INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

«Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y a proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 26 de febrero de 2019 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2019.— Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que adiciona el artículo 24 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Turno:Comisión de Educación, para dictamen.

2. Que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Dulce María Méndez de la Luz Dauzón y Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión Puntos Constitucionales,

3. Que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, suscrita por los diputados Roberto Antonio Rubio Montejo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Erika Mariana Rosas Uribe del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

4. Que reforma y adiciona el artículo 38 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los Municipios, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

5. Que reforma y adiciona el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la SADER, a implementar acciones sanitarias y fitosanitarias respectivamente, en la región sur-sureste del país para contrarrestar los efectos derivados del constante flujo migratorio, a cargo del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Asuntos Frontera Sur, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que paren las extorsiones indiscriminadas a automovilistas y transportistas con placas foráneas en las áreas limítrofes y aledañas a la zona metropolitana del Valle de México, a cargo de la diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León, para que, a través de la Secretaría de Salud, fortalezca las acciones encaminadas a la prevención, identificación y atención oportuna de las personas con influenza AH1N1, ante la presencia de casos en la entidad, suscrito por los diputados Ivonne Liliana Álvarez García, Juan Francisco Espinoza Eguia y Pedro Pablo Treviño Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a garantizar a las mujeres, niñas y niños en situación de violencia extrema, espacios seguros para salvaguardar su vida, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, regulada por los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, a cargo de la diputada Laura Martínez González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que respete el pacto federal establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la distribución de ingresos fiscales entre federación, estados y municipios y no concentre recursos, facultades y funciones que les corresponden a los gobiernos locales del Fondo para el Desarrollo Sustentable para Estados y Municipios Mineros, a cargo del diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a apegarse al marco jurídico vigente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y desarrollen licitaciones públicas y abiertas, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales de Zacatecas y Colima, la posibilidad de impulsar la creación de órganos adscritos a los poderes judiciales de sus respectivas entidades, que tengan independencia técnica y de gestión para emitir resoluciones relacionadas con la designación, adscripción, ratificación y remoción de jueces, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, para que a la brevedad se haga pública toda la información reservada y/o clasificada, relativa a la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro, así como del Sindicato Mexicano de Electricistas, suscrito por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena y del Partido del Trabajo.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP, en el marco de sus atribuciones como presidente de la Junta Directiva de la Conade, convoque a reunión de sus integrantes para efectos de iniciar el proceso de designación del consejero presidente y dos consejeros titulares con sus respectivos suplentes del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, a cargo del diputado Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Deporte, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a fortalecer acciones que permitan garantizar la permanencia y consolidación de los refugios para mujeres que viven en situación de violencia extrema, a cargo de la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los municipios, a que incluyan medidas en su normatividad para prohibir la circulación y/o paseo de perros sin correa y vigilancia en la vía pública, parques y calles, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, relativo a la urgente atención e implementación de estrategias y acciones ante la creciente inseguridad en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República, para que, derivado de la detención con fines de extradición del ex gobernador interino de Coahuila de Zaragoza, Jorge Torres López, solicite vía asistencia jurídica internacional la información correspondiente de los ilícitos cometidos presuntamente por dicho ex servidor público y su red de copartícipes, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las estrategias para erradicar la violencia escolar en las escuelas de educación básica y media superior, a cargo de la diputada Martha Hortencia Garay Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Educación, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, relativo a revisiones periódicas de inspección en ranchos, rastros, plantas tipo inspección federal, rastro de traspatio y puntos de venta a efecto de detectar la presencia de clembuterol en carne de bovino para su consumo, a cargo de la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Ganadería, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, a establecer un programa emergente para agilizar y resolver los distintos trámites pendientes que se encuentran rezagados en los organismos de cuencas y en su oficina central, a cargo del diputado Jesús Salvador Minor Mora, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, para que, en su sitio oficial de internet, haga pública la información sobre las razones por las que no se ha renovado la salvaguarda del 15% a las importaciones de acero con países con las que México no tiene acuerdos comerciales, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a hacer pública la política de comunicación social del órgano desconcentrado IPN y su Canal Once, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Educación, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, a establecer en sus respectivas administraciones públicas la Secretaría del Migrante, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud, sección 36 de Guerrero, a no condicionar de manera ilegal el acceso y defensa de los derechos humanos laborales, a cargo de la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, para que inicie el proceso de fiscalización de los proyectos de inversión Reserva para Ingeniería, Procura y Construcción de la Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco y Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

23. Con punto de acuerdo, por el que se condena enérgicamente los asesinatos de los profesores Guadalupe Cruz Vásquez y Héctor Hernández Pérez, ocurridos el día 21 de febrero de 2019 y se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a realizar una investigación exhaustiva, pronta y expedita para el esclarecimiento de estos homicidios, a cargo de la diputada Virginia Merino García, del Grupo Parlamentario de Morena

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP, para que investigue los presuntos actos de nepotismo en diversas dependencias y entidades de la Administración Pública, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a crear un centro de evaluación de riesgos geológicos, con la finalidad de monitorear, evaluar y emitir estudios pertinentes en materia geológica, tectónica y medio ambiental, que permita mitigar los riesgos en la Ciudad de México, a cargo de la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a difundir informes periódicos sobre el avance de las recomendaciones, investigaciones y resultados de los asuntos señalados en la revisión de la Cuenta Pública 2017, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

«Iniciativa que adiciona el artículo 24 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada federal Claudia Báez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la Cámara de Diputados a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México considera que el Servicio Social es una actividad esencial que consolida la formación profesional y fomenta en el estudiante una conciencia de solidaridad con la comunidad, la sociedad y el país.

El servicio social, continúa la UNAM, es una actividad temporal y obligatoria que permite al estudiante:

En el ámbito formativo:

-Consolidar la formación académica.

-Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas.

-Adquirir nuevos conocimientos y habilidades profesionales.

-Aprender a actuar con solidaridad, reciprocidad y a trabajar en equipo.

-Conocer y tener la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo.

En el ámbito social, participando en salud, educación, cultura, equidad de género, medio ambiente, producción de bienes y servicios, derechos humanos, ciencia y tecnología:

-Tomar conciencia de la problemática nacional, en particular la de los sectores más desprotegidos del país.

-Extender a la sociedad los beneficios de la ciencia, la técnica y la cultura.

-Poner al servicio de la comunidad los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos.

En el ámbito retributivo:

-Reconocer el costo de la educación recibida y retribuir a la sociedad con acciones responsables.

-Privilegiar el compromiso adquirido con la sociedad, atendiendo las necesidades y problemas de los grupos vulnerables.

-Retribuir a la sociedad los recursos destinados a la educación pública.

-Poner en práctica las competencias adquiridas para realizar trabajo comunitario

El artículo “80 años de servicio social”, escrito por el doctor Enrique Graue y Arturo Ruiz, publicado en la Revista México Social, señala que, en 1935 ante la falta de médicos en zonas rurales, indígenas y campesinas, el director de la Escuela Nacional de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Gustavo Baz Prada, propuso al rector la creación del servicio social en medicina, este proyecto se formalizó en 1936. En ese año, 248 pasantes iniciaron este programa en diversas comunidades rurales y desde entonces, al término de los estudios, los pasantes de medicina prestan este servicio social como requisito de titulación.

El 22 de julio de 1937, el presidente de la República Lázaro Cárdenas y el rector de la UNAM licenciado L. Chico Goerne celebraron un convenio por el cual la Universidad, dentro de su función, extendería y completaría su radio de acción a través de los servicios docente, de investigación y de acción cultural. En el apartado de servicio docente se estableció: “Se implantará en todas las facultades y escuelas universitarias servicio social obligatorio para obtener título universitario. Dicho servicio deberá prestarse en colaboración con el gobierno de la República por medio de sus dependencias...”.

Se acordó también que se establecerían consultorios médicos y bufetes jurídicos en los barrios pobres, en los que profesores y estudiantes universitarios prestarían gratuitamente sus servicios profesionales. El gobierno federal cooperaría a la realización de la obra universitaria aportando anualmente 3 millones 400 mil pesos, y ese año de 1937 aportaría 2 millones de pesos con el fin de que la Universidad estuviera en la posibilidad de prestar los servicios con la intensidad que se requería.

El servicio social, asevera la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, contribuye a la formación integral del estudiante, facilita mediante programas de responsabilidad compartida, la articulación de esfuerzos de las instituciones educativas y de los estudiantes con el sector gubernamental, productivo y social; promueve el acercamiento de las instituciones de educación superior con la sociedad; desarrolla valores y favorece la inserción al mercado de trabajo, además es una actividad integral comprometida con los problemas sociales para coadyuvar al desarrollo del país.

Del texto “El marco jurídico del Servicio Social, de Juan José Mazón Ramírez, publicado por la Coordinación del Servicio Social, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México”, se puede extraer:

Naturaleza jurídica del Servicio Social

Con base en los ordenamientos constitucionales y la normativa derivada de ellos, el servicio social:

–Es una garantía y una obligación constitucional. Garantía en virtud del derecho a la educación y de formar parte de los planes y programas de estudio; obligación por así ordenarlo la Constitución general de la República.

–Es responsabilidad y estará al cuidado de las escuelas de enseñanza profesional, conforme a sus planes de estudio.

–Es un periodo de la formación profesional al ser parte constitutiva de los planes y programas de estudio y requisito previo para la titulación.

–Es un trabajo vinculado con la formación profesional del estudiante, lo cual lo distingue de la actividad propia del trabajo habitual.

–Es temporal, su duración no será menor de 6 meses ni mayor de 2 años.

–Será retribuido, y cuando absorba totalmente las actividades del estudiante, la remuneración respectiva deberá ser suficiente para satisfacer decorosamente sus necesidades.

–Se debe prestar en interés de la sociedad y el Estado.

Actualmente, el gobierno federal entregará 6.7 millones de apoyos de mil 600 pesos bimestrales para estudiantes de escuelas de nivel básico, a estudiantes de educación media superior se les entregarán 4.1 millones de becas, de mil 600 pesos bimestrales, 300 mil becas por un monto de 2 mil 400 pesos cada una, entregará a estudiantes de educación superior de escasos recursos.

Además, funcionarios federales han señalado que habrá becas de manutención, servicio social, movilidad nacional e internacional, y de titulación universitaria.

La presente iniciativa dará sustento jurídico a la beca de servicio social que se propone otorgar el gobierno federal; y con ello elevar a derecho una política social solidaria.

Casos de estímulo o apoyo a prestadores de servicio social.

-El servicio social en el Archivo General de la Nación considera una beca por un monto de 6 mil pesos por seis meses, lo que significa mil pesos al mes.

-En el caso del Servicio de Administración Tributaria, la beca de servicio social sólo aplica a algunos programas

-En Pemex ofrecen adquirir experiencia en la vida profesional dentro del sector público, adquirir conocimientos prácticos, técnicos y administrativos en la Industria Petrolera, conocer la cultura de la organización y oportunidad de aportar a la empresa nuevos enfoques en un ambiente de cooperación. Pemex, no ofrece apoyo económico.

Por otra parte, el artículo 8 del Reglamento para la Prestación del Servicio Social de los Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior en la República Mexicana publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 1981, refiere:

“Artículo 8. Los programas del servicio social regulados en este ordenamiento proveerán, tanto en lo administrativo como en lo económico, de los elementos mínimos, así como de los estímulos y apoyos necesarios para la realización de sus objetivos.”

Este Reglamento es aplicable a las entidades de la administración pública, los gobiernos de las entidades federativas los sectores social y privado y las instituciones de educación superior estatales y autónomas, de conformidad con su artículo 16.

A destacar resulta que el artículo 19 prevé la existencia de un Fondo Nacional para el Servicio Social de Estudiantes de Instituciones de Educación Superior, en el que el Ejecutivo federal dictará las disposiciones conducentes.

El Fondo Nacional para el Servicio Social de Estudiantes de Instituciones de Educación Superior se creó mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 1981. El Fondo inició con 50.000,000.00 -cincuenta millones de pesos- como aportación inicial del gobierno federal.

El objeto del Fondo es apoyar los programas del servicio social obligatorio que promueva el sector público federal.

Por otra parte, el Informe Final de la Evaluación del Programa de Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y Servicio Social de Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres en Escuelas Normales Públicas8- del último documento que se encontró-, señala que:

“Consideramos necesario ofrecerle un sustento formal a la decisión de otorgar una beca a todos los alumnos de las escuelas normales públicas sin considerar una focalización en aquellos que más lo requieran.”

En materia de Planeación estratégica, el Informe señalado, indica que:

“El Probapiss no se ejecuta mediante planes estratégicos de corto, mediano y largo plazos. Si bien el programa ha funcionado sin un documento de largo plazo, sí sería recomendable llevar un seguimiento de la deserción entre los alumnos. Sin embargo, las encuestas disponibles de ingreso familiar -a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval- permiten inferir que, para la vasta mayoría de los estudiantes, esta beca representa un apoyo necesario.

En la presente administración, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro otorgará una beca mensual de 2 mil 400 pesos para estudios universitarios y de 3 mil 600 pesos para capacitarse en un centro de trabajo; sin embargo, no prevé el apoyo a estudiantes que realizan su servicio social.

Sin embargo, la presente iniciativa pretende dar certeza jurídica a los programas de apoyo a prestadores de servicio social y, en consecuencia, convertir, como ya se señaló, está política pública en derechos social permanente.

Finalmente, con el objeto de facilitar el análisis del presente proyecto legislativo se anexa el siguiente cuadro comparativo:

Por lo motivado y fundado; y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Denominación del proyecto de decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 24 de la Ley General de Educación.

Texto normativo propuesto

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 24 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 24. ...

El Estado procurará un esquema de estímulos solidarios que permita a los beneficiarios cumplir con esta obligación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://www.dgoserver.unam.mx/portaldgose/serviciosocial/htmls/ss- universitario/ssu-introduccion.html

2 http://www.mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-14-12-20/item/ 838-80-anos-de-servicio-social

3 https://www.anmm.org.mx/GMM/2012/n3/GMM_148_2012_3_ 284-291.pdf

4 http://www.anuies.mx/programas-y-proyectos/proyectos-academicos/servicio-social -y-egresados

5 Gaceta Médica de México. 2012;148 284, disponible en:

https://www.anmm.org.mx/GMM/2012/n3/GMM_148_2012_3_284-291.pdf

6 https://www.gob.mx/sep/documentos/beca-de-servicio-social-archivo-general-de-la -nacion-2018

7 http://omawww.sat.gob.mx/serviciosocial/Paginas/04.htm

8 https://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Consistencia/ 2007_2008/SEP/Programa%20de%20Becas%20de%20Apoyo%20a%20la%20Pr%C3%A1ctica%20Int ensiva%20y%20al%20Servicio%20Social%20para%20Estudiantes%20de%20s%C3%A9ptimo%20 y%20Octavo%20Semestres.pdf

Dado en la Sede de la Cámara de Diputados, a 14 de febrero de 2018.— Diputada Claudia Báez Ruiz(rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DELOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Dulce María Méndez de la Luz Dauzón y Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas Julieta Macías Rábago y Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o., párrafo quinto y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

“La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que sus animales son tratados” Mahatma Gandhi

Hay una creciente tendencia a nivel internacional en el entendimiento sobre la importancia de procurar el respeto y la protección a los animales, tanto por las consecuencias ambientales como sociales que ello genera.

En nuestro país existen ya importantes esfuerzos por parte de algunos congresos estatales para tipificar e incorporar en su legislación el delito de maltrato y crueldad animal, sin embargo, es apremiante que el bienestar de los animales sea regulado a nivel nacional bajo una sola directriz.

Si bien la tipificación del maltrato animal es indispensable y un buen indicio del interés legislativo sobre el tema, para que realmente se generen cambios sociales a largo plazo, resulta necesario establecer el bienestar animal como principio amplio que permita incluir en el enfoque los aspectos de prevención y educación.

La vida, no sólo la humana, requiere respeto y protección para que se exprese con dignidad. Desde una concepción ética que valora el comportamiento humano, la conducta de hombres y mujeres en su relación con los animales debe partir de la protección, respeto y cuidado hacia el medio ambiente y las especies con las que cohabitamos el planeta.

La defensa de los animales se basa en un principio de tolerancia y respeto hacia la vida, tanto humana como no humana. El abuso de los animales es comparable a la opresión de algunos grupos de poder sobre otros, por lo que cualquier manifestación de intolerancia y crueldad debe ser repudiada.

Desde tiempos remotos, la relación entre hombre y animales ha sido sólo para beneficio del primero. Analizando la perspectiva jurídica, los animales han quedado en el estatus de res, “cosas”, bienes semovientes, concepción deriva del derecho romano, “para buena parte de la normatividad, los animales son objetos que se mueven y que forman parte de la nación o las personas. Es tiempo de modificar el paradigma y estrechar la brecha entre lo animal y lo humano, reconociendo protección jurídica a los animales. La vida de un pez o de un ave en el mundo, tiene tanta validez como la vida humana.

En cuanto a derechos de los animales, la Liga Internacional de los Derechos del Animal y sus afiliados se reunieron en Londres en 1977 para concluir con la redacción de la Declaración Universal de los Derechos del Animal, la cual fue proclamada el 15 de octubre de 1978 y aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La declaración considera que todo animal posee derechos y que su desconocimiento y desprecio conducen al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza, los ecosistemas y los propios animales.

En el artículo 7.1.1 del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), se define el concepto de bienestar animal, así como los elementos que lo integran, el cual por su relevancia se transcribe íntegro a continuación:

“El término bienestar animal designa el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las vive y muere.

Un animal experimenta un buen bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad, y si no padece sensaciones desagradables como dolor, miedo o desasosiego y es capaz de expresar comportamientos importantes para su estado de bienestar físico y mental.

Un buen bienestar animal requiere prevenir enfermedades, cuidados veterinarios apropiados, refugio, manejo y nutrición, un entorno estimulante y seguro, una manipulación correcta y el sacrificio o matanza de manera humanitaria. Mientras que el concepto de bienestar animal se refiere al estado del animal, el tratamiento que recibe se designa con otros términos como cuidado de los animales, cría de animales o trato compasivo.”

Existen ya en otros países ejemplos de legislación en la materia que dejan ver la tendencia progresiva que respecto de la protección del bienestar animal existe a nivel internacional.

Entre ellas se puede citar la Ley sobre Protección de Animales en Chile, que en su artículo primero señala como objeto establecer “normas destinadas a conocer, proteger y respetar a los animales, como seres vivos y parte de la naturaleza, con el fin de darles un trato adecuado y evitarles sufrimientos innecesarios”. La misma además establece la necesidad de que se incluya, desde la educación básica, el respeto y protección a los animales, como seres vivientes y sensibles.

Diversos países han incluido también a nivel constitucional, requerimientos específicos en relación a los intereses de los animales, como son los casos de Suiza (1973), India (1976), Brasil (1988), Eslovenia (1991), Alemania (2002), Luxemburgo (2007), Austria (2013) y Egipto (2014).

Vale la pena citar el artículo 20 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, el cual a la letra dice:

“ Artículo 20a

[Protección de los fundamentos naturales de la vida y de los animales]

El Estado protegerá, teniendo en cuenta también su responsabilidad con las generaciones futuras, dentro del marco del orden constitucional, los fundamentos naturales de la vida y los animales a través de la legislación y, de acuerdo con la ley y el Derecho, por medio de los poderes ejecutivo y judicial.”

En este orden de ideas, la ley es un instrumento de control de la conducta humana, capaz de elevar la calidad ética y moral del hombre en su relación con el medio ambiente. No es aceptable dañar a ningún animal, ya que, como ha confirmado la ciencia, ellos son capaces de sentir, dolor, angustia y sufrimiento.

Expertos en el tema, como la doctora Claudia Edwards Patiño, han descrito que la conformación de las estructuras conocidas como sistema límbico en los animales, las cuales son de gran importancia en el origen y control de las emociones, tienen todas las estructuras y fisiología necesarias para que puedan desarrollar emociones.

Con respecto a las facultades legislativas del Congreso, es el artículo 73 constitucional donde se enlistan gran parte de los ámbitos de competencia legislativa a nivel federal y de concurrencia para las entidades federativas, derivado de este artículo, obliga a dictar leyes generales con los principios y las bases de coordinación en observancia y aplicación general.

Conviene señalar que las leyes generales configuran la identidad nacional y tienen dos características fundamentales: primero, versan sobre temas estructurales para la nación, como la salud, la educación, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el desarrollo social, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre otros temas, es decir, por mandato de ley establecen las directrices para abordar una situación específica con los mismos objetivos y principios en todo el país.

En segundo lugar, son concurrentes porque distribuyen competencias entre los tres órdenes de gobierno, incluso, entre los Poderes de la Unión y, algunas de las leyes generales que integran el Derecho Positivo Mexicano, además, establecen obligaciones a los sectores privado y social, considerando que todos los actores de la sociedad deben participar para alcanzar el bien común, dependiendo del tema que se trate.

Por ello la propuesta de reformar el artículo 4o. para hacer explícita la calidad de seres sintientes que se debe reconocer a los animales y establecer la obligación que tiene el Estado de velar por su bienestar.

También se propone reformar el artículo 73 para facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de bienestar animal. Los animales como especies vivas e integrantes de nuestro equilibrio ecológico, ya sean especies domésticas o silvestres deben ser tratadas con dignidad y respeto y la legislación debe dejar establecido de manera clara las competencias para lograrlo, así como las sanciones para quienes incurran en conductas contrarias al espíritu de esta reforma.

En la legislación reglamentaria resultante, se deben clarificar las facultades de cada nivel de gobierno, promover políticas preventivas de respeto, educación y cuidado, directrices de conducta para los poseedores, la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil, vendedores y el Estado, así como tipificar el abandono, la violencia, la crueldad y el maltrato.

En ese mismo contexto, una ley general es también marco de referencia para que las legislaturas locales estén obligadas a emitir sus leyes respectivas en el ámbito de su competencia y definidas con base en su estructura estatal y presupuestal.

Cabe aclarar que, si bien es cierto, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece:

“ Artículo 87 Bis 2.El gobierno federal, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso que deberá darse a los animales.”

También lo es que este artículo resulta insuficiente para atacar de manera asertiva y eficaz el problema del maltrato y crueldad animal.

No existe ya justificación alguna para mantener prácticas de abuso hacia los animales, es un tema que requiere conciencia social; por ello y derivado de la realidad que viven miles de animales con y sin hogar, desde Movimiento Ciudadano consideramos necesario, urgente e impostergable incorporar el principio de bienestar animal desde un mandato constitucional y posteriormente con una ley general que integre con claridad las obligaciones y responsabilidades de los tres ámbitos de gobierno, así como de los sectores privado y social en materia de prevención, educación y principios de relación entre seres humanos y animales.

Por lo anteriormente expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, nos permitimos someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único.Se reforman los artículos 4o., párrafo quinto y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. [...]

[...]

[...]

[...]

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. El Estado reconoce a los animales como seres sintientes y garantizará su protección, bienestar y trato digno.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Artículo 73.El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-F.[...]

XXIX-G.Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico , así como bienestar animal.

XXIX-H. a XXXI.[...]

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo de seis meses, contado a partir de la publicación del presente decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación reglamentaria en materia de bienestar animal.

Notas

1 Castañeda-Hidalgo, Hortensia. “Contra el maltrato de los animales”. Ciencia UAT [en línea] 2011, 5 (Abril-Junio).

2 La Protección Jurídica de los Animales, Ambrosio Morales María Teresa y Ángeles Hernández Marisol, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2017

3 ¿Derechos de los animales?, De la Torre Ponce, Joaquín. Revista Crónica Ambiental, número 23, mayo 2016.

4 No hay nada que sea singular a los humanos, Solórzano, Fernando. Revista Letras Libres, julio 2016.

5 “Los animales no humanos tienen derechos”, Larios Velasco, Gustavo. Revista Crónica Ambiental, número 32, febrero 2017.

6 Eisen, Jessica. Animals in the Constitutional State. International Journal of Constitutional Law. Disponible en:

https://doi.org/10.1093/icon/mox088 (Consultado el 15 de febrero de 2019).

7 Ley Fundamental de la República Federal de Alemania. Disponible en:

https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf (Consultado el 15 de febrero de 2019).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.— Diputadas: Julieta Macías Rábago,Dulce María Méndez de la Luz Dauzón (rúbricas).»

Se turna a la Comisión Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, suscrita por los diputados Roberto Antonio Rubio Montejo y Érika Mariana Rosas Uribe, de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena, respectivamente

Quienes suscriben, Roberto Antonio Rubio Montejo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Érika Mariana Rosas Uribe del Grupo Parlamentario de Morena, diputados a LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I; artículos 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Estado general de la violencia en México

Es un hecho para México que la violencia ha ido en aumento año con año, producto en gran medida de estrategias poco efectivas que lejos de atenuar el problema lo han agudizado.

El Instituto para la Economía y la Paz, reportó que 2017 cerró como el año más violento que ha vivido nuestro país, pues hubo más de 29 mil asesinatos, lo cual se traduce en 24 homicidios por cada 100 mil habitantes. El Instituto señaló además que 69 por ciento de los homicidios en nuestro país se realizaron con el apoyo de algún tipo de arma de fuego.

Aunado a esto el Instituto para la Economía y la Paz destacó dos aspectos importantes que tuvieron como efecto el incremento exponencial de la violencia en nuestro país. El primero se refiere al aspecto económico, pues esto se tradujo en un impacto que ascendió a 4.72 billones de pesos, es decir el impacto económico es equivalente a ocho veces la inversión pública en salud y siete veces el gasto en educación.

El segundo aspecto que revela se centra en la clasificación de nuestro país en materia de seguridad, pues actualmente ocupamos la posición 59 de 163 en el Índice de Paz Positiva, que evalúa la capacidad de los países de crear y mantener un ambiente pacífico. Lo anterior nos ubica en una clasificación por encima del promedio mundial, sin embargo, nuestra posición refleja que a nivel nacional aún contamos con grandes vacíos que impulsan el crecimiento de violencia.

La Paz Positiva es el “conjunto de actitudes, instituciones y estructuras que mantienen bajos los niveles de violencia y segura a la población. [...] El concepto de paz positiva es sistémico: requiere resiliencia generalizada y profundamente arraigada, en por lo menos ocho dimensiones [bajos niveles de corrupción, buen funcionamiento del gobierno, libre flujo de información, aceptación de los derechos de los demás, entorno empresarial sólido, altos niveles de capital humano, distribución equitativa de los recursos y buenas relaciones con los vecinos]. En la actualidad, México tiene buenas calificaciones en cinco de ellas, pero las deficiencias en las otras dimensiones, y las diferencias con respecto al resto, han fomentado la creciente violencia hasta ahora y representan riesgos para el futuro”.

De acuerdo a la información señalada, queda claro que nuestro país vive una etapa complicada en materia de seguridad, pues nuestra población se enfrenta a casos de violencia que deterioran su calidad de vida o limitan en muchos casos el desarrollo óptimo de las comunidades, toda vez que la violencia ha llegado al punto que se concentra como un elemento en la toma de decisiones para la residencia o la apertura de comercios en distintos puntos del territorio.

Violencia en contra del periodismo libre y la protección de los derechos humanos en México

Amnistía Internacional reveló en su Informe Anual 2017/18 que México sigue manteniendo un estado crítico en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos, quienes son víctimas de amenazas, agresiones, hostigamientos y homicidios. Tan sólo en 2017 se reportó la muerte de al menos 12 periodistas, cifra que no se había presentado en más de 15 años.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el marco del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, reportó un total de 130 homicidios de periodistas, durante el periodo comprendido entre enero de 2000 y diciembre de 2017.

Destacan los estados de Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Sinaloa, como las entidades más violentas para el ejercicio del periodismo en nuestro país, toda vez que, en tan sólo un año, tuvieron un intervalo de entre 21 y 7 homicidios, siendo Veracruz el estado más violento de los antes mencionados.

A su vez, son los estados de Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Jalisco, las entidades que mayor índice de homicidios presentan en contra de personas defensoras de los derechos humanos, tan sólo en 2017, Chihuahua registró un total de 12 homicidios de esta naturaleza.

Para el año 2018 los datos confirman que México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, pues durante éste fueron asesinados nueve comunicadores, según los registros de Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras.

México es el tercer país más mortífero para los periodistas a nivel mundial, según lo indica el Balance 2018 de periodistas asesinados, detenidos, secuestrados y desaparecidos en el mundo, elaborado por Reporteros sin Fronteras, apenas detrás de Afganistán (15) y Siria (11). El mismo informe señala que México es el país en paz, es decir, sin un conflicto bélico declarado, donde más reporteros han sido asesinados.

Casos como los de la periodista Miroslava Breach de La Jornada y El Norte, o el del periodista Javier Valdez Cárdenas, fundador del semanario Río Doce de Culiacán, significaron hechos lamentables que afectaron la libertad de expresión y demostraron el estado crítico en el que se encuentra el periodismo en México.

Peor aún fue el caso del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, el licenciado Silvestre de la Toba, quien fue abatido en La Paz, Baja California, junto a su hijo Fernando.

De igual forma en enero de 2019, se dio el asesinato del periodista Rafael Murúa Manríquez en Baja California Sur, de 34 años, quien se encontraba desde 2016 bajo el programa de custodia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por amenazas, y en noviembre pasado denunció nuevamente que había sido intimidado.

Estos y otros casos más han generado que tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como a la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, condenen los hechos ocurridos y exijan al Estado mexicano garantizar la integridad, protección y seguridad de quienes ejercen de forma libre el periodismo.

Igualmente, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Organización de Estados Americanos, advirtieron sobre la situación que vive el periodismo y la defensa de los derechos humanos en nuestro país, sin embargo, sus llamados no han sido atendidos por parte de las autoridades mexicanas y lo cual ha dado paso a que cada vez se agravie más este problema.

La CNDH ha declarado que los principales obstáculos que enfrenta el periodismo se centran en el vacío que las autoridades en materia de impartición de justicia han creado al no atender este tipo de casos, dejando ver no sólo desinterés, sino graves omisiones en el seguimiento de los casos registrados.

Respecto a las personas defensoras de derechos humanos, el principal obstáculo que atenta contra la integridad de este sector se centra en la atención laxa que brinda el Estado mexicano, al omitir la emisión de protocolos de acción que garanticen la protección de quienes dedican sus vidas al servicio de los demás. De igual forma, aspectos como la carencia de investigación, la corrupción y el abuso de poder se consolidan como factores que inciden en el aumento de la violencia en contra de los defensores de derechos humanos.

Si bien, desde al año 2012 México cuenta con un mecanismo especializado de protección de periodistas en riesgo (recomendación formulada por la CNDH y la ONU), aún estamos lejos de generar un clima de certidumbre y estabilidad para el ejercicio del periodismo y la protección de quienes defienden los derechos humanos.

Sin embargo, esta situación no es exclusiva de quienes ejercen estas profesiones, sino que el estado de violencia ha llegado a afectar la integridad de familiares y personas cercanas a los profesionales en periodismo y defensa de derechos humanos.

La extensa red de vigilancia con la que cuentan los grupos criminales para dar seguimiento a las acciones de los periodistas o defensores de derechos humanos, ha permitido trasladar sus acciones de hostigamiento a los círculos cercanos del objetivo principal.

De la Declaración de Naciones Unidas sobre personas defensoras de derechos humanos se desprende que se trata hombres y mujeres que, de forma individual o colectiva, contribuyen de manera pacífica a la eliminación efectiva de las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos o individuos.

Lo que caracteriza a una defensora o defensor de derechos humanos no es su título, el nombre de la organización con la que colabora o cuánto le pagan por su labor. De hecho, ninguna de estas situaciones convierte a una persona en defensor o defensora de derechos humanos. Lo fundamental para considerarse como tal, es desarrollar una actividad en pro de los derechos humanos.

La Declaración de Naciones Unidas sobre personas defensoras es el principal instrumento internacional que establece los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y los deberes del Estado en el ejercicio de esta labor.

El documento contiene una serie de principios y derechos que reflejan las obligaciones internacionales contenidas en otros instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por su parte, en la Constitución mexicana, en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP) y su reglamento se encuentra el respaldo al trabajo de defensa de derechos humanos y al deber de protección del gobierno hacia las personas defensoras de derechos humanos. En particular, la Constitución dispone que:

• Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, así como de las garantías para su protección.

• La interpretación de las normas de derechos humanos debe realizarse favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

• Todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

• El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

• La manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial.

• Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio.

• Todas las personas tienen oportunidad de defensa ante cualquier tipo de privación o restricción que el poder público efectúe a los diversos derechos humanos reconocidos constitucional e internacionalmente.

Finalmente, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP) establece entre otras cosas, la creación de un mecanismo nacional de protección, define su funcionamiento y coloca en el gobierno federal la responsabilidad de proteger a las y los defensores de derechos humanos.

La ley determina además, la cooperación entre el nivel federal y los estados de la República para implementar medidas que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de quienes se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, libertad de expresión y periodismo.

En los últimos años México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, hecho frente al cual se creó el mecanismo de protección. La efectividad del mecanismo depende no sólo de contar con los recursos humanos, económicos y materiales, sino también con la diligencia en la aplicación de las disposiciones.

Jan Jarab, representante del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH,) en un exhorto al gobierno mexicano a garantizar recursos para Mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos expresó: “no podemos olvidar la importancia de este Mecanismo. Su existencia ha salvado las vidas de personas que, a través del ejercicio del periodismo o la defensa de los derechos humanos, se destacan como un elemento fundamental para el goce de derechos de todas las personas que vivimos en México.”

En este sentido, y ante la urgencia de la situación, la ONU-DH México llamó a las autoridades mexicanas a adoptar las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento del Mecanismo y la implementación efectiva de las medidas de protección que resulten oportunas para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

El Mecanismo de Protección es un órgano gubernamental, dependiente de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob). Fue creado en 2012 con la adopción de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, siendo una respuesta a la presión de organizaciones de la sociedad civil ante el contexto generalizado de riesgo para la defensa de derechos humanos en México.

Toda persona que defiende derechos humanos o periodistas y que se encuentre en situación de riesgo puede solicitar que su caso sea incorporado al Mecanismo de Protección. Las solicitudes se reciben de manera personal, telefónica, a través de los correos electrónicos establecidos para tales efectos o por cualquier otro medio.

Si la persona está impedida por causa grave y no puede realizar la solicitud directamente, una tercera persona u organización puede hacerlo en su representación. Si la solicitud no se ha hecho por escrito, debe ser formalizada en no más de ocho días hábiles, excepto que haya una causa grave que lo impida.

Cuando la solicitud la realice una tercera persona, el o la beneficiaria debe otorgar su consentimiento una vez que haya desaparecido el impedimento. Al solicitar la incorporación al Mecanismo, sólo se presentará la información necesaria para la definición de la situación de emergencia y para comprobar que la persona es una defensora de derechos humanos o periodista de acuerdo a la ley. Es en la etapa del Análisis de Riesgo que las y los defensores compartirán con más detalle información sobre la situación general y el riesgo específico.

Hay casos en los que el Mecanismo ha rechazado peticiones por considerar que la persona no era defensora de derechos humanos o periodista, así como casos en los que se resolvió que, aunque se trataba de una persona defensora o periodista, su riesgo no estaba relacionado con estas actividades.

El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas reconoce la invaluable aportación de quienes, desde los distintos puntos del territorio mexicano, trabajan incansablemente impulsando la vigencia del estado de derecho y detonando transformaciones hacia una sociedad más justa a través de la difusión de ideas y de información.

No debemos perder de vista que México cuenta hoy con una ley que protege a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ordenamiento que en su artículo 44 ordena a la federación y a las entidades federativas a promover el reconocimiento público y social de estas importantes actividades; así como a condenar, investigar y sancionar las agresiones de las que sean objeto. Un agravio a una persona defensora de derechos humanos o periodista es una afrenta a la sociedad en su conjunto.

El Mecanismo Federal ha reconocido la invaluable aportación de las y los defensores de derechos humanos y periodistas quienes, desde los distintos puntos del territorio mexicano, trabajan incansablemente impulsando la vigencia del Estado de Derecho y detonando transformaciones hacia una sociedad más justa.

En este sentido, tal como lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (“Declaración sobre defensores”), y en atención a las recomendaciones de organismos y organizaciones especialistas en la materia, México debe reiterar su compromiso para garantizar la debida protección y el ejercicio de los derechos humanos.

Específicamente, el mecanismo que contempla la ley que se pretende reformar mediante la presente iniciativa considera tiempos extensos para la realización de los trámites para incorporarse al mismo, lo cual en muchas ocasiones representa retrasos de meses en el proceso.

En general, se trata de un procedimiento largo y con dos etapas principales, las cuales requieren un trabajo e involucramiento diferente por parte de la persona defensora: 1) realización del Análisis de Riesgo y aprobación por la Junta de Gobierno, y 2) implementación de las medidas.

En caso de incumplimiento de la ley, por ejemplo, por exceder los plazos de implementación de medidas extraordinarias, la persona beneficiaria puede manifestar inconformidad y, si no se produce una reacción por parte del Mecanismo, acudir al juicio de amparo o presentar un recurso por responsabilidad administrativa en el Órgano Interno Control.

Hasta el momento, se han percibido fallos importantes en la elaboración de los análisis de riesgo que realiza el Mecanismo de Protección, incluso para la determinación del nivel de riesgo, lo cual resulta no estar acorde con el análisis de la persona beneficiaria y sus representantes.

Es importante tener en cuenta que, en algunos casos, el análisis puede ser incorrecto. Asimismo, el tiempo que ha tardado el Mecanismo en elaborar los análisis mencionados, así como el tiempo para que la junta de gobierno los apruebe ha sido excesivo. La persona beneficiaria tiene derecho a participar por sí misma o por medio de su representante en parte de la sesión de la Junta de Gobierno en la que se considerará su caso y a recibir su análisis de riesgo para poder leerlo y examinarlo previo a la sesión de la junta de gobierno.

Puede ser de ayuda para las entrevistas contar con documentación escrita sobre los elementos que componen el análisis de riesgo, por ejemplo, fechas y frecuencia de los incidentes de seguridad. Podría ser útil tener una bitácora de incidentes de seguridad para este fin, en donde se contemplen no sólo las amenazas, sino todos los incidentes.

Por lo general, las entrevistas se realizan en la zona de residencia de la persona beneficiaria, de forma presencial, sea en la sede de la organización, su residencia u otro lugar considerado seguro para ello. Puede requerir varios días y del envío de información complementaria. Es importante revisar el análisis de riesgo que envía el Mecanismo con días de anticipación a las personas beneficiarias, ya que en ocasiones no incluye toda la información que se proporcionó y resalta sólo la interpretación del analista.

Esto es relevante porque de la información que se presenta a la junta resulta el tipo de medidas que se otorgarán. En cuanto a la confidencialidad, la ley y su reglamento prevén que la información manejada por el Mecanismo es de carácter confidencial. Sin embargo, el análisis de riesgo y la información contenida en él se ponen a disposición de todas las personas que participan en la junta de gobierno.

Las personas que se encuentran desplazadas de su zona de origen en el momento de solicitud pueden tener dificultades para que el Mecanismo implemente medidas fuera de su área habitual de desempeño, ya que éste no asume responsabilidades si la persona defensora se retira de esta área sin la aprobación del análisis por la junta de gobierno. Es importante tener en cuenta que, durante el proceso de evaluación de riesgo, el Mecanismo también contacta a autoridades y corrobora información con ellas. La persona beneficiaria debe ser explícita y dejar constancia en caso de que crea que la entrevista con una autoridad específica puede generarle más riesgos.

En México, las medidas preventivas, con enfoque de género, colectivas y adaptadas a los contextos no urbanos están poco desarrolladas. Ante ello, la persona beneficiaria puede ser proactiva y proponer medidas que considera pertinentes para su protección.

Es importante considerar las consecuencias indirectas y financieras de la implementación de ciertas medidas de protección y tenerlo en cuenta en los acuerdos con el gobierno. Por ejemplo, la instalación de cámaras de seguridad puede causar un aumento en la cuenta de electricidad o el uso de transporte privado en vez de transporte público produce un aumento de gastos por la gasolina.

Hasta el momento, la función y el alcance de las diferentes medidas son limitados. El botón de pánico, por ejemplo, es operado por una empresa privada y ha tenido más función de GPS que de contacto de emergencia funcional. En los casos que se conocen donde se acompañó a personas que apretaron el botón de pánico, la respuesta fue nula, incompleta o insuficiente.

Es necesario poner atención a cada medida instrumentada para no generar una falsa sensación de seguridad, para comprender su utilidad y límites reales. El botón de pánico, por ejemplo, al tratarse de un celular, puede utilizarse para establecer comunicación con personas con poder de decisión.

Contenido de la iniciativa

Como se ha observado, la violencia en contra del periodismo libre y la defensa de los derechos humanos en nuestro país está sufriendo un periodo crítico. México carece de mecanismos efectivos de investigación e impartición de justicia para sancionar a quienes atentan contra el libre ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.

Es por lo anterior, que el objetivo de esta iniciativa se centra en la ampliación y la garantía de protección a los periodistas, defensores de derechos humanos y sus familiares. En muchos casos, no sólo el periodista o el defensor se ven afectados por el cumplimiento de su trabajo, sino que los mismos integrantes de sus familias se han convertido en un elemento clave para ejercer presión u hostigamiento en contra de estas profesiones y sus efectos sobre la sociedad.

De igual forma, la iniciativa busca reducir los tiempos de respuesta que la Ley General de Víctimas y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas plantea, en virtud de que en muchas ocasiones, los tiempos que marca la ley para acceder a mecanismos de protección son extensos y provocan que los riesgos de atentado se eleven.

Por lo tanto, y como una acción inmediata dentro de las facultades que tiene el Poder Legislativo, buscamos ofrecer una alternativa de solución a través de la cual las autoridades designadas para la atención de víctimas de hechos en contra del ejercicio de periodismo y la defensa de los derechos humanos, implementen estrategias adicionales para reducir y erradicar la violencia en contra de este sector.

Creemos en el ejercicio libre del periodismo y los efectos positivos que genera la defensa y protección de los derechos humanos, dado que sus acciones sirven en todo momento en la integración de una comunidad informada sobre el estado que guardan los hechos ocurridos al interior y exterior de nuestro país. Por otra parte, estamos convencidos de que el trabajo de quienes se dedican a la protección de los derechos humanos, ha servido para que miles de familias, tanto nacionales como extranjeras, tengan acceso a una mejor calidad de vida.

En general, la iniciativa tiene como objetivo, por un lado, agilizar el proceso de adopción por parte del mecanismo, acortando los plazos de resolución y, por la otra, hacerlo de inicio incluyente con la familia directa los beneficios del mecanismo de protección.

Se propone incluir desde el artículo primero de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que los familiares directos de los defensores de derechos humanos o de los periodistas, sean también incorporados de forma inmediata al mecanismo de protección.

Asimismo, se busca acortar los tiempos y plazos de respuesta, con la finalidad de que tanto los agredidos como sus familias puedan ser atendidos por el mecanismo de manera más expedita y con la mayor celeridad, evitando llevar procedimientos de varias semanas para resolver.

Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Por todo lo anteriormente expuesto y las consideraciones antes señaladas, pongo a consideración de este pleno el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el artículo 1, artículo 2, artículo 7, la fracción II del artículo 26, el párrafo segundo del artículo 27 y las fracciones I y II del artículo 29; se adicionan la fracción V del artículo 32 y la fracción VI del artículo 33, todos de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para quedar como sigue:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer la cooperación entre la federación y las entidades federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, así como a sus familiares directos.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

Agresiones: daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como a sus familiares directos.

Beneficiario: persona a la que se le otorgan las Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas Urgentes de Protección a que se refiere esta Ley, así como a sus familiares directos.

Artículo 7. La Junta de Gobierno sesionará ordinariamente una vez al mes o en caso extraordinario si hay hechos que lo ameriten, hasta agotar todos los temas programados para esa sesión y deberá contar con un quórum de la mitad más uno de sus integrantes. Las decisiones serán tomadas mediante un proceso deliberativo, transparente y por mayoría de votos.

Artículo 26. En el supuesto que el peticionario declare que su vida, integridad física o la de los señalados en el artículo 24 está en peligro inminente, el caso será considerado de riesgo alto y se iniciará el procedimiento extraordinario. La Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida procederá a:

I. Emitir, en un plazo no mayor a 3 horas contadas a partir del ingreso de la solicitud, las Medidas Urgentes de Protección;

II. Implementar de manera inmediata, una vez emitidas, y en un plazo no mayor a 5 horas, las Medidas Urgentes de Protección;

...

Artículo 27. En cualquier otro caso, la solicitud será tramitada a través del procedimiento ordinario y la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida la remitirá inmediatamente a su recepción a la Unidad de Evaluación de Riesgos.

La Unidad de Evaluación de Riesgos, en un término de cinco días naturales contados a partir de la presentación de la solicitud, procederá a:

...

Artículo 29. Una vez definidas las medidas por parte de la Unidad de Evaluación de Riesgos, la Junta de Gobierno decretará las Medidas Preventivas o Medidas de Protección y la Coordinación procederá a:

I. Comunicar los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno a las autoridades correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas;

II. Coadyuvar en la implementación de las Medidas Preventivas o Medidas de Protección decretadas por la Junta de Gobierno en un plazo no mayor a 10 días naturales;

...

Artículo 32. Las Medidas Urgentes de Protección incluyen: I) Evacuación; II) Reubicación Temporal; III) Escoltas de cuerpos especializados; IV) Protección de inmuebles y V) Apoyo económico, VI) Las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los beneficiarios.

Artículo 33. Las Medidas de Protección incluyen: I) Entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital; II) Instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una persona; III) Chalecos antibalas; IV) Detector de metales; V) Autos blindados; VI) Apoyo económico y VII) Las demás que se requieran.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase

https://www.proceso.com.mx/553184/inseguridad-y-violencia-costaron-el-14- del-pib-a-mexico-ceesp

2 Véase

http://www.cua.uam.mx/news/miscelanea/la-violencia-en-mexico-tambien-se- refleja-en-perdidas-economicas

3 Véase

https://imco.org.mx/temas/indice-paz-mexico-2018-via-instituto-la- economia-la-paz/

4 Véase

http://indicedepazmexico.org/

5 Véase

https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018SPANISH.PDF

6 Véase

http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30063

7 Ibídem

8 Ibídem

9 Véase

https://www.animalpolitico.com/2018/12/mexico-peligroso-periodistas/

10 Ibídem

11 Véase

http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item &id=1159:onu-dh-exhorta-gobierno-mexicano-a-garantizar-recursos- para-mecanismo-de-proteccion-a-periodistas-y-defensores&Itemid=265

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2019.— Diputados: Roberto Antonio Rubio Montejo,Érika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 38 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72, inciso h), y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Congreso de la Unión, depositario del poder legislativo y divido en las Cámaras de Senadores y Diputados, es un órgano colegiado que representa democráticamente el pluralismo de nuestro sistema político.

Lo anterior, ha permitido que el Congreso de la Unión se instituya como un contrapeso en las materias de división de poderes y rendición de cuentas, debido a que constitucionalmente se establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Los componentes de esa pluralidad son, entre otras, la creación y fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas y la participación de millones de electores que cada tres y seis años, según sea el caso, ejercen su derecho constitucional de elegir a sus representantes en ambas Cámaras a través del sufragio del voto en elecciones libres, auténticas y periódicas.

Dicha pluralidad se manifiesta de forma organizada a través de los grupos parlamentarios que se conforman en cada Legislatura dentro de ambas Cámaras.

Los grupos parlamentarios permiten garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas, realizar las actividades específicas de cada Cámara, coadyuvan al mejor desarrollo del proceso legislativo y contribuyen a orientar y estimular la formación de criterios comunes en las deliberaciones en que participen sus integrantes.

Asimismo, la pluralidad se manifiesta en cada una de las Cámaras en cuanto a la integración, duración y funcionamiento de sus órganos como son las Mesas Directivas, Juntas de Coordinación Política, Comisiones Ordinarias, Comités, entre otros, y se garantiza con la aplicación de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo con dicha Ley, la integración de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados es electa por el Pleno y consta de un presidente, tres vicepresidentes y un secretario propuesto por cada grupo parlamentario.

La Junta de Coordinación Política se integra con los coordinadores de cada grupo parlamentario y en el caso de las Comisiones Ordinarias, la Junta de Coordinación Política debe considerar la pluralidad representada en la Cámara para la formulación de las propuestas correspondientes para garantizar que los grupos parlamentarios no pierdan la representación proporcional expresada en el Pleno en la conformación de las comisiones.

En la Cámara de Senadores, la Mesa Directiva se integra con un Presidente, tres vicepresidentes y cuatro secretarios, electos por mayoría absoluta de los senadores presentes y la Junta de Coordinación Política se integra por los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la legislatura.

Para integración de las Comisiones Ordinarias, la Junta de Coordinación Política considera la pluralidad representada en la Cámara y formula las propuestas correspondientes, con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones.

Como puede observarse, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que, para la integración de las Mesas Directivas, Juntas de Coordinación Políticas y Comisiones Ordinarias de cada una de las Cámaras, debe prevalecer la pluralidad y proporcionalidad manifestada por los grupos parlamentarios que integran la Legislatura correspondiente.

En el ámbito legislativo, debemos pronunciarnos para que la pluralidad se garantice en la integración, duración y funcionamiento de los órganos de cada una de las Cámaras independientemente de los partidos políticos, sus ideologías o plataformas legislativas, los cuales se encuentran representados a través de sus grupos parlamentarios.

Asimismo, hemos de actuar de forma congruente e incluyente con los legisladores independientes que son una nueva realidad en nuestro sistema de representatividad y ha promovido iniciativas para que la pluralidad que representan también sean considerada en el actuar de cada una de las Cámaras.

Ahora bien, el trabajo legislativo de Senadores y Diputados Federales no se constriñe en el ámbito de las Comisiones Ordinarias u otros órganos establecidos en cada una de las Cámaras. Por ejemplo, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios hace alusión de una comisión legislativa bicameral.

El artículo 38 de ese ordenamiento señala que “cuando el Estado en cuestión se ubique en un nivel de endeudamiento elevado, según el Sistema de Alertas previsto en el siguiente Capítulo del presente Título de esta Ley, el Congreso de la Unión, a través de una comisión legislativa bicameral, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas, planteada en los convenios a que hace referencia el presente Capítulo”.

La comisión legislativa bicameral se integra con ocho miembros, cuatro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República y cuatro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público o de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Ésta comisión es un ejemplo más de la importancia que el Poder Legislativo tiene en cuanto a la formulación e implementación de políticas públicas y en la rendición de cuentas.

Sin embargo, consideramos que la integración de la comisión legislativa bicameral actualmente no se encuentra apegada a la pluralidad exigida por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a la nueva realidad del Estado Mexicano.

Su integración no cuenta con la representación proporcional manifestada por los grupos parlamentarios que conforman actualmente el Congreso de la Unión y se convirtió un elemento más de reparto discrecional realizado por los grupos parlamentarios con mayoría tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados.

El objetivo de las Diputadas y Diputados con la presentación de esta iniciativa es modificar el artículo 38 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios es para que se respete la pluralidad actual del Congreso de la Unión, es decir, que la comisión legislativa bicameral considere el criterio de pluralidad manifestado a través de los grupos parlamentarios que conforman esta Legislatura y las subsecuentes.

La iniciativa retoma el principio de representatividad establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y pretende que se aplique en el actuar legislativo independientemente del ámbito de que se trate.

En este orden de ideas y para una mayor claridad del planteamiento realizado, se detalla a continuación en un cuadro comparativo el texto vigente y la propuesta que modifica el artículo 38 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios para los efectos señalados:

Por las consideraciones expuestas, las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 38, párrafo segundo, y se adicionan los párrafos tercero y cuarto, recorriéndose el subsecuente, de la Ley de Disciplina Financiera en las Entidades Federativas y Municipios, para quedar como sigue:

Artículo 38. ....

La comisión legislativa bicameral que se establecerá para estos fines, deberá estar integrada por legisladores de cada uno de los grupos parlamentarios representados en ambas Cámaras, integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República y de la Comisión de Hacienda y Crédito Público o de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

La presidencia de la comisión legislativa bicameral se ejercerá, de manera alternada, por un diputado y por un senador con una periodicidad de un año.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2019.— (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72, inciso h), y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley de Seguridad Nacional, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La pluralidad en el actuar legislativo en cada una de las Cámaras de Senadores y Diputados debe prevalecer.

La integración de diversos órganos de ambas Cámaras como son las Mesas Directivas, Juntas de Coordinación Política y Comisiones Ordinarias, se realiza en función de la representación proporcional manifestada a través de los grupos parlamentarios que integran la Legislatura correspondiente.

Lo anterior, permitiría que cualquier espacio atribuible al Poder Legislativo no sea objeto de reparto discrecional por aquellos grupos parlamentarios que cuenten con más legisladores.

Actualmente, el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional contempla la integración de una Comisión Bicameral integrada por tres Senadores y tres Diputados, lo cual permite la participación del Poder Legislativo en temas de importancia relevante para el gobierno federal y más aún para la ciudadanía; asimismo, a través de esa comisión el Poder Legislativo ejerce su facultad de control parlamentario y se encuentra aunado a la transparencia y rendición de cuentas.

Sin embargo, no existe disposición alguna que garantice que la integración de la Comisión Bicameral sea con la pluralidad exigida por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a la integración de órganos como son las Comisiones Ordinarias, es decir, actualmente se mantiene una distribución proporcional más no plural.

Es por ello que presentamos la iniciativa que propone modificar el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional con el objeto de garantizar una integración plural en la comisión bicameral en comento.

Cabe señalar que esta iniciativa acompaña la presentada que propone modificar el artículo 38 de la Ley de Disciplina Financiera en las Entidades Federativas y Municipios la cual persigue los mismos efectos.

En este orden de ideas y para una mayor claridad del planteamiento realizado, se detalla a continuación en un cuadro comparativo el texto vigente y la propuesta que modifica el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional para los efectos señalados:

Por las consideraciones expuestas, las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 56, párrafo segundo de la Ley de Seguridad Nacional

Artículo Único. Se adiciona el artículo 56, párrafo segundo, recorriéndose el subsecuente, de la Ley de Seguridad Nacional, para quedar como sigue:

Artículo 56. ...

La Comisión Bicameral tomará en cuenta la pluralidad representada en las Cámaras de Senadores y Diputados, y estará integrada con legisladores de cada uno de los grupos parlamentarios representados en ambas Cámaras.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2019.— (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

IMPLEMENTAR ACCIONES SANITARIAS Y FITOSANITARIAS, EN LA REGIÓN SUR-SURESTE PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS DERIVADOS DEL FLUJO MIGRATORIO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y la Sader a implantar acciones sanitarias y fitosanitarias, respectivamente, en el sur-sureste del país para contrarrestar los efectos del constante flujo migratorio, a cargo del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, los diputados de la LXIV Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y IV y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que exhorta respetuosamente a las secretarías de Salud y de Agricultura y Desarrollo Rural a que implementen de manera inmediata acciones sanitarias y fitosanitarias respectivamente, en la región sur- sureste del país, para contrarrestar los efectos en materia sanitaria derivados del constante flujo migratorio en la región sur-sureste, con base en las siguientes:

Consideraciones

En el último decenio, la protección de los derechos humanos de los migrantes, incluido el derecho a la salud, ha ido adquiriendo un creciente reconocimiento y ha mejorado su posición a la agenda internacional. Con el fin de cumplir sus obligaciones legales nacionales e internacionales, los gobiernos de muchas regiones del mundo han reconocido la necesidad de integrar las necesidades sanitarias y las vulnerabilidades de los migrantes en sus planes, políticas y estrategias nacionales.

Los flujos migratorios producen una serie de consecuencias relacionadas con el país de origen y con el país receptor.

Los movimientos de la población hacen que los migrantes sean más vulnerables a los riesgos sanitarios y los exponen a los posibles peligros y al estrés relacionados con los desplazamientos, la inserción en nuevos entornos y la reinserción en entornos anteriores.

Muy pocos sistemas nacionales de información sanitaria desglosan los datos específicos con los que se pueda realizar un análisis de los principales problemas de salud observados entre los migrantes o provocados directamente por la migración. Algunas encuestas muy focalizadas y estudios epidemiológicos comparativos han mostrado que la frecuencia de resultados sanitarios negativos entre los migrantes es mayor que la constatada en la población de acogida.

En la frontera entre México y Guatemala encontramos diversas modalidades migratorias (migrantes transfronterizas, trabajadoras temporales, migrantes en tránsito hacia los Estados Unidos de América, entre otras). Todas ellas, se enfrentan a situaciones graves de discriminación y violencia que ponen en riesgo su salud y la de los nacionales receptores.

Por ejemplo, en el 60 por ciento del territorio nacional existen condiciones que favorecen las enfermedades transmitidas por vectores, localizadas en la mayor parte de los centros agrícolas, ganaderos, industriales, pesqueros y turísticos del país. Por ejemplo, la transmisión del dengue tuvo sus mayores brotes registrados durante 1995 y 1999, entre 2006 y 2013, periodos en que circularon en forma simultánea los cuatro serotipos.

Otro caso, es aquel suscitado en el 2009, la pandemia de influenza AH1N1 que dejó una experiencia importante en la implementación del Reglamento Sanitario Internacional en México y en el mundo.

Aunque hoy en día las condiciones sanitarias han mejorado sustancialmente, todavía hay muchas regiones del planeta con serias deficiencias en infraestructuras sanitarias; existen otros factores como la globalización y la movilidad internacional, especialmente de grandes urbes que, pueden facilitar la rápida trasmisión de una pandemia.

Ahora bien, el problema de los controles sanitarios trasciende; la entrada a un país de nuevas plagas y enfermedades causa estragos tanto en su agricultura como en su economía. Sin controles naturales en el nuevo ambiente, las poblaciones de organismos nocivos tienden a expandirse rápidamente. El aumento de estas poblaciones de plagas requiere grandes cantidades de alimentos, causando pérdidas a los cultivos de consumo humano.La inspección fitosanitaria es de suma importancia para el mantenimiento del patrimonio vegetal y las exportaciones agrícolas de un país. Un buen sistema de vigilancia e inspección fitosanitaria es una inversión rentable que demanda una organización adecuada, una capacitación continua y un control de calidad constante.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación plantea que el objetivo primordial de la vigilancia fitosanitaria es detectar el ingreso y establecimiento de plagas cuarentenarias en etapas tempranas para que se proceda a su control oficial y dar seguimiento al control oficial para determinar que los procesos de erradicación, supresión o establecimiento de áreas libres.

Recientemente los flujos migratorios en la región del sur- sureste del país mexicano han ido en aumento y dichas eventualidades, han recibido el nombre de “caravanas”. Dichos acontecimientos se han llevado a cabo de la siguiente manera:

La primera caravana, 19 de octubre de 2018, salió de Honduras y se estimó que se conformó por un aproximado de 7 mil personas, el 28 de octubre de 2018 se realizó la segunda eventualidad y fueron provenientes de Centroamérica,  estimando 2 mil personas aproximadamente, la tercera se efectuó el 2 de noviembre de 2018, proveniente de El Salvador con un aproximado de mil 500 personas. El día 19 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la cuarta, proveniente de El Salvador con un aproximado de 500 personas y la quinta caravana, efectuada el día 21 de noviembre de 2018, proveniente de Centroamérica con un aproximado de 250 personas. Por último, el 14 de enero de 2019, una proveniente de Honduras con un aproximado de mil personas.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales dispone, entre otros preceptos, que el derecho a la salud obliga a los gobiernos a asegurar que los establecimientos, bienes y servicios de salud de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.

Es necesario continuar con el trabajo en conjunto con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para incrementar la capacidad de respuesta ante las implicaciones sanitarias y fitosanitarias que se generan a causa de los fenómenos migratorios.

Es por ello que propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, con base en el Sistema Federal Sanitario, coordine las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Salud, en materia de protección contra los riesgos sanitarios, en la región sur-sureste.

Así también, se le exhorta respetuosamente para que se determine, con la opinión del Consejo Nacional de Vacunación, una campaña de vacunación extraordinaria en la región sur-sureste.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que implemente las medidas fitosanitarias necesarias que protejan y conserven el equilibrio natural en la región sur-sureste.  

Notas

1. Migración internacional, salud y derechos humanos.

https://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx

2 Adams, W., 1971, El drenaje de talento, Editorial Paidós, Buenos Aires.

3 http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/EB122/B122_11-sp.pdf

4 Ídem

5 https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman &view=download&category_slug=technical-documentation &alias=1056-ccs-mex-1518-web2&Itemid=493

6 https://www.investigacionyciencia.es/blogs/medicina-y-biologia/ 43/posts/pandemias-un-riesgo-para-la-supervivencia-de-la-especie-humana-13079

7 http://www.fao.org/3/i0805s/i0805s.pdf

8 Ídem.

9 http://www.fao.org/3/i0805s/i0805s.pdf

10 https://www.forbes.com.mx/9-preguntas-que-te-ayudaran-a-entender- la-caravana-de-migrantes/

11 Migración internacional, salud y derechos humanos.

https://www.ohchnorg/SP/Paus/Horne.asox

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2019.— Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Frontera Sur, para dictamen.

PARAR LAS EXTORSIONES A AUTOMOVILISTAS Y TRANSPORTISTAS CON PLACAS FORÁNEAS EN LAS ÁREAS LIMÍTROFES Y ALEDAÑAS A LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de México y la jefa del gobierno de la Ciudad de México a parar las indiscriminadas extorsiones a automovilistas y transportistas con placas foráneas en las áreas limítrofes y aledañas a la zona metropolitana del Valle de México, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, y las diputadas y los diputados federales del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de México y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que paren las extorsiones indiscriminadas a automovilistas y transportistas con placas foráneas en las áreas limítrofes y aledañas a la zona metropolitana del valle de México.

Consideraciones

El Código de Conducta de los Servidores Públicos de la Secretaría de Seguridad del estado de México establece como misión: “Garantizar la seguridad de todas las personas que habitan y transitan en el estado de México...”. Teniendo como uno de sus objetivos: “Impulsar el combate a la corrupción” y dentro de sus líneas estratégicas están: “Elevar el nivel de profesionalización de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, a fin de reforzar sus conocimientos, competencias y habilidades; Combatir la corrupción con un enfoque frontal y sistemático”.

De la misma manera, la Secretaría de Seguridad Pública está encargada de determinar y autorizar los operativos para vigilar el cumplimiento de las disposiciones, establecer en el ámbito de su competencia mecanismos de coordinación, colaboración y comunicación estrecha y permanente con instituciones del gobierno federal, estatal y municipales, así como de la Ciudad de México a fin de garantizar el desplazamiento libre y seguro de personas y vehículos en la vía pública, como lo establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 11, y la autoridad solo puede limitarla en los casos que se contempla en la ley.

El deber policial en materia de vialidad es la supervisión, información y apoyo al ciudadano, pero sobre todo a los visitantes foráneos, otros deberes son: tomar acciones en caso de cualquier situación de riesgo, es el encargado de salvaguardar el orden público y el cumplimiento de las leyes, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de convivencia y seguridad pública.

En algunos de los principios y valores éticos del servicio policial están la honradez, lealtad, legalidad, honestidad, prudencia, rendición de cuentas, espíritu de servicio, respeto a los derechos humanos y transparencia, entre otros.

Debido a que lamentablemente nuestro cuerpo policiaco no lleva a cabo los principios y valores éticos que como servidores públicos se les encomienda, y dada su participación principalmente en actos delictivos, como son la corrupción, extorsiones y la prepotencia en su actuar, tenemos como consecuencia la pérdida del respeto y la confianza para nuestras autoridades.

Este último hecho queda en evidencia, cada vez que algún automovilista, primordialmente con placas del interior de la República, y algunas veces del estado de México y de la Ciudad de México aleatoriamente, intenta internarse hacia la metrópoli capitalina por el periférico norte desde Cuautitlán Izcalli, pasando por Tlalnepantla y hasta el perímetro de Naucalpan. Los conductores son detenidos con cualquier pretexto por uniformados que se ostentan como policías, sin que el conductor pueda conocer si este oficial tiene las facultades para detenerlo y sancionarlo.

De la misma manera ocurre al cruzar las casetas de cobro del Circuito Exterior Mexiquense, tanto como de entrada y esporádicamente en salida, así como también sucede en la frontera de Ecatepec, los conductores tienen que sortear a los multi uniformados (porque dentro de las corporaciones del estado de México existen varios tipos de uniformes), sin omitir que posteriormente tienen que enfrentarse a los elementos policiacos de la nueva Ciudad de México, con los retenes instalados por el famoso “Operativo Escudo” implantado con éxito desde el 2014, pero que también ha sido aprovechado por los oficiales para sacar “tajada”, con las personas foráneas las cuales desconocen estas actividades.

Incluso por el absurdo programa de Hoy No Circula metropolitano aplicado obligatoriamente desde marzo de 1990, donde, dadas las circunstancias, las autoridades cambian las fechas para la libre circulación de vehículos, y los agentes de tránsito sacan provecho de este caos e implementan operativos improvisados, los cuales sirven, entre otras cosas, para generar más tráfico y fomentar la generación de corrupción e intimidación para las personas que vienen de las afueras de la metrópoli.

Los elementos policiacos que cuentan con patrullas, motos y hasta los que andan a pie, no capacitados o no autorizados, detienen los vehículos arbitrariamente, revisándolos de manera minuciosa buscando alguna falta en el exterior, en el conductor o en la documentación y, aun cuando todo se encuentre en orden, buscan el más mínimo detalle, tratando de intimidar al conductor, mientras encuentran dichas fallas, aun cuando son servidores públicos no autorizados para hacer la detención o para sancionar.

Algunas de las preguntas frecuentes de los conductores que son detenidos, podemos encontrar: ¿El oficial que está haciendo la detención es efectivamente el facultado y autorizado para hacerlo?, ¿Está realizando un efectivo procedimiento de detención?, ¿Realmente estoy cometiendo una falta?, ¿Es obligatorio el traslado de mi vehículo motorizado al depósito?

No debemos perder de vista que existen unidades de Seguridad Pública, tanto del estado de México como de la Ciudad de México, las cuales no están facultadas y autorizadas para sancionar, y que por ser un “negocio” más lucrativo, en lugar de cumplir con su deber, en las áreas correspondientes, se dedican a apabullar a los choferes, aterrorizándolos con multas, las cuales van de los 200 pesos hasta los 5 o 6 mil pesos, exprimiendo al conductor lo más posible, por si esto no fuera suficiente, en caso de negarse a pagar, amenazan con la premisa de que tienen que ser remitidos al depósito más cercano, lo cual les saldrá más caro y tardado, poniendo como propuesta que lo piense mejor, o bien que los pueden acompañar al cajero automático más cercano.

Otro de los puntos que debemos observar dentro de estas circunstancias, es que las sanciones son a criterio y apreciación del oficial, este decidirá como mejor le parezca, así que el costo de dicha “multa” no va conforme lo que se estipula en el reglamento de tránsito vehicular, sino a como el conductor lo permita.

Los oficiales de manera prepotente se acreditan con una placa que solo tiene su apellido y en muchas de las ocasiones no se puede identificar la institución a la que pertenecen; inmediatamente solicitan documentos, sin presentarse, ni informar al conductor el motivo de la detención, siendo arrogantes y prepotentes al momento, si el conductor se niega, en ocasiones pueden reaccionar de forma agresiva y violenta.

En la mayoría de las ocasiones mencionan la trillada frase “revisión de rutina por operativo de seguridad”, sin mostrar orden o siendo el único vehículo detenido e infraccionado.

El objetivo es parar los actos de corrupción, por parte de las autoridades policiacas correspondientes al estado de México y Ciudad de México, que paren de manera inmediata las extorsiones contra automovilistas y transportistas que circulan por las arterias de entrada a la zona metropolitana del valle de México, principalmente con placas foráneas.

Esta preocupación que se plantea actualmente ante la soberanía se encuentra incluso fundamentada para su inhibición; esto es tanto el gobierno del estado de México como la Ciudad de México cuentan con una normativa administrativa la cual expresa que se prohíbe a los servidores públicos abusar de su cargo y excederse en sus funciones, así como muchas otras prohibiciones estipuladas, en:

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los municipios y del Estado de México

“Articulo 42. Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en la prestación del servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos y deberes laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

...

VI. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de este, así como abstenerse de incurrir o tolerar conductas de hostigamiento y acoso sexual.

VII. Observar en la dirección de sus subalternos las debidas reglas del trato con respeto y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad;

...

XVI. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir por sí o por interpósita persona, dinero, objeto mediante enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al que el bien de que se trate tenga en el mercado ordinario o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas físicas o a las que se refiere en la fracción XIII, y que procedan de cualquier persona moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentran directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión;

...

XXXI. Otorgar o percibir únicamente la remuneración que haya sido aprobada en términos de ley, incluyendo bonos, gratificaciones y cualquier otra remuneración que se agregue al salario;

XXXII. Abstenerse de remitir vehículos a cualquier depósito de vehículos concesionado o de carácter estatal, con motivos distintos a los permitidos por las disposiciones legales aplicables;

...

Artículo 43. Se incurre en responsabilidad administrativa disciplinaria, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, dando lugar a la instrucción del procedimiento administrativo ante los órganos disciplinarios y a la aplicación de las sanciones que en esta ley se consignan, atendiendo a la naturaleza de la obligación que se transgreda.

La responsabilidad administrativa disciplinaria, tiene por objeto disciplinar y sancionar las conductas de los servidores públicos que infrinjan alguna de las disposiciones administrativas contenidas en el artículo anterior, con independencia de otra responsabilidad de cualquier naturaleza; inclusive de la responsabilidad administrativa resarcitoria o de índole penal”.

Ley Federal de los Servidores Públicos

“Artículo 47. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

...

V. Observar buenas conductas en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, igualdad y sin discriminación a las personas con las que tenga relación con motivo de este;

...

XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público;

...”.

Por otro lado, sabemos también que las penalidades sujetas a las faltas administrativas referentes al tránsito de vehículos, son desproporcionadas frente al ingreso medio de la población, situación que es aprovechada por los quehaceres diarios que realizan las agrupaciones policiacas; que traen consigo un costo incalculable, que va en detrimento de la economía de los ciudadanos, empresarios y todo aquel que transite por esas vías.

No existe duda alguna de que toda aquella persona que va al volante, al viajar por las ya mencionadas arterias y visualizar un retén policiaco, patrullas o motocicletas portadas por uniformados, lejos de sentir seguridad y confianza, se sienten vulnerables ante la posible inquietud de ser detenidos por el solo hecho de portar placas foráneas, esto debido a la falta de confianza que existe hacia el cuerpo policial del estado de México y la Ciudad de México.

Observando los hechos desde el punto de vista de la ciudadanía, hacen falta controles efectivos relativos a los actos, y el comportamiento de los elementos policiacos que erradiquen estas actividades ilícitas que marcan a los elementos de seguridad. La mayoría de la población que conduce un vehículo motorizado no considera la idea de tener apoyo oportuno por parte de las autoridades policiales en cuanto a información, apoyo vial o cualquier otra atención por parte de estos grupos, por el contrario, prefieren que ni se acerquen para no ser víctimas de alguna extorsión.

“Para esas personas que han tenido que circular por estas vías, la pregunta es ¿Cuántos no han vivido estas experiencias en carne propia?

Tal vez varios o seguramente algún familiar, amigo o conocido ha tenido que pasar por estas malas experiencias.

En conclusión, es imprescindible la necesidad de que las autoridades correspondientes a cargo de estos oficiales deben tomar cartas en el asunto y de una vez por todas dignificar a sus elementos de seguridad y acabar con este lastre de corrupción, mediante esquemas de control y verificación, donde se pueden utilizar las nuevas tecnologías como los son, las cámaras de videograbación, para la verificación de que sus cuerpos de seguridad pública cumplan con el cargo conferido, así mismo se sancionen enérgicamente las actividades de extorsión.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que paren las extorsiones a automovilistas con placas foráneas en las áreas limítrofes y aledañas a la zona metropolitana del valle de México.

Notas

1 (2018), Código de Conducta de los Servidores Públicos de la Secretaría de Seguridad del estado de México, p. 10.

2 (2019), Atención ciudadana. (2019). Subsecretaría de Control de Tránsito. Enero 2019, de Secretaría de Seguridad ciudadana Sitio web:

https://www.ssp.cdmx.gob.mx/organizacion-policial/subsecretaria-de- control-de-transito.

3 (2017) Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del Estado y Municipios

4 (2016) Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días de febrero de 2019.— Diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

FORTALECER LA PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS PERSONAS CON INFLUENZA AH1N1, EN NUEVO LEÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de NL a fortalecer por la Ssa las acciones encaminadas a prevenir, identificar y dar atención oportuna a las personas con influenza AH1N1, ante la presencia de casos en la entidad, suscrita por los diputados Ivonne Liliana Álvarez García, Juan Francisco Espinoza Eguía y Pedro Pablo Treviño Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Ivonne Liliana Álvarez García, Juan Francisco Espinoza Eguíay Pedro Pablo Treviño Villareal, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León para que, a través de la Secretaría de Salud, fortalezca las acciones encaminadas a la prevención, identificación y atención oportuna de las personas con influenza AH1N1, ante la presencia de casos en la entidad, asimismo destine en tiempo y forma los recursos económicos para estas actividades, al tenor de las siguientes.

Consideraciones

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, la gripe A (H1N1) es una infección respiratoria aguda y contagiosa, provocada por un virus tipo A que pertenece a la familia Orthomixoviridae. Este padecimiento, puede mutar y ser transmitido a los humanos vulnerando así su integridad y vida.

Entre sus síntomas se encuentra fiebre de 38.5 grados, tos, dolor muscular y malestar faríngeo, además de náusea, vómitos y diarrea. Su transmisión se puede dar por contagios de persona a persona al hablar, estornudos o tos.

Los principales sectores poblaciones afectados por este padecimiento son los adultos mayores, hipertensos, diabéticos, enfermos del corazón, embarazadas, niños menores de cinco años, entre otros.

En nuestro país, según estadísticas de la Dirección General de Epidemiologia de la Secretaría de Salud, hasta el pasado 7 de febrero de 2019, se habían confirmado alrededor de mil 116 casos de influenza y la defunción de 395 personas. Hasta la semana seis del año 2019, el 86 por ciento de los hechos han sido positivos de influenza A H1N1.

Entre las entidades federativas del país con el mayor número de acontecimientos, se encuentran: Tlaxcala, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes y Chihuahua, presentando una mayor mortalidad Baja California Sur, Tlaxcala, Hidalgo, Zacatecas y Durango.

No obstante, en el estado de Nuevo León se han documentado por lo menos 119 casos y lamentablemente han perdido la vida dos personas durante la temporada invernal, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud estatal durante el periodo 2018-2019.

Durante este lapso de tiempo, también se han identificado dos casos de H3N2, uno de tipo A, 13 de la tipología B y 103 relativa a la H1N1. Esta situación se ha denunciado a pesar de que hasta el pasado mes se había vacunado a por lo menos 89 mil personas.

Relativo a las enfermedades respiratorias en general, se han identificado al menos 73 mil 651 durante la temporada invernal, cifra que representa el 15 por ciento con relación al año pasado.

Aunque existen elementos para la permanencia de enfermedades respiratorias como la contaminación y el cambio de temperaturas, deben acrecentarse las estrategias de contención y difusión de hábitos saludables como cubrirse la boca al estornudar, mantener limpios los utensilios, barandales y aparatos domésticos, asimismo, ingerir frutas y verduras, lavarse las manos frecuentemente y de presentar alguna sintomatología asistir al médico de manera inmediata.

El gobierno del estado, por su parte, debe asegurar mecanismos efectivos de atención, para que los ciudadanos independientemente de su ubicación geográfica y situación económica, disponga de espacios especializados para una pronta atención y recuperación.

Ante este panorama debe darse una mayor coordinación entre las autoridades del estado y la federación con el objeto de ampliar los métodos de detección y asegurar la dotación de tratamientos a la población.

Contar con información pertinente sobre las causas y efectos de la influenza AH1N1, se reflejará en el decremento de los casos y en la atención rápida ante la presencia de algún síntoma.

El gobierno del estado de Nuevo León debe asegurar la disposición de recursos económicos, humanos y de infraestructura necesarios para proteger la salud de la población y en particular de los sectores que son más propensos al contagio.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Nuevo León para que, a través de la Secretaría de Salud, fortalezca las acciones encaminadas a la prevención, identificación y atención oportuna de las personas con influenza AH1N1, ante la presencia de casos en la entidad, asimismo, destine en tiempo y forma los recursos económicos para estas actividades.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que dé a conocer las acciones y los resultados alcanzados a fin de atender a las personas que presentan algún cuadro de influenza AH1N1 y garantice sus estrategias de acceso a los servicios del sistema de salud.

Notas

1 Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Influenza A (H1N1). 20/02/2019, de IMSS Sitio web:

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/000GRR_H1N1.pdf

2 El Financiero. (2019). Actual temporada de influenza deja 395 muertos y más de 4 mil casos positivos. 20/02/2019, de El Financiero Sitio web: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/actual-temporada-de-influenza- deja-395-muertos-y-mas-de-4-mil-casos-positivos

3 Gobierno de Nuevo León. (2019). Protégete de la Influenza. 20/02/2019, de Secretaría de Salud Sitio web:

http://www.nl.gob.mx/servicios/protegete-de-la-influenza

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días de febrero de 2019.— Diputada y diputados: Ivonne Liliana Álvarez García,Juan Francisco Espinoza y Pedro Pablo Treviño Villareal (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

GARANTIZAR A LAS MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EXTREMA, ESPACIOS SEGUROS PARA SALVAGUARDAR SU VIDA

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a garantizar a las mujeres, las niñas y los niños en situación de violencia extrema espacios seguros para salvaguardar su vida, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las suscritas, Martha Tagle Martínez y diputadas integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) informó que 18 de las 32 entidades federativas, es decir, el 56 por ciento del territorio nacional, se encuentra formalmente declarado en Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG). Hay 90 municipios del país con declaratoria de alerta de violencia de género, y las entidades con mayores índices de feminicidios son el estado de México, Guerrero, Chihuahua, Ciudad de México, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Baja California, Guanajuato y Oaxaca.

En los últimos tres años el índice de asesinatos a mujeres creció 104 por ciento, con un total de 2 mil 560 casos. Durante el mismo tiempo, los asesinatos contra mujeres, que no son contabilizados como feminicidios, por no tener un componente de género, crecieron un 58 por ciento, al pasar de mil 737 en 2015 a 2 mil 747 en 2018. Al menos 9 mil 225 mujeres han sido víctimas de homicidio doloso en México durante los últimos 3 años.

Se ha pasado de 7 a 9 feminicidios. En lo que va del 2019, se han registrado 130 homicidios por razón de género.

En México, los cuerpos de las mujeres son encontrados calcinados, maniatados, desnudos o semidesnudos, decapitados, con huellas de tortura y violencia sexual, de acuerdo con María Salguero, geofísica y creadora del Mapa de Feminicidios en México, en el que registra con base en publicaciones periodísticas los asesinatos de mujeres en el país.

Y lo más grave del problema es que los perpetradores de la violencia son hombres cercanos, generalmente las parejas.

Pero la violencia feminicida es producto de una cultura, de un sistema que coloca los cuerpos de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad y de riesgo, un entramado institucional que permite que maten a las mujeres.

Dada la complejidad de la problemática de la violencia su prevención, atención sanción y erradicación requiere de políticas con un carácter integral, multidisciplinario e interinstitucional, en particular cuando hablamos del nivel de atención. Al respecto, tanto la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer han señalado la obligación de los Estados parte de “otorgar medidas de atención a las mujeres víctimas de violencia a través de la creación de refugios o casas de acogida en donde se pueda brindar atención integral y servicios especializados para las víctimas”.

El pasado jueves 21 de febrero, por medio de un comunicado publicado en la página electrónica del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr) se hacía del  conocimiento público que “derivado de la instrucción recibida a través de la circular uno de fecha 14 febrero de 2019, firmada por el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo informado por el titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, licenciado Ángel Rodríguez Alba, mediante oficio 309-2019  de fecha 18 de febrero de 2019,  con esta fecha se suspende la convocatoria pública para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos, que viven violencia extrema y, en su caso, a sus centros de atención externa 2019, acatando cabalmente la decisión del ciudadano presidente de “no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano (...)”

En resumen, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, los refugios para mujeres que viven violencia extrema no recibirán subsidios del gobierno para la prestación de servicios este año.

De acuerdo al artículo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, suspender esa convocatoria, es claramente un acto de violencia institucional, pues de acuerdo a un comunicado de la Red Nacional de Refugios con esa decisión  estarían en riesgo más de 20 mil mujeres que son atendidas en los refugios y centros de atención externa.

Los recursos que se etiquetaron a través del anexo 13 entre los cuales se encuentran los asignados al Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva de donde se subsidian los refugios y centros de atención externa deben ejecutarse para los fines para los que fueron asignados.

Dicha convocatoria establece las bases para acceder a los más de 346 millones de pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, en el Presupuesto de Egresos de la Federación por tanto no puede ser suspendida sin fundamento legal o normativo.

Dada la violencia feminicida que permea en todo el territorio nacional, los recursos destinados para mujeres, hijos e hijas en situación de violencia salvan vidas.

La sociedad civil organizada fue quien en la década de los noventa, inició acciones para cumplir con las recomendaciones de la CEDAW, proporcionando servicios de protección a las mujeres víctimas de violencia familiar, y así surgieron los refugios.

Los refugios se ubican en el tercer nivel de atención que brinda a las mujeres un espacio de rehabilitación, capacitación y protección temporal que les permite reconstruir una vida libre de violencia a partir de proporcionar a las mujeres servicios de atención integral.

En México operan actualmente 72 refugios de los cuales 34 pertenecen a organizaciones de la sociedad civil, 4 a instituciones de asistencia privada y 34 son instituciones públicas. Cuarenta y cuatro refugios (33 de la OSC y 11 de gobierno) se articularon en la Red Nacional de Refugios (RNR). Esta Red promueve el intercambio de buenas prácticas en los procesos de atención y supervisa que los servicios sean otorgados siguiendo los principios de derechos humanos y perspectiva de género.

Los refugios restituyen derechos, previenen feminicidios promueven el acceso a la justicia, a la protección y a la atención integral especializada. Entre otras muchas acciones:

• Previenen consecuencias mortales, como el homicidio o el suicidio.

• Promueven la autonomía y ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, niñas y niños.

• Son espacios de atención y servicios integrales y multidisciplinarios  para el empoderamiento de mujeres y niñas víctimas de violencias.

• Son promotores de oportunidades educativas, laborales y sociales encaminadas a promover una cultura de igualdad.

Los refugios salvan vidas, responden a recomendaciones derivadas del noveno informe en el tema de atención a la violencia que el Estado mexicano presentó ante al Comité CEDAW, mencionamos dos de ellas, que el Estado parte:

– Adopte medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres

– Refuerce los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los feminicidios, y las desapariciones forzadas, desglosados por tipo de violencia y relación con los perpetradores.

Reiteramos que el primer garante del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias debe ser el Estado, el Ejecutivo federal, debe actuar conforme a derecho, respetando en todo momento el marco normativo nacional e internacional.

Por su parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró la suspensión de la convocatoria dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones públicas para la asignación de subsidios a proyectos de coinversión para la operación de refugios y, en su caso, Centros de Atención Externa que atienden a mujeres en situación de violencia extrema y sus hijas e hijos les propicia más vulnerabilidad y las deja en un estado de mayor indefensión respecto de la protección de sus derechos fundamentales.

Para esta Comisión Nacional, la falta de recursos para la operación de los refugios puede afectar la dignidad de las mujeres víctimas de violencia extrema y de sus menores hijas e hijos al poner en riesgo el cumplimiento efectivo del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el interés superior de la niñez, sin omitir que puede ampliarse la prevalencia de la violencia feminicida en el país.

La construcción de una democracia no puede basarse en decisiones de política pública tomadas “por oficio” y en “circulares”. Las y los ciudadanos merecemos un buen gobierno que tome decisiones basadas en la evidencia, con una planeación acorde a los diagnósticos de cada caso. Y que no anuncie un día que una convocatoria de esa importancia se suspende y al otro que “dicha convocatoria está en revisión”.

Como dice Rita Laura Segato “Yo creo que aquel último gesto que es un crimen, es producto de una cantidad de gestos menores que están en la vida cotidiana y que no son crímenes, pero son agresiones también. Y que hacen un caldo de cultivo para causar este último grado de agresión que sí está tipificado como crimen... pero que jamás se sucedería si la sociedad no fuera como es. Se sucedería en un psicópata, pero la mayor cantidad de violaciones y de agresiones sexuales a mujeres no son hechas por psicópatas, sino por personas que están en una sociedad que práctica la agresión de género de mil formas pero que no podrán nunca ser tipificadas como crímenes.”

Las diversas formas y tipos de violencia hacia las mujeres, son producto de esas acciones, decisiones y omisiones que se toman cada día desde el ciudadano de a pie hasta aquel que tiene a su cargo el gobierno del país.

Si bien es cierto que posterior a la emisión de la circular en la que se informaba la suspensión de la convocatoria, gracias a la movilización de organizaciones de la sociedad civil, activistas, legisladores, y organismos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que evidenciaron el impacto que tendría en la vida y supervivencia de mujeres, niñas y niños, que huyen de contextos marcados por alta violencia, el gobierno federal rectificó y reabrió la convocatoria; no podemos tomar con ligereza la emisión de documentos que carecen de formalidad por parte del Ejecutivo federal, así como de las medidas irreflexivas que no son más que una conducta irresponsable que atenta contra la vida de las personas obstaculizando el uso de los recursos asignados, así como un retroceso en materia de derechos humanos al coartar su derecho a una vida libre de violencia.

Es por ello que por lo anteriormente expuesto se someten a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud federal, doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, a garantizar a las mujeres, niñas y niños en situación de violencia extrema espacios seguros para salvaguardar su vida; mediante el ejercicio eficiente de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, para la atención, sanción y erradicación de la violencia particularmente de los refugios y centros de atención externa.

Segundo.La honorable Cámara de Diputados hace un respetuoso llamado al titular del Ejecutivo federal, a qué en la toma de decisiones que tenga por objeto el combate a la corrupción y la implementación de la austeridad, no se vean afectados los recursos destinados a los programas vitales que atienden casos de violencia extrema y derechos de las mujeres.

Notas

1 Estremecedoras cifras de feminicidio en México; las mujeres no están seguras. La Verdad, Fecha de consulta 22 de febrero de 2019, en URL:

https://laverdadnoticias.com/mexico/Estremecedoras-cifras-de-feminicidio- en-Mexico-las-mujeres-no-estan-seguras-20190219-0119.html

2 https://www.animalpolitico.com/2019/02/gobierno-federal-deja-sin-recursos- publicos-a-refugios-para-mujeres-victimas-de-violencia/

3 En el artículo 18 de la LGAMVLV se define la violencia feminicida como los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

4 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Com_ 2019_070.pdf

5 https://latinta.com.ar/2017/09/rita-segato-falla-pensamiento-feminista- violencia-genero-problema-hombres-mujeres/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2019.— Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

RECONOCER LA COMPETENCIA DEL COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, regulada en los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, a cargo de la diputada Laura Martínez González, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Laura Martínez González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

No obstante que las desapariciones forzadas fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, actualmente la desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo.

Hoy en día, en pleno siglo XXI, en el Estado mexicano es un fenómeno generalizado de violación sistemática a derechos humanos.

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, (en adelante la “Convención”), es un instrumento internacional jurídicamente vinculante que busca prevenir este fenómeno y reconocer el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, la verdad y a una reparación del daño.

De acuerdo con la Convención ratificada por el Estado mexicano el 18 de marzo de 2008, se entiende por desaparición forzada:

“El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”

El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en virtud de la resolución A/RES/65/209, expresó su preocupación, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

En el Estado mexicano, después de la llamada “guerra contra el narco” se han visibilizado miles de casos de desapariciones forzadas en todo el país, algunos han llegado a las instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, asimismo el número de fosas clandestinas que se van encontrando todos los días, han normalizado la desaparición forzada.

A manera de ejemplo, algunos casos de desaparición forzada en México visibilizados en la comunidad internacional son: el caso de Rosendo Radilla Pacheco, en Guerrero; el caso Ayotzinapa, en Guerrero; el caso Calera, en Zacatecas; el caso Tierra Blanca, en Veracruz; y el caso del municipio de Cuauhtémoc, en Chihuahua.

En nuestro país se ha implementado el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (en adelante “RNPED”), el cual, ha sido operado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El RNPED integra los datos de personas no localizadas obtenidos a partir de las denuncias presentadas ante la autoridad ministerial correspondiente. Las cifras que más adelante se señalan, presentan el total de registros de personas relacionadas con averiguaciones previas y carpetas de investigación del fuero federal iniciadas en el periodo comprendido entre enero de 2014 y abril de 2018, y que permanecen sin localizar al 30 de abril de 2018.

En las Observacionesde seguimiento del Comité contra la Desaparición Forzada (en adelante “CED”, por sus siglas en inglés) sobre la información adicional presentada por el Estado mexicano en virtud del artículo 29, párrafo 4, de la Convención, estableció en su párrafo quinto, que:

“5. El Comité reitera su recomendación (CED/C/ MEX/CO/ 1, párrafo 14) al estado parte de reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención con miras a reforzar el régimen de protección contra las desapariciones forzadas previsto en la misma.”

El CED está integrado por diez expertos independientes y supervisa el cumplimiento de la Convención, asimismo, se encarga de revisar los informes que presentan de manera periódica los Estados Partes sobre las medidas que han tomado para implementar las disposiciones de la Convención.

El artículo 31.1 de la Convención, establece que cada estado parte podrá declarar, que reconoce la competencia del CED para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por este estado parte de las disposiciones de la Convención.

Aunado a lo anterior, en el artículo 32 de la Convención, se establece que cada estado parte podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un estado parte alegue que otro estado parte no cumple con las obligaciones que le impone la presente Convención.

Sin embargo, el Estado mexicano no ha realizado la declaración en la que reconozca la competencia del CED, con ello se vulnera el derecho de las víctimas de desaparición forzada a acceder a instancias internacionales.

Por otro lado, a finales del mes enero de 2019, el juez Martín Adolfo Santos Pérez, titular de Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, ordenó al Estado mexicano concluir los procedimientos para reconocer la competencia del CED con el fin de recibir y examinar comunicaciones individuales por ese delito. Asimismo, otorgó el amparo a la familia Trujillo Herrera, manifestando que las autoridades federales fueron omisas para llevar a cabo los procesos que permitan la admisión de la competencia del CED. En consecuencia, el juez otorgó un plazo de 60 días naturales a las autoridades federales para finalizar los procedimientos de reconocimiento de la competencia del CED.

Es por lo anterior, que es un deber para el Estado mexicano reconocer la competencia del CED, cumpliendo con el principio de progresividad de los derechos humanos, con la finalidad de permitir que las víctimas directas e indirectas de las desapariciones forzadas puedan acudir a instancias internacionales y por las más de 40 mil de personas que han sido desaparecidas.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, a efecto de que reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, regulada por los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Notas

1 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos”, sentencia de fecha 23 de noviembre de 2009.

2 Consultado en:

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/254.asp, fecha de consulta 18 de febrero de 2019.

3 Consultado en:

https://www.proceso.com.mx/411865/caso-calera-las-siete-nuevas- victimas-del-ejercito, fecha de consulta 18 de febrero de 2019.

4 Consultado en:

https://www.milenio.com/policia/cndh-pide-reparar-dano-familias-caso- tierra-blanca, fecha de consulta 19 de febrero de 2019.

5 Consultado en:

https://www.proceso.com.mx/394809/chihuahua-mil-500-desapariciones, fecha de consulta 18 de febrero de 2019.

6 Consultado en:

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de- datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped, fecha de consulta 18 de febrero de 2019.

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 Consultado en:

https://www.hchr.org.mx/images/CED_C_MEX_FU_1_33066_S.pdf, fecha de consulta 18 de febrero de 2019.

10 Consultado en:

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/28/abre-juez-via-para-que-la- onu-revise-desapariciones-1108.html, fecha de consulta 18 de febrero de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2019.— Diputada Laura Martínez González(rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

SE RESPETE EL PACTO FEDERAL EN MATERIA DE LA DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS FISCALES A TRAVÉS DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a respetar el pacto establecido en la CPEUM en materia de distribución de ingresos fiscales entre federación, estados y municipios y no concentrar recursos, facultades y funciones correspondientes a los gobiernos locales del Fondo para el Desarrollo Sustentable para Estados y Municipios Mineros, a cargo del diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Miguel Alonso Riggs Baeza, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral I, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Seguimos viendo un gobierno federal sin rumbo que no acierta a definir políticas públicas que efectivamente transformen la vida de las instituciones y de los mexicanos.

Vemos un gobierno federal ocupado y preocupado en generar el clientelismo y la dependencia a un sistema político del que nadie debería sentirse orgulloso. La repartición de recursos que todos los días se anuncia no va a acabar con el hambre, ni con la sed de justicia.

El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, mejor conocido como Fondo Minero, se integra con los recursos recaudados por los derechos mineros. Estos recursos deben destinarse a mejorar el desarrollo social, ambiental y urbano de las comunidades mineras afectadas con las actividades de exploración y explotación de sustancias minerales. Y ahora es lo que el gobierno federal se quiere a adjudicar para entregarlo como microcréditos.

En el caso del estado de Chihuahua, éste recibió en 2017 450 millones de pesos que fueron destinados a obras como las ya descritas y hoy, con esta pretensión de adjudicarse este Fondo por parte del gobierno federal, se va a perder ese recurso y al menos 20 municipios del estado se verán afectados, mientras que a nivel nacional 27 estados y 225 municipios mineros se verán vulnerados por la decisión del gobierno federal.

No podemos aceptar que continuemos de esta manera. Como mencioné: no hay una sola política pública de parte del gobierno que efectivamente combata la pobreza o que genere riqueza. La repartición de recurso directo es la respuesta a todo. Sabemos que esa no es la solución y podemos imaginarnos qué es lo que está detrás.

Ahora bien, Los porcentajes de distribución de este fondo son de la siguiente manera: 20 por ciento para la Federación y 80 por ciento para alimentar el Fondo. Este último porcentaje se distribuye entre los gobiernos locales de la siguiente forma: 62.5 por ciento corresponde a los municipios y el 37.5 por ciento restante a la entidad federativa en la que haya tenido lugar la explotación y obtención de sustancias minerales. El gobierno federal puede hacer todos los programas sociales que quiera con su 20 porciento, pero debe respetar el pacto federal y entregar lo que en justicia corresponde a los estados de la República. No puede seguir concentrando facultades y recursos porque eso, más que fortalecer a la nación, termina debilitándola y tampoco puede pretender que regalando dinero va a resolver los problemas de este país pues está por demás demostrado que es a través de la subsidiariedad y no del clientelismo como el Estado ha de intervenir en la actividad de los gobernados.

Estimados compañeros y compañeras: No podemos permitir que el gobierno federal continúe arrogándose recursos que no le pertenecen y facultades que no le corresponden, esto va en detrimento del pacto federal y, en el caso que nos ocupa, en detrimento de los intereses y del bien común de las personas que viven en los municipios mineros de Chihuahua y de México. Exhortemos pues al presidente para que desista. Debemos ser los primeros en apoyar propuestas que verdaderamente ayuden a combatir la pobreza y a generar riqueza, pero también debemos ser los primeros en oponernos al retroceso y daño que genera el clientelismo, que hoy por hoy es la única bandera que este gobierno ondea.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo a someter a esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que de acuerdo con sus atribuciones, respete el pacto federal establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la distribución de ingresos fiscales entre federación, estados y municipios y no concentre recursos, facultades y funciones que les corresponde a los gobiernos locales del Fondo para el Desarrollo Sustentable para Estados y Municipios Mineros.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2019.— Diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, para dictamen.

APEGARSE AL MARCO JURÍDICO VIGENTE EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a sujetarse al marco jurídico vigente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y desarrollar licitaciones públicas y abiertas, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Soraya Pérez Munguía, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que se apegue al marco jurídico vigente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y desarrolle licitaciones públicas y abiertas, a fin de garantizar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad en el uso de recursos públicos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente administración federal está utilizando el mecanismo de “adjudicación directa” para la contratación de servicios, el desarrollo de obra pública y diversas adquisiciones.

Esta situación no sólo constituye una inobservancia a nuestro marco jurídico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, sino que, por las características de dicho tipo de transacciones, pueden derivar en delitos como conflictos de interés, favoritismos, desvío de recursos públicos y demás actos de corrupción.

Al respecto, integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción han señalado la urgencia de que el Gobierno Federal cumpla con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, e incorpore en los procesos que involucren recursos públicos la participación ciudadana e indicadores de transparencia a través de los denominados testigos sociales.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece en su artículo 26 que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria abierta para asegurar una mayor competencia.

Asimismo, indica que “en los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante”.

Para contar con un panorama general de estas irregularidades, basta indicar que por adjudicación directa se están comprando las pipas para la distribución de hidrocarburos, se entregaron los contratos para la distribución de las llamadas Tarjetas del Bienestar y se construirá la nueva refinería en Dos Bocas en el estado de Tabasco.

De igual manera, fue a través de adjudicación directa como la Cineteca Nacional adquirió más de 2 mil petates con un valor de 285 mil 418 pesos, y debido a la falta de procesos de transparencia y rendición de cuentas, parece ser que se trata de una empresa “fantasma”.

Lo anterior, a pesar de que la Secretaría de Cultura ha sostenido que se dieron anomalías en la entrega de información del proveedor. En apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público deben darse diversas sanciones, ya que en su artículo 60 establece que es causante de sanción quien proporcione información falsa o actué con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, y en la celebración de algún contrato.

El desarrollo de este tipo de mecanismos, por sus características inherentes, inhibe la competitividad y no permite asegurar las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

Una de las dependencias que más utiliza la licitación directa es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que, de los 399 contratos procesados durante estos primeros meses, por lo menos 398 han sido por adjudicación directa, por un monto casi de 2 mil 273 millones de pesos.

En estos procesos se han identificado diversas irregularidades, como posible conflicto de interés, ya que los contratos de obra pública para la construcción de carreteras, puentes y caminos se asignan a empresas asociadas a la Cámara de la Industria de la Construcción, quien a su vez funge como certificadora.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha fundamentado el sentido de adjudicaciones directas, sobre todo, porque existen empresas locales y regionales que cumplen los requisititos con creces y que su participación generaría una mayor competitividad en el sector.

Para la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción no existen condiciones para una sana competencia y garantías de que los recursos públicos se empleen con transparencia y para los fines que fueron aprobados, por tanto, solicitan que se eliminen “las adjudicaciones directas y las concesiones por invitación” ya que generan vicios y posibles actos de corrupción.

Estas acciones desarrolladas por servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contradicen los compromisos de su titular, quien en diversos momentos sostuvo “Queremos que todos los procesos de licitación sean transparentes y vamos a apoyarnos de la experiencia internacional que existe en la materia”.

Además, en la etapa de transición, aseguró que la Secretaría limitaría las adjudicaciones directas, para que estos mecanismos “sean completamente excepcionales, que todo sea por licitación”.

Bajo estas consideraciones, y a fin de prevenir actos de corrupción y uso indebido de los recursos públicos, es necesario que el Gobierno Federal y sus dependencias, se signen al marco jurídico vigente y lleven a cabo licitaciones transparentes en la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, con el objeto de asegurar las mejores condiciones.

Desarrollar licitaciones públicas y abiertas en el sector público, permite identificar los mejores presupuestos y la calidad que se requiere en obras y adquisición de materiales en el funcionamiento de las dependencias de la Administración Pública Federal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal para se apegue al marco jurídico vigente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, y desarrollen licitaciones públicas y abiertas, a fin de garantizar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad en el uso de recursos públicos.

Notas

1 Congreso de la Unión. (Última Reforma DOF 10-11-2014). Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 22/02/2019, de Diario Oficial de la Federación Sitio web:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf

2 El Universal. (2019). Cultura compra petates en 285 mil pesos a empresa fantasma. 25/02/2019. Sitio web:

http://www.eluniversal.com.mx/cultura/cultura-compra-petates-en-285-mil- pesos-empresa-fantasma

3 Congreso de la Unión. (Última Reforma DOF 10-11-2014). Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 22/02/2019, de Diario Oficial de la Federación Sitio web:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf

4 Arturo Ramos Ortiz. (2019). Sin licitación abierta, el 99.65% de la obra carretera. 25/02/2019, de Crónica Sitio web:

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1110972.html

5 Alejandro de la Rosa. (2018). No habrá contratistas favoritos: Jiménez Espriú. 25/02/2019, de El economista Sitio web:

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/No-habra-contratistas- favoritos-Jimenez-Espriu-20180822-0057.html

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de febrero de 2019.— Diputada Soraya Pérez Munguía(rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

IMPULSAR LA CREACIÓN DE ÓRGANOS ADSCRITOS A LOS PODERES JUDICIALES DE ZACATECAS Y COLIMA, QUE PUEDAN EMITIR RESOLUCIONES RELACIONADAS CON LA DESIGNACIÓN, ADSCRIPCIÓN, RATIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE JUECES

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los Congresos de Zacatecas y Colima a impulsar la creación de órganos adscritos a los respectivos Poderes Judiciales con independencia técnica y de gestión para emitir resoluciones relacionadas con la designación, adscripción, ratificación y remoción de jueces, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las legislaturas de Zacatecas y Colima a considerar la posibilidad de impulsar la creación de órganos adscritos a los Poderes Judiciales de sus respectivas entidades federativas que tengan independencia técnica y de gestión para emitir resoluciones relacionadas con la designación, adscripción, ratificación y remoción de jueces, así como revise los aspectos administrativos de dichos poderes, como sucede en el resto de las entidades federativas con los Consejos de la Judicatura locales, con base en las siguientes

Consideraciones

En la década de 1990, el Poder Judicial de la Federación experimentó una serie de cambios que definieron su estatus de independencia actual con respecto a los otros dos poderes de la unión y su impacto se difundió en los poderes judiciales locales, generando nuevas dinámicas y disminuyendo los rasgos de sometimiento que se han registrado en otros momentos de nuestra historia.

Entre los cambios esta la modernización de los medios y modos para la elección de la cúpula de los poderes judiciales federal y locales; en los procesos de transparencia y selección de los presidentes de la corte y los de los tribunales, y la creación de instancias separadas de la Corte y de los tribunales que tienen la difícil labor de administrar a los poderes judiciales, impulsar el servicio de carrera judicial, sancionar e investigar posibles irregularidades, ubicar a los juzgadores, definir esquemas e instancias de capacitación y otras funciones que permiten que la corte y los tribunales se concentren en las labores sustantivas que les corresponden. Estas instancias son los Consejos de la Judicatura.

Hoy estamos ante el umbral de una nueva etapa de cambios, ya se perfilan las nuevas necesidades de reforma, sin embargo, existen aún entidades federativas que no han dado el paso en el desarrollo institucional de los poderes judiciales que la mayoría del país dio desde la década de 1990 hasta la fecha.

La construcción de poderes judiciales más fuertes e independientes es un requisito indispensable en la construcción de una sociedad más justa donde la ley se cumpla y la justicia se aplique.

En consecuencia, la propuesta con punto de acuerdo que se presenta está orientada a exhortar respetuosamente a las legislaturas de esas dos entidades federativas que no cuentan aún con Consejo de la Judicatura Federal, Colima y Zacatecas, a considerar la posibilidad de desarrollar sus instituciones jurisdiccionales en esa dirección.

Por lo expuesto se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las legislaturas de Zacatecas y Colima, en el ámbito de sus facultades, a considerar la posibilidad de impulsar la creación de órganos adscritos a los Poderes Judiciales de sus respectivas entidades federativas que tengan independencia técnica y de gestión para emitir resoluciones relacionadas con la designación, adscripción, ratificación y remoción de jueces, así como revise los aspectos administrativos de dichos poderes, como sucede en el resto de las entidades federativas con los Consejos de la Judicatura locales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2019.— Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

PUBLICAR LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, ASÍ COMO DEL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a hacer pública con la mayor brevedad toda la información reservada o clasificada sobre la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro y del SME, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena y PT

Los suscritos, diputados Nelly Minerva Carrasco Godínez, Érika Vanessa del Castillo Ibarra, Sergio Pérez Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, y Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en nombre propio, así como de las diputadas y los diputados abajo firmantes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 65, numeral 4, 76, numeral 1, fracción IV, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y III, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de ésta soberanía, la presente:

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

Por el que se exhorta a la presidencia de la República y a las Secretarías de Gobernación, Energía, Trabajo y Previsión Social, Hacienda y Crédito Público, Función Pública, así como al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a la Comisión Reguladora de Energía, a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y, a la Comisión Federal de Electricidad, para que a la brevedad se haga pública toda la información reservada y o clasificada, relativa a la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro, Organismo Público Descentralizado así como del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Antecedentes

1. La Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC) fue un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que generó, transmitió, distribuyó y comercializó energía eléctrica en la zona central de México, es decir: a todo el Distrito Federal, a 82 (ochenta y dos) municipios del estado de México, dos de Morelos, tres de Puebla y 45 (cuarenta y cinco) de Hidalgo.

2. El 11 de octubre de 2009 se publicó en el Diario Oficial el decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que, según el referido decreto, conservaría su personalidad jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación, con lo que se inició su proceso de liquidación administrativa, en tanto la operación eléctrica comenzó a operarla la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

3. El decreto citado establece que la liquidación de Luz y Fuerza del Centro estará a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para lo cual tendrá las más amplias facultades para actos de administración, dominio y pleitos y cobranzas, y para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquéllas que en cualquier materia requieran poder o cláusula especial en términos de las disposiciones aplicables, así como para realizar cualquier acción que coadyuve a un expedito y eficiente proceso de liquidación.

4. Del contenido del multicitado decreto se desprende que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, por sí o por conducto de terceros en términos de las disposiciones aplicables, puede intervenir de inmediato para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes, derechos, activos, juicios, obligaciones, pasivos, contratos, convenios y recursos, así como para acreditar la extinción de los órganos de dirección, unidades administrativas y demás instancias de funcionamiento de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro en tanto que, el gobierno federal está obligado a garantizar el pago de las jubilaciones otorgadas a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

5. La situación interna y el contexto de la compañía fue soslayada y ocultada en los considerandos del decreto de extinción y liquidación de Felipe Calderón, que enfocó sus argumentos en contra de los trabajadores electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sus salarios y lo que, en su momento el gobierno, calificó como monstruosas prestaciones sociales y económicas del contrato colectivo de trabajo. Hay que tener en cuenta el grado de manipulación de estos argumentos, pues el gobierno federal nunca los pudo probar, pues los Estados Financieros consolidados y auditados muestran que ni los trabajadores, ni sus salarios y prestaciones fueron responsables de la quiebra técnica de LFC.

6.Todo el proceso de extinción liquidación de Luz y Fuerza del Centro, particularmente desde abril de 2013 en que se inicia la negociación directa entre la dirección del SME y la Secretaría de Gobernación (Segob), ha brillado por su opacidad y falta de transparencia, como lo hacen evidente decenas de solicitudes de información negadas tanto por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), la Secretaría de Energía y la Segob, entre otras entidades de la administración pública federal, que han respondido que toda esta información está clasificada como reservada por periodos que van de 4 a 12 años. Es decir, una vez que se ejecutó el proceso de extinción-liquidación, se han suscitado diversas anomalías, controversias y actos plagados de opacidad, que vulneran los ordenamientos constitucionales y convencionales y por ende, los derechos laborales así como los relativos a la administración pública y los bienes nacionales, esto es, a los intereses de la nación, mismos que han sido materia de controversias e incluso, de 18 exhortos emitidos desde ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

7. Toda vez que el ejercicio y reclamo de los derechos de las partes involucradas, incluyendo a la nación, depende de la información generada durante el proceso y tomando en cuenta que gran parte de la información se encuentra reservada y o clasificada y considerando que sin mediar motivación suficiente, sólo se funda la reserva en dudosas cuestiones de interés público o de seguridad nacional; entonces es indispensable que de manera inmediata, se inicie un procedimiento de transparentar el proceso en general que inicie por desclasificar, quitar todo tipo de reserva y hacer público el contenido de acuerdos, contratos, convenios, auditorías, dictámenes, decretos, circulares, oficios, memorándum, de títulos de concesión o concesión y de cualquier otro documento que contenga información de los trámites y procedimientos principales y accesorios relacionados con el proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

Considerandos

Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6o. establece el derecho al acceso de información, texto constitucional que en su parte conducente es del tenor siguiente:

Artículo 6o.

...

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

VIII. La federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

...

...

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.

El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

B. ...

Segundo. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 65, numeral 4, 76, numeral 1, fracción IV, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Tercero. Respecto a la a la extinción y liquidación de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro, se han dado una serie de irregularidades y controversias que han sido suficientemente públicas y documentadas en diversos ámbitos, implicando específicamente la reserva o clasificación de información insuficientemente motivada.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de ésta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la presidencia de la República y a las Secretarías de: Gobernación, Energía, Trabajo y Previsión Social, Hacienda y Crédito Público, Función Pública, así como al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, para que a la brevedad se haga pública toda la información reservada y/o clasificada, relativa a la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro, Organismo Público Descentralizado así como del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Segundo. Se solicita al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a transparentar y hacer públicos los datos relativos a: el número o identificador de los expedientes involucrados con el proceso de extinción del organismo Luz y Fuerza del Centro, y coadyuve con el proceso de desclasificación de documentos con los órganos e instituciones señalados en el numeral que antecede.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 26 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Nelly Minerva Carrasco Godínez, Érika Vanessa del Castillo Ibarra, Sergio Pérez Hernández, Gerardo Fernández Noroña, Javier Hidalgo Ponce, Víctor Gabriel Varela López, Ana María Rodríguez Ruiz, Gabriela Sánchez Ortiz, Marco Antonio González Reyes, Diego Eduardo del Bosque Villarreal, Alma Delia Navarrete Rivera, Laura Martínez González, María Eugenia Hernández Pérez, Gustavo Contreras Montes, Lidia García Anaya, Socorro Bahena Jiménez, María Teresa Mora Ríos, Delfino López Aparicio, David Orihuela Nava, Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, Pablo Gómez Álvarez, Martha Robles Ortiz, Juan Carrillo Luna, Karla Almazán Burgos, Dolores Padierna Luna, Édgar Guzmán Valdez, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Rosalba Valencia Cruz, Manuel Gómez Ventura, Carmen Patricia Palma Olvera, Mildred Ávila Vera, María Luisa Vélez Silva, Felipe Rafael Arvizu de la Luz, María Elizabeth Díaz García, Agustín Reynaldo Huerta González, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, Marco Antonio Reyes Colín, Miroslava Carrillo Martínez, Maximino Alejandro Candelaria e Inés Parra Juárez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

SE INICIE EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA ELECTORAL DEPORTIVA, EN LA CONADE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP, como presidenta de la Junta Directiva de la Conade, a convocar a reunión de integrantes a efecto de iniciar el proceso de designación del consejero presidente y dos consejeros titulares, con los respectivos suplentes, del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, a cargo del diputado Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN

Ricardo Flores Suárez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fración I, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El 23 de abril de 2013 el Congreso de la Unión aprobó la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD), que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del citado año;

II. En el artículo 59 de la LCGCFD, se establece que los procesos electorales de los órganos de gobierno y representación de las Asociaciones Deportivas Nacionales serán vigilados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a través del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (Coved).

III. El Coved es un órgano adscrito orgánicamente a la Conade que vela de forma inmediata por el ajuste a derecho de los procesos electorales en los órganos de gobierno y representación de las Asociaciones Deportivas Nacionales, vigilando que se cumplan con los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades dentro del marco de los principios democráticos y representativos y con estricto apego de las disposiciones estatutarias y legales aplicables.

IV. En caso de existir alguna controversia en cualquiera de las fases de los procesos de elección de los órganos de gobierno y representación de las Asociaciones Deportivas Nacionales, el Coved es la instancia encargada de resolverla; lo anterior de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de esta LGCFD y los demás ordenamientos aplicables, garantizando el derecho de audiencia de los interesados.

V. Si bien las resoluciones dictadas por el Coved en relación con la solución de las controversias pueden ser impugnadas, este órgano es el responsable de expedir a las asociaciones deportivas nacionales, la constancia que acredita que en determinado proceso electoral de los órganos de gobierno y de representación al interior de las mencionadas asociaciones se cumplió con los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades dentro del marco de los principios democráticos y representativos y con estricto apego de las disposiciones estatutarias y legales aplicables.

VI. Desde que se expidió la Ley General de Cultura Física y Deporte, el 7 de junio de 2013 a la fecha, las asociaciones deportivas nacionales que forman parte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, no han podido obtener la constancia que acredita que en la renovación de algún órgano de gobierno o de representación, las asociaciones si garantizaron a sus afiliados, el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades con estricto apego de las disposiciones estatutarias y legales.

VII. La importancia de contar con la constancia del Coved, se debe a que es uno de los requisitos que tienen que cumplir cada una de las asociaciones deportivas nacionales para ser sujetos de los apoyos y estímulos que en su caso acuerde el Ejecutivo federal en términos del artículo 55 de la LGCDFD .Al respecto, es importante subrayar lo previsto en el artículo 34 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, publicado el 28 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 34. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte podrá otorgar subsidios a las asociaciones deportivas nacionales y demás instituciones y organismos públicos, siempre y cuando cumplan con la Ley General de Cultura Física y Deporte, su Reglamento, y demás disposiciones aplicables.

VIII. La problemática descrita, resulta preocupante debido a que en más de dos ocasiones los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) han sido exhortados por diputados federales de Acción Nacional, sobre la necesidad de designar a los integrantes del Coved, -LXII y LXIII Legislaturas específicamente- y al respecto la dependencia no ha fijado una postura oficial.

IX. Han pasado prácticamente seis años desde la expedición de la LGCFD y la Secretaría de Educación Pública ha permanecido en la omisión legislativa en uno de los temas torales para el futuro de las federaciones y máxime cuando la LGCFD, reconoce la actuación de las federaciones de utilidad pública por tratarse de órganos colaboradores del Estado mexicano.

X. Ante la sistemática omisión de los diversos titulares de la SEP en uno de los temas fundamentales para el futuro no sólo de las asociaciones deportivas nacionales sino del derecho fundamental a la cultura física y la práctica del deporte, es urgente que el titular de la Secretaría de Educación Pública cumpla con la obligación legal de convocar a la Junta Directiva de la Conade para designar a los integrantes del Consejo de Vigilancia Electoral.

Por lo expuesto, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, en el marco de sus atribuciones como presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, convoque a reunión de sus integrantes para efectos de iniciar el proceso de designación del consejero presidente y dos consejeros titulares con sus respectivos suplentes del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 26 de febrero de 2019.— Diputado Ricardo Flores Suárez(rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

FORTALECER Y CONSOLIDAR LOS REFUGIOS PARA MUJERES QUE VIVEN EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EXTREMA

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a fortalecer acciones que permitan garantizar la permanencia y consolidación de los refugios para mujeres en situación de violencia extrema, a cargo de la diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Lourdes Érika Sánchez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Los refugios de mujeres que viven violencia extrema son una política social que busca generar un espacio de protección, alojamiento y atención a mujeres, sus hijas y sus hijos que se encuentran en situación de violencia extrema y cuya vida se halla en peligro.

Desde hace 19 años, estos espacios temporales se caracterizan por brindar seguridad y apoyar a que las víctimas puedan restituir todos sus derechos que fueron violentados a causa de las situaciones de violencia, de ahí que brinden servicios especializados como son hospedaje, alimentación, vestido y calzado, atención médica, asesoría jurídica, atención psicológica, programas de educación y capacitación para el empleo.

Son fundamentales porque permiten ofrecerles a las mujeres víctimas de violencia alternativas para reconstruir su vida. Actualmente, han atienden a 20 mil usuarias y existe al menos un centro de esta naturaleza en todas las entidades federativas.

Los refugios surgieron como iniciativa de la sociedad civil organizada y del logro de los movimientos de mujeres que visibilizaron este problema y lo colocaron en la agenda pública.

De acuerdo con el modelo de atención en refugios para mujeres víctimas de violencia y sus hijas e hijos, una mujer víctima de violencia extrema ingresa a estos centros y se mantiene en ahí hasta por un periodo máximo de tres meses, durante los cuales recibe atención integral a través de un programa reeducativo que tiene por finalidad romper con el círculo de violencia.

Cabe destacar que las mujeres internadas son únicamente aquellas que se consideran en situación de violencia feminicida y por tanto, su vida se encuentra en peligro, adicionalmente atienden a mujeres que muchas veces no cuentan con ningún otro apoyo. De ahí que para el internamiento se establezca una valoración de riesgo en donde se evalúa la situación de violencia y se observan cuestiones como lesiones previas que pongan en peligro la vida de la mujer, sus hijas e hijos, aislamiento extremo, inadaptación a las actividades de la vida diaria, depresión y redes de apoyo social inexistentes o inseguras.

Así, cuando se desarrolla un incidente de violencia, las instituciones públicas y privadas que atienden a víctimas tienen la obligación de canalizar a quienes más lo requieren a través de los siguientes criterios:

• Que no cuenten con redes de apoyo familiar o social;

• Que su solicitud de ingreso sea voluntaria, mediante la firma de una carta de ingreso.

• En los casos de mujeres que a su ingreso presentaran síntomas de padecimientos psiquiátricos no controlados, o afectaciones graves que se deriven de la situación de violencia en que se encuentran inmersa.

A partir de estos criterios generales, los refugios se encuentran operados mediante una estricta reglamentación, a cargo de organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro que se encuentran apoyadas por el financiamiento del gobierno, sin el recurso público estos espacios corren el riesgo de desaparecer.

De ahí que la suspensión temporal de la convocatoria pública para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas, e hijos que viven violencia extrema y, en su caso, sus centros de atención extrema, fue considerada como un error e incumplimiento a las obligaciones derivadas de la legislación en materia de género.

Si bien es cierto que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud publicó la convocaría, resulta fundamental establecer y garantizar la permanencia de los refugios porque constituyen una obligación del Estado. De a acuerdo con la fracción VI del artículo 8 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, son los gobiernos federal, estatal y municipal quienes tienen la obligación de asegurar su permanencia.

Artículo 8. ...

I a V. ...

VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos; la información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y legal especializados y gratuitos. Las personas que laboren en los refugios deberán contar con la cédula profesional correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo. En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo violencia.

Si bien es cierto que todo gobierno tiene prioridades en el marco de la conformación de políticas públicas, existen subsidios y acciones que no pueden ser suspendidas. No basta con corregir el error, sino que resulta necesario establecer acciones que fortalezcan el importante trabajo que se realizan en los refugios de mujeres.

Basta señalar que, de acuerdo con el Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), de las 8.4 millones de mujeres víctimas de violencia de pareja, 337 mil mujeres manifestaron requerir intervención hospitalaria y quirúrgica, el mismo porcentaje sufrió quemaduras o perdió dientes a causa de las agresiones, asimismo 2.8 por ciento tuvieron un aborto o parto prematuro.

La violencia contra la mujer, sus hijas e hijos constituyen uno de los fenómenos más lesivos de la sociedad mexicana. México ocupa el número 23 de 112 países con mayor número de feminicidios y por tanto no podemos siquiera dudar en el recorte de recursos económicos a programas y acciones que han permitido marcar una diferencia en este problema.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a fortalecer acciones que permitan garantizar la permanencia y consolidación de los refugios para mujeres que viven en situación de violencia extrema, con el objetivo de evitar que sean expuestas a actos que pongan en riesgo su integridad física y su vida.

Notas

1 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101267.pdf

2 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101219.pdf

3 Convim. https://www.gob.mx/conavim

4 Endireh, 2016.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2019.— Diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

PROHIBIR LA CIRCULACIÓN Y/O PASEO DE PERROS SIN CORREA Y VIGILANCIA EN LA VÍA PÚBLICA

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los ayuntamientos a incluir en su normativa medidas para prohibir la circulación o el paseo de perros sin correa ni vigilancia en vía pública, parques y calles, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los municipios de la República Mexicana a que incluyan medidas en su normatividad municipal para que se prohíba la circulación y/o paseo de perros en la vía pública, parques y calles sin correa y vigilancia de una persona responsable y se creen o endurezcan las sanciones correspondientes, con base en las siguientes

Consideraciones

Tener una mascota requiere de mucha responsabilidad, vacunas, cuidados, paseos, entre otros. Desafortunadamente no todas las personas que adquieren o adoptan una mascota se convierten en dueños responsables. El maltrato animal y la sobrepoblación callejera, producto del abandono por parte de sus dueños, son una constante.Los animales agresivos son el resultado del maltrato que los dueños ejercen contra ellos, muchas veces la manera de educarlos es a base de castigos, refuerzos negativos y muchas veces con maltratados o agresiones.

La revista británica Applied Animal Behaviour Science realizó un estudio con la intención de analizar la conducta agresiva de las razas de perros, como resultado encontraron que “la conducta agresiva del perro se debe en mayor medida a la conducta agresiva del dueño”. Estos animales entrenados con castigo y refuerzo negativo tienen el doble de posibilidades de gruñir o morder a los extraños, su comportamiento puede ser hostil, agresivo o ambos.

En noviembre de 2017, la Brigada de Seguridad Animal dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública en la Ciudad de México, contabilizó 165 ataques directos de perros contra personas; dentro de este registro se encuentra la defunción de un menor de edad a consecuencia de uno de estos ataques.

Lamentablemente existen varios casos de personas, sobre todo niñas y niños que no han sobrevivido a ataques de perros. El miércoles 17 de julio de 2017, una niña de tres años de edad perdió la vida al ser atacada por un perro en la todavía delegación Coyoacán de la Ciudad de México; En diciembre de 2016, un niño de dos años de edad, murió por el ataque de un perro en Morelos; En Saltillo también en diciembre del mismo año un niño de tres años falleció a causa de un ataque de un perro. También en 2016 en Guanajuato tres perros mataron a mordidas a una mujer de 96 años; y como estos hay casos alrededor de toda la República Mexicana.

A pesar de existir reglamentación y multas en varios municipios en los que se indica que los perros deben ser paseados siempre con correa, y en ocasiones hasta con bozal, esta normatividad no se cumple a cabalidad y tenemos consecuencias como las ya mencionadas en el párrafo anterior,  dejando resultados realmente trágicos e irreparables en la mayoría de los casos.

Por lo que con la finalidad de salvaguardar el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y de las personas en general, así como prevenir que los animales sean sacrificados a consecuencia de sus actos, solicito respetuosamente a los municipios de toda la República Mexicana, tomen las medidas necesarias para que no se permita la circulación de perros sin correa en las calles, parques y en toda la vía pública y sin las vigilancia de una persona responsable de ellos.

En algunos parques existen  espacios confinados  para pasear a los perros sin correa y sin que se corra el riesgo de un posible ataque o agresión a las personas que asisten a estos lugares a realizar diversas actividades; además de ser seguros también para ellos, ya que protegen la integridad de los animales al cuidar que no sean robados o atropellados en la vía pública.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta de manera respetuosa a todos los municipios de la República Mexicana a que incluyan medidas en su normatividad municipal para que se prohíba la circulación y/o paseo de perros en la vía pública, parques y calles sin correa y vigilancia de una persona responsable y se creen o endurezcan las sanciones correspondientes.

Segundo.Se exhorta de manera respetuosa a todos los municipios de la República Mexicana para que realicen campañas de información, difusión y prevención sobre las normas a seguir cuando se cuenta con una mascota, para que tanto dueños como autoridades puedan realizar un pacto de civilidad que genere una sana convivencia.

Notas

1 Jiménez, Gerardo (2017). Debes estar alerta, cada mes hay 15 ataques de perros. En línea. Excélsior.

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/11/24/1203270

2 Martínez, Laura. No hay razas de perro peligrosas, sino dueños peligrosos. Muy Interesante. En línea.

https://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/no-hay-razas-de- perro-peligrosas-sino-duenos-peligrosos-221394019357

3 Ídem.

4 Jiménez, Gerardo (2017). Debes estar alerta, cada mes hay 15 ataques de perros. En línea. Excélsior.

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/11/24/1203270

5 Redacción. (2017). Recuento: Cinco ataques de perros en los últimos dos años. El Universal. En línea.

https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/07/19/ recuento-cinco-ataques-de-perros-en-los-ultimos-2-anos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2019.— Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, para dictamen.

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES ANTE LA CRECIENTE INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la urgente atención e implantación de estrategias y acciones ante la creciente inseguridad en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Graciela Zavaleta Sánchez, diputada a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la urgente atención e implementación de estrategias y acciones ante la creciente inseguridad en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, del estado de Oaxaca, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Como en otras regiones del país, Oaxaca vive una situación de grave y creciente inseguridad que afecta a diversos municipios. El pasado 10 de octubre, dos centros nocturnos en la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec fueron atacados con granadas causando heridas a seis personas. Los niveles de violencia en esa localidad han rebasado los límites. De acuerdo con informaciones divulgadas en medios, “de enero a agosto del 2018, mil 346 personas fueron asesinadas en Oaxaca, entidad gobernada por Alejandro Murat Hinojosa.

Los casos de delitos contra la vida y la integridad corporal, en el mismo periodo, alcanzaron los 6 mil 452”.

Las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017 para el Oaxaca del Instituto Nacional de Geografía y Estadística indican que más del 23  por ciento de los hogares del estado tuvo en su seno una víctima del delito durante el 2016. La misma encuesta afirma que sólo se denunció el 7.3 por ciento de los delitos en el estado y sólo el 5,4  por ciento inició la averiguación previa como demuestran las cifras de 2016.

La situación de violencia continúa al alza. En la actual administración estatal se han propuesto estudios para conocer de qué manera es necesario afrontar la problemática. Así se ha desarrollado el Plan Estratégico Sectorial Gobernabilidad y Seguridad. Subsector: Seguridad Pública 2016-2022 del gobierno del estado de Oaxaca ofreciendo aspectos particularmente alarmantes. Así indica que “en el tema de seguridad, la entidad pasó de un ser un estado medianamente seguro a uno con una situación de inquietante inseguridad. La percepción sobre inseguridad en Oaxaca pasó, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) de Inegi, de ocupar un cuarto lugar entre los temas que más preocupaban a la ciudadanía oaxaqueña en 2016 a un tercer lugar en 2017”.

Oaxaca requiere de medidas efectivas que permitan la mejor aplicación de recursos y la realización de acciones para prevenir el delito. En el primer semestre de 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó 21 mil 159 delitos en Oaxaca destacando homicidios, feminicidios, robo con violencia a casa habitación, de vehículos, violencia intrafamiliar, extorsión, narcotráfico y delitos electorales. Esto representa un incremento del 46 por ciento de las estadísticas registradas en el primer semestre de 2017 cuando se denunciaron 14 mil 442 delitos.

A mayor abundamiento, el mismo Plan Estratégico señala que “nunca antes como ahora, los índices delictivos y de impunidad exhibidos en los registros y reportes del gobierno del estado habían crecido de manera considerable y, en algunos casos, de forma alarmante. El incremento en la incidencia delictiva en el estado ha provocado una fuerte demanda ciudadana hacia las instancias gubernamentales para que incremente las acciones destinadas a su combate, se realice una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno y poderes del Estado, así como una mayor eficacia en su ejecución que garantice mejores resultados”.

El Plan Estratégico mencionado también realiza un diagnóstico de la situación de las corporaciones policiales oaxaqueñas destacando algunos de los problemas que enfrentan los elementos. Entre ellos, un salario mensual menor a los 8 mil pesos, escasa capacitación y la carencia de recursos para estar debidamente equipados, padecen enfermedades como obesidad, hipertensión, gastritis y miopía. Y el Plan abunda:

“La escasa capacitación oportuna, eficiente y adecuada ha provocado que un número importante de los 8 mil 684 elementos policiales estatales registrados en 2016 carezcan de las herramientas técnicas, legales y operativas para realizar sus labores con apego a las disposiciones que establece el sistema de justicia penal acusatorio, propiciando con ello que se susciten violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de los imputados, lo que ha derivado en la liberación de individuos confesos de cometer delitos de diversa naturaleza, incluyendo a integrantes de la delincuencia organizada involucrados en la comisión de delitos de alto impacto o capturados en flagrancia”.

La situación de la creciente violencia en Oaxaca llegó al punto de que los miembros del crimen organizado hayan rebasado al poder y reacción de las corporaciones municipales y estatales: Todos los días, por ejemplo, el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec padece mayor inseguridad. Asesinatos y ejecuciones se dan a plena luz del día, mientras la ejecución de acciones para la prevención del delito y la violencia en Oaxaca se ha caracterizado por no ir de la mano de los programas estatales de prevención y combate al delito.

El incremento de los feminicidios es otro foco rojo. El pasado 2018 la cuenca del Papaloapan fue la cuarta zona más peligrosa para las mujeres por concentrar el mayor número de feminicidios en el estado.

De acuerdo con la organización “Consorcio Oaxaca” en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa se han asesinado a 264 mujeres hasta el 19 de febrero de 2019, sin resultados satisfactorios sobre las indagatorias de cada caso. En julio de 2018, la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña indicó que la mayor cantidad de delitos investigados como feminicidios están en las regiones del Istmo con 48, Costa con 47 y Papaloapan con 39.vi En Tuxtepec los feminicidios se han suscitado pese a que el ayuntamiento instaló el Consejo Municipal de Alerta de Género a mediados de noviembre del año pasado.

La Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) urgieron a dar operatividad a los Consejos Municipales de Alerta por Violencia de Género en Tuxtepec, Acatlán de Pérez Figueroa, Valle Nacional y Loma Bonita. De diciembre 2018 a enero 2019 ha habido tres feminicidios confirmados registrados en Tuxtepec y Loma Bonita, mientras un asesinato más en Tuxtepec del presente mes se encuentra en proceso de investigación, que podría ser elevado a categoría de feminicidio, de acuerdo con la Unidad de Feminicidios de la FGEO.

En los primeros dos meses del 2019, la violencia llegó a tales niveles que la cifra de homicidios violentos se incrementó de forma alarmante. Tuxtepec no ha tenido tregua y los asesinatos se dan prácticamente todos los días. Es puntero de homicidios dolosos y junto con otros 15 municipios, acumularon el 48.9 por ciento de las carpetas de investigación según la organización “Semáforo Delictivo”.

La primera parte de febrero de 2019, ante el nivel de violencia y de homicidios acaecidos, llevó a las autoridades municipales de Oaxaca a realizar un urgente llamado mismo que fue difundido a través de las redes sociales. En el video, el presidente municipal de San Juan Bautista Tuxtepec reconoció la comisión de hechos que “atemorizan a las familias” cuando en la primera quincena de febrero de 2019 seis personas fueron asesinadas. El llamado de las autoridades municipales fue a la presidencia de la República y al gobernador del estado de Oaxaca para una pronta intervención en el municipio a fin de conseguir el descenso de los homicidios y devolver la tranquilidad. El mensaje íntegro del presidente municipal fue el siguiente:

“Amigos tuxtepecanos:

Me dirijo a ustedes para fijar este pronunciamiento a nombre del gobierno municipal de San Juan Bautista Tuxtepec.

Un estado de derecho que se afirma eficiente debe cumplir con su labor, no eludir su responsabilidad y hacer lo necesario para cumplir y hacer cumplir la Ley.

La seguridad de las familias tuxtepecanas es una tarea que nos compete a todos, desde nuestra trinchera, la policía municipal es un órgano de prevención del delito del fuero común y más allá de sus atribuciones, hemos emprendido acciones específicas para que la delincuencia no alcance a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ofertando herramientas que permitan el desarrollo y la integración familiar.

De un tiempo a la fecha, Tuxtepec ha vivido una serie de hechos que lastiman y atemorizan a las familias de nuestro municipio, afectan la actividad económica y frenan nuevas inversiones; en esta última semana 6 personas lamentablemente han perdido la vida en eventos similares.

Como gobierno municipal, no podemos ser ajenos ante estos hechos, es por ello que hacemos de nueva cuenta un llamado al gobierno estatal y federal y en particular al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que intervenga con acciones que garanticen la seguridad a las familias de nuestro municipio.

En este ayuntamiento continuaremos trabajando con los dos niveles de gobierno para coadyuvar a la restauración del tejido social y la seguridad de todos los tuxtepecanos.

Contador público Fernando Bautista Dávila

Presidente municipal constitucional de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.”

Posteriormente, las autoridades municipales marcaron copia de un oficio a diputados de Oaxaca del honorable Congreso de la Unión dirigido al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al gobernador del estado de Oaxaca, en donde se solicita el apoyo de la Federación para la implementación de estrategias y acciones para contrarrestar los problemas de seguridad pública así como una explicación sobre el incremento de las tendencias delictivas en san Juan Bautista Tuxtepec; en otras palabras, la urgencia de las autoridades municipales inciden en las medidas efectivas que permitan la mejor aplicación de recursos y la realización de acciones para prevenir el delito. En la solicitud del municipio de Tuxtepec, en lo conducente, dice:

“...La Seguridad Pública es una función mancomunada entre la Federación, entidades federativas y municipios, la cual tiene como finalidad:

a) Salvaguardar la integridad y derechos de las personas.

b) Preservar de las libertades, el orden y la paz públicos con estricto apego a la protección de los derechos humanos.

c) Prevenir la comisión de los delitos e infracciones.

d) Investigación y persecución de los delitos.

e) Reinserción social de los sentenciados.

Por lo que para el caso específico del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, resulta relevante solicitar el apoyo del gobierno del estado de Oaxaca y de la Federación para implementar acciones y estrategias para garantizar que se logren los fines de la seguridad pública antes señalados.”

Por lo anterior, se considera un exhorto al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que dé a conocer cuáles han sido los resultados de los convenios suscritos con el gobierno del estado de Oaxaca en el diseño de las políticas públicas destinadas a la población social de la violencia y de la delincuencia además de un exhorto al gobernador del estado de Oaxaca para que explique cuáles han sido las razones del incremento en el porcentaje de delitos y de la violencia en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y active las medidas y protocolos necesarios a fin de prevenir la comisión de delitos en ese municipio.

Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de:

Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que dé a conocer públicamente cuáles han sido los resultados de los convenios suscritos con el gobierno del estado de Oaxaca para el diseño de las estrategias, acciones y políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y de la delincuencia en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, active las medidas y protocolos necesarios para la urgente atención de la creciente inseguridad y explique las razones del alarmante incremento en el porcentaje de delitos, de feminicidios, homicidios y de la violencia en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec del estado de Oaxaca.

Notas

i Desconocidos arrojan granadas en bares de Tuxtepec, Oaxaca; hay un muerto y varios lesionados, 11 de octubre, 2018, en:

https://www.am.com.mx/2018/10/11/mexico/lanzan-cuatro-granadas-en- bares-de-san-juan-bautista-tuxtepec-oaxaca-519573

ii Inegi, Envipe, 2017 en:

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/ regulares/envipe/2017/doc/envipe2017_oax.pdf

iii Gobierno del estado de Oaxaca 2016-2022. Plan Estratégico Sectorial Gobernabilidad y Seguridad. Subsector: Seguridad Pública 2016-2022, Introducción, p. 1. Versión PDF.

iv Ibidem, p.14.

v Ibidem. p.19.

vi Las cifras de feminicidios en Oaxaca se encuentran en la siguiente nota periodística: http://elmuromx.org/2018/07/con-20-feminicidios-tuxtepec-es-la-segunda- ciudad-mas-peligrosa-de-oaxaca-para-las-mujeres/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero del 2019.— Diputada Graciela Zavaleta Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

SE SOLICITE LA INFORMACIÓN DE LOS ILÍCITOS COMETIDOS PRESUNTAMENTE POR EL EX GOBERNADOR INTERINO DE COAHUILA, JORGE TORRES LÓPEZ

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a solicitar vía asistencia jurídica internacional, dada la detención con fines de extradición del ex gobernador interino de Coahuila de Zaragoza Jorge Torres López, la información de los ilícitos presuntamente cometidos por él y copartícipes, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral primero; 62, numeral segundo; así como los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la República (FGR) para que, derivado de la detención con fines de extradición del ex gobernador interino de Coahuila de Zaragoza, Jorge Torres López, solicite, vía asistencia jurídica internacional, la información correspondiente de los ilícitos cometidos presuntamente por dicho ex servidor público y su red de copartícipes, a efecto de demandar la extinción de dominio de cuentas y acervos patrimoniales con el fin de que se reintegren el erario del estado de Coahuila los montos que llegaren a determinarse como objeto del delito, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Bajo el yugo de un supuesto “gobierno de la gente” el entonces mandatario estatal de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, emprendió un sin fin de programas paternalistas que, disfrazados de apoyos sociales, saquearon las arcas del estado, dejando a Coahuila dentro de los primeros lugares en deuda pública.

A través de la “Tarjeta de la Gente”, “Zapatos de la Gente”, “Uniformes de la Gente”, “Farmacias de la Gente” entre otros; el ex gobernador dio una cátedra de malabarismo financiero y de la nada, desapareció 36 mil millones de pesos que pertenecen a las y los coahuilenses.

Como fruto de una vertiginosa escalada política, Humberto Moreira llegó a la presidencia nacional del PRI, separándose de su cargo de gobernador en 2011 para que el Congreso del estado nombrara a Jorge Torres López como gobernador interino. Amparado bajo la experiencia que el ser secretario de Desarrollo estatal le dio, Torres López afirmó que los programas sociales de la gente seguirían vigentes en Coahuila.

En tal sentido, Coahuila fue presa de un gobierno que timó a la gente, ya que los enjuagues financieros que los Moreira, Villarreal y Torres López traían entre manos, dieron paso a la peor crisis financiera del estado y a la fecha aún se sufren los estragos.

Coahuila vuelve a ser noticia nacional e internacional con la detención del ex gobernador Torres López, buscado en 190 países por la Interpol y puesto en la lista de los más buscados por la DEA. La detención de este actor clave en la historia del moreirato en Coahuila debe ser sin duda factor para que este artilugio financiero y político se castigue.

Resulta fundamental que el gobierno federal actúe y coopere con las diferentes corporaciones de justicia para que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables del mayor desfalco que Coahuila ha tenido.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la República para que, derivado de la detención con fines de extradición del ex gobernador interino de Coahuila de Zaragoza, Jorge Torres López, solicite, vía asistencia jurídica internacional, la información correspondiente de los ilícitos cometidos presuntamente por dicho ex servidor público y su red de copartícipes, a efecto de demandar la extinción de dominio de cuentas y acervos patrimoniales con el fin de que se reintegren el erario del estado de Coahuila los montos que llegaren a determinarse como objeto del delito.

Dado en el salón de sesiones, a 26 de febrero de 2019.— Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván(rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

FORTALECER LAS ESTRATEGIAS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA ESCOLAR EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a fortalecer con sus homólogas locales las estrategias encaminadas a erradicar la violencia en las escuelas de educación básica y media superior, a cargo de la diputada Martha Hortencia Garay Cadena, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Martha Hortencia Garay Cadena, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las estrategias para erradicar la violencia escolar en las escuelas de educación básica y educación media superior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación es un factor fundamental que impulsa el desarrollo, contribuye al crecimiento económico y al progreso de la sociedad en su conjunto, además de ser uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza, mejorar la salud, lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad.

Constituye la vía para construir una sociedad más justa, democrática e incluyente, por lo que estos valores deben permear en la actividad de los planteles educativos y hacerse realidad cotidiana en cada aula.

En este sentido, es un instrumento de la mayor relevancia para adquirir conciencia, valores y actitudes, técnicas y comportamiento ecológicos y éticos en consonancia con el desarrollo sostenible y que favorezcan la participación pública efectiva en el proceso de adopción de decisiones.

Sin embargo, entre las diversas y graves problemáticas que aquejan a los alumnos, que limitan su pleno desarrollo y atentan contra su propia integridad, destaca la violencia escolar o bullying, fenómeno que se ha agudizado durante los últimos años en todo el mundo.

Como afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) “La violencia en el ámbito escolar es una realidad que deniega cada día a millones de niños y jóvenes el derecho humano fundamental de la educación”.

Para poner en su justa dimensión esta problemática en el país, basta señalar que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), casi un tercio de los adolescentes del mundo han sufrido acoso escolar recientemente. Los nuevos datos muestran que el acoso (bullying)afecta a jóvenes de todas partes, en todas las regiones y en países con diferentes niveles de ingreso.

Se estima que 246 millones de niños y adolescentes podrían ser víctimas de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas. Este fenómeno afecta desproporcionadamente a las niñas, así como a aquellos que presuntamente no se ajustan a las normas sexuales y de género predominantes.

Según dicho organismo, los niños corren un riesgo ligeramente superior de acoso que las niñas. Los datos –que no abarcan violencia sexual ni otras modalidades de género- indican que más del 32 por ciento de los niños ha sufrido acoso escolar, cifra que en las niñas alcanza un 28 por ciento, pero en los países donde el acoso es más frecuente, las niñas son más vulnerables.

Otros de los hallazgos de la UNESCO son que la condición de inferioridad socioeconómica es el principal indicador para predecir si un joven de un país desarrollado padecerá acoso en la escuela; además que, en los países desarrollados, los jóvenes inmigrantes son más propensos a sufrir acoso escolar que sus coetáneos nativos.

Nuestro país no escapa a esta grave problemática. Conforme a la OCDE, México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica, ya que afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas.

Por su parte, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en su documento “Promover prácticas escolares de participación entre los estudiantes para hacer de la escuela un espacio de convivencia libre de violencia”, menciona en los niveles de primaria y Educación Media Superior, aproximadamente una tercera parte de estudiantes reporta haber sufrido agresiones verbales; mientras que más de 66 por ciento de los alumnos de segundo grado de secundaria reportó haber sido objeto de burlas y apodos ofensivos por parte de sus compañeros.

Ante este panorama, señala que “para lograr escuelas libres de violencia deben fortalecerse las estrategias dirigidas a la construcción de una convivencia pacífica, inclusiva y democrática.

Para establecer estos ambientes, se requiere que la escuela transite hacia una cultura organizativa y democrática basada en la equidad; asegurar la funcionalidad y efectividad de los espacios de participación de los estudiantes para garantizar que su voz se escuche e incida en la toma de decisiones en el aula y en la escuela; así como abordar el conflicto a través del diálogo como una oportunidad formativa.”

Asimismo, este organismo autónomo recomienda que en el documento denominado “Reglamentos escolares con perspectiva de derechos, que aporten a una convivencia sana y respetuosa”, se incluyan la perspectiva de derechos, los valores democráticos, así como el principio del interés superior de niñas y niños.  Y subraya la importancia de la participación informada de los diferentes actores de la comunidad en el proceso de construcción del reglamento escolar.

En general, existe consenso entre los especialistas en la prioridad de garantizar que todos los niños y jóvenes tengan acceso a ambientes de aprendizaje seguro, inclusivo y sano.

La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 2o. establece que los Estados parte respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la de cual sea su condición.

Menciona que reconocer los derechos del niño, resulta indispensable para su pleno desarrollo, personalidad y armonía, creciendo en el seno de una familia de libertad, igualdad y solidaridad.

Bajo estas consideraciones, es fundamental exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las estrategias para erradicar la violencia escolar en las escuelas de educación básica y educación media superior, que contribuyan a garantizar el interés superior de la niñez mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las estrategias para erradicar la violencia escolar en las escuelas de educación básica y educación media superior.

Notas

1 https://es.unesco.org/themes/acoso-violencia-escolar

2 https://es.unesco.org/news/nuevos-datos-revelan-que-mundo-cada-tres- adolescentes-sufre-acoso-escolar

3 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/bullying-el-terror-escolar-en-mexico

4 https://www.inee.edu.mx/images/stories/2019/comunicados/Comunicado24.pdf

5 www.unicef.org/argentina/spanish/7.-Convencionsobrelosderechos.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 26 de febrero de 2019.— Diputada Martha Hortencia Garay Cadena(rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

REVISIONES PERIÓDICAS DE INSPECCIÓN A EFECTO DE DETECTAR LA PRESENCIA DE CLEMBUTEROL EN CARNE DE BOVINO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a revisiones periódicas en ranchos, rastros, plantas tipo inspección federal, rastro de traspatio y puntos de venta para detectar la presencia de clembuterol en carne de bovino destinada a consumo, a cargo de la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María del Pilar Lozano Mac Donald, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos  6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual respetuosamente se exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y Secretaria de Salud (Ssa), para que en el ámbito de sus atribuciones instrumenten mecanismos o refuercen los ya existentes para la revisión periódica y constante de inspección en ranchos, rastros, plantas tipo inspección federal y puntos de venta para detectar la presencia de clembuterol en carne de bovino para consumo humano, y se dé puntual seguimiento a las denuncias que se presenten al respecto, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La salud pública debe ser una prioridad en nuestra sociedad, si bien es cierto actualmente se recurre al empleo de granos genéticamente modificados y moduladores del crecimiento en aras de abastecer la demanda de alimentos, no podemos olvidar que sólo se deben usar sustancias que no tengan indicios de toxicidad, propiciando así una productividad sustentable e inocua.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 4o. que  “toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”. Así es como se contempla en nuestra norma jurídica suprema como derecho fundamental del hombre la garantía individual de la protección a la salud y, en ese sentido, nuestro compromiso es atender a las condiciones y características del producto cárnico con el que la población que está en capacidad económica de consumirla lo hace.

Se sabe que el clembuterol es un anabólico utilizado en medicina para pacientes con asma o con problemas de respiración, permitiendo la apertura de los bronquios para que el oxígeno entre al cuerpo con mayor facilidad, pero también está considerado como una sustancia prohibida para los deportistas por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés), dadas sus características estimulantes y anabolizantes que actúan sobre el metabolismo de lípidos y proteínas aumentando la masa muscular y disminuyendo la acumulación de grasa (Revista Proceso. Ineficacia y simulación sanitarias 7 de abril de 2018).

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (Inegi), para julio de 2017, la capacidad instalada mensual para sacrificio en los rastros en operación ascendía a un total de 29 mil 820 cabezas de ganado bovino, de las cuales 5 mil 620 corresponden a nivel municipal, 17 mil al privado y 7 mil 200 a las plantas tipo inspección federal (TIF). Estos datos se refieren a los centros de sacrificio que cuentan con registro autorizado federal, estatal o municipal, según corresponda. Además el mismo instituto registró que de noviembre 2017 a noviembre del siguiente año, tan solo en la estadística de sacrificio en rastros municipales ha habido una variación del 11.4 por ciento, ascendiendo de 136 mil 935, a 152 mil 580 cabezas; lo que impone que ante el aumento progresivo, también se debe atender a las medidas de control a efecto de garantizar la seguridad alimentaria de la población (datos obtenidos de la Unidad de Servicios de Información Estadística y Geografía (USIEG), Congreso de la Unión).

En efecto, es común que hoy en día se recurra a moduladores de crecimiento para incrementar la productividad pecuaria, lo que significa que se obtenga mayor cantidad de producto en menor tiempo usando incluso de manera ilegal agentes farmacológicos, pasando por alto que esas sustancias que son administradas a los animales pueden ser ingeridas por las personas de manera residual con resultados en la salud. Entre los moduladores de crecimiento, el clorhidrato de clembuterol ha provocado intoxicaciones en los consumidores, no obstante, a pesar de que en México se han emitido normas que prohíben su uso, se sigue usando clandestinamente. Este anabólico se almacena principalmente en el musculo, hígado y riñón del animal y puede provocar una hipertrofia de hasta el 40 por ciento en el ganado.

El uso del clembuterol comenzó a popularizarse a mediados de los años noventa cuando los engordadores de ganado se dieron cuenta de que mezclándolo con el alimento lograban más kilos de carne que de manera normal. Una res alimentada debidamente tarda en promedio cinco meses en llegar a condiciones óptimas para el sacrificio, mientras que otra tratada con el anabolizante lo hace en tres, sin olvidar el bajo costo del fármaco comparado con otros moduladores del crecimiento. La violación a esta prohibición se debe a que, con menor volumen de alimento los engordadores obtienen más kilos de peso corporal en un tiempo mucho menor, por ejemplo, la mezcla de 4.8 gramos de esta sustancia en una tonelada de alimento o pienso para ganado puede elevar el peso de cada res en 1.7 kilogramos diariamente (periódico El Universal. Reportan 12 intoxicados por carne con clembuterol, 21 de julio de 2011).

Debido a ésta problemática, el 11 de octubre de 2000 se emitió en el Diario oficial de la federación la Norma Oficial Mexicana NOM-061-ZOO-1999 que prohíbe su utilización y se lee en ésta que se deben adoptar buenas prácticas en la producción animal a través de una adecuada alimentación del animal sin utilizar dicha sustancia para salvaguardar la salud pública. También se emitió el primero de marzo de 2002 en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-015-ZOO-2002, “Especificaciones técnicas para el control del uso de beta-agonistas en los animales,” se prohíbe la producción, manufactura, fabricación, elaboración, preparación, acondicionamiento, transportación, tráfico, comercialización, importación, suministro y/o utilización de ingredientes activos y aditivos alimenticios para la formulación de productos alimenticios destinados al consumo y uso en animales, dentro de los que se incluye el clembuterol.

Los estudios que se han realizado en torno a ello arrojan que los residuos de clembuterol en la carne que se consume pueden afectar las funciones pulmonares y del corazón en el ser humano, y que su uso en dosis elevadas provoca nauseas, dolor muscular, nerviosismo, cefalea, incoordinación, incremento en la frecuencia cardiaca, aumento en la presión arterial y, en algunos casos, enfermedades de la tiroides y alergias; no obstante, su uso se encuentra ampliamente extendido entre los ganaderos aunque se requiera de altas dosis en el proceso de engorda, y por tanto, éstos residuos en el producto representan un peligro para los consumidores porque si no se sabe la dosis, ni se ingiere bajo prescripción médica, su ingesta podría resultar en una sobredosis con las consecuencias señaladas.

 A pesar de que en México el uso del esteroide está tipificado como delito en el artículo 173 Ley Federal de Sanidad Animal, además, quienes lo administran al ganado gozan de una casi absoluta impunidad, distribuyendo la carne contaminada por distintas vías comerciales y sin control, sin que importe que en la Ley Federal de Salud Animal se establezcan penas de entre cuatro y ocho años de prisión y multas para quien suministre esta sustancia al ganado destinado al consumo humano.

Un caso reciente se dio en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde en mayo de 2013 la carne de bovino que se vendió en una carnicería de esa localidad intoxicó a 56 personas, producto que fue adquirido de un ganadero local sin que se dilucidara quién realmente había sido, y derivando el caso sólo en una multa para el tablajero (Revista Proceso. Ineficacia y simulación sanitarias 7 de abril de 2018).

También se debe considerar que las consecuencias negativas de su uso se refieren no solo a la salud humana, sino que tiene, o puede tener implicaciones en otros rubros, pues ya ha habido problemas en el deporte, en el que atletas mexicanos han dado positivo en los exámenes antidoping que se les han realizado. Además de que, de no corregirse ésta práctica, el aspecto de las exportaciones estaría en riesgo con los consecuentes resultados económicos.

La organización Mundial de la Salud (OMS), prohíbe a los países utilizar el clembuterol en la engorda artificial de ganado para consumo humano, y en México está prohibido desde el 2002, a pesar de ello, en muchas entidades federativas se sigue utilizando (el centro del país y el bajío son las regiones donde se ha detectado más éste problema); así, la delicada situación que se vive respecto de la producción, venta y consumo de carne con esta sustancia debe estar mejor controlada y con adecuados métodos de inspección de las reglas correctas de crianza de ganado sano.

En el país existen 2016 rastros, de los cuales 122 cuentan con la certificación TIF, cuya carne es vendida principalmente en los supermercados, el resto, sin certificación, proveniente de rastros municipales o casas de matanza, donde no hay control sanitario se vende en carnicerías y tianguis, es decir, éste último tipo de carne es el que consume la mayor parte de la población.

Dentro de las atribuciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), como de la Secretaría de Salud (Ssa), están las de ejercer medidas de control, monitoreo, inspección y diagnóstico en el uso del clembuterol y otras sustancias dañinas para evitar casos de intoxicación en los consumidores y que se cumpla con las medidas sanitarias; en tanto que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), también debe vigilar que la engorda de ganado se realice de manera segura y sin el suministro de sustancias tóxicas a los animales destinados a sacrificio. Sin embargo, tales dependencias no cuentan con la capacidad técnica y operativa suficiente para llevar a cabo la inspección y vigilancia sistemática de los rastros en los que se lleva a cabo el uso de clembuterol, los datos arrojan que se lleva a cabo una visita de verificación cada 15 días.

Consecuentemente, se estima que por su potencial efecto tóxico, se debe regular la utilización de otro tipo de sustancias de las que hasta el momento no se tienen indicios de toxicidad, propiciando una productividad sustentable, segura e inocua en aras de brindar la seguridad alimentaria a la que los consumidores tienen derecho, así como implementar programas de vigilancia epidemiológica para el control y erradicación del uso del clembuterol en la producción animal.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural por conducto del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a efecto de que vigile con mayor rigor que la engorda de ganado se realice de manera segura y sin el suministro de sustancias tóxicas, especialmente el clembuterol, a los animales destinados a sacrificio para consumo humano.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a redoblar esfuerzos para supervisar, mediante verificaciones frecuentes, y no solo cuando haya brotes o denuncias ante la autoridad competente, para que tanto en los rastros y ranchos del país, como en puntos de venta, que la carne para consumo humano cumpla con las disposiciones sanitarias, a fin de que su consumo sea seguro y esté libre de clembuterol.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2019.— Diputada María del Pilar Lozano Mac Donald (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

EXHORTO A LA CONAGUA A ESTABLECER UN PROGRAMA EMERGENTE PARA RESOLVER LOS TRÁMITES PENDIENTES

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conagua a establecer un programa urgente para agilizar y resolver los trámites pendientes rezagados en los organismos de cuencas y en su oficina central, a cargo del diputado Jesús Salvador Minor Mora, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Jesús Salvador Minor Mora integrante del Grupo Parlamentario de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de La Unión con fundamento establecido por los artículos número 6, numeral 1, fracción I y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Son miles los tramites heredados por la anterior administración, que urge que se atiendan tanto en oficinas locales como en oficinas centrales, lo cual está generando graves problemas a los usuarios, algunos deteniendo la actividad correspondiente en forma particular la agropecuaria, con sus consecuentes perdidas económicas, existen tramites que tienen más de 2 años que no han tenido respuesta, lo cual ha generado incertidumbre e inseguridad, en los que se encuentra la actividad agrícola.

En ese sentido y en aras de contribuir al esfuerzo que la Comisión Nacional del Agua lleva a cabo, deseamos referirnos, específicamente, a la atención de aquellos trámites que habiéndose generado en el marco del uso, aprovechamiento y explotación de las aguas nacionales, dichas aguas se encuentren comprendidas en tratados y acuerdos internacionales en cuencas transfronterizas.

En los términos del Artículo 9, fracción IX, de la Ley de Aguas Nacionales, compete a la Comisión Nacional del Agua, en su nivel nacional, “...realizar acciones que correspondan al ámbito federal para el aprovechamiento integral del agua, su regulación y control y la preservación de su cantidad y calidad, en los casos que correspondan o afecten a dos o más regiones hidrológico - administrativas, o que repercutan en tratados y acuerdos internacionales en cuencas transfronterizas...”

En los términos señalados, todo trámite que se inicie en el Organismo de Cuenca Península de Baja California, en el que se involucre a los acuíferos Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, debe ser atendido y resuelto por el Nivel Nacional de la Comisión Nacional del Agua, con independencia de si se trata de una solicitud de nueva concesión; una relocalización de pozo; un incremento de volumen; una transmisión de derechos; una prórroga de un título de concesión; una modificación técnica del aprovechamiento, etcétera, lo que en resumen impacta de manera negativa la oportunidad con la que el trámite en cuestión debe ser resuelto, toda vez que al tiempo que normalmente se le destina a cualquier trámite habría que agregarle el tiempo necesario para que el expediente se integre y posteriormente se envíe a las oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ubicadas en la ciudad de México y se inicie en éstas la atención del caso, lo que en no pocas ocasiones se toma varias semanas o, incluso, meses.

Por lo anterior, nos permitimos sugerir respetuosamente que, a nivel reglamentario, se provea administrativamente la observancia de esta disposición legal, particularizando específicamente los casos en los cuales resulte procedente la concurrencia de las oficinas centrales de Conagua.

A juicio nuestro, y salvo su mejor opinión, la disposición que se comenta debiera aplicar en los casos de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales, así como en aquellos casos en que se afecte el régimen hidráulico del aprovechamiento de dichas aguas; no así para los casos del resto de los trámites administrativos en los que no se ve involucrado volumen y calidad de las aguas previamente concesionadas y que, por la misma razón, ya están comprendidas en los balances de disponibilidad.

Lo anterior, a nuestro juicio, permitiría incrementar sensiblemente la atención a los múltiples trámites que se generan en esta región del país, contribuyendo con ello a la mejora en la administración de las aguas nacionales

Puntos de Acuerdo

Primero. Instrumentar un programa emergente en los Organismos de Cuencas del país, así como en oficinas centrales de la Comisión Nacional del Agua, con el fin de agilizar y resolver los trámites (prórroga de concesión, transmisión de derechos, relocalización de pozos) rezagados de la anterior administración.

Segundo. Establecer una mesa de trabajo para analizar la posibilidad de desconcentra facultades a los Organismos de Cuencas del país, para que los trámites subsecuentes sean atendidos y resueltos en sus localidades.

Tercero. El caso específico de los acuíferos Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora por ser transfronterizos, analizar que las concesiones nuevas, principalmente sean consideradas para ser remitidas a oficinas centrales  para su autorización y las ya autorizadas sean atendidas localmente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2019.— Diputado Jesús Salvador Minor Mora (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

SE HAGA PÚBLICA LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS IMPORTACIONES DE ACERO CON PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO NO TIENE ACUERDOS COMERCIALES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a hacer pública en su sitio oficial de internet la información de por qué no se ha renovado la salvaguarda de 15 por ciento a las importaciones de acero de países con que México no tiene acuerdos comerciales, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XX; 6, numeral primero; 62, numeral segundo; 65, numeral cuarto; y 79, numerales primero, fracción II, y segundo, fracción III, así como los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Economía para que, en su sitio oficial de internet, haga pública la información sobre las razones por las que no se ha renovado la salvaguarda del 15 por ciento a las importaciones de acero con países con los que México no tiene acuerdos comerciales, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En fechas recientes, el gobierno de México decidió no renovar una salvaguarda del 15 por ciento a las importaciones de acero con países con los que no tiene acuerdos comerciales.

La salvaguarda fue establecida en 2015 para proteger a la industria siderúrgica mexicana de las crecientes importaciones de Asia, en particular, de China. Desde entonces, la medida se había renovado cada seis meses pero la actual Administración decidió no hacerlo.

Industriales mexicanos han asegurado que la no renovación de la salvaguarda podría llevar a que Estados Unidos no elimine los aranceles impuestos el año pasado a las importaciones de acero y aluminio mexicano, bajo la sección 232, alegando razones de seguridad nacional.

De no hacerse tal renovación, el sector acerero mexicano será visto como una plataforma de entrada de acero de baja calidad al mercado de Estados Unidos. Esto, a su vez, genera riesgos adicionales para la aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) por parte de la mayoría de la Cámara de Representantes, que han puesto como condición para su aprobación la eliminación de la sección 232 en Norteamérica

El establecimiento de la sección 232 en Estados Unidos y la salvaguarda en Europa, que son los principales importadores de acero en el mundo, harán que grandes volúmenes de exportaciones de China y otros países asiáticos en condiciones desleales busquen otros mercados quedando México totalmente desprotegido. Por lo que, de no renovarse la cuota arancelaria del 15 por ciento, se estaría afectando fuertemente a los trabajadores del sector acerero mexicano privilegiando el empleo en China y en Asia.

El sector siderúrgico mexicano ha efectuado inversiones por más de 15 mil millones de dólares entre 2008 y 2017. Los aranceles permitirán al sector siderúrgico continuar con los planes de inversión ya anunciados para los próximos años.

Renovar el arancel aplicado a 186 fracciones siderúrgicas publicado el pasado 5 de junio de 2018 no sólo brindará certeza jurídica para las inversiones, sino que ayudará en el combate a las importaciones en condiciones desleales, lo cual contribuye a mantener mejores niveles de empleo y salarios en el país.

La renovación de la media arancelaria, junto con una política de fomento industrial, permitirá incrementar el uso de la capacidad instalada de la industria, que hoy oscila en el 65 por ciento, con lo cual se podrá incrementar la generación de empleos. Asimismo, la renovación ayudará en la recaudación pública en 7 mil millones de pesos correspondiente a las importaciones de productos siderúrgicos provenientes de países con los que no se tiene un tratado de libre comercio.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Economía para que, en su sitio oficial de internet, haga pública la información sobre las razones por los que no se ha renovado la salvaguarda del 15 por ciento a las importaciones de acero con países con las que México no tiene acuerdos comerciales.

Dado en el salón de sesiones, a 26 de febrero de 2019.— Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

SE HAGA PÚBLICA LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ÓRGANO DESCONCENTRADO IPN Y SU CANAL ONCE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a hacer pública la política de comunicación social del IPN y Canal Once, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Educación para hacer pública la política de comunicación social del órgano desconcentrado Instituto Politécnico Nacional y su Canal Once, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El canal Once fue la primera televisora pública, educativa y cultural de México, se convirtió en referencia en toda América Latina al iniciar sus transmisiones en 1959, su creación se debe al ingeniero Alejo Peralta, entonces director del Instituto Politécnico Nacional (IPN) apoyado por los ingenieros Walter Buchanan y Eugenio Méndez Docurro. Este último, entonces director de Telecomunicaciones del gobierno federal, envió el telegrama que autorizó el inicio de transmisiones de la nueva televisora politécnica.

A lo largo de casi cincuenta años ha enfocado sus esfuerzos en ser una opción diferente para los televidentes. Especifica en su portal electrónico que su misión es generar, obtener y transmitir contenidos audiovisuales culturales, universales e innovadores, que reflejen la diversidad social y fomenten la construcción de ciudadanía.

Su trabajo ha sido ampliamente reconocido, el Senado de la República otorgó en el 2018 la presea Excelencia en Medios de Comunicación a distintos programas de la televisora.

El canal Once tiene una cobertura del 32.25 por ciento de la República Mexicana, con antenas propias; y del 70.12 por ciento a partir de convenios y el apoyo de las antenas del sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR). También puede sintonizarse su señal en casi 600 sistemas de paga por cable y televisión satelital, lo cual evidencia su fuerza en las 32 entidades federativas del país.

A nivel internacional, su señal llega a más de dos millones y medio de suscriptores en Estados Unidos en más de cien localidades, a través de diversos servicios de cable y televisión satelital.

Señala el portal electrónico del canal que cuenta con transmisión continua las 24 horas con programas para todos los públicos, entre los que destacan producciones que muestran nuestra identidad, tradición y cultura.

Desafortunadamente, en las últimas semanas ha matizado un principio que había privilegiado de manera inequívoca que es promover la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.

El transmitir de manera íntegra todas las conferencias matutinas del ciudadano presidente de la República trasciende la delgada línea entre el derecho de la sociedad a estar informada de los asuntos públicos y hacer propaganda gubernamental de un estilo de gobernar.

Este aspecto trastoca lo dispuesto en los párrafos séptimo y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice:

“Artículo 134. ...

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.”

Como se advierte, el uso del espectro radioeléctrico y la infraestructura, entendidos como bienes de la nación, está reflejando un uso distorsionado -al transmitir íntegramente las conferencias diarias de Presidencia- alejándose de la imparcialidad y fomento de la pluralidad democrática del país, al que está obligado el canal Once.

Hoy claramente es utilizado como medio de difusión que, con su acción de transmisión -probablemente involuntaria-, contribuye al culto a la personalidad de un individuo, aun cuando se trate del depositario del ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión.

Cabe recordar que el canal Once es un órgano de apoyo dependiente del Instituto Politécnico Nacional que, a su vez, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de  Educación Pública, según lo prevé la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional en sus artículos 2 y 10.

Asimismo, el artículo 32 de la previamente citada ley establece que su director (a) es designado (a) por el secretario de Educación Pública, a propuesta del director general del Instituto Politécnico Nacional, su función sustancial será la de difundir y defender la cultura nacional, la historia, la tradición, las costumbres y nuestra idiosincrasia, respecto del extranjero. El anterior mandato legal está muy alejado de lo que ha venido ocurriendo en fechas recientes con las coberturas asimétricas y desproporcionadas de uno de los poderes de la Unión frente a otros actores relevantes de la cosa pública del país.

Desafortunadamente el canal Once desaprovecha su presencia entre los televidentes a partir de contar con más inversiones para contenidos -derivado de la reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones al poder arrendar su importante infraestructura.

Ahora bien, la Ley de Comunicación Social contempla como sujetos obligados a los poderes públicos, los órganos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dota de autonomía, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente público de los tres órdenes de gobierno.

En virtud de los anteriores razonamientos, es urgente conocer si el canal Once está realizando transmisiones íntegras diarias de las conferencias matutinas del ciudadano presidente de la República a partir de su política o informativa o se trata de lo previsto en la Ley como una campaña de comunicación social.

“Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Campañas de Comunicación Social: Aquéllas que difunden el quehacer gubernamental, acciones o logros de gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público;”

Hacer caso omiso de este asunto público es una potencial desventaja en tiempos electorales y debe quedar claro que la propaganda para fines de promoción personalizada no es función del canal Once, ni del Instituto Politécnico Nacional y mucho menos de la Secretaría de Educación Pública a la que pertenece.

Por lo a anteriormente expuesto y fundado, los suscritos sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación para hacer pública la política de comunicación social del órgano desconcentrado Instituto Politécnico Nacional y su Canal Once y señalar si entre sus objetivos contempla la difusión diaria de las actividades gubernamentales de la Presidencia de la República.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto Politécnico Nacional para que instruya a la directora del Canal Once del Instituto Politécnico Nacional, a hacer pública la política de contenidos sobre la cual difunde de manera íntegra y diaria las conferencias matutinas de la Presidencia de la República, fundando y motivando si se trata de una política de cobertura informativa o forma parte de su campaña de comunicación social y de ser éste el caso, el costo por la transmisión.

Notas

1 IPN. Historial del canal Once. Consultado en:

https://canalonce.mx/docs/Historia_de_Canal_Once_ac.pdf

2 IPN. Canal Once. Premios. Consultado en:

https://canalonce.mx/premios/

3 Es el organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, para promover la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSPREM_150618.pdf

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consultada en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf

5 El cual fue reorganizado y reasignado a partir de la transición digital terrestre y se permitió la asignación directa siempre y cuando se tratara de una entidad pública, según dispone la Ley del Sistema Público de Radiodifusión Mexicano, previsto en el artículo Décimo Tercero Transitorio. Consultado en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSPREM_150618.pdf

En este orden de ideas, es oportuno recordar que desde la fundación del Instituto Politécnico Nacional por el Gral. Lázaro Cárdenas del Río ha pertenecido a la Secretaría de Educación Pública como órgano desconcentrado con autonomía para tomar sus decisiones de vida interna. Consultado en:

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20160415/ipn-ha-pertenecido-a- sep-como-organo-desconcentrado-desde-1931-nuno-en-contraportada/

6 Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/171.pdf

7 Promulgada el 15 de julio de 2014 por el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, entre cuyos objetivos en materia de radiodifusión estaba la promoción, competencia, innovación y una mayor diversidad de programación, ya que habrá más televisoras y nuevos canales. Consultado en:

https://www.animalpolitico.com/2014/07/pena-nieto-promulga-leyes- reglamentarias-en-materia-de-telecomunicaciones/

8 Mediatelecom. Nicolás, Lucas. Canal Once y el SPR son los discretos ganadores de la reforma telecomunicaciones. Consultado en:

https://www.mediatelecom.com.mx/2018/06/25/canal-once-y-el-spr-son- los-discretos-ganadores-de-la-reforma-telecom/

9 Ley General de Comunicación Social. Consultada en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCS_110518.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2019.— Por el Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Ismael Alfredo Hernández Deras (rúbrica), vicecoordinador, en representación del coordinador del Grupo Parlamentario, diputado René Juárez Cisneros.»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

EXHORTO PARA QUE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ESTATALES ESTABLEZCAN LA SECRETARÍA DEL MIGRANTE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos locales a establecer en las respectivas administraciones públicas la Secretaría del Migrante, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada federal migrante María Libier González Anaya, integrante de la LXIV Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La migración es un fenómeno mundial que incide en el desarrollo de los pueblos, la búsqueda de mejores condiciones de vida alienta el desplazamiento de los seres humanos. La existencia de países con mayores niveles de desarrollo alientan el propio desplazamiento de quienes viven en sociedades cuya precariedad en el ámbito económico, educativo, laboral, cultural y de seguridad les hacen ir hacia donde ven la posibilidad de satisfacer aquellas urgentes necesidades para la subsistencia y desarrollo propio, así como el  de sus familias;  que en  muchas ocasiones propicia bienestar colectivo,  cuando se organizan para sufragar obras  en las comunidades de donde son originarios.

En las décadas de los 40 y los 50, se origina en México en gran medida el fenómeno migratorio, en razón de la necesidad de mano de obra en los Estados Unidos de América (EUA), quien se encontraba inmerso en la Segunda Guerra Mundial y muchos de sus ciudadanos se encontraban en el campo de combate. La recepción de remesas benefició a la incipiente economía mexicana que se encontraba en proceso de industrialización, a partir de esa época y a la fecha nuestro país tiene en esta fuente de ingresos la base y el sostenimiento de miles de familias.

Distribución porcentual de emigrantes internacionales por causa de la emigración

Desde entonces y a la fecha, nuestro país se ha convertido en el origen de miles de ciudadanos que migran hacia el país del norte para obtener mejores condiciones de vida. En 2016, del total de las remesas que recibió México de EUA, ascendió a la cantidad 26 mil 970 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 8.8 por ciento a tasa anual, y el mayor incremento desde 2006. Así, se supera el récord de ingreso logrado en 2007, año en el que se registraron 26 mil 59 millones de dólares.

En referencia al año pasado, BBVA Bancomer estimó que en el 2018 las remesas que llegan a México alcanzaron 33,000 millones de dólares, lo que representará un crecimiento anual de 9 por ciento, mientras que para el 2019 la expectativa es que se alcancen 35 mil millones de dólares, un alza de 6 por ciento.

La misma fuente hace referencia a que estos ingresos económicos al país, vía las remesas representan 2.7 por ciento del producto interno bruto (PIB); colocando a México si como el cuarto receptor de remesas, sólo por debajo de India (65 mil 380 millones en el 2017), China (62 mil 850 millones) y Filipinas (32 mil 795 millones).

Los estados de la Unión Americana desde los que se envían las mayores cantidades de remesas a nuestro país son: California, Texas, Illinois, Florida, Georgia, Nueva York, Arizona y Colorado, Carolina del Norte y Minnesota, que en conjunto sumaron al primer semestre del año pasado la cantidad de 11 mil 212 millones de dólares.

El estado de California es el que más remesas manda, de acuerdo con la misma fuente, en el primer semestre del año anterior envió  4 mil 784 millones de dólares.

Como puede apreciarse, la presencia de la comunidad migrante en la economía estadounidense es cada vez mayor, lo cual está en proporción al número de mexicanos que se desplaza hacia el país del norte, la economía de las entidades federativas en donde el desarrollo económico no va aparejado a la demanda de creación de empleo les convierte en potenciales exportadores de mano de obra, pero también en beneficiarios de las remesas que día a día se envían;

Ahora bien, para quienes hemos encontrado en el país del norte una segunda patria, vemos con suma tristeza que desde México poco se apoya al migrante, los programas federales como: Paisano, Somos México, entre otros, no han contado con la suficiente infraestructura que permita atender en tiempo y forma a los mexicanos que en su calidad de migrantes se encuentran en los Estados Unidos de América, se requiere de más apoyo al que hoy ofrece la federación, para realizar  trámites, asistirles legalmente cuando así lo requieran, promover espacios para la cultura y la recreación, así como la capacitación en oficios que permitan especializarles en sus actividades para obtener mayor ingreso como mano de  obra calificada en  el extranjero.

En razón de lo anterior es necesario que las entidades federativas, en reciprocidad al beneficio que reciben de los migrantes mediante el envío de remesas, establezcan la infraestructura correspondiente a fin de atender las necesidades de los migrantes de cada entidad federativa.

En la gráfica siguiente se detalla el ingreso de remesas enviadas desde la unión americana hacia cada entidad federativa.

Ingresos por remesas

Distribución por entidad federativa

La problemática que enfrentan constantemente los migrantes en su trayectoria es ya de suma conocida, pero, reitero, poco atendida, carencia de recursos que les permitan llegar a su destino, violencia, robos, detención y remisión de menores infractores quienes han intentado cruzar la frontera para encontrarse con sus familiares, violaciones, trata de personas por parte de la delincuencia organizada, muerte, o necesidad de servicios sanitarios, entre otros son los riesgos a los que se enfrentan quienes buscan tener mejor calidad de vida, la cual no han encontrado en nuestra nación .

En razón de lo anterior es que propongo que desde este órgano legislativo se exhorte a las entidades de la federación, respetando la autonomía de la que gozan; para que, en el ámbito de su competencia, creen dentro de sus estructuras administrativas, la Secretaría del Migrante, a través de la cual se atiendan a los mexicanos, que se dedican desde el extranjero a trabajar arduamente para proveer de recursos económicos de sus familiares.

Ejemplo de entidades federativas que ya cuentan en su estructura administrativa con la dependencia encargada de atender a nuestros paisanos que van a laborar al extranjero, son: Coahuila, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas, principalmente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, con el propósito de que establezcan en la estructura de su respectiva administración pública, la Secretaría del Migrante.

Referencias

i Distribución porcentual de emigrantes internacionales por causa de la emigración. Consultado en:

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/migracion/ 9 de abril de 2017.

ii Remesas a México consultado en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/250390/ Anuario_Migracion_y_Remesas_2017.pdf 9 de abril de 2018.

iii Remesas a México alcanzaran 33,000 millones de dólares en 2018. El Economista. México.  5 de septiembre de 2018

iv Ibídem.

v Diez estados de EU los que más mandan remesas a México. El Universal. 16 de agosto de 2018.

vi Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2019.— Diputada María Libier González Anaya (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

EXHORTO AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE SALUD, SECCIÓN 36, DE GUERRERO, EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS LABORALES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Ssa, sección 36 de Guerrero, a no condicionar de manera ilegal el acceso y la defensa de los derechos humanos laborales, a cargo de la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Araceli Ocampo Manzanares, diputada integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los derechos humanos establecen las condiciones mínimas para el desarrollo integral de las personas, entre ellos se encuentra el derecho a la protección de la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

Los tratados internacionales en la materia, signados por el Estado mexicano, indican que se deben adoptar las medidas necesarias para asegurar la plena efectividad de tal derecho, entre ellas, la creación de las condiciones que aseguren a todas las personas asistencia y servicios médicos en caso de enfermedad, y el reconocimiento de la salud como un bien público.

Actualmente, el 15.5 por ciento de la población nacional no cuenta con protección de la salud, lo que representa 19.1 millones de personas. Este fenómeno está relacionado con la existencia de cerca de 80 mil empleadas y empleados eventuales o por honorarios, de ese sector, a nivel nacional, y más de 5 mil solamente en el estado de Guerrero, situación que vulnera sus derechos laborales y de seguridad social, aun cuando hayan trabajado en las instituciones públicas de salud hasta por 20 años.

No obstante, garantizar el derecho a la salud es uno de los ejes primordiales de la Cuarta Transformación, por ello, durante su gira por Oaxaca, el 21 de diciembre de 2018, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, anunció la basificación paulatina de las y los trabajadores de la salud eventuales o que se encuentren contratados por honorarios. Lo anterior, con la finalidad de garantizar mejores condiciones laborales que, a su vez, permitan fortalecer y ampliar el servicio público de salud, en beneficio de todas las y los mexicanos.

Tal medida del gobierno federal, también está encaminada a cumplir cabalmente lo establecido en los artículos 6, 7 y 8, tanto del Protocolo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto al derecho al trabajo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, incluidos el derecho de la persona trabajadora a la promoción o ascenso, tomando en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio.

En ese contexto, el 20 de febrero de la presente anualidad, se dio a conocer públicamente, a través del diario La Jornada, que un delegado de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, en Guerrero, advirtió a empleadas y empleados, que acudieron a la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte con la finalidad de tramitar su formalización laboral, que no se les expediría la “constancia de disciplina sindical” supuestamente necesaria para el proceso, a las personas que emitan opiniones críticas o distintas a las de la representación sindical.

La referida conducta de la dirección gremial pretende limitar arbitrariamente el ascenso o promoción de las personas trabajadoras, además de restringir su libertad de expresión y manifestación de las ideas, lo cual, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no podrá ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. En ese tenor, los instrumentos internacionales de derechos humanos establecen la obligación de los Estados de proteger los derechos y las libertades de las personas, en el marco del actuar de las asociaciones sindicales.

El principio de autonomía sindical no puede ser utilizado como justificación para restringir derechos previstos en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal del Trabajo, en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en normas internacionales de derechos humanos laborales. Tales prácticas atentan contra la naturaleza misma de las asociaciones gremiales, la cual consiste en preservar el interés social y general de las y los trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en ejercicio de mis facultades como representante popular, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Sección 36 del estado de Guerrero, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, a garantizar la defensa efectiva de los intereses colectivos de sus agremiados y no condicionar ilegalmente el acceso a los derechos a la estabilidad en el empleo, promoción o ascenso.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2019.— Diputada Araceli Ocampo Manzanares (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

SE INICIE EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, RESERVA PARA INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA REFINERÍA EN DOS BOCAS, PARAÍSO, TABASCO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la ASF a iniciar el proceso de fiscalización de los proyectos de Inversión, Reserva para Ingeniería, Procura y Construcción de la Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco y Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que inicie el proceso de fiscalización de los proyectos de inversión Reserva para Ingeniería, Procura y Construcción de la Nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos son componentes fundamentales para la gobernabilidad democrática y una gestión pública eficaz y eficiente, que se traduzcan en acciones tangibles en beneficio de la población.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a la letra que: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

El párrafo séptimo del mismo artículo señala que: “Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia de los partidos políticos”.

Pese a este importante marco jurídico, el gobierno federal ha violentado la ley en la implementación de diferentes proyectos y acciones llevados a cabo, siempre con el argumento de la urgencia de actuar ante determinados problemas que aquejan a la ciudadanía, como fue la compra de pipas para atender el desabasto de combustibles en varias entidades federativas del país, en donde se presume de una trasgresión a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por mencionar un ejemplo.

En este contexto, cabe citar el proyecto de inversión Reserva para Ingeniería, Procura y Construcción de la Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.

Cabe recordar que el 9 de diciembre de 2018, el presidente López Obrador puso la primera piedra para la construcción de la refinería que forma parte de un plan de refinación para reducir las importaciones de gasolina en el país y cuyo costo ascenderá a 8 mil millones de dólares.

Señaló que se decidió hacer la refinería en Dos Bocas, Tabasco, “porque ese petróleo crudo ya no se va a ir al extranjero, se va a procesar aquí y se va a convertir en combustible. Es el mejor sitio. Esto no es un asunto político, estos es un asunto técnico”.

También, mencionó: “Miren qué importante, apenas una semana de inicio del gobierno ya tenemos el terreno, las 600 hectáreas que se requieren para la construcción de la refinería. Ya se tienen los proyectos. Ya vamos a empezar a licitar, a más tardar en marzo se licita la refinería”.

Según el gobierno federal, el plan de la refinería pretende atender la caída en la producción petrolera, porque mientras en 2004 se extraían 3.4 millones de barriles por día, para octubre de 2018 apenas se produjeron 1.7 millones de barriles de crudo.

A la fecha no existe información pública sobre el costo-beneficio de dicha refinería, además de que el gobierno federal no ha solicitado estudio de impacto ambiental. Son graves ambas cuestiones.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 incluye en los programas y proyectos de inversión, dos rubros vinculados con este proyecto, los cuales son los siguientes:

El primero es Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, cuya descripción es: “Desarrollar los estudios necesarios para definir la configuración para la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco, la cual tendrá una capacidad de procesamiento de 340 mbd de crudo pesado en una configuración de coquización. Su monto asignado es de 1,799,920,795 pesos.

El segundo es Reserva para Ingeniería, Procura y Construcción de la Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, con la descripción: “Desarrollo de la Ingeniería, Procura y Construcción de plantas de proceso, equipos y servicios auxiliares para la instalación de una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, tabasco, con proceso de crudo pesado y conversión de residuales. Su monto asignado asciende a 48,200,079,205 pesos.

Como es posible apreciar, hay recursos millonarios etiquetados en el Presupuesto de Egresos que se destinarán a la construcción del mencionado proyecto.

Sin embargo, existen una seria de dudas e interrogantes sobre la construcción de la refinería que requieren ser despejadas, entre las que destacan las siguientes: ¿Cómo se ejercerán los recursos? ¿Cómo se va a garantizar la transparencia en su ejercicio efectivo? ¿Cuál será el costo-beneficio? ¿Cómo se llevarán a cabo los procesos de licitaciones y adjudicaciones? ¿Qué compañías “especialistas” en la construcción de refinerías se han entrevistado?

El ejercicio responsable, eficaz y transparente de los recursos públicos son políticas fundamentales a las que el actual gobierno federal ha dado poca importancia. Con el objeto de responder a la inmediatez, se han implementado programas y acciones carentes de planeación estratégica y de estudios técnicos que respalden su viabilidad.

De allí la trascendencia de la fiscalización de los recursos y la rendición de cuentas, elementos que fortalecen la confianza y la credibilidad de la sociedad sobre las instituciones del Estado mexicano.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.

La función de la fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, conforme lo establece el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 3 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

A través de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad. Por su parte, la transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar.

En este orden de ideas, es necesario que la Auditoría Superior de la Federación inicie el proceso de fiscalización de los proyectos de inversión Reserva para Ingeniería, Procura y Construcción de la Nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.

La principal bandera de la llamada “cuarta transformación” es el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas. Es momento de pregonar con el ejemplo, no con ocurrencias que están afectando a millones de familias mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que inicie el proceso de fiscalización de los proyectos de inversión Reserva para Ingeniería, Procura y Construcción de la Nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Tabasco para que den máxima publicidad a las licitaciones y adjudicaciones directas que se realicen en torno a la construcción de la Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco.

Notas

1 https://www.animalpolitico.com/2019/02/sin-permiso-impacto- ambiental-refineria-tabasco-dos-bocas/

2 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mensaje-del-presidente-andres- manuel-lopez-obrador-durante-la-presentacion-de-plan-nacional- de-refinacion?idiom=es

3 https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/52/r52_t9m_pie.pdf

4 https://www.asf.gob.mx/Publication/21_

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2019.— Por el Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Ismael Alfredo Hernández Deras (rúbrica), vicecoordinador, en representación del coordinador del Grupo Parlamentario, diputado René Juárez Cisneros.»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN QUE ESCLAREZCA LOS HOMICIDIOS DE LOS PROFESORES GUADALUPE CRUZ VÁSQUEZ Y HÉCTOR HERNÁNDEZ PÉREZ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se condenan enérgicamente los asesinatos de los profesores Guadalupe Cruz Vásquez y Héctor Hernández Pérez, ocurridos el 21 de febrero de 2019, y se exhorta a la Fiscalía General de Oaxaca a realizar una investigación exhaustiva y expedita para esclarecerlos, a cargo de la diputada Virginia Merino García, del Grupo Parlamentario de Morena

Virginia Merino García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Primera. El día 21 de febrero del presente año el periódico El Sol de México dio cuenta del asesinato del profesor Guadalupe Cruz Vásquez, integrante del comité directivo de la sección 22 de la CNTE con la siguiente nota:

“Ejecutan a maestros de la CNTE en Oaxaca. Sujetos armados entraron a las instalaciones de la escuela primaria de San Andrés Huaxpaltepec y asesinaron a balazos al profesor Guadalupe Cruz Vásquez, quien es integrante del comité directivo de la Sección 22 de la CNTE en la región de la costa de Oaxaca.

Primero reportes apuntan que el maestro se encontraba en las canchas de futbol de la primaria Benito Juárez, realizando algunas labores.

Hombres armados llegaron a buscarlo y de inmediato se dirigieron a él y le dispararon. Posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

Cuerpos de seguridad arribaron al lugar, así como el fiscal en turno, y acordonaron la zona del crimen, y junto con los peritos iniciaron las carpeta de investigación de la ejecución. Por el momento se desconocen el móvil del crimen.

Guadalupe Cruz Vásquez fungía como director del plantel y secretario general del Comité Ejecutivo de la Delegación D-I-346.

Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigieron la inmediata intervención de la Fiscalía y del gobierno estatal para detener la ola de crímenes en contra de los trabajadores de la educación de la Sección XXII de la CNTE”.

Segunda. A pocas horas de la noticia del homicidio del profesor Guadalupe Cruz Vásquez, en la página electrónica de la revista Proceso se informa del homicidio del profesor Héctor Hernández Pérez, director de la escuela secundaria técnica número 231, perteneciente a la Delegación Sindical D-II-37 del Sector Puerto Escondido de la Región de la Costa de Oaxaca, bajo la siguiente nota:

“Magisterio de Oaxaca exige justicia tras el asesinato de dos líderes.

La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) exige justicia tras el asesinato del secretario general en la región de la Costa, Guadalupe Cruz Vásquez y del director de la secundaria técnica 231 de Puerto Escondido, Héctor Hernández Pérez, quienes fueron ejecutados en diferentes lugares, con unas horas de diferencia.

El magisterio de Oaxaca demandó la intervención de las autoridades ante ambos asesinatos.

La Sección 22 consideró ‘urgente la intervención de autoridades en esta crisis de seguridad en el estado’ porque ‘la lucha combativa por la defensa de nuestro territorio también reclama alto a los asesinatos en contra de luchadores sociales y compañeros maestros’.

De acuerdo a la información preliminar, Héctor Hernández fue ejecutado cuando viajaba sobre la carretera federal 200.

Horas después, la estructura sindical de la Región de la Costa hizo un llamado de alerta a la base magisterial debido al crimen del secretario general del Comité Ejecutivo de la Delegación D-I-346, Guadalupe Cruz Vásquez, quien fue asesinado en la cancha de básquetbol de la escuela primaria Benito Juárezde San Andrés Huaxpaltepec. La dirigencia magisterial exigió “la inmediata intervención de la Fiscalía y del gobierno estatal para detener esta ola de crímenes en contra de los trabajadores de la educación de la Sección 22 de la CNTE”.

Y es que “sumado a los asesinatos de nuestros camaradas, este día se contabilizan dos compañeros que han perdido la vida a manos de cobardes. Urgente la intervención de autoridades en esta crisis de seguridad en el estado”, puntualizaron.

Tercera. Por su parte, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca señala:

“ Artículo 3. La Fiscalía General es la institución en la cual reside el Ministerio Público, dotada de autonomía constitucional, administrativa, presupuestal, financiera y operativa con personalidad jurídica y patrimonio propios, determinando sus prioridades de acuerdo con sus requerimientos y necesidades; ejercerá sus facultades respondiendo a la satisfacción del interés público.

El Ministerio Público es el órgano público autónomo, único e indivisible, con independencia técnica, que ejerce sus atribuciones, facultades y funciones con pleno respeto a los derechos humanos y se rige por los principios de buena fe, autonomía, certeza, legalidad, objetividad, pluriculturalidad, imparcialidad, eficacia, honradez y profesionalismo; ejerce la dirección de la investigación y persecución de los delitos del orden común ante los tribunales y, para el efecto, solicitará medidas cautelares; buscará y presentará datos y elementos de prueba que acrediten la participación de los imputados en los hechos que las leyes señalen como delito; dirigirá las actuaciones de las policías; procurará que los juicios en materia penal se sigan con regularidad

Para la investigación de los delitos, competencia del Ministerio Público, las policías actuarán en los términos señalados en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo su conducción y mando.

Artículo 5. Corresponde al Ministerio Público:

I. Iniciar la investigación que corresponda cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito y recabar la denuncia, querella o requisito equivalente por cualquiera de las formas previstas por las disposiciones aplicables; ordenar la recolección de indicios y datos de prueba que sirvan para emitir las resoluciones correspondientes en la investigación o durante el proceso penal;

II. Investigar por sí, o a través de las instituciones policiales los hechos constitutivos de delito;

III. Informar a la víctima u ofendido del delito, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la Constitución, los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, la Ley General de Víctimas y las demás disposiciones aplicables, dictando las medidas necesarias para que la víctima reciba atención integral;

IV. Ejercer la conducción y mando de las autoridades que intervengan en la investigación de los delitos a fin de obtener y preservar los indicios o medios probatorios en los términos previstos en el artículo 21 de la Constitución federal;

V. Recibir denuncia o reporte de manera inmediata en casos de personas extraviadas, desaparecidas o no localizadas, dictando sin demora las actuaciones que correspondan conforme a lo que establezcan las disposiciones aplicables;

VI. Aplicar los criterios de oportunidad, determinar el archivo temporal y la facultad de abstenerse a investigar y solicitar la suspensión condicional del proceso, la apertura del procedimiento abreviado, la reparación del daño, así como formular las demás acciones, determinaciones y resoluciones en los supuestos previstos por las disposiciones aplicables;

VII. Adoptar y aplicar las medidas necesarias para la protección y atención de víctimas, ofendidos o testigos y en general de todas las personas que intervengan en el proceso penal;

VIII. Ordenar a la policía de investigación y demás corporaciones la realización de actos o técnicas de investigación para el esclarecimiento del hecho delictivo y analizar las que ya hubieren practicado; IX. Ordenar o supervisar la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios conforme a los protocolos aplicables para su preservación y procesamiento;

IX. Instruir a la policía de investigación y demás instituciones policiales sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios obtenidos o por obtener, así como de los demás actos de investigación o diligencias que deben ser realizadas; Recibir denuncia o reporte de manera inmediata en casos de personas extraviadas, desaparecidas o no localizadas, dictando sin demora las actuaciones que correspondan conforme a lo que establezcan las disposiciones aplicables;

X. Instruir a la policía de investigación y demás instituciones policiales sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios obtenidos o por obtener, así como de los demás actos de investigación o diligencias que deben ser realizadas;

XI. Solicitar informes o documentación a otras autoridades y a particulares, solicitar la práctica de peritajes y realizar las diligencias que considere pertinentes para la obtención de datos de prueba;

XII. Recabar los medios de prueba para acreditar, determinar y cuantificar los daños causados por el delito para efectos de su reparación;

XIII. ...”

Por lo expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena enérgicamente los asesinatos de los profesores Guadalupe Cruz Vásquez y Héctor Hernández Pérez, secretario general D-I-346 del Sector Pinotepa Nacional y el director de la escuela secundaria técnica número 231, perteneciente a la Delegación Sindical D-II-37 del Sector Puerto Escondido de la Región de la Costa de Oaxaca, ocurridos el día 21 de febrero de 2019, y hace un atento exhortó a la Fiscalía General del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, realice una investigación exhaustiva, pronta y expedita para el esclarecimiento de estos homicidios.

Notas

1 El Sol de México. (2019). Obtenido de

https:ww.elsoldemexico.com.mx/republica/justicia/ejecutan-a-maestro- de-la-cnte-en-oaxaca-3092233.html

2 Proceso(2019). Proceso. Obtenido de

https://www.proceso.com.mx/572677/magisterio-de-oaxaca-exije-justicia- tras-el-asesinato-de-dos-lideres

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2019.— Diputada Virginia Merino García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

SE INVESTIGUEN LOS PRESUNTOS ACTOS DE NEPOTISMO EN DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP a investigar los presuntos actos de nepotismo en diversas dependencias y entidades de la administración pública, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes consideraciones:

Consideraciones

La palabra “nepotismo” se deriva del latín nepos, que significa sobrino o descendiente. De acuerdo con el profesor de la Universidad de Roma, Sandro Carocci, el nepotismo es el favorecimiento de parientes o amigos con el fin de hacerles obtener cargos, prebendas o puestos públicos. Esta es una práctica que data de cientos de años y que, sin embargo, aún permea en diversos países del mundo, entre ellos México.

El nepotismo es contrario a los principios democráticos y de legalidad y afecta seriamente el correcto funcionamiento la administración pública y la vida institucional del país de los diferentes niveles. Se convierte en un acto de corrupción toda vez que quebranta los estatutos organizacionales y de contratación legalmente establecidas de las instituciones.

Pese a que el nepotismo no se encuentra tipificado como un delito en nuestras leyes de responsabilidad administrativa, sí constituye una mala práctica contra la que se ha combatido en diferentes momentos de la historia institucional de nuestro país, a fin de democratizar profesionalizar el acceso al servicio público, buscando hacer más eficiente el trabajo del mismo.

En el ámbito laboral, la posibilidad de competir por un puesto en igualdad de circunstancias fomenta la competitividad y la preparación profesional en los aspirantes, así como la eficiencia y la calidad del servicio en las instituciones. Por el contrario, el nepotismo genera corrupción, abuso de poder e incapacidad operacional y en la toma de decisiones. Sin el personal calificado necesario, tanto el sector público como el privado tienden a convertirse en instancias ineficientes o ir a la quiebra.

Desgraciadamente, pese a que el nuevo gobierno prometió que se terminaría con este tipo de prácticas, en el ámbito federal recientemente hemos presenciado que no es así.

En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por ejemplo, ya se ha develado la contratación de personas que no cumplen con el perfil idóneo para ocupar los puestos en los que fueron asignados y que, además, se les asocia cercanos al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y al gobierno federal.

Hace algunas semanas, a través de los medios de comunicación, se dio a conocer el nombramiento del ciudadano David Alexir Ledesma en la Subdirección de Comunicación del Consejo. En el currículum del joven de 29 años se señalaba que cursaba el tercer semestre de la licenciatura en Comunicación y que carecía de experiencia en el sector gubernamental, no obstante, percibía un salario de 44 mil pesos mensuales. Aunado a esto, David Alexir había trabajado como asesor de discursos para la morenista y actual diputada federal Dolores Padierna Luna, asimismo, se ha señalado su cercanía con funcionarios federales cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que apunta directamente a prácticas de nepotismo.

Miembros de la comunidad académica, científica, estudiantil y de la población en general expresaron su molestia y rechazo ante este nombramiento, principalmente por no contar con la escolaridad ni la experiencia necesarias para estar a cargo de la promoción de la ciencia en el país. Ante las críticas, el funcionario anunció su renuncia.

Poco después de este caso, medios de comunicación informaron que, en la misma institución, se le había dado el cargo de subdirector en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) a Edith Arrieta Meza, licenciada en diseño de modas por la Universidad Jannette Klein y con experiencia laboral como jefa de la Unidad Departamental B de la delegación de Tlalpan durante la gestión de la actual jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum.

Nuevamente la sospecha de nepotismo recae en el gobierno federal, no sólo por la cercanía con la gobernadora, sino porque el perfil de la licenciada no corresponde con las habilidades y conocimientos necesarios que debe tener una persona que ocupe dicho puesto, donde se requieren expertos en materia de biología genética y en derecho.

De acuerdo con información del gobierno federal, la Cibiogem se encarga de establecer las políticas relativas a la seguridad de la biotecnología respecto al uso seguro de los organismos genéticamente modificados (OGM).

Los casos de nepotismo no son únicos del Conacyt, en días recientes, por ejemplo, se divulgó que el director general del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales, en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Jesús Galindo Calderón, había fungido en el pasado como representante de 300 vendedores ambulantes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. Aunque la Secretaría de Cultura señala que Galindo Calderón estudió Ciencias de la Comunicación y Periodismo en la FES Aragón, no existe información sobre la cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas. La remuneración bruta del subdirector ascendería a 81 mil 600 pesos mensuales.

Cumplir con los perfiles para ocupar los puestos administrativos de todos los niveles de gobierno es fundamental para el funcionamiento eficiente de la administración pública. Existen puestos que demandan una alta especialización y estudios específicos que no deben ser ocupados por cualquier perfil, como en el caso del Conacyt, por ejemplo.

Que un cargo de esta naturaleza sea ocupado por la persona indicada, puede ser la diferencia entre el estancamiento y el desarrollo de un sector específico, como puede ser la ciencia, tecnología, innovación, las artes y la cultura.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas señala en su artículo séptimo los siguientes principios rectores de la actuación de los Servidores Públicos:

“ Artículo 7. Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los servidores públicos observarán las siguientes directrices:

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;

II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población;

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva;

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades;

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;

VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución;

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general;

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones, y

X. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano.”

La profesionalización de la administración pública en todos los niveles de gobierno es un requisito fundamental para progresar como nación hacia mejores estándares de desarrollo, progreso y bienestar. Terminar con el nepotismo es un paso necesario que debemos dar para aspirar a un futuro más prometedor.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que investigue los presuntos actos de nepotismo en diversas dependencias y entidades de la administración pública y para que se garantice que todos los servidores públicos que están siendo contratados cumplan con el perfil que demanda el puesto.

Notas

1 Carocci, Sandro, El nepotismo en la Edad Media, Universidad de Valencia, 2007, 179 pp.

2 Rechazan nombramiento de nuevo subdirector de Conacyt, El Universal, en:

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/ rechazan-nombramiento-de-nuevo-subdirector-de-conacyt

3 “Otro escándalo en Conacyt: diseñadora de moda a Comisión de Bioseguridad”, Huffington Post, en:

https://www.huffingtonpost.com.mx/2019/02/12/otro-escandalo-en-conacyt- disenadora-de-moda-a-comision-de-bioseguridad_a_23668059/

4 Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), Senasica, en:

https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/comision-intersecretarial- de-bioseguridad-y-organismos-geneticamente-modificados

5 “Jesús Galindo Calderón, de vagonero a director en la Secretaría de Cultura de Ciudad de México”, Huffington Post, en:

https://www.huffingtonpost.com.mx/2019/02/18/de-representante-de-vagoneros- a-director-en-la-secretaria-de-cultura-de-cdmx_a_23672048/ ?ncid=other_trending_qeesnbnu0l8&utm_campaign=trending

6 Ley General de Responsabilidades Administrativas, Cámara de Diputados, en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2019.— Por el Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Ismael Alfredo Hernández Deras (rúbrica), vicecoordinador, en representación del coordinador del Grupo Parlamentario, diputado René Juárez Cisneros.»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

CREAR UN CENTRO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS GEOLÓGICOS, QUE PERMITA MITIGAR LOS RIESGOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal y la SSPC a crear un centro de evaluación de riesgos geológicos para monitorear, evaluar y emitir estudios pertinentes en materia geológica, tectónica y ambiental que permitan mitigar los riesgos en la Ciudad de México, a cargo de la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, en mi calidad de Diputada Federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El Sistema Nacional de Protección Civil, nace a raíz de los sismos de septiembre de 1985, por la magnitud de los siniestros ocasionados principalmente en la capital del país, lo que sirvió para diseñar un esquema institucional que evitara poner en riesgo y vulnerabilidad al conjunto de la sociedad. El Sistema Nacional de Protección Civil sentó las bases para la atención de desastres e institucionalizó la protección civil dentro de los esquemas de actuación de la administración pública; en él se observan tres modelos que transitan de la atención a la prevención y a la transferencia de riesgos al adoptar distintos instrumentos como el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo para la prevención de Desastres Naturales y los bonos catastróficos, cuyo propósito es lograr una gestión administrativa del riesgo.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley General de Protección Civil, el Sistema Nacional de Protección Civil es “un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público entre sí.”

En este sentido, el presidente encabeza el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) como al Consejo Nacional de Protección Civil, el cual está integrado por los titulares de las Secretarías de Estado, los gobiernos de los estados, el jefe de gobiernos de la ciudad y la mesa directiva de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Senadores y Diputados.

Que, de acuerdo a la última reforma a la Ley de la Administración Pública Federal, publicada el 30 de noviembre del año 2018, el artículo 30 Bis, relativo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se establece en la fracción XX que corresponde a esta secretaría:

XX. Conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de los Gobiernos de los Estados y la Ciudad de México, con los gobiernos municipales y con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre y concertar con instituciones y organismos de los sectores privado y social las acciones conducentes al mismo objetivo;

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), es el órgano técnico científico de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) que se encarga de crear, gestionar y promover políticas públicas en materia de prevención de desastres y reducción de riesgos, mediante la investigación, monitoreo, capacitación y difusión de información.

En los otros órdenes de gobierno, en teoría, se cuenta con un sistema estatal y municipal de protección civil, de la misma composición que el nacional. Las unidades internas de protección civil, constituyen el órgano operativo responsable de desarrollar, dirigir acciones de protección civil a la ciudadanía, así como la elaboración, actualización, operación y supervisión de los programas internos de protección civil en los inmuebles de las instituciones públicas o sociales.

Hasta 2017, la Ciudad de México ha registrado 12 sitios  con deformación crítica, ubicados en las diversas colonias de las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Xochimilco, con agrietamientos y hundimientos acelerados de hasta 40 centímetros por año, consideramos que es importante que se refuerce el trabajo del Cenapred con la habilitación de un Centro de Evaluación de Riesgos Geológicos, que apoye la gestión del riesgo en aquellas zonas en donde se han presentado mayor cantidad de fenómenos naturales, inundaciones, grietas, etc. Por lo que se encuentran afectadas o vulnerables.

Desde 2007, la Delegación Iztapalapa cuenta con un Centro de Evaluación de Riesgos Geológicos, sin embargo, este no tiene las facultades ni el presupuesto necesario para atender a la Ciudad de México, dejando toda esta zona susceptible de información pronta y expedita para mitigar los riesgos que se presentan como hundimientos diferenciados, grietas, inundaciones, entre otros.

En Octubre de 2007,  la UNAM, por medio de  la Investigación Científica y del Centro de Geociencias, emitieron una declaración en la que daban cuenta de que apoyarían el análisis y solución a problemas de agrietamiento  y hundimiento  que afectaban  a la delegación Iztapalapa, la colaboración incluía  actividades de carácter científico y tecnológico, análisis de los mecanismos de fracturamiento del subsuelo y la creación de una base de datos estructurales para la toma de decisiones.

En febrero del año 2009, el entonces delegado de la demarcación y la Dra. Dora Carreón, anunciaron la inauguración del Centro de Monitoreo de Fracturamiento del Subsuelo, el primero en su tipo en América Latina, con el objetivo de atender el fracturamiento en la zona, el monitoreo y análisis  de las condiciones de  deformación en materia física y geológica.

Para junio de 2009, el Centro de Monitoreo de Fracturamiento de Subsuelo, ubicado en Iztapalapa,  contaba con un laboratorio de caracterización de suelo y una sala interactiva, una unidad de control y antenas que transmitían  la onda electromagnética con diferentes frecuencias hacia el subsuelo; se trabajaba con un equipo de medición de propagación de ondas  mecánicas, además de dos unidades móviles que cuentan con aparatos para realizar estudios sistemáticos de campo, que permite conocer a detalle la superficie de la demarcación  y cuanto se desplaza  el subsuelo por hundimientos y fracturas.

Los indiscutibles avances que tiene la Alcaldía de Iztapalapa pueden ayudar a que los trabajos que se realicen sean con el objetivo de  rehabilitarlo, dotarlo de una figura formar y técnicamente viable, lo que permita equiparlo para las tareas que necesita la Ciudad de México y que se propone deberá construirse y sujetarse a la austeridad que se sigue en el Gobierno Federal, de tal modo que sea un Centro, debidamente equipado, que de servicio y atención a cada Alcaldía con mayor vulnerabilidad, quien deberá contar con las herramientas necesarias para realizar sus estudios de campo y tener la atención oportuna de sus zonas.

Este Centro, deberá tener características muy importantes, necesarias para coordinar las acciones de desarrollo urbano del conjunto de las alcaldías, tales como: ser parte orgánica del gobierno de la Ciudad de México, tener un presupuesto asignado y estar coordinado con el Sistema Nacional de Protección Civil y los Centros de estudio en la materia. Todo ello con la finalidad de proporcionar información precisa a las Alcaldías y capacitar a técnicos para levantar datos, interpretar estudios y sobre todo informar sobre las medidas necesarias e indispensable que respalden las acciones cotidianas de gobierno.

La Ciudad de México concentra un número importante de población, tiene actividades económicas relevantes, pero registra hundimientos y grietas que ponen a la población en riesgo constante. Tan sólo, al comparar los mapas de fracturas con los sitios dañados por los sismos de 1985 y 2017, se identificó que los edificios colapsados se sitúan en las zonas con más fracturas. Dora Carreón Freyre, investigadora del Centro de Geociencias (CGeeo), de la Universidad Nacional Autónoma de México  y responsable académica del Centro de Evaluación de Riesgo Geológico (CERG) de la delegación Iztapalapa, explica que es la extracción del agua el factor que detona y pone en evidencia las debilidades que ya existían en el suelo, pues por el estrés hídrico el subsuelo se consolida y se compacta, y las irregularidades y discontinuidades que ya estaban comienzan a manifestarse o propagarse hacia la superficie.

Hoy en día, no hay centros de monitoreo y evaluación de riesgos en materia de protección civil, los cuales permitan atender la problemática de la región.

Por estas razones el Centro de Evaluación de Riesgos en la Ciudad de México, sería un proyecto piloto para tomar acciones integrales de prevención en materia de protección civil, que posteriormente se podría replicar en Oaxaca, Guerrero, Morelos, Veracruz, Chiapas, Puebla y Colima, en donde se han registrado desastres naturales importantes.

En la necesaria revisión del Sistema Nacional de Protección Civil, es importante considerar la existencia de nodos de información en estas zonas en donde, por su ubicación, necesitan monitoreo y emitir la información pertinente que incluso puedan integrar a los atlas de riesgos municipales, estatales y federales.

El no cumplimiento de la  actualización permanente  de los Atlas de Riesgo a nivel municipal, estatal y federal como lo establece el artículo 19, fracción XXII, de la Ley General de Protección Civil, es parte de la carencia de un Centro de Evaluación de Riesgos Geológicos que apoyen la actividad de las Alcaldías, las cuales no cuentan con la orientación inmediata respecto de qué instrumentos tecnológicos deben adquirir para hacer los estudios pertinentes, no cuentan con personal profesional en el tema o al menos, el personal capacitado para la interpretación de datos, por lo tanto no están en condiciones de hacer una correcta gestión de riesgos.

El artículo 10 de la misma Ley General de Protección Civil, dice textualmente que la gestión de riesgos es:

Artículo 10.  La Gestión  Integral  de  Riesgos considera,  entre  otras,  las  siguientes  fases  anticipadas  a la ocurrencia  de  un agente  perturbador:

I. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de construcción social de los mismos;

II. Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus escenarios;

III. Análisis y evaluación de los posibles efectos;

IV. Revisión de controles para la mitigación del impacto;

V. Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos;

VI. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos, y

VII. Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad.

En este tenor, las autoridades operativas en zonas consideradas de riesgo, o incluso aquellas que no se saben que están en riesgo y se enteran cuando el fenómeno perturbador se presenta, es la incapacidad de actuar correctamente en lo que menciona la fracción V del artículo: considerar las “Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo para quedar como sigue

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para la creación de un centro de evaluación de riesgos geológicos, con la finalidad de monitorear, evaluar y emitir estudios pertinentes en materia geológica, tectónica y medio ambiental, que permita mitigar los riesgos en la Ciudad de México.

Notas

1 Ley General de Protección Civil (2018)

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_190118.pdf

2 Boletín Centro de Geo ciencias de la UNAM

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_698.html

3 Gaceta UNAM.

http://www.geociencias.unam.mx/geociencias/desarrollo/gaceta_041007.pdf

i Gaceta UNAM,

http://www.geociencias.unam.mx/geociencias/desarrollo/gaceta_iztapalapa09.pdf

ii Gaceta UNAM

http://www.geociencias.unam.mx/geociencias/desarrollo/gaceta_080609.pdf

iii https://obrasweb.mx/construccion/2017/10/13/las-5-delegaciones-de-la- cdmx-con-mas-fracturas-geologicas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2019.— Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.

DIFUNDIR INFORMES PERIÓDICOS SOBRE EL AVANCE DE LAS RECOMENDACIONES, INVESTIGACIONES Y RESULTADOS EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2017

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a difundir informes periódicos sobre el avance de las recomendaciones, las investigaciones y los resultados de los asuntos señalados en la revisión de la Cuenta Pública de 2017, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, la diputada Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República, así como a las entidades auditadas a que hagan públicos informes periódicos sobre el avance de las recomendaciones, investigaciones y resultados de los asuntos señalados en la revisión de la Cuenta Pública de 2017 al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los resultados de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública el ejercicio 2017, muestran una gran cantidad de irregularidades en el ejercicio del gasto en prácticamente todas las dependencias revisadas y en casi todos los órdenes de gobierno que ejercen recursos públicos federales. También detectaron ineficiencias en la operación de diversos programas gubernamentales.

Es muy preocupante que los resultados presentados para 2017, no muestran avances significativos en relación con los de años anteriores.

En el mensaje del auditor superior de la Federación incluido en el Informe General Ejecutivo, se señala que “Los elementos que componen este informe buscan convertirse en una referencia relevante para los diversos actores interesados en la labor que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En particular, los datos y el análisis que se presentan pretenden servir de insumo para fortalecer la toma de decisiones, el diseño de mejoras legislativas y la identificación de medidas preventivas que minimicen la ocurrencia de prácticas irregulares.”

Este mensaje, que se ha repetido en otros informes, no ha tenido el efecto deseable entre los diversos actores interesados, ni los datos y análisis han servido de insumo para para fortalecer la toma de decisiones, el diseño de mejoras legislativas y mucho menos para la identificación de medidas preventivas que minimicen la ocurrencia de prácticas irregulares.

Al respecto, sólo baste señalar que, según el Índice de Percepción de Corrupción en el Sector Público, que elabora Transparencia Internacional, México empeoró durante las dos últimas administraciones. En 2006 México obtuvo una calificación reprobatoria de 3.3 sobre 10, colocándose en el lugar 70 de 163 países evaluados. En 2012 tuvo una mejoría marginal obteniendo una calificación de 3.4, pero se ubicó en el lugar 105 de 174 países, lo que indica que otros países avanzaron más que México. En 2018 la percepción empeoró al obtener una calificación de 2.8 y se ubicó en el lugar 138 de 180 países.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental que levanta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revela que en 2013, 48.5 por ciento de la población consideraba que la corrupción era uno de los principales problemas sociales y 30.8 por ciento el mal desempeño del gobierno. En 2017 estos porcentajes aumentaron a 56.7 y 39.2 por ciento, respectivamente.

En el subíndice de instituciones que utiliza el Foro Económico Mundial para construir el Índice de Competitividad Global, destaca el deterioro de las siguientes variables durante la administración anterior:

Estos datos revelan que, aunque la labor fiscalizadora de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haya sido muy importante y profesional, los resultados en términos de disminución de la corrupción y la calidad del gobierno no han sido los esperados.

Otro indicador de la eficacia de la fiscalización como resultado de las auditorías practicadas a la Cuenta Pública de 2016, es que se identificó un monto probable de recuperar por 86 mil 994 millones de pesos, de los cuales sólo se han recuperado 10 mil 687 millones, 12.3 por ciento. De las auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2017 se determinaron recuperaciones probables por 68 mil 136 millones de pesos, de los cuales a la fecha se han recuperado sólo mil 241 millones, 1.8 por ciento.

Destaca que de manera reiterada la ASF reporta importantes irregularidades en varios aspectos como, por ejemplo:

1. Importantes irregularidades en la planeación, ejecución y seguimiento de obras públicas, como en los casos del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, el Tren Interurbano México-Toluca, el Libramiento Paso Express en Cuernavaca y diversas obras de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En todos estos casos se detectaron deficiencias en todo el proceso, desde la evaluación de la factibilidad de los proyectos, la elaboración de proyectos ejecutivos, la contratación de las obras, la ejecución de éstas, pagos irregulares, sobrecostos e importantes diferencias entre lo presupuestado y lo ejercido.

A pesar de que estas deficiencias han sido reportadas por la ASF desde hace varios años, se repiten sin que haya evidencia de sanciones y mucho menos de una mejora en los procesos.

2. El desvío de recursos al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, conocido como “La Estafa Maestra” y detectado desde por lo menos 2015. Mediante este mecanismo, diversas entidades públicas (Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol; Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu y Diconsa, entre otras), adjudican directamente contratos a otras instituciones públicas sin cumplir los requisitos que marca la ley, por lo que las instituciones contratadas subcontratan a otras empresas privadas, que en muchos casos ni siquiera existen, sin que haya evidencia de que realizaron los trabajos subcontratados, a pesar de lo cual recibieron los pagos convenidos, los que finalmente se desconoce su destino final.

A pesar de que esta importante irregularidad ya se había detectado en auditorías anteriores, continuó por lo menos durante 2017, sin que se tengan evidencias de una investigación profunda por parte de la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República y mucho menos de sanciones a los responsables.

3. Subsistencia de importantes irregularidades en el ejercicio del gasto federalizado.

Las auditorías aplicadas por la ASF no sólo son para determinar posibles irregularidades en el uso de los recursos, sino también para evaluar el desempeño de los programas gubernamentales. En relación con este aspecto destacan casos relevantes.

1. La reforma energética no ha dado los resultados previstos y ahora los ratifica la ASF. Existen importantes problemas en el sector energético para garantizar la soberanía nacional, derivados de un mal diseño de la reforma energética al que se añaden deficiencias en su implementación.

2. La insuficiencia de sistema de cuentas individuales para garantizar pensiones dignas para los trabajadores. La ASF señala que el monto a recibir por los trabajadores al momento de su retiro será en promedio equivalente a 24.3 por ciento de su último salario, lo que implica que perderán tres cuartas partes de su poder adquisitivo. Este es un problema muy serio que, aunque no se presentará en el corto plazo, debido a que muchos de los trabajadores que se pensionarán durante los años siguientes lo harán con el régimen anterior en el que el monto de la pensión se establecía en función de las últimas semanas de cotización. Pero el impacto negativo se dará en el mediano plazo cundo los trabajadores que están en el régimen de cuentas individuales se empiecen a jubilar.

3. Servicios de guarderías y estancias infantiles. La ASF reporta que: en 2017, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Sedesol, cumplieron con el objetivo de ofrecer servicios de atención y cuidado a 236 mil 236 niñas y niños, hijos de derechohabientes, y a 327 mil 854 infantes de madres, padres y tutores sin acceso a seguridad social, respectivamente. No obstante, la implementación de la política de guarderías y estancias infantiles presentó deficiencias, toda vez que no se dio acceso a la totalidad de los infantes para los cuales se solicitó el servicio; no se tiene la certeza de que los servicios ofrecidos en todos los centros de atención infantil cumplieron con los requisitos de seguridad y calidad establecidos; no es posible asegurar que todo el personal responsable de la atención y cuidado de los niños esté capacitado, y no se logró verificar si los infantes adquirieron los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarios para su desarrollo integral.

Las debilidades de la función de auditoría fueron reconocidas cuando se diseñó el Sistema Nacional Anticorrupción y, entre otras medidas se dotó a la ASF de mayores facultades de investigación y sanción. Sin embargo, a la fecha no se ha implementado totalmente el Sistema y las nuevas atribuciones de la ASF aún no han dado resultados concretos, por lo que es muy importante acelerar la implementación del Sistema y que la ASF asuma a cabalidad sus responsabilidades.

Un problema que limita que los resultados de las auditorías tengan efectos concretos en la aplicación de sanciones y en la mejora de las actividades gubernamentales es la falta de un seguimiento puntual de las recomendaciones e investigación de las irregularidades detectadas. Cuando la ASF emite los resultados de las auditorías, son motivo de diversas notas periodísticas, que conforme pasa el tiempo se van diluyendo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República, así como a las entidades auditadas, a que hagan públicos informes periódicos sobre el avance de las recomendaciones, investigaciones y resultados de los asuntos señalados en la revisión de la Cuenta Pública de 2017.

Notas

1 Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International 2006. Disponible en:

https://www.transparency.org/files/content/pressrelease/ CPI_2006_presskit_es.pdf. Consultado el 22 de febrero de 2019.

2 Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International 2012. Disponible en:

https://www.transparency.org/cpi2012/results. Consultado el 22 de febrero de 2019.

3 Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International 2018. Disponible en:

https://www.transparency.org/cpi2018. Consultado del 22 de febrero de 2019

4 Inegi. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013. Disponible en:

http://www.beta.inegi.org.mx/programas/encig/2013/. Consultado el 22 de febrero de 2019.

5 Inegi. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017. Disponible en:

http://www.beta.inegi.org.mx/programas/encig/2017/ consultado el 22 de febrero de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2019.— Diputada Dolores Padierna Luna(rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.