez Piña.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): ...garantizar los derechos de las niñas y niños, que es obligación de este gobierno...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluyó su tiempo.
La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (desde la curul): Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Sigue en el uso de la palabra, la diputada Fabiola Loya Hernández. Se han anotado cinco más, y vamos a cerrar la lista. No puede ser hasta infinito esto. Fabiola Loya Hernández, de Movimiento Ciudadano.
La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (desde la curul): Presidenta, le voy a ceder el uso de la voz a la diputada Martha Tagle.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Martha Tagle, en el uso de la palabra.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez(desde la curul): El 24 de diciembre en la madrugada, Movimiento Ciudadano presentó reservas al Presupuesto de Egresos de la Federación.
Presentamos reservas porque no solamente se recortó en este ramo, el 20, en materia de Bienestar, las Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, porque no sé si tampoco se han dado cuenta, que también se recortó en el ramo 12 de Salud, cerca del 40 por ciento, por el mismo concepto de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras.
El pretexto de la corrupción lo sacaron después. Se hizo un recorte porque alguien dentro del gabinete consideró que no era importante dotar de recursos a las Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras.
En esa ocasión hice un llamado a las legisladoras, porque en esta legislatura de la paridad no podíamos permitirnos no garantizar los recursos para esas madres trabajadoras y que si ahora se argumenta corrupción el método no es quitar los recursos, sino hacer una revisión mientras las estancias siguen funcionando.
Cerrar las estancias infantiles implica dejar a madres que requieren esos espacios para poder ir a trabajar, sin contar con la garantía de que los niños y niñas queden en lugares seguros, donde se les garantice no solamente su seguridad, sino su desarrollo.
Por eso es que estamos haciendo un llamado para que el gobierno federal no cierre las estancias infantiles, no lo haga de manera indiscriminada y sin un diagnóstico, y que al mismo tiempo se trabaje en las reglas de operación de estas estancias infantiles para que operen de manera eficaz, ampliando la cobertura de estos espacios que se requieren. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra Armando Tejeda Cid, diputado del PAN.
El diputado Armando Tejeda Cid(desde la curul): Por alusiones. Decirte, Nacho, que gané mi distrito igual que muchos que están aquí. Ninguno de Morena me ganó.
Dos. Sí hicimos algo porque si no, no estuviéramos discutiendo el tema de estancias infantiles.
Tres. Quien tiene temas de corrupción es tu partido, porque la esposa de tu dirigente tiene 100 millones que no ha respondido esa denuncia.
Cuatro. El tema del financiamiento que lo discutimos en la Comisión y lo discutimos aquí en el pleno, se lo pregunté al secretario, se lo pregunté a la de Egresos y hacen y se hacen diciendo que lo van a arreglar, lo van a arreglar, y nunca lo arreglan.
Por favor, sean serios, por eso votaron por ustedes. Sean serios, hay 300 mil niños hoy, hoy, que necesitan ese subsidio para que las estancias infantiles, 50 mil mujeres puedan trabajar. Tengan sensibilidad por favor, y decencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra la diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, del PRI.
La diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez(desde la curul): Sin duda lo que estamos viendo es una mentira más de la cuarta transformación y en el PRI, su servidora, no nos vamos a acostumbrar a esas mentiras.
No puede ser posible que no estén viendo el interés superior de la niñez, que apenas el día de ayer el compañero diputado presidente de la Comisión de Presupuesto diga que no se va a apoyar a estas estancias por corrupción. Yo también solicito que se investigue y que, si hay culpables, que haya sanciones, pero que no metamos en la generalidad a todas las 50 mil trabajadoras, porque aquí tienen quien las defienda. A las 50 mil trabajadoras, a los 300 mil niños y a las 300 mil familias que se van a ver afectadas con esa medida. Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del PAN.
La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (desde la curul): A ver, es muy sencillo, señoras y señores de Morena...
El diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua(desde la curul): Por alusiones.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Discúlpeme, diputada, discúlpeme. Por alusiones, tiene el uso de la palabra el diputado Benjamín Campos Equihua.
El diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua (desde la curul): Diputado Armando, yo jamás dije que si usted había ganado o había perdido. Lo felicito. Qué bueno que ganó su distrito. Yo en ningún momento mencioné eso, y no sé a qué dirigente se refiera, pertenezco a Morena.
Creo que, en ese sentido, pues también usted debe presentar la denuncia, como dicen sus compañeros, si quiere lo puedo acompañar, al igual que al otro compañero también.
Hagamos un estudio real. Vayamos y vayamos en ese sentido. Porque fíjense nada más y se los puedo mostrar, si quieres ahora que estemos en Michoacán, Armando, te llevo a Uruapan a que conozcas unas estancias donde cobran, porque supuestamente el programa es para gente de escasos recursos, y hay estancias que cobran más de mil 200 pesos, aparte del apoyo que le llega por parte del gobierno federal. Estás cordialmente invitado y además nos echamos un guacamole, si gustas diputado.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, en el uso de la palabra. Micrófono en la curul de la diputada.
La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas(desde la curul): A ver, señoras y señores diputados de Morena, PT y PES, es muy sencillo, el 24 de diciembre ustedes aprobaron que se eliminaran más de dos mil millones de pesos a las Estancias Infantiles. Lo único que se les pide ahora es que rectifiquen y restituyan ese presupuesto.
Señoras diputadas de la mayoría, ¿qué no sienten? ¿No les duelen esos más de 300 mil niños que se van a quedar sin un lugar donde puedan recibir seguridad, protección, formación y dignidad?
¿No acaso alguna de ustedes conoce a una o más madres que tiene a uno de sus hijos o hijas en una estancia infantil? ¿No les duelen los niños de México? Si les duelen...
Seguramente no saben de lo que se trata, por eso se ríen. Entonces, esa lucha de la que tanto hablan es una pobre falacia. Qué pena me dan. Por favor, restituyan el presupuesto, si hay corrupción denúncienla, pero háganlo y dejen de estar repitiendo las mañaneras.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, diputada. En el uso de la palabra el diputado José Luis Montalvo Luna, del Partido del Trabajo.
El diputado José Luis Montalvo Luna(desde la curul): Diputada, gracias. Miren, yo creo que a los del PAN, con ese tono amoroso con el que se dijeron en la tribuna, yo quería llorar, en verdad.
Están olvidando el acuerdo que motiva las participaciones, dice: la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Comisiones de Desarrollo Social, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Igualdad de Género, de Atención a Grupos Vulnerables, de Derechos de la Niñez y Adolescencia, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para que convoquen a la brevedad a una reunión de trabajo a los servidores públicos responsables, a fin de analizar la situación presupuestal.
Esto es lo que dice, esto es lo que se está discutiendo. No se está discutiendo si se le quita o si se le da. Que se discuta, vamos a votarlo. Tranquis, tranquis.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, diputado.
El diputado José Luis Montalvo Luna (desde la curul): Miren, voy a recordarles, ustedes...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, diputado Montalvo.
El diputado José Luis Montalvo Luna (desde la curul): ... ustedes el día que se discutió el presupuesto se fueron a dormir temprano junto con los del PRI, no se quedaron...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado, concluyó su tiempo.
El diputado José Luis Montalvo Luna (desde la curul): ...la única que se quedó, Martha Tagle, todos los demás se fueron a dormir.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra el diputado Rubén Terán Águila.
El diputado Rubén Terán Águila(desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Decirles a los de Acción Nacional que así me hubiese gustado verlos como partido cuando se robaron, a través de Josefina Vázquez Mota, más de mil millones de pesos, los hubieran destinado a las guarderías que tanto están defendiendo el tema. O también me hubiese gustado verlos pronunciándose cuando los niños fueron víctimas en el famoso tema que ustedes dejaron pasar por alto, ABC. No se manifestaron.
Hoy quiero decirles algo, compañeras y compañeros legisladores, este gobierno es el gobierno más honesto de los últimos años que registra la historia de México. Este gobierno es el gobierno preocupado por las clases sociales más desprotegidas, lo único que estamos haciendo como gobierno es reestructurar esa institución, una institución llena de corrupción y que ustedes como partido solaparon en todo momento.
Les digo algo, jamás en la historia de México...
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiempo, diputado.
El diputado Rubén Terán Águila (desde la curul): ...se habían dado tantos apoyos o se darán como en este gobierno de López Obrador.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado Terán, concluyó su tiempo.
El diputado Rubén Terán Águila (desde la curul): No lo agarren como bandera política. Es una vergüenza.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, el diputado Gerardo Fernández Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Compañeros de Acción Nacional, sería bueno que dejaran la hipocresía a un lado y nos dijeran cuánto ganan quienes trabajan en esas estancias infantiles. ¿Por qué 50 mil trabajadores no tienen Seguro Social? Porque esas condiciones las pusieron ustedes cuando votaron a favor de liquidar los derechos laborales del pueblo de México con el Pacto contra México.
Han hecho todo en contra de nuestro pueblo y hoy se arropan en la bandera de la defensa de los más humildes. No tienen discurso, no tienen bandera, no tienen memoria, no tienen moral, no tienen congruencia.
Vamos a seguir apoyando a los niños y a las niñas. Y les digo, no acepto las injurias en contra de la compañera diputada local Guadalupe Rodríguez Martínez, quien fue perseguida política porque el PT decidió apoyar al compañero presidente López Obrador. Y toda esa presión no sirvió de nada. Lo apoyamos y lo hicimos presidente y somos mayoría. Y ustedes seguirán siendo una minoría sin bandera política, sin consecuencias, sin congruencia.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado, concluyó su tiempo.
La diputada Frinné Azuara Yarzábal(desde la curul): Gracias, señora presidenta. Me quiero dirigir a todas estas mujeres a las que no solo se les ha quitado el presupuesto para operar estas guarderías. Me dirijo a estas mujeres porque a través de estas injurias ahora se les cataloga a ellas de corruptas.
Quiero decirles a todas estas madres mexicanas guerreras, que en el PRI, en las diputadas y diputados del PRI encontrarán el respaldo total y absoluto para quitarles de enfrente esta injuria a estas guerreras mexicanas que solo han hecho el bien en este país. Gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Bien. Vamos a pasar a la votación. Primero vamos a consultar a la asamblea si acepta la modificación propuesta por el PAN. Ruego a la Secretaría... Diputado Mario Delgado.
El diputado Mario Delgado Carrillo(desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Yo nada más quisiera poner a consideración de toda la asamblea, este es un punto acordado por la Junta de Coordinación Política y me parece que más allá de politizar el tema es bastante sensato lo que se pide en el punto de acuerdo.
Primero, exhortar al titular del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Bienestar y de Hacienda, que en el ámbito de sus atribuciones garanticen la operación y el financiamiento integral de las estancias infantiles, que creo que es algo en lo que todos coincidimos y que los recursos públicos sean ejercidos de manera eficiente, eficaz, sin intermediarios y se eliminen los posibles espacios de corrupción.
Otro punto que se está planteando aquí es que la Cámara de Diputados con las comisiones respectivas tengan una reunión de trabajo. También con la Auditoría Superior, para revisar los resultados de este programa y revisar su situación también presupuestal.
Y tercero. La Cámara exhorta al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para que remita a esta soberanía de manera integral los resultados obtenidos con este programa.
Creo que es bastante sensato lo que se propone a esta asamblea, y más allá de los debates políticos que se puedan tener, me parece que con seriedad estamos atendiendo este problema que nos preocupa. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ruego a la Secretaría dé lectura a la propuesta hecha por el diputado Armando Tejeda.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: «Propuesta de modificación al acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados por el que se exhorta respetuosamente a las dependencias del Poder Ejecutivo Federal a garantizar la operación adecuada y el uso eficiente, eficaz y honrado de los recursos públicos del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.
Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de las secretarías de Bienestar y Hacienda y Crédito Público, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, se garantice la operación y financiamiento integral de las estancias infantiles durante el ejercicio fiscal 2019 y sucesivos. Asimismo, converge en la pertinencia de hacer que los recursos públicos para el programa sean ejercidos de manera eficiente, eficaz, sin intermediarios y se eliminen los posibles espacios de corrupción.
Segundo. ...
Tercero. ...
Cuarto.Se hace un atento exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que de los ahorros que se obtengan como resultado de la instrumentación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, sean reasignados al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019. (Rúbrica).»
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si acepta la modificación propuesta por el diputado.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se pregunta si se acepta la modificación propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se desecha. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acuerdo.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado. Comuníquese.
2019, AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se recibió de la Junta de Coordinación Política, relativo al Año Internacional de las Lenguas Indígenas, un acuerdo. Ruego a la Secretaría dé lectura a la propuesta, más bien a los puntos resolutivos de este acuerdo.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura. Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que en 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas, se les incluye en el desarrollo de las sesiones ordinarias.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 31 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Considerando
1. Que la idea de celebrar el Día Internacional de la Lengua Materna fue una iniciativa de Bangladesh, la cual fue aprobada en la Conferencia General de la UNESCO de 1999.
2. Que la Unesco en el marco de su mandato en pro de la paz, trabaja para preservar las diferencias de culturas e idiomas que fomentan la tolerancia y el respeto de los demás.
3. Que desde 2002, se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, con el objetivo de promover el multilingüismo y la diversidad cultural.
4. Que el uso de las lenguas maternas en el marco de un enfoque plurilingüe es un componente esencial de la educación de calidad, que es la base para empoderar a las mujeres y a los hombres y a sus sociedades.
5. Que la diversidad lingüística se encuentra cada vez más amenazada con un mayor número de lenguas que desaparecen. Como promedio, cada dos semanas, una lengua desaparece, llevándose consigo la desaparición también de todo un patrimonio cultural e intelectual.
6. Que el 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna.
7. Que la Junta de Coordinación Política es el órgano Colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas a fin alcanzar acuerdos.
8. Que, conforme a las disposiciones aplicables, el uso de la tribuna corresponde exclusivamente a los diputados, diputadas y a los servidores públicos referidos en el artículo 124, numerales 2 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Las personas distintas a las mencionadas en dicho numeral podrán hacer uso de la tribuna, cuando la Cámara celebre una sesión solemne para que reciban algún reconocimiento o mención especial, a título personal o a nombre de alguna institución u organización, y en situaciones especiales, a propuesta de la Junta, con el acuerdo del Pleno.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y porque es voluntad de la Cámara de Diputados ser un espacio de inclusión, diversidad y ejercicio de derechos humanos, y para que los pueblos indígenas a través de su voz y lengua puedan expresarse, la Junta de Coordinación Política adopta el siguiente:
Acuerdo
Primero.La Cámara de Diputados celebra el año 2019 como el Año de las Lenguas Indígenas y para ello, otorga un espacio para que en el salón de sesiones cada semana una persona sea invitada, haga uso de la tribuna y hable en lengua indígena, con el propósito de reconocer, proteger y promover la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales, así como reconocerlas y proteger los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, y la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas.
Segundo.Las intervenciones se realizarán al inicio de cada sesión ordinaria, previa autorización del Presidente de la Cámara, cuando menos una vez por semana y en este caso los días martes.
La primera intervención será el día 21 de febrero del presente año.
Tercero.Las intervenciones serán hasta por cinco minutos, después de que el Presidente de la Cámara conceda el uso de la tribuna al invitado o invitada, y se deberán referir libremente a la conmemoración a que se refiere este acuerdo.
Cuarto.Durante el tiempo de la intervención, el invitado no podrá ser interrumpido, y será facultad del presidente de la Cámara velar porque se respeten las disposiciones constitucionales y legales y se atienda lo previsto en el presente acuerdo.
Quinto.En la siguiente sesión, la Secretaría de Servicios Parlamentarios proporcionará a las diputadas y a los diputados una versión traducida de la intervención, y la información sobre el pueblo y las comunidades indígenas, misma que se mandará publicar en la Gaceta Parlamentaria.
Sexto.Se instruye a la Secretaría General para que, a través de sus áreas competentes, realice los trámites administrativos y presupuestales que sean necesarios para brindar las facilidades y apoyos a las mujeres y hombres invitados a usar la tribuna y reconocerles por su participación en este ejercicio de inclusión. También a establecer la comunicación con las dependencias y unidades administrativas federales para cumplir el objetivo de este acuerdo, así como su trasmisión y difusión en los medios electrónicos.
Séptimo.Publíquese en Gaceta.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2018. Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado René Juárez Cisneros (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica, p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Bien. No hay lista de oradores. Pregunto a la asamblea si alguien quiere tomar la palabra de este tema. No habiendo uso de oradores, consulte la Secretaría si es de aprobarse el acuerdo.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Repito. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa de este acuerdo favor de manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado. Comuníquese.
REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS TITULARES DEL INFETEL Y DE LA COFECE PARA QUE INFORMEN SOBRE EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE LA FUSIÓN DISNEYFOX
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se recibió un acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Proceda la Secretaría a dar lectura de los resolutivos.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura. Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados por el que se exhorta respetuosamente al presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica para que acuda a reunión de trabajo para que informe el proceso de autorización de la fusión Disney-Fox.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente:
Acuerdo
Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los presidentes del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica para que acudan a reunión de trabajo para presentar información sobre el estado que guarda el proceso de autorización de la fusión Disney-Fox y en su caso, y brinden información adicional que sea procedente, de conformidad con los ordenamientos aplicables en la materia.
Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones a actuar con estricto respeto al marco jurídico vigente, garantizando el derecho fundamental de los ciudadanos al acceso a las telecomunicaciones y los derechos de las audiencias, así como a ejercer sus funciones constitucionales y legales para evitar una concentración en el mercado de producción y distribución de contenidos audiovisuales en detrimento de consumidores y competidores, y se favorezca la libre concurrencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2018. Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado Juan Carlos Romero Hicks, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado René Juárez Cisneros (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica, p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Se han registrado para este punto un orador y oradora de cada partido político.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi(desde la curul): Presidenta
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Elías Lixa, diputado del PAN ¿con qué objeto?
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Presidenta, una moción de procedimiento. Estamos totalmente enterados y en el entendido de que en la Jucopo existió un acuerdo de voluntades para poder conocer de este tema. Sin embargo, el contenido del mismo estamos apenas conociéndolo todos en este instante, es decir, no ha sido analizado por los grupos parlamentarios, y seguramente usted tiene acceso al documento, lo encontrará por ese motivo, sin firmas.
Creo que es importante que lo analicemos porque tiene alcances legales que pueden tener consecuencias incluso de ordenamiento constitucional. Y creo que bien vale la pena que toda vez que hay sesión el día de mañana, podamos conocerlo, analizarlo y debatirlo y, en su caso, aprobarlo el día de mañana. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ruego a la Secretaría de asuntos parlamentarios, entregue a todos o ponga en las curules el texto el cual fue leído, por si alguien tuviera alguna precisión, pero justo por lo mismo fue leído en la tribuna en sus términos. A ver, diputado Gerardo Fernández Noroña, y posteriormente el diputado Delgado.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde a curul). Una precisión. Nosotros presentamos a la Junta de Coordinación Política el tema y recibimos el apoyo de todas las fracciones parlamentarias.
Yo había solicitado la comparecencia de los funcionarios, y frente a varias observaciones de los compañeros de Acción Nacional, el texto fue totalmente rehecho en diferentes términos de los que yo lo presenté. Y a pesar de eso, nosotros hemos apoyado, o sea que hemos concedido todas las modificaciones que plantearon, hemos aceptado todas sus valoraciones, y a pesar de eso quieren posponer la discusión y aprobación de este tema, me parece incorrecto, me parece poco serio. Y yo quería que se abra el debate y si quieren votar en contra, que lo hagan, pero que no estén planteando la postergación del tema.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Diputado Mario Delgado.
El diputado Mario Delgado Carrillo(desde la curul): Nada más, diputada presidenta, siguiendo con lo que decía el diputado Fernández Noroña, se comentó en términos generales cuál es la preocupación que aborda este punto de acuerdo, y ahí estuvimos de acuerdo en la Junta, que fuera un punto presentado por la Junta de Coordinación Política.
Entonces, no sé si pudiera repetir la lectura para que se enteraran los diputados que no lo conozcan, y efectivamente, se ha estado consensuando el texto durante toda la mañana, para que pudiera transitar en estos momentos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, el diputado Lixa. Micrófono en su curul.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi:Presidenta, para precisar, no faltan a la verdad los diputados en ninguna de sus aseveraciones, es voluntad del Grupo Parlamentario del PAN acompañarlo, sin embargo, no conocemos a detalle el texto.
Si bien se va a proseguir con esta votación, sí pediríamos que se atienda su llamado de hacernos llegar el documento por escrito para poder evaluarlo a luz, uno a la Constitución y otro a la Ley Federal de Competencia Económica, únicamente para verificar que los puntos que hemos reflexionado y que hemos coincidido, deben ser tomados en cuenta, realmente tengan un alcance de ley. De ninguna manera el tema es dilatar, pero sí conocer.
Nosotros estamos dispuestos a sumar toda nuestra voluntad como lo hemos manifestado, pero no aprobar un documento que no conocemos a detalle y que puede tener implicaciones jurídicas con otros organismos. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Bien, hagamos las dos cosas, entréguese el documento a todos y todas y, además, ruego a la Secretaría vuelva a dar lectura del documento del acuerdo.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los presidentes del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, para que acudan a reunión de trabajo para presentar información sobre el estado que guarda el proceso de autorización de la fusión Disney Fox y, en su caso, brinden información adicional que sea procedente de conformidad con los ordenamientos aplicables en la materia.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a actuar con estricto respeto al marco jurídico vigente, garantizando el derecho fundamental de los ciudadanos al acceso a las telecomunicaciones y los derechos de las audiencias, así como a ejercer sus funciones constitucionales y legales para evitar una concentración en el mercado de producción y distribución de contenidos audiovisuales en detrimento de consumidores y competidores, y se favorezca la libre concurrencia.
Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar:Gracias, presidenta. Con su permiso. Muy buen día a todos.
El pasado 31 de enero, el pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica analizó una de las adquisiciones de medios para la distribución de contenidos audiovisuales más importante en la historia de nuestro país. Sus antecedentes encuentran origen el 14 de diciembre de 2017, donde The Walt Disney Company anunció un acuerdo con Fox para comprar gran parte de sus activos de entretenimiento por un monto de 71 mil 300 millones de dólares, luego de superar la oferta de 65 mil millones de dólares de su rival Comcast.
El sector de telecomunicaciones y el mercado de producción y distribución de contenidos audiovisuales transitan por una etapa de importante evolución, por lo que, ante la operación de grandes magnitudes, diversos países han realizado una revisión minuciosa respecto a uno de los temas más relevantes que implica cumplir con la libre competencia.
Por su parte, el Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil considera que la fusión no puede ser aprobada, ya que podría existir un aumento significativo en la concentración del mercado, una reducción de la calidad y diversidad del contenido deportivo disponible y aumento de costos, especialmente para pequeñas operadoras de televisión por suscripción, lo que conlleva el riesgo de afectar el bienestar del consumidor.
En el mismo tema, el Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso una serie de condiciones para la aprobación de esta adquisición, mientras que la Unión Europea dio luz verde a la transacción en noviembre, también bajo el cumplimiento de diversas condiciones.
En el caso de México, desde el 3 de octubre del año pasado la fusión se encuentra en análisis del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quienes de acuerdo con la ley tendrían que decidir sobre la misma en este 2019.
Lo anterior, nos obliga a hacer un llamado a las autoridades competentes, a efecto de que se haga una revisión cuidadosa y responsable para que la fusión de dichas empresas no afecte el mercado y, principalmente, a los consumidores, pues coincidimos con lo dicho por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico respecto de que la exclusividad de contenidos en manos de un solo agente económico abre las puertas a prácticas anticompetitivas.
Nuestras autoridades deberán analizar generalidades. Pero, sobre todo, deberán poner especial atención en los efectos que la operación tendrá sobre los subsegmentos en que las compañías involucradas participan, focalizando su revisión en los canales deportivos.
Se tiene que evitar una posible práctica monopólica, pues las empresas en posesión del contenido exclusivo pueden decidir unilateralmente las condiciones comerciales, su precio, el acceso o la exclusión, teniendo la facultad de hacer disponible el contenido y provocar una afectación a operadores y suscriptores de televisión de paga, en caso de restringir la disponibilidad de transmisiones.
En este sentido, el Partido Verde Ecologista de México, más allá de sugerir se adopte cierta determinación, exhorta a las autoridades responsables de resolver sobre la fusión de estas empresas para que analicen todos los factores que interfieren en la misma, impidiendo cualquier acto monopólico en afectación directa de consumidores y en contravención a nuestras leyes nacionales.
Debemos garantizar que la resolución que se adopte sea siempre con miras al fortalecimiento de la competencia económica en nuestro país y, sobre todo, para que los consumidores, especialmente aquellos de menores ingresos, no resulten afectados ante la determinación de la fusión de dichas empresas.
Estaremos atentos a que los órganos competentes dicten, esperando se elimine cualquier posibilidad que afecte el interés y los derechos de la colectividad. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, el diputado Higinio del Toro Pérez, de Movimiento Ciudadano. Adelante.
El diputado Higinio del Toro Pérez:Gracias. Con su venia, presidenta. Señores y señoras diputadas, dirigirme a ustedes sobre este exhorto que presenta la Junta de Coordinación Política, coincido con el diputado de Acción Nacional, que decía hace un momento que recién acaba de llegar el texto íntegro, este exhorto, pero eso no nos impide de hacer una moción ante este pleno, pensando en lo que le conviene a México.
¿De qué se trata este exhorto? Es precisamente dirigirse específicamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones y al organismo encargado de garantizar la competencia y habitar los monopolios, que actúen de manera imparcial y que actúen de manera atenta contra esta fusión que se ha dicho aquí, ya sucedió en diciembre y que podrá afectar intereses muy particulares.
Les doy un dato, sé bien que a esta tribuna se tienen que traer temas trascendentales para el país, pero bien lo decía Eduardo Galeano, citado por algún ex futbolista, Valdano, que decía que el futbol es apenas la cosa más importante de las cosas menos importantes que existen en este país, y de eso se trata este punto, me explico por qué.
Con la fusión de Fox Sports con Disney sucederá que los contenidos de televisión privada acapararán las transmisiones deportivas. Hay una encuesta de El Economistaque señala que el 56 por ciento de los connacionales no tienen acceso a los servicios de televisión privada, esto es, la mayoría de espectáculos los ven a través de la televisión pública abierta.
Si se permite este monopolio esta compañía podría obtener casi hasta el 40 por ciento del mercado, en un cálculo así somero y aproximado podrían ser casi 15 millones de televidentes los afectados que encuentran en el futbol el único escape a la presión del trabajo constante cada semana y que cuyo único divertimiento es poder llegar a la casa y poder ver un partido de futbol. Por eso hay que estar atentos a lo que sucederá con esta autorización de este monopolio.
Hemos sido, en este país, muy sujetos a copiar modas que suceden en otro lado, esto ya sucedió en España en donde tienen más de cinco años, quizá un poco más, siete, ocho años transmitiendo de forma privada los partidos de televisión.
Al inicio de esta temporada los equipos de futbol no hay uno solo en la liga de España que no tenga transmisión por medios privados y esto contrario a lo que se pudiera pensar, que favorece la asistencia de la gente a los estadios y que conlleva a otro tipo de comportamientos, con un mayor derrame económico, no ha sucedido así.
En España, desde el inicio de las transmisiones por medios privados a que a través de un conglomerado que tiene acaparado el régimen de transmisiones, la asistencia a los estadios ha sido mucho menor, lo que ha denotado también, y esto habría que medirlo, cómo pudiera suceder en nuestro país en un alto índice también, de algunos problemas que suceden los fines de semana con gente que ya no puede enterarse a través de la televisión pública de sus partidos preferidos. Pero es más allá, es un tema de evitar los monopolios que tanto daño le han hecho a este país.
Estamos acostumbrados históricamente a trabajar bajo los monopolios. Los hemos visto en muchos temas muy particulares: ha habido los monopolios del campo. Hubo los monopolios en telecomunicaciones, al grado tal que hubo necesidad de reformar la Constitución y hacer esa gran reforma de telecomunicaciones para permitir la libre competencia de muchas empresas que finalmente permitieron que pudiéramos tener mayores oportunidades a la hora de decidir contratar un servicio de telecomunicaciones.
Este atento exhorto que se hace a las autoridades federales correspondientes, de lo que se trata es no dar pasos atrás, no dar pasos atrás en lo que ya nos había costado muchos años de operar a través de un régimen hegemónico de telecomunicaciones.
Estemos atentos, señores diputados, a este exhorto que se presentará y a dar seguimiento a lo que acordaremos a través de las diferentes comisiones de esta Cámara de Diputados que tendrán competencia para trabajar sobre el tema. Es cuanto, señora secretaria.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. El diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Compañeras diputadas, compañeros diputados. Como lo comentaba desde mi curul, yo quiero agradecer a todos los partidos integrantes de la Junta de Coordinación Política que hayan hecho suya esta iniciativa que pretendía inicialmente una comparecencia de los funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
¿Por qué? En Estados Unidos los dos gigantes de la comunicación, del entretenimiento, Fox y Disney,se fusionaron. Sabiendo que en materia deportiva tienen más del 66 por ciento del mercado y que los iban a acusar de prácticas monopólicas retiraron la parte deportiva.
En Europa también, no presentaron la fusión completa sino la parte deportiva la dejaron de lado. Sin embargo, en América Latina dejaron el monopolio intacto. En Argentina ya se aprobó la operación de este monopolio y ha traído como consecuencia que nuestros pueblos es muy popular el futbol tengan que pagan en Argentina para ver los partidos de la liga o partidos de la Copa Libertadores, que es una manera de empezar a hacer un negocio inaceptable con entretenimientos populares.
En Brasil, a pesar de Bolsonaro, como la presidenta Dilma había dejado ahí a hombres y mujeres honorables en el instituto correspondiente, pararon esta fusión, no está autorizada.
Y aquí en México, la Comisión de Competencia Económica ya dio un primer paso aprobando este monopolio que tendría como impacto inicial esa enorme posibilidad de que el pueblo de México tenga que pagar por ver partidos de futbol de la liga, lo cual me parece que es el colmo del absurdo. Pero no solo eso, sino que funcionarios que antes presidían la Comisión Federal de Comunicaciones son nada menos que los representantes legales de la cadena Fox Disney.
Lo están ustedes oyendo bien, el que fue presidente la Comisión Federal de Comunicaciones, ahora representa a estas empresas monopólicas: Eduardo Pérez Mota y Ernesto Estrada son los abogados de este monopolio. Y la funcionaria de Ifetel fue su empleada, recibiendo además en Petróleos Mexicanos contratos por asignación directa.
Así que podría no solo haber conflicto de intereses, sino posibles actos de corrupción detrás de todo este proceso. Y me parece que lo menos que se puede pedir es como está establecido en el exhorto, que vengan a una reunión de trabajo a explicarnos qué está pasando.
Porque, además, ya se van, son funcionarios que no están satisfechos con ganar menos que el compañero presidente de la República y ya se van. Pero quieren dejarnos un regalito antes de retirarse: este acuerdo monopólico que favorece a Fox y a Disney.
Me parece un asunto que huele a un escándalo mayor. Por eso celebro que con los compañeros de Acción Nacional se haya aclarado el malentendido que había. Es más, están por proponer una adición al documento que, desde mi punto de vista, fortalece el propio exhorto.
Yo creo que es correcto lo que están planteando y me parece que en ese sentido podemos ver como si nos escuchamos, si planeamos las cosas con seriedad, si hacemos un esfuerzo por lograr las coincidencias, esta legislatura puede construir acuerdos muy fuertes en favor del pueblo de México.
Yo quiero terminar planteando: nos urge, lo digo con todo cariño, de verdad, con todo respeto, nos urge una oposición muy fuerte en nuestro país. Nos urge una oposición seria que critique, que documente, que señale, que ponga en evidencia errores que podamos tener para mejorar nuestro gobierno. Porque nuestro gobierno va a seguir sirviendo al pueblo de México.
El compañero presidente trae 90 por ciento de apoyo de la población. No solo en el robo contra el combustible sino en todo. Son multitudinarios los eventos en torno a su persona y lo que sí, yo no estoy para dar consejos políticos, pero yo le recomendaría a la oposición que no se pusieran enfrente del tren llamado, compañero, presidente López Obrador, porque los va a avasallar.
Es muy fuerte el apoyo popular, es muy serio el trabajo, el compromiso, el amor al pueblo y la verdad es que todas las críticas sólidas van a ser bienvenidas, vamos a poner atención a ellas, vamos a corregir lo que haya que corregir, pero nadie ama más al pueblo de México y está más comprometido con el pueblo, que nosotros con el compañero presidente López Obrador a la cabeza. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En el uso de la palabra, el diputado José Luis García Duque, del Partido Encuentro Social.
El diputado José Luis García Duque:Honorable asamblea. Compañera presidenta, con su permiso.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
El diputado José Luis García Duque: En estos días muchos organismos autónomos están sujetos a sospechas de que, en vez de procurar el interés de la sociedad, se han alineado a los grupos de poder que deberían controlar y frenar. El hecho de que se hayan opuesto a temas como la austeridad republicana aumentan las dudas sobre la neutralidad y profesionalismo y de su desempeño, son auténticamente autónomos o no.
Lo hemos visto en muchos temas de distintas formas, dicen ser honestos, pero están bajo sospecha, afirman ser transparentes, pero no siempre sabemos los motivos de sus decisiones. En particular nos preocupa que el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha operado con cierto sigilo en la toma potencial, fusión entre Disney y Fox,dos cadenas que de unirse generarían una concentración exagerada en dos mercados relevantes en nuestro país: el entretenimiento infantil y el entretenimiento deportivo. En otras naciones no se ha autorizado.
En Encuentro Social confiamos en que los mercados son una de las mejores maneras de asignar los recursos escasos entre distintos fines. Creemos en el mercado, en el libre mercado, en el que todos los vendedores y los compradores cuentan con la información y participación en condiciones de equidad. Nos preocupa, eso sí, las distorsiones que pueden tener los mercados. Cuando un actor se vuelve demasiado relevante y regulador se le aplica la forma bastante laxa. El mercado puede fallar, y las distorsiones del mercado lesionan a la sociedad mucho más de lo que los mercados libres la benefician, por eso hay que supervisar adecuadamente.
Por lo anterior, apoyamos la propuesta de tanto el Ifetel como la Cofece tengan particular cuidado en resolver un tema que ha sido manejado de manera poco clara y transparente, y que puede causar una concentración indebida en un mercado relevante y lo hacemos por dos razones.
Los organismos autónomos también deben ser supervisados. Esa tarea también compete a la representación popular de esta Cámara de Diputados.
Dos. Porque al exponer sus motivos y análisis ayudan a mostrar a la sociedad que si son técnicos, que si son transparentes y que si son entes al servicio público.
Porque confiamos en ellos esperamos verlos muy pronto en esta Cámara, porque un México donde existe el mercado libre y con organismos que utilicen la transparencia y la rendición de cuentas cotidianamente es posible. Hagámoslo nosotros, Es cuanto.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, la diputada Soraya Pérez Munguía.
La diputada Soraya Pérez Munguía:Con su permiso.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.
La diputada Soraya Pérez Munguía: Compañeras y compañeros diputados. El artículo 28 de nuestra Constitución establece la creación de dos órganos constitucionales autónomos importantísimos para el desarrollo económico de nuestro país. El IFT y la Cofece.
¿Por qué son importantes estos órganos autónomos? Porque aseguran la sana competencia económica y evitan la concentración en los mercados. La convergencia tecnológica, la consolidación de empresas de infraestructura y de contenidos, las nuevas tendencias de consumo, las plataformas de acceso y las agresivas estrategias competitivas al alcance mundial, son temas de la mayor importancia en una economía como la mexicana.
Es por eso que una operación de fusión o de adquisición entre dos empresas de tamaño y relevancia tan significativos puede alterar el equilibrio competitivo de un mercado.
La Comisión Federal de Competencia Económica tiene como mandato investigar y en su caso sancionar a las empresas que incumplan con la Ley Federal de Competencia Económica, es decir tiene que promover que las leyes y las decisiones de política pública en los tres órdenes de gobierno no frenen la posibilidad de que exista la competencia sana en los mercados.
Y por el otro lado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el órgano constitucional autónomo, responsable de garantizar el acceso equitativo a infraestructura y otros insumos esenciales para las tecnologías de la información y comunicación y todo aquello que esté relacionado con servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos banda ancha e internet.
Ahora ¿cuáles son las decisiones que se han tomado hasta ahora? En primer lugar, la Cofece ya emitió una resolución, autorizó la compra de Century Fox por parte de Walt Disney Company, pero esta aprobación solo se hizo para aquellos mercados en los que es competente, y me refiero a la distribución de películas en los cines o en los DVD, así como mercancías diversas como son los juguetes.
Caso muy distinto es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, caso muy distinto es este, porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el que debe autorizar todo lo relacionado con distribución de contenidos audiovisuales a través de redes públicas de telecomunicación o de internet. Es decir, el IFT apenas va a emitir la resolución.
Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor del respeto de las tareas que se le han conferido a estos órganos constitucionales autónomos Sus decisiones deben estar basadas en criterios técnicos que permitan el sano desarrollo de nuestra economía, pero estamos muy en contra de todo lo que signifique el debilitamiento de los órganos autónomos para favorecer a grupos de interés que pretendan dinamizar las instituciones para lograr sus objetivos económicos.
Por eso tenemos que estar muy atentos a la reunión de trabajo que se dé en los siguientes días a través de las distintas comisiones, muy atentos a la resolución que haga el IFT al respecto de lo que es su competencia, pero por sobre todo debemos estar muy atentos al impacto económico que ambas resoluciones puedan tener en el mercado mexicano, y por supuesto, en los consumidores. Es cuanto, muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias En el uso de la palabra, la diputada Laura Rojas Hernández, del PAN.
La diputada Laura Angélica Rojas Hernández:Muchas gracias, presidenta. Compañeros, compañeras, no me voy a referir ya a la explicación del punto de acuerdo, porque creo que los oradores que me han antecedido en el uso de la palabra ya lo han explicado suficientemente.
Solamente decir que, en efecto, este procedimiento de autorización de empresas, de fusiones, es competencia del IFT. Ya lo han hecho en el pasado, por ejemplo, en lo relativo a las concentraciones de AT&T Nextel Iusacell, Grupo Televisa TV y Multimedios, AT&T Directv, AT&T Time Warner, Grupo Televisa Grupo Salinas Iusacell, Nokia Alcatel, entre otras.
En efecto, esta es una de las atribuciones que tiene el IFT, el de aprobar concentraciones de empresas, y en efecto, como ya se ha dicho, está en proceso de valoración por parte de este Instituto, la fusión de Walt Disney Fox.
Nosotros, desde el Partico Acción Nacional, vemos con buenos ojos que el IFT venga a una reunión de trabajo a informar el estado que guarda el proceso, no sin antes advertir que hay una regulación por la cual prohíbe al propio IFT a hacer públicas particularidades del proceso.
Sin embargo, vale la pena citarlos a esta reunión de trabajo porque, en efecto, es un tema que vale la pena darle seguimiento a fin de garantizar que la libre competencia, y sobre todo los derechos de los consumidores.
Como ya adelantó el diputado Fernández Noroña, nosotros estamos haciendo una propuesta de modificación y de adición al acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política.
En el segundo resolutivo, nosotros consideramos que vale la pena retomar el texto constitucional que se refiere a todos los derechos que tienen que ver con que impactan o que impactarían una resolución del IFT en un sentido o en otro, a fin de que no solamente se establezca en el punto de acuerdo el derecho de telecomunicaciones, sino que, como dice la Constitución, se incluya en el segundo resolutivo, exhortar al pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones a actuar con estricto respeto al marco jurídico vigente, a fin de garantizar el derecho fundamental de acceso a tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
Esto porque la transmisión de contenidos audiovisuales no solamente tiene que ver con telecomunicaciones, sino principalmente es materia de radiodifusión.
Tercero. Estamos proponiendo el siguiente texto:
La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones a evitar, en el marco de sus competencias y de acuerdo a la legislación aplicable, una concentración en el mercado de producción y distribución de contenidos audiovisuales en detrimento de los consumidores y competidores, y se favorezca la libre competencia.
Esa sería nuestra propuesta a fin de enriquecer el punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política, a fin de que incluya tanto la parte de derechos fundamentales como la parte de competencia económica. Muchas gracias, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra, el diputado Rafael Hernández Villalpando, de Morena.
El diputado Rafael Hernández Villalpando:Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados.
Quienes me han antecedido en el uso de la voz en relación a este tema, complejo técnicamente porque involucra también el derecho de las audiencias y la economía de las audiencias, un tema por demás apasionante en cuanto que toca fibras muy sensibles en materia de deporte, y fundamentalmente de futbol.
Nuestra normatividad constitucional prohíbe los actos y tendencias monopólicas, pero también establece la libre competencia, para lo cual está el IFT y la Comisión que regula la competencia económica. Habría nada más que sugerir que lo que ya aquí se solicitó, de que hagan acto de presencia no obstante formar parte de colegiados autónomos, el presidente y el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión de Competencia Económica, para ilustrarnos en relación al tema.
Creo que es cuestión de que, sin detrimento de la libre competencia, logremos conciliarlo con un derecho de las audiencias de no pagar más por un divertimento que es eminentemente popular. Llegará el momento en esta tribuna que tenga yo oportunidad, mediante los procedimientos establecidos de proponer no solamente un parlamento abierto, sino un parlamento digital.
Pronto, creo, porque lo he socializado con algunas compañeras y compañeros de la fracción de Morena, del PT y del PES, y con algunas otras expresiones parlamentarias, para que realmente concedamos, los diputados y las diputadas tiempo, que le dedicamos a la oratoria desde esta tribuna, para que nos ilustren en distintos temas la población tan heterogénea geográfica, económica, social y culturalmente de nuestro país. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Hasta ahí la lista de oradores.
Vamos a pasar a consultar la modificación propuesta por la diputada Laura Rojas. Consulte la Secretaría a la asamblea si acepta la modificación propuesta.
A ver, vamos a darle nuevamente lectura a la propuesta que hizo la diputada Laura Rojas.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Propuesta de Modificación.
Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, a acudir a reunión de trabajo para informar sobre el estado que guarda el proceso de autorización de la fusión Disney-Fox, de conformidad con los ordenamientos aplicables en la materia.
Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones a actuar con estricto respeto al marco jurídico vigente a fin de garantizar el derecho fundamental de acceso a tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
Tercero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones a evitar en el marco de sus competencias y de acuerdo a la legislación aplicable, una concentración en el mercado de producción y distribución de contenidos audiovisuales en detrimento de los consumidores y competidores, y se favorezca la libre competencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019. Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Desde su curul, el diputado Fernández, micrófono.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Solo una. Yo no creo que tenga inconveniente Acción Nacional, que en el segundo párrafo que está planteando ahí la adición, al hacerlo dejó fuera la parte del derecho ciudadano al acceso a las telecomunicaciones y el derecho a las audiencias, que ya estaba en el texto original y que no tienen problema que se incluya, ¿no?
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Adelante.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Está bien. Entonces no, se haría esa precisión.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Muy bien. Con la precisión, las dos precisiones hechas, consulte la Secretaría a la asamblea si aceptan las modificaciones propuestas por los compañeros diputados.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se consulta a la asamblea si están de acuerdo en la modificación con las precisiones hechas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se aceptan las modificaciones. Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acuerdo con las modificaciones aceptadas.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado el acuerdo.
COMUNICACIÓN OFICIAL
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pido a la Secretaría dar cuenta con comunicaciones de la Junta de Coordinación Política respecto a comisiones.
La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LXIV Legislatura. Junta de Coordinación Política.
Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego que se sometan a consideración del pleno las modificaciones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Morena:
Que la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero cause baja como integrante de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Que el diputado Manuel Gómez Ventura cause baja como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Que el diputado Francisco Elizondo Garrido cause baja como secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Que la diputada Claudia Pérez Rodríguez cause alta como integrante en la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Que el diputado Manuel Gómez Ventura cause alta como integrante en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Que el diputado Manuel Gómez Ventura cause alta como secretario en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Que el diputado Francisco Elizondo Garrido cause alta como integrante en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Que el diputado Francisco Elizondo Garrido cause alta como secretario en la Comisión de Infraestructura.
Que el diputado Esteban Barajas Barajas alta como integrante en la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales.
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 6 de febrero de 2019. Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente.»
En votación económica se consulta a la asamblea si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado, comuníquese.
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan
INTERVENCIÓN DE DIPUTADA Y DE DIPUTADO
EXHORTO AL GOBERNADOR DE OAXACA A RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ha solicitado, desde su curul, la diputada Irma Juan Carlos, de Morena, un minuto. Micrófono, por favor.
La diputada Irma Juan Carlos(desde la curul): Buenas tardes. Solo para hacer un llamado al gobernador de Oaxaca para que exhorte a sus funcionarios a trabajar dentro del marco de respeto de los derechos humanos, debido a que hay diversas quejas sobre el atropellamiento y abuso de poder sobre la gente más pobre y de comunidades indígenas.
Son muchos casos. Voy a mencionar uno de ellos, el más reciente fue este 4 de febrero, donde los policías estatales detuvieron arbitrariamente a 14 campesinos afromexicanos, los encarcelaron y los ataron como delincuentes, quienes iban en busca de alimentos al monte para apoyar a la familia de un difunto del pueblo de la comunidad del Ciruelo, Pinotepa Nacional.
Debo recordarles, señores funcionarios de Oaxaca, que nuestro estado es rico en cultura y tradiciones, los verdaderos delincuentes no cargan escopetas o rifles.
Exigimos que los funcionarios de Oaxaca respeten a nuestra gente de comunidades y pueblos indígenas. Muchas gracias.
LIBERACIÓN DEL EX GOBERNADOR DE SONORA
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Un minuto para el diputado Manuel López Castillo, de Morena.
El diputado Manuel López Castillo(desde la curul): Gracias, señora presidenta. La bancada de Sonora, de Morena, queremos hacer patente nuestro rechazo a la resolución judicial que liberó al delincuente Guillermo Padrés. Superman era capaz de levantar ciudades enteras desde el centro de la tierra. Este cuate tuvo tendencia a llevarse todo el estado de Sonora como Superman. Diezmó el estado, diezmó las finanzas, diezmó la salud, diezmó educación, hizo un daño enorme al estado de Sonora.
Estamos seguros que tiene miles de millones de pesos de lo saqueado y va a salir, ya salió a gozar su incomparable riqueza.
Ante esta Cámara de Diputados, la bancada de Sonora protesta enérgicamente por esta liberación. Juez que lo liberaste: ¿en qué fundamentaste esa cochinada?
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Concluyó su tiempo, diputado.
CLAUSURA Y CITA
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna (a las 16:05 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 7 de febrero de 2019, a las 11 de la mañana. Se les recuerda que el registro de asistencia estará abierto desde las 9 de la mañana.
EFEMÉRIDES RECIBIDAS
DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER
«Efeméride con motivo del 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
El lunes 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, en el que organizaciones y personas alrededor del mundo se unen para hacer conciencia sobre esta terrible enfermedad que destruye y daña gravemente a la sociedad. Donde la mayoría de las víctimas que más son afectadas son las que por falta de recursos no tienen acceso a un tratamiento oportuno y adecuado.
De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 70 por ciento de las muertes por cáncer se registran en países de ingresos medios y bajos, debido a la detección de cáncer en una fase avanzada; la falta de diagnóstico y tratamiento.
El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, casi una de cada seis defunciones se debe a esta enfermedad, tan solo en 2015, ocasionó 8.8 millones de defunciones en todo el mundo.
Es de resaltar que alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe a los cinco principales factores de riesgo conductuales y dietéticos:
1. Índice de masa corporal elevado
2. Ingesta reducida de frutas y verduras
3. Falta de actividad física
4. Consumo de tabaco y
5. Consumo de alcohol.
Siendo tabaquismo el principal factor de riesgo, ya que, ocasiona aproximadamente el 22 por ciento de las muertes por cáncer.
De acuerdo con la Unión Internacional contra El Cáncer (UICC) se estima que 9.5 millones de personas en todo el mundo fallezcan a raíz del cáncer en este año, es decir, alrededor de 26 mil muertes diarias, una cifra que incluso se espera que aumente.
Este año, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) celebra el Día Mundial contra el Cáncer, enfocando la campaña en el cáncer cérvico-uterino, que puede prevenirse mediante vacunación contra el virus del papiloma humano, tamizaje y tratamiento de las lesiones precancerosas.
Esto debido a que el cáncer cérvico-uterino es el tercero más común entre las mujeres de América Latina y el Caribe, donde cada año, más de 72 mil mujeres son diagnosticadas con esta enfermedad y más de 34 mil fallecen por cáncer cérvico-uterino en la región de las Américas.
El cáncer puede ser curado si es detectado a tiempo y tratado adecuadamente. Pues entre el 30 y el 50 por ciento de los cánceres se pueden evitar.
Para ello, es necesario implementar políticas públicas que permitan reducir los factores de riesgo y aplicar estrategias preventivas de base científica.
Para el Partido Verde consideramos que es prioritario generar una cultura de prevención que abarque también la detección precoz de la enfermedad y el tratamiento de los pacientes.
Si se detectan a tiempo y se tratan adecuadamente, las posibilidades de recuperación para muchos tipos de cáncer son excelentes, además de que se reducen los costos que esta enfermedad tiene en la economía nacional.
Atentamente
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 6 de febrero de 2019. Diputado Arturo Escobar Vega (rúbrica).»
O
RESUMEN DE LOS TRABAJOS
Tiempo de duración de la sesión: 4 horas 40 minutos
Quórum a la apertura de la sesión: 427 diputadas y diputados
Comunicaciones oficiales: 27
Toma de protesta de diputado: 1
Iniciativas de congresos estatales: 3
Iniciativas de las diputadas y los diputados: 16
Efemérides: 1
Acuerdos de los órganos de gobierno: 3
Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 57
14 Morena
13 PAN
9 PRI
4 PT
4 PES
6 MC
4 PRD
3 PVEM
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)