«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Para la consolidación de cualquier régimen político democrático se hace indispensable el respaldo de una cultura política democrática. Pero, en México ¿vivimos dentro de un sistema democrático? ¿Cómo es la cultura política de los mexicanos? ¿Realmente en nuestro país tenemos una cultura política democrática? ¿Quién se ha encargado de construirla? ¿La transición política trajo consigo una cultura política democrática? ¿A qué se debe la poca participación de la ciudadanía en la toma de decisiones? ¿A la falta de espacios para decidir? ¿Al poco interés de la mayoría de la gente por la política?

A lo largo de nuestra historia del siglo XX hemos vivido en México dentro de un sistema político autoritario y vertical. Nuestra cultura política consistió en el compadrazgo, el corporativismo, el clientelismo, la tranza, el dedazo, el chayotazo, la mordida, el preciso, la línea, el tapado, la cargadayla negociación política entre actores políticos que no rendían cuentas a nadie. Debido a esa forma de hacer y percibir a la política, hoy nos encontramos ante un serio problema de cómo es que percibimos a la democracia cuando aún contamos con una serie de valores que son antidemocráticos y que por su misma naturaleza ponen en riesgo nuestra incipiente democracia. Además de la desconfianza existente en las instituciones más importantes que son las encargadas de construir la cultura política democrática.

En México es difícil hablar de una consolidación de la democracia. Porque el hecho de darnos cuenta que por medio del proceso electoral podemos cambiar de gobernantes, no indica que hayamos adquirido una cultura política democrática. Es más, el contar con elecciones limpias, transparentes, competitivas, con un sistema electoral fuerte y un sistema de partidos plural, no es garantía de que nuestra percepción con respecto a la política haya cambiado en su totalidad.

La importancia del estudio de la cultura política democrática en México radica en que mientras mayor información tengamos nos será más fácil diseñar políticas públicas de cualquier índole, pero sobre todo políticas públicas de fomento a la participación ciudadana y a la toma democrática de las decisiones que conciernen a todos los mexicanos. Finalmente, somos los ciudadanos quienes construimos la democracia.

Para entender mejor lo que consideramos cultura política democrática diremos que:

Los valores, concepciones y actitudes que se orientan hacia el ámbito específicamente político, es decir, el conjunto de elementos que configuran la percepción subjetiva que tiene una población respecto del poder, se denomina cultura política...Los componentes que debe contener una cultura política democrática son: 1) La ciudadanía. Entendida esta como un conjunto de personas que usan su razón, son libres e iguales ante la ley y que le dan legitimidad al poder; 2) La participación. Se entiende por participación a éste conjunto de personas que tienen la capacidad para nombrar a sus representantes y al mismo tiempo defender sus derechos y participar de los asuntos públicos; 3) Sociedad abierta, activa y deliberativa; 4) La secularización. Una cultura que se seculariza es aquella en la que las creencias, sentimientos, concepciones y actitudes hacia los objetos políticos van dejando de estar ligados a estilos ideológicos rígidos y dogmáticos que dependen de una voluntad ajena, para abrirse a toda clase de información y convertirse en seculares, vale decir, conscientes, pragmáticos y multivalorativos, esto es, sujetos al libre albedrío y tolerantes frente al flujo de los cambios; 5) Competencia; 6) Legalidad; 7) Pluralidad; 8) Cooperación y 9) Una autoridad políticamente responsable.

A grandes rasgos estos son los componentes indispensables para construir una sociedad democrática y una cultura política democrática. En este sentido es importante señalar que una sociedad plenamente democrática es aquella donde los ciudadanos participan de forma libre, autónoma y sin condicionamientos por medio de organizaciones ciudadanas, que no están sujetas a condicionamientos de cualquier gobierno o partido político.

En la actualidad, es indispensable contar con una cultura cívica que respalde los esfuerzos institucionales por construir ciudadanía. Nuestro país está inmerso en una dinámica democrática que exige la amplia e informada participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos, sin embargo, en ocasiones la falta de una cultura cívica y de buenas prácticas urbanas nos impide participar plenamente y con conocimiento de los temas de las agendas públicas.

Por cultura cívica entendemos todos aquellos aspectos de la cultura política que tienen que ver con el sistema político, sus valores, instituciones y formas de organización política. Por buenas prácticas urbanas entendemos todas aquellas actitudes y comportamientos que las personas tenemos en la vía pública y con relación a la convivencia entre vecinos y respeto a las autoridades gubernamentales; respeto de leyes y reglamentos, uso adecuado de servicios públicos, cultura del cuidado del medio ambiente, etcétera.

La cultura cívica implica varios temas que a continuación se señalan:

•Construcción de ciudadanía política, económica, social y cultural.

•La participación ciudadana en los asuntos públicos.

•Sociedad plural, activa y deliberativa.

•Cultura de la legalidad.

•Aceptación de la pluralidad como elemento básico democrático.

•Cooperación para solucionar conflictos.

•Una autoridad políticamente responsable.

Con respecto a la ciudadanía, es importante señalar que no sólo es un hecho que se dé por sentado por simplemente alcanzar una cierta edad y tener una honesta forma de vivir; también es un concepto que se construye por medio de acciones concretas en diferentes ámbitos de la vida de la población de un Estado. Estos ámbitos son lo social, lo económico y lo político.

Desde el punto de vista de la ciudadanía social podemos decir que se construye por medio de una sólida educación cívica, con valores que tiene que ver con el respeto al otro, al medio ambiente, a las diferencias por cuestiones de raza, género, credo religioso, preferencia sexual o ideología política, entre otros temas. Esta educación cívica y los valores que implica y profundiza, nos ayudan a tener un comportamiento ético tanto en el ámbito de lo privado como de lo público. En el ámbito público como servidores públicos o como ciudadanos nos ayuda a hacer lo correcto, a conocer leyes y reglamentos, a tener conciencia de la importancia del respeto hacia los otros. En el ámbito de lo privado nos enseña a respetar lo que es diferente a nosotros y a tener una sana convivencia. En pocas palabras podemos decir que la ciudadanía social construye democracia social y crea sociedades más horizontales en términos de igualdad de derechos y de oportunidades.

La ciudadanía económica implica el desarrollo de las propias capacidades para salir adelante por nuestros propios medios, con base en nuestras cualidades y recursos materiales, intelectuales y hasta de lo que hoy se conoce como inteligencia emocional. La ciudadanía económica implica la independencia financiera para no depender de la política social y así no ser susceptibles de condicionamientos político-electorales.

Por último, la ciudadanía política obedece a la construcción de una cultura política democrática (ya que vivimos en un régimen político democrático) con valores y prácticas democráticas. Estos valores y prácticas democráticas implican la participación libre, autónoma e informada de la ciudadanía (ya sea de forma individual por medio de organizaciones de la sociedad civil) en los asuntos públicos, en la conformación de las agendas públicas y como garantes de vigilar las acciones de gobierno y así estar al pendiente que los recursos públicos se usen con eficiencia, eficacia y honestidad, con transparencia y por medio de la rendición de cuentas.

En términos generales, podemos decir que para que la ciudadanía sea plena se requieren tres factores fundamentales:

• Valores cívicos (ciudadanía social)

• Independencia financiera (ciudadanía económica)

• Participación en los asuntos públicos (ciudadanía política)

Esta triada por sí misma implica un proceso de construcción, ningún ordenamiento jurídico construye ciudadanía, pero si sienta las bases legales para que los distintos tipos de ciudadanía se construyan. Aquí es importante resaltar que la ciudadanía se construye, por medio de un marco jurídico adecuado y a través de programas que difundan valores, acciones e interioricen conceptos clave para el proceso de construcción; en pocas palabras, la ciudadanía conlleva consigo un proceso de educar o de reeducar si se quiere ver así, a las personas y alejarlas de atavismos culturales propios de una sociedad autoritaria.

Todos estos temas son de fundamental importancia para construir sociedades más colaborativas entre autoridades gubernamentales y ciudadanos. Ya que en la actualidad debemos entender que el gobierno ha dejado de ser el gran proveedor de bienes y servicios, y ha pasado a ser un catalizador que activa a las instituciones y a las organizaciones públicas y privadas para que en colaboración solucionen los temas de la agenda pública.

En este sentido, los gobiernos deben estar enfocados en dar resultados tangibles que mejoren la calidad de vida de la población. Y este es parte de un nuevo esquema de gobierno: gobiernos de resultados.

Y para dar buenos resultados que satisfagan las demandas ciudadanas, es indispensable identificar causas que generan un problema y los efectos negativos que conlleva, así como posibles vías de solución. Y en el caso del tema que nos convoca en el presente Decreto, identificamos el problema y la solución de la siguiente forma:

La idea central del presente proyecto de decreto, es construir una cultura política democrática, que en términos generales implica un proceso de construcción de ciudadanía por medio de la participación ciudadana en los asuntos públicos; esto de forma libre, autónoma y sin condicionamientos de ningún tipo.

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Único. Se reforma la fracción I del artículo 27; inciso g) de la fracción I del artículo 38; y se adiciona una fracción XXVII al artículo 41 Bis y se recorren las subsecuentes de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular y conducir la política interior que competa al Ejecutivo Federal y no se atribuya expresamente a otra dependencia; fomentar el desarrollo político; contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover la formación cívica, los valores políticos democráticosy la participación ciudadana, por medio del desarrollo, fomento y difusión de una cultura política democrática y de los derechos humanos, que fortalezcan el proceso de construcción de ciudadanía y el desarrollo de valores sociales como la solidaridad, la empatía, la justicia y el respeto por la diversidad; facilitar acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática;

II a XXIV...

Artículo 38. A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. ...

a) a f) ...

g) La enseñanza de la cultura política democrática, de los valores cívicos y sociales, en coordinación con la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales, el Instituto Mexicano de la Juventud, la Secretaría de Gobernación, los Partidos Políticos y Organizaciones de la Sociedad Civil especialistas en el tema, por medio de una Estrategia Nacional para fomentar y difundir la cultura política democrática, la construcción de ciudadanía, los valores cívicos y la participación ciudadana;

II a XXXIV...

Artículo 41 Bis. A la Secretaría de Cultura corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I a XXVI...

XXVII. Organizar, dirigir y coordinar a la Federación, las entidades federativas, los municipios, las alcaldías de la Ciudad de México y los sectores social y privado, para crear e implementar una Estrategia Nacional de desarrollo, fomento y difusión de la cultura política democrática, la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía y,

XXVIII...

Primero. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2019.— Diputados y diputada: Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca,Felipe Rafael Arvizu de la Luz, Nelly Minerva Carrasco Godínez (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 389 Ter al Código Penal Federal, suscrita por la diputada Martha Estela Romo Cuéllar e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Martha Estela Romo Cuéllar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar para análisis y dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 389 Ter al Código Penal Federal.

Para tal efecto, procedo a dar cumplimiento a los elementos indicados en el numeral 78 del citado ordenamiento reglamentario.

I. Encabezado o título de la propuesta

Ha quedado precisado en el primer párrafo de este documento.

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver

La Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, “Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba”, denomina leche el producto obtenido de la secreción de las glándulas mamarias de las vacas sanas o de cualquier otra especie animal, excluido el calostro.

La leche como producto alimenticio, contiene una variedad de nutrientes tales como carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, lo cual beneficia a quienes la consumen, principalmente a los niños, ya que su consumo los previene de padecer anemia; asimismo, favorece su desarrollo y crecimiento (incremento de estatura y masa corporal).

La leche y sus derivados son una buena fuente de calcio, lo cual permite que los niños se desarrollen sanamente, además su consumo diario contribuye a mantener en buen estado los huesos y dientes, por lo que disminuye el riesgo de tener osteoporosis en la edad adulta.

La norma oficial referida define fórmula láctea como el producto elaborado a partir de ingredientes propios de la leche, tales como caseína, grasa, lactosueros y agua para consumo humano, en las cantidades que establece la norma de denominación comercial correspondiente; asimismo, conceptualiza el producto lácteo combinado como el producto elaborado a partir de sólidos lácteos u otros ingredientes que no proceden de la leche.

De acuerdo con estas definiciones, el uso del término “leche” no puede atribuirse a los “productos lácteos combinados”, así tampoco a las “fórmulas lácteas” como se ha venido haciendo, ya que estos productos no cumplen las especificaciones técnicas establecidas para tal efecto en la norma oficial mexicana.

Esto es así ya que se trata de productos elaborados a partir de un origen vegetal, los cuales son fortificadas con calcio y otros nutrientes para emular los valores nutricionales de la leche de origen animal; empero, a pesar de que se adicionen vitaminas y minerales en la misma proporción que la leche de origen animal, no significa que nuestro organismo asimile todos estos ni que se trata de un “producto lácteo”.

La leche, por sus características y cualidad intrínsecas, contiene minerales como el calcio, potasio y magnesio, los cuales favorecen el control de la presión arterial, su lactosa ayuda a los microorganismos benéficos que residen en el intestino. El ácido graso que contiene favorece la prevención de enfermedades cardiovasculares; la grasa butírica posee antioxidantes que evitan el daño producido por los radicales libres que a nivel celular son anticancerígenos; favorece la reducción de lesiones arterioescleróticas, poseen propiedades anti-inflamatorias y ayuda al mejoramiento del metabolismo hepático de lípidos, y mejora el incremento de masa magra.

Por ello se estima necesario incluir en la legislación penal federal un tipo delictivo que sancione como “fraude” a aquella persona que mediante publicidad engañosa, ofrezca y enajene comercialmente como “productos lácteos” que no cumplan las especificaciones técnicas previstas en la norma oficial mexicana.

III. Argumentos que la sustenten (exposición de motivos)

Comercialmente, hay distintas marcas de “fórmulas lácteas” que utilizan en su etiquetado o publicidad comercial engañosamente la palabra leche, aunque no lo sean.

Mediante la publicidad engañosa usan imágenes para insinuar que son productos elaborados con leche; e incluso, se genera mayor confusión entre los consumidores al ubicar sus productos en los mismos anaqueles y refrigeradores de las tiendas donde se comercializan, junto con los productos que sí son lácteos por contener leche.

Muchas de las fórmulas lácteas no contienen siquiera el mínimo de proteína necesaria para ser consideradas “fórmula láctea”, por ello tanto sus etiquetas como publicidad resultan ser engañosos para el consumidor al incluir el término “leche”, o al recurrir a imágenes o símbolos para sugerir que se trata de leche, a sabiendas de sus fabricantes que no lo es.

Los productos simulados han provocado de manera engañosa entre los consumidores que estos consideren de igual manera el consumo de productos lácteos y de “fórmulas lácteas y productos lácteos combinados”; lo anterior, ha desplazado el consumo del producto natural y en consecuencia la falta de la ingesta necesaria para mantener una salud optima a todos sus consumidores.

Las “fórmulas lácteas” en cuanto a su elaboración resultan ser más baratas para el fabricante; por lo común se producen a partir de componentes de la leche pero sin el valor total de proteínas que la caracterizan; en consecuencia son productos menos nutritivos.

Las fórmulas lácteas si acaso puede tener 22 gramos por litro de proteína de la leche, pero 15.4 de estos corresponden a caseína (proteína exclusiva de la leche, la cual le da su alto valor nutricional; es decir que el contenido de proteínas sirve como parámetro para determinar si un producto es leche o no). “Sin embargo, cuando en este proceso se disminuye la cantidad de proteína de la leche, el producto ya no puede seguir denominándose leche, sino fórmula láctea o producto lácteo combinado...” (“No todo lo que parece leche lo es. Leche, fórmulas lácteas y productos lácteos combinados”, en El Laboratorio Profeco Reporta, revista, diciembre de 2004).

El estudio “How well do plant based alternatives fare nutritionally compared to cow’s milk?”, publicado en noviembre de 2017 en el Journal of Food Science and Technology, muestra un comparativo de los nutrientes contenidos en la leche de origen animal y de cuatro productos lácteos combinados.

De acuerdo con ese estudio, la leche de almendras en comparación con la leche de vaca, tiene un aporte calórico menor, lo cual deriva de su contenido de nutrientes, pues en 230 mililitros de la bebida vegetal únicamente se contiene 1 gramo de proteína.

De igual manera, la leche de coco no es una buena fuente de proteínas y carece de carbohidratos, además de que debe ser fortificada con vitamina D y B12; la leche de arroz, por su parte, es rica en carbohidratos y aporta una mayor cantidad de calorías, pero como la mayor parte de sus calorías provienen del almidón, también contiene bajo contenido proteínico y de grasas. Por otro lado la leche de soya es la que se asemeja más en el aporte proteínas, no obstante ésta no aporta el calcio necesario ni las vitaminas B12 y D contenidas en la leche de origen animal.

Lo anterior pone de manifiesto que el uso de la palabra leche, en el etiquetado para denominar a algunos productos lácteos combinados o fórmulas lácteas genera una distorsión de la verdad acerca de este tipo de producto que llega a confundir al consumidor, quien los adquiere suponiendo o dando por sentado que estos productos pueden suplantar los valores nutricionales de la leche de origen animal; todo esto –se insiste–derivado de la publicidad engañosa y de las etiquetas en los productos.

La Ley Federal de Protección al Consumidor establece en el artículo 42:

Artículo 42. El proveedor está obligado a entregar el bien o suministrar el servicio de acuerdo con los términos y condiciones ofrecidos o implícitos en la publicidad o información desplegados, salvo convenio en contrario o consentimiento escrito del consumidor.

De dicho precepto se advierte con claridad que los datos o información contenidos en la publicidad forzosamente deben ser comprobables; además, debe tutelarse la buena fe con que actúan los consumidores; bajo esa óptica, la publicidad debe dotarse de elementos objetivos que ayuden al consumidor a tomar una decisión informada y consciente al momento de adquirir algún producto.

Dado que la publicidad es determinante en la adquisición de un producto, esta es parte fundamental del otorgamiento del consentimiento contractual del consumidor, por lo que tiene un carácter vinculante.

En este sentido cobra relevancia lo previsto en el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor:

Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidorpor la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.

La Procuraduría Federal del Consumidor menciona en el estudio No todo lo que parece leche lo es. Leche, fórmulas lácteas y productos lácteos combinados:

En parte para evitar que los consumidores confundan los productos que son propiamente leche con los que no lo son, la NOM incluye también las características de las fórmulas lácteas y de los productos lácteos combinados. Su diferencia principal con la leche es la menor cantidad de proteínas propias de leche que contienen. Para su correcta identificación, estos productos deben señalar claramente su denominación en el envase, y desde luego no pueden denominarse leche ni sugerir que lo son. Si adicionan grasa vegetal, deben usar la denominación ‘fórmula láctea con grasa vegetal’ o ‘producto lácteo combinado con grasa vegetal’, además de declarar sus contenidos de grasa y proteína.

La promoción de productos lácteos combinados y fórmulas lácteas, mediante la denominación “leche” o imágenes alusivas a ésta, es tendenciosa y falsa, pues esos productos no cumplen con las características nutricionales que el consumidor busca en un producto lácteo, además de que en ocasiones son productos puramente vegetales.

Resulta valioso aquí el criterio de interpretación emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y texto son del tenor siguiente:

Publicidad engañosa. Carga de la prueba atendiendo a sus enunciados empíricos o valorativos.El artículo 32, párrafo primero, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, prevé que la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberá ser veraz, comprobable y exenta de descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosa o abusiva. En la misma línea, el artículo 42 de la referida ley establece como una obligación del proveedor entregar el bien de acuerdo con los términos y condiciones ofrecidos o implícitos en la publicidad o información desplegada, salvo convenio en contrario o consentimiento escrito del consumidor. De acuerdo con lo anterior, el proveedor debe contar con el respaldo técnico y científico que acredite que la información o publicidad de un determinado producto es exacta y verdadera, es decir, que los atributos del producto que anuncia son comprobables. En ese sentido, cuando se trata de la afectación de derechos de los consumidores que aduzcan y presenten indicios de que la publicidad o información difundida por el proveedor es engañosa, la carga probatoria se distribuye según el tipo de enunciado que se trate de demostrar (empírico o valorativo). Ante la valoración de enunciados empíricos (exactitud y veracidad) la carga de la prueba para demostrar que el producto cumplió con los términos y condiciones ofertados es para el proveedor, debido a que se encuentra en una situación de ventaja frente al consumidor ya que conoce la eficacia del producto ofrecido y cuenta con la información y aptitudes técnicas y científicas para aportar los elementos de prueba necesarios para demostrar que su información es comprobable y, por ende, no induce a error al consumidor. En cambio, cuando se está frente a un enunciado valorativo (exageración, parcialidad, artificio o tendencioso), el consumidor tiene la carga de la prueba de que dicha información o publicidad tiene esas características y que su emisión lo condujo al error o confusión. Todo lo anterior, conforme a los principios lógico y ontológico de la prueba, y a efecto de salvaguardar los derechos previstos en la parte final del tercer párrafo del artículo 28 constitucional, en relación con el capítulo III, de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Amparo directo en revisión 2244/2014. Procuraduría Federal del Consumidor, 11 de marzo de 2015. Cinco votos de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien formuló voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Rodrigo Montes de Oca Arboleya.

Derivado de esta sentencia emitida por nuestro más alto tribunal, es factible concluir que la publicidad engañosa en que incurren quienes presentan como leche aquellos productos que únicamente son fórmulas lácteas o productos lácteos combinados constituye una falta al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

A través de la presente iniciativa se propone a esta soberanía que dicha falta administrativa se eleve a calidad de delito en el Código Penal Federal, tipificándose como fraude,a fin de proteger tanto a los sectores de la economía que comercializan lícitamente productos lácteos, como a los propios consumidores.

Con esta iniciativa se busca proteger la salud de la población, además de sentar las bases para una competencia justa que permita que los consumidores identifiquen aquellos productos realizados con leche de aquellos que son fórmulas lácteas o productos combinados.

IV. Fundamento legal

Lo representan los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, precisados desde el inicio de este documento.

V. Denominación del proyecto de ley o decreto

También fue precisado al inicio de este documento y lo es iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 389 Ter al Código Penal Federal.

VI. Ordenamiento por modificar

Como indica el título referido, es el Código Penal Federal.

VII. Texto normativo propuesto

En mérito de lo anterior someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Único. Se adicionael artículo 389 Ter al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 389 Ter. Comete delito de fraude el que publicite y comercialice como leche aquellos productos que no cumplan con las especificaciones fisicoquímicas en la materia, definidas por la autoridad competente, para tener esta denominación.

VIII. Artículo transitorio

Sobre el particular, se propone el siguiente:

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.— Diputada y diputado: Martha Estela Romo Cuéllar,Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 17 y 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo de la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Ximena Puente de la Mora, diputada federal de la LXIV Legislatura, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, fracción I, 77 y 78 numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno el siguiente proyecto de iniciativa de ley, que reforma los artículos 17 y 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

I. Exposición de motivos

La información es una herramienta indispensable para abordar y resolver los problemas públicos. Las estadísticas como un soporte de análisis cuantitativo, han sido empleadas con mayor frecuencia en los últimos años debido a su eficacia al ofrecer alternativas que responden con mayor precisión a la solución de dichos problemas. Las estadísticas son un apoyo en la generación de diagnósticos, análisis y evaluaciones que complementan el aspecto teórico y cualitativo de la política pública. En este sentido, los instrumentos cuantitativos, ayudan a pronosticar si los efectos de una política pública serán eficientes, siendo éste un criterio esencial para la elaboración de leyes, ya que maximiza los beneficios a un costo menor.

Resolver problemas de política pública con base evidencia, es de suma relevancia y un acto de responsabilidad de las y los tomadores de decisiones. A través de este tipo de instrumentos, se pueden reducir costos en cuanto a implementación de alternativas y programas, ya que la evidencia cuantitativa permite contar con un conocimiento más profundo de la problemática y, por lo tanto, ahondar también en las soluciones. Otro beneficio que tiene el uso de estadísticas confiables, es que se fortalece la transparencia en los resultados, ya que de esta forma se pueden medir las condiciones con las que se inicia un programa de política pública y aquellas con las que se da por finalizado. De ello, también deriva que se pueda evaluar la continuidad de un programa determinado.

Implementar la perspectiva de género en las legislaciones y en la política pública resulta fundamental para la atención de problemas públicos y evitar que se reproduzcan conductas nocivas para el desarrollo de las personas, con base en su género. El género, puede referirse a actitudes y conductas sociales que son atribuidas al sexo y que son percibidas como roles predeterminados para uno u otro, esto es, como roles de género. Dichos roles, han contribuido con frecuencia a reproducir nociones que han dañado históricamente la posición que hombres y mujeres ocupan dentro de la sociedad.

Para ello, se requieren de datos que sirvan como base para el análisis de las condiciones en que se encuentran las personas, dependiendo de su sexo y de acuerdo al rol social tradicionalmente asociado. Generar estadísticas con perspectiva de género es de suma relevancia para ayudar a diferenciar los roles entre mujeres y los hombres, cuáles son sus las necesidades específicas, el acceso a oportunidades y de qué manera contribuyen en sus comunidades.

Para que puedan cumplir con esta función, las estadísticas con perspectiva de género, no sólo deben relacionarse con la desagregación de la información por sexo, sino estar concebidas para reflejar los roles sociales, las relaciones entre mujeres y hombres, así como las desigualdades. Las principales características con las que Naciones Unidas recomienda que se realicen las estadísticas con perspectiva de género, son las siguientes:

• Los datos deben ser recolectados y presentados por sexo, como una primera clasificación general.

• Deben reflejar problemas de género.

• Estar basados en conceptos y definiciones que muestren de manera adecuada la diversidad de mujeres y hombres.

• Los métodos de recopilación de datos, deben tomar en cuenta estereotipos y factores sociales y culturales que puedan inducir a sesgos de género en la información.

Es decir, que la obtención de estadísticas con perspectiva de género, involucra todo el proceso, desde la planeación, la recopilación de datos, el análisis y la difusión de la información.

Existen instrumentos tanto a nivel nacional como internacional que sugieren la incorporación de la perspectiva de género en las estadísticas. La Organización de las Naciones Unidas, en sus recomendaciones 9, 12 16 y 17, establece lineamientos que consideran favorable la incorporación de la perspectiva de género en la creación de estadísticas nacionales en diversos temas, tales como la situación de la mujer en general, la violencia contra la mujer, el ámbito laboral, entre otros temas. Específicamente, contempla lo siguiente: que los servicios estadísticos nacionales y encuestas sociales se desglosen con sexo, facilitando la obtención de información sobre las mujeres; que los informes periódicos incluyan datos estadísticos sobre cualquier tipo de violencia contra la mujer; que dichos informes contengan datos estadísticos sobre las mujeres que trabajan sin seguridad social ni prestaciones; y, que los Estados alienten las investigaciones para medir y valorar el trabajo no remunerado de las mujeres, reuniendo datos desglosados por sexo, relativos al tiempo empleado en actividades del hogar.

Por otra parte, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, también contempla la generación de estadísticas con perspectiva de género, como una prioridad para alcanzar la igualdad. En su recomendación 206, señala las medidas que han de adoptar los servicios nacionales, regionales e internacionales de estadística, para la compilación y análisis de estadísticas que reflejen los problemas y cuestiones relativas a la mujer y al hombre en sociedad, contando con el personal adecuado que ayude a la coordinación de este tema.

Asimismo, en el artículo 8, inciso h) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, se contempla como una obligación de los Estados partes, “garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios...”.

A nivel nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla la igualdad en diversos preceptos constitucionales, y en relación específica a la igualdad de género, se encuentra en su artículo 4º, que señala que “El varón y la mujer son iguales ante la ley”.Este artículo reconoce la igualdad ante dicho ordenamiento jurídico. A raíz de este precepto, el Estado deberá generar las condiciones para que las mujeres y los hombres puedan contar con los mismos derechos y las mismas obligaciones, en igualdad de circunstancias, para lo cual se deben crear las Instituciones y leyes que permitan tutelar la igualdad entre el varón y la mujer.

Por otro lado, el apartado B del artículo 26 de nuestra Constitución, contempla la existencia del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, donde se establece la obligación de recopilar datos estadísticos que se considerarán como oficiales y de observancia general en todos los niveles de gobierno.

Contar con estadísticas oportunas que sirvan de evidencia para las políticas públicas, ya que permiten monitorear el progreso en el alcance de objetivos, tanto nacionales como internacionales, en materia de igualdad. Asimismo, permite observar de qué forma ciertos obstáculos al desarrollo y la paz de las naciones, tales como la violencia de género y la pobreza, pueden ser superados. Así, contar con estadísticas con estas características, puede detallar que tan accesible es la educación, la salud o el empleo, para cada sexo; o bien, proporcionar información sobre las responsabilidades, actividades o intereses de mujeres y hombres, de manera diferenciada.

Por ejemplo, con respecto a la deserción escolar, si bien, el número de deserciones desagregado por sexo, puede brindar algún tipo de información que indique diferencias entre mujeres y hombres, las razones pueden resultar diametralmente distintas para un sexo y para otro. O bien, en cuanto uno de los problemas que aquejan hoy en día en nuestra población como lo es el embarazo infantil y adolescente, si bien, se obtienen estadísticas de la edad de las mujeres que paren, sería indispensable conocer la edad de los padres o las razones del embarazo, con el fin de identificar otro tipo de problemáticas.

Como se visualiza, hoy en día, aún existen algunas áreas de oportunidad en la generación de estadística e información con perspectiva de género. Si bien, en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía cuenta con bases legales/disposiciones que permiten la generación de estadística con perspectiva de género, es necesario, que esto quede plasmado en la normatividad correspondiente, con el fin de enunciar las acciones que el INEGI deberá implementar, así como para dar obligatoriedad a su cumplimiento.

En el apartado B del artículo 26 de nuestra Constitución, se contempla la existencia del INEGI, que establece que “El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.”

En el artículo 3 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, señala que “El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado Información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional.”

II. Consideraciones

Actualmente, dentro de la finalidad de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, se contemplan acciones orientadas al desarrollo nacional, en su artículo 17, al hacer referencia a los Subsistemas, quienes deberán de producir, integrar y difundir la Información demográfica y social, no enuncia de manera explícita a la perspectiva de género, por lo que la inclusión de este concepto, como objetivo en la recopilación de información, fortalecería la igualdad entre mujeres y hombres.

Es decir, que las estadísticas generadas por el Instituto, deberán ser de utilidad para cumplir los objetivos de desarrollo que se planteen para México. Nuestro país como parte del sistema de Naciones Unidas, ha adoptado los Objetivos de Desarrollo Sustentable, los cuales son mecanismos que permiten disminuir las brechas sociales y promover los temas de inclusión y la equidad, coadyuvando al desarrollo nacional. El quinto de estos objetivos es, precisamente, alcanzar la igualdad de género, considerando la violencia y discriminación que experimentan mujeres y niñas en el mundo.

Dentro del Sistema Nacional de Información, a fin de incluir la perspectiva de género, existe un Comité Técnico Especializado en la materia, y a partir de éste, se crearon lineamientos para la inclusión de la perspectiva de género en dicho sistema. El 30 de diciembre de 2015, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos para incorporar la Perspectiva de Género en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, según el artículo 2 de este Acuerdo “Los presentes Lineamientos son observancia general para las Unidades del estado que por sus atribuciones tengan a cargo la realización, por sí mismas o por terceros, del diseño, producción, integración y difusión de Información de Interés Nacional, susceptible de que puedan incorporar la perspectiva de género.”

Es decir, que existen las bases para que la perspectiva de género pueda ser implementada en la obtención de los datos estadísticos. Por ello, resulta indispensable que dicho concepto se estipule de manera explícita dentro de la Ley del Sistema Nacional de información Estadística y Geográfica, cuando se trate de producir, integrar o difundir información de interés nacional, para reforzar las acciones que dentro del mismo Instituto se han motivado, con la finalidad de incluir la perspectiva de género; aunado a la utilidad que genera, en la implementación de políticas públicas encaminadas a la igualdad entre el hombre y la mujer, la producción, integración y difusión de Información de interés nacional con perspectiva de género.

III. Proyecto de iniciativa

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y según lo establecido por los artículos 1, 42 fracción XII, 46 fracción XII, 48 fracciones II y XIX de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia; los artículos 6, 34 fracción IV, 36 fracción VI de la Ley General para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres; artículo 1, 2, 15 Novenus, 20 fracción XXV de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; artículo 6 fracción XIV Bis de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; artículo 4, 6, 7 fracción XVIII de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y demás derechos humanos contemplados en los tratados internacionales y disposiciones vigentes, someto a la consideración de esta asamblea, al tenor del siguienteproyecto de

Único. El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Cfr.Jesús Antonio Bejarano, El análisis económico del derecho: comentarios sobre textos básicos.Revista de Economía Institucional, No. 1, noviembre 1999. Disponible en:

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3995667.pdf

2 Pew-MacArthur Foundation, Evidence-Based Policymaking A guide for effective government. Disponible en:

http://www.pewtrusts.org/~/media/assets/2014/11/ evidencebasedpolicymakingaguideforeffectivegovernment.pdf

3 Ibídem.

4 Simone de Beauvoir, El segundo sexo,De Bolsillo.

5 United Nations, Integrating a gender perspective into statistics,p. 1. Disponible en:

https://unstats.un.org/unsd/demographic/standmeth/handbooks/ 05323%20Integrating%20a%20Gender%20Perspective%20into%20Statistics %20Web%20Final.pdf

6 Ib., id., p. 2

7 Ibídem, p. 2

8 Ibídem, p. 4

9 Recomendaciones generales adoptadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

Disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm (Última consulta 10/04/17)

10 Ibídem.

11 ONU Mujeres, Declaración política y documentos resultados de Beijing +5. Disponible en:

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/ bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755

12Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. Disponible en:

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm

14 World Bank, Why do we need gender statistics?p. 3. Disponible en:

http://siteresources.worldbank.org/EXTGENDERSTATS/Resources/ 3237335-1291150268507/Module2_Why_do_we_need_gender_statistics.pdf

15 United Nations, op. cit., p.4

16 Ib. Íd.,p. 18.

17 Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lsnieg.htm

18 ONU México, Objetivos de Desarrollo Sostenible.Disponible en:

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/

19 ONU México, Igualdad de género. Disponible en:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

20 Acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos para incorporar la Perspectiva de Género en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Disponible en:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421751 &fecha=30/12/2015

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 21 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Ximena Puente de la Mora, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Benito Medina Herrera, Brasil Alberto Acosta Peña, Carlos Pavón Campos, Claudia Pastor Badilla, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Dorheny García Cayetano, Eduardo Zarzosa Sánchez, Enrique Ochoa Reza, Frinné Azuara Yarzábal, Irma María Terán Villalobos, Isaías González Cuevas, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Ivonne Liliana Álvarez García, Juan Francisco Espinoza Eguia, Juan José Canul Pérez, Juan Ortiz Guarneros, Laura Barrera Fortoul, Lenin Nelson Campos Córdova, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Manuel Limón Hernández, Margarita Flores Sánchez, María Alemán Muñoz Castillo, María Ester Alonzo Morales, María Guadalupe Almaguer Pardo, María Lucero Saldaña Pérez, María Wendy Briceño Zuloaga, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Martha Elisa González Estrada, Norma Adela Guel Saldívar, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Ricardo Aguilar Castillo, Soraya Pérez Munguía (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 330 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Elba Lorena Torres Díaz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Elba Lorena Torres Díaz, diputada por el estado de Aguascalientes en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

En México, más de 21 mil personas están registradas en espera de un órgano o tejido para trasplante; 326 de ellas necesitan un trasplante hepático para continuar con vida. Desafortunadamente, de acuerdo con cifras del Centro Nacional de Trasplantes, solo se realizan cerca de 180 de estos procedimientos cada año.

Los principales trasplantes que se realizan en México son de córnea, médula ósea (progenitores de la sangre), hueso, válvulas cardiacas, riñón, hígado, corazón y pulmón.

De acuerdo con el Departamento de Salud y de Servicios Humanos de Estados Unidos, la decisión de ser un donante en vida es sumamente personal. El potencial donante debe considerar los posibles efectos adversos para la salud que puedan surgir después de la donación, así como la posibilidad de salvar la vida del beneficiario”.

Lo que podemos donar en vida:

• Pulmones (solo un fragmento)

• Sangre

• Médula ósea

• Hueso

• Células madre

• Placenta

• Riñón

• Hígado (solo un fragmento)

• Intestino

• Páncreas

Por paro cardiaco:

• Córneas

• Piel

• Huesos

• Ligamentos

• Tendones

• Válvulas Cardíacas

• Vasos Sanguíneos

Por muerte cerebral se puede donar:

• Riñones

• Intestino

• Tendones

• Hígado

• Córneas

• Corazón

• Piel

• Vasos Sanguíneos

• Pulmones

• Ligamentos

• Páncreas

• Huesos

Los factores que deben considerarse, además de la compatibilidad entre el donante y quien recibirá el órgano o tejido, son la salud física y mental de quien donará, así como algunos aspectos legales.

Es esencial que el donante sepa que “no se sabe cuáles serán los efectos a corto y largo plazo para el donante” después de la donación.

De acuerdo con la legislación actual mexicana, quienes pueden donar son personas entre 18 y 60 años, aunque eso no descarta que personas de más 60 años en buen estado de salud puedan donar, pero en este caso se debe tener un parentesco por consanguinidad, afinidad o civil.

Del total de fallecimientos en el país, menos del 10% ocurre por muerte cerebral, lo que reduce aún más la probabilidad de disponer órganos para trasplante, de ahí la importancia de promover desde la juventud una fuerte cultura de la donación de órganos y tejidos.

La donación de órganos de cadáveres en México está por debajo del promedio global. De acuerdo con cifras de La Jornada, el promedio nacional es de 12 por cada millón de habitantes, con la mayoría de los estados con una tasa menor a 10, “mientras que en España, líder mundial en este rubro, es de 30 a 40 por millón de habitantes”.

La donación, la educación y las leyes sólo son una parte del problema, la otra son los recursos y la infraestructura. Es decir, si hoy se duplicaran los donadores de poco serviría, porque no tenemos los suficientes cirujanos especializados ni las instalaciones requeridas.

Además, las personas en quienes se practica este procedimiento quirúrgico por lo general necesitan un costoso tratamiento inmunosupresor, a veces por el resto de su vida. “No sólo se trata de la disponibilidad de órganos, también se tendría que formar a más cirujanos, construir hospitales y determinar de dónde saldrán los recursos económicos”, señalan especialistas de la materia.

El Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud, reconoce en junio de 2017 que México tiene el reto de promover la cultura de la donación. El mayor reto es promover la donación para empezar a satisfacer las necesidades nacionales de donación de órganos y tejidos para trasplantes”.

La donación de órganos en México mejora. No sólo en cuanto al número de donaciones y trasplantes que se realizan, también sobre la percepción de este acto.

Como ya hemos visto en México si ha incrementado la cultura de la donación según cifras del Centro Nacional de Trasplantes –Cenatra– respecto a la cantidad de donaciones y trasplantes, en el 2012 había una tasa nacional de donaciones de 3.7 por cada millón de habitantes, mientras que en 2017 la tasa aumentó a 4.5 por cada millón de habitantes.

Sin embargo, para satisfacer la demanda nacional aún queda un largo camino por recorrer, uno de los principales obstáculos es que los familiares argumentan que la donación de órganos de un fallecido es que se trasgrede el cuerpo del mismo.

Es por ello que la misma Secretaría de Salud y el Cenatra se enfrentan a un gran desafío, así mismo nosotros como legisladores estamos obligados a velar por la mejora en la calidad de vida de los habitantes de este país, es por ello que se debe destinar más recurso a cambiar la mentalidad de la población, misma que en hospitales y centros de salud puede provocar un impacto favorable en los datos duros de los próximos años, prolongando las expectativas de vida de pacientes con enfermedades terminales.

Como se pude notar, la cuestión en el índice de donación de trasplantes no sólo radica en cambiar la mentalidad sobre la cultura de los donadores o incluso de los familiares, sino también se desprende de los recursos de las instituciones públicas no sólo en el traslado y procedimiento quirúrgico, sino desde el equipamiento de hospitales, la preparación y capacitación de médicos, estudios de compatibilidad e incluso el tratamiento con inmunosupresores, que dada la condición de algunos pacientes esto se puede extender de por vida, afectando severamente su economía y la de sus familias.

Por otro lado, el 5 de abril de 2018 el Senado de la República remitió a la Cámara de Diputados el expediente del Proyecto de Decreto por el que se reforman los articulas 320, 321, 322, 324, 325, 326 Y 329 de la Ley General de Salud, en materia de Donación de Órganos1.

Esta Cámara, el 12 de abril de ese mismo año conoció de un dictamen de la Comisión de Salud.

Al respecto, este dictamen incluía una modificación al artículo 327 de la Ley General de Salud. La modificación establecía:

Artículo 327. ...

Los gastos en que se incurra con motivo de la extracción del órgano objeto de donación, forman parte de los gastos propios del trasplante y serán imputables al sistema de salud. dependencia o entidad receptora.

Con respecto a esta adición, el dictamen de la Comisión de Salud, señalaba:

“...Finalmente es necesario especificar en la legislación que nos atañe que los gastos en lo que se incurran con motivo de la extracción del órgano objeto de donación, formará parte de los gastos del trasplante y dicha erogación será imputable al sistema de salud, dependencia o entidad receptora, por lo que se propone establecer en el segundo párrafo del artículo 327 dicha modificación”.

Además, en este tema, el dictamen sustanció:

...En hospitales de tipo social, la atención médica y quirúrgica es gratuita. En hospitales de tipo público y privado la atención médica y quirúrgica tienen un costo. Los pacientes que optan por atenderse en hospitales privados deben estar conscientes de que la cirugía del donador vivo tiene un costo, independientemente de que el órgano haya sido donado en forma gratuita.

En el considerando segundo del dictamen se afirma:

“...A partir de ello, la OMS, emitió los Principios Rectores de la donación, con la finalidad de proporcionar un marco ordenado, ético y aceptable para la adquisición y trasplante de células, tejidos y órganos humanos con fines terapéuticos. Estos consisten básicamente en:

...8. Que no se permitan remuneraciones excesivas por el trasplante, sino lo justificado por los servicios prestados, entre otros.”

El asunto que se pretende legislar alcanzó consenso en las discusiones. Sin embargo, lo que detuvo la aprobación del tema de trasplantes fue lo relacionado con el “consentimiento presunto”; tema en el que en Encuentro Social no coincidimos.

Por eso, los trasplantes con fines terapéuticos deben ser cubiertos en su totalidad por parte de las instituciones de salud pública, trátese de derechohabientes o no, ya que, al tratarse específicamente de la necesidad de un trasplante, sea el órgano cual sea, nos estamos refiriendo a un paciente que depende del mismo para mejorar drásticamente su calidad de vida e incluso en algunos casos, la vida de ellos depende del trasplante.

Como pudimos constatar los números referentes al trasplante de órganos, de acuerdo al Cenatra han ido en aumento desde 2012 a la fecha, lo cual se traduce en el esfuerzo coordinado de la Secretaría de Salud y demás instituciones relacionadas, sin embargo, también debemos reconocer que el número de pacientes en espera de un trasplante cada día va en aumento, por lo que la demanda es cada vez mayor, lo que nos indica que debemos buscar alternativas para que el sistema de Salud Pública se convierta en facilitador de la práctica de donación y trasplante de órganos, es responsabilidad de la misma prolongar la vida de la población mexicana y sobre todo la calidad de vida de la misma.

Resulta necesario, ser congruente con la similitud de proyectos en lo que tiene que ver con el financiamiento de los trasplantes recobrar el artículo segundo transitorio del dictamen en comento de abril de 2018. El artículo segundo transitorio establecía:

Segundo. La Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás instituciones de Salud cubrirán las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se requerirán recursos adicionales para el cumplimiento del mismo. Así mismo, las entidades federativas darán cumplimiento al presente Decreto con cargo a sus respectivos presupuestos.

Finalmente, se adjunta el siguiente comparativo a fin de facilitar el análisis del proyecto que este acto se presenta

Por lo motivado y fundado; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 6, numeral 2, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 330 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 330 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 330. ...

Los trasplantes de órganos, tejidos y células en seres humanos vivos podrán llevarse a cabo cuando hayan sido satisfactorios los resultados de las investigaciones realizadas al efecto, representen un riesgo aceptable para la salud y la vida del donante y del receptor, y siempre que existan justificantes de orden terapéutico.

En razón del objeto de la Ley en lo referente a la preservación de la vida y de las prioridades del sector salud, cualquier institución de salud pública deberá sufragar los gastos de los trasplantes de acuerdo a un previo estudio socioeconómico; desde estudios de compatibilidad, hospitalización, traslados, en caso de requerirse, cuidados y recuperación de los pacientes tratándose de donante y receptor, sin considerar si se trata de derechohabientes o no a algún régimen de salud o seguridad social.

El Sistema Nacional de Salud podrá establecer convenios con particulares, para que, en caso de imposibilidad para brindar los servicios señalados en el párrafo anterior, éstos sean accesibles a las personas.

Está prohibido:

I. El trasplante de gónadas o tejidos gonadales,

II. El uso, para cualquier finalidad, de tejidos embrionarios o fetales producto de abortos inducidos.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaria de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás instituciones de Salud cubrirán las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se requerirán recursos adicionales para el cumplimiento del mismo. Asimismo, las entidades federativas darán cumplimiento al presente Decreto con cargo a sus respectivos presupuestos.

Referencias

https://www.gob.mx/cenatra/documentos/estadisticas-50060

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/427652/ Presentacion_anual_2018.pdf

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/legis/lgs/index-t14.htm

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_115.html

https://www.gob.mx/salud/articulos/aumenta-la-donacion-de-organos-en- mexico?idiom=es

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 26 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Elba Lorena Torres Díaz, Adriana Lozano Rodríguez, Adriana Paulina Teissier Zavala, Carolina García Aguilar, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Emmanuel Reyes Carmona, Eudoxio Morales Flores, Francisco Javier Saldívar Camacho, Héctor René Cruz Aparicio, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Javier Julián Castañeda Pomposo, Jorge Arturo Argüelles Victorero, José Ángel Pérez Hernández, José Luis García Duque, Juan Francisco Ramírez Salcido, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Lourdes Celenia Contreras González, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, María del Carmen Cabrera Lagunas, María Rosete, María Sara Rocha Medina, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Mata Carrasco, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Acundo González, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, Nayeli Salvatori Bajalil, Olga Juliana Elizondo Guerra, Olga Patricia Sosa Ruíz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y deroga el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 77, 78 y 102, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV y se deroga la fracción V del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia fiscal y laboral.

Los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con el que cuenta el Estado para promover el desarrollo económico, sobre todo porque, mediante ellos se puede influir en los niveles de asignación del ingreso entre la población, ya sea por razón de un determinado nivel de tributación entre los distintos estratos o, a través del gasto social, el cual depende en gran medida del nivel de recaudación logrado. En la actualidad los jubilados y pensionados de México están obligados a tributar el impuesto sobre la renta de los ingresos que perciben por esos conceptos, así como se establece en las fracciones IV, VII y VIII del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta donde los ingresos por concepto de Prestación Social y Previsión Social son exentos del cobro del impuesto sobre la renta.

“ Ley del Impuesto sobre la Renta:

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este título.

VII. Las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas.

VIII. Los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, y otras prestaciones de previsión social, de naturaleza análoga, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo.”

Además de que en caso de duda en la aplicación de una normatividad hay que privilegiar a la parte más débil y a la que quiere ahorrarse un perjuicio y no a la que pretende lograr un lucro, criterio que beneficia a los jubilados y pensionados y encuentra su apoyo en los principios pro-homine,recogidos en los tratados internacionales por lo que es un derecho fundamental, e investido de la máxima jerarquía en nuestro sistema jurídico, puesto que el artículo primero constitucional así lo establece, también el principio de progresividad el cual establece que no se pueden disminuir las prestaciones adquiridas por los trabajadores con motivo de su trabajo y el caso es que hasta el año 2001, la Ley del Impuesto sobre la Renta, exentaba del pago de ese impuesto a los pensionados y jubilados, por lo que es improcedente el cobro que realiza en base a la fracción cuarta del artículo 93 de la ley antes mencionada, violando también el artículo 14 constitucional al pretender retrotraer los efectos de esa ley en perjuicio de los jubilados y pensionados.

Paralelo a ello el artículo en mención viola los preceptos 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que señalan que el salario será gravable, pero no así la pensión, con ello contempla que la previsión social regulada en el artículo 123 de la CPEUM, se integra de un conjunto de principios, normas e instituciones que buscan la satisfacción de las necesidades, presentes y futuras, no sólo de los trabajadores considerados individualmente, sino de toda la clase trabajadora y en su apartado A, fracción XXIX , dispone que es de utilidad pública la Ley del Seguro Social que comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

Por su parte en el apartado B, fracción VI, del precepto 12 de la CPEUM, establece que sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos previstos en las leyes.

Aunado a lo anterior, el artículo 127, fracción IV, de la CPEUM establece que las jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos no formarán parte de la remuneración del trabajador, por ello evidentemente no son ingresos gravables. Ante ello se genera una violación a la garantía de equidad tributaria al tratar de manera distinta a los jubilados de la iniciativa privada y del sector público, con los que se encuentran en situación de retiro de las fuerzas armadas, el artículo 93, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) es violatorio de la garantía de equidad en virtud de que otorga un trato diferenciado en relación:

“ Artículo 32 de la LISSFAM que establece:

“Que los haberes de retiro, compensaciones y pensiones quedan exentos de todo impuesto, salvo cuando provenga de crédito a favor del estado por error en el pago del haber de retiro, compensación o pensión.”

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el 12 de noviembre de 2012 que los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social paguen impuestos sobre la renta (ISR) sobre sus pensiones y declararon que no es inequitativo que los militares en retiro no paguen dicho impuesto. Con el voto en contra de Olga Sánchez Cordero y José Ramón Cossío, la mayoría negó el amparo a jubilados y establecieron que la diferencia entre los pensionados civiles no sólo es constitucional, sino que además, el gravamen a las pensiones y jubilaciones no constituyen una doble tributación ni tampoco genera un trato fiscal desigual. Arturo Zaldívar, junto con el ministro presidente Juan N. Silva Meza, Sergio Aguirre, Fernando Franco, Margarita Luna Ramos, Jorge Pardo, Sergio Valls, Luis María Aguilar y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, señaló que los pensionados civiles y los de las fuerzas armadas tiene estatutos constitucionales diferentes, pues en la misma Constitución se dice que los integrantes de las Fuerzas Armadas tienen altas finalidades y ciertos beneficios derivados precisamente de las labores que desempeñan, los ministros, quienes han insistido en el respeto a los derechos humanos y a la necesidad de que se apliquen en el país los tratados internacionales firmados por México, cuando beneficien a la ciudadanía.

Asimismo, contraviene convenios internacionales y a la propia Constitución, con ello se está violando el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (número 102) en sus artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), el cual México ratificó con la Organización Internacional del Trabajo, el cual establece:

“ Parte V. Prestaciones de Vejez

Artículo 26

1. La contingencia cubierta a la supervivencia más allá de una edad prescrita.

2. La edad prescrita no deberá exceder de sesenta y cinco años. Sin embargo, la autoridad competente podrá fijar una edad más elevada, teniendo en cuenta la capacidad de trabajo de las personas de edad avanzada en el país de que se trate.

La legislación nacional podrá suspender la prestación si la persona que habría tenido derecho a ella ejerce ciertas actividades remuneradas prescritas, o podrá reducir las prestaciones contributivas cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito, y las prestaciones no contributivas, cuando las ganancias del beneficiario, o sus demás recursos, o ambos conjuntamente, excedan de un valor prescrito.

Artículo 67.Con respecto a cualquier pago periódico al que se aplique el presente artículo:

(a) el monto de la prestación deberá determinarse de acuerdo con una escala prescrita o según una regla fijada por las autoridades públicas competentes, de conformidad con reglas prescritas;

(b) el monto de la prestación no podrá reducirse sino en la medida en que los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apreciables prescritas o fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con reglas prescritas;

(c) el total de la prestación y de los demás recursos de la familia, previa deducción de las sumas apreciables a que se refiere el apartado b) anterior, deberá ser suficiente para asegurar a la familia condiciones de vida sanas y convenientes, y no deberá ser inferior al monto de la prestación calculada de conformidad con las disposiciones del artículo 66;

(d) las disposiciones del apartado c) se considerarán cumplidas si el monto total de las prestaciones pagadas, para la parte en cuestión, excede, por lo menos, del 30 por ciento del monto total de las prestaciones que se obtendrían aplicando las disposiciones del artículo 66 y las disposiciones siguientes:

(i) Apartado b) del artículo 15, para la parte III;

(ii) Apartado b) del artículo 27, para la parte V;

(iii) Apartado b) del artículo 55, para la parte IX;

(iv) Apartado b) del artículo 61, para la parte X.”

El 16 de mayo del 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de igual manera emitió una jurisprudencia para que el monto máximo de las pensiones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tenga un límite máximo de 10 salarios mínimos, entrando en abierta contradicción con los 25 salarios mínimos a los que se pueden cotizar como máximo. Por lo que en su criterio es inaceptable que gente del pueblo, en base a su esfuerzo, supere la línea de la supervivencia, y obtenga recursos para un poco de mayor bienestar. Esto es aún más inaceptable, ya que en su momento los jubilados y pensionados, pagaron impuestos sobre sus salarios, en general sobre sus ingresos percibidos, base de los ahorros que dieron origen a las pensiones y jubilaciones.

A esto se podría decir que tal prohibición sí choca con nuestra Carta Magna, al agredir el principio que ordena que los impuestos han de ser proporcionales y equitativos, conforme al artículo 31 Fracción IV de la Constitución:

“ Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”

El poder tributario de un Estado no es absoluto sino sujeto a límites y, debe estar subordinado en todo tiempo al bien común. Y, bien, uno de esos límites es la mencionada orden constitucional de que los tributos sean proporcionales y equitativos.

Según el concepto de la SCJN, la equidad es: “en su acepción jurídica, considerada como la manifestación de lo “justo” innato en el hombre, y en la colectividad...la equidad tiende a templar el rigor del derecho, por medio de una benigna interpretación, que permita tener en cuenta las diferencias individuales y llega a significar el ideal que el derecho positivo debe proponerse realizar. En el derecho fiscal: gravando a los individuos según la actividad que desarrollen, la fuente y cuantía de sus ingresos, el de sus necesidades, el interés de la colectividad en la actividad desarrollada y su cooperación al bienestar general.”

La equidad exige tratar desigualmente a los desiguales, según las capacidades contributivas de las personas. Un trato diferenciado, no basado en el capricho de las autoridades, sino en razones objetivas. Se debe gravar en relación con la capacidad económica de la persona. La Corte también ha señalado que los tributos no deben destruir la fuente impositiva, sino darle oportunidad a la persona de acrecentar su patrimonio.

Todo ello contraviene el principio de equidad pues no existe razón alguna para que el cálculo del ISR aplicable a pensiones, jubilaciones y haberes de retiros se realice de manera distinta para los jubilados o pensionados de la iniciativa privada o del sector público, a los haberes de retiro de los militares, que se ubican en la misma hipótesis de causación, por las razones siguientes:

a) Son personas físicas que obtuvieron ingresos por su trabajo, por tanto, se ubican en la hipótesis normativa contenida en el artículo 1, fracción I, de la LISR.

b) Son personas físicas que obtenían ingresos en efectivo; por ello, se ubicaban cuando se encontraban en activo en la hipótesis normativa establecida en el artículo 106º de la LISR.

c) Obtenían ingresos regulados de la LISR, relativo a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado.

d) Obtenían el mismo tipo de ingreso: (sueldo o salario). Experimentaban la misma modificación patrimonial positiva al percibir ingresos derivados de gratificaciones de igual monto.

e) Tenían derecho a las mismas deducciones personales.

f) Se encontraban obligados a pagar el impuesto mediante la retención que efectuaba quien pagaba su salario.

g) Se encontraban obligados a presentar declaración anual en los mismos casos.

h) En todos los casos al llegar a cierta edad, y habiendo cumplido cierto tiempo en el instituto de seguridad social que les correspondía, pudieron pensionarse, jubilarse o pasar a situación de retiro.

En los mismos casos les es aplicable la fracción IV del artículo 93 de la LISR que exenta de dicho impuesto a las prestaciones de seguridad social. La LISR no contempla, en ninguno de sus apartados, un grupo o categoría especial en la que hubiere ubicado a los pensionados, jubilados o en situación de retiro; los trabajadores particulares, los trabajadores al servicio del estado y los miembros de las fuerzas armadas se encontraban en igualdad frente a la ley tributaria cuando pasaron a jubilarse, pensionarse o retirarse del activo, dicha igualdad subsiste por lo que no se justifica un trato diferenciado, a lo que en la actualidad se calcula que la mayoría de los pensionados y jubilados gana menos de nueve salarios mínimos y sólo unos cuantos rebasan ese monto, por lo que cobrar más tributación es inconstitucional, injusto e inequitativo.

Con base en los datos que presentan la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, 2017 (ENESS) y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2017 (ENIGH), que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cerca de 4.3 por ciento de jubilados y pensionados se verán favorecidos mediante esta reforma, es decir, personas con ingresos de entre 9 y 25 salarios mínimos.

Si consideramos el universo de la población que se beneficia por este tipo de ingresos (3 millones 619 mil), tenemos que las percepciones de 162 mil 855 jubilados y familiares estarán exentas del pago de ISR. El porcentaje de jubilados y pensionados que reciben entre 9 y 25 salarios mínimos del total por entidad federativa, mismos que se ven beneficiados con esta reforma. Baja California Sur, Campeche, Colima y el estado de México, en ese orden, son los que tienen una participación mayor. En el otro extremo se encuentran Tlaxcala, Michoacán, Coahuila y Yucatán. Por ello existen razones de toda índole que justifican el rechazo de este cobro injusto que se les hace a los jubilados y pensionados:

1. El espíritu de la fracción IV del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, viola a todas luces la norma constitucional que contiene el principio de la supremacía constitucional, toda vez que el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, mismo que ratificó nuestro país en 1985, establece que el total de las prestaciones de seguridad social, como lo son las pensiones y jubilaciones, deberá ser suficiente para asegurar a la familia condiciones de vida sanas y convenientes; además de que categóricamente el artículo 71 1. de ese importantísimo instrumento jurídico internacional, establece que: “El costo de las prestaciones concedidas en aplicación del presente convenio y los gastos de administración de estas prestaciones deberán ser financiados colectivamente por medio de cotizaciones o de impuestos, o por ambos medios a la vez, en forma que evite que las personas de recursos económicos modestos tengan que soportar una carga demasiado onerosa y que tenga en cuenta la situación económica del Miembro y la de las categorías de personas protegidas”.

2. La aplicación del impuesto multicitado, es contrario al concepto de la exención en materia tributaria, ya que al no exentar a dichos trabajadores jubilados y pensionados, se desvirtúa la finalidad de asistencia social de dicha figura, toda vez que la política fiscal en su diseño y aplicación no es ni debe ser ajena a la política social y económica del estado mexicano. El impuesto sobre la renta que se aplica a jubilados y pensionados, entraña una doble tributación, si consideramos que la pensión es producto del trabajo que el pensionado desarrolló durante un determinado número de años, el cual ya fue objeto del cobro de impuestos, por lo que no debe ser sujeta a la aplicación de un nuevo gravamen; además de que dichas pensiones no constituyen una fuente de capital o de un rendimiento.

En virtud de lo anterior, esta iniciativa propone una solución de raíz y plenamente apegada a los criterios de tributación, consistentes en la proporcionalidad, la gradualidad y la universalidad, para que, corrigiendo la norma y proveyendo como lo decía José María Morelos a su exacta observancia con moderación y con prudencia, que toda la población jubilada y pensionada del país, quede exenta del pago de impuesto sobre la renta. Al reformar el artículo 93 fracciones IV y V de la Ley del ISR, se eliminarían falsas interpretaciones, injustos tributos y regímenes de excepción, para un sector que, hoy por hoy, requiere de un acto de elemental justicia: nuestros padres y abuelos trabajadores.

En conclusión la pensión que recibe un jubilado es producto de su trabajo, cuyo salario devengado a lo largo de los años laborados fue sujeto ya del pago de impuestos. Por tanto, no es equitativo que ahora se le quiera cobrar de nuevo. Por lo expuesto, y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción IV y se deroga la fracción V del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se reforma la fracción IV y se deroga la fracción V del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

I. al III. ...

IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte y aquellas provenientes de las leyes de seguridad social o de pensiones de las instituciones estatales y de las instituciones públicas de educación superior y las de los planes privados de pensiones registrados ante la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, previstos en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere esta fracción, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de quien los pague.

V... derogado.

Del VI. al XXIX. ...

...

...

...

...

...

...

Artículo Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.— Diputadas: Margarita García García, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputadafederal Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para eliminar el matrimonio infantil, con base a la siguiente

El “matrimonio infantil”, en una interpretación armónica del ordenamiento jurídico nacional y el artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, se entiende como la unión de dos personas en la que al menos uno de los contrayentes es menor de 18 años de edad para realizar la “comunidad de vida”.

Como regla general, nuestro ordenamiento jurídico prevé la mayoría de edad como característica idónea de los futuros cónyuges para celebrar matrimonio, toda vez que, a base de la experiencia y presunción, los 18 años es la suficiente para que un individuo se haya desarrollado de manera adecuada en el aspecto físico, emocional, sexual, psicosocial, y que cuenta con información útil sobre las opciones de vida para su persona, lo que conllevará a tenerle por preparado para cualquier toma de decisiones.

En sentido contrario, se presume que toda persona menor de 18 años aún no alcanza dicho grado de preparación multidimensional, lo cual vulnera la libertad en la toma de sus decisiones, pues al no contar con la información y preparación suficiente para v.gr. optar por un camino de vida determinado, no puede afirmarse que existe libre albedrío, consecuentemente si no existe libre albedrío al contraer un menor de edad matrimonio, ya que no cuenta con la madurez e información suficiente sobre sus implicaciones a corto y largo plazo, se entenderá este como forzado y perjudicial a los derechos humanos y dignidad del menor.

El matrimonio forzado es “todo aquel que se celebra sin el consentimiento pleno y libre de al menos uno de los contrayentes y/o cuando uno de ellos o ambos carecen de la capacidad de separarse o de poner fin a la unión, entre otros motivos, debido a coacciones o a una intensa presión social o familiar”, lo cual indiscutiblemente puede presumirse sucede en contrayentes menores de edad por encontrarse en una etapa de desarrollo en la que su capacidad de decisión que puede verse altamente influenciada por la esfera cultural, familiar o social en la que se desenvuelve diariamente.

En la misma línea argumentativa, es internacionalmente reconocido que el Estado Mexicano cuenta con el compromiso de dotar a su población de los medios suficientes e idóneos para ejercer su derecho a la libre y consciente planificación familiar, y uno de ellos es la prohibición a un matrimonio infantil que pueda derivar, por ejemplo, en una maternidad forzada. En el sistema de los derechos humanos, dicha característica se encuentra plenamente reconocida y tutelada tanto de forma directa como indirecta en, por lo menos, los siguientes mecanismos jurídicos:

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos;

a. Artículo 16. (...) 2) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. (...)

2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

a. Artículo 23. (...) 3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. (...)

3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

a. Artículo 10. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:

1. (...) El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges. (...)

4. Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios;

a. Artículo 1 1. No podrá contraerse legalmente matrimonio sin el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes (...)

5. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

a. Artículo 16. 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: a) El mismo derecho para contraer matrimonio; b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento; (...)

6. Convención Americana sobre Derechos Humanos:

a. Artículo 17. Protección a la Familia (...) 3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. (...)

7. Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud:

a. Artículo 1. Cada uno de los Estados Partes en la Convención adoptará todas aquellas medidas legislativas o de cualquier otra índole que sean factibles y necesarias para lograr progresivamente y a la mayor brevedad posible la completa abolición o el abandono de las instituciones y prácticas que se indican a continuación, dondequiera que subsistan, les sea o no aplicable la definición de esclavitud que figura en el artículo 1 del Convenio sobre la Esclavitud, firmado en Ginebra en 25 de septiembre de 1926: (...) i) Una mujer, sin que la asista el derecho a oponerse, es prometida o dada en matrimonio a cambio de una contrapartida en dinero o en especie entregada a sus padres, a su tutor, a su familia o a cualquier otra persona o grupo de personas; (...)

8. Convención sobre los Derechos del Niño:

a. Artículo 24. (...) 3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños. (...)

El contenido expuesto refrenda el derecho de las personas a decidir sobre el propio cuerpo y sus manifestaciones en el mundo físico; esto constituye el presupuesto básico de la seguridad e independencia de cualquier ser humano, reflejado en nuestra Constitución Política al prohibirse la esclavitud, protegerse la libertad sexual, la libertad de contratación, la libertad de asociación y el derecho de libre tránsito.

Por otra parte, nuestro Código Civil Federal prevé, en lo conducente:

Artículo 148. Para contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal o los Delegados según el caso, pueden conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas.

Artículo 149.- El hijo o la hija que no hayan cumplido dieciocho años, no pueden contraer matrimonio sin consentimiento de (...)

En resumen, nuestra legislación federal permite que las personas puedan contraer matrimonio a cualquier edad, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. El artículo 148 citado refiere que la edad mínima para contraer matrimonio es de 16 años tratándose del hombre y 14 por parte de la mujer, siempre y cuando se obtenga el consentimiento de quien en términos de los artículos subsecuentes pueda otorgarlo, como sus padres, abuelos, tutores o miembros del Poder Judicial.

2. 2. Ahora bien, el artículo 148 refiere en su parte final que si bien es cierto se requiere una edad mínima para contraer matrimonio, este requisito puede dispensarse por causa grave y justificada, lo cual permite v. gr. que una niña de 12 años pueda contraer matrimonio si es que la autoridad dispensa el requisito mínimo de edad (14 años) por alguna causa que considere grave y justificada.

El Estado Mexicano, tal cual se demostró en la argumentación previa, permite el matrimonio infantil a cualquier edad, contraviniendo con ello distintos mecanismos internacionales en materia de derechos humanos.

El matrimonio infantil ha sido considerado por diversos organismos de las Naciones Unidas y otros internacionales como una práctica que menoscaba la capacidad de goce y disfrute de otros derechos humanos de la persona, ya que la unión conyugal de un menor de edad cuya capacidad de discernimiento y decisión no se encuentra plenamente desarrollada le coloca en una posición de riesgo a sufrir violencia física, sexual o psíquica, ya sea a corto o largo plazo, sobre todo por la común diferencia de edades y poder existente entre los cónyuges, factor que repercute negativamente en la autonomía del menor de edad.

Dicho menoscabo incide, generalmente, en menores de edad de sexo femenino, y acorde al “informe temático sobre las dificultades y enseñanzas de la lucha contra las formas contemporáneas de la esclavitud”, la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, Gulnara Shahinian, concluyó que el matrimonio infantil puede convertirse en un matrimonio servil, es decir, que previo arreglo entre el padre o madre del niño o niña con el otro futuro cónyuge generalmente mayor de edad, el primero es reducido, mediante el matrimonio, a la condición de un bien sobre el que se puede ejercer una parte o la totalidad de los poderes que confiere la propiedad, esto motivado sobre todo por condiciones de pobreza que alientan fundamentalmente a las mujeres y sus familias a contraer matrimonio para obtener un grado de seguridad económica, lo cual paralelamente les sitúa en una oportunidad de convertirse en víctimas del delito de trata de personas.

En la legislación nacional, en lo particular, dicho riesgo ya ha sido reconocido por este Poder Legislativo Federal, pues promovió en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la tipificación en su artículo 28 de la explotación de una persona a través del matrimonio forzado, pudiendo consistir ello en:

1. Obligar a contraer matrimonio a una persona, de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en especie entregada a sus padres, tutor, familia o a cualquier otra persona o grupo de personas que ejerza una autoridad sobre ella;

2. Obligar a contraer matrimonio a una persona con el fin de prostituirla o someterla a esclavitud o prácticas similares;

3. Ceder o trasmitir a una persona a un tercero, a título oneroso, de manera gratuita o de otra manera.

Por otra parte, la Recomendación general Nº21 sobre la igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer consideró que la edad mínima para contraer matrimonio debe ser aquella de 18 años para ambos sexos, sin excepción alguna, toda vez que dicha edad, como referíamos inicialmente, presume madurez y capacidad de obrar plena y libre, lo cual protege sustancialmente la dignidad de la persona en el marco expuesto.

En términos de la misma Recomendación, la Declaración y Programa de Acción de Viena aprobados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos instó a la comunidad internacional, dentro de la cual se incluye al Estado Mexicano, a que se erradicaran las vías legales que permitieran prácticas discriminatorias y perjudiciales para las niñas, dentro de las cuales se encuentra la institución en estudio por los motivos ya señalados.

El enfoque de mayor protección al género femenino obedece a que dicho grupo es más vulnerable a encontrarse dentro de esta hipótesis; el matrimonio infantil y el embarazo precoz constituyen obstáculos enormes para la introducción o continuidad de la menor en oportunidades educacionales o laborales, ya que es recurrente que las niñas y jóvenes sean desalentadas a continuar laborando o estudiando con motivo del matrimonio, y reciben un trato de persona adulta independientemente de su edad.

Así, acorde a la Organización Mundial de la Salud, el hecho de que un menor de edad contraiga matrimonio, sobre todo cuando se trata de niñas que tienen o tendrán un hijo, pone en riesgo el disfrute al derecho a la salud, ya que es común en esta institución elevadas tasas de mortalidad materno infantil debido a embarazos precoces o continuación forzada de los mismos.

No obstante puede argumentarse que la institución del matrimonio infantil puede fungir como un mecanismo de protección mutua entre menores de edad ante determinadas adversidades, sobre todo las económicas (y especialmente enfocado a la mujer cuya unión fue motivada por un embarazo no deseado), lo cierto es que las que pudieren plantearse ya cuentan con respaldo suficiente por parte del Estado Mexicano, por lo que no existen argumentos razonables, objetivos y suficientes que sostengan o justifiquen la existencia de un matrimonio infantil como mecanismo para hacerles frente v.gr. se advierte en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 la existencia del Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, lo cual protege el derecho al trabajo; becas por parte de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología específicas para madres solteras, con lo cual se protege el derecho a la educación, así como a nivel gubernamental de entidades federativas, los mismos sistemas de Desarrollo Integral de la Familia y dependencias de carácter eminentemente asistencial prevén programas de apoyo económico, jurídico, de salud, entre otros, con motivo de los riesgos y obstáculos particulares que afronta especialmente la mujer en esta situación de mayor vulnerabilidad.

En continuidad con las consideraciones expuestas, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ha impuesto la obligación a la legislación federal y de las entidades federativas de establecer como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años:

Artículo 45. Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.

Sin embargo, como se expuso, tanto nuestro Código Civil Federal así como en algunos de sus homólogos en las entidades federativas, si bien es cierto obedecen la exigencia de la ley marco al establecer la edad mínima para contraer matrimonio los 18 años, burlan dicha disposición justo como se advierte a nivel federal a través de la incorporación de excepciones que permiten dispensar dicho requisito, posiblemente bajo el argumento de que no existe prohibición alguna sobre la posibilidad de crear excepciones a la regla general, causando con ello menoscabo al menor de edad que el legislador pretende prevenir.

En virtud de la argumentación vertida, se propone reformar el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con la finalidad de eliminar toda posibilidad de incorporar excepciones en la legislación civil tanto federal como local que permitan la celebración de matrimonios infantiles, ya que, se reitera, no existe justificación suficiente, razonable y objetiva que permita sostener su existencia.

Para mejor exposición, se integra el siguiente cuadro comparativo:

Es por lo anteriormente expuesto, con la única pretensión de combatir y prevenir de manera más eficiente y eficaz las violaciones a los derechos humanos de los niños, mismas que merman el adecuado funcionamiento de nuestra sociedad, circunstancia indispensable para el disfrute de otros derechos fundamentales, que someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para eliminar el matrimonio infantil

Único.Se reformael artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para quedar como sigue:

Artículo 45. Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años, sin que pueda existir excepción alguna que permita dispensar dicho requisito por cualquier motivo.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Salvo que la legislación prevea excepcionalmente que antes de dicho parámetro (18 años) se haya alcanzado la mayoría de edad.

2 NACIONES UNIDAS, ASAMBLEA GENERAL. “Prevención y eliminación del matrimonio infantil, precoz y forzado: Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, A/HCR/26/22 (2 de abril de 2014). Párr. 6. Consúltese:

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9585.pdf

3 Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. Consúltese:

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf

4 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 Lista de los Estados que han ratificado el pacto. Consúltese en:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

5 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. Consúltese:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx

6 Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios. Abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 1763 A (XVII), de 7 de noviembre de 1962. Entrada en vigor: 9 de diciembre de 1964, de conformidad con el artículo 6. Consúltese:

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/MinimumAgeForMarriage.aspx

7 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27. Consúltese:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx

8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (B-32). San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969. Consúltese:

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_ derechos_humanos.htm

9 Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. Adoptada por una Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el Consejo Económico y Social en su resolución 608 (

XXI), de 30 de abril de 1956. Hecha en Ginebra el 7 de septiembre de 1956. Entrada en vigor: 30 de abril de 1957, de conformidad con el artículo 13. Consúltese:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ supplementaryconventionabolitionofslavery.aspx

10 Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49. Consúltese:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx

11 Código Civil Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en cuatro partes los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928. Consultado el 20 de enero de 2019. Recuperado de:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_090318.pdf

12 Dispensar, acorde a la Real Academia de la Lengua Española y el contexto jurídico, debe entenderse como “Eximir de una obligación, o de lo que se quiere considerar como tal.”. Consúltese:

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=dispensar

13 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos “Informe de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, Gulnara Shahinian: Informe temático sobre las dificultades y enseñanzas de la lucha contra las formas contemporáneas de la esclavitud”. A/HRC/24/43 (1 de julio de 2013). Párr. 10. Consúltese:

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10178.pdf

14 Resolución Nº21 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. “La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares” A/49/38. 13º periodo de sesiones (04/02/1994). Párr. 36 y ss. Consúltese:

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm

15 Ibídem.

16 Naciones Unidas, Asamblea General. “Prevención y eliminación (...)” Op. Cit. Párr. 24

17 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Higinio del Toro Pérez, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Lourdes Celenia Contreras González, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, María Libier González Anaya, Mario Alberto Ramos Tamez, Martha Angélica Zamudio Macías, Pilar Lozano Mac Donald (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, para eliminar el matrimonio infantil, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Civil Federal para eliminar el matrimonio infantil, con base a la siguiente

El “matrimonio infantil”, en una interpretación armónica del ordenamiento jurídico nacional y el artículo 1o. de la Convención sobre los Derechos del Niño, se entiende como la unión de dos personas en la que al menos uno de los contrayentes es menor de 18 años de edad para realizar la “comunidad de vida”.

Nuestro ordenamiento jurídico prevé la mayoría de edad como característica idónea de los futuros cónyuges para celebrar matrimonio, toda vez que, a base de la experiencia y presunción, los 18 años es la suficiente para que un individuo se haya desarrollado de manera adecuada en el aspecto físico, emocional, sexual, psicosocial, y que cuenta con información útil sobre las opciones de vida para su persona, lo que conllevará a tenerle por preparado para cualquier toma de decisiones.

Se reconoce dicha circunstancia en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:

“Artículo 45. Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.”

En sentido contrario, se presume que toda persona menor de 18 años aún no alcanza dicho grado de preparación multidimensional, lo cual vulnera la libertad en la toma de sus decisiones, pues al no contar con la información y preparación suficiente para v.gr. optar por un camino de vida determinado, no puede afirmarse que existe libre albedrío, consecuentemente si no existe libre albedrío al contraer un menor de edad matrimonio, ya que no cuenta con la madurez e información suficiente sobre sus implicaciones a corto y largo plazo, se entenderá este como forzado y perjudicial a los derechos humanos y dignidad del menor.

El matrimonio forzado “es todo aquel que se celebra sin el consentimiento pleno y libre de al menos uno de los contrayentes y/o cuando uno de ellos o ambos carecen de la capacidad de separarse o de poner fin a la unión, entre otros motivos, debido a coacciones o a una intensa presión social o familiar”, lo cual indiscutiblemente puede presumirse sucede en contrayentes menores de edad por encontrarse en una etapa de desarrollo en la que su capacidad de decisión que puede verse altamente influenciada por la esfera cultural, familiar o social en la que se desenvuelve diariamente.

En la misma línea argumentativa, es internacionalmente reconocido que el Estado mexicano cuenta con el compromiso de dotar a su población de los medios suficientes e idóneos para ejercer su derecho a la libre y consciente planificación familiar, y uno de ellos es la prohibición a un matrimonio infantil que pueda derivar, por ejemplo, en una maternidad forzada. En el sistema de los derechos humanos, dicha característica se encuentra plenamente reconocida y tutelada tanto de forma directa como indirecta en, por lo menos, los siguientes mecanismos jurídicos

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos :

“a. Artículo 16. (...) 2) Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. (...)”

2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos :

a. Artículo 23. (...) 3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. (...)

3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales :

a. Artículo 10. Los estados parte en el presente pacto reconocen que:

1. (...) El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges. (...)

4. Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios 6:

a. Artículo 11. No podrá contraerse legalmente matrimonio sin el pleno y libre consentimiento de ambos contrayentes (...)

5. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

a. Artículo 16.1. Los estados parte adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: a) El mismo derecho para contraer matrimonio; b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento; (...)

6. Convención Americana sobre Derechos Humanos:

a. Artículo 17. Protección a la Familia (...) 3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. (...)

7. Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud:

a. Artículo 1. Cada uno de los estados parte en la Convención adoptará todas aquellas medidas legislativas o de cualquier otra índole que sean factibles y necesarias para lograr progresivamente y a la mayor brevedad posible la completa abolición o el abandono de las instituciones y prácticas que se indican a continuación, dondequiera que subsistan, les sea o no aplicable la definición de esclavitud que figura en el artículo 1 del Convenio sobre la Esclavitud, firmado en Ginebra en 25 de septiembre de 1926: (...) i) Una mujer, sin que la asista el derecho a oponerse, es prometida o dada en matrimonio a cambio de una contrapartida en dinero o en especie entregada a sus padres, a su tutor, a su familia o a cualquier otra persona o grupo de personas; (...)

8. Convención sobre los Derechos del Niño:

a. Artículo 24. (...) 3. Los estados parte adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños. (...)

El contenido expuesto refrenda el derecho de las personas a decidir sobre el propio cuerpo y sus manifestaciones en el mundo físico; esto constituye el presupuesto básico de la seguridad e independencia de cualquier ser humano, reflejado en nuestra Constitución Política al prohibirse la esclavitud, protegerse la libertad sexual, la libertad de contratación, la libertad de asociación y el derecho de libre tránsito.

Por otra parte, nuestro Código Civil Federal prevé, en lo conducente:

“Artículo 148 . Para contraer matrimonio el hombre necesita haber cumplido dieciséis años y la mujer catorce. El jefe del gobierno del Distrito Federal o los delegados, según el caso, pueden conceder dispensas de edad por causas graves y justificadas.

Artículo 149. El hijo o la hija que no hayan cumplido dieciocho años, no pueden contraer matrimonio sin consentimiento de (...)”

En resumen, nuestra legislación federal permite que las personas puedan contraer matrimonio a cualquier edad, violentando la disposición prevista en la ley marco referida, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. El artículo 148 citado refiere que la edad mínima para contraer matrimonio es de 16 años tratándose del hombre y 14 por parte de la mujer, siempre y cuando se obtenga el consentimiento de quien en términos de los artículos subsecuentes pueda otorgarlo, como sus padres, abuelos, tutores o miembros del Poder Judicial.

2. Ahora bien, el artículo 148 refiere en su parte final que si bien es cierto se requiere una edad mínima para contraer matrimonio, este requisito puede dispensarse por causa grave y justificada, lo cual permite v.gr. que una niña de 12 años pueda contraer matrimonio si es que la autoridad dispensa el requisito mínimo de edad (14 años) por alguna causa que considere grave y justificada.

El Estado mexicano, tal cual se demostró en la argumentación previa, permite el matrimonio infantil a cualquier edad, contraviniendo con ello distintos mecanismos internacionales en materia de derechos humanos.

El matrimonio infantil ha sido considerado por diversos organismos de la Organización de las Naciones Unidas y otros internacionales como una práctica que menoscaba la capacidad de goce y disfrute de otros derechos humanos de la persona, ya que la unión conyugal de un menor de edad cuya capacidad de discernimiento y decisión no se encuentra plenamente desarrollada le coloca en una posición de riesgo a sufrir violencia física, sexual o psíquica, ya sea a corto o largo plazo, sobre todo por la común diferencia de edades y poder existente entre los cónyuges, factor que repercute negativamente en la autonomía del menor de edad.

Dicho menoscabo incide, generalmente, en menores de edad de sexo femenino, y acorde al “informe temático sobre las dificultades y enseñanzas de la lucha contra las formas contemporáneas de la esclavitud”, la relatora especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, Gulnara Shahinian, concluyó que el matrimonio infantil puede convertirse en un matrimonio servil, es decir, que previo arreglo entre el padre o madre del niño o niña con el otro futuro cónyuge generalmente mayor de edad, el primero es reducido, mediante el matrimonio, a la condición de un bien sobre el que se puede ejercer una parte o la totalidad de los poderes que confiere la propiedad, esto motivado sobre todo por condiciones de pobreza que alientan fundamentalmente a las mujeres y sus familias a contraer matrimonio para obtener un grado de seguridad económica, lo cual paralelamente les sitúa en una oportunidad de convertirse en víctimas del delito de trata de personas.

En la legislación nacional, en lo particular, dicho riesgo ya ha sido reconocido por este Poder Legislativo federal, pues promovió en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, la tipificación de la explotación de una persona a través del matrimonio forzado, pudiendo consistir ello en:

1. Obligar a contraer matrimonio a una persona, de manera gratuita o a cambio de pago en dinero o en especie entregada a sus padres, tutor, familia o a cualquier otra persona o grupo de personas que ejerza una autoridad sobre ella;

2. Obligar a contraer matrimonio a una persona con el fin de prostituirla o someterla a esclavitud o prácticas similares;

3. Ceder o trasmitir a una persona a un tercero, a título oneroso, de manera gratuita o de otra manera.

Por otra parte, la recomendación general número 21 sobre la igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Muje consideró que la edad mínima para contraer matrimonio debe ser aquella de 18 años para ambos sexos, sin excepción alguna, toda vez que dicha edad, como referíamos inicialmente, presume madurez y capacidad de obrar plena y libre, lo cual protege sustancialmente la dignidad de la persona en el marco expuesto.

En términos de la misma recomendación, la Declaración y Programa de Acción de Viena aprobados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos instó a la comunidad internacional, dentro de la cual se incluye al Estado mexicano, a que se erradicaran las vías legales que permitieran prácticas discriminatorias y perjudiciales para las niñas, dentro de las cuales se encuentra la institución en estudio por los motivos ya señalados.

El enfoque de mayor protección al género femenino obedece a que dicho grupo es más vulnerable a encontrarse dentro de esta hipótesis; el matrimonio infantil y el embarazo precoz constituyen obstáculos enormes para la introducción o continuidad de la menor en oportunidades educacionales o laborales, ya que es recurrente que las niñas y jóvenes sean desalentadas a continuar laborando o estudiando con motivo del matrimonio, y reciben un trato de persona adulta independientemente de su edad.

Así, acorde con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el hecho de que un menor de edad contraiga matrimonio, sobre todo cuando se trata de niñas que tienen o tendrán un hijo, pone en riesgo el disfrute al derecho a la salud, ya que es común en esta institución elevadas tasas de mortalidad materno infantil debido a embarazos precoces o continuación forzada de los mismos.

No obstante puede argumentarse que la institución del matrimonio infantil puede fungir como un mecanismo de protección mutua entre menores de edad ante determinadas adversidades, sobre todo las económicas (y especialmente enfocado a la mujer cuya unión fue motivada por un embarazo no deseado), lo cierto es que las que pudieren plantearse ya cuentan con respaldo suficiente por parte del Estado mexicano, por lo que no existen argumentos razonables, objetivos y suficientes que sostengan o justifiquen la existencia de un matrimonio infantil como mecanismo para hacerles frente v.gr. se advierte en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 la existencia del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, lo cual protege el derecho al trabajo; becas por parte de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología específicas para madres solteras, con lo cual se protege el derecho a la educación, así como a nivel gubernamental de entidades federativas, los mismos sistemas de desarrollo integral de la familia y dependencias de carácter eminentemente asistencial prevén programas de apoyo económico, jurídico, de salud, entre otros, con motivo de los riesgos y obstáculos particulares que afronta especialmente la mujer en esta situación de mayor vulnerabilidad.

Atendiendo a la argumentación vertida, se propone reformar el Código Civil Federal con la finalidad de eliminar toda posibilidad de la celebración de matrimonios infantiles, así como el reconocimiento de sus efectos, ya que, se reitera, no existe justificación suficiente, razonable y objetiva que permita sostener su existencia.

Para mejor exposición, se integra el siguiente cuadro comparativo:

Es por lo anteriormente expuesto, con la única pretensión de combatir y prevenir de manera más eficiente y eficaz las violaciones a los derechos humanos de los niños, mismas que merman el adecuado funcionamiento de nuestra sociedad, circunstancia indispensable para el disfrute de otros derechos fundamentales, que someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el Código Civil Federal, para eliminar el matrimonio infantil

Único.Se reforman los artículos 148, 156, 438, 443, 624; y se deroganlos artículos 93, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 173, 451 y 641, del Código Civil Federal para quedar como sigue:

Artículo 93. Se deroga.

Artículo 148. Para contraer matrimonio los contrayentes necesitan haber cumplido dieciocho años.

Artículo 149. Se deroga.

Artículo 150. Se deroga.

Artículo 151. Se deroga.

Artículo 152. Se deroga.

Artículo 153. Se deroga.

Artículo 154. Se deroga.

Artículo 155. Se deroga.

Artículo 156. Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio:

I. La falta de edad requerida por la ley.

(...)

De estos impedimentos sólo es dispensable el parentesco de consanguinidad en línea colateral desigual.

Artículo 173. Se deroga.

Artículo 438. El derecho de usufructo concedido a las personas que ejercen la patria potestad, se extingue:

I. Por la mayor edad de los hijos; (...)

Artículo 443. La patria potestad se acaba:

I. Con la muerte del que la ejerce, si no hay otra persona en quien recaiga;

II. Por la mayor edad del hijo.

Artículo 451. Se deroga.

Artículo 624. Designarán por sí mismos al curador, con aprobación judicial los comprendidos en el artículo 496, observándose lo que allí se dispone respecto de esos nombramientos.

Artículo 641. Se deroga.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los matrimonios celebrados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto en los que al menos uno de los contrayentes fuere menor de 18 años de edad serán válidos, así como las obligaciones y derechos adquiridos que se hubieren generado por tal motivo.

Notas

1 Salvo que la legislación prevea excepcionalmente que antes de dicho parámetro (18 años) se haya alcanzado la mayoría de edad.

2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.

3 Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. Consúltese:

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf

4 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 Lista de los Estados que han ratificado el pacto.

Consúltese en:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

5 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. Consúltese:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx

6 Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios. Abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 1763 A (XVII), de 7 de noviembre de 1962. Entrada en vigor: 9 de diciembre de 1964, de conformidad con el artículo 6. Consúltese:

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/MinimumAgeForMarriage.aspx

7 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27. Consúltese:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx

8 Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (B-32). San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969. Consúltese:

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_ derechos_humanos.htm

9 Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. Adoptada por una Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el Consejo Económico y Social en su resolución 608 (XXI), de 30 de abril de 1956. Hecha en Ginebra el 7 de septiembre de 1956. Entrada en vigor: 30 de abril de 1957, de conformidad con el artículo 13.Consúltese:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ supplementaryconventionabolitionofslavery.aspx

10 Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49. Consúltese:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx

11 Código Civil Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en cuatro partes los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928. Consultado el 20 de enero de 2019. Recuperado de:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_090318.pdf

12 Dispensar, acorde a la Real Academia de la Lengua Española y el contexto jurídico, debe entenderse como “Eximir de una obligación, o de lo que se quiere considerar como tal.”. Consúltese:

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=dispensar

13 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos “Informe de la Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, Gulnara Shahinian: Informe temático sobre las dificultades y ensenánzas de la lucha contra las formas contemporáneas de la esclavitud”. A/HRC/24/43 (1 de julio de 2013). Párr. 10. Consúltese:

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2015/10178.pdf

14 Resolución Nº21 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. “La igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares” A/49/38. 13º periodo de sesiones (04/02/1994). Párrs. 36 y ss. Consúltese:

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm

15 Ibíd.

16 Naciones Unidas, Asamblea General. “Prevención y eliminación (...)” Op. Cit. Párr. 24

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019.— Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Bautista Rodríguez Mónica, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña, Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel y Norma Azucena Rodríguez Zamora, legisladores del Grupo Parlamentario del PRD, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XXX- y XXX-B al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para emitir leyes generales en materia de obras públicas y servicios relacionados y en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, bajo la siguiente

Recientemente la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer los resultados de la Cuenta Pública 2017. Un año más, se expuso la opacidad con la que se manejaron recursos públicos en diferentes dependencias, entidades federativas y proyectos de infraestructura de índole federal. En este sentido, es preocupante el patrón que año con año se repite y que no existan aún planes concretos de la actual administración para resanarlos, para corregirlos.

El sexenio de Enrique Peña Nieto se caracterizó por los niveles de corrupción y de impunidad al más alto nivel: miles de millones de pesos del erario desviados, investigaciones judiciales bloqueadas o desechadas trajeron consigo resultados calamitosos para la sociedad mexicana y su economía.

La administración en curso, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, ha echado a andar varias reformas como la de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, etc., con varios argumentos entre los que se encuentran el de sanear las finanzas públicas y recortar gastos superfluos.

En contraste, se han tomado decisiones sin un sustento técnico firme y convincente principalmente en el ámbito de las obras públicas y las adquisiciones gubernamentales que, como es bien sabido, si no se manejan de la manera estrictamente correcta y apegada a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, pueden tener una incidencia negativa en las finanzas públicas y en el desarrollo económico de una región y del país.

Así pues, en el recuento de los temas de compras gubernamentales en los que ha estado involucrada la actual administración están: la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; la planeación del aeropuerto de Santa Lucía; la compra de pipas para el transporte de gasolina en varios estados del país a raíz del combate al robo de combustible; la planeación del Tren Maya; las nuevas refinerías de Pemex; la compra de carbón para las plantas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y así un larguísimo etcétera de compras de montos menores pero, en conjunto, no de menor importancia.

La actual legislatura quedó con una deuda en la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: las atribuciones de compras públicas ahora pasaron a manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, no sólo se trata de un cambio de gestión de recursos, se trata de que todo el procedimiento de compras gubernamentales dé un giro en favor de la economía y la planeación nacional.

El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Asimismo, que los resultados de la ejecución de estos recursos serán evaluados por las instancias técnicas competentes.

En este mismo artículo se señala lo siguiente:

“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

Además de estar estipulado constitucionalmente, en el año 2015 entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual tiene por objeto:

“... establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.”

A pesar de ser un mandato constitucional, la evidencia demuestra que el empleo de recursos públicos no siempre se apega a la ley y en este sentido, que se estén administrando con “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez” y que los procedimientos representen al Estado los mejores precios, calidad, financiamiento, oportunidades, etc.

Obras públicas caras, sin planeación, de mala calidad, llevadas a cabo al margen de la opacidad con contratos amañados y que, en algunos casos, fueron desarrolladas con graves problemas de ejecución técnica y materiales de dudosa calidad, llegan a representar un peligro para los ciudadanos como fue el caso del Paso Exprés y para las finanzas públicas del país, han sido un tema recurrente en las primeras planas de los periódicos nacionales a lo largo del sexenio. Adquisiciones públicas irregulares, caras y poco transparentes, contratos con empresas sin experiencia o cuyo giro y actividades originales difieren de aquellas para las que fueron contratadas, convenios turbios, empresas fantasma, etcétera, también se han vuelto hechos habituales en las compras públicas.

Todo esto representa un ingrediente de la “anti fórmula” del crecimiento y del desarrollo económicos, debido a que gran parte de estas irregularidades comienzan gestándose en un contexto de corrupción, es decir, todo eso que no debería hacerse si es que se pretende crecer a niveles mayores al 3 por ciento que, por cierto, es un objetivo que lamentablemente no se ha alcanzado en los últimos años.

Los contribuyentes día a día tienen que pagar, mayormente a través de sus impuestos, los enormes costos que las obras públicas, la contratación de servicios y de adquisiciones gubernamentales representan, pero no sólo eso, también a diario enfrentan los infaustos resultados de proyectos de mala calidad o simplemente, no pueden verse beneficiados por los resultados convenidos pues los proyectos no han concluido o nunca concluirán.

La importancia de la ejecución de obras públicas reside en que se presenta como una oportunidad de generar, en gran medida, infraestructura física que coadyuve en la dinámica de la actividad económica, en el caso de las compras gubernamentales, éstas tienen la función de servir como elementos que contribuyan a la eficiencia en el desempeño de la provisión de servicios relacionados con salud, seguridad, educación, agua potable, saneamiento, transporte, etc.

Sin embargo, en México, especialmente en los últimos años, el objetivo principal del desarrollo de obras públicas y de las compras públicas, se ha visto empañado por el riesgo que su ejecución representa, como lo han documentado diversos trabajos periodísticos y observaciones de la ASF, una oportunidad de desviar de recursos y favorecer a ciertos grupos de poder y empresariales que se encuentran en alrededor de ellas.

Año con año se concluyen obras públicas fuera de los plazos convenidos que rebasan los montos originalmente contratados, con enormes sobrecostos y de calidad cuestionable, por lo que se generan situaciones que impactan negativamente en el mejoramiento social y económico de la población.

De acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública de 2017 de la ASF, citando a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos de América (GAO, por sus siglas en inglés), “las áreas de alto riesgo más importantes abarcan, entre otros rubros, las adquisiciones del Departamento de Defensa; la gestión de las contrataciones federales; la evaluación de la eficiencia y eficacia de la regulación fiscal, así como la modernización de diversos programas sociales.”

Si bien la ASF en esta entrega emite varias recomendaciones en materia de adquisiciones, en su Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016 la ASF ya había hecho una serie de recomendaciones dirigidas al Poder Legislativo en materia de obras públicas. De acuerdo con este documento, uno de los puntos medulares en esta materia es la adecuación de la legislación actual de obras públicas.

En esta línea, sugiere contemplar modificaciones a la Ley de Obras Públicas con el propósito de robustecer el papel del Estado en la vigilancia de estas figuras y alinearlo a los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción.

En este informe, con base en las 136 auditorías a inversiones físicas practicadas para este ejercicio, y retomando los hallazgos de revisiones previas, la ASF, sintetiza puntualmente “las cuatro causas principales que propician las deficiencias en los procesos relacionados con los proyectos de infraestructura”:

1. Problemáticas en la planeación y programación de los trabajos

Un común denominador de las obras públicas en México es “la falta de definición del alcance de las obras y la especificación de la rentabilidad correspondiente”. Asimismo, no hay claridad en el tipo de contratación de tal manera que todos estos puntos se ven traducidos en ineficiencias y condiciones económicas no favorables para los entes ejecutores.

En esta falta de planeación resalta la ausencia de planes financieros precisos que involucren tanto las fechas y esquemas de pago, así como fechas críticas o milestones de los proyectos.

2. Debilidades de carácter técnico

La ASF, en este sentido, señala que los proyectos se realizan bajo condiciones que dañan el desarrollo integral de los proyectos como la “insuficiente ingeniería de detalle, indefinición respecto a la tecnología a utilizar o la imprecisión del sitio de desarrollo de los trabajos”. Aunado a estas debilidades que afectan directamente al proyecto y que, en muchos casos, terminan reflejándose en incremento del costo del proyecto, baja calidad de los trabajos, conclusión de los trabajos en fechas posteriores a las planeadas, “la mayoría de las adjudicaciones de los proyectos de inversiones físicas se realizan bajo condiciones de riesgo, ya que las bases de licitación son inadecuadas o incompletas, asimismo la evaluación de las propuestas se lleva a cabo de manera deficiente, toda vez que el personal encargado no cuenta con las capacidades suficientes para cumplir con este tipo de tareas.”

3. Insuficiencias económicas

Las insuficiencias económicas se ven reflejadas principalmente en el retraso en la asignación presupuestaria. “También se manifiesta en transferencias tardías entre programas y reducciones financieras durante el proceso de ejecución de las obras, lo cual repercute en la falta de capitalización de las empresas contratistas.” Esta falta de recursos o su transferencia fuera de tiempo, no sólo se ve traducida en un problema para las empresas afectadas por falta de pago, sino además en el riesgo del incremento de que los materiales requeridos para la ejecución de los proyectos incrementen, esto, a su vez repercute en la disponibilidad de recursos para concluir la ejecución de los proyectos.

4. Fallas de ejecución

En este punto, resaltan la falta o ineficiencia de la planeación y programación, tales como la existencia de obras inducidas no previstas, la determinación no realista de plazos de ejecución o montos económicos.

En lo que respecta a la gestión de los proyectos, destacan “la entrega extemporánea de anticipos, el control insuficiente de las subcontrataciones, el retraso en la formalización de los convenios modificatorios, la inadecuada autorización de precios extraordinarios o ajustes de costos e, inclusive, la tardía realización de las pruebas de operación, repercute negativamente en su conclusión en tiempo y forma.”

Además, la evidencia demuestra que servicios contratados para el control y el cumplimiento normativo de las obras públicas, como la supervisión, muchas veces no se efectúan de manera adecuada. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) también ha publicado materiales enfocados al estudio de la competencia en la contratación pública en México. En su documento “Recomendaciones para promover la competencia y la libre concurrencia en México” advierte que ha “en ocasiones, los procesos de contratación tienen errores de planeación y diseño que limitan la concurrencia o reducen la rivalidad competitiva entre los licitantes, por ejemplo, en lo que se refiere a la elaboración (o ausencia) de investigaciones de mercado, la falta de transparencia en las reglas de participación, el establecimiento de requisitos injustificados o discriminatorios, y la elección del mecanismo de evaluación”, además de que dichos procesos pueden verse empañados por prácticas de colusión entre los participantes.

Así pues, en dicho documento emite una serie de recomendaciones transversales:

• Considerar la creación de unidades de inteligencia de mercados, cuando el volumen, recurrencia, montos e importancia de las contrataciones que realicen las convocantes pudiera ameritarlo.

• Conformar bases de datos con información sobre el desarrollo de las distintas etapas de los procedimientos de contratación que realicen diversas convocantes.

• Capacitar al personal involucrado en los procedimientos de contratación, con el apoyo de la Cofece, sobre temas relevantes de competencia económica y libre concurrencia.

• Entablar espacios de comunicación con la Cofece para obtener asesoría con respecto a la incorporación de principios de competencia y libre concurrencia en los procedimientos de contratación pública y el combate a la colusión.

• Someter a consideración de la Cofece, proyectos de contratación pública relevantes a fin de que dicho organismo sugiera la incorporación de medidas protectoras y promotoras de la competencia.

Cabe destacar que además de la ASF y la Cofece, que han hecho un esfuerzo documentado para señalar problemas detectados que corrompen y dañan el espíritu de las obras públicas en el país, la sociedad civil y diversas organizaciones internacionales también han documentado de manera minuciosa y clara todas las inconsistencias y los problemas alrededor de la ejecución de obras públicas y de los servicios relacionados con ellas. Asimismo, también han puesto sobre la mesa una serie de recomendaciones basadas, principalmente, en el seguimiento e implementación de las mejores prácticas internaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas, obras públicas y compras y adquisiciones gubernamentales en general.

De acuerdo con México Evalúa, organización de la sociedad civil enfocada al análisis y evaluación de políticas públicas, en su estudio “Métrica de Transparencia de Obra Pública (MeTrOP)”, la realización de proyectos de obra pública en México presenta sustanciales deficiencias en lo que respecta a transparencia, hecho que deja enormes espacios para que se lleven actos de corrupción en cualquiera de las etapas de la obra pública, además de que, como bien lo menciona, “el problema es tan grave que la inversión en infraestructura física puede llegar a destruir en lugar de generar valor.”

Este estudio, en un principio, arroja resultados nada alentadores: la calificación global de la Métrica desarrollada por México Evalúa subraya que el país, en el ámbito federal, tiene una calificación de 3.7 sobre 10, es decir, en México “la información de las tres fases de la vida de la obra pública se encuentra desvinculada entre sí, por lo que no es posible rastrear un proyecto de inversión, una obra pública, o un contrato a través de todas sus fases.”

A pesar de que desde 2015 todos los sujetos obligados tienen que estar en línea con las leyes de transparencia, esta investigación determina que 60 por ciento de los fallos de las licitaciones no están publicados. Esta cifra es muestra una situación preocupante pues, bajo este escenario, resulta imposible analizar y, en su caso, cuestionar los procesos, procedimientos bajo los cuales una adjudicación se lleva a cabo, así como el hecho de que no es posible determinar quiénes son los actores clave, tanto servidores públicos como empresas, en las contrataciones.

Otro aspecto relevante a considerar de este texto es que, en materia de transparencia, la información “de las tres fases de la vida de la obra pública se encuentran desvinculadas entre sí, por lo que no es posible rastrear un proyecto de inversión, una obra pública, o un contrato a través de todas sus fases”. Además que no se cumplen cabalmente lo establecido en las obligaciones de transparencia lo que eleva los riesgos de corrupción en las transacciones.

Por su parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) recientemente publicó un estudio titulado “Índice de Riesgos de Corrupción: El sistema mexicano de contrataciones públicas” cuyos hallazgos son pieza clave en el cuestionamiento de las leyes que actualmente rigen las compras gubernamentales y la gran tarea y responsabilidad que el Poder Legislativo tiene para reglamentar prácticas que se siguen llevando a cabo y que mucho dañan a las finanzas públicas y a la economía del país.

Con información del Imco, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son las tres entidades con más Unidades Compradoras (UC) en riesgo de caer en corrupción. Estas tres UC sumaron casi un billón de pesos de recursos públicos gastados en contrataciones públicas realizadas entre 2012 y 2017.

Asimismo, hace mención de un hecho que justamente evidencia uno de los grandes problemas de las contrataciones: la falta de competitividad debido al uso excesivo de las excepciones a la licitación pública. Además, señala que CompraNet, la plataforma oficial de compras gubernamentales, es incompleta e insuficiente porque debido a su diseño no funciona como herramienta de control y vigilancia, ni hace más eficientes las contrataciones públicas.

Así pues, el Imco emitió una serie de recomendaciones que, primero, exponen la gran cantidad de componentes que deben mejorarse y agregarse a la legislación actual y, segundo, que es de medular importancia que la ejecución de obras públicas y de compras gubernamentales sea una palanca de desarrollo y no un lastre para el país. Adelante se enuncian textualmente las recomendaciones hechas por esta organización:

• Una nueva ley de adquisiciones y una nueva ley de obra que se apeguen a los estándares internacionales, eliminen excepciones, establezcan procedimientos más sencillos y eficientes, y regulen la planeación y la ejecución de manera integral.

• Estudiar la conveniencia de convertirlas en leyes generales y eliminar los 33 regímenes diferentes de contrataciones públicas.

• Una nueva plataforma de contrataciones públicas que sea de uso obligatorio y que abarque el ciclo completo: planeación, licitación, ejecución.

• La plataforma debe ser completamente transaccional, estandarizada, confiable, transparente, interconectada a otros sistemas y amigable al usuario.

• Reafirmar la capacidad de la Secretaría de la Función Pública como órgano de control y vigilancia en contrataciones públicas, así como consolidar su función de globalizador de políticas públicas en este rubro.

• Focalizar los esfuerzos de detección, investigación y sanción en aquellas unidades, dependencias y entidades de más riesgo.

• Utilizar las herramientas y la información de este estudio para enfocar los esfuerzos de auditoría y control, y con esto crear mejores análisis de riesgos de corrupción.

• Usar esta metodología para el análisis de los sistemas locales de contrataciones públicas.

• Creación del Instituto Nacional de Política de Contrataciones Públicas. Encargado de la planeación a mediano y largo plazo, así como de generar políticas que ayuden a utilizar de mejor manera los recursos y que promuevan alternativas con el uso de la tecnología.

• Establecer un vínculo permanente con el sector privado para mejorar las condiciones del mercado, aumentar su tamaño y potenciar la inversión internacional.

Bajo este escenario, el Congreso de la Unión se encuentra en una situación de apremio en legislar en esta materia pues, como bien lo han documentado por un lado, la ASF y la Cofece y por el otro las organizaciones de la sociedad civil, la legislación actual en obras públicas y servicios relacionados con las mismas y en compras públicas en general, presenta grandes y graves deficiencias, misma que permite un marco que deja a un lado lo establecido por la Constitución y posibilita procedimientos proclives a la corrupción y que, en la mayoría de los casos, son aprovechados para obtener beneficios particulares.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y, en su caso, aprobación del siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan las fracciones XXX- y XXX-B al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para emitir leyes generales en materia de obras públicas y servicios relacionados y en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público

Artículo Único.Se adicionan las fracciones XXX-A y XXX-B al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

I. al XXX. ...

XXX-A. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de obras públicas y servicios relacionados;

XXX-B. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.En un plazo que no excederá de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión expedirá las leyes generales a que se refieren las fracciones XXX-A y XXX-B del artículo 73 de esta Constitución.

Tercero.La Ley General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados a que se refiere el artículo 73, fracción XXX-A de esta Constitución deberá considerar al menos, lo siguiente:

a) Los lineamientos en materia de planeación, programación, presupuesto, contratación y conclusión de los proyectos específicos de la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

b) Los lineamientos en materia de fiscalización, auditoría y evaluación de los proyectos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

c)Los lineamientos en materia de transparencia y máxima publicidad en las contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

d)Las sanciones a los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de la Ley.

e)Las excepciones a la licitación pública en cumplimiento con el artículo 134 de esta Constitución.

f) Los lineamientos mínimos de una plataforma electrónica que funja como control y vigilancia y que coadyuve a la eficiencia de las contrataciones públicas.

g) Los lineamientos del Servicio Civil de Carrera dirigido a obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Cuarto.La Ley General en Materia Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a que se refiere el artículo 73, fracción XXX-B de esta Constitución deberá considerar al menos, lo siguiente:

a)Los lineamientos en materia de transparencia y máxima publicidad en las contrataciones en materia adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

b)Las sanciones a los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de la Ley.

c)Las excepciones a la licitación pública en cumplimiento con el artículo 134 de esta Constitución.

d) Los lineamientos mínimos de una plataforma electrónica que funja como control y vigilancia y que coadyuve a la eficiencia de las contrataciones de en materia adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

e) Los lineamientos del Servicio Civil de Carrera dirigido en materia adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Notas

1 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 1, párrafo 2.

2 Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública de 2017, Auditoría Superior de la Federación. Disponible en

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2017c/documentos/ informegeneral/Informe_feb2019_CP.pdf. Consultado el 26 de febrero de 2019.

3 Auditoría Superior de la Federación, Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016, febrero de 2018. Disponible en

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/documentos/ InformeGeneral/IG2016.pdf. Consultado el 26 de febrero de 2019.

4 Recomendaciones para promover la competencia y la libre concurrencia en México, Comisión Federal de Competencia Económica, México, 2016. Disponible en

https://cofece.mx/cofece/attachments/article/38/ RecomendacionesContratacionPublica-v2.pdf. Consultado el 26 de febrero de 2019.

5 MeTrOP: Antídoto vs. la corrupción, México Evalúa, México, 2016. Disponible en

http://mexicoevalua.org/2016/04/29/metrop-antidoto-vs-la-corrupcion-2/. Consultado el 26 de febrero de 2019.

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Índice de Riesgos de Corrupción: El sistema mexicano de contrataciones públicas, IMCO, México, 2018. Disponible en

https://imco.org.mx/articulo_es/indice-riesgos-corrupcion-sistema-mexicano- contrataciones-publicas/. Consultado el 26 de febrero de 2019.

9 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a los siete días del mes de marzo de 2019.— Diputados y diputadas: Raymundo García Gutiérrez, Antonio Ortega Martínez, Frida Alejandra Esparza Márquez, José Guadalupe Aguilera Rojas, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Mónica Bautista Rodríguez, Norma Azucena Rodríguez Zamora, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbricas).»

«Iniciativa que deroga el artículo 158 del Código Civil Federal, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados federales Nayeli Arlen Fernández Cruz, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido, Humberto Pedrero Moreno de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción 1, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 158 del Código Civil Federal al tenor de la siguiente

La igualdad de género es fundamental para la realización de los derechos humanos de todas las personas. Sin embargo, las leyes discriminatorias contra las mujeres aún persisten en diversas partes del mundo.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en todas las tradiciones jurídicas existen leyes que continúan institucionalizando la condición de segunda clase para las mujeres y las niñas respecto a temas tan importantes como lo son la nacionalidad y ciudadanía, la salud, la educación, los derechos maritales, los derechos laborales, la patria potestad y los derechos a la propiedad y herencia.

Pese a los grandes esfuerzos que se han realizado por el empoderamiento de las mujeres, aún hay en diversos países leyes vigentes que don expresamente discriminatoria, algunas, por ejemplo, limitan el derecho de la mujer a contraer matrimonio (o el derecho a no contraer matrimonio en caso de matrimonios prematuros forzados), así como el derecho a divorciarse y volverse a casar, lo cual propicia las prácticas maritales discriminatorias, como la obediencia de la mujer y la poligamia.

Existen incluso Estados en los que las leyes que estipulan de manera explícita la “obediencia de la mujer” todavía gobiernan las relaciones maritales.

En pleno 2019 podría parecer casi increíble que México ocupe un lugar dentro en ese vergonzoso listado, sin embargo, existen disposiciones en nuestro marco jurídico nacional que contravienen expresamente los compromisos internaciones adquiridos en materia de igualdad y no discriminación.

Tal es el caso del artículo 158 del Código Civil Federal el cual señala que una mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a menos que dentro de ese plazo diere a luz un hijo y que en los casos de nulidad o de divorcio, podrá contarse ese tiempo desde que se interrumpió la cohabitación.

Obligación que en ningún momento se le impone al hombre, lo cual refuerza el trato desigual.

De conformidad con el mismo Código Civil Federal, el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro, por lo que al establecer como requisito que la mujer deba esperar 300 días para poder casarse nuevamente, mientras el hombre no tiene impedimento alguno, es una medida notoriamente discriminatoria.

Históricamente esta restricción buscó evitar confusiones sobre la paternidad de los hijos, el día de hoy es posible tener conocimiento de la existencia de un embarazo desde el primer mes, por lo que continuar con esta medida resulta ofensiva para todas las mujeres.

No existe causa alguna que justifique mantener vigente la referida disposición pues además del avance científico que permite saber con precisión su existe un embarazo o no, así como los meses de gestación que se tienen, nuestra legislación prevé soluciones ante posibles confusiones sobre la paternidad como es la realización de una prueba de ADN.

De tal suerte, que conservar el numeral referido en estos términos, más allá de que resulta obsoleto de acuerdo a las prácticas sociales que llevamos hoy en día, contraviene legislación vigente en materia de derechos humanos.

De acuerdo con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

El artículo 1 de este ordenamiento jurídico internacional, señala que el derecho a la igualdad implica el derecho a la no discriminación, y que se dé un trato idéntico o diferenciado a mujeres y hombres en función de sus diferencias biológicas y de las desigualdades históricas que ha habido entre unas y otros. Asimismo, sostiene en su artículo 2 que, para garantizar el derecho a la igualdad, los Estados están obligados a instrumentar acciones específicas para eliminar la discriminación de género.

Por otro lado, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, así como proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.

De acuerdo con esta ley se entenderá como discriminación contra la Mujer toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

De igual forma señala que será objetivo de la Política Nacional evaluar la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombre.

En ese sentido, la presentación de esta iniciativa tiene por objeto contribuir en la erradicación de la discriminación por cuestiones de género. Para ello, propone eliminar la prohibición civil establecida a las mujeres para contraer matrimonio hasta pasados 300 días de la disolución de uno anterior.

Si bien es facultad de los Estados regular sobre las cuestiones familiares y actualmente la mayoría de ellos cuenta incluso con su propio código no podemos obviar que el Código Civil Federal suple los aspectos no contemplados en dichos ordenamientos en caso de que se presente alguna controversia.

Aunado a lo anterior, es importante buscar la derogación de este y de cualquier otro artículo que sea discriminatorio pues las solas existencias de estas disposiciones en legislaciones vigentes perpetúan estereotipos de género y refuerzan la creencia de la inferioridad de la mujer sobre el hombre que tanto se ha buscado combatir.

Por las razones anteriormente expuestas, es que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se deroga el artículo 158 del Código Civil Federal

Artículo Único. Se deroga el artículo 158 del Código Civil Federal.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www_ohchr.orgjSPjE.wfessionaILnte[est/EagesjCEDAW. aspx

2 https:///www.juridicas.unam.mx/I egislacion/ordenamiento/1ey-generaI-para-Ia-igualdad-entre-mujeres-y-hombre

Dado en el slón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a de 21 de febrero de 2019.— Diputadas y diputados: Leticia Mariana Gómez Ordaz, Arturo Escobar y Vega, Nayeli Arlen Fernández, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido, Humberto Pedrero Moreno (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Tatiana Clouthier Carrillo y Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos Tatiana Clouthier Carrillo y Mario Delgado Carrillo, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El sistema electoral que rige actualmente a los partidos mexicanos se fundó durante la década de 1990 en el contexto de los conflictos electorales posteriores a 1988. Por esta razón, la lógica de las reformas electorales del periodo 1988-1996 fue abrir un sistema con un partido dominante a la participación electoral real de una incipiente oposición partidista. Bajo la premisa de que cada voto contara se creó el régimen de financiamiento sobre dos principios: primero, la necesidad de garantizar la equidad en la contienda, y segundo, preeminencia de dinero público sobre privado para asegurar la independencia de los partidos de grupos privados. Posteriormente, durante la década del 2000, a estos dos principios se añadió la necesidad de transparentar el dinero que reciben los partidos y, especialmente, los recursos usados en la contienda electoral.

Si bien las reformas electorales aprobadas en la década de 1990 fueron exitosas en abrir el sistema electoral a la competencia partidista, bajo la excusa de garantizar la equidad en la contienda, se han aumentado constantemente los recursos destinados a financiar a los partidos. Bajo esta premisa, desde 1997, lo destinado a gastos ordinarios se han multiplicado por diez: en veinte años, pasaron de 386 millones de pesos a 3 mil 941 millones de pesos.

Hasta 1987, el financiamiento a partidos políticos no se encontraba regulado. En ese año se legisló por primera vez la asignación de dinero. La cantidad repartida dependía del número de votos que el partido había obtenido en las elecciones federales anteriores y del número de curules ganados en la Cámara de Diputados.

Después de las polémicas elecciones presidenciales de 1988 se aprobó una segunda reforma en 1990 en la que se diversificaron los conceptos por los que se entregaba dinero público a cuatro ámbitos: primero, se estableció financiamiento para actividades electorales; en segundo lugar, se instrumentaron subrogaciones del Estado a las contribuciones que los legisladores destinaban al sostenimiento de sus partidos; se instituyeron fondos para actividades ordinarias de los partidos, y por último, se destinaron recursos para actividades específicas de estos institutos como entidades de interés público.

La siguiente reforma en los esquemas de financiamiento a los partidos fue en 1993. En esa legislación, por primera vez, se reguló el financiamiento privado para campañas. Se le dio atribuciones al primer IFE para fijar topes en los gastos de campaña. También, se normaron los porcentajes que los partidos podrían recibir de fondos provenientes de donantes anónimos, personas morales y aportaciones individuales. Todavía más relevante fue la prohibición de recibir recursos por parte de instituciones del gobierno federal.

La última reforma que consolidó el régimen de financiamiento a partidos actual fue la de 1996. El propósito fundamental de esta legislación fue cerrar la brecha que existía entre los gastos que erogaba en campaña el partido oficial y los de la oposición. El nuevo sistema de financiamiento público consistió en ampliar la bolsa de dinero disponible mediante una fórmula que se estableció en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. La fórmula que se instituyó en el artículo 49 del código determinaba que los recursos destinados a los partidos para sus actividades ordinarias se establecería con base en la suma de los siguientes elementos:

“El costo mínimo de una campaña para diputado será multiplicado por el total de diputados a elegir y por el número de partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión; III. el costo mínimo de una campaña para senador, será multiplicado por el total de senadores a elegir y por el número de partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión; IV. el costo mínimo de gastos de campaña para presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se calculará con base a lo siguiente: el costo mínimo de gastos de campaña para diputado se multiplicará por el total de diputados a elegir por el principio de mayoría relativa, dividido entre los días que dura la campaña para diputado por este principio, multiplicándolo por los días que dura la campaña de presidente (...).”

Esta nueva disposición tuvo tres efectos: el dinero público destinado a los partidos se incrementó de manera considerable; por primera vez se estableció un esquema fijo para repartir 30 por ciento del dinero público de manera equitativa entre todos los partidos (fórmula que sobrevive hasta ahora), y el dinero público dejó de estar condicionado a que el partido ostentara alguna posición en el Congreso. La segunda generación de reformas electorales alteró la fórmula, pero no la lógica en la que operó el sistema de financiamiento. Por esta razón, como muestra la “gráfica 1”, a partir de 2007, el gasto destinado a sostener las actividades ordinarias de los partidos ha aumentado casi constantemente.

Fuente: INE. Gasto expresado en pesos de 2017.

Las reformas electorales de la siguiente década mantuvieron fundamentalmente el sistema de financiamiento de los partidos estipulado en la reforma de 1996. En el tema de erogaciones, los siguientes cambios en la legislación electoral estuvieron enfocados en modificar las reglas de fiscalización de los recursos. Las elecciones federales de 2000 y 2003 tuvieron una fiscalización deficiente. Aunado a lo anterior, como se muestra en la “gráfica 2”, entre el 2000 y 2003, hubo un aumento importante en el financiamiento público a los partidos derivado de la reforma de 1997. Este incremento fue de 25 por ciento en términos reales para actividades ordinarias y actividades específicas. No obstante, este aumento no se tradujo en mayor participación ciudadana.

Fuente: INE. Gasto expresado en pesos de 2017.

La próxima reforma electoral fue una reacción a la polémica y competida elección presidencial de 2006. En ésta se modificó la fórmula para determinar el monto de recursos destinados para actividades ordinarias de los partidos. La nueva norma estableció la fórmula actual: los recursos para el sostenimiento de actividades ordinarias se obtendrá al multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón por el 65 por ciento del salario mínimo vigente en el Distrito Federal (actualmente el parámetro del salario mínimo se modificó por el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización). Los dos aspectos más importantes de esta reforma fueron el recorte al gasto para campañas, y la asignación gratuita a medios para los partidos. Gran parte de los recursos de campaña se usaba con ese propósito: compra de espacios publicitarios en televisión Por lo anterior, aunque en la práctica se disminuyó el dinero total asignado a partidos en campañas, la disponibilidad de éste aumentó.

Aunque, efectivamente, el dinero para las campañas intermedias de 2009 disminuyó en términos reales en cerca de 44 por ciento en comparación con 2003, como muestra la “gráfica tres” el gasto combinado para actividades ordinarias y para actividades específicas continuó en aumento. Además, para las siguientes elecciones intermedias, en 2015, las erogaciones para las campañas federales volvieron a aumentar en cerca de 78 por ciento con respecto a 2009.

Fuente: INE. Gasto expresado en pesos de 2017.

En la siguiente y última reforma política en 2014 no se alteró la fórmula para la dádiva de recursos a partidos a nivel federal. La única modificación relevante en términos de financiamiento fue el mandato contenido en el artículo transitorio tercero de la Ley General de Partidos Políticos en el que se obligaba a los congresos locales a adecuar la legislación de los estados a lo dispuesto en la ley general. Esto obligó a homologar la fórmula para determinar el monto de la ministración en los estados a la contenida en la Constitución. El transitorio provocó un aumento en el financiamiento, ya que los partidos reciben dinero por dos vías: la federal y la local.

Actualmente se tiene un sistema de financiamiento partidista en el que las erogaciones a estos institutos políticos aumenta constantemente, pero esto no se traduce en una mayor confianza por parte de los ciudadanos a los partidos, mayor participación o en una democracia de mayor calidad: un estudio de 2017 mostró que sólo 6 por ciento de los mexicanos estaba satisfecho en cómo funcionaba la democracia en México. Comparado con el resto de América Latina, México es el país que más subsidio otorga a los partidos políticos además de que su régimen de financiamiento es la excepción. Aunado a lo anterior, las elecciones de 2018 cambiaron de manera significativa el equilibrio partidista tradicional de México en contra de los tres partidos que encabezaron las reformas políticas de las últimas tres décadas. Por estas razones, es imperativo actualizar el régimen de financiamiento de los partidos para reducir su gasto. En esta iniciativa se propone la siguiente modificación:

Reducir el multiplicador a la mitad permitiría disminuir en 50 por ciento el monto erogado a los partidos políticos sin provocar efectos adversos como el aumento del abstencionismo electoral. La urgencia de esta medida puede constatarse en el número de iniciativas que se han presentado sobre el tema: tan sólo en la última legislatura, según información del portal Strategia Electoral, se presentaron veintiocho propuestas para afectar el régimen de financiamiento de los partidos. La última fue presentada en el Senado por una senadora de Morena y fue avalada por el coordinador de la bancada de este partido. La modificación no afectaría la preponderancia de recursos públicos sobre los privados que garantizan equidad en la contienda; sin embargo, sí reduciría los recursos erogados a niveles razonables.

Por lo anterior expuesto, se somete a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el artículo 41 en su fracción segunda, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reducción al financiamiento público que se le otorga a los partidos políticos para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

...

I...

II...

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y dos punto cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

b) y c)...

...

...

III. a VI. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Precios de 2017.

2 Ver José del Tronco, “¿El fin justifica los medios? Deliberación y negociación de la reforma electoral de 2007”, en Un Congreso sin mayorías, coordinado por Mara Hernández, José del Tronco y Gabriela Sánchez, México: FLACSO, 183-225.

3 Íbid., 186-7.

4 Íbid., 199.

5 Ver Richard Wike, Katie Simmons, Bruce Stokes and Janell Fetterolf, Democracy Report 2017, Pew Research Center, 2017.

6 Ver Organización de los Estados americanos, Política, dinero y poder. Un dilema para las democracias de las Américas, Washington: OCDE, 2011, 89-95.

7 Ver Iniciativas para reducir el financiamiento a partidos políticos. Consultado en: http://strategiaelectoral.mx/2018/08/27/reduccion-al-financiamiento-de-los-part idos-politicos/ (15/02/2019)

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los cinco días del mes de marzo de 2019.— Diputadas y diputados: Tatiana Clouthier Carrillo, Adriana Aguilar Vázquez, Alberto Villa Villegas, Alejandro Viedma Velázquez, Alma Delia Navarrete Rivera, Bonifacio Aguilar Linda, Carlos Ivan Ayala Bobadilla, Carmen Mora García, Claudia López Rayón, Claudia Tello Espinosa, Edith Marisol Mercado Torres, Eleuterio Arrieta Sánchez, Emeteria Claudia Martínez Aguilar, Eudoxio Morales Flores, Felipe Rafael Arvizu de la Luz, Flora Tania Cruz Santos, Graciela Sánchez Ortiz, Iran Santiago Manuel, Jannet Tellez Infante, Javier Ariel Hidalgo Ponce, José Guillermo Aréchiga Santamaría, Julieta García Zepeda, Julieta Kristal Vences Valencia, Julio César Ángeles Mendoza, Katia Alejandra Castillo Lozano, Leticia Díaz Aguilar, Lidia García Anaya, Lorena Villavicencio Ayala, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Lucinda Sandoval Soberanes, Lucio Ernesto Palacios Cordero, María de los Dolores Padierna Luna, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, María Isabel Alfaro Morales, Mario Delgado Carrillo, Mario Ismael Moreno Gil, Melba Nelia Farías Zambrano, Merary Villegas Sánchez, Miroslava Carrillo Martínez, Nancy Yadira Santiago Marcos, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Olegaria Carrasco Macías, Oscar Rafael Novella Macías, Patricia del Carmen de la Cruz Delucio, Rocío Barrera Badillo, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Rosalba Valencia Cruz, Rubén Cayetano García, Sandra Simey Olvera Bautista, Susana Cano González, Zaira Ochoa Valdivia (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 75 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, y las y los diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

El tema protocolos de actuación, tiene como antecedente la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, en el cual, amplió el reconocimiento de los derechos humanos, imponiendo al Estado las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar éstos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y, en consecuencia, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a dichos derechos humanos.

Más adelante, en un proceso de armonización, en diciembre de 2014 se publicó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), la cual fortalece este reconocimiento al declarar a niñas, niños y adolescentes como titulares de los mismos, y, por lo tanto, estableciendo las obligaciones al Estado de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos y prevenir su vulneración.

En este sentido, el 27 de noviembre de 2014 la Presidencia de la República solicitó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) organizar foros de consulta para elaborar un conjunto de propuestas y recomendaciones para garantizar un mayor y mejor acceso a la justicia. Estos Diálogos por la Justicia Cotidiana, convocados en noviembre de 2015 por el gobierno de la República, en conjunto con el CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recogieron y desarrollaron algunas de las principales recomendaciones de esos foros.

En dichos diálogos se conformaron nueve mesas de trabajo en las que participaron más de 200 personas de 26 instituciones, quienes se reunieron durante casi cuatro meses para generar diagnósticos y soluciones a los principales problemas en el acceso a la justicia. La mesa denominada Violencia en las escuelas identificó, entre otras cosas, que en general los distintos tipos de violencia y en particular los acosos escolares son cada vez más graves y es importante reconocerlos como una problemática donde convergen múltiples factores sociales. Para atender estos desafíos se requiere del esfuerzo y coordinación conjunta de instancias gubernamentales, así como de la sociedad civil y de las familias, quienes, en corresponsabilidad, deben hacer frente a los problemas ocasionados por la violencia escolar.

Por ello, como alternativas para hacer frente a esta situación se implementó la creación de Protocolos de prevención, detección y actuación, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Básica, desarrolló las Orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica.

En consecuencia, el presente documento tuvo como objetivo, ser un referente nacional para las 32 autoridades educativas locales (AEL) y contribuir a la armonización del conjunto de acciones que vienen realizando en la materia, a fin de que todas estas instancias cuenten con un marco general de actuación en materia de prevención, detección, así como de actuación clara ante las situaciones de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas, brindando al alumnado protección y apoyo para favorecer el logro de una educación de calidad, a la que tienen derecho niñas, niños y adolescentes de todo el país.

De esta forma, los protocolos de actuación tienen como objetivo ofrecer procedimientos para atender en la escuela, los hechos que afectan la sana convivencia, así como fortalecer las prácticas de convivencia inclusiva, democrática y pacífica para lograr espacios educativos armónicos ayudando a la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica con la finalidad de salvaguardar la integridad de los alumnos.

• Detectar indicadores generales para identificar, registrar, notificar, intervenir y evaluar los procesos de atención a los casos de acoso que se manifiesten en la escuela.

• Establecer los procesos de atención e intervención en los hechos (leves, graves y muy graves) que afectan la sana convivencia, articulando el del personal directivo, docente, el alumnado, madres y padres de familia o tutores, supervisores, consejo escolar y personal de apoyo de participación social (Comité de Convivencia Escolar).

• Conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública, a través de cada una de las autoridades educativas locales y los de carácter interno del plantel.

• Contar con formación en derechos humanos para trabajar con el plan y los programas de estudio desde un enfoque de derechos y favorecer los aprendizajes relacionados con valores, actitudes y habilidades en educación para la salud, educación integral en sexualidad, prevención de la violencia, entre otros.

• Conocer los alcances de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

• Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera del aula, informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y/o indicador asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil.

• Aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalen este documento.

• Reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes que se observe en las áreas de servicio, patios y demás instalaciones del plantel.

Al respecto, la Secretaría de Educación Pública emitió las Orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica, documento que tiene como fin la metodología e implementación de los protocolos de actuación en las 32 entidades federativas.

Sin embargo, se ha detectado que el conjunto de los centros de atención escolar que tienen que ver con la educación inicial y básica en el ámbito público y privado no están realizando acciones de prevención, por lo que responden de forma mediática conforme van ocurriendo los casos, actitud que los pone frente a una situación de omisión en la aplicación de los protocolos de actuación.

Ante esta realidad, se advierte la falta de atención y especial cuidado para implementar estos procedimientos en los centros educativos en la mayoría de las entidades del territorio mexicano, ha generado incertidumbre e inseguridad sobre los criterios y directrices de estos lineamientos por parte de las autoridades educativas.

La adición a la Ley General de Educación que se plantean resulta adecuada y necesaria para concretar la especial atención en la vigilancia y protección de los derechos de los educandos frente al abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato; para que, ante la omisión del desarrollo, cumplimiento y aplicación correcta de los protocolos de actuación, sea motivo de infracción para quienes prestan servicios educativos.

Esta propuesta permitirá que las autoridades que están en contacto con menores de edad conozcan la correcta aplicación y ejecución de los protocolos de actuación en los centros educativos, haciendo posible que las instancias encargadas de la impartición educativa en toda la República Mexicana cuenten con los lineamientos que conllevan a brindar al alumnado la protección y apoyo que favorezca una educación de calidad en todo el país.

Al ser los protocolos de actuación una alternativa para hacer frente ante el abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato se debe fortalecer a través de la ley su aplicación correcta, por lo que las actuales políticas públicas deben garantizar un sistema educativo de calidad, equitativo, transparente y democrático, que cuente con directrices orientadas a la construcción de condiciones necesarias para un ambiente de formación integral.

Asimismo, esta propuesta fortalecerá a las escuelas convirtiéndolas en espacios incluyentes, libres de violencia y seguros para todos, de lo contrario la omisión en la observancia sobre la aplicación de los protocolos de actuación vulnera en todo momento el derecho de protección de la primera infancia por parte de las autoridades educativas.

Contar con una guía de prevención puntual por parte del Estado mexicano a través de la Ley General de Educación, facilitará una atención y tratamiento oportuno específico para cada caso que atente en contra de niñas, niños y adolescentes ante cualquier forma de maltrato, acoso o abuso sexual infantil; y de ser necesario, la reparación del daño, y así como contar, con una cultura de la prevención desde las instancias encargadas de la comunidad educativa, en el ámbito de competencia de la Secretaría de Educación Pública.

Por lo antes expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona la Ley General de Educación

Artículo Único. Se adiciona una fracción XVIII al artículo 75 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I. a XVI. ...

XVII.Incumplir con las medidas correctivas derivadas de las visitas de inspección ; y.

XVIII. Omitir el cumplimiento y aplicación de los Protocolos de actuación contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación dentro de los centros educativos.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2019.— Diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Hortensia María Luisa Noroña Quezada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman los artículos 17, 36 y se adiciona un artículo 50 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente

En la actualidad, las economías del mundo, requieren para su adecuado desarrollo y crecimiento sostenido, del perfecto funcionamiento de los factores involucrados y de las condiciones mínimas y elementales, para que su dinamismo no se vea trastocado, por el contrario; impulsado.

Por ello, vigilar y en la medida de lo posible garantizar la armonía y concordancia en la actividad de sus ramas y de sus sectores; es tarea fundamental de cualquier gobierno.

Lo anterior, es especialmente importante al referirnos a un sector imprescindible y también de vital importancia para el correcto desarrollo de una economía, el autotransporte.

El autotransporte turístico, de pasajeros o de carga; para cualquier economía es base y pilar no solo para las finanzas, sino también para la sociedad en su conjunto.

En nuestro país, eso no es excepción; por el contrario, es una condición fundamental.

El sector de autotransporte se ha ido consolidado y creciendo, afortunadamente y con muchos esfuerzos, a la par que las exigencias y condiciones del mercado le han impuesto. Siendo hoy en día, pieza fundamental e insustituible de nuestro desarrollo.

Pero, en este sector hay una rama que se ha distinguido tanto por su importancia para el funcionamiento de las actividades económicas, como también por su elevada aportación a la economía, el autotransporte de carga.

Para nuestra economía, el autotransporte de carga es sumamente básico e imprescindible.

Basta mencionar que hasta 2017, se tiene el registro de 25 mil 720 empresas activas y en funcionamiento, en materia de autotransporte de carga tanto general como especializada; lo que representó un crecimiento de este tipo de empresas respecto al año anterior 2016, de 13.3 por ciento.

Gracias a ello, el pasado año; este sector fue el responsable de transportar y movilizar en nuestro territorio, más de 546 mil toneladas de mercancías y productos de nuestra economía; un 2.1 por ciento superior al del año anterior.

Todo ello mediante un parque vehicular cada vez mayor, compuesto hasta el año pasado por 463 mil 16 unidades motrices, 453 mil 916 unidades de arrastre y 449 grúas industriales, en total 917 mil 381 unidades vehiculares de autotransporte de carga; que además, de 2016 a 2017 se incrementaron en un 6.1 por ciento.

Como se puede apreciar, es innegable la importancia de nuestro sector de autotransporte de carga en México.

Porque, es el medio por el que se transporta el 82 por ciento de la carga total vía terrestre; es decir todas la mercancías y productos que se generan y que llegan por medio de nuestro amplio sistema carretero.

Y además, aporta 5.9 por ciento de nuestro producto interno bruto total; y, el 82 por ciento del PIB del Sector Transporte, Correos y Almacenamiento.

Finalmente, es un significativo generador de empleo para el país, con más de 1.8 millones de empleos directos generados.

No obstante todo lo anterior, éste valioso sector; aún tiene considerables rezagos y pendientes que, es urgente atender.

Uno de ellos y que ha traído lamentables consecuencias por la omisión en su atención definitiva, es el derivado por la carga en dos remolques.

El asunto no es menor, por el contrario; representa un riesgo cada vez mayor no solo para las unidades, los operadores o la mercancía que transportan; lo es también, para las personas que transitan en nuestras carreteras; es decir, lo es para todos.

Y el número cada vez creciente, de las unidades de doble remolque en México, es un multiplicador de los riesgos que representan ya que se tiene el registro de que actualmente representan el 8 por ciento del total de unidades de autotransporte de carga, con poco más de 40 mil unidades.

Relación de unidades y riesgos, que desafortunadamente se ven incrementados, por la peligrosa correlación que se está dando cada vez en mayor medida en este sector, el peso de carga que representan los dobles remolques y las malas condiciones físico-mecánicas de muchas de las unidades del parque vehicular; que además es alarmantemente antiguo.

De acuerdo a reportes del sector, se tiene el registro de que el 60 por ciento del total del parque vehicular nacional del servicio de autotransporte de carga, es obsoleto.

Y, el límite máximo y permitido de carga para las unidades de doble remolque en nuestras carreteras, ensombrece aún más el panorama; ya que la norma oficial mexicana NOM-012 permite una carga de hasta 80 toneladas en unidades de doble remolque con una extensión de hasta 31 metros.

Cifras que se alejan mucho del promedio mundial al respecto, ya que, si comparamos estos límites máximos permitidos, nos daremos cuenta de lo mal que se encuentra el doble remolque en nuestro territorio, así como también las pésimas condiciones de seguridad que se ofrecen.

Por ejemplo, se sabe que en varios territorios de los Estados Unidos la circulación del doble remolque está prohibida, en Canadá la carga máxima permitida para estas unidades es de 50 toneladas y el promedio de carga máxima para la gran mayoría de los países de Latinoamérica es de 45 toneladas, la mitad de lo que aquí en México se permite.

Sumando además a lo anterior, el factor siempre presente y latente del error humano; situación que es muy prevaleciente porque se han registrado severos retrasos en materia de capacitación para los operadores de las unidades, jornadas extenuantes de trabajo sin el descanso adecuado, consumo de sustancias prohibidas durante la conducción, o incluso, expedición de licencias federales sin el cumplimiento irrestricto de todos los requisitos.

Esta combinación de todos los factores, están arrojando como consecuencia, aparatosos accidentes con lamentables pérdidas de vidas.

Tristemente podemos observar, que las condiciones y requerimientos mínimos de seguridad para las unidades de doble remolque en nuestras carreteras, no han sido suficientes o, mejor dicho, no han funcionado; lo que es muy desafortunado no solo para este sector, sino también para todos en general.

A pesar de lo anterior, hemos visto como, a lo largo de los últimos 12 años, se han ido disminuyendo las exigencias en los protocolos de revisión y certificación de condiciones físico-mecánicas de las unidades motrices, así como también las verificaciones de peso de la carga durante la circulación; y, sobre las unidades de arrastre el panorama es todavía peor porque no existe, es nulo; por eso tenemos con mucha frecuencia, unidades que circulan con los convertidores que conectan a un remolque con otro, sumamente antiguos, adaptados o incluso, de fabricación casera, es decir hechos en talleres de herrería.

Ante este panorama, a inicios del año pasado 2017, se intentó atender la situación.

Mediante nuevas disposiciones por medio de modificaciones en la norma oficial mexicana la NOM-012; que establecía supuestos criterios de regulación más estrictos y contundentes para erradicar la peligrosidad que representa la circulación del doble remolque.

Ahora, el convertidor de arrastre entre dos remolques, se debía verificar, certificar y además sujetar a un programa de emplacamiento, con lo que según se pretendía regular su uso; también se establecía la colocación y uso de unos espejos retrovisores auxiliares para que se eliminaran los puntos ciegos de visión, de luces automáticas que se activaran al encender las unidades, de sistemas de antibloqueo de frenos también llamados frenos ABS, de un límite máximo de velocidad de 80 kilómetros por hora y la obligatoriedad de ajustarse a límites establecidos menores y guardar al menos 100 metros de distancia o separación con otras de autotransporte.

Pero, más tardamos en escribir y publicar estas medidas, que, en lo que quedó demostrada su ineficiencia.

No sirvieron, no elevaron la seguridad en la circulación del doble remolque, ni evitaron más accidentes.

El sobrepeso y el exceso de dimensiones del doble remolque y su combinación con la antigüedad de las unidades, las deficientes condiciones físico-mecánicas, las deplorables condiciones de los convertidores y el error humano; siguen causando accidentes en nuestras carreteras y además generando una lamentable pérdida de vidas.

No hemos sido capaces de detener la escalofriante cifra de 20 mil accidentes anuales, donde están relacionadas unidades de autotransporte.

O los 5 mil siniestros que se tienen registrados y en donde el doble remolque es el responsable directo.

Además, hemos visto que tampoco han funcionado los esfuerzos relativos al condicionamiento o restricción en la circulación en distintas vías y horarios para el doble remolque; porque los accidentes siguen sucediendo y dejando nuevamente victimas mortales.

Todos estos esfuerzos además de infructuosos, nos obligan a aceptar que solo nos queda un camino a seguir; prohibir completamente la circulación del doble remolque en nuestras carreteras.

Si esta soberanía está dispuesta a, asumir la responsabilidad que nos corresponde en materia de protección y seguridad de los usuarios del sistema carretero, de los operadores y sus familias, de las unidades del autotransporte en nuestro país y de las mercancías que diariamente transportan para beneficio de nuestra economía; no hay duda alguna, hay que ponerle punto final a las unidades doblemente articuladas.

El autotransporte de carga mexicano, debe recuperar su seguridad, prestigio y rentabilidad; de eso no hay duda; y, por ese motivo no podemos ni debemos como representantes populares, evadir la atención de esta problemática.

Debemos de ser lo suficientemente responsables para anteponer la seguridad de todos, ante los intereses económicos de algunos.

Necesitamos rescatar a nuestro invaluable sector del autotransporte de carga, volviéndolo seguro, confiable, eficiente y además altamente rentable para quienes trabajan en él y sus familias, así como también para la economía en general.

Y además tenemos un compromiso y deuda moral, con quienes de manera triste y lamentable, perdieron a familiares en un accidente provocado por una unidad de autotransporte de doble remolque.

Por todo ello, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 17 y 36, y se adiciona un artículo 50 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo Primero. Se adiciona una fracción XVI al artículo 17 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para quedar como sigue:

Artículo 17.Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

I. a XV.

XVI. El incumplimiento de dimensiones establecidos por la Secretaría para los vehículos del servicio de autotransporte de carga.

Artículo Segundo. Se reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para quedar como sigue:

Artículo 36.Los conductores de vehículos de autotransporte federal, deberán obtener y, en su caso, renovar, la licencia federal que expida la Secretaría, en los términos que establezca el reglamento respectivo. Quedan exceptuados de esta disposición los conductores de vehículos a los que se refieren los artículos 40 y 44.

El interesado deberá aprobar los cursos de capacitación y actualización de conocimientos teóricos y prácticos con vehículos o simuladores que se establezcan en el reglamento respectivo.

Los permisionarios están obligados a vigilar y constatar que los conductores de sus vehículos cuentan con la licencia federal vigente.

La Secretaría llevará un registro de las licencias que otorgue.

Los conductores de vehículos que transitan en los caminos y puentes, deberán portar la licencia vigente que exijan las disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo, se abstendrán de conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas de abuso o rebasar los máximos de velocidad, peso y dimensiones establecidos por la Secretaría.

El reglamento respectivo establecerá las causas de suspensión o cancelación de las licencias federales, así como las disposiciones relativas al tránsito.

Artículo Tercero. Se adiciona un artículo 50 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para quedar como sigue:

Artículo 50 Bis. Queda estrictamente prohibida, la circulación de vehículos del servicio de autotransporte de carga, de dos o más articulaciones, remolques, semi-remolques o ejes de carga y arrastre.

Único. El presente decreto entrará en vigor dosaños posteriores al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Personas Morales del Autotransporte de Carga por Clase de Servicio. SCT.

2 Toneladas Transportadas por Clase de Servicio. SCT.

3 Parque Vehicular del Autotransporte de Carga. SCT.

4 Estadística Básica del Autotransporte Federal. SCT. Subsecretaría de Transporte.

5 Estadística Básica del Autotransporte Federal. SCT. Subsecretaría de Transporte.

6 Estadística Básica del Autotransporte Federal. SCT. Subsecretaría de Transporte.

7 Estadística Básica del Autotransporte Federal. SCT. Subsecretaría de Transporte.

8 Parque Vehicular del Autotransporte de Carga. SCT.

9 Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. (ANPACT)

10 SCT. Norma Oficial Mexicana NOM-012.

11 SCT. Norma Oficial Mexicana NOM-012.

12 Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI)

13 Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI)

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de diciembre de 2018.— Diputadas y diputados: Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Frinné Azuara Yarzábal, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Manuel Limón Hernández, Marcela Guillermina Velasco González (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes Federales de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y de Competencia Económica, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada federal Rocío Barrera Badillo, integrante de la LXIV Legislatura por el Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 48 y 49 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como el artículo 18, cuarto párrafo, y se adiciona al artículo 18 los párrafos quinto y sexto, recorriéndose los actuales de la Ley Federal de Competencia Económica, al tenor de la siguiente:

Que quede claro las oficinas gubernamentales que mantengan un velo de opacidad en su desempeño ya no tienen cabida en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí un funcionario insiste en la secrecía de la información, creyéndose dueño de ésta, tendrá que modificar su criterio sí desea ser parte de la cuarta transformación que Morena ha emprendido.

El combate a la corrupción es el principal objetivo de este gobierno y la rendición de cuentas es el antídoto más importante para hacerle frente a la opacidad de los gobernantes. En un contexto en el que se debe privilegiar la máxima publicidad de la información, las decisiones que se asuman en todos los ámbitos del Estado, deben apreciarse como un bien público al que la sociedad tiene derecho a acceder.

Para Morena la transparencia y el acceso a la información son elementos que rebasan la simple apertura de los archivos federales. Nosotros vamos por más y no descansaremos hasta que se vuelva una costumbre que los servidores públicos den cuenta de sus acciones y decisiones. De lo que se trata es de hacer público lo que se hace y se decide, por lo que el nivel de rendición de cuentas a dónde queremos llevar al gobierno federal, implica dar respuesta a preguntas incómodas, divulgar todos los datos sobre el desempeño del gobierno y hacerse responsable de los actos de poder.

En este orden de ideas y subrayando que Morena se comprometió con la ciudadanía de revisar minuciosamente nuestro marco jurídico y seguir avanzando en materia de transparencia y rendición de cuentas. Encontramos que en el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica ( Cofece) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones ( IFT), organismos autónomos, creados en 2013, existe una valiosa área de oportunidad para fortalecer la transparencia, máxime, cuando tienen la alta responsabilidad de garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

Dicho lo anterior, el grupo parlamentario de Morena propone reformar el procedimiento con el que actualmente el IFT y la Cofece deliberar los temas de su competencia al considerar inapropiado que los Comisionados sesiones a puerta cerrada y que la sociedad desconozca los argumentos que sustenten el sentido de su voto. Incluso, se han dado casos en los que se suspende el audio de las sesiones y cuando lo encienden nuevamente se procede exclusivamente a la votación final, ocultando en una desafortunada clandestinidad los criterios y argumentos que darán atención a los problemas más relevantes en materia de telecomunicaciones y competencia económica.

Si tenemos claro que el acceso a la información pública es un derecho humano, éste, sólo puede admitir algunas excepciones cuando se amenace la privacidad de las personas, la estabilidad económica, la salud de la población o la seguridad nacional. Por consiguiente, el valor de la información radica en su contribución para persuadir actos de corrupción, elevar la eficiencia del trabajo del gobierno y someter al escrutinio público cualquier asunto que pueda atentar en contra del bienestar social.

Un ejemplo de que la transparencia sí es posible y además necesaria al interior de la Cofece y del IFT, es el formato empleado por el Pleno delInstituto Nacional de Acceso a la Información ( INAI), que se encuentra en la misma calidad constitucional de dichos órganos reguladores. El INAI transmite todas sus sesiones de Pleno en vivo, sin excepción, a través de medios electrónicos oficiales y quedan resguardadas en el archivo web de su portal para su consulta posterior.

Otro vector de observancia es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN), que, aunque es el ente máximo de justicia del poder judicial y no un órgano garante de acceso a la información, sus sesiones de Pleno, en donde se dirimen las controversias del más alto carácter y trascendencia judicial en el país, son de acceso público a través de formatos digitales, al igual que el INAI.

A partir de estos dos ejemplos, para Morenaresulta absolutamente injustificado que los órganos constitucionales que tienen la responsabilidad de ver por el bienestar de la ciudadanía, sean privilegiadas con un formato que en nada le sirve a la sociedad y que sólo genera desconfianza y perspicacias.

Que quede claro. Habrá temas que invariablemente deberán tener un trato especial por el tipo de información que se maneje, por lo que esta reforma prevé este tipo de casos particulares, pero en lo que sí vamos a hacer énfasis es en asegurar la transición de estos órganos a un modelo mucho más transparente, apalancado en la rendición de cuentas como herramienta poderosa para combatir actos de corrupción o colusión entre agentes económicos y funcionarios públicos.

Si bien es cierto, nos encontramos en una lucha declarada en contra de la corrupción; es fundamental ajustar el marco legal actual, ponderando al principio de publicidad a fortiori de cualquier interés.

Ahora bien, teniendo claro que el sector empresarial siempre tendrá incentivos poderosos para desear incidir en las decisiones que se toman al interior de los órganos reguladores, la deliberación pública que realicen los Comisionados vendrá a refrescar la autorregulación de las conciencias, tomando en cuenta que sus decisiones se colocarán en un prisma que podrá ser evaluado por cualquier persona.

Bajo esta lógica argumentativa y toda vez que la máxima publicidad es el pilar fundamental con el que se está gobernando, exhortamos a todos los grupos parlamentarios a solidarizarse con el espíritu de este proyecto y a sumarse al gran esfuerzo de colocar reflectores incandescentes en aquellos espacios en los hace falta trabajar en beneficio de México y de su población.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de todos los legisladores la reforma a los artículos 47, 48 y 49 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión así como el artículo 18 de la Ley Federal de Competencia Económica, para establecer que las sesiones del pleno deben ser transmitidas en vivo, que las grabaciones deben de ser de acceso público y con la finalidad de evitar un daño en los intereses legítimos de los agentes económicos, que previamente se supriman datos o información reservada o confidencial.

Para facilitar la comprensión de la reforma se detalla a continuación los ajustes sugeridos:

Como se puede apreciar, los ajustes que propone el grupo parlamentario de Morena permiten generar un mayor sentido de confianza en la relación entre la ciudadanía y las acciones gubernamentales, ya que, al exponerse públicamente las decisiones de los funcionarios públicos, empoderamos a la ciudadanía otorgándole el derecho de evaluar y juzgar las decisiones que se toman, lo cual siempre abonará a consolidar el ambiente de certeza y seguridad que requieren los mercados en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 47, 48 y 49 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como el artículo 18, cuarto párrafo y se adiciona al artículo 18 los párrafos quinto y sexto, recorriéndose los actuales de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue.

Artículo Primero.SeReforman los artículos 47, 48 y 49 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 47...

Las sesiones también serán de carácter público y serán transmitidos en vivo en su propio portal, por lo que los comisionados bajo previo estudio y consenso, clasificarán la información de carácter confidencial a tratar en la sesión correspondiente, a efecto de evitar revelarla durante el desarrollo de la misma, ello siempre y cuando sea posible sesionar sin mencionar dicha información.

La información considerada como confidencial o reservada será la declarada como tal bajo los supuestos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 48. Las grabaciones de las sesiones del Pleno del Instituto serán transmitidas en vivo en su página oficial y una vez concluida dicha sesión se pondrán a disposición para consulta generadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se contará adicionalmente con una versión estenográfica, las cuales estarán a disposición del público a través de una herramienta de fácil uso y acceso en el portal de Internet del Instituto. Las sesiones del Pleno se conservarán para posteriores consultas.

Artículo 49. Cuando la información correspondiente a uno o varios asuntos haya sido declarada confidencial o reservada y no sea posible sesionar sin mencionar dicha información el Pleno acordará la discusión de los mismos en sesiones privadas, justificando públicamente las razones de esta determinación. Bajo este supuesto, los Comisionados estarán obligados a hacer públicos los razonamientos que orientaron el sentido de su voto, en un periodo máximo de 20 días hábiles, posteriores a la notificación de la resolución a los emplazado del procedimiento resuelto.

...

Artículo Segundo.Se reforma el artículo 18, cuarto párrafo y se adiciona al artículo 18 los párrafos quinto y sexto, recorriéndose los actuales de la Ley Federal de Competencia Económica para quedar como sigue:

Artículo 18. El Pleno deliberará de forma colegiada y decidirá los casos por mayoría de votos, salvo las decisiones que requieran una mayoría calificada en los términos de esta Ley.

Las deliberaciones del Pleno deberán contar con los votos de todos los Comisionados. Los Comisionados no podrán abstenerse de votar. Los Comisionados que se encuentren ausentes durante las sesiones del Pleno deberán emitir su voto por escrito antes de la sesión o dentro de los cinco días siguientes a la sesión respectiva.

En los casos en que los Comisionados no puedan ejercer su voto por causas debidamente justificadas o estén impedidos para ello, y exista empate en la votación del Pleno, el Comisionado Presidente contará con voto de calidad para decidir estos casos.

Las sesiones del Pleno serán de carácter público y serán transmitidas en vivo en su propio portal, por lo que los comisionados bajo previo estudio y consenso, clasificarán la información de carácter confidencial a tratar en la sesión correspondiente, a efecto de evitar revelarla durante el desarrollo de la misma, ello siempre y cuando sea posible sesionar sin mencionar dicha información.

La información considerada como confidencial o reservada será la declarada como tal bajo los supuestos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en la materia.

Cuando la información correspondiente a uno o varios asuntos haya sido declarada confidencial o reservada y no sea posible sesionar sin mencionar dicha información el Pleno acordará la discusión de estos en sesiones privadas, justificando públicamente las razones de esta determinación.Bajo este supuesto, los Comisionados estarán obligados a hacer públicos los razonamientos que orientaron el sentido de su voto, en un periodo máximo de 20 días hábiles, posteriores a la notificación de la resolución a los emplazado del procedimiento resuelto.

La Comisión deberá hacer pública la versión estenográfica de sus sesiones.

Los acuerdos y resoluciones del Pleno también serán de carácter público y sólo se reservarán las partes que contengan Información Confidencial o Reservada, en los términos establecidos en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Corresponde al Pleno el ejercicio de las atribuciones señaladas en las fracciones II, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV y XXV del artículo 12 de esta Ley, y las demás atribuciones concedidas expresamente al Pleno en esta Ley. Las atribuciones señaladas en el artículo 12 fracción II, cuando deriven del procedimiento previsto en el artículo 94 de esta Ley; así como las previstas en sus fracciones XVII y XXII, solo podrán ser ejercidas por el Pleno cuando las mismas sean resueltas con el voto afirmativo de cuando menos cinco Comisionados.

El Pleno determinará en el estatuto orgánico el ejercicio directo o por delegación de las atribuciones previstas en el artículo 12 de esta Ley que no estén comprendidas en los supuestos señalados en el párrafo anterior.

En el estatuto orgánico de la Comisión se establecerán las facultades que ejercerán las diversas unidades de la misma, las cuales estarán bajo el mando y supervisión del Pleno o del Comisionado Presidente, según se trate.

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de febrero de 2019.— Diputadas: Rocío Barrera Badillo, Dolores Padierna Luna (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Emeteria Claudia Martínez Aguilar, diputada a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II, del apartado A, del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

En las últimas décadas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha impulsado el reconocimiento de derechos de grupos poblacionales específicos, como los que se abordan en la presente iniciativa: niños, niñas y adolescentes, y pueblos indígenas. Este proceso se ha basado en la perspectiva de reconocer a niños, niñas, adolescentes, así como a pueblos indígenas, como sujetos de derechos.

En diversos ámbitos, el ejercicio de estos derechos puede llegar a presentar situaciones de contradicción. De forma concreta, algunos derechos de los pueblos indígenas relativos a sus formas de organización interna, conllevan el riesgo de afectar derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, razón por la cual es preciso reformar el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer disposiciones que impidan este fenómeno.

A efecto de ilustrar esta situación, es pertinente revisar brevemente los diversos instrumentos nacionales e internacionales que, por un lado, consagran los derechos de niñas, niños, adolescentes y, por otro lado, reconocen los derechos de los pueblos indígenas.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el cual ha sido firmado y ratificado por México y por lo tanto forma parte de nuestro sistema jurídico, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a constituirse como tales y a preservar sus formas de organización y sus culturas, así como el derecho a la consulta cuando se prevean medidas que les afecten directamente y poseer y trabajar sus tierras y territorios.

Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en 2007, reconoce los derechos de los pueblos originarios, actualizando conceptos y disposiciones acordes a las realidades que enfrentan en el siglo XXI en materia económica, cultural, ecológica, política y social.

En lo que corresponde al objeto de la presente iniciativa, es de resaltar que la Declaración de las Naciones Unidas, establece, en el artículo 3, que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. En el artículo 4, se dice que los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.

Es decir, la Declaración reconoce claramente el derecho de los pueblos indígenas a determinar y ejercer, con plena autonomía, sus propios sistemas normativos, sus formas de organización y sus prácticas culturales. Esto significa que la cosmovisión y las formas de organización de los pueblos indígenas varían de región en región y de país a país, y que se debe tener en cuenta la significación de las particularidades nacionales y regionales y de las diversas tradiciones históricas y culturales. Esto, como lo establece el artículo 5, con el derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales.

Conviene citar de forma literal los siguientes artículos de dicha Declaración que atañen directamente a las, niñas, niños y adolescentes indígenas:

“Artículo 17

1. ...

2. Los estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, tomarán medidas específicas para proteger a los niños indígenas contra la explotación económica y contra todo trabajo que pueda resultar peligroso o interferir en la educación de los niños, o que pueda ser perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social de los niños, teniendo en cuenta su especial vulnerabilidad y la importancia de la educación para empoderarlos.

Artículo 22

1. En la aplicación de la presente Declaración se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas.

2. Los estados adoptarán medidas, conjuntamente con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.”

En México, la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena realizada en 2001, reconoció e incorporó los derechos fundamentales de los pueblos originarios en el artículo 2o. de la Constitución. Es importante mencionar que esta reforma fue consecuencia del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, en Chiapas, demandando el reconocimiento de una serie de derechos, tales como: libre determinación y autonomía, derecho a sus tierras y territorios, derecho a utilizar sus propias formas de organización y sistemas normativos internos para resolver conflictos, derecho a la consulta, derecho al desarrollo, y a todos los derechos sociales y económicos establecidos en la Constitución.

De este modo, el artículo 2o. constitucional declara que la nación mexicana “tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”

A partir de esta declaración, el mencionado artículo establece que los pueblos indígenas de México tienen derecho a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

• Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

• Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución.

• Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno.

• Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

• Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras.

• Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades.

• Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.

• Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado.

Además de estos derechos de naturaleza política y cultural, el artículo 2o. constitucional reconoce los siguientes derechos sociales y económicos a los pueblos y comunidades indígenas de México:

• Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos.

• Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior.

• Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional.

• Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo.

• Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades.

• Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos.

• Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

Como puede observarse, el marco jurídico nacional e internacional reconoce derechos fundamentales de los pueblos indígenas, entre los que destacan, para efectos de la presente Iniciativa, su derecho a conservar sus culturas, determinar y ejercer sus sistemas normativos internos y sus formas de organización política, económica, social y cultural.

Ahora, corresponde referir aspectos del marco jurídico que reconoce y protege los derechos de niños, niñas y adolescentes. En la esfera internacional, el principal instrumento es la Convención sobre los Derechos del Niño, misma que parte del principio de que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

La Convención tiene como una de sus consideraciones básicas, que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.

En el marco de lo que se plantea en la presente Iniciativa, resulta de la mayor utilidad citar los siguientes artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño:

“Artículo 2

1. Los estados parte respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.

2. Los estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Artículo 30

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma.

Artículo 32

1. Los estados parte reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.”

Se observa que, la mencionada Convención establece un marco general de derechos donde predomina el principio del interés superior del niño y que, sin demérito de otros temas relativos al derecho de niñas, niños y adolescentes, destaca disposiciones en materia de las particularidades culturales, políticas, organizacionales y normativas de quienes viven en el seno de comunidades indígenas.

Por su parte, el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, establece en sus párrafos noveno, décimo y décimo primero, lo siguiente:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.”

A su vez, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es el máximo ordenamiento legal del sistema jurídico mexicano en la materia, plantea el logro de los siguientes objetivos plasmados en su Artículo 1:

“I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;

III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados;

IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y

V. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración.”

Con base en los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, así como de los pueblos indígenas, antes citados, podemos establecer que, es necesario incorporar algunas disposiciones específicas al marco jurídico correspondiente, con el objeto de armonizar la legislación que reconoce esos derechos y, a la vez, garantizar el pleno ejercicio de los mismos sin que ello implique ningún menoscabo o relegación de derecho concreto alguno.

De este modo, queda claro que con la presente iniciativa se busca garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes indígenas, de tal forma que, en el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, se evite en todo momento cualquier impacto negativo en el libre desarrollo de su personalidad y que prevalezca el interés superior de la niñez.

Es pertinente apuntar que, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México 21.50 por ciento de la población se auto adscribe como indígena, de tal suerte que son 25.69 millones de mexicanas y mexicanos que se asumen como indígenas. La misma encuesta, informa que de la población mexicana que se ubica en el grupo de edad de los 0 a los 17 años, asciende a 39.21 millones de personas, de las cuales el 21.88 por ciento se auto adscribe como indígenas, por lo tanto, la población de niñas, niños y adolescentes indígenas de México asciende a 8.58 millones de personas.

Esta realidad demográfica ilustra la necesidad de garantizar la integridad, los derechos, la dignidad y el interés superior de la niñez. En este sentido, es importante establecer cuáles son los riesgos que al respecto se buscan evitar con la presente iniciativa.

Me refiero al tema del derecho de los pueblos indígenas a conservar y practicar sus propias formas de organización social, así como a su derecho a definir y ejercer sus sistemas normativos internos, los cuales tienen la función tanto de solucionar conflictos, como de normar las conductas y las costumbres emanadas de las culturas ancestrales de los pueblos y comunidades.

Los derechos de los pueblos indígenas señalados en el párrafo anterior, son fundamentales para que se materialice su derecho de libre determinación y su autonomía. En la presente iniciativa no se pretende menoscabar, ni mucho menos, esos derechos que reconocen la voluntad de los pueblos originarios de conservar sus propias formas de organización, sus culturas y su lengua.

Sin embargo, es importante establecer salvaguardas para que, en el ejercicio de esos derechos, los pueblos originarios no incurran en afectaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas. Al respecto, cabe señalar dos temas en los que, en determinadas circunstancias, podrían significar algún riesgo al respecto.

El primer tema es el relativo al matrimonio infantil y las uniones tempranas. A nivel nacional, a finales del año 2018, prácticamente todos los estados de la República habían establecido la prohibición expresa del matrimonio infantil, con la excepción de los estados de Baja California, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tabasco, los cuales presentaban en su marco jurídico ciertas lagunas o vacíos que hacen posible el matrimonio infantil.

El problema no se encuentra sólo en prohibir el matrimonio infantil formal, sino que está presente también en la práctica de las uniones tempranas, que consisten en la unión, concubinato o diversas formas de pareja donde los protagonistas son niñas, niños y adolescentes. Es decir, en muchas regiones y sectores de la población persiste la práctica de la unión temprana entre adolescentes, sin necesidad de pasar por el registro civil para formalizar un matrimonio.

En diversas regiones y sectores de la población, las uniones tempranas tienen una aceptación social y cultural importante, razón por la cual se siguen practicando, a pesar de que el matrimonio infantil esté prohibido. Precisamente en los pueblos y comunidades indígenas, persisten ciertas prácticas ancestralmente legitimadas por su cosmovisión cultural, que permiten y valoran positivamente las uniones tempranas, razón por la cual es importantes establecer disposiciones legales para evitar estas situaciones.

Insisto, no se trata de menoscabar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, ni de señalar que la práctica de las uniones tempranas es generalizada entre los 68 pueblos originarios de México; tampoco se establece aquí que las uniones tempranas sean exclusivas de los pueblos indígenas, porque igualmente se practican en la sociedad en general.

El segundo tema es el del trabajo infantil. El fenómeno del trabajo infantil ocurre a nivel nacional, no sólo entre los pueblos indígenas, sin embargo, éstos conservan formas ancestrales de organización social, cultural y económica, que incluyen diversas modalidades de trabajo comunitario, donde participan niños, niñas y adolescentes.

Al respecto, es preciso establecer disposiciones legales para que el trabajo infantil comunitario, nunca se contraponga con el derecho de niños, niños y adolescentes al libre desarrollo de su personalidad, a la educación, a la salud y a la alimentación.

Por las razones antes expuestas, en la presenta iniciativa se propone una reforma al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido que se ilustra en el siguiente cuadro:

En el Grupo Parlamentario de Morena, consideramos que, con esta reforma, se obligaría a que la legislación secundaria, así como las estrategias, políticas, programas y acciones institucionales en la materia, garanticen el interés superior de la niñez en un esquema de sana convivencia con los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.

Soy originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, conozco la realidad de las niñas, niños y adolescentes indígenas. Por ello, considero que la reforma que se propone es válida, viable y necesaria. Además, el propio artículo 2o. constitucional contempla una disposición similar en la misma fracción II, del apartado A, relativa a la salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres indígenas.

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción II del apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único.Se reforma la fracción II del apartado A del artículo 2o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. La Nación mexicana es única e indivisible.

..

..

..

...

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. ...

II.Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes y el libre desarrollo de su personalidad. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de laFederación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero de 2019.— Diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito Rubén Cayetano García, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6 numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan los artículos 169, 180, 183 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al tenor de lo siguiente

Planteamiento del problema

Como bien se sabe una de las finalidades de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en particular del ahorro para el fondo de la vivienda es obtener por parte de los trabajadores créditos baratos y suficientes.

El ISSSTE a través del fondo de la vivienda contribuye a resolver el problema social de una vivienda digna para los trabajadores. Los recursos que aportan los trabajadores al fondo de la vivienda, son para que el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), los administre de manera eficiente y transparente para alcanzar el fin social que se persigue.

El esquema de financiamiento del Fovissste actualmente es desventajoso, es un crédito de usura, con muy altos intereses, con reglas crueles como es la actualización anual al crédito en base a Veces Salario Mínimo (VSM) y/o Unidad de Medida y Actualización (UMA) y a los intereses de saldos insolutos. Así como cobro de intereses sobre intereses por pagos no realizados o vencidos.

Como dato en el presente año 2019 en términos generales cualquier deuda de crédito hipotecario en el Fovissste aumentó con la actualización en base a la UMA de $ 22,000.00 (Veintidós mil pesos 00/100 M.N) a $ 35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N)

Los trabajadores al servicio del estado desconocen las formas en que se aplican y administran los créditos hipotecarios para vivienda y adquirieron su crédito pensando en que era un crédito social y de bajo costo, pero se han encontrado que no es barato, que no ayuda al trabajador porque termina pagando lo triple de su deuda original adquirida durante los 30 años que tiene para pagar y la mayor parte de sus pagos se van a intereses y la deuda queda sin avances de pago significativos por lo cual se vuelve impagable.

El Fovissste es un órgano desconcentrado que no cuenta con personalidad jurídica, ni patrimonio propio y está jerárquicamente subordinado al ISSSTE, por lo tanto, no puede manejarse como una sociedad mercantil, que lucre con el cobro desmedido de intereses, pues el fin con el que fue creado, no tiene nada que ver con la obtención de ganancias.

Los créditos que otorgan las empresas privadas son un préstamo en dinero donde la persona se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas para dicho préstamo, más los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera. Son empresas que persiguen una ganancia al otorgar estos financiamientos.

Pero en el caso de Fovissste no debería existir un cobro de intereses, es un órgano del Estado que otorga créditos a los trabajadores, por lo que no debe perseguir un fin de lucro.

La tasa promedio de interés que cobran las entidades financieras es de alrededor del 11.50% fija durante la vigencia del crédito. El Fovissste cobra una tasa de interés del 6% que fija el propio Instituto y que puede cambiar cada año, más un aumento anual basado en la inflación e incremento de los salarios mínimos vigentes que nos da una cantidad igual y a veces superior a la tasa promedio de la banca comercial.

Los trabajadores derechohabientes al ISSSTE del Estado de Guerrero, por ejemplo, se han visto en la necesidad de conocer la situación financiera de sus créditos hipotecarios, detectando irregularidades en los estados de cuentas respectivos y del procedimiento para adquirir el crédito.

Lo que establece el artículo 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la actualidad es lo siguiente:

“Artículo 185.- El saldo de los créditos otorgados a los Trabajadores a que se refiere la fracción I del artículo 169 de esta Ley se revisará cada vez que se modifiquen los Salarios Mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el Salario Mínimo.

Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos a la tasa que determine la Junta Directiva. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldos insolutos.

Las cantidades que se descuenten a los Trabajadores con motivo de los créditos a que alude el presente artículo, no podrán exceder del treinta por ciento de su Sueldo Básico, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de esta Ley.

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de treinta años”.

Lo anterior es lo que al crédito hipotecario lo hace impagable, porque si un trabajador adquiere un crédito por $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional) al año siguiente y cada 1 de enero le hacen la actualización le aumentan $ 22,000.00 (Veintidós mil pesos 00/100 moneda nacional) más a la deuda y le cobran los intereses por toda esa cantidad de $ 522,000.00 (Quinientos veintidós mil pesos 00/100 moneda nacional), y así cada año que dure su crédito.

También con toda intensión en las delegaciones del Fovissste, cuando el trabajador adquiere un crédito hipotecario, no gira la orden de descuento inmediatamente a la dependencia donde labora el acreditado, para que se le empiece a descontar el 30% de su salario, habiendo casos de personas que durante 4 años no pagaron nada al crédito y por esta causa se les hizo más rápido una deuda impagable por que le cobran intereses sobre intereses, más las actualizaciones, etcétera.

Como se puede ver, el artículo 185 de la Ley del ISSSTE, contempla un doble cobro de interés, es decir, los establecidos por el préstamo recibido que no será menor al 4%, y un segundo cobro de intereses por el aumento anual de los salarios mínimos.

La difícil situación que viven los derechohabientes con créditos hipotecarios de vivienda se extiende a todos los derechohabientes del ISSSTE de la República Mexicana, haciéndose imperativo modificar y adicionar los artículos de la Ley del ISSSTE que afectan el buen manejo del crédito, en general cambiar el esquema de financiamiento y pago de los créditos hipotecarios a favor del trabajador.

Los beneficios de la reforma que se proponen, son aplicables para todos los trabajadores que ejercen actualmente un crédito de vivienda.

Es por las razones antes expuestas que considero esta reforma de suma importancia. Por ello someto a consideración el siguiente proyecto de

Decreto por el que se modifican y adicionan los artículos 169, 180, 183 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Primero.Todos los créditos vigentes se reestructurarán a pesos y a una tasa de interés anual fija de 5% en base al saldo que resulte de la sumatoria de todos sus pagos o descuentos realizados al acreditado.

Segundo. Si en la restructuración del crédito resultara que el trabajador o acreditado ya pago su crédito en la sumatoria de todos sus pagos o descuentos realizados. El crédito se dará por terminado, como totalmente pagado a favor del trabajador procediendo a la liberación de la hipoteca.

Tercero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de febrero de 2019.— Diputados y diputada: Rubén Cayetano García,Dolores Padierna Luna, Héctor René Cruz Aparicio (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 65, 66 y 212 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Carmen Mora García, del Grupo Parlamentario de Morena

La proponente, Carmen Mora García, diputada de Veracruz en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 65, y se reforman el último párrafo del artículo 66 y el segundo del artículo 212 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

La Organización Mundial de la Salud define el sobrepeso y la obesidad como la acumulación anormal o excesiva de grasa; asimismo, es de señalarse que desde la perspectiva biomédica se considera al sobrepeso y obesidad como una enfermedad, la cual involucra a todos los grupos de edad, de distintas etnias y de todas clases sociales.

En la actualidad, el sobrepeso y la obesidad, así como las complicaciones de estas enfermedades, son un gran problema de salud pública en nuestro país, además de que repercuten en todos los ámbitos de la vida de quienes las padecen.

De conformidad con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2016, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud federal, 7 de cada 10 mexicanos adultos sufren de sobrepeso y obesidad; de ahí que nuestro país actualmente vive una epidemia de obesidad y de sobrepeso, padecimientos que son los principales detonantes de otras enfermedades, como la diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, apnea del sueño y cáncer, sólo por citar algunas, además de que la obesidad es causa de estigma social.

Además de los efectos adversos de la obesidad y el sobrepeso en la salud de las personas que padecen tales enfermedades y que además pueden ser detonantes de otros padecimientos, tenemos también que esta enfermedad produce costos económicos para el sector salud y reduce la competitividad del país, esto último como consecuencia de una menor productividad laboral.

La Secretaría de Salud estima que el costo total de la obesidad en el ejercicio fiscal de 2017 fue de 240 mil millones de pesos, cantidad que seguirá en aumento hasta alcanzar los 272 mil millones para 2023.

Se utiliza el término epidemia ya que, de conformidad con la Organización Mundial de la Salud, ella se presenta cuando una enfermedad ataca a numerosas personas durante un mismo periodo de tiempo; situación que acontece en nuestro país, al informar la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que 24 millones de mexicanos sufren obesidad.

Según datos de la OMS para 2018, el país ocupaba el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, lo que resulta alarmante, ya que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016, 3 de cada 10 menores y 4 de cada adolescente padecen esta enfermedad.

Se ha identificado de acuerdo con numerosos estudios que algunos de los factores causantes de la obesidad en nuestro país, es el consumo de alimentos con alta densidad energética y la ingesta de bebidas azucaradas, sumado a la falta de consumo de frutas y verduras y de realización de actividades físicas.

En ocasiones, esta falta de consumo de frutas y verduras se debe a que en las zonas rurales de nuestro país en ocasiones existe un desabasto de frutas y verduras; sin embargo, en tales comunidades si existe disponibilidad de alimentos con alto contenido de grasas y azucares.

La comunidad científica menciona que la epidemia de sobrepeso y obesidad no son únicamente el resultado de malos hábitos en lo individual, sino que estas enfermedades obedecen principalmente al resultado de un entorno que fomenta a la obesidad; este entorno es el resultado de los miles de anuncios publicitarios de alimentos y bebidas procesadas, altas en azúcar y grasas, así como su fácil acceso y precios accesibles, además un etiquetado nutrimental de difícil comprensión que no ayuda a los consumidores a identificar los productos saludables que se ofertan en el mercado.

De acuerdo con la Secretaria de Salud, 90 por ciento de los casos de diabetes mellitus tipo 2 es atribuible al sobrepeso y la obesidad, lo cual es alarmante. Empero, resulta aún más preocupante que en la actualidad en el país 3 de cada 20 fallecimientos se deban a esta enfermedad.

De acuerdo con el reporte Impacto económico del sobrepeso y la obesidad en México 1999-2023, en el ejercicio fiscal 2017 201 mil 549 mexicanos murieron por enfermedades originadas por el sobrepeso y la obesidad.

La tarea para el combate de la obesidad y el sobrepeso no es sencilla; sin embargo, debemos emprender todo lo necesario para atacar la epidemia.

Argumentación

Uno de los propósitos de la presente iniciativa es reforzar lo relativo a la alimentación saludable y la actividad física, apostar porque las autoridades sanitarias, educativas y laborales apoyen y fomenten estas acciones como piezas claves para el combate a la obesidad y el sobrepeso.

Esto obedece a que como se ha señalado en el cuerpo del presente documento, el excesivo consumo de alimentos altos en azucares y grasas y la ingesta de bebidas azucaradas, así como la falta de acceso a las frutas y verduras, además de la carencia de información confiable y clara sobre nutrición, son factores primordiales para el exceso de peso en nuestra población. Por estas razones se considera que el estudio en los hábitos de alimentación merece atención al problema de tales enfermedades.

Las escuelas son un ámbito de oportunidad para prevenir el sobrepeso y la obesidad en nuestros niños, por ello es necesario que aquellas que cuenten con cooperativa escolar ofrezcan alimentos y bebidas saludables, ya que de acuerdo a lo publicado por el periódico Excélsior, el 21 de febrero del presente año, aun cuando desde hace 5 años existe la prohibición de comida chatarra en las escuelas, esto no ocurre en la práctica; asimismo, es fundamental que la comida y bebidas que se oferten cerca de las aulas sea saludable.

En los centros de trabajo debe reglamentarse que tanto dentro de estos, así como en los lugares aledaños a los mismos, se oferten alimentos y bebidas saludables, ya que la población en nuestro país pasa al menos 8 horas o más en sus lugares de trabajo, por lo que su alimentación se da en función de la comida que ahí consumen.

La falta de actividad física contribuye en gran medida a padecer sobrepeso u obesidad, actualmente la cultura de la actividad física se ha visto reemplazada por acciones que implican el sedentarismo; por ello, es necesario reglamentar el hecho de que tanto en las aulas como en los centros de trabajo se lleven a cabo programas de ejercicio físico, para el combate a la obesidad y el sobrepeso, lo que ligado a una alimentación saludable es un tratamiento ideal e efectivo contra tales enfermedades.

Para tener un combate efectivo contra la epidemia de sobrepeso y obesidad es necesario modificar los patrones de alimentación y actividad física de los individuos, es necesario impulsar cambios en el ambiente de tal manera que la disponibilidad de alimentos saludables y oportunidades para la actividad física sean obligatorios los lugares donde nuestra gente destina una parte importante de su tiempo, es decir en las escuelas y los centros de trabajo.

En concordancia con la importancia de ingesta de una dieta saludable como combate contra la obesidad y el sobrepeso, resulta de imperiosa necesidad reglamentar en la Ley General de Salud, que los etiquetados de alimentos señalen de forma directa, sencilla, visible y real el contenido de azúcares añadidos, así como de sodio y grasas trans, con la finalidad de que las personas que los adquieren estén conscientes de lo que consumirán, hecho que ayudara en la toma de decisiones saludables y a su protección frente a publicidad engañosa.

Lo anterior, ya que diversos estudios en México prevén que el etiquetado actual es de difícil comprensión por parte de la mayoría de la población, esto incluso de aquella con alta escolaridad, lo que se agrava en la población que no sabe leer o cuenta con dificultad para la comprensión de lecturas, de ahí que es apremiante modificar nuestra legislación en tal materia.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 65, y se reforman el último párrafo del artículo 66 y el segundo del artículo 212 de la Ley General de Salud

Único. Se adiciona una fracción V al artículo 65, y se reforman los artículos 66 y 212 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 65. ...

I. a IV. ...

V. Acciones que promuevan una alimentación nutritiva y de calidad, así como la realización de actividades físicas.

Artículo 66....

...

...

En el diseño de las normas oficiales mexicanas señaladas en el primer párrafo del presente artículo, las autoridades sanitarias podrán promover mecanismos de atención a las víctimas y victimarios del acoso o violencia escolar; asimismo, podrán promover acciones que apoyen a la generación de una alimentación nutritiva y de calidad, así como la realización de actividades físicas en las aulas y centros de trabajo.

Artículo 212. ...

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir el valor nutricional que señale de forma directa, sencilla, visible y de fácil comprensión para los consumidores,el contenido energético total que aporta el producto, así como el contenido de grasas saturadas, otras grasas, azúcares totales y sodio. Dicha información será presentada en los términos que determine la Secretaría de Salud conforme a lo previsto en las disposiciones reglamentarias y demás disposiciones jurídicas aplicables, la cual deberá contener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para efectos de la modificación al artículo 212 de la Ley General de Salud, la Secretaría Salud contará con 60 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para llevar a cabo las modificaciones legales correspondientes.

Notas

1 Secretaría de Salud, Sobrepeso y obesidad, factores de riesgos para desarrollar diabetes,

https://www.gob.mx/salud/articulos/sobrepeso-y-obesidad-factores-de-riesgos- para-desarrollar-diabetes?idiom=es

2 Torubio Laura, 22 de febrero. “Obesidad mata a 23 mexicanos por hora”, en Excélsior,

https://www.excelsior.com.mx/nacional/obesidad-mata-a-23- mexicanos-por-hora/1233889

3 Doctor Simón Barquera, México, 2018, Sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas para México: una estrategia para la toma de decisiones saludables, página 484,

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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.— Diputada Carmen Mora García(rúbrica).»