«Iniciativa que adiciona el artículo 4 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Jesús Fernando García Hernández, diputado a la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 4 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, con el propósito de impulsar la autosuficiencia en la producción de estos insumos, bajo la siguiente

La producción, distribución y comercialización de semillas, a través de un proceso de obtención, fitomejora y mantenimiento, bajo una adecuada coordinación de comités consultivos regionales y estatales, de asociaciones de agricultores consumidores de este insumo, de instituciones de enseñanza superior, de investigación y extensión y de organismos de certificación que llevan a cabo actividades relacionadas con esta materia, tal como lo determina la ley respectiva, es medida fundamental para continuar por el camino de la autosuficiencia alimentaria.

Para el propósito enunciado y al amparo de la Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, el estado mexicano creó en 1961 la entidad pública denominada Productora Nacional de Semillas que durante su vigencia fungió como el principal proveedor del programa de apoyo en especie a los acreditados del Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito.

La instancia pública denominada por su acrónimo Pronase, llegó a operar en el año de 1982, cuarenta plantas con un máximo histórico de 216 mil toneladas de semilla y a contar con presencia comercial en dos mil 170 plazas agrícolas.

No obstante, la administración pública a través de una Comisión Intersecretarial y por acuerdo respectivo, determinó en 2002 la desincorporación de Pronase bajo el argumento de que entre más se incrementó la operación del organismo público descentralizado, fueron acumulándose altos inventarios de semillas y variedades mejoradas, elevándose así costos de almacenamiento, transporte y financiamiento que llevó a un déficit creciente y a la necesidad de otorgar a la entidad pública apoyos fiscales para su operación, según el dictamen correspondiente.

La medida que concluyó con la extinción por liquidación de Pronase obedeció finalmente a que el organismo público no contaba ya con la autosuficiencia financiera que le impedía reorientar sus actividades de producción y comercialización de semillas con criterios de mercado, según lo estableció el dictamen.

Respecto a ello, organismos de productores agrícolas e investigadores en la materia, han ponderado con argumentos sólidos que junto a otras once regiones, México como centro de origen de más de 100 especies de plantas cultivadas muchas de las cuales están en todo el mundo, guarda no obstante un potencial de enorme dimensión que es necesario considerar.

Un potencial qué en aras de alcanzar la soberanía y autosuficiencia alimentaria, obliga al estado a instrumentar estrategias de gasto con prioridad en la atención de las necesidades de crecimiento y sustentabilidad del campo, promoviendo e impulsando con criterio nacionalista el proceso de producción, distribución y comercio de semillas, precisa el sector productivo.

Esta realidad ofrece también a nuestra nación oportunidades amplias para apostarle desde iniciativas públicas a la certificación y lograr así semillas de calidad y pureza, libres de malas hierbas y óptimas para el rendimiento, al asegurar cosechas rentables en cuanto a niveles de productividad y rentabilidad alcanzada.

La certificación de semillas como proceso que implica inversiones en materia de investigación para la creación de nuevas variedades resistentes al medio ambiente y siembra bajo especificaciones técnicas precisas, significa para los productores inversiones eficientes en lo que a rendimiento se refiere y beneficios para el consumidor directo por cuanto a la inocuidad.

Todavía más, la certificación por si misma apuesta a una investigación continuada para la mejora de semillas, como una condición necesaria para la oferta de variedades resistentes y rendidoras, amén de ser un mecanismo que por sus características permite constatar resultados en el campo.

La certificación permite al sector productivo disponer de variedades de semillas genéticamente mejoradas, por cuyas características resultan atractivas para la siembra y que al ser medibles por este hecho los resultados, representa un círculo virtuoso que en mucho ayuda a la productividad del campo.

Esta práctica que deriva en la siembra de variedades mejoradas de cultivos diferentes, con los beneficios que para la agricultura representa en cuanto a menores costos de inversión y mayores rendimientos y que fue aplicada en su momento en México, constituyeron factores de aliento a la productividad agrícola de nuestra nación.

Aún y cuando México es centro de origen de 100 especies de plantas y de que existe el mecanismo de certificación de semillas, nuestra nación sigue siendo altamente importadora de granos, debido a estrategias agropecuarias equivocadas, por la aplicación de políticas económicas mal entendidas que proyectan en lo inmediato ahorros en los costos de importación, dejando de lado el beneficio mayor que a los habitantes de las regiones les representaría la aplicación de medidas de aliento a la producción, a través de incentivos para la siembra y comercialización.

Los acuerdos comerciales de México en materia agrícola, han significado también para los productores en general desventajas competitivas, que no sólo en lo económico le representan a nuestra nación saldos negativos, sino también en lo social al verse dispersada la población ante la falta de oportunidades y afectada la infraestructura productiva del sector.

A lo anterior habría que sumarle además la falta de una investigación agronómica adecuada y oportuna, sumándole además la errónea desaparición de Pronase, cuya vigencia fue determinante como instancia reproductora certificadora de variedades de granos que en mucho contribuyó al nacionalismo y la autosuficiencia alimentaria.

Pronase dio a la agricultura de México oportunidades de competitividad no sólo para garantizar la demanda interna, sino la de comercialización al exterior, en una etapa de la administración pública caracterizada por alinear recursos en favor de los productores del campo.

Lamentablemente la realidad para el campo mexicano es ahora desalentadora, ya que a la par de la desaparición de Pronase, México ha tenido una dependencia excesiva de semillas producidas por empresas comerciales extranjeras que terminan vendiéndole a nuestra nación variedades caras si bien con genes de características deseables en cuanto a las condiciones climáticas y entorno ecológico propios, amén de haber sido obtenidas de especies originales de nuestra nación, no son rentables para la agricultura nacional.

México requiere revisar con urgencia y corregir aquellas estrategias fallidas de atención al campo, diseñando e instrumentando políticas agrícolas correctas y efectivas para dejar de ser una nación excesivamente dependiente, en este caso, de insumos básicos para la alimentación, como lo es la producción, certificación y abasto de semillas.

La investigación y el aliento público a la producción nacional, siguen siendo condiciones necesarias e impostergables para mejorar la productividad y volúmenes de rendimiento agrícola, de suerte que el comportamiento del campo en las últimas tres décadas se revierta en beneficio de un mayor número de productores.

En la medida que un país sea autosuficiente en la producción y abasto de semillas, será esta premisa la mejor garantía y base principal para lograr de esta manera la anhelada soberanía alimentaria.

En razón de lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas

Artículo Único. Se adiciona la fracción X, recorriéndose en su orden las subsecuentes al artículo 4 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, para quedar como como sigue:

Artículo 4.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

I. a IX. ...

X. Promover la autosuficiencia en la producción de semillas como medida fundamental para garantizar la soberanía alimentaria;

XI...

XII...

XIII...

XIV...

XV...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuente: Foro “Competitividad Agropecuaria”, Colegio de Ingenieros Agrónomos de Sinaloa, Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Culiacán, Sinaloa, 23 de Noviembre de 2018. Ponencia “Competitividad Agrícola”, Subtema “Producción de Semillas”, Ponente, Doctor José Ramírez Villapudua.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.— Diputado Jesús Fernando García Hernández(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Adriana Dávila Fernández e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Adriana Dávila Fernández, así como las diputadas y los diputados federales de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1; 77 numeral 1; y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

¡Ya es tiempo, las mujeres y la protección a sus derechos no aguantan más!

A últimas fechas y cada vez más a menudo, diversos medios de comunicación dan cuenta de la ejecución de feminicidios a lo largo de la República Mexicana, un día en el sur del país, otro día en el norte y otro día en el centro, pero tales noticias se han vuelto desafortunadamente cotidianas.

Incluso a través de redes sociales, se tiene conocimiento de intentos de secuestro en los alrededores del metro de la Ciudad de México en contra de mujeres, sin que hasta ahora se sepa cuál era la finalidad de dicha privación de la libertad.

En realidad, este flagelo no es nuevo, la violencia contra las mujeres, y ahora en un grado extremo, violencia feminicida, ha ocupado desde hace tiempo la agenda de grupos y organizaciones encargadas de la protección de los derechos de las mujeres para vivir libres de toda violencia.

Apenas en 2018, la Organización de Naciones Unidas, a través de ONU Mujeres, puso de manifiesto cifras alarmantes en las que se advierte que al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas han enfrentado un incidente de violencia, y que 41.3 por ciento de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual, vemos en consecuencia que esa violencia en su forma más extrema, conocida como violencia feminicida, ha llegado a cobrar incluso la vida de nueve mujeres al día, sí en efecto, nueve mujeres.

Entonces, es posible decir que el feminicidio tiene como causa la violencia feminicida, conducta así descrita por la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que consiste en una forma extrema de violencia de género contra las mujeres, ello, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar una impunidad social y del Estado, y por tanto puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Al respecto, el delito de feminicidio se entiende como la muerte violenta de una mujer causada por razones de género, cabe advertir que esto no es ni tantito la muerte común de una mujer de forma simple, se trata de la existencia de un grado de violencia extrema tal que causa la muerte de una mujer, y a la vez un sentimiento de discriminación y misoginia por quien perpetra ese delito.

Así, durante 2018 se tuvo conocimiento por diversos medios de comunicación sobre feminicidios de niñas y adolescentes en los municipios del estado de México, casos acontecidos en Jardines de Morelos, Ecatepec, algunos de ellos, fueron perpetrados por una pareja sobre la cual se estima que acabaron con la vida de cerca de 23 mujeres, sin embargo, los feminicidios en esa entidad continuaron.

Al respecto, cabe recordar que, en 2018, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre se habían contabilizado cerca de 760 carpetas de investigación por feminicidio, lo que sin duda daba cuenta un alto índice de ejecución de tales delitos.

Asimismo, algunos medios de comunicación dieron cuenta que en la primera semana de 2019, se habían contabilizado en México 28 feminicidios, y sobre ellos, diversas organizaciones acusan deficiencia en las investigaciones, traducida en la circunstancia de que cerca de 60 por ciento de los casos quedan impunes, lo que sin duda genera la percepción en el feminicida de que no será castigado, en consecuencia, puede perpetrar más feminicidios sin recibir castigo alguno.

En relación con lo anterior, esas organizaciones dieron cuenta que, durante 2017, cerca de 3 mil 430 mujeres fueron asesinadas, es decir, como se mencionó, 9 mujeres al día, sin embargo, sólo se abrieron 760 carpetas de investigación por ese delito, siendo tipificados el resto de los delitos como homicidios simples.

Al respecto, el Código Penal Federal prevé en su artículo 325 que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.

Luego, tomando en consideración lo abstracto de las razones de género, es la misma legislación la que pormenoriza que existen razones de género en la privación de la vida de una mujer cuando esta se realiza y la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo; se le hayan infringido a la víctima lesiones o mutilaciones degradantes o previas a la privación de la vida o actos de necrofilia; se den antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar respecto del sujeto activo en contra de la víctima; haya existido entre la víctima y su victimario una relación sentimental, afectiva o de confianza; se tengan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el feminicidio, acoso o lesiones del sujeto activo con la víctima; la mujer sea incomunicada previamente a la privación de la vida; o el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. La sanción prevista en dicha norma sustantiva penal es de cuarenta a sesenta años de prisión y multa de quinientos a mil días.

Por su parte, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establece en términos similares que la legislación federal, el tipo penal de feminicidio y su punibilidad.

En el mismo sentido, el código penal mexiquense contempla una punibilidad de cuarenta a setenta años de prisión, mientras que la misma legislación homologa en Guanajuato, establece una punibilidad para el delito de feminicidio de treinta a sesenta años de prisión.

Con relación a lo anterior, puede verse que si bien, es posible establecer que en las entidades federativas, aun cuando el delito de feminicidio establece una punibilidad alta, realmente existen aún asignaturas pendientes sobre las cuales se tiene que trabajar con el objeto de erradicar y prevenir ese injusto en beneficio de la protección de los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Por ello, diversos estudios entre los cuales destaca el documento denominado Violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016, elaborado por la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres, han planteado una serie de necesidades a partir de la compilación de distintas recomendaciones realizadas a México respecto de la lucha y combate a la violencia feminicida.

Uno de esas prioridades es involucrar en la prevención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres a los tres niveles de Poder y los distintos órganos de Estado.

Así también, homologar las distintas especies de violencia contra las mujeres a través de la unificación de estas en ordenamientos como la Ley General o el Código Penal Federal, para que, junto con eso, se puedan fortalecer y articular los esfuerzos para prevenir la violencia de género.

Aunado a lo anterior, es necesario estandarizar los protocolos de actuación dentro de instituciones tanto de procuración como de impartición de justicia, ello, con el objeto de reducir la impunidad a través del mejoramiento de la prestación de servicios en favor de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia.

Igualmente se deben instaurar mecanismos que establezcan parámetros y técnicas de investigación adecuados, los que deberán ser empleados en todas las defunciones de mujeres, utilizando siempre la perspectiva de género, con el objeto de no revictimizar, pero, además, descartar o confirmar que las muertes fueron causadas por las circunstancias de género necesarias.

De ahí también surge la necesidad de que los mecanismos que se instauren atiendan las recomendaciones de los organismos internacionales, especialmente encaminados a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación a la protección del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Sobre ese respecto y la necesidad de estandarizar las actuaciones de las autoridades encargadas de atender prevenir y erradicar la violencia feminicida y sus consecuencias, se propone dotar de facultades al Congreso de la Unión a efecto de que se le permita legislar y expedir a través de sus Cámaras, una ley general que busque erradicar y combatir el delito de feminicidio, la cual deberá establecer, al menos los tipos penales y sus sanciones es decir la punibilidad, así como la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios o alcaldías en el caso de la Ciudad de México, lo anterior a efecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar tales delitos.

Con relación al planteamiento anterior, la ley general que expediría el Congreso deberá establecer las disposiciones generales, como son el objeto y fundamento de la ley; la supletoriedad; los conceptos para efectos de esa ley; las reglas para la prescripción o en su caso la imprescriptibilidad del delito de feminicidio; los principios que deberá regir la investigación y proceso en el caso de este delito; las técnicas de investigación aplicables; las causas de suspensión del proceso y las reglas para el procedimiento abreviado; así como las modalidades de la reparación del daño integral.

En otro apartado, la ley deberá establecer el tipo penal del delito de feminicidio; el bien o bienes jurídicos tutelados; su punibilidad y las agravantes; las reglas en caso de concurso de delitos, así como las de autoría y participación; los lineamientos especiales sobre la ejecución de sentencias; y la aplicación de medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva.

Finalmente, en la materia de prevención y coordinación, la ley general en comento establecería aspectos de prevención y coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales o alcaldías en el caso de la Ciudad de México; las facultades de cada autoridad, así como los ámbitos de aplicación; la protección de personas víctimas o posibles víctimas u ofendidos y las medidas de apoyo; la protección de testigos; los derechos a la reparación integral; un fondo de apoyo para víctimas, posibles víctimas u ofendidos; la organización de la federación y entidades federativas; creación de un observatorio de feminicidios y la participación de organizaciones sociales; el auxilio de las autoridades y el establecimiento de bases únicas de datos consultables por todos los operadores de la ley.

Finalmente, para reforzar los mecanismos que establezcan la política de Estado para erradicar los delitos de feminicidio, se contemplarían obligaciones como la presentación de un Programa Nacional y la evaluación de su cumplimiento por órganos de protección de derechos humanos, controles parlamentarios y las organizaciones civiles; así como la creación de un sistema o/y comisión intersecretarial que permita articular los esfuerzos en la protección de tales derechos; en ese sentido se prevería un nexo de esta ley general con la alerta de género y las medidas previstas en la ley general que crea las condiciones para vivir una vida libre de violencia.

Las y los proponentes, estimamos que ni una mujer más debe ser víctima de violencia ni flagelo alguno, mucho menos de algún atentado a su vida, por ello, es necesario unificar el combate a las condiciones que propician delitos como el feminicidio, esto a través de la prevención, atención a las víctimas o posibles víctimas, los ofendidos, así como la sanciones a tan reprochables conductas, lo anterior por medio del involucramiento de todas las autoridades del Estado y la implementación de medidas efectivas por cada una de ellas.

Es por las anteriores consideraciones y fundamentos que se presenta iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el inciso a) de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el inciso a) de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XX. ...

XXI. Para expedir:

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de feminicidio, secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios;

b) y c)...

XXXI. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Hasta en tanto no se expida la ley general en materia de feminicidio que establezca al menos los tipos penales y sus sanciones, así como la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías en el caso de la Ciudad de México, seguirán considerándose los tipos penales de feminicidio previstos en las legislaciones de las entidades federativas.

Notas

1 Fuente: https://videos.telesurtv.net/video/760773/en-la-primera-semana-de-2019-registra n-28-feminicidios-en-mexico/

2 Ídem.

3 Todas las entidades federativas establecen un tipo especial de feminicidio al igual que la legislación penal federal, salvo el estado de Chihuahua, que establece el tipo penal de Homicidio con la característica de que el pasivo sea del sexo femenino –sin importar que el hecho sea por circunstancias de género-, caso en el cual la punibilidad es de 30 a 60 años en cuanto a la prisión.

4 Gómez Macfarland, Carla Angélica y Sánchez Ramírez María Cristina, Feminicidio en México: una visión internacional y comparativo legislativo nacional, Instituto Belisario Domínguez.

5 Visible en la liga:

http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/ publicaciones/2017/10/violenciafeminicidamx%2007dic%20web.pdf?la=es &vs=5302

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Anilú Ingram Vallines, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Carmen Julia Prudencio González, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Gloria Romero León, Isabel Margarita Guerra Villarreal,  Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Josefina Salazar Báez, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Nohemí Alemán Hernández, Patricia Terrazas Baca, Sarai Núñez Cerón, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Carlos Pavón Campos, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Carlos Pavón Campos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV Bis al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

El impuesto sobre la renta es un impuesto directo que grava los ingresos adquiridos, con excepción de las herencias y donaciones. Es un impuesto que grava directamente las fuentes de riqueza. En este sentido, las personas físicas y las morales que están obligadas al pago de este impuesto son aquellas residentes:

a) En México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.

b) En el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente.

c) En el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este.

En materia tributaria, los principios de proporcionalidad y equidad implican que el sujeto pasivo, persona física o moral, debe contribuir a los gastos públicos en función de su capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos.

Con base en ello, las tasas impositivas se fijan de acuerdo a la capacidad económica del contribuyente, de tal forma que las personas que obtengan ingresos más altos, tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos.

Existen ingresos muy específicos, que de acuerdo a los principios proporcionalidad y equidad, no son sujetos al impuesto sobre la renta, por considerarse que tendrían una carga fiscal desproporcionada que repercutiría en el poder adquisitivo de los trabajadores.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha referido al “derecho mínimo vital” como un derecho fundamental que se apoya en los principios del Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de ciertos bienes constitucionales.

Este mínimo de subsistencia digna y autónoma, es universal para sujetos de la misma clase y con expectativas de progresividad en lo concerniente a prestaciones.

Por lo que los ingresos adicionales, obtenidos como prestaciones no deben ser gravados, para garantizar al trabajador poder percibir lo necesario a fin de tener una existencia digna.

El artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece cuáles son los ingresos obtenidos que quedan exentos del pago de este impuesto.

Actualmente, en lo que respecta a la fracción IV del artículo 93 de la ley en comento, se consideran ingresos no gravados los pagos que perciben los trabajadores de sus patrones por concepto de prima vacacional, así como la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, siendo exentos hasta el límite de 15 salarios mínimos generales al sumar ambos conceptos.

En este orden de ideas, la presente iniciativa tiene como fin establecer que estarán exentas del pago del impuesto sobre la renta los pagos que realicen los patrones a los trabajadores por concepto de prima vacacional, el aguinaldo anual y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

La prima vacacional es una prestación en dinero contemplada en la Ley Federal del Trabajo, por lo que es obligatorio para los patrones brindarla a sus trabajadores, para que estos puedan costear sus vacaciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo, las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicio; y de acuerdo con el artículo 516 del mismo ordenamiento, el plazo de la prescripción de la acción para reclamar el pago de las vacaciones y de la prima vacacional, debe computarse a partir del día siguiente al en que concluye ese lapso de seis meses dentro de los cuales el trabajador tiene derecho a disfrutar de su periodo vacacional.

El aguinaldo es otra prestación que consiste en el pago al trabajador de una cantidad anual para efectuar gastos extras, que no puede hacer con su salario destinado a cubrir sus necesidades diarias.

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo “Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos.

Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste”.

Y, por último, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, está establecida en el artículo 117 de la misma Ley. También es una prestación que se otorga a todos los trabajadores por haber contribuido a las ganancias que tuvo la empresa para la que laboraron durante el último año. En general, se trata de prestaciones adicionales contempladas en la Ley, que son derechos y conquistas laborales de los trabajadores que, con el transcurso de los años, el legislador ha reivindicado y, por ello, deben estar exentas del Impuesto sobre la Renta.

En este orden de ideas, resulta fundamental actualizar nuestro andamiaje jurídico con el propósito de materializar políticas públicas que contribuyan a fortalecer el poder adquisitivo de las familias mexicanas y, con ello, al mejoramiento sistemático de su bienestar

Se trata de dotar a los trabajadores y sus familias de los recursos para cubrir sus necesidades básicas y alcanzar una vida digna.

Con base en lo anterior, el texto quedaría de la siguiente forma:

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción XIV Bis al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se adiciona la fracción XIV BIS al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

I. a XIII. ...

XIV. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general, así como las primas dominicales hasta por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada domingo que se labore.

XIV. Bis. Las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general, el aguinaldo anual y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2002/2002743.pdf

2 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/1009/1009190.pdf

3 http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/243/243135.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de febrero del 2018.— Diputados y diputadas: Carlos Pavón Campos, Benito Medina Herrera, Brasil Alberto Acosta Peña,  Claudia Pastor Badilla, Cynthia Iliana López Castro, Edmundo Martínez Zaleta, Fernando Galindo Favela, Frinné Azuara Yarzábal, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Irma María Terán Villalobos, Juan Francisco Espinoza Eguía, Juan José Canul Pérez, Lenin Nelson Campos Córdova, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Manuel Limón Hernández, Marcela Guillermina Velasco González, Margarita Flores Sánchez, María Ester Alonzo Morales, Martha Hortencia Garay Cadena, Norma Adela Guel Saldívar, Ricardo Aguilar Castillo, Soraya Pérez Munguía (rúbricas)»

«Iniciativa que adiciona el artículo 399 Ter al Código Penal Federal, a cargo del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito diputado Ernesto Vargas Contreras, integrante de la LXIV Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados y miembro del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, conforme a la siguiente:

La manipulación de resultados deportivos debe entenderse, como todo acto fraudulento, con el objetivo de alterar o convenir el resultado de una competencia o torneo. La corrupción deportiva atenta contra los principios elementales del juego, del deporte, del derecho deportivo y la justicia deportiva.

La práctica deportiva genera una serie de valores loables como son el compañerismo, la lealtad, el fair play, el liderazgo, el esfuerzo, la superación, la perseverancia, la igualdad, el respeto (para con el compañero y para con el rival), la deportividad, la solidaridad, el éxito personal y colectivo, el trabajo en equipo y también un ideal de justicia.

La justicia –en tanto valor- es común a todos los deportes, toda vez que en cada uno de ellos se evidencia el sometimiento necesario de los participantes a reglas claras y estrictas que regirán el desarrollo de cada prueba, encuentro o competición deportiva, reglas que además tendrán por finalidad determinar cómo podrá alcanzarse la victoria de manera justa.

El deporte sigue manteniendo los valores que han desaparecido en otros rubros sociales, ante ello la necesidad de proteger los valores deportivos.

Una amenaza latente en nuestro entorno es el fraude deportivo, conocido en otras latitudes como amaño de partidos o corrupción entre sus participantes y dirigentes, fenómeno que no es de aparición reciente y tiene su génesis en aspectos ajenos del deporte.

Desde el siglo pasado han sido diversos los hechos a nivel nacional e internacional, reconocidos por sus actores, directivos y medios de comunicación, en donde los resultados han sido modificados por motivos personales, económicos, políticos o deportivos. Uno de los primeros casos conocidos tuvo lugar hace más de cien años (en 1915), cuando culminaba el campeonato de fútbol inglés.

En esa oportunidad se enfrentaban los equipos de Liverpool y Manchester United y, de perder este último equipo, descendería a la segunda categoría. Los jugadores del equipo Liverpool –que a esa altura del torneo ya no tenía ningún objetivo en disputa- se dejaron perder para que Manchester United permaneciera en la Primera División.

Existen casos recientes comprobados incluso por la fiscalía italiana, como el caso de la Juventus de Turín, conocido como “calciopoli” en la temporada 2004-2005, en el que se advertía un gran número de irregularidades en las apuestas de fútbol.

Y México no es ajeno a diversas notas e investigaciones realizadas por autoridades y diversos medios de comunicación, cuando se presume alguna irregularidad en los resultados.

La expectativa de obtener mediante el fraude deportivo, principalmente, dos tipos de beneficios, uno de naturaleza deportiva, como es la obtención de un campeonato, la clasificación a una competencia nacional e internacional o la permanencia en la primera categoría de una liga deportiva, y otro de naturaleza económica, como es el pago o soborno para llevar a cabo una acción u omisión dentro del campo de juego, que altere un resultado deportivo y generé una utilidad económica, que puede ser para el atleta, un superior jerárquico o una empresa tipo tercero, que se dedique a las apuestas en territorio nacional e incluso en el extranjero.

La circunstancia de que actualmente la mayoría de los arreglos se verifiquen por la causas expuestas, son atribuibles a la globalización, al aumento de la conectividad y al estado de avance de la tecnología, pues todos estos factores han permitido que, desde cualquier lugar del mundo, sea posible realizar apuestas on-line a los resultados y a las estadísticas de juego como es el equipo que convertirá el primer gol, el tiro de esquina y cualquier resultado que sea medible, en las competencias deportivas.

De esta manera, empresas y directivos envían emisarios para sobornar a jugadores, árbitros y entrenadores y así arreglar partidos de varios deportes y ligas, apostando dinero desde la comodidad de sus hogares manipulando resultados de competiciones y para lograr los resultados deseados.

Esos momentos representan una gran amenaza en contra de la integridad de las diferentes disciplinas deportivas a nivel nacional e internacional, ya que la forma más fácil de amañar un partido es comprando los jugadores o árbitros.

El que se encarga de organizar el acto de corrupción, se encarga de buscar a algún jugador o miembro del cuerpo técnico, dispuesto a ganar dinero a cambio de que se garantice la derrota en un partido específico, pero esto no es una regla, pues a veces es más sencillo y eficiente comprar al árbitro que a un grupo de personas para negociar la participación en una estadística como es cometer tiros de esquina o tiros penal.

Así las cosas, debemos saber qué bien jurídico se tutela con este tipo específico. La doctrina jurídica deportiva ha señalado una pluralidad de bienes, que pueden ser protegidos, entre ellos, el espíritu deportivo, el fair play, la limpieza del deporte, los intereses económicos que rodean el ámbito del deporte, e incluso la transparencia fiscal en esa actividad.

Con esta reforma que se propone, se intenta regular dos clases de bien jurídico, el primero es la vertiente moral, que de acuerdo con Miguel María García Caba, implica aspectos ligados al deporte, en cuanto al correcto funcionamiento de las competencias deportivas profesionales, su integridad, pureza o limpieza, y a sus resultados. Además, exista una proyección externa del deporte, es decir, a su repercusión social y su credibilidad.

Podemos resumir todos los valores sociales inherentes al deporte llamados a ser protegidos como bienes jurídicos, en un solo término, “integridad deportiva”, la cual inspiraría a otras infracciones penales que incidan sobre el ámbito deportivo.

Un segundo grupo, según citan Anarte Orrallo y Romero Sanchez, que “el bien que se debe proteger debe tener en cuenta los intereses económicos por la enorme relevancia económica de los resultados de las competiciones deportivas, el patrimonio de los apostantes o la limpieza del sistema de apuestas que se van afectar por los resultados fraudulentos de la competición”.

Debemos tener en cuenta la interpretación gramatical, sistemática, genética y teleológica del Código Penal Federal, es decir, buscar el sentido de los términos legales a partir de su ubicación dentro de la ley y su relación con otros preceptos, la perspectiva para la necesaria coherencia del ordenamiento jurídico.

Solamente algunas federaciones deportivas, en su código de ética, han considerado el fraude deportivo o en algunos otros reglamentos, dejando todo en una sanción de carácter deportivo, que difícilmente es investigada y sancionada en la práctica.

El actual desarrollo del deporte, la estructura comercial en todo el mundo, unido a las grandes cifras económicas que se mueven dentro de la industria deportiva, y por consiguiente la proliferación de sobornos, obliga a nuestro país a abordar el problema relativo a los fraudes en el ámbito deportivo con todo su acerbo legislativo, siendo imprescindible, la intervención de los órganos judiciales, y la regulación en el derecho penal para su sanción.

Ante lo expuesto, es necesario proteger a la sociedad en su conjunto, protegiendo el bien jurídico tutelado de la pureza de las competencias deportivas cuando están de por medio interés económicos.

I. Delito de fraude de resultados deportivos

1. Noción Legal

La reforma consiste en adicionar un artículo 399 Ter y un Capítulo VII al Título Vigésimo Segundo del Código Penal Federal, que a la letra debe decir:

Artículo 399 Ter.

I. Quien por sí o por interpósita persona, con el propósito de obtener un lucro económico o beneficio deportivo, ofrezca, prometa, coaccione, proponga, invite, pagué, obsequie, entregue un beneficio económico o en especie no justificado en los términos legales, a atletas, árbitros, auxiliares técnicos, directores deportivos, entrenadores, jueces deportivos, médicos, vicepresidentes, administradores de entidades deportivas, directores del deporte municipal, estatal o federal, presidentes de clubes o federaciones deportivas con el objetivo de alterar, modificar, arreglar, cambiar o variar resultados deportivos en competencias de carácter profesional o amateur, se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión y de mil a tres mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

II. Con la misma pena será castigado quien oculte, encubra o pretenda encubrir los actos de corrupción para la modificación de resultados deportivos, utilice o lleve a cabo actos violentos o conductas de dominio, control, agresión física, psicológica, patrimonial o económica, para obtener la modificación o alteración de los resultados deportivos, antes, durante y después de la celebración de eventos deportivos.

III. Se incrementará hasta una mitad de la pena, cuando la persona que ofrezca el beneficio económico o en especie sea empleado, corredor, representante, gestor, apoderado, administrador o socio de una casa de apuestas, miembro de un club, liga, federación deportiva, director o empleado de algún organismo del deporte federal, estatal o municipal.

IV. Se tiene competencia para perseguir este delito, en los eventos celebrados en la República Mexicana, organizados por organismos o federaciones nacionales e internacionales, adicional de los procedimientos y sanciones deportivas.

Para acreditar la existencia del delito, adicional de los métodos de prueba señalados en este código, se podrá utilizar cualquier medio tecnológico que sea resultado de los avances de la ciencia.

2. Sujetos y Objetos

Sujetos

Activo. En el caso del delito de fraude deportivo, las conductas típicas consisten en que el sujeto activo ofrezca, prometa, proponga, invite, pague, obsequie, entregue un beneficio económico o en especie, no justificado en los términos legales. Entendiendo como activo a quien participa en el fraude, en cualquiera de las dos modalidades, fraude activo, quien ofrece y fraude pasivo, quien recibe.

En cuanto el ofrecimiento económico o en especie, para el perfeccionamiento del delito, no necesariamente debió haberse ejecutado el pago, puede ser un ofrecimiento, promesa, propuesta o invitación para que el atleta, árbitro o directivo tome en consideración la propuesta para la aceptación del soborno.

Por otro lado, esta primera fracción también considera como sujeto activo a la persona física que ejecuta la acción pagando, obsequiando o entregando una cantidad económica en cualquier moneda o algún beneficio económico, como puede ser un bien mueble, inmueble o cualquier otro factor de beneficio económico.

Por lo tanto, el ofrecimiento o pago realizado debe ser no justificado en los términos legales, entiéndase esto como un pago no contemplado en la relación de trabajo para el deportista profesional, también en una beca otorgada por un organismo público o privado para el deportista de alto rendimiento o un premio económico para cualquier deportista por lograr un campeonato, calificación, medalla o resultado deportivo, todo lo anterior establecido previamente, en el contrato de trabajo o en algún otro acto jurídico, debidamente establecido dentro del marco legal de la actividad profesional y deportiva.

El ofrecimiento de cualquier persona no requiere una condición especial, sino de cualquier manera al atleta o persona que tiene bajo su control la decisión o determinación de hacer o dejar de hacer una acción dentro del campo de juego.

En el supuesto del segundo párrafo, establece que será sancionable de la misma manera la persona física que tiene conocimiento de la existencia de la conducta delictiva, y se vuelve omisa en el momento de ocultar o encubrir el delito, en cualquiera de las dos hipótesis: a) en la pretensión de la acción, y b) en la ejecución de la acción.

Ahora bien, el párrafo segundo considera también como sujeto activo a la persona que para modificar el resultado deportivo, no utiliza exclusivamente el factor económico, sino utiliza la fuerza, la violencia y las conductas de dominio, ante el sujeto pasivo, para que este altere los resultados deportivos en cualquier momento de la celebración deportiva. Lo que se considera en esta fracción es la coacción de la que es sujeto.

Respecto al párrafo tercero, la pena se agrava en una mitad, cuando el sujeto activo en la comisión del delito es especializado en el mercado nacional e internacional de apuestas deportivas, esto es, son personas físicas vinculadas a casas de apuestas que operan de manera física o virtual, utilizando cualquier medio tecnológico. De la misma manera se considera activo en la agravante, el sujeto jerárquicamente superior a los atletas y el cuerpo técnico; como son los directores deportivos, vicepresidentes, presidentes, dueños, socios, apoderados y representantes de los clubes, asociaciones, federaciones y organismos deportivos del gobierno municipal, estatal y federal, quienes aprovechándose de su superioridad gestionen, induzcan, organicen y participen en la corrupción de resultados deportivos.

En el cuarto párrafo se establece la competencia de perseguir el delito en todos los eventos deportivos de cualquier naturaleza que se celebren en la República Mexicana, que como ya se citó pueden ser en su carácter profesional y amateur, no es requisito sean eventos de carácter federado, ya que pueden ser organizados por cualquier entidad deportiva.

Existen algunas federaciones deportivas nacionales e internacionales que han contemplado en sus reglamentos, principalmente en el código de ética, sanciones para los miembros de sus federaciones que participan en fraude deportivo, amaños de resultados o corrupción de resultados deportivos. Sanción que solo es de carácter deportivo. En el código penal se considera sanción de carácter penal, adicional de las contempladas por las organizaciones deportivas.

En el último párrafo se establece la posibilidad de utilizar los eventos aportados por los avances de la ciencia, para acreditar la existencia del delito. Una parte importante en la planeación y ejecución del delito de fraude deportivo es a través de aplicaciones tecnológicas, sitios web, banca electrónica, entre otros medios electrónicos, por lo tanto, de la misma manera deben utilizarse cualquier medio tecnológico que permita identificar y acreditar las formas de cómo se lleva a cabo el fraude deportivo.

Pasivo. Son sujetos pasivos para la comisión del delito de fraude deportivo, todos los que son forzados a través de violencia física, moral o de cualquier tipo, y además forman parte de una estructura deportiva y administrativa dentro de una organización deportiva. Son pasivos los atletas, entiéndase como estos a las personas físicas que participan en competencias, ligas, circuitos, copas, torneos de manera conjunta o individual, en un carácter nacional e internacional; el entrenador y su equipo de apoyo, como son auxiliares de entrenador, médicos, masajistas, utileros, kinesiólogos y cualquier otra persona física que es parte del cuerpo técnico de un club o selección deportiva.

También se considera a los integrantes de la dirigencia deportiva como directores deportivos, vicepresidentes, presidentes, dueños, socios y apoderados de los clubes o federaciones deportivas, cuando ellos son los que reciben la propuesta económica para modificar el resultado deportivo aprovechando su jerarquía superior en la estructura de su organización deportiva.

Objetos

Material. El objeto material se funde con el sujeto pasivo, o sea, con la persona física que recibe el daño de la conducta típica. Aquí se tiene por reproducido todo lo manifestado al estudiar al sujeto pasivo de este delito.

Jurídico. El bien jurídico tutelado es la pureza de la competencia deportiva cuando están en juego intereses económicos. El titular del bien jurídico es la sociedad en su conjunto, las federaciones, organismos deportivos, entidades deportivas y los mismos atletas.

3. Clasificación

I. Por la conducta: acción o de comisión por omisión.

II. Por el número de actos: unisubsistente o plurisubsistente.

III. Por el resultado: de resultado material.

IV. Por el daño: de lesión.

V. Por su duración: instantáneo o continuado.

VI. Por el número de sujetos: monosubjetivo y plurisubjetivo.

VII. Por su ordenación metodológica: fundamental.

VIII. Por su autonomía: autónomo.

IX. Por su composición: anormal.

X. Forma de culpabilidad: dolosa.

4. Conducta típica

El delito de fraude deportivo es un ilícito de hacer, que se consuma con el puro ofrecimiento del factor económico o material al sujeto pasivo. Se debe de diferenciar en primer lugar dos posibles conductas: la corrupción pasiva y la corrupción activa.

La primera de ellas se trata de un acto con la intención de “prometer, ofrecer o conceder un beneficio o ventaja de cualquiera naturaleza no justificada para la realización o abstención de un acto dirigido a predeterminar o alterar de manera deliberada o fraudulenta, el resultado de una competición deportiva”.

Se consuma con la simple promesa, ofrecimiento o concesión de una ventaja o beneficio no justificado tanto a los deportistas que intervienen como el árbitro, con la intención de predeterminar fraudulentamente el resultado que se obtendrá del normal desarrollo de la prueba o encuentra”.

La acción, en la modalidad pasiva es el acto “intencionado de recibir, solicitar o aceptar un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificada para la realización o abstención de un acto dirigido a predeterminar o a alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una competición deportiva”.  Por lo tanto, bastará el hecho de recibir, solicitando o aceptando, el beneficio o ventaja a cambio de predeterminar o alterar maliciosamente el resultado para que se consume el ilícito en su vertiente pasiva.

La conducta típica en este precepto legal es la alteración o manipulación de manera fraudulenta y deliberada en el normal desarrollo de una competencia, torneo o encuentro deportivo. Además, vulnera el bien jurídico protegido por este artículo al proteger los valores sociales, educativos y culturales del deporte.

Además, se pone en riesgo el factor económico de su desarrollo y gestión. Es fácil de identificar, que los dos sujetos que pactan un resultado, ambos están cometiendo el ilícito, uno de manera pasiva y otro de manera activa, ambos obtienen beneficios económicos en el fraude.

5. Formas y medios de ejecución

El artículo no exige un medio comisivo especial, por lo tanto, cualquier forma o medio que permita ser idóneo, está en condiciones de utilizar el agente para cometer el fraude. En realidad, el ofrecimiento de un bien económico o material, a cambio de la alteración del resultado deportivo, pueden ser simultáneamente la conducta y el artificio, que utilice el activo para cometer el fraude deportivo.

6. Ausencia de conducta

No se presenta ningún caso de ausencia de conducta penal, ya que el delito requiere el dolo y existencia del elemento volitivo especial tendiente a engañar, confundir, etcétera, algo incompatible con los casos de ausencia penal.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, me permito someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

Decreto por el que se adiciona un artículo 399 Ter al Código Penal Federal

Único. Se adicionan un artículo 399 Ter al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 399 Ter.

I. Quien por sí o por interpósita persona, con el propósito de obtener un lucro económico o beneficio deportivo, ofrezca, prometa, coaccione, proponga, invite, pagué, obsequie, entregue un beneficio económico o en especie no justificado en los términos legales, a atletas, árbitros, auxiliares técnicos, directores deportivos, entrenadores, jueces deportivos, médicos, vicepresidentes, administradores de entidades deportivas, directores del deporte municipal, estatal o federal, presidentes de clubes o federaciones deportivas con el objetivo de alterar, modificar, arreglar, cambiar o variar resultados deportivos en competencias de carácter profesional o amateur, se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión y de mil a tres mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

II. Con la misma pena será castigado quien oculte, encubra o pretenda encubrir los actos de corrupción para la modificación de resultados deportivos, utilice o lleve a cabo actos violentos o conductas de dominio, control, agresión física, psicológica, patrimonial o económica, para obtener la modificación o alteración de los resultados deportivos, antes, durante y después de la celebración de eventos deportivos.

III. Se incrementará hasta una mitad de la pena cuando la persona que ofrezca el beneficio económico o en especie sea empleado, corredor, representante, gestor, apoderado, administrador o socio de una casa de apuestas, miembro de un club, liga, federación deportiva, director o empleado de algún organismo del deporte federal, estatal o municipal.

IV. Se tiene competencia para perseguir este delito, en los eventos celebrados en la República Mexicana, organizados por organismos o federaciones nacionales e internacionales, adicional de los procedimientos y sanciones deportivas.

Para acreditar la existencia del delito, adicional de los métodos de prueba señalados en este código, se podrá utilizar cualquier medio tecnológico que sea resultado de los avances de la ciencia.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Notas

1 https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160310_deportes_ futbol_manchester_united_liverpool_arreglo_amano_liga_europa_jmp

2 https://elpais.com/deportes/2006/07/14/actualidad/1152861712_850215.html

3 García Caba, Miguel María. “El Régimen jurídico de la organización de las competencias profesionales deportivas: situación actual y perspectiva de futuro”, en La Reforma del Régimen Jurídico del Deporte Profesional. Coord. Cardenal Carro, Miguel, Ed. Reus.

4 Anarte Orallo y Romero Sánchez. “El delito de la corrupción deportiva. Aspectos metodológicos dogmáticos y político criminales” en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología no. 14-20 Diciembre 2012

5 Benítez Ortúzar, I.F. “El delito de fraudes deportivos, aspectos criminólogos, político-criminales y dogmáticos del artículo 286 bis 4 del Código Penal, Op. cit. pág. 163, en Ríos Corbacho, J.M., “El fraude en el fútbol”, Op. cit. pág. 198.

6 De Vicente Martínez, R. “Fraude y corrupción en el deporte profesional”, op. cit. pag. 382.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.— Diputados y diputadas: Ernesto Vargas Contreras,Adriana Gabriela Medina Ortiz, Adriana Lozano Rodríguez, Agustín Reynaldo Huerta González, Ana Priscila González García, Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, Diego Eduardo del Bosque Villarreal, Efraín Rocha Vega, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, Eudoxio Morales Flores, Geraldina Isabel Herrera Vega, Isabel Margarita Guerra Villarreal, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María Rosete, Miguel Alonso Riggs Baeza, Olga Juliana Elizondo Guerra, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Samuel Herrera Chávez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 7o. y 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, José Luis Montalvo Luna, diputado federal de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción I del artículo 7o. y se adiciona una fracción XIII corriéndose en su orden la actual fracción XIII para pasar a ser fracción XIV y así sucesivamente, correspondientes a la Ley General de Educación.

En los últimos años, el consumo de bebidas alcohólicas, la drogadicción, casos de violencia, el incremento de embarazos adolescentes y la deserción escolar son problemáticas que han venido en aumento en el sistema educativo nacional.

Se trata de una problemática mayúscula ante la cual no podemos ser omisos. Según cifras de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, uno de cada cuatro estudiantes de primaria ha consumido bebidas alcohólicas al menos una vez y el consumo excesivo se presenta en 2.4 por ciento de los estudiantes.

En el caso de los alumnos de secundaria, 42 por ciento de los hombres y casi 40 por ciento de las mujeres reportan haber ingerido bebidas etílicas; y en el nivel medio superior, la cifra aumenta a 74.5 por ciento y 73.3 por ciento, respectivamente. Es importante resaltar que 15 de cada 100 estudiantes son propensos a tener problemas con el consumo de alcohol.

Los resultados del estudio en comento, señalan que la prevalencia de casos en los que manifiestan haber consumido cualquier droga alguna vez, es la siguiente: en los estudiantes de secundaria y bachillerato es de 18.6 por ciento para los hombres y de 15.9 por ciento para las mujeres, de manera que la prevalencia total de consumo es de 17.2 por ciento. En particular, en los hombres la prevalencia total cambia de 12.8 por ciento en secundaria a 28.4 por ciento en el bachillerato. Para las mujeres, el cambio es de 12.1 por ciento a 21.9 por ciento.

Por otra parte, México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes de entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Las y los adolescentes no sólo inician cada vez más temprano su actividad sexual, sino que también lo hacen de manera desinformada y sin la protección mínima para prevenir enfermedades y embarazos no deseados. Se estima que cerca de 25 por ciento de los jóvenes inician su vida sexual entre los 12 y 19 años, de los cuales 15 por ciento de los hombres y 33 por ciento de las mujeres no utilizan ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Actualmente en nuestro país, cada año ocurren aproximadamente 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años.

Los embarazos adolescentes no sólo ponen en riesgo la salud de las adolescentes, sino también dificultan la posibilidad de que este sector de la población pueda continuar estudiando o logrando su desarrollo profesional.

Datos del Informe 2018, La Educación obligatoria en México, refieren que, la violencia escolar es un tema presente en las aulas y en las escuelas. En el caso de la educación secundaria, el insulto es la agresión más recurrente, en virtud de que 64 por ciento de los estudiantes reportó haber sido objeto de burlas y 63 por ciento recibir apodos ofensivos por parte de sus compañeros; 28 por ciento de los alumnos señaló que un compañero dañó a propósito algún objeto de su pertenencia; 20 por ciento fue atacado físicamente por un compañero y 19 por ciento recibió amenazas, mientras que 11 por ciento fue objeto de publicaciones ofensivas o fotografías en internet.

En el caso de la educación media superior los porcentajes más altos de violencia escolar corresponde a la agresión verbal; seguida del robo, la difamación y la agresión física. Estos datos resultan preocupantes en virtud de que la violencia escolar no sólo repercute en el aprovechamiento escolar, sino también en la convivencia social.

Algunos de estos factores podrían explicarnos el aumento en las tasas de deserción escolar que se registran en nuestro país, principalmente en la educación media superior, en la cual a pesar de haber incrementado considerablemente su matrícula escolar, persisten altos niveles de deserción escolar. La tasa de abandono escolar durante el ciclo 2017-2018, fue de 5.3 por ciento en la educación secundaria y de 13.3 por ciento en la educación media superior.

Ante este contexto, el papel de los orientadores educativos resulta fundamental para instrumentar una política centrada en la prevención de las problemáticas que hemos enumerado. La orientación educativa es un servicio psicopedagógico que ha tenido presencia en las escuelas secundarias de nuestro país desde 1952.

La importancia de la orientación educativa estriba no sólo en que contribuye al desarrollo integral de los alumnos, sino también a promover en los educandos tres áreas fundamentales para en su perfil de egreso que le serán fundamentales en su vida personal y su desarrollo profesional, que a saber son: los aspectos pedagógicos, que se enfocan a la mejora del aprendizaje; psicoemocionales que se refieren a la atención de su estabilidad emocional con actitudes y valores para la convivencia; y la económica-vocacional, centrada en su proyecto de vida.

En la Ley General de España de 1970, la orientación educativa se reconoció como un derecho del alumnado a lo largo de su vida escolar. El artículo noveno de la ley en comento, dispone que: “la orientación educativa y profesional deberá constituir un servicio continuado a lo largo de todo el sistema educativo, atenderá a la capacidad, aptitud y vocación de los alumnos y facilitará su elección consciente y responsable.” Además, en el artículo 25 se establece que la orientación educativa atenderá “los problemas personales de aprendizaje y de ayuda en las fases terminales para la elección de estudios y actividades laborales”.

La Ley Orgánica de Educación de España, en su artículo 1 inciso f, contempla que entre los principios de la educación y establece a “la orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores”. Este principio se refuerza en la etapa de educación secundaria obligatoria, en la que “se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado.”

En Francia, la Ley de Educación, en su artículo 8, reconoce como parte del derecho a la educación a la orientación educativa y a la información sobre la educación y las profesiones.

En nuestro país, lejos de reconocer y fortalecer en el sistema educativo, la labor que realizan los orientadores educativos, en la mal llamada reforma educativa de 2013, no sólo se les dejó fuera de la estructura curricular, sino también no se les contempló dentro de la estructura organizacional, desconociendo sus derechos laborales para participar en los procesos de ingreso, permanencia y promoción.

La fracción XXV del artículo 4 de la Ley General del Servicio Profesional Docente define al personal docente como el profesional en la Educación Básica y Media Superior que asume ante el Estado y la sociedad la responsabilidad del aprendizaje de los alumnos en la Escuela y, en consecuencia, es responsable del proceso de enseñanza aprendizaje, promotor, coordinador, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo.

Con esta definición de personal docente, se dejó fuera a los docentes que desempeñan servicios de orientación educativa.

Por si esto no fuera suficiente, en los últimos 5 años, de manera paulatina se ha tratado de eliminar el servicio de orientación educativa, sustituyéndola por la educación socioemocional de los adolescentes, sin que ésta cumpla las funciones de la orientación educativa. Asimismo, existe una indefinición administrativa que deja en una incertidumbre jurídica a los profesionales que desempeñan esta labor.

En ello radica la importancia y pertinencia de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, en virtud de que tiene por objeto, garantizar el derecho de los educandos a recibir servicios de orientación educativa que contribuyan al desarrollo integral de los alumnos.

Con esta iniciativa buscamos atender las problemática de aprendizaje, afectivo-psicosocial y vocacional que enfrentan los educandos en el día a día y que impiden alcanzar una educación de excelencia.

Por otra parte, viene a saldar una deuda histórica con los profesionales de la orientación educativa al otorgarles certeza jurídica, para que su labor sea reconocida en la estructura organizacional y curricular del sistema educativo nacional.

Asimismo, se busca que los orientadores educativos accedan a los mismos derechos laborales que los docentes que estén establecidos en la legislación aplicable, tales como prestaciones, estímulos, desarrollo profesional y económico.

En el Partido del Trabajo, reafirmamos nuestro compromiso histórico por garantizar el derecho de nuestras niñas, niños y adolescentes a una educación integral que permita su óptimo desarrollo.

Por lo expuesto y fundado presento a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica la fracción I del artículo 7o. y se adiciona una fracción XIII al artículo 12, corriéndose en su orden la actual fracción XIII para pasar a ser fracción XIV y así sucesivamente, correspondientes a la Ley General de Educación

Artículo Único. Se modifica la fracción I del artículo 7o. y se adiciona una fracción XIII al artículo 12, corriéndose en su orden la actual fracción XIII para pasar a ser fracción XIV y así sucesivamente, correspondientes a la Ley General de Educación.

Artículo 7o. ...

I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas. Para alcanzar dichos fines el sistema educativo nacional garantizará el derecho de los educandos a los servicios de  orientación  educativa enfocados a los aspectos pedagógicos, afectivo psicosocial y de orientación vocacional.

Artículo 12. ...

I. a XII. ...

XIII. Fijar los lineamientos generales de carácter nacional para el reconocimiento de los orientadores educativos en la estructura organizacional y curricular del sistema educativo nacional.

XIV. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los servicios de orientación educativa se impartirán obligatoriamente en la educación básica y media superior. El proceso se llevará a cabo de manera progresiva, siendo prioritario que a partir de la entrada en vigor del presente decreto, los servicios de orientación educativa se garanticen en la educación secundaria y media superior.

Tercero. Los orientadores educativos tendrán los mismos derechos laborales que los docentes y podrán acceder a las mismas prestaciones, estímulos, desarrollo –profesional y económico– establecidos en la legislación aplicable.

Notas

1 Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte Alcohol, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz,

http://omextad.salud.gob.mx/contenidos/encuestas/encode2014/ ENCODE_ALCOHOL_2014.pdf> Consultado el 29 de enero de 2019.

2 Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, Instituto Nacional de las Mujeres,

https://www.gob.mx/inmujeres/es/acciones-y-programas/estrategia-nacional- para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454. Consultado el 29 de enero de 2019.

3 La Educación obligatoria en México, Informe 2018, INEE,

https://www.inee.edu.mx/portalweb/informe2018/04_informe/capitulo_0601.html

4 Ibíd.

5 Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2017 -2018, Secretaría de Educación Pública,

https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/ principales_cifras/principales_cifras_2017_2018_bolsillo.pdf Consultado el 29 de enero de 2018.

6 Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. (disposición derogada)

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1970-852. Consultado el 29 de enero de 2018.

7 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899> Consultado el 29 de enero de 2018.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días de febrero de dos mil diecinueve.— Diputado José Luis Montalvo Luna(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes de la Propiedad Industrial, y Federal de Protección al Consumidor, suscrita por integrantes de la Comisión de Ganadería

Los suscritos, diputados federales Eduardo Ron Ramos, Carmen Medel Palma, Guadalupe Romo Romo, Mario Mata Carrasco, Carmen Mora García, Roque Luis Rabelo Velasco, Jorge Eugenio Russo Salido, Agustín Reynaldo Huerta González, Miguel Alonso Riggs Baeza, Ediltrudis Rodríguez Arellano, Francisco Javier Borrego Adame, Mirna Zabeida Maldonado Tapia, Olga Juliana Elizondo Guerra, María de Jesús García Guardado, Alma Marina Vitela Rodríguez, María del Carmen Cabrera Lagunes, José Ricardo Gallardo Cardona, Juan Francisco Espinoza Eguia, Juan José Canul Pérez, Reginaldo Sandoval Flores, Eduardo Zarzosa Sánchez, Efraín Rocha Vega, Gonzalo Herrera Pérez, Jesús Guzmán Avilés, Fortunato Rivera Castillo, Carlos Iván Ayala Bobadilla y Francisco Javier Guzmán de la Torre, integrantes de la Comisión de Ganadería de la LXIV Legislatura del  Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XV del artículo 90 y el artículo 95 de la Ley de Propiedad Industrial así como la reforma del artículo 128 Quáter y la adición de la fracción VI y VII al artículo 25 Bis y de la fracción VII al artículo 128 ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al tenor de los siguientes considerandos:

La leche es uno de los alimentos nutricionales más completos que existen y especialmente en la dieta de los mexicanos, se considera un alimento fundamental, pues de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO):

La leche proporciona nutrientes esenciales y es una fuente importante de energía alimentaria, proteínas de alta calidad y grasas. La leche puede contribuir considerablemente a la ingestión necesaria de nutrientes como el calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico. La leche y los productos lácteos son alimentos ricos en nutrientes y su consumo puede hacer más diversa las dietas basadas principalmente en el consumo de vegetales. La leche de origen animal puede desempeñar un papel importante en las dietas de los niños en poblaciones con bajo nivel de ingestión de grasas y acceso limitado a otros alimentos de origen animal.

Aunado a lo anterior, se ha comprobado que entre los beneficios que tiene el consumo de la leche para la salud de las personas, están: 1) Es ideal para el crecimiento del esqueleto del lactante y el mantenimiento de una buena salud ósea del adulto; 2) Es beneficiosa para evitar la formación de cálculos renales en el cuerpo; 3) Posee funciones preventivas contra el cáncer colon y mama; 4)  Es recomendada en casos de gastritis porque neutraliza la acidez y 5) Finalmente, una de las más importantes, es que las personas que consumen leche de manera habitual, tienen un riesgo menor de padecer enfermedades cardiovasculares.

En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha indicado que el 44% de las causas que influyen para el desarrollo de la diabetes tipo 2 es el sobrepeso y la obesidad; motivo por el cual, la rama médica de la nutrición realizó un estudio de dietas experimentales en las que se enfocó en los factores del balance energético y el resultado fue que, el consumo de productos lácteos en una dieta para el control del peso, resulta con mayores beneficios al de una dieta convencional.

Es así como el consumo de productos lácteos en una dieta, ayuda a que desde niños mantengan un control de su peso y con ello se evite que en el futuro se desarrollen enfermedades cardiovasculares, cáncer o diabetes tipo 2 derivadas de la obesidad o sobrepeso que desde pequeños se desarrollan y que actualmente posicionan a México en los primeros lugares a nivel mundial en estos padecimientos.

El mercado de la leche ha sido representativo de la economía mexicana. En 2017, México se posicionó en el lugar número 9 como productor de leche a nivel mundial y se ubica en la quinta posición como importador de lácteos.

Es importante mencionar que el 27% del gasto en de los hogares mexicanos está destinado a alimentos y bebidas dentro del cual el gasto en leche y derivados representó el 11%, sin embargo, se proyecta que esta cifra aumente debido al valor nutrimental de la leche en la dieta de los mexicanos.

En ese sentido, se reconocen los avances que se han logrado tanto a nivel global como en el contexto nacional en el mercado de la leche. En el contexto global, se han realizado grandes esfuerzos para regular la producción, comercialización y garantizar la calidad e inocuidad de la leche, debido a su alto valor nutrimental y a su importancia a nivel socioeconómico y comercial de la industria, a fin de garantizar unas reglas justas para los productores y así sea posible promover el consumo de un alimento de alto valor nutricional a un costo accesible.

En el contexto nacional, se cuenta con tres instituciones encargadas de regular la producción y comercialización de leche, las cuales son Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través Sistema de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la Secretaria de Salud (SSA), a través de Comisión Federal Para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y la Secretaria de Economía (SE), las cuales también participan en convenio con agencias estatales.

Sin embargo, en los últimos años ha existido una fuerte competencia entre la leche, así como los llamados productos lácteos y bebidas de origen vegetal que se denominan, de forma errónea, como leche. Estas bebidas han ganado un importante terreno respecto al mercado de la leche, lo cual no solo atenta contra la producción de leche por parte de los ganaderos mexicanos, sino que además es una práctica que impacta en la nutrición y, por lo tanto, en la salud de los mexicanos, especialmente en los sectores más vulnerables.

La Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, dedicada a la Leche, Fórmula Láctea, Producto Lácteo Combinado y Derivados Lácteos, denomina como leche al producto obtenido de la secreción de las glándulas mamarias de las vacas sanas o de cualquier otra especie animal, excluido el calostro.

En ese mismo sentido, la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2012, referente a la “Leche-Denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba”, define la leche como “es el producto obtenido de la secreción de las glándulas mamarias de las vacas, sin calostro el cual debe ser sometido a tratamientos térmicos u otros procesos que garanticen la inocuidad del producto; además puede someterse a otras operaciones tales como clarificación, homogeneización, estandarización u otras, siempre y cuando no contaminen al producto y cumpla con las especificaciones de su denominación”.

En esta norma se presentan las denominaciones comerciales de la leche a fin de reconocer son los productos que pueden ostentar la denominación de “leche” en el mercado:

En contraparte, la NOM-243-SSA1-2010 define tanto a la formula láctea como al producto lácteo combinado, la primera es elaborada a partir de ingredientes propios de la leche, tales como caseína, grasa, lacto sueros y agua para consumo humano en cantidades de conformidad con lo que establece la norma mientras que el segundo es definido como el producto elaborado a partir de sólidos lácteos u otros ingredientes que no proceden de la leche.

Con este argumento es preciso insistir en que el objetivo de la presente iniciativa es que los consumidores tengan claro cuál es el producto que consumen y no se les engañe con la composición del mismo. Es decir, en el mercado de la leche, el principal problema de las marcas que ostentan la denominación de leche sin cumplir con lo dispuesto en las normas, origina una competencia desleal dentro del eslabón industrial debido a que los consumidores no están enterados de la sustitución de componentes y se guían por el precio, el cual es menor cuando se trata de productos lácteos.

No obstante, en el mercado se encuentran productos que ostentan el nombre de leche sin que cumplan con las disposiciones y requerimientos mínimos que se establecen en la norma anteriormente referida.

De acuerdo con el estudio “How well do plant based alternatives fare nutritionally compared to cow’s milk?”, publicado en noviembre de 2017, en el Journal of Food Science and Technology, que muestra un comparativo de los nutrientes contenidos en la leche de origen animal y de cuatro productos lácteos combinados.

1) La “leche de almendras” en comparación con la leche de vaca, tiene un aporte calórico menor que estas, lo cual interviene en su contenido de nutrientes, pues en 230 mililitros de la bebida vegetal únicamente se contiene 1 gramo de proteína

2) La “leche de coco” no es una buena fuente de proteínas y carece de carbohidratos, además de que debe ser fortificada D y B12

3) La leche de arroz, es rica en carbohidratos y aporta una mayor cantidad de calorías, pero como la mayor parte de sus calorías provienen del almidón, contiene bajo contenido proteínico y de grasas

4) La leche de soya es la que se asemeja más en el aporte proteínas, no obstante esta no aporta el calcio necesario ni las vitaminas B12 y D contenidas en la leche de origen animal.

Con esta información se entiende que, si bien es cierto que las bebidas vegetales son fortificadas con calcio y otros nutrientes para emular los valores nutricionales de la leche de origen animal, esto no llega a incidir en la biodisponibilidad de estos productos lácteos combinados, ya que a pesar de que se adicionen vitaminas y minerales en la misma proporción que la leche de origen animal, no significa que nuestro organismo asimile todos estos.

En ese sentido, el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche ha advertido que desde 1994 las importaciones de leche y productos lácteos se han incrementado de manera exorbitante, debido a que en ese año se importaron 267 mil toneladas de productos lácteos y leche  por una cantidad de 2 mil 167 millones de pesos, mientras que para el año 2017 se importaron 768 mil toneladas por una cantidad de 40 mil millones de pesos, lo que significó un aumento de 1 800 % cuyo valor rebasa los 37 mil millones de pesos.

El aspecto negativo de estos incrementos se refiere a que la mayoría de las importaciones resultan ser productos lácteos elaborados a base de sueros, grasas Trans prohibidas en otros países, sustancias químicas (cancerígenas) nocivas para la salud, de marcas propias, propiedad de las grandes cadenas comerciales. Además mencionan que debido a un vacío en la normatividad mexicana diversos alimentos se pueden vender como leche sin serlo, pues en su marca utilizan la palabra “leche”, dando a entender falsamente que se trata de leche entera.

La leche de origen animal y las fórmulas lácteas o productos lácteos combinados llegan a ocupar el mismo lugar en los anaqueles de tiendas, a pesar de que estas últimas cuentan con menor cantidad de proteína y lactosa requeridas para llamarse así, por lo que su nombre induce al error, ya que no son leche.

Por ello, creemos que el uso de la palabra leche, no puede utilizarse como denominación para referirse a los productos lácteos combinados, ni a las fórmulas lácteas, ya que es inadecuado para describir este tipo de productos.

El problema del registro de las marcas para la venta de productos lácteos no es una atribución de Procuraduría Federal del Consumidor por lo que, para poder regular el uso de nombres o signos que inducen al error en el consumidor, es necesario reformar la Ley de Propiedad Industrial para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tenga la facultad de revisar, tanto en el registro como en la renovación de la marca, que los nombres que se pretenden registrar corresponden al producto que se va a distribuir.

Ante la limitación jurídica de Profeco para regular el nombre y signo que se utilizan en la marca de las leches y los productos lácteos y dado que algunas de las marcas registradas con el nombre de leche no tienen las propiedades necesarias para ser consideradas leche, se considera necesario reformar la Ley de Propiedad Industrial para que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tenga la facultad de revisar, tanto en el registro como en la renovación de la marca, que los nombres que se pretenden registrar corresponden al producto que se va a distribuir

Esta iniciativa debe ser reforzada con una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor a fin de facultar a la Profeco para que pueda sancionar de manera definitiva, a las empresas que recurran a la publicidad engañosa y que por ende provoquen o induzcan a la confusión en el consumidor.

De esta forma, la reforma a ambas leyes permite apoyar a la Procuraduría en los procesos de verificación que realiza en las leches y los productos lácteos, para que estos no se resuelvan solo con medidas precautorias, que implican una suspensión de hasta 90 días de la publicidad que no ofrezca información verídica, sino que puedan suspender de manera definitiva a la publicidad engañosa.

Ante los problemas definidos en los párrafos anteriores, se establece una estrategia legislativa que tiene por objetivo regular desde el registro de la marca hasta el etiquetado de la leche a fin de contribuir en la construcción de condiciones equitativas para que la venta de leche y productos lácteos generando, por un lado, la conciencia en el consumidor acerca del producto que va a adquirir y por otro, el compromiso de las empresas de ofrecer sus productos sin la práctica de la publicidad engañosa.

Para regular el registro de las marcas de la leche, y de los productos en general, se reforma la fracción XV del artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial, con la finalidad de dar certeza jurídica al consumidor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Federal de Protección del Consumidor y así considerar los signos, textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones como susceptibles de crear confusión.

En ese mismo sentido, la reforma al artículo 95 de la Ley de Propiedad Industrial pretende que, para que la renovación del registro de una marca, se tenga como requisito la comprobación de que el nombre y signo corresponden al producto que se vende.

Por su parte, la adición de la fracción VII al artículo 128 ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor tiene la finalidad de que se considere como una falta grave cuando una marca, sea por su nombre o los signos que utilice, induzca a la confusión del consumidor. Ejemplo de esta situación es un producto lácteo cuya marca ostenta el nombre de leche y maneja en sus signos, una vaca, animal asociado comúnmente a la leche. En este caso, a pesar de que el etiquetado contenta la leyenda de que se trata de un producto lácteo, el nombre y el signo de la propia marca induce al error en el consumidor, ya que en ocasiones compran dicho producto sin la noción de que no tiene las propiedades nutricionales para ser considerado leche.

La adición de las fracciones VI al artículo 25 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor pretende otorgar a la Procuraduría Federal del Consumidor las facultades necesarias para sancionar a aquellas empresas que utilicen publicidad engañosa en los procesos de venta de sus productos, debido a que con la actual legislación, la Procuraduría tiene la capacidad de imponer medidas precautorias que en la mayoría de los casos pueden ser eludidas por las empresas que incurren en prácticas desleales en la publicidad de sus productos.

Por su parte, la adición de la fracción VII pretende sancionar a las empresas que mantengan un actuar reiterativo, es decir, que sean sancionadas por el mismo incumplimiento de la ley en repetidas ocasiones, a fin de evitar que sigan incurriendo en prácticas desleales sin consecuencia.

Finalmente, con la adición de la fracción VII al artículo 128 Quater de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se considera como facultad de la Profeco, el poder prohibir la publicidad, y no solo la comercialización como lo marca la actual ley, de un producto que no cumpla con las normas establecidas por la Secretaria de Salud.

La importancia de la presente iniciativa radica en el beneficio que obtendrán tanto consumidores como productores, debido a que el correcto etiquetado y comercialización de la leche permitirá cuidar la salud de la población, proteger al consumidor ante la publicidad engañosa en algunos productos y apoyar el desarrollo de la industria lechera.

Por lo expuesto anteriormente someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Propiedad Industrial y la Ley Federal de Protección al Consumidor en favor de la marca y etiquetado de la leche.

Artículo Primero. Se reforma la fracción XV del artículo 90 de la Ley de Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 90.

I...XIV

XV. Los signos , textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones susceptibles de crear confusión.Entendiéndose por tales, los que constituyan falsas indicaciones sobre: la naturaleza, composición, calidad, cualidades de los productos o serviciosque pretenden distinguir;

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 95 de la Ley de Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 95. El registro de marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma duración.

Para el registro y renovación el interesado deberá demostrar, mediante dictamen de un organismo de tercera parte, acreditado y aprobado por la autoridad competente, que el nombre y los signos utilizados en la marca, se relacionan con el producto que se ofrece.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 128 Quater de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 128 Ter. Se considerarán casos particularmente graves:

I ...VI

VII. Cuando la marca, sea en el nombre o en el signo, induzca a la confusión en los consumidores respecto a la naturaleza del producto,

Artículo Cuarto. Se adicionan las fracciones VI y VII al artículo 25 BIS de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 25 Bis. La Procuraduría podrá aplicar las siguientes medidas precautorias cuando se afecte o pueda afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de una colectividad de consumidores:

I...V

VI. Suspensión de la publicidad de bienes, productos o servicios

VII. Ante la reiteración en el incumplimiento de las disposiciones normativas que apliquen a los productos que elabora, proceder a la clausura del establecimiento.

Artículo Quinto. Se adiciona la fracción VII al artículo 128 ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 128 Quater. Se sancionará con la prohibición de publicidad y comercialización de bienes o productos cuando, habiendo sido suspendida ésta, se determine que no es posible su acondicionamiento, reproceso, reparación o sustitución, o bien cuando su comercialización no pueda realizarse conforme a las disposiciones de esta ley.

Único: El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 “Composición de la leche”, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), (2018)

http://www.fao.org/dairy-production-products/products/ composicion-de-la-leche/es/

2 Organismo Nacional de Normalización de Productos Lácteos. Más de 30 razones para tomar leche y consumir derivados lácteos. [Electrónico]. (Recopilado de World Wide Web el 24 de noviembre de 2018

(http://www.onnprolac.org.mx/Informacion%20Int/ Mas%20de%2030%20PRIMERA%20PARTE.pdf)

3 “How well do plant based alternatives fare nutritionally compared to cow’s milk?”, Journal of Food Science and Technology, vol. 55, (2018)

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13197-017-2915-y

4 ibídem.

5 Ibídem.

6 “México: Las importaciones de leche, principalmente de Estados Unidos, alcanzaron un nivel sin precedentes”, Portal lechero, (2018)

https://www.portalechero.com/innovaportal/v/12410/1/innova.front/ mexico:-las-importaciones-de-leche-principalmente-de-estados- unidos-alcanzaron-un-nivel-sin-precedentes.html

7 “Aprovechan vacío en normas para leche”, Reforma, (2017)

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/ default.aspx?id=1090483&urlredirect=https://www.reforma.com/ aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1090483

8 “No todo lo que parece leche lo es”, Procuraduría Federal del Consumidor.

https://www.profeco.gob.mx/revista/pdf/est_04/leche_dic04.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.— Diputados y diputadas: Eduardo Ron Ramos, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Adriana Lozano Rodríguez, Agustín Reynaldo Huerta González, Alan Jesús Falomir Saenz, Alma María Vitela Rodríguez, Ana Priscila González García, Ariel Rodríguez Vázquez, Carlos Iván Ayala Bobadilla, Carmen Julia Prudencio González, Carmen Medel Palma, Carmen Mora García, Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Ediltrudis Rodríguez Arellano, Eduardo Zarzosa Sánchez, Efraín Rocha Vega, Eudoxio Morales Flores, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Felipe Rafael Arvizu de la Luz, Fortunato Rivera Castillo, Francisco Javier Borrego Adame, Francisco Javier Guzmán de la Torre, Geraldina Isabel Herrera Vega, Gonzalo Herrera Pérez, Guadalupe Romo Romo, Higinio del Toro Pérez, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Jacobo David Cheja Alfaro, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Eugenio Russo Salido, José Ricardo Gallardo Cardona, Juan Carlos Villaseñor Salazar, Juan Francisco Espinoza Eguía, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan José Canul Pérez, Lourdes Celenia Contreras González, María de Jesús García Guardado, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Carmen Cabrera Lagunes, María Libier González Anaya, María Luisa Veloz Silva, María Rosete, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Mario Mata Carrasco, Martha Angélica Zamudio Macías, Martha Elvia García Gómez, Miguel Alonso Riggs Baeza, Mirna Zabeida Maldonado Tapia, Olga Juliana Elizondo Guerra, Pilar Lozano Mac Donald, Reginaldo Sandoval Flores, Ricardo Aguilar Castillo, Ricardo García Escalante, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Roque Luis Rabelo Velasco, Samuel Herrera Chávez, Silvia Guadalupe Garza Galván, Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en el ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los diversos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1; y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la fracción V Bis del artículo 12 de la Ley General de Educación.

Planteamiento del problema

Con la presente iniciativa, se pretende garantizar la seguridad física de las y los estudiantes de educación básica, a través de la adquisición de un seguro en caso de accidentes.

Argumentación

La población total de nuestro país se encuentra calculada en 112, 336,538 habitantes (ciento doce millones, trescientos treinta y seis mil quinientas treinta y ocho personas). De ella, la población infantil, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi) de 2014, asciende a 40.2 millones de niñas y niños de 0 a 17 años de edad. Encontrando que 19.7 millones son niñas y 20.5 millones niños y en términos relativos representan 33.6% de la población total.

También el Inegi, menciona que la Encuesta Intercensal 2015, reporta que en México 96 por ciento de las niñas y niños de 6 a 14 años asisten a la escuela, así como el 63 por ciento de la población de 3 a 5 años.

Nuestra Constitución Política establece en el artículo 4o. el fundamento que debe regir para la protección de niñas, niños y adolescentes, que a la letra indica:

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Mientras que, en relación a los compromisos internacionales, la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por nuestro país, refiere un marco amplio de diversas garantías efectivas.

Dentro de las consideraciones se cita como referencia la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual se proclaman como derechos de la infancia, el cuidado y asistencias especiales que requieren. Asimismo, se observa el deber para que a la infancia se le brinde el medio natural para lograr su crecimiento y bienestar, incluyendo la protección y asistencia que sean necesarias.

De esta forma, se identifican las necesidades que por derecho tienen las y los niños, y legitima el reclamo social y las acciones del Estado para hacerlas cumplir.

El desarrollo de la infancia que va de los 6 a los 11 años de edad, es clave para consolidar las capacidades físicas e intelectuales, para la socialización con las demás personas, y para formar la identidad y la autoestima.

La familia, la comunidad y la escuela son esenciales durante esta etapa de crecimiento acelerado, que requiere condiciones adecuadas para lograr un mejor desarrollo para el aprendizaje, el juego y el descubrimiento, así como para estimular la motricidad y la creatividad.

Reafirmando que las niñas y niños son personas en desarrollo y que se destacan por su gran vitalidad y energía, lo que hace complicado evitar algún tipo de accidentes en la escuela. No obstante, debemos tomar precauciones para prevenirlos.

Enseñarles a abrir las puertas despacio o con precaución para evitar golpear a ningún compañero, evitar los juegos peligrosos en el recreo, no empujar a compañeros, tener precaución al subir o bajar escaleras para evitar caídas, no subirse a las sillas o mesas o mantener un orden en el centro escolar para evitar lesiones.

Por accidente entendemos: un suceso no planeado y no deseado que provoca un daño, lesión u otra incidencia negativa sobre un sujeto u objeto. Para tomar esta definición, se debe entender que los daños se dividen en accidentales e intencionales (dolosos o culposos). El accidente es la consecuencia de una negligencia al tomar en cuenta los factores de riesgo o las posibles consecuencias de una acción tomada.

La Organización Mundial de la Salud, define al accidente como un hecho súbito de presentación rápida o instantánea, producido por situaciones o actos inseguros previos al momento que tiene lugar, seguido de lesiones o la muerte y/o daños materiales que pueden interrumpir un proceso de producción y en el que el factor humano interviene como elemento causal la mayor parte de las veces.

En el ámbito escolar, entre los accidentes más comunes se encuentran: raspones, moretones, sangrado de nariz, esquinces, luxaciones, fracturas y traumatismo en la cabeza.

También pueden estar expuestos a los resultados de los fenómenos naturales de los cuales no es posible mantener o prever su control. Estos fenómenos se caracterizan por ser manifestaciones de la naturaleza como resultado de su funcionamiento interno. Los hay de cierta regularidad o de aparición extraordinaria y sorprendente. Entre los primeros tenemos las lluvias, entre los segundos estarían un terremoto, un “tsunami” o maremoto, incendios, o una lluvia torrencial.

Las situaciones de crisis o emergencias a las que está expuesta una escuela son diversas, accidentes, connatos de incendio, intoxicaciones, violencia entre alumnos, daños en la infraestructura escolar, etc. fenómenos naturales, irregularidades en zonas aledañas, uso de la escuela como albergue, etc.

Lo cierto es que este tipo de incidentes además de provocar consecuencias como lesiones, discapacidad o en algunos casos la muerte, también afecta la economía familiar y pone en riesgo el patrimonio si consideramos que se requiere de un monto para atender una emergencia médica.

La recurrencia en el caso de accidentes escolares es alta, para ello basta con revisar la siguiente información: en cada ciclo escolar alrededor de 30 mil alumnos sufren una lesión, como resultado de aproximadamente 125 incidentes diarios dentro de las escuelas, ya que es muy alta la probabilidad de que las y los estudiantes se caigan o se golpeen durante el recreo, en los salones y en el trayecto de ida al colegio o de regreso a sus casas.

El último reporte de accidentes escolares indica que de enero a diciembre de 2016 se registraron 28 mil 279 percances escolares. De éstos, 85.53% del total ocurrieron entre alumnos de primaria y secundaria. Los datos desglosados muestran que, del total de accidentes, 15 mil 272 ocurrieron en alumnos de primaria, de modo que 54% de los lesionados tenía entre seis y 12 años.

En segundo lugar se encuentran los estudiantes de secundaria, pues 8 mil 917 adolescentes (31.3%) sufrieron un accidente, mientras que 3 mil 122 niños de kínder (11.4%) tuvieron un incidente y apenas 98 jóvenes de bachillerato (0.35%) sufrieron un percance de este tipo. Cabe destacar que otras estancias infantiles reportaron 870 casos, es decir 3.08%.

Ante estos riesgos que enfrentan las y los escolares algunos gobiernos estatales –Estado de México, Puebla, Cd. de México, Jalisco y Baja California- entre otros, decidieron que todas las alumnas y alumnos de escuelas públicas tienen derecho a un seguro gratuito contra accidentes, que proteja a las y los niños mientras se encuentren realizando actividades dentro de la escuela, al asistir o participar en algún evento organizado, ya que este seguro representa un beneficio para quienes estudian en escuelas públicas.

Los accidentes, son considerados acontecimientos inesperados, por lo que es necesario planear y prevenir este tipo de situaciones para proteger a los niños y niñas.

En el marco de los derechos humanos se considera que la protección de la niñez es una de las máximas prioridades, tan es así que es el principio básico de la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se ilustra con claridad lo siguiente:

Artículo 19.1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas, apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres; de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

Con base en lo anterior, el deber de cuidado se consagra en la Convención Americana sobre Derechos Humanos al definir, como base de los derechos de la niñez, lo siguiente: todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Así entonces, la responsabilidad asumida por un centro escolar comprende el resguardo y la seguridad de las y los alumnos, lo que implica el cumplimiento del deber de vigilancia, que asegure la integridad física de las y los menores de edad a través del cuidado y supervisión mientras permanece en el plantel y su devolución a los padres sin daño alguno.

Sin embargo, en caso de un imprevisto, como un accidente exige preservar y proveer todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física del accidentado.

Contar con la certeza de que las y los niños están protegidos fuera de casa es esencial para la familia, ya que uno de los lugares donde pasan más tiempo es la escuela.

Por esta razón, es importante priorizar la seguridad de los infantes al elegir una escuela ello no sólo debe ser fundamental para los padres, también de las y los profesores y autoridades que deben anticipar la integridad de las y los menores de edad ante cualquier contingencia.

Fundamento legal

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponemos a su consideración la presente iniciativa.

Denominación del proyecto de ley o decreto

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los diversos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1; y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Único. Se adiciona un tercer párrafo a la fracción V Bis del artículo 12 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. a V. ...

V Bis. Emitir, en las escuelas de educación básica, lineamientos generales para formular los programas de gestión escolar, mismos que tendrán como objetivos: mejorar la infraestructura; comprar materiales educativos; resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación entre los alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director.

En las escuelas que imparten la educación media superior, la Secretaría establecerá los mecanismos de colaboración necesarios para que los programas de gestión escolar formulados por las autoridades educativas y los organismos descentralizados, en el ámbito de sus atribuciones, propicien el mantenimiento de elementos comunes.

Asimismo, propondrán los lineamientos para la contratación de un seguro por accidentes de las y los alumnos de educación básica. Dicho seguro cubrirá los gastos médicos de atención y de recuperación que se generen por accidentes escolares, ya sea dentro de los horarios oficiales o en los trayectos de traslado que involucren las actividades educativas.

VI. a XIV. ...

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o., México.

3 En Más del 85% de los casos se presentan en primaria y secundaria, Lilian Hernández, Excélsior, México, agosto 21, 2017.

4 Adoptada por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990, entrando en vigor el 2 de septiembre de 1990.

5 Artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 febrero de 2019.— Diputadas: Mónica Bautista Rodríguez,Verónica Beatriz Juárez Piña, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbricas).»

«Posicionamiento entregado a la Mesa Directiva, por el diputado Carlos Alberto Puente Salas.

Con la venia de la Presidencia,

México se posiciona como uno de los países más vulnerables a las consecuencias negativas del cambio climático, esto derivado de su ubicación y características geográficas, así como por las condiciones sociales en las que viven muchos sectores de su población.

Es conocido que los daños provocados por el cambio climático son mayores en aquellas regiones cuyas condiciones sociales son más desfavorables, situación que indudablemente agrava sus consecuencias.

La vulnerabilidad ante el cambio climático se define, por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, como el grado en que los sistemas pueden verse afectados adversamente, dependiendo si estos son capaces o incapaces de afrontar los impactos negativos del cambio climático.

Ante la realidad en donde las condiciones climáticas son cambiantes y las posibilidades de riesgo están en aumento, la respuesta deberá ser la implementación de políticas públicas orientadas al combate del cambio climático, aumentando las capacidades de adaptación, resiliencia, y reduciendo con ello la vulnerabilidad de la sociedad.

Dicho combate tiene que dejar de verse como una tarea de carácter federal, se necesitan involucrar a los gobiernos locales y regionales para consolidar una política exitosa que elimine al máximo posible los factores que potencían los efectos negativos del cambio climático.

A medida que las ciudades crecen, se deben satisfacer las demandas de miles de nuevos habitantes, esto representa un área de oportunidad para que los gobernantes aborden estos retos desde una perspectiva ecológica y respetuosa con el medio ambiente.

En este tenor, las ciudades deben contar con acceso a financiamiento y recursos, de manera que los gobiernos locales también sean capaces de realizar inversiones orientadas a proyectos productivos con enfoque ecológico.

Desafortunadamente, la capacidad de llevar a cabo este tipo de inversiones normalmente se ve impedida por temas presupuestales, lo que impulsa a los gobiernos locales a adoptar mecanismos de acceso al financiamiento.

Actualmente, cualquier entidad con una calificación crediticia puede emitir un bono sustentable, cuyo objetivo es obtener recursos destinados al financiamiento o refinanciamiento de proyectos sustentables, los cuales deberán generar forzosamente beneficios ambientales, ya sea para la reducción de emisiones o el aumento en resiliencia.

El mercado de bonos sustentables ha crecido considerablemente en los últimos años, pasando de 4 mil millones a más de 80 mil millones de dólares en 2016. Son muchos los ejemplos de países que han emitido deuda subnacional utilizando este mecanismo, Canadá respaldó la eficiencia energética de hospitales nuevos; Suecia, emitió un bono sustentable para financiar proyectos ambientales de transporte público, la ordenación de aguas, la energía y la gestión de residuos.

Por su parte, México se ha posicionado como líder en América latina en la emisión de bonos sustentables. Entre otros ejemplos, en 2015 emitió un bono por 500 millones de dólares para financiar nueve parques eólicos ubicados en Oaxaca, Nuevo León y Baja California.

Respecto a la regulación, la contratación de deuda por parte de estados y municipios se encuentra contemplada en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en donde se expresa la restricción de contraer cualquier tipo de empréstito con gobiernos extranjeros o personas morales extranjeras, restricción igualmente contemplada en la Constitución Política de nuestro país.

Dichos financiamientos y créditos internacionales están acompañados de diversos beneficios que superan a los otorgados por los nacionales e incluso, por la propia banca de desarrollo. En este sentido, la problemática estriba en la aplicación, ya que los organismos financieros internacionales están obligados a participar en el proceso competitivo y a dar líneas de crédito a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), así como con otras instituciones de banca de desarrollo, quienes a su vez adquieren la línea de crédito para la entidad federativa, misma que recibe los recursos y los aplica a su tesorería, otorgándose con posterioridad la línea crediticia al ente público subnacional.

Lo anterior, puede considerarse un acto de simulación e incumplimiento a nuestra Constitución, ya que se establece que no se podrá contratar de manera indirecta, representando para los estados y municipios la desventaja de acceder de manera más ágil a financiamientos con valor agregado sea por el monto de interés o por las características del crédito.

Por lo anterior, presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, con la finalidad de exentar del proceso competitivo a aquellos financiamientos otorgados por organismos financieros internacionales; incluyendo el concepto de Inversión Pública Productiva Sustentable; y la posibilidad de los entes públicos para contraer financiamientos u obligaciones para proyectos de Inversión Pública Productiva Sustentable con la Banca de Desarrollo.

Esperando contar con su respaldo, agradezco su atención.

Es cuanto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019.— Diputado Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 2 y 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista y los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Humberto Pedrero Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción XXV Bis al artículo 2 y se adicionan un párrafo segundo y uno tercero al artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, al tenor de la siguiente

México es sumamente vulnerable a las consecuencias del cambio climático tanto por sus características geográficas como por condiciones sociales desfavorables en las que viven muchos sectores de la población.

Resulta necesario resaltar las pérdidas humanas y los altos costos económicos y sociales derivados de ello. Tal es el caso de las afectaciones por fenómenos hidrometeorológicos, que entre 2001 y 2013 ascendieron a cerca de 2.5 millones de personas y las pérdidas económicas sumaron más de 338 mil millones de pesos.

Los daños provocados por estos fenómenos son desproporcionalmente mayores en aquellas regiones y municipios cuyas condiciones sociales desfavorables agravan las consecuencias de estos desastres, resultando en elevados niveles de vulnerabilidad para esa población. De acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, en nuestro país 13 por ciento de los municipios, es decir, 319 entidades, viven en condiciones de vulnerabilidad “alta” y “muy alta” al cambio climático.

La vulnerabilidad ante el cambio climático se define por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático como el grado en que los sistemas pueden verse afectados adversamente por el cambio climático, dependiendo si estos son capaces o incapaces de afrontar los impactos negativos del cambio climático. En este sentido, la vulnerabilidad también depende de la capacidad de la sociedad de anticiparse, enfrentar, resistir y recuperarse de un determinado impacto. Por mencionar un ejemplo, 90 por ciento de los municipios de Campeche se encuentra en estas condiciones.

Lo anterior nos permite llegar a la conclusión de que, ante una actualidad donde las condiciones climáticas son cambiantes y donde las posibilidades de riesgo climático están en aumento, la respuesta deberá ser la implementación de políticas públicas orientadas al combate del cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad social. Esto, a través de estrategias como el aumento de las capacidades de adaptación y la resiliencia.

El combate del cambio climático depende especialmente de las acciones que tomen los gobiernos locales y regionales entorno a este problema. Es necesario considerar que más de la mitad de la población actualmente vive en áreas urbanas y se espera que esta proporción mantenga una tendencia creciente durante los siguientes 30 años. Aparte de ello, las ciudades consumen gran parte de la energía que se produce en el mundo, y son responsables por cerca de 70 por ciento de las emisiones globales de carbono.

Los esfuerzos dirigidos por los gobiernos locales que busquen abatir las causas del cambio climático pueden tener efectos inmediatos, directos y significativos al estar focalizados a zonas con una densidad poblacional alta. Esto es especialmente importante para los países como México, ya que se espera que las economías emergentes tengan elevados niveles de urbanización en los próximos años.

A medida que las ciudades crecen, deben satisfacer las demandas de decenas de miles de nuevos habitantes y enfrentar nuevos problemas como lo son las necesidades de movilidad y vivienda, contaminación ambiental y acceso a energía. Sin embargo, esto representa una enorme oportunidad para que los gobernantes aborden los nuevos retos desde una perspectiva ecológica y respetuosa con el medio ambiente.

La planificación e inversión en infraestructura tendrán efectos de largo plazo y serán detonantes de crecimiento y desarrollo urbano para el futuro de las ciudades. La estrategia de combate del cambio climático deberá estar diseñada alrededor de cada ciudad en particular, de manera que se tomen en cuenta factores demográficos, geográficos y características regionales.

Las ciudades deben contar con acceso a financiamiento y recursos, de manera que los gobiernos locales también sean capaces de realizar inversiones orientadas a proyectos productivos con enfoque ecológico. Desafortunadamente, la capacidad de llevar a cabo este tipo de inversiones normalmente se ve impedida al requerir reasignaciones presupuestales importantes y de su habilidad de aumentar sus ingresos. Pese a estas limitaciones, los gobiernos locales pueden tomar provecho de mecanismos de acceso al financiamiento ya establecidos, además de usar modelos nuevos e innovadores de inversión adaptados a sus necesidades.

Actualmente, cualquier entidad con una calificación crediticia puede emitir a través de la Bolsa Mexicana de Valores, un bono sustentable, estas entidades incluyen la banca de desarrollo, banca comercial, corporativos, gobiernos locales y gobierno federal (bono sustentable soberano).

El objetivo de la emisión de los bonos sustentables es obtener recursos cuyo destino sea específica y exclusivamente el financiamiento o refinanciamiento de proyectos sustentables detallados en la emisión de los valores.

Los proyectos de inversión deben generar forzosamente beneficios ambientales claros y definidos, ya sea para la reducción de emisiones o el aumento en resiliencia.

Los proyectos pueden pertenecer a cualquiera de los 7 sectores generales:

• Energía renovable: Incluye energía solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica y mareomotriz.

• Eficiencia energética: En industria para mejoras tecnológicas, procesos y equipos, así como construcción sustentable.

• Construcción sustentable: Mejoras en consumo de agua y energía, así como operación y mantenimiento de edificios sustentables.

• Transporte limpio: Vehículos eléctricos, transporte ferroviario, Metro y BRT.

• Agua/adaptación: Manejo eficiente del agua, potabilización, infraestructura hídrica y restauración de hábitat.

• Manejo de residuos: Manejo de desechos con captura de metano o generación de energía, tratamiento de aguas residuales, captura y reciclaje.

• Agricultura, bioenergía, forestación y cadena de abastecimiento de alimentos: Desarrollo de agricultura verde y orgánica, biomasa y biocombustibles y prevención de desastres.

El mercado de bonos sustentables ha crecido considerablemente en los últimos años, pasando de 4 mil millones de dólares a más de 80 mil millones en 2016. Para poner en perspectiva el rápido crecimiento de estos instrumentos es posible observar un incremento de 92 por ciento respecto a 2015. Asimismo, las emisiones realizadas por gobiernos subnacionales y ciudades ha ido en aumento, prueba de ello es el aumento de 150 por ciento en el tamaño de este mercado.

Alrededor del mundo hay diversos ejemplos de ciudades y estados que han emitido deuda subnacional utilizando este mecanismo. Entre ellos podemos resaltar Columbia Británica, en Canadá, respaldó la eficiencia energética de hospitales nuevos con un bono sustentable a 32 años por 231 millones de dólares canadienses en 2014; Gotemburgo, en Suecia, emitió un bono sustentable a 6 años para 500 millones de coronas suecas para financiar proyectos ambientales de transporte público, la ordenación de aguas, la energía y gestión de residuos, por mencionar sólo un par.

México se ha posicionado como líder en América Latina en la emisión de bonos sustentables. En 2015 se llevó a cabo la primera emisión de este instrumento, y fue realizado por Nacional Financiera con un bono por 500 millones de dólares que serían utilizados para financiar un portafolio de 9 parques eólicos situados en Oaxaca, Nuevo León y Baja California.

A su vez, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México emitió dos bonos sustentables en 2016 para el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México por 2 mil millones de dólares, se planeaban usar los recursos para la construcción sustentable, energía renovable, agua y desechos, en el Plan Maestro Ambiental.

Igualmente, el gobierno de la Ciudad de México emitió dos bonos sustentables entre 2016 y 2017, sumando 3 mil millones de dólares para financiar transporte limpio con la ampliación de la línea 5 del Metrobús y el mejoramiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como para invertir en la eficiencia y manejo de aguas residuales.

La contratación de deuda por parte de estados y municipios está prevista en el artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF). Ahí se encuentra expresada la restricción de contraer cualquier tipo de empréstito con gobiernos extranjeros o personas morales extranjeras. La misma restricción se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en la fracción VIII del artículo 117.

Los estados y municipios están impedidos para adquirir cualquier tipo de deuda que no sea destinada a inversión pública productiva (artículos 117 CPEUM y 22 LDF). Conforme a la propia definición de la LDF, en el artículo 2 se establecen tres elementos para determinar cuándo se está ante inversión pública productiva y la distinción o acotamiento para los tipos de inversiones donde también remite al clasificador por objeto del gasto público realizado por el Consejo de Armonización Contable.

Con arreglo a la LDF, los estados y municipios deberán establecer un proceso competitivo para la contratación de créditos con cualquier institución financiera. Pese a ello, hay supuestos de excepción del proceso competitivo establecidos en la misma ley.

Ahora bien, de manera general, los financiamientos y créditos otorgados por ciertos organismos financieros internacionales están acompañados por diversos beneficios, al contrario de aquellos que dan los nacionales e inclusive la propia banca de desarrollo. En el sentido de que otorgan las líneas de financiamiento a condiciones excesivamente beneficiosas, sea porque son tasa cero o porque van acompañados por procesos de asistencia técnica.

Primordialmente, el banco de desarrollo que en su mandato otorga financiamiento a los estados y municipios es el Banobras. Que, en muchos casos participa en procedimiento competitivo con la banca comercial. Tan sólo en 2016, el total otorgado a los estados sumaba 59 mil 831 millones de pesos.

En México operan dos fondos de inversión en el clima, fueron aprobados por el Banco Mundial en 2008 y están diseñados para trabajar a través de bancos de desarrollo multilaterales. Hay 14 proyectos con una inversión superior a los $580 millones de dólares y son financiados por el Fondo de Tecnologías Limpias y el Fondo Estratégico para el Clima.Estos proyectos operan en su mayoría a través de instituciones de banca de desarrollo como Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; Sociedad Hipotecaria Federal; o Nacional Financiera.

La problemática estriba en la aplicación, ya que los organismos financieros internacionales están obligados a participar en el proceso competitivo y a dar líneas de crédito con Banobras y otras instituciones de banca de desarrollo, quienes a su vez adquieren “para la entidad federativa” la línea de crédito misma que recibe los recursos y los aplica a su tesorería en tanto que en un momento posterior otorga la línea al ente público subnacional.

Es decir, lo anterior puede considerarse una simulación y a su vez se incurre en procesos que contravienen las disposiciones de la CPEUM, ya que se establece que no se podrá contratar de manera indirecta. Lo anterior representa una problemática de fraude constitucional y a su vez legal, sin embargo, esta restricción para el caso específico representa una desventaja para los estados y municipios de acceder de manera más ágil a financiamientos con valor agregado sea por el monto de interés o por las características del crédito.

De esta forma, se reconoce una práctica y el objetivo es su ordenamiento, regulación y destino en materia técnica y transversal. No obstante, abrir la iniciativa podría prestarse a un riesgo financiero y constitucional de forma desmedida de acceso a crédito. Por ese motivo, la LDF establece los criterios de distribución de remanentes en los presupuestos para los estados y municipios dependiendo de su calificación en el sistema de alertas.

El objetivo de la propuesta es exentar del proceso competitivo a aquellos financiamientos otorgados por organismos financieros internacionales con los siguientes candados:

• Candado sustentable. Solamente se podrá acceder a inversiones públicas productivas sustentable.

• Por conducto de la banca de desarrollo. Se regulará la práctica de financiamiento indirecto con organismos financieros internacionales, respetando el acceso directo por parte de la banca de desarrollo, mismo que servirá de filtro financiero y constitucional.

• Candado de condiciones. Solamente podrá encontrarse en este supuesto para la excepción del proceso competitivo aquel crédito que tenga un valor agregado y que sea sustentable, es decir deberán de ser requisitos concomitantes.

• Candado hacendario. La SHCP, a través de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, autorizará las opciones caso por caso salvaguardando el destino, la viabilidad financiera y las condiciones de la operación para regular el acceso al crédito de manera ordenada.

• Candado de participación del Estado mexicano. La obtención del crédito en estas condiciones o quienes participan sean organismos financieros donde México tenga participación accionaria. Lo anterior permitirá afirmar la conformidad constitucional, ya que no será una persona moral extranjera, sino un organismo financiero cuyo domicilio está en otro país, pero en el que el país tenga participación accionaria.

Una vez delineados los alcances y las implicaciones de la propuesta de reforma, y por las cuestiones presentadas en esta iniciativa, someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Primero.Se adicionan la fracción XXV Bis al artículo 2, y un párrafo segundo y uno tercero al artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 2. Para efectos de esta ley, en singular o plural, se entenderá por

I. a XXV. (...)

XXV Bis. Inversión pública productiva sustentable: toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social de carácter ambiental claro y definido, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea (i) energías renovables; (ii) construcción sustentable; (iii) eficiencia energética; (iv) transporte limpio; (v) agua; (vi) manejo de residuos; y (vii) agricultura, forestación, bioenergía y cadena de abastecimiento de alimentos.

(...)

Artículo 22. (...)

Los entes públicos podrán contraer financiamientos u obligaciones para proyectos de inversión pública productiva sustentable con la banca de desarrollo.

Para estos efectos, la banca de desarrollo podrá recurrir al financiamiento con organismos financieros internacionales en los que el Estado mexicano ostente participación accionaria, cumpliendo cada uno de los siguientes requisitos:

I. Los recursos obtenidos deberán destinarse única y exclusivamente para inversión pública productiva sustentable;

II. La secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, determinará las reglas a las cuales estarán sujetos dichos financiamientos, salvaguardando la viabilidad financiera y las mejores condiciones de acceso al crédito;

III. Previo dictamen de la secretaría, y garantizando las mejores condiciones de acceso al crédito, los entes públicos podrán estar exentos de los procesos competitivos a que se refiere esta ley.

(...)

(...)

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Las entidades federativas y, en su caso, los municipios realizarán las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este decreto, a más tardar 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo.

Tercero.El Ejecutivo federal, en un plazo de 60 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá expedir y armonizar las disposiciones reglamentarias que correspondan conforme a lo dispuesto en el presente decreto.

Notas

1 Gobierno de la República (2015). Compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio climático para el periodo 2020-2030, 4 de enero de 2019, del sitio web

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/162974/2015_indc_esp.pdf

2 Secretaría de Turismo (2014). Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, 4 de enero de 2019, del sitio web

http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2014/09/PECC-2014-2018.pdf

3 Ibídem.

4 International Finance Corporation (2018). Oportunidades de inversiones climáticas en ciudades, 4 de enero de 2019, de IFC Grupo Banco Mundial. Sitio web:

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/bffd2386-ff4c-454d-8366-8d801bf3b9c5/ 201811-CIOC-IFC-Analysis.pdf?MOD=AJPERE

5 Ibídem.

6 Plataforma Mexicana de Carbono (2017). Los bonos verdes como alternativa de financiamiento para los proyectos de infraestructura, 4 de enero de 2019, de Grupo BMV Sitio web:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/208275/ Presentacion_BV-APPs_Alba_Aguilar.pdf

7 Bolsa Mexicana de Valores. Bonos verdes, 4 de enero de 2019, de Grupo BMV. Sitio web:

https://www.bmv.com.mx/docs-pub/MI_EMPRESA_EN_BOLSA/CTEN_MINGE/ BONOS%20VERDES.PDF

8 Ibídem.

9 Banco Mundial (2015). ¿Qué son los bonos verdes?, 4 de enero de 2019, de Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Sitio web:

http://documents.worldbank.org/curated/en/165281468188373879/pdf/ 99662-REPLACEMENT-FILE-Spanish-Green-Bonds-Box393223B-PUBLIC.pdf

10 Nacional Financiera. Primer bono verde mexicano, 4 de enero de 2019, de Nafin Banca de Desarrollo. Sitio web:

https://www.nafin.com/portalnf/content/sobre-nafin/sala-de-prensa/ boletin_bono_verde.html

11 Cabrera Sánchez, Guadalupe. Los bonos verdes en México, un importante nicho de financiamiento para las empresas, 4 de enero de 2019, de BBVA. Sitio web:

https://www.bbva.com/es/bonos-verdes-mexico-importante-nicho- financiamiento-empresas/

12 Fondos de Inversión Climática (2018). Proyectos en México, 4 de enero de 2019, de CIF Climate Investment Funds. Sitio web:

https://www.climateinvestmentfunds.org/country/mexico

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.— Diputados y diputgadas: Carlos Alberto Puente Salas, Arturo Escobar y Vega, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Beatriz Manrique Guevara, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Humberto Pedrero Moreno, Érika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Víctor Adolfo Mojica Wences, diputado de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona la fracción VIII al artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos según lo siguiente

A lo largo de los años, la honorable Cámara de Diputados ha desempeñado un papel fundamental para el desarrollo de la nación.

Grandes y destacados pensadores que han sustentado sus propuestas legislativas con fundamentos jurídicos impecables, enriqueciendo las normas jurídicas y mostrando al mundo grandes avances en la materia.

Legisladores que han pasado a la historia y que honran este recinto al estar escritos sus nombres en letras de oro y que a la vez, son ejemplo para quienes tenemos el honor y privilegio de representar a los mexicanos.

Hombres que han sido ejemplo de tenacidad, compromiso con la nación y visión histórica para la construcción de instituciones sustentadas en la ley, y en la elaboración de las normas que rigen el funcionamiento de esas instituciones, para su aplicabilidad en las distintas exigencias que plantea la interacción entre ciudadanos y entre estos con las instituciones.

La discusión y planteamiento de ideas y propuestas sustentadas en la filosofía del derecho, en el positivismo, en la ética y sus exigencias morales representativas de la exigencia de relaciones sociales de calidad, necesarias para conformar una sociedad funcional y efectiva en el cumplimiento de las aspiraciones de quienes pertenecemos a ella.

Han sido, pues, diputados y diputadas que han cubierto de gloria al Congreso de México, y a los cuales debemos honrar con conductas, diálogos y acuerdos, propios de lo que necesita nuestro país para fortalecer su desarrollo hacia el futuro.

Como en toda sociedad dinámica y plural como la nuestra, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Pues a  pesar del trabajo impecable y en pro de México, de muchos diputados y diputadas, han habido casos lamentables de hombres y mujeres que han manipulado su legitimidad y su poder, para acceder a este espacio de representación de la Nación y usarlo únicamente como plataforma de lanzamiento a posiciones de gobierno, utilizando el poder, los recursos, y muchas veces la legitimidad forzada que le otorgan los trabajadores al servicio del Estado o de las empresas privadas, organizados en asociaciones sindicales de los cuales usufructúan sus recursos económicos, para promoverse e impulsarse hacia cargos de representación popular.

Me refiero a aquellos dirigentes sindicales que utilizan sus cargos al frente de tales organizaciones laborales, para ponerlos de manera oportunista, a disposición de organizaciones políticas. Al hacerlo, violan el principio de equidad o igualdad de condiciones, establecido por la ley electoral para participar en procesos políticos de elección popular, puesto que como he mencionado, utilizan los ahorros de los trabajadores para su beneficio político, con lo cual logran aventajar a cualquier aspirante que solo cuenta con su trabajo, su capacidad profesional, y su trayectoria de servicio.

Es ilustrativo que el artículo 55 constitucional, limita la posibilidad de participar en procesos electorales para ser diputado o diputada, únicamente a funcionarios de los tres Poderes, de los organizamos considerados autónomos, de los organismos descentralizados, de los gobiernos de los estados y de los ayuntamientos, y de ministros de cultos religiosos, sin incluir a los dirigentes sindicales, que igual que los funcionarios de las dependencias señaladas, manejan recursos millonarios en su favor, y todo el poder sindical para obligar a sus agremiados a darles su apoyo para hacerlo llegar, inmerecidamente, hasta estos espacios de ejercicio de soberanía nacional.

Por otro lado, quienes de esa forma han llegado hasta esta soberanía popular, solo han denigrado esa representación al ostentar su riqueza, obtenida a costa de la pobreza de los agremiados a sus sindicatos, y convertirse, en legislaturas pasadas, únicamente en levanta dedos para justificar políticas antipopulares.

Poco o nada han aportado a la legislación mexicana a pesar de venir a este espacio en nombre del pueblo, como representantes de algún grupo social que ha puesto su confianza en ellos con la falsa promesa de tener una mejora laboral, con mejores derechos y prestaciones los cuales una vez estando en el poder, gracias al voto de confianza del gremio trabajador, nunca llega, pues una vez llegando al poder se olvidan de quienes confiaron en ellos.

Por los motivos antes expuestos, y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento el siguiente:

Decreto que adiciona una VIII fracción al artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona la fracción VIII al artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 55. Para ser diputado se requiere:

...

I. a VII. ...

VIII. No ser dirigente de ninguna organización sindical de trabajadores o trabajadoras, a menos que se separe definitivamente de sus funciones seis meses antes del día de la elección.

Artículo Transitorio. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a de 12 de febrero de 2019.— Diputado Víctor Adolfo Mojica Wences(rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos, a fin de garantizar la paridad de género en la integración de los órganos de dirección de los partidos políticos, a cargo de la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada Lizbeth Mata Lozano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y artículo 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos, a fin de garantizar la paridad de género en la integración de los órganos de dirección de los partidos políticos, con base en la siguiente

La equidad de género, su evolución, su avance y sus retos de cara al futuro representan, en ese sentido, un aspecto crucial para entender el modo en que ya sea desde el Estado, desde el Congreso de la Unión y los congresos locales, así como desde la sociedad civil, se van paliando las desigualdades históricas que generaron décadas de injusticia, de exclusión e inclusive marginación, así como una tendencia en la que la mujer era vista inferior al hombre, y esta visión generaba patrones de conducta que con el tiempo relegaron a más de la mitad de la población de un acceso equitativo a oportunidades laborales, personales y profesionales.

En el contexto de los derechos de las mujeres, hablar de igualdad no significa identidad con los hombres; significa tener las mismas oportunidades, ser reconocidas y tratadas como iguales. Es así, como al paso del tiempo se han venido desarrollando acciones afirmativas consistentes en medidas compensatorias de carácter temporal en favor de la mujer, a fin de reducir la brecha de desigualdad entre géneros.

Múltiples instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, han potenciado la protección jurídica de las denominadas cuotas de género, logrando al día de hoy, la consolidación del principio de paridad de género en los cargos de elección popular de naturaleza legislativa y municipal.

De esta forma, poco a poco, se ha fortalecido la promoción y aceleración de la participación política de las mujeres en cargos de elección popular y se ha avanzado en el combate a toda forma de discriminación y exclusión histórica o estructural, al grado que los criterios jurisprudenciales más recientes de los tribunales electorales, han interpretado que las postulaciones paritarias, cuotas de género y cualquier medida afirmativa de carácter temporal por razón de género, debe aplicarse procurando el mayor beneficio hacia las mujeres.

Con la promulgación de la reforma político-electoral del 10 de febrero de 2014, se estableció como principio constitucional en nuestra Carga Magna, que los partidos políticos deberán postular paritariamente sus candidaturas para los congresos federal y locales. Las leyes electorales se encargaron de determinar diversas medidas para instrumentarla, cuyo proceso de armonización legislativa culminó antes de que iniciara el Proceso Electoral Federal 2014-2015.

Uno de los nuevos marcos normativos que se originaron como producto de las transformaciones del sistema electoral mexicano de los años 2013 y 2014, fue precisamente la nueva Ley General de Partidos Políticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, de cuyo contenido se desprende que el principio de paridad es exigible para los partidos políticos en las candidaturas a cargos legislativos, teniendo el deber de hacer públicos los criterios para garantizar la paridad, los cuales deben ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre los géneros.

Bajo este postulado, cobran alta relevancia los alcances de la jurisprudencia 20/2018, mediante la cual, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que los partidos políticos están obligados a garantizar la paridad de género, no sólo en candidaturas a cargos de elección popular, sino también en la integración de sus órganos de dirección, ello con independencia de que las normas internas que regulen sus asuntos internos, sean omisas al prever la paridad de forma expresa; lo anterior por tratarse de un principio de estándar constitucional y convencional que garantiza y maximiza la participación política de las mujeres en la toma de las decisiones trascendentales al interior de los institutos políticos.

En efecto, a la luz de las interpretaciones judiciales más vigentes, el principio de paridad de género debe garantizarse en la postulación de candidaturas a cargos de dirección partidista, al ser los partidos políticos entidades cruciales para la participación política de las mujeres, de ahí la urgente necesidad de materializar su inclusión en los órganos de representación partidaria, en la misma dimensión y alcances que sucede con las candidaturas a cargos legislativos y municipales.

A fin de robustecer el marco legal existente que regula la vida interna de los partidos políticos y con el propósito de apegarse a los estándares internacionales más aceptados en materia de paridad de género, se propone reformar y adicionar los artículos 25, 40, 43, 44 y 46 de la Ley General de Partidos Políticos, para establecer mejores condiciones de competencia y representación paritaria en la integración de órganos de dirección, lo cual se erige como un presupuesto imprescindible para lograr la igualdad sustantiva en el ejercicio del poder público, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, desde el interior de los partidos políticos.

Respecto al artículo 25 se intenta instaurar como obligación especifica de los partidos políticos, garantizar la paridad de género en la integración de sus órganos de dirección.

Por lo que hace a los cambios propuestos en el artículo 40, pretenden asegurar que los estatutos de los partidos políticos establezcan como derechos mínimos de sus militantes, la posibilidad de participar en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, con garantías de acceso a la paridad vertical y horizontal en la integración de sus órganos de dirección. Respecto a la reforma del artículo 43, se destaca la incorporación del principio de paridad de género en la integración de los internos que describe dicho numeral, debiendo considerarse tanto en su dimensión vertical como en horizontal.

En cuanto a la modificación del artículo 44, se propone que las convocatorias para organizar los procedimientos internos de integración de órganos directivos de los partidos políticos y para la postulación de candidaturas a cargos de elección popular, contemplen los criterios para garantizar la paridad de género. Finalmente, los ajustes al artículo 46 plantean que el órgano de decisión colegiado en materia de impartición de justicia interna, cuente con una integración que garantice la participación de ambos géneros, privilegiando en la medida que sea posible la igualdad entre hombres y mujeres.

Cabe destacar que por tratarse de una reforma aplicable en el ámbito de una ley general, sus efectos normativos trascienden a la competencia de los tres órdenes de gobierno, es decir, el federal, el local y el municipal. En ese sentido, conviene puntualizar que los cambios en el artículo 25 actualizan su contenido para garantizar que la paridad de género no se vea limitada en las dimensiones desarrolladas en el orden municipal.

Así las cosas, se retoman los postulados construidos a base de criterios jurisprudenciales que sostienen la existencia de una doble dimensión a saber: la paridad vertical y la paridad con enfoque horizontal. En suma, es de conocimiento explorado que a través de esa perspectiva dual, se alcanza un efecto útil y material del principio de paridad de género, lo que posibilita velar de manera efectiva e integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres.

Por su parte, las disposiciones transitorias buscan prevenir que los partidos políticos evadan el cumplimiento de la paridad de género en la integración de sus órganos de dirección al imponer un plazo de 90 días, contados a partir de la publicación del presente decreto, para actualizar sus estatutos, reglamentos y demás normas que regulen sus asuntos internos a fin de apegarse a las disposiciones previstas en éstas reformas.

En suma, los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) estamos conscientes que en relación al género, las políticas de equidad han buscado erradicar todas las formas de discriminación por causa de la diferencia sexual y promover la igualdad social y jurídica entre mujeres y hombres. Es por ello que en la Agenda Legislativa del GPPAN para la presente Legislatura, se propone “Fortalecer los mecanismos jurídicos y las políticas públicas, que permitan a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos y en igualdad de condiciones aseguren una vida digna y su participación directa en la gestión de los asuntos públicos y privados que hagan realidad lo establecido en el principio constitucional de igualdad entre mujeres y hombres”.

Sabemos que resulta de suma importancia lograr la igualdad sustantiva para fortalecer el estatuto de ciudadanía de las mujeres mexicanas y eleva su estándar de protección. Por ello, mediante el impulso de estas medidas legislativas, reformularemos la concepción del poder político como un espacio que debe ser compartido en partes iguales entre hombres y mujeres para configurar un nuevo contrato social que permee dentro de las sociedades democráticas como la nuestra.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos

Único.Se reforman el inciso r) del artículo 25 y el numeral 2 del artículo 46; y se adicionan el inciso k) al artículo 40, un numeral 3 al artículo 43, una fracción al inciso a) del artículo 44, todos a la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) a la q) ...;

r) Garantizar la paridad entre los géneros en la integración de sus órganos de dirección yen las candidaturas a legisladores federales y locales , así como a cargos municipales y equivalentes;

s) a la u) ...;

Artículo 40.

1. ...

a) al h) ...;

i) Impugnar ante el Tribunal o los tribunales electorales locales las resoluciones y decisiones de los órganos internos que afecten sus derechos político-electorales ;

j) Refrendar, en su caso, o renunciar a su condición de militante , y

k) Participar en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, con garantías de acceso a la paridad de género en la integración de los órganos de dirección de los partidos políticos y las candidaturas a cargos de elección popular que correspondan.

Artículo 43.

1. al 2. ...

3. Los partidos políticos tienen la obligación de promover la paridad de género en la integración de los órganos a que se refiere el presente artículo, en los términos que resulte aplicable.

Artículo 44.

1. ...

a) ...

I. a la VII. ...

VIII. Fecha y lugar de la elección ;

IX. Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y egresos de campaña o de precampaña, en su caso , y

X. Criterios para garantizar la paridad de género en la integración de sus órganos internos y para la postulación de candidatos a cargos de elección popular, según corresponda.

b) ...

I. a la II. ...

Artículo 46.

1. ...

2. El órgano de decisión colegiado previsto en el artículo 43, inciso e) de esta ley, deberá estar integrado de manera previa a la sustanciación del procedimiento, por un número impar de miembros garantizando la participación de ambos géneros; será el órgano responsable de impartir justicia interna y deberá conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad, así como con respeto a los plazos que establezcan los estatutos de los partidos políticos.

3. ...

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los partidos políticos tendrán un plazo de 90 días, contados a partir de la publicación del presente decreto, para actualizar sus estatutos, reglamentos y demás normas que regulen sus asuntos internos a fin de apegarse a las disposiciones previstas en estas reformas.

Notas

1 Castillo, Carlos: Cuaderno de trabajo 7: Equidad de género; Fundación Rafael Preciado Hernández A.C.; 2015, pág. 5.

2 Pacheco, Gilda: Los derechos humanos de las mujeres, 2004, pág. 86.

3 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia 11/2018, bajo el título: Paridad de género. La interpretación y aplicación de las acciones afirmativas debe procurar el mayor beneficio para las mujeres.

4 Bonifaz, Leticia: El principio de paridad en las elecciones: aplicación, resultados y retos, SCJN, pág. 1.

5 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia 20/2018, bajo el título: Paridad de género. Los partidos políticos tienen la obligación de garantizarla en la integración de sus órganos de dirección.

6 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jurisprudencia 7/2015, bajo el título: Paridad de género. Dimensiones de su contenido en el orden municipal.

7 Bustillo Marín: Equidad de género y justicia electoral, pág. 7.

8 Véase: Agenta Legislativa del Partido Acción Nacional en:

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2018/sep/20180905-B.pdf, consulta 12 septiembre de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Lizbeth Mata Lozano, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Armando Tejeda Cid, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que expide la Ley que crea el Consejo Hacendario de la Federación, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada Soraya Pérez Munguía,integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, párrafo séptimo, 71, fracción II, 72, apartado H, y 73, fracciones XXIX y XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que expide la Ley que crea el Consejo Hacendario de la Federación, al tenor de la siguiente:

Primero. El objetivo central de la presente iniciativa es el establecimiento de una entidad dotada de autonomía, con carácter consultivo, adscrita al Poder Legislativo, que velará por la estabilidad de las finanzas públicas para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, así como establecer las bases para cooperar con los gobiernos de las entidades federativas en la misma materia, mediante una ley que lo fortalezca, valide y legitime como órgano consultivo del más alto nivel técnico y permanente, tal como lo señala la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 25, segundo párrafo. De igual forma, dispone que el Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. Lo anterior también a la luz del parámetro que establece el dispositivo constitucional antes citado, y apoyados en el andamiaje que otorgan las fracciones XXIX-W y XXX del artículo 73 constitucional, para legislar en materia de responsabilidad hacendaria.

Segundo. Previo a continuar la presente exposición de motivos, es necesario señalar que este proyecto de decreto emana del trabajo conjunto que desde la Cámara de Diputados se ha realizado con organizaciones de la sociedad civil, como la Federación Nacional de Economistas y Colegios estatales agremiados, debiendo destacar que aquí se incorporan varias de las ideas aportadas en diversas mesas de trabajo que se llevaron a cabo con el equipo de profesionales de la dirigencia nacional de Confederación Patronal Mexicana ( Coparmex), quien por conducto de su presidente, Gustavo de Hoyos Walther, hicieron entrega del documento denominado “ Estudio Técnico para la Creación de un Consejo Fiscal Independiente en México” y del cual se retoman párrafos adelante, argumentos con los cuales coincidimos:

“En noviembre de 2015, la Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), al hacer un análisis de la política macroeconómica y fiscal de México, señaló que el país se había enfrentado a un complejo entorno mundial, caracterizado por una volatilidad del mercado financiero y el derrumbe en el precio del petróleo. No obstante, indicó que la economía mexicana sigue creciendo a un ritmo moderado, las presiones por la salida de grandes capitales han sido limitadas y el mercado cambiario, hasta ese momento, había sido flexible, lo que ayudó a la economía a ajustarse a las sacudidas externas, mientras que la inflación había permanecido baja y estable.

En un análisis sobre los resultados de la política económica instrumentada por México hasta ese año (2015), el FMI la calificaba como una economía que repetía constantemente buenas prácticas; sin embargo, aconsejaba que eran necesarios más y mejores controles, como los llevados a cabo por otros países en el mundo, a través de órganos autónomos con capacidades técnicas.

En abril de 2016, el FMI emitió el documento “Consejos fiscales: fundamentos y eficacia”, elaborado por Roel Beetsma y Xavier Debrun, en el cual se analizó la trayectoria de las políticas fiscales en 22 economías, que desde inicios de 1970 han conducido sus finanzas públicas con un fuerte sesgo hacia elevados déficits presupuestarios, lo que las llevó a una situación de sobreendeudamiento generalizado.

El estudio comprueba que los países que cuentan con un Consejo Fiscal autónomo han ido fortaleciendo de una mejor forma sus finanzas públicas. En el mismo estudio el director de Asuntos Fiscales y de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional, Vítor Gaspar, sugirió que México “debe contar con un consejo fiscal independiente que apoye al gobierno federal a conseguir las metas de reducir el déficit público y que le permita consolidar el crecimiento económico”.

Sin dejar de reconocer que nuestro país está tomando las medidas necesarias para reducir la deuda, Vítor Gaspar resaltó que un consejo es un órgano consultivo independiente que funge como asesor técnico en materia de finanzas públicas, deuda pública, presupuesto y responsabilidad fiscal. Indicó que esta figura existe en 47 países; entre ellos, España, Suecia, Alemania, Grecia, Reino Unido, Portugal, Francia, Finlandia, además de Perú, Colombia y Chile en el continente americano.

En sus conclusiones, el Fondo Monetario Internacional sostiene que México requiere de un Consejo Fiscal que ayude a reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones sobre el endeudamiento federal; a disminuir el déficit creciente de las pensiones; apoye en el diseño de una estrategia de cobertura de tasas de interés y de tipos de cambio; a definir cómo fijar los límites al endeudamiento del gobierno federal, de las empresas del Estado y de los gobiernos estatales y municipales;  en el diseño de un esquema fiscal más competitivo, sencillo y amigable a la inversión y al empleo; el impacto del cambio demográfico en la recaudación y en los compromisos futuros en el gasto de salud; emitir las recomendaciones para lograr una mayor recaudación local en los estados y municipios; el problema de la economía informal y el cómo lograr una mayor eficacia del gasto.

Por otro lado, Ernesto O´Farrill Santoscoy señala que, como ejemplo de la indisciplina fiscal, en el paquete económico para 2017 los diputados aparecieron 51.3 mil millones de pesos de ingresos extras, modificando las premisas conservadoras que había propuesto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esto equivale a 0.28 por ciento del PIB, lo que representa 70 por ciento del superávit primario que propone Hacienda (0.4 por ciento/PIB). A su vez, el alza de la tasa de interés de referencia de 175 puntos base que ha realizado el Banco de México, equivale a un incremento en el servicio de la deuda de 0.9 por ciento del PIB, asumiendo que toda la deuda pública fuera en pesos y a tasa revisable.

Para vigilar y corregir este tipo de indisciplinas, señala Ernesto O´Farrill, es necesario que exista una entidad experta, especializada, apartidista y transexenal que desde un punto de vista independiente advierta sobre los riesgos de largo plazo y dé soluciones para afrontarlos y solucionarlos responsablemente.

Si bien México ha dado muestras claras de un proceso de consolidación en materia fiscal, es necesario crear un órgano como el que sugiere el FMI.

Por su parte, la subsecretaria del ramo, Vanessa Rubio, en conferencia de prensa con motivo de la presentación del Monitor Fiscal, que analiza la evolución de la deuda pública en el mundo, destacó los esfuerzos de México en materia de consolidación fiscal basados en el enfoque establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPyRH). Expresó su rechazo a la recomendación del FMI, ni siquiera para blindar la política fiscal ante los riesgos políticos que podrían traer las elecciones presidenciales de 2018, ya que se están cumpliendo las metas. Indicó que el país está blindado porque se está trabajado con solidez técnica.

En el marco internacional, los órganos y expertos han opinado sobre las ventajas de la creación de un órgano de fiscalización. Desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha sugerido a los países la creación de este tipo de instituciones para ayudar al saneamiento del deterioro de sus finanzas públicas y fortalecer la credibilidad y predictibilidad de sus marcos macroeconómicos.

Los Consejos Fiscales se han convertido en un elemento importante y se han encargado de tareas técnicas relacionadas con el proceso de toma de decisiones de las políticas fiscales, tanto para las previsiones del presupuesto, como para la evaluación o seguimiento de la evolución presupuestaria, así como para el análisis a largo plazo de la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La principal función de un consejo fiscal debe ser el análisis y la evaluación fiscal de proyectos de presupuesto y de propuestas legislativas, previa a su aprobación; es decir, debe tener la facultad de realizar el cálculo de costos y previsiones para determinar las consecuencias macroeconómicas y fiscales de presupuestos de leyes, en el corto, mediano y largo plazo.

En los países en donde se crearon este tipo de órganos, los poderes legislativos han cobrado mayor relevancia en cuanto a su participación en el diseño y evaluación de políticas fiscales y en la generación de información sobre las finanzas públicas.

Para la creación de un Órgano o Consejo Fiscal, el FMI y las prácticas internacionales, principalmente de la Unión Europea, sugieren que debe contar con ciertos atributos, como independencia, mandato y autonomía funcional, en el entendido que sea un órgano en donde sus funciones no estén supeditadas a ninguna dependencia de la administración pública ni a un poder soberano.”

Tercero. En cuanto a su composición, el Consejo estará adscrito a la Cámara de Diputados como lo está actualmente el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, y que se propone su transformación, así como el aprovechamiento de la estructura del Centro.

Sin embargo, es importante establecer que será un órgano con autonomía técnica, funcional y presupuestal, como actualmente funciona la Auditoría Superior de la Federación, toda vez que es la base estratégica para operar de forma independiente.

Asimismo, es fundamental que el Consejo estudie los beneficios o aspectos negativos que las reformas fiscales puedan generar en la economía y en la parte de desarrollo empresarial. Sobre este mismo aspecto, es necesario que el Consejo evalúe las acciones que puedan mejorar la política fiscal de forma independiente, que armonice todas las distintas leyes que actualmente se tienen como son la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, entre otras.

Cuarto. En ese mismo orden de ideas, en cuanto a su estructura, se propone que el Consejo esté compuesto por cinco ciudadanos, que posean conocimientos especializados en economía y política hacendaria, fiscal y financiera; quienes serán designados por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; Economía, Comercio y Competitividad; y Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados; por un periodo de cuatro años de manera escalonada, lo que permitirá una reorganización gradual. Igualmente se podrá renovar su designación considerando su desempeño. Para su selección, los consejeros expertos serán evaluados por su currículum a través de un sistema de puntaje, mediante convocatoria pública y ciudadana y, posteriormente, propuestos en sistema de ternas para su elección por las comisiones correspondientes.

De igual forma, se propone la figura de un secretario ejecutivo, quien llevará la coordinación operativa del órgano de acuerdo a las decisiones del Consejo e instrucciones del presidente, y el cual sería seleccionado por oposición, y será elegido por los miembros del Consejo de Gobierno.

Debemos insistir que cualquier miembro del Consejo, así como su secretario ejecutivo, deberá recaer en ciudadanos mexicanos, que estén en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y no tener más de sesenta y cinco años cumplidos en la fecha de inicio del período durante el cual deempeñará su cargo.

De igual manera se imponen como requisitos, entre otros, gozar de reconocida competencia profesional en materia fiscal, presupuestal, o de hacienda y finanzas públicas, así como haber ocupado, por lo menos durante seis años, cargos de alto nivel en el sistema hacendario mexicano, en las dependencias, organismos o instituciones públicas que ejerzan funciones de autoridad en las materias antes mencionadas, así como no haber sido sentenciado por delitos dolosos; inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión, en el servicio público o en el sistema financiero mexicano; ni haber sido removido por autoridad jurisdiccional del cargo; así como no haber ejercido cargos de elección popular o en partidos políticos en los últimos tres años previos a la designación en el cargo. Así las cosas, el esquema propuesto podría representarse en el siguiente cuadro:

Quinto. Por lo que se toca a las funciones y atribuciones del órgano propuesto, en la Ley que Crea el Consejo Hacendario de la Federación, se propone que esté al servicio tanto de la Cámara de Diputados, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en su caso, brindar consultas a los gobiernos de las entidades federativos. Lo anterior, por la complejidad y especialidad de las materias fiscal, hacendaria, presupuestal y de finanzas públicas.

Así las cosas, entre otras funciones propuestas se encuentran las de evaluar y monitorear el cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos efectuado por las autoridades hacendarias federales; participar como observador en los procedimientos establecidos para recabar la opinión de expertos independientes sobre los factores que determinen el nivel de tendencia de los ingresos y gastos del gobierno federal; formular observaciones y proponer  a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cambios metodológicos y/o procedimentales para el cálculo del Balance Estructural del Sector Público Presupuestario Federal; manifestar su opinión sobre eventuales desviaciones del cumplimiento de las metas fiscales y proponer medidas de mitigación; evaluar la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas y difundir los resultados de sus evaluaciones; asesorar a la Cámara de Diputados, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las materias fiscales, hacendaria y financiara que éste le encomiende de manera expresa y que tengan relación con su objeto; realizar informes en relación a los estudios, análisis y otros temas que le competen de acuerdo a esta ley así como realizar los estudios y asesorías que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.

De igual manera, se propone que el Consejo apoye técnica y analíticamente las funciones de la Cámara de Diputados, en materia tanto de aprobación, discusión y en su caso, modificación, de la Ley de Ingresos, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación;

Por otra parte, con la misma finalidad se plantea que pueda asistir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de la elaboración de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación.

De igual forma, se propone que el Consejo pueda nombrar Consejeros especiales para atender asuntos de las entidades federativas, relativos a las funciones que establece la presente Ley, los cuales únicamente tendrán funciones de carácter consultivo para apoyar y asistir a los gobiernos locales.

Sexto. Al hilo de lo antes expuesto y para sustentar la importancia de las medidas aquí propuestas, debemos señalar que la creación de Consejos similares (Conocidos también como Consejos Fiscales) en el mundo ha ganado importancia en las últimas décadas, muchas veces como complemento a reglas fiscales que mostraron ser insuficientes para mantener una conducta fiscal responsable y sostenible y para anclar las expectativas fiscales, especialmente después de la crisis internacional de fines de la década pasada. En 1960, tan sólo un país -Holanda- contaba con un Consejo Fiscal activo y sólo cuatro países -Dinamarca, Alemania, Estados Unidos y Bélgica- adoptaron estas instituciones durante las tres décadas posteriores.

Existe cierto consenso a nivel internacional respecto a que los consejos fiscales son instituciones públicas independientes orientadas a promover finanzas públicas sustentables a través de diversas funciones, incluidas las evaluaciones públicas de planes y desempeño fiscal, y la evaluación o provisión de información macroeconómica y proyecciones presupuestarias. Al fomentar la transparencia y promover una cultura de estabilidad, pueden elevar los costos reputacionales y electorales de políticas públicas deficientes y compromisos no cumplidos.

Lo anterior implica un mandato y financiamiento público para realizar tareas y funciones que sean independientes de influencias partidistas. En general, a nivel internacional se entiende que un consejo fiscal cumple el objetivo final de promover políticas fiscales adecuadas y económicamente sostenibles a través de una mayor transparencia y responsabilidad.

Cabe señalar que aunque no tienen una función directa en la implementación de instrumentos de política, los consejos fiscales pueden influir a través de tres canales principales: Primero, fomentando la transparencia sobre el ciclo político dado que un consejo fiscal mejora la responsabilidad democrática y desalienta cambios oportunistas en la política fiscal (por ejemplo una explosión de los gastos en períodos preelectorales). En segundo lugar, a través análisis y proyecciones independientes, estos organismos sensibilizan al público sobre las consecuencias de ciertas decisiones políticas, y elevan los costos de reputación y electorales de políticas poco sólidas y del incumplimiento de compromisos.  En tercer lugar, un consejo fiscal proporciona aportes directos al proceso presupuestario, por ejemplo, pronósticos o evaluaciones de posiciones estructurales, cerrando de este modo lagunas técnicas que permiten a los gobiernos eludir las reglas fiscales numéricas.

Séptimo. Entre Las razones fundamentales que se esgrimen para la creación de Consejos Fiscales  se incluyen promover una conducta fiscal responsable, monitorear el cumplimiento de la regla fiscal; evitar efectos negativos de ciertas decisiones políticas sobre la sostenibilidad fiscal; aumentar la transparencia, coordinación y rendición de cuentas; facilitar la comprensión del público de las decisiones en materia de política fiscal y de sus implicancias de corto, mediano y largo plazo, elevando la calidad del debate en estas materias.

En el ámbito de la doctrina, por ejemplo, Ter-Minassian plantea que es posible apoyar la adopción de una regla fiscal con la creación de “watchdogs” responsables de evaluar la probabilidad de cumplimiento de un presupuesto con la regla; monitorear de cerca su evolución; alertar y de preferencia cuantificar los riesgos emergentes para el presupuesto y recomendar la forma de remediarlos. Incluso, en países en los que no existe regla fiscal, pueden evaluar las perspectivas presupuestarias de las actuales políticas, así como el costo de nuevas propuestas de gastos o impuestos (como es el caso del CBO en EE.UU.). También pueden desempeñar el rol de proveer los insumos para la implementación de la regla fiscal, cuando se requiere calcular el PIB tendencial y los precios de tendencia de las materias primas, como revela el caso de la experiencia de Chile. Como bien apunta González H., de forma creciente, diversos países están buscando contar con instituciones fiscales independientes que desempeñen el rol de aumentar la transparencia y están despolitizando ciertos aspectos de la política fiscal. Sin embargo, ésta no se puede despolitizar completamente. En efecto, no es claro cuál es el nivel de déficit o deuda óptima -como podría serlo en el caso de las metas de inflación por ejemplo- y, además, la política fiscal responde con frecuencia a la respuesta de los gobiernos a las preferencias de los votantes.

No obstante, Calmfors y Wren-Lewis señalan que si bien los Consejos Fiscales gozan de creciente popularidad, forman parte del interés de largo plazo de los gobiernos, pero que existen incentivos para restringir las acciones de los Consejos y evitar las críticas o comentarios que estos realicen en el corto plazo. Indican también que los nuevos Consejos pueden ser particularmente vulnerables a la interferencia política.

Los autores citados previamente, compararon la actividad de once Consejos Fiscales y destacaron aspectos comunes y similitudes entre ellos. Entre las características comunes destacan que todos los Consejos Fiscales examinados proveen algún tipo de evaluación exantey expost de la política fiscal y de la sostenibilidad de largo plazo.  Por su parte, la mayoría de los Consejos existen en países con reglas fiscales. En este sentido, el rol del Consejo Fiscal puede ser asesorar al gobierno sobre el momento de apartarse de la regla o sobre cómo mejorar las reglas. Plantean también que los Consejos Fiscales estudiados no tienen la obligación formal de decidir el déficit fiscal, pero proveen asesoría de varios tipos, producen proyecciones o evalúan políticas públicas.

En ese sentido, la doctrina también ha construido un índice para medir si los Consejos Fiscales existentes pueden mitigar la asimetría de información entre el gobierno y el público (ver Gráfico siguiente). El denominado índice “ Signal Enhancement Capacity” (SEC) considera cuatro dimensiones:

-Un mandato amplio que le permita enfrentar las principales fuentes de asimetría de información entre el público y el gobierno;

-La posibilidad de comunicar al público;

-La posibilidad de interactuar directamente con los participantes del proceso presupuestario; e

-Independencia política.

A partir de este índice, se plantea que la mayoría de los Consejos Fiscales tienen características como independencia política y funciones que les permiten aclarar las señales de la política fiscal.  Sin embargo, un número de instituciones se beneficiarían de mayores garantías de independencia para entrar al grupo de potencialmente efectivos y advierten que un bajo valor en este indicador puede alertar sobre el riesgo de una institución meramente decorativa. En ese sentido, México aparece con los índices más bajo de la muestra como se presenta a continuación:

Fuente:Beetsma y Debrum (2016)

Octavo. En general, la experiencia internacional muestra que existen tres amplios modelos institucionales de consejos fiscales:

- Instituciones independientes (en inglés: Stand-alone institutions). Las instituciones independientes son las más cercanas al modelo sugerido en la literatura académica. No tienen un vínculo orgánico con los formuladores de políticas más allá de los procedimientos de nombramiento y mecanismos de rendición de cuentas, y a menudo son creados por leyes  de responsabilidad fiscal integral que incluyen garantías explícitas sobre su independencia, como es el modelo que sugerimos en la presente iniciativa para nuestro país;

- Consejos fiscales que dependen de rama ejecutiva o legislativa del sistema político. Van desde entidades legalmente separadas con un mandato bien definido y estrictas garantías de independencia a los órganos que son parte integrante del parlamento (a menudo conocidos como oficinas parlamentarias de presupuesto, en inglés: Parliamentary Budget Office) o una Secretaría del Poder Ejecutivo. En el caso de México, podemos señalar que con particularidades propias, seguimos de alguna u otra forma dicho modelo mediante el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas; y

- Consejos fiscales asociados con otras instituciones independientes. Los consejos fiscales asociados con otras instituciones independientes se pueden encontrar en bancos, instituciones de auditoría y agencias estadísticas independientes. Ese enfoque permite al Consejo beneficiarse inmediatamente de la independencia de su país de acogida (host country) y de las economías de escala, pero requiere procedimientos claros para evitar confusiones con respecto a los respectivos mandatos y funciones del anfitrión ( host) y el invitado.

Noveno. En los cuadros siguientes se presentan las listas de Consejos Fiscales actualmente existentes en el mundo, especificándose el tipo de modelo institucional que adoptan en cada caso (Cuadro 1), el crecimiento de Consejos Fiscales a nivel internacional (Cuadro 2), funciones, tamaños, presupuestos y grado de dependencia (Cuadro 3), análisis del Banco Mundial comparando modelos del contexto latinoamericano (Cuadro 4)

Décimo. En ese orden de ideas, conviene resaltar que la experiencia internacional demuestra que no existe un modelo único para la implementación de un Consejo Fiscal. El diseño debe adecuarse a nuestro marco institucional, sin embargo, algo que es de vital importancia es que debe estar al servicio del Estado y del país, no de gobiernos ni de partidos. La selección de sus integrantes debe ser por méritos técnicos y su duración por períodos establecidos e independientes del ciclo político, situación que se aborda en la presente iniciativa, conjuntamente con el mandato, sus responsabilidades y tareas.

La práctica sugiere que los Consejos Fiscales contribuyen a la disciplina fiscal siempre y cuando tenga independencia, presencia pública y un mandato amplio que incluya evaluación de supuestos y proyecciones usadas para elaboración de presupuesto. Garantizar por ley el mandato, los recursos y la independencia política y operacional del CF aumentará su eficacia y reforzará su función de cara a la planificación presupuestaria de mediano y largo plazo. Su independencia permitirá responder mejor y con más autonomía a las necesidades de información de la Cámara de Diputados, y de la opinión pública sobre la formulación y ejecución del presupuesto y de la evaluación de la sostenibilidad de la política fiscal. El Consejo Fiscal es una pieza clave de un marco institucional eficiente y moderno para la política fiscal, aunque no es responsable de la política fiscal, su mandato y funciones hacen más eficientes las decisiones y la ejecución de política por la autoridad fiscal.

Así las cosas, respecto a países que cumplen con el modelo de “regla fiscal”, la cual por sí sola no es suficiente para alcanzar metas de ingreso y egreso de las finanzas públicas nacionales, la evidencia empírica sugiere que Consejos Fiscales mejoran su cumplimiento, pues estos aumentan cumplimiento de reglas fiscales, mejoran proyecciones macro-fiscales (menos optimistas), reducen la asimetría de información y estadísticas públicas, aumentando predictibilidad y credibilidad y aportan al debate público en temas fiscales. Sólo los consejos fiscales bien diseñados están asociados con un mejor desempeño fiscal, cuyos elementos clave son independencia operacional, evaluación pública de los supuestos y proyecciones de la autoridad sobre las cuales se basa el presupuesto fiscal, fuerte presencia en el debate público y un rol explícito en el monitoreo del cumplimiento de las reglas de política fiscal, tal y como se presenta a continuación:

Por otra parte, aun cuando se observa una fuerte heterogeneidad entre Consejos Fiscales a nivel internacional, hay elementos que se consideran como necesarios para el adecuado funcionamiento de este ente fiscal, tales como: Fomentar la autonomía operacional, financiera y de gestión del Consejo que le permita asegurar una plena independencia del gobierno, a través de financiamiento propio, selección de staff propio, así como de la implementación de un gobierno corporativo ad hoc; establecer objetivos claros y amplios de forma tal que le permita influir en el logro de una política fiscal responsable; y fomentar la transparencia de la política fiscal, la generación de informes públicos, participación en el debate público, dar cuenta de sus evaluaciones tanto al poder ejecutivo como legislativo, así como también a la ciudadanía. A nivel internacional, se presenta en el siguiente gráfico determinadas funciones de los Consejos Fiscales como las más comunes.

Décimo primero. En ese orden de ideas, conjuntamente con actual proyecto de reforma a la CPEUM se propone la aprobación de la Ley que Crea el Consejo Hacendario de la Federación, para que dicho Consejo absorba las funciones del actual Centro de Estudio de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, fortaleciendo así las facultades y atribuciones de dicha entidad.

Que en virtud de lo anterior y tomando en cuenta que el honorable Congreso de la Unión, está facultado para legislar en la materia que nos ocupa en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II, 72, apartado H, y 73, fracciones XXIX y XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente me permito someter a la consideración del Pleno la presente:

Primero.  Se aprueba la Ley que Crea el Consejo Hacendario de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 1. Esta ley es de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional, y tiene por objeto garantizar en términos del artículo 25, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la estabilidad de las finanzas y de la hacienda públicas de la Federación, para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.

Artículo 2. Se crea por medio de la presente Ley, el Consejo Hacendario de la Federación, como organismo del Estado, adscrito a la Cámara de Diputados, el cual, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la presente Ley.

Cuando en esta Ley se haga mención al Consejo, se entenderá referida a el Consejo Hacendario de la Federación.

El Consejo tiene como objetivos fortalecer, asesorar y monitorear las responsabilidades y capacidades técnicas del Poder Ejecutivo federal, así como del Poder Legislativo federal, por conducto de las Cámara de Diputados, contribuyendo como órgano consultivo al equilibrio presupuestal, fiscal, de las finanzas y de la hacienda pública de la Federación.

Artículo 3. La Cámara de Diputados consignará anualmente dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos necesarios para garantizar la autonomía técnica y de gestión, así como el debido funcionamiento del Consejo.

Artículo 4. El Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

I. Evaluar y monitorear el cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos efectuado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

II. Participar como observador en los procedimientos establecidos para recabar la opinión de expertos independientes sobre los factores que determinen el nivel de tendencia de los ingresos y gastos del gobierno federal, así como revisar dichos cálculos y manifestar su opinión sobre los mismos;

III. Formular observaciones y proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cambios metodológicos y/o procedimentales para el cálculo de las proyecciones macro económicas del gobierno federal;

IV. Manifestar su opinión, tanto a la Cámara de Diputados, como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre eventuales desviaciones del cumplimiento de las metas económicas previstas en los Presupuestos Generales de Egresos y Leyes de Ingresos, así como proponer medidas de mitigación;

V. Evaluar la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas y difundir los resultados de sus evaluaciones;

VI. Asesorar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a las entidades federativas, en las materias fiscales que éste le solicite de manera expresa y que tengan relación con su objeto del Consejo;

VII. Realizar y publicar informes en relación a los estudios, análisis y otros temas que le competen de acuerdo a esta ley, los que deberán elaborarse en soporte digital. El Consejo enviará copia de tales informes a la Cámara de Diputados, dentro del plazo de cinco días hábiles desde su elaboración;

VIII. Realizar los estudios y asesorías que se requieran para el cumplimiento de su objeto;

IX. Verificar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo conforme a las metas de gasto estipuladas en el  Presupuesto Egresos de la Federación;

X. Formular análisis coyunturales y estructurales de la evolución de la economía y sus sectores, de las finanzas públicas federales, de los Poderes de la Unión, las entidades del sector público, sus fideicomisos, organismos y empresas en lo relativo a los ingresos, el gasto, las inversiones públicas y públicas privadas, así como  la deuda formal y la contingente;

XI. Informar sobre el impacto de obligaciones derivadas de proyectos de prestación de servicios, asociaciones público privadas, contratos y concesiones de obras, explotación de bienes, de infraestructura y servicios públicos que realice el gobierno federal;

XII. Verificar y evaluar el cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación en cada ejercicio fiscal y realizar recomendaciones al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados para su debida observancia;

XIII. Verificar y evaluar el cumplimiento de la Ley General de Deuda Pública, Ley de Coordinación Fiscal y realizar recomendaciones al Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados para su debida observancia;

XIV. Verificar y evaluar el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y realizar recomendaciones a los poderes de la Unión para su debida observancia;

XV. Colaborar cuando el Ejecutivo federal se lo solicite, en el proceso de integración, aprobación y evaluación del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, en términos de lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

XVI. Apoyar técnica y analíticamente las funciones de la Cámara de Diputados, en materia tanto de aprobación, discusión y en su caso, modificación, de la Ley de Ingresos, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación;

XVII. Apoyar técnica y analíticamente las funciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de la elaboración de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación, observando los criterios generales de política económica;

XVIII. Celebrar convenios de colaboración con organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales;

XIX. Analizar, monitorear y evaluar los objetivos y políticas de las finanzas públicas federales, estatales y municipales, y en su caso, emitir un esquema de alertas por el incumplimiento para la Cámara de Diputados;

XX. Expedir su Reglamento Interior y demás normas internas de funcionamiento;

XXI. Proporcionar a los miembros de la Cámara de Diputados las herramientas técnicas y de conocimiento especializado que se requiera en materia objeto de la presente Ley;

XXII. Analizar y emitir informes de revisión y opinión de los documentos enviados al Cámara de Diputados por el Ejecutivo federal, el Banco de México, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como todos aquellos consejos o instituciones que produzcan información sobre aspectos económicos, fiscales o presupuestarios en el país.

XXIII. Evaluar de manera sistémica la sostenibilidad fiscal: ingreso, gasto y deuda;

XXIV. Llevar a cabo el monitoreo de la regla fiscal vigente emitiendo reportes con análisis y evaluaciones sobre el comportamiento y su manejo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XXV. Evaluar el impacto fiscal y presupuestal de cualquier iniciativa de ley o decreto que se presente ante la Cámara de Diputados;

XXVI. Preparar las bases para proyecciones presupuestales anuales y multianuales con previsiones a mediano y largo plazo;

XXVII. Proporcionar supuestos macroeconómicos y presupuestarios, con previsiones a mediano y largo plazo, así como su seguimiento a través de indicadores de desempeño de las Políticas Fiscales y Presupuestales;

XXVIII. Generar insumos para la revisión del presupuesto que sea enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados y emitir recomendaciones técnicas sobre el análisis de las propuestas normativas que se realicen a la Ley de Ingresos de la Federación;

XXIX. Evaluar el cumplimiento de los objetivos de política fiscal y económica del gobierno y en su caso, proveer las alertas sobre desviaciones en el cumplimiento de los planes;

XXX. Evaluar, supervisar y aprobar el anteproyecto de presupuesto anual y el programa de trabajo correspondiente, a más tardar al 30 de junio de cada año.

XXXI. Las demás que sean necesarias para hacer cumplir todas las atribuciones a que se refiere el presente artículo y esta Ley.

Artículo 5. El Consejo, tendrá las siguientes obligaciones:

I. Presentar un plan de trabajo, dentro del mes de enero de cada ejercicio fiscal, ante las Comisiones Unidas;

II. Presentar un informe de actividades relativas al año inmediato anterior, dentro del mes de enero de cada ejercicio fiscal, ante las Comisiones Unidas;

V. Comparecer, por conducto de su presidente, ante las Comisiones Unidas o por separado ante cada Comisión que lo requiera;

VI. Proporcionar el apoyo técnico en materia de su competencia a  la Cámara de Diputados;

VII. Presentar un informe por escrito y ante el pleno de la Cámara de Diputados, sobre la salud de la hacienda pública, principales riesgos y recomendaciones de mejora.

Además de observar las obligaciones a que se refiere la presente ley, los Consejeros, deberán regirse bajo los principios de independencia, profesionalismo, objetividad, certeza, imparcialidad, especialización técnica y funcional, transparencia, y rendición de cuentas; así como ejercer sus funciones y objetivos desvinculados de toda influencia partidista.

Artículo 6. La interpretación de esta Ley, corresponde al Consejo, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias. Serán de aplicación supletoria a la presente ley, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley General de Deuda Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley de Coordinación Fiscal. En todo caso, la interpretación privilegiará los principios constitucionales relativos a rendición de cuentas, así como de transparencia y máxima publicidad de la información financiera.

Artículo 7. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Auditoría Superior de la Federación, el Banco de México, las dependencias y empresas del sector público, las Secretarías de Economía y de Energía, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, los gobiernos de las entidades federativas y sus municipios, y demás dependencias cuya actividad influya o mida el comportamiento de la economía nacional y el desempeño de las finanzas públicas deberán proporcionar al Consejo la información que requiera para el ejercicio de las funciones que legalmente le han sido conferidas. Dicha información deberá ser remitida en todos los casos dentro del plazo de 15 días hábiles una vez recibida la solicitud.

Hasta en tanto dicha información no sea difundida por el Consejo de manera oficial, ésta tendrá el carácter de reservada conforme a las disposiciones legales aplicables.

Artículo 8. El Ejecutivo federal remitirá en los mismos términos y plazos que dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables para su remisión al Poder Legislativo Federal, los anteproyectos de Ley de Ingresos y Presupuestos Generales de Egresos de la Federación, a efecto que el Consejo informe por escrito a la Cámara de Diputados respecto del impacto en las finanzas públicas de la propuesta elaborada por el Ejecutivo Federal, el cual será elaborado en un plazo máximo de tres días naturales.

Artículo 9. El incumplimiento a lo dispuesto en este capítulo será sancionado en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las demás disposiciones aplicables

Artículo 10. Todas las actuaciones, informes, recomendaciones, análisis, reuniones del Consejo de Gobierno y demás actuaciones de naturaleza análoga del Consejo se harán públicas a través de Internet, con apego a las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 11. El ejercicio de las funciones y representación del Consejo estarán encomendados a un consejero presidente.

Artículo 12. El pleno del Consejo estará compuesto por cinco consejeros, de los cuales, uno, al momento de la designación por el Cámara de Diputados, será nombrado consejero presidente; los demás miembros serán nombrados consejeros y durarán en su encargo cuatro años.

Artículo 13. En caso de renuncia, muerte o remoción del consejero presidente, el consejero de mayor edad, ocupará de forma temporal el cargo, hasta en tanto la Cámara de Diputados elija conforme al procedimiento establecido en la presente Ley, a la persona que deberá concluir el periodo.

Asimismo, en caso de renuncia, muerte o remoción de algún consejero, la Cámara de Diputados, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley, designará a la persona que deberá concluir el periodo.

Artículo 14. El consejero contará con un secretario ejecutivo, quien será designado por el pleno y tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Llevar la coordinación operativa del órgano de acuerdo a las decisiones del Consejo e instrucciones del presidente;

II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo de Gobierno y de su presidente;

III. Informar periódicamente al Consejo de Gobierno y a su presidente de sus actividades;

IV. Verificar el cumplimiento de los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se adopten por el Consejo;

V. Elaborar y publicar los informes de actividades del Consejo, así como el informe anual que deberá presentarse ante la Cámara de Diputados;

VI. Coordinar las relaciones institucionales del Consejo con las entidades de la administración pública;

VII. Convocar, previo acuerdo del Consejo, a servidores públicos y ciudadanos expertos a las sesiones de éste; y

VIII. Las demás que expresamente señale el Consejo y el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 15. Los cinco consejeros serán ciudadanos expertos en las materias hacendaria, fiscal, presupuestal, económica, o de finanzas públicas, los cuales deberán cumplir los requisitos a que se refiere la presente Ley y su procedimiento de selección y designación se llevará a cabo de la manera siguiente:

La Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; Economía, Comercio y Competitividad; y Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, realizará una convocatoria pública nacional que durará 10 días hábiles, la cual será publicada de manera concurrente en los medios electrónicos de la Cámara de Diputados, así como en dos diarios de circulación nacional y en el Diario Oficial de la Federación. Cuando en esta Ley se haga mención a las Comisiones Unidas, se entenderá que se refiere a las Comisiones señaladas en el presente párrafo.

Una vez concluido dicho término, las Comisiones Unidas evaluarán y calificarán los perfiles de los candidatos por su trayectoria curricular, a través de un sistema de puntaje, de la cual se arrojará las ternas respectivas para cada consejero y su consejero presidente.

Las ternas serán sometidas a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, una vez elaborado el dictamen por las Comisiones Unidas a que se refiere la presente Ley. En la integración del Consejo se deberá garantizar la igualdad de género

Podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo establecido en los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los servidores públicos que incumplan con las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 16. La designación de cualquier miembro del Consejo deberá recaer en persona que reúna los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y no tener más de sesenta y cinco años cumplidos en la fecha de inicio del período durante el cual desempeñará su cargo;

II. Gozar de reconocido prestigio en las materias hacendaria, fiscal, presupuestal, económica, o de hacienda y finanzas públicas;

III. No haber sido sentenciado por delitos dolosos; inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión, en el servicio público o en el sistema financiero mexicano; ni haber sido removido por autoridad jurisdiccional del cargo.

IV. No haber sido candidato a puesto de elección popular durante los tres años previos a su designación.

V. No haber ostentado cargo alguno de elección popular durante los tres años previos a su designación, ni ser ministro de culto religioso.

VI. No haber ostentado cargo alguno dentro de la estructura de ningún partido o agrupación política durante los tres años previos a su designación.

VII. Contar al menos, con título y cédula profesional de nivel licenciatura registrada ante la Secretaría de Educación Pública en las áreas de Derecho, Contabilidad, Administración, Economía;

VIII. Haber ocupado, por lo menos durante seis años, cargos de alto nivel en el sistema hacendario mexicano, en las dependencias, organismos o instituciones públicas que ejerzan funciones de autoridad en las materias a que se refiere la fracción I del presente artículo. En su defecto, contar por lo menos con seis años de experiencia profesional en la iniciativa privada o en la academia, dentro de las materias hacendaria, fiscal, presupuestal, o de hacienda y finanzas públicas;

Los mismos requisitos a que se refieren las fracciones anteriores deberá cumplir la persona que sea designada para ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo, salvo el relativo al plazo de experiencia a que se refiere la fracción VIII, que en su caso será de 3 años.

Artículo 17. El consejero presidente y los demás consejeros durarán en su cargo cuatro años, quienes en conjunto forman el pleno del Consejo.

Los consejeros y el consejero presidente podrán ser reelectos, por una única ocasión, para ocupar el cargo por un periodo igual, en cuyo caso, la Cámara de Diputados, por conducto de las Comisiones Unidas, fundamentarán y motivarán debidamente su resolución, designando a la persona que ocupará el cargo de consejero presidente, y consejeros, según sea el caso.

El secretario ejecutivo durará en su cargo cuatro años, y también podrá ser reelecto, por una ocasión por el Consejo  para ocupar el cargo por un periodo igual.

Artículo 18. Cualquier miembro del Consejo y el Secretario Ejecutivo deberá abstenerse de participar con la representación del Consejo en actos políticos y partidistas.

Artículo 19. Son causas de remoción de un miembro del Consejo y del secretario ejecutivo:

I. La incapacidad mental, así como la incapacidad física que impida el correcto ejercicio de sus funciones durante más de seis meses;

II. El desempeño de algún empleo, cargo o comisión, distinto de los previstos en el párrafo séptimo del artículo 28 constitucional;

III. Dejar de ser ciudadano mexicano o de reunir alguno de los requisitos señalados en la fracción III del artículo 39;

IV. No cumplir los acuerdos del Consejo o actuar deliberadamente en exceso o defecto de sus atribuciones;

V. Utilizar, en beneficio propio o de terceros, la información confidencial de que disponga en razón de su cargo, así como divulgar la mencionada información sin la autorización del Consejo Gobierno;

VI. Someter a sabiendas, a la consideración del Consejo, información falsa, y

VII. Ausentarse de sus labores sin autorización del Consejo  o sin mediar causa de fuerza mayor o motivo justificado. El Consejo no podrá autorizar ausencias por más de seis meses.

Artículo 20. Compete al Consejo dictaminar sobre la existencia de las causas de remoción señaladas en el artículo inmediato anterior. El dictamen se formulará según resolución de la mayoría de los miembros del Consejo, después de conceder el derecho de audiencia al afectado y sin que éste participe en la votación.

El dictamen, con la documentación que lo sustente, incluida la argumentación por escrito que, en su caso, el afectado hubiere presentado, será enviado a la Cámara de Diputados, acompañado con la citada documentación y con su razonamiento de procedencia o improcedencia de remoción, para resolución definitiva.

Artículo 21. El consejero presidente o cuando menos dos de los consejeros podrán convocar a reunión del Consejo, cuyas sesiones deberán celebrarse con la asistencia de por lo menos tres de sus miembros. Si no concurriere el consejero presidente, la sesión será presidida por quien aquél designe o, en su defecto, por el Consejero a quien corresponda de mayor edad.

Las resoluciones requerirán para su validez del voto aprobatorio de la mayoría de los presentes. Quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Auditoría Superior de la Federación, el Banco de México, las dependencias y empresas del sector público, las Secretarías de Economía y de Energía, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como las demás dependencias cuya actividad influya o mida el comportamiento de la economía nacional, podrán asistir, con voz, pero sin voto, a las sesiones del Consejo, por conducto de sus titulares, y previa convocatoria que se les realicé, dándoles a conocer el orden del día correspondiente.

Los gobernadores de los estados de la República también podrán asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones del Consejo, para lo cual serán previamente convocados, dándoles a conocer el orden del día correspondiente. El ejercicio de esta función será indelegable y los gobernadores no podrán ser representados por servidor público alguno.

El Consejo de Gobierno podrá acordar y convocar la asistencia de funcionarios, así como de expertos independientes a sus sesiones para que le rindan directamente la información que les solicite.

Quienes asistan a las sesiones deberán guardar confidencialidad respecto de los asuntos que se traten en ellas, salvo autorización expresa del Consejo para hacer alguna comunicación.

Artículo 22. Los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía, Auditoría Superior de la Federación, y el Gobernador del Banco de México, podrán de manera conjunta o separada, convocar a reunión del Consejo y proponer asuntos a ser tratados en ella.

Artículo 23. Corresponderá al consejero presidente:

I. Tener a su cargo la administración del Consejo, la representación legal de éste y el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las atribuciones que esta Ley confiere al  Consejo de Gobierno, las cuales podrán ser delegadas en el secretario ejecutivo;

II. Ejecutar los acuerdos del Consejo;

III. Someter a la consideración y, en su caso, aprobación del Pleno del Consejo, los documentos e informes que elabore en ejercicio de las funciones que confiere el artículo 3 de la presente Ley;

IV. Actuar con el carácter de apoderado del Consejo;

V. Ser el enlace entre el Consejo, y la Administración Pública Federal, así como las de las entidades federativas;

VI. Ser el vocero del Consejo;

VII. Nombrar con aprobación del Consejo, delegados especiales para atender asuntos de las entidades federativas, relativos a las funciones que establece la presente Ley;

VIII.  Designar y remover a los apoderados;

X. Nombrar y remover al personal del Consejo;

XI. Fijar, conforme a los tabuladores aprobados por el Consejo, los sueldos del personal y aprobar los programas que deban aplicarse para su capacitación y adiestramiento, y

XII. Comparecer ante el pleno de la Cámara de Diputados, a rendir los informes a que se refiere la presente Ley;

XIII. Recibir y dar trámite las opiniones correspondientes que el Órgano Consultivo emita de conformidad con lo dispuesto por la presente Ley.

Artículo 24. Los delegados especiales previstos en el artículo anterior, tendrán únicamente funciones de consulta, así como de obtención y difusión de información de carácter general en materia objeto de la presente Ley.

Artículo 25. Las opiniones, recomendaciones, observaciones y demás actos que emita el Consejo en ejercicio de sus funciones no son vinculantes. Sin embargo, éstas son de carácter obligatorio en cuanto hace a la revisión y análisis ante la instancia a quien las emite, quien dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción deberá pronunciarse sobre la aceptación total o parcial de las mismas.

En caso de no emitirse el pronunciamiento a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo Presidente informará a la Cámara de Diputados sobre dicha circunstancia, así como de la aceptación total o parcial de las mismas.

Artículo 26. El Consejo tendrá un Órgano Consultivo, integrado por siete comisionados honoríficos que durarán en su encargo cinco años. Para su nombramiento, la Cámara de Diputados, seguirá el procedimiento que establece el artículo 16 de la presente Ley y los Comisionados deberán cumplir con los mismos requisitos que para ser Consejero. En la integración de la Comisión Consultiva se deberá garantizar la igualdad de género.

Artículo 27. La Comisión Consultiva tendrá las siguientes atribuciones:

I. Aprobar sus reglas de operación;

II. Presentar al pleno su informe anual de actividades;

III. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Consejo y su cumplimiento;

IV. Emitir un informe anual sobre el desempeño del Consejo;

V. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente;

VI. Conocer el informe del Consejo sobre el presupuesto asignado a programas y el ejercicio presupuestal y emitir las observaciones correspondientes;

VII. Emitir opiniones no vinculantes al Consejo sobre temas relevantes en la materia objeto de la presente Ley;

VIII. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas del Consejo;

IX. Opinar sobre la adopción de criterios generales en la materia objeto de la presente Ley;

X. Proponer mejores prácticas de participación ciudadana y colaboración en la implementación y evaluación de las materias objeto de la presente Ley;

XI. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la materia de la presente Ley;

Las opiniones emitidas por la Comisión Consultiva referidas en el presente artículo serán públicas.

Artículo 28. El Comisión Consultiva será presidida por un comisionado presidente que será nombrado por la Cámara de Diputados. Los demás miembros del Comisión serán denominados Comisionados. Para tales efectos se seguirá el mismo procedimiento que para la designación de los Consejeros a que se refiere la presente Ley.

Artículo 29. La Comisión funcionará conforme a las disposiciones que se establezcan en el Reglamento Interior del Consejo, en sesiones ordinarias y extraordinarias, y tomará sus decisiones por mayoría de votos.

Artículo 30. A las sesiones de la Comisión Consultiva podrán asistir como invitados especiales y para tratar asuntos de su competencia, funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Auditoría Superior de la Federación, el Banco de México, las dependencias y empresas del sector público, las Secretarías de Economía y de Energía, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, así como las demás dependencias cuya actividad influya o mida el comportamiento de la economía nacional.

La participación de los representantes de las instituciones gubernamentales en el Consejo Consultivo es de alta relevancia, ya que las determinaciones y/o análisis que emita el Consejo Fiscal contarán con su aval, lo que redundará en mayor legitimidad.

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros que actualmente tiene la Cámara de Diputados en el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, pasarán a formar parte del Consejo, garantizado los derechos laborales, así como la antigüedad de los servidores públicos adscritos a dichas áreas.

Tercero. Las erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación que correspondan en el futuro al Consejo, no podrán ser en ningún caso, inferiores a las cantidades que se hayan asignado en el último ejercicio fiscal al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

Cuarto. La designación de los consejeros y el consejero presidente del Consejo, deberá ser realizada antes seis meses una vez que ésta sea aprobada y promulagada en el Diario Oficial de la Federación.

Para asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se realizarán, por esta única vez, los consejeros y el consejero presidente, se nombrarán y designarán conforme a lo siguiente:

a) Nombrará a una o un consejero presidente cuyo encargo durará cuatro años;

b) Nombrará a dos consejeros cuyo encargo durará tres años

c) Nombrará a dos consejeros cuyo encargo durará dos años.

Un mes antes de concluir cada uno de los consejeros sus respectivos periodos, la Cámara de Diputados, siguiendo el procedimiento a que se refiere la presente Ley, deberá designar a los consejeros que durarán cuatro años en su encargo.

De igual forma, por esta única ocasión, los consejeros y el consejero presidente no se seleccionarán mediante el sistema de ternas a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley. Para este caso, las Comisiones Unidas seleccionarán de entre las personas que participen en la convocatoria a que se refiere el primer párrafo del artículo 16 de este cuerpo normativo, a diez personas, de entre las cuales, el Pleno seleccionará a las cinco que habrán de ocupar los cargos de consejero presidente y consejeros a que hace referencia este artículo.

Quinto. El Consejo  publicará en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior a más tardar en 60 días una vez que éste haya entrado en funciones.

Sexto. Se derogan todas aquellas disposiciones legales o reglamentarias que se opongan a lo previsto en el presente Decreto.

Séptimo. La Cámara de Diputados deberá realizar las adecuaciones reglamentarias necesarias para armonizar el presente Decreto, dentro de los 30 días posteriores a la publicación del mismo en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 International Monetary Fund, Country ReportNo. 15/313.  En virtud del artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, el FMI sostiene discusiones bilaterales con los países miembros, generalmente cada año. En el contexto de la consulta del Artículo IV de 2015 con México. Recuperado de

https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16359.pdf

2 O´Farrill, E. ¿Qué tan necesario es un consejo fiscal? El Financiero, 2016, Noviembre 24. Recuperado de:

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/que-tan-necesario-es-un- consejo-fiscal.html

3 Morales, Y. y González, M. (2017, Mayo 11). “FMI insiste: a México le serviría un Consejo Fiscal”. El Economista. Recuperado de:

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/04/19/ fmi-insiste-mexico-le-serviria-consejo-fiscal.

4 La sostenibilidad fiscal se refiere a la estabilidad de las finanzas públicas a través del tiempo, para evitar desbalances entre el gasto público y los ingresos requeridos para financiarlo, prevenir altos niveles de deuda que pondrían en riesgo el crecimiento del Producto Interno Bruto, reducir el desempleo, y controlar la inflación.

5 Andrade, Juan Manuel, et al, ¿Cómo lograr un consejo fiscal mexicano de liga de campeones?, Pluralidad y Consenso, Revista del Instituto Belisario Domínguez, Año 5, No. 23, Enero-Marzo 2015. Recuperado de

http://www.senado.gob.mx/ibd/content/publicaciones/revista23/c.pdf

6 DIPRES (2017). Consejos Fiscales: Revisión de la experiencia chilena en el contexto internacional. Disponible en:

http://www.dipres.cl/598/articles-169357_doc_pdf.pdf

7 International Monetary Fund (2013). The functions and impact of Fiscal CouncilsDisponible en:

https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/071613.pdf (Junio 2018)

8 Gonzalez, H. (2016) Consejos Fiscales: Experiencia Internacional y Lecciones para Chile. Serie Informe económico. Centro de Estudios Libertad y Desarrollo.   Disponible en:

http://lyd.org/wp-content/uploads/2017/01/SIE-259-Consejos-Fiscales- Experiencia-Internacional-y-Lecciones-para-Chile-Septiembre2016.pdf ( Junio 2018)

9 Ter-Minassian, T. (2010). Preconditions for a successful introduction of structural fiscal balance based rules in Latin America and the Caribbean: a framework paper. Inter-American Development Bank. Institutional Capacity and Finance Sector. Discussion Paper No. IDB-DP-157.

10 Gonzalez, H. (2016) Consejos Fiscales: Experiencia Internacional y Lecciones para Chile. Serie Informe económico. Centro de Estudios Libertad y Desarrollo.   Disponible en:

http://lyd.org/wpcontent/uploads/2017/01/SIE-259-Consejos- Fiscales-Experiencia-Internacional-y-Lecciones-para-Chile-Septiembre2016.pdf ( Junio 2018)

11 Calmfors, L. y Wren-Lewis, S. (2011) What are fiscal councils, and what do they do? VOX CEPR´s Policy Portal.

12 Los autores muestran evidencia de cómo los CF de Hungría, Canadá y Suecia han perdido atribuciones después de realizar análisis críticos.

13 International Monetary Fund (2013). The functions and impact of Fiscal Councils.Disponible en:

https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/071613.pdf (Junio 2018)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Soraya Pérez Munguía, Benito Medina Herrera, Brasil Alberto Acosta Peña, Carlos Pavón Campos, Claudia Pastor Badilla, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Cynthia Iliana López Castro, Eduardo Zarzosa Sánchez, Erasmo González Robledo, Fernando Galindo Favela, Frinné Azuara Yarzábal, Geraldina Isabel Herrera Vega, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Irma María Terán Villalobos, Juan José Canul Pérez, Laura Barrera Fortoul, Lenin Nelson Campos Córdova, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Manuel Limón Hernández, Marcela Guillermina Velasco González, Margarita Flores Sánchez, María Ester Alonzo Morales, María Lucero Saldaña Pérez, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Mario Delgado Carrillo, Martha Hortencia Garay Cadena, Norma Adela Guel Saldívar, Ricardo Aguilar Castillo, Ximena Puente de la Mora (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Rocío Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

Rocío del Pilar Villarauz Martínez, diputada de la LXIV Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona fracción décimo cuarta al artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, conforme a la siguiente:

Diversos textos internacionales que abordan los derechos humanos registrados en México buscan resaltar la igualdad entre mujeres y hombres, protegida como un principio jurídico universal reconocido en la Carta de las Naciones Unidas, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), la Primera Conferencia Internacional de la Mujer, el Tratado de la Unión Europea modificado después al Tratado de Lisboa, y la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Unctad).

Debe ser clara la importancia de la historia del proceso social e institucional que ha recorrido el reconocimiento de derechos entre mujeres y hombres en el ámbito de ciencia y tecnología en nuestra sociedad actual.

En 1945 la carta de las Naciones Unidas fue ratificada a nivel mundial, por diversos Estados. Este documento enuncia los derechos fundamentales, específicamente en cuanto a la dignidad inherente y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

En diciembre de 1979, fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer – Cedaw, la cual contiene 30 artículos entre los cuales considera que la discriminación contra las mujeres vulnera los principios de igualdad de derechos y de respeto a la dignidad humana; dificulta la plena participación de las mujeres en la vida política, social, económica y cultural; exhorta a consagrar en las constituciones nacionales y en las leyes el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Nuestro país ratificó el documento internacional en 1981.

En 1975 se llevó a cabo la Primera Conferencia Internacional de la Mujer, esta Convención es uno de los instrumentos legales más importantes que puede ser usado como marco jurídico. Consta de 30 artículos, los cuales promueven la igualdad de derecho en todas las esferas sociales, establece el derecho de las mujeres al acceso sin discriminación al empleo, la educación y las actividades económicas.

El Tratado de la Unión Europea firmado en 1992 y después modificado por el Tratado de Lisboa en 2007 propone en sus artículos 3 y 21 combatir la discriminación, respetar la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, y los principios de igualdad entre mujeres y hombres.

La Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en 2009 decide hacer las siguientes recomendaciones para que las examinen la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) y los gobiernos nacionales:

-Ampliar las oportunidades de educación e investigación en ciencias, tecnología e ingeniería disponibles para sus poblaciones, especialmente para las mujeres, y en particular en las tecnologías emergentes, como la biotecnología y la nanotecnología, según proceda;

-Ofrecer, siempre que sea posible, condiciones de trabajo adecuadas a sus profesionales de las ciencias y la tecnología e ingeniería, sobre todo a los jóvenes graduados y las mujeres, a fin de prevenir la fuga de cerebros;

Justificación

La promoción de la inclusión de la perspectiva de género con una visión transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una mayor participación de las mujeres generará empoderamiento de las mismas para cerrar la brecha de desigualdad y potencializar las capacidades de la sociedad en su conjunto.

México cuenta con una población, según el último censo (2015), de 119 millones 938 mil 473 personas, en donde el 51.4 por ciento son mujeres, sin embargo, no gozan de las mismas oportunidades que los hombres para desarrollar una profesión científica y para progresar en ella. Los datos al respecto son muy claros y se pueden resumir en el hecho de que conforme se avanza hacia puestos más altos en los escalafones académicos o profesionales, la proporción de mujeres va siendo cada vez menor.

Ese desequilibrio se viene produciendo desde hace mucho tiempo, tanto que, para justificar su permanencia, no cabe aducir que es la consecuencia de un estado de cosas en épocas pasadas y que desaparecerá, sin más, en unos años. La persistencia y magnitud del desequilibrio entre la presencia de mujeres y la de hombres en el mundo de la ciencia y la tecnología y, en especial, en los niveles altos de las carreras científicas, hace necesarias actuaciones que la corrijan, y eso es algo que solo se puede producir orientando esas actuaciones a combatir las causas.

La participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología en México es un tema de relevancia para el desarrollo nacional, el ámbito de la investigación científica también ha desarrollado los roles y estereotipos de género que han excluido a las mujeres de su participación en el mismo, sin embargo, en la actualidad existen avances que permiten a las mujeres incursionar cada vez más en este ámbito tradicionalmente ocupado casi exclusivamente por hombres.

De acuerdo con cifras del Conacyt, 36 por ciento del padrón total de personas que integran el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt está conformado por mujeres; y desde 2012, el porcentaje de participación de mujeres en el SNI ha crecido 65 por ciento.

Esto denota un gran avance, sobre todo si se toma en cuenta que en la fundación del SNI en 1984, este se conformó por mil 386 miembros, de los cuales 283 eran mujeres; es decir, 20.41 por ciento de las personas que realizaban investigación en México eran mujeres.

Por otro lado encontramos que, según datos de la Unesco, el 45.2 por ciento de las personas que hacen investigación y tecnología en América Latina y el Caribe son mujeres, indicador que supera la media de otros continentes (Oceanía 39,2 por ciento, África 34,5 por ciento, Europa 34 por ciento, Asia 18,9 por ciento).

A pesar de estos avances, no podemos cantar victoria ya que otros datos que demuestran que aún hay mucho por avanzar para lograr que la investigación científica y tecnológica sea un espacio incluyente con el género.

Efectivamente existe un incremento en la incursión de las mujeres en la ciencia y tecnología, sin embargo, este se ha dado con un sesgo disciplinar, debido a las preferencias de las investigadoras en ciertos ámbitos de la ciencia,  donde las mujeres se involucran mayormente en  estudios relacionados con las ciencias sociales y biológicas, mientras los hombres abarrotan las ciencias físico matemáticas.

Sobre este tema Rosaura Ruiz Gutiérrez, directora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y quien fue la primera presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), subrayó que en las últimas décadas se ha registrado un mayor número de mujeres en disciplinas científicas –como la física, las matemáticas e ingenierías–, que tradicionalmente habían sido estudiadas por hombres.

A pesar de lo anterior, de acuerdo a información de Conacyt las mujeres tienen mayor presencia en áreas de conocimiento como la biología, química, ciencias de la vida, medicina, ciencias de la salud, humanidades y ciencias de la conducta, mientras que se ven en menor medida en físico-matemáticas, ciencias de la tierra, ingenierías; biotecnología y ciencias agropecuarias. Esto deja ver la necesidad de contar con la visión femenina en mayor grado en algunas áreas del conocimiento.

Es importante hacer notar que, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una tendencia clara para el mercado laboral indica que para 2030 el 80 por ciento de los empleos actualmente con mayor demanda se verán reemplazados por carreras STEM ( acrónimo para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés ), y, según Inegi, en nuestro país solo el 8 por ciento de las mujeres eligen estudiar profesiones relacionadas con las antes mencionadas disciplinas.

Por tanto, es fundamental que el Estado mexicano asuma como prioridad el generar políticas públicas encaminadas a cumplir y atender esta demanda, y las mujeres deben ocupar el lugar que les corresponde con el nivel de participación según el último censo reportado por el Inegi.

Decreto por el que se reforma la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Único.Se adiciona la fracción XIV del artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 17.

I. a XIII. ...

XIV. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en la ciencia y tecnología, así como el desarrollo de investigadoras profesionales.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

Conacyt, Aumenta participación de mujeres en la ciencia, 05 de julio 2017, disponible en:

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/ 725-aumenta-participacion-de-mujeres-en-la-ciencia

Angélica Mendieta-Ramírez, Desarrollo de las mujeres en la ciencia y la investigación en México: un campo por cultivar, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla-México.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Aumenta participación de mujeres en la ciencia,

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/ 725-aumenta-participacion-de-mujeres-en-la-ciencia

Verenise Sánchez Correa, Mujeres en la ciencia en México, Conacyt,

http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/66-sociedad/ politica-cientifica/390-las-mujeres-en-la-ciencia

Conacyt, Aumenta participación de mujeres en la ciencia, 05 de julio 2017, disponible en:

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/ 725-aumenta-participacion-de-mujeres-en-la-ciencia

Verenise Sánchez Correa, Mujeres en la ciencia en México, Conacyt,

http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/66-sociedad/ politica-cientifica/390-las-mujeres-en-la-ciencia

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2019.— Diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, Dolores Padierna Luna (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 59 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, suscrita por la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 59 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México.

Consideraciones

El ejercicio del Servicio Social nace el 6 de marzo de 1934, en el Congreso Nacional de Profesionistas, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), licenciado Enrique Gómez Morín, presentó una propuesta para la realización del Servicio en toda la república y fue presentada al presidente Lázaro Cárdenas, quién la autorizó, dando instrucciones para que el Departamento de Salubridad Pública, hoy Secretaría de Salud, para que aportara el presupuesto necesario.

Según la Universidad Nacional Autónoma de México, el Servicio Social es entendido como el proceso de construcción de saberes científicos, sociales, artísticos y humanísticos que facilitan el desarrollo de la estructura ética/moral de la persona y dan sentido a la integración del perfil profesional, es una actividad temporal-obligatoria que permite al estudiante, en el ámbito formativo:

• Consolidar la formación académica.

• Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas.

• Adquirir nuevos conocimientos y habilidades profesionales.

• Aprender a actuar con solidaridad, reciprocidad y a trabajar en equipo.

• Conocer y tener la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo.

Por su parte, en el ámbito social esta práctica permite su participación e integración en los diferentes campos de la actividad humana como son salud, educación, cultura, equidad de género, medio ambiente, producción de bienes y servicios, derechos humanos, ciencia y tecnología; incentivando la formación de talentos y capacidades de creación, en la atención y gestión de sus condiciones y problemas, que serán asumidas con autorresponsabilidad.

Esta actividad permite retribuir a la sociedad el costo de la educación recibida con acciones responsables, privilegiando el compromiso adquirido con la sociedad, atendiendo las necesidades y problemas de los grupos vulnerables y los recursos destinados a la educación pública.

Asimismo, nos permite tomar conciencia de la problemática nacional, en particular la de los sectores más desprotegidos del país, extendiendo a la sociedad los beneficios de la ciencia, las técnicas, la cultura, entre otras y poniendo al servicio de la comunidad los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos.

Actualmente, en México 18.6 por ciento de la población son estudiantes universitarios y en su mayoría, son ellos mismos los responsables de solventar sus gastos por dichos estudios, no obstante, la obligación de presentar el Servicio Social les genera un gasto extra en el núcleo familiar, que repercute en algunos casos, en la deserción por falta de posibilidades económicas derivado del costo de transporte, materiales escolares y gastos de alimentación.

Algunas veces los estudiantes se enfrentan a traslados múltiples y largos, por lo que el tiempo no les permite regresar a sus domicilios para comer o realizar otras actividades, se ven obligados a llevar sus propios alimentos o comprar algo directamente a las instituciones en dónde realizan sus prácticas o servicio social.

El servicio social es un deber ciudadano, pero también puede ser considerado como un nicho de oportunidad, porque brinda expertis a los estudiantes técnicos y universitarios, sin embargo, los marcos jurídicos no contemplan una remuneración o apoyo económico que pueda coadyuvar con los estudiantes que han logrado alcanzar grados universitarios, sino por el contrario, como se señaló con anterioridad genera un gasto que en ocasiones no puede ser erogado por el estudiante o sus familias, debido a la situación económica que vive el país.

Esta situación en algunas ocasiones genera deserción, simulación o falta de interés por parte de los estudiantes y de los jefes directos, que lejos de considerar que las prácticas profesionales son una plataforma de aprendizaje y de experiencia laboral, lo consideran una pérdida de tiempo y burocracia innecesaria.

Muestra de ello, es que con mucha frecuencia y facilidad algunos estudiantes optan por pagar a empresas o a funcionarios en instituciones por saltar el trámite, simulando su asistencia para cumplir con la obligatoriedad, perdiendo todo el sentido y la razón que la normativa pretende y para lo que fue establecida.

Un ejemplo de ello, se presenta en el siguiente artículo que denuncia irregularidades, en la publicación se puede apreciar como liberan algunos estudiantes el servicio social sin presentarse.

“Maestros de la universidad ETAC denuncian de fraude a la fundación Cultura Comunicarte, AC, por vender cartas de servicio firmadas por su presidenta, quién falleció en 2016”. Como se puede observar en la nota, algunos estudiantes optan por esta solución por ser menos costoso que acudir a realizar sus prácticas.

En días pasados, el gobierno federal lanzó un programa “Jóvenes construyendo el futuro” el cual busca que miles de jóvenes puedan capacitarse en el trabajo. En este sentido, el gobierno de México les otorgará una beca mensual de 3 mil 600 pesos para que se capaciten durante un año.

El programa les brindará la oportunidad para que empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales, los capaciten para que desarrollen habilidades, aprovechen su talento y comiencen su experiencia laboral.

Sin embargo, bajo los esquemas de programas federales existentes, se contemplan algunos apoyos para los estudiantes técnicos y universitarios, pero las reglas son a discreción del Ejecutivo federal y no universales como deberían de ser.

Es por lo anterior, que el propósito de la iniciativa versa en apoyar económicamente a los estudiantes que están en la recta final de sus estudios profesionales y técnicos, mediante el aseguramiento de un estímulo económico, que les permita solventar los gastos mínimos y su auto sustentabilidad, que en el mismo acto se cumpla el objetivo normativo para el efecto que fue incorporado de formación laboral en campo aplicando las técnicas aprendidas, desarrolladas durante sus estudios académicos y convirtiéndolas en áreas de oportunidad.

Texto vigente

Artículo 59. Cuando el servicio social absorba totalmente las actividades del estudiante o del profesionista, la remuneración respectiva deberá ser suficiente para satisfacer decorosamente sus necesidades.

Texto Propuesto

Artículo 59. El servicio social que realice el estudiante o el profesionista deberá contar con la remuneración respectiva que deberá ser suficiente, no menor al equivalente por media jornada del salario mínimo vigente para satisfacer decorosamente sus necesidades.

La educación superior se podría considerar como un privilegio en la sociedad, puesto que la preparación superior brinda las herramientas para enfrentarse de manera más efectiva al futuro. En México, de cada 100 alumnos que ingresan a primaria solo 21 terminan la universidad, cuatro estudian una maestría y uno llegará a doctorado, de acuerdo con el estudio Panorama de la educación 2017, que elabora anualmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Los alumnos dejan inconclusa su vida académica por falta de recursos económicos para comprar útiles, pagar pasajes e inscripciones.

El servicio es una práctica que está contemplada en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, asimismo, se establece también en la Ley General de Profesiones, en los artículos 18, inciso e, articulo 32 y 59, en los cuales señala que debe presentarse de forma obligatoria para la obtención del título dependiente de la institución en la cual están realizando sus estudios.

Por tanto, se considera de suma importancia una remuneración para los estudiantes, que les permita solventar sus gastos, colaborando con nuestros futuros profesionistas para que cumplan adecuadamente con sus prácticas y servicio.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto, para quedar como sigue:

Decreto que reforma el artículo 59 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México.

Artículo 59. El servicio social que realice el estudiante o el profesionista deberá contar con la remuneración respectiva suficiente, no menor al equivalente por media jornada del salario mínimo vigente para satisfacer decorosamente sus necesidades.

Notas

1 http://www.dgoserver.unam.mx/portaldgose/servicio-social/htmls/ ss-universitario/ssu-definicion.html

2 https://www.inegi.org.mx/temas/educacion/

3 https://www.etac.edu.mx/?utm_source=Internet&utm_medium=Organico

4 http://www.milenio.com/estados/falsifica-firma-lucrar-liberacion- servicio-social

5 https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/

6 http://www.milenio.com/negocios/solo-21-de-100-alumnos-terminan-la-universidad

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/208_190118.pdf

8 http://conapptel.org.mx/texto.php

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: María de los Ángeles Ayala Díaz, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Carlos Alberto Valenzuela González, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Fernando Torres Graciano, Francisco Javier Luévano Núñez, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, Josefina Salazar Báez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María del Rosario Guzmán Avilés, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Liduvina Sandoval Mendoza, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Martha Elena García Gómez, Martha Elisa González Estrada, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nohemí Alemán Hernández, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Raúl Gracia Guzmán, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Ricardo Villarreal García, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona los artículos 366 Quintus y 366 Sextus al Código Penal Federal, a cargo del diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Ulises García Soto, diputado integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 366 Quintus y 366 Sextus del Código Penal Federal, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional vinculante para México que establece el bien superior de la niñez como un objeto jurídico protegido por los Estados parte, que deben velar por el pleno desarrollo de la niñez y por su protección jurídica y material. El artículo 7 del mencionado instrumento a la letra dice:

Artículo 7

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

2. Los Estados partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.

De igual forma, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes basándose en la Convención para los Derechos del Niño y en el artículo primero constitucional y el principio “pro persona”, establece diversos derechos de los menores, entro los que destaca el derecho a vivir en familia.

De esto se desprende la obligación de México de generar la legislación necesaria que norme y procure un sano desarrollo físico y psicoemocional de los menores de edad en compañía de sus progenitores. No obstante, en nuestro país las cifras de divorcios se han incrementado a más del 130 por ciento, mientras que el número de matrimonios se redujo en 21.4 por ciento, según cifras del 2016 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI; en tanto 2016 se publicó que alrededor del 10 por ciento de la población se encuentra separada, divorciada o viuda. Datos del 2017 del mismo Instituto señalan que en 2017 se registraron 147 mil 581 divorcios, de los cuales 134 mil 166 fuer judiciales. De estas cifras nos arrojan el alarmante incremento en la desintegración familiar, los conflictos conyugales y por consiguiente, los problemas de paternidad con los hijos, como la patria potestad, la guarda y custodia, las visitas y convivencias o el pago de pensión alimenticia.

Desafortunadamente, los niños, hijos en cualquier matrimonio o relación de pareja quedan en medio de los conflictos entre sus progenitores; conflictos que en no pocas ocasiones hacienden a conductas indebidas que vulneran los derechos de los niños, y de sus parientes, ya sean padres, tíos, abuelos, etcétera.

En 2015 la asociación civil “Niños, Niñas y Adolescentes con Ma-Pa” señaló para el diario Excélsior que al menos cien mil menores de edad se encuentran como rehenes de los juicios de divorcio de sus padres. Donde además se señala que comúnmente alguno de los padres utiliza a los hijos como arma contra el cónyuge.

Tratados como rehenes, estos niños suelen ser utilizados por uno de los padres como armas para herir o destrozar al cónyuge. A esta problemática se le conoce como alienación parental y florece dentro de la misma semilla de una separación violenta.

No es un tema menor, si se toma en cuenta que por cada 100 parejas que se dan el “sí” cada año para establecerse como matrimonio, 19 rompen con la promesa de amarse hasta la muerte, la mayoría en malos términos

Tan sólo en 2013, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se registraron 108 mil 727 divorcios, de los cuales 95 mil 937 fueron de tipo judicial.

Y en medio de ellos, miles de niños que terminan como una especie de huérfanos de padres vivos.

De este tipo de conflictos conyugales se da que algún pariente o progenitor sustraiga al hijo o a los hijos con el objetivo de lastimas emocionalmente al otro, o bien para obligar hacer o dejar de hacer algo a su contraparte. Esta situación, que a todas luces es un conducta indebida y antisocial, es penada por los diferentes códigos penales de las diferentes entidades de la república.

No obstante, cada redacción de los artículos que se refieren a la sustracción de menor señalan elementos diferentes para la configuración del delito. Sólo para ejemplificar lo anterior, el Código Penal para el estado de Veracruz cuenta con una tipificación sumamente integral y sintética que permite la persecución de dicho injusto, mientras que el Código Penal para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) carece de una redacción que proteja al menor de manera integral:

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave

Sustracción o retención de menores o incapaces (Reformado, GO, 19 de mayo de 2015).

Artículo 241. A quien le una parentesco con persona menor de dieciocho años de edad o incapaz, o a quien por instrucciones de aquél, sin causa justificada o sin orden de autoridad competente, la sustraiga de la custodia o guarda de quien la tenga de hecho o por derecho, o bien la retenga sin la voluntad de ésta, se le impondrán de dos a nueve años de prisión y multa de hasta cien días de salario.

Artículo 242. Si el agente activo devuelve espontáneamente al menor o al incapaz dentro de los siete días siguientes a la comisión del delito, se le impondrá una tercera parte de las sanciones antes señaladas. 

Código Penal para el Distrito Federal

Artículo 173. Se impondrá de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa, al ascendiente, descendiente, cónyuge, pariente colateral o afín hasta el cuarto grado, que sustraiga, retenga u oculte a un menor o incapaz y que sobre éste no ejerza la patria potestad, la tutela o mediante resolución judicial no ejerza la guarda y custodia.

Cuando el sujeto devuelva espontáneamente al menor o al incapaz, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comisión del delito, se le impondrá una tercera parte de las sanciones señaladas.

Al padre o madre que, sin tener la guarda y custodia del menor o incapaz que viva en el Distrito Federal, lo sustraiga, retenga u oculte fuera del Distrito Federal o fuera del territorio nacional, se le aumentarán en una mitad las penas previstas en el primer párrafo de este artículo.

Se equipara al delito de retención, sustracción u ocultamiento de menor o incapaz, y se sancionará con las penas señaladas en el primer párrafo del presente artículo, a la persona que mediante amenazas o engaños obtenga del padre o madre que tiene la guarda y custodia del menor o incapaz, el consentimiento para trasladarlo, con la finalidad de retenerlo, sustraerlo u ocultarlo fuera del Distrito Federal o fuera del territorio nacional.

De la anterior comparación podemos destacar que a pesar de que el Código Penal para el Distrito Federal prevé otros elementos como la posibilidad de que el menor sea sustraído fuera de la Ciudad de México o incluso fuera del país, este ordenamiento no nos aporta claridad sobre si comete el delito un progenitor que  tenga una guardia y custodia “natural” o es necesaria tenerla por “Derecho”, entendida la primera como la que tienen los padres de un menor de manera natural, al ser ellos los encargados de los cuidados y protección de sus hijos, lo que implica una convivencia natural; en tanto que la custodia o guardia y custodia o tutela por “Derecho” se refiere al mandamiento de una autoridad competente de otorgarla, es decir, cuando un juez familiar o un órgano jurisdiccional o Ministerio Público ordena que la guardia y custodia de un menor sea para una persona determinada.

Al respecto, es de estimarse que el Código Penal para el Estado de Veracruz protege de manera completa a los menores y a los padres, en cuanto a que prevé que la sustracción se puede cometer se tenga o no una resolución de un Juez o no. Es decir, si una madre o un padre sustrae a sus hijos del otro cónyuge, este cometerá el delito previsto en el Código Penal de Veracruz, sin importar que no exista resolución judicial previa. En tanto que el mismo caso en el Distrito Federal no sería punible en virtud de que el Código para dicha entidad dice: “...que sobre éste no ejerza la patria potestad, la tutela o mediante resolución judicial no ejerza la guarda y custodia.”

Si bien es cierto que el Código Penal para el Distrito Federal prevé la pena para quien sustraiga a un menor fuera del país, existe un gran número de Códigos Penales en el país que no tipifican dicha posibilidad; lo que podría beneficiar al infractor sobre el principio de Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege; que señala que nadie puede ser condenado por un delito que no está específicamente descrito y tipificado como tal.

Por estos motivos es que es necesario que dicho injusto este previsto en el Código Penal Federal; ya que se estaría tipificando una conducta que puede sucederse en cualquier punto de la República y hacia cualquier país extranjero.

En el mismo orden de ideas, la conducta que se pretende proscribir se da no solo en ámbito internacional, sino que existen casos donde el menor es sustraído de su lugar de residencia hacia otros estados de la república, dificultando a las autoridades la persecución del delito y a las victimas su contacto y reencuentro. Motivo de sobra para tipificar dicha conducta en el Código Penal Federal y que las Fiscalías y Ministerios Públicos de la Federación puedan investigar y perseguir esta clase de delitos, sobre el principio de que es deber del Estado proteger el interés superior de la niñez.

Argumentación

Es claro que las leyes y normas de toda sociedad reflejan las aspiraciones morales y proscriben las conductas indeseables, así como protegen los valores que son considerados con mayor valía para el mejor desarrollo de la comunidad; es por ello que el “interés superior de la niñez” lo hemos considerado como un bien jurídico superior que debe estar salvaguardado por todos los instrumentos jurídicos que permitan cumplimentar este objeto a fin de que se vea materializado en la niñez mexicana.

Por este bien jurídico superior, es que vemos la necesidad de que en el Código Penal Federal se vean tipificados los delitos de sustracción, retención u ocultamiento de menor; ya que, a todas luces, esto son actos abominables que dañan el pleno desarrollo de los menores y de sus familias.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) publicada en diciembre del 2014 establece a los menores de dieciocho años como titulares de derechos, de conformidad por lo dispuesto por el artículo primero Constitucional. Asimismo, se estableció en el segundo párrafo del artículo 2 de la antes mencionada Ley que:

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) establece en su artículo 13 fracción IV que es derecho de las niñas, niños y adolescentes el Derecho a vivir en familia. Al momento de que cualquier persona decide sustraer, retener u ocultar a un menor de sus padres o de uno de estos, esta violentando el derecho del menor ya establecido por derecho positivo mexicano, lo que constituye el elemento de una conducta antijurídica, es decir, contraria a las leyes.

La Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) define la sustracción, retención u ocultamiento como la “separación unilateral e injustificada de una niña, o adolescente de la persona que legalmente detenta su guarda y custodia, ocultándolo o trasladándolo lejos de su lugar de residencia habitual.”

Además de la mencionada definición, la CNDH señala que “Esas conductas atentan contra su equilibrio vital, pues alteran sus condiciones afectivas, sociales y culturales;  por tanto, constituyen un atentado contra los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, convivir con ambos progenitores (as), vivir en condiciones de bienestar, a tener un sano desarrollo integral y una vida libre de violencia, los cuales están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que México es parte, y en la LGDNNA”.

Es de gran importancia señalar jurisprudencia respecto del delito de “sustracción de menor” en cuanto a tener claridad a lo que el Poder Judicial ha interpretado sobre el núcleo de los derechos que deben ser protegidos para con la niñez y los progenitores, victimas ambos, de una separación repentina. Al respecto, como ya lo hemos señalado, un importante elemento del Código Penal para el estado de Veracruz es que para la consumación del delito de sustracción de menor no se prevé el requisito previo de una resolución judicial; elemento que se debe retomar para preponderar en primer lugar el derecho de la niñez sobre actos procedimentales, tal y como lo señala la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Séptimo Circuito, a cargo de la Magistrada Sofía Virgen Avendaño:

Sustracción de menores, delito de. Para su integración basta que la custodia o guarda se tenga de hecho o por derecho (legislación del estado de Veracruz).

Si bien es cierto que el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito sustentó la tesis publicada a fojas 3618, Tomo XI, 1969-1987, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: “Menores, sustracción o retención de. Inexistencia del cuerpo del delito tratándose de los progenitores. Los padres de menores de doce años no incurren en la comisión del delito de sustracción o retención previsto por el artículo 206 del Código Penal del Estado de Veracruz, salvo que la guarda o custodia se decrete judicialmente a favor del otro o de un tercero.”, también lo es que ya no es aplicable, si se tiene en consideración que ese criterio se sustentó con base en el mencionado precepto legal, antes de sus reformas ocurridas, la primera, el veintitrés de enero de mil novecientos noventa y uno y, la segunda, el ocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, publicadas en la Gaceta Oficial del Estado el diecinueve de febrero y el ocho de septiembre, de los años citados, respectivamente, cuyo texto original establecía: “Artículo 206. Al familiar de un menor de doce años de edad o de un incapacitado de comprender, o al que por instrucciones de aquél, lo sustraiga de la custodia o guarda de quien legítimamente la tenga, o bien lo retenga sin la voluntad de éste, se le impondrán de uno a seis años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos.” El precepto legal vigente dice: “Artículo 206. Al familiar de un menor de doce años de edad o de un incapacitado de comprender, o al que por instrucciones de aquél lo sustraiga de la custodia o guarda de quien la tenga de hecho o por derecho, o bien lo retenga sin la voluntad de éste, se le impondrán de uno a seis años de prisión y multa hasta de cuarenta veces el salario mínimo.” Como se advierte, el texto actual establece que para que se actualice el delito en mención, no se requiere que el sujeto pasivo u ofendido deba tener la custodia o guarda del menor legítimamente y menos que sea necesario un mandamiento judicial, sino basta que esa custodia o guarda se tenga de hecho o por derecho.

Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.

Amparo en revisión 81/2001. 22 de marzo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Heriberto Sánchez Vargas Secretario: Isaías N. Oficial Huesca.

Amparo directo 372/2001. 25 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Heriberto Sánchez Vargas. Secretario: José Rivera Hernández.

Amparo en revisión 118/2002. 3 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Heriberto Sánchez Vargas. Secretario: José Rivera Hernández.

Amparo directo 82/2002. 30 de mayo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera Pinzón.

Amparo en revisión 337/2002. 31 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Sofía Virgen Avendaño. Secretaria: Claudia Karina Pizarro Quevedo. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 1662, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis VII.1o.P. J/49; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 1663.

Resulta sumamente ilustrativa la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del Ministro ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien analiza el delito de sustracción de menor establecido en el Código Penal para el estado de Chiapas en la tesis que a continuación se presenta:

1a. CCCIX/2013 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2 Página 1065. Décima Época 2004811

Primera Sala. Tesis Aislada (constitucional)

Sustracción de menores. El artículo 225 del Código Penal para el estado de Chiapas que prevé este delito, no es contrario al interés superior del menor ni al derecho fundamental a la convivencia familiar.

Uno de los objetivos principales de la previsión del delito de sustracción  de menores, a que se refiere el citado artículo 225, es evitar el quebranto del régimen de convivencia establecido como resultado de la separación material de los padres a causa de desacuerdos personales. Así, la preocupación principal del legislador al crear dicha disposición fue proteger a los hijos menores de edad, pues busca evitar un desarrollo inadecuado de su personalidad, generado por un quebranto unilateral e ilegítimo del régimen de convivencia por parte de uno de los padres. De ahí que el bien jurídico que pretende proteger el delito en cuestión es justamente el interés superior de los menores de edad, ya que busca disuadir a los progenitores de transgredir por la vía de los hechos una situación jurídica creada para salvaguardar el bienestar de aquéllos, evitando que sufran los perjuicios que acarrean los cambios constantes de residencia habitual y el ser objeto de la disputa entre los progenitores. En esta lógica, el artículo 225 del Código Penal para el estado de Chiapas, al prever que si el sujeto activo de la sustracción del menor o del incapaz, no tiene la finalidad de corromperlo, es familiar del sustraído pero no ejerce la patria potestad o la tutela sobre el mismo, o no ejerce la guarda o custodia por resolución judicial, se le impondrá la mitad de las penas previstas para el delito de sustracción, no es contrario al interés superior del menor ni al derecho fundamental a la convivencia familiar sino que, por el contrario, constituye una medida necesaria y proporcional dirigida a resguardar a los menores involucrados en una controversia familiar.

Amparo directo en revisión 583/2013. 11 de septiembre de 2013. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.

De la anterior resolución cabe destacar que el Ministro ponente retoma la intención del legislador de proteger al menor de una separación unilateral, evitando un desarrollo inadecuado y generando un quebranto unilateral e ilegitimo del régimen de convivencias por parte de uno de los padres. Ahora bien, es necesario señalar que la sustracción de menor, como delito, no solamente se da habiendo una resolución judicial sobre el régimen de convivencias hacia uno de los padres, sino que este delito generalmente se presenta cuando no existen resoluciones de un órgano jurisdiccional, rompiendo el lazo de convivencias que tiene de manera natural un padre con su hijo.

Esto es el motivo y fundamento principal para establecer en el Código Penal Federal, un tipo penal sumamente funcional que permita proteger el interés de los menores, inhibir este tipo de conductas y promueva la mediación en los conflictos.

En el mismo sentido es importante la siguiente resolución sobre el delito de retención de menores en concordancia con el principio de legalidad, igualmente emitido por la Suprema Corte a cargo del Ministro ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea: 

Retención de menores. El artículo 241 del Código Penal para el estado de Veracruz que prevé ese delito, no vulnera el principio de legalidad en sus vertientes de taxatividad y exacta aplicación de la ley en materia penal.

El precepto citado al prever que a quien le una parentesco con persona menor de dieciocho años de edad o incapaz, o a quien por instrucciones de aquél, sin causa justificada o sin orden de autoridad competente, la retenga sin la voluntad de ésta, se le impondrán de dos a nueve años de prisión y multa de hasta cien días de salario, no vulnera el principio de legalidad en sus vertientes de taxatividad y exacta aplicación de la ley en materia penal, al prever de forma clara y precisa que la conducta ilícita en cuestión implica la retención de un menor o incapaz, sin causa justificada o sin orden de autoridad competente, entendiéndose por retención la acción y efecto de impedir que el menor salga o se mueva al lugar donde usualmente se encuentra establecido, sin causa justificada o sin una orden de autoridad competente que conmine a efectuar la retención. Además, concretamente señala que la conducta ilícita deberá realizarse sin el consentimiento de la persona que ejerce de hecho o por derecho la guarda o custodia del menor, es decir, la persona que por alguna situación de facto, algún convenio o por resolución judicial, cuente con la guarda o custodia del menor y, además, puntualiza que la conducta deberá efectuarse por un sujeto activo calificado, esto es, que sea una persona que cuente con un parentesco con la menor víctima, pero que no tenga su guarda o custodia. Por tanto, el artículo 241 aludido que prevé el tipo penal de retención de menores es acorde con el principio de legalidad en sus vertientes de taxatividad y exacta aplicación de la ley en materia penal, pues de su contenido puede comprenderse la prohibición dirigida a las personas que tengan parentesco con un menor, de retenerlo sin la voluntad de quien tenga de hecho o por derecho su custodia o guarda, siempre que no cuenten con esta facultad, o tengan alguna causa justificada u orden de autoridad competente que la motive.

Amparo directo en revisión 2224/2014. 3 de febrero de 2016. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Julio César Ramírez Carreón.

El delito de sustracción de menor para un padre o familiar que no cuente con la guarda y custodia, tutela o patria potestad por resolución judicial ha sido declarado Constitucional, como lo señala el boletín de la Suprema Corte  No.173/2013 de fecha 11 de septiembre del año 2013, mismo que se desprende de la resolución del Código Penal del estado de Chiapas antes señalado:

Declara SCJN constitucional delito de sustracción de menores, previsto en el Código Penal de Chiapas, cometido por un familiar

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un asunto, bajo la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el que se determinó que el delito de sustracción de menores cometido por familiares que no tengan la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia por resolución judicial, es acorde con el principio de interés superior del menor y el derecho fundamental a la convivencia familiar.

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un señor divorciado de su esposa y que no contaba con la guarda y custodia de sus hijos, fue condenado por el delito de sustracción de menores previsto en el Código Penal de Chiapas, debido a que transgredió el régimen de convivencia pactado con su exesposa al haberse llevado consigo a su hijo menor de edad sin el consentimiento de ella. El señor acudió a la Suprema Corte, pues consideraba que el delito por el que se le había condenado resultaba inconstitucional.

La Primera Sala, después de estudiar las figuras de la guarda y custodia y el derecho de visitas, concluyó que estas instituciones fueron creadas con el objetivo de que, al complementarse, garanticen el derecho de los menores a vivir en familia y a convivir con ambos padres, a pesar de que debido a una crisis familiar éstos últimos se encuentren separados. Así las cosas, si bien la Primera Sala consideró que se debe incentivar y preservar la convivencia de la familia, también es cierto que se debe proteger en todo momento el interés superior del menor, por lo que el régimen de convivencia no puede estar sujeto a la simple voluntad de los padres. Efectivamente, la Corte consideró que el quebranto del régimen de convivencia puede poner en peligro el sano desarrollo de los menores, por lo que lo que busca el delito de sustracción es justamente proteger a los menores involucrados en una controversia familiar de los daños que puede acarrear el ser objeto de la disputa entre los padres, sin que se respete lo que es mejor para ellos.

Finalmente, la Primera Sala señaló que al momento de determinar el contenido del derecho de visita, los jueces deberán tomar en consideración diversos elementos tales como la edad, necesidades y costumbres de los menores involucrados; el tipo de relación que mantienen con el progenitor no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad del progenitor no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de los menores y la del padre no custodio; y en general cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para los menores involucrados.

Al ser declarado dicho tipo penal como “Constitucional” se retoma la importancia de establecerlo en el Código Penal Federal por cuestiones de territorialidad y jurisdicción de las Agencias de los Ministerios Públicos, a fin de que estos delitos puedan ser perseguidos e investigados de manera más ágil cuando existan dos o más entidades de la república investigando la misma conducta o bien cuando el sujeto activo haya salido del territorio nacional.

Por su parte, el estado de Durango señala como indebida la conducta de sustraer a un menor de su residencia habitual; aunque es de destacar que dicha tipología la encontramos en el artículo 416 del Código Civil, además de los artículos respectivos en el Código Penal de la entidad; aunque es de destacar la protección que dicho ordenamiento brinda al menor, que de manera textual señala:

Artículo 416. Mientras estuviere el hijo en la patria potestad, no podrá dejar la casa de los que la ejercen, sin permiso de ellos o decreto de la autoridad competente.

El que sustraiga o retenga a un menor fuera de su residencia habitual, sin consentimiento de quienes ejercen la patria potestad, será motivo para la suspensión o pérdida de los derechos que tenga con relación al menor.

Con el artículo anterior además de lo establecido por los Códigos Penales, el Código Civil de dicha entidad brinda su protección a los menores de una posible sustracción de su entorno habitual.

Ahora, si bien es cierto que para los caso de sustracción de menores de edad fuera del territorio nacional es aplicable el Convenio de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, es deber del Estado mexicano proscribir y tipificar esta conducta como delictiva, con lo cual pueda ser sancionada en territorio nacional, casos que lamentablemente no son pocos,  “datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores revelan que durante 2017 las entidades federativas donde se originó el mayor número de solicitudes de restitución internacional de niñas, niños y adolescentes fueron la Ciudad de México (19), Michoacán (17), Baja California, Chihuahua y estado de México (9 de cada una). En ese año, Estados Unidos de América fue el país al que más se le formularon solicitudes de restitución”.

Como lo ha señalado el abogado penalista Aarón Hernández López, “la protección de los bienes jurídicos, como ha quedado establecido se lleva a cabo por medio de las normas penales; en el sistema jurídico mexicano, estas normas se encuentran contenidas en el Código Penal Federal...”

En consecuencia, es lógico y coherente con las Leyes y tratados internacionales que ha suscrito México, además de ser una conducta a todas luces indebida, que se debe tipificar la sustracción, retención u ocultamiento de menores como parte del Código Penal Federal.

El tipo penal que se pretende incorporar al Código Penal Federal es una figura que describe una conducta y clase de eventos antisociales, con un contenido necesario y suficiente para garantizar la protección de uno o más bienes jurídicos, en este caso el “interés superior de la niñez.”

En los elementos de tipo penal que se incorpora al Código Penal Federal encontramos en la descripción de la conducta abstracta que se describe que es un delito que por su resultado causa perjuicios materiales, ya que se ve materializado en el alejamiento de los sujetos pasivos o víctimas; además se realiza con dolo; por su duración es continuado, motivo por el cual no permite concurso de otros delitos; admite tentativa; puede ser realizado por uno o varios sujetos; debe ser procesado e investigado de oficio, en virtud de estar protegiendo el interés superior de la niñez; y por último, el bien jurídico que se ve vulnerado con dicha conducta es el desarrollo del menor, el derecho a vivir en familia y su libertad plena, así como el de sus progenitores.

Para llevar acabo de mejor manera la protección de los bienes jurídicos, los códigos penales cuentan con una parte en la que contienen diversos tipos agrupados de manera análoga. En concordancia, para una redacción congruente con lo expresado por el Código Penal Federal es que se optó por incorporar dos artículos a la parte final del Título Vigésimo Primero.

Se decidió incorporar dos artículos al Código Penal Federal en el “Titulo Vigésimo Primero” Privación Ilegal de la Libertad y otras garantías “Capítulo Único”; debido a que con el tipo que se describe se está vulnerando la libertad de los sujetos pasivos, en este caso los niños y sus padres; al estar impedidos materialmente en encontrarse y convivir normalmente, por causa y efecto de las acciones emprendidas por el sujeto activo.

El primer artículo que se propone incorporar, el 366 Quintus, prevé el injusto de sustracción, retención u ocultamiento que podría cometer cualquier individuo, sin relación de progenitor, parentesco o tutela con el menor involucrado. Asimismo, se prevén los agravantes del tipo en el caso de que se trate de un menor de doce años, o se pretenda incorporar a este a los círculos de corrupción de menores; también se prevé un atenuante cuando el agente activo devuelva espontáneamente al menor dentro de las veinticuatro horas siguientes a los hechos.

Por otra parte, se decidió incorporar las definiciones que son materia del tipo penal, sustracción, retención y ocultamiento, a fin de no dejar a interpretación del Poder Judicial dichos términos, pero incorporando los criterios ya vertidos por la Suprema Corte. En estas definiciones queda claramente identificado que dicho delito puede ser cometido, aunque la guardia y custodia se tenga de manera natural, como ya lo ha expresado la jurisprudencia al respecto, con lo cual se da una protección mayor a la niñez y a los padres víctimas de este tipo de hechos.

En el artículo 366 Sextus que se pretende incorporar al Código Penal Federal, se estableció el tipo penal para aquellos parientes y progenitores que cometen dicha conducta, haciendo una diferenciación del sujeto activo previsto en el 366 Quintus. Asimismo, para la integración del delito señalado, es necesario que la sustracción se dé fuera de la entidad federativa donde el menor haya residido habitualmente, esto con el objetivo de no transgredir esferas de competencia con los delitos establecidos en cada estado de la República y sus respectivos códigos penales.

Asimismo, se prevé un agravante para aquéllos progenitores que cometan este delito, puesto que el objetivo es restringir que este tipo de conductas tomen a los hijos para lastimar al otro cónyuge de manera psicoemocional. También están previstos los agravantes por introducir a los menores al círculo de corrupción de menores, así como al coaccionar al padre o cónyuge, sujeto pasivo, al hacer o de dejar hacer algo; puesto que esta conducta se estaría equiparando al delito de extorción, agravada por tomar a un menor como rehén para dichos fines.

El objetivo de tipificar estos delitos en el Código Penal Federal, además de lo ya expresado, es cotribuir con la reintegración pronta de los niños a sus hogares y a su entorno habitual del que han sido sustraídos. Numerosos casos de padres y madres alejados de sus hijos durante meses e incluso años, exigen de los legisladores federales hacer leyes que eviten estas dolorosas separaciones y sean castigadas este tipo de conductas a todas luces antisociales y delictivas.

Nunca más, padres, madres e hijos separados de sus círculos de amor y cariño.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto bajo el siguiente

Fundamento legal

El suscrito, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 77 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto

Decreto por el que se adiciona el Código Penal Federal

Único. Se adicionan los artículos 366 Quintus y 366 Sextus al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 366 Quintus. Al que sin tener relación de parentesco, o de tutela de un menor de edad o incapaz, lo sustraiga, retenga u oculte fuera de la entidad federativa donde reside, sin el consentimiento de quien ejerza su custodia legítima o su guarda, se le impondrá prisión de cinco a quince años y de doscientos a mil días de multa.

Si la retención, sustracción u ocultamiento se realiza en contra de un menor de doce años de edad, las penas previstas se incrementarán en una mitad.

Si la sustracción tiene como propósito incorporar a la persona a círculos de corrupción de menores, la mendicidad o traficar con sus órganos, las penas se aumentarán en un tanto.

Cuando el sujeto activo devuelva espontáneamente al menor o al incapaz, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comisión del delito, se le impondrá una tercera parte de las sanciones señaladas.

Por sustracción se entenderá el traslado de un menor de su entorno habitual o lugar de residencia sin el consentimiento de quien ejerza de manera natural o por mandato de autoridad competente la guarda y custodia, la patria potestad o la tutela.

Por retención se entenderá como la acción y efecto de impedir que el menor salga o se mueva al lugar donde usualmente se encuentra establecido, sin causa justificada u orden de autoridad competente.

Por ocultamiento se entenderá el obstaculizar o impedir la comunicación y/o convivencia del menor con quien ejerza de manera natural o por mandato de autoridad competente la guarda y custodia, la patria potestad o la tutela.

Artículo 366 Sextus. Se impondrá de cinco a diez años de prisión y de quinientos a mil días multa, al ascendiente, descendiente, cónyuge, pariente colateral o afín hasta el cuarto grado, que sustraiga, retenga u oculte a un menor o incapaz fuera de la entidad federativa donde reside y que sobre éste no ejerza mediante resolución judicial la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia. Además al progenitor culpable de esta conducta, se le inhabilitará para el ejercicio de la patria potestad por tiempo de tres a diez años.

Al padre o madre que, sin tener la guarda y custodia otorgada mediante resolución judicial del menor o incapaz, lo sustraiga, retenga u oculte fuera del territorio nacional, se le aumentarán en una mitad las penas previstas en el primer párrafo de este artículo.

Las penas señaladas se aumentarán en una mitad al cónyuge que sustraiga, retenga u oculte a un hijo menor de edad o incapaz, con la finalidad de obligar al otro cónyuge a dar, hacer o dejar de hacer algo.

Si la retención, sustracción u ocultamiento se realiza en contra de un menor de doce años de edad, las penas previstas se incrementarán en una mitad.

Si la sustracción tiene como propósito incorporar a la persona a círculos de corrupción de menores, la mendicidad o traficar con sus órganos, las penas se aumentarán en un tanto.

Cuando el sujeto activo devuelva espontáneamente al menor o al incapaz, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comisión del delito, se le impondrá una tercera parte de las sanciones señaladas.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de laFederación.

Notas

1 Toribio Laura, “Cien mil niños son rehenes de los divorcios”, Excélsior; 21de diciembre de 2015.

2 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/ninez_familia/material/ cuadri-sustraccion-ninas-ninos.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 12 de febrero de 2019.— Diputado Ulises García Soto (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Maximino Alejandro Candelaria, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Alejandro Candelaria Maximino, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración.

Uno de los temas más importantes del país y del mundo es la migración y todo lo que ésta implica como, por ejemplo, el desarrollo económico, el trabajo informal y/o ilegal, así como las deportaciones y el retorno voluntario entre otros.

Es bien sabido que la mayoría de las personas que migran a otro país, lo hacen por necesidad, pues en el país de origen no encuentran las oportunidades laborales, la seguridad ni el crecimiento económico que requieren, en otras palabras, la migración es la acción con la que se busca vivir mejor.

“La migración es una realidad internacional y un reto para los gobiernos nacionales que, de ser abordado correctamente, aporta importantes beneficios sociales.”

Sin embargo, por cuestiones legales, muchos migrantes son detenidos en las fronteras, obligándolos a regresar a sus lugares de origen; en otros casos, quienes logran cruzar la frontera, llegan a encontrarse en un contexto de discriminación o racismo, trayendo como consecuencia un panorama desolador, pues la búsqueda por vivir mejor termina convirtiéndose en todo lo contrario.

México no está exento de situaciones como esta, pues cada año migran un millón de mexicanos documentados y no documentados aproximadamente tan solo a los Estados Unidos, muchos de los cuales deciden regresar en algún momento al país, por voluntad propia debido a cuestiones económicas, familiares, de salud entre otras, así como aquellos que son retornados por deportación.

“Al ser México un país de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes, los problemas y retos que enfrentamos son mayores y más complejos. Para atender de manera efectiva las situaciones que se derivan de los diversos flujos migratorios y poblaciones involucradas en ellos, nuestro país requiere respuestas integrales, incluyentes y con un enfoque de derechos humanos que establezcan claramente las obligaciones del Estado y que consideren la participación de la sociedad y el sector privado mexicano en ello.”

La migración en retorno es por tanto un tema de interés nacional, en el que el Gobierno tiene que generar el mecanismo necesario que brinde las facilidades para la reintegración a comunidades de origen, al mercado laboral, así como a los sistemas de educación y salud para los migrantes connacionales en retorno voluntario o por deportación.

“Entre 2005 y 2010 retornaron más de 800 mil migrantes de Estados Unidos a nuestro país, y entre 2010 y 2015 regresaron 559 mil 416”.

Por su parte, la complejidad de los migrantes mexicanos en retorno aumenta cuando estos cuentan con hijos nacidos en territorio extranjero; pues su regreso al país se torna grupal en vez de individual.

“Los investigadores observaron cambios en las características de la migración de retorno, entre las que destacan que antes era individual y protagonizada por hombres hacia sus lugares de origen. Ahora es familiar y con menores de edad que tienen como destino centros urbanos y otros lugares que les son incluso desconocidos.”

Si bien la migración en retorno ha comenzado a presentarse de forma grupal; es decir, por familias completas, eso no significa que la migración en retorno individual sea menos importante o que tenga menos relevancia, los hechos que se presentan hoy en día no deben rebasar las estrategias de apoyo por parte del gobierno, este debe estar al tanto de las problemáticas para replantearse sus mecanismos y modelos de apoyo para estar a la altura de lo que se presenta.

Hoy en día la población mexicana migrante en el extranjero se enfrenta a un gran problema de xenofobia y discriminación debido a discursos políticos presentados principalmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump que fomentan el odio, la intolerancia y la violencia hacia el migrante mexicano.

Es sabido que Estados Unidos no es el único país al que migran los mexicanos, no obstante, la mayoría de migrantes mexicanos deciden ir a ese país.

“En 2016 alrededor de 12 millones de mexicanos vivían fuera de nuestro país; 98 por ciento de ellos en Estados Unidos. Los flujos migratorios más importantes de México hacia Estados Unidos se dan entre 1990 y 2007, periodo en el que casi siete y medio millones de personas migraron. Actualmente, la Ciudad de México (11 por ciento), seguida por Michoacán (10 por ciento), Guanajuato (10 por ciento) y Jalisco (6 por ciento) son los cinco estados que expulsan el mayor número de migrantes a la Unión Americana.”

Es por ello que la situación por la que pasan los migrantes en el país vecino del norte es crítica, no resulta difícil comprender los motivos de su regreso si entendemos que viven en un contexto de miedo e incertidumbre por parte de las autoridades estadounidenses.

Si bien se han tomado medidas en el asunto como la iniciativa por parte del Instituto Nacional de Migración “Somos Mexicanos”, estas no han estado a la altura de la problemática referente a la migración en retorno, pues debe tenerse en cuenta que los migrantes connacionales no están en una condición homogénea; es decir, si bien estos tienen en común el hecho de regresar al país de manera voluntaria o involuntaria, las razones así como sus circunstancias son completamente distintas.

Cuadro de prioridad a partir de la situación del migrante mexicano en retorno:

Por ello es menester que el Estado genere el mecanismo a través de la Secretaria de Gobernación, para que el recibimiento a los migrantes connacionales en retorno sea especializado y empático, en la que se contemple atender de manera adecuada las distintas características del migrante mexicano en retorno como, por ejemplo, la educación con la que cuentan los migrantes en retorno, así como su experiencia laboral, su condición económica y su salud, su edad, su tiempo de estancia en el extranjero, entre otras. Esto con la finalidad de crear los mecanismos para una reorganización mejor ordenada, en la que se respeten y se hagan valer los derechos humanos de cada migrante connacional de manera categórica conforme al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 2 Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Así como con el artículo 2 de la Ley de Migración:

“La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes: Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada. Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio. Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras. Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio. Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional. Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad. Este principio reconoce el aporte de los migrantes a las sociedades de origen y destino. Al mismo tiempo, pugna por fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública y fronteriza, a la seguridad regional y al combate contra el crimen organizado, especialmente en el combate al tráfico o secuestro de migrantes, y a la trata de personas en todas sus modalidades. Complementariedad de los mercados laborales con los países de la región, como fundamento para una gestión adecuada de la migración laboral acorde a las necesidades nacionales. Equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena observancia de las garantías individuales, tanto para nacionales como para extranjeros. Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, en tanto que los extranjeros con arraigo o vínculos familiares, laborales o de negocios en México han generado una serie de derechos y compromisos a partir de su convivencia cotidiana en el país, aun cuando puedan haber incurrido en una situación migratoria irregular por aspectos administrativos y siempre que el extranjero haya cumplido con las leyes aplicables. Unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente, como criterio prioritario de internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México, junto con las necesidades laborales y las causas humanitarias, en tanto que la unidad familiar es un elemento sustantivo para la conformación de un sano y productivo tejido social de las comunidades de extranjeros en el país. Integración social y cultural entre nacionales y extranjeros residentes en el país con base en el multiculturalismo y la libertad de elección y el pleno respeto de las culturas y costumbres de sus comunidades de origen, siempre que no contravengan las leyes del país. Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional. El Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza”

Por tanto, es el Estado quien tiene que auxiliar al migrante mexicano en retorno voluntario o involuntario, para asegurar su bienestar, su vida, su libertad y su seguridad, ya sea si su retorno es individual o familiar, pues las condiciones en las que se encuentran al momento de su deportación o regreso voluntario son complicadas, y no debe permitirse que se compliquen aún más.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por la que se reforman los artículos 20, 27, 29, 112 de la Ley de Migración

Único.Se adicionan las fracciones VI, VII y VIII, recorriendo las que siguen del Artículo 20, la fracción V del Artículo 27 recorriéndose las que siguen, la fracción IV recorriéndose las que siguen del Artículo 29, se reforman la fracción I del Artículo 29 y la fracción I del Artículo 112 de la Ley de Migración para quedar como sigue:

Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

I. a V. ...

VI. Generar un control de registro de migrantes mexicanos en retorno tanto voluntario como deportado, encargándose de su orden y actualización, asegurándose que los migrantes mexicanos cumplan con la documentación que acredite su nacionalidad;

VII. En caso de que el migrante mexicano en retorno voluntario o por deportación no cuente con documentos oficiales, se le facilitará la comunicación con familiares o conocidos con el fin de que estos proporcionen la documentación con la que se pueda acreditar su nacionalidad mexicana, para que se le reconozca los derechos que le corresponden;

VIII. Crear un mecanismo que reconozca y respete los derechos del migrante mexicano al brindarle los servicios de estancia, salud, apoyo de transporte a su lugar de origen o destino, así como establecer programas que ayuden a la orientación para la reinserción social y laboral.

Para ello la Secretaria se encargará de generar los convenios necesarios con los gobiernos de los estados, así como de municipios, para impulsar que el Instituto realice el debido proceso de reingreso del migrante mexicano, contemplando un adecuado procedimiento de recibimiento, en el que se atiendan de manera especializada y empática las necesidades del mexicano en retorno, tomando en cuenta sus circunstancias de retorno; es decir, atender de forma individual o grupal (si regresa una familia entera) para conocer su condición económica, educativa, de salud, estancia en el extranjero, edad, si menores de edad nacieron en el extranjero, así como todo aquel dato que se considere pertinente para el apoyo a su reintegración social y laboral;

IX. a XIII. ...

Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. a IV. ...

V. Mexicano en retorno voluntario o por deportación, que contemple atención médica, alimenticia y psicológica, en tanto el Instituto resuelve su apoyo al lugar de origen o destino y

VI. ...

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al del Distrito Federal:

I. Proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados tanto connacionales como extranjeros que requieran servicios para su protección;

II. ...

III. ...

IV. En caso del retorno voluntario o por deportación de familias mexicanas, las cuales cuenten con niñas, niños o adolescentes menores de edad, se les recibirá, atenderá y proporcionará los servicios de estancia, protección, salud, y transporte, de manera grupal; es decir, en conjunto, con la finalidad de mantener a la familia unida, así como salvaguardar sus derechos y

V. ...

Artículo 112. ...

I. El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México, con objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado de su país en caso de ser extranjero. Por su parte sí la niña, niño o adolescente migrante menor de edad no acompañado es mexicano en retorno o deportación, además de ser canalizado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales del DIF y de la Ciudad de México, se le otorgarán las facilidades de comunicación para con sus familiares, así como apoyo de transporte para su traslado a su lugar de origen o destino. Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados previstos en el presente ordenamiento y la legislación aplicables, dándose aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de derechos humanos, así como al Comité Estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos.

II. a VI. ...

Primero:El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.nexos.com.mx/?p=34402&fbclid=IwAR0ljLcKyp09F sxJ2nOfhFDk5Q2BZlWwGE20fDwO14g7rJ0CD1xoKZi2xrk

2 http://ntrzacatecas.com/2016/12/18/cada-ano-migra-un-millon-de-mexicanos- hacia-estados-unidos/

3 https://www.nexos.com.mx/?p=34402&fbclid=IwAR0ljLcKyp09 FsxJ2nOfhFDk5Q2BZlWwGE20fDwO14g7rJ0CD1xoKZi2xrk

4 https://www.excelsior.com.mx/nacional/vuelven-a-mexico-menos-migrantes/ 1274620?fbclid=IwAR2q2VM8l6dTuPzF8x6qetpRV_ 1NqYzNhF0w02fX7uuK_2WTu03ApY_kEP0

5 Ibídem

6 https://www.nexos.com.mx/?p=34402&fbclid=IwAR0ljLcKyp09Fsx J2nOfhFDk5Q2BZlWwGE20fDwO14g7rJ0CD1xoKZi2xrk#ftn3

7 Somos Mexicanos surge el 26 de marzo de 2014 por instrucciones de la Secretaría de Gobernación.

8 https://www.nexos.com.mx/?p=34402&fbclid=IwAR0ljLcKyp09 FsxJ2nOfhFDk5Q2BZlWwGE20fDwO14g7rJ0CD1xoKZi2xrk#ftn18, Consultado el 28 de Enero del 2019.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Maximino Alejandro Candelaria, María Libier González Anaya, Samuel Herrera Chávez, Socorro Irma Andazola Gómez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Población; de Asistencia Social; General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; y General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Población, de la Ley de Asistencia Social, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

El fenómeno global de exclusión social ha dado luz a las poblaciones callejeras  alrededor del mundo. Pocos miembros de estos grupos reconocen la discriminación que ellos mismos sufren día con día, así que mucho menos piensan en organizarse para demandar el cumplimiento de sus derechos.

Mientras hay activistas y académicos luchando a su favor, la participación de la población callejera en políticas públicas o aun en la planeación, desarrollo y evaluación de los proyectos de apoyo dirigidos a esta población es casi nula. El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Amnistía Internacional denunció esta ausencia de los movimientos en países alrededor del mundo.

Durante muchos años, las personas que viven y sobreviven en las calles han sido estigmatizadas por diversas circunstancias, pero particularmente por la manera en que sus condiciones de vida suelen desafiar los valores dominantes que la sociedad confiere a aspectos como el espacio público, o a determinadas concepciones sobre el significado de una vida buena apegada a ciertos principios.

La población callejera es un grupo social diverso, conformado por niñas, niños, personas jóvenes, mujeres, hombres, familias, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otras con diversos problemas de salud y adicciones. En general, se refiere a todas las personas o grupos de personas, que subsisten en la calle o en el espacio público utilizando recursos propios y precarios para satisfacer sus necesidades elementales. Constituyen una identidad cultural resultado de la exclusión social.

Adicionalmente es posible observar cómo la reproducción de las condiciones de discriminación y exclusión en perjuicio de este grupo de personas se materializa en la falta de oportunidades para que accedan a condiciones y servicios que les permitan desarrollar una vida adecuada, ello aunado a la ausencia de normas, políticas y prácticas que favorezcan el ejercicio pleno de sus derechos humanos, especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales, entre los que se ubican los derechos a la vivienda, salud, educación o alimentación, por citar sólo algunos. Sin duda, quienes viven y sobreviven en las calles, hoy por hoy, conforman un grupo en situación de particular vulnerabilidad. Haciendo de la aporofobia, la discriminación por ser pobres, el principal factor de exclusión social y de violaciones a derechos humanos, esto se agrega a los motivos de mayor peso para la salida a calle, como los problemas surgidos en el núcleo familiar (violencia familiar) (47 por ciento), seguido de consumo de drogas (11 por ciento).

Las poblaciones callejeras han sido históricamente invisibilizadas. Cabe aclarar que no aparecen en las estadísticas de pobreza en México, ya que el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) se basa en encuestas en hogares generadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en México, aproximadamente, el 13.3 por ciento de la población vive en situación de indigencia, es decir que 14 millones 940 mil mexicanos viven en la indigencia. Estas poblaciones en términos de derechos humanos son denominadas “poblaciones callejeras”

Censo de poblaciones callejeras  2017 que logró contabilizar a mil 354 personas que viven y sobreviven en las calles de la Ciudad de México y mil 400 personas que habitan en albergues públicos y privados.

A pesar de que en las zonas rurales las personas que sobreviven en las calles han disminuido, en las zonas urbanas han aumentado en poco más de un punto porcentual en los últimos años.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez, alertó sobre el aumento de migrantes en las poblaciones callejeras, principalmente de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños.

De acuerdo con diversos estudios, 59.2 por ciento de los migrantes que forman parte de las poblaciones callejeras  presentaban síntomas depresivos clínicamente significativos al momento de la entrevista. Otro estudio, en una muestra comunitaria en México, utilizando también el ces-d, encontró una prevalencia de 16.9 por ciento.

Al mismo tiempo se observa un incremento del número de personas mayores y personas con discapacidad entre las poblaciones callejeras, lo que requiere de una atención diferenciada que la de los niños, niñas, jóvenes y personas adultas.

No hay una convención o tratado internacional específico para que los Estados se comprometan a respetar y vigilar los derechos de la población que sobrevive en las calles, dado su perfil heterogéneo y por tratarse de un grupo social excluido y discriminado, en el que coexisten niñas, niños, jóvenes, mujeres, familias, personas adultas, adultas mayores y personas con discapacidad; su baja visibilización aunado a que las zonas donde viven son de difícil acceso, obstaculizan el ejercicio de los derechos humanos de este grupo social.

Marco jurídico de protección de los derechos de las poblaciones callejeras a nivel internacional, nacional y local

A nivel internacional:

-Convención americana de los derechos del hombre - OEA

-Declaración y programa de acción de Viena.

-Derecho a la salud: Artículo 10 Protocolo de San Salvador.

-Indirectamente el reconocimiento y protección a personas en situación de calle: Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo Social (Artículo 5d, 8,10c)

-Declaración sobre el derecho al desarrollo (Artículo 8).

-Observación 21 del Comité de los derechos del niño de Naciones Unidas

* Convención de los derechos del niño - ONU

-Convención internacional de las personas con discapacidad

A nivel nacional, este grupo se encuentra contemplado en las siguientes leyes:

-Ley de Asistencia Social, última reforma 19 de diciembre de 2014.

-Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, última reforma 01 de diciembre de 2016.

Del derecho a la identidad

El derecho a la identidad es un derecho humano fundamental que da existencia jurídica a los seres humanos y se encuentra consagrado en la Constitución. En el caso específico de las poblaciones callejeras, el derecho a la identidad permite enfocar a dicho grupo de población desde una serie de patrones de exclusión social, pues es uno de los derechos cuyas violaciones diferenciadas trascienden y afectan no sólo el ámbito personal sino también el colectivo, además de provocar vulneraciones a otra serie de derechos humanos. El derecho a la identidad es un derecho “llave” que permite acceder a otros derechos.

Las niñas, los niños y las y los adolescentes que viven y sobreviven en las calles, en muchas ocasiones no gozan del derecho básico a la identidad, lo cual limita el acceso a otros derechos, es decir que algunas y algunos de ellos no siquiera existen para el Estado, ya que carecen de documentos de identidad como el acta de  nacimiento, entre otras.

En México viven más de 14 millones de habitantes invisibles para el Estado, por no tener una identidad oficial o registro de nacimiento. Es decir, entre 7 y 13 por ciento de los mexicanos vive sin acta de nacimiento. De acuerdo con un levantamiento de información en la Audiencia Pública con Poblaciones en Situación de Calle 2012 – 2013, convocada por la CDHDF, el tema de falta de documentos de  identidad fue recurrente, particularmente en lo que se refiere a actas de nacimiento, comprobantes de domicilio y número de seguridad social, el cual fue como tema prioritario para 14 por ciento de los encuestados. La encuesta reveló que la mayor afectación según el rango de edad es la falta de  registros oficiales que garanticen el derecho al nombre, siendo las más afectadas las personas menores de 12 años de edad. En la audiencia quedó asentado que la falta de documentos oficiales que los identifique como el acta de nacimiento, comprobante de domicilio, registro de seguridad social, constancia de estudios y por ende credencial de elector, CURP, etcétera, les impide acceder a los beneficios de los programas sociales.

La complejidad del fenómeno contemporáneo de los niños, niñas y jóvenes que viven en las calles y su mezcla con otros de acuciante gravedad (como la migración, el narcomenudeo, la explotación sexual, la trata de personas), vuelve prioritario el trabajo y la gestión asociada tanto de instituciones de la sociedad civil organizada como de dependencias públicas y del sector de la iniciativa privada. Generar mecanismos para lograr la inclusión social plena de estas infancias y juventudes debe trascender la iniciativa aislada de buenas intenciones de muchas instituciones que histórica o más recientemente se dedican a atender a estos grupos.

Las acciones afirmativas reconocen que existen brechas de desigualdad e inequidad en ciertos grupos poblacionales que les impiden acceder a los derechos humanos fundamentales, dado que la sociedad se ha construido en base a un estándar de capacidades y competencias e incluso con base al género, las personas que no cuentan con esas capacidades se ven severamente excluidas, del acceso a sus derechos humanos.

Estas acciones no constituyen forma alguna de discriminación o de desventaja entre dos grupos sociales, reconocen la existencia de inequidades y establecen medidas temporales, proporcionales y excepcionales para eliminar de forma progresiva las inequidades, entonces supongamos lo siguiente:

Las poblaciones callejeras no tienen un domicilio fijo, no tienen un comprobante de domicilio, ni siquiera a veces cuentan con dos testigos que den plena fe de su conocimiento para poder identificarse, más aún si es menor de 18 años.

La Constitución en su artículo 4o., señala lo siguiente:

“ Artículo 4o. ...

....

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

...”

Es evidente que existen dos acciones en la primera oración que pueden enmarcarse en el mismo concepto, primero que toda persona tiene derecho a la identidad, y segundo una acción afirmativa que toda persona será incorporada a los registros civiles, de competencia estatal, por mandato constitucional. Esto es una declaración de un derecho que por el texto del artículo 1o. constitucional, su acceso será universal, interdependiente, indivisible y progresivo; y que toda autoridad deberá promover, proteger, respetar y garantizar; dicho lo anterior, reflexionemos sobre la situación de las poblaciones callejeras, al no poseer domicilio, referencias y testigos que afirmen su identidad les será difícil obtener, algún documento oficial que les permita identificarse, incluso dado que no cuentan con la primera acta de nacimiento por su misma situación de precariedad, seguramente les será difícil conseguir una nueva acta.

Y es que la posibilidad de no identificarse los sitúa en un riesgo de carácter humanitario porque ante la ausencia de esta acción legal, de no poder acreditar su persona y por tanto no acceder a un empleo, ingresar a algún centro de educación, obtener algún servicio de salud e incluso beneficiarse de algún apoyo social.

Es por ello que esta iniciativa supone la necesidad de incorporar acciones afirmativas que permitan a esta población a través de la Ley de Asistencia Social, para apropiarse de una identificación de forma temporal que les garantice acceder a otros derechos humanos como la salud, la seguridad y que sea una base para su inclusión social a través de la educación y el empleo.

Al ser reconocidas como poblaciones implica el reconocimiento como personas sujetas de derechos, lo que supone un paradigma en la planeación, diseño y ejecución de políticas públicas, haciendo de la accesibilidad un principio rector fundamental.

El caso símil es la actual migración numeraria de los países centroamericanos donde la Secretaría de Gobernación emitió identificaciones de tránsito, es decir de carácter temporal, para personas migrantes indocumentadas, en otros términos una medida excepcional y limitada para ciertas personas que no representan algún riesgo para la Seguridad Nacional, ese es el objetivo de una acción afirmativa para un grupo reducido de personas que requieren ser identificadas y registradas en su tránsito por el territorio nacional.

Esta atribución competente está definida dentro de la esfera de competencias de la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con l texto del artículo 85 de la Ley General de Población, que en su texto dice:

“ Artículo 85. La Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el registro y la acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero.”

Por lo que en términos de los artículos 1o. y 4o. de la norma suprema debe llevar a cabo cualquier acción tendiente a garantizar este derecho y realizar las medidas necesarias para que las poblaciones en mayor grado de vulnerabilidad como las personas en situación de calle, puedan acceder con equidad a este derecho.

De igual forma se propone en el proyecto de decreto, a través de la reforma a las siguientes leyes, General de Población, General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, grupos que viven en situación de vulnerabilidad y que requieren atención prioritaria, pero que son interseccionales con las poblaciones callejeras.

Estas acciones tienen como finalidad que las autoridades responsables consideren en términos de la Ley de Asistencia Social, un mecanismo que brinde un documento oficial de identidad, que sea excepcional, proporcional y temporal, para que las personas puedan acceder a los servicios básicos de salud, de seguridad y acceso a la Justicia y les permita acceder a beneficios de Programas Sociales para incorporarse al empleo y a la educación.

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio, se presenta ante el pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Primero. Se adiciona el segundo párrafo al artículo 85, de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 85. La Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el registro y la acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero.

La Secretaría promoverá acciones tendientes a garantizar el derecho a la identidad en las poblaciones con mayor grado de vulnerabilidad, principalmente a personas que carezcan de domicilio fijo.

Segundo. Se reforma el inciso d) del artículo 28 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 28. El Organismo será el coordinador del Sistema, y tendrá las siguientes funciones:

a) a c) ...

d) Prestar servicios de representación y asistencia jurídica y de orientación social a niñas y niños, jóvenes, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, madres adolescentes y solteras, indigentes, indígenas, migrantes o desplazados y todas aquellas personas que por distintas circunstancias no puedan ejercer plenamente sus derechos. En coordinación con la Secretaría de Gobernación, desarrollar las acciones conducentes para garantizar el acceso al derecho a la identidad a las personas sujetas de asistencia social en los términos de la presente Ley.

Tercero. Se adiciona el sexto párrafo al artículo 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para quedar como sigue:

Artículo 19.

...

...

...

...

...

El Sistema, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, desarrollará acciones tendientes para incorporar a niñas, niños y adolescentes sujetos de asistencia social, particularmente que vivan en calle, al Registro de Menores de Edad, asegurando su derecho a la identidad.

Cuarto.Se adiciona el inciso e) de la fracción segunda del artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para quedar como sigue:

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. ...

II. De la certeza jurídica:

a-d. ...

e. A ser beneficiados con acciones que protejan su derecho a la identidad, a través de acciones destinadas a personas que sean sujetos de asistencia social, principalmente personas que viven en calle.

Quinto. Se adicionala fracción V recorriéndose en su orden la subsecuente del artículo 8 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para quedar como sigue:

Artículo 8. El Consejo, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios podrán celebrar convenios con los sectores privado y social, a fin de:

I. a IV. ...

V. En coordinación con la Secretaría de Gobernación, realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la identidad de las personas con discapacidad sujetos de asistencia social, principalmente la población que vive en calle, y

VI. Los demás que tengan por objeto garantizar la prestación de servicios de asistencia social para las personas con discapacidad.

Primero. La Secretaría de Gobernación establecerá un programa de identificación y registro de la población que vive en calle en el territorio nacional, en coordinación con las autoridades locales de salud y asistencia social.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará las adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimento al programa descrito en el artículo primero transitorio de este decreto.

Tercero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecinueve días del mes de febrero de 2019.— Diputadas y diputado: Silvia Lorena Villavicencio Ayala, Claudia Valeria Yáñez Centeno, Samuel Herrera Chávez (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a auditar los recursos del Fideicomiso 80724, Río Sonora, entregados y ejercidos por Nacional Financiera y, en caso de irregularidades, fincar responsabilidades a los funcionarios involucrados, así como llevar a cabo estudios sobre la calidad del agua de dicho afluente, y asegurar y descartar riesgos a la población humana, animal y vegetal de la zona, a cargo del diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en uso de sus facultades y atribuciones realicen una auditoría de los recursos entregados y ejercidos a través de Nacional Financiera, SNC IBD, del fideicomiso 80724 denominado “Río Sonora”, así como estudios que logren descartar riesgos para número población de la región del río Sonora.

Consideraciones

Este año se cumplen cinco años del como el peor desastre ecológico de la historia de la minería en México, el derrame de metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi por parte de la empresa Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco. Para los habitantes de la región fue un día de infamia, cuando la inconsciencia y la impunidad se impusieron a la razón y a la justicia. Este hecho acabó con la columna vertebral de la vida económica y social de más de 25 mil habitantes de la región, pues no solo provocó trastornos económicos, sino que obligó al cierre de escuelas y pozos y afectó la salud de cientos de personas, de acuerdo con informes de la propia Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Para resarcir los daños, el 15 de septiembre de 2014 se creó el Fideicomiso número 80724 denominado “Río Sonora” y se firmó con Grupo México contrato privado de 2 mil millones de pesos, incluida una aportación inicial de 500 millones, “como fuente y medio de pago para llevar a cabo las medidas de remediación, reparación y/o compensación de los daños ambientales y a la salud causados por el derrame, conforme al Programa de Remediación y como mecanismo de pago, respecto de reclamaciones por afectaciones materiales causadas a las personas como consecuencias del derrame”.

A pesar de que el contrato que dio origen a dicho fideicomiso número 80724 sería financiado con fondos de las empresas privadas,  se estableció como fiduciaria a una entidad pública Nacional Financiera, SNC IBD, y la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), como integrante del Comité Técnico encargado de establecer los criterios de procedencia del Programa de Remediación con el fin de realizar las inversiones necesarias y los pagos a las personas afectadas por el derrame.

De acuerdo con el informe Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, “según las y los habitantes consultados, la distribución de los apoyos fue irregular y poco equitativa, pues no se realizaron estudios socioeconómicos para determinar cuánto debía recibir cada uno”.

Las testimoniales coinciden en que todos los hogares recibieron solo un primer apoyo consistente en “un tinaco con el logotipo del Fideicomiso Río Sonora y un promedio de 15 mil pesos en efectivo para garrafones de agua”, pero nunca se atendió la urgente demanda de instalar plantas potabilizadoras en cada población afectada por el derrame tóxico, así como la concreción de una Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental, en su modalidad de clínica de atención médica especializada, equipada y bien atendida.

De acuerdo con el informe de la organización mencionada, de septiembre a diciembre de 2014 se ejercieron 805 millones de pesos para ayudar a poco más de 18 mil personas. En cambio, durante 2015 el gasto fue de 230 millones para beneficio de sólo 4 mil habitantes, y hasta julio de 2016 sólo se benefició a nueve personas con 547 mil pesos. Los ganaderos y agricultores fueron los más beneficiados, mientras que en cultivos, salud, jornaleros y pescadores se destinaron cantidades mucho menores.

La información pública del Fideicomiso Río Sonora dejó de actualizarse en 2015 y en julio de 2017 y en febrero de 2017, el Comité Técnico declaró la extinción del fideicomiso “al darse por cumplidos los objetivos del programa de remediación”. Dicha acción, además de irregular (pues de acuerdo a los reportes financiero del mencionado fideicomiso, solo se destinó el 60 por ciento de los 2 mil millones que se impusieron a Grupo México como monto para la remediación, reparación y/o compensación de los daños ambientales y a la salud causados por el derrame), también resultó insuficiente, pues no se cumplieron con los objetivos y aún no se tiene certeza de que las condiciones del vital líquido, base de la vida económica y social la región del río Sonora, sean las apropiadas para el consumo humano.

A lo anterior, se agrega que diversas testimoniales de habitantes de la región, pertenecientes a mi distrito, han asegurado públicamente que existen una serie de irregularidades, pues además de que los recursos no fueron suficientes, fueron manejados por las autoridades de los tres niveles de gobierno con opacidad y fines clientelares.  Habitantes afectados aseguran no haber recibido apoyo porque alguien más cobró y firmó por ellos el apoyo, incluso testigos que aseguran que hubo ciudadanos que recibieron pagos en más de una ocasión. Además, recientemente se ha documentado que funcionarios de la Semarnat, de actual gobierno del estado y de la propia minera fueron beneficiados con importantes sumas del fideicomiso, en un claro conflicto de intereses.

Si bien es cierto, que el fideicomiso fue un instrumento de carácter privado, constituido por entidades y recursos privados y su funcionamiento está resguardado por la confidencialidad y el secreto fiduciario que otorgan las leyes en la materia, el fin social por el cual se constituyó consistente en remediar y reparar daños ambientales de gran impacto social y económico, aunado a que la entidad financiera encargada de administrar los recursos privados y el principal integrante del Comité Técnico son entidades públicas, es razón suficiente para terminar con la opacidad y establecer un mecanismo de rendición de cuentas por parte de las autoridades fiscalizadoras de la federación.

Por lo anterior es necesario que esta Soberanía asuma su función de velar por los intereses de los ciudadanos mexicanos y procurar el bienestar económico y social de los habitantes de distintas comunidades de los municipios de Úres, Arizpe, Baviácora, Aconchi, Banámichi, Huépac, Hermosillo, San Felipe de Jesús y Cananea, quienes viven en el riesgo latente de sufrir daños severos en su salud.

Es necesario que las autoridades fiscalizadoras realicen un proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión se realizaron de conformidad con la normatividad establecida o con base en principios que aseguren una gestión pública adecuada, tal como lo establece la normatividad vigente.

En Morena, luchamos por cambiar el régimen de corrupción e injusticia que ha llevado a México a la decadencia actual y somos partidarios de la defensa de los derechos de los mexicanos a un desarrollo económico sustentable que genere bienestar a las futuras generaciones, tal como lo establece nuestro Programa de Acción.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución:

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaria de la Función Pública, para que, en uso de sus facultades y atribuciones, realicen una auditoría de los recursos entregados y ejercidos a través de Nacional Financiera, SNC, IBD del fideicomiso número 80724 denominado “Río Sonora”, y en su caso se finquen las responsabilidades a los funcionarios involucrados.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que realice un estudio la calidad del agua del río Sonora.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, en uso de sus atribuciones, realice nuevos estudios que descarten riesgos a la población humana, animal y vegetal, en la región del río Sonora.

Notas

1 Enciso, Angélica. (24 de agosto de 2014) “Semarnat: desastre ambiental en Sonora, el peor de la minería en el país.” La Jornada. Recuperado de

http://www.jornada.unam.mx/

2 Fideicomiso Río Sonora. (2014). Contrato del Fideicomiso número 80724. Recuperado el 18 de diciembre de

http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/

3 Fundar, Centro de Análisis e Investigación. (2018). Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero público. Recuperado el 15 de diciembre de

http://fundar.org.mx/mexico/pdf/FideicomisosEnMexico.pdf

4 Fideicomiso Río Sonora. (02 de febrero de 2017). Acta de la sexta sesión ordinaria del Comité Técnico. Recuperado el 17 de diciembre en

http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/

5 Martínez, M. (30 de julio de 2018). Derrame minero en río Sonora generó ganancias millonarias a ex funcionario y primo de Larrea: Poder. Revista Proceso. Recuperado de

www.proceso.com.mx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.— Diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo(rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a ejecutar acciones para garantizar la conservación del ambiente y el cumplimiento de la normativa aplicable en el desarrollo del proyecto Tren Maya, suscrita por las diputadas Julieta Macías Rábago y Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas Julieta Macías Rábago y Dulce María Méndez de la Luz Dauzón en nombre propio y de las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, así como 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, conforme a la siguiente

En repetidas ocasiones, el titular del Ejecutivo ha insistido en que durante su administración “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

Es por ello que sorprenden las condiciones en las cuales el proyecto del Tren Maya está siendo integrado, incumpliendo con diversos requerimientos normativos nacionales, así como de instrumentos internacionales y comprometiendo el cuidado y conservación de una de las áreas naturales de mayor importancia en el país, por su riqueza y diversidad.

Los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por los cuales se prevé que la ruta del tren sea establecida, son hogar para miles de especies vegetales y animales, muchas de las cuales se encuentran clasificadas como especies protegidas o en riesgo de extinción.

En esa área de nuestro país están ubicadas zonas de conservación ambiental de trascendental importancia como lo son las reservas de la biosfera pantanos de Centla, Calakmul y Sian Ka’an, así como de áreas naturales protegidas y humedales de importancia internacional que, en conjunto, constituyen eslabones de una cadena de flora y fauna con un alto de grado de interconectividad entre sus ecosistemas y que son parte integrante del Corredor Biológico Mesoamericano.

El tapir centroamericano es una de las especies que habitan la zona, que está clasificado como especie en peligro de extinción por la NOM-059-SEMARNAT-2010, principalmente como consecuencia de la pérdida de su hábitat y de la cacería sin control.

De acuerdo con el doctor Eduardo Mendoza Ramírez, director del Museo de Historia Natural “Manuel Martínez Solórzano”, se estima que, en los últimos 30 años, la población de esta especie se ha reducido a la mitad, quedando alrededor de cinco mil ejemplares de los cuales mil habitan en nuestro país.

La Sociedad Zoológica de Londres tiene identificadas a través de listados del programa EDGE (Evolutionarily Distinct and Globally Endangered species), a grupos de especies en riesgo que, por sus singulares características, representan una parte irremplazable de la herencia natural del planeta.

Conforme a dicho listado, el tapir centroamericano está catalogado como el número 28 de 100 en la lista de mamíferos, en la cual además se señalan a las carreteras y vías de tren y las modificaciones al ecosistema entre las principales amenazas a las que se enfrenta esta frágil especie.

Señalamientos en el mismo sentido pueden ser encontrados en el Programa de Acción para la Conservación de la Especie, publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2009, en el cual se hace énfasis en que:

Los efectos de la fragmentación y pérdida de los bosques tropicales sobre las poblaciones de tapires... consiste en que la densidad poblacional del tapir disminuye conforme su hábitat sufre un mayor grado de deforestación y fragmentación. Un claro ejemplo de este fenómeno se observa en la Selva Lacandona de Chiapas, donde los tapires son relativamente comunes dentro de las grandes áreas protegidas como la REBIMA y Lacantún. Sin embargo, estos mamíferos prácticamente han desaparecido en localidades a sólo unos pocos kilómetros de estas áreas, donde los bosques y la vegetación nativa ha sido severamente fragmentada.

El venado cola blanca es otra especie que encuentra en esta zona uno de sus hábitats y que podría resultar afectado en este proceso, pues además de enfrentarse a la cacería furtiva, el establecimiento de barreras físicas como lo son las vías de tren, constituye un obstáculo a los flujos naturales de paso y apareamiento de esta y otras especies.

El jaguar, también considerado especie en peligro de extinción de conformidad con la NOM-059-SEMARNAT-2010, es otra de las especies que podrían resultar gravemente afectadas de no tomarse medidas específicas para su protección en el proyecto en cuestión. Este felino encuentra en las reservas de la biósfera Calakmul, en Campeche y Sian Ka’an, en Quintana Roo, dos de sus principales hábitats críticos, por lo que la conservación de las mismas resulta indispensable para evitar que la población de jaguar en nuestro país disminuya aún más.

El pavo ocelado y el pecarí de labios blancos son también especies en peligro de extinción cuyo hábitat se encuentra en la zona del corredor Calakmul-Sian Ka’an, junto con muchas otras especies de aves y mamíferos que ya de por si enfrentan entre sus principales amenazas el aumento del desarrollo turístico y urbano en esa región.

La conservación de los humedales costeros como ecosistema, así como de las especies de mangle que los constituyen, resulta también de enorme importancia ecológica por los servicios ambientales que brindan, pues además de ser zonas de alimentación y refugio para muchas especies, también actúan como sistemas naturales de control de inundaciones, barreras contra huracanes y erosión, filtros biológicos que mejoran la calidad del agua, entre otras.

De acuerdo con datos de Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, albergan 63.6 por ciento de la superficie de mangar en nuestro país, la mitad de lo cual se encuentra en Campeche. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha señalado que las actividades humanas constituyen la principal amenaza para los manglares.

Al respecto de los señalados riesgos ambientales, diversas organizaciones de la sociedad civil, así como académicos de instituciones educativas, han manifestado su preocupación y la necesidad de tomar medidas para evitar que estos se materialicen.

El pasado 15 de noviembre un grupo de académicos de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Colegio de México hicieron pública una carta dirigida al entonces presidente electo, en la cual señalan la necesidad de realizar un “estudio amplio de los impactos ecológicos, culturales y al patrimonio arqueológico” antes de emprender un proyecto de esta magnitud y naturaleza y nombran para ello a instituciones como Semarnat, Conabio, INAH, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Inígenas y la comunidad científica como los idóneos para llevar a cabo los análisis pertinentes.

Gustavo Alanís, director de Centro Mexicano de Derecho Ambiental, ha señalado en diversas ocasiones los diversos requisitos normativos que el proyecto debería cumplir antes de realizar cualquier obra, entre los cuales se encuentran cumplir con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, una consulta pública conforme a los criterios establecidos en el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizar los respectivos cambios de uso de suelo conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como un programa integral de rescate y reubicación de las especies de flora y fauna que puedan resultar afectadas.

María Colín de Greenpeace México y Alejandro Olivera del Centro para la Diversidad Biológica de México también se han pronunciado por la necesidad de salvaguardar los derechos humanos, ambientales e indígenas, así como de realizar consultas válidas en las que se ofrezca un proyecto ejecutivo y toda la información necesaria, conforme a los requerimientos internacionales.

Por otro lado, Emiliano Monroy Ríos, hidrogeólogo por la Northwestern University ha advertido que el trazo de vías presentado a pasar por el territorio de Quintana Roo, atraviesa justamente los sistemas de cenotes Sac Actun y Ox Bel Ha, que constituyen una red de mil 500 kilómetros de cuevas subterráneas sobre los cuales la construcción de una vía y las vibraciones constantes por el paso del tren, implican riesgos y características técnicas especiales por la posibilidad de que los techos de las cuevas colapsen bajo la infraestructura.

Aunado a lo anterior, existen también precedentes jurídicos a tomar en consideración como lo es la reciente resolución de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente por la que se determinó imponer medidas compensatorias y multas a la empresa que realizó el desmonte en el predio destinado para la construcción de la refinería Dos Bocas, por haber incumplido con los requisitos que la normatividad ambiental requería para ello, lo cual genera preocupación por la posibilidad de que estas circunstancias de incumplimiento se repliquen en el proyecto del Tren Maya, con consecuencias mucho más graves.

Resulta relevante el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos Relacionados con Proyectos de Desarrollo e Infraestructura, publicado en 2014 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se señalan como principales derechos humanos en riesgo en la realización de proyectos de esta naturaleza, el derecho al debido proceso, derecho a la información, derecho a la participación y la consulta, derechos a la libre expresión, a la protesta y a ser protegidos contra la criminalización, derecho de reunión, derecho de asociación, derecho a una vivienda adecuada, derecho a una alimentación adecuada, derecho al agua y al saneamiento, derecho a la salud, derechos culturales y derecho a un medio ambiente sano.

Es por lo que, ante la posibilidad de una nueva consulta, consideramos indispensable que se ofrezcan todos los elementos necesarios para no caer en un nuevo supuesto de invalidez del ejercicio por incumplir con los requisitos mínimos indispensables de una consulta previa, libre e informada, conforme lo requiere el Acuerdo 169 de la OIT.

Entre dichos elementos están un proyecto ejecutivo, la correspondiente Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto en su conjunto, informes traducidos en lenguas indígenas, audiencias públicas con la participación de expertos y académicos en cada área y un programa integral de manejo de las consecuencias ambientales.

Por lo anteriormente expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Primero.Se exhorta a Fonatur a presentar para conocimiento público el Proyecto Ejecutivo completo del Tren Maya.

Segundo. Se exhorta a Fonatur a realizar la Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto del Tren Maya, conforme a la normatividad vigente.

Tercero. Se exhorta a Fonatur a llevar a cabo audiencias públicas con ambientalistas, académicos, biólogos, geólogos, organizaciones de la sociedad civil y demás expertos relacionados para tener una perspectiva amplia de todas las posibles consecuencias que pueda acarrear el proyecto del Tren Maya.

Cuarto. Se exhorta a Fonatur, Semarnat y Conabio a construir un programa integral de manejo ambiental, que contemple acciones para mitigar todas las posibles consecuencias a la flora, fauna y territorio que puedan resultar afectados por la construcción y funcionamiento del Tren Maya.

Quinto. Se exhorta a la Oficina de la Presidencia a proporcionar todos los elementos de validez necesarios en la realización de una consulta libre, previa e informada en relación al proyecto del Tren Maya, incluyendo informes traducidos a las lenguas de los habitantes originarios de las comunidades afectadas, antes de realizar una nueva consulta pública.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 21 de febrero de 2019.— Diputadas: Julieta Macías Rábago y Dulce María Méndez de la Luz Dauzón. (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se condena el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, y se exhorta a la FGJ a realizar una investigación para esclarecer los hechos, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1 y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes:

El pasado 10 de febrero el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador presentó el Proyecto Integral Morelos (PIM), en el que pretenden la construcción de dos plantas termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto, a lo que miles de habitantes del Estado se manifestaron en desacuerdo y anunciaron una defensa para evitar que se construya la termoeléctrica de Huexca ya que consideran es un peligro para el medio ambiente del lugar donde viven.

El PIM consta de dos centrales termoeléctricas ubicadas en la comunidad de Huexca, las cuales han sido concesionadas a la empresa Abengoa de origen español; un gasoducto de aproximadamente 160 kilómetros de longitud que pretende transportar diariamente 9 mil millones de litros de gas natural, para dichas termoeléctricas, pasando por las faldas del volcán Popocatépetl y a través de más de 60 comunidades campesinas de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, este gasoducto está concesionado a las empresas españolas Elecnor y Anagas y a la empresa italiana Bonatti; una línea eléctrica de 20 km de longitud a la subestación Yautepec; y un acueducto que pretende trasladar 50 millones de litros de agua diaria a las termoeléctricas, y que su trazo va del municipio de Ayala a Huexca, Morelos con una longitud de 12 km.

La problemática que se presenta de los desechos provenientes de los productos utilizados en las plantas termoeléctricas puede traer consecuencias muy graves en el medio ambiente y en general en el ecosistema de la zona.

No obstante el Presidente de la República anunció que se realizará una consulta popular los días 23 y 24 de febrero del año en curso, para determinar el futuro del proyecto y también comentó que de acuerdo con información con que cuentan ellos, el proyecto no tiene mayor problema, declaración que hizo que arreciaran las quejas contra el proyecto, en especial el que ya se encuentra en construcción en el municipio de Huexca.

Una vez más, una consulta que apunta a ser irregular si nos remitimos al artículo 35 constitucional tanto por su organización como por la naturaleza de la misma. Cabe destacar que en lo relacionado a proyectos de inversión física la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece lo siguiente:

Artículo 34. Para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, las dependencias y entidades deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo establecido en el Reglamento.

II. Presentar a la secretaría la evaluación costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión que tengan a su cargo, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. La secretaría, en los términos que establezca el Reglamento, podrá solicitar a las dependencias y entidades que dicha evaluación esté dictaminada por un experto independiente. La evaluación no se requerirá en el caso del gasto de inversión que se destine a la atención prioritaria e inmediata de desastres naturales.

III. Registrar cada programa y proyecto de inversión en la cartera que integra la secretaría, para lo cual se deberá presentar la evaluación costo y beneficio correspondiente. Las dependencias y entidades deberán mantener actualizada la información contenida en la cartera. Sólo los programas y proyectos de inversión registrados en la cartera se podrán incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos.

La Secretaría podrá negar o cancelar el registro si un programa o proyecto de inversión no cumple con las disposiciones aplicables.

Así pues, el iniciar tal proyecto violaría una vez la normatividad aplicable por dos razones:

1. Es un proyecto del que se desconoce su evaluación de costo-beneficio y, por lo tanto, no está aprobado su registro en la cartera de inversión.

2. Al no estar en la cartera de inversión no hay elementos para poderle acreditar en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PEF) y, aun cuando dichos recursos fueran autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se tendría que comprobar el origen de los recursos con los que se hicieron los estudios siendo que no hay un presupuesto aprobado para los mismos.

Tenemos el compromiso de legislar en favor del medio ambiente y de la salud de los ciudadanos por lo que solicitamos al Ejecutivo federal reconsidere su postura respecto a la puesta en marcha del proyecto y así mismo de la eventual consulta con la que pretende legitimar su decisión, que solo perjudicará a los habitantes de la zona pues son ellos quienes sufrirán las consecuencias en su salud y en su medio ambiente.

Sin embargo, el día 20 de febrero del presente año fue asesinado Samir Flores Soberanes, uno de los principales opositores del Proyecto Integral Morelos, perteneciente al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Agua y el Aire del estado de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

De acuerdo con información que se ha dado a conocer en distintos medios de comunicación, Samir se encontraba en su casa en el poblado de Amicilgo, municipio de Temoac, al oriente del estado de Morelos, cuando aproximadamente a las seis de la mañana llamaron a la puerta de su casa, él atendió y recibió cuatro balazos.

Samir iría esa mañana a participar en un programa de radio comunitaria en Amicilgo, para continuar con su labor de resistencia ante esta situación de la construcción de la termoeléctrica, pero ya no llegó.

De acuerdo con Jaime Domínguez, también perteneciente al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el asesinato de su compañero está directamente ligado a su abierta oposición a la construcción de la termoeléctrica, a lo que contestó el presidente Andrés Manuel López Obrador “lamento mucho lo del asesinato de un dirigente de Morelos opositor a la termoeléctrica. Es un crimen vil, cobarde”, destacó el mandatario mexicano.

Por ello los habitantes de la zona tienen claro que el crimen está relacionado con la actividad pública de Samir Flores que a través de una radio comunitaria informaba a los pobladores de la zona sobre los riesgos de la construcción de la termoeléctrica.

Es necesario que tanto el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco, como el Presidente de la República, coordinen esfuerzos para esclarecer este crimen que mancha lo anunciado por el gobierno federal y nos refiere al pasado priísta en donde se hacía lo que el Estado determinara con total impunidad y sin importar las consecuencias que la decisión llevase.

Es claro que el pueblo de Morelos que está en contra de continuar con lo que ellos consideran un crimen contra la naturaleza de sus tierras, no va a ceder en su lucha contra el proyecto anunciado por AMLO, se necesitan otorgar garantías para que aquellos que disienten con esta iniciativa estén seguros que no les pasará lo mismo que a su compañero Samir Flores Soberanes.

Urge que el estado mexicano dé respuestas ante estos acontecimientos, para nosotros está claro que se ha fallado en varias decisiones, estamos claros que se ha estado gobernando con mucha improvisación y en ese sentido está en riesgo la estabilidad del país, por lo que desde este espacio que nos confirió el pueblo, hacemos un llamado a que el gobierno federal no solo tome cartas en el asunto, sino que reconsidere la aplicación del Proyecto Integral Morelos ya que está desestabilizando a los habitantes de la zona.

Apoyamos y nos sentimos identificados con la lucha que encabeza el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Agua y el Aire del estado de Morelos, Puebla y Tlaxcala y exigimos una pronta resolución para que este crimen no quede impune, al mismo tiempo que pedimos al Presidente, reconsidere su propuesta y analice, poniendo en el centro del debate a los habitantes de la zona, otras salidas para producir energía pero que no afecte de manera tan directa al pueblo.

Es momento que el Ejecutivo federal cumpla con su palabra y pongo por encima del interés de su proyecto, el interés del pueblo, al que ha dicho tantas veces “se debe totalmente”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena enérgicamente el asesinato de Samir Flores Soberanes, activista del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y expresa sus condolencias a sus familiares y amigos.

Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso y realice una investigación expedita, imparcial y transparente para castigar a los responsables.

Tercero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos federal y del estado de Morelos para que implementen medidas cautelares para salvaguardar la vida e integridad de los familiares de Samir Flores Soberanes, así como de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a Ejecutivo federal, para que posponga la consulta que plantea realizar los días 23 y 24 de febrero para determinar la continuidad de operaciones de la termoeléctrica en Huexca, Morelos, a fin de no poner en riesgo la vida e integridad de la población, ante el clima de incertidumbre y polarización que hay en la región y, de insistirse en su realización, ésta sea en apego a lo estipulado en la fracción VII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su ley reglamentaria, el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y la normatividad dictada en materia de proyectos de inversión física establecidos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Quinto.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con el gobierno del estado de Morelos, instalen una mesa de diálogo y negociación para solucionar el conflicto derivado la construcción y puesta en operación del Proyecto Integral Morelos, garantizando en todo momento la libertad y el respeto a las garantías fundamentales de los habitantes.

Atentamente

Dado en la Cámara de Diputados, a los 21 días del mes de febrero de 2019.— Diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica).»