Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LXIV Legislatura
Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputado Porfirio Muñoz Ledo
Directora del
Diario de los Debates
Eugenia García Gómez
Año I
Ciudad de México, martes 12 de febrero de 2019
Sesión No. 4

SUMARIO


SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO CÍVICO “EDUARDO NERI, LEGISLADORES DE 1913”

De la Junta de Coordinación Política, relativo a la celebración de una Sesión Solemne con motivo de la entrega de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”. Se aprueba

INTERVENCIÓN DE DIPUTADOS

MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL AGRÓNOMO ABELARDO ESCOBAR PRIETO, EX SECRETARIO DE LA REFORMA AGRARIA

-El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del PAN, desde la curul

ESCLARECIMIENTO DE DIVERSOS HECHOS DE VIOLENCIA EN LA REGIÓN DEL ISTMO

-La diputada Rosalinda Domínguez Flores, de Morena, desde la curul

INVITACIÓN PARA ASISTIR A LA EXPO MUJER

-La diputada Beatriz Rojas Martínez, de Morena, desde la curul

Se abre un receso para dar paso a la Sesión Solemne

Se reanuda la sesión

MINUTO DE SILENCIO

En memoria del agrónomo Abelardo Escobar Prieto, ex secretario de la Reforma Agraria y ex diputado federal

COMUNICACIONES OFICIALES

-Del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y adiciona el artículo 18 Bis a la Ley General de Protección Civil, en materia de seguros obligatorios y microseguros

-De la diputada Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena, solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social

-Del diputado Maximino Alejandro Candelaria, del Grupo Parlamentario de Morena, mediante la cual solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 37, 40 y 42 de la Ley de Migración

-De la diputada María Lieber González Anaya, del Grupo Parlamentario de MC, por medio de la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto reforma y adiciona los artículos 3 y 36 de la Ley de Migración, mediante la que se crea la figura jurídica de Migrante Mexicano de Retorno

-Del diputado Rubén Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 37 de la Ley de Migración

-De la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del PT, con la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social

-Del diputado Cipriano Charrez Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para el Uso Sustentable y Conservación del Suelo

-De la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena, mediante la cual solicita el retiro de la proposición punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado libre y soberano de Jalisco a que, en el ejercicio de sus facultades, abrogue el decreto número 27228/LXII/19, publicado el pasado 31 de enero del presente año, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y extingue a dicho Instituto

Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el Segundo Informe Semestral de Actividades 2018 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Se turna a las Comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia, y de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento

De la Cámara de Senadores, por medio del cual remite acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que modifica su integración para el Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. De enterado

De la Cámara de Senadores, mediante la cual comunica que en sesión celebrada el 1 de febrero de 2019, se declaró instalada para su Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. De enterado

Del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por medio de la cual remite el Programa Anual de Trabajo 2019. Se turna a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, y de Radio y Televisión, para su conocimiento

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la Caravana Migrante proveniente de Centroamérica. Se remite a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento, así como al promovente

De la Coordinación Nacional de Protección Civil, por medio de la cual remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo al almacenaje, la distribución y el uso de fuegos pirotécnicos a escala nacional. Se remite al promovente

INICIATIVAS DE LOS SENADORES

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos quinto y sexto de la fracción III del artículo 74 y el artículo 74-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PRI. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1-A y 10 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para el cobro adecuado del IVA a las importaciones, presentada por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PT. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2019

De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo segundo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para 2019, presentada por el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario de Morena. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión Trabajo y Previsión Social, para dictamen

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La diputada Dulce Alejandra García Morlan, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen

LEY GENERAL DE SALUD

La diputada Marcela Guillermina Velasco González, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 15 de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

La diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada Maribel Martínez Ruíz, en nombre propio y del diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, ambos del Grupo Parlamentario del PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales

LEY DE MIGRACIÓN

La diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de MC, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2 de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen

LEY DE PLANEACIÓN

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Planeación, en materia de participación ciudadana. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

La diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, en nombre propio y de diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

LEY AGRARIA

El diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 70 de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

La diputada Janet Melanie Murillo Chávez, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 55 y 56 del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

La diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 23 Bis a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen

LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES

La diputada Claudia Pérez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para opinión

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Mario Ismael Moreno Gil, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 343 Bis del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

DICTÁMENES CON PUNTOS DE ACUERDO A DISCUSIÓN

CONMEMORACIÓN DE LOS 500 AÑOS DEL ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO EN MÉXICO

A discusión el dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas instituciones a contribuir a la conmemoración de los 500 años del Establecimiento del Municipio en México

Para fundamentar el dictamen, en nombre de la comisión, hace uso de la tribuna:

-El diputado Ricardo Aguilar Castillo, del PRI

Suficientemente discutido. Se aprueba, comuníquese

CONMEMORACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ

A discusión el dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con puntos de acuerdo relativos a la conmemoración de los 500 años de la Fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz

Para fundamentar el dictamen, en nombre de la comisión, interviene:

-El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé, de Morena

Para referirse al dictamen, hace uso de la voz:

-La diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del PAN

Suficientemente discutido. Se aprueba, comuníquese

PROPOSICIONES DE URGENTE RESOLUCIÓN

EXHORTO AL CONGRESO DE JALISCO, A ABROGAR EL DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE EXTINGUE INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

La diputada Katia Alejandra Castillo Lozano, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Jalisco, a abrogar el Decreto Número 27228/LXII/19, publicado el pasado 31 de enero 2019, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y lo extingue. Se considera de urgente resolución

Para referirse a la proposición, participan:

-La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del PRD

-La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, de MC

-La diputada Beatriz Manrique Guevara, del PVEM

-La diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del PT

-La diputada Elba Lorena Torres Díaz, del PES

-La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del PRI

-La diputada Martha Estela Romo Cuéllar, del PAN

-La diputada Laura Imelda Pérez Segura, de Morena

No se considera suficientemente discutido

>

-La diputada Lourdes Celenia Contreras González, de MC

-La diputada María Wendy Briceño Zuloaga, de Morena

-La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, de MC, para rectificar hechos, desde la curul

-La diputada María Wendy Briceño Zuloaga, de Morena, para rectificar hechos, desde la curul

Se aprueba, comuníquese

SE RECONOCE A JUAN GUAIDÓ COMO PRESIDENTE INTERINO LEGÍTIMO DE VENEZUELA

La diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se reconoce a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. No se considera de urgente resolución. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen

TRANSPARENTAR LOS CRITERIOS EN LOS QUE SE SUSTENTA LA AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LAS LLANTAS SÚPER SENCILLAS EN PIPAS

La diputada Norma Adela Guel Saldívar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a transparentar los criterios, estudios y análisis técnicos en los que se sustenta la autorización para el uso de las llantas súper sencillas, en sustitución del arreglo dual al que hace referencia a la NOM-012-SCT-2-1995. No se considera de urgente resolución. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

La Presidencia turna diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo que no se presentaron en tribuna, mediante oficio, a las comisiones respectivas, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados

EFEMÉRIDES RECIBIDAS

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

De la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de MC, se recibió efeméride con motivo del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia,

DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO

Del diputado Benito Medina Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI, se recibió efeméride con motivo del Día del Ejército Mexicano

APÉNDICE

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que corresponde a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 12 de febrero de 2019, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados



Presidencia del diputado Porfirio Muñoz Ledo

ASISTENCIA

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 211 diputadas y diputados; por lo tanto, no hay quórum.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: En 10 minutos preguntaremos de nuevo....

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Pido a la Secretaría haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 339 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (a las 11:14 horas): Muchas gracias. Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura al orden del día.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: En votación económica, se consulta si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Orden del día

Martes 12 de febrero de 2019.

Acta de la sesión anterior.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política

Relativo a la celebración de una Sesión Solemne con motivo de la entrega de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”.

Comunicaciones oficiales

De los diputados Arturo Escobar y Vega, Lorena Villavicencio Ayala, Maximino Alejandro Candelaria, María Lieber González Anaya, Rubén Moreira Valdez, Mary Carmen Bernal Martínez, Cipriano Charrez Pedraza y Laura Imelda Pérez Segura

Solicitan el retiro de iniciativas y de proposición.

De la Secretaría de Gobernación

Remite el Segundo Informe Semestral de Actividades 2018, del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

De la Cámara de Senadores

Comunica que en sesión celebrada el 1 de febrero de 2019, se declaró instalada para su Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

Remite Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que modifica su integración para el Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

Del Instituto Federal de Telecomunicaciones

Remite el Programa Anual de Trabajo 2019.

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativas a la Caravana Migrante proveniente de Centroamérica.

De la Coordinación Nacional de Protección Civil

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, relativo al almacenaje, la distribución y el uso de fuegos pirotécnicos a escala nacional.

Iniciativa de senadores

Con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos quinto y sexto de la fracción III del artículo 74 y el artículo 74-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1-A y 10 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para el cobro adecuado del IVA a las importaciones, presentada por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo Segundo Transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, presentada por el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario de Morena.

Acuerdo de los órganos de gobierno

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos, a fin de garantizar la paridad de género en la integración de los órganos de dirección de los partidos políticos, a cargo de la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley que Regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones Federales de Seguridad Pública, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Planeación, en materia de participación ciudadana, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 7 y 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, suscrita por la diputada Saraí Núñez Cerón y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de fomento al empleo para los jóvenes, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 16, 40, 41 y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de registro nacional de deudores alimenticios morosos, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 20, 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 7 Bis y 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por la diputada Dulce Alejandra García Morlan y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 70 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo de la diputada Claudia Pérez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 15 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marcela Guillermina Velasco González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley de Migración, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 23 Bis a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 25 y 65 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 34 y 35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 35, 55 y 56 del Código Civil Federal, suscrita por la diputada Janet Melanie Murillo Chávez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, a cargo de la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 25 y 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Morena.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Ismael Moreno Gil, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Martha Elena García Gómez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo del diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo del diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 89, 95, 96 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Adriana Dávila Fernández y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Migración, en materia de unidad familiar, suscrita por las diputadas Mariana Rodríguez Mier y Terán y Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona los artículos 366 Quintus y 366 Sextus al Código Penal Federal, a cargo del diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, suscrita por el diputado Carlos Alberto Valenzuela González y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en materia de democratización de la representación trabajadora, a cargo del diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona el artículo 343 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Rocío Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 38 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 28 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo del diputado Edgar Guzmán Valdéz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Maximino Alejandro Candelaria, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 47 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 8o. y 18 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a cargo de la diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 48 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Dictámenes a discusión con puntos de acuerdo

De la Comisión de Gobernación y Población, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas instituciones a contribuir a la conmemoración de los 500 años del establecimiento del municipio en México.

De la Comisión de Gobernación y Población, con Puntos de Acuerdo relativos a la conmemoración de los 500 años de la Fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz.

Proposiciones de urgente y obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Jalisco, a abrogar el Decreto Número 27228/LXII/19, publicado el pasado 31 de enero 2019, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y lo extingue, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se reconoce a Juan Guaidó como Presidente Interino Legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, a cargo de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, a transparentar los criterios, estudios y análisis técnicos en los que se sustenta la autorización para el uso de las llantas súper sencillas, en sustitución del arreglo dual al que hace referencia a la NOM-012-SCT-2-1995, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa, a publicar todas las concesiones, permisos y autorizaciones de Zona Federal Marítimo Terrestre con las que se cuenta a la fecha, así como el porcentaje concesionado, a cargo de la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la SE, a informar a la opinión pública sobre la ruta a seguir para defender a la industria del acero respecto a la imposición de cuotas arancelarias por parte de los Estados Unidos, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que solicita a la Jucopo, a citar a una reunión de trabajo, al presidente del INEGI, con el propósito de conocer el estado que guarda el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial de Salud Mental y Bienestar Psicosocial, a cargo de la diputada Elba Lorena Torrez Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial para la Reinstalación de los Docentes, a cargo del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a incluir al Municipio de Victoria, Tamaulipas, entre las regiones prioritarias del “Plan de Combate a la Inseguridad”, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, a atender la publicación de los lineamientos para el fondo para la accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sectur, a diseñar e incorporar en el atlas turístico un buzón de quejas que reciba las denuncias de prácticas que limiten, obstaculicen o nieguen el libre acceso, tránsito o disfrute de las playas de México, a cargo de la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo para que, en las próximas elecciones de gobernador en el estado de Puebla, se conduzca y se vigile el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, a cargo de la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se realiza un extrañamiento al Ejecutivo federal, ante el procedimiento y resultados de la reciente compra de pipas para el transporte de gasolinas, a cargo de la diputada María Alemán Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al estado de Quintana Roo, para que considere solicitar declaratoria de emergencia derivado de las afectaciones provocadas por el sargazo a la economía estatal, a cargo de la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, a Capufe y al Gobierno de Chihuahua, a exentar del pago a los residentes del Municipio de Camargo, en las casetas de cobro Conchos-Camargo y Camargo-Saucillo, a cargo del diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE, a la Sener, al Centro Nacional de Control de Energía y a la CFE, a emprender las acciones necesarias que permitan restablecer la venta de carbón en el estado de Coahuila de Zaragoza, a cargo del diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo para fortalecer los programas destinados a la detección y tratamiento temprano de cáncer en niñas, niños y adolescentes, suscrita por las diputadas Margarita Flores Sánchez y Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a establecer mecanismos de colaboración con instituciones de nivel medio superior públicas y privadas que cuenten con áreas de enseñanza de lenguas, a efecto de que faciliten a las niñas, niños y adolescentes que han sido repatriados el acceso al sistema educativo nacional, a cargo del diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla, a atender el fenómeno de la violencia hacia las mujeres en la entidad, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a los dichos hacia la Alcaldesa de Reynosa Tamaulipas, por el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, suscrito por las diputadas Nohemí Alemán Hernández y Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, a restaurar el libre tránsito en la totalidad de las vías ferroviarias en el estado de Michoacán, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, a atender el fenómeno creciente de violencia de género, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Banxico, a emitir un billete de curso legal de 500 pesos, conmemorativo de los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la CDMX, a realizar las acciones necesarias para salvaguardar la seguridad integral de los usuarios del sistema colectivo metro, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo para implementar campañas permanentes y gratuitas de vacunación, desparasitación y esterilización canina y felina, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la Secretaría de Bienestar, a realizar las adecuaciones correspondientes al Programa de Estancias Infantiles etiquetado con la Clave S170 en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, a cargo de la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se reconoce al IPN, a la doctora Eva Ramón Gallegos y a su equipo de investigación, por su valiosa aportación a la ciencia y a la salud en la erradicación del virus del papiloma humano, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de México, a revisar y en su caso modificar el artículo 8o. del Código Penal de dicha entidad, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la Secretaría de Salud, a garantizar la atención y tratamiento del cáncer de pulmón a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que expida a la brevedad el Reglamento de la Ley de Planeación, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a esta Soberanía a declarar el 21 de mayo como día Nacional de la Diversidad Cultural para el diálogo y el desarrollo en México, a cargo del diputado Sergio Mayer Bretón, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que establezca un programa de medidas para el acceso efectivo y universal para el tratamiento integral del dolor, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que su estrategia de comunicación social e información institucional, en páginas oficiales y redes sociales, se circunscriban en el marco jurídico vigente, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Nuevo León, a evitar el probable incremento de la tarifa del transporte público, a cargo del diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que se conduzca con apego a la constitucionalidad y a la legalidad en el funcionamiento de los servicios de salud, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad en los distintos centros penitenciarios de México, a cargo de la diputada Laura Martínez González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a realizar las gestiones necesarias para que se incluya el tratamiento de la enfermedad vascular cerebral en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de la CDMX, del Estado de México y de Morelos, a regularizar las concesiones de transporte público, así como a garantizar la integridad y seguridad de sus usuarios, a cargo de la diputada Graciela Sánchez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo para incluir el mieloma múltiple (MM) en la cobertura del Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara y a la ASF, a considerar las irregularidades en que incurrió el gobierno de Javier Duarte de Ochoa y su repercusión en las cuentas públicas municipales del Ejercicio Fiscal 2017 de Veracruz, a cargo del diputado Bonifacio Aguilar Linda, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a convocar a la instalación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo para integrar la Comisión de Concordia y Pacificación, en términos de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, a cargo del diputado Javier Manzano Salazar, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la Secretaría de Bienestar, a modificar al alza el presupuesto al Programa de Estancias Infantiles (S170), a cargo del diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE, a abstenerse de emitir resolución sobre nuevos cupos de importación y cancelar el vigente para importación de carne de pollo proveniente de otros países, además de ordenar y vigilar la aplicación y cobro de las cuotas compensatorias a las importaciones, a cargo del diputado José Ricardo Delsol Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar y a la SHCP, a garantizar de manera integral, la operación y funcionamiento del Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, a cargo del diputado Armando Tejeda Cid, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Efemérides

Con motivo del 60 aniversario del Libro de Texto Gratuito, a cargo del Grupo Parlamentario de Morena.

Con motivo del 13 de febrero, 60 Aniversario del Libro de Texto en México, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del Día del Ejército Mexicano, a cargo del diputado Benito Medina Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo del 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana, a cargo del Grupo Parlamentario de Morena.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: En votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves siete de febrero de dos mil diecinueve, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.

Presidencia de la diputada Dolores Padierna Luna

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos sesenta y cinco diputadas y diputados, a las once horas con dieciséis minutos del jueves siete de febrero de dos mil diecinueve, la Presidencia declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y de la misma manera se aprueba.

Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, por la que comunica que durante el primer receso del primer año de Ejercicio se recibieron solicitudes de retiro de iniciativas y proposiciones que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

b) De las diputadas y los diputados Soraya Pérez Munguía, Isaías González Cuevas, Héctor Yunes Landa, Rubén Ignacio Moreira Valdez, René Juárez Cisneros, Anilú Ingram Vallines, Arturo Escobar y Vega, Juan Martín Espinoza Cárdenas y Dulce María Sauri Riancho, se recibieron oficios por los que solicitan el retiro de iniciativas que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Secretaría de Educación Pública, con la que remite la información sobre el destino de los recursos federales que se recibían de las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, incluyendo subsidios, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio dos mil dieciocho. Se turna a las Comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite seis contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que, de acuerdo con las representaciones sindicales, se lleve a cabo una reingeniería integral de procesos y al tabular de sueldos, de acuerdo al perfil profesional de todos los trabajadores, para dar cumplimiento al artículo ciento veintisiete de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; y su Ley reglamentaria en materia de remuneraciones de los servidores públicos. Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Relativo a la ampliación y construcción de la infraestructura carretera del estado de Baja California Sur, en atención de la grave problemática de falta de caminos que prevalece en dicha entidad. Se turna a la Comisión de Infraestructura, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que en la medida en que se expidan los lineamientos previstos en el artículo sesenta y nueve bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, haga difusión a modo de prevención y concientización para que no se ponga al alcance de los menores de edad este tipo de videojuegos, esto por un libre desarrollo y bienestar psicológico de nuestra niñez mexicana. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a atender de manera pronta, eficaz y expedita la situación de todos los maestros jubilados o pensionados que se han visto afectados debido a la utilización de la Unidad de Medida y Actualización como referente para determinar sus pagos. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para su conocimiento.

• Por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua explique y haga público el estado que guardan las Cuencas Nacionales y el acceso humano al agua, e informe sobre las acciones derivadas de los Decretos de Reserva de Agua publicados en el Diario Oficial de la Federación durante el periodo de gobierno dos mil trece-dos mil dieciocho. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración a coadyuvar con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en materia de atención, protección y salvaguarda de las niñas, niños y adolescentes que viajan solos en la caravana; establecer la oportuna y pronta comunicación con las representaciones consulares de sus países de origen, sobre los procedimientos de la protección consular, alojamiento y situación jurídica de conformidad con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos de los migrantes, así como realizar un censo de las personas que viajan en la caravana, de tal forma que se asegure y salvaguarde su integridad. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para su conocimiento.

e) De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, con la que remite ocho contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta a los gobiernos de las treinta y dos entidades federativas a efecto de que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que favorezcan la reducción; el reúso y reciclaje de residuos, así mismo se garantice el cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de control de los residuos urbanos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a los titulares de las treinta y dos entidades federativas la atención prioritaria con todos los elementos institucionales y alcances de su responsabilidad a la actual situación de violencia feminicida en el país, con carácter de emergencia nacional, con la intención de dar prioridad al impulso de los trabajos que sean requeridos para el óptimo desahogo de las actividades orientadas a resolver, prevenir y erradicar las agresiones contra las mujeres para cumplir de manera óptima la declaratoria de estado de emergencia nacional respecto a los feminicidios en el país. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos: Federal, de Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y Ciudad de México a incluir por los entes públicos respectivos el dictamen de inmuebles en las zonas afectadas y proporcionar con la mayor brevedad los apoyos a fin de que se concluya la reconstrucción y las personas damnificadas sean restituidas en su vida plena. Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, se diseñe e implemente una estrategia de prevención y acciones que eviten incitar a la población de las comunidades afectadas a hacer justicia por propia mano. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a los gobiernos locales a que cumplan de manera urgente y prioritaria con lo establecido en la Ley General de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la brevedad pongan en marcha las medidas necesarias para prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en especial ante los feminicidios recientemente en el municipio de Ecatepec de Morelos. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta al Director General de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México, para atender la situación de todos los maestros jubilados o pensionados que se han visto afectados debido a la utilización de la Unidad de Medida y Actualización como referente para determinar sus pagos. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, a velar por la justicia pronta y expedita para el puntual esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades con relación al operativo instrumentado por tal dependencia en el poblado de San Juan Ixhuatepec, el pasado domingo once de noviembre del año en curso, así como a determinarla reparación urgente y perentoria de los daños materiales, físicos y psicológicos a las personas agraviadas. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta al Director de Prestaciones y Bienestar Social de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para atender la situación de todos los maestros jubilados o pensionados que se han visto afectados debido a la utilización de la Unidad de Medida y Actualización como referente para determinar sus pagos. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para su conocimiento.

f) Del Gobierno del Estado de Baja California, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para suspender los procesos de evaluación educativa. Se turna a la Comisión de Educación, para su conocimiento.

g) De la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, con la que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua y a los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, para en su calidad de suscribientes del Convenio entre ellos celebrado para la recuperación del Río Lerma, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil catorce, ejecuten las acciones necesarias para dar cumplimiento al objeto del citado Convenio y con ello atender la grave crisis de salud pública y ambiental que aqueja a la Cuenca Lerma-Chapala y a sus pobladores. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a los titulares de las treinta y dos entidades federativas la atención prioritaria con todos los elementos institucionales y alcances de su responsabilidad a la actual situación de violencia feminicida en el país con carácter de emergencia nacional, con la intención de dar prioridad al impulso de los trabajos que sean requeridos para el óptimo desahogo de las actividades que tengan finalidad la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a los gobiernos locales a que cumplan de manera urgente y prioritaria con lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la brevedad pongan en marcha las medidas necesarias para prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en especial ante los feminicidios recientemente en el municipio de Ecatepec de Morelos. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

h) De la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en relación con el estado de emergencia en el que se encuentra México por los feminicidios. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

i) Del Gobierno del Estado de México con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en relación con la construcción del proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su conocimiento

j) De la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a los gobiernos de los Estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Nuevo León Sinaloa, Nayarit, Colima y Jalisco, a que realicen las gestiones pertinentes para el seguimiento y atención especial a los afectados por las severas lluvias que persisten en los estados afectados por el huracán “Willa” y la tormenta tropical “Vicente”. Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a las autoridades federales, locales y municipales de los estados de Sinaloa, Sonora y Michoacán, a que realicen de manera urgente las acciones necesarias para dar atención prioritaria a los damnificados por las lluvias torrenciales ocurridas en esas entidades federativas, incluyendo la distribución y aplicación ágil e inmediata de los recursos del Fondo de Desastres Naturales y de los fondos estatales para la atención directa de los damnificados por el fenómeno natural. Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para su conocimiento.

k) De la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca, con la que remite seis contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, se diseñe e implemente una estrategia de prevención y acciones que eviten incitar a la población de las comunidades afectadas a hacer justicia por propia mano. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta al Secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado a reforzar los programas de capacitación y de canalización de recursos necesarios para realizar alternativas adicionales de pesca, que no impacten el ecosistema de especies de tortugas protegidas, y permitan el incremento de ingresos económicas en beneficio de pescadores ribereños del estado de Oaxaca. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, al titular de la Secretaría de Educación Pública, en particular a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y a las autoridades educativas de todas las entidades federativas, a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y, en su caso, reformado el marco normativo que rige dichos procedimientos. Se turna a la Comisión de Educación, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a los titulares de las treinta dos entidades federativas la atención prioritaria con todos los elementos institucionales y alcances de su responsabilidad a la actual situación de violencia feminicida en el país con carácter de emergencia nacional, con la intención de dar prioridad al impulso de los trabajos que sean requeridos para el óptimo desahogo de las actividades que tengan finalidad la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, para atender de manera óptima de declaratoria de estado de emergencia nacional con respecto a los feminicidios en el país. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a sus homologas en las entidades federativas, para que en el ámbito de su competencia y de manera conjunta y coordinada realicen investigaciones tendientes a identificar, sancionar y evitar la repetición de conductas derivadas de la probable comisión de delitos por el indebido ejercicio de los recursos públicos para los afectados del sismo de dos mil diecisiete. Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para su conocimiento.

• Por el que la Secretaría de Gobernación emite una declaratoria de emergencia para los quince municipios del estado de Oaxaca, por la presencia de lluvia severa ocurrida los días diecisiete y dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para su conocimiento.

l) De la Secretaría General del Gobierno del Estado de Puebla, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta a los titulares de las treinta y dos entidades federativas la atención prioritaria con todos los elementos institucionales y alcances de su responsabilidad a la actual situación de violencia feminicida en el país con carácter de emergencia nacional, con la intención de dar prioridad al impulso de los trabajos que sean requeridos para el óptimo desahogo de las actividades que tengan como finalidad la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, al titular de la Secretaría de Educación Pública, en particular a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y a las autoridades educativas de todas las entidades federativas, a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y, en su caso, reformado el marco normativo que rige dichos procedimientos. Se turna a la Comisión de Educación, para su conocimiento.

m) De la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para garantizar los derechos de los familiares de personas desaparecidas. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

En el siguiente asunto del Orden del Día, la Presidencia pide a la Secretaría dar lectura al Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el Calendario Legislativo correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

A las once horas con diecisiete minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos veinticuatro diputadas y diputados.

La Presidencia solicita a la Secretaría dar lectura al Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se propone el nombramiento del ciudadano Jorge Torres Castillo, como Contralor Interno de la Cámara de Diputados. Se somete a discusión el Acuerdo y se concede el uso de la a las diputadas y a los diputados: Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Partido Acción Nacional; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; Pablo Gómez Álvarez, Rubén Terán Águila, ambos de Morena; Marcos Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, de Movimiento Ciudadano; y Mario Delgado Carrillo, de Morena. En votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba el Acuerdo. En votación nominal de trescientos cincuenta votos a favor; ochenta y nueve en contra; y una abstención, por mayoría calificada se nombra como Contralor Interno de la Cámara de Diputados al ciudadano Jorge Torres Castillo. Comuníquese.

La Presidencia informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones, el ciudadano Jorge Torres Castillo, electo como Contralor Interno de la Cámara de Diputados, se designa una comisión de cortesía para acompañarlo al interior de este Recinto, rinde protesta de ley y entra en funciones.

La Secretaría informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules, los dictámenes de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto:

a) Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

b) Por el que el honorable Congreso de la Unión declara el tercer miércoles de octubre de cada año, como Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:

• Moisés Ignacio Mier Velazco, de Morena, que reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen; y a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, para opinión.

• María del Pilar Ortega Martínez y suscrita por diputados del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo setenta y tres de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Ernesto Javier Nemer Álvarez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Adriana Paulina Teissier Zavala, del Partido Encuentro Social, que reforma el artículo sesenta y ocho de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• María Teresa Marú Mejía, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Juan Carlos Villarreal Salazar, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero e inmunidad. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• José Guadalupe Aguilera Rojas, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Leticia Mariana Gómez Ordaz y suscrita por diputados del Partido Verde Ecologista de México y de Morena, por el que se declara el mes de febrero como “Mes Nacional para la Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer Infantil”. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

• Dulce María Corina Villegas Guarneros, de Morena, que reforma y adiciona los artículos cuatrocientos veintinueve, cuatrocientos treinta, y cuatrocientos treinta y uno del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Presidencia del diputado Marco Antonio Adame Castillo

• Martha Elisa González Estrada y suscrita por diputados del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos: cuarto, ochenta y tres, y ochenta y seis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

• Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos: sexto, doce, y dieciocho de la Ley de Seguridad Nacional. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, de Morena, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Saraí Núñez Cerón y suscrita por diputados del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo setenta y tres de Ley General de Partidos Políticos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

• José Ricardo Delsol Estrada, de Morena, que reforma y adiciona el artículo ciento setenta y nueve de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

• Manuel Huerta Martínez y suscrita por la diputada Katia Alejandra Castillo Lozano, de Morena, por el que se declara el mes de febrero como Mes de la Salud del Hombre. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

• Javier Ariel Hidalgo Ponce, de Morena, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

Presidencia de la diputada Dolores Padierna Luna

La Presidencia consulta a la Asamblea, que en virtud de que se ha cumplido con el requisito de Declaratoria de Publicidad, si se autoriza que se sometan a discusión y votación de inmediato los dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación y Población. En votación económica se aprueba:

a) Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Rocío Barrera Badillo. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen las diputadas y los diputados: Marco Antonio Gómez Alcantár, del Partido Verde Ecologista de México; Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, del Partido de la Revolución Democrática; Carmen Julia Prudencio González, de Movimiento Ciudadano; Santiago González Soto, del Partido del Trabajo; José Ángel Pérez Hernández, del Partido Encuentro Social; Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta interpelación del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; Jacquelina Martínez Juárez, Partido Acción Nacional; y Jorge Ángel Sibaja Mendoza, de Morena. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e intervienen las diputadas y los diputados: en contra Frinné Azuara Yarzábal, del Partido Revolucionario Institucional; en pro Sergio Mayer Bretón, de Morena; en contra Marcos Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional; en pro Silvano Garay Ulloa, del Partido del Trabajo; en contra Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Partido Acción Nacional; en pro Jaime Humberto Pérez Bernabé, de Morena; en contra Eduardo Zarzosa Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional; en pro César Agustín Hernández Pérez, de Morena; en contra José Elías Lixa Abimerhi, del Partido Acción Nacional; en pro José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; en pro Pablo Gómez Álvarez, de Morena; y en pro María Rosete, del Partido Encuentro Social, quien realiza una propuesta de modificación y en votación económica, se desecha. Desde sus respectivas curules para rectificación de hechos interviene el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Partido Acción Nacional; y para responder alusiones personales José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por trescientos tres votos a favor; ciento once en contra; y treinta y un abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Presidencia de la diputada Dulce María Sauri Riancho

b) Por el que el honorable Congreso de la Unión declara el tercer miércoles de octubre de cada año, como Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión a la diputada Sandra Paola González Castañeda. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen las diputadas: Beatriz Manrique Guevara, del Partido Verde Ecologista de México; Mónica Bautista Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; Ana Priscila González García, de Movimiento Ciudadano; Maricruz Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Olga Patricia Sosa Ruíz, del Partido Encuentro Social; María Lucero Saldaña Pérez, del Partido Revolucionario Institucional; María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Partido Acción Nacional; y Alma Delia Navarrete Rivera, de Morena. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e intervienen en pro las diputadas: Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional; Margarita García García, del Partido del Trabajo; y Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Morena. Desde su curul realiza comentarios el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de Movimiento Ciudadano. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por unanimidad de trescientos noventa y nueve votos a favor, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, por el que el honorable Congreso de la Unión declara el tercer miércoles de octubre de cada año, como Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Presidencia de la diputada Dolores Padierna Luna

Se da cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a implementar acciones contundentes para terminar con la violencia feminicida ejercida contra las niñas y mujeres del país. Intervienen para referirse al tema las diputadas: Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Partido Verde Ecologista de México; María Guadalupe Almaguer Pardo, del Partido de la Revolución Democrática; Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, de Movimiento Ciudadano; Maribel Martínez Ruíz, del Partido del Trabajo; Olga Patricia Sosa Ruíz, del Partido Encuentro Social; Ana Lilia Herrara Anzaldo, del Partido Revolucionario Institucional; María Liduvina Sandoval Mendoza, del Partido Acción Nacional; Rocío del Pilar Villarauz Martínez, de Morena; Adriana Paulina Teissier Zavala, del Partido Encuentro Social; Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional; Martha Angélica Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano; y Beatriz Rojas Martínez, de Morena. Sin más oradores registrados en votación económica se aprueba. Comuníquese.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios los diputados y la diputada: Óscar Rafael Novella Macías, de Morena; Margarita García García, del Partido del Trabajo; y Emmanuel Reyes Carmona, del Partido de la Revolución Democrática.

La Presidencia levanta la sesión a las diecisiete horas con cincuenta y seis minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el día martes doce de febrero de dos mil diecinueve, a las once horas, informando que el registro de asistencia estará disponible a partir de las nueve horas.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobada el acta.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO



SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO CÍVICO “EDUARDO NERI, LEGISLADORES DE 1913”

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Dé cuenta la Secretaría con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la celebración de una sesión solemne con motivo de la entrega de la medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 38 numeral 1, fracción II del Reglamento en la Cámara de Diputados; y,

Considerando

I. Que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso establece que la Junta de Coordinación Política es el órgano en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden;

II. Que el artículo 38 del Reglamento de la Cámara de Diputados determina los casos en los que el Pleno de esta Cámara puede celebrar sesiones solemnes, señalando, en la fracción II de su numeral 1, que se podrán realizar para reconocer pública y solemnemente los méritos de personajes;

III. Que el artículo 3 del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, establece que se otorgará al ciudadano o ciudadana cuyos actos cívicos o políticos se distingan por servir a la colectividad nacional y a la República;

IV. Que durante la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, celebrada el día 21 de diciembre de 2018, se aprobó el dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias que determinó otorgar la condecoración a la ciudadana María del Rosario Ybarra de la Garza;

V. Que el artículo 32, numeral 2 del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, establece que la Junta de Coordinación Política, está facultada para señalar los tiempos y el orden en que intervendrán los oradores;

VI. Que de conformidad con el artículo 38 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se faculta a esta Junta de Coordinación Política a proponer la celebración de las sesiones solemnes.

Se somete a la consideración del Pleno, el siguiente

Acuerdo

Primero. Que el 12 de febrero de 2019, se llevará a cabo una sesión solemne con motivo de la entrega de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”.

Segundo. El formato de dicha sesión solemne, será el siguiente:

1. Intervención del presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, hasta por 10 minutos.

2. Intervención de la persona galardonada, hasta por 10 minutos.

3. Al concluir las intervenciones anteriores, hará uso de la palabra el presidente de la Cámara de Diputados, hasta por 10 minutos.

4. Al concluir lo anterior, se procederá a entonar el Himno Nacional.

5. Posteriormente se pondrá a discusión el acta de la sesión para proceder a su clausura.

Tercero. En el desarrollo de la sesión sólo tendrán lugar las intervenciones antes descritas.

Cuarto. La logística y organización de la sesión solemne corresponderá a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Quinto. Se instruye a la Secretaría General hacer las publicaciones respectivas y llevar acabo las previsiones necesarias para el ceremonial respectivo.

Sexto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2019.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado René Juárez Cisneros (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría si se aprueba el acuerdo.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo por favor. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Aprobado.

INTERVENCIÓN DE DIPUTADOS



MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL AGRÓNOMO ABELARDO ESCOBAR PRIETO, EX SECRETARIO DE LA REFORMA AGRARIA

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas(desde la curul): presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Antes de declarar el receso, concedo la palabra. ¿Para qué objeto? Muchas gracias. Ya ha sido consultado y aprobado.

El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Gracias. Buenos días. Nada más para pedirle un minuto de silencio cuando usted lo considere pertinente, a la memoria de don Abelardo Escobar Prieto, ingeniero agrónomo, excelente mexicano, gran servidor público, exsecretario de la Reforma Agraria del gobierno federal. Es cuanto, presidente, muchísimas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Durante la sesión ordinaria se atenderá su petición.



ESCLARECIMIENTO DE DIVERSOS HECHOS DE VIOLENCIA EN LA REGIÓN DEL ISTMO

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Antes de declarar el receso alguien está pidiendo la palabra.

La diputada Rosalinda Domínguez Flores(desde la curul): presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Rosalinda, por favor.

La diputada Rosalinda Domínguez Flores (desde la curul): Con el permiso de la Mesa, le pido a las autoridades federales, estatales y municipales el esclarecimiento de todos los hechos de violencia y lo que ha estado pasando en la región del istmo.

También pido por la comunidad lésbico–gay, un activista que fue asesinado en la región del istmo, Óscar Cazorla. Por eso les pido que pongan atención en este caso. Gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, compañera. Perdón, vamos a receso.



INVITACIÓN PARA ASISTIR A LA EXPO MUJER

La diputada Beatriz Rojas Martínez(desde la curul): presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Compañera, ¿con qué objeto? Micrófono para la compañera Beatriz Rojas.

La diputada Beatriz Rojas Martínez (desde la curul): Buenos días, diputado presidente. Solamente si me permite hacer una invitación. Se acaba de inaugurar una Expo Mujer, con el objetivo de empoderar en el ámbito económico a mujeres mexicanas de diferentes estados, que traen su artesanía y traen sus proyectos sociales con perspectiva de género. Mujeres de Veracruz.

Solamente para informar a las y los diputados para que puedan hacer la visita a la expo que está en el patio de aquí atrás.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias, compañera.

La diputada Beatriz Rojas Martínez (desde la curul): Gracias a usted por permitirme dar esta información.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por su intención. Aprobado.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (a las 11:22 horas): Se declara un receso para llevar a cabo la sesión solemne.

(Receso)



MINUTO DE SILENCIO

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (a las 12:01 horas): Se reanuda la sesión ordinaria. El diputado, Justino Arriaga, que hizo uso de la palabra, pidió un minuto de silencio para el agrónomo Abelardo Escobar Prieto exsecretario de la Reforma Agraria y exdiputado federal. La Mesa se lo concede.

(Minuto de silencio)



COMUNICACIONES OFICIALES

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Continúe la Secretaría con las comunicaciones.

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno, se retire de las Comisiones Unidas de Unidas de Protección Civil y Prevención de Desastres, y de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, la iniciativa siguiente:

- Que reforma el artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y adiciona el artículo 18 Bis a la Ley General de Protección Civil, en materia de seguros obligatorios y microseguros.

Para efecto de que, se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2019.— Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Sirva la presente para solicitarle de la manera más atenta, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, que inscribí en el orden del día del 23 de enero de 2019 en la Comisión Permanente, a efecto de profundizar sobre su contenido.

Sin otro asunto más por el momento, quedo a sus más distinguidas y finas consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2019.— Diputada Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Sírvase la presente para solicitar a usted sea retirada la iniciativa que modifica los artículos 37, 40 y 42 de la Ley de Migración, la cual fue presentada ante el pleno de esta asamblea el 6 de diciembre de 2018 y turnada a la Comisión de Asuntos Migratorios.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2019.— Diputado Maximino Alejandro Candelaria (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

La que suscribe, diputada federal María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por medio de la presente, y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito el retiro de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

-Que reforma y adiciona los artículos 3 y 36 de la Ley de Migración, mediante la que se crea la figura jurídica de Migrante Mexicano de Retorno, presentada el pasado 13 de noviembre de 2018.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.— Diputada María Libier González Anaya (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Me dirijo a usted, y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sirva la presente para retirar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 37 de la Ley de Migración.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo y quedo de: usted para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2019.— Diputado Rubén Moreira Valdez (rúbrica), Presidente.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Muy estimado diputado presidente:

Sirva éste medio para informarle que la que suscribe, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, desea retirar la propuesta de iniciativa por la que se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social con fecha 6 de diciembre pasado y que fue turnada a la Comisión de Seguridad Social con expediente número 1733; lo anterior para los efectos conducentes.

Agradezco de antemano sus finas atenciones, y le reitero mi más distinguida consideración

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2019.— Diputada Mary Carmen Bernal Martínez (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Distinguido diputado presidente:

Por medio del presente y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito solicitar el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que a continuación se describe, inscrita en el orden del día de la sesión ordinaria del día 27 de septiembre del 2018.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para el Uso Sustentable y Conservación del Suelo.

Por lo anterior, solicito amablemente a usted, tenga a bien considerar el trámite legal correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2019.— Diputado Cipriano Charrez Pedraza (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Sirva la presente para solicitarle, de la manera más atenta, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sea retirado el punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado libre y soberano de Jalisco a que, en el ejercicio de sus facultades, abrogue el decreto número 27228/LXII/19, publicado el pasado 31 de enero del presente año, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y extingue a dicho Instituto, que inscribimos en el orden del día del 6 de febrero del presente, a efecto de profundizar sobre su contenido.

Sin otro asunto más por el momento, quedo a sus más distinguidas y finas consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2019.— Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica); diputada Katia Alejandra Castillo Lozano (rúbrica).»

Presidencia de la diputada María de los Dolores Padierna Luna

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

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La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 33, fracción IV, de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 210.000.00/0018/2019, la licenciada Paola Ojeda Linares, jefa de Unidad de Atención a Población Vulnerable del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, envía el segundo informe semestral de actividades de 2018 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita, en forma impresa y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 1 de febrero de 2019.— Maestro Miguel Enrique Lucía Espejo (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Miguel Enrique Lucía Espejo, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones de María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y presidenta del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, me permito hacer de su conocimiento que el órgano colegiado de referencia es una instancia normativa, de consulta y coordinación, a través de la cual se da seguimiento continuo a las acciones que tengan por objeto promover mecanismos interinstitucionales, que permitan establecer políticas públicas y estrategias de atención en la materia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 33, fracción IV, de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, este Consejo Nacional debe entregar un informe semestral de actividades al honorable Congreso de la Unión, cabe mencionar que considerando el documento que se presenta se han presentado 12 informes.

Derivado de lo anterior, en apego al artículo 27, fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, solicito su valiosa intervención para que se realicen las gestiones necesarias para remitir al honorable Congreso de la Unión el segundo informe semestral de actividades de 2018 del Consejo Nacional, el cual se encuentra debidamente aprobado por los integrantes. Se entrega en forma impresa y en archivo electrónico.

Le envío un afectuoso saludo, y me reitero a sus órdenes.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de enero de 2019.— Paola Ojeda Linares (rúbrica), jefa de la Unidad.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnense a las Comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia, y de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Hago de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que modifica su integración para el primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Para conocimiento preciso del referido acuerdo, adjunto copia.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de febrero de 2019.— Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (rúbrica), Secretaria.»

«Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el modifica su integración para el primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno, el siguiente

Acuerdo

Único: En los términos del numeral 3, del artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, son integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores para el primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura los siguientes senadores:

Senador Ricardo Monreal Ávila

Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena

Senador Mauricio Kuri González

Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN

Senador Miguel Ángel Osorio Chong

Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI

Senador Dante Delgado

Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Senador Alejandro González Yáñez

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Senador Raúl Bolaños Cacho Cué

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Senadora Sasil de León Villard

Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social

Senadora Freyda Marybel Villegas Canché

Del Grupo Parlamentario de Morena

Senador Higinio Martínez Miranda

Del Grupo Parlamentario de Morena

Senadora Josefina Vázquez Mota

Del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, a 1 de febrero de 2019.— La Junta de Coordinación Política: senador Ricardo Monreal Ávila (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena; senador Mauricio Kuri González (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN; senador Miguel Ángel Osorio Chong (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI; senador Dante Delgado Rannauro (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; senador Alejandro González Yáñez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; senador Raúl Bolaños Cacho Cué (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; senadora Sasil de León Villard (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; senadora Freyda Marybel Villegas Canché (rúbrica), del Grupo Parlamentario de Morena; senador Higinio Martínez Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena; senadora Josefina EugeniaVázquez Mota (rúbrica), del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De enterado.

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La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Comunico a usted que en sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Senadores se declaró instalada para su segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.

Atentamente

Ciudad de México, a 1 de febrero de 2019.— Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De enterado.

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La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: «Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura.— Presente.

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28, párrafo veinte, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito entregarle el programo anual de trabajo 2019 del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual fue aprobado por el pleno de este instituto, en sesión del pasado 31 de enero,

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración,

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2019.— Gabriel Contreras Saldívar (rúbrica), Comisionado Presidente.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes, y de Radio y Televisión, para su conocimiento.

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La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: «Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Distinguido diputado Muñoz Ledo:

Me refiero al oficio número DGPL 64-II-7-211, signado por la diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el cual se comunicó a esta Comisión Nacional que en sesión celebrada el 4 de diciembre de 2018, la Cámara de Diputados aprobó el siguiente acuerdo:

“...

Cuarto. La Cámara de Diputados solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se mantenga como defensor de los derechos humanos y coadyuvante en el seguimiento de los acontecimientos que se van suscitando a lo largo del paso de la caravana migrante.

...”

Sobre el particular, me permito hacer del conocimiento a esa soberanía, que esta Comisión Nacional ha realizado las acciones que se describen a continuación:

Desde el 13 de octubre de 2018 esta Comisión Nacional tuvo conocimiento de la organización de la caravana en San Pedro Sula, Honduras, por lo que mantuvo comunicación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Honduras y la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, con la finalidad de intercambiar información y realizar las gestiones necesarias ante las autoridades para una mejor protección de los derechos fundamentales de las personas en contexto de migración, en especial de niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y en lactancia, personas mayores y con discapacidad.

De octubre a diciembre de 2018, un equipo de trabajo integrado por treinta visitadores adjuntos, entre quienes se encontraban abogados, médicos, psicólogos, directivos e incluso el quinto visitador general de este órgano autónomo, acompañó durante su tránsito por los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Baja California, a los tres éxodos denominados Caminata Migrante, conformados el primero de ellos por aproximadamente siete mil personas principalmente de nacionalidad hondureña, el segundo con alrededor de 2 mil 500 personas, también en su gran mayoría provenientes de Honduras, y la tercer caravana se integraba con un número superior a las dos mil personas, pero ahora predominantemente de El Salvador.

Durante este periodo se emitieron 21 medidas cautelares (20 escritas y 1 verbal) a favor de las personas en contexto de migración integrantes de la Caminata Migrante, dirigidas a diversas autoridades federales y estatales, entre ellas al subsecretario de Derechos Humanos y a la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, ambos de la Secretaría de Gobernación; al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, al comisionado nacional de Seguridad, al comisionado del Instituto Nacional de Migración, a la encargada de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, al titular del Sistema Nacional DIF, al procurador federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a los secretarios generales de gobierno de los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California, sus respectivas secretarías de salud, procuradurías locales de protección de niñas, niños y adolescentes de esos estados, y a diversos presidentes municipales de las entidades federativas antes mencionadas.

En dichas medidas se solicitó que de manera coordinada y de acuerdo a sus competencias se realizara lo siguiente:

• Implementar medidas de atención humanitaria de urgencia, protección y auxilio a las niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, con discapacidad.

• Habilitar lugares de alojamiento, alimentos, atención médica y psicológica.

• Salvaguardar la integridad física de las personas en contexto de migración integrantes de la Caminata Migrante.

• Que las Procuradurías de Protección de NNA, a través del grupo multidisciplinario determinen el ISN y dicten las medidas de protección.

• Alternativas de alojamiento para los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado de las personas que permanecen en el recinto ferial de Tapachula, Chiapas.

• Seguridad y protección perimetral durante el tránsito de las personas integrantes de la Caminata Migrante, así como en los lugares donde pernoctan.

• Acciones de seguridad y vigilancia en las rutas y lugares donde las personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil brindan el acompañamiento a la Caminata Migrante.

Como parte del seguimiento y acompañamiento de los tres éxodos denominados Caminata Migrante, personal de este organismo nacional sostuvo reuniones con las autoridades estatales y municipales de los estados del país por donde transitaron, para diseñar las estrategias a seguir y salvaguardas sus derechos humanos.

También se dio seguimiento a las personas en contexto de migración solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, que durante los meses de octubre y noviembre de 2018 se alojaron en el albergue habilitado temporalmente por el Instituto Nacional de Migración (INM), conocido como “recinto ferial” en Tapachula, Chiapas, realizando acciones con las autoridades para garantizar el debido proceso y las alternativas de alojamiento.

Si bien las tres Caminatas Migrantes, estuvieron en territorio mexicano al mismo tiempo, el movimiento propio de cada una de ellas permitió que en cierto momento se unieran la segunda y la tercera, en Matías Romero, Oaxaca, separándose y volviéndose a unir en la Ciudad de México. El avance por el siguiente tramo de territorio mexicano continuó de manera separada, pero finalmente las tres caravanas se unieron en Tijuana, Baja California, siendo éste el punto final dentro de territorio mexicano.

Esta Comisión Nacional ha manifestado su rechazo a los hechos de violencia que se presentaron el 25 de noviembre de 2018 en el cruce fronterizo San Ysidro-Tijuana, como consecuencia del intento que llevaron a cabo diversos miembros de las Caminatas Migrantes por cruzar hacia Estados Unidos de América (EUA), toda vez que esa situación además de ocasionar el cierre del cruce internacional, puso en riesgo innecesario a personas ajenas a las caminatas que se encontraban en la zona, como resultado de la utilización de gases lacrimógenos y otras medidas implementadas por la seguridad fronteriza estadounidense para evitar la entrada de dichas personas a ese país.

Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dentro del ámbito de su competencia y como garante de los derechos humanos, continuará dando seguimiento y realizando acciones a favor de las personas en contexto de migración que se encuentra en nuestro país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de enero de 2019.— Maestro Luis Raúl González Pérez (rúbrica), presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios y al promovente, respectivamente, para su conocimiento.

———————— o ————————

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: «Coordinación Nacional de Protección Civil.

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, Secretaria de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, a su vez, para referirme a su atento oficio número D.G.P.L. 64-II-4-317, expediente número 57, mediante el cual da a conocer al coordinador nacional de Protección Civil, licenciado David E. León Romero, el punto de acuerdo aprobado en sesión de fecha 23 de enero de 2019 por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para hacer de su conocimiento lo siguiente:

En el marco de la coordinación interinstitucional del Sistema Nacional de Protección Civil y, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 17, primer párrafo; 19, fracción I y, demás relativos de la Ley General de Protección Civil, se solicitó la intervención de las unidades estatales de Protección Civil tal y como se solicita en el punto de acuerdo que nos ocupa, a fin de apoyar mediante una adecuada planeación, la seguridad, auxilio y rehabilitación de la población y su entorno, ante situaciones de desastre, incorporando las medidas a que el mismo se refiere, entre los sectores de la población.

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva otorgar al presente.

Atentamente

Ciudad de México, a 29 de enero de 2019.— Ingeniero Jorge Edson Vargas Vázquez (rúbrica), director de Administración de Emergencias y encargado del despacho de la Dirección General de Protección Civil.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se remite al promovente.

INICIATIVAS DE LOS SENADORES



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2018, los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma los párrafos quinto y sexto de la fracción III del artículo 74 y el artículo 74-A, ambos de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 22 de enero de 2019.— Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (rúbrica), secretaria.»

« Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos 5 y 6 de la fracción III del artículo 74 y se reforma el artículo 74-A, ambos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Los suscritos, senadoras y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1, 164, numeral 1, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esa honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos 5 y 6 de la fracción III del artículo 74 y se reforma el artículo 74-A, ambos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En la actualidad, las actividades primarias, en las que se incluyen las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, representan únicamente el 3.4 por ciento del PIB, mientras que sectores como el terciario participan con el 63.17 por ciento del producto nacional.

Ahora, tomando en cuenta lo anterior, podemos establecer que, pese a que nuestro campo no se consolida como el principal aportador dentro de esta variable macro, sí podemos señalar que nuestro campo ha hecho frente a diferentes retos y adversidades para mantener una buena estabilidad y producción efectiva a través del tiempo.

No obstante, a lo largo de estos últimos cuatro meses, el saldo de la balanza comercial dentro del campo se ha presentado deficitaria, siendo que para el mes de octubre alcanzó un nivel de -$147,991.00 mil dólares, siendo que, a principios de este mismo año, teníamos un superávit de $634,269 mil dólares.

Es por ello, que las estrategias que debe seguir la nueva administración se deben centrar en reforzar la estructura productiva de nuestro campo, y cuyo propósito más allá de generar un mayor nivel de crecimiento se traduzca en beneficiar el bienestar social de quienes viven del campo.

Por otro lado, la reciente presentación del paquete económico del presidente de la República contempla recortes sustanciales que se contemplan como pilares estructurales del sector agrario y campesino.

Programas como Apoyo a la comercialización, Fomento a las exportaciones, Incentivos para productores de Maíz y Firjol o Proagro fueron eliminados del Programa Especial Concurrente (PEC) y cuyos propósitos se centraban en atender las necesidades de uno de los sectores más vulnerables de nuestra población.

De igual forma, proyectos del mismo PEC contemplan reducciones severas sobre programas como Arráigate Joven Impulso emprendedor, con una reducción del 63.2 por ciento; Procafé con una reducción del 55.7 por ciento o el Mismo programa de Fomento a la Agricultura que contempla una reducción del 82.6 por ciento.

En todo caso, la dinámica del presidente tendrá un gran costo social para el bienestar de millones de mexicanos que ven del campo su forma de existencia.

Si bien los programas no están hechos para ser contemplados como estrategias asistencialistas, sí han servido para reducir los índices de rezago y pobreza en nuestra población, pues constituyen una fuente segura de ingreso, que tiene un objeto particular que se encuentra en línea con las estrategias planteadas desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para combatir el rezago, la pobreza y el hambre en las comunidades más desprotegidas.

Por lo tanto, es un gran reto para quienes servimos a esta nación procurar que nuestra población obtenga las mejores herramientas posibles para procurar un desarrollo sostenible y favorable para ellos y las próximas generaciones de estas familias.

Contenido de la Iniciativa

Así, los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional proponemos ampliar la base de estímulos fiscales sobre la población agraria cuya fuente de ingresos proviene mayormente de las actividades agrícolas, pecuarias y ganaderas.

De tal forma que obtengan un beneficio de forma compensatoria ante los ajustes presupuestales del próximo ejercicio fiscal, toda vez que la base económica de un país no radica en los sectores terciarios sino en su campo y la gente que vive de él.

Para fines didácticos, a continuación se inserta una tabla comparativa respecto a la iniciativa de reforma que aquí se propone:






Por todo lo anteriormente expuesto y motivado, nos permitimos someter a esta honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de Decreto

Único. Se reforman los párrafos quinto y sexto de la fracción III del artículo 74 y el artículo 74-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 74. Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente Capítulo, los siguientes contribuyentes:

...

I. a II.

III. Deberán cumplir con las demás obligaciones formales, de retención y de entero, que establecen las disposiciones fiscales.

...

Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 40 veces el salario mínimo general elevado al año, por cada uno de sus socios o asociados siempre que no exceda, en su totalidad, de 400 veces el salario mínimo general elevado al año. El límite de 200 veces el salario mínimo no será aplicable a ejidos y comunidades. En el caso de las personas físicas, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 80 veces el salario mínimo general elevado al año. Las personas morales a que se refiere este párrafo podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley.

Tratándose de personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas; silvícolas, pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 80 o 40 veces el salario mínimo general elevado al año, según corresponda, pero sean inferiores de 800 veces el salario mínimo general elevado al año, les será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, por el excedente se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo, reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción II de dicho párrafo, en un 60 por ciento tratándose de personas físicas y un 50 por ciento para personas morales. Las personas morales a que se refiere este párrafo podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate, la utilidad que corresponda a los ingresos exentos; para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley.

(...)

Artículo 74-A. Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, y que dichos ingresos representen cuando menos el 10 por ciento de sus ingresos totales en el ejercicio, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y terrenos, de su propiedad que hubiesen estado afectos a las citadas actividades, y que además sus ingresos totales en el ejercicio no rebasen 8 veces el salario mínimo general elevado al año, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de las citadas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 1 salario mínimo general elevado al año.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el 18 de diciembre de 2018.— (Rúbrica).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.



LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2018, las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentaron iniciativa con proyecto de decreto para el cobro adecuado del IVA a las importaciones.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 22 de enero de 2019.— Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (rúbrica), secretaria.»

«Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8o., numeral 1, fracción I, 16, numerales 1 a 3, 169 y 172, párrafo 1, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de esta Cámara la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 1o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Considerando el efecto causado por la interpretación a modo que está aplicando la Administración General de Auditoría en Comercio Exterior, perteneciente al Servicio de Administración Tributaria, contraviniendo la aplicación que por años se llevó a cabo en las operaciones de comercio exterior realizadas, utilizando los almacenes generales de depósito, tanto por residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente, como por residentes nacionales, situación que nunca provocó controversia alguna con las autoridades de comercio exterior y fiscales, dada la interpretación coincidente por las partes involucradas durante todo ese tiempo, y mientras no surgiera la interpretación a modo referida, que está causando inconformidad por los importadores por los daños económicos que les causan, así como las consecuencias graves, inaceptables por los residentes en el extranjero, tratándose de bienes tangibles extranjeros, que tienen el propósito final de ser importados.

La interpretación a modo que se está llevando a cabo con los importadores al aplicar la autoridad su criterio afecta a partir de los requerimientos que está llevando a cabo a lo largo y ancho del país de los últimos cinco años, en los que solicitan al contribuyente que demuestre y pruebe documentalmente haber realizado la retención que establece el artículo lo.-A, fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, llevando la autoridad esta situación hasta la última consecuencia, en el caso de que no se hubiere efectuado la retención pretendida, resultando cantidades de dinero, en algunos casos en importes que con actualizaciones, recargos y multas impagables.

En adelante se procede a dar toda la argumentación disponible, con su respectiva motivación y fundamentación, para con ello demostrar lo arbitrario y absurdo que resulta el criterio que pretende aplicar la autoridad referida, so pretexto de que en algunos casos utilizaran los residentes extranjeros sin establecimiento permanente los almacenes generales de depósito como “tienditas” para comercializar sus bienes tangibles, hasta ese momento extranjeros, situación que pretende calificarse como una competencia desleal ante los importadores de bienes tangibles similares.

Todos y cada uno de los considerandos que se argumentan y exponen en adelante se les da el sentido y explicación con el debido alcance, que prueba inequívocamente lo absurdo y fuera del contexto de la ley, por la aplicación de la interpretación a modo que pretenden las autoridades del SAT, so pretexto de que en algunos casos utilizaran los residentes extranjeros sin establecimiento permanente los almacenes generales de depósito como “tienditas” para comercializar sus bienes tangibles, hasta ese momento extranjeros, situación que pretende calificarse como una competencia desleal ante los importadores de bienes tangibles similares.

Análisis jurídico de los artículos de las diversas leyes que fundamentan y justifican la modificación que se pretende al artículo 1o.-A, fracción III, y el párrafo inmediato de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Bienes tangibles extranjeros que se introduzcan a territorio nacional, cuando arriban a nuestras fronteras marítimas, terrestres y aeroportuarias, deben destinarse al depósito fiscal de la aduana de entrada correspondiente, con el propósito de ser importadas en definitiva o temporalmente, y dado el interés de las partes se proceda a utilizar los almacenes generales de depósito autorizados para mantener la guarda, custodia y almacenaje en depósito fiscal de los bienes tangibles mientras mantengan su carácter de extranjeros por convenir a los intereses de las partes, mientras se consuma la importación que se pretende.

Fundamento legal: Artículos 1o. y 23 de la Ley Aduanera.

Posteriormente las mercancías, aún en su carácter de extranjeras, son enviadas a un almacén general de depósito (debidamente autorizado como depósito fiscal) y destinadas al régimen de depósito fiscal, por el agente aduanal contratado.

Fundamento legal: Primero, cuarto y octavo párrafos del artículo 119 de la Ley Aduanera.

Dada la relevancia que tiene el artículo 119 de la Ley Aduanera, con el caso que nos ocupa me permito transcribir la parte conducente:

LA, artículo 119. El régimen de depósito fiscal consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito que puedan prestar este servicio en los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y además sean autorizados para ello, por las autoridades aduaneras. El régimen de depósito fiscal se efectúa una vez determinados los impuestos al comercio exterior, así como las cuotas compensatorias.

Los almacenes generales de depósito que cuenten con la autorización a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir en cada local en que mantengan las mercancías en depósito fiscal los siguientes requisitos:

I. ...

II. ...

Para destinar las mercancías al régimen de depósito fiscal será necesario cumplir en la aduana de despacho las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables a este régimen, así como acompañar el pedimento con la carta de cupo. Dicha carta se expedirá por el almacén general de depósito o por el titular del local destinado a exposiciones internacionales a que se refiere la fracción III del artículo 121 de esta ley, según corresponda, y en ella se consignarán los datos del importador, exportador o agente aduanal, que promoverá el despacho.

...

Las personas físicas o morales residentes en el extranjero podrán promover el régimen de depósito fiscal por conducto de agente aduanal, conforme a los requisitos de llenado del pedimento que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.

...

Como se desprende de las partes destacadas de la transcripción, las mercancías podrán ser destinadas al régimen de depósito fiscal siempre que hubieran sido ya determinadas las contribuciones al comercio exterior en el pedimento correspondiente con clave A4, entiéndase con ello, cuotas compensatorias, impuesto general de importación e impuesto al valor agregado.

Asimismo, cabe mencionar que el texto de dicho artículo, en el párrafo octavo, avala a las personas morales residentes en el extranjero la posibilidad de promover el régimen de depósito fiscal por conducto de agente aduanal, siempre que se cumplan los requisitos que establece el SAT.

Otra cuestión relevante indica el método para determinar el valor en aduanas que servirá como base de cálculo de las contribuciones por pagar al momento de la extracción, situación que se determinó en el campo de observaciones del pedimento de introducción en el régimen de depósito fiscal.

Después de permanecer almacenados los bienes tangibles bajo el régimen aduanero de depósito fiscal, por mayor o menor tiempo en función de la demanda del producto, para realizar la extracción correspondiente destinándolos al régimen de importación definitiva, mediante pedimento de extracción de mercancías con clave G1, habiéndose para este efecto haber pagado previamente las contribuciones al comercio exterior correspondientes.

Fundamento legal: Artículos 120, fracciones I a III, y 122 de la Ley Aduanera; 1o. y 24 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; y 4o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Se transcribe literalmente el artículo 120 de la Ley Aduanera, por la pertinencia que tiene en el caso que nos ocupa:

LA, artículo 120. Las mercancías en depósito fiscal podrán retirarse del lugar de almacenamiento para

I. Importarse definitivamente, si son de procedencia extranjera.

II. Exportarse definitivamente, si son de procedencia nacional.

III. Retomarse al extranjero las de esa procedencia o reincorporarse al mercado las de origen nacional, cuando los beneficiarios se desistan de este régimen.

IV. Importarse temporalmente por maquiladoras o por empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía.

Las mercancías podrán retirarse total o parcialmente para su importación o exportación pagando previamente los impuestos al comercio exterior y el derecho de trámite aduanero, para lo cual deberán optar al momento del ingreso de la mercancía en el depósito fiscal si la determinación del importe por pagar se actualizará en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación o conforme a la variación cambiaria que hubiere tenido el peso frente al dólar de Estados Unidos de América, durante el periodo comprendido entre la entrada de las mercancías en el territorio nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de esta ley, o en el almacén en el caso de exportaciones, y su retiro del mismo, así como pagar previamente las demás contribuciones y cuotas compensatorias que, en su caso, correspondan.

Los almacenes generales de depósito recibirán las contribuciones y cuotas compensatorias que se causen por la importación y exportación definitiva de las mercancías que tengan en depósito fiscal, y estarán obligados a enterarlas en las oficinas autorizadas al día siguiente a aquel en que las reciban.

En los casos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, al efectuarse el retiro deberán satisfacerse, además, los requisitos que establezca la secretaria mediante reglas. En el caso de la fracción III, el retorno al extranjero podrá realizarse por la aduana que elija el interesado sin el pago de los impuestos al comercio exterior y de las cuotas compensatorias. El traslado de las mercancías del almacén a la citada aduana deberá realizarse mediante el régimen de tránsito interno.

De la lectura del precepto anterior podemos concluir que las mercancías de procedencia extranjera, como en este caso, sujetas al régimen de depósito fiscal tienen la posibilidad de retirarse del almacén general de depósito para importarse definitivamente, así también podrán retornarse al extranjero sin pagar impuestos y sin perder su carácter de mercancía extranjera; lo anterior, cuando los beneficiarios se desistan de aquel régimen.

De la mano de lo anterior, el artículo 122 de la Ley Aduanera precisa la posibilidad de que las mercancías que se encuentren en depósito fiscal podrán ser adquiridas por terceros y residentes en el extranjero. Abajo lo cito textual:

LA, artículo 122. Las mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal que se encuentren en almacenes generales de depósito autorizados podrán ser adquiridas por terceros y residentes en el extranjero, siempre que el almacén manifieste su conformidad. El adquirente quedará subrogado en los derechos y obligaciones correspondientes.

Ahora bien, en materia de pago de contribuciones es de capital importancia analizar lo considerado en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en los artículos 1o., 1o.-A, 10 y 24, que a continuación abordo:

LIVA, artículo 1o. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado, establecido en esta ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

I. Enajenen los bienes

II. Presten servicios independientes

III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes

IV. Importen los bienes o servicios

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta ley la tasa de 16 por ciento. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.

...

Describe claramente quién es el sujeto del impuesto al valor agregado, indicando que lo son tanto las personas físicas como las personas morales, sin hacer distinción, en función de su residencia, o en función de su nacionalidad, cualquiera que sea su definición, tiene la obligación y deber cumplir el pago de dicho impuesto.

Establece como ámbito espacial de aplicación del citado impuesto los límites del territorio mexicano.

Fija una tasa de pago del impuesto de 16 por ciento.

Y describe el objeto del impuesto; menciona los cuatro actos y actividades que están gravados, entre los cuales se encuentra la importación de bienes (fracción IV), cabe mencionar que es la única actividad gravada por el artículo 1o. transcrito.

Ahora bien, cabe destacar que en el primer párrafo ese artículo indica literalmente “ actos o actividades”, sin distinguir claramente cuáles son las conductas que considera “actos” y cuáles considera “actividades”. Por tal razón me permito compartir la definición de ambos vocablos de acuerdo con la Real Academia Española (RAE):

Acto

1. m. Der. Hecho voluntario que crea, modifica o extingue relaciones de derecho, conforme a éste.

Actividad

4. f. Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad. U. m. en pl.

De acuerdo con la RAE, podemos decir que lo que distingue el acto de la actividad es que el primero de ellos consta de una sola acción, y el segundo es un cúmulo de acciones ligadas a la persona o un ente. Por tanto, podríamos decir en ese contexto que el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado describe tres actos: I. Enajenen bienes, II. Presten servicios independientes, III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes, y una sola actividad: IV. Importen bienes o servicios.

Con independencia de lo anterior, resulta evidente del texto elegido por el legislador, que al utilizar el vocablo “o” en la redacción del primer párrafo, en lugar de haber utilizado el vocablo “y”, pretende dejar claro que el contribuyente sólo deberá ser objeto de la aplicación de dicho impuesto ya sea por una conducta o por otra, cerrando la posibilidad de que se aplique dos veces el mismo impuesto por una misma conducta, con el propósito de no distorsionar la carga tributaria al contribuyente.

Ahora bien, cabe hacer referencia al artículo 24 de la misma ley, que considera la importación de bienes o de servicias en la fracción I. La introducción al país de bienes.

Por su parte, el artículo 26 de la misma ley menciona que se considera que se efectúa la importación de bienes o servicios en el momento en que el importador presente el pedimento para su trámite en los términos de la legislación aduanera; por tanto, deja claro que el momento de pago de dicho impuesto será al presentar el pedimento, en este caso, el pedimento de importación definitiva, clave Gl de extracción, del depósito fiscal, como es el caso que nos ocupa, un almacén general de depósito en que se encuentre en guarda, custodia y almacenaje, que es idéntico al que se realizara tanto en la aduana de un recinto fiscal, recinto fiscalizado, almacén general de depósito, o recinto fiscalizado estratégico.

No obstante lo anterior, con el propósito de definir claramente las obligaciones que debe cumplir el importador, y si en el caso concreto se perfeccionaría alguna otra conducta que derive en el pago de este impuesto, para el efecto, me permito revisar lo dispuesto en el artículo 1o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que a la letra transcribo a continuación:

LIVA, artículo 1o.-A. Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:

I. Sean instituciones de crédito que adquieran bienes mediante dación en pago o adjudicación judicial o fiduciaria.

II. Sean personas morales que

a) Reciban servicios personales independientes, o usen o gocen temporalmente bienes, prestados u otorgados por personas físicas, respectivamente.

b) Adquieran desperdicios para ser utilizados como insumo de su actividad industrial o para su comercialización.

c) Reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes, prestados por personas físicas o morales.

d) Reciban servicios prestados por comisionistas, cuando éstos sean personas físicas.

III. Sean personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país.

No efectuarán la retención a que se refiere este artículo las personas físicas o morales que estén obligadas al pago del impuesto exclusivamente por la importación de bienes.

...

De este precepto se desprende que a las personas físicas y morales que estén obligadas al pago del impuesto únicamente por la importación de bienes tangibles se les exime de efectuar la retención señalada en la fracción III, dado que el importador está obligado al pago del impuesto al valor agregado exclusivamente por la importación de bienes, si se realiza la importación definitiva de los bienes tangibles con el pedimento de extracción del depósito fiscal con clave G1. Luego entonces, de conformidad con esta exclusión, queda relevado del deber de retener, por el acto de una supuesta enajenación que ni siquiera es realizable, dado que siendo el estado del bien tangible es extranjero, la cual esta descrita en la fracción 1 del artículo 1o. de la ley, lo que significaría una doble tributación, primero por un acto y segundo por una actividad, ambas gravadas en el mismo artículo, en las fracciones I y IV.

Si se analizara a la letra el texto del artículo lo.-A referido, que dice en una de sus partes que están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, hago mención que, en el caso de una facturación de residente en el extranjero sin establecimiento permanente, nunca se asentará el impuesto trasladado, dado que no tributan en nuestro país y, a su vez, el adquirente no tendría la base expresa para aplicar retención alguna porque no puede la ley obligarlo cuando...

En ese orden de ideas, y de conformidad con los artículos 1o., lo.-A, 24 y 26 de la Ley del IVA, se ratifica el criterio del legislador en el sentido de considerar que la actividad de importación de bienes tangibles a territorio nacional será objeto del pago del impuesto en comento y que éste se deberá pagar en el momento en que se presente el pedimento para su trámite, en congruencia con lo que dispone el segundo párrafo del artículo lo.-A.

En adelante, desglosando por su definición los términos contenidos en la fracción III del artículo lo.-A tantas veces referido, asentamos los conceptos vertidos y su significado, necesariamente considerados por el legislador, como sigue:

Adquirente. Se refiere a personas físicas o morales residentes en México.

Enajenante. Se refiere a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México.

Bienes tangibles. Bienes sujetos a la enajenación-adquisición, o se den en uso o goce temporal.

a) Bienes tangibles e intangibles extranjeros

A continuación me permito hacer una reflexión en relación con lo que el legislador prevé en caso de que se realice una enajenación en territorio nacional de un bien tangible extranjero, sin previamente haber realizado el pago de contribuciones correspondientes, y para el efecto resulta inevitable abordar el contenido del artículo 102 del Código Fiscal de la Federación, que a la letra dice:

CFF, artículo 102. Comete el delito de contrabando quien introduzca en el país o extraiga de él mercancías

I. Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse.

II. Sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario este requisito.

III. ... también comete el delito de contrabando quien interne mercancías extranjeras procedentes de las zonas libres en el resto del país en cualquiera de los casos anteriores, así como quien las extraiga de los recintos fiscales o fiscalizados sin que hayan sido entregadas legalmente por las autoridades o por las personas autorizadas para ello.

CFF, artículo 103. Se presume cometido el delito de contrabando cuando

I. Se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que acredite que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en la Ley Aduanera para su introducción en territorio nacional...

II. a IV ...

Como se podrá dilucidar, sin lugar a dudas o error, en el compendio de leyes fiscales, entre otras, Código Fiscal de la Federación, Ley Aduanera, Ley de Comercio Exterior, y cualquier ley de impuestos internos, en el artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, en todas y cada una de sus fracciones, quedan excluidos del concepto de territorio nacional, para el efecto de la consideración del delito que se tipifica como contrabando, a las aduanas, recintos fiscales, recintos fiscalizados, almacenes generales de depósito o recintos fiscalizados estratégicos, dado que la propia autoridad fiscal controla, ordena, dispone y autoriza a esos lugares como los únicos para el depósito fiscal controlado de los bienes tangibles extranjeros para su guarda, custodia y almacenaje mientras destinan a algún régimen aduanero, lapso durante el cual estarán legalmente en el país, sin que se esté cometiendo infracción ni delito alguno, aunque la propiedad de los mismos corresponda a un residente extranjero sin establecimiento permanente, o de un residente nacional en su carácter de importador. En ese sentido, por la importancia y trascendencia legal que tienen quienes almacenan mercancías en depósito ante la aduana, conforme al artículo 26 de la Ley Aduanera Fracción VII, a la letra dice:

LIVA, artículo 26, fracción VII. Entregar las mercancías que tengan almacenadas una vez que constaten que los datos del pedimento proporcionado coincidan con los contendidos en el sistema electrónico aduanero, en el que aparezca además la consignación de contribuciones y cuotas compensatorias determinadas.

...

Como se deriva del precepto anterior, los únicos autorizados para la entrega de los bienes que se importen, como establece la fracción VII referida que antecede, es la autoridad fiscal o quién expresamente esté autorizado por ley, por lo que no debe considerarse que la entrega material de los bienes tangibles extranjeros, se realiza directamente por el enajenante sin previo pago de contribuciones y cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, porque significaría

Primero. En primera instancia porque se está cometiendo el acto tipificado como contrabando en los artículos 102, 103, 105 y 115 del Código Fiscal de la Federación.

Se procede a la transcripción de este último:

CFF, artículo 115. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión al que se apodere de mercancías que se encuentren en recinto fiscal o fiscalizado si el valor de lo robado no excede de $59 040.00; cuando exceda, la sanción será de tres a nueve años de prisión.

Segundo. De lo anterior se concluye que la definición que establece el artículo 10 de la Ley del IVA, que debe entenderse que la enajenación se efectúa en territorio nacional si en él se encuentra el bien al efectuarse el envío al adquirente y cuando, no habiendo envío, en el país se realiza la entrega material del bien por el enajenante. Lo que confirma que el Legislador inequívocamente se refiere a Bienes Tangibles o Intangibles Nacionales o Nacionalizados; por tanto, en ningún caso se referirá este ordenamiento a bienes tangibles o intangibles extranjeros.

A continuación me permito transcribir el artículo 10 de la Ley del IVA, en el cual define cuándo se considera que la enajenación de un bien tangible o intangible se lleva cabo en territorio nacional:

LIVA, artículo 10. Para efectos de esta ley se entiende que la enajenación se efectúa en territorio nacional si en él se encuentra el bien al efectuarse el envío al adquiriente y cuando, no habiendo envío, en el país se realiza la entrega material del bien por el enajenante. La enajenación de bienes sujetos a matrícula o registros mexicanos se considerará realizada en territorio nacional aun cuando al llevarse a cabo se encuentren materialmente fuera de dicho territorio y siempre que el enajenante sea residente de México o establecimiento en el de residentes en el extranjero.

Tratándose de bienes intangibles, se considera que la enajenación se realiza en territorio nacional cuando el adquirente y el enajenante residan en el mismo.

...

De este precepto se desprende que la enajenación que se efectúa en territorio nacional, si el bien objeto de la misma se encuentra dentro de él. Ahora bien, para que un bien se encuentre legalmente dentro de nuestro territorio nacional, necesariamente se tratará de un bien tangible nacional o nacionalizado, ya sea que se hubiera fabricado, construido, elaborado, producido dentro de nuestras fronteras o, en su caso (siendo de origen extranjero), se hubiera ya formalizado su introducción a nuestro país a través de un pedimento de importación definitiva o temporal. Como alternativa existe la posibilidad de que el bien tangible nacional o nacionalizado haya sido dado en propiedad y pertenencia por una autoridad judicial.

Ya que, a saber, tratándose de bienes de origen extranjero cuando ingresan en territorio nacional están limitados a permanecer en depósito ante la aduana dentro recinto fiscal o fiscalizado o, en su caso, en un almacén general de depósito para su guarda, custodia y almacenaje, en cuyo caso el enajenante no tendría el derecho de disponer de los bienes, ya sea para su libre envío o entrega, como refiere el artículo en comento.

b) Bienes tangibles e intangibles nacionales o nacionalizados

La retención es obligada sine qua non por el legislador, es para todos los casos en que se adquieran bienes tangibles e intangibles nacionales o nacionalizados, que enajene en territorio nacional un residente en el extranjero sin establecimiento permanente. Lo anterior, en cumplimiento estricto del texto de la fracción III del artículo lo.-A analizado.

El bien tangible nacional (mueble o inmueble) que se adquiera dentro del territorio nacional está obligado a retener sobre el valor o contraprestación pactada 16 por ciento de tasa del IVA, y en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores. El legislador, en razón de los motivos y fundamentos de absoluta justicia, lo llevaron a asentar en la Ley del IVA la obligación de retener dicho impuesto, dada la responsabilidad que tenemos los residentes nacionales y residentes extranjeros con ‘establecimiento permanente en el país de tributar en todos los casos al consumar una enajenación de cualquier bien tangible o intangible, nacional o nacionalizado.

LIVA, artículo 1o.-A, tercer párrafo. Quienes efectúen la retención a que se refiere este artículo sustituirán al enajenante, prestador de servicio u otorgante del uso o goce temporal de bienes en la obligación de pago y entero del impuesto.

En cumplimiento de este precepto, el adquirente substituye al enajenante, por lo ordenado en este artículo, así también, el prestador del servicio.

Se transcribe el cuarto párrafo del artículo 1o.-A de la Ley del IVA:

LIVA, artículo 1o.-A, tercer párrafo. El retenedor efectuará la retención del impuesto en el momento en que pague el precio o la contraprestación y sobre el monto de lo efectivamente pagado y lo enterará mediante declaración en las oficinas autorizadas, con el pago del impuesto correspondiente al mes en el cual se efectúa la retención o, en su defecto, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que hubiese efectuado la retención, sin que contra el entero de la retención pueda realizarse acreditamiento, compensación o disminución alguna.

Independientemente de la fundamentación presentada, para la iniciativa de ley para modificar la redacción referida, agrego conceptos de la compraventa conforme los definen los códigos que en adelante se refieren.

En relación con la compraventa de mercancías, es importante analizar lo dispuesto en los artículos 2248·y 2249 del CódigoCivi1 de la Federación, de aplicación supletoria al Código Fiscal de la Federación.

CCF, artículo 2248. Habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero.

CCF, artículo 2249. Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho.

De lo anterior se desprende que se perfecciona la compraventa de un bien cuando se estipulen entre las partes precio y cosa, independientemente de que satisfaga el pago o la entrega.

Así también, se concluye que mientras esté vigente el propósito de realizar la importación de los bienes tangibles, puede permanecer en depósito fiscal, por cuenta del residente en el extranjero, sin o con establecimiento permanente en el país, al igual que en el caso del residente nacional, siempre y cuando se respeten las Leyes de Comercio Exterior, y Aduanera, sin que esto signifique que esté infringiendo ordenamiento alguno. Como ejemplo, cuando se aplica el artículo 3, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se transcribe:

LISR, artículo 3. No se considerará que constituye establecimiento permanente

I. a IV. ...

V. El depósito fiscal de bienes o de mercancías de un residente en el extranjero en un almacén general de depósito ni la entrega de los mismos para su importación al país.

De lo anterior se desprende que el residente en el extranjero sin establecimiento permanente dentro del país, aplicando la disposición anterior, no es sujeto a causar el impuesto sobre la renta.

Dado lo anterior, considerando la condición armónica que debe prevalecer entre las leyes de impuestos internos, como es el caso de las Leyes de los Impuestos sobre la Renta, y al Valor Agregado, promulgadas para la protección de la soberanía, en nuestro carácter de fuente de riqueza, cuando los actos y actividades se dan en el territorio nacional, de donde se debe considerar que tampoco sería causante del impuesto al valor agregado.

Sirve de apoyo la siguiente tesis del Poder Judicial:

Valor agregado. La empresa extranjera que introduce mercancías en el país bajo el régimen de depósito fiscal no está obligada a retener el impuesto relativo si posteriormente éstas son importadas definitivamente por una persona diversa.

El artículo 1o.-A., fracción III, de la Lev del Impuesto al Valor Agregado impone a las personas físicas y morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, la obligación de retener el impuesto que corresponda, cuando tales actos se realicen dentro del territorio nacional. Por otra parte, conforme a los artículos 119 y 120 de la Ley Aduanera, el régimen de depósito fiscal es el almacenamiento de mercancías, tanto de procedencia extranjera como nacional, en un almacén general de depósito autorizado de acuerdo con la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y cuando sean de procedencia extranjera podrán ser retiradas del lugar de almacenamiento para ser importadas definitivamente, previo pago de los impuestos al comercio exterior y del derecho de trámite aduanero. En estas condiciones, depositadas en un almacén autorizado, aquéllas no pierden su calidad de productos extranjeros ni se entiende que a partir de ese momento fueron importadas sino, únicamente, que se situaron en un almacén para su despacho. Por tanto, la empresa extranjera que introduce mercancías en el país bajo el régimen de depósito fiscal, las cuales posteriormente son importadas definitivamente por una persona diversa –aun cuando ésta pueda ser la finalidad del almacenaje–, no está obligada a retener el impuesto al valor agregado, porque el importador es quien debe pagar aquella contribución, en términos del artículo 24, fracción I, de la ley relativa, ya que considerar que ambas están obligadas a ello llevaría a establecer un doble pago por el mismo hecho imponible.

Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Naucalpan de Juárez, México.

Amparo directo 157/2010. Unión Química, SA de CV, 20 de agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Enrique Báez López. Secretario: Manuel Monroy Álvarez.

Existe un argumento de derecho internacional que vale la pena exponer, de acuerdo con el cual resulta totalmente improcedente la retención del impuesto al valor agregado, fundamentalmente porque al pagar el impuesto por la importación y además estar sujeto a una retención por el mismo impuesto, se distorsiona la carga fiscal a que son sujetos los bienes ya sean extranjeros o nacionales.

Asimismo, me permito agregar como respaldo de este criterio, la tesis de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

VII-P-2aS-895

Impuesto al valor agregado. La obligación de retenerlo, de conformidad con el artículo 1o.-A, fracción III, de la ley de la materia, no es exigible en los casos en que los bienes adquiridos hayan sido importados y se hubiere pagado el impuesto correspondiente por dicha operación. El artículo 1o., fracción IV, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que están obligadas al pago de dicho impuesto las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, importen bienes o servicios. Por su parte, el artículo 1o.-A, fracción III, del referido ordenamiento dispone que están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade los contribuyentes que sean personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país. De manera que si un particular adquiere bienes de un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional y efectúa la importación de los mismos, deberá enterar el impuesto al valor agregado por dicha operación, de conformidad con el artículo 1o., facción IV, de la ley, sin que se encuentre obligado a retenerlo en términos del artículo 1o.-A, fracción III, del mencionado ordenamiento, pues un mismo acto jurídico constituiría dos hechos gravables para la Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo que es contrario a la mecánica del impuesto referido. Lo anterior, porque la finalidad del impuesto al valor agregado es eliminar los efectos de distorsión en la carga fiscal de los bienes y servicios, ya que por un lado se permite liberar totalmente de carga fiscal las exportaciones aplicando la tasa de 0 por ciento y, en contrapartida, someter las importaciones a la misma carga que los productos o servicios nacionales, obteniéndose de esta manera una neutralidad en el ámbito de los impuestos indirectos aceptable tanto en el ámbito internacional como dentro del mercado nacional, entre los productos extranjeros y nacionales.

Juicio contencioso administrativo número 3290/14-11-03-6/AC1/628/15-S2-08-03. Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión del 6 de agosto de 2015, por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra. Magistrado ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz. Secretaria: Licenciada Alín Paulina Gutiérrez Verdeja. (Tesis aprobada en sesión del 8 de septiembre de 2015.)

RTFJFA, séptima época, año VI, número 56, marzo de 2016, página 517.

Asimismo, otra implicación, en caso de que se fije la obligación al importador de retener el IVA a los residentes en el extranjero, es la contravención de los principios consagrados en el GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) firmado ante la OMC (Organización Mundial del Comercio), y en su caso la violación del principio de equidad consagrado en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A saber, los principios rectores del GATT son adoptados por todos los tratados de libre comercio que México ha suscrito, entre los cuales se encuentra el trato no discriminatorio, el cual tiene dos vertientes, una de ellas es el trato nacional, el cual prevé que los bienes extranjeros una vez que paguen los impuestos de importación que le corresponden, deberán recibir el mismo trato que los bienes nacionales, y en ningún caso se les aplicará cargas especiales o tributos adicionales, pues esto generaría un sobrecosto al bien importado por mi representada (equivalente a 16 por ciento adicional), dejándolos en una situación de iniquidad respecto a los mismos bienes de importación que no utilizan el régimen de depósito fiscal de un almacén general de depósito o de los de fabricación nacional.

Creación de la regla 4.1.11 de la resolución miscelánea fiscal por la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior en contravención de lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 1o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Dado el encabezado en el inicio de la presente promoción, en que la autoridad de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria, con estas todas referencias de ley en materia fiscal y aduanera, podemos afirmar que la interpretación a modo que ha impuesto a diversos importadores, entre otras injusticias, está induciendo a la comisión de delitos tan graves como el contrabando. Además, se concluye que aparte de la interpretación a modo, se ha emitido por la misma autoridad la regla 4.1.11, en que se legisla contra lo que establece la Ley del IVA, en el segundo párrafo del artículo 1o.-A, se agrega a la letra la resolución miscelánea fiscal para 2017, como sigue:

Dada la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2017 y sus anexos l-A y 3-A

Regla 4.1.11, publicada en el DOF el 21 de septiembre de 2017

Acreditamiento de IVA no retenido

4.1.11. Para los efectos del artículo 5, fracción IV, de la Ley del IVA, los contribuyentes que no hubieren retenido el IVA en términos del artículo 1o.-A, fracción III, de la misma ley antes de la entrada en vigor de la presente regla, podrán corregir su situación fiscal, siempre y cuando realicen el entero de una cantidad equivalente al impuesto que debieron haber retenido, conjuntamente con la actualización, los recargos y, en su caso, las multas que procedan.

En caso de que el contribuyente tenga un saldo a favor podrá compensar dicho saldo a favor contra una cantidad equivalente al impuesto que debió haber retenido actualizado, en términos del artículo 23 del CFF, siempre que entere los recargos y, en su caso, las multas que procedan.

Cuando los contribuyentes enteren o compensen el impuesto en los términos de esta regla, podrán considerar que el IVA les fue trasladado y, por lo tanto, acreditarlo.

Para acogerse al beneficio establecido en la presente regla, se deberá estar a lo dispuesto en la ficha de trámite 10/IVA, “Solicitud de acreditamiento de IVA no retenido”, contenida en el anexo 1-A.

CFF 23, LIVA 1o.-A, 5o.

Considerando lo analizado anteriormente, y para efectos de clarificar la intención y motivación original del legislador se propone la modificación de la fracción III y segundo párrafo del artículo 1o.-A, así como el primer párrafo del artículo 10 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, como a continuación se describe:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción III y el segundo párrafo del artículo 1o.-A, así como el primer párrafo del artículo 10 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado



Dado en el salón de plenos de la Cámara de Senadores, a 20 de diciembre de 2018.— (Rúbrica).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.



LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2019

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2018, el senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo segundo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para 2019.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 22 de enero de 2019.— Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (rúbrica), secretaria.»

« Honorable Asamblea:

El que suscribe, senador Miguel Ángel Navarro Quintero, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Morena, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, apartado 1, fracción 1; 164 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un segundo transitorio a la Ley de ingresos presentada por el titular del Ejecutivo Federal, a razón de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destaca por ser el instrumento internacional más importante en el reconocimiento a los derechos mínimos para los trabajadores en la materia de seguridad social, como son: la asistencia médica, las prestaciones monetarias de enfermedad, el desempleo de vejez y familiares de maternidad, para construir sociedades más solidarias, inclusivas y equitativas. Sobre el particular la presente iniciativa busca revisar la situación que guardan las Universidades públicas del país, con relación a su situación de seguridad social, a efecto de garantizar su viabilidad financiera, en el entero de los recursos que en materia de seguridad social se requieren.

Para la OIT, los sistemas de seguridad social prevén ingresos básicos en caso de desempleo, enfermedad y accidente laboral, vejez y jubilación, invalidez, embarazo, cuidado de los hijos y pérdida del sostén de la familia. En este contexto, a continuación se presentan algunos indicadores relevantes del sistema de seguridad social a nivel federal en México, en términos de cobertura, ingresos y presupuesto.

El sistema de seguridad social en México está a cargo de entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos descentralizados mediante los cuales se busca garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Salud cubren al mayor número de la población beneficiada por la seguridad social. Cabe destacar que la cobertura de la Secretaría de Salud se orienta prioritariamente al servicio médico.

Al cierre de 2012, aproximadamente 6 de cada 10 personas ocupadas, no cuentan con acceso a instituciones de salud. En 2010, sólo 2 de cada 10 adultos mayores tuvieron acceso a una pensión.

El 63.7 por ciento de las personas que se encuentran en el mercado laboral no están registradas en el IMSS o en el ISSSTE. Los trabajadores independientes, empleadores, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores subordinados no remunerados están. excluidos del sistema de seguridad social vinculado al trabajo.

En el primer trimestre de 2012, del total de personas a las que su trabajo no les brinda acceso a las instituciones de salud (30.8 millones de personas), sólo 12.7% están cubiertas por el Seguro Popular.

Ingresos presupuestarios

Para 2013, el 87% de los ingresos propios del IMSS provienen de Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores.

Los ingresos del IMSS crecerán a una tasa media de crecimiento anual de 1.5% entre 2013 y 2050; mientras que el gasto lo hará a una tasa media de 2.2%. Al 2011, se tiene registrados 28.5 millones de personas físicas sin actividad empresarial ante el SAT y 15.3 millones de trabajadores ante el IMSS. Del total de recaudación de ISR, el 49.7% corresponde al rubro de retenciones por salarios (trabajadores).

Cobertura de la seguridad social

El sistema de seguridad social en México está a cargo de entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos descentralizados mediante los cuales se busca garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión.

De conformidad con la Ley del Seguro Social, la afiliación al IMSS comprende dos tipos de regímenes, el Obligatorio y el Voluntario. Los esquemas de prestaciones y requisitos de acceso, así como el financiamiento, son diferentes en cada caso: i) En el Régimen Obligatorio una persona es afiliada por su patrón por tener una relación laboral subordinada y remunerada, lo que obliga a su aseguramiento. En esta categoría, a diciembre de 2014, se encuentra 67.8% de los asegurados. ii) El Régimen Voluntario es producto de una decisión individual o colectiva; en este caso se encuentran los afiliados al Seguro de Salud para la Familia (SSFAM), al Seguro Facultativo (estudiantes), entre otros, (cuadro A.1). En este grupo, a diciembre de 2014, se encuentra el restante 32.2% de los asegurados del IMSS.

Ley de Ingresos 2019

La Ley de ingresos es un ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la federación durante un ejercicio fiscal. Los ingresos públicos se dividen en dos grandes rubros: I) los ingresos ordinarios, que son recaudados en forma regular por el Estado, tales como los impuestos; los derechos; los ingresos por la venta de bienes y servicios de los organismos y empresas paraestatales, etcétera; y II) los ingresos extraordinarios, que son recursos que no se obtienen de manera regular por parte del Estado, tales como la enajenación de bienes nacionales, contratación de créditos externos e internos (empréstitos) o emisión de moneda por parte del Banco de México. Este ordenamiento tiene vigencia de un año, a partir del primero de enero hasta el 31 de diciembre, y debe presentarse ante el Congreso de la Unión a más tardar el 8 de septiembre de cada año anterior a su vigencia.

De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la Ley de Ingresos deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y por la Cámara de Senadores a más tardar el 31 de octubre. Estipula que tendrá que contener la siguiente información:

l. La exposición de motivos donde se señala: la política de ingresos del Ejecutivo federal; montos de ingresos en los últimos cinco ejercicios fiscales; estimación de los ingresos para el año que se presupuesta y las metas objetivo de los siguientes cinco ejercicios fiscales; explicación para el año que se presupuesta sobre los gastos fiscales, incluyendo los estímulos, así como los remanentes de Banco de México y su composición; propuesta de endeudamiento neto para el año que se presupuesta y las estimaciones para los siguientes cinco ejercicios fiscales.

Asimismo, deberá incluir la evaluación de la política de deuda pública de los ejercicios fiscales anterior y en curso; la estimación de las amortizaciones para el año que se presupuesta y el calendario de amortizaciones de los siguientes ejercicios fiscales; la estimación del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público para el año que se presupuesta y los siguientes cinco ejercicios fiscales.

2. El decreto incluirá: la estimación de ingresos del Gobierno Federal, de las entidades de control directo, así como los ingresos provenientes de financiamiento; las propuestas de endeudamiento neto del gobierno federal, de las entidades y de la Ciudad de México, así como la intermediación financiera, en los términos de los artículos 73 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

De igual manera, un apartado que señale el saldo total de la deuda contingente derivada de proyectos de inversión productiva de largo plazo, los ingresos derivados de dichos proyectos, así como, en su caso, los nuevos proyectos a contratar y su monto, por entidad y por tipo de inversión, en los términos de esta Ley y de la Ley General de Deuda Pública.

En su caso, disposiciones generales, regímenes específicos y estímulos en materia fiscal, aplicables en el ejercicio fiscal en cuestión; disposiciones en materia de transparencia fiscal e información que se deberá incluir en los informes trimestrales; aprovechamiento por rendimientos excedentes de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios o de la contribución que, por el concepto equivalente, en su caso, se prevea en la legislación fiscal.

Asimismo, contendrá la estimación de los ingresos que generen la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, derivados de las contribuciones y aprovechamientos que cobren por la prestación de sus servicios.

3. Ingresos por Financiamiento. En caso de considerarse este rubro, se deberán incluir: ingresos por financiamiento; saldo y composición de la deuda pública y el monto de los pasivos; saldo y composición de la deuda del gobierno federal y el impacto sobre la misma del techo de endeudamiento solicitado diferenciando el interno del proveniente del exterior; saldo y composición de la deuda de las entidades y el impacto sobre la misma del techo de endeudamiento solicitado, diferenciando el interno y el externo.

De igual forma, la justificación de) programa de financiamiento al sector privado y social, las actividades de fomento y los gastos de operación de la banca de desarrollo, así como los fondos de fomento y fideicomisos públicos; previsión de que, en caso de otorgarse avales y garantías, éstos se ajustarán a lo dispuesto en la normatividad aplicable; memorias de cálculo con las que se efectuaron las estimaciones presentadas; proyecciones de las amortizaciones y disposiciones a tres años en adición al ejercicio fiscal de que se trate.

El proyecto de Ley de ingresos para 2019, turnado por el Ejecutivo Federal, en su exposición de motivos señala que:

3.3 IMSS. Desde el ejercicio fiscal de 2003, el IMSS ha remitido a la SHCP el anteproyecto de presupuesto aprobado por su Consejo Técnico, de conformidad con el artículo 275 de la Ley del Seguro Social (LSS), con el fin de que se incluya en la Iniciativa de esta ley de Ingresos de la Federación que se somete a la aprobación del Congreso de la Unión. En ese contexto, el IMSS remitió a la SHCP el anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal de 2019 que fue aprobado por su Consejo Técnico.

En cuanto a los ingresos por cuotas obrero-patronales, el Instituto realiza el pronóstico del incremento promedio anual en el número de cotizantes al I MSS, el incremento nominal promedio en el salario base de cotización, el promedio mensual de días de cotización y las cuotas tanto del trabajador como del patrón, por ramo de seguro, para el siguiente ejercicio fiscal conforme a lo establecido en la LSS y el Reglamento de la LSS en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización. Por lo que se refiere a los ingresos por productos financieros, éstos se derivan de la inversión y uso de las disponibilidades del IMSS, la variación de las reservas financieras, las tasas de interés del mercado, así como los intereses moratorios y multas.

Situación de las universidades públicas en el país

En el portal de información ADN, se señala en fecha recientes de la crisis que tienen al menos diez universidades del país para atender diversas responsabilidades en materia del Seguro Social.

“Desde hace un mes, banderas rojinegras penden en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). ¿La razón? La crisis financiera que llevó a los académicos a huelga ante la insolvencia económica para cubrir salarios y prestaciones, lo que se repite en al menos otras nueve instituciones.

“El déficit en la UAEM asciende a 1,682 millones de pesos, de acuerdo con datos de su Junta de Gobierno, que el 28 de septiembre, una semana después de que estalló el paro, envió un exhorto a la Cámara de Diputados para que se atienda la emergencia:

“Las causas de la crisis son múltiples: incremento en la matrícula –de 15,040 en 2012 a 26,661 en 2017–, estancamiento en los subsidios otorgados por el gobierno federal, recortes en los recursos estatales y plantillas de profesores no reconocidas por las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Además, algunas instituciones encaran el desafío de cubrir pensiones y adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y bancos.”

Las universidades públicas tienen un déficit acumulado superior a 18,600 millones de pesos, derivado de adeudos de nómina, impuestos y seguridad social.


Asimismo, el periódico Excélsior señala en su versión digital e impresa:

Presionadas por contratos colectivos de trabajo que sangran sus finanzas, las Universidades Públicas Estatales (UPE) requirieron en los últimos 14 años de un apoyo adicional federal por 26 mil millones de pesos para sanear sus finanzas; sin embargo, registran pasivos actuales por37 mil millones de pesos, de los cuales, 18 mil millones de pesos son por deudas al SAT, ISSSTE, IMSS y proveedores.

Pero después de 18 años de contar con el apoyo extraordinario federal para ayudarles a salir de la crisis, que se detectó desde 1998, en 2017 no existe una partida para mantener la entrega de dinero extra que ayude a las UPE a salir del bache financiero, que rebasa a tal grado su capacidad de pago que en el año 2005 llevó a la Universidad Autónoma de Zacatecas a entregar seis edificios al ISSSTE para cubrir parte de los adeudos, que 11 años después todavía no finiquita, y que la tienen ya con un déficit de 20 millones 744 mil 229.04 pesos.

La crisis de las universidades pública

La Conferencia Nacional de Gobernadores señalaron en la Mesa Nacional para atender la crisis financiera de las universidades pública, que: “El conjunto de las instituciones que integran el sistema de educación superior en México tiene como rasgo principal la heterogeneidad y la diversidad. Incluye instituciones con distintos régimen y formas de sostenimiento, como las autónomas y no autónomas, públicas y particulares, estatales, federales, universitarias, tecnológicas, normales e interculturales; incluye el nivel de licenciatura y el de posgrado (especialidad, maestría y doctorado).

La educación Superior en México pese a los esfuerzos y avances de las últimas dos décadas, debe persistir en la búsqueda de una mayor equidad y calidad educativa, ambos aspectos concentran las mayores dificultades y representan el mayor reto del sistema en el nivel superior.

Las principales iniciativas deben concentrarse en ampliar las oportunidades educativas para un mayor número de jóvenes, principalmente en las regiones y grupos sociales más desfavorecidos.

En las últimas dos décadas, las principales iniciativas se han concentrado en mejorar la calidad de la educación, situación que nos parece correcta, sin embargo, la condición desfavorable en cuanto a los déficits financieros de las Universidades Públicas, generan una crisis y repercuten en las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La Comisión Nacional de Gobernadores en la Mesa Nacional para atender la crisis financiera de las Universidades, señaló que “prácticamente todas las universidades públicas del país enfrentan un déficit financiero estructural que pone en riesgo la viabilidad de sus funciones sustantivas”.

De acuerdo con cifras ofrecidas por la Conago, en el documento multirreferido, el total de profesores en el nivel superior es de 363,695 lo que significa que en los últimos 25 años la planta de maestros casi se triplicó (en 1990 la cifra es de 134, 424). Del total de plazas, alrededor de una cuarta partes son de profesores de tiempo completo (PTC), que tienen como requisito mínimo contar con maestría; así, el número de profesores con estudios de posgrado se ha incrementado de forma sustantiva en la última década desde 1989, la SEP ha autorizado a las universidades públicas la contratación de PTC, pero ningún caso financia las becas al desempeño académico que son parte sustancial del salario de este grupo.

La mayoría de las instituciones públicas de educación superior tampoco cuenta con planes de retiro que se tenga claridad en cuanto a los costos futuros para su atención.

Los estados mexicanos y el gobierno federal proveen en promedio, el 85% de los ingresos de las universidades y muy probablemente tendrían que contribuir con más recursos, si las universidades tuvieran que reponer los fondos de retiro de sus empleados.

El pago por pensiones representa hasta un 31% de los ingresos totales para algunas universidades. El riesgo crediticio relacionado con las pensiones es mayor para aquellas universidades que tienen un sistema de pensiones propio, mientras que aquellas que pertenecen a un sistema estatal o federal enfrentan un riesgo menor.

Los déficits de los planes de pensiones forzaran a las universidades y a los estados a pagar directamente las pensiones de los jubilados y pensionados de sus presupuestos operativos, ejerciendo presión adicional en el mediano plazo.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), promulgada el 30 de marzo de2006, establece en su artículo 19, fracción V, inciso “D”, el mandato de ley a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que constituya un Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones, pero es hasta el Proyecto de Egresos de la Federación 2007 que se considera presupuestalmente su constitución, situación que se materializa con la publicación de los Lineamientos del Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones, en el Diario Oficial de la Federación del 17 de diciembre de 2007. En esa última fecha, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deposita en el Fondo 19 mil 491.8 millones de pesos, con lo cual se consolida lo establecido en la ley en cita.

Dicho artículo fue modificado a partir de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para crear el FAIS. Sin embargo, según datos que proporciona la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Fondo no ha apoyado a todos los actores señalados en los Lineamientos mencionados, a pesar de que ha tenido recursos para ello, ya que habiendo recibido en 2007 una aportación inicial de 19 mil 491 millones de pesos; al 30 de junio de 2010 ha tenido ingresos por 101 mil 434 millones de pesos.

Según cifras proporcionadas por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, el saldo real a la fecha es de solo 59 mil 341 millones, aclarando que esto se explica porque entre diciembre de 2007 y junio de 2010, el Gobierno Federal ha utilizado 42 mil 92 millones; de ellos, continúa expresando, usó 25 mil para apoyar al ISSSTE y 17 mil 092 para otros propósitos, por lo que, en consecuencia, deduce que el Fondo no ha cumplido con los propósitos enunciados en los Lineamientos del Fondo de Apoyo para la reestructura de pensiones, al privilegiar algunos actores por sobre otros.

El Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (FARP) es un fondo nacional, cuyos recursos deben apoyar las reformas de los sistemas pensionarios públicos de los tres órdenes de gobierno y de las universidades públicas, no sólo las que se han hecho en el orden federal, ya que hasta ahora sus recursos al parecer únicamente han sido utilizados por el ISSSTE, pues no hay evidencia de que se haya apoyado con recursos a otro sistema pensionario.

Ante todos estos elementos, es de considerarse que en el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación 2019, se incorpore un transitorio que permita evaluar el impacto de los recursos que adeudan las instituciones Universitarias con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Sistema de Administración Tributaria, a efecto de regularizar las prestaciones de carácter laboral, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, del el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la situación tributaria ante el Estado mexicano.

Por lo que se propone la incorporación de un segundo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación 2019, que permita al Congreso de la Unión tomar las previsiones de carácter legislativo y presupuestal necesarias para apoyar a las Universidades Públicas Estatales del país.

Por todo lo anterior se propone:

Proyecto de Decreto

Único. Segundo transitorio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante el ejercicio presupuestal 2019 deberá hacer un Informe Actuarial y emitirlo a la Cámara de Diputados y de Senadores durante el mes de junio, sobre la situación que guardan los pasivos laborales de las universidades públicas estatales y su impacto en los enteros del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Sistema de Administración Tributaria.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Subsecretaria de Egresos deberá durante el ejercicio presupuestal 2019 presentar un Informe Actuarial dictaminado por auditor externo y remitirlo al Congreso de la Unión, a más tardar el 30 de junio, que incluya, al menos, los siguientes elementos:

I. Los posibles riesgos, contingencias, pasivos y capacidad financiera para responder a ellos en función de sus ingresos y las reservas disponibles;

II. La situación de sus pasivos laborales totales, y de cualquier otra índole que comprometan su gasto por más de un ejercicio fiscal.

Notas

1 OIT, Convenio sobre Seguridad Social, norma mínima, micrositio en:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/ f’?p=NORMLEXPUB:J2100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C102

2 IMSS, Informe de actividades, micrositio del IMSS en

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20132014/20_Anexos.pdf

3 Artículo 6 de la Ley del Seguro Social.

4 Exposición de motivos proyecto de Ley de ingresos de la Federación 2019

5 Tomado del portal de ADN Noticias en

https://adnpolitico.com/mexico/2018/10/22/mientras-amlo-quiere-nuevas- universidades-al-menos-10-encaran-crisis-financiera.

6 Tomado de Periódico Excelsior, en

https://www,excelsior.com,mxlnacional/2016/11/24/1130120

7 Conago, Mesa Nacional para atender la Crisis financiera de las Universidades en

https://conago.org.mx/reuniones/documentos/2016-02-29/ 4_Financiamiento_Univerisades_Publicas_MOR.pdf

Salón de sesiones del Senado de la República, a 20 de diciembre de 2018.— Senador Miguel Ángel Navarro Quintero.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS



LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos al punto de iniciativas. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Compañeras y compañeros, me he permitido ascender a esta tribuna para hablar de asuntos graves que ocurren en México. El peor de todos es que el salario mínimo se ha depreciado en un 82 por ciento. Ello nos ubica, según la Cepal, como el único país de América Latina cuyo ingreso básico es inferior a la línea de bienestar.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico señala, por su parte, que la mano de obra mexicana es la peor pagada de 35 países miembros. Se ha comprobado, además, a lo largo del periodo en que estuvo vigente el TLCAN, que una de las causas más poderosas de la migración ha sido la pauperización de la remuneración al trabajo.

La relación entre el salario promedio norteamericano y el mexicano pasó de 5 a 1 en 30 años, a 17 a 1.

La promoción reciente de la Secretaría del Trabajo para elevar el salario mínimo a 102.68 pesos, coloca por primera vez en cuatro decenios a esa remuneración por encima de la línea de pobreza por persona. Pero, a pesar de los alcances conseguidos, es menester utilizar correctamente los criterios sobre el tema de las organizaciones privadas y las universales.

Por ejemplo, Coneval sostiene que cuatro de cada 10 trabajadores mexicanos reciben un salario que no alcanza para adquirir los insumos de la canasta alimentaria, calculada en base a dos dependientes económicos. Por añadidura, el Inegi señala que, en 26 de las 32 entidades federativas, el ingreso laboral empeoró entre el segundo y el tercer bimestre de 2018.

Hemos considerado desde hace tiempo que esta situación puede revertirse con relativa facilidad, como lo hicimos en 75 y 76. Bastaría la reforma a uno o dos artículos de la ley, que establecieran que, en ningún caso de elevación del salario mínimo, debe estar por debajo de dos veces la pobreza urbana. Esto tendría como política permanente objetivos económicos de expansión y efectos sociales de dignidad.

Terminaré diciendo que el nivel de ingresos básicos en México, según el Observatorio de Salarios, puede alcanzar, en solo este sexenio, el nivel de transferencia económica a los trabajadores necesario para una vida digna; así se darían muestras de que estamos cerrando el ciclo neoliberal, iniciando otro que pretende reducir las enormes brechas de desigualdad entre los mexicanos. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Porfirio Muñoz Ledo, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 90, segundo párrafo; y 94 de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

I. Contexto histórico

El salario mínimo y su reivindicación surge a finales del siglo XIX y comienzos del XX, en el marco de las luchas obreras por la disminución de la jornada laboral y la mejora de la situación de los trabajadores. Su primera regulación se produjo en Australia, en el estado de Victoria, con la aprobación del “Acta de Empleadores y Empleados” ( Employers and Employes Act) en 1890, como consecuencia de la presión del movimiento obrero para asegurar un mínimo de subsistencia. En Nueva Zelanda, también en 1890, la llamada huelga marítima propició la aprobación de un salario mínimo.

Entre 1910 y 1912 en Reino Unido, diversas huelgas –entre las que destacan las mineras en Gales, así como las de estibadores, marineros y ferroviarios– tuvieron por objeto el establecimiento de salarios mínimos. En Estados Unidos, Massachusetts fue el primer estado que en 1912 aprobó un salario de este tipo, llevando a que pronto trece estados y Distrito de Columbia también lo adoptaran, sin embargo, ello ocurrió por un periodo breve de tiempo, debido a que la Corte Suprema declararía estas disposiciones como inconstitucionales.

Las luchas obreras por la fijación de un salario mínimo tenían en su contra al liberalismo clásico, todavía muy presente por esos tiempos, cuyo rasgo más significativo era la total oposición a la intervención del Estado en el libre mercado. En otras palabras, se trataba de un repudio tajante a toda sujeción de los elementos económicos ajena a los vaivenes de la libre empresa. No fue sino hasta los años de la primera postguerra que la idea de una retribución mínima por el desempeño del trabajo cobró fuerza, en un ambiente mundial más propicio a que los poderes públicos actuasen en las esferas económicas.

En nuestro país la idea de establecer un salario mínimo es una de las más importantes conquistas sociales plasmadas en nuestra norma fundamental de 1917. El principal ideólogo programático de la Revolución Mexicana, Ricardo Flores Magón, abogó en el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 por el establecimiento de un salario mínimo consistente en un peso, el cual se logró sólo hasta fines de los años veinte y que el General Cárdenas elevó a $2.50 pesos, aliviando apenas las pérdidas del poder adquisitivo de la moneda. Es importante destacar que en 1938 la capacidad de compra de un trabajador era incluso mayor que hoy en día.

La crisis de 1949 durante el gobierno de Miguel Alemán, provocó una reducción en el acceso a bienes y servicios a niveles todavía menores. Posteriormente, el gobierno de Ruiz Cortines corrigió el rumbo e inició un largo período de crecimiento real de los salarios, el cual recibió el nombre de “el milagro mexicano”, dado que el país creció de manera sostenida a tasas mayores al 6 por ciento, con inflación controlada y bajo endeudamiento. De 1958 a 1970 se continuó con un largo período de bonanza económica conocido como desarrollo estabilizador.

A partir de 1972 fue clara el alza de los salarios durante el período de Luis Echeverría hasta el año de 1976, cenit de la economía mexicana, para después tener una caída brutal y sin control durante 4 sexenios consecutivos: López Portillo, de la Madrid, Salinas y Zedillo. Los gobiernos subsecuentes lograron un control inflacionario, pero olvidaron privilegiar el incremento real del salario durante cada negociación obrero-patronal, para colocarlo ligeramente por encima de la inflación anual. Con ello, los últimos dieciocho años la clase trabajadora padeció un estancamiento salarial que imposibilitó la recuperación del poder adquisitivo.

Por lo que respecta a los mecanismos para la fijación del salario, el Constituyente originario dispuso que los organismos encargados de establecerlo fueran Comisiones Especiales subordinadas a la Junta Central de Conciliación de cada entidad federativa y asentadas en cada municipio. Dichas Comisiones funcionaron de manera precaria y poco eficiente hasta 1962, cuando se reformuló integralmente el régimen salarial. Habida cuenta del caótico resultado del mecanismo anterior, se abandonó el sistema municipalizado de determinación del salario y se adoptó la fórmula de las zonas económicas, en las que la fijación salarial correspondía a ciento once Comisiones Regionales subordinadas a una Comisión Nacional, todas con una integración tripartita.

En diciembre de 1986 el Congreso de la Unión aprobó reformar la fracción VI, inciso A) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). De dicha reforma destaca la sustitución del concepto “zona económica” por el de “zona geográfica”; la unificación de las listas generales de salarios; y la eliminación de la intervención de las Comisiones Regionales, quedando en una sola Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) la tarea de establecer el salario. Como sus antecesoras, ésta se integró tripartitamente, con la finalidad de dar cabida a la opinión de los sectores involucrados en las cuestiones salariales, procurando la equidad entre los factores de la producción.

Desde su creación, la Comisión actuó como una herramienta de política económica en total sintonía con el modelo neoliberal, más que como una institución con sentido social. Sus decisiones han sido históricamente desfavorables para los trabajadores y la correlación de fuerzas, así como la representación formal que hay en su interior, no corresponden realmente con el genuino paralelismo existente a nivel nacional.

Desde una perspectiva estrictamente constitucional, el salario mínimo debe ser suficiente para cubrir las necesidades materiales, sociales, culturales y para proveer de educación obligatoria a los hijos de los trabajadores. Dichas disposiciones obedecen a un carácter de clase tendiente a proteger y procurar a los económicamente débiles frente a los empleadores, sin embargo, ello no se ve reflejado en términos prácticos en la integración ni en el funcionamiento material de la Conasami.

II. Planteamiento del problema y argumentos de la iniciativa

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al salario mínimo como “la cuantía mínima de la remuneración que un empleador deberá abonar a sus asalariados por las prestaciones que estos hayan efectuado durante un determinado período, sin que dicha cuantía pueda ser rebajada mediante convenio colectivo ni acuerdo individual”.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) sostiene que “[t]oda persona tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social” (artículo 23.3).

Asimismo, el artículo 7, inciso a), numerales i y ii del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) dispone que “[l]os Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren, en especial:

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:

i. Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;

ii. Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente pacto”.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH) señala: “[t]oda persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia” (artículo XIV, segundo párrafo).

Desde la promulgación de la CPEUM de 1917, el salario mínimo reviste un instrumento esencial para las aspiraciones de justicia social e implica una limitante a la posibilidad de explotación, toda vez que impide al trabajador ofrecer sus servicios a cambio de una remuneración exigua. Significa la garantía de una retribución suficiente para la clase trabajadora. Es el límite inferior para el establecimiento de toda relación contractual de índole laboral.

Los constituyentes de Querétaro apuntaron originalmente que “[e]l salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el que se considere suficiente, atendiendo las condiciones de cada región, para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia”. A más de cien años de que éstas líneas fueses redactadas, el balance es crítico y apremia a reformular inmediatamente el régimen salarial: la retribución que constituye el salario mínimo resulta materialmente insuficiente para considerarse constitucional, toda vez que no coadyuva plena y efectivamente al ejercicio de los derechos fundamentales que justificaran su inclusión en la norma fundamental.

La problemática tiene un origen muy claro e identificable: el neoliberalismo. Hoy han quedado al desnudo los engaños discursivos con los que en su momento fue implantado. Se han polarizado las relaciones productivas, reafirmando y agudizando de la manera más descarada la situación de miseria y precarización de unos, y de sibaritismo, lujo y enriquecimiento de otros. Las conquistas de los trabajadores han sido severamente golpeadas en las últimas décadas y no se puede hablar de certezas para los operarios cuando de cubrir sus más básicas necesidades se trata. El capital ha sabido corromper a las organizaciones sindicales y fomentar el desplome del salario.

El problema histórico radica en el papel de limitador inflacionario que se le ha asignado al salario en nuestro país, con consecuencias tan graves como la disociación entre la productividad y la retribución al trabajador, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El progreso salarial real es totalmente asimétrico con el de la productividad: de los años 2005 a 2012 el salario mínimo se contrajo un 3.1 por ciento mientras que la productividad incrementó alrededor de 4.4 por ciento.

“Si tomamos al pie de la letra la afirmación ‘un aumento salarial no provoca inflación si y sólo si se atiende a su productividad’ veremos cómo, incluso en ese supuesto, el salario debió haberse fijado en 11.9 por ciento arriba de lo que se determinó en 2012, y eso sólo para mantener el poder adquisitivo que tenía en 2005 y sin impacto inflacionario alguno”. Superar la línea de pobreza es el objetivo y para ello es menester comenzar por sostener la capacidad de compra frente al aumento de la carestía de la vida.

Los expertos señalan que entre 1934 y 1982 el poder adquisitivo del salario aumentó en más del 50 por ciento, mientras que de ese último año al 2014 disminuyó hasta en 67 puntos porcentuales, de lo que se concluye que en total se ha desplomado en tres cuartas partes la capacidad de adquisición por parte de los trabajadores y para recuperarlo sería necesario aumentar casi tres veces la retribución salarial mínima.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) asevera que el caso de México es único en la región. La relación salario mínimo-valor de la línea de bienestar per cápita es abiertamente desventajosa para los primeros, al punto de ser el principal factor de aumento de la pobreza en el país. Del 2010 al 2014, la reducción del ingreso conformó el principal elemento para el aumento de la pobreza. En países como Argentina, Brasil o Colombia se supera de dos a tres veces la línea de bienestar y en ningún caso se ha registrado que ello desemboque en inflaciones y desempleo. Según cifras de la misma comisión, el fortalecimiento del salario contribuyó sustancialmente a la reducción de la desigualdad en el ingreso en los países referidos.

Somos la nación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que tiene en su haber el más exiguo salario mínimo real por hora. En 2016, en nuestra nación fue once veces más reducido que en Luxemburgo y dos veces menor que el de Chile. Aunado a ello, el salario que perciben los trabajadores mexicanos es de ocho a nueve veces inferior al de los trabajadores de nuestros dos principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. Por lo que toca a América Latina, solamente estamos por arriba de Nicaragua y Venezuela.

Es preciso recordar que tanto en Canadá como en Estados Unidos resonó como exigencia elemental para la firma del Tratado entre México, Estado Unidos y Canadá (T-MEC) el alza de los salarios en nuestro país. Tanto grandes sindicatos como congresistas de uno y otro país coincidían en la necesidad de incluir políticas que aseguren que el comercio y la competencia crezcan a partir del aumento salarial y de la garantía de los derechos laborales en México. Es decir, no sólo se trata de una cuestión de mera justicia social, sino de alto impacto económico internacional.

El mecanismo de fijación del salario mínimo es determinante para mitigar la desigualad social, la disminución de la pobreza y una mejor distribución de la riqueza. Actualmente, la fijación del salario no se rige con base en estudios de las necesidades humanas básicas, y lejos de eso, se ha constreñido el aumento salarial únicamente a la inflación pronosticada por el Banco de México. Hasta estos momentos, el órgano fijador de los salarios ha servido para aceitar el engranaje del capitalismo exacerbado. El carácter tripartito de la Comisión favoreció históricamente al titular del Ejecutivo en razón de que la representación de los trabajadores se vio cooptada por el sindicalismo oficialista y así, tanto gobierno como patrones mantuvieron el dominio de dos de los tres sectores integrantes. En esas condiciones verticales, antidemocráticas y de nula autonomía técnica fue que durante veinticinco años se definió el salario mínimo en México.

En fechas recientes quedó de manifiesto el sentir popular sobre el régimen salarial cuando una gran cantidad de organizaciones civiles, junto con el actual gobierno federal, insistieron en la necesidad de incrementar el salario mínimo en México por encima de la línea de pobreza. Incluso hubo quienes propusieron reemplazar a la Conasami, tras calificarla como “onerosa e inútil”, al señalar que entre 2001 y 2014 dicha Comisión mandató la realización de un total de 144 estudios socioeconómicos con un costo de $539.6 millones de pesos, con base en los cuales cada año se llevaban a cabo las sesiones ordinarias para decidir cuál debía ser el salario mínimo de un trabajador en México. En 2015, la Auditoría Superior de la Federación realizó comentarios negativos al trabajo de la Comisión, puesto que sus estudios implicaban trabajos inconexos y sin metodología. En otras palabras, el salario mínimo no se determinó mediante ejercicios técnicos objetivos, sino a partir de las monomanías y la parcialidad.

Datos oficiales arrojados por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señalan que durante el segundo trimestre del año el ingreso real por persona fue menor de aquél que se percibió hace diez años. Contrariamente a lo señalado en la norma constitucional, la fijación salarial se efectuó como medida de control inflacionaria, lo que eventualmente repercutió negativamente en la calidad de vida de la clase trabajadora.

De acuerdo con datos del Coneval, cuatro de cada diez trabajadores mexicanos reciben un salario que no les alcanza para adquirir los insumos de la canasta alimentaria y en 26 de las 32 entidades federativas el ingreso laboral incluso empeoró entre el segundo y el tercer trimestre del año como consecuencia del incremento en el costo de los productos incluidos en la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos, que en diciembre de 2018 se elevó a $1,113.23 pesos por persona al mes en el ámbito rural y a $1,556.24 pesos en las ciudades.

El Inegi registró en la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2017, que la población nacional estimada es de 123.6 millones de personas de las que casi el 78 por ciento habita en localidades urbanas y solamente el 22 por ciento reside en localidades rurales. Esto quiere decir que las zonas urbanas concentran la mayor cantidad de población como consecuencia de un proceso paulatino de migración del campo a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida. El fenómeno es revelador porque da cuenta de la vida cotidiana entre la marginación y la profunda desigualdad imperante en las localidades rurales, realidades en las que, sin duda, la asimetría salarial ha sido determinante.

Por añadidura, de acuerdo con el Coneval, en el tercer trimestre de 2018 el 39.3 por ciento de la población mexicana recibía un ingreso laboral inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos. En Chiapas, Guerrero y Oaxaca, más del 60 por ciento de la población recibe un ingreso inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos; mientras que en Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Nayarit, Sinaloa y Aguascalientes la tasa de población que padece esta situación creció en alrededor de 3 por ciento entre el segundo y el tercer trimestre del año.

Lo anterior da cuenta de la impostergable necesidad de transitar por procesos diversos donde se generen condiciones de multilateralidad de juicios, razonamientos y discreciones para efectuar una cuestión tan apremiante como lo es la fijación del salario mínimo. Nuestra Constitución es clara en cuanto a la naturaleza que debe guardar el salario, sin embargo, es omisa por lo que toca a los métodos adjetivos, reglas y ponderaciones para dar cabal y efectivo cumplimiento. Se trata de dignificar la institución del salario mínimo, así como de dotar con un sentido real y efectivo a las disposiciones constitucionales en la materia.

Ante la problemática anteriormente descrita, proponemos como principal eje de la presente iniciativa que el monto del salario mínimo sea determinado a partir de los estudios realizados por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social al calcular el valor mensual por persona de la Línea de Pobreza por Ingresos Urbana (LPIU). Dicha propuesta es idónea toda vez que mientras la LPIU –compuesta por el costo de las canastas alimentaria y no alimentaria en el ámbito urbano– en diciembre de 2018 alcanzó la cifra de $3,089.37 pesos al mes por persona (es decir $101.62 pesos diarios), los trabajadores mexicanos percibieron durante dicho mes un total de $2,686.14 pesos ($88.36 pesos al día) como salario mínimo, en evidente inferioridad frente al costo de la vida en México.

Si bien es cierto que el salario mínimo para 2019 se fijó en $102.68 pesos y en algunos municipios de los estados fronterizos en $176.72 –lo que representa un aumento de 16.2 por ciento y del 100 por ciento respectivamente– ubicando por primera vez en veinticinco años dicho monto por encima de la Línea de Pobreza por Ingresos, y que esta medida ha sido aplaudida por los propios empresarios a través de sus organizaciones, pues después de tanto tiempo con bajo crecimiento económico han entendido la necesidad de ampliar el mercado interno y estimular la productividad, es conveniente subrayar que esta remuneración cubre únicamente la Línea de Pobreza por Ingresos del trabajador y no de su familia, encontrándose todavía por debajo de lo que ordena el mandato constitucional. El artículo 123 establece que el ingreso mínimo “deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades de un jefe de familia”. Por su parte la Convención de San José precisa que los gastos de todo el núcleo familiar debieran ser cubiertos con un sólo salario.

De acuerdo con la ENH 2017 del Inegi, el número de personas que en promedio residen en un hogar en México es de 3.6, de las cuales dos de ellas son proveedoras y dos dependientes económicos. Es por ello que el segundo eje de la iniciativa que presentamos consiste en elevar el salario mínimo a cuando menos dos veces el monto equivalente a la LPIU establecida por el Coneval promediando los tres últimos meses previos a su fijación. Considerando las cifras presentadas durante los meses de septiembre ($3,019.67), octubre ($3,027.29) y noviembre ($3,061.76) de 2018 –$3,036.24 en promedio–, el salario mínimo hubiera alcanzado por lo menos la cantidad de $6,072.48 pesos mensuales ($199.75 pesos diarios) para el 2019 en todo el país.

Con esta medida se podría cumplir cabalmente con las disposiciones constitucionales y convencionales, pues así en una familia promedio de cuatro integrantes, los dos miembros económicamente activos cubrirían sus necesidades individuales, así como las de aquellos pasivos económicamente, logrando con ello separar finalmente al salario de su lastimoso papel de ancla antiinflacionaria. Aplicar dos veces la LPIU propuesta por el Coneval como parámetro para la fijación del salario obedece, irremediablemente, a cuestiones de justicia social.

III. Contenidos de la reforma a Ley Federal del Trabajo

En la iniciativa con proyecto de decreto que presentamos ante esta soberanía se incluyen diversos temas que hacen de estas reformas y adiciones un instrumento que actualiza el marco jurídico legal en materia salarial. A continuación, plasmamos de manera sucinta los contenidos de la iniciativa.


Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, integrante de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 90, segundo párrafo; y 94 de la Ley Federal del Trabajo.

Artículo Único. Se reforman los artículos 90, segundo párrafo; y 94 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 90. ...

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer el derecho al mínimo vital de las familias en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. En ningún caso el salario mínimo será inferior a dos veces el valor por persona de la Línea de Pobreza por Ingresos Urbana establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, utilizando como base el promedio de los tres últimos meses previos a su fijación.

...

Artículo 94. Los salarios mínimos se fijarán de conformidad con los principios establecidos en el artículo 90 de esta Ley por una Comisión Nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Oficina Internacional del Trabajo. Sistemas de Salarios Mínimos. Conferencia Internacional del Trabajo 103 Reunión. Ginebra. 2014. Consultado el 4 de diciembre de 2018. Página 36. Disponible en

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_norm/—-relconf/ documents/meetingdocument/wcms_235286.pdf

2 Gobierno de la Ciudad de México. Política de Recuperación del Salario Mínimo en México y en el Distrito Federal. Propuesta para un Acuerdo Nacional. México. 2014. Página 43. Consultado el 4 de diciembre de 2018. Disponible en

http://salarioscdmx.sedecodf.gob.mx/documentos/ Politica_de_recuperacion_de_Salarios_Minimos.pdf

3 Línea de Pobreza Extrema por Ingresos: Valor monetario de una canasta alimentaria de consumo básico.

4 Línea de Pobreza por Ingresos: Valor monetario de una canasta alimentaria y no alimentaria de consumo básico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2019.— Diputados y diputadas: Porfirio Muñoz Ledo,Azael Santiago Chepi, Carmen Julieta Macías Rábago, Carol Antonio Altamirano, Elba Lorena Torres Díaz, Esmeralda de los Angeles Moreno Medina, José Ángel Pérez Hernández, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, María de los Dolores Padierna Luna, Olga Juliana Elizondo Guerra, Sandra Simey Olvera Bautista, Sebastián Aguilera Brenes (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su dictamen.



LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Alejandra García Morlan, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Dulce Alejandra García Morlan:Muchas gracias. Con permiso de la Mesa Directiva.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Dulce Alejandra García Morlan: Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. El ejercicio real de los derechos de las mujeres ha sido un camino largo y sinuoso, en el que, por fortuna, hemos avanzado.

En nuestro marco constitucional, en el artículo 4o., está expresamente establecido el principio de igualdad entre el hombre y la mujer. Adicionalmente, está reconocido también el principio de paridad de género en materia político–electoral, por lo que dicho principio se ha ido aplicando y maximizando a la luz de sentencias y acciones afirmativas a favor de los géneros, principalmente en el ámbito del sistema electoral.

De manera personal, en el año 2013 fui diputada local después de un largo juicio de protección de derechos políticos electorales, para hacer valer el principio de paridad y de la alternancia.

A mí nadie me puede engañar, sé de carne propia lo difícil que es para las mujeres accesar a los cargos de representación y a los cargos de incidencia.

Gracias a la reforma constitucional de 2015 en materia de paridad de género, es que se van terminando poco a poco cada una de estas trampas que obstaculizan el ejercicio del poder público de las mujeres.

Sin embargo, existe ahora un vacío legal en nuestra normatividad federal que deja abierta la posibilidad de una nueva forma para no permitir el acceso y el ejercicio público a las mujeres.

Se trata de la posibilidad de que, cuando exista una sustitución de un concejal o una legisladora o legislador, ya sea por renuncia, por muerte, y que tanto el propietario como el suplente dejen de ejercer este cargo, se pueda nombrar para ese puesto a una persona de un género distinto al que le pertenecía el espacio inicialmente.

Es decir, nuestra normatividad hoy permite que al haber una sustitución de una concejal, no se garantice necesariamente que la persona que llegue a ocupar este puesto sea del mismo género.

Desafortunadamente, en algunos estados del país lo antes mencionado se viene dando de manera reiterativa, lo cual vulnera el principio constitucional de paridad de género y de alternancia.

Después de las elecciones del primero de julio, los casos más relevantes se han dado en los estados de Oaxaca y de Chiapas.

En todos estos casos, la simulación de los partidos políticos es evidente. A ello se suma el hecho de que responsabilicen a las mujeres que, aparentemente de forma voluntaria, renuncian a los cargos para los que fueron electas, para poder evadir la ley y que sus actos no se configuren como delitos de violencia política por razón de género.

Ahora bien, es innegable el deber que como parlamento mexicano tenemos para tomar acciones de cara a las problemáticas y complejidades a las que se enfrenta la sociedad.

Por ello, parte de la iniciativa que hoy presento ante esta soberanía tiene como finalidad obligar a los partidos políticos a abstenerse de ejercer presión para que cualquier autoridad electa o en funciones renuncie a su cargo.

Además, para evitar las simulaciones en candidaturas a cargos públicos, se establece que las legislaciones locales deberán garantizar que, en caso de renuncia de cualquier concejal integrante de un ayuntamiento, el cargo debe ser ocupado por una persona del mismo género al que inicialmente le pertenecía el espacio.

La iniciativa busca principalmente garantizar el ejercicio del poder público de manera justa y, por supuesto, hacer valer el principio constitucional de paridad de género aprobado en el año 2015 por el honorable Congreso de la Unión.

Por ello, esta soberanía no puede quedarse al margen de esta situación y debemos mostrar nuestra voluntad y responsabilidad para garantizar la paridad de género en el ejercicio del poder público.

Debemos recordar que, para tener un Estado más democrático y más plural, no basta solamente con hablar sobre igualdad. Es preciso preverla y garantizarla en las leyes y hacerlas una realidad en el terreno de los hechos.

Así pues, espero contar con el respaldo de todas y todos los diputados de esta legislatura. No es solamente una iniciativa del PAN, debe ser una iniciativa de todos los que representamos los derechos de las mujeres de México. Es cuanto. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Partidos Políticos, y de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por la diputada Dulce Alejandra García Morlan e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Dulce Alejandra García Morlan y las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, somete a consideración de la honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso U) recorriéndose los subsecuentes al numeral 1 del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos; así también se adiciona el numeral 3 recorriéndose los subsecuentes al artículo 26 y el numeral 2 recorriéndose los subsecuentes al artículo 27 ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Exposición de Motivos

El acceso al derecho al voto y a los cargos públicos para las mujeres ha sido un proceso histórico de momentos críticos para alcanzar la igualdad política en el Estado mexicano.

En nuestro marco constitucional en el artículo cuarto está expresamente establecido el principio de igualdad entre el hombre y la mujer. Adicionalmente, está reconocido también el principio de paridad de género en materia político-electoral, por lo que dicho principio se ha ido aplicando y maximizando a la luz de sentencias y acciones afirmativas a favor de los géneros, principalmente en el ámbito del sistema electoral.

A ese respecto, existen diversos instrumentos internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, que buscan proteger y garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer, así como de lograr su participación en condiciones de igualdad en la vida política del país, que sirven como parámetro necesario de interpretación y aplicación de la normatividad.

En esa tesitura, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, son instrumentos que el Estado mexicano no puede dejar de observar para garantizar la igualdad de género.

Sin embargo, en nuestro país se siguen padeciendo desigualdades en el ejercicio de derechos públicos que trasgreden la igualdad y paridad de género, desde luego han existido avances, pero estos aún son insuficientes para lograr condiciones más justas en esta lucha.

Claro ejemplo de esas dificultades lo representan las diversas trampas y simulaciones que en el ejercicio del poder público han llevado acabo los partidos políticos, para aparentar que las mujeres tienen las mismas posibilidades de participación política.

Gracias a la reforma constitucional de 2015 en materia de paridad de género se van terminando poco a poco cada una de esas trampas que obstaculizan el ejercicio del poder público de las mujeres, sin embargo, existe ahora un vacío legal en nuestra normatividad federal que deja la posibilidad de una nueva forma para no permitir el acceso y ejercicio público a las mujeres.

Se trata de la posibilidad de que cuando exista una sustitución de un concejal o una legisladora o legislador, ya sea por renuncia o por muerte y que tanto el propietario como el suplente dejen de ejercer ese cargo, se pueda nombrar para ese puesto a una persona de un género distinto al que le pertenecía el espacio inicialmente.

Es decir que nuestra normatividad hoy permite que, al haber una sustitución de un concejal o un legislador o legisladora local, no se garantice necesariamente que la persona que llegue a ocupar ese puesto sea del mismo género.

Desafortunadamente en algunos estados del país, lo antes mencionado se viene dando de manera reiterativa, lo cual vulnera el principio constitucional de paridad de género y alternancia. Después de las elecciones del pasado 1 de julio, los casos más relevantes se han dado en los estados de Oaxaca y Chiapas.

En el Estado de Oaxaca al menos 5 presidentas municipales electas han renunciado al cargo por presiones políticas y por recibir presuntamente amenazas en su contra.

A tan sólo unos días de tomar protesta la presidenta municipal de Santa María Teopoxco, Susana Alvarado Lozano, sufrió presumiblemente hostigamiento, por parte del integrante del cabildo en segunda posición, para obligarla a renunciar.

A este caso se suman la de Anayeli Angélica Huerta Atristain, presidenta municipal emanada del PRI, en Santiago Tamazola, región de la Mixteca, quien, junto con su suplente, renunció media hora después de tomar el cargo. Le siguieron los de Fidelia Bernarda Cuenca Fermín, también del PRI, en San Miguel Ahuehuetitlán, y la suplente Emilia Blandina Galindo, quienes renunciaron por supuestas amenazas hacia su persona.

Un caso más es el de Martha Regules Mendoza, presidenta municipal de Tlacoatzintepec que, en el acto solemne de sesión de cabildo, renunció oficialmente a su cargo frente al pueblo y también su suplente, Raquel Olivera Lozano, también renunciaron la síndica hacendaria y la procuradora, todas ellas de Morena, señalan que recibieron amenazas por integrantes de su partido.

En San Juan Colorado, el PRD registró formalmente a una mujer, Tania Remedios Arias, mientras toda la campaña fue encabezada por su esposo, Eliezer Alberto García Lorenzo, quien estaba registrado en el segundo lugar de la planilla ganadora y fue quien recibió el bastón de mando.

En el estado de Chiapas, los casos de simulaciones para que las mujeres no ejerzan el poder público, son variados. Los ejemplos se encuentran en el municipio de Frontera Hidalgo, en donde la presidenta municipal electa solicitó su renuncia, en el municipio de Frontera Comalapa, se recibieron renuncias de 5 candidatas de Nueva Alianza, y en el municipio de Pichucalco, la de una candidata a síndico del partido Chiapas Unido.

En Tuxtla Chico renunciaron las 6 mujeres integrantes de la planilla del partido Chiapas Unido; en el municipio de Mapastepec, 6 mujeres presentaron renuncia del Partido Verde (PVEM), y del municipio de Suchiapa, otras 2 mujeres del partido Podemos Mover a Chiapas.

Para el cargo de diputaciones locales, 10 mujeres del PVEM ratificaron su renuncia, de las cuales, 8 integraban la primera fórmula, tanto propietaria como suplente de las 4 circunscripciones, es decir se perderán 4 espacios que serían ocupados por mujeres en el Congreso del estado.

En todos estos casos la simulación de los partidos políticos es evidente, a ello se le suma el hecho de que responsabilizan a las mujeres, que aparentemente de forma voluntaria, renuncian a los cargos para los que fueron electas, para poder evadir la ley y que sus actos no se configuren como delitos de violencia política por razón de género.

Ahora bien, es innegable el deber que como parlamento mexicano tenemos para tomar acciones de cara a las problemáticas y complejidades a que se enfrenta la sociedad.

Es por ello que se hace imperiosa la necesidad de establecer en norma general, acciones que permitan ejercer el derecho humano a integrar el poder público para ambos géneros.

Por ello parte de la iniciativa de que hoy se presenta ante esta Soberanía tiene como finalidad obligar a los partidos políticos a abstenerse de ejercer presión para que cualquier autoridad electa o en funciones renuncie a su cargo.

Además, para evitar las simulaciones en candidaturas a cargos públicos, se establece que las legislaciones locales deberán garantizar que en caso de renuncia de cualquier concejal integrante de un ayuntamiento o de cualquier diputada o diputado electo, el cargo será ocupado por una persona del mismo género al que le pertenecía el espacio inicialmente.

La iniciativa busca principalmente garantizar el ejercicio del poder público de manera justa y busca por supuesto, hacer valer el principio constitucional de paridad de género aprobado en el año 2015 por el honorable Congreso de la Unión.

Por ello, esta Soberanía no puede quedar al margen de esta situación y debe mostrar su voluntad y responsabilidad para garantizar la paridad de género en el ejercicio del poder público.

Debemos recordar que, para tener un estado más democrático y plural, no basta hablar sobre igualdad, es preciso preverla en las leyes y hacerlas una realidad en el terreno de los hechos.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a la soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona el inciso U) recorriéndose los subsecuentes al numeral 1 del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos; así también se adiciona el numeral 3 recorriéndose los subsecuentes al artículo 26 y el numeral 2 recorriéndose los subsecuentes al artículo 27 ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Primero. Se adiciona el inciso u) recorriéndose los subsecuentes al numeral 1 del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos.

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los Partidos Políticos:

a) a t) ...

u) Abstenerse de ejercer presión para que cualquier autoridad electa o en funciones renuncie al cargo.

v) ...

Artículo Segundo.Se adiciona el numeral 3 recorriéndose los subsecuentes al artículo 26 y el numeral 2 recorriéndose los subsecuentes al artículo 27, ambos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 26.

1. ...

2. ...

3. La legislación local garantizará que, en caso de renuncia de cualquier integrante del ayuntamiento, el cargo será ocupado por un integrante del mismo género al que fue electo.

4. ...

5. ...

Artículo 27.

1. ...

2. La legislación local garantizará que en caso de renuncia de cualquier diputado electo por el principio de mayoría relativa o de representación proporcional, así como de su suplente, el cargo será ocupado por una fórmula del mismo género al que fue electo.

3. ...

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Dulce Alejandra García Morlan,Absalón García Ochoa, Adriana Dávila Fernández, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Armando Tejeda Cid, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Éctor Jaime Ramírez Barba, Enrique Ochoa Reza, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para su dictamen.



LEY GENERAL DE SALUD

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Marcela Guillermina Velasco González, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 15 de la Ley General de Salud.

La diputada Marcela Guillermina Velasco González:Con su permiso, diputada Presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Marcela Guillermina Velasco González: Compañeras y compañeros diputados, el derecho a la salud, como derecho humano, está previsto en el cuarto párrafo del artículo 4o. constitucional, señalando que toda persona tiene derecho a la protección a la salud.

Para garantizar este derecho, la Ley General de Salud establece la concurrencia de competencias que tiene la federación, junto con las entidades federativas, en materia de salubridad general, conforme a lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución.

La fracción XVI del citado artículo constitucional tiene cuatro aspectos que se deben analizar:

1. Señala la existencia del Consejo de Salubridad, que es un órgano constitucional con dependencia directa del presidente de la República, sin intervención de ninguna secretaría de Estado, y sus disposiciones generales son obligatorias en el país.

Dicho consejo está conformado por un presidente, que es el secretario de Salud; un secretario, y trece vocales titulares, dos de los cuales son los presidentes de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, y los vocales que su propio reglamento determine.

Los miembros del consejo son designados y removidos por el presidente de la República, quien debe nombrar para tales cargos a profesionales especializados en cualquiera de las ramas sanitarias.

2. Que, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud está obligada a dictar de inmediato las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República.

3. Que la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones deben ser obedecidas por las autoridades administrativas del país.

Finalmente, se considera que, las medidas que el consejo ponga en vigor en la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competen.

Sin embargo, el marco legal vigente no establece la temporalidad en que el Congreso de la Unión debe revisar las medidas preventivas que el Consejo de Salud emita, a pesar de la importancia que tienen estas por tratarse de disposiciones de carácter obligatorio.

Por tal razón, la presente iniciativa propone adicionar un segundo párrafo al artículo 15 de la Ley General de Salud, para establecer que el Consejo de Salubridad General deberá enviar al Congreso de la Unión un informe semestral sobre las disposiciones generales que emita.

Con esta modificación se dará claridad y precisión a la intervención que tendrá el Congreso de la Unión sobre las acciones que realice el Consejo de Salubridad General, único órgano constitucional dependiente del presidente de la República.

En el marco de la transparencia y rendición de cuentas, se considera conveniente establecer este canal de comunicación, así el Congreso estará informado de tan importantes decisiones, que trascienden a toda la población. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que adiciona el artículo 15 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marcela Guillermina Velasco González, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Marcela Guillermina Velasco González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 15 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la salud, como derecho humano, en el ámbito jurídico mexicano, está previsto en cuarto párrafo del artículo 4o. constitucional, señalando que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud.”

Con ello, se dispone que le corresponderá a la ley definir las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, además de establecer la concurrencia de la federación con las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

La fracción XVI del artículo en comento, dispone que:

“1. Habrá un Consejo de Salubridad General con dependencia directa del Presidente de la República, sin intervención de ninguna secretaría de estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.

2. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República.

3. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país.

4. Las medidas que el consejo haya puesto en vigor en la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan.”

Con ello, se puede destacar que el Consejo de Salubridad General es un órgano colegiado que tiene el carácter de autoridad sanitaria, con funciones normativas, consultivas y ejecutivas. La organización y funcionamiento del Consejo de Salubridad General se rige por su reglamento interior de acuerdo con el artículo 16 de la Ley General de Salud.

El carácter de sus integrantes se encuentra señalado en los artículos 15 de la Ley General de Salud y 3, 4 y 5 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General.

Asimismo, las funciones de dicho órgano colegiado se localizan en los artículos 17 de la Ley General de Salud y 9 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General.

Se debe reconocer que, en el marco legal vigente del Congreso de la Unión, no está reglamentada la forma en cómo el Poder Legislativo revisará las medidas que el Consejo haya puesto en vigor.

Al estar prevista su existencia en la ley fundamental, se le debe de dar tratamiento de órgano constitucional y especializado con alto nivel técnico en materia de salud, a pesar de su dependencia directa del Ejecutivo federal y la falta de autonomía presupuestaria.

Es por ello que la presente iniciativa propone adicionar un segundo párrafo al artículo 15 de la Ley General de Salud, para precisar que el Consejo de Salubridad General deberá enviar al Congreso de la Unión, un informe semestral sobre las disposiciones generales que emita.

Con esta adición, se fortalecerá el mecanismo de rendición de cuentas y control por parte del Congreso de la Unión, respecto de una instancia de carácter constitucional no autónoma dependiente del Ejecutivo federal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 15 de la Ley General de Salud

Artículo único.Se adiciona un segundo párrafo al artículo 15 de la Ley General de Salud, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 15. El Consejo de Salubridad General es un órgano que depende directamente del Presidente de la República en los términos del artículo 73, fracción XVI, base 1a. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta? integrado por un presidente que será el secretario de Salud, un secretario y trece vocales titulares, dos de los cuales serán los presidentes de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, y los vocales que su propio reglamento determine. Los miembros del Consejo serán designados y removidos por el Presidente de la República, quien deberá nombrar para tales cargos, a profesionales especializados en cualquiera de las ramas sanitarias.

Dicho Consejo, deberá enviar al Congreso de la Unión, un informe semestral sobre las disposiciones generales que este emita.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Marcela Guillermina Velasco González, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Claudia Pastor Badilla, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Dulce María Sauri Riancho, Eduardo Zarzosa Sánchez, Enrique Ochoa Reza, Fernando Galindo Favela, Frinné Azuara Yarzábal, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Irma María Terán Villalobos, Juan Francisco Espinoza Eguia, Juan José Canul Pérez, Juan Ortiz Guarneros, Laura Barrera Fortoul, Lenin Nelson Campos Córdova, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Manuel Limón Hernández, María Alemán Muñoz Castillo, María Ester Alonzo Morales, María Lucero Saldaña Pérez, Martha Hortencia Garay Cadena, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Ricardo Aguilar Castillo, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Ximena Puente de la Mora (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Salud, para su dictamen.



LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito.

La diputada Nayeli Salvatori Bojalil:Con su venia. Buenos días. Les voy a platicar un caso de Puebla. María, 34 años, madre de tres hijos; iba saliendo del banco porque su patrón la mandó a sacar dinero para pagar la nómina. El monto: 39 mil pesos. Va manejando tranquila su camioneta y, de repente, llegan dos individuos y le disparan en la cabeza. Sí, la vida de María valía 39 mil pesos para los delincuentes. Y así miles de casos diarios.

Yo, y estoy segura que muchos de ustedes también, hemos salido temblando de miedo de un banco pensando en que a la mejor nos vienen siguiendo. Con esa paranoia de que probablemente hasta por mil pesos o menos vamos a perder la vida.

Todos estamos cansados de la inseguridad y del constante robo, pero, sobre todo, esto se da también en las sucursales de instituciones crediticias. La gran mayoría hemos escuchado a diario, ya sea por los medios de comunicación o por algún familiar, de víctimas que ha padecido esta desgracia.

Pero ¿cómo funciona esta dinámica? No quiero acusar a los empleados de los bancos; quiero pensar que la gran mayoría de ellos son buenas personas, pero se ha dado en investigaciones y está comprobado que la mayoría de ellos están coludidos con los delincuentes, incluso se ha sabido de casos en donde hasta tarifa les piden. Hay unos que lo hacen por gusto y por maldad, pero también hay otros que son extorsionados y les piden cuota y, si no, los amenazan con quitarles la vida a ellos o a sus familiares.

La dinámica es la siguiente. En cuanto el cuentahabiente sale del banco, el cajero, el que está en la ventanilla, notifica al delincuente cuánto fue lo que se retiró. Es por eso que, cuando el delincuente comete el agravio, sabe exactamente cuánto quitarle a la persona, porque ya le dieron, como dirían ahí, el pitazo.

Durante el primer semestre de 2018, de acuerdo a la Procuraduría General de Justicia, se han cometido 145 asaltos a cuentahabientes aquí en la capital. Si hacemos cuentas en los demás estados, imagínense la cantidad de delincuencia que se genera en los bancos. Las investigaciones señalan que en su mayoría existe esta complicidad.

El marco jurídico que rige las instituciones bancarias, específicamente la Ley de Instituciones de Crédito, en su artículo 96, señala que hay una obligación de contar con las medidas y dispositivos básicos necesarios que garanticen la seguridad de las instituciones y de sus usuarios. Esta ley ya es muy antigua, ya es muy vieja, porque, cuando se hizo este reglamento, fue expedido por el presidente Miguel de la Madrid, en abril de 1987. Le falta actualizarlo.

La propuesta es poner que se prohíba el uso de cualquier dispositivo de comunicación a los empleados que atienden al público en ventanillas, para que, de esa manera, aquellos que no se manejan con honestidad e informan a los delincuentes sobre las posibles víctimas de sus fechorías, no puedan hacerlo de manera tan sencilla y así protejamos a los usuarios.

También propongo que las medidas de seguridad no sean mínimas ni inferiores a las que los mismos bancos aplican en sus países de origen; es decir, un banco, a la mejor, que está en España, que tiene medidas de seguridad fuertes, que las apliquen también aquí en México, y que de manera conjunta las medidas de seguridad se expidan por las instituciones de crédito en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y además la Procuraduría General del Consumidor.

Digamos que, teniendo estas dos instancias se mejoraría la seguridad, y no solamente porque los bancos se regulan con una normatividad de que sugieren que el empleado y el cuentahabiente no usen celular; sin embargo, no está normado. Entonces la idea es que se rija y que se cumpla.

Cabe aclarar que, bueno, como les comentaba, eso ya está normado, el uso de los celulares, y ahora toca normar también el uso de los celulares y cualquier dispositivo a los empleados de los bancos.

Por un país en donde se deje de ponerle un precio a nuestras vidas. Ojalá, compañeros, me apoyen y de verdad lo hagamos por la seguridad de todos nosotros. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Nayeli Salvatori Bojalil, diputada federal a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

Estimados compañeros, hoy vengo a plantear un problema que aqueja a todos los ciudadanos de nuestro país, sin importar el estrato social al que pertenezcan y es el constante robo que sufren los cuentahabientes después de realizar operaciones en las sucursales de las instituciones crediticias.

Cuántas veces hemos tenido conocimiento de este delito mediante noticias en los medios de comunicación, llegando inclusive a ser víctimas del mismo o conocer gente cercana a nosotros que ha padecido esta desgracia.

El esfuerzo de los ciudadanos para ganar cada centavo de forma honrada con el fin de satisfacer sus necesidades personales y familiares es mucho, como para que cualquier delincuente de poca monta los despoje en cuestión de minutos de todo aquello por lo que trabajaron arduamente.

La gran mayoría de este delito ocurre poco tiempo después de que la víctima abandona la sucursal bancaria, donde los delincuentes cuentan con la complicidad de personas dentro de estas instituciones, quienes están vigilantes de las operaciones que realizan a su interior, para posteriormente señalárselas y que ejecuten el asalto.

Tan solo en la Ciudad de México compañeros, durante el primer semestre de 2018, de acuerdo a estadísticas de la Procuraduría General de Justicia, se han cometido 145 asaltos a cuentahabientes, es decir casi uno diario, si consideramos que este tipo de delitos no sólo se circunscribe a la capital del país, sino que es recurrente en todos los estados de la república, la incidencia claramente sería mayor.

Asimismo, quiero reiterar ante ustedes compañeros que muchas de las investigaciones de estos delitos, señalan una posible complicidad entre empleados bancarios y dichos delincuentes, sin que en la mayoría de los casos se pueda comprobar plenamente su participación.

Actualmente el marco jurídico que rige a las instituciones bancarias, específicamente la Ley de Instituciones de Crédito en su artículo 96, señala la obligación de contar con las medidas y dispositivos básicos necesarios que garanticen la seguridad de las instituciones y de sus usuarios, sin que se enliste de manera especifica cuáles deben de ser, por lo que se hace necesario reformarlo para contribuir a este objetivo.

Funcionarios del Grupo Financiero BBVA Bancomer han externado su preocupación en tribunas financieras con respecto de la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que señala que la apreciación de riesgo a las instituciones y sucursales estaba en el cuarto lugar.

Especialistas de la oficina de seguridad de Gentera –antes Grupo Compartamos– admiten que “los bancos generalmente resultan apetitosos para los delincuentes, hablando de los asaltos, los crímenes bancarios van a seguir seguramente. Se han sofisticado las intrusiones bancarias, es decir, que los delincuentes hagan un hueco en el inmueble, que se metan, vulneren la caja fuerte y se lleven lo que hay dentro. También el robo de cajeros automáticos es algo que hemos visto que en los últimos años aumentó y evidentemente otros delitos financieros, como el lavado de dinero y fraudes con tarjeta de crédito. Éstos son finalmente parte de los riesgos que los bancos como tal tienen y nuestra función es realizar acciones que los evalúen y mitiguen”.

“En la banca tradicional actual todavía se deben incorporar dispositivos como los dispensadores recicladores que en Europa ya se trabajan con ellos y que en Latinoamérica todavía no son comunes, por lo que la inclusión de nuevas tecnologías y formas de trabajo aportará un alto nivel de seguridad en las sucursales”, señala expertos en seguridad bancaria.

A nivel nacional, es imperante que se actualice el Reglamento de Seguridad y Protección Bancaria que fue expedido por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado en abril de 1987. El Reglamento, regula las actividades de seguridad y protección de las instituciones de crédito y de la entidad de la administración pública federal especializada en seguridad y protección bancaria.

El Reglamento señala que los requerimientos de seguridad y protección que deben mantener las instituciones, la entidad de servicios complementarios o auxiliares de la banca comprenden la normatividad y supervisión de la misma y lo siguiente:

• El establecimiento de políticas, normas y principios básicos conforme a los cuales deben formular sus programas de seguridad y protección;

• El adecuado diseño y construcción de sus oficinas, así como la instalación, funcionamiento y control de dispositivos, mecanismos y equipo técnico de protección, para la prestación segura del servicio que les corresponde;

• El establecimiento de sistemas y controles operativos para la prevención y detección de irregularidades en la realización de sus operaciones y en el manejo de los recursos, bienes y valores que tienen bajo su responsabilidad;

• La vigilancia interna de sus instalaciones, a través del establecimiento en las mismas, de medidas preventivas y de control de seguridad, para el público, sus trabajadores y su patrimonio;

• La selección, reclutamiento y capacitación de recursos humanos, aptos y profesionales para el servicio de seguridad y protección bancaria; directamente o a través de la entidad a que se refiere el primer párrafo de este precepto;

• La participación en los convenios respectivos, para prestar apoyo y colaboración a las autoridades competentes para la debida vigilancia externa de sus instalaciones, a través del establecimiento de medidas preventivas y operativas de seguridad y protección en los espacios públicos circundantes a sus oficinas, así como para el resguardo en la transportación de fondos y valores en movilizaciones urbanas y foráneas que incluyen tránsito intermunicipal y/o interestatal, tendientes a evitar la realización de hechos delictivos que afecten su patrimonio; y

• La coordinación operativa de los servicios de vigilancia interna con las autoridades competentes, que permita apoyar con oportunidad, eficacia y eficiencia, la seguridad y protección bancaria.

En este sentido y con la finalidad de contener en la medida de lo posible que sigan cometiéndose este tipo de robos, vengo a proponerles que se prohíba el uso de cualquier dispositivo de comunicación a los empleados bancarios que atienden al público en ventanillas, para que, de esa manera, aquellos individuos que no se manejan con honestidad e informan a los delincuentes sobre las posibles víctimas de sus fechorías no puedan hacerlo de manera tan sencilla y protejamos así a los usuarios. Así como que las medidas de seguridad no sean “mínimas ni inferiores a las que los mismos bancos aplican en sus países de origen u otras naciones; y que las medidas de seguridad, de manera conjunta las expidan las instituciones de crédito, en coordinación con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y la Procuraduría Federal del Consumidor.

Finalmente, se adjunta el siguiente comparativo para el estudio correspondiente de dictamen:



Por lo expuesto, en mi calidad de diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, para su análisis, discusión y aprobación, en su caso, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Único. Se reforma el artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 96. Las instituciones de crédito , en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Procuraduría Federal del Consumidor, deberán establecer medidas de seguridad que incluyan la instalación y funcionamiento de los dispositivos, mecanismos y equipo necesarios, las cuales no serán inferiores a las aplicables en sus países de origen,con objeto de contar con la debida protección en las oficinas bancarias para el público, factores y dependientes que las ocupen, así como del patrimonio de la institución. Cuando las instituciones contraten a las personas referidas en el artículo 46 Bis 1 de esta Ley, con el objeto de que éstas reciban recursos de sus clientes, en efectivo o cheque, adicionalmente deberán asegurarse que los establecimientos que al efecto utilicen dichas personas para llevar a cabo tales operaciones en representación de las propias instituciones, cuenten con las medidas de seguridad que se establezcan conforme a lo señalado en el presente artículo.

Entre otras medidas de seguridad deberán establecer la prohibición del uso de cualquier dispositivo de comunicación a los empleados que presten atención a los usuarios en ventanillas de sucursales de atención al público en las instituciones de crédito.

...

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitirá reglas de carácter general, los lineamientos a que se sujetarán las medidas de seguridad que deberán establecer las instituciones de crédito y los prestadores de servicios o comisionistas que las instituciones contraten para la recepción de recursos de sus clientes, en efectivo o cheque, en términos del artículo 46 Bis 1 de esta Ley, y vigilará que las instituciones cumplan con las disposiciones aplicables en la materia.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las instituciones de crédito, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y la Procuraduría Federal del Consumidor contarán con un plazo no mayor a 90 días hábiles, posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación para emitir las medidas de seguridad que deberán de implementar las instituciones de crédito.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 12 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Nayeli Salvatori Bojalil, Alma Marina Vitela Rodríguez, Claudia Báez Ruiz, Esmeralda de los Angeles Moreno Medina, Eudoxio Morales Flores, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, María Rosete, Olga Juliana Elizondo Guerra, Sandra Simey Olvera Bautista, Sebastián Aguilera Brenes (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Partido del Trabajo, para presentar proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita también por los diputados Benjamín Robles Montoya y otros diputados del Partido del Trabajo.

La diputada Maribel Martínez Ruiz:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras, compañeros diputados, recordarán ustedes que, durante el periodo de transición, después del triunfo electoral que lo llevó a la presidencia de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador anunció 12 reformas que impulsaría desde el inicio de su administración.

Una de ellas fue la reforma para incorporar a la Constitución la revocación del mandato y la eliminación de candados para la consulta ciudadana. Estas no son dos reformas trascendentes; se trata de dos figuras de democracia participativa tendientes a fortalecer al ciudadano frente a sus autoridades y reivindicar al pueblo como fuente de la soberanía nacional, tal y como lo establece nuestra Constitución.

Muchos comentarios se suscitaron, pero lo que quedó claro es que nuestro presidente no le teme a la voluntad popular, y que su gobierno tiene el objetivo de empoderar al pueblo de México.

Durante el pasado periodo ordinario de sesiones, hubo un proyecto de dictamen que desafortunadamente no llegó a discusión en este pleno, ya que no se lograron alcanzar los consensos.

Esperemos que las comisiones retomen ese trabajo y durante este periodo de sesiones podamos discutir, y seguramente, aprobar esas importantes reformas.

Estoy convencida que, para que la consulta ciudadana sea una herramienta verdaderamente útil al ciudadano, debemos modificarla y eliminar los desproporcionados candados que hoy tiene y que son verdaderos obstáculos para su utilización.

Es necesario reducir el número de ciudadanos que se requieren para solicitar la consulta, y también el porcentaje de participación necesario para que el resultado de la consulta sea vinculatorio. Hace falta eliminar esa trampa de prohibir que se someta a consulta popular los ingresos y gastos del Estado, y que fue el argumento bajo el cual se negó la realización de una consulta popular sobre la reforma energética, aduciendo que el petróleo es una de las mayores fuentes de ingreso del Estado mexicano.

Sin duda, esta fue una más de las trampas que utilizaron los corruptos que se enriquecieron con el huachicol desde Pemex, y desde anteriores administraciones federales.

Desde luego, hay que abrir las consultas para que puedan realizarse en cualquier fecha, y no solo durante las jornadas electorales federales. Nuestra Constitución debe prever también la revocación del mandato para el presidente de la República y los ejecutivos locales, no solo como una figura de democracia directa, sino como un derecho de los ciudadanos a decidir sobre la permanencia de los titulares de los Poderes Ejecutivos.

Por eso, con la intención de dar un nuevo impulso a esa reforma y de enriquecer el debate, hoy presentamos esta iniciativa de reforma constitucional en materia de consulta popular, que tiene como objetivo abonar a la discusión y a la construcción de consensos para hacer realidad las reformas en la materia.

Y ya que estamos en esto de impulsar las reformas que fortalezcan los mecanismos de democracia directa pues, creo, también es oportuno hacer un llamado para que las comisiones discutan la iniciativa que presenté conjuntamente con el diputado Benjamín Robles y Margarita García, para eliminar los candados a la figura de la iniciativa ciudadana.

Los exhorto, compañeras y compañeros, a que este periodo de sesiones sea el fortalecimiento de la democracia directa en México. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT

Los que suscriben, Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, 78 y 102, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 35, fracción VIII, apartados 1o., 3o. y 5o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular:

Exposición de Motivos

I. Antecedentes

El 9 de agosto de 2012 se publicaron reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por las que se incluyó la figura de la consulta popular como mecanismo de participación de los ciudadanos en la vida política del país.

Conforme a lo señalado en los artículos 40 y 41 de la Constitución, México es una república representativa y democrática y el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y de los estados, de acuerdo con la competencia que a cada nivel de gobierno corresponde.

Las anteriores características de nuestra república implican que la toma de decisiones en materia política, como la confección del marco jurídico que norma las atribuciones de los poderes públicos, el diseño de programas y políticas públicas y, en general, la forma en que se articula la vida en comunidad, corresponde de manera sustancial a los distintos órdenes de gobierno.

Sin embargo, dado el carácter democrático de la nación mexicana, los ciudadanos deben contar con los caminos institucionales para incidir de manera relevante y destacada en la vida política del país; sobre todo, teniendo en cuenta que todas las acciones de gobierno, por mínimas que sean, tienen un efecto en la comunidad. Por ello, la propia norma fundamental señala que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de e?ste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

Es necesario no perder de vista que desde los años 70 del siglo XX, se ha configurado el fenómeno de la posdemocracia o de la democracia aparente, en donde los parlamentos han ido perdiendo su capacidad para formar y representar satisfactoriamente la voluntad política de los ciudadanos.

En un sistema de decisiones colectivas que refleje de mejor manera las preferencias individuales y haga lo más libre posible a la mayor cantidad de personas tiene que satisfacer cuatro condiciones: cada uno de los participantes debe poder ejercer la misma influencia en la toma de decisiones colectivas, cada uno de los participantes deben tener alguna influencia efectiva en las decisiones colectivas, las decisiones colectivas deben ser implementadas por los elegidos para implementarlas y, finalmente, el orden legal debe permitir la cooperación segura sin interferencias indebidas.

Ahora bien, no debemos perder de vista que desde el nacimiento del Estado Liberal, ha existido una clara tensión entre los sistemas representativos y de participación directa.

Los federalistas en Estados Unidos y la Asamblea Constituyente francesa rechazaban la idea de incorporar mecanismos de participación directa ante la posibilidad del nacimiento de modelos populistas o demagógicos, además de la complejidad que representaba la conjunción de la población distribuida a lo largo del territorio de una nación.

No obstante esto, si bien reconocemos los riesgos que implica la implementación de este tipo de mecanismos participativos, consideramos que es posible la conjunción y armonización del régimen representativo con mecanismos de democracia directa.

Esto, pues se insiste en que es necesario articular de mejor manera la participación de la colectividad en la toma de decisiones, sobre todo, en la confección de las normas y reglas fundamentales mediante las que se ordena el ejercicio del poder y se definen los modelos y mecanismos de orden político por los que transita toda nación.

La población no puede ser ajena a esta toma de decisiones y no puede estar circunscrita, únicamente, al papel de mero elector, atado a elegir sólo entre las opciones que se le presentan, en cuya conformación no participa y sólo se le ofrecen como una opción dada; se hace necesario que los integrantes de una comunidad, tengan la posibilidad de incidir, no sólo mediante la elección, sino incluso por conducto de la definición y construcción de la ruta por la que debe transitar el ejercicio del poder público.

Tolbert, Lowenstein y Donovan (1998, página 28) mediante mediciones, análisis y estadísticas que realizan, les permite comprobar, en la realidad la correspondencia y compatibilidad tanto de los sistemas de gobierno como de los mecanismos participativos fundamentados en la operatividad en el nivel local.

En estas condiciones, si reconocemos el hecho incontestable que el sistema representativo atraviesa por una seria crisis, pues los ciudadanos desconfían cada vez más de las instituciones democráticas, ya que se sienten ajenos a la toma de decisiones, es necesario que, sin desconocer el carácter fundamentalmente representativo de nuestro sistema democrático, demos cause, mediante procedimientos institucionales, a las aspiraciones que los ciudadanos consideren necesarias para una mejor desarrollo de las políticas públicas que los gobiernos implantan o deben implantar.

II. La consulta popular en el sistema jurídico mexicano

Como señalamos al inicio de la exposición de motivos de esta iniciativa, en 2012 se incorporó a nuestro sistema jurídico, a nivel constitucional la figura de la consulta popular como un claro mecanismo de democracia directa que permita a los ciudadanos participar de manera mucho más activa y directa en la toma de decisiones propias del ejercicio del poder público.

Sin embargo, es necesario reconocer que a casi siete años de la reforma constitucional, esta figura ha sido prácticamente disfuncional, pues a la fecha no se ha implantado ninguna consulta, si bien ha habido cuatro intentos de llevarlas a cabo, todas han sido rechazadas, extrañamente, en la parte del proceso en el que interviene la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

a. Revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular convocada por el Congreso de la Unión 1/2014 y 3/014

Ésta fue impulsada por Andrés Manuel López Obrador, Elena Poniatowska Amor, Claudia Sheinbaum Pardo, Javier Jiménez Espriú y Martí Batres Guadarrama. En ella se planteaba la consulta acerca de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que tenían relación con la llamada reforma energética.

El máximo tribunal constitucional consideró que la consulta resultaba improcedente (no utiliza esa expresión), ya que ésta incidía en los ingresos del Estado.

El órgano jurisdiccional interpretó el concepto de ingresos y gastos como los “recursos económicos que guardan una relación directa con la regulación del sistema necesario para su obtención y distribución por parte del Estado para hacer frente a sus necesidades y obligaciones”.

En la propuesta de consulta se planteaba la siguiente pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica?”

La Suprema Corte señala al respecto que esta pregunta cuestiona la entrega de contratos o concesiones a particulares, nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica, en virtud de que pertenecen al régimen de los ingresos del Estado.

Consideramos que la SCJN hace una interpretación demasiado laxa de lo que debe entenderse por ingresos y gastos, es evidente que la mayoría de las acciones de gobierno tiene un vínculo muy estrecho con los ingresos que percibe el gobierno y los gastos que implican los distintos programas y políticas públicas.

Sin embargo, ése no fue el sentido del poder reformador de la Constitución, al referirse a ingresos y gastos, por estos debe entenderse lo relacionado con las percepciones, impuestos, derechos, propiamente dichos, que percibe el Estado y que son necesarios para cubrir el presupuesto.

En este caso, la SCJN adopta una posición ideológica-monista, pues parte de la base de que el Estado sólo puede obtener ingresos mediante un modelo energético privatizador.

Afirma la SCJN en la resolución en comento:

Como se observa, los sistemas de contratación y asignación que la norma suprema diseñó para los sectores estratégicos de energía eléctrica, petrolero y de hidrocarburos, tienen como finalidad toral, la obtención de ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, de ahí que indudablemente su relación es directa con el concepto de ingresos del Estado, respecto del cual, no es posible que tenga verificativo una consulta popular.

Lo anterior también se corrobora si acudimos a la legislación secundaria que reglamenta la reforma constitucional, así, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en la fracción I de su artículo 1, establece que dicho ordenamiento tiene por objeto reglamentar los ingresos que recibirá el Estado Mexicano derivados de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos que se realicen a través de las asignaciones y contratos a que se refieren el artículo 27, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta afirmación categórica por parte del Máximo Tribunal del país, no se sostiene por un hecho histórico, desde la expropiación petrolera, nuestro país tuvo un régimen en materia energética bajo control Estatal, el cual durante muchos años sirvió como potenciador del desarrollo nacional, lamentablemente en los últimos años, los gobierno emanados del PRI y el PAN se han encargado de desmantelar la industria energética nacional.

En este sentido, no puede afirmarse, como hace la SCJN, que el modelo privatizador es el único que permite al Estado obtener recursos.

De ahí que sea necesario que el poder reformador de la Constitución establezca lineamientos claros y precisos, de lo que debe entenderse como “ingresos y gastos”, y que estos no se amplíen a tal punto que cualquier temática se pretenda incluir en esta prohibición y se haga nugatorio el ejercicio de la consulta popular.

b. Revisión de constitucionalidad de la materia de consulta popular 2/2014

En este caso, la materia de la consulta se denominó “ ingreso digno para los trabajadores”, en la cual se proponía “modificar la Ley Federal del Trabajo para que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tenga claramente reglamentada su atribución de fijar un nuevo salario mínimo ajustado a la línea de bienestar que establece el Coneval, y con ello garantizar la de las necesidades del trabajador y su familia, y se encuentra acorde tanto con los instrumentos internacionales de los que México forma parte, como con la propia Constitución mexicana”.

La SCJN declaró inconstitucional la materia de la consulta, bajo dos consideraciones: a) se refiere a los ingresos y gastos del Estado; y b) implica una restricción a los derechos humanos, al pretender sustituir la base constitucional para el cálculo del salario mínimo, por una de tipo legal.

En cuanto al primer punto, es evidente que el tema no está relacionado en modo alguno con los ingresos y gastos del Estado, por las razones que expusimos en el apartado anterior, tan es así, que en 2016 se emitió la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, esto hace evidente que el hecho de que, en su momento diversas cantidades estuvieran indexadas al salario mínimo no constituía una imposibilidad de tal entidad que impidiera el desarrollo de una consulta.

Tampoco consideramos que la materia una violación a los derechos humanos de los trabajadores, por el hecho de que la base de cálculo del salario mínimo se incorporara a la Ley Federal del Trabajo, esto es así, ya que es un principio jurídico que el derecho laboral es un derecho de mínimos, es decir, la Constitución y la ley establecen los derechos mínimos de que deben gozar los trabajadores, pero esto no implica que no puedan ser incrementados, por la propia ley o incluso por acuerdos entre las partes.

Así, si la norma legal resultaba más benéfica para los trabajadores es evidente que esta debía prevalecer, incluso sobre el texto constitucional, sobre todo tomando en cuenta que la materia de la consulta tenía por objeto garantizar, un ingreso mínimo para los trabajadores para dotarlos de la capacidad de tener un ingreso que se ajustara, cuando menos, a la línea de bienestar establecida por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Por lo que hace a la temática de la solicitud de consulta popular 4/2014 solicitada por el PRI, esta no merece mayor comentario, dado que estaba dirigida a eliminar 100 diputaciones y 32 senadurías de representación proporcional, lo cual evidentemente y sin necesidad de mayor interpretación, tiene relación con cuestiones electorales, lo cual es un tema vedado para ser objeto de consulta.

III. Del procedimiento y los requisitos de la consulta popular

Como señala Rosa Ynes Alacio Garcia:

Las evidencias muestran lo inaplicable de la consulta popular. En México, la ley federal en el tema de la participación ciudadana existe para no ser aplicada, y para justificar discursos sin evidencias de realización vinculatoria posible. La democracia mexicana no posibilita redes dialógicas verticales que impacten las decisiones de gobierno. La posibilidad de participación ciudadana se cierra a los procesos electorales para elegir gobernantes, sin una mayor profundidad en los contenidos hacia las formas de gobierno, situación que podría fomentar la desconfianza en las instituciones mexicanas, más allá de los decretos constitucionales y leyes de papel, detenidas en alguna fase procedimental, inaplicadas con principios jurídicos. El llamado constante a las urnas es la vía que sostiene la democracia mexicana, en la que los electores cuestionan la aplicación de justicia, la rendición de cuentas y las mínimas sanciones a los actos de quienes gobiernan México.

Desde esta lógica consideramos que es necesario rediseñar las bases constitucionales relativas a la consulta popular con la finalidad de hacerla un mecanismo asequible a los ciudadanos, y que sea una herramienta útil de participación de la ciudadanía en el diseño de políticas públicas, y que esta no se convierta una institución meramente decorativa.

IV. Justificación de las modificaciones

a. Primer párrafo de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución

El texto constitucional es del tenor siguiente:

Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

Estimamos que la expresión trascendencia nacional es por demás ambigua y permite al órgano revisor de la constitucionalidad de la materia de la consulta un margen demasiado amplio de interpretación, que pueda hacer nugatorio el ejercicio de este derecho ciudadano.

¿Cuáles son las bases, los criterios o límites conforme a las cuales la SCJN determina cuáles son temas de transcendencia nacional o no?

La trascendencia nacional está dada por el propio procedimiento que se debe seguir para la aprobación de la consulta, es decir, no es un mecanismo sencillo, requiere del cumplimiento de una serie de requisitos, con la finalidad de que no cualquier tema, por banal que sea, pueda ser objeto de este mecanismo, pues es evidente que esto implica destinar una cantidad importante de recursos económicos, materiales y humanos.

En esta lógica consideramos que debe eliminarse esta calificativa, con la finalidad, como ya dijimos, de evitar interpretaciones que hagan imposible el desarrollo de las consultas populares.

b. Inciso c), base 1a., de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución

El texto constitucional es del tenor siguiente:

Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, a 2 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

Estimamos excesivo este requisito, y hace inviable la implantación de la consulta popular.

En principio, debemos tomar en cuenta que la lista nominal de electores es un elemento dinámico, que cada año presenta incrementos, al 25 de enero de 2019 la lista nominal de electores contaba con 85 millones 501 mil 176 ciudadanos.

Para solicitar la realización de una consulta popular es necesario recabar las firmas de al menos 1 millón 710 mil 23.52 ciudadanos. Como se aprecia, ésta es una tarea bastante ardua.

Si lo comparamos con los requisitos para otros mecanismos de participación política apreciaremos con mayor claridad lo excesivo de este requisito:

Para solicitar el registro como candidato independiente a la Presidencia a la República se requiere 1 por ciento de la lista nominal de electores; es decir, la mitad de la cantidad para la consulta popular (855 mil 11.76).

Para constituir un partido político se requiere contar con .26 por ciento del padrón electoral; es decir, 227 mil 382 militantes.

Como apreciamos, hay una diferencia sustancial, entre estos diversos mecanismos de participación de los ciudadanos en los procesos de decisión política, incluso, es necesario considerar que, tanto el registro de una candidatura independiente, como la constitución de un partido político, son actos mucho más trascedentes para la vida política, en el primer caso, porque se trata de quien habrá desempeñar un cargo público, tratándose de partidos, estos son entidades permanentes, que reciben recursos del erario, además de otras prerrogativas.

Es necesario disminuir el número de firmas o apoyos necesarios para dar trámite a la consulta; por ello, consideramos que .5 por ciento de la lista nominal de electores, es una cantidad suficiente que, por un lado permite que sólo aquellas propuestas relevantes, con verdadero apoyo social, puedan ser materia de consulta, pero sin hacer inviable o nugatorio este mecanismo de participación democrática.

c. Último párrafo del base 1o. de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución

El texto constitucional es del tenor siguiente:

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

...

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión,

Este requisito también se considera innecesario y excesivo, por cuanto a que sujeta a la decisión de la mayoría parlamentaria la implantación de la consulta popular.

Si consideramos que la consulta popular puede traducirse incluso en un mecanismo de control de las mayorías parlamentarias, es evidente que dejar a su albedrio la aprobación de la petición de consulta popular se puede convertir en un dique al ejercicio de esta prerrogativa.

En efecto, frente a ciertas decisiones controvertidas o que pudieran no tener suficiente apoyo popular, puede darse el caso, que una mayoría legislativa tuviera por objeto obstaculizar la implantación de la consulta.

Esto lo apreciamos de hecho en que las cuatro peticiones de consulta popular se han formulado mediante apoyo ciudadano, esto implica que los actores políticos no han contado con el suficiente apoyo en los órganos legislativos para hacer la petición de consulta popular.

Por lo que hace a la petición que formule el jefe del Ejecutivo se considera que la misma sí debe ser aprobada por ambas Cámaras, ya que la consecución de este mecanismo no puede dejarse a la voluntad de una sola persona, ya que esto lo pondría en una posición de privilegio frente a otros poderes.

d. Base 3a. de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución

El texto constitucional es del tenor siguiente:

No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

Como se señaló a lo largo de la presente exposición de motivos, es necesario precisar algunos de estos conceptos, pues los mismos ha dado lugar a interpretaciones demasiado laxas que han impedido el desarrollo de consultas populares en materia que eran relevantes para la sociedad en general.

En principio, es necesario establecer una directriz interpretativa a efecto de que la SCJN cuente con un parámetro claro y preciso, para establecer los alcances de tales excepciones a la consulta popular.

Por ello, atendiendo al contenido del artículo 1o. constitucional, la SCJN deberá interpretar las disposiciones en la materia de manera tal que se privilegie su realización, en todo caso, podrá fijar los alcances de la consulta.

En el caso de los ingresos y gastos del Estado, se debe entender por estos, aquellos que estén relacionados de manera directa con los impuestos, derechos, créditos o empréstitos que requiera el Estado para la prestación de los servicios públicos, o con el diseño e implementación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por lo que hace al tema de la restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, es necesario incorporar también aquellos de base convencional.

e. Base 5a. de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución

El texto constitucional es del tenor siguiente:

La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal;

El hecho de que las consultas populares tengan que convocarse cada 3 años, hace que éstas pierdan efectividad.

Tomando en cuenta la dinámica de los procesos sociales es muy posible que aquellos actos que puedan ser objeto de consulta popular hayan perdido relevancia o interés por parte de la colectividad, incluso, se puede dar el caso que ya los actos o decisiones de política pública se encuentren en curso, y de obtener un resultado adverso, se causen serios perjuicios a la actividad del gobierno.

Por ello es necesario establecer que las consultas populares se realicen anualmente, y en una fecha que permita el desarrollo del proceso de obtención de firmas, en caso de que se opte por esta modalidad, así como el cumplimiento del proceso de aprobación e instrumentación de la consulta popular.

De la misma forma, considerando que la toma de decisiones políticas no está sujetas a un calendario determinado, sino que estas se presentan dependiendo de las condiciones particulares de la vida política del país, debe establecerse un plazo flexible y variable a efecto de llevar a cabo la consulta.

Para ello, la ley deberá establecer plazos concretos de cada una de las etapas del proceso de consulta popular, dejando al arbitrio de la autoridad electoral el señalamiento de la fecha concreta en que se realizará la consulta.

Lo anterior, con excepción del año en que se lleve a cabo la jornada electoral federal, en cuyo caso la consulta popular se realizará el mismo día.

Por lo expuesto proponemos la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los apartados 1o., 3o. y 5o. de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular

Único. Se reforman el inciso c) del apartado 1o., y los apartados 3o. y 5o.; y se adicionan un segundo y tercer párrafos al apartado 3o., y un segundo y tercer párrafos al apartado 5o. de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano

I. a VII. ...

VIII. Votar en las consultas populares las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de

a) y b) ...

c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, a punto cinco por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

La solicitud de consulta popular que formule el Presidente de la Repúblicadeberá ser aprobada por mayoría absolutade cada Cámara del Congreso de la Unión.

2o. ...

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar las solicitudes de consulta popular, deberá privilegiar el derecho de los ciudadanos a participar en la toma de decisiones de las cuestiones públicas; para ello, podrá realizar los ajustes o modificaciones necesarios para precisar o clarificar el objeto o materia de la consulta, y fijar los alcances y efectos del resultado de la misma.

Se entenderá por ingresos y gastos del Estado los que tengan relación directa con los impuestos, derechos, participaciones, créditos, empréstitos y otros similares que sean necesarios para la prestación de los servicios públicos a cargo del Estado. De la misma forma quedará excluido del procedimiento de consulta popular la definición, integración y ejecución del Presupuesto de Egresos.

4o. ...

5o. La consulta popular se realizará anualmente.

La ley establecerá los plazos y términos para llevar a cabo los diversos actos relativos a la preparación de la consulta popular. Corresponderá al Instituto Nacional Electoral, conforme a las bases que establezca la legislación, determinar la fecha en que se realizará la consulta popular.

En el año en que haya jornada electoral federal la consulta popular se realizará el mismo día.

6o. y 7o. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes federales en un plazo máximo de ciento ochenta días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Notas

1 Artículo 39 de la Constitución.

2 Véase Attili Cardome, Antonella, “Voluntad popular y democracia ‘real’”, en Salazar Carrión, Luis (coordinador), ¿Democracia o posdemocracia? Problemas de la representación política de las democracias contemporáneas, Fontamara, México, 2014, página 168.

3 Przeworsky Adam, Qué esperar de la democracia. Límites y posibilidad del autogobierno. Siglo XXI Editores, Argentina, página 49.

4 Citado por Mafla Arango, Maximino, “Análisis comparado de los mecanismos de participación en el ordenamiento jurídico colombiano. Experiencias exitosas de Estados Unidos de Norteamérica, Italia, Suiza y Uruguay”, en Entramado [en línea] 2011, 7 (julio-diciembre). Fecha de consulta: 30 de enero de 2019. Disponible en

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=265422684008>

5 Fuente: Instituto Nacional Electoral, https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/

6 Artículo 371 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

7 Al 25 de enero de 2019, el padrón electoral contaba con 87 millones 454 mil 974 ciudadanos. Fuente:

https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron-electoral/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.— Diputada y diputado: Maribel Martínez Ruiz, Benjamín Robles Montoya (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.



LEY DE MIGRACIÓN

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2 de la Ley de Migración.

La diputada María Libier González Anaya:Con su venia, señora presidenta. Compañeros y compañeras diputados, vengo a presentar ante esta honorable asamblea una iniciativa con proyecto de decreto que busca reformar la Ley de Migración en su artículo 2, para incorporar dentro de los principios de política migratoria la perspectiva de género como un elemento más que el Estado mexicano deberá observar en las políticas y acciones de atención al migrante.

Como es de su conocimiento, la inmigración en los últimos tiempos tiene como tendencia el incremento de mujeres que buscan desplazarse para mejorar sus condiciones de vida, por la necesidad de encontrarse con sus familiares o buscar refugio para salvaguardar su integridad personal.

Las mujeres se trasladan ya no solamente como acompañantes, sino individualmente, a países donde estiman que pueden existir condiciones de estabilidad económica y seguridad personal que les permitan generar recursos económicos para el sostenimiento de sus familias.

Si bien es cierto que la inmigración femenina brinda oportunidades y constituye un elemento de empoderamiento vía la remuneración, también supone un riesgo para su integridad y el respeto de sus derechos. Sin embargo, esta situación no afecta igual a hombres ya las mujeres en cuanto a los canales legales de migración, el tipo de abusos que sufren y sus consecuencias.

La diferencia que existe entre las trabajadoras y los trabajadores migrantes son innumerables. Baste señalar, entre otros, la diferencia de sueldo, menor en el caso de la mujer, aun cuando desempeñe el mismo trabajo. Se les niega el acceso a servicios de salud que les corresponde en el desempeño de sus actividades laborales; despido injustificado cuando se embarazan; una alta explotación o acoso sexual, entre otros.

Lo que se pretende es que la migración, sea cual fuere su origen, necesita partir de un enfoque con perspectiva de género, lo que desde luego nos lleva a que las leyes con las que contamos se adecuen o se elaboren en ese sentido.

La presencia de un mayor número de mujeres migrantes en nuestro país, ya sea de tránsito o como lugar de destino, así como las migrantes mexicanas que en su calidad de jefas de familia se desplazan hacia Norteamérica, nos mueve a reflexionar en por qué, no obstante los grandes aportes que representan en su momento, en la expedición de una Ley de Migración en materia de derechos humanos, se omite la perspectiva de género como un elemento que debería contemplar el ordenamiento legal referido.


Considero que esta omisión debe corregirse, por lo que es oportuno adicionar un nuevo párrafo decimoquinto al artículo 2 de la Ley de Migración, ya que, como puede apreciarse, este artículo hace referencia a los principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano.

Considero de mayor valía armonizar la legislación para incluir condiciones de perspectiva de género en este precepto legal, más allá de los avances sociales y culturales que nuestra sociedad ha alcanzado, recordando siempre que, para hacer efectiva esta igualdad de trato entre hombres y mujeres, debemos partir de la igualdad legal, que la haga real y efectiva, sobre todo en lo que se refiere al tema de migración.

Resulta conveniente referirnos a las condiciones establecidas en la recomendación general 26 sobre las trabajadoras migratorias, específicamente su numeral 3, que abunda sobre la situación de la mujer trabajadora migrante.

Si bien los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras y reglamentar la emigración, deben hacerlo de manera plena conforme con sus obligaciones, como parte de los tratados de derechos humanos que han ratificado o a los que se han adherido. Ello comprende la promoción de procedimientos de migración seguros y la obligación de respetar y proteger, facilitar el ejercicio de los derechos de la mujer en todas las etapas del ciclo migratorio.

Estas obligaciones deben cumplirse en reconocimiento de los aportes sociales y/o económicos a sus países de origen, entre otras cosas, las labores domésticas y la prestación de cuidados.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ha concluido su tiempo, diputada.

La diputada María Libier González Anaya: Apelando al sentido de equidad entre hombres y mujeres, lo que refiere nuestra Carta Magna en el párrafo quinto de migración, del artículo 2, debemos de otorgar condiciones favorables para la obtención de empleos dignos y de evitar la trata de personas y el trabajo infantil. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que adiciona el artículo 2 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada federal migrante María Libier González Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la presente LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Migración, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La migración en los últimos tiempos tiene como tendencia, el incremento de mujeres que buscan desplazarse para buscar mejores condiciones de vida; de tal manera que hoy, en razón de las difíciles condiciones económicas que prevalecen en sus países de origen, a la necesidad de encontrarse con sus familiares o buscar refugio para salvaguardar su integridad personal, las mujeres se trasladan ya no solamente como acompañantes, sino individualmente, a países en donde estiman que pueden existir condiciones de estabilidad económica y seguridad personal, que les permitan generar recursos económicos para el sostenimiento de sus familias.

Si bien cierto que, la migración femenina brinda oportunidades y constituye un elemento de empoderamiento vía la remuneración, también supone un riesgo para la integridad y el respeto de sus derechos.

Sabemos que la migración no se reduce únicamente a los varones ya que lo mismo migran estos que las mujeres, sin embargo, esta situación no afecta de igual manera a unos como a otras, en cuanto a los canales legales de migración, los sectores a los que se dirigen, el tipo de abusos que sufren y sus consecuencias.

La diferencia existente entre las trabajadoras y los trabajadores migrantes son innumerables, baste señalar entre otros la diferencia de sueldos, menores para el caso de las mujeres aun cuando desempeñen el mismo trabajo, se les niega acceso a los servicios de salud que les corresponden en el desempeño de sus actividades laborales; despido injustificado cuando se embarazan; una alta exposición a acoso sexual.

Si lo que se pretende es que la migración sea cual fuera su origen, aporte a un desarrollo equitativo entre mujeres y hombres, es necesario partir de un enfoque con perspectiva de género, lo que desde luego nos lleva a que las leyes con las que contamos se adecuen o se elaboren en este sentido.

La presencia de un mayor número de mujeres migrantes en nuestro país, ya sea en tránsito, como lugar de destino, así como las migrantes mexicanas que en su calidad de jefas de familia se desplazan hacia Norteamérica, nos mueve a reflexionar el por qué no obstante los grandes aportes que represento la expedición de la Ley de Migración en materia de derechos humanos, se omite la perspectiva de género como un elemento que debiera contemplar el ordenamiento legal referido.

Considero que esta omisión debe corregirse; por lo que es oportuno adicionar un nuevo párrafo decimoquinto al artículo 2 de la Ley de Migración, ya que como puede apreciarse este artículo hace referencia a los principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado Mexicano, la cual debe entenderse como: El conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados y con fundamento en las leyes, normas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio.

Si bien es cierto que, el artículo en comento, en su párrafo tercero hace referencia al respecto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, independientemente de su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria; jamás establece la perspectiva de género como elemento primordial del estado en materia migratoria, lo que permitiría visibilizar aquellas situaciones en las que no existe igualdad entre las mujeres y hombres migrantes.

Considero de la mayor valía, armonizar la legislación para incluir condiciones de perspectiva de género en este precepto legal, más allá de los avances sociales y culturales que nuestra sociedad ha alcanzado, recordando siempre que para hacer efectiva esta igualdad de trato entre hombres y mujeres, debemos partir de una igualdad legal que la haga real y efectiva, sobre todo en lo que se refiere al tema de migración.

La perspectiva de género podemos entenderla como el conjunto de acciones que buscan transformar la realidad, la cual refleja una desigualdad de derechos entre hombres y mujeres; es un compromiso que busca mejorar la situación social, logrando una relación de equilibrio en todos los aspectos de la vida, entre hombres y mujeres.

Por ello, y en referencia al tema de la desigualdad de derechos existente entre hombres y mujeres, quiero referirme aquí a las consideraciones hechas por la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, promovida por la Organización de las Naciones Unidas y plasmadas en el convenio suscrito por los países refrendantes, entre los que se encuentra el nuestro; cuya entrada en vigor tiene como fecha el 3 de septiembre de 1981, en los que se destaca lo siguiente:

“Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad.”

Refiriere más adelante:

“Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras necesidades.”

Estas consideraciones que anteceden el capitulado del convenio en referencia, hacen alusión a realidades a las que nuestro país no es ajeno, sobre todo en lo que se refiere a la desigualdad en el trabajo que existe entre mujeres y hombres, en el que se ubica desde luego a los migrantes nacionales o extranjeros, por ser el trabajo digno, el objeto principal que los lleva a desplazarse de su lugar de origen.

Resulta conveniente referirnos también a las consideraciones establecidas en la “Recomendación General número 26, sobre las Trabajadora Migratorias” específicamente a su numeral 3; que abunda sobre la situación de la mujer trabajadora migrante.

“3. Si bien los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras y reglamentar la migración,deben hacerlo de manera plenamente conforme con sus obligaciones como partes en los tratados de derechos humanos que han ratificado o a los que se han adherido. Ello comprende la promoción de procedimientos de migración seguros y la obligación de respetar, proteger y facilitar el ejercicio de los derechos de la mujer en todas las etapas del ciclo migratorio. Estas obligaciones deben cumplirse en reconocimiento de los aportes sociales y económicos de las trabajadoras migratorias a sus países de origen y de destino, entre otras cosas en las labores domésticas y la prestación de cuidados.”

México como parte integrante del conjunto de naciones que han suscrito estos acuerdos, debe entonces, implementar políticas públicas que permitan acciones afirmativas en materia de perspectiva de género, las cuales no están circunscritas únicamente al poder ejecutivo, desde el ámbito legislativo debemos procurar ser la fuente desde la que se nutran a los otros poderes mediante la creación y adecuación de leyes que permitan la tutela de derechos de las mujeres y hombres mexicanos, así como el de los migrantes extranjeros independientemente de su género.

Al respecto, como sabemos, nuestra carta magna en su artículo 1° reconoce de manera irrenunciable el goce de los derechos humanos para cualquier persona que se encuentre dentro del territorio nacional, con sujeción a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Adicionalmente en su párrafo tercero, establece:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, define que:

“Los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual, sin discriminación alguna, de ello se desprende el principio de universalidad.”

“El principio de progresividad de derechos humanos implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento...”

Apelando al sentido de progresividad que refiere nuestra Carta Magna, es que hago esta propuesta de adición de un nuevo párrafo décimo quinto a la Ley de Migración en su artículo 2; para que de manera tacita y progresiva se garanticen los derechos humanos de las personas migrantes atendiendo la armonización legislativa bajo criterios de perspectiva de género, lo que no contraviene de ninguna manera lo estipulado en su primer párrafo que ya hace mención al tema, por el contrario, le complementa.

No podemos omitir en esta argumentación, el artículo 4° de la propia Carta Magna, que establece la igualdad ante la ley, de la mujer y el varón; condición esencial para la promoción y tutela de los derechos humanos en nuestro país, garantizando desde el ámbito legislativo, la promoción, el respeto, la protección, y la tutela de los derechos humanos; contribuyendo al cumplimiento de los tratados y convenios Internacionales de los que formamos parte.

Al respecto la Ley de Migración, en su artículo 6, señala:

“El Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria.”

Cabe recordar que dentro de estos tratados y convenios internacionales que nuestro país ha firmado se encuentra la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de las que se desprende la Recomendación General número 26, sobre las Trabajadoras Migratorias, a la cual he aludido en razón de garantizar los plenos derechos de igualdad entre mujeres y hombres que han optado por dejar sus lugares de origen a fin de garantizar mejores condiciones de bienestar y, para preservar sus vidas cuando es el caso.

La igualdad de género debe constituirse como uno de los objetivos de las políticas públicas en nuestro país, en donde la protección de las trabajadoras y trabajadores migrantes nos debe llevar a otorgar condiciones favorables para la obtención de empleos dignos, evitar la trata de personas y el trabajo infantil.

Consciente del trato diferenciado que existe entre hombres y mujeres en cuanto al ejercicio de sus derechos, es que presento ante esta soberanía, propuesta de modificación al artículo 2 de la Ley de Migración, con el propósito de contribuir al desarrollo de una sociedad más igualitaria y armónica entre hombres y mujeres; complementando y enriqueciendo las acciones de gobierno que atienden a las y los migrantes para que de manera progresiva y universal se dé cumplimiento a los convenios y tratados internacionales de los que nuestro país forma parte.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo quinto al artículo 2, de la Ley de Migración

Artículo Único: Se adiciona un párrafo decimoquinto al artículo 2 de la Ley de Migración, recorriéndose el subsecuente para quedar como sigue:

Artículo 2. La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

...

...

...

...

Perspectiva de género, en las políticas y acciones públicas, que permitan garantizar los principios de igualdad y de no discriminación entre las mujeres y hombres migrantes,

El Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de laFederación.

Notas

i Ley de Migración, en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_120718.pdf. Consultado el 22 de enero de 2019.

ii Convenio de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en.

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx. Consultado el 23 de enero de 2019.

iii Ibídem

iv Recomendación General Núm. 26, sobre las Trabajadoras Migratorias.

https://outlook.live.com/mail/deeplink?popoutv2=1

v Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf

vi Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. CNDH. 2ª Reimpresión, agosto 2018. Pág. 9

vii Ibídem Pág. 11

viii Ley de Migración, En http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_120718.pdf. Consultado el 23 de enero de 2019

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero 2019.— Diputada y diputado: María Libier González Anaya,Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, señora diputada. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su dictamen.



LEY DE PLANEACIÓN

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Planeación, en materia de participación ciudadana.

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez:Con su permiso, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez: Compañeros legisladores, el Plan Nacional de Desarrollo se considera el principal instrumento que orienta las políticas públicas del gobierno federal. Sin embargo, los mecanismos de participación reconocidos en el marco jurídico vigente son muy limitados para incorporar la participación de la sociedad mexicana en su pluralidad y diversidad.

Si bien se han implementado importantes cambios en la ley, sobre todo en cuanto al desarrollo de implementación y ejecución por parte de la administración pública, las últimas reformas relacionadas con los principios de perspectiva de interculturalidad y de género, los mecanismos de participación social, considerados desde los ochenta, siguen siendo los mismos.

De acuerdo con la Ley de Planeación, solo se consideran foros de consulta, como mecanismos de participación de la ciudadanía; esto ha ocasionado que en los últimos sexenios los procesos de consulta en torno a la elaboración del Plan Nacional sean limitados, pues su formato y la omisión de incorporar otros esquemas y dimensiones de la participación han sido poco efectivos para que la opinión de la ciudadanía incida de manera efectiva en la elaboración del plan.

Por un lado, la amplitud del acceso a las tecnologías de información hace imperativo considerar los mecanismos que puede ofrecer la democracia electrónica como medio de comunicación para la ciudadanía con la administración pública, sin demeritar de ninguna manera los mecanismos presenciales y análogos.

Por otro lado, la ley debe adecuar su marco conceptual de la participación y pasar de una limitada visión de la sociedad dividida en sectores, a la integración y consideración de organizaciones de la sociedad civil y la pluralidad de los pueblos y comunidades indígenas.

Siguiendo el enfoque de la Agenda 2030, debemos considerar incorporar visiones de género, así como la inclusión de las personas tradicionalmente excluidas de las políticas.

Es tarea del Estado facilitar el acceso de todas las personas, sin importar su condición, a la participación de la gestión pública y la toma de decisiones.

En este sentido, el próximo proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo es una oportunidad para que el gobierno en turno, que se ha comprometido con incorporar mecanismos de democracia participativa en la gestión pública, incorpore también a las organizaciones de la sociedad civil en la planeación democrática de nuestro país y, con ello, tener insumos y participación de calidad.

También hay que considerar que la democracia participativa no se agota con grandes consultas. Debe ser reconocida en su amplitud de mecanismos de participación, en su diversidad de ámbitos de influencia y en la posibilidad de incidir en las diferentes etapas de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.

La Ley de Planeación debería reconocer las diferentes modalidades de participación en su amplitud y diversidad, tal como lo es la sociedad mexicana. Y deben considerar los espacios y las experiencias locales, entre ellos los consejos ciudadanos.

En la presente iniciativa se plantean reformas para la adecuación del marco jurídico de la planeación nacional, con el objetivo de reconocer la diversidad de canales y formas de participación. Definir la participación ciudadana como principio de la planeación nacional y establecer la obligación de una plataforma de seguimiento a los compromisos derivados y garantizar mecanismos de participación social, ciudadana, no solo en el diagnóstico y elaboración del plan y sus programas.

Por último, se propone que la legislación reconozca mecanismos de nuevas tecnologías de información y comunicación en los procesos de participación, así como elementos habilitadores de una más amplia participación, sin menoscabar las formas presenciales en el marco de un gobierno abierto, entendido como un modelo de producción de políticas públicas, en cuyo trabajo convergen la transparencia y la participación ciudadana, en un ambiente de rendición de cuentas e innovación social.

Compañeras y compañeros, con esta iniciativa no solo estaríamos adecuando el marco normativo para reconocer y ampliar los mecanismos de participación en la gestión pública, sino que también estaríamos avanzando con uno de los principios y acciones de la Alianza para el Parlamento Abierto en México, al legislar en favor del gobierno abierto, pues si se aprueba esta reforma, estaríamos incorporando una política de gobierno abierto en todo el proceso de implementación y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Planeación, en materia de participación ciudadana, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD

Frida Alejandra Esparza Márquez, diputada federal de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación, al tenor de los siguientes elementos.

Planteamiento del Problema

El Plan Nacional de Desarrollo se considera como el principal instrumento que orienta las políticas públicas del gobierno federal, sin embargo los mecanismos de participación reconocidos en el marco jurídico vigente son muy limitados para incorporar la participación de la sociedad mexicana en su pluralidad y diversidad.

De acuerdo con la Ley de Planeación, sólo se consideran foros de consulta como mecanismo de participación de la ciudadanía. Esto ha ocasionado que en los últimos sexenios los procesos de consulta en torno a la elaboración del PND sean limitados, pues su formato y la omisión de incorporar otros esquemas y dimensiones de la participación han hecho poco efectivo para que la opinión de la ciudadanía incida de manera efectiva en la elaboración del plan.

En la presente iniciativa se plantean reformas para la adecuación del marco jurídico de la planeación nacional, el instrumento de política pública más importante del país, con el objetivo de reconocer la diversidad de canales y formas de participación, definir la participación ciudadana como principio de la planeación nacional, establecer la obligación de una plataforma de seguimiento a los compromisos derivados del plan nacional de desarrollo y garantizar mecanismos de participación ciudadana no sólo en el diagnóstico y elaboración del plan y sus programas, sino también en su implementación, seguimiento, evaluación y control.

Por último, se proponen reconocer mecanismos de tecnología de información y comunicación en los procesos de participación ciudadana, como elementos habilitadores de una más amplia participación, sin menoscabar las formas presenciales, en el marco de un gobierno abierto entendido como un modelo de producción de políticas públicas en cuyo trabajo convergen la transparencia y la participación ciudadana, en un ambiente de rendición de cuentas e innovación social.

Argumentación

En la exposición de motivos de la Ley de Planeación de 1983, el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado expresaba que “la práctica de la planeación no es nueva en México pero requiere adaptarse a las necesidades de cada lugar y momento”. A más de treinta años de la promulgación de esta ley han pasado ya varios sexenios que han tomado este marco jurídico para el desarrollo de su respectivo Plan Nacional de Desarrollo. Si bien se han implementado importantes cambios en la ley, sobre todo en cuanto al desarrollo de implementación y ejecución por parte de la Administración Pública, las últimas reformas relacionadas con los principios de perspectiva interculturalidad y de género, los mecanismos de participación social considerados desde los ochentas siguen siendo los mismos.

Por un lado, la amplitud de acceso a las tecnologías de información hace imperativo el considerar los mecanismos que puede ofrecer la democracia electrónica como medio de comunicación de la ciudadanía con la administración pública, sin demeritar los mecanismos presenciales y análogos.

Por otro lado, la Ley debe adecuar su marco conceptual de la participación, y pasar de una limitada visión de la sociedad dividida en sectores, a la integración y consideración de organizaciones de la sociedad civil y la pluralidad de pueblos y comunidades indígenas.

Siguiendo el enfoque de la Agenda 2030 y los ODS, tenemos que considerar que no debemos dejar a nadie atrás, y además de incorporar visiones de género debemos considerar la inclusión de las personas tradicionalmente excluidas de las políticas. Es tarea del Estado el facilitar el acceso de todas las personas, sin importar su condición, a la participación de la gestión pública y a la toma de decisiones de los asuntos que les afectan.

De acuerdo con Miguel Concha, “desde hace décadas las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se han venido fortaleciendo, y una expresión de esos avances son los mecanismos de participación y consulta, formalizados en los ámbitos local, estatal y federal, con el objetivo de influir en las decisiones y conseguir su traducción en políticas públicas”. (Concha, 2013)

El experto en participación ciudadana expresa que nuestro país, sobre todo en los gobiernos locales tiene una larga trayectoria y experiencia en espacios de consulta y consejos ciudadanos, además de la integración de agendas de cara a los procesos electorales. En este sentido, las OSC tienen el derecho y legitimidad de participar en temas en las que se han ganado un reconocimiento y han desarrollado su agenda. La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil las reconoce como actoras de interés público, y son de vital importancia para el desarrollo nacional en un sistema que se precie de ser democrático.

Las organizaciones “tenemos el derecho a proponer en temas de nuestro interés, para favorecer políticas públicas para la infancia, las y los jóvenes, las mujeres, el desarrollo local; para el ejercicio del conjunto de los derechos humanos, la migración, la seguridad ciudadana, el cuidado al medio ambiente, entre muchos otros, en los que se cuenta con una agenda integrada y consensuada”. (Concha, 2013).

En este sentido, el próximo proceso de formulación de Plan Nacional de Desarrollo es una oportunidad para que el gobierno en turno, que se ha comprometido con incorporar mecanismos de democracia participativa en la gestión pública, incorpore a las organizaciones de la sociedad civil en la planeación democrática de nuestro país y con ello tener insumos y participación de calidad en el principal instrumento de planificación para las políticas públicas.

También hay que considerar que la democracia participativa no se agota con las grandes consultas nacionales sobre temas torales. Debe ser reconocida en su amplitud de mecanismos de participación, en su diversidad de ámbitos de influencia y en la posibilidad de incidir en las diferentes etapas de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.

Las organizaciones de la sociedad civil también pueden contribuir en la elaboración de los diagnósticos; proponer enfoques de derechos humanos, equidad de género, y de ofrecer alternativas. En la experiencia de las OSC se encuentran procesos de monitoreo y evaluación, de ejercicios de contraloría social efectivos y reconocidos, así como mecanismos para el seguimiento y eventualmente, la difusión en el cumplimiento o no de lo que se comprometerá en el PND. Incorporar mecanismos de participación ciudadana en el monitoreo y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo también podría contribuir a fomentar la transparencia y la rendición de cuentas a las que están obligados los gobiernos.

En este sentido y retomando a Miguel Concha, la Ley de Planeación debería reconocer las diferentes modalidades de participación en su amplitud y diversidad, “tal como lo es la sociedad mexicana”, y debe considerar los espacios y las experiencias locales, entre ellos los consejos ciudadanos.

La Ley de Planeación debe establecer el derecho de participar, no sólo de manera vertical mediante consultas, sino de manera horizontal en todo el proceso de la planificación, desde el diseño, la evaluación y el control de las estrategias, políticas y programas que surjan del plan.

Concepto de Participación Ciudadana

Aunque aparentemente el concepto de participación social y participación ciudadana pueden ser sinónimos, hay numerosos académicos que distinguen de manera clara los alcances de una y otra.

De acuerdo con el análisis de Azucena Serrano Rodríguez, la participación social es aquella en la cual los individuos pertenecen a asociaciones u organizaciones para defender los intereses de sus integrantes, pero el Estado no es el principal locutor, sino otras instituciones sociales. Mientras que:

“La participación ciudadana es aquella donde la sociedad posee una injerencia directa con el Estado; asimismo, tiene una visión más amplia de lo público. Esta participación está muy relacionada con el involucramiento de los ciudadanos en la administración pública. Los mecanismos de democracia directa (iniciativa de ley, referéndum, plebiscito y consultas ciudadanas, la revocación de mandato y la cooperación de los ciudadanos en la prestación de servicios o en la elaboración de políticas públicas son formas de participación ciudadana”. (Serrano Rodríguez, 2015)

Todos estos tipos de participación son muy importantes en los regímenes democráticos, porque nos permiten vigilar y controlar la gestión de nuestros gobernantes; además es la manera en la que la ciudadanía se hace escuchar y puede tomar parte en los asuntos públicos. De acuerdo con Robert Dahl ( Poliarchy, Participation and Opposition, 1971), un sistema no se puede considerar democrático si los ciudadanos no tienen la oportunidad de participar efectivamente en el espacio público.

No olvidemos que la Ley de Planeación tiene sus orígenes en la década de los ochentas todavía con mucha influencia del régimen y la sociedad posrevolucionaria. En ese sentido, participación política implicaba prácticamente la pertenencia al partido hegemónico mediante alguno de sus sectores. En efecto, la Ley de Planeación menciona a las “organizaciones representativas” de la sociedad como órganos consultivos permanentes en el Sistema Nacional de Planeación.

En los primeros años de la implementación del neoliberalismo la Ley de Planeación institucionalizó las consultas populares, creando el Sistema Nacional de Planeación Democrática y mediante el desarrollo de foros se supone que surgió el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo en un régimen sin una verdadera representación política y sin transparencia pública, la participación sólo podía ser testimonial y ficticia, y en los hechos los foros sólo servían de acciones de legitimidad para la integración del PND. Dicho modelo de “planeación democrática” es el que sigue vigente hasta nuestros días. (Serrano Rodríguez, 2015).

Participación ciudadana en la gestión pública.

En el marco del Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, México ha sido parte del diseño y compromiso de las Cartas Iberoamericanas, las cuales son resultado de consensos alcanzados por los gobiernos iberoamericanos en materia de buen gobierno y administración pública. En las Cartas aparecen principios, orientaciones, fundamentos, derechos y obligaciones para los Estados, los funcionarios, incluyendo sus empleados y los ciudadanos. (Sebastián, 2019)

En el centro de todas las cartas se encuentra el ciudadano y sus derechos, y son un documento de referencia para nuestro contexto mexicano.

En lo que corresponde a la participación, México adoptó la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en el marco de la Cumbre en Portugal en 2009. Cabe resaltar que uno de los documentos pilares del CLAD, “Gestión Pública Iberoamericana para el siglo XXI”, y el documento “Una Nueva Gestión Pública para América Latina” constituyen hoy una línea paradigmática que hasta la fecha sigue siendo vigente en los conceptos de Administración Pública en América Latina y en México. (Sebastián, 2019)

En la Carta Iberoamericana referida se entiende el concepto de participación ciudadana en la gestión pública, como:

“El proceso de construcción social de las políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática, canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas, y los derechos de las organizaciones o grupos en que se integran, así como los de las comunidades y pueblos indígenas”. (CLAD, 2009)

En este sentido, se considera que la participación es fundamental en la democracia, consustancial con los principios de representación política, y complementarios a éstos, y permite expandir y profundizar la democracia y su gobernabilidad.

La participación ciudadana en la gestión pública, de acuerdo con la Carta, refuerza la posición activa de los ciudadanos y las ciudadanas como miembros de sus comunidades, permite la expresión y defensa de sus intereses, el aprovechamiento de sus experiencias y la potenciación de sus capacidades, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida de la población.

También establece la Carta que la participación ciudadana en la gestión, debe combinar formas orgánicas con formas procedimentales. Se añade, además, que el objeto es tender a la institucionalización de la participación como a la modificación de los equilibrios de poder a favor de aquellos que se encuentren sub-representados en los circuitos de decisiones. Algo importante es que la Carta no efectúa distinciones según el derecho a participar, sea colectivo o personal. En este sentido se supone que el derecho de organizarse en colectivos sociales y organizaciones representativas no limita la participación individual o personal que pudiera realizarse.

Los componentes básicos del derecho de participación ciudadana en la gestión pública aparecen desarrollados en el Punto 35 de la Carta. Allí se consigna la necesidad de que los ordenamientos jurídicos estatales reconozcan a todos los habitantes el derecho genérico de participación ciudadana en la gestión pública y garanticen su ejercicio efectivo.

En cuanto a la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de participación, la Carta sostiene que éstas posibilitan el desarrollo del derecho ciudadano a relacionarse y comunicarse electrónicamente con sus gobiernos y administraciones públicas, sin que esto genere restricciones para aquellos medios tradicionales. Para la efectivizarían de este derecho, los Estados iberoamericanos promoverán el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, facilitando la participación, especialmente de los pueblos indígenas y grupos poblacionales marginados y culturalmente diversos.

En la Carta también se señala el derecho de “seguir, medir y evaluar la gestión pública y sus resultados, de conformidad con las necesidades y ópticas de la ciudadanía, de los colectivos sociales y pueblos indígenas”.

La participación ciudadana en un gobierno abierto

México es un Estado fundador de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA - Open Government Partnership) (Cepal, 2018), un esfuerzo global para ampliar la frontera en la mejora del desempeño y de la calidad de los gobiernos. Esta iniciativa fue creada en septiembre de 2011, y está orientada a propiciar compromisos concretos desde los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en el debate y en la decisión de los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza democrática y la calidad de los servicios públicos.

La AGA definió como uno de sus valores centrales la promoción de la participación ciudadana tanto en los procesos de toma de decisiones como en la formulación de políticas públicas. A través de sus iniciativas enmarcadas dentro de sus planes de Gobierno Abierto, las instituciones integrantes de la AGA buscan la disponibilidad de espacios en los que la ciudadanía pueda participar en la toma de decisiones.

Aunque todavía no hay una incorporación del gobierno abierto al marco jurídico constitucional o de leyes secundarias, conviene considerar los conceptos de gobierno abierto todavía que México ha sido parte de la fundación de la Alianza por el Gobierno Abierto.

Por su parte, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales, INAI, se considera que el gobierno abierto como un esquema de gestión y producción de políticas orientado a la atención y solución colaborativa de los problemas públicos con base en colegiados plurales y, en cuyo trabajo, convergen la transparencia y la participación ciudadana como criterios básicos, en un ambiente de rendición de cuentas e innovación social. (INAI, 2016).

En este sentido, el INAI enumera los escenarios de la participación, potencialidades que mejoran la calidad de la gestión pública y la resolución de problemas:

-La participación propicia condiciones que posibilitan el involucramiento informado de los ciudadanos en todas las fases de desarrollo de las políticas.

-Los espacios de participación aseguran la interlocución y la incidencia social efectiva en la toma de decisiones, así como en el diseño y evaluación institucional.

-La participación social detona soluciones social y tecnológicamente innovadoras a viejos problemas.

-La participación social implica la existencia de espacios diversos que permiten 1) identificar y recolectar preferencias, 2) consultar a los ciudadanos sobre las acciones y decisiones de gobierno, y 3) involucrar a los públicos interesados en la co-creación de soluciones a los problemas públicos.

-Las instituciones públicas propician la consolidación de espacios formales de participación ciudadana, sin inhibir la participación espontánea e diversos actores sociales en todas las fases del ciclo de políticas.

Por otro lado, en el marco de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las plataformas de generación colaborativa de conocimiento y las redes sociales significan una gran contribución para la participación ciudadana. Con ellas se abren posibilidades innovadoras para la integración inmediata y permanente entre los ciudadanos y sus gobiernos.

Los tipos y canales de participación ciudadana pueden incluir múltiples formas de participación, relacionadas con la resolución de problemas comunitarios, votaciones directas en asambleas, involucramiento en campañas, protestas, acciones de voluntariado, peticiones ciudadanas, actividad de grupos o asociaciones, o entrega de opiniones o propuestas mediante el uso de consultas públicas. A nivel local, uno de los mecanismos de participación ciudadana que involucran el abrir el proceso de toma de decisiones lo constituyen los presupuestos participativos.

Es decir, la democracia participativa no se limita a la consulta. La organización internacional para la Participación Pública (IAPP, por su siglas en inglés) desarrolló el Espectro de la Participación a fin de identificar los niveles en los que ocurre la misma, el objetivo de cada nivel, el tipo y alcance del compromiso el gobierno con el público y las posibles herramientas que mayormente se usan en cada uno de los niveles.

Los diferentes niveles de participación e involucramiento, dan cuenta del orden del compromiso de los actores gubernamentales con la distribución del poder mediante la toma de decisiones colaborativa.

Tabla 1. Niveles y herramientas de la participación ciudadana



Fuente: Spectrum of Public Participation. Elaboración propia

Como vemos, la consulta y los foros pueden ser apenas algunos de los diferentes mecanismos y niveles de involucramiento de la participación ciudadana en el proceso de las políticas públicas.

En este sentido, y en el marco de la elaboración y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo, el uso de estrategias de gobierno abierto podría fortalecer la participación ciudadana mediante nuevas herramientas tecnológicas que permitan una adecuada interacción con la ciudadanía, brindando mayor legitimidad al proceso de diagnóstico, formulación, seguimiento y evaluación.

Ordenamientos a modificar

La presente iniciativa con proyecto de decreto se plantea la modificación de la Ley de Planeación de la siguiente manera:

En cuanto a la propuesta de redacción de la Ley, se propone modificar la fracción V del artículo 1o. de la Ley de Planeación, con el objetivo de establecer la obligación expresa de que el Ejecutivo garantice la participación ciudadana, no sólo en la elaboración sino en la implementación, seguimiento, evaluación y control del Plan y los programas.

En lo que refiere al artículo segundo, se propone incorporar como principios el de participación ciudadana en la gestión pública, retomando las consideraciones de la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana; así como el de contraloría ciudadana de las políticas públicas.

En el artículo 9o., en el que se establecen obligaciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, se considera agregar la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no sólo de dar seguimiento al plan, sino también de informar de manera proactiva a la ciudadanía, sobre los avances y logros de las metas y objetivos de dicho instrumento.

De manera determinada se agrega la obligación de incluir una sección específica en el Portal de Transparencia Presupuestaria relacionada con el Plan de Desarrollo, el cual deberá generar información oportuna, confiable y en tiempo real sobre los avances del plan y sus programas, ya que a la fecha el plan no se encuentra con este nivel de especificidad.

Con el objetivo de garantizar un correcto funcionamiento de la plataforma, con las mejores tecnologías y prácticas de gobierno abierto, se consideró agregar un párrafo relacionado con las características de los sistemas informáticos, los cuales deberán operar bajo un enfoque de interoperabilidad y de datos abiertos.

En cuanto al artículo 20, relacionado con la participación ciudadana, se considera agregar la obligación del Sistema Nacional de Planeación Democrática para fomentar el ejercicio de participación ciudadana en la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan.

Con el objetivo de conceptos de participación argumentados más arriba, y superar la visión posrevolucionaria de la participación, se propone derogar por completo el segundo párrafo para una mejor redacción, e incorporar una técnica legislativa más generalizada. Con esta redacción además se cuidó no incurrir en una dirección o extralimitación de funciones del ejecutivo desde el legislativo, al dejar abierta la posibilidad de que el Ejecutivo sea el que seleccione los mecanismos mencionados, atendiendo los principios descritos.

Por último, pero no menos importante, se agrega un párrafo en el que se reconocen los mecanismos de participación mediante tecnologías de la información y la comunicación como un medio para facilitar la participación ciudadana, sin implicar que se discrimine la participación por medios no electrónicos.

Para ilustrar mejor lo expuesto, a continuación se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Tabla 2. Cuadro comparativo de las modificaciones propuestas a la Ley de Planeación






En virtud de lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Planeación

Único. Se reforman la fracción V del artículo 1o., 20, primer párrafo, 9o. segundo y tercer párrafo; se deroga el segundo párrafo del artículo 20; y se adicionan las fracciones IX y X del artículo 2º, quinto párrafo del artículo 9º, y tercer y cuarto párrafo del artículo 20; todos de la Ley de Planeación para quedar como sigue:

Artículo 1o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer:

I. al IV. ...

V. Las bases para que el Ejecutivo Federal garantice la participación ciudadana, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y control del Plan y los programas a que se refiere esta Ley, y

VI. ...

Artículo 2o. La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios:

I. a VIII...

IX. La participación ciudadana en la gestión pública, entendida esta como el proceso de construcción social de las políticas públicas que es complementaria a los principios democráticos de representación política, y que permite expandir y profundizar la democracia y su gobernabilidad.

X. La contraloría ciudadana de las políticas públicas que se centra en procesos y actividades de control, seguimiento y vigilancia que permiten a los ciudadanos monitorear, evaluar y exigir cuentas a autoridades y funcionarios gubernamentales.

Artículo 9o. ...

...

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dará seguimiento e informará de manera proactiva a la ciudadanía sobre los avances de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el logro de los objetivos y metas del Plan y sus programas, con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la información relacionada con el seguimiento a que se refiere el párrafo anterior, en una sección específica del Portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, generando información oportuna, confiable y en tiempo real sobre los avances del plan y sus programas, en los términos previstos por la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Para garantizar la correcta evaluación y seguimiento del plan y sus programas, los sistemas informáticos relacionados con los procesos de planificación se articularán bajo un enfoque de interoperabilidad, en línea y tiempo real, y estarán disponibles en formato de datos abiertos.

Artículo 20. En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática se fomentará el ejercicio de participación ciudadana en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación y control del Plan y los programas a que se refiere esta Ley.

Se deroga.

Con el fin de garantizar la más amplia participación ciudadana en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Ejecutivo deberá habilitar diversos mecanismos de información, deliberación y consulta, promoviendo el ejercicio efectivo de este derecho de todos los sectores de la población, en todos los ámbitos sectoriales y órdenes de gobierno en especial de aquellos sectores en condición de exclusión y vulnerabilidad social.

Se impulsarán mecanismos de tecnología de la información y la comunicación que faciliten la participación ciudadana en todas las fases de planeación. El uso de medios electrónicos no implicará la existencia de restricciones o discriminaciones para la población que participe por medios no electrónicos.

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal deberá expedir el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Nota

i “Exposición de motivos de la Ley de Planeación”, en Planeación Democrática, No. 1, México, Secretaría de Programación y Presupuesto, febrero de 1983.

Referencias

Cepal. (28 de noviembre de 2018). De Gobierno Abierto a Estado Abierto. Obtenido de https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto

CLAD. (2009). Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana. Lisboa: CLAD. Recuperado el 17 de Mayo de 2018, de

http://old.clad.org/documentos/declaraciones/ carta-iberoamericana-de-participacion-ciudadana/view

Concha, M. (16 de Marzo de 2013). Participación Ciudadana en el PND. La Jornada. Recuperado el 12 de diciembre de 2018, de

https://www.jornada.com.mx/2013/03/16/opinion/018a1pol

Dahl, R. A. (1971). Poliarchy, Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press.

INAI. (2016). Modelo teórico de Gobierno Abierto. Ciudad de México: INAI.

ONU. (2015). Resolución 70/1: Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. . New York: Naciones Unidas.

Ramírez Alujas, Á. y. (2014). Vientos de cambio: el avance de las políticas de gobierno abierto en América Latina y el Caribe. Washington: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Sebastián Piana, R. (2010). Las Cartas Iberoamericanas para una gestión pública de calidad. Orientaciones y buenas prácticas. Revista Aportes para la Integración Latinoamericana, 23-63.

Serrano Rodríguez, A. (2015). La participación ciudadana en México. Revista de estudios políticos|. Recuperado el 12 de diciembre de 2018, de

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext &pid=S0185-16162015000100005

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, a 6 de febrero de 2019.— Diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.



CÓDIGO CIVIL FEDERAL

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde y de Morena.

La diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés:Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés: El derecho a la identidad es un derecho humano salvaguardado a nivel nacional e internacional a través de las leyes de nuestro país, así como de acuerdos y tratados internacionales.

Este derecho ha sido promovido e impulsado a lo largo de la historia por diferentes organismos internacionales, los gobiernos de distintos países y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de que sea garantizado de forma universal.

El derecho a la identidad se convierte en un tema sensible para la sociedad y los gobiernos, volviéndose aún más delicado cuando se trata de niñas y de niños. La negatividad de este derecho los individualiza y los pone en una situación de mayor vulnerabilidad de la que tienen por su propia condición física y emocional.

En este sentido, la Convención sobre los Niños prevé el reconocimiento y la protección de este derecho, estableciendo que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre y a adquirir una nacionalidad, y en cuanto a la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

En este contexto, el derecho a la identidad debe ser garantizado de forma efectiva por los Estados, asegurando que su ejercicio se lleve a cabo con carácter universal y sin discriminación.

En nuestro país, dentro de la Carta Magna y de las leyes aplicables en la materia, se garantiza el derecho a la identidad y a la no discriminación, de acuerdo a criterios internacionales. Sin embargo, consideramos que se pueden impulsar medidas para el ejercicio pleno de estos derechos a las personas y a los grupos más vulnerables de la población.

El derecho a la identidad se ejerce a través del acta de nacimiento que expide el Registro Civil, en la cual se plasman diferentes elementos que dotan al individuo de personalidad jurídica, al proporcionarle un nombre propio, definir su lugar de nacimiento y, además, diversos componentes que lo identifican plenamente.

Por lo anteriormente expuesto, es pertinente señalar que la actual redacción del segundo párrafo del artículo 58 del Código Federal podría generar condiciones de discriminación en relación a ciertas circunstancias en las que se da su nacimiento. Esto es así, al considerar que el texto dice lo siguiente:

Artículo 58. Si el nacimiento ocurriere en un establecimiento de reclusión, el juez del Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido el Distrito Federal.

Primeramente, debemos señalar que se trata de un texto que refiere al Distrito Federal, hoy Ciudad de México, con lo cual estamos ante una disposición no actualizada. Una vez aclarado lo anterior, desde nuestro punto de vista, el hecho de señalar dentro del acta de nacimiento como domicilio del nacido el Distrito Federal, es discriminatorio, en razón de que se le impone al individuo este lugar de nacimiento sin que pueda generar el sentido de pertenencia a dicha entidad federativa, al no corresponder su identidad cultural y arraigo a la misma.

Derivado de lo anterior, proponemos reformar dicho párrafo con la finalidad de establecer dentro del acta de nacimiento de las personas que hayan nacido bajo estas circunstancias, que el domicilio del mismo corresponde a la entidad federativa donde haya tenido el lugar de nacimiento.

Con la reforma propuesta consideramos que se evitará cualquier tipo de discriminación, además de generar sentido de pertenencia y arraigo con la entidad federativa donde nació la persona, porque posiblemente sea la misma donde desarrollará su vida a corto, mediano o largo plazo.

Al asentarse en el acta de nacimiento una entidad federativa diferente, generará preguntas, las cuales llevarán a terceros a indagar sobre las circunstancias del nacimiento y generar posibles actos de discriminación.

Por lo anterior, podemos manifestar que, conscientes de las necesidades que enfrenta este sector de la población que nace bajo condiciones especiales por la situación jurídica de sus madres, consideramos que, a la medida de la propuesta, incidirá de forma positiva en el desarrollo pleno de las personas y del ejercicio efectivo de sus derechos humanos, garantizando su derecho de identidad y asegurando que no sea sujeto de discriminación por las condiciones de su nacimiento. Es cuanto, diputada presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de la LXIV Legislatura y los diputados Nayeli Arlén Fernández Cruz, Érika Mariana Rosas Uribe, Ana Patricia Peralta de la Peña, Francisco Elizondo Garrido y Humberto Pedrero Moreno, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 58 del Código Civil Federal al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El artículo 59 del Código Civil Federal genera condiciones que vulneran el derecho a la identidad, e intimidad de los menores que han nacido en condiciones de reclusión por la situación jurídica de las madres, pues ante esta situación señala que deberá de asentarse como domicilio del nacido el Distrito Federal, lo cual vulnera sus derechos humanos, toda vez que se establece en su acta de nacimiento, el nombre de una entidad federativa con la que no tiene arraigo y sentido de pertenencia. En adición a lo anterior, dentro de su desarrollo, al ser cuestionado sobre su lugar de nacimiento, este al ser un lugar atípico en donde desarrolla su vida, podrá ser indagado por las personas, y de esta forma ser violentado su derecho a la intimidad.

El derecho a la identidad es un derecho humano salvaguardado a nivel nacional e internacional a través de los acuerdos y tratados internacionales, así como por las leyes nacionales de los diversos Estados, mismos que han sido impulsados a lo largo de la historia por diferentes organismos internacionales, los gobiernos de los países y las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de promover y garantizar este derecho.

De acuerdo con lo que se señala dentro del artículo 24 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la infancia deberá ser sujeta a la más amplia protección de sus derechos humanos, así como su derecho a la identidad, y a adquirir una nacionalidad.

Artículo 24

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.

2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre.

3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.”

Como podemos observar, en lo que respecta al derecho a la identidad, dentro del numeral 2 del artículo 24 se garantiza el mismo, el cual a través de su ejercicio pleno se da acceso efectivo a los demás derechos humanos sin los cuales su desarrollo se vería impedido o limitado.

El derecho a la identidad, por las implicaciones que tiene en las personas su no ejercicio es un tema sensible para la sociedad y los gobiernos, volviéndose aún más delicado cuando se trata de las niñas y los niños, en razón que la negativa de este derecho los invisibiliza y los pone en una situación de mayor vulnerabilidad de la que tienen por sus propias condiciones físicas, emocionales, etc.

Al respecto, la Unicef en el estudio titulado Derecho a la identidad. La cobertura del registro de nacimiento en México en 1999 y 2009, afirma que:

“Un niño o una niña que no es registrado y no cuenta con un acta de nacimiento carece de toda identidad legal, lo que a su vez limita sus posibilidades de acceder a muchos otros derechos esenciales para su supervivencia, desarrollo y protección. El acta de nacimiento sigue siendo uno de los principales requisitos para, por ejemplo, poder acceder a la escuela u obtener reconocimiento legal de los estudios; acceder a servicios básicos de salud y seguridad social. En la edad adulta es un requisito para poder votar o acceder a un trabajo formal. La carencia de registro y acta de nacimiento constituye un grave factor de exclusión y discriminación.”

En este sentido, en los artículos 7 y 8, de la Convención sobre los Derechos del Niño, prevén el reconocimiento y la protección del derecho a la identidad, así como de los derechos que se derivan del mismo. Dichos artículos establecen de forma textual lo siguiente:

Artículo 7

1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.

Artículo 8

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.”

De lo transcrito se concluye que las niñas y los niños deben ser registrados de forma inmediata al nacer, con el objetivo de garantiza el derecho a la identidad, por lo que los Estados Partes deben de comprometerse a preservar el mismo.

Otro elemento que debe de destacarse, es que el ejercicio de los derechos humanos debe de garantizarse con carácter universal y de forma plena, evitando cualquier tipo de situación que pueda generar distinción o discriminación en las personas. En este sentido dentro del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece en materia de discriminación lo siguiente:

Artículo 26

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

La no discriminación es un derecho que debe ser garantizado por el Estado, toda vez que la inexistencia o la no aplicación de medidas que garanticen este derecho, vulnera los derechos de las personas a un desarrollo pleno, toda vez que no deben de existir condiciones que puedan generar tratos distintos entre las personas.

En el caso de nuestro país, el derecho a la identidad se establece dentro de los párrafos octavo y noveno del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo siguiente:

Artículo 4o.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la identidad siendo registrados en forma inmediata al momento de nacer y a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

[...]

[...]

[...]

[...]”

En adición a lo anterior se establece dentro del artículo 1 de la propia Carta Magna, la prohibición en nuestro país de toda forma de discriminación, lo que fortalece el ejercicio de los derechos humanos en México, e incide en que el gobierno implemente políticas públicas que aseguren su cumplimiento:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

[...]

[...]

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

En nuestro país, el derecho a la identidad se ejerce a través del acta de nacimiento que expide el Registro Civil, toda vez que en dicho documento se plasman diferentes elementos que dotan al individuo de personalidad jurídica al proporcionarle un nombre propio, definir su lugar de nacimiento, y demás elementos que lo identifican plenamente, y que le permiten poder ejercer sus derechos.

En relación a la personalidad jurídica, algunos académicos lo han definido como:

“[...] La personalidad jurídica es, en consecuencia, la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones [...]

[...] la personalidad jurídica es la aptitud para ser sujeto de situaciones y relaciones jurídicas que, en el caso de las personas físicas se tiene por el mero hecho de tratarse de un ser humano con su desplazamiento desde su concepción hasta su muerte, ello no comprende la sustancia misma de la personalidad. Esta se compone de sus atributos que son un conjunto de caracteres a ella inherentes y cuya razón de ser precisamente alcanzar con ellos realidad, funcionalidad y eficacia jurídica en la personalidad de los sujetos.”

El Código Civil Federal establece los elementos generales con los que cuenta el acta de nacimiento, mismos que se detallan dentro de su artículo 58:

Artículo 58. El acta de nacimiento se levantará con asistencia de dos testigos. Contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan; asimismo, la razón de si se ha presentado vivo o muerto; la impresión digital del presentado. Si éste se presenta como hijo de padres desconocidos, el juez del Registro Civil le pondrá el nombre y apellidos, haciéndose constar esta circunstancia en el acta.

Si el nacimiento ocurriere en un establecimiento de reclusión, el juez del Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido, el Distrito Federal.

En los casos de los artículos 60 y 77 de este Código el juez pondrá el apellido paterno de los progenitores o los dos apellidos del que lo reconozca.

En todos los casos que se requiera, el juez del Registro Civil está obligado a registrar en el acta de nacimiento el nombre solicitado, con estricto apego a las formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación pertenecientes a las lenguas indígenas.”

Como podemos darnos cuenta, el Código Civil Federal establece dentro del artículo anteriormente citado, los criterios generales que deberá contener el acta de nacimiento, sin embargo, identificamos dentro del mismo un área de oportunidad que, con su reforma incidirá de forma positiva para garantizar los derechos humanos de las personas, y en consecuencia asegurar su personalidad jurídica.

La presente iniciativa tiene como objetivo, reformar el párrafo segundo del artículo 58 del Código Civil Federal, toda vez que consideramos que como se encuentra redactado actualmente, es de carácter discriminatorio, en razón que señala de forma textual lo siguiente:

“Si el nacimiento ocurriere en un establecimiento de reclusión, el juez del Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido, el Distrito Federal.”

Desde nuestro punto de vista, el hecho de señalar dentro del acta de nacimiento como domicilio del nacido el Distrito Federal es discriminatorio en razón a que se le impone el mismo, este lugar de nacimiento sin que pueda generar sentido de pertenencia a dicha entidad federativa, al no corresponder su identidad cultural y arraigo a la misma.

Derivado de lo anterior, proponemos reformar dicho párrafo, con la finalidad de que se establezca dentro del acta de nacimiento de la persona que haya nacido bajo estas circunstancias, que el domicilio del mismo corresponderá a la entidad federativa donde haya tenido lugar el mismo. Además, es pertinente señalar que con las recientes reformas, se cambió de denominación al Distrito Federal por el de Ciudad de México, por lo que como se encuentra actualmente redactado el multicitado párrafo es obsoleto.

Con la reforma propuesta, consideramos que se evitará cualquier tipo de discriminación, además de generar sentido de pertenencia y arraigo con la entidad federativa donde nació, porque posiblemente sea la misma donde desarrolle su vida a corto, mediano o largo plazo, pues al asentarse una entidad federativa diferente generará preguntas, las cuales llevarán a terceros a indagar sobre las circunstancias del nacimiento.

Esta propuesta consideramos es una medida afirmativa, en materia de derechos humanos, y de derechos de la infancia, toda vez que permite garantizar lo establecido dentro de los acuerdos y tratados internacionales suscritos por nuestro país, lo establecido dentro de nuestra Carta Magna, y en lo contenido dentro del artículo 19 de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, en materia de derecho a la identidad, principalmente en lo que se señala dentro de sus fracciones III y IV:

Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a:

I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables;

II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales;

III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con el interés superior de la niñez, y

IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares.

[...]

[...]

[...]

[...]”

Lo anterior en razón a que existe un importante número de menores que nacen en circunstancias de reclusión, derivado de la situación jurídica en la que se encuentran las madres por lo cual es importante impulsar esta medida, sin que lo anterior pueda derivar en ningún momento, en que se haga referencia a las circunstancias de su nacimiento.

En relación a la situación que enfrentan las mujeres en situación de reclusión y sus hijos, dentro del estudio “Menores que viven con sus madres en centros penitenciarios: legislación en México”, se señala lo siguiente:

“El número de mujeres en los reclusorios o centros de readaptación social ha ido en aumento en nuestro país. Mujeres que cometen delitos por necesidad económica, por amor, por miedo. Distintas causas y consecuencias son las que provocan los delitos de las mujeres.

Una de esas consecuencias es la situación de invisibilidad que viven día con día los niños de madres que están encerradas. Niños que despiertan con sus madres, pero aislados de la sociedad. Su desarrollo es diferente, y la brusca separación que tienen de sus madres es también, causante de discriminación a esos menores.”

Las condiciones de alta vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en situación de reclusión, así como sus hijos, hacen necesario que el Estado Mexicano tome medidas para aminorar o revertir estos factores.

De acuerdo con lo que se señala dentro del estudio Menores que viven con sus madres en centros de penitenciarios: legislación en México, en nuestro país existían en el año 2014 un total de 549 de menores de seis años que vivían con sus madres en situación de reclusión, tal y como se señala en las cifras siguientes:

“De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2015, en el año 2014 había 549 menores de 6 años viviendo con su madre en los centros penitenciarios en el país.

Del total, 247 niños tenían menos de un año, 126 un año, 94 niños tenían la edad de 2 años, 53 tenían 3 años, 16 cuatros años y 13 niños tenían cinco años. [...]

[...] se puede notar que el grupo de los niños menores de un año representa 44.9 por ciento del total de los menores viviendo en centros penitenciarios con sus madres y el resto se reparte entre los grupos de edades más avanzadas.”

Los menores que viven en estas circunstancias enfrentan constantemente situaciones que vulneran sus derechos humanos, es así que a través de esta iniciativa se concretarán medidas afirmativas que favorecerán su derecho a la identidad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, sin que puedan darse actos de discriminación derivados de su lugar de nacimiento, y cumplir así con lo establecido dentro del artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes donde se señala lo siguiente:

Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales.”

Conscientes de las necesidades que enfrenta este sector de la población, que nace bajo condiciones especiales por la situación jurídica de sus madres, consideramos que la medida que se propone a través de esta iniciativa, incidirá de forma positiva en el desarrollo pleno de las personas y el ejercicio efectivo de sus derechos humanos, garantizando su derecho a la identidad y asegurando que no será sujeto ante hechos de discriminación por las condiciones de su nacimiento.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 58 del Código Civil Federal

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 58 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 58. [...]

Si el nacimiento ocurriere en un establecimiento de reclusión, el juez del Registro Civil deberá asentar como domicilio del nacido, el nombre de la entidad federativa donde este hubiera tenido lugar.

[...]

[...]

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 ONU. (16 de diciembre de 1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Obtenido de

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

2 UNICEF. (s.f.). Derecho a la identidad. La cobertura del registro de nacimiento en México en 1999 y 2009. Obtenido de https://www.unicef.org/mexico/spanish/Derecho_identidad_WEB_UNICEF_OK.pdf

3 UNICEF. (20 de noviembre de 1985). Convención sobre los Derechos del Niño. Obtenido de

https://www.unicef.org/ecuador/convencion_2.pdf

4 ONU. (16 de diciembre de 1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Obtenido de

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

5 Diario Oficial de la Federación. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Obtenido de

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf

6 Sánchez Barroso, J. A. (s.f.). Inicio y fin de la personalidad jurídica. Obtenido de

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3834/3.pdf

7 Diario Oficial de la Federación. (1928). Código civil federal. Obtenido de

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_090318.pdf

8 Diario Oficial de la Federación. (04 de diciembre de 2014). Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Obtenido de

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_200618.pdf

9 Gómez Macfarland, C. A. (agosto de 2017). Menores que viven con sus madres en centros penitenciarios: legislación en México. Obtenido de

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3665/ Cuaderno%20de%20investigaci%C3%B3n%2034.pdf?sequence=1&isAllowed=y

10 Ibid., Gómez Macfarland, C. A

11 Diario Oficial de la Federación. (04 de diciembre de 2014). Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Obtenido de

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_200618.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Arturo Escobar y Vega, Ana Patricia Peralta de la Peña, Erika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido, Humberto Pedrero Moreno, Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Justicia, para su dictamen.



LEY AGRARIA

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 70 de la Ley Agraria.

El diputado Jesús Fernando García Hernández:Con el permiso de la Mesa Directiva.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Jesús Fernando García Hernández: Compañeras diputadas, compañeros diputados, al sector educativo de México, a los más de 31 mil ejidos de la República Mexicana, la agricultura fue el empleo de los más grandes patriarcas, por la simplicidad de sus costumbres y la elevación de sus pensamientos.

La iniciativa que me permito someter a la atenta y amable consideración de esta honorable asamblea propone una reforma al artículo 70 de la Ley Agraria. Recoge la propuesta un sentido y reiterado reclamo: reactivar las parcelas escolares como una medida que favorezca a la educación para un campo mexicano productivo y con seguridad alimentaria.

Con visión de futuro, el régimen del presidente Lázaro Cárdenas tuvo, entre otras iniciativas de trascendencia para el desarrollo social de la nación, la creación y el establecimiento de la parcela escolar en las escuelas rurales de México.

Una figura de vanguardia educativa para el beneficio de millones de niños y jóvenes, la parcela escolar, propuesta moderna del régimen cardenista, tenía como objetivo centrar, mejorar la calidad de vida de la población rural.

Vino a inculcar entre los estudiantes del nivel básico el gusto y el aprecio por la agricultura; sin embargo, la realidad es contraria al propósito por el que fue concebida esta parcela escolar.

Ha dejado de ser un instrumento para mejorar la capacidad productiva del sector primario en las comunidades rurales. Ha dejado de fortalecer la investigación científica y el emprendimiento agrícola y pecuario, como lo fue durante el auge inmediato a su creación. Las superficies de tierra destinadas al propósito han pasado a ser un dominio más del fundo ejidal y explotadas para un fin distinto al preceptuado en la ley. La agricultura es el arte de saber esperar.

Otra realidad motiva la necesidad de reactivar la operación de las parcelas escolares: el campo mexicano enfrenta un serio problema de envejecimiento. El 60 por ciento de los productores agropecuarios tienen 60 y más años de edad, frente a una población económicamente activa cuya medida de edad está en los 38 años.

El envejecimiento del campo es una situación preocupante que debe de ser considerada un asunto de seguridad nacional.

La parcela escolar debe tener una atención prioritaria al ser una poderosa herramienta para formar y captar a la próxima generación de productores de alimentos.

Cabe precisar que en México existen arriba de 31 mil ejidos que, al tener por norma legal la cesión de parcelas a escuelas rurales, representan una oportunidad atractiva para el establecimiento de centros de enseñanza y desarrollo académico en el área del desarrollo agrícola.

La agricultura, en verdad no es un negocio, es una forma de vida. Y no lloremos por la cosecha que se perdió, con ánimo y entusiasmo, sembremos de nuevo.

La iniciativa propone reformar el artículo 70 de la ley para quedar preceptuada así:

“En cada ejido la asamblea podrá resolver sobre el deslinde de las superficies que considere necesarias para el establecimiento de la parcela escolar, la que se destinará a la investigación, enseñanza y divulgación de prácticas agrícolas sostenibles que permitan un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales con que cuenta el ejido, las cuales también podrán funcionar como módulos de validación y transferencia de tecnologías. El reglamento interno del ejido normará el uso conformado por un comité de administración que garantice el debido uso de la parcela escolar”.

Agradezco su atención y el apoyo a la presente propuesta, y decirles de nuevo que juntos haremos historia. Ánimo.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 70 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Jesús Fernando García Hernández, diputado a la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 70 de la Ley Agraria, con el propósito de reactivar las parcelas escolares para un campo mexicano productivo y con seguridad alimentaria, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Con visión de futuro, el régimen del Presidente Lázaro Cárdenas del Río, tuvo entre otras iniciativas de trascendencia para el desarrollo social de la nación, la creación y el establecimiento de la parcela escolar en las escuelas rurales de México. Una figura de vanguardia educativa para el beneficio de millones de niños y jóvenes.

La parcela escolar, propuesta moderna del Régimen Cardenista tenía como objetivo central mejorar la calidad de vida de la población rural, al inculcar entre los estudiantes del nivel básico el gusto y aprecio por la agricultura, desde el cultivo hasta el procesamiento de productos.

Hoy día en que la realidad nos dice que el campo no es negocio que aliente la incorporación y participación de más personas y que quienes se dedican a las actividades propias del sector son en su mayoría gente de edad avanzada, se hace imperativo reactivar nuevamente las parcelas escolares, de suerte que esta figura educativa se convierta en factor de formación para aquellos profesionistas que demanda el sector rural.

Basta referenciar que en México existen arriba de 31 mil ejidos que al tener por norma legal la cesión de parcelas a escuelas rurales, representan una oportunidad atractiva para el establecimiento de centros de enseñanza y desarrollo académico en el área del desarrollo agrícola, no sólo para la economía de subsistencia, sino también para la investigación y la innovación tecnológica hacia el cultivo de variedades diversas, como círculo virtuoso para generar además un desarrollo sustentable.

La parcela escolar reconocida en la Ley Agraria, es concebida como una figura cuyo destino es la investigación, enseñanza y divulgación de prácticas agrícolas que permitan un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales con que cuenta el ejido. No obstante, ya en la práctica no se cumple el objetivo dispuesto.

La realidad es contraria así al propósito por el que se concibe a la parcela escolar, toda vez que esta figura ha dejado de ser un poderoso instrumento para mejorar la capacidad productiva del sector primario de las comunidades rurales y fortalecer así la investigación científica y el emprendimiento agrícola y pecuario, como lo fue durante el auge inmediato a su creación.

Dejó de ser un instrumento motivador entre las nuevas generaciones del ámbito rural por cuanto corresponde al fortalecimiento de la infraestructura escolar y al mejoramiento del sistema de enseñanza-aprendizaje y ser las superficies de tierra destinadas al propósito sólo un dominio más del fundo ejidal.

Respecto a ello, existen casos en donde el manejo de la parcela escolar queda a cargo del ejido a cambio del mantenimiento del plantel educativo. Esta práctica objeta sin embargo el propósito original, toda vez que ello no contribuye a la enseñanza de los estudiantes.

Otra realidad motiva aún más la necesidad de reactivar la operación de las parcelas escolares: el hecho de que el campo mexicano enfrente un serio problema de envejecimiento. Existe evidencia de que 60 por ciento de los productores agropecuarios tienen 60 y más años de edad, frente a una población económica activa, cuya media de edad está en los 38 años. Con relación a ello, el sector público ha advertido que el envejecimiento del campo es una situación preocupante que deber ser considerada un asunto de seguridad nacional.

Se infiere así que la parcela escolar debe tener una atención prioritaria, al ser una poderosa herramienta para formar y captar a la próxima generación de productores de nuestros alimentos, aún más cuando se advierte todavía la ausencia de una estrategia clara que venga a garantizar la presencia y operación de agricultores en mayor número de regiones de nuestro país.

Se requiere para este objetivo incentivar la operación de las parcelas escolares, garantizando a los educandos del nivel básico oportunidades de aprendizaje y adquisición de conocimientos, que lleven a las regiones a mejorar la productividad y de donde surjan generaciones de profesionistas que se distingan por trabajar el campo.

Hacer realidad de esta manera la formación de profesionistas con una mentalidad diferente, donde se vea al campo como patrimonio y aliado para mejorar en la individual y en lo colectivo, así como en lo general, la economía de las regiones y la nación, con un enfoque productivo, sostenible y sustentable de recursos, necesario ello para la autosuficiencia alimentaria.

Desde el ámbito gubernamental se han impulsado programas tendientes a fomentar el arraigo de los jóvenes en el campo, entre los que está el proyecto denominado Mi Escuela Produce, por el cual se enseña a los educandos el valor de la agricultura y como puede ser una actividad de ocupación laboral y rentable en cuanto a ingresos económicos.

Una de las acciones de este proyecto fue contribuir con la capacitación y transferencia de tecnología, innovando el modelo Productor a Productor, que la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ha tratado de fomentar como una vía para desarrollar y replicar Unidades Económicas Rurales Agrícolas Exitosas y Productivas, como parte de una estrategia de innovación agrícola.

Se formaliza así el cumplimiento del compromiso de apoyo hacia los productores, quienes al ser guiados por el conocimiento adquirido por sus hijos, en cuanto al fortalecimiento y desarrollo de habilidades, son motivados a convivir más tiempo, lo que los lleva a compartir un mayor número de enseñanzas teórico-prácticas.

Si bien el proyecto tuvo impactos positivos, no permeó al interior de la Secretaría y tampoco buscó vínculos con otras dependencias para su permanencia y fortalecimiento, aparte de no haber generado tampoco materiales didácticos. La estrategia estuvo vigente sin embargo hasta 2016.

Entre otras medidas establecidas respecto a la materia, está la ocurrida en 2009 impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por la que se desarrolló el documento titulado El huerto escolar como recurso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del currículo de educación básica, como una guía dirigida a todos los docentes de las escuelas que imparten educación en este nivel, surgida por el interés de que incorporen a la educación estrategias metodológicas innovadoras, de manera que el estudiantado pueda investigar y realizar experiencias utilizando un laboratorio natural y vivo, a la vez que les permita potenciar el desarrollo de actitudes y valores conducentes a comportamientos más comprometidos con la alimentación saludable, la nutrición personal y familiar, con el ambiente y tener alimentos disponibles durante todo el año, gracias al esfuerzo propio.

Así, el Colegio de la Frontera Sur, publicó en 2016 el documento Sembremos ciencia y conciencia - Manual de huertos escolares para docentes, el cual se ha vuelto un material referente para el magisterio que deseé implementar el modelo, que contempla aspectos prácticos para la producción y que genera conciencia sobre la necesidad de utilizar practicas agroecológicas sostenibles y promueve además el uso de los recursos genéticos y aprovecha la biodiversidad de la región.

A partir de 2018, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, ha venido desa-rrollando el proyecto piloto denominado Biodiversidad en Mi Escuela, a través de módulos escolares para el aprovechamiento de la biodiversidad y que tiene por objetivo el promover la importancia que tiene la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la agricultura con cultivos nativos de la región como una alternativa productiva amigable y rentable. La medida se desarrolla en 20 escuelas de los estados de Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Aunado a ello, la Secretaría de Educación Pública generó en 2018 un manual para implementar el programa de huertos escolares a nivel primaria y secundaria, el cual desarrolla actividades y orientaciones didácticas para promover la participación de los estudiantes, enfatizando en la necesidad de promover y concientizar a los niños y jóvenes acerca de la importancia de conocer el proceso de siembra y cuidado de diversos cultivos que sirven para el consumo y favorecen el sano crecimiento.

A pesar de las bondades de la iniciativa, esta estuvo limitada, ya que en muchos centros educativos los huertos escolares ocupan superficies menores a 50 metros cuadros, y no generan los impactos que se lograban con las parcelas escolares, que son predios agrícolas de hasta 10 mil metros cuadrados. Además, los huertos escolares se han impulsado en zonas urbanas y periurbanas, donde la actividad agrícola ya no es tan importante.

Incluso, la Sader ha reconocido por su parte que los huertos escolares permiten aterrizar de una manera más eficiente las innovaciones en las comunidades con menores índices de desarrollo, reconociendo que con ello se impulsa un círculo virtuoso que permite un mejoramiento integral de la población rural.

Así y en el ánimo de que este programa crezca, ha desarrollado diversos convenios de colaboración con otras dependencias de la administración pública, para instalar un mayor número de huertos escolares en las poblaciones rurales.

Sin embargo, no ha ocurrido así con el caso de las parcelas escolares, muy a pesar de que la extensión de las mismas es superior a la del huerto escolar y a que los impactos para arraigar a la población son mayores.

Paralelo a lo anterior, el Proyecto de Nación 2018-2024 presentado en su oportunidad por el ahora Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, retoma el asunto materia de la presente iniciativa, al anunciar que para la creación de las parcelas escolares comunitarias y ejidales, se aplicará una estrategia que contempla financiamiento, asistencia técnica y capacitación, material didáctico, insumos y herramientas.

El objetivo, cita el documento respectivo, es fomentar la producción de alimentos en escuelas y parcelas comunitarias ejidales, para la distribución de desayunos escolares y de productos agrícolas en casas de salud, hospitales o comedores de la región. La propuesta, abunda, busca disminuir el consumo de alimentos procesados de baja calidad, que han contribuido al aumento en el porcentaje de la obesidad infantil y las enfermedades cardiovasculares en la edad adulta. De igual forma, precisa, se pretende disminuir el alto nivel de dependencia de alimentos externos y modificar los hábitos de consumo en niños y niñas.

En la propuesta de solución, el documento menciona que en varias entidades del país se ha buscado, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, mejorar la alimentación de niños y niñas de nivel escolar básico por medio de despensas. Sin embargo, abunda, se han generado situaciones negativas que han contaminado la buena intención.

De esta manera, en el Proyecto de Nación 2018-2024 se propone la implementación de un programa alimentario, durante los seis años de gobierno en todas las escuelas de las zonas rurales del país y de manera escalonada. Este, indica, será un programa integral entre la Secretaría de Educación, la del Medio Ambiente, la de Salud y la de Bienestar, promoviendo, además, la participación de padres y maestros.

Es así que en referencia a estos argumentos y rescatando el propósito de integrar y coordinar acciones entre dependencias del sector público, la presente iniciativa propone reactivar las parcelas escolares como una figura que para los efectos está reconocida en la ley.

En razón de lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica la Ley Agraria

Artículo Único.Se reforma el primer párrafo y se adicionan 5 párrafos al artículo 70 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 70.En cada ejido, la asamblea podrá resolver sobre el deslinde de las superficies que considere necesarias para el establecimiento de la parcela escolar, la que se destinará a la investigación, enseñanza y divulgación de prácticas agrícolas sosteniblesque permitan un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales con que cuenta el ejido , las cuales también podrán funcionar como módulos de validación y transferencia de tecnología. El reglamento interno del ejido normará el uso de la parcela escolar.

La explotación y administración de la parcela escolar estará a cargo de un comité de administración integrado por tres miembros: un presidente, que será el director de la escuela, un tesorero que será el mismo del comisariado ejidal y vocal secretario que será el presidente de la sociedad de padres de familia o el representante del comité de educación.

El reparto de las utilidades que rinda el aprovechamiento de la parcela sólo podrá llevarse a cabo después del balance de cada cultivo que efectivamente las arroje. sus rendimientos líquidos se distribuirán para las siguientes actividades: para fomento de la obra educativa con la adquisición de material escolar, muebles, útiles e instrumentos, equipos deportivos y culturales; para adquisición de implementos agrícolas, semillas, semovientes o complemento de avío para el próximo cultivo; como bonificación o gratificación repartible entre los maestros que atiendan la parcela; para la supervisión administrativa, asistencia técnica y trámites de protección legal de tenencia.

La parcela escolar será considerada como una unidad económica rural agrícola, y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destinará recursos económicos para habilitar y fortalecer dichas unidades, para capacitar a estudiantes en la producción de alimentos, por lo que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública generarán materiales didácticos para la producción capacitación, difusión, referente a las actividades sustanciales de la parcela escolar, así como para sistematizar el proceso y alentar modelos de negocios.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, desarrollarán una plataforma electrónica para conocer el estado que guardan las parcelas escolares a nivel nacional, así como para el seguimiento de las cuestiones de financiamiento y producción.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el marco de sus facultades y atribuciones identificará la situación que guardan las parcelas escolares a nivel nacional, referente a aquellas que cuentan con las condiciones para los fines para las que fueron creadas, así como aquellas que tienen un uso distinto. Dicha información deberá quedar plasmada en los sistemas de información geográfica que maneja la Secretaría.

Tercero.La Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, elaborará y publicará el reglamento que regirá las parcelas escolares.

Cuarto.La Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, generará materiales didácticos para estudiantes y profesores sobre el proceso de producción agrícola en parcelas escolares, vinculando asignaturas de biología, ciencias naturales, matemáticas entre otras más, y considerando aspectos de organización, empoderamiento, sostenibilidad, biodiversidad y modelos de negocio, considerando la regionalización de nuestro país en cuanto a producción, climas y poblaciones.

Quinto.La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destinará recursos económicos para reactivar e impulsar proyectos productivos en parcelas escolares, acorde a una estrategia nacional, con visión a generar arraigo de jóvenes, mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad, empleando las parcelas escolares como módulos de validación y transferencia de tecnología.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.— Diputado Jesús Fernando García Hernández (rúbrica).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para su dictamen.



CÓDIGO CIVIL FEDERAL

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 55 y 56 del Código Civil Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Janet Melanie Murillo Chávez:Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, buenas tardes. Me enaltece estar el día de hoy en esta tribuna defendiendo a aquellos que desde el comienzo de este nuevo mandato no han tenido voz, me refiero a nuestras niñas y a nuestros niños mexicanos.

El nacer es el hecho primordial para ser sujeto del derecho a la identidad, qué bien puede ser el segundo derecho más importante después de la vida, y por ellos debemos generar conciencia que con este acto también se desprenderán más derechos, siendo uno de los primeros el tener un nombre, nombre que será plasmado en el acta de nacimiento.

En México, este registro resulta de vital importancia y así es reflejado en distintos códigos civiles. Sin embargo, en la actualidad hay un gran número de personas sin registro alguno.

De acuerdo con las cifras presentadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, durante el foro binacional sobre el Derecho a la Identidad, Inmigración en la Ciudad de México, entre el 7 y 13 por ciento de los mexicanos viven sin tener un acta de nacimiento.

Lo anterior solo nos deja ver la magnitud del inconveniente que tenemos en la actualidad y que, como país, debemos solucionar. El problema de no contar con un registro, es que simplemente no existimos, de nacer pasamos simplemente a no existir.

Pensemos: ¿qué pasa con una persona que no fue registrada al nacer? Porque todos conocemos a alguien que para el sistema no existe. Todos hemos visto a estas personas. Quienes hemos trabajado de cerca en comunidades y colonias, o bien, en nuestro simple recorrido en las campañas para poder llegar hasta este Congreso, vimos algunas personas que responden a algún nombre, pero que, sin embargo, nunca fueron registradas.

Por otra parte, ¿qué pasaría con un pequeño si no tuviera identidad y fuera víctima de trata o fuera secuestrado? Hoy por hoy, nadie podría hacer nada, porque, tristemente, no existe.

¿Cómo levantarían una Alerta Amber, una denuncia? Prácticamente sería imposible, y así podríamos aumentar esta lista. Esto aumenta la probabilidad de que no haya adopciones, de que los niños no acudan a estudiar y que tengamos más ciudadanos sin derecho a voto.

Y entonces, dónde quedaría el principio de interés superior de la niñez. No contar con un acta de nacimiento representa un factor de exclusión social y una falta de protección que debe brindar y garantizar el propio Estado.

Compañeras y compañeros diputados, carecer de un documento inmediato de identidad expone a nuestros niños a condiciones de vulnerabilidad. Por ello, la presente reforma pretende contar con mejores instrumentos normativos para hacer efectivo el derecho a la identidad de las niñas y niños de México, y considerando la gratuidad en la inscripción del nacimiento de las y los menores en el Registro Civil y en la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento, como lo contempla la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, considero pertinente establecer una medida importante, que los padres o tutores que sean omisos en el registro se hagan acreedores a una sanción administrativa.

Yo los exhorto a que los invitemos a hacer efectivo ese segundo derecho vital de sus hijos. Ese, el que ellos, por sí solos, no pueden reclamar. Un recién nacido no se puede ir al Registro Civil a pedir tener un nombre.

Asimismo, vincular a las autoridades y particulares mediante la modificación de la norma, para establecer de manera expresa que el incumplimiento de la obligación del aviso del nacimiento constituye una responsabilidad administrativa, y ante esta omisión puedan ser sancionados.

Mediante acuerdos de colaboración entre nuestras instituciones, podemos lograr más registros oportunos, sin importar las barreras territoriales y económicas, para el beneficio de nuestra población en general; y, sobre todo, garanticemos que nuestros ciudadanos ejerzan su libre desarrollo de la personalidad.

Compañeros legisladores, no permitamos más atropellos contra los que no tienen voz. Ocupemos este espacio para saldar un poco de la deuda que tenemos pendiente. Legislemos a favor de nuestras niñas y nuestros niños, sumémonos a que ellos legalmente existan. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 35, 55 y 56 del Código Civil Federal, suscrita por la diputada Janet Melanie Murillo Chávez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Janet Melanie Murillo Chávez y las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en las fracciones II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 35, 55 y 56 del Código Civil Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como un hecho vital tenemos el acto de nacer donde acompañado de este, surgen de manera inmediata derechos.

Uno de los derechos adquiridos al momento de nacer es el derecho de identidad resultando de suma importancia ya que lleva consigo elementos claves de identificación. El primer documento de identidad que es posible adquirir en nuestro país es el acta de nacimiento.

En México, este registro resulta de vital importancia y así, es reflejado en distintos códigos civiles, sin embargo, en la actualidad hay un gran número de personas sin registro alguno.

De acuerdo con cifras presentadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, durante el Foro Binacional sobre el Derecho a la Identidad y Migración en la Ciudad de México, entre el 7 y 13 por ciento de los mexicanos viven sin actas de nacimiento.

Por su parte, la Procuraduría General de la República detectó que ante el hecho de no contar con actas de nacimiento no fue posible contar con un registro exacto en las defunciones del país.

Lo anterior, solo nos deja ver la magnitud del problema que tenemos en la actualidad y que como país debemos solucionar.

El registro de nacimiento es un derecho humano ante diversos instrumentos internacionales como en La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y, la Convención Americana de Derechos Humanos.

Asimismo, en la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989 y ratificado por México el 21 de septiembre de 1990, establece que este derecho debe ser inmediato para la adquisición de una nacionalidad.

Artículo 7: “El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”.

Artículo 8: “Los Estados parte se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”.

Por su parte, en la legislación mexicana el derecho a la identidad se encuentra establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4o. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

Asimismo, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes donde, el Estado mexicano ha reconocido la prioridad del derecho a la identidad desde su nacimiento.

Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a:

I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables.

Pese a los esfuerzos del gobierno por facilitar los registros aún existe una violación clara del derecho humano esencial e inalienable para las niñas, niños y adolescentes de tener identidad.

La garantía al derecho de identidad es esencial para los niños y niñas pues durante su desarrollo al tener la ausencia de este documento constituye una barrera legal para el pleno ejercicio de sus derechos como, el derecho a la salud, educación, desarrollo social e inclusive, en un futuro, el derecho al voto.

En pocas palabras, no contar con un acta de nacimiento representa un factor de exclusión social y una falta de protección que debe brindar y garantizar el propio Estado.

Según un estudio realizado por la UNICEF, se demuestra que “el principal obstáculo para analizar el registro oportuno y/o tardío, se refiere a la probabilidad de que un nacimiento sea registrado en el mismo año calendario, lo cual depende del mes de ocurrencia del mismo, ya que para los nacidos en el mes de enero el tiempo de registro es mayor que para aquellos nacidos en el mes de diciembre.”

Contar con un registro oficial de nacimientos garantiza el buen desarrollo y sana convivencia entre nuestros niños, los cuales, al llegar a la edad adulta contaran con estudios que les permita desarrollarse plenamente y con garantía de todos sus derechos evitando así, tristes vivencias para nuestros pequeños.

Aunado a lo anterior y, como reforzamiento ante la necesidad de la presente iniciativa quiero compartir por este medio la historia que me toco presenciar de un pequeño “sin nombre” que llego después de un accidente automovilístico al Hospital General de Silao totalmente solo pues sus padres lo regalaron y nunca velaron por él. Este pequeño debía ser intervenido, pero ante su inexistencia legal no era posible.

Afortunadamente la recuperación del pequeño fue buena sin necesidad de una cirugía, pero, ¿Qué habría pasado de resultar necesaria sin una identidad?

Si no garantizamos el derecho a la identidad, estamos garantizando que nuestros ciudadanos no ejercerán su libre desarrollo a la personalidad y, los esfuerzos por los demás derechos seria vano.

Como hemos observado, en nuestra Constitución Política se establece la obligación de cada entidad para el cumplimiento del derecho a la identidad mediante este documento de manera inmediata.

En consecuencia de la distribución de competencias debemos ser conscientes también de las particularidades y necesidades con las que nos enfrentamos en cada una de nuestras 32 entidades federativas por ello, a partir de 1981 a través de la Secretaría de Gobernación, se dio inicio al proceso de modernización del Registro Civil para atender cada necesidad según el territorio y población.

Estos acuerdos de colaboración siguen vigentes donde uno de sus objetivos es realizar campañas para la prestación de los servicios del Registro Civil en las regiones que carecen de él e inscribir y certificar los actos del estado civil de las personas.

Aunado a lo anterior, surgió el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 donde, refuerzan la acreditación de la identidad de las personas y, reconocen la necesidad de bridar la certeza jurídica para lograrlo.

Compañeras y compañeros diputados, el carecer de un documento inmediato de identidad expone a nuestros niños a condiciones de vulnerabilidad. La presente iniciativa pretende armonizar lo que ya emana nuestra Constitución y la Ley General de Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes en el Artículo 19, fracción I:

“Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables;”

Además de lo anterior, con la presente reforma podemos contar con mejores instrumentos normativos para hacer efectivo el derecho a la identidad de las niñas y niños, esto en atención del interés superior del menor, por ello, considerando la gratuidad en la inscripción del nacimiento de las y los menores en el registro civil y en la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento, contemplada en la Ley General que hemos referido, consideramos pertinente establecer que el padre o la madre que sean omisos en el registro se hagan acreedores a una sanción administrativa por esa grave omisión que atenta contra el interés superior del menor, asimismo, vincular a las autoridades mediante la modificación de la norma, para establecer de manera expresa que el incumplimiento de la obligación del aviso del nacimiento constituye una responsabilidad administrativa y a los particulares, ante la omisión puedan ser sancionados, pues reiteramos, estas omisiones constituyen el principio de la negativa del derecho de las niñas y niños a la identidad.

Mediante acuerdos de colaboración entre nuestras instituciones podemos lograr más registros oportunos sin importar las barreras territoriales y económicas para el beneficio de nuestra población en general.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 35, 55 y 56, del Código Civil Federal.

Artículo Único. Se reforman los artículos 35, 55 y 56, del Código Civil Federal para quedar como sigue:

Artículo 35. Estará a cargo de los jueces y oficiales del Registro Civil autorizar los actos del estado civil y extender las actas relativas de nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo y muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en territorio nacional, así como inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela o que se ha perdido o limitado la capacidad legal para administrar bienes. Las embajadas y consulados del estado mexicano podrán extender las actas de nacimiento, matrimonio y muerte de los mexicanos en el extranjero y surtirá efectos inmediatos en territorio nacional sin necesidad de certificación.

La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

Artículo 55. Tienen obligación de declarar el nacimiento, el padre , la madre o cualquiera de ellos, a falta de éstos, los abuelos paternos o maternosy, en su defecto, los parientes si los hay, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que ocurrió aquél.

Los médicos cirujanos o matronas que hubieren asistido al parto, tienen obligación de dar aviso del nacimiento al juez del Registro Civil, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

Si el nacimiento tuviere lugar en un sanatorio o institución pública o privada, la obligación a que se refiere el párrafo anterior, estará a cargo del director o de la persona encargada de la administración. Tratándose de funcionarios públicos, la omisión del aviso señalado en el presente párrafo será constitutivo de responsabilidad administrativa.

Recibido el aviso, el juez del Registro Civil tomará las medidas legales que sean necesarias a fin de que se levante el acta de nacimiento conforme a las disposiciones relativas.

Toda institución de salud o educativa, pública o privada que tenga conocimiento de que un menor no cuenta con acta de nacimiento, deberá dar aviso de inmediato al Juez del Registro Civil, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

La omisión de los avisos a que refiere el presente artículo serán sancionados administrativamente en los términos de las disposiciones que para tal efecto emita la autoridad competente.

Artículo 56. En caso de que la declaración del nacimiento no se hubiese hecho dentro de los seis meses que señala el artículo anterior, la autoridad que tome conocimiento del hecho, dará aviso al juez del Registro Civil para que a la brevedad posible levante el acta de nacimiento respectiva e informará al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del hecho mediante acta pormenorizada.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Competerá a la Secretaría de Relaciones Exteriores disponer del número de embajadas y consulados autorizados para ejercer las facultades contempladas en el artículo 35 de este Código.

Tercero. Las referencias dirigidas a los Jueces del Registro Civil contempladas en el Título Cuarto de este Código se entenderán dirigidas a los jueces y oficiales del Registro Civil, y en lo que competa a los funcionarios de las embajadas y consulados.

Notas

1 http://www.milenio.com/politica/mas-de-14-millones-no-tienen-identidad-oficial

2 https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_registrodenacimiento(3).pdf

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf

4 https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_registrodenacimiento(3).pdf

5 https://www.unicef.org/mexico/spanish/BuenasPracticasRegistroNacimiento.pdf

6 https://www.unicef.org/mexico/spanish/BuenasPracticasRegistroNacimiento.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Janet Melanie Murillo Chávez, Absalón García Ochoa, Adriana Dávila Fernández, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Armando Tejeda Cid, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Elba Lorena Torres Díaz, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Ruffo Appel, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Justicia, para su dictamen.

VOLUMEN II



LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 23 Bis a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

La diputada Ivonne Liliana Álvarez García: Gracias, presidenta. Con su permiso, compañeras y compañeros.

La educación no solo es una herramienta fundamental para el desarrollo integral de las personas, sino que también es un derecho fundamental que debe de ser garantizado por el Estado mexicano.

Uno de los retos más importantes que tenemos es asegurar que la educación llegue a todas y a todos, convirtiéndose en una estrategia de integración social y desarrollo humano.

Por ello, hoy vengo a presentar esta iniciativa de ley, que tiene como objetivo incorporar una partida presupuestal en cada ejercicio fiscal para la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil.

Entre los diferentes niveles educativos, la educación ocupa un lugar crucial, ya que influye determinantemente en la formación de los futuros ciudadanos.

Para la UNESCO, la pensión y educación de la primera infancia es esencial, ya que puede transformar positivamente la vida de los niños y, por lo tanto, formar mejores ciudadanos.

Una atención de calidad en los primeros años de vida puede contribuir a una mayor eficiencia de los sistemas educativos y sanitarios, así como a proporcionar una mano de obra mejor formada y calificada, y asimismo ayuda a contribuir a sociedades más equitativas e inclusivas, al brindar a los niños excluidos y desfavorecidos cimientos sólidos, con miras a su aprendizaje a lo largo de su vida.

Los primeros años de vida son el momento perfecto para promover principios fundamentales, como la democracia, el respeto, la igualdad de género, la convivencia y una cultura de paz.

La inversión efectiva es la primera infancia que posibilita que cada niño promueva sus potencialidades para vivir con felicidad y convertirse en un adulto pleno, razón por la cual debe ser parte de una política nacional en beneficio de las niñas y niños de México.

Asimismo, es importante mencionar que los servicios para la atención del cuidado infantil también constituyen un importante beneficio para los padres de familia, particularmente para las madres solteras y padres solos, ya que les permite el tiempo necesario para trabajar y así generar recursos para sostener a su familia.

Tener hijos exige dedicar gran parte del tiempo para su alimentación, para su cuidado, para su higiene y estimulación. Existe un gran número de casos en los que, ya sea la madre o el padre, se ven en la necesidad de tener que abandonar su empleo o sus estudios para dedicarse de tiempo completo al cuidado de los hijos, disminuyendo así la entrada de ingresos económicos, la calidad de vida de las familias y la oportunidad de los menores para acceder a un mejor futuro.

En este sentido, los beneficios de los programas de apoyo a la atención, cuidado y desarrollo integral infantil son múltiples, ya que no solo ayudan a las madres y padres a continuar sus actividades laborales, sino que también ayudan a generar mejores condiciones de vida y oportunidades.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 7 de cada 10 mujeres solteras de 15 años y más edad no reciben apoyos económicos provenientes de algún proyecto o programa de gobierno o de alguna persona que vive en un lugar distinto al suyo.

Durante los últimos años, el programa Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras benefició a un millón 188 mil 28 de madres y padres, al permitirles acceder al servicio de estancias a precios más bajos.

Este programa fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para mejorar y por mejorar el desarrollo infantil temprano y aumentar las expectativas de inclusión en la educación regular. Sin embargo, el actual gobierno anunció su decisión de recortar el presupuesto en casi el 50 por ciento a dicho programa, lo cual dejaría en el desamparo a más de 300 mil niñas y niños y puede provocar el cierre de entre 15 y 20 por ciento de las estancias infantiles y además el abandono del trabajo de muchas mujeres jefas de familia que, al no poder tener un lugar seguro que cuiden, guarden y eduquen a su hijo, tener que dejar de trabajar.

Compañeras y compañeros diputados, no debemos permitir que la política de austeridad y el combate a la corrupción se conviertan en pretexto para eliminar programas sociales que han demostrado ser eficaces y cuyos principales beneficiarios son las niñas y los niños de México.

Debemos impulsar reformas que impulsen la creación de programas de beneficio social y que promuevan el desarrollo integral de la infancia. Por ello, vengo a promover esta iniciativa, cuyos principales beneficiarios serán nuestras niñas y niños de México.

El objetivo es que la federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y las alcaldías de las demarcaciones territoriales incorporen una partida presupuestal en cada ejercicio fiscal para impulsar proyectos que permitan la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil.

Hagámoslo por las niñas y niños que son el presente y van a ser el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias.

«Iniciativa que adiciona el artículo 23 Bis a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Ivonne Liliana Álvarez García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en La LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 23 Bis a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La educación es un elemento esencial para el desarrollo integral de todas las personas y, por ende, para el desarrollo y el crecimiento económico y social del país. El progreso de las civilizaciones, así como los avances más importantes en la ciencia, la tecnología y las humanidades no podrían concebirse sin la impartición constante de la educación.

En diferentes países del mundo se ha demostrado que el fortalecimiento del sistema educativo ha sido un motor impulsor del desarrollo y del bienestar social. Corea del Sur y Singapur, por citar algunos ejemplos, son muestra de lo que los grandes avances se pueden lograr en poco tiempo si se fomenta la educación.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología (Unesco) considera uno de los retos más grandes de cara al siglo XXI, asegurar que la educación llegue a todas y todos y que se convierta en una estrategia de integración social y desarrollo humano.

La educación no sólo es un privilegio, sino que debe entenderse como un derecho fundamental clave, ya que a través de esta el ser humano tiene la posibilidad de ejercer y disfrutar de forma plena sus otros derechos humanos. Para la Unesco, todos los derechos civiles, culturales, económicos, sociales y políticos pueden disfrutarse de mejor manera si las personas han recibido una educación mínima, por ello, la efectiva implementación del derecho a la educación es un requisito previo para la democratización y para la total participación de todos los ciudadanos en todas las esferas de la vida.

También un elemento clave en la generación de culturas de paz y desarrollo sostenible, y un medio indispensable para participar eficazmente en los sistemas sociales, culturales, políticos y económicos del siglo XXI, afectados por una rápida globalización.

Sin embargo, pese a ser un derecho fundamental tan importante, la educación universal aún es un objetivo que se encuentra lejos de alcanzar, millones de niños y jóvenes de todo el mundo siguen privados de oportunidades para acceder a la educación y gozar de la misma.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 57 millones de niños de edad primaria permanecen fuera de la escuela; uno de cada cuatro niñas no asiste a la escuela; mientras que 103 millones de jóvenes en el mundo carecen de habilidades básicas de alfabetización, y más del 60 por ciento de ellos son mujeres.

En México, el derecho a la educación se encuentra consagrado en el artículo tercero constitucional, el cual establece en su primer párrafo lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, estados, Ciudad de México y municipios- impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; está y la media superior serán obligatorias. [...]”

Por lo que respecta a nuestro país, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta ese año, el 63.3 por ciento de niños y niñas entre 3 y 5 años, el 96.2 por ciento de entre 6 y 14 años, y el 44 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 24 años, asistían a una institución educativa.

Durante los últimos años, se han realizado esfuerzos importantes para lograr la cobertura universal de la educación básica y en años pasados se decretó la obligatoriedad de la educación media superior, a fin de incrementar a la población juvenil a mayores niveles de escolaridad.

Los avances son importantes, pero aún hay retos en materia educativa que tienen que ser superados. Entre estos y uno de los más importantes es el de garantizar el derecho a los servicios de atención y desarrollo en la primera infancia, a fin de comenzar a prepararlos desde temprana edad para la educación preescolar e incentivar su socialización desde los primeros años. Vale decir que esta es una de las metas que están consideradas dentro de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Para la Unesco, la atención y educación de la primera infancia es esencial, ya que puede transformar positivamente la vida de los niños y, por lo tanto, formar mejores ciudadanos. Una atención de calidad en los primeros años de vida, puede contribuir a una mayor eficiencia de los sistemas educativos y sanitarios, así como a proporcionar una mano de obra mejor formada y calificada, asimismo, ayuda a construir sociedades más equitativas e inclusivas, al brindar a los niños excluidos y desfavorecidos cimientos sólidos con miras a su aprendizaje a lo largo de su vida y durante todas sus vidas.

La atención y educación en la primera instancia debe considerarse como una política estratégica en materia social y educativa. Los primeros años de vida son el momento perfecto para promover principios fundamentales como la democracia, el respeto, la igualdad de género, la convivencia y una cultura de paz. Los niños que desde esta edad se familiarizan con dichos principios son más proclives a conservar estos valores y actitudes a lo largo de su vida.

De acuerdo con Educación Inicial, de la Fundación Carlos Slim, las experiencias que vive un niño tanto en el ámbito familiar y en otros entornos como la escuela son fundamentales para su desarrollo integral, por ello, la educación inicial tiene un rol de gran importancia en la construcción de habilidades cognitivas y sociales.

En este sentido, la inversión efectiva en la primera infancia posibilita que cada niño promueva sus potencialidades para vivir con felicidad y convertirse en un adulto pleno, razón por la cual debe ser parte de una política nacional en beneficio de las niñas y niños de México.

Pero hay una arista más que debe tomarse en cuenta: los servicios para la atención y el cuidado infantil también benefician a los padres de familia, particularmente a las madres solteras que buscan tener el tiempo suficiente para tener un empleo y desarrollarse personalmente.

Las parejas que deciden tener descendencia deben dedicar gran parte de su tiempo para la alimentación, cuidado, higiene y estimulación de sus hijos, por lo que, en muchos casos, uno de los padres tiene que dejar a un lado sus actividades personales para atender a los infantes.

Existen un gran número de casos en los que, ya sea la madre o el padre, se ven en la necesidad de abandonar su empleo o sus estudios para dedicarse de tiempo completo al cuidado de los hijos, disminuyendo así la entrada de ingresos económicos, la calidad de vida de las familias y la oportunidad de las hijas e hijos para acceder a un mejor futuro.

Las afectaciones son mayores en el caso de las madres solteras, ya que tienen que ser el principal sustento de su hogar y cuidar de sus hijos, por lo que su tiempo resulta insuficiente. Si no cuentan con el apoyo de sus familiares o de un tercero, la calidad de vida y el futuro de ellas y de sus hijos se ven aún más comprometidos.

De acuerdo con el Inegi, en México, 3 de cada 10 madres con al menos un hijo nacido vivo son solteras, de estas, al menos el 53 por ciento no tiene instrucción o cuenta con un nivel escolar máximo de secundaria. Asimismo, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del total de las mujeres solteras de 15 años y más, el 41.8 por ciento trabaja: el 31.2 por ciento, en el sector informal; 12.2 por ciento, en el doméstico y 6.6 por ciento no reciben pago por su trabajo.

Cabe destacar que, de acuerdo con datos de la misma encuesta, siete de cada diez mujeres solteras de 15 años y más edad, no reciben apoyos económicos provenientes de algún programa de gobierno o de alguna persona que vive en un hogar distinto al suyo.

Las madres solteras presentan mayor vulnerabilidad que el resto de las mujeres, toda vez que cuentan con menos redes de apoyo, y la desventaja se incrementa cuando se trata de mujeres que se han convertido en madres a temprana edad.

Para 2015, según datos de la Encuesta Intercensal 2015, 7.8 por ciento de las adolescentes de 12 a 19 años ya eran madres. Las madres adolescentes regularmente se ven obligadas a abandonar la escuela, con la consecuente desventaja que, al tener una escasa o nula educación formal, se reducen las oportunidades en materia de educación y empleo, limitando sus oportunidades de desarrollo.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, las personas con educación superior ganan en promedio el doble que aquellas con educación secundaria y tienen 10 por ciento más probabilidades de ser empleadas, mientras que aquellas con un nivel menor a la educación media ganan en promedio 22 por ciento menos que las que concluyeron ese nivel.

En este sentido, la expansión de los servicios de atención y educación de la primera infancia, constituyen una herramienta necesaria y eficaz en beneficio de los padres de familia, las madres solteras y de sus hijos.

En la administración anterior se comenzaron a implementar con mayor impulso los lineamientos establecidos en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la cual fue publicada el 24 de octubre de 2011 y cuyo objetivo primordial es garantizar el acceso de niñas y niños a los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas.

Uno de los programas primordiales en esta materia es el Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, el cual apoya a través de subsidios a los servicios de cuidado y atención infantil a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian, así como a los padres solos con hijos bajo su cuidado de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad, y entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad en caso de niñas y niños con alguna discapacidad, cuyo ingreso per cápita estimado por hogar no rebase la línea de bienestar. Este programa permite que las madres o padres que trabajan, buscan empleo o estudian cuenten con tiempo disponible para acceder o permanecer en el mercado laboral, o en su caso estudiar.

Los beneficios de este programa son múltiples, no sólo ayuda a los padres de familia a continuar con sus actividades laborales y/o académicas, sino que, paralelamente, ayuda a generar mejores condiciones de vida y oportunidades, así como a disminuir los índices de pobreza y desigualdad entre la población.

De enero de 2013 a junio de 2018, el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras benefició a 1 millón 188 mil 28 madres trabajadoras y padres solos, mediante el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil, lo que representó un incremento de 15.4 por ciento respecto de los beneficiados entre 2007 y 2012. A junio de 2018, se encontraban afiliadas al programa 9 mil 354 Estancias Infantiles y el programa tiene presencia en mil 283 municipios a nivel nacional.

El programa ha sido reconocido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ya que considera que es una iniciativa que permite mejorar el desarrollo infantil temprano en niños y niñas con y sin discapacidad, además de aumentar sus expectativas de inclusión en la educación regular.

Es claro que este ha sido un programa que ha demostrado ser exitoso para la reducción de la brecha social y de género, y que garantiza el goce pleno de los derechos humanos de los niños, madres y padres, por lo que resulta necesario ampliar el acceso a instancias infantiles para favorecer la participación económica de quienes forman parte de este sector de la sociedad y reducir la desigualdad económica y la pobreza.

Pese a ello, el gobierno federal anunció en días pasados un recorte presupuestal a estancias infantiles por falta de reglas de operación, motivo por el cual esos centros han comenzado a cerrar o a subir sus costos. Asimismo, en el presupuesto asignado para el 2019 se redujo el financiamiento a este rubro de 4 mil 70 millones a 2 mil 41 millones de pesos, lo que pone en peligro el cabal funcionamiento del programa en detrimento de las madres y padres beneficiarios.

La reducción podría provocar el cierre de la mitad de estos centros de atención infantil, dejando en el desamparo a más de 300 mil menores en todo el país. Ante la falta del subsidio, los centros que se encontraban dentro del Programa han comenzado a cerrar o a incrementar el costo de sus servicios, mismo que miles de madres y padres no pueden solventar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente propuesta:

Decreto por el que se adiciona un artículo 23 Bis a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil

Único. Se adiciona un artículo 23 Bis a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue:

Artículo 23 Bis. La Federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales deberán incorporar una partida presupuestal en cada ejercicio fiscal para impulsar proyectos que permitan la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Educación, Unesco, en:

http://www.unesco.org/new/es/quito/education/

2 El derecho a la educación, Unesco, en:

http://www.unesco.org/new/es/social-and-human-sciences/themes/advancement/ networks/larno/right-to-education/

3 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en:

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/ goal-4-quality-education.html

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados, en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf

5 Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015, Inegi, en:

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/ contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825078966.pdf

6 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en:

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/ goal-4-quality-education.html#targets

7 La atención y educación de la primera infancia, cuna de la cohesión social, Unesco, en:

https://es.unesco.org/news/atencion-y-educacion-primera-infancia-cuna- cohesion-social

8 La importancia de la educación inicial, Fundación Slim, en:

http://educacioninicial.mx/la-importancia-de-la-educacion-inicial/

9 “Estadísticas a propósito del Día de la Madre (10 de mayo)”, en:

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/ madre2018_Nal.pdf

10 Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015, Inegi, en:

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/ contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825078966.pdf

11 El preocupante nivel educativo en México, World Economic Forum, en:

https://es.weforum.org/agenda/2017/09/el-preocupante-nivel-educativo-en-mexico

12 Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, Secretaría de Educación Pública, en:

https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676- ad90-8ab78086b184/ley_general_prestacion_servicios_cuidado.pdf

13 Programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, Sedesol, en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/182437/ Mascarilla_Estancias_infantiles_11-01-2017.pdf

14 Sexto Informe de Gobierno 2017-2018, en:

http://cdn.presidencia.gob.mx/sextoinforme/informe/6_IG_INFORME_COMPLETO.pdf

15 Estancias inclusivas en la mitad de México, PNUD, en:

http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/presscenter/articles/2018/04/30/ estancias-infantiles-inclusivas-en-la-mitad-de-m-xico.html

15 Resienten recorte estancias infantiles, Zócalo, en:

http://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/resienten-recorte-estancias-infantiles

Dado en salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los siete días de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Ivonne Liliana Álvarez García, Alfredo Villegas Arreola, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Benito Medina Herrera, Claudia Pastor Badilla, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Cynthia Iliana López Castro, Dulce María Sauri Riancho, Eduardo Zarzosa Sánchez, Enrique Ochoa Reza, Frinné Azuara Yarzábal, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Irma María Terán Villalobos, Juan Francisco Espinoza Eguia, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Juan Ortiz Guarneros, Laura Barrera Fortoul, Lenin Nelson Campos Córdova, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Manuel Limón Hernández, Margarita Flores Sánchez, María Alemán Muñoz Castillo, María Ester Alonzo Morales, Norma Adela Guel Saldívar, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Ricardo Aguilar Castillo, Soraya Pérez Munguía, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Ximena Puente de la Mora (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para su dictamen.



LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Claudia Pérez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

La diputada Claudia Pérez Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Claudia Pérez Rodríguez: Compañeras y compañeros diputados, en México es necesario construir una política eficiente de reinserción social para adolescentes que hayan sido sancionados por hechos que la ley considera como delitos, con el fin de dotar a los jóvenes de herramientas que permitan reincorporarlos de manera integral a la sociedad.

Sabemos que uno de los factores que interfieren con este propósito es el consumo de alcohol por parte de este sector social. Esta sustancia psicoactiva desencadena trastornos que deterioran la salud física, psicológica y social de los adolescentes. Del mismo modo, pueden generar la necesidad de consumirla en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, orillando al adolescente a realizar cualquier actividad, inclusive ilícita, a fin de conseguir dicho intoxicante.

Dentro de ese contexto, el Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares realizó un estudio donde destaca que el 63 por ciento de la población consumidora de alcohol son adolescentes y jóvenes de entre 12 y 24 años de edad.

También nos indica que las principales causas por las que se inicia el consumo de alcohol son la curiosidad, injerencia de amigos, experimentar, problemas familiares, aceptación de grupo y depresión, tomando su consumo como una puerta o salida falsa para evadir la realidad.

Asimismo, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, aproximadamente cinco millones de adolescentes que cursan secundaria y bachillerato han tenido consumo excesivo con esta sustancia. Es decir, han tomado más de cinco copas en una ocasión.

El mismo estudio se realizó en estudiantes de primaria de entre 11 y 12 años de edad, quienes también han consumido en exceso esta sustancia, lo que afecta directamente a la población en edad escolar y produce consecuencias, como que se ausenten de las clases y, en los casos más severos, que abandonen sus estudios.

Estas cifras resultan alarmantes, ya que señalan que el alcoholismo representa un gran riesgo para los adolescentes y jóvenes de este país, creando con ello un gran número de consumidores a temprana edad, causando consecuencias nocivas para su integridad física y mental, y poniendo en riesgo su futuro profesional.

En suma, es necesario que el Estado mexicano empiece a homologar lo establecido en sus normas, ya que, además de lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley General de Salud, donde se establece que en ningún caso y de ninguna forma se podrán expender o suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad.

Por ende, requerimos solidificar el andamiaje jurídico con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema Penal de Justicia Integral para Adolescentes, con el fin de prevalecer el interés superior de niñas, niños y adolescentes de nuestro país, tal y como lo exige el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo de la diputada Claudia Pérez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Claudia Pérez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción V del artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En México es necesario construir una política eficiente de reinserción social para adolescentes que han sido sancionados por hechos que la ley considera como delitos, con el fin de dotar a los jóvenes de herramientas que permitan reincorporarse de manera íntegra a la sociedad.

Sabemos que uno de los factores que interfieren con este propósito es el consumo de alcohol por parte de este sector social.

Esta sustancia psicoactiva desencadena trastornos que deterioran la salud física, psicológica y social de los adolescentes; del mismo modo, genera la necesidad de consumirla en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, orillando al sujeto a realizar cualquier actividad con el fin de conseguir dicho intoxicante.

El Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares realizó un estudio donde destaca que 63 por ciento de la población consumidora de alcohol corresponde a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 24 años de edad. También indica las principales causas por las que se inicia el consumo del alcohol: curiosidad (29.4 por ciento), invitación de amigos (13.5), experimentación (12.4), problemas familiares (10), influencia de amigos (9.4), aceptación de grupo (4.1), invitación de familiares (2.9) o depresión (2.4).

Esas cifras resultan alarmantes, ya que nos señalan que el alcoholismo representa un gran riesgo para los jóvenes de nuestro país, demostrando el creciente número de consumidores a muy temprana edad, causando consecuencias nocivas para ellos.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes de 2014, 5.5 millones de menores de edad estudiantes de secundaria y bachillerato habían tenido consumo excesivo de alcohol; es decir, han tomado mas de cinco copas en una sola ocasión. El mismo estudio revela que menores de 11 y 12 años, estudiantes de primaria, también consumieron esta sustancia en exceso, afectando de manera directa a la población en edad escolar y produciendo consecuencias como el ausentismo en las clases y, en casos más graves, el abandono de los estudios.

Por otra parte, se ha visto un gran incremento de ingesta de alcohol en las mujeres adolescentes en México, cuyos niveles de consumo aumentaron 250 por ciento en los pasados años según la Comisión Nacional contra las Adicciones. Ésa es una situación delicada pues, si se presenta consumo de alcohol durante el embarazo, puede causar trastornos del espectro alcohólico fetal, que son discapacidades físicas, intelectuales y del comportamiento que persisten en el infante durante toda la vida.

Una de las principales causas de esta patología se deriva de la falta de información dirigida a la población, debido a que, los familiares de las personas afectadas por el alcohol, al no estar concientizados, no pueden brindarle una correcta orientación al familiar en cuestión, y en muchas ocasiones terminan siendo rechazados socialmente.

El alcohol, además de ser una sustancia nociva para el entorno social y económico del país, es un factor causal de más de 200 enfermedades, tales como la cirrosis hepática, algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. También se pueden presentar situaciones que además de afectar al consumidor puede transgredir la integridad de otras personas; estas situaciones pueden ser accidentes de tránsito, actos de violencia y en casos severos puede ocasionar el suicidio.

El médico Eduardo Gerardo Gutiérrez Gijón, subdirector médico del hospital general de zona 2A Troncoso del Instituto Mexicano del Seguro Social, señala que los accidentes provocados por el consumo de alcohol son la primera causa de muerte en el país. De acuerdo con el especialista, las áreas de urgencias de hospitales del IMSS reciben en promedio 16 mil lesionados derivados por esta causa, misma que incrementa 30 por ciento en temporada vacacional; los diagnósticos que se presentan con mayor frecuencia en las personas lesionadas son esguince cervical y lumbar cuando se trata de situaciones comunes, sin embargo, en circunstancias más graves, pueden presentar diversas lesiones que ponen en riesgo su vida , tratándose de contusiones de cráneo produciendo altos índices de mortalidad.

A causa de este tipo de accidentes, las autoridades, instituciones y organizaciones civiles han desarrollado diversas estrategias para concientizar a los jóvenes sobre los peligros que conlleva el ingerir esta sustancia, por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Juventud ha lanzado en diferentes partes de la república, la campaña “Conciencia 0-100 Si tomas no tomes el volante” con el propósito de crear conciencia en los jóvenes para prevenir conductas de riesgo derivados del consumo del alcohol. Este cometido consiste en foros, actividades educativas, material informativo, además, participan profesionales de la salud que proporcionan orientación psicológica, diagnóstico de abuso, canalización y rehabilitación. Del mismo modo, la Secretaría de Salud recomienda no conducir o abordar un automóvil cuando la persona designada como conductor se encuentre en estado de ebriedad.

La Secretaría de Seguridad Pública, con el programa “Conduce sin alcohol”, o como es coloquialmente llamado “alcoholímetro”, en 2018 remitió a 932 infractores, de los que la mitad no cumplió el arresto, pues los detenidos son trasladados al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, donde tramitan un amparo para no cumplir un arresto de hasta 36 horas, logrando una suspensión provisional, pero al tratarse de una sanción inconmutable tiene la obligación de regresar a cumplir las horas pendientes. Sin embargo, en la mayoría de los casos no regresan: de acuerdo con las autoridades, en 92 por ciento de los casos, los policías encuentran al infractor y lo presentan, 8 por ciento es ilocalizable y si pasan 180 días sin encontrar al infractor la sanción prescribe.

El artículo 220 de la Ley General de Salud determina que en ningún caso y de ninguna forma se podrán expender o suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad, de modo que es indispensable que el estado mexicano empiece a homologar lo establecido en sus normas con la finalidad de solidificar el andamiaje jurídico que garantice, además de lo establecido en la Ley de Salud, lo determinado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se indica que debe prevalecer el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes en las políticas, los programas y las normas del país.

Por lo anterior someto a consideración de esta asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:


Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes

Único. Se reforma la fracción V del artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 102. Condiciones. El juez fijará el plazo de suspensión condicional del proceso, que no podrá ser inferior a tres meses ni superior a un año, y determinará una o varias de las condiciones que deberá cumplir la persona adolescente. Además de las condiciones que establece el Código Nacional, se podrán imponer las siguientes:

I. a IV. ...

V. Abstenerse de consumir drogas ,estupefacientes ybebidas alcohólicas;

VI. a VII. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.gob.mx/salud/articulos/aumenta-el-consumo-de-alcohol-entre-jovenes

2 https://www.jornada.com.mx/2017/12/07/sociedad/035n1soc

3 https://www.proceso.com.mx/106904/accidentes-por-alcohol-primera-causa-de-muert e-en-mexico

4 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/alcoholimetro-cumple-15-anos-50-de-deten idos-son-llevados-al-torito/1272686

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2019.— Diputadas: Claudia Pérez Rodríguez, Elba Lorena Torres Díaz (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para opinión.



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza:Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Miguel Alonso Riggs Baeza: La UNESCO es la agencia de las Naciones Unidas encargada de promover la educación física y el deporte a través de una acción concertada, colaborativa y participativa, para apoyar el desarrollo integral de cada individuo.

Tiene una visión clara: el deporte y la educación física son esenciales para la juventud y una vida sana, sociedades resistentes y lucha contra la violencia. Dicha organización señala que es indispensable la acción de los gobiernos y el apoyo a la comunidad internacional para atender y proporcionar una educación física de calidad. Máxime cuando la inversión pública de la educación física es ampliamente superada por otros rubros, como la salud u otros objetivos educativos.

La participación en la educación física de calidad ha demostrado poder inculcar una actitud positiva hacia la actividad física, disminuir las posibilidades de que los jóvenes se involucren en comportamientos de riesgo y tener un impacto positivo en su rendimiento académico, ofreciendo una plataforma más amplia para la inclusión social.

La importancia de la educación física de calidad radica en que expone a los jóvenes a una serie de experiencias que les permiten desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios para aprovechar todas las oportunidades que existen hoy. Sin embargo, a pesar de este poder reconocido de la educación física, hay una disminución global en su entrega, lo que contribuye a alimentar una crisis mundial de salud.

Según estimaciones conservadoras, la inactividad física representa el seis por ciento de la mortalidad mundial, por lo que la Unesco pide a los estados tomar cartas en el asunto; y, por su parte, la Organización Mundial de la Salud ha calificado de pandemia los crecientes niveles de sedentarismo, así como el sustancial riesgo de enfermedades asociadas, por lo que válidamente podemos afirmar que los recortes en la prestación de la educación física solo conseguirán incrementar este problema de manera exponencial.

Ahora bien, proveer a nuestras niñas, niños, jóvenes, al menos cuatro horas de educación física de calidad a la semana y que la misma sea curricular, es decir, que esté sujeta a evaluación y calificación como otras asignaturas, tienen los siguientes beneficios:

1. Logros académicos, la práctica regular de educación física de calidad y otras formas de actividad física mejora la capacidad de atención del niño, mejora su control cognitivo y también acelera su procesamiento cognitivo.

2. La alfabetización física y participación cívica. La educación física, única asignatura curricular cuyo enfoque combina la competencia corporal y física con la comunicación y el aprendizaje basado en los valores.

3. Salud. La educación física es el punto de entrada hacia la práctica de una actividad física durante toda la vida. En todo el mundo, muchas de las principales causas de mortalidad están relacionadas con enfermedades no transmisibles asociadas al sedentarismo, como la obesidad, las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes.

Estimadas compañeras y compañeros diputados, es indispensable que atendamos este llamado que les hago hoy, que hacen las organizaciones internacionales, ya se los dije, del calibre de la OMS y de la UNESCO, quienes, por medio de estudios que están a disposición de todas y de todos ustedes, nos piden tomemos cartas en el asunto.

En el caso de nuestro país, la urgencia es aún más amplia, pues de todos es conocido que nuestros niños, jóvenes, son víctimas del sedentarismo y de las enfermedades y consecuencias que esto conlleva. No minimicemos la actividad física, pues está demostrado el impacto positivo que tiene para la adquisición de nuevos conocimientos y hasta ha demostrado que la misma es clave para el desarrollo físico e intelectual de cualquier individuo. Mente sana en cuerpo sano.

Y si alguien de los aquí presentes considera que la educación física es cara, los invito a probar el costo del sedentarismo y de la ignorancia. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Diputado Miguel Alonso Riggs Baeza y las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6o., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La UNESCO es la agencia de las Naciones Unidas encargada de promover la educación física y el deporte a través de una acción concertada, colaborativa y participativa para apoyar el desarrollo integral de cada individuo. Tienen una visión clara: el deporte y la educación física son esenciales para la juventud, una vida sana, sociedades resistentes y la lucha contra la violencia.

Dicha organización señala que es indispensable la acción de los gobiernos y el apoyo de la comunidad internacional para atender y proporcionar una educación física de calidad, máxime cuando la inversión pública en la educación física es ampliamente superada por otros rubros como la salud, u otros objetivos educativos, a pesar de que la participación en la educación física de calidad ha demostrado poder inculcar una actitud positiva hacia la actividad física, disminuir las posibilidades de que los jóvenes se involucran en comportamientos de riesgo y tener un impacto positivo en su rendimiento académico, ofreciendo una plataforma más amplia para la inclusión social.

La educación física de calidad es la experiencia de aprendizaje planificada, progresiva e inclusiva que forma parte del currículo en educación infantil, primaria y secundaria. Actúa como punto de partida de un compromiso con la actividad física y deporte a lo largo de la vida. La experiencia de aprendizaje que se ofrece a los niños y jóvenes a través de las clases de educación física debe ser apropiada para ayudarles a adquirir las habilidades psicomotrices, la comprensión cognitiva y las aptitudes sociales y emocionales que necesitan para llevar una vida físicamente activa.

La importancia de una educación física de calidad radica en que expone a los jóvenes a una serie de experiencias que les permitan desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios para aprovechar todas las oportunidades que existen hoy. Sin embargo, a pesar de este poder reconocido de la educación física, hay una disminución global en su entrega, lo que contribuye a alimentar una crisis mundial de la salud – según estimaciones conservadoras, la inactividad física representa el 6 por ciento de la mortalidad mundial, por lo que la UNESCO pide a los Estados tomar cartas en el asunto; y por su parte, la OMS ha calificado de pandemia los crecientes niveles de sedentarismo, así como el sustancial riesgo de enfermedades asociado, por lo que válidamente podemos afirmar que los recortes en la prestación de la educación física sólo conseguirán incrementar este problema de forma exponencial.

Ahora bien, proveer a nuestros niños y jóvenes al menos tres horas de educación física de calidad a la semana y que la misma sea curricular, es decir, que esté sujeta a evaluación y calificación como otras asignaturas tiene los siguientes beneficios:

Logros académicos:la práctica regular de educación física de calidad y otras formas de actividad física mejora la capacidad de atención del niño, mejora su control cognitivo y también acelera su procesamiento cognitivo;

Alfabetización física y participación cívica: la educación física, única asignatura curricular cuyo enfoque combina la competencia corporal y física con la comunicación y el aprendizaje basado en valores, representa un portal de aprendizaje para desarrollar las aptitudes necesarias para tener éxito en el siglo XXI;

Inclusión: la educación física de calidad es una plataforma de inclusión en la sociedad, especialmente en términos de desafío al estigma y superación de estereotipos;

Salud: la educación física es el punto de entrada hacia la práctica de una actividad física durante toda la vida. En todo el mundo, muchas de las principales causas de mortalidad están relacionadas con enfermedades no transmisibles asociadas al sedentarismo como la obesidad, las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. De hecho, se puede decir que el sedentarismo es el responsable de entre el 6 y el 10% de todas las muertes causadas por enfermedades no transmisibles y;

Combate a la inseguridad y prevención del delito: Por otro lado, debemos entender a la inseguridad como una consecuencia. Hay inseguridad porque como sociedad y gobierno algo hemos dejado de hacer, por tanto, debemos acudir al origen del problema y trabajar en los niños y jóvenes para evitar que pudieran ser los delincuentes del mañana. Es necesario que exista una educación física de calidad con programas de formación deportiva y cultural. Con el deporte se adquiere disciplina y con el arte apelamos a lo mejor de nuestro espíritu. Programas de esta naturaleza nos permitirán, además, recuperar nuestras calles, parques, plazas y demás espacios públicos para vuelvan a estar en manos de los ciudadanos, no de los delincuentes.

Aunado a estas reflexiones que realiza la UNESCO, se encuentran las que realiza el Ministerio de Educación de Perú quienes han decidido elevar el número de horas de educación física de sus estudiantes de educación básica por medio de “el Plan de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar al 2021”, que espera tener cubierta al 100 por ciento de su población estudiantil en, como su nombre lo indica, 2021. Estas son algunas de esas reflexiones:

• El incremento de las horas de educación física para los estudiantes logrará tener un impacto en el desempeño académico –lo cual está probado científicamente–, el ejercicio físico tiene efectos positivos en otras áreas de desarrollo del estudiante, que serán reforzadas con el cambio de enfoque.

• El conocimiento del cuerpo influye en la mejora de la autoestima, en el desarrollo de la personalidad e impacta en la salud, al desarrollar hábitos saludables. Las habilidades sociomotrices son fundamentales para resolver conflictos con los compañeros, para mejorar la integración, para reducir el bullyng.

• Hoy sabemos que la educación física no solo tiene que ver con el desarrollo físico de una persona, si bien está relacionada con el conocimiento del cuerpo humano y sus movimientos, sabemos que estas manifestaciones comprenden procesos afectivos y cognitivos de orden superior.

• Bajo esta nueva concepción, a través del área de Educación Física, se pretende que el estudiante tenga una comprensión y conciencia de sí mismo que le permita interiorizar y mejorar la calidad de sus movimientos en un espacio y tiempo determinados, así como expresarse y comunicarse corporalmente. Además, busca que los estudiantes asuman un estilo de vida activo, saludable y placentero a través de la realización de prácticas que contribuyen al desarrollo de una actitud crítica hacia el cuidado de su salud y a comprender cómo impactan en su bienestar social, emocional, mental y físico.

Estimados compañeros es indispensable que atendamos el llamado que hacen organizaciones internacionales del tamaño de la Organización Mundial de la Salud y de la propia UNESCO, quienes por medio de estudios, mismos que están a disposición de todos ustedes, nos piden que tomemos cartas en el asunto. En el caso de nuestro país la urgencia es aún más amplia pues de todos es conocido que nuestros niños y jóvenes son víctimas del sedentarismo y de las enfermedades y consecuencias que esto conlleva. No minimicemos la actividad física pues está demostrado el impacto positivo que tiene para la adquisición de nuevos conocimientos y está demostrado que la misma es clave para el desarrollo físico e intelectual de cualquier individuo. Mente sana en cuerpo sano y si alguien de los aquí presentes considera que la educación es cara, los invito a probar el costo de la ignorancia. Nuestros niños pueden tener acceso a la Educación Física de Calidad y dado que la Ley General de Educación ya contempla en su artículo 33, fracción XVII la suministración de alimentos, nosotros hemos realizado una investigación de productos mexicanos, con ingredientes naturales, enteros, con ingredientes saludables con máximo de 25 gramos de carbohidratos para que cumplan la función de nutrir y darles energía a los niños, misma que esta puesta a su disposición, igual que los estudios, planes y programas que aquí hemos comentado. Educación física y nutrición de calidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 7o., fracción IX, de la Ley General de Educación

Único. Se modifica el artículo 7o., fracción IX, de la Ley General de Educación para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 7o.La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I a VIII...

IX. Fomentar la educación en materia de nutrición y promover la salud física y mental a través de una educación física de calidady la práctica del deporte;

X. a XVI...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.— Diputados y diputadas: Miguel Alonso Riggs Baeza, Abril Alcalá Padilla, Absalón García Ochoa, Adriana Dávila Fernández, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Alan Jesús Falomir Saenz, Antonia Navidad Díaz Jiménez, Antonio Ortega Martínez, Ariel Rodríguez Vázquez, Armando Tejeda Cid, Brasil Alberto Acosta Peña, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Carlos Pavón Campos, Carmen Julia Prudencio González, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Claudia Reyes Montiel, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Dulce Alejandra García Morlan, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Éctor Jaime Ramírez Barba, Eduardo Ron Ramos, Enrique Ochoa Reza, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Ruffo Appel, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Frinné Azuara Yarzábal, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Héctor Serrano Cortes, Hernán Salinas Wolberg, Higinio del Toro Pérez, Irma María Terán Villalobos, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Izcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Jacobo David Cheja Alfaro, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Javier Salinas Narváez, Jesús Carlos Vidal Peniche, Jesús Guzmán Avilés, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Jorge Alcibíades García Lara, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Eugenio Russo Salido, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Ricardo Gallardo Cardona, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta Macías Rábago, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Laura Barrera Fortoul, Lenin Nelson Campos Córdova, Lizbeth Mata Lozano, Lourdes Celenia Contreras González, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Ester Alonzo Morales, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Lucero Saldaña Pérez, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Angélica Zamudio Macías, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Martha Hortencia Garay Cadena, Martha Tagle Martínez, Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Nohemí Alemán Hernández, Norma Adela Guel Saldívar, Norma Azucena Rodríguez Zamora, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Ruth Salinas Reyes, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Educación, para su dictamen.



LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Mario Ismael Moreno Gil, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Mario Ismael Moreno Gil:Todo arte es cultura, pero no toda la cultura es arte. Buena tardes compañeros diputados, buenas tardes compañeras diputadas. A los medios de comunicación y a quienes nos ven y escuchan a través del Canal del Congreso.

La iniciativa que aquí expongo consiste en renovar las nomenclaturas de las comisiones de la Cámara de Diputados para que la actual Comisión de Cultura y Cinematografía quede como Comisión de Arte y Cultura, y que la Comisión de Radio y Televisión debe de llamarse Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Lo anterior, reformando el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En primer lugar, proponemos añadir la categoría de arte a la Comisión de Cultura, en virtud de que es importante separar las artes de la noción de cultura. Esa vinculación conceptual –sin diferencias– ha generado dos tipos de problemáticas al momento de trasladar las políticas públicas al ámbito social.

La primera de ellas surge si se le vincula únicamente a las bellas artes con el concepto de cultura, dejando fuera todas aquellas manifestaciones relacionadas con procesos comunitarios de identidad.

La segunda problemática se presenta si consideramos que el concepto de cultura es tan amplio y con tantas vertientes que puede suceder que las artes se perciban como un pequeño campo de interés y, por tanto, reciban menor atención especializada a las características específicas de sus procesos de creación y socialización.

La cultura es aquello que permea toda nuestra vida social. El arte es la herramienta más universal de la cultura.

Cabe mencionar que, de todo o de todos, es sabido que la cinematografía es conocida y lo sabemos, como el séptimo arte; sin embargo, no podemos ignorar la complejidad que implican sus procesos de producción, distribución y comercialización. Esto nos habla de una industria cinematográfica, misma que requiere un acercamiento muy específico en cuanto a mecanismos para el fomento, profesionalización y distribución presupuestal.

Por todo lo anterior considero que a la industria cinematográfica se le debe ubicar, por su íntima relación, junto a las industrias de la radio y la televisión, ya que se caracterizan por su impacto masivo y del uso de herramientas tecnológicas y constante desarrollo y vanguardia.

Además, esta modificación nos permitirá homologarla con la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República.

Compatriotas, con el firme propósito de contribuir, desde mi trinchera, hoy propongo estas dos modificaciones, que responden a la necesidad de ajustar las denominaciones de las comisiones y los temas de su competencia para que den cuenta de la realidad sociocultural, pero también económica y política. Es cuanto, señora presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Ismael Moreno Gil, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Mario Ismael Moreno Gil, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones VII y XXXIV del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ubicación de los conceptos de arte, cultura y cinematografía dentro de las comisiones de la Cámara de Diputados.

Las Comisiones dentro de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión “son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.” Así pues, las comisiones tienen gran impacto para que, a través de la atención a la ciudadanía, se logren llevar a cabo funciones que propongan herramientas legislativas que sean eficientes y coherentes con los problemas y necesidades de la población.

En este sentido, resulta relevante ajustar las nomenclaturas de las comisiones y los temas de su competencia, para que den cuenta de la realidad social que impera en nuestra nación en materia de arte, cultura y cinematografía.

De la diferenciación de los conceptos de arte y cultura

Notamos la urgencia por separar conceptualmente las artes, de la noción de cultura. Lo anterior responde a los problemas operativos que surgen a partir de encasillar en un mismo concepto, a dos categorías que sugieren acercamientos diferenciados. Si bien, el arte sí es parte de la cultura, no todo lo que es cultura es arte.

En esta tesitura, encontramos inconsistencias al momento de la asignación de los recursos y atención a las necesidades ciudadanas, en donde existen dos principales posturas problemáticas: en primer lugar, puede ocurrir que se vincule únicamente a las artes con el concepto de cultura, excluyendo así todas aquellas manifestaciones relacionadas con los procesos de identidad y de formas de ver y relacionarse con el mundo de las diversas comunidades. En segundo lugar, al ser el concepto de “cultura” un concepto tan amplio y con tantas vertientes y formas de acercamiento, sucede que las artes resultan tan sólo un pequeño campo de interés, y que por tanto reciban menor atención especializada.

De la cinematografía

No cabe duda de que la cinematografía forma parte del complejo entramado que supone la categoría de las artes y la cultura. No obstante, debido a los procesos propios de realización de la cinematografía, esta disciplina requiere un abordaje distinto en términos presupuestales y de sus condiciones de producción, ya que los principales diferenciadores son: su naturaleza comunicativa para audiencias masivas, así como la utilización de equipo tecnológico en constante actualización y mejora. Por lo anterior, consideramos que esta actividad encuentra mejor cabida junto a las industrias de la radio y la televisión.

La iniciativa que aquí se propone pretende otorgar mejores mecanismos a los legisladores para acercarse a las realidades y necesidades de los ámbitos del arte, la cultura y la cinematografía. Lo anterior se busca sustentar a partir de los siguientes argumentos.

De la diferenciación de los conceptos de arte y cultura

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) “...la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo”.

La cultura es la forma en que organizamos los significados a través de fenómenos simbólicos. Además, estos fenómenos simbólicos se encuentran forzosamente dentro de un contexto histórico específico y estructurado socialmente.

Por otro lado, respecto al concepto de arte, en la antigua Grecia éste se concebía a partir de una destreza, habilidad o técnica para realizar cierta actividad que era capaz de aprenderse y perfeccionarse. Se puede decir que una obra de arte es la consecuencia de un proceso creativo que, a través de una habilidad o don especial, resulta en un producto estético en el cual se utiliza un lenguaje simbólico con una abierta intención de comunicar algo en un contexto histórico y social específico.

Dicho lo anterior, es evidente la importancia de separar los conceptos de arte y cultura. Si bien, es posible que sea la misma comisión de la Cámara de Diputados la que revisa los temas relacionados con ambos conceptos aquí mencionados, sin embargo, resulta importante que se haga explícita la diferencia de éstos, al menos en la nomenclatura de la comisión, quedando así: Comisión de Arte y Cultura. Lo anterior resulta un paso inicial en la aplicación de mecanismos legislativos que atiendan de forma puntual las realidades del contexto nacional.

De la cinematografía

En términos generales, y de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, la cinematografía es la “Captación y proyección sobre una pantalla de imágenes fotográficas en movimiento.” No obstante, la cinematografía o el cine ha sido considerado como el séptimo arte, concepción ligada a la clasificación clásica de las artes, en las que se enunciaban sólo seis expresiones consideradas como bellas artes: la danza, la escultura, la música, la pintura, la literatura y la arquitectura.

Por otro lado, la Ley Federal de Cinematografía, en su artículo 3o., expresa que: “Se entiende por industria cinematográfica nacional al conjunto de personas físicas o morales cuya actividad habitual o transitoria sea la creación, realización, producción, distribución, exhibición, comercialización, fomento, rescate y preservación de las películas cinematográficas.” En este tenor, la misma ley antes citada expresa en su artículo 14 que: “La producción cinematográfica nacional constituye una actividad de interés social, sin menoscabo de su carácter industrial y comercial, por expresar la cultura mexicana y contribuir a fortalecer los vínculos de identidad nacional entre los diferentes grupos que la conforman. Por tanto, el Estado fomentará su desarrollo para cumplir su función de fortalecer la composición pluricultural de la nación mexicana, mediante los apoyos e incentivos que la ley señale.”

Si bien es cierto que el cine cuenta con las cualidades necesarias para considerarse dentro de la categoría de las artes, no podemos ignorar la complejidad de su producción y distribución, razón por la cual se habla de la “industria cinematográfica” como un rubro distinto al de sólo los procesos creativos. En este sentido, es importante considerar que la industria cinematográfica requiere un trato distinto al de las artes ya que se trata de una actividad que permea en los ámbitos industriales, comerciales, pero también artísticos y culturales.

Por lo anterior, consideramos que, debido a las cualidades de la industria cinematográfica, ésta encontrará mucho mayor interlocución junto con las industrias de la radio y la televisión.

Esta misma Cámara de Diputados contaba con la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, hasta que en el año 2005 se reformó dicha ley, con base en argumentos expuestos de manera general, pero sin explicar las razones específicas de la modificación de las nomenclaturas de las comisiones en cuestión. Aunado a esto, encontramos en la actual Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, que existe la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, una razón más por la cual esta iniciativa propone homologar la nomenclatura de dicha comisión en la Cámara de Diputados, en el tenor de la Cámara de Senadores.

Sin detrimento de que ha quedado plenamente expuesto el objeto y motivación de la reforma planteada, se presenta el siguiente cuadro comparativo para clarificar sus alcances (texto vigente de la ley y la propuesta materia de esta iniciativa):




Fundamento Legal

A esta iniciativa le son aplicables diversas disposiciones contenidas en los marcos jurídicos siguientes:

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

b) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

c) Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

Por lo anteriormente expuesto y con el fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman las fracciones VII y XXXIV del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman las fracciones VII y XXXIV del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 39.

1. ...

2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

Las comisiones ordinarias serán:

I. a VI. ...

VII. Arte y Cultura;

VIII. a XXXIII. ...

XXXIV. Radio, Televisión y Cinematografía;

XXXV. a XLIII. ...

3. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada DOF 05-10-2018.

2 http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/

3 Geertz, C. (1973) “La interpretación de las culturas”. Editorial Gedisa. Duodécima reimpresión 2003, Barcelona

4 Thompson, J. (1998) “Ideología y cultura moderna. Teoría Crítica social en la era de la comunicación de masas”. UAM-Xochimilco. México

5 http://dle.rae.es/?id=9GEVVQS

6 Ley Federal de Cinematografía. Última reforma publicada DOF 17-12-2015.

7 Óp. Cit.

8 Gaceta Parlamentaria, año XV, número 3612-III, jueves 27 de septiembre de 2012.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2019.— Diputado Mario Ismael Moreno Gil (rúbrica).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada María Eugenia Hernández Pérez:Buenas tardes a mis compañeras diputadas y diputados presentes. Con su venia, señora diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada María Eugenia Hernández Pérez: La presente iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, para establecer que los municipios tendrán a su cargo, entre otras actividades, la prestación del servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos, garantizando la protección al medio ambiente y la reducción de su impacto en el cambio climático.

Entendemos a los servicios públicos municipales como todas aquellas actividades que realiza el ayuntamiento de manera uniforme y continua para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, y a estas acciones corresponden las de agua potable, alcantarillado, alumbrado, limpia, entre otras.

La importancia de los servicios públicos municipales estriba en las funciones que desempeña el ayuntamiento, ya que a través de ellos se refleja la buena marcha de la administración y se responde a las demandas planteadas por la comunidad para mejorar sus condiciones de vida.

La Constitución Política de cada entidad federativa establece que las leyes orgánicas municipales determinarán los servicios públicos que serán competencia de la administración municipal, siendo los mismos que se señalan en la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los ciudadanos evalúan el desempeño del gobierno municipal tomando como referencia inmediata la calidad o nivel de eficiencia de los servicios que presta y, por tanto, lo servicios públicos son el fin último y el medio para una estrategia de imagen gubernamental.

Entonces, el desempeño de una administración municipal se puede conocer por la cantidad y calidad de los servicios públicos prestados, ya que mediante estos el gobierno muestra su función ante los habitantes, y por ello, la planeación, continuidad y permanencia, uniformidad, igualdad, así como la capacidad para generar adecuaciones y modernización de los servicios públicos, son las características de todos los servicios públicos fundamentales.

De acuerdo a la información publicada por el Inegi en 2018, de un total de 2 mil 458 municipios y alcaldías de la Ciudad de México, en 2 mil 11 se efectúa el servicio de recolección como disposición final de residuos. Sin embargo, esos datos no especifican cómo se lleva a cabo este proceso, puesto que no se precisa si este se efectúa en un tiradero a cielo abierto, formal y realmente adicionado para ello y con la sanción regulatoria de la autoridad, o en tiraderos clandestinos ubicados en lotes baldíos, arroyos, ríos, barranca y hasta en áreas naturales protegidas, tal y como sucede en el municipio de Ecatepec de Morelos, donde se ubica el parque estatal Sierra de Guadalupe y en donde el servicio de recolección de estos residuos se da muy poquito con el apoyo municipal y más por la cuestión de concesiones.

Lo que se propone en esta iniciativa es que el servicio de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, que por mandato constitucional ya prestan los municipios, se fortalezca con el mandato explícito de que garanticen la protección al medio ambiente.

Cabe señalar que la reforma que se plantea al artículo 115 constitucional está en sintonía y continuidad con la reforma de 1999, que establece la vinculación e interacción entre desarrollo y reducción de los impactos al cambio climático.

Con esta iniciativa se busca actualizar el servicio municipal de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final.

Soy diputada federal, represento al distrito 11 de Ecatepec, por lo tanto quiero que ustedes nos apoyen finalmente con este Grupo Parlamentario de Morena, que es fundamental que nuestras labores se centren en la protección del medio ambiente, pues es el único lugar que tenemos para vivir y en ello la ineludible responsabilidad con nuestra población para dotar de todos los mecanismos y herramientas a los municipios del país para heredar a las próximas generaciones una cultura de amor y responsabilidad, garantizando no solo la protección al medio ambiente, sino también la reducción de los impactos al cambio climático.

Hagamos que nuestro país retome la vanguardia, y no por quedar bien en el entramado internacional, sino por las futuras generaciones. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Eugenia Hernández Pérez, diputada de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona al inciso c) de la fracción III del artículo 115 constitucional, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Entendemos a los servicios públicos municipales como todas aquellas actividades que realiza el ayuntamiento de manera uniforme y continua para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, y de entre estas acciones corresponden las de: agua potable, alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados, panteones, rastros, calles, parques y transportes, entre otras. La importancia de los servicios públicos municipales estriba en las funciones que desempeña el ayuntamiento, ya que a través de ellos se refleja la buena marcha de la administración y se responde a las demandas planteadas por la comunidad para mejorar sus condiciones de vida.

Su marco jurídico se sustenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; las constituciones de cada entidad federativa; la Ley Orgánica Municipal; y en los respectivos reglamentos municipales de Servicios Públicos.

En la parte dedicada al municipio libre, la constitución política de cada entidad federativa establece que las leyes orgánicas municipales determinarán los servicios públicos que serán competencia de la administración municipal, siendo éstos los mismos que establece la fracción III del artículo 115 constitucional; y esto no significa que sean los únicos servicios que el ayuntamiento deba tener a su cargo, pero si son los que se deben atender prioritariamente en un centro de población.

La evaluación del papel del gobierno municipal se realiza por la población con base en la calidad o nivel de eficiencia de los servicios que presta, por tanto los servicios públicos son el fin último y el medio para una estrategia de imagen gubernamental.

Entonces, el desempeño de una administración municipal se puede conocer por la cantidad y calidad de los servicios públicos prestados, ya que mediante éstos, el gobierno muestra su función imparcial ante los habitantes, pues son características fundamentales de los servicios, su planeación, continuidad y permanencia, uniformidad, igualdad y realizar adecuaciones o modernización para su ejecución más eficiente y eficaz.

El objeto de la presente iniciativa se centra en el servicio municipal de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. De ello, el precepto constitucional, y sus reformas han recorrido un camino importante desde 1983, que fue reformado el artículo 115 constitucional de manera sustancial para incluir en su texto, por primera vez desde su promulgación en 1917, las disposiciones relativas a la prestación de servicios públicos por parte del municipio; y entre ellos, y por ser la materia que nos ocupa, el relativo a la recolección de basura, o limpia, estableciendo en su fracción III, que los municipios “...con el concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos...”, y en su Inciso c) se dispuso el servicio de: “Limpia”.

Esa reforma se originó a razón de que, para el Poder Ejecutivo, en 1982: “...era necesario entregar o devolver al municipio todas aquellas atribuciones relacionadas con la función primordial de esta institución: el gobierno directo de la comunidad básica...”.

De igual forma, en el Senado se consideró enunciar de manera precisa los servicios públicos que quedaron a cargo de los municipios, pues de esta manera liquidaban “... la inseguridad e indeterminación de los mismos, debido a que propiciaba deficiencia o retardo en su prestación, en detrimento de los habitantes y del mismo aspecto físico de las localidades...”.

Posteriormente, en 1999, y en consonancia con los nuevos paradigmas conceptuales de agenda pública y de la gobernanza, tales como la vinculación o interacción entre el desarrollo, el medio ambiente, los derechos humanos y la salud pública, se presentó otro proyecto legislativo para reformar nuevamente el artículo 115, que permitió que, en el caso específico de algunos de los servicios públicos municipales, enunciados de forma escueta en la reforma del ’83, fuesen definidos de una manera más amplia y precisa, acorde con los nuevas propuestas teóricas y analíticas; y de ello, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de reforma en los incisos a) y c):

“III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

...

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;...”

Como se podrá observar, la denominación del servicio de limpia, sobre todo al referirse a conceptos tales como tratamiento y disposición de aguas residuales y tratamiento y disposición final de residuos, propició avances en los marcos normativos como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, promulgada en enero de 1988 y con modificaciones sustanciales en diciembre de 1996, ordenamiento fundamental en la nueva visión, puesto que estableció el régimen de concurrencia en los asuntos concernientes al equilibrio ecológico y la protección al ambiente, llevando la cuestión ecológica al terreno municipal, al definir las atribuciones y los ámbitos de responsabilidad de los municipios en varios de sus artículos, a saber:

Artículo 8o. Corresponden a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

...

IV. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley;

...

IX. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales, siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación o a los Estados en la presente Ley;

Artículo 10. ...

Los ayuntamientos, por su parte, dictarán los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que correspondan, para que, en sus respectivas circunscripciones, se cumplan las previsiones del presente ordenamiento.

...

Artículo 137. Queda sujeto a la autorización de los municipios o de la Ciudad de México, conforme a sus leyes locales en la materia y a las normas oficiales mexicanas que resulten aplicables, el funcionamiento de los sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales.Párrafo reformado DOF 19-01-2018

La Secretaría expedirá las normas a que deberán sujetarse los sitios, el diseño, la construcción y la operación de las instalaciones destinadas a la disposición final de residuos sólidos municipales. Artículo reformado DOF 13-12-1996”.

En la revisión del proceso evolutivo que se ha experimentado para definir y describir lo que originalmente se denominó como el servicio de limpia, hasta llegar a la comprensión actual en la que se le considera como una actividad fundamental para el medio ambiente y la salud pública, no resulta adecuado omitir lo que quizá consista su punto más alto en términos normativos, que lo constituye la promulgación de dos Leyes en el transcurso de los últimos veinte años: la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003; y la Ley General de Cambio Climático, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012. Donde la primera de ellas complementa, amplía y precisa algunos de los temas que aproximadamente 15 años atrás, había empezado a abordar la Ley del Equilibrio Ecológico y es uno de los vértices sobre los que se sustenta la presente Iniciativa, pues plantea una nueva definición del servicio de limpia, al referirse a éste de la siguiente forma:

“Prestar, por sí o a través de gestores, el servicio público de manejo integral de residuos sólidos urbanos...”

Otra aportación fundamental de esta ley, consiste en promover los principios de valorización y de manejo integral de los residuos sólidos urbanos, con los que se profundiza el cambio conceptual que proviene de la innovación tecnológica y de la preocupación por un medio ambiente sano.

El sustento de estos principios tiene que ver con una manera diametralmente diferente de abordar el asunto de la basura, puesto que ahora de lo que se trata es de no emplear el término “basura”, ya que evoca inmediatamente a un desperdicio inservible; antes bien, se sugiere la denominación “residuos” por las implicaciones de un posible aprovechamiento de los subproductos que en estos están inmersos; así entonces, visto de este modo, la nueva concepción de los desechos apunta que los residuos sólidos, son residuos de cosas materiales que estaban en el proceso de convertirse o ya se convirtieron en útiles.

En consecuencia, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos describe el principio de valorización como: un proceso cuyo objetivo es recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos, mediante su reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y económica.

En cuanto al manejo integral de los residuos sólidos, consiste en la realización de “actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social; ...”

Por su parte, la Ley de Cambio Climático, en cuanto al manejo de los residuos sólidos municipales establece:

Artículo 9o. Corresponde a los municipios, las siguientes atribuciones:

I. Formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de cambio climático en concordancia con la política nacional y estatal;

II. Formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional, el Programa, el Programa estatal en materia de cambio climático y con las leyes aplicables, en las siguientes materias:

a) Prestación del servicio de agua potable y saneamiento;

b) Ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano;

c) Recursos naturales y protección al ambiente de su competencia;

d) Protección civil;

e) Manejo de residuos sólidos municipales;

...

Los municipios, con acuerdo de sus ayuntamientos podrán coordinarse y/o asociarse para una eficiente implementación de las disposiciones previstas en este artículo.”

No obstante los enormes avances que ha habido tanto en la norma suprema como en las diversas leyes secundarias, con relación a los residuos sólidos urbanos y su interacción con el medio ambiente y el cambio climático, así como el diseño y aplicación de políticas públicas y de nuevas instituciones en tales asuntos, para los gobiernos locales representa un reto lograr el cumplimiento de las diversas disposiciones, generando riesgos importante que implican deterioro del medio ambiente y la salud pública de su población.

En general, en nuestro país el servicio público de manejo integral de residuos sólidos urbanos continúa realizándose de forma anticuada, anacrónica y obsoleta tecnológicamente hablando; y puede considerarse como irregular en el ámbito normativo con el medio ambiente y la salud pública.

De acuerdo a información publicada por el Inegi, en 2018, de un total de 2 mil 458 municipios y alcaldías de Ciudad de México, en 2 mil 211 se efectúa el servicio de recolección como disposición final de residuos; sin embargo, estos datos no especifican cómo se lleva a cabo este proceso, puesto que no se precisa si éste se efectúa en un tiradero a cielo abierto, formal y realmente acondicionado para ello y con la sanción regulatoria de la autoridad, o en “tiraderos clandestinos” ubicados en lotes baldíos, arroyos, ríos, barrancas y hasta en áreas naturales protegidas, tal y como sucede en el municipio de Ecatepec de Morelos, donde se ubica el parque estatal Sierra de Guadalupe.

Al profundizar en el análisis de la información que el Inegi proporciona sobre los municipios y el servicio de limpia, se descubre que sólo en 158 municipios, es decir, el 6 por ciento de los municipios del país, se efectúa la recolección de forma selectiva desde el origen, en tanto que en la gran mayoría se lleva a cabo sin ningún proceso previo de separación.

Otro atraso tecnológico del servicio de limpia, es que sólo en 62 municipios -en los que se ubica apenas el 15.3 por ciento de la población nacional- se envían los residuos a plantas de tratamiento. Es decir que resulta mínimo el número de municipios con acceso a un servicio loable con la naturaleza y con los seres vivos.

Asimismo, el costo económico derivado de la contaminación del suelo por los residuos sólidos, en el año de 2017 se estimó en aproximadamente 70 mil 970 millones de pesos, lo que representó el 0.3 por ciento del PIB de dicho año. En tanto que la contaminación del agua por descargas de agua residual y/o por la presencia de residuos sólidos fue de 41 mil 561 millones de pesos, que significó el 0.2 por ciento del PIB del mismo año.

En este orden de ideas, nuestro país enfrenta, además de los enormes desafíos en los ámbitos de la seguridad pública, el combate a la corrupción, a la desigualdad y la pobreza, el reto de convertir la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en una verdadera política de Estado, antes de que se agraven los problemas y las consecuencias al no hacerlo.

En un estudio publicado recientemente por el Banco Mundial se señaló que “los gases de efecto invernadero provenientes de los desechos son un factor fundamental que contribuye al cambio climático. En 2016, el 5 por ciento de las emisiones mundiales provenían de la gestión de los desechos sólidos, sin incluir el transporte.”

En aras de enfrentar y atender este trascendental asunto de política pública, la presente iniciativa tiene como objetivo elevar a rango constitucional la garantía a la protección del medio ambiente y su impacto en el cambio climático, y con ello, mejorar las condiciones del manejo de los residuos sólidos, aunado a detener las afectaciones tanto al medio ambiente, como a la salud pública y a prevenir más daños a la población. Además, es de considerarse necesario armonizar las disposiciones de las leyes generales, secundarias, estatales y reglamentos municipales en cuanto al servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona al inciso c) de la fracción III del artículo 115 constitucional

Artículo Único. Se reforma y adiciona al inciso c) de la fracción III del artículo 115 constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. a II...

III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) a b) ...

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, garantizando la protección al medio ambiente y la reducción de su impacto en el cambio climático.

d) ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de laFederación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: María Eugenia Hernández Pérez, Alberto Villa Villegas, Alfonso Ramírez Cuellar, Ana Lilia Guillén Quiroz, Arturo Roberto Hernández Tapia, Beatriz Dominga Pérez López, Beatriz Rojas Martínez, Claudia Elena Lastra Muñoz, Delfino López Aparicio, Dionicia Vázquez García, Ediltrudis Rodríguez Arellano, Edith Marisol Mercado Torres, Emeteria Claudia Martínez Aguilar, Emilio Manzanilla Téllez, Eraclio Rodríguez Gómez, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Felipe Rafael Arvizu de la Luz, Flor Ivone Morales Miranda, Francisco Favela Peñuñuri, Geraldina Isabel Herrera Vega, Gregorio Efraín Espadas Méndez, Guadalupe Ramos Sotelo, Gustavo Contreras Montes, Irma Juan Carlos, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Javier Ariel Hidalgo Ponce, José Guillermo Aréchiga Santamaría, Juan Enrique Farrera Esponda, Juan Pablo Sánchez Rodríguez, Juana Carrillo Luna, Julieta Kristal Vences Valencia, Laura Patricia Avalos Magaña, Leticia Arlett Aguilar Molina, Leticia Díaz Aguilar, Lidia García Anaya, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, Lucía Flores Olivo, Lucio Ernesto Palacios Cordero, Manuel Huerta Martínez, Marco Antonio González Reyes, Marco Antonio Reyes Colín, María Beatriz López Chávez, María de Jesús García Guardado, María de los Ángeles Huerta del Río, María del Carmen Bautista Peláez, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, María Guadalupe Román Ávila, María Isabel Alfaro Morales, María Marivel Solís Barrera, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, Mario Delgado Carrillo, Martha Robles Ortiz, Maximino Alejandro Candelario, Mildred Concepción Avila Vera, Miroslava Carrillo Martínez, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Oscar Rafael Novella Macías, Pablo Gómez Álvarez, Patricia del Carmen de la Cruz Delucio, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Rodrigo Calderón Salas, Rosalba Valencia Cruz, Samuel Herrera Chávez, Sandra Simey Olvera Bautista, Silvano Garay Ulloa, Socorro Bahena Jiménez, Susana Cano González (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.



CÓDIGO PENAL FEDERAL

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 343 Bis del Código Penal Federal.

La diputada María del Carmen Bautista Peláez:Muy buenos días, compañeras diputadas, compañeros diputados. Con su permiso, diputada presidenta. A los medios de comunicación y a quien nos ven por medio del Canal del Congreso.

La preocupación internacional por la violencia, sus causas y consecuencias, tanto para el bienestar de las personas como para el desarrollo de las sociedades y naciones ha aumentado considerablemente en los últimos años. Aunque es necesario reconocer que a esta preocupación no ha correspondido una disminución de la violencia en el mundo, sino la persistencia y, en algunos casos, el aumento de la misma.

México no es la excepción y basta con ver los noticieros y periódicos, donde menciona cómo se ha incrementado la violencia hacia la mujer y también la violencia intrafamiliar.

De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1 por ciento, 30.7 millones, ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida; 43.9 por ciento ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última, a lo largo de su relación, y 53.1 por ciento sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja.

Los resultados de la última encuesta levantada por el Inegi, a finales del 2016, permiten determinar la prevalencia de la violencia entre las mujeres de 15 años y más.

A partir de esto se observa que la violencia contra las mujeres es un problema de gran dimensión y una práctica social extendida en todo el país, puesto que 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más residentes en el país han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, ya sea emocional, física, sexual, económica, o patrimonial.

El estado de Oaxaca se encuentra entre uno de los estados que sufre de violencia intrafamiliar. En la región de La Costa, de cada 10 delitos, 8 son por causa de violencia intrafamiliar.

La violencia intrafamiliar es una forma de discriminación y vulneración a los derechos humanos. Asimismo, causa perjuicio a las familias durante generaciones, empobrece a las comunidades y refuerza otras formas de violencia en las sociedades.

Es por eso que en Morena estamos absolutamente convencidos de que, si aumentamos la punición a la violencia intrafamiliar, comenzará una baja en el índice de violencia y, de esta forma, tendremos una mejor sociedad.

Por ello presento ante esta honorable soberanía proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones al artículo 343 del Código Penal, se reforma el párrafo segundo y se adiciona un párrafo tercero al 343 del Código Penal, quedando así:

Comete el delito de violencia intrafamiliar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, algunas personas con las que se encuentre o haya estado unidad por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato o una relación de pareja dentro o fuera del dominio familiar.

A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de 12 meses a seis años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia, así como también la guardia y custodia, tratándose de menores.

En el supuesto de violencia familiar hacia una mujer por agresión física, se le impondrá de tres a seis años de prisión. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado.

Lo anteriormente expuesto es con el objeto de aumentar la punición en los supuestos en los que se presente violencia intrafamiliar directamente hacia una mujer. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 343 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena

María del Carmen Bautista Peláez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 343 Bis del Código Penal Federal.

Planteamiento del problema

La preocupación internacional por la violencia, sus causas y consecuencias, tanto para el bienestar de las personas como para el desarrollo de las sociedades y naciones, ha aumentado considerablemente en los últimos años. Aunque es necesario reconocer que a esta preocupación no ha correspondido una disminución de la violencia en el mundo, sino la persistencia y en algunos casos el aumento de la misma. México no es la excepción, y basta con ver los noticieros y periódicos, donde mencionan como ha incrementado la violencia hacia la mujer, y también la violencia intrafamiliar.

La Organización Mundial de la Salud define violencia como “ el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

• De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1 por ciento (30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en la vida.

• 43.9 por ciento ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación y 53.1 sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja.

Entre 2014 y 2016, presentaron las tasas más altas en homicidios de mujeres Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.

Los resultados de la última encuesta levantada por el Inegi a finales de 2016 permiten determinar la prevalencia de la violencia entre las mujeres de 15 años y más. A partir de esta información se observa que la violencia contra las mujeres es un problema de gran dimensión y una práctica social extendida en todo el país, puesto que 66 de cada 100 mujeres de 15 años y más, residentes en el país, ha experimentado al menos un acto de violencia de cualquier tipo, ya sea emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral, misma que ha sido ejercida por diferentes agresores, sea la pareja, el esposo o novio, algún familiar, compañero de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral o bien por , amigos, vecinos o personas conocidas o extrañas.


Oaxaca se encuentra entre los estados que sufren de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es una forma de discriminación y vulneración a los derechos humanos, asimismo causa perjuicio a las familias durante generaciones, empobrece a las comunidades y refuerza otras formas de violencia en las sociedades.

Por eso, en Morena estamos absolutamente convencidos de que si aumentamos la punición a la violencia intrafamiliar, comenzará una baja en el índice de violencia, y de esta forma tendremos una sociedad más sana, porque si bien es cierto que el núcleo de la sociedad proviene del hogar, de la enseñanza en casa sobre los valores y el respeto mutuo.


Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones al artículo 343 Bis del Código Penal Federal

Único.Se reforma el párrafo segundo y se adiciona uno tercero al artículo 343 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 343 Bis. Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar.

A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de doce meses a seis años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia , así como también la guardia y custodia (tratándose de menores).

En el supuesto de violencia familiar hacia una mujer por agresión física, se le impondrán de tres a seis años de prisión.Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/ InformeNalsobreViolenciaySalud.pdf0

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/ violencia2017_Nal.pdf

Palacio Legislativo del Congreso de la Unión. Ciudad de México, a 12 de febrero de 2019.— Diputadas: María del Carmen Bautista Peláez, Dolores Padierna Luna, Elba Lorena Torres Díaz (rúbricas).»

Presidencia del diputado Porfirio Muñoz Ledo

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.

DICTÁMENES CON PUNTOS DE ACUERDO A DISCUSIÓN



CONMEMORACIÓN DE LOS 500 AÑOS DEL ESTABLECIMIENTO DEL MUNICIPIO EN MÉXICO

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas instituciones a contribuir a la conmemoración de los 500 años del establecimiento del municipio de México.

La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: «Dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con puntos de acuerdo para exhortar a diversas instituciones a contribuir a la conmemoración de los 500 años del establecimiento del municipio en México

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación y Población, le fue turnada, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a la Conmemoración de los 500 años de la Fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz, presentada y suscrita por el diputado Ricardo Aguilar Castillo, integrante del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional, por lo que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

A fin de cumplir con lo dispuesto en los artículos 85 y 176 del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta comisión, encargada del análisis y dictamen de los artículos en comento, desarrolló sus trabajos conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado denominado “Fundamento” se enuncian las disposiciones normativas que determinan la función, facultades y atribuciones de esta comisión dictaminadora.

II. En el apartado denominado “Antecedente Legislativo” se da cuenta del trámite dado a la Proposición con Punto de Acuerdo, materia del presente dictamen, cuyo turno recayó en esta Comisión.

III. En el apartado denominado “Contenido de la Propuesta” se transcriben los argumentos que fundan la petición de la promovente.

IV. En el apartado denominado “Consideraciones”, se determina el sentido del presente dictamen y los integrantes de este órgano colegiado expresan razonamientos y argumentos referentes a la viabilidad, oportunidad y necesidad de cada porción normativa.

I. Fundamento

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80,85,157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Gobernación y Población se considera competente para emitir el presente dictamen, por lo que en ejercicio de sus funciones se avocó al análisis, discusión y valoración de la propuesta referida en el apartado siguiente.

II. Antecedente Legislativo.

En la sesión ordinaria celebrada el 23 de octubre de 2018, el diputado Ricardo Aguilar Castillo, integrante del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo, a efecto de exhortar a diversas instituciones a contribuir a la conmemoración de los 500 años del establecimiento del municipio en México.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición, para su análisis y dictamen, a esta Comisión de Gobernación y Población.

III. Contenido de la Propuesta

De acuerdo al Legislador promovente, el municipio representa la organización básica del Estado mexicano y es la institución más antigua de América. Históricamente, el primer municipio fue creado en la Villa Rica de la Vera Cruz, el 22 de abril de 1519. No obstante, fue en 1573 cuando el Rey Felipe II le dio sustento jurídico por medio de las leyes de descubrimiento, población y planificación denominadas “Indias”, consolidando así la estructura política-administrativa básica de la organización del pueblo mexicano.

Expone que el concepto de municipio proviene del latín y se compone de dos locuciones: el sustantivo munus que se relaciona a cargas u obligaciones, tareas y oficios, además del verbo capere que se refiere a hacerse cargo de algo o asumir ciertas cosas. De la conjunción de estas dos palabras, surge el término municipium que etimológicamente se relaciona a las ciudades en donde los ciudadanos toman para sí, las cargas y se atienden los asuntos y servicios locales de las comunidades.

Asimismo, menciona que el diccionario jurídico, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México define al municipio como la “organización político-administrativa que sirve de base a la división territorial y organización de los estados, miembros de la federación”. La finalidad de esta organización social es mantener el ejercicio de las funciones públicas dadas por razones de intereses comunes. Entre sus fines se encuentra la prestación de los servicios públicos tutelados por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el agua potable, panteones, drenaje y limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

En este orden de ideas, comenta que actualmente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen 2 mil 458 municipios, en donde la entidad federativa con el mayor número de municipios es el estado de Oaxaca con 570 y los de menor cantidad son Baja California y Baja California Sur con tan sólo 5.

Por lo que, según datos del Sistema Nacional de Información Municipal las demarcaciones de Iztapalapa, Ecatepec de Morelos, Tijuana, Puebla, Guadalajara, León, Juárez, Zapopan, Gustavo A. Madero y Monterrey son los municipios y alcaldías más poblados del país. A su vez, entre los municipios con mayor grado de marginación son Cochoapa el Grande en Guerrero, Batopilas en Chihuahua y San Juan Petlapa en el estado de Oaxaca.

El diputado promovente señala que, si bien el sistema municipal ha evolucionado, éste continúa siendo el eje fundamental de la estructura política de México, de ahí que, en aras del fortalecimiento del federalismo, se han presentado avances significativos para satisfacer sus fines y las necesidades de sus integrantes. Para ello, se han realizado modificaciones a su estructura financiera, se ha fortalecido su hacienda municipal y se le dotó de plena autonomía jurídica, financiera y de gestión.

Comenta que, como bien lo advierte ONU Hábitat, el desarrollo de las ciudades, la planeación urbana y los servicios básicos son responsabilidades de las autoridades municipales, de ahí la importancia de este organismo político y administrativo.

Así, el municipio mexicano es la base de nuestra sociedad pluriétnica y multicultural. Es en esta demarcación en donde se consolida la sociedad mexicana y de ahí su importancia como parte de la organización federal.

Es precisamente por tales motivos que en el marco de la conmemoración de los 500 años del establecimiento de esta institución, se considera importante reconocer su gran tradición histórica y sus aportaciones en el desarrollo de las estructuras del Estado, de ahí que se proponga:

• Se ponga en circulación una estampilla por parte del Servicio Postal Mexicano, en la cual haga énfasis a la relevancia del municipio como pieza elemental para el crecimiento y prosperidad de la nación. Ello a fin de garantizar que la celebración no sólo sea reconocida en México, sino también en las demás naciones del mundo.

• Que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública emita un billete de lotería en el marco de los 500 años del establecimiento del municipio en México, a celebrarse en 2019. Con estas acciones, haremos un justo reconocimiento al municipio como base política de nuestra libertad y orden de gobierno más cercano al ciudadano.

El régimen republicano, representativo y democrático de nuestro país, presenta su unidad básica en los municipios, de ahí la relevancia del presente instrumento legislativo que tiene la finalidad de promover y difundir su relevancia en el desarrollo social de la sociedad mexicana.

IV. Consideraciones

Esta comisión dictaminadora considera viable y oportuna la reforma propuesta en la iniciativa bajo análisis, de conformidad con los siguientes razonamientos:

1. Que durante la tercera reunión ordinaria de esta Comisión de Gobernación y Población, celebrada el día 12 de diciembre del presente, se aprobó la iniciativa con proyecto de decreto que declara al 2019 como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”, y que en el debate relativo a dicho proyecto, el diputado Ricardo Aguilar Castillo, expuso su preocupación de que tal aprobación dejara sin materia la propuesta de mérito y expuso la oportunidad de aprobarla con modificaciones.

2. Que la emisión de estampillas postales ha resultado un medio idóneo para conmemorar hechos históricos de trascendencia nacional e internacional, dar amplia difusión a eventos que tienden a la unión de los pueblos y la paz universal, así como dar a conocer las bellezas artísticas, arqueológicas y las de orden natural que sean parte de la cultura y de la civilización en general.

Que el servicio público de correos, como actividad estratégica a cargo del Estado favorece el conocimiento de los valores culturales, sociales y cívicos de nuestro país, además de promover la comunicación entre los mexicanos.

3. Que tradicionalmente, los sellos y estampillas postales atestiguan la historia de cada Estado mediante la representación cartografías, reproducciones de obras artísticas, alusiones a obras literarias, imágenes de personajes relevantes o representaciones de hechos trascendentes, convirtiéndose en objetos apreciados, no por su valor facial o nominal, sino por su interés filatélico, llegándose a considerar verdaderas piezas de arte que pueden alcanzar valores elevados, precisamente por ser expresión de la identidad nacional.

4. La conmemoración de los 500 años del establecimiento del municipio en México es un hecho histórico relevante, por lo que se considera viable emitir una estampilla de este acontecimiento de gran trascendencia.

5. Que se considera viable la emisión de un billete de lotería conmemorativo de los 500 años del establecimiento del municipio en México, ya que este tiene como objeto resaltar acontecimientos que han impactado positivamente a México. De manera similar a lo considerado en los puntos anteriores, en México, los billetes de lotería guardan testimonio de acontecimientos nacionales relevantes o rinden homenaje a personas o situaciones que forman parte de la identidad nacional, por lo que la emisión de un billete de lotería alusivo a la conmemoración de los 500 años del establecimiento del municipio en México, constituye una forma adecuada de evocar la base de organización política nacional.

Por todo lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Honorable Pleno de esta H. Cámara de Diputados, la Proposición con Punto de acuerdo en estudio en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que, mediante decreto, a más tardar el 22 de abril de 2019, emita una estampilla postal conmemorativa de los 500 años del establecimiento del municipio en México.

Segundo. Se exhorta al titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a que, a más tardar el 22 de abril de 2019, expida un billete de lotería conmemorativo de los 500 años del establecimiento del municipio en México.

Tercero. La Cámara de Diputados, autorizará crear una placa conmemorativa con motivo de los 500 años del establecimiento del municipio en México, con las características que determine la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados y colocarla en la plaza cívica de este Recinto Legislativo.

Así lo acordaron las diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Población, en su tercera reunión ordinaria, celebrada en las instalaciones de este Palacio Legislativo de San Lázaro.

La Comisión de Gobernación y Población, diputados: Rocío Barrera Badillo (rúbrica), presidenta; Sandra Paola González Castañeda (rúbrica), Araceli Ocampo Manzanares (rúbrica), Jaime Humberto Pérez Bernabe (rúbrica), Beatriz Dominga Pérez López, Jorge Ángel Sibaja Mendoza (rúbrica), Jorge Arturo Espadas Galván (rúbrica), Felipe Fernando Macías Olvera (rúbrica), Luis Enrique Miranda Nava (rúbrica), Vicente Alberto Onofre Vázquez, Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Marco Antonio Gómez Alcántar (rúbrica), secretarios; Ricardo Aguilar Castillo (rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Ivonne Liliana Álvarez García, Marina del Pilar Ávila Olmeda (rúbrica), Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica), Flora Tania Cruz Santos (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), Roberto Ángel Domínguez Rodríguez (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Lizeth Amayani Guerra Méndez (rúbrica), César Agustín Hernández Pérez (rúbrica), Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses, Alma Delia Navarrete Rivera (rúbrica), José Ángel Pérez Hernández (rúbrica), Carmen Julia Prudencio González (rúbrica), Valentín Reyes López, Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Luis Fernando Salazar Fernández, María Lucero Saldaña Pérez (rúbrica).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, para fundamentar el dictamen, el diputado Ricardo Aguilar Castillo, hasta por cinco minutos.

El diputado Ricardo Aguilar Castillo:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, de manera institucional e impersonal, acudo a esta asamblea para presentar, a nombre de la Comisión de Gobernación y Población el dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas instituciones a contribuir a la conmemoración de los 500 años del establecimiento del municipio en México.

A medio siglo de su fundación, el municipio es una de las instituciones que más ha evolucionado y se ha adaptado a las necesidades de la población. Debido a ello, continúa siendo la base elemental de nuestra República libre e independiente.

Hoy México cuenta con 2 mil 458 municipios en sus 32 entidades federativas, los cuales reflejan nuestra identidad como nación multiétnica, multicultural y multilingüística.

El municipio mexicano tiene su antecedente en el Calpulli, el cual fue considerado como la base de la estructura social azteca y organización política que desempeñaba funciones económicas, sociales y hasta militares.

El primer ayuntamiento en nuestro país se instaló en la Villa Rica de la Veracruz, el 22 de abril de 1519, y se consolidó como la división político–administrativa del Estado que, hasta nuestros días, constituye el pilar de la división territorial y organización de los Estados miembros de la federación, de ahí la trascendencia de este dictamen.

Desde su creación hasta nuestros días, el municipio ha sido fundamental en la administración de la función pública y en la prestación de los servicios básicos como agua potable, alumbrado público, limpia, mercado, recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.

No obstante, por ser el orden de gobierno más próximo a la ciudadanía, es clave para impulsar un desarrollo efectivo, inclusivo, sostenible, pero también para estimular la participación de la ciudadanía en la solución de problemáticas comunes tales como la pobreza, el hambre y la exclusión social.

Por esta relevancia, la Organización de las Naciones Unidas ha identificado el municipio como pieza fundamental para el desarrollo de las ciudades y la planeación urbana, así como la promoción de la paz y el elemento toral de la promoción para el desarrollo sustentable y sostenible.

La OCDE ha asegurado en diversos estudios que acrecentar las capacidades administrativas y de gestión contribuirá al crecimiento de las regiones, a través de una mayor competitividad, promoverá la creación de infraestructura productiva y social, pero principalmente, mejorará la calidad de vida de las familias.

Existe una relación directa entre el desarrollo municipal y la gobernabilidad democrática.

En nuestros municipios se están gestando procesos nuevos de gobierno sobre la base de una sociedad más participativa y colaborativa. Estos procesos están dando como resultado decisiones orientadas a estimular, desde una perspectiva más horizontal y concertada, procesos de solución a problemas públicos locales.

Compañeras y compañeros legisladores, por sus aportes a la nación, es necesario rendir un justo reconocimiento a la fundación del municipio, dejando clara no solo su contribución al desarrollo del país. sino también su aportación a nuestro federalismo y división territorial.

Para festejar los primeros 500 años del establecimiento del municipio en México, se propone exhortar de manera respetuosa al titular del Ejecutivo federal para que, a través de un decreto presidencial, se emita una estampilla conmemorativa que destaque el valor y contribución política, social e histórica de esta institución en nuestro país.

No tenemos duda de que el trabajo del Servicio Social Mexicano contribuirá a fomentar los valores cívicos y sociales que giran en torno al municipio. También el dictamen propone la circulación de un billete de lotería que dará testimonio de la vigencia del municipio, y con ello se rendirá homenaje a las mujeres y hombres que, desde su fundación, contribuyeron a consolidarlo como pieza indispensable de una nación justa, libre y democrática.

Para cumplir el objetivo anterior, se pone a consideración de esta asamblea realizar un exhorto al titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Y finalmente, como parte de estos festejos, también se propone colocar en la Plaza Cívica del recinto legislativo una placa alusiva que nos recuerde este acontecimiento, que forma parte de nuestra identidad nacional y, por su relevancia, es la base de la organización política nacional.

El municipio mexicano, señores diputados, ha sido testigo de las luchas por la paridad de género, por la apertura de más espacios de participación para las mujeres y los jóvenes, pero también del fortalecimiento de nuestro federalismo como una nación libre y democrática. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Gracias. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Suficientemente discutido.Consulte la secretaría, en votación económica, si se aprueba.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado. Comuníquese.



CONMEMORACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD Y PUERTO DE VERACRUZ

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con puntos de acuerdo relativos a la conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: «Dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con puntos de acuerdo relativos a la conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación y Población, le fue turnada, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a la Conmemoración de los 500 años de la Fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz, presentada y suscrita por la diputada Mariana Dunyska García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por lo que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN

A fin de cumplir con lo dispuesto en los artículos 85 y 176 del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta comisión, encargada del análisis y dictamen de los artículos en comento, desarrolló sus trabajos conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado denominado “Fundamento” se enuncian las disposiciones normativas que determinan la función, facultades y atribuciones de esta Comisión Dictaminadora.

II. En el apartado denominado “Antecedente Legislativo” se da cuenta del trámite dado a la Proposición con Punto de Acuerdo, materia del presente dictamen, cuyo turno recayó en esta Comisión.

III. En el apartado denominado “Contenido de la Propuesta” se transcriben los argumentos que fundan la petición de la promovente.

IV. En el apartado denominado “Consideraciones”, se determina el sentido del presente dictamen y los integrantes de este órgano colegiado expresan razonamientos y argumentos referentes a la viabilidad, oportunidad y necesidad de cada porción normativa.

I. Fundamento

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Gobernación y Población se considera competente para emitir el presente dictamen, por lo que en ejercicio de sus funciones se avocó al análisis, discusión y valoración de la propuesta referida en el apartado siguiente.

II. Antecedente Legislativo.

En la sesión ordinaria celebrada el 18 de octubre de 2018, la diputada Mariana Dunyska García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo relativo a emitir una estampilla postal, a expedir un billete de lotería y una moneda conmemorativa con motivo de “los 500 años de la fundación de la Ciudad y puerto de Veracruz”.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición, para su análisis y dictamen, a esta Comisión de Gobernación y Población.

III. Contenido de la Propuesta.

La diputada promovente señala que la Villa Rica de la Veracruz fue el primer municipio constituido en América continental, fundado por el capitán español Hernán Cortés el 22 de abril de 1519, es por ello que expone que Veracruz fue durante el periodo colonial español el puerto más importante del Atlántico y formaba parte estratégica del sistema de ciudades amuralladas que controlaban el tráfico de mercancías desde y hacia España, por este motivo, su importancia no fue solo mercantil, sino también militar.

En este sentido, menciona que la importancia de este puerto es medular, pues por él llegaron los primeros frailes franciscanos que comenzarían la ardua tarea de evangelizar a este gran territorio, también por aquí llegaron todos los virreyes y personajes importantes de la época colonial, así como los libre pensadores y viajeros que traían las ideas liberales del siglo XVII; fue el puerto de entrada de cientos de miles de personas que venían tras el sueño americano de un mejor futuro.

La Legisladora, expone que Veracruz es la única ciudad que ha sido testigo de todos los aconteceres de la historia nacional: El inicio de la Conquista en 1519; la consumación de la Independencia con la rendición de la fortaleza de San Juan de Ulúa el 23 de noviembre de 1825; la primera intervención francesa en 1833; la primera invasión americana de 1847; la expedición y promulgación de las Leyes de Reforma por don Benito Juárez; la segunda intervención francesa de 1862 y la segunda invasión estadounidense en 1914. Otro hecho de suma importancia fue la promulgación de la Ley Agraria el 6 de enero de 1915, por Venustiano Carranza.

Ha sido declarada dos veces capital de nación: la primera, con Benito Juárez, de 1857 a 1859; y la segunda, con Venustiano Carranza, de 1914 a 1915; algunas de estas situaciones la llevaron a ser merecedora del título de: “Cuatro Veces Heroica”, único municipio mexicano que ostenta tal reconocimiento por decreto presidencial.1 Así, el próximo 22 de abril de 2019 se conmemorarán los 500 años de la fundación de esta extraordinaria ciudad y puerto, haciéndose aún más visible su ya conocida belleza y trascendencia histórica, social, política y comercial; es muy importante darnos cuenta que lo que la historia nos muestra no sólo se trata de celebrar la fundación de Veracruz, se trata pues de celebrar nuestros primeros 500 años del concepto de nación, entendida esta identidad a partir del momento en que se fusionaron las culturas indígena y europea; aprovechemos la ocasión para asombrar al mundo con nuestra raíz precolombina.

Desde esta perspectiva, señalada por la Diputada promovente, este acontecimiento representa una gran oportunidad para construir un fenómeno social de rescate de nuestras raíces culturales, de fomentar entre nuestros connacionales el orgullo de pertenencia a nuestro País y de este modo, ensanchar nuestra identidad y afianzar nuestros lazos de unidad como mexicanos.

Por ello la Legisladora nos menciona, tenemos ante nosotros la oportunidad de destacar la grandeza cultural de nuestro país, no sólo hacia el interior, sino también hacia el exterior, pues Veracruz y México no deben ser más un referente de violencia y corrupción, la nación mexicana es mucho más que eso, tiene historia, cultura, tradiciones y una gastronomía inigualable, así como gente fuerte y llena de esperanza que ha forjado a través de los años un gran país del cual estamos orgullosos. No debemos desaprovechar una sola de las oportunidades que las páginas de la historia nos brindan para hacer notoria esta gran herencia. Por ello, es que a través del presente proyecto se propone la realización de diversas acciones para la conmemoración de este gran acontecimiento que, por su relevancia y contribución, sin duda las amerita, a saber:

• La emisión de una estampilla postal conmemorativa;

• La expedición por parte de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de un billete de lotería;

• La emisión de una moneda conmemorativa;

• La celebración de una sesión solemne en el salón de plenos de este Palacio Legislativo, y

• La celebración de un homenaje en la explanada del Palacio Legislativo.

Las acciones apuntadas permiten resaltar acontecimientos de importancia nacional y en el caso concreto, se pretende reconocer uno de suma importancia, que es la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz, un hecho que, a casi 500 años de distancia, no debe pasar desapercibido para el Estado mexicano, pues representa nuestros orígenes y el punto de partida de nuestra identidad nacional, representa nuestra historia y engendra una enorme riqueza que debe ser expuesta a México y al mundo. La mexicanidad inició en Veracruz y esto hay que celebrarlo.

IV. Consideraciones

Esta comisión dictaminadora considera viable y oportuna la reforma propuesta en la iniciativa bajo análisis, de conformidad con los siguientes razonamientos:

1. En abril de 2019 se cumplirán los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a tierras mexicanas, a las que bautizó como la Villa Rica de la Vera Cruz; localidad que se convirtió en el principal centro comercial en la costa del Golfo, y las mercancías que salían o entraban al país las supervisaba la aduana local; es por ello que, con el tiempo, este puerto se consolidó como el más importante de la Colonia de la Nueva España.

Por órdenes del rey emperador Carlos I en 1526, el puerto de Veracruz fue el único puerto autorizado para recibir la Flota de la Nueva España, por lo que la Villa Rica de la Veracruz, jugó un papel sumamente importante en el desarrollo de la Nueva España, y por ende, de toda Hispanoamérica.

En 1518 Juan de Grijalva arribó a Aculuacan, más tarde conocido como San Juan de Ulúa, y de ahí se adentró en el país a través del rio Papaloapan. Un año más tarde Hernán Cortes estableció lo que fue la primera ciudad europea en Norte América y la llamo Villa Rica de la Vera Cruz, esta ciudad fue fundada el 22 de abril de 1519 en las playas que se encontraban frente al islote de San Juan de Ulúa, llamadas Chalchihuecan.

En el año de 1525, nuevamente el asentamiento de Veracruz, fué cambiado e instalado a orillas del río Huitzilapan, sitio conocido con el nombre de la “Antigua Veracruz”, y permaneció en este lugar hasta 1600, año en que el Virrey de Monterrey se trasladó a Veracruz al lugar de su primitiva implantación, donde prevalece actualmente, decretándose el 8 de mayo de 1608 por el rey de España Felipe III como la Nueva Veracruz, otorgándole el rango de Ciudad; reconocida comúnmente por la población como la ciudad de “Tablas”, por estar sus casas construidas con este material.

Se continuó el desarrollo del puerto más importante de la Nueva España. Por ende, la ciudad fue cuna de una rica burguesía comercial y llegó a ser, para 1778, más próspera que la propia ciudad de México, para la cual Veracruz consistía igualmente un punto clave en su desarrollo.

Fue en 1786 cuando el territorio del estado recibió por primera vez el nombre de Veracruz, aunque tuvo que esperar hasta 1824, para que se asentara en la Constitución del México Independiente el nombre de: Estado Libre y Soberano de Veracruz.

Es de suma importancia el puerto, ya que es conocido como cuatro veces heroico por haber tenido lugar en él cuatro acontecimientos históricos en defensa de la soberanía de la Nación:

Primera vez. El último reducto español tomó el Castillo de San Juan de Ulúa el 26 de octubre de 1821, tras la declaratoria de Independencia Nacional. Desde ahí, el ejército español bombardeó la ciudad de Veracruz durante dieciocho días, aterrorizando no sólo a las fuerzas independentistas sino a todo los habitantes de la ciudad. Las fuerzas navales de México, lograron la capitulación de los españoles en Ulúa el 23 de noviembre de 1825. Fue casi un año más tarde que por decreto la ciudad obtuvo el primer título de Heroica, el 29 de julio de 1826.

Segunda vez. Fue el 28 de noviembre de 1838, cuando el Fuerte de San Juan de Ulúa y el puerto resistieron los ataques de la armada francesa, bajo las órdenes del contralmirante Carlos Baudín, en lo que se llamó la “Guerra de los Pasteles”. La ciudad hizo frente al ataque con dignidad y valentía, lo cual le valió el segundo título de “heroica”.

Tercera vez. El 22 de marzo de 1847, el puerto recibió una nueva embestida naval y terrestre, en esta ocasión por la escuadra norteamericana al mando del general Winfield Scott. Una vez más la ofensiva fue soportada estoicamente por toda la población, aunque la superioridad bélica del invasor terminó por imponerse sobre la maltrecha guarnición que defendía la ciudad, a la que esta acción le valió su tercer título de “heroica”.

Cuarta vez. Los días 21 y 22 de abril de 1914, todavía en época de la Revolución, el Puerto de Veracruz sufrió una nueva invasión norteamericana, la cual se enfrentó con grupos de civiles voluntarios y cadetes de la escuela naval militar que defendieron la integridad de la nación. Con este enfrentamiento, el Puerto de Veracruz consiguió su cuarto título de “heroico”.

Fue en noviembre de ese mismo año, 1914, y hasta octubre de 1915 cuando Veracruz fue una vez más capital de la República, durante el gobierno de Venustiano Carranza, y fue aquí donde se promulgaron las “leyes agrarias” y las del “municipio libre”, entre otras.

Por lo anterior y de acuerdo a textos de historia, se dice que la historia de México ha pasado a través de las angostas puertas de Veracruz, asimismo se puede destacar la importancia de la conmemoración de los 500 años de la fundación y puerto de Veracruz, suceso histórico de importancia nacional.

2. Veracruz, es también cuna de ilustres personajes que han protagonizado la vida cultural y política, que han sido protagonistas de la historia nacional, entre estos, encontramos a los siguientes:

Francisco Javier Clavijero (Puerto de Veracruz, Nueva España, 9 de septiembre de 1731- Bologna, Estados Pontificios, 2 de abril de 1787) fue un sacerdote jesuita, muy conocido por sus obras historiográficas, especialmente la Historia antigua de México, por la cual ha sido considerado uno de los precursores del indigenismo en México. 1 A grandes rasgos, podemos referirnos a su vida en dos etapas, cuyo punto de quiebre lo constituye la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767. Es uno de los principales autores de la Escuela Universalista Española del siglo XVIII.

Francisco Javier Alegre S.I. (Puerto de Veracruz, Nueva España; 12 de noviembre de 1729 - Bolonia, Estados Pontificios, 16 de agosto de 1788). Jesuita novohispano, fue un filósofo, teólogo, canonista, historiador, geógrafo, traductor, creador de obras de gran interés sobre diversos temas

Francisco del Paso y Troncoso (Veracruz, 8 de octubre de 1842 - Florencia, 30 de abril de 1916) fue un historiador mexicano, profesor de náhuatl y director del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología de la Ciudad de México en dos ocasiones (1889-1890, 1891).

Salvador Díaz Mirón (Puerto de Veracruz, Ver., 14 de diciembre de 1853 - 12 de junio de 1928), Hijo del periodista y político que fuera gobernador de su estado, Manuel Díaz Mirón, siguió los pasos de su progenitor, pero con fuerte inclinación hacia las letras, su madre fue Eufemia Ibáñez. Precursor del modernismo. Trabajó como periodista y profesor. Como político fue diputado de oposición en la época de Porfirio Díaz, a quien posteriormente apoyó, incluso en la celebración del centenario de la Independencia, donde lo alaba en un poema dedicado a Miguel Hidalgo: “su inicial grandeza (de la nación) acredita de sabia tu proeza”.

José Mancisidor Ortiz (Veracruz, Veracruz; 20 de abril de 1894 - Monterrey, Nuevo León, México; 22 de agosto de 1956) escritor, historiador y político

Adolfo Tomás Ruiz Cortines (Veracruz, Veracruz, 30 de diciembre de 1889 - ibídem, 3 de diciembre de 1973) fue un contador, militante revolucionario y político priista mexicano que se desempeñó como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el sexenio de 1952 a 1958. Fue el último presidente de México nacido en el siglo XIX.

Manuel Gutiérrez Zamora. (Veracruz, Veracruz, 24 de agosto de 1813-21 de marzo de 1861). Político y militar liberal, gobernador del Estado de Veracruz, México.

3. Veracruz ha sido y es primer municipio constituido en América Continental, 4 veces heroica, sede del primer hospital militar, sede de la primera flota naval mexicana, cuna de la fuerza aérea mexicana, cuna de la primera imprenta, cuna de la primera vacuna, cuna de la primera gran red telegráfica de México, cuna de los primeros rieles del ferrocarril, cuna del primer sistema de alumbrado público de gas, sede de la primera oficina del Registro Civil y de la emisión de la primera acta de nacimiento de una ciudad mexicana, cuna del primer cuerpo de Bomberos de México, sede de las primeras instalaciones portuarias modernas del país, la Puerta Olímpica de América, testigo del inicio de la Conquista en 1519, testigo de la proclamación de la República como única forma de gobierno en 1822, capital de la república en dos periodos de la historia del país: la consumación de la independencia con la rendición de la fortaleza de San Juan de Ulúa el 23 de noviembre de 1825; la primera intervención francesa en 1833; sufrió la primera invasión americana de 1847; sede de la expedición y promulgación de las Leyes de Reforma por Don Benito Juárez; sufrió la segunda intervención francesa de 1862, sufrió la segunda invasión Americana en 1914, y sede de la promulgación de la Ley Agraria el 6 de enero de 1915 por Venustiano Carranza, entre tantos acontecimientos históricos.

4. A lo largo de cinco siglos, Veracruz ha sido escenario de importantes hechos históricos para nuestro país:

En 1539 entra por nuestras tierras veracruzanas, la primera imprenta de lo que sería la Nueva España.

El 4 de mayo de 1858 desembarcó Benito Juárez en el Castillo de San Juan de Ulúa. Lo hizo en el período de la República, justo en la etapa de invasión de las tropas francesas en suelo mexicano, por lo que por única vez en la historia, la ciudad de Veracruz quedó constituida como Capital de la República. El siguiente año, el 7 de julio de 1859 el Presidente de México Benito Juárez expidió las Leyes de Reforma mediante un manifiesto a la nación.

En 1895 el Presidente Porfirio Díaz concesionó a la empresa inglesa “Pearson and Sons LTD”, la construcción del puerto artificial de Veracruz, ganándole terrenos al mar conformando malecones, muelles, diques y rompeolas, haciendo el puerto.

Después de grandes proezas, el 6 de marzo de 1902, se inauguró el Puerto de Veracruz, convirtiéndose desde entonces en uno de los principales puertos de México.

Así, desde su fundación, el puerto de Veracruz se mantuvo como una de las principales rutas de comunicación y que no solo permitió la llegada de inmigrantes sino también la entrada y salida de nuevas ideas y productos; inventos y avances tecnológicos.

5. El servicio postal como institución ya existía en la civilización romana y en otras culturas del mundo antiguo. Sin embargo, la estampilla no se introdujo como sistema hasta el siglo XIX. Hasta entonces, el sistema de envío postal funcionaba mediante el pago por parte del destinatario cuando recibía el envío y la cantidad de dinero dependía de la distancia recorrida hasta su destino final.

Por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el Servicio Postal Mexicano, Correos de México tiene la función de mantener comunicada a la población ofreciendo servicios de correspondencia, mensajería y paquetería accesibles, confiables y de calidad, con la misión de ser factor de inclusión de la población, facilitador de la actividad económica y garante de las comunicaciones interpersonales.

6. Que, la emisión de estampillas postales ha resultado un medio idóneo para conmemorar hechos históricos de trascendencia nacional e internacional, dar amplia difusión a eventos que tienden a la unión de los pueblos y la paz universal, así como dar a conocer las bellezas artísticas, arqueológicas y las de orden natural que sean parte de la cultura y de la civilización en general.

Que el servicio público de correos, como actividad estratégica a cargo del Estado favorece el conocimiento de los valores culturales, sociales y cívicos de nuestro país, además de promover la comunicación entre los mexicanos.

La conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz, es un hecho histórico relevante, por lo que se considera viable emitir una estampilla de este acontecimiento de gran trascendencia.

7. Que, se considera viable la emisión de un billete de lotería conmemorativo de los 500 años de la fundación de la Ciudad y puerto de Veracruz, ya que este billete de lotería tiene como objeto resaltar acontecimientos que han impactado positivamente a México.

8. En relación, a la emisión de una moneda conmemorativa de los 500 años de la fundación de la Ciudad y puerto de Veracruz, se considera que no es viable, debido a que es materia de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 13 a la letra señala:

Artículo 13 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, nos menciona los siguiente “El Banco de México sólo podrá ordenar la fabricación de moneda metálica a quienes previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya autorizado para este efecto”.

Por todo lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Honorable Pleno de esta H. Cámara de Diputados, la Proposición con Punto de acuerdo en estudio en los siguientes términos:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que, mediante decreto, a más tardar el 22 de abril de 2019, emita una estampilla postal conmemorativa de los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz.

Segundo. Se exhorta al titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a que, a más tardar el 22 de abril de 2019, expida un billete de lotería conmemorativo de los 500 años de la fundación de Veracruz.

Tercero. Se solicita a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, autorice una sesión solemne y un homenaje en el Palacio Legislativo durante la primer semana del mes de abril de 2019, con motivo de la conmemoración de los 500 años de la fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz.

Así lo acordaron las diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Población, en su quinta reunión Oodinaria, celebrada en las instalaciones de este Palacio Legislativo de San Lázaro.

La Comisión de Gobernación y Población, diputados: Rocío Barrera Badillo (rúbrica), presidenta; Sandra Paola González Castañeda (rúbrica), Araceli Ocampo Manzanares (rúbrica), Jaime Humberto Pérez Bernabe (rúbrica), Beatriz Dominga Pérez López, Jorge Ángel Sibaja Mendoza (rúbrica), Jorge Arturo Espadas Galván, Felipe Fernando Macías Olvera (rúbrica), Luis Enrique Miranda Nava (rúbrica), Vicente Alberto Onofre Vázquez, Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, Marco Antonio Gómez Alcántar (rúbrica), secretarios; Ricardo Aguilar Castillo (rúbrica), José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Ivonne Liliana Álvarez García, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica), Flora Tania Cruz Santos (rúbrica), Adriana Dávila Fernández (rúbrica), Roberto Ángel Domínguez Rodríguez (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Lizeth Amayani Guerra Méndez (rúbrica), César Agustín Hernández Pérez (rúbrica), Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses, Alma Delia Navarrete Rivera (rúbrica), José Ángel Pérez Hernández (rúbrica), Carmen Julia Prudencio González (rúbrica), Valentín Reyes López, Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), María Lucero Saldaña Pérez (rúbrica), Luis Fernando Salazar Fernández.»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe.

El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé:Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, en la primera de las cartas que en relación Hernán Cortés dirige, en junio de 1519, a Carlos V, Rey de España, el conquistador cuenta que el 22 de abril de ese año desembarcó en una playa cuando regresaba de Cuba, a cargo de la Armada española, en tierras totonacas que pertenecían a la región de Cempoala.

En esa playa fundó a la Villa Rica de la Veracruz, declarándola como el primer ayuntamiento establecido de América Continental. Ahí mismo tuvieron uno de los primeros contactos con los enviados del emperador Moctezuma, razón por la cual el conquistador fijaría su posición estratégica.

A través de la historia, Veracruz ha sido nombrado cuatro veces heroico, uno de los sobrenombres más importantes que ha tenido este importante puerto veracruzano; la primera vez que se le concedió el título de heroico fue en 1826, luego de una capitulación de las fuerzas españolas guarnecidas en San Juan de Ulúa.

Veracruz recibiría el título dos y tres veces de heroica en 1898, el primero de ellos en conmemoración a los ataques que recibiera en 1838 como parte del periodo de la llamada primera intervención francesa, mejor conocida como la Guerra de los Pasteles. Fue reconocida tres veces heroica tras ser nuevamente bombardeada en 1847 durante la guerra México–Americana, entre 1846 y 1848.

Finalmente, el hecho por el que Veracruz recibe el título de cuatro veces heroica, también se dio gracias a los Estados Unidos, en 1914. Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos desconoció la presidencia de Victoriano Huerta en la segunda fase de la Revolución mexicana y, sin declaración de guerra de por medio, decidió invadir el Puerto de Veracruz, tomando, entre otros, los edificios de las aduanas.

El Ejército de Huerta retrocedió por órdenes del mismo, por lo que la defensa de la ciudad corrió a cargo de 100 soldados, 100 marinos, algunos reos y los habitantes de la ciudad, que terminaron siendo derrotados. La ciudad permanecería en su poder durante siete meses, hasta que fue entregada al gobierno de Carranza.

Hay muchas razones por las cuales debemos de sentirnos orgullosos de lo que representa Veracruz en su historia, entre ellas, una de las más importantes que se dieron justamente cuando el presidente Juárez, fue y promulgo las Leyes de Reforma. También ahí fue donde se han desembocado importantes eventos históricos.

A medio siglo XIX, considerando a Veracruz como el primer ayuntamiento de México, el Constituyente Permanente diseñó un modelo de federalismo como elemento indispensable del régimen político mexicano que ha trascendido en las Constituciones como la base del poder político y de la sociedad de nuestro México.

Por estas razones históricas y políticas para nuestro país, es que hoy acompañamos este importante resolutivo de la Comisión de Gobernación. Es un amplio honor para mí, como veracruzano, sin ser específicamente porteño, específicamente del Puerto de Veracruz, decir que nos sentimos y nos unimos al gran festejo del quinto centenario de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz.

En estos 500 años hay un encuentro con la historia. Hay un encuentro con la defensa histórica. Este puerto, este espacio geográfico de nuestro país ha sido el puente que ha conectado al viejo y al nuevo continente.

Es el lugar donde la alegría de su gente forja un carácter y la defensa férrea de este gran puerto, que ha sido un honor para nuestro estado y nuestro país y nuestra región mexicana. Felicidades al Puerto de Veracruz por sus 500 años de su fundación, por sus 500 años de fuerza y de trascendencia importante para nuestro país.

La Comisión de Gobernación se enaltece en mencionar y dar a esta cuatro veces heroico, nuestro querido puerto y ciudad de Veracruz. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo:Tiene la palabra la proponente original de este asunto, Mariana Dunyaska García.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas:Con su venia, diputado presidente. Primero que nada, quiero agradecer a la Comisión de Gobernación y Población por la atención y votación en unanimidad a este punto de acuerdo. Gracias a todas y todos los diputados integrantes de esta comisión.

Quisiera arrancar con la relevancia que tiene Veracruz en la historia de México, no solamente es la cuna del municipalismo en la América continental, primer municipio fundado, primer cabildo que arranca en un espacio en el cual se han tejido grandes páginas de la historia de nuestro país.

Cuatro veces heroica, con belleza y trascendencia histórica, gastronómica, social, política y comercial, de un estado que le ha dado once presidentes de la República a México, identidad y fuerza. Una ciudad que ha sido testigo de la conquista, de la consumación de la independencia, de la promulgación de las leyes de reforma, de la promulgación de la Ley Agraria.

También cabe señalar que en dos ocasiones ha tenido en sus manos la capital de la nación. La primera con Benito Juárez y la segunda con Venustiano Carranza.

Relevante hecho histórico, ya que fue sede del primer hospital militar, de la primera flota naval mexicana, cuna de la Fuerza Aérea, cuna de la primera imprenta, donde se colocó la primera vacuna, la primera gran red telegráfica, donde se asentó la primer acta de nacimiento en este país, la primera red de sistema de alumbrado público, y entre todo esto también un municipio en el cual tenemos la claridad de que para transformar a México hay que llevar a cabo acciones contundentes, en las cuales no debemos olvidar nuestra historia, debemos de aprender de ella.

Debemos dejar el legado, y hoy, a 500 años, las diputadas y los diputados de la LXIV Legislatura conmemoraremos un hecho histórico, una ciudad cumple 500 años de sonreír, de darle dirección, leyes, presidentes, ciudadanos ejemplares, artistas, sabor, orientación y vida a un país como México, por el cual pido la aprobación del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Posicionamiento entregado a la Mesa Directiva, por la diputada Anilú Ingram Vallines.

«Posicionamiento, en relación al dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con puntos de acuerdo relativos a la conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz, entregado a la Mesa Directiva por la diputada Anilú Ingram Vallines, del Gupo Parlamentario del PRI.

Compañeras y compañeros diputados: El próximo 22 de abril, el mítico Puerto de Veracruz, conmemorará sus primeros 500 años.

Haciendo historia este lunes, 11 de febrero, se cumplió el primer medio millar de años en que desde Cuba salió la expedición comandada por Hernán Cortés con 11 embarcaciones, cerca de 800 hombres y 16 caballos.

Así, 70 días después llegarían a mi tierra para fundar una ciudad que tanto le sigue dando a México.

Orgullosa de ser porteña, celebro cada una de las iniciativas que se han emprendido para hacer de ésta, no solo una celebración de carácter internacional, sino también por darle el peso que merece en la historia nacional y mundial.

El Puerto de Veracruz, fue el primer ayuntamiento del Continente. La puerta por donde inició el encuentro de dos mundos. En cinco siglos, el Puerto de Veracruz ha tenido un papel preponderante, como capital de la República, puerta de salida de la tiranía, y punto de arranque de movimientos sociales en contra de los abusos y la represión.

El puerto ha sido también, a lo largo de su historia, cuna de grandes mujeres y hombres, como del historiador Francisco Javier Clavijero, el valiente José Azueta, el célebre poeta Salvador Díaz Mirón, el jurisconsulto Mario Molina, el ex presidente Adolfo Ruiz Cortines (un ejemplo de honradez en la política) y de la inigualable Toña La Negra, por mencionar sólo algunos.

Mi ciudad ha sido inspiración de escritores y poetas. Agustín Lara lo inmortalizó al cantarle al mundo que Veracruz es un rinconcito de patria que sabe sufrir y cantar.

Estoica en estos 500 años, ha aguantado el embate de ataques piratas, ha combatido al enemigo invasor y ha triunfado; ha dado nombre a México con la sangre derramada de sus hijos. Hemos tendido la mano a quien, a través de nuestro puerto, ha llegado al país en busca de una mano amiga, para hacer de esta nuestra patria.

El Puerto de Veracruz ha endulzado al mundo con sus bellos atardeceres ante la impávida mirada de San Juan de Ulúa, de la isla de Sacrificios o de nuestra hermosa catedral.

Le ha puesto ritmo a la vida de quienes nos visitan con la marimba tocando en sus célebres portales, con el tintineo de la cuchara desde una mesa del tradicional café de La Parroquia. Le hemos dado pimienta al paladar con nuestra rica e imperdible gastronomía.

Por eso hoy que cumple 500 años el puerto, nos sentimos más que orgullosos, comprometidos con que el Puerto de Veracruz siga siendo un referente nacional de la historia de México.

Que estos 500 años sean un pacto con los veracruzanos para que nuestro recinto portuario siga siendo un ejemplo de crecimiento y productividad; una fuente de empleo y sustento para cientos de miles de familias y se consolide como puerta de entrada y salida a las importaciones y exportaciones hacia Europa, el sur de los Estados Unidos y Sudamérica.

Que sus primeros 500 años como ayuntamiento sean el refrendo del respeto a la autonomía de cada uno de los 2 mil 458 municipios que hay en México y del federalismo que tanta sangre y años de lucha nos han costado como nación.

Que el festejo se traduzca también en beneficio para nuestra gente, con obras que se queden para la posteridad, que les sirvan a todos sus habitantes.

Es por esto que el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de este dictamen presentado, porque estamos ciertos de la importancia que tendrá esta conmemoración que será una parte fundamental para escribir un nuevo capítulo en nuestra historia.

Les reitero mi petición de conformar una comisión especial que dé seguimiento a las actividades programadas y que se incluyan las iniciativas que surjan desde la sociedad.

Estoy segura que Veracruz y su gente seguiremos poniendo el nombre de México muy en alto.

Muchas gracias.

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2019.— Diputada Anilú Ingram Vallines (rúbrica).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica, se consulta si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Suficientemente discutido.Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobado, comuníquese.

PROPOSICIONES DE URGENTE RESOLUCIÓN



EXHORTO AL CONGRESO DE JALISCO, A ABROGAR EL DECRETO POR MEDIO DEL CUAL SE EXTINGUE INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Katia Alejandra Castillo, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Jalisco.

La diputada Katia Alejandra Castillo Lozano:Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Sometemos a la consideración del pleno la presente proposición de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base a las siguientes consideraciones:

El camino institucional ha sido largo para que la violencia contra las mujeres sea reconocida como una problemática social que conlleva una grave violación a los derechos humanos.

La llegada de una nueva institucionalidad logró colocar en términos positivos a la mujer en la ciudadanía y el desarrollo durante la década de los noventa. A pesar de las dificultades presupuestales, de la discriminación y de la distinción en las perspectivas de género, fue posible la creación y desarrollo de los Institutos de Mujeres en distintas entidades del país.

El estado de Jalisco no fue la excepción. En 2002 se publicó la Ley para el Instituto Jalisciense de la Mujer, con el objetivo de elaborar, promover y ejecutar políticas públicas destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres, basados en los derechos humanos para transversalizar la perspectiva de género contra las mujeres.

A pesar de los avances institucionales y por parte de las organizaciones de la sociedad civil para combatir esta compleja problemática de violencia en Jalisco, la situación contra las mujeres se ha agravado en los últimos años. Tan solo de 2011 a 2016 la entidad pasó de ocupar el octavo lugar con mayor violencia contra las mujeres, para situarse en el tercer lugar más violento.

En febrero de 2016, el gobierno de Jalisco emitió la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en ocho municipios de la entidad. De acuerdo con el estudio del Inegi, en Jalisco, por lo menos tres de cada cuatro mujeres han sufrido algún tipo o modalidad de violencia a lo largo de su vida.

Este escalofriante dato de violencia generalizada nos presenta un panorama de conflicto social que se ratifica con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. En 2017 se registraron 112 homicidios dolosos contra mujeres, de los cuales solo se consideraron 27 feminicidios.

Posteriormente, en 2018, la cifra casi se duplicó, pues se elevó a 211 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales solo 26 se registraron como feminicidios. En este contexto de deterioro de la seguridad de las mujeres.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, envió recientemente un paquete de iniciativas para reestructurar algunas dependencias del gobierno en la entidad. Sin duda, uno de los cambios que generó más polémica en la entidad y cuya relevancia trascendió a nivel nacional fue la desaparición del Instituto Jalisciense de la Mujer. El argumento central del Ejecutivo local es que el Instituto no ha cumplido con su misión.

Proceso de aprobación del dictamen.

El pasado martes 29 de enero de 2019 el Congreso del estado de Jalisco aprobó el decreto que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de la Mujer, por lo que extingue el organismo público descentralizado.

Con la participación de Movimiento Ciudadano, PRD, Partido Verde Ecologista y PT, se unieron 20 votos a favor de desaparecer el Instituto Jalisciense de la Mujer, cuyas funciones pasarán a formar parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres.

De acuerdo con las crónicas periodísticas locales, durante la sesión del pasado 29 de enero se esperaba que el dictamen se sometiera al día siguiente a votación en sesión ordinaria; sin embargo, con tres minutos de anticipación se convocó a una sesión extraordinaria para emitir la votación.

La convocatoria para la sesión no cumplió con los requisitos de ley ni con la pertinente notificación al gobierno de Jalisco, que llevarían a cabo la votación de acuerdo con los legisladores de la bancada de Morena, en Jalisco.

Por lo anterior, y una vez aprobada la extinción del instituto, los legisladores locales han solicitado una mesa de diálogo con la federación para buscar acciones que logren la permanencia de un instituto que ayude y defienda a las mujeres.

El decreto aprobado el martes, 29 de enero, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 31 del presente año. Sin embargo, en lo que se refiere al Instituto Jalisciense de la Mujer, el artículo segundo transitorio difiere la extinción del Instituto hasta que se modifiquen los reglamentos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres.

Al llamado de dar marcha atrás a la desaparición del Instituto Jalisciense de la Mujer se han unido las consejeras nacionales del Instituto Nacional de las Mujeres, quienes señalan que la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Jalisco no debe ser la instancia que diseñe ni implemente mecanismos para la prevención de la violencia y defensa de las mujeres, dados los limitados alcances y funciones del organismo.

El Instituto Jalisciense de la Mujer contaba con autonomía administrativa, presupuestal y operativa, lo que le permitía articular y orientar las políticas públicas de igualdad y respeto a las mujeres. Aunado a esto, las consejeras señalan que, al eliminarse el Instituto Jalisciense de la Mujer, México estaría incumpliendo tratados internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, suscrita por México en 1980.

Por lo anterior, solicitamos ante esta soberanía se considere el siguiente punto de acuerdo de obvia o urgente resolución.

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de la entidad, exhorta al Congreso del estado libre y soberano de Jalisco a que, en el ejercicio de sus facultades abrogue el decreto número 27228/LXII/19, publicado el pasado 31 de enero del presente año, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y extingue dicho Instituto. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Jalisco a abrogar el decreto número 27228/LXII/19, publicado el 31 de enero de 2019, mediante el cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y lo extingue, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, Katia Alejandra Castillo Lozano, Laura Imelda Pérez Segura, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, María Teresa López Pérez, Verónica Ramos Cruz y María Wendy Briceño Zuloaga, diputadas a la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en las siguientes

Consideraciones

El camino institucional ha sido largo para que la violencia contra las mujeres sea reconocida como una problemática social que conlleva una grave violación a los derechos humanos.

La llegada de una nueva institucionalidad logró colocar en términos positivos a la mujer en la ciudadanía y el desarrollo durante la década de los noventas. A pesar de las licitudes presupuestales, de discriminación y de distinción en las perspectivas de género, fue posible la creación y desarrollo de los Institutos de Mujeres en distintas entidades del país.

El estado de Jalisco no fue la excepción, en 2002 se publicó la Ley para el Instituto Jalisciense de la Mujer (IJM) con el objetivo de:

Elaborar, promover y ejecutar políticas públicas destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres, basados en los derechos humanos para transversalizar la perspectiva de género contra las mujeres.

A pesar de los avances institucionales y por parte de organizaciones de la sociedad civil para combatir este flagelo de violencia en Jalisco, la situación contra las mujeres se ha recrudecido en los últimos años. Tan solo de 2011 a 2016, la entidad pasó de ocupar el octavo lugar con mayor violencia contra las mujeres, para situarse en el tercer sitio.

En febrero de 2016, el gobierno de Jalisco emitió la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) en ocho municipios de la entidad.

De acuerdo con el estudio del Inegi, en Jalisco por lo menos 3 de cada 4 mujeres han sufrido algún tipo o modalidad de violencia a lo largo de su vida. Este escalofriante dato de violencia generalizado esboza un panorama de conflicto social que se ratifica con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública:

- En 2017 se registraron 112 homicidios dolosos contra mujeres. En 2018 la cifra, casi se duplicó, pues se elevó a 211 homicidios dolosos de mujeres.

- De los homicidios dolosos registrados, tan solo 27 y 26 se registraron como feminicidios respectivamente para cada año.

- Además, en 2017 en el estado se registraron:

- 5 mil 122 presuntas víctimas de lesiones dolosas contra mujeres.

- 26 mil 726 llamadas de emergencia por incidentes de violencia de pareja.

- 10 mil 700 llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra las mujeres.

- 276 llamadas de emergencia por incidentes de violación.

- 240 llamadas de emergencia por incidentes de hostigamiento sexual.

- 97 llamadas de emergencia por incidentes de abuso sexual.

En este contexto de deterioro de la seguridad de las mujeres, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, envió recientemente un paquete de iniciativas para reestructurar algunas dependencias del gobierno de la entidad. Sin duda uno de los cambios que generó más polémica en la entidad y cuya relevancia trascendió a nivel nacional, fue la desaparición del Instituto Jalisciense de la Mujer (IJM). El argumento central del ejecutivo local es que este instituto no ha cumplido con su misión.

Proceso de aprobación del dictamen

El pasado martes 29 de enero de 2019, el Congreso de Jalisco aprobó el decreto que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de la Mujer, por lo que se extinguió el organismo público descentralizado.

Con la participación de Movimiento Ciudadano, PRD, PVEM y PT se unieron 20 votos a favor de desaparecer el IJM, cuyas funciones pasarán a formar parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres.

De acuerdo con las crónicas periodísticas locales, durante la sesión del pasado 29 de enero, se esperaba que el dictamen se sometiera al día siguiente a votación en sesión ordinaria. Sin embargo, con tres minutos de antelación, se convocó a una sesión extraordinaria para emitir la votación.

La convocatoria para la sesión no cumplió con los requisitos de ley, ni con la pertinente notificación al gobierno de Jalisco de que llevaría a cabo la votación, de acuerdo con los legisladores de la bancada de Morena en Jalisco. Por lo anterior, y una vez aprobada la extinción del instituto, los legisladores locales han solicitado una mesa de diálogo con la Federación para buscar acciones que logren la permanencia de un instituto que ayude y defienda a las mujeres.

El decreto aprobado el martes 29 de enero fue publicado en el Periódico Oficial del estado de Jalisco el 31 de enero del presente año. Sin embargo, en lo que se refiere al IJM, el artículo segundo transitorio difiere la extinción del Instituto hasta que se modifiquen los reglamentos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres.

Al llamado de dar marcha atrás la desaparición del IJM, se han unido las consejeras nacionales del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), quienes señalan que la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Jalisco no debe ser la instancia que diseñe, ni implemente mecanismos para la prevención de la violencia y defensa de las mujeres, dados los limitados alcances y funciones del organismo.

El IJM contaba con autonomía administrativa, presupuestal y operativa, lo que le permitía articular y orientar las políticas públicas de igualdad y respeto a las mujeres. Aunado a esto, las consejeras señalan que al eliminarse el IJM, México estaría incumpliendo tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, suscrita por México en 1980.

Por lo anterior, solicitamos ante esta soberanía se considere el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de la entidad, exhorta al Congreso del estado libre y soberano de Jalisco, a que, en el ejercicio de sus facultades, abrogue el decreto número 27228/LXII/19, publicado el pasado 31 de enero del presente año, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y extingue a dicho instituto.

Notas

1 Ver:

http://ijm.gob.mx/quienes-somos/

2 Consultar:

http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/otros-estudios/ item/995-inegi-resultados-de-la-encuesta-nacional-sobre-la-dinamica-de- las-relaciones-en-los-hogares-2016

3 Ver:

https://qmedios.iteso.mx/wp-content/uploads/2017/06/ 8.-La-alerta-de-violencia-contra-las-mujeres-en-Jalisco.pdf

4 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH, 2016).

5 Feminicidio se refiere a la muerte violenta por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad o por parte de cualquier persona. Consultar:

https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/declaracionfemicidio-es.pdf

6 Consultar:

https://datos.gob.mx/busca/dataset/ victimas-de-incidencia-delictiva-del-fuero-comun

7 Consultar:

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/ Info_delict_persp_genero_DIC2017.pdf

8 Ver:

https://www.proceso.com.mx/569579/acusan-albazo-tras-desaparicion- del-instituto-jalisciense-de-las-mujeres

9 Ver:

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/ periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/01-31-19-iv.pdf

10 Ver:

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2019.— Diputadas: Katia Alejandra Castillo Lozano,Laura Martínez González(rúbricas).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: En términos del artículo 100, numeral 2, del Reglamento, consulte la Secretaría en votación económica si se considera de urgente resolución.

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: En votación económica, se consulta, con fundamento en el artículo 100, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, muchas gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se considera de urgente resolución y están anotados varios oradores y oradoras. La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del PRD.

La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo:Con su venia, diputado presidente. La desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres es un retroceso en el camino para garantizar los derechos de las mujeres.

Los IMES en este país surgen del reconocimiento de las desigualdades de las mujeres en todos los ámbitos; para erradicar dicha práctica se requiere de la acción del Estado mexicano.

Los institutos municipales y estatales juegan un papel estratégico en el proceso, tanto en las acciones de alerta como en el diseño e implementación de políticas públicas en las entidades federativas.

El gobernador Enrique Alfaro no quiere ver que Jalisco es uno de los estados más violentos para las mujeres. Organizaciones peticionarias de la alerta de género mencionaron que, de acuerdo con los datos recabados de 2009 a 2016, los asesinatos de mujeres se habían triplicado en la entidad y la mayoría de los feminicidios permanecen impunes.

Jalisco sumó 206 asesinatos de mujeres hasta noviembre de 2018, de los cuales 25 fueron calificados como feminicidios. La Secretaría de Gobernación, a través de Conavim, declaró la alerta de violencia de género contra las mujeres para el estado de Jalisco el 20 de noviembre de 2018.

No imagine el gobernador Alfaro que eliminando el Instituto Jalisciense de las Mujeres el estado se libra de la responsabilidad de la alerta de violencia de género. Esta idea de extinguir las funciones del Instituto Jalisciense de las Mujeres para que sean absorbidas por la Secretaría de Igualdad Sustantiva, es una ocurrencia machista de pretender invisibilizar las violencias que sufren las mujeres. Y es un claro ejemplo de retroceso, ya que plantea a las mujeres como grupos vulnerables que necesitan protección, cuando en realidad se requiere que el estado de Jalisco garantice derechos y elimine la violencia de las vidas de las jaliscienses. Y esto lo demandamos y extendemos al Estado mexicano.

Con firmeza y contundencia, exigimos también al Estado mexicano que actúe, se accione y se comunique con perspectiva de género.

Integrar a las mujeres con otros grupos y comunidades en la situación de desigualdad sí es un retroceso a los logros de la agenda de la progresividad, de los derechos, de la democracia en México y de los acuerdos internacionales.

Cuando hay miopía y desconocimiento se toma mano de las ocurrencias. Se hace de ellas un cotidiano en varios terrenos. Lo vimos en la legislatura de Jalisco...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Compañera, se le está acabando el tiempo.

La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo: Gracias, presidente. Usando mayoría irreflexiva. Lo vemos aquí y lo escuchamos en discursos incluso mañaneros, que justifican el feminicidio arguyendo que es producto de divorcios y de la desintegración familiar y el neoliberalismo.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, compañera, el tiempo está agotado.

La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo: Exigimos un Estado mexicano con perspectiva de género en todo el país. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañera. Por favor, tiene la palabra la diputada Fabiola Raquel Loya, de Movimiento Ciudadano.

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández:Muchas gracias, diputado presidente. Con su venia.

Compañeras y compañeros, el punto de acuerdo que el día de hoy estamos discutiendo contiene una serie de señalamientos que derivan en una falta de información. Y lo digo con mucho respeto para mis compañeras que me antecedieron en el uso de la palabra.

Primero dice en sus consideraciones que el Instituto Jalisciense de la Mujeres se creó con objeto de elaborar, promover y ejecutar políticas públicas destinadas a asegurar la igualdad de oportunidad y la no discriminación hacia las mujeres, basado en los derechos humanos para transversalizar la perspectiva de género.

Por años se creyó que el Instituto Jalisciense de las Mujeres permitiría erradicar la violencia de género, pero no. Como bien lo reconoce este punto de acuerdo, a 18 años de su creación la crisis de violencia y desigualdad de género se ha convertido en uno de los principales problemas en Jalisco.

Queda claro que el Instituto Jalisciense de las Mujeres –y lo dice el dictamen– no desaparece, se transforma. Ese instituto, del cual ahorita solicitan que se abrogue un dictamen que ya fue publicado, aislado de las políticas de los gobiernos pasados y con el tratamiento que recibió durante sexenios, no resultó ser el mecanismo adecuado para cerrar las brechas de desigualdad de género y cumplir con el mandato constitucional para proteger los derechos humanos de nosotras las mujeres.

En ese sentido este nuevo gobierno de Jalisco toma una decisión, propone un nuevo diseño institucional para transversalizar la perspectiva de género y de derechos humanos en el estado a través de una Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres que, como su nombre lo dice, tiene como eje central alcanzar la igualdad entre ambos géneros, apegado a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.

Esta secretaría tendrá voz y voto en el Consejo de Seguridad, a diferencia del instituto. Esa secretaría tendrá 289 millones de pesos, a diferencia del instituto. Hoy es 13 veces mayor su presupuesto.

Hoy el presupuesto del gobierno de Jalisco para eliminar la violencia de género en el estado tiene el doble de recursos, 90 millones de pesos la Fiscalía General, para fortalecer el centro de justicia alternativa y diferentes herramientas precisamente para el tratado de combatir la violencia. Y por supuesto hoy es primera vez que un gobierno le da tratamiento de protocolo de feminicidio a los asesinatos contra mujeres desde la Fiscalía.

En este sentido, la agenda de igualdad de género será tratada desde las más altas esferas de gobierno, porque así es para el gobierno de Jalisco. Las mujeres tienen prioridad. Que quede muy claro, que si seguimos haciendo lo mismo tendremos los mismos resultados; por lo mismo, este gobierno genera una nueva política integral para combatir la brecha de desigualdad y la violencia contra nosotras, y la historia es quien se encargará de ponernos en su lugar. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, la diputada Beatriz Manrique Guevara, del Partido Verde.

La diputada Beatriz Manrique Guevara:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros. Cuando hablamos de temas de género, en muchas ocasiones parece que hubiera dueños o dueñas de las banderas que nos han llevado muchos, pero muchos, años a varias generaciones de mujeres luchar por nuestros derechos, luchar por una visibilización de este problema, que no solamente es el problema de las mujeres, es el problema que nos afecta a todos y a todas, porque la mitad de la población de este país está sometida a desigualdad, a discriminación.

La mitad de la población de este país está sometida a violencia, a techos de cristal que las leyes han sido incapaces de romper; se han intentado infinidad, infinidad de fórmulas para tratar de dar igualdad, acceso igualitario a los derechos, pero hemos fracasado.

Debemos reconocer los niveles de violencia que tiene este país en contra de las mujeres, con la desigualdad en sueldos, en percepciones, en acceso a todos los derechos, las más pobres de los pobres son las mujeres, los más marginados de los marginados son las mujeres.

Hemos fracasado; por lo tanto, nos parece inconcebible que, ante un esfuerzo que hace un gobierno, cualquiera que sea, del estado que sea, ante un esfuerzo para incrementar el presupuesto que se le va a asignar a los secuestros de las mujeres, se venga a señalar que regresemos a la fórmula anterior.

No se está visibilizando el problema en las mujeres solo por un nombre ni por una institución con autonomía. Lo hemos dicho todas en cada lucha que hemos emprendido. El amor por las causas públicas se nota en el Presupuesto, y lo que hoy estamos viendo en el estado de Jalisco es un presupuesto exclusivamente para las estrategias de las mujeres, alrededor de la mitad del presupuesto de toda la secretaría e infinitamente mayor al que se venía manejando.

Los institutos de las mujeres no necesariamente, compañeros, garantizan la efectividad de las políticas de las mujeres. Tan es así, que el instituto que había en Jalisco no fue capaz de impedir la declaratoria de alerta de género.

De ahí que nosotros, en el Partido Verde, creemos que es importante estar abiertos a las fórmulas nuevas, y no solamente a las fórmulas nuevas en energía y sustentabilidad, en atención a la pobreza o combate a la corrupción.

Si esta fórmula funciona podremos pensar que dar más presupuesto, generar una secretaría que tiene la mitad de su presupuesto destinado a las causas de las mujeres, podría dar buenos resultados. Esa es la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: La compañera Clementina Marta Dekker, del Partido del Trabajo.

La diputada Clementina Marta Dekker Gómez:Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, muy buenas tardes. El tema que hoy nos tiene aquí no es nada sencillo, lo que está sucediendo en el estado de Jalisco.

A nadie que preste atención a las noticias le es ajeno que en nuestro país se vive una situación de emergencia nacional en cuanto a la violencia contra las mujeres, los feminicidios, los secuestros, las violaciones y la trata.

No hay forma de negar que, en la actualidad, las mujeres seguimos siendo un grupo vulnerado, un grupo al que, a pesar de representar más de la mitad de la población, se le sigue usando como moneda de cambio en materia de política y de políticas públicas.

Las acciones afirmativas que se quedan solo en el discurso, las políticas rosas que sirven para justificarse de estar haciendo algo al respecto de la violencia que sufrimos las mujeres, nunca han sido ni van a ser suficientes.

Urge implementar la transversalización de género en todos los niveles de la administración, y urge fortalecer los organismos que se encargan de elaborar y promover las políticas públicas destinadas a erradicar tanto la violencia como la desigualdad.

Y, sin embargo, la medida que se ha tomado en Jalisco, muestra precisamente todo lo contrario. Es un retroceso total a toda la lucha, todo el trabajo de miles y de miles de mujeres en toda la historia de nuestro país.

Extinguir el Instituto Jalisciense de la Mujer, que venía operando desde el 2002 y que simbólica e institucionalmente ello representaba la intención por parte del Estado de atender las situaciones de desigualdad que viven las mujeres es, junto con varias decisiones más que se han tomado en esta administración, signo inequívoco de un desinterés por las mujeres de este país.

Esta medida no solo contraviene tratados internacionales a los que México está suscrito, sino también a los intereses y necesidades manifiestas de las mujeres jaliscienses.

En el Partido del Trabajo consideramos que la igualdad entre hombres y mujeres tiene que ser una meta primordial para la cuarta transformación, puesto que la batalla para erradicar la terrible desigualdad de género no podrá llevarse a cabo sin considerar esta igualdad.

En esta bancada estamos convencidos de que, sin respeto y autonomía a las mujeres y a sus institutos, el país no podrá cambiar.

Nos sumamos al punto de acuerdo promovido por nuestras compañeras de Morena, y exhortamos al gobierno y al Congreso de Jalisco a reconsiderar el paso hacia atrás que están tomando con esta medida. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Elba Lorena Torres, de Partido Encuentro Social.

La diputada Elba Lorena Torres Díaz:Con el permiso de la Presidencia. Honorable pleno, dentro de los compromisos internacionales signados por el Estado mexicano se encuentran los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales contemplan en todas sus dimensiones a la igualdad de género.

En este sentido, nuestro país está obligado, en los tres órdenes de gobierno, a construir leyes, instituciones y políticas públicas transversales con perspectiva de género para garantizar una sociedad con bienestar y desarrollo, donde las niñas y las mujeres pueden acceder con igualdad de circunstancias a sus derechos sociales, políticos, económicos y culturales, respectivamente, siempre privilegiando su seguridad e integridad física.

Estos objetivos se deben alcanzar para el año 2030, donde se puntualiza la necesidad de que las niñas y las mujeres son interdependientes y su realidad no puede atenderse de manera aislada, sino integral y transversal, a través de mecanismos que garanticen sus derechos previniendo alguna desigualdad y castigando oportunamente algún ilícito en contra del sector femenino.

Al respecto, el Instituto Nacional de las Mujeres como un organismo público descentralizado, con autonomía jurídica y de gestión, coadyuva con las instancias gubernamentales y autoridades en fortalecimiento de las niñas y las mujeres de nuestro país a través de las atribuciones siguientes:

Coordinar el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad sustantiva, coadyuvar con la erradicación de violencia contra las mujeres, y asegurar el pleno desarrollo de las mujeres.

Garantizar el ejercicio del goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales de igualdad y de condiciones con los hombres. Promover y fomentar las condiciones que den lugar a la no discriminación, igualdad de oportunidades y trato entre los géneros.

Es por ello que los Institutos de la Mujer en cada entidad federativa, que cuentan con autonomía jurídica, técnica, administrativa y presupuestal operativa y de gestión, son de suma importancia para que a través de estos mecanismos y de coordinación, puedan articular y orientar las políticas públicas de igualdad y respeto a las niñas y las mujeres.

Por este motivo, Encuentro Social está en contra del decreto que abrogó la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y extinguió a dicho Instituto, ya que es un retroceso de política pública que deja en el estado de indefensión a las niñas y mujeres de Jalisco.

La decisión que tomó el gobernador Enrique Alfaro hace lenta y opaca la ejecución de los recursos públicos dirigidos a operar política estatal en materia de igualdad sustantiva, erradicación de violencia contra las mujeres, de no discriminación y de igualdad de oportunidades.

Esto es grave, ya que los datos del Inegi señalan que desde 2011 a 2018 han aumentado de manera grave los delitos en contra de las niñas y mujeres en el estado de Jalisco. De 2011 a 2016 la entidad federativa pasó de un octavo lugar de violencia contra el sexo femenino, a ocasionar un tercer sitio y esto a activar en alerta de género en ocho municipios de Jalisco.

Al respecto, el secretario ejecutivo de Seguridad Pública en 2017 indica que se registraron más de 112 homicidios dolosos contra mujeres, mientras que en 2018 la cifra casi se duplicó, pues se elevó a más de 211 homicidios dolosos contra mujeres.

Queda de manifiesto que la desaparición del Instituto Jalisciense de Mujeres empeora este lamentable panorama que viven en Jalisco, e incumple con los objetivos de desarrollo sostenible de 2030 de la Convención de Eliminación contra las Formas de Discriminación contra las Mujeres.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Compañera, le he indicado que su tiempo se agotó, con todo respeto.

La diputada Elba Lorena Torres Díaz: –Permítame– nos pronunciamos a favor del Instituto que haga eficientes los trabajos, recursos y los esfuerzos para elaborar, promover y ejecutar políticas públicas destinadas a fortalecer la igualdad de oportunidades y a la no discriminación hacia las niñas y las mujeres, siempre en un enfoque transversal y con perspectiva de género. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias. Muy amable. Tiene la palabra la diputada Hortensia María Luisa Noroña, del PRI.

La diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, hoy nuevamente estamos levantando la voz, al unísono, las mujeres de México, junto a las mujeres de Jalisco, porque vemos con tristeza que todavía la obtención de nuestros derechos es fuente de polémica.

Después de años de lucha, se sigue sustituyendo la palabra obtención por concesión. Estamos hombro con hombro y asumidas e insumisas frente a la vulneración de los derechos de las mujeres en Jalisco, que al extinguir al Instituto Jalisciense de las Mujeres nos regresa a la simulación, a la tristemente concesión de derechos, y eso parece más una refundición que una refundación.

Desde aquí, el PRI les dice a las jaliscienses: estamos con ustedes. Todos los derechos para todas ustedes. No permitiremos que desaparezca con sospecha un instituto del que conocemos sus valores y su valor, un instrumento autónomo, testigo viviente de la lucha del voto femenino y del legado de María Izaguirre, la primera mujer en sufragar en México.

Un instituto que nos recuerda que, en una democracia plena, hombres y mujeres debemos ser iguales en todo. Una extensión que configuraba para Jalisco la materialización de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

El Instituto Jalisciense de las Mujeres es eso y más, era fuente de expresión de la mujer en Jalisco, de su vida pública, social, educativa, cultural y económica.

Compañeras y compañeros, hoy los conmino a que juntos luchemos para no privar a Jalisco y a México del Instituto Jalisciense de las Mujeres y de lo que este nos proveía, el enriquecimiento que da la confianza de las mujeres, su solidaridad y organización, su optimismo y versatilidad, su patriotismo y su dignidad.

Luchemos por no tener pisos ni techos de cristal. No menoscaben, que nada nos supera cuando estamos juntas demandando la igualdad sustantiva, la igualdad sin salvedad, la igualdad efectiva, la consagrada en el artículo 1o. y 4o. de nuestra Carta Magna, el respeto a los derechos humanos para todas las personas y la igualdad ante la ley del varón y de la mujer.

No doblemos los brazos ante el intento de hacer ver a uno de nuestros institutos de la mujer como el espacio que le da un lugar a la mujer, cuando lo que hace es darles su lugar a las mujeres, tras una historia de lucha y retos superados.

Porque ningún Instituto de la Mujer en México es una concesión sublime, son un reconocimiento a las mujeres que construyeron y forjaron esta nación. Ni un paso atrás. Ni un Instituto de la Mujer menos en este país.

Por eso el PRI votará a favor de este exhorto, evocando lo dicho por María Elena Chapa: Ya no hay regreso, las precursoras nos abrieron el camino y nosotras mantenemos la puerta abierta para que transiten otras y cabalguen por los distintos planos que ya hemos vivido. Es cuanto, muchas gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañera. Tiene la palabra la diputada Martha Estela Romo, del Partido Acción Nacional.

La diputada Martha Estela Romo Cuéllar:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, a lo largo de 18 años, el Instituto Jalisciense de la Mujer hizo visible la importancia de generar políticas públicas que realmente incidieran, de manera transversal, para frenar la discriminación en razón del sexo. Alentó la igualdad de oportunidades y obtuvo grandes resultados en el desarrollo de nosotras, las mujeres jaliscienses.

Generó instrumentos legislativos de la mano del Congreso local y ayuntamientos; prueba de ello es que hoy tenemos participación histórica en puestos públicos a lo largo del estado, teniendo el mayor número de regidoras, alcaldesas, diputadas tanto en el tema local como en el federal en la historia de nuestro estado, tomando decisiones para nuestra tierra.

Se crearon más de 100 instancias municipales, con atención directa, real y accesible para cada mujer. Gestionó recursos federales e internacionales para la atención de violencia de género. Operó programas de capacitación como talleres, diplomados, maestrías, entre otros.

Capacitó a otros actores, como medios de comunicación, universidades y autoridades, para generar una cultura con perspectiva de género. Hizo visible y atendió la violencia de género como un problema también de salud. Hizo una cultura de reconocimiento público de los derechos de las mujeres.

Fue pionero en impulsar agendas que a nadie le interesaban, como las Mujeres Migrantes, Mujeres con VIH, y realizó diagnósticos que permitían acciones reales y no solamente buenas intenciones.

Todo esto con el fundamento que desde la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en 1995 y los acuerdos de Beijing. Se instaló en los Estados partes de la ONU a crear instancias al más alto nivel, como mecanismos para el adelanto de las mujeres. Es decir, cerca de la toma de decisiones, como gobernadores, presidencias municipales y legislaturas.

Es por eso que, en el caso de México, se le da el rango de instituto. Uno, porque puede tener independencia jurídica. Y dos, porque tienen autonomía económica, al poder no solamente recibir un presupuesto estatal, que históricamente representa solo un 40 por ciento del presupuesto total, sino que realiza a nombre propio gestión de recursos en el tema federal e internacional.

Esta figura cerca del año 2000 –en algunos estados enviada a innovar– crea la Secretaría de las Mujeres, tales es el caso de Michoacán, Guerrero, Coahuila, entre otros, pero los resultados, aun cuando el rango era de secretaría no fueron los esperados. Uno, porque tuvo un bajo nivel de interlocución. Y otro, porque al depender de manera presupuestal exclusivamente en el tema estatal y variante, cada año con los múltiples programas exitosos no tenían continuidad.

Después de ver los resultados desafortunados en otros estados, lamentamos que en Jalisco no solo se cambie la figura del Instituto sino se baje a subsecretaría. Es decir, dos niveles de mando, y con esto también los recursos federales e internacionales, etiquetados y gestionados en materia de género.

Al no tener, como subsecretaría, la figura jurídica como mecanismo para el adelanto de las mujeres...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Compañera, el tiempo se le ha agotado.

La diputada Martha Estela Romo Cuéllar: Termino, juro que concluyo. En tanto, 18 años de la lucha después, desde una perspectiva distinta que en el PAN tenemos, a la que el gobernador de Jalisco tiene, en la que con pocos argumentos y no claros ni sólidos, sustenta la desaparición del Instituto y su reducción a subsecretaría, los y las diputadas del PAN estamos a favor de este punto de acuerdo que exhorta al Congreso de Jalisco a abrogar el decreto por el cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que claramente y en todas sus letras abroga, lamentablemente, la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Diputada, le agradezco que concluya.

La diputada Martha Estela Romo Cuéllar: ...ya que lo consideramos un retroceso importante para las mujeres jaliscienses. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañera. Tiene la palabra la diputada Laura Imelda Pérez Segura, de Morena.

La diputada Laura Imelda Pérez Segura:Con su venia, diputado presidente. La histórica lucha de las mujeres porque se reconozcan y respeten sus derechos ha sido larga y sinuosa.

Tristemente, gobiernos retrógrados y cortos de vista quieren hacer retroceder los avances que en este tema hemos hecho, ignorando los miles de vidas que se han perdido en el camino, ya sea como víctimas de la misoginia particular o institucionalizada, ya sea como luchadoras sociales que han contribuido a esta causa.

Es el triste caso del estado de Jalisco, en el que el Ejecutivo y Congreso, con su mayoría de Movimiento Ciudadano, ha aprobado borrar de un plumazo el Instituto Jalisciense de las Mujeres para incorporarlo bajo la tutela del Ejecutivo en una secretaría en la que, en consecuencia, carecerá de la autonomía que requiere y en la que se diluirán esfuerzo y recurso, ese recurso que dicen se va a duplicar, entre otros varios temas que se incluirán en esa misma dependencia.

Es importante señalar, por si no se han dado cuenta, Ejecutivo y Legislativo de Jalisco, que las mujeres no somos una población vulnerable per se,las mujeres tenemos la altura intelectual, moral y política para desempeñarnos en cualquiera de los espacios de la vida social y no requerimos de banquitos ni concesiones. Por el contrario, sí somos vulneradas, atacadas, asesinadas por un grupo de personas que olvidan que entre hombres y mujeres por igual somos la semilla de todo aquello que podamos definir como cultura en su sentido más amplio.

Incorporar el tema de la igualdad sustantiva junto a otros sectores de la población que –por sus características propias– sí son vulnerables, no solo es ignorancia, es perpetuar el prejuicio que insisten en adjudicarle a la mujer, como es considerarla débil, frágil o incapaz.

Es importante señalar que esta campaña del gobierno de Jalisco –al que Morena se ha opuesto de manera valiente– incluye a otros grupos que gozaban de instituciones independientes, y que ahora los quiere incluir en una sola secretaría, llamada “Secretaría de la Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres”, como si fueran los sectores de la población que se tienen que esconder, que negar, que desaparecer. Hablamos de los indígenas, de personas con discapacidad, de artesanos, de mujeres.

Todo lo anterior, sin ignorar también el hecho, más que evidente de que el paquete de iniciativas que envió Enrique Alfaro al Congreso de Jalisco, y que fue aprobado por su mismo partido y aliados, tiene como consecuencia para el gobernador más poder y control sobre los recursos federales.

Dejemos de utilizar pretextos, esos ya nos los conocemos. Esas más altas esferas de las que hablan tienen un nombre: Enrique Alfaro, nada más.

Por todo lo anterior, en congruencia con la plataforma política de Morena, con nuestra naturaleza de ser mujer, con la obligación legislativa que tenemos y con el apoyo de la mayoría de las organizaciones civiles del país en este tema, estamos a favor de este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Congreso del estado a recapacitar.

Mujeres y hombres libres, no le demos la espalda a esta lucha. No les demos la espalda a las mujeres. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría si se considera suficientemente discutida la proposición.

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: En votación económica, se pregunta si se considera suficientemente discutida la proposición. Las legisladoras y los legisladores que se encuentren por la afirmativa, favor de manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. No está claro.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Hay duda?

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Sí, hay duda.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Repita, por favor, la votación. Y alcen la mano completa para que se vea.

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Le solicitamos de la manera más atenta que, en votación económica, nos manifiesten si consideran suficientemente discutida la proposición. Las legisladoras y los legisladores que se encuentren por la afirmativa, favor de manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, favor de manifestarlo.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Tienes duda?

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Sí. Es que hay duda. Que levanten la mano.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Hay dos oradoras inscritas. Creo que obviaremos este procedimiento. Bueno, si no, la Secretaría tiene duda. Por favor, y con todo gusto, si ayudan en contar los votos. Adelante. Ábrase el sistema electrónico.

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Acorde al artículo 144 se solicita: háganse los avisos y ábrase el tablero de votación por cinco minutos.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por votar? Sigue abierto el sistema de votación.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor.

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Sigue abierto el sistema, me comentan, para quienes faltan por ahí. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputado presidente, se emitieron 273 votos en contra, 146 a favor, por lo cual no se considera suficientemente discutido.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Lourdes Celenia Contreras.

La diputada Lourdes Celenia Contreras González:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, con sinceridad les digo que me sorprende el tema que nos ocupa hoy.

El Estado mexicano ha luchado en las últimas décadas por implementar políticas públicas para establecer condiciones propicias para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Hoy tenemos una larga lista de mujeres que han luchado y entregado su vida por este propósito, y que han abierto el camino para que más mujeres se integren en el sector público y privado.

Jalisco ha dado un paso adelante en el tema de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y desde el año pasado el actual gobierno estatal y organizaciones de la sociedad civil realizaron compromisos claros.

La lucha por la igualdad no debe de ser una política secundaria o no prioritaria, la lucha por la igualdad debe ser un tema que ocupe la agenda pública, porque para lograrla se debe abordar de forma transversal, para garantizar la erradicación de la discriminación hacia la mujer.

Jalisco ha sido asertivo en crear la Secretaría de Igualdad entre Mujeres y Hombres, un organismo estatal que podrá incidir en todas las decisiones del gabinete estatal, que podrá diseñar, aplicar, ejecutar y evaluar políticas públicas de esta materia.

Esta decisión es una recomendación que hace la evaluación de los indicadores de desarrollo humano y género de México elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Esto no es una ocurrencia, no es una idea espontánea, es una recomendación elaborada por expertos internacionales en el tema a los que el Estado mexicano ha suscrito desde la década de los noventa.

El Instituto de la Mujer, en Jalisco, no desaparece, se va a fortalecer, va a formar parte de la Secretaría de Igualdad entre Mujeres y Hombres, para garantizar que puedan emprender políticas públicas que cuenten con los recursos económicos y humanos para su operatividad.

Me queda claro que la autonomía es lo que más se cuestiona; sin embargo, me gustaría comentarles que la autonomía de un instituto es muy poco efectiva, pues el 80 por ciento de su recurso se gasta en pago de nómina, y el restante es para emprender acciones.

El Instituto recibía 36 millones de pesos, como Secretaría recibirá 289 millones de pesos para procurar la eficiencia presupuestaria y operativa, porque de nada sirve la autonomía si no se alcanzan las metas establecidas.

Las mujeres merecemos oportunidades, merecemos mecanismos que garanticen la no discriminación y nos alejen de la violencia de género que, por cierto, últimamente ha estado disparada en todo el país. Necesitamos un organismo centralizado que garantice paridad...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Compañera, el tiempo se le ha agotado.

La diputada Lourdes Celenia Contreras González: Estoy por concluir. No buscamos superioridad, buscamos igualdad porque las mujeres merecemos más, porque también nosotras formamos parte del desarrollo de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañera. Tiene la palabra la diputada María Wendy Briceño.

La diputada María Wendy Briceño Zuloaga:Con la venia de la Presidencia. Buenas tardes a todas y a todos. Celebro que desde esta máxima tribuna traigamos a esta discusión lo que está sucediendo en el estado de Jalisco, porque lo que está pasando es un claro retroceso a los derechos humanos de las mujeres.

Hay que hacer algunas precisiones de lo que aquí se ha dicho. Lo primero es que los institutos de las mujeres no son concesión graciosa de ningún gobierno, de ninguna administración, de ningún color.

Son producto de las luchas de muchos años, de muchas activistas y de muchas mujeres. De muchas mujeres que han luchado por los derechos ciudadanos de las que hoy estamos aquí en esta legislatura de la paridad, por lo que la única posición esta tarde tendría que ser en respaldo de las luchas de las mujeres en Jalisco.

Decir también que es impreciso, que de hecho es falso, que el Instituto, al quitar el Instituto –que es un instituto autónomo–, no es verdad que se le esté dando rango de Secretaría de las Mujeres. Se está haciendo una Secretaría de Igualdad Sustantiva, donde –ya se explicó aquí, por parte de diputadas de Jalisco, de Morena– están metiendo una serie de temas varios.

¿Qué está pasando? Están metiendo todo en el mismo cesto, no están dando la importancia a lo que somos las mujeres. Las mujeres no somos un grupo, no somos un sector, somos la mitad de la población de México, poco más de la mitad de la población de México.

Por ello, el llamado que hacemos al Congreso de Jalisco es actuar en congruencia en este sentido. Se exige congruencia, la congruencia se exige de todos lados. Ese es el primer acto que tenemos que hacer desde nuestro quehacer político.

En ese sentido, llamamos al Congreso de Jalisco a abrogar esta ley que extingue el Instituto de las Mujeres, y hacemos también un llamado al gobernador de Jalisco, porque varias de sus declaraciones y de sus acciones están cayendo en lo que podemos denominar la violencia política hacia las mujeres.

Hacemos un llamado también a respetar las voces de las activistas de Jalisco, a escuchar y a tomar en cuenta, porque son las que han luchado. Esto no quiere decir que el Instituto sea perfecto, ni el instituto nacional ni los institutos en los estados. Por supuesto que son perfectibles, pero no se trata de desmantelar lo que ha costado por muchos años construir.

Por eso hacemos un llamado a que se regrese el Instituto Jalisciense de las Mujeres, y exigimos también, y les llamamos y les invitamos también a que compartamos en redes esta etiqueta: Yo recupero IJM. Yo recupero Instituto Jalisciense de las Mujeres.

Ojo. La lucha de las mujeres de Jalisco es la lucha de las mujeres de todo México. Que nos quede claro. Es cuanto.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Consulte la Secretaría si se aprueba la proposición.

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: En votación económica, se pregunta si es de aprobarse esta propuesta. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández(desde la curul): Señor presidente, para hechos.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón, no la veo. Perdón, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra, para hechos? Por favor, no la veía. Diputada Celenia...

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (desde la curul): Fabiola Loya.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Fabiola. Desde su curul.

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Me hubiera encantado que con ese ahínco estuvieran mis compañeras –y con todo respeto lo digo– defendiendo en Presupuesto de Egresos de la Federación, cuando pretendía desaparecer los recursos precisamente para todos esos institutos que dicen que ahorita funcionan en México, y que no es así, porque los índices de violencia nos lo dicen.

Pero para hechos, aquí tengo en mis manos el dictamen y le voy a dar lectura a la reforma del artículo 25 de la Ley Orgánica del Congreso de Jalisco, así como el transitorio, que dice muy claramente que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón, le concedí un minuto desde su curul...

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (desde la curul): Así es.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ...No iniciar un nuevo debate.

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (desde la curul): Entre Hombres y Mujeres... Permítame, diputado presidente, que fue usted condescendiente con las demás compañeras ahí en tribuna.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Y con usted lo soy también, compañera.

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (desde la curul): Permítame, que no he terminado. En el artículo 25 de la Ley Orgánica lo que se reforma en ese dictamen, le doy lectura tal cual.

Las facultades de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres son las siguientes:

1. Ser el mecanismo de adelanto para las mujeres en todos los términos de los tratados y convenios internacionales a los que México está adherido.

Así como en su transitorio...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Compañera, ha rebasado, permítame, aquí todos somos tolerantes. Es evidente, está ahí, que usted ha rebasado su tiempo como ningún otro orador. Le ruego suspender su alusión.

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (desde la curul): No, señor.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿No? ¿Por qué?

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (desde la curul): Ha sido usted condescendiente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No. No como usted...

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (desde la curul): Le doy lectura al transitorio, señor presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con usted he sido más.

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (desde la curul): A fin de garantizar que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres albergue el mecanismo de adelanto para las mujeres...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No me obligue a poner a votación. Compañera, se ha acabado su tiempo.

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (desde la curul): ...que le permitan dar cumplimiento con sus compromisos internacionales. Son hechos. La Secretaría de Igualdad se convierte en el mecanismo para el adelanto de las mujeres...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la diputada Wendy, por favor. Tiempo excedido.

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (desde la curul): El Instituto se fortalece, queda claro.

La diputada María Wendy Briceño Zuloaga(desde la curul): presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiempo excedido. Diputada Wendy, ¿para alguna aclaración? Para no reanimar, es la conclusión. Compañera Wendy.

La diputada María Wendy Briceño Zuloaga (desde la curul): Gracias, presidente. Solo precisar que, claro que se defendió el presupuesto, y a la diputada Loya –que es integrante de la Comisión de Igualdad de Género– le consta, porque así se firmó, además, una opinión de la comisión. Siempre para adelante con el presupuesto de mujeres, claro que se defendió, diputada.

Por otro lado, sí aclarar: la igualdad sustantiva es el deseo a lo que vamos, pero –no nos engañemos, no hemos llegado a ese punto– no se puede hablar de igualdad sustantiva cuando vivimos índices de violencia tan altos, y no de ahora tampoco, diputadas y diputados, tenemos más de tres años con los feminicidios al alza, estamos recibiendo un país en esas condiciones, y el compromiso que tenemos todas y todos es sacarlo adelante.

Entonces, no se puede hablar de igualdad sustantiva cuando aún no hemos logrado siquiera ejercer cabalmente el derecho a vivir una vida libre de violencia.

Por último, el presupuesto del Inmujeres en los últimos tres años venía a la baja, lo que hicimos fue frenar la tendencia y empezar a revertirlo a favor...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Compañera, se ha excedido su tiempo.

La diputada María Wendy Briceño Zuloaga (desde la curul): ...es cuanto, gracias.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría si se aprueba la proposición. Consulte la Secretaría si se aprueba la proposición.

La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: En votación económica, se pregunta si se considera aprobado este punto de urgente u obvia resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Aprobada. Comuníquese.

La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (desde la curul): presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: ¿Para qué asunto? Estamos... ¿Cómo?

La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (desde la curul): Le pedí anteriormente para hechos.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No, compañera. Mire, todas las mujeres aquí, diputadas muy valiosas, quieren expresarse en este tema, pero podemos organizar una jornada para tal objeto. Ya fue votado el asunto.



SE RECONOCE A JUAN GUAIDÓ COMO PRESIDENTE INTERINO LEGÍTIMO DE VENEZUELA

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Sylvia Violeta Garfías Cedillo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se reconoce a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de la República Bolivariana de Venezuela.

La diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo:Con su permiso, presidente. Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Desmond Tutu.

Queremos una Venezuela libre. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional soñamos y luchamos de la mano de millones de venezolanos y venezolanas por la dignidad y la libertad de su pueblo. Desde esta tribuna, hoy les decimos que no, que no están solos.

He perdido ya la cuenta de los múltiples informes y reportes sobre la sistemática violación a los derechos humanos que se ejercen hoy por hoy en Venezuela. Desde el fiscal de la Corte Internacional, la Organización de Estados Americanos hasta el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

En todos los casos ha habido reportes sobre las violaciones en materia de derechos humanos. Se señala que más de un millón y medio de personas han sido obligadas a salir de ese país, ante las condiciones en las que viven. Que hay más de 185 mil solicitudes de asilo político en 18 distintos países.

La grave crisis que se vive hoy en Venezuela trasciende a todas las posturas políticas y económicas en las que pudiéramos estar. Es responsabilidad levantar la voz para expresar nuestro compromiso con la dignidad humana. Repito, con la dignidad humana. Y también denunciar los crímenes de lesa humanidad que hoy perpetra Nicolás Maduro, incluso contra sus propios connacionales.

Es por eso que hoy presentamos este punto de obvia o urgente resolución para lo siguiente:

Primero. La Cámara de Diputados y Diputadas del honorable Congreso de la Unión reconoce a Juan Gerardo Guaidó Márquez como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela.

Presidente, le solicito que detenga el reloj para reiniciar este debate en lo que terminan con sus gritos.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, respeto a todos los oradores y oradoras.

La diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo: Gracias, presidente. Y también necesito... Sí.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor.

La diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo: Espero que ya le hagan caso los integrantes de su bancada, presidente.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor, orden en la sala. Termine, compañera.

La diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo: Gracias, presidente, que se reponga el tiempo en el reloj.

Queremos que se reconozca a Juan Guaidó Márquez como presidente encargado de la República Bolivariana en Venezuela, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 233 de la Constitución de ese país.

Y segundo, que la Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para reconocer, de igual manera, a Juan Guaidó Márquez como presidente encargado de ese país.

Y digo que es responsabilidad, porque no podemos permanecer indiferentes ante los miles de asesinatos, ante las detenciones arbitrarias, ante la tortura y persecución que viven día con día las y los venezolanos.

Hoy, México, que forma parte de tratados internacionales, asume una postura de no intervención. Esta postura que hoy argumentan, de la doctrina Estrada, no desincentivó la participación mexicana bajo el liderazgo del presidente Lázaro Cárdenas en la denuncia ante la Sociedad de Naciones en la invasión italiana de Etiopía, en 1935. El apoyo a la Segunda República Española contra el régimen de Francisco Franco, con nuestra postura frente a las dictaduras en América Latina.

Hoy el presidente López respalda un régimen que ha dinamitado el Estado de derecho, que recurre a la represión, y más contra la oposición; que tiene encarceladas a más de 300 personas; que celebra las elecciones simuladas, injustas y antidemocráticas; que tiene a su país en una hiperinflación de más de un millón por ciento.

Compañeros de la cuarta, transformación, ¿cómo es que ustedes y el presidente López respaldan a un régimen que no respeta la dignidad humana, que ha violado los derechos humanos sistemáticamente, que ha dinamitado a las instituciones democráticas? ¿Será acaso que quieren aprender, que quieren copiar sus pasos, que quieren que en México también se privilegien las acciones de un dictador, de un asesino?

Solo una persona que no está en sus cinco sentidos, que no está cuerdo, hace lo que hoy está haciendo Nicolás Maduro: bloquear la ayuda humanitaria que ha llegado de todo el orbe.

Hoy les decimos a las y los venezolanos que no están solos...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Compañera, su tiempo se ha agotado.

La diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo: Repóngame, por los gritos de su bancada.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Por favor...

La diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo: Por dignidad y por respeto como seres humanos les decimos que hoy reconocemos a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, para que celebre inmediatamente elecciones libres. Por dignidad...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, compañera, ya se ha agotado.

La diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo: ...si es que la conocen, y por respeto como seres humanos...

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ya se ha agotado.

La diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo: ...vengan aquí a discutir. Aquí debatan. No se escuden atrás de la curul, ahí sentaditos y sentaditas. Aquí los quiero escuchar. Aquí quiero que debatan por qué son cómplices del régimen de Nicolás Maduro.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Compañera, su tiempo se ha agotado.

La diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo: Hoy les decimos que desde Acción Nacional respetamos a las y a los venezolanos. Que queremos a una Venezuela, libre. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se reconoce a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, a cargo de integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y demás relativos al Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El miércoles 23 de enero de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Gerardo Guaidó Márquez, asumió las funciones de presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela.

Con fundamento en el artículo 233 de la Constitución venezolana, Juan Guaidó ha quedado al mando del Poder Ejecutivo, en tanto se llevan a cabo elecciones libres que lleven a la restauración del orden en Venezuela.

El artículo antes mencionado sostiene que en caso de que no se cuente con un presidente legítimo en Venezuela, sus funciones recaerán en el presidente de la Asamblea Nacional. Juan Guaidó fue electo para dicho cargo desde el 5 de enero del presente año.

En vista de la nula legitimidad que tuvieron las elecciones del 20 de mayo de 2018, donde se declaró ganador a Nicolás Maduro Moros y que han sido desconocidas por la Asamblea Nacional, es que no se acepta a Nicolás Maduro como presidente legítimo.

Las elecciones presidenciales de mayo han sido seriamente cuestionadas por la oposición, por observadores y organismos internacionales, por la propia población de Venezuela y por distintos países debido a diversas acusaciones de fraude electoral y a la represión de la que fue objeto la oposición, además de la inhabilitación de sus líderes y el llamado al abstencionismo de las principales fuerzas opositoras.

Entre las irregularidades del proceso electoral destacan la premura y aplazamientos sin justificación, ya que se anunció con 74 días de antelación que la elección se llevaría a cabo el 22 de abril, siendo posteriormente diferida por 28 días para celebrarse el 20 de mayo; la presentación y admisión de candidaturas contó únicamente con 17 días, contrastando con los 159 días destinados en la elección de 2015; y el registro electoral tuvo solo 35 días para la inscripción y actualización del padrón electoral, dejando únicamente cuarenta y ocho horas para impugnaciones (en las elecciones previas este rubro contó en total con 7 meses de preparación).

En su momento, México desconoció, al igual que los gobiernos de Alemania, Australia, Brasil, Canadá, España y Reino Unido, los resultados de la elección del 20 de mayo, es decir, la reelección de Nicolás Maduro, porque se dio en un contexto de nula transparencia y en clara violación a lo establecido en las leyes de aquel país, específicamente en lo establecido por la Ley Orgánica de Procesos Electorales de Venezuela.

De manera multilateral, junto al Grupo de Lima, instancia integrada por 14 países americanos que da seguimiento a la crisis venezolana y de la que nuestro país forma parte, México ha participado en los esfuerzos hechos para ayudar al país sudamericano a encontrar una salida pacífica a la crisis política, económica y humanitaria que le aqueja.

Desde la creación del Grupo de Lima en el año 2017 nuestro país ha hecho reiterados llamados al diálogo, mismos que el gobierno de Nicolás Maduro había ignorado con anterioridad de manera repetida y que hoy utiliza a su favor, sin dar señales claras de que verdaderamente quiera llegar a un acuerdo que beneficie a Venezuela.

Desde que Juan Guaidó asumió el cargo de presidente interino, se ha dedicado a dar a conocer las acciones que va a emprender para que la paz llegue a su país, su visión sobre lo que quiere para Venezuela y ha pedido el ingreso muy necesario de ayuda humanitaria. Su objetivo principal es el de convocar a elecciones libres y en estricto apego a la ley. El gobierno que encabeza Juan Guaidó es un gobierno de transición.

Esta postura que busca nuevas elecciones y un nuevo gobierno elegido legítimamente por los venezolanos es respaldada por muchos los países alrededor del orbe. Cabe resaltar el reconocimiento y apoyo que la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo han dado a la postura de Juan Guaidó.

Solamente los gobiernos de los países que desde el inicio de la crisis más grande en la historia de Venezuela han apoyado al régimen, a pesar de las numerosas y serias acusaciones de violaciones a los derechos humanos, como Rusia, China, Nicaragua, Bolivia y Cuba, se mantienen firmes en su decisión de seguir apoyando a Nicolás Maduro y al chavismo en Venezuela. Una postura que dista de la que México mantuvo por años, desde el inicio de la crisis.

En ese sentido, el artículo 89 de nuestra Constitución contempla, además de la “no intervención”, los principios de “autodeterminación de los pueblos; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

De igual forma, México es parte de diversos tratados internacionales, tales como la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros, que obligan a nuestro país a no permanecer indiferente ante la crisis política, económica y humanitaria que atraviesa Venezuela. Lo anterior bajo el principio “pacta sunt servanda”, establecido en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969.

Es importante destacar que México se ha distinguido por su diplomacia activa y solidaria. La “no intervención, en el contexto de la Doctrina Estrada, no desincentivó la participación mexicana, bajo el liderazgo del presidente Lázaro Cárdenas, en la denuncia ante la Sociedad de Naciones de la invasión italiana a Etiopía en 1935 o el apoyo a la Segunda República Española contra el régimen de Francisco Franco. Tampoco este principio impidió que México se pronunciará en 1973 tras el Golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende en Chile, o que nuestro país fuera parte de la mediación en el Grupo de Contadora para resolver el conflicto en Centroamérica en 1983.

Por ello, en el caso de la crisis en Venezuela es responsabilidad del Estado Mexicano respetar la autodeterminación que buscan las y los venezolanos, y acatar la protección y promoción de los derechos humanos, pues ambos principios no están sujeto a excepciones, a la coyuntura interna de nuestro país ni está sujeto a afinidades ideológicas que se pudieran tener con los Jefes de Estado de otros países.

Con su postura, el presidente López Obrador respalda a un régimen que ha dinamitado al Estado de Derecho; que recurre a la represión contra la oposición y que tiene encarcelados a más de 288 presos políticos; que celebra elecciones simuladas, injustas y antidemocráticas; que mantiene a su población en la desnutrición, con un desabasto de alimentos e insumos sanitarios; que impide el acceso de ayuda humanitaria; que ha forzado que su Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, se exilie por denunciar los atropellos de la dictadura; y que tiene una severa crisis económica, con una inflación en 2018 de 1,000,000 por ciento.

La situación por la que atraviesa el hermano país de Venezuela es insostenible y en ánimos de ayudar a un país hermano que quiere la paz y el restablecimiento de su seguridad es que México debe ayudar en lo posible y apoyar los esfuerzos de la comunidad internacional para que se alcance dicho objetivo.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a Juan Gerardo Guaidó Márquez como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 233 de la Constitución de ese país, con el objetivo de encabezar un gobierno de transición y convocar elecciones libres, equitativas y con garantías que permita la restauración del orden constitucional en la hermana república sudamericana.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a reconocer a Juan Gerardo Guaidó Márquez como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución de ese país, a fin de que México tenga una postura firme a favor de la democracia, las libertades fundamentales y los derechos humanos en la región, frente a la crisis política, económica, social y humanitaria que vive el hermano pueblo venezolano.

Notas

1 Foro Penal Venezolano (2018). Represión en Venezuela. Revisado el 1 de febrero de 2019 en

https://foropenal.com/presos-politicos/

2 De Freitas, M. (2019). Reporte de Transparencia Internacional sobre Venezuela. Visto en Castro, M (2019). El Chavismo deja una estela de corrupción en dos décadas de revolución bolivariana. Revisado el 1 de febrero de 2019 en

https://elpais.com/internacional/2019/01/05/america/1546722599_121018.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Sylvia Violeta Garfía Cedillo, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Angeles Ayala Díaz, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica, se consulta, con fundamento en el artículo 100, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen y debate, supongo.



TRANSPARENTAR LOS CRITERIOS EN LOS QUE SE SUSTENTA LA AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LAS LLANTAS SÚPER SENCILLAS EN PIPAS

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Adela Guel Saldívar, para presentar punto de acuerdo.

La diputada Norma Adela Guel Saldívar:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Derivado de la instrumentación del denominado plan conjunto para combatir el robo de combustible, el gobierno federal, de manera mediática y poco seria, dio a conocer diversas modificaciones al sistema de distribución de hidrocarburos.

Entre dichos cambios destaca la utilización de pipas o carros tanque, decisión tomada a pesar de que la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros ha sostenido que es 14 veces más caro que el uso de ductos, además de ser un proceso lento y de alta peligrosidad para los operadores.

La adquisición, adjudicación y operación de estas unidades ha estado plagada de irregularidades desde la falta de transparencia, transgresiones permanentes al marco jurídico y nulas condiciones de competencia y de calidad.

Nos queda claro que la falta de experiencia y conocimiento del sector ha ocasionado violaciones, no solo a la Ley de Adquisiciones, sino también a las normas elementales para transportar materiales y residuos peligrosos por el territorio nacional.

Las autoridades de esta administración no respetan la ley. Llevamos 74 días de este gobierno y la llamada cuarta transformación ha hecho gala de sus dotes de sastres, pero de desastres parlamentarios.

El Poder Ejecutivo aplica la normatividad a su antojo. Cuando le conviene aplicar una u otra ley, es por ser transparente; pero cuando esta ley obstaculiza sus pretensiones, la descalifica apelando siempre a su tan peculiar sentido de la moralidad. Adapta la ley a su conducta y no la conducta a la ley.

Esta administración no ha querido aclarar por qué las operaciones se realizaron a través de una triangulación de recursos por filiales de Petróleos Mexicanos. Hasta este momento no conocemos con precisión el origen de los recursos, las condiciones de los préstamos y las contraprestaciones pactadas.

La llegada de los primeros carros tanque dejó manifiestas más anomalías. No cumplieron con un cronograma de entrega, no se cuenta con los elementos económicos, sociales y jurídicos que sustenten su adjudicación directa y, principalmente, violan la norma vigente sobre especificaciones de camiones de carga.

Compañeras y compañeros legisladores, constituye un requerimiento elemental que las pipas que transportan materiales y residuos peligrosos cuenten con llantas duales. Este requisito está respaldado por una diversidad de pruebas mecánicas de conducción, de seguridad vial y de protección civil. No se pide algo imposible, solo se pide que se respete el marco jurídico normativo.

Que quede claro: las pipas o serán más seguras o con su utilización solo se pondrá en alto riesgo la integridad de los operadores, de los usuarios de las carreteras y de la población en general.

Debido a estas consideraciones, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentamos el presente punto de acuerdo cuyo objetivo fundamental es que se transparenten los criterios, estudios y análisis técnicos en los que se sustentó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para autorizar el uso de llantas súper sencillas, más bien, les podríamos llamar súper chafas.

Hasta el momento no sabemos cuántas bandas delictivas han sido desarticuladas; cuántos servidores públicos, sancionados por estar coludidos con los criminales. Tampoco tenemos información oficial sobre el número de tomas clandestinas ubicadas, cuáles son los decomisos realizados y, particularmente, las acciones interpuestas en coordinación con las autoridades estatales y municipales para contener este delito.

Lo que sí sabemos es el número de nuestros hermanos muertos con esta fallida estrategia. Ya no son suficientes las disculpas de la secretaria de Energía. Ya es intolerable la política del avestruz que ha asumido el director general de Petróleos Mexicanos. Si no pueden con la responsabilidad, pues que renuncien.

Existen suficientes experiencias nacionales e internacionales que apuntan a que el transporte de hidrocarburos por pipas es una medida errónea y poco efectiva, cara y tardía.

México está pagando un alto costo por su ineficiencia, por su inexperiencia y por su falta de conocimiento en el sector. Es cuanto.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a transparentar los criterios, estudios y análisis técnicos en que se sustenta la autorización para usar llantas supersencillas y no el arreglo dual referido en la NOM-012-SCT-2-1995, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por los que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a transparentar los criterios, estudios y análisis técnicos en que se sustenta la autorización para el uso de las llantas supersencillas, en sustitución del arreglo dual a que hace referencia la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-1995, relativa al peso y las dimensiones máximas para la circulación de vehículos de autotransporte de materiales y residuos peligrosos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como parte del denominado “plan conjunto para combatir el robo de combustible”, el presidente de México dio a conocer cambios sustantivos al sistema de distribución de hidrocarburos en nuestro país.

Entre las modificaciones destaca que ahora prioritariamente el transporte se realizará a través de pipas o carros tanques. Dicha medida se tomó a pesar de estar plenamente identificado que es 14 veces más costosa que el uso de ductos –según la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros–, además de que es lento y peligroso para los operadores.

La oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó el pasado 24 de enero en una conferencia de prensa que se habían adquirido 671 carros tanques, por un monto superior a los 92 millones 189 mil 597 dólares y que su asignación fue por “adjudicación directa”, la cual se justificaba por el “problema de abasto de combustible”.

La adquisición de estas unidades que se asignarán a la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dado con una serie de irregularidades como falta de transparencia, transgresiones a nuestro marco jurídico y nulas condiciones de competencia, calidad, financiamiento y oportunidad.

Las pipas se adjudicaron contraviniendo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuyo artículo 26 indica que las adquisiciones por regla general, se deberán realizar por medio de licitaciones públicas y mediante convocatoria abierta para asegurar las mejores condiciones de competencia en el ejercicio adecuado de los recursos públicos.

Estas operaciones se realizaron a través de una triangulación de recursos que provinieron de “préstamos” entre dos empresas filiales de Petróleos Mexicanos, sin que hasta ahora se esclarezcan las condiciones de financiamiento, su temporalidad, el origen de los recursos y las contraprestaciones pactadas.

Peor aún, la llegada país de las primeras pipas al dejó de manifiesto que no cumplen los lineamientos para transportar materiales y residuos peligrosos, establecida en la NOM-012-SCT-2-1995.

Por tanto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió un acuerdo que viola la norma sobre especificaciones de camiones de carga, pero que permite la circulación de las pipas recientemente compradas por el gobierno de México.

En particular, el acuerdo autoriza la circulación de los vehículos de autotransporte utilizando llantas supersencillas modelo “X-One”, de la marca Michelin, radial, tubeless, inifinicoil, medidas 455/55R22.5 y 445/50R22.5, de rangos de carga “L” y ancho de rin de 14 pulgadas, con capacidades de carga máxima de 4 mil 994 y 4 mil 625 kilogramos.

Estos cambios se proponen en sustitución del arreglo dual al que hace referencia la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-1995, “Sobre el peso y dimensiones máximas con las que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal”.

Para el presidente de la rama industrial 105 de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, la norma 012 es muy clara, y prohíbe que los vehículos de autotransporte de materiales y residuos peligrosos tengan llantas sencillas o unitarias.

Para definir esta prohibición se realizaron una diversidad de pruebas cuyos resultados arrojaron que no era conveniente la utilización de unidades de llantas sencillas, debido a que al poncharse quedaría varado y podría ser objeto de actos de atracos o rapiña.

Conforme a estas consideraciones, es fundamental que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes transparente los criterios tomados en cuenta para autorizar el uso de llantas sencillas a cambio del arreglo dual, que garantizaba el transporte seguro de materiales peligrosos como los hidrocarburos.

Resulta necesario que se hagan públicos los análisis y criterios técnicos considerados, ya que con estas modificaciones se pone en alto riesgo la integridad de los operadores, los usuarios de las carreteras federales, así como de la población en general.

Hasta este momento, las autoridades no han informado el número de pipas recibidas por el gobierno de México o en dónde se encuentran, a pesar de que se dijo que las unidades llegarían en los primeros días del mes de febrero, de no cumplirse los contratos se debe proceder conforme a derecho para sancionar cualquier irregularidad.

Por el contrario, han sido evasivos y pocos claros, ejemplo de ello es que la Secretaria de Energía recientemente dijo: “Pemex, con Pemex, Pemex es el que está viendo lo de la logística, las pipas son de ellos y las pipas ya están en la frontera”. Por su parte, el titular de Pemex sostuvo: “espérense a que lleguen y que las vean, ¿no? Vamos a esperarnos a que las vean y a que lleguen porque sobre especulación no hay que hablar”.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a transparentar los criterios, estudios y análisis técnicos en que se sustenta la autorización para el uso de las llantas supersencillas, en sustitución del arreglo dual a que hace referencia la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-1995, relativa al peso y las dimensiones máximas para la circulación de vehículos de autotransporte de materiales y residuos peligrosos.

Segundo.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, así como de Petróleos Mexicanos, a hacer públicos los contratos de compra, el cronograma de entrega y la estrategia de circulación de las pipas que el gobierno de México está adquiriendo para la distribución de combustible, asimismo, dé a conocer el número de pipas recibidas, las unidades en circulación y sus características, a fin de atender las denuncias públicas de posibles incumplimientos de los contratos de compraventa y entrega.

Notas

1 Anabel Clemente (2018). “Lanza AMLO plan para combatir el ‘huachicoleo’”, 6 de febrero de 2019, en El Financiero. Sitio web:

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/lopez-obrador-presenta-plan- nacional-para-combatir-robo-de-hidrocarburos

2 Presidencia de México (2019). Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, 24 de enero de 2019, de gob.mx Sitio web:

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del- presidente-andres-manuel-lopez-obrador-24-de-enero-de-2019

3 Congreso de la Unión (última reforma DOF 10 de noviembre de 2014). Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 25 de enero de 2019, de Diario Oficial de la Federación. Sitio web:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf

4 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2019). Autorización para el uso de las llantas supersencillas, modelo X-One, de Michelin, en sustitución del arreglo dual a que hace referencia la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-1995, “Sobre el peso y dimensiones máximas con las que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal, o la que la sustituya”, 6 de febrero de 2019, Diario Oficial de la Federación. Sitio web:

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/080305%20autorizacion%20X- ONE%20TS%20DOF%20-%20Diario%20Oficial%20de%20la%20Federaci%C3%B3n.pdf

5 Antonio Baranda. (2019). “Defiende SFP características de pipas de AMLO”, 6 de febrero de 2019, en el diario Reforma. Sitio web:

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/ default.aspx?id=1601841&urlredirect=https://www.reforma.com/ aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1601841

6 Excélsior (2019) “¿Dónde están las 671 pipas que compró el Gobierno a EU?”, 7 de febrero de 2019. Sitio web:

https://www.excelsior.com.mx/nacional/donde-estan-las-671-pipas-que-compro- el-gobierno-a-eu/1295028

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2019.— Diputada Adela Guel Saldívar(rúbrica).»

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Consulte en votación económica si se considera de urgente resolución.

La secretaria diputada Carmen Julieta Macías Rábago: En votación económica, se consulta, con fundamento en el artículo 100, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: No se considera de urgente resolución. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.



INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

La Presidencia turna, mediante oficio diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo que no se presentaron en tribuna a las comisiones respectivas, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados.



CLAUSURA Y CITA

El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo (a las 15:15 horas): Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar el jueves 14 de febrero de 2019, a las 11 horas.

EFEMÉRIDES RECIBIDAS



DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

«Efeméride con motivo del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El 11 de febrero del 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas lo proclamó como el “Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia” con el fin de reducir la brecha de género en estas disciplinas y alentar una mayor presencia femenina en este campo.

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Estadística de la UNESCO, en 14 países, la probabilidad de que las estudiantes terminen una licenciatura, una maestría y un doctorado en alguna materia relacionada con la ciencia es del 18, 8 y 2% respectivamente, mientras que la probabilidad para los estudiantes masculinos es del 37, 18 y 6 por ciento.

Existen numerosos obstáculos asociados a estos porcentajes, desde los estereotipos que afrontan las niñas hasta las responsabilidades familiares y los prejuicios que enfrentan las mujeres en el momento de elegir su campo de estudio.

Para las niñas y las mujeres existe lo que las feministas llaman “techo de cristal”. En porcentaje, la presencia femenina es menor a medida que se eleva el nivel de estudios. La carrera de los hombres siempre, va en ascenso, a diferencia de la de ellas, que registra bajas cada vez que tienen hijos. Es importante señalar que la paternidad y la maternidad, es cosa de dos, y este hecho sólo afecta negativamente a las mujeres.

En México, las investigadoras generalmente trabajan en el sector académico y público, mientras que los hombres predominan en el sector privado, que tiende a ofrecer mejores salarios y oportunidades.

Uno de los factores que conduce esta diferencia en el mercado de trabajo por género es la diferencia en aspiraciones y expectativas sobre una carrera, lo cual se asocia con diferencias en sueldos y condiciones laborales.

Derivado de lo anterior, cabe señalar que fue hasta 1903 el año en que una mujer fuese reconocida por el máximo premio a la ciencia, el Nobel, desde aquel momento, solo 19 de los más de 600 laureados en las tres categorías científicas (Medicina, Química y Física) han sido mujeres. Por ello, en este día, es importante señalar a las mujeres científicas más importantes de la historia:

Ganadoras del Nobel de Física

1903 - Marie Curie

1963 - Maria Goeppert-Mayer

2018 - Donna Strickland

Ganadoras del Nobel de Química

1911 - Marie Curie

1935 - Irene Joliot-Curie

1964 - Dorothy Crowfoot Hodgkin

2009 - Ada Yonath

2018 - Frances Arnold

Ganadoras del Nobel de Medicina

1947 - Gerty Cori

1977 - Rosalyn Yalow

1983 - Barbara McClintock

1986 - Rita Levi-Montalcini

1988 - Gertrude Elion

1995 - Christiane Nuesslein-Volhard

2004 - Linda Buck

2008 - Francoise Barre-Sinoussi

2009 - Elizabeth Blackburn

2009 - Carol Greider

2014 - May-Britt Moser

2015 - Youyou Tu

Nuestro país también tiene mujeres de gran renombre, tal es el caso de la investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, Julieta Fierro Grossman, quien sobresale como una de las mujeres que han trascendido en el campo de las ciencias, específicamente en las ramas de robótica y tecnologías. Otro ejemplo es el de Ali Guarneros, investigadora de la NASA, quien fue reconocida por la misma institución por fomentar el estudio de las disciplinas STEM entre niñas y jóvenes, por otra parte, entre las más jóvenes a reconocer es el caso de Olga Medrano Martín Del Campo, quién a la edad de 17 años obtuvo el primer lugar en competiciones de matemáticas internacionales, la Olimpiada Europea de Matemáticas y el Romanian Master of matemathics respectivamente.

La ciencia y la tecnología son cruciales en el desarrollo de los países y en el futuro de nuestras sociedades. El desafío está en lograr que más mujeres sean protagonistas de ese futuro. Para esto, es necesario que todas las mujeres y niñas tengan acceso a carreras y oportunidades laborales en estos campos. Las mujeres, hemos demostrado tener capacidad en todas las áreas del conocimiento, así como la pasión y la intuición necesaria para destacar.

Desde está Cámara de Diputados nos pronunciamos y hacemos un llamado para poner fin a los prejuicios e impulsar la legislación necesaria para que más mujeres y niñas logren realizar y explotar todo su potencial en las áreas de la ciencia para cambiar las condiciones de vida en las que se encuentra nuestra sociedad. Para ello, urge generar políticas públicas que nos encaminen a seguir construyendo un país de vanguardia y con visión de futuro.

Bibliografía

• El Comercio. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia |Las científicas más importantes de la historia

https://bit.ly/2I32g93

Y sí hablamos de igualdad. Mujeres en la ciencia: pasado, presente y futuro. https://bit.ly/2N0n287

PISA 2015. Launch of PISA 2015 Results. https://bit.ly/2ixcrSj

Organización de las Naciones Unidas. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 11 de febrero.

https://bit.ly/1TGJb9T

Infobae. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

https://bit.ly/2RSMUUk

Once Noticias. Reconocen aportaciones de mexicanas en el campo de las ciencias.

https://bit.ly/2tgePU3

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 12 de febrero de 2019.— Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica).»



DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO

«Efeméride con motivo del Día del Ejército Mexicano, a cargo del diputado Benito Medina Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI

La fecha de lo que hoy acontece, se da el 19 de febrero de 1913, cuando el vigésimo segundo Congreso del Estado de Coahuila, desconoció a Victoriano Huerta como jefe del Poder Ejecutivo de la República, concediendo facultades extraordinarias al gobernador, don Venustiano Carranza, para armar fuerzas, que tuvieran como misión mantener el orden constitucional.

En esos tiempos llenos de traiciones y deslealtades, México necesitaba contar con instituciones que definieran y entendieran su democracia, requería de una fuerza que significara la expresión del pueblo para defender la legalidad, ante el inminente quebrantamiento del estado de derecho de nuestra incipiente democracia.

Así, con mexicanos decididos, se creó el Ejército Constitucionalista, y en agosto de 1914, con la firma de los tratados de Teoloyucan, se reconoció su triunfo ante el Ejército federal, quedando las Fuerzas Revolucionarias a partir de ese momento como la única fuerza armada del país. Ejército Revolucionario que, para su constitución, organización y profesionalización, integró a sus filas a algunos generales, jefes y oficiales voluntarios del disuelto Ejército federal y, se estableció que este ejército cumpliera la misión de defender la independencia, integridad y decoro de la nación.

Con la promulgación de la Constitución de 1917, se le denominó Ejército Constitucionalista, y finalmente, en 1948 recibió el nombre de Ejército Mexicano. Como reconocimiento a la importante y abnegada labor del soldado mexicano en beneficio de la patria, el presidente Miguel Alemán Valdés decretó en 1950, se instituyera el 19 de febrero como el Día del Ejército.

Sucintamente, esos fueron los antecedentes del actual Ejército, del que hoy, orgullosamente formamos parte.

Ya son 106 años de vida institucional, en los que las Fuerzas Armadas han evolucionado, caminando de la mano con sociedad y gobiernos, afrontando juntos los retos del devenir nacional.

La razón de ser de las Fuerzas Armadas es el pueblo, porque de él proviene, a él se sirve y a él defiende, siempre será instruido cada miembro del Ejército y Fuerza Aérea a que ponga su máximo esfuerzo, pasión y dedicación en las misiones y tareas de seguridad que se le asignen, a que actúen bajo el cobijo de la legalidad y con la premisa de respetar en todo momento los derechos humanos y el adecuado uso de la fuerza en las acciones que se realicen para recuperar las condiciones de paz y tranquilidad que todos anhelamos.

Hoy se cuenta con un Ejército incluyente, integrado por mujeres y hombres que representan a cada una de las entidades y de los diversos grupos étnicos; ciudadanos comprometidos, con firme vocación de servicio y que tienen como ideal común defender a la nación.

Contamos con personal más capacitado, con instalaciones modernas, más hospitales con mejor equipamiento, más viviendas y becas, un renovado parque vehicular, nuevo armamento y equipo, en pocas palabras se tiene un Ejército más fortalecido.

La conjunción de los preceptos legales, permiten al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, llevar a cabo tareas que tienen como fin primordial generar las condiciones de certeza para el desarrollo de México y que, bajo esa premisa, seguiremos cumpliendo con las responsabilidades asignadas, seguiremos apoyando de manera subsidiaria a las autoridades, mientras lo demanden los mexicanos y lo disponga en todo momento nuestro comandante supremo, el Presidente de México.

México es una gran nación, altiva y soberana que camina decididamente. Una nación por la que debemos seguir unidos en aras del bien común, desterrando la falsedad y la corrupción; actuando con verdad y honestidad; fortaleciendo el diálogo, la unidad y la identidad nacional.

Esta fecha de relevancia para los soldados de la República, es propicia para recordar a todos los mexicanos que este, su ejército, se organizó para garantizar la integridad, independencia y soberanía de la nación y para contribuir en la construcción de un país de leyes, de libertades, de progreso, de justicia y de paz.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2019.— Diputado Benito Medina Herrera (rúbrica).»

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«Posicionamiento, en relación al día del Ejército Mexicano, entregado a la Mesa Directiva, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con la venia de la Presidencia; honorable asamblea:

Una institución con el nivel de aceptación que tiene en los mexicanos no puede ser más reconocida; las tareas de lo que fuera el Ejército constitucionalista en 1917 y se convirtiera posteriormente en 1948 en el Ejército Mexicano y Fuerza Aérea, merecen todo nuestro reconocimiento y apoyo incondicional.

A lo largo de un siglo ha logrado consolidarse como una institución profesional, leal y de servicio a la patria. El reconocimiento trasciende nuestras fronteras, pues a nivel internacional Global Firepower, que evalúa la cantidad y mano de obra militar así como la situación industrial y tecnológica –entre otros parámetros– la ha colocado en el 2016 como la segunda más poderosa de América Latina.

Datos del Atlas de Seguridad y Defensa 2016 revelan que ya rebasan los 200 mil miembros activos en el Ejército y Fuerza Aérea, el presupuesto que han ejercido para apoyar a la población en materia de seguridad ha tenido inversiones importantes cercanas a los 28 mil millones de pesos en 2017, para aeronaves, equipamiento y mantenimiento de sus cinco escuelas de aviación.

Muchas voces cuestionan hoy su actuación en distintas acciones de seguridad pública, cuando el compromiso de generar un México en paz es compromiso de todos.

Esta conmemoración debe servirnos para reflexionar en torno a un esfuerzo mayor de los Poderes de la Unión, así como de los tres órdenes de gobierno para que, conjuntamente, con la sociedad construyamos un marco jurídico que permita a estas instituciones protegernos en la actual circunstancia extraordinaria que vive México.

En el Grupo Parlamentario del PRI expresamos nuestro más amplio reconocimiento y gratitud por su servicio leal y patriota al Ejército y la Fuerza Aérea, por ser pilares para que esta República de principios democráticos plasmados en nuestra Constitución, sean respetados por todos.

Vaya nuestra felicitación a los pilotos, especialistas y personal de mantenimiento aéreo, puesto que, sin su lealtad muchas localidades de este país afectadas por desastres naturales no habrían tenido los apoyos oportunos, por eso refrendamos el reconocimiento a sus integrantes.

Por su atención, muchas gracias.

Es cuanto Presidente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2019.— Diputado Benito Medina Herrera (rúbrica).»

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RESUMEN DE LOS TRABAJOS

• Tiempo de duración de la sesión: 4 horas 01 minuto

• Quórum a la apertura de la sesión: 339 diputadas y diputados

• Acuerdos de los órganos de gobierno: 1

• Minutos de silencio: 1

• Comunicaciones oficiales: 14

• Iniciativas de los senadores: 3

• Iniciativas de las diputadas y los diputados: 16

• Dictámenes con puntos de acuerdo a discusión: 2

• Proposiciones de urgente resolución: 3

• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 35

12 Morena

7 PAN

5 PRI

2 PT

2 PES

3 MC

2 PRD

2 PVEM

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

Aguilar Castillo, Ricardo (PRI)
Para fundamentar el dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas instituciones a contribuir a la conmemoración de los 500 años del establecimiento del municipio en México: 138
Almaguer Pardo, María Guadalupe (PRD)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Jalisco, a abrogar el Decreto Número 27228/LXII/19, publicado el pasado 31 de enero 2019, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y lo extingue: 151
Álvarez García, Ivonne Liliana (PRI)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 23 Bis a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil: 111
Arriaga Rojas, Justino Eugenio (PAN)
Desde la curul, para solicitar un minuto de silencio en memoria del agrónomo Abelardo Escobar Prieto, ex secretario de la Reforma Agraria: 27
Bautista Peláez, María del Carmen (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 343 Bis del Código Penal Federal: 133
Briceño Zuloaga, María Wendy (Morena)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Jalisco, a abrogar el Decreto Número 27228/LXII/19, publicado el pasado 31 de enero 2019, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y lo extingue: 158
Briceño Zuloaga, María Wendy (Morena)
Desde la curul, para rectificar hechos, durante la discusión de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Jalisco, a abrogar el Decreto Número 27228/LXII/19, publicado el pasado 31 de enero 2019, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y lo extingue: 160
Bugarín Cortés, Lyndiana Elizabeth (PVEM)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal: 93
Castillo Lozano, Katia Alejandra (Morena)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Jalisco, a abrogar el Decreto Número 27228/LXII/19, publicado el pasado 31 de enero 2019, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y lo extingue: 147
Contreras González, Lourdes Celenia (MC)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Jalisco, a abrogar el Decreto Número 27228/LXII/19, publicado el pasado 31 de enero 2019, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y lo extingue: 158
Dekker Gómez, Clementina Marta (PT)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Jalisco, a abrogar el Decreto Número 27228/LXII/19, publicado el pasado 31 de enero 2019, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y lo extingue: 153
Domínguez Flores, Rosalinda (Morena)
Desde la curul, para solicitar el esclarecimiento de diversos hechos de violencia en la región del Istmo: 27
Esparza Márquez, Frida Alejandra (PRD)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Planeación, en materia de participación ciudadana: 83
García Hernández, Jesús Fernando (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 70 de la Ley Agraria: 100
García Morlan, Dulce Alejandra (PAN)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 60
García Rojas, Mariana Dunyaska (PAN)
Para referirse al dictamen con puntos de acuerdo relativos a la conmemoración de los 500 años de la Fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz: 145
Garfias Cedillo, Sylvia Violeta (PAN)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, la proposición con punto de acuerdo por el que se reconoce a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de la República Bolivariana de Venezuela: 161
González Anaya, María Libier (MC)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2o. de la Ley de Migración: 78
Guel Saldívar, Norma Adela (PRI)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a transparentar los criterios, estudios y análisis técnicos en los que se sustenta la autorización para el uso de las llantas súper sencillas, en sustitución del arreglo dual al que hace referencia a la NOM-012-SCT-2-1995: 165
Hernández Pérez, María Eugenia (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 127
Loya Hernández, Fabiola Raquel (MC)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Jalisco, a abrogar el Decreto Número 27228/LXII/19, publicado el pasado 31 de enero 2019, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y lo extingue: 152
Loya Hernández, Fabiola Raquel Guadalupe (MC)
Desde la curul, para rectificar hechos, durante la discusión de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Jalisco, a abrogar el Decreto Número 27228/LXII/19, publicado el pasado 31 de enero 2019, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y lo extingue: 159
Manrique Guevara, Beatriz (PVEM)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Jalisco, a abrogar el Decreto Número 27228/LXII/19, publicado el pasado 31 de enero 2019, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y lo extingue: 152
Martínez Ruíz, Maribel (PT)
Para presentar, en nombre propio y del diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 70
Moreno Gil, Mario Ismael (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 123
Muñoz Ledo, Porfirio (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo: 54
Murillo Chávez, Janet Melanie (PAN)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 55 y 56 del Código Civil Federal: 104
Noroña Quezada, Hortensia María Luisa (PRI)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Jalisco, a abrogar el Decreto Número 27228/LXII/19, publicado el pasado 31 de enero 2019, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y lo extingue: 155
Pérez Bernabé, Jaime Humberto (Morena)
Para fundamentar el dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con puntos de acuerdo relativos a la conmemoración de los 500 años de la Fundación de la Ciudad y Puerto de Veracruz: 145
Pérez Rodríguez, Claudia (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes: 116
Pérez Segura, Laura Imelda (Morena)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Jalisco, a abrogar el Decreto Número 27228/LXII/19, publicado el pasado 31 de enero 2019, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y lo extingue: 156
Riggs Baeza, Miguel Alonso (PAN)
Para presentar, en nombre propio y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación: 119
Rojas Martínez, Beatriz (Morena)
Desde la curul, para extender una invitación para asistir a la Expo Mujer: 27
Romo Cuéllar, Martha Estela (PAN)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Jalisco, a abrogar el Decreto Número 27228/LXII/19, publicado el pasado 31 de enero 2019, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y lo extingue: 155
Salvatori Bojalil, Nayeli (PES)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 96 de la Ley de Instituciones de Crédito: 66
Torres Díaz, Elba Lorena (PES)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Jalisco, a abrogar el Decreto Número 27228/LXII/19, publicado el pasado 31 de enero 2019, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y lo extingue: 154
Velasco González, Marcela Guillermina (PRI)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 15 de la Ley General de Salud: 64