Presidencia de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández

ASISTENCIA

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Ramírez: Se procederá a pasar lista de asistencia a los integrantes de la Comisión Permanente.

¿Falta algún legislador de pasar lista? Hay una asistencia de 33 legisladoras y legisladores. Hay quórum, señora presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández (a las 11: 57 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Ramírez: En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer receso del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Orden del día

Miércoles 8 de enero de 2020.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De la Cámara de Senadores

Remite oficio del senador Martí Batres Guadarrama, por el que informa que, durante el Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, no se ha llevado a cabo ninguna actividad con integrantes del Padrón de Cabilderos de la Cámara de Senadores.

Remite de los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Alejandra Nohemí Reynoso Sánchez, Katya Elizabeth Ávila Vázquez, Minerva Citlalli Hernández Mora y Gabriela Benavides Cobos, los Informes de Actividades Legislativas, correspondientes al Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

Remite el Informe de Actividades del senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, con motivo de su participación en la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social del Parlatino y del Seminario Regional para Profundizar en la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres en Política.

Remite oficio de la Presidencia de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, por el que comunica que el Pleno de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad de la Cámara de Senadores, aprobó el Programa de Trabajo para el Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

Remite oficio por el que la senadora Martha Lucía Micher Camarena, presenta el informe de su participación en la Cumbre de Nairobi, “Acelerando la Promesa” que se realizó los días 12 y 14 de noviembre del año en curso.

Remite oficio por el que la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, presenta el informe de su participación en la Mesa Panel “Fortaleciendo la Gobernanza climática como herramienta para lograr una transición justa hacia la descarbonización”.

Del Congreso del Estado de Oaxaca

Comunica la integración de su Mesa Directiva que funcionará durante el Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.

Del Congreso del Estado de Colima

Remite acuerdo por el que exhorta al honorable Congreso de la Unión generar las facilidades para la creación, aplicación y seguimiento de instrumentos de política ambiental.

Del Congreso del Estado de Jalisco

Remite acuerdo por el que exhorta a las cámaras de Diputados y de Senadores, para que atienda lo referente al expediente de hechos relativo a la petición SEM-03003 Lago de Chapala y a revisar las medidas que la Secretaría de Salud ha adoptado para atender a los enfermos renales residentes en las poblaciones colindantes a la cuenca del lago.

Del Congreso del Estado de Chihuahua

Remite acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Senadores a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional, en materia de concesiones para detección oportuna del cáncer.

Remite acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Senadores para que ratifique la Enmienda de Prohibición del Convenio de Basilea.

Remite acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión para que reconsidere los recortes realizados a los programas nacionales del Presupuesto de Egresos.

Remite acuerdo por el que exhorta al Congreso de la Unión para que emita la legislación única en materia procedimental familiar y civil.

Del Congreso del Estado de Durango

Remite acuerdo por el que exhorto al Congreso de la Unión, para que deje sin efecto los alcances del Huso Horario, eliminando el horario de verano en dicha entidad.

De las universidades de Sonora, Guanajuato, Autónomas de los Estados de Chihuahua, Tlaxcala, México, Chiapas, Benito Juárez de Oaxaca, los institutos tecnológicos de Sonora y Nacional de México

Remiten los informes de la Auditoría Externa a su matrícula, correspondiente al Segundo Semestre del año 2019.

Del Servicio de la Administración Tributaria

Informa que, durante el mes de noviembre de 2019, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras, como las unidades competentes, para dar destino a las mercancías de comercio exterior, únicamente destinó bienes aptos para su uso y consumo, así como productos químicos entre otros.

Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Comunica que se encuentra disponible para consulta en su página electrónica, las evaluaciones integrales de los Programas Federales vinculados a los Derechos Sociales correspondientes a: salud, alimentación nutritiva y de calidad, vivienda digna y decorosa, educación, trabajo y seguridad social.

Del Consejo de la Judicatura Federal

Remite un ejemplar del Sexto Informe al Congreso de la Unión, para los fines previstos en el artículo Décimo Tercero Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Remite el “Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de interés nacional del INEGI 2020”, así como el Calendario de Publicación de Información de Interés Nacional del SNIEG 2020.

Del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles

Remite el Informe Semestral de Labores, correspondiente al periodo del dieciséis de mayo al treinta de noviembre de dos mil diecinueve.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Remite, en nueve tomos, el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado para el Ejercicio Fiscal 2020, en cumplimiento del artículo 42, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Remite la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de noviembre de 2019; información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente con el mes de noviembre de 2018.

Informa que no se ha ejercido presupuesto alguno relativo al Programa de Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

Del Banco de México

Remite el Informe Anual sobre el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, correspondiente al periodo julio de 2018 a junio de 2019.

De la Secretaría de Gobernación

Remite oficio por el que el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha tenido a bien nombrar a la ciudadana Thalía Concepción Lagunes Aragón, como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Remite oficio por el que el presidente de la República, licenciado.Andrés Manuel López Obrador, ha tenido a bien nombrar a la ciudadana Raquel Buenrostro Sánchez, como titular del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Envía el Segundo Informe Semestral de Actividades 2019 del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Da por enterada que la Cámara de Senadores dio por concluido el primer período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio.

Remite diez contestaciones a puntos de acuerdos, aprobados por la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente en su Segundo Receso.

De la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros

Remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Senadores, relativo a la producción de granos básicos.

De la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato

Remite dos contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados por Comisión Permanente en su Segundo Receso.

Iniciativa del Congreso de la Ciudad de México

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

Iniciativa del Congreso del Estado de Chihuahua

Con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional.

Iniciativas del Congreso del Estado de Nuevo León

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Migración.

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11 y 14 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo.

Iniciativas

Que reforma el artículo quinto transitorio del decreto  por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles, publicado en el DOF el 25 de enero de 2017, a cargo del diputado Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 170 Bis de la Ley Federal del Trabajo, 140 Bis de la Ley del Seguro Social y 37 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 2o. y 12 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma al artículo 42 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 47 de la Ley Agraria, a cargo del senador Miguel Ángel Lucero Olivas y suscrita por la senadora Geovana del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona el artículo 25 de la Ley de Planeación, a cargo de la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Víctimas, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Que reforma el artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 5o. y 6o. de la Ley de Seguridad Nacional, suscrita por la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 63 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y 11 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo de la diputada Ma. Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre del General Felipe Ángeles, suscrita por la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 17 y 17 Bis de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la senadora Martha Lucía Micher Camarena y suscrita por los senadores Minerva Citlalli Hernández Mora y Germán Martínez Cázares, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 75 de la Ley General de Educación, suscrita por el senador Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario de Morena.

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión

Con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Consejo de la Judicatura de la Ciudad México a revisar la actuación de los jueces y magistrado encargados del caso de la ciudadana Abril Cecilia Pérez Sagaón.

Con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales y de las entidades federativas, así como los órganos con autonomía reconocida por la constitución para que de conformidad con la legislación aplicable continúen implementando las acciones necesarias para proporcionar un lugar adecuado e higiénico para que las madres amamanten a sus bebés o realicen la extracción manual de leche en el periodo de lactancia.

Con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que a través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, de conformidad con sus atribuciones de coordinación con las entidades federativas, remita a esta Soberanía un diagnóstico sobre el estado que guardan los controles de confianza para certificar policías a nivel local.

Con puntos de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que remita a esta Soberanía un informe sobre el destino de los recursos etiquetados al subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (Fortaseg) en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Nuevo León, acatar lo resuelto, para aprobar la ratificación del doctor Ángel Mario García Guerra en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la entidad mencionada, a cargo de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se rechaza enérgicamente la violencia, la usurpación de funciones y el ataque a la independencia y pluralidad de la Asamblea Nacional ocurridos el 5 de enero pasado en Venezuela; y se exhorta al Ejecutivo federal, a adoptar una posición en congruencia con la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en el mundo, suscrito por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a informar el nombre y el número de los programas sectoriales y especiales derivados del PND 2019-2024 que han obtenido su dictamen previo y la aprobación del Presidente de la República, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Estatal del Agua de Sonora, para que en conjunto con los organismos operadores municipales de agua, alcantarillado y saneamiento, analicen y efectúen trabajos de corto, mediano y largo plazo para resolver el problema de mantenimiento e instalación de drenaje en la entidad, suscrito por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex, a producir, vender y distribuir diésel de ultra bajo azufre, a cargo del diputado Jacobo David Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, a dejar sin efectos el acuerdo por el que se autoriza la modificación a las tarifas máximas para la prestación del servicio público de transporte en la entidad con efectos a partir del primero de enero de 2020, suscrito por la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Jalisco y al Ayuntamiento de Sayula, a realizar investigaciones que correspondan respecto al comportamiento de los policías municipales ante elementos de la Sedena, suscrito por el diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a difundir los avances de la Carpeta de Investigación FEADPD/ZCC/207/2019 por la desaparición de los ciudadanos Liliana Rueda Daniel y Sergio Rueda Daniel, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo para evitar el uso de clembuterol en la engorda de animales para el consumo humano, a cargo del senador Joel Molina Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE, a informar a esta Soberanía sobre las políticas implementadas para el apoyo a la cadena de valor de producción de tortilla nixtamalizada y el consumo de este bien, a cargo del senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y al INM, a emitir un informe sobre los mecanismos y medidas de seguridad implementadas para proteger los derechos humanos de las y los migrantes que transitan en nuestro territorio con motivo de las fiestas de fin de año, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se rechaza categóricamente cualquier intervención militar en la República Islámica de Irán, a cargo del senador Miguel Ángel Lucero Olivas y suscrito por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y a la Secretaría de Salud, a continuar implementando campañas de prevención contra enfermedades epidemiológicas y padecimientos oculares degenerativos en todo el país, a cargo del senador José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la FGR y a la UIF de la SHCP, a ejercer atracción del presunto acto de corrupción cometido por los ciudadanos Cynthia Gissel García Soberanes, ex Secretaria del Integración y Bienestar Social y Jesús Damián Núñez, ex Oficial Mayor del Ejecutivo del estado de Baja California, y se lleve a cabo una investigación conducente conforme al derecho, suscrito por el diputado Héctor René Cruz Aparicio, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CFE, a tomar las medidas necesarias para eliminar el adeudo histórico por concepto de suministro de energía eléctrica en Tabasco y establecer, junto con el Gobierno de la entidad, un programa que otorgue créditos a los usuarios para la adquisición de productos que coadyuven al ahorro y eficiencia de la energía eléctrica que consumen, suscrito por el senador Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CFE y al Suterm, a modificar la cláusula 67 del contrato colectivo de trabajo único vigente, y otorgar sistemas de paneles solares para que los trabajadores de base generen su propia energía y quede a salvo dicha prestación, suscrito por el diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud, a dar celeridad a la publicación de las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar, suscrito por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a implementar campañas de concientización para informar sobre las ventajas de la eliminación de las bolsas de plástico y apoyar a los productores de plástico, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que en conjunto con las entidades federativas se emprenda una campaña que combata y elimine los casos de Pediculosis y Ricketsiosis, para proteger a la población, suscrito por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, a establecer una oficina de representación institucional en la Embajada de México en Canadá, con el fin de dar atención especializada a las y los trabajadores que integran el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, suscrito por la diputada Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a considerar la devolución expedita de los recursos autogenerados por el INAH en un cien por ciento en el ejercicio 2019, suscrito por la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del Gobierno Federal, a realizar las acciones necesarias para prevenir, sancionar y erradicar los casos de pederastia que han sido cometidos por integrantes de asociaciones religiosas, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional de Seguridad Pública, a crear la Universidad Nacional de Seguridad Pública, especializada en la formación de mandos policiales, suscrito por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CEAV, a la CNDH y a la FGR, a otorgar el reconocimiento de calidad de víctima a las personas afectadas por la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, el 18 de enero de 2019, se les inscriba en el Renavi y se brinde la atención que mandata la Ley General de Víctimas, a cargo de la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a garantizar la dotación de medicamentos, el acceso a tratamientos y quimioterapias para la atención de cáncer infantil, ante el desabasto de material y medicinas en diversas entidades federativas, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Zacatecas, a informar las acciones que están tomando para combatir la corrupción y se contribuya al fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, a cargo del senador Miguel Ángel Lucero Olivas y suscrito por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo de las entidades federativas a través de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, a implementar los planes, programas y estrategias necesarias que coadyuven la pronta certificación de competencias laborales del personal policial, a cargo del senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SFP, a coadyuvar con el estado de Puebla en las investigaciones de posibles recursos públicos federales destinados a las labores de reconstrucción derivadas de los sismos del 2017, suscrito por la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se condena el intento de feminicidio contra María Elena Ríos Ortiz, ocurrido el pasado 9 de septiembre de 2019 en Huajuapan de León, Oaxaca; y se exhorta a la FGR, a atraer la indagatoria del caso a fin de garantizar una investigación imparcial, eficiente, exhaustiva, profesional, pronta y expedita, a cargo de la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, al INPI y al Fonatur, a informar a esta Soberanía los pormenores de la consulta realizada a varios pueblos y comunidades indígenas, respecto del proyecto de construcción del denominado “Tren Maya”, a cargo de la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SSPC, a fortalecer y reformular la política de seguridad pública a fin de reducir el índice de delitos y la violencia para el año 2020, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a coordinar e instruir a instituciones públicas, a realizar una campaña que fomente la paridad e igualdad de género, que otorgue elementos de armonía y cultura de paz social en la población, suscrito por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conadic, a emprender una campaña de concientización sobre los riesgos y daños potenciales que conlleva el uso de sistemas electrónicos de administración de nicotina, suscrito por la diputada Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a fortalecer las estrategias y políticas públicas transversales para prevenir, atender y disminuir las causas que provocan las defunciones por homicidios, accidentes de tránsito y suicidios que sufre la población adolescente y joven de nuestro país, suscrito por el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres Poderes de la Unión en los tres órdenes de Gobierno, a diseñar e implementar políticas públicas que garanticen el derecho de la infancia y la adolescencia a una vida libre de violencia que les permita su desarrollo integral, suscrito por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a las presuntas agresiones, intimidaciones, bloqueo informativo y robo que sufrió Juan Gabriel Venzor Fabián, periodista del medio informativo digital La Opción de Chihuahua, por parte del personal de seguridad del Gobernador de dicha entidad, suscrito por el senador Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SFP, para que, lleve a cabo una investigación o auditoría para verificar la evolución del patrimonio del licenciado Manuel Bartlett Díaz, Director General de la CFE, a cargo de la senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de Zacatecas, a informar las acciones que están tomando para atender los hechos ocurridos el 31 de diciembre de 2019 y 2 de enero del presente, en el Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, a cargo del senador Miguel Ángel Lucero Olivas y suscrito por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Nuevo León, a realizar el nombramiento del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado, a efecto de promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, a cargo del senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fortalecer las estrategias y programas para la prevención, atención y tratamiento de enfermedades mentales, suscrito por el diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades ejecutivas de los tres órdenes de gobierno, a promover acciones de sensibilización a su personal y así como jornadas de lactancia en espacios públicos en condiciones de comodidad y seguridad, a cargo de la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SSPC, a reforzar la vigilancia de las redes sociales y sitios web en general, emitiendo alertas preventivas sobre contenidos antisociales que provocan daños a la comunidad infantil y juvenil, suscrito por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y a la STPS, a atender y resolver de manera pronta y expedita las demandas laborales de las y los trabajadores de la agencia de noticias del Estado Mexicano Notimex, suscrito por la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, para que, en coordinación con el Gobierno de Campeche, consideren la viabilidad de la firma de un convenio para mejorar las rutas, horarios y demás condiciones a las que estarían sujetas las concesiones del transporte público de pasajeros en lo relativo al uso de caminos de jurisdicción federal, suscrito por la senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas, municipios y alcaldías del país, a respetar el derecho al trabajo de las y los artesanos pirotécnicos y llevar a cabo acciones para garantizar los protocolos de prevención de desastres, suscrito por la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a revisar el expediente y proceso de pensión y jubilación de los ex trabajadores de los talleres gráficos de la nación, y a la SHCP, a agregar al PEF la posibilidad de jubilación y pensión para éstos, a cargo de la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a promover y fortalecer acciones de prevención, difusión y concientización para la erradicación de matrimonios infantiles forzados, suscrito por la senadora María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sener y a Pemex, a permitir el acceso de vehículos compactos por el paso que atraviesa las instalaciones en desuso del complejo petroquímico de Pemex Fertilizantes “Escolín”, en Poza Rica, Veracruz, en tanto se encuentre en reparación las cuatro etapas del tramo carretero Martínez de la Torre - Canoas, suscrito por la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a realizar jornadas de detección oportuna de la retinopatía diabética, suscrito por el diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, a realizar los estudios necesarios para analizar la factibilidad de colocar semáforos y cebras peatonales, fuera de centros hospitalarios, suscrito por el diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

51. Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal y a la FGR, a investigar y sancionar el actuar de los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito en los juicios de amparo 06/2017 y 939/2019, a fin de determinar si su procedimiento, en perjuicio de extrabajadores de la compañía azucarera de los Mochis, Sinaloa, estuvo apegado a derecho, suscrito por la diputada Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IMP, a garantizar el ejercicio a una efectiva libertad y democracia sindical, y la protección del derecho de sindicación, suscrito por la diputada Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a implementar medidas específicas en materia de atención y acceso para tratar la problemática de las enfermedades raras en México, suscrito por la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a la Secretaría de Salud, a generar campañas para concientizar sobre el daño a la salud que puede ocasionar el consumo excesivo de azúcar, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y al IMTA, a implementar un mecanismo para el análisis y solución de las problemáticas que, en materia de deterioro salarial, reducción de plazas y liberación de recursos propios, enfrenta el IMTA, suscrito por la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades del Estado de México, a informar y coordinarse para la creación e implementación de proyectos de movilidad masiva en el municipio de Naucalpan de Juárez, a cargo de la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la FGR, a atraer el caso de José Humbertus Pérez Espinoza, procesado por autoridades del Estado de México, a cargo de la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Rural de Puebla, a llevar a cabo las acciones para verificar que el ganado que se enajena en el centro comercializador de Tepeaca, durante el ingreso y salida del mismo, cuente con todos sus antecedentes de origen y destino, suscrito por la diputada Carmen Mora García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF y a la SEP, a rendir diversos informes respecto al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa y a los institutos locales homólogos, a cargo del diputado Marco Antonio Andrade Zavala, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, a realizar los estudios necesarios para poder culminar y poner en funcionamiento las obras relacionadas con el Libramiento Ferroférico de Celaya, suscrito por el diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SSPC y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a reforzar y aplicar la ya existente Ley de Cultura Cívica y el Reglamento de Tránsito respecto al apartado de lugares de estacionamiento en materia de apropiación del espacio público, suscrito por el diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profepa, a implementar y realizar campañas de concientización hacia la población sobre los peligros en el uso de pirotecnia, en materia de cuidado al medio ambiente y de maltrato animal, suscrito por el diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, a instalar un sistema de orientación para invidentes y débiles visuales, suscrito por el diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que, a través de la SRE, inicie el proceso de firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio de 2015 por la Asamblea General de la ONU, a cargo de la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia y al Poder Judicial, ambos de Nuevo León, a cesar de inmediato los actos de violencia institucional en contra de la Sra. Vanessa Valdez García y se le permita llevar su proceso en libertad, a cargo de la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Baja California, a no cobrar el nuevo impuesto ambiental sobre venta de gasolina, ya que hacerlo estaría violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrito por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Agenda política

Comentarios relativos a la situación política nacional, a cargo de legisladores integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Comentarios relativos a la situación política nacional, a cargo de la diputada Margarita García García, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios relativos a México y el entorno internacional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios relativos a la situación política nacional, respecto al aumento y creación de impuestos en Yucatán, Guanajuato, Aguascalientes y Tamaulipas, a cargo de legisladores integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Efemérides

Con motivo del 6 de enero, Día de la Enfermería Mexicana, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.»

Con motivo del 6 de enero, Día de la Enfermera y del Enfermero, a cargo del senador Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario de Morena.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Consulte la Secretaría si se le dispensa la lectura.

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Ramírez: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.

Presidencia del diputado Porfirio Muñoz Ledo

En el Salón Legisladores de la República sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la asistencia de treinta legisladoras y legisladores, a las doce horas con ocho minutos del miércoles dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, la Presidencia declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo, se dispensa la lectura del acta de la sesión de instalación.

La Presidencia realiza comentarios con relación al apartado de agenda política del Orden del Día. Desde sus curules, realizan comentarios con relación al referido tema, las legisladoras y los legisladores: senadora Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del Partido Acción Nacional; diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Partido Acción Nacional; senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del Partido Acción Nacional; y senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del Partido Verde Ecologista de México, quien se refiere al punto de acuerdo que suscribió, con la finalidad de exhortar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a emitir por escrito la negativa del cobro del derecho por infraestructura tecnológica de seguridad del estado de Yucatán.

Se continúa con la discusión y aprobación del acta y, al no haber oradores registrados, en votación económica, se aprueba.

Presidencia de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Cámara de Senadores, por la que remite el acuerdo por el que se designan nuevos integrantes de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, en calidad de sustitutos de la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura. De enterado.

b) De las Universidades de Colima, Quintana Roo, Veracruzana, Autónoma del Estado de Morelos, Autónoma de Occidente; de los Institutos Tecnológicos Superiores de las Choapas, de Tantoyuca y Campechano, por la que remiten el Informe de la Auditoría Externa a su matrícula, correspondiente al segundo semestre del año dos mil diecinueve. Se turnan a las Comisiones de Educación, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

c) De la Secretaría de Gobernación, por la que remite la actualización del Informe Bimestral sobre la ejecución de los programas y actividades gubernamentales, correspondiente al quinto bimestre de ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Se turna a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.

d) De Petróleos Mexicanos, por la que remite el Informe Semestral sobre el uso de endeudamiento de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, correspondiente al primer semestre de dos mil diecinueve. Se turna a las Comisiones de Energía de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

e) De la Comisión Nacional del Agua, por la que informa que de los ingresos excedentes recaudados al término del segundo y tercer trimestre del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, no se realizaron asignaciones de recursos a los diversos municipios y prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento a participantes en el Programa de Devolución de Derechos, conforme a lo establecido en el artículo doscientos treinta y uno-A de la Ley Federal de Derechos. Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados; y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores.

f) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de noviembre de dos mil diecinueve, desagrada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de noviembre de dos mil dieciocho. Se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

g) Del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por la que remite su Memoria Anual dos mil diecinueve. Se turna a las Comisiones de Justicia de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

h) Del diputado Adolfo Torres Ramírez, del Partido Acción Nacional, por la que informa la reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del trece de diciembre del año en curso. De enterado, remítase a la Cámara de Diputados.

i) Del Congreso del estado de San Luis Potosí, por la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo ochenta y cuatro de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

j) Del Congreso del estado de Querétaro, por la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los resolutivos del Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente que fungirá durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.

Desde su curul, realiza comentarios, con relación al apartado de agenda política del Orden del Día, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, de Morena. La Presidencia hace aclaraciones.

Se somete a consideración de la Asamblea el acuerdo de la Mesa Directiva y en votación económica, se aprueba. Comuníquese.

Se concede el uso de la palabra, para presentar iniciativas con proyecto de decreto, a las legisladoras y a los legisladores:

• Diputada María Marcela Torres Peimbert y suscrita por la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo noveno y setenta y dos de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

• Diputado Jacobo David Cheja Alfaro de Movimiento Ciudadano, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda “A la firma de los Tratados de Teoloyucan de mil novecientos catorce”. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.

• Senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para crear la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales. Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores.

• Diputada Zulma Espinoza Mata y suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México y de Morena, que expide la Ley para la Regulación y Certificación de Productos Ecológicos y Sustentables. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

• Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa y suscrita por la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora y diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos veintinueve y treinta de la Ley General de Educación, y cincuenta y siete de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Educación, con opinión de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados.

• Diputado César Agustín Hernández Pérez, de Morena, que reforma el artículo diecinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

La Secretaría da cuenta del Acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a la integración de las Comisiones de Trabajo del Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura. En votación económica, se aprueba. Comuníquese.

La Secretaría da cuenta de solicitudes de modificación al Orden del Día de los legisladores: diputado Porfirio Muñoz Ledo, de Morena; y diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Partido Acción Nacional, las cuales, en votación económica, no se autorizan.

La Presidencia levanta la sesión a las trece horas con trece minutos, y cita para la próxima que tendrá lugar, el día miércoles ocho de enero de dos mil veinte, a las once horas.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Ramírez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXIV Legislatura.

Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

En relación con el oficio número DGPL-1 P2A.-6493, de fecha 31 de octubre del año en curso, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 298, numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, me permito informar que no se ha llevado a cabo ninguna actividad con integrantes del Padrón de Cabilderos de la Cámara de Senadores durante el Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

Sin otro particular, reitero mis consideraciones.

Atentamente

Ciudad de México, 26 de noviembre de 2019.— Senador Martí Batres Guadarrama (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXIV Legislatura.

Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

Por instrucciones del senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, fracciones VIII y X; y 308, fracción III, del Reglamento del Senado de la República, remito a usted el primer informe de labores legislativas del senador Miguel Ángel Osorio Chong, correspondiente al primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. Lo anterior, a efecto de que sea publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2019.— Guillermo Teutli Ramírez (rúbrica), coordinador de asesores.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXIV Legislatura.

Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al tiempo que me permito, con fundamento en el artículo 10, fracciones VIII y X, del Reglamento del Senado de la República, remitirle el primer informe legislativo correspondiente al primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura. Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención a la presente.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2019.— Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXIV Legislatura.

Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

Por este medio y con fundamento en el artículo 10, fracción VIII, del Reglamento del Senado de la Republica, remito adjunto al presente en formato digital mi informe de actividades correspondiente al primer año de ejercicio legislativo de la LXIV Legislatura.

Lo anterior para su correspondiente publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Agradezco su atención, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2019.— Senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXIV Legislatura.

Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, fracciones VIII y X; y 308, fracción III, del Reglamento del Senado de la República, remito mi primer informe de labores legislativas, correspondiente al primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Lo anterior, para su correspondiente publicación en la Gaceta Parlamentaria y efectos a los que haya lugar.

Sin otro particular por el momento, reciba un saludo cordial.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2019.— Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXIV Legislatura.

Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

Conforme a la fracción X del artículo 10 del Reglamento del Senado de la República, le presento en forma física y digital el documento correspondiente a mi primer informe de actividades.

Lo anterior con la finalidad de que sea publicado en la Gaceta correspondiente a fin de cumplir con las obligaciones de transparencia a las que estamos sujetos.

Sin más que añadir por el momento, quedo a su disposición para cualquier duda y/o aclaración referente al tema y agradezco sus atenciones.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2019.— Senadora Gabriela Benavides Cobos (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXIV Legislatura.

Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo, al tiempo que remito a usted el informe de actividades, con motivo de mi participación en la reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, y del Seminario regional para profundizar en la prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres en política, celebrados el pasado 28 y 29 de noviembre de 2019 en la ciudad de Panamá, Panamá.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción VIII, y el artículo 283, fracción VI, del Reglamento del Senado de la República, por lo que solicito respetuosamente tenga a bien incluir en el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente que tendrá lugar el día 18 de diciembre del año en curso, los siguientes asuntos, a fin de que sea enterada la asamblea:

• Informe de trabajo relativo a la participación del suscrito en la reunión de la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social del Parlamento Latinoamericano y Caribeño; y Seminario regional para profundizar en la prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres en política, celebrados el pasado 28 y 29 da noviembre de 2019, respectivamente.

• Acta da la reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.

Se anexa al presente, en formato impreso y digital los documentos antes mencionados.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2019.— Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXIV Legislatura.

Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

Con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 129 y la fracción I del numeral 1 del artículo 133 del Reglamento del Senado, me permito informarle que en la novena y décima reuniones ordinarias de la comisión, realizadas el 5 de noviembre y 10 de diciembre del presente, respectivamente, quienes integran esta comisión aprobamos el programa de trabajo para el segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, por lo que respetuosamente le solicito hacerlo del conocimiento del pleno del Senado de la República.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2019.— Senadora Patricia Mercado Castro (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXIV Legislatura.

Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

Con el gusto de saludarla, y en relación con mi participación en la cumbre de Nairobi conmemorativa de los 25 años de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo Acelerando la promesa, anexo al presente el informe correspondiente a mi asistencia a dicha cumbre, que se realizó en Nairobi, Kenia, del 12 al 14 de noviembre del presente año.

Asimismo, le solicito atentamente que dicho informe sea publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República.

Lo anterior, en cumplimiento de los artículos 10, numeral 1, fracción VIII; y 308, numeral 1, fracción III, del Reglamento del Senado de la República.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2019.— Senadora Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica).»

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Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

Estimada senadora Fernández:

En cumplimiento a las fracciones VIII y X del artículo 10, y a la fracción III del artículo 308 del Reglamento del Senado de la República, remito a usted el informe sobre mi participación en la mesa panel “Fortaleciendo la gobernanza climática como herramienta para lograr una transición justa hacia la descarbonización”, realizado en la sede del salón Cartago en el Centro Nacional de Convenciones de la ciudad de San José, Costa Rica, el cual se llevó a cabo el 10 de octubre del presente año, dentro del marco de la sesión de la Pre COP25, realizada del 8 al 10 de octubre del año en curso.

Lo anterior, para los trámites a que haya lugar y su respectiva publicación en la Gaceta Parlamentaria de la próxima sesión plenaria, por lo que adjunto el informe antes mencionado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo y mis atentas consideraciones.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2019.— Senadora Verónica Noemí Camino Farjat (rúbrica).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: De enterado. Remítanse a la Cámara de Senadores.

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La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: «Congreso de Oaxaca.

Ciudadanos senadores secretarios de la honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.— Presentes.

Por instrucciones de los diputados secretarios de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, comunico a ustedes que el día 15 de noviembre, con fundamento en el artículo 43 de la Constitución Política local, se abrió el primer periodo ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio legal de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del estado.

Asimismo, comunico a ustedes que, el día de hoy, en cumplimiento de los artículos 33 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 21 y 157 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional, nombró la Mesa Directiva para el segundo año de ejercicio legal, recayendo dichos nombramientos en los ciudadanos diputados:

Presidente; Diputado Jorge Octavio Villacaña Jiménez

Vicepresidente: Diputada Hilda Graciela Pérez Luis

Primer secretario: Diputada Migdalia Espinosa Manuel

Segundo secretario: Diputada Inés Leal Peláez

Tercer Secretario: Diputado Saúl Cruz Jiménez

También, debo comunicarles que el diputado Horacio Sosa Villavicencio, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, a partir de este día, con fundamento en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, asume la Presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Sin otro particular, les envío un cordial saludo.

Atentamente

“El respeto al derecho ajeno es la paz”

San Raymundo Jalpan, Centro, a 20 de noviembre de 2019.— Licenciado Jorge Abraham González Illescas, secretario de Servicios Parlamentarios.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: De enterado. Comuníquese.

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La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: «Congreso de Colima.

Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Cámara de Senadores.

Por este medio, nos permitimos informarle que, en sesión pública ordinaria número 09, celebrada en esta fecha, las diputadas y diputados que integramos la Quincuagésima Novena Legislatura aprobamos un punto de acuerdo presentado por la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, a nombre del grupo parlamentario de Morena, cuyos puntos resolutivos dicen:

“Primero. Este honorable Congreso reconoce que existe una emergencia climática en el estado y en el mundo, y expresa su compromiso de realizar las acciones necesarias para reducir las emisiones de gases efecto invernadero conforme a sus facultades constitucionales.

El honorable Congreso del estado realizará de manera voluntaria las siguientes acciones:

I. Evaluación de la situación energética del Palacio Legislativo, para llevar a cabo una eficiencia energética, así como reducir el uso de papel y agua.

II. Eliminar totalmente la compra y uso de plásticos desechables, así como el ingreso de los mismos al Palacio Legislativo.

III. Legislar con enfoque a los objetivos de desarrollo sostenible

Segundo. La LIX Legislatura exhorta a las y los diputados federales, así como a los senadores y senadoras a:

I. Generar facilidades para la creación, aplicación y seguimiento de instrumentos de política ambiental.

II. Analizar y modificar las normas oficiales mexicanas en materia de contaminación atmosférica, con el fin de declarar el área integrada por los municipios de Manzanillo-Minatitlán-Tecomán-Colima como zona crítica y no como resto del país (actual categoría).

III. Compensar la huella de carbono de los viajes que se realicen por avión por medio de proyectos avalados por la Plataforma Mexicana de Carbono.

IV. Revisión, actualización y seguimiento de concesiones de aprovechamiento de aguas nacionales, así como de explotación minera.

V. Dar seguimiento a los avances en el cumplimiento de los compromisos de adaptación y mitigación que México estableció en el Acuerdo de París, así como a las metas de energías limpias señaladas en la Ley de Transición Energética.

VI. Designar recursos a fondos vigentes de movilidad con el fin de lograr sistemas de movilidad sostenible, segura e inclusiva.

Tercero. La LIX Legislatura exhorta al Poder Ejecutivo para que realice las siguientes acciones:

I. Reconozca el carácter de Emergencia Climática en el Estado de Colima.

II. Adopte en el marco de sus facultades legales y reglamentarias, los planes, políticas, programas, estrategias, objetivos, metas y medidas urgentes necesarias para disminuir la vulnerabilidad e incrementar la capacidad de adaptación, mitigar y controlar las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, con el objetivo de que se garanticen plenamente los derechos de la naturaleza a los que hace referencia la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.

III. La creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente y un Fideicomiso Estatal para la generación de investigación y capacitación ambiental a través de las universidades e instituciones educativas.

IV. Llevar a cabo el procedimiento de evaluación de conformidad de los rellenos sanitarios del estado.

V. Fortalecer la participación de las fuentes de energías renovables en el estado de Colima, que aceleren la transición energética justa que mantenga las emisiones de gases de efecto invernadero a un nivel que eviten un aumento mayor de 1.5° de temperatura.

VI. Estimular una producción de alimentos sana, sostenible y culturalmente adecuada, fomentar el consumo responsable y local con la finalidad de reducir la huella de carbono, bajo modelos de producción ambientalmente eficientes y que contribuyan a alcanzar una economía circular de cero residuos.

VII. Proteger los recursos naturales del estado, por medio de la creación de nuevas áreas naturales protegidas o áreas de valor ambiental, así como propiciar el pago por los servicios ambientales de los mismos.

VIII. Reactivar de carácter urgente las estaciones de monitoreo de calidad de aire.

Cuarto. La LIX Legislatura exhorta a los Ayuntamientos para que realicen las siguientes acciones:

I. Creación o fortalecimiento de las Direcciones de Ecología y Movilidad Urbana Sostenible.

II. Elaboración del Ordenamiento Ecológico y Territorial, así como el Programa de Desarrollo Urbano.

III. Promover el ordenamiento del espacio público para potenciar su uso y privilegiar la movilidad peatonal y ciclista,

IV. Crear el sistema integral de residuos sólidos urbanos y tratamiento de aguas residuales basándose en la innovación tecnológica y la ciencia.

V. Impulsar la creación de nuevas áreas naturales protegidas, o áreas de valor ambiental, en cualquiera de sus categorías.”

Lo que se le comunica, para los efectos legales correspondientes.

Atentamente

Colima, Colima, a 5 de diciembre de 2019.— Las secretarias de la Mesa Directiva del honorable Congreso del Estado, diputada Francis Anel Bueno Sánchez (rúbrica), secretaria;diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Cámara de Senadores.

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La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: «Congreso de Jalisco.

Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta del Senado de la República.— Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento de la Sexagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada el día 11 de diciembre 2019, aprobó el acuerdo legislativo número 873-LXII-19, del que le adjunto copia, en el cual, de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que, en términos que a su representación compete, se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia para los efectos procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 11 de diciembre de 2019.— Abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes (rúbrica), secretario General del honorable Congreso.

«Congreso de Jalisco.

Acuerdo Legislativo

Único. Gírese atento y respetuoso exhorto a las Cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión para que, con fundamento en lo previsto en las fracciones XVI, XVII y XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atienda lo referente al expediente de hechos relativo a la petición SEM-03003 Lago de Chapala II, mismo que se anexa al acuerdo en mención; así como tener a bien revisar las medidas que la Secretaría de Salud ha adoptado para atender a los enfermos renales residentes en las poblaciones colindantes a la cuenca Lerma-Chapala-Santiago y combatir la contaminación ambiental; y tengan a bien legislar lo conducente para que, en concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en materia de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, dictando los principios de derecho necesarios para el saneamiento de los ríos Lerma, Santiago y lago de Chapala.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, diciembre de 2019.— Salón de sesiones del Congreso del estado de Jalisco.— Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica), presidente del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, diputado Óscar Arturo Herrera Estrada (rúbrica), presidente de la Representación Parlamentaria del Partido del Trabajo.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad. Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Cámara de Senadores.

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La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: «Congreso de Chihuahua.

Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número LXVI/EXHOR/0377/2019 I P.O., por medio del cual el honorable Congreso del estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Senado de la República para que, en su carácter de Cámara de origen, tenga a bien dictaminar la iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, que tiene por objeto otorgar a todos los trabajadores la concesión de un día laboral con goce de sueldo, para la realización de estudios médicos de detección oportuna del cáncer, presentada el nueve de octubre del año dos mil dieciocho.

Asimismo, me permito informarle que el dictamen que da origen al citado acuerdo, se encuentra para su consulta en la página oficial del honorable Congreso del estado: http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/dictamenes/archivosDictamenes/1 0929.pdf

Sin otro particular por el momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Chihuahua, Chihuahua, a 5 de diciembre de 2019.— Diputado René Frías Bencomo (rúbrica), presidente del honorable Congreso de Chihuahua.»

«Congreso de Chihuahua.

Acuerdo número LXVI/EXHOR/0377/2019 I P.O.

La Sexagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio constitucional:

Acuerda

Primero. La. Sexagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Senado de la República para que, en su carácter de Cámara de origen, tenga a bien dictaminar la iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, que tiene por objeto otorgar a todos los trabajadores la concesión de un día laboral con goce de sueldo, para la realización de estudios médicos de detección oportuna del cáncer, presentada el nueve de octubre del año dos mil dieciocho.

Segundo. La Sexagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, con fundamento en el artículo 77 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, exhorta respetuosamente a los 67 ayuntamientos que conforman nuestra entidad federativa, a efecto de otorgar permisos con goce de sueldo a las trabajadoras y trabajadores para realizarse exámenes de detección oportuna de cáncer, otorgar horarios flexibles, reubicación laboral o, en su caso, realizar su trabajo fuera del centro laboral a quien padece la enfermedad, así como otorgar licencias para asistir a las citas médicas o tratamientos de sus hijas, hijos o cónyuge que tienen alguna patología oncológica.

Tercero. Remítase copia del presente acuerdo a las autoridades antes señaladas, para su conocimiento y los efectos conducentes.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los cinco días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.— Diputados: René Frías Bencomo, presidente; Carmen Rocío González Alonso y Lorenzo Arturo Parga Amado, secretarios (rúbricas).»

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«Congreso de Chihuahua.

Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número LXVI/URGEN/0370/2019 I P.O., por medio del cual el honorable Congreso del estado de Chihuahua solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, para que por medio de las instancias competentes, con fundamento en lo establecido en el artículo 89, fracción X; así como al Poder Legislativo federal, a través de la Cámara de Senadores, y con fundamento en lo establecido en el artículo 76, fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de sus facultades, ratifiquen la Enmienda de Prohibición del Convenio de Basilea, con el fin de acentuar el control sobre los desechos o residuos peligrosos en cooperación con los países parte, además de posicionarse firmemente al respecto de no ser un depósito de desechos peligrosos que contaminen el medio ambiente y perjudique la salud de los ciudadanos.

Asimismo, me permito informarle que la iniciativa que da origen al citado acuerdo, la cual fue aprobada de urgente resolución, en los términos del artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, se encuentra para su consulta en la página oficial del honorable Congreso del estado:

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/ archivosIniciativas/ 13383.pdf

Sin otro particular por el momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Chihuahua, Chihuahua, a 3 de diciembre de 2019.— Diputado René Frías Bencomo (rúbrica), presidente del honorable Congreso de Chihuahua.»

«Congreso de Chihuahua.

Acuerdo número LXVI/URGEN/0370/2019 I P.O.

La Sexagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio constitucional:

Acuerda

Primero. La Sexagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que, por medio de las instancias competentes, con fundamento en lo establecido en el artículo 89, fracción X; así como al Poder Legislativo federal, a través de la Cámara de Senadores, y con fundamento en lo establecido en el artículo 76, fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de sus facultades, ratifiquen la Enmienda de Prohibición del Convenio de Basilea, con el fin de acentuar el control sobre los desechos o residuos peligrosos en cooperación con los países parte; además de posicionarse firmemente al respecto de no ser un depósito de desechos peligrosos que contaminen el medio ambiente y perjudique la salud de los ciudadanos.

Segundo. Remítase copia del presente acuerdo a las autoridades antes mencionadas, para su conocimiento y los efectos conducentes.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.— Diputados: René Frías Bencomo, presidente; Carmen Rocío González Alonso y Lorenzo Arturo Parga Amado, secretarios (rúbricas).»

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«Congreso de Chihuahua.

Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número LXVI/EXACU/0369/2019 I P.O., por medio del cual el honorable Congreso del Estado de Chihuahua, exhorta respetuosamente al honorable Congreso de la Unión, para que emita la legislación única en materia procedimental familiar y civil. Lo anterior, con fundamento en el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de septiembre de 2017.

Asimismo, me permito informarle que el dictamen que da origen al citado acuerdo, se encuentra para su consulta en la página oficial del honorable Congreso del estado: http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/dictamenes/archivosDictamenes/1 0914.pdf

Sin otro particular por el momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Chihuahua, Chihuahua, a 3 de diciembre de 2019.— Diputado René Frías Bencomo (rúbrica), presidente del honorable Congreso del Estado.»

«Congreso de Chihuahua.

Acuerdo número LXVI/EXACU/0369/2019 I P.O.

La Sexagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio constitucional

Acuerda

Primero. La Sexagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del Estado de Chihuahua, da por improcedente la iniciativa con carácter de decreto qué proponía reformar el artículo 336 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, para garantizar la ubicación y localización laboral de los deudores alimenticios y puntual cumplimiento de su obligación; en razón de que esta Legislatura no es competente para legislar en la materia, con fundamento en lo que expresa el artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Sexagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, exhorta respetuosamente al honorable Congreso de la Unión, para que a la brevedad posible emita la legislación única en materia procedimental familiar y civil. Lo anterior, con fundamento en el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de septiembre de 2017.

Tercero. Remítase copia del presente acuerdo a las autoridades antes mencionadas, para su conocimiento y los efectos a que haya lugar.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.— Diputado René Frías Bencomo (rúbrica), presidente;diputada Carmen Rocío González Alonso (rúbrica), secretaria;diputado Lorenzo Arturo Praga Amado (rúbrica), secretario.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Remítanse a la Cámara de Senadores.

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La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Congreso de Chihuahua.

Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número LXVI/URGEN/0376/2019 I P.O., por medio del cual el honorable Congreso del estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que se definan correctamente las reglas de operación en los programas nacionales del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020; y al Congreso de la Unión, para que reconsidere los recortes realizados a los mismos.

Asimismo, me permito informarle que la iniciativa que da origen al citado acuerdo, la cual fue aprobada de urgente resolución, en los términos del artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se encuentra para su consulta en la página oficial del honorable Congreso del estado: http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas /13389.pdf

Sin otro particular por el momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Chihuahua, Chihuahua, a 3 de diciembre de 2019.— Diputado René Frías Bencomo (rúbrica), presidente del honorable Congreso de Chihuahua.»

Congreso de Chihuahua.

Acuerdo número LXVI/URGEN/0376/2019 I P.O.

La Sexagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio constitucional:

Acuerda

Primero. La Sexagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que se definan correctamente las reglas de operación en los programas nacionales del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020; y al Congreso de la Unión, para que reconsidere los recortes realizados a los mismos.

Segundo. Remítase copia del presente acuerdo a las autoridades mencionadas, para su conocimiento y los efectos a que haya lugar.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.— Diputados: René Frías Bencomo, presidente; Carmen Rocío González Alonso y Lorenzo Arturo Parga Amado, secretarios (rúbricas).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

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La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: «Congreso de Durango.

Senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

Reciba un cordial saludo, el motivo de la presente, es para informarle que, en sesión verificada el día 4 de diciembre de 2019, los integrantes de la LXVIII Legislatura del honorable Congreso estado de Durango, aprobaron el punto de acuerdo, denominado: “Huso Horario”, presentado por la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que a la letra dice:

Único. Se exhorta al Congreso de la Unión para que en uso pleno de sus facultades y ante los estudios recientes en lo que se refiere a beneficios y perjuicios para la ciudadanía, deje sin efecto, en el estado de Durango, los alcances en materia de huso horario que contiene el decreto del Presidente de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 4 de enero de 1996, eliminando con ello el llamado horario de verano en nuestra entidad.

Con la finalidad de dar el trámite legislativo correspondiente, se le ha ce de su conocimiento lo anterior para su debida respuesta. Sin otro particular, le reiteramos nuestra consideración.

Atentamente

Victoria de Durango, Durango, a 4 de diciembre de 2019.— Diputada Elia del Carmen Tovar Valero (rúbrica), secretaria de la Mesa Directiva;diputada María Elena González Rivera (rúbrica), secretaria de la Mesa Directiva.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las comisiones de Gobernación y Población, y de Energía de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores.

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La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: «Universidad de Sonora.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

De conformidad con la fracción III del artículo 36 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fisca1 2019, me permito hacer entrega, en forma impresa y en medios electrónicos, de la siguiente información:

1. Informe de resultados de la Auditoría Externa a la Matrícula del segundo semestre de 2019, practicada por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, AC (Amocvies).

2. Informe semestral específico sobre la variación de la matrícula del segundo semestre de 2019.

3. Formato Informe de Matrícula del segundo semestre de 2019.

Cabe aclarar que toda la información fue preparada a partir de las indicaciones establecidas por la Secretaría de Educación Pública y siguiendo el procedimiento recomendado por Amocvies.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Hermosillo, Sonora, a 11 de diciembre de 2019.— Doctor Enrique Fernando Velázquez Contreras (rúbrica), rector.»

«Universidad de Guanajuato.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

Distinguida diputada Rojas Hernández:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 36, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, con relación a la matrícula de las instituciones públicas de educación superior, me permito hacer llegar a usted la información correspondiente al segundo semestre, que incluye:

1. Informe de Resultados de Auditoría Externa, elaborado por auditor externo designado por la Amocvies, AC.

2. Informe de la matrícula, impreso y electrónico, según formato emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

3. Informe de Variación de Matrícula con su argumentación correspondiente de la Universidad de Guanajuato.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Guanajuato, Guanajuato, a 15 de diciembre de 2019.— Doctor Luis Felipe Guerrero Agripino (rúbrica), rector general.»

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«Universidad Autónoma de Chihuahua.

Presidencia de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el Capítulo III, Sección Séptima, artículos 101 y 102 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que otorga al auditor interno las atribuciones correspondientes como órgano oficial de fiscalización interna de la institución, encargado de diseñar, preparar y procesar la información que permita vigilar, evaluar y confirmar el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad, me permito hacer de su conocimiento que:

En cumplimiento a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 1 y la fracción III del artículo 36 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, en el que dispone que las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública, envío a usted:

Informe de la Auditoría Externa a la Matrícula de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el Informe Dgesu/SEP, Informe Semestral Específico sobre la Ampliación (variación) de la Matrícula con su explicación, así como los mencionados archivos en formato electrónico, correspondientes al segundo semestre del 2019.

Agradeciendo su decidido apoyo para el desarrollo de la cultura de transparencia y rendición de cuentas en la vida universitaria, esperamos las indicaciones y observaciones que considere pertinentes y, sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Chihuahua, Chihuahua, a 17 de diciembre de 2019.— Doctora Isela Ivonne Medina Chávez (rúbrica), auditora interna.»

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«Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 36, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2019, en lo referente a la Matrícula de las Universidades Públicas e informes sobre la misma, adjunto al presente Informe de Resultados de la Auditoría Externa a la Matrícula del segundo semestre, practicada a nuestra institución por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, AC (Amocvies).

Así mismo, anexo al presente Informe Semestral Específico sobre la Ampliación de la Matrícula de esta casa de estudios.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Tlaxcala, Tlaxcala, diciembre 10 de 2019.— Doctor Luis Armando González Placencia (rúbrica), rector.»

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«Universidad Autónoma del Estado de México.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura.— Presente.

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y comentar que en cumplimiento del artículo 41, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), me permito enviar lo siguiente:

-Resumen de la matrícula segundo semestre de 2019.

-Tabla resumen sobre la ampliación de matrícula.

-Variación de la matrícula: explicación cuantitativa.

-Informe de la matrícula.

-Procedimiento para la elaboración del informe matrícula.

-Formato impreso y en electrónico del informe de Degesu/SES/SEP.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes agradeciendo su fina atención.

Atentamente

Toluca, México, a 16 de diciembre de 2019.— Maestro en Ciencias Juan Carlos Matadamas Gómez (rúbrica), Director de Control Escolar.»

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«Universidad Autónoma de Chiapas.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 36, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2019 y para su superior conocimiento, me permito enviar el resultado de la Auditoría Externa de la Matrícula Universitaria del Segundo Informe Semestral 2019 y el Informe Semestral específico sobre la variación de la matrícula del Segundo Semestre 2019, practicada a esta universidad por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, AC (Amocvies).

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 11 de diciembre de 2019.— Doctor Carlos F. Natarén Nandayapa (rúbrica), rector.»

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«Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento al artículo 36, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, envío a usted:

-Segundo Informe Semestral de Matrícula 2019 (formato DGESU-SEP)

-Información de variación de matrícula con respecto al año anterior

-Informe de Resultados de la Auditoría Externa

Lo anterior aplicado al informe en mención por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, AC (Amocvies).

Organismo autorizado para efectuar la presente auditoria.

Sin otro particular aprovecho para saludarle afectuosamente.

Atentamente

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 18 de diciembre de 2019.— Contador público Hilarino Aragón Matías (rúbrica), contralor general.»

«Instituto Tecnológico de Sonora.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el fin de dar cumplimiento al artículo 36, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, me permito enviar a usted los siguientes documentos:

1. Informe sobre la variación de la matrícula del Instituto Tecnológico de Sonora del segundo semestre del 2019, con respecto al mismo período del año anterior.

2. Informe de matrícula del segundo semestre de 2019.

3. Informe de resultados de la auditoría externa a la matrícula del segundo semestre del 2019, realizada por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, AC.

Agradeciendo su atención a la presente, le envío un cordial.

Atentamente

Ciudad Obregón, Sonora, 12 de diciembre de 2019.— Maestro Ernesto Erasmo Flores Rivera (rúbrica), director de Planeación Institucional.»

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«Instituto Tecnológico Nacional de México.

Diputada Laura Angélica Rolas Hernández, presidenta de la Cámara de Diputados.— Presente.

En cumplimiento a la publicación del 28 de diciembre de 2018, en el Diario Oficial de la Federación, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2019.

Con fundamento en el artículo 36, fracción III, que a la letra dice:

Artículo 36. Los programas destinados a educación media superior y superior, deberán contener las siguientes disposiciones:

III. Las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública.

Derivado de lo anterior, respetuosamente me permito hacer llegar los resultados obtenidos de la auditoría realizada a la matrícula escolar, correspondiente al periodo agosto-diciembre de 20l9 de esta institución educativa.

Asimismo, hago entrega del informe semestral específico, sobre la ampliación de la misma.

Sin otro particular, me reitero a sus distinguidas consideraciones.

Atentamente

Frontera, Centla, Tabasco, a 27 de noviembre de 2019.— Maestro Guadalupe Arias Acopa (rúbrica), director general.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las comisiones de Educación, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

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La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.— Servicio de Administración Tributaria.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera vigente, me permito informarle que el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras, como las unidades competentes para dar destino (asignación o donación) a las mercancías de comercio exterior que han pasado a propiedad de fisco federal o se puede disponer legalmente de ellas, que no resultan transferibles al Instituto de Administración de Bienes y Activos, durante el mes de noviembre de 2019, asignó y donó bienes aptos para su uso y consumo, siendo estos alimentos y bebidas, pinturas, barnices, solventes y lubricantes, así como productos químicos entre otros.

El total de bienes destinados en el mes de noviembre de 2019 fue de 116 mil 727, los cuales se encuentran contabilizados en la unidad de medida de kilos, litros y piezas, se anexa al presente el detalle respectivo.

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2019.— Ingeniero Alán Villela López (rúbrica), administrador central de Destino de Bienes.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Economía de la Cámara de Senadores. Continúe la Secretaría.

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El secretario senador Gustavo Enrique Madero Muñoz:«Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento al numeral 42 del Programa Anual de Evaluación y con el propósito de generar insumos que contribuyan a mejorar el diseño de las políticas públicas con enfoque de derechos, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) desarrolló seis evaluaciones integrales de los programas federales vinculados a los derechos sociales correspondientes a: salud, alimentación nutritiva y de calidad, vivienda digna y decorosa, educación, trabajo y seguridad social.

Las evaluaciones integrales tienen como objetivo aportar elementos para que la política de desarrollo social continúe su avance hacia la garantía del pleno goce de los derechos sociales.

En ese sentido, a través de este ejercicio se analiza si la oferta federal de programas y acciones de desarrollo social permite atenderlos principales retos presentes en los derechos sociales (señalados en los Estudios Diagnósticos de los Derechos Sociales 2018 elaborados por Coneval) y, con base en ello, identificar estrategias que puedan coadyuvar a tal fin. Cabe señalar que estas corresponden a la evaluación anual del ejercicio fiscal 2018.

Esperando que estas evaluaciones le sean de utilidad en la toma de decisiones, le comparto la siguiente liga donde podrá consultarlas:

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IET/Paginas/Evaluac iones-integrales-2018-2019.aspx

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 18 de diciembre de 2019.— Doctor José Nabor Cruz Marcelo (rúbrica), Secretario Ejecutivo.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social de la Cámara de Senadores.

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El secretario senador Gustavo Enrique Madero Muñoz:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Judicial de la Federación.— Consejo de la Judicatura Federal.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio del presente, me permito enviar a usted un ejemplar del sexto informe al Congreso de la Unión, para los fines previstos en el artículo décimo tercero transitorio del decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales. El documento puede consultarse en la página:

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/ene/CJF-20200108. pdf

Este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas recopila, de manera sistemática, los aspectos más relevantes de la operación, en el ámbito jurisdiccional, de nuestro sistema procesal penal acusatorio a nivel federal. De manera destacada, durante el periodo que se informa, se incorporaron indicadores estadísticos cualitativos que posibiliten obtener información integral y confiable, que permitan al Poder Judicial de la Federación la formulación e implementación de políticas públicas eficaces e idóneas que impacten de forma directa en el desempeño de los Centros de Justicia Penal Federal y sus tribunales de alzada, en la misma proporción que beneficien la construcción de la cultura del respeto al debido proceso.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y las seguridades de mi más distinguida consideración.

Nota

1 “Artículo Décimo Tercero. Revisión legislativa

A partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y la Conferencia Nacional de Procuradores remitirán, de manera semestral, la información indispensable a efecto de que las Comisiones de Justicia de ambas Cámaras del Congreso de la Unión evalúen el funcionamiento y operatividad de las disposiciones contenidas en el presente Código.”

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2019.— Magistrado Constancio Carrasco Daza (rúbrica), titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las comisiones de Justicia de la Cámara de Diputados, y de la Cámara de Senadores.

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El secretario senador Gustavo Enrique Madero Muñoz:«Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura.— Presente.

El artículo 87 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica señala que el Instituto (Inegi) deberá dar a conocer a los Poderes de la Unión y al público en general el calendario que contenga las fechas de publicación de la información de interés nacional a que habrá de sujetarse el Instituto, aprobado por la junta de gobierno, mismo que podrá ser revisado en forma trimestral.

Adjunto sírvase encontrar el Calendario de Difusión de Información Estadística y Geográfica y de Interés Nacional del Inegi 2020; así como el Calendario de Publicación de Información de Interés Nacional del Snieg 2020.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Aguascalientes, Aguascalientes, a 19 de diciembre de 2019.— Doctor Julio Alfonso Santaella Castell (rúbrica), Presidente del Inegi.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.

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El secretario senador Gustavo Enrique Madero Muñoz:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En cumplimiento de la fracción XV del artículo 311 de la Ley de Concursos Mercantiles, en mi carácter de director general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, presento a esa honorable asamblea, informe semestral de labores del instituto, correspondiente al periodo del 16 de mayo al 30 de noviembre de 2019.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2019.— Édgar Manuel Bonilla del Ángel (rúbrica), director general.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Economía de la Cámara de Senadores.

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El secretario senador Gustavo Enrique Madero Muñoz:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42, fracción VI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se entrega en paquete anexo, el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el ejercicio fiscal 2020 (PEF 2020), conforme a lo siguiente:

-Tomo I. Información Global y Específica

-Tomo II. Ramos Autónomos

-Tomo III. Ramos Administrativos

-Tomo IV. Ramos Generales

-Tomo V. Entidades de Control Directo

-Tomo VI. Entidades de Control Indirecto.

-Tomo VII. Empresas Productivas del Estado

-Tomo VIII. Programas y Proyectos de Inversión.

-Tomo IX. Analítico de Plazas y Remuneraciones.

Asimismo, se entrega un disco compacto que contiene la información de los Tomos y Anexos del PEF 2020, información que estará disponible en la página de la Secretaría, en la siguiente dirección electrónica:

https://www.pef.hacienda.gob.mx/

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México a 31 de diciembre de 2019.— Víctor M. Mojica Vilchis (rúbrica), titular de la Unidad.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

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El secretario senador Gustavo Enrique Madero Muñoz:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de noviembre de 2019. El documento puede consultarse en la página:

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/ene/SHCP-20200108 .pdf

Asimismo, con fundamento en el artículo 107, párrafos segundo y tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de noviembre de 2018.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de noviembre de 2019.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2019.— Gabriel Yorio González (rúbrica), subsecretario.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

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El secretario senador Gustavo Enrique Madero Muñoz:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento a la obligación prevista por el artículo 42 de la Ley Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales y 36, primer párrafo, de su Reglamento, se informa a ese honorable Congreso de la Unión lo siguiente en relación con las Zonas Económicas Especiales, que si bien mediante los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre y 19 de diciembre de 2017 y el 18 de abril de 2018, se declararon las siete zonas económicas especiales de (i) Lázaro Cárdenas-La Unión; (ii) Coatzacoalcos; (iii) Salina Cruz; (iv) Puerto Chiapas; (v) Progreso; (vi) Campeche y (vii) Tabasco, y se han firmado diversos convenios de coordinación entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en donde se ubican, debido a que la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales no ha otorgado permisos, asignaciones ni autorizaciones, conforme al marco jurídico aplicable, dichas zonas no han iniciado operaciones.

Atento a lo anterior, se informa lo siguiente:

Con respecto al Presupuesto Ejercido relativo al Programa de Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, no se ha ejercido presupuesto alguno relativo al Programa de Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

En relación con el avance físico de las obras de infraestructura que se hayan realizado en el área de influencia, no se han realizado obras de infraestructura en el área de influencia de las Zonas Económicas Especiales.

Por lo que hace a las acciones y resultados obtenidos de las políticas públicas y acciones que conforman el Programa de Desarrollo, no se han implementado políticas públicas ni ejecutado acciones que conforman el Programa de Desarrollo en las Zonas Económicas Especiales.

Con respecto a las Estadísticas Generales sobre la operación de cada zona, en virtud de que éstas no han iniciado operaciones no se reportan estadísticas generales sobre la operación de mismas.

En relación con el Informe anual sobre el resultado de la evaluación de las zonas elaborado por el Consejo Técnico y el análisis sobre el mismo que realice la SHCP, no se cuenta con dicho informe, en virtud de que los Consejos Técnicos no se han instalado toda vez que las zonas económicas especiales no han iniciado operaciones.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2019.— Licenciado Rafael Fernando Marín Mollinedo (rúbrica), titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Economía de la Cámara de Senadores.

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El secretario senador Gustavo Enrique Madero Muñoz:«Banco de México.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51, último párrafo, de la Ley del Banco de México, me complace enviar a esa Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el informe anual sobre el ejercicio de las atribuciones que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros confiere al Banco de México. El documento puede consultarse en la página:

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/ene/BancoMex-2020 0108.pdf

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.

Atentamente

Ciudad de México, 23 de diciembre de 2019.— Licenciado Alejandro Díaz de León Carrillo (rúbrica), gobernador del Banco de México.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

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El secretario senador Gustavo Enrique Madero Muñoz:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito comunicar a ustedes que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción VII, y 89, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que confieren al titular del Ejecutivo federal la facultad para nombrar a los empleados superiores de Hacienda, el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha tenido a bien nombrar a la ciudadana Thalía Concepción Lagunes Aragón, como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En términos de lo previsto en el artículo 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, anexo al presente la comunicación original suscrita por el titular del Ejecutivo federal, así como la carpeta que contiene la documentación de la ciudadana Thalía Concepción Lagunes Aragón.

Los documentos que se anexan al presente oficio, se remiten en versión íntegra sin necesidad de requerir el consentimiento del titular de los datos personales, exclusivamente el ejercicio de las facultades propias, compatibles o análogas de la autoridad que las recibe y únicamente para la finalidad que motiva su transferencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, fracción II, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 117, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cualquier uso distinto que se dé a la información es responsabilidad de la autoridad que recibe los documentos que contienen los datos personales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad distinguida.

Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2019.— Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, mediante el cual, por la importancia de las funciones que desempeña la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el constituyente permanente determinó que fuera la Cámara de Diputados el órgano legislativo quien ratificara el nombramiento que el Ejecutivo Federal a mi cargo hiciera del titular de dicha dependencia, así como de los demás empleados superiores de la misma.

Las reformas relativas a la designación en comento entraron en vigor el 1de diciembre de 2018, según lo establecido en el artículo décimo segundo transitorio del decreto mencionado, en relación con los artículos 74, fracción III, y 89, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al presidente de la República nombrar con la ratificación de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los empleados superiores de Hacienda.

De la misma forma, el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que durante los recesos del Congreso de la Unión la Comisión Permanente tiene como facultades ratificar los nombramientos que el presidente haga de los empleados superiores de Hacienda.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la autoridad competente para coordinar la planeación nacional del desarrollo y elaborar, con la participación de los grupos sociales interesados, el plan nacional correspondiente; proyectar y calcular los ingresos de la federación, considerando las necesidades del gasto público federal; la utilización razonable del crédito público y la sanidad financiera de la administración pública federal; manejar la deuda pública de la federación; planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país que comprende a la Banca Nacional de Desarrollo y las demás instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito; establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos; cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales, en los términos de las leyes aplicables; vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales; organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección y representar el interés de la federación en controversias fiscales, entre otras.

El oficial mayor es la unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene como funciones, entre otras, emitir las disposiciones jurídicas aplicables, instrumentos normativos y técnicos para la planeación, organización y administración de los recursos humanos, materiales y financieros de que disponga la secretaría, así como de aquéllos en materia de tecnologías de la información y comunicaciones y de promoción cultural y acervo patrimonial; coordinar la atención de los requerimientos en materia de recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y de comunicaciones de las unidades administrativas de la secretaría para el despacho de sus asuntos, y someter a la consideración del secretario el proyecto de presupuesto anual y el calendario de gasto de las unidades administrativas de la secretaría, incorporando el correspondiente a los órganos administrativos desconcentrados y a las entidades del sector coordinado por la misma, de conformidad con las disposiciones aplicables.

Por lo anterior y por la importancia de las funciones que realiza esa Unidad Administrativa, el titular del Ejecutivo federal a mi cargo, somete a ratificación de esa honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el nombramiento por medio del cual tuve a bien nombrar a la ciudadana Thalía Concepción Lagunas Aragón como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir del 1 de enero de 2020.

La ciudadana Thalía Concepción Lagunas Aragón es administradora industrial egresada del Instituto Politécnico Nacional y cuenta con estudios de Maestría en Administración con especialidad en toma de decisiones por el Instituto Politécnico Nacional.

En el ámbito profesional, fue directora general en la Secretaría Técnica de gabinete de la Presidencia de la República (2019). También fue directora general administrativa del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (2007 a 2013); subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas del gobierno del Distrito Federal (2003 a 2007); directora general de Política Presupuestal en la Secretaría de Finanzas del gobierno del Distrito Federal (1997 a 2003); directora general adjunta de la Unidad de Programación Presupuestaria de Evaluación en la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (1996 a 1997) y directora de Análisis de la Cuenta Pública en la Auditoría Superior de la Federación de la honorable Cámara de Diputados –antes Contaduría Mayor de Hacienda– (1983 a 1996).

Como puede apreciarse y corroborarse con la documentación que se anexa al presente, la empleada superior de Hacienda sometida a ratificación, cuenta con conocimientos y experiencia en materia económica, fiscal y financiera, por lo que el Ejecutivo federal a mi cargo considera que es la candidata idónea para fungir como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En ese sentido, someto a consideración de ese órgano legislativo, el nombramiento de la ciudadana Thalía Concepción Lagunas Aragón como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estando cierto que dicho nombramiento está orientado por criterios de capacidad, probidad y experiencia, por lo que tengo la firme convicción que, en caso de contar con su ratificación, dicha persona llevará a cabo el desempeño de las funciones encomendadas con responsabilidad y dedicación, lo que se traducirá en un beneficio para nuestro país.

Reitero a usted, ciudadano presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 27 de diciembre de 2019.— Andrés Manuel López Obrador (rúbrica), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.

Maestro Emilio de Jesús Saldaña Hernández, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me permito enviar a usted, para su presentación ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, original del comunicado mediante el cual el presidente de la República somete a ratificación de ese órgano legislativo, el nombramiento de la ciudadano Thalía Concepción Lagunas Aragón como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a partir del 1 de enero de 2020, en su calidad de empleada superior de Hacienda, así como de su documentación que acredita su idoneidad para ocupar el cargo.

Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 89, fracción II, y 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a que los empleados superiores de Hacienda serán designados por el titular del Ejecutivo Federal con la ratificación de la Cámara de Diputados o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2019.— Licenciado Juan Carlos Reyes García (rúbrica), consejero adjunto.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

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El secretario senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito comunicar a ustedes que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción VII y 89, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que confieren al titular del Ejecutivo federal la facultad para nombrar a los empleados superiores de Hacienda, el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha tenido a bien nombrar a la ciudadana Raquel Buenrostro Sánchez, como titular del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En términos de lo previsto por el artículo 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, anexo al presente la comunicación original suscrita por el titular del Ejecutivo federal, así como la carpeta que contiene la documentación de la ciudadana Raquel Buenrostro Sánchez.

Los documentos que se anexan al presente oficio, se remiten en versión íntegra sin necesidad de requerir el consentimiento del titular de los datos personales, exclusivamente el ejercicio de las facultades propias, compatibles o análogas de la autoridad que las recibe y únicamente para la finalidad que motiva su transferencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, fracción II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 117, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cualquier uso distinto que se dé a la información es responsabilidad de la autoridad que recibe los documentos que contienen los datos personales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2019.— Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.

Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

El Servicio de Administración Tributaria es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con carácter de autoridad fiscal, que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria.

Que dicho órgano desconcentrado tiene como funciones principales, recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios de acuerdo a la legislación aplicable; dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera; representar el interés de la federación en controversias fiscales; determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios; fungir como órgano de consulta del gobierno federal en las materias fiscal y aduanera, y vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras, así como ejercer las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones.

Para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas el Servicio de Administración Tributaria cuenta con distintos órganos que son: la Junta de Gobierno, el jefe y las unidades administrativas que establece el reglamento interior de dicho órgano.

El artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria establece que el jefe del Servicio de Administración Tributaria será nombrado por el Presidente de la República, y que dicha designación estará sujeta a la ratificación del Senado de la República o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En virtud de lo anterior, es indispensable que el servidor público encargado del Servicio de Administración Tributaria, cuente con capacidad, experiencia y profesionalismo suficientes para realizar las funciones que tiene encomendadas, por lo que someto a la ratificación de esa soberanía el nombramiento por medio del cual tuve a bien nombrar a la ciudadana Raquel Buenrostro Sánchez como jefa del Servicio de Administración Tributaria, a partir del 1 de enero de 2020.

La ciudadana Raquel Buenrostro Sánchez es matemática por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde obtuvo mención honorífica y Maestra en Economía por El Colegio de México.

En el ámbito profesional, actualmente se desempeña como Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (diciembre de 2018 a la fecha); fue Liquidadora de la Empresa Productiva Cogeneración y Servicios (2017 a 2018); encargada de la Dirección General de Pemex-Cogeneración y Servicios (2017) y, gerente de Planeación y Desarrollo en Cogeneración y Servicios de Pemex (2015 a 2017); gerente de Planeación y Desarrollo en Grupo ADYA Select, SRL, CV (2014 a 2015).

Asimismo fue asesora del Director de Administración y Finanzas de PMY Comercio Internacional (2014); asesora del coordinador de Servicios Generales de la Policía Federal de la Secretaría de Gobernación (2013); directora general de Administración y Finanzas en la Secretaría de Turismo (2012 a 2013); directora general de Innovación y Calidad de la Oficialía Mayor en la Secretaría de Educación Pública (2011 a 2012); asesora del Director Corporativo de Finanzas de Pemex (2010 a 2011); directora general adjunta de Control Presupuestario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2007 a 2010); gerente de Finanzas del Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal (2005 a 2006); jefa de División de la Dirección de Incorporación y Recaudación en el Instituto Mexicano del Seguro Social (2005); subtesorera de Política Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal (2000 a 2005); directora de Análisis de Políticas Públicas y directora de Avance Físico y Estructural de Gasto Público en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (1998 a 2000) y analista técnico en Pemex Gas y Petroquímica Básica (1996 a 1998).

Como puede apreciarse y corroborarse con la documentación que se anexa al presente, la ciudadana Raquel Buenrostro Sánchez reúne los requisitos que establece el artículo 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria para desempeñar el cargo de jefa del Servicio de Administración Tributaria, toda vez que es ciudadana mexicana; posee título profesional en el área de matemáticas con una antigüedad mínima de diez años expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; cuenta con experiencia probada y estudios en materia fiscal; no ha sido sentenciada por delitos dolosos que ameriten pena privativa de la libertad por más de un año, y no ha sido inhabilitada para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

En ese sentido, con fundamento en los artículos 89, fracción II y 78, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, someto a ratificación de ese órgano legislativo, el nombramiento de la ciudadana Raquel Buenrostro Sánchez como jefa del Servicio de Administración Tributaria, estando cierto que su nombramiento está orientado por criterios de capacidad, probidad y experiencia, por lo que tengo la firme convicción que, en caso de contar con su ratificación, la ciudadana Raquel Buenrostro Sánchez, llevará a cabo el desempeño de la función encomendada con responsabilidad y dedicación, que se traducirá en un beneficio para nuestro país.

Reitero a usted, ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 27 de diciembre de 2019.— Andrés Manuel López Obrador (rúbrica), presidente de los Estados Unidos Mexicanos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.

Maestro Emilio de Jesús Saldaña Hernández, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me permito enviar a usted, para su presentación ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, original del comunicado mediante el cual el ciudadano Presidente de la República somete a ratificación de ese órgano legislativo, el nombramiento de la ciudadana Raquel Buenrostro Sánchez como jefa del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a partir del 1 de enero de 2020, en su calidad de empleada superior de Hacienda, así como de su documentación que acredita su idoneidad para ocupar el cargo.

Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 89, fracción II, y 78, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, relativos a que el nombramiento del titular del Servicio de Administración Tributaria será realizado por el titular del Ejecutivo federal con la ratificación de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2019.— Licenciado Juan Carlos Reyes García (rúbrica), consejero adjunto.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

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El secretario senador Gustavo Enrique Madero Muñoz:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 33, fracción IV, de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 200 000 00/1105/2019, la ciudadana María del Rocío García Pérez, presidenta del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, envía el Segundo Informe Semestral de Actividades de 2019.

Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita, en forma impresa y disco compacto, a efecto de que por su amable conducto sean remitidos a las Cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2019.— Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo, Segob.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de México.

Maestro Emilio de Jesús Saldaña Hernández, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 33, fracción IV, de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, donde se establece que el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil (Copsadii) para el cumplimiento de sus fines, deberá entregar un informe semestral de actividades al honorable Congreso de la Unión, se hace entrega del mismo, correspondiente al segundo semestre de 2019, de forma impresa y en archivo electrónico.

Dicho Informe se encuentra debidamente aprobado por los integrantes del Copsadii por lo que, en apego al artículo 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito solicitar su valiosa intervención para realizar las gestiones necesarias, a fin de remitirlo al honorable Congreso de la Unión, cumpliendo en tiempo y forma en atención a la disposición de referencia.

Le envío un afectuoso saludo y me reitero a sus órdenes.

Atentamente

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2019.— María del Rocío García Pérez (rúbrica), presidenta del Copsadii.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a las comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia, y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cámara de Senadores.

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El secretario senador Gustavo Enrique Madero Muñoz:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por instrucciones de la secretaria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero, me permito informarles que esta secretaría ha quedado enterada de que en sesión celebrada el 12 del actual, la Cámara de Senadores clausuró el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura, y que nos fuera comunicado mediante el oficio número DGPL-1P2A.-9418.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2019.— Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: De enterado. Remítase a la Cámara de Senadores. Continúe la Secretaría.

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La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Se recibieron de diversas dependencias 13 contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente en su segundo receso.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2R1A.-3590 signado por la senadora Mónica Fernández Balboa, en su carácter de secretaria de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 JOS/CECU/2140/19, suscrito por la ciudadana Maricela Contreras Julián, coordinadora de Enlace con el honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias de la administración pública federal, a que, una vez aprobado el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y conforme a los plazos establecidos en la Ley de Planeación, se incorpore la perspectiva de género en las estrategias y metas de sus respectivos programas sectoriales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2019.— Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Emilio de Jesús Saldaña Hernández, titular de la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno.— Presente.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento las medidas que esta Secretaría implementó respecto al punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el que, entre otras cosas, exhorta a las dependencias de la administración pública federal a que se incorpore la perspectiva de género en las estrategias y metas de los programas sectoriales.

Al respecto le comento lo siguiente: dentro de los objetivos prioritarios, en la propuesta que esta dependencia está elaborando actualmente, del Programa Sectorial, se encuentra garantizar una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral para las niñas, niños y adolescentes que permitan combatir las brechas socioeconómicas, regionales y de género.

Entre otras acciones se destaca la formación para el trabajo digno e inclusivo para fortalecer la empleabilidad de la población joven y adulta, con especial atención a las mujeres; el desarrollo de esquemas específicos de apoyo con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género para adolescentes y jóvenes. Además, las campañas de difusión, la creación de centros integrales de aprendizaje comunitario y la asignación de becas de manera universal, también contemplan la perspectiva de género como un eje transversal y prioritario.

Estos elementos se verán reflejados una vez que se cumplan los elementos normativos que marca la Ley para la publicación del mencionado documento en el Diario Oficial de la Federación.

Sin más por el momento le envío un afectuoso saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2019.— Maricela Contreras Julián (rúbrica), coordinadora de Enlace.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-1657, signado por el senador Salomón Jara Cruz, en su carácter de vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGV/1.3.-316/2019, suscrito por el maestro Jorge Sánchez Arellano, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a emprender las acciones necesarias para disminuir los accidentes fatales en la autopista México-Querétaro, así como realizar una revisión a los contratos de las empresas responsables del mantenimiento y conservación de las autopistas y carreteras en el país para determinar las causas del retraso en la conclusión de las obras, sí es sabido que están en permanente reparación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2019.— Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica), titular de la Unidad.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Asunto: Respuesta a punto de acuerdo

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-8187 signado por el senador Salomón Jara Cruz, en su carácter de vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 113.2019.0EL.043 suscrito por el maestro Edwin Enrique Ramírez Lemus, encargado de la Oficina de Enlace Legislativo de la Secretaría de Economía, así como el original de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la entrada en vigor y publicación del PROY-NOM-001-SEMARNAT- 2017, que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2019.— Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

En respuesta al oficio número DGPL-1P2A.-7910 signado por el senador Salomón Jara Cruz, en su carácter de vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del oficio sinnúmero de fecha 11 de diciembre de 2019, suscrito por el inspector jefe, maestro Ricardo Eduardo Aranda Aguilar, director general adjunto de la Oficina del Comisionado General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se solicita informar sobre las condiciones administrativas, número de efectivos, y duración de la asignación de personal adscrito a las divisiones de fuerzas federales y gendarmería en apoyo al Instituto Nacional de Migración.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2019.— Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica), Titular de la Unidad de Enlace.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL-1P2A.-4312, signado por el senador Primo Dothé Mata, en su carácter de secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar SSDDPSAR/ UDD/ 117/ 2019, suscrito por el maestro Éric Suzán Reed, titular de la Unidad de Desarrollo Democrático de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a considerar la personalidad del profesor José Santos Valdés como candidato a ocupar un sitio en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2019.— Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2R1A.-3594, signado por la senadora Mónica Fernández Balboa, secretaria de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGV/1.3.-296/2019 suscrito por el maestro Jorge Sánchez Arellano, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a fortalecer las medidas de seguridad en las carreteras y caminos, a fin de inhibir y prevenir el robo del autotransporte de carga.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2019.— Maestro Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo, Segob.»

«Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Emilio de Jesús Saldaña Hernández, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación

Me refiero al oficio número SG/UE/31l/911/l9, mediante el cual comunica el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 14 de agosto del 2019, cuyo resolutivo cito:

“Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal para que, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, fortalezca las medidas de seguridad en las carreteras y caminos, a fin de inhibir y prevenir el robo del autotransporte de carga.”

Al respecto, me permito remitir la respuesta que envió la Subdirección Jurídica Consultiva, de la Dirección Jurídica de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), mediante oficio 09/JOU/DJ/SJC/ l275/2019.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2019.— Jorge Sánchez Arellano (rúbrica), Director general de Vinculación, SCT.»

«Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Jorge Sánchez Arellano, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Me refiero al oficio SG/UE131l/911/l9, a través del cual el titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación comunicó al ingeniero Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su sesión celebrada el 14 de agosto del actual, cuyo resolutivo único a la letra menciona:

“Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal para que, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, fortalezca las medidas de seguridad en las carreteras y caminos, a fin de inhibir y prevenir el robo del autotransporte de carga.”

Sobre el particular, por instrucciones del licenciado Alejandro García Aguirre Berlanga, director Jurídico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), me permito informarle que la referida solicitud fue turnada al licenciado Juan Manuel Lavín León, gerente de Seguridad de Infraestructura Carretera de esta entidad, quien, en el ámbito de su competencia, se sirvió informar lo siguiente:

“Al respecto, me permito enviar copia del oficio GSICO/598/2019 dirigido al general de Brigada DEM Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, donde se traslada el asunto por ser de su competencia.”

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

Cuernavaca, Morelos, a 8 de noviembre de 2019.— Licenciado Armando Martínez Vargas (rúbrica), subdirector Jurídico Consultivo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2R1A.-3217 signado por la senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez, en su carácter de secretaria de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGV/1.3.-307 /2019 suscrito por el maestro Jorge Sánchez Arellano, director general de Vinculación de la. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a valorar el incorporar al Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2018-2024, el tramo carretero comprendido entre el municipio de Allende y el municipio de San Juan de Sabinas, en el estado de Coahuila de Zaragoza.

Sin otro particular, aprovecho, la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2019.— Maestro Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo, Segob.»

«Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Emilio de Jesús Saldaña Hernández, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación

Me refiero al oficio número SG/UE/311/736/l9, mediante el cual comunica el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 7 de agosto del 2019, cuyo resolutivo cito:

“Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en virtud de sus atribuciones, valore incorporar al Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2018-2024, el tramo carretero comprendido entre el municipio Allende y el municipio de San Juan Sabinas, en el estado de Coahuila de Zaragoza.”

Al respecto, me permito remitir la respuesta que envió la Dirección General de Carreteras, adscrita a la Subsecretaría de Infraestructura de esta dependencia, mediante oficio 3.1.3.-793/2019.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2019.— Maestro Jorge Sánchez Arellano (rúbrica), Director general de Vinculación, SCT.»

«Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Jorge Sánchez Arellano, Director general de Vinculación.— Presente.

Me refiero al oficio número SG/UE/3l1/736/19 de fecha 13 de agosto de 2019, girado por ciudadano Emilio de Jesús Saldaña Hernández, titular de la Unidad de Enlace Legislativo, en el cual solicitan al ingeniero Javier Jiménez Espríú, secretario de Comunicaciones y Transportes, lo siguiente:

“Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en virtud de sus atribuciones, valore incorporar al Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2018-2024, el tramo carretero comprendido entre el municipio de Allende y el municipio de San Juan de Sabinas, en el estado de Coahuila de Zaragoza”.

Se informa que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del Centro SCT Coahuila, en el Programa de Construcción y Modernización de Carreteras Federales, tiene a su cargo la modernización de la carretera federal número 57, Monclova-Piedras Negras del km 127+300 al km 180+000 en la región carbonífera del estado de Coahuila con una longitud total de 52.7 km; el proyecto consiste en la modernización de la sección transversal de 7.0 a 12..0 m (carretera tipo A2), que aloja 2.carriles de circulación (uno por sentido) de 3.5 m de ancho cada uno y acotamientos exteriores de 2.5 m.

Actualmente, se trabaja en la modernización de 4.5 km correspondientes al tramo del km 127+600 al km 132+ 100, el cual se pretende concluir en el presente ejercicio fiscal. Asimismo, se integró en el Mecanismo de Planeación 2020, para su inclusión dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y su autorización dependerá de la disponibilidad de recursos que apruebe el honorable Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2019.— Ingeniero Francisco Raúl Chavoya Cárdenas (rúbrica), director general de Carreteras, SCT.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2R1A.-3185 signado por la senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez, en su carácter de secretaria de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGV/1.3.-317/2019 suscrito por el maestro Jorge Sánchez Arellano, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a valorar el emitir disposiciones administrativas que permitan el libre peaje a los vehículos particulares que trasladen a pacientes médicos de emergencia utilizando los caminos y puentes federales de cuota.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2019.— Maestro Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo, Segob.»

«Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Emilio de Jesús Saldaña Hernández, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación

Me refiero al oficio SG/UE/311/736/19, mediante el cual comunica el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 7 de agosto del 2019, cuyo resolutivo cito:

“ Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos para que, en el ámbito de sus atribuciones, valore emitir disposiciones administrativas que permitan el libre peaje a los vehículos particulares que trasladen a pacientes médicos de emergencia utilizando los caminos y puentes federales de cuota, comprobando para ello con los documentos oficiales que proporcione el hospital o centro médico respecto de la situación que amerite dicho traslado.”

Al respecto, me permito remitir la respuesta que envió la Subdirección Jurídica Consultiva, de la Dirección Jurídica de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), mediante oficio 09/JOU/DJ/SJC/ l364/2019.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2019.— Maestro Jorge Sánchez Arellano (rúbrica), director general de Vinculación, SCT.»

«Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Jorge Sánchez Arellano, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.— Presente.

Me refiero al oficio SG/UE/311/701/l9, mediante el cual el titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, Emilio de Jesús Saldaña Hernández, comunicó al ingeniero Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su sesión celebrada el 7 de agosto del actual, cuyo resolutivo único a la letra menciona:

“ Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos para que, en el ámbito de sus atribuciones, valore emitir disposiciones administrativas que permitan el libre peaje a los vehículos particulares que trasladen a pacientes médicos de emergencia utilizando los caminos y puentes federales de cuota, comprobando para ello con los documentos oficiales que proporcione el hospital o centro médico respecto de la situación que amerite dicho traslado”.

Sobre el particular, por instrucciones del licenciado Alejandro García Aguirre Berlanga, director Jurídico de esta entidad, me permito informarle que el referido punto de acuerdo fue turnado a la arquitecta Claudia Rosalinda Romero Rangel, subdirectora de Servicios de Calidad y al ingeniero Víctor Manuel Mendoza Morales, coordinador de Desarrollo, Análisis, Estadístico y Política Tarifaria, quienes se sirvieron informar lo siguiente:

“La normatividad respecto a los vehículos que no pagan peaje, dentro del título séptimo de compendio Operativo para Plazas de Cobro de Capufe, menciona libres de pagar peaje a las ambulancias que trasladan enfermos.

Actualmente el cajero de una plaza de cobro es responsable de cobrar el peaje a los vehículos y dejar libre de peaje a las ambulancias, que es el caso que nos ocupa y no requiere saber cuál es la institución médica que autoriza el traslado de enfermos de dicha ambulancia; es decir, el objeto principal de su actividad siendo el vehículo.

En ese sentido, se solicita a esa área jurídica realice una consulta ante la Secretaría de Salud, respecto si es viable jurídicamente que una institución de salud pública o privada pueda dar autorización para que el paciente médico sea trasladado en un vehículo particular. A partir de la respuesta a la referida consulta, este organismo estará en posibilidad de generar una propuesta operativa”.

No es óbice de lo anterior mencionarle que una vez que esta entidad cuente con la respuesta de la Secretaría de Salud, podrá generar la propuesta operativa conducente.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mí consideración distinguida.

Atentamente

Cuernavaca, Morelos, a 2 de diciembre de 2019.— Licenciado Armando Martínez Vargas (rúbrica), subdirector Jurídico Consultivo, Capufe, SCT.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2R2A.-4827 signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, en su carácter de vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/1392/2019 suscrito por la licenciada Mónica A. Mieres Hermosillo, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a analizar la viabilidad de elaborar un estudio científico de la bebida energética llamada “Four Loko” para determinar sus efectos en la salud de sus consumidores y, derivado de ello, adoptar las acciones normativas, de fomento sanitario incluyendo la prohibición de su venta en establecimientos que garantice el derecho a la salud de las personas que la consumen.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de diciembre de 2019.— Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Emilio de Jesús Saldaña Hernández, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/1438/l7, de fecha 4 de agosto de 2017 suscrito por el maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informó que en la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 2 del mismo mes y año, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

“Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de Poderes, exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que analice la viabilidad de elaborar un estudio científico de la bebida energética llamada “Four Loko” para determinar sus efectos en la salud de sus consumidores y, derivado de ello, adoptar las acciones normativas, de fomento sanitario y demás que considere necesarias, incluyendo la prohibición de su venta en establecimientos, que garantice el derecho a la salud de las personas que las consumen. Asimismo, solicita remita un informe a esta soberanía sobre las acciones que lleve a cabo”.

Al respecto, con fundamento en el artículo 13, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, me permito acompañar oficio CGJC/OR/5088/20l9, suscrito por el licenciado Rafael Chong Flores, coordinador general Jurídico y Consultivo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2019.— Licenciada Mónica Mieres Hermosillo (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciada Mónica Mieres Hermosillo, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.— Presente.

Con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 Bis de la Ley General de Salud; 2, letra C, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 3, fracción III, 4, fracción II inciso F y 18, fracciones II, III, XVI y XIX del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; así como en el artículo quincuagésimo sexto, fracciones IV y V del “Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los órganos administrativos que en el mismo se indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de abril de 2010; en atención a su oficio número UCVPS/1338/2017, por medio del cual el entonces titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, solicité la opinión de esta Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris o Comisión Federal), con respecto al punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

“ Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que analice la viabilidad de elaborar un estudio científico de la bebida energética llamada “Four Loko” para determinar sus efectos en la salud de sus consumidores y derivado de ello adoptar las acciones normativas, de fomento sanitario y demás que considere necesarias, incluyendo la prohibición de su venta en establecimientos, que garantice el derecho a la salud de las personas que fas consumen. Asimismo, solicita remita un informe a esta soberanía sobre las acciones que lleve a cabo”.

En ese sentido, es menester de este órgano administrativo desconcentrado determina, que de acuerdo a lo estipulado en los artículos 17 Bis, fracciones II, IV, y VI de la Ley General de Salud y 3, fracción I, inciso d, y 15 del Reglamento de la Cofepris, el objeto fundamental de este órgano desconcentrado es ejercer las facultades de regulación, fomento, vigilancia y control sanitarios, a fin que los productos y servidos destinados al uso y consumo humano que se comercializan al público en general, cumplan las condiciones sanitarias que garantice su seguridad, calidad, eficacia e inocuidad.

Expuesto lo anterior, esta autoridad sanitaria en fecha 17 de julio de 2019, publicó en su página de internet, el comunicado 012-En la bebida Four Loko se detectaron cantidades de Furfural fuera de la Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA1/SCFI-2014 Bebidas alcohólicas Especificaciones sanitarias Etiquetado sanitario y comercial, a mayor abundamiento el comunicado resalta que esta Comisión Federal, realizó la verificación sanitaria a distintos establecimientos que comercializaban bebidas alcohólicas preparadas; como resultado del análisis a los lotes L19338354 y L1751338, de las muestras que se tomaron a algunas presentaciones, mismas que fueron sometidas a análisis de laboratorio, los cuales tuvieron como resultado: fuera de especificación en cuanto al contenido de Furfural, es decir un exceso el contenido, también se manifiesta que esta Cofepris continuará realizando acciones de control de vigilancia sanitaria. Para pronta referencia se adjunta el enlace electrónico:

http//www.gob.mx/cofepris/prensa/cofepris-analizo-bebidas-alcoh olicaspreparadas?idioma-es

Es de destacar, que derivado del comunicado antes mencionado, la Comisión de Operación Sanitaria, en ejercido de sus atribuciones, realizo la visita de verificación a la empresa RC Refresco Embotelladora de México, SA de CV, que fabrica la bebida Four Loko teniendo como resultado lo siguiente:

• Aseguramiento de 699 mil 216 latas de producto terminado y 70 kilogramos (kg) de materia prima caduca.

• Suspensión parcial de la producción del producto Four Loko en todas sus presentaciones.

• Análisis del producto en Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura respecto de los productos: Blue, Gold, Green y Purple.

Sírvase encontrar adjunto al presente, copias simples de los resultados del análisis de las muestras recolectadas durante la visita de verificación en puntos de venta de la bebida Four Loko, emitidos por la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, constantes el 14 hojas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 26 de noviembre de 2019.— Licenciado Rafael Chong Flores (rúbrica), coordinador General Jurídico y Consultivo.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número CP2R1A.-3151, signado por la senadora Katya Elizabeth Ávila Vázquez, en su carácter de secretaria de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del oficio sin número de fecha 30 de agosto del 2019, suscrito por el licenciado Héctor Santana Suárez, secretario general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a analizar y resolver la situación médica de los 72 derechohabientes del ISSSTE en Guerrero, que recibían tratamiento de hemodiálisis en la clínica Centro de Especialidades Renales Chilpancingo, CERCH.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2019.— Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Maestro Emilio de Jesús Saldaña Hernández, titular de la Unidad de Enlace de la subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por indicaciones del maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en atención al oficio SG/UE/311/776/19, de fecha 13 de agosto de 2019 y recibido en esta área el 23 de agosto de 2019, en el que hace de conocimiento el punto de acuerdo aprobado por el pleno del honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 7 agosto del presente, mediante el cual “exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de que a la brevedad posible se analice y resuelva la situación médica de los 72 derechohabientes del ISSSTE en Guerrero que recibían tratamiento de hemodiálisis en la clínica Centro de Especialidades Renales Chilpancingo (CERCH) y se les permita seguir recibiéndolo con la calidad necesaria para salvaguardar su salud”; le informo que se turnó a la Dirección Normativa de Salud para su análisis y consideración. Sin embargo cabe señalar que se ha resuelto el problema y funciona con normalidad.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2019.— Héctor Santana Suárez (rúbrica).»

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«Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura.— Presente.

En atención al oficio número DGPL-1P2A.-1652, de fecha 18 de septiembre de 2019, suscrito por el senador Salomón Jara Cruz, quien en su carácter de vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada en esa misma fecha, cuyo resolutivo único refiere textualmente lo siguiente:

“Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, a establecer una mesa de trabajo para analizar los esquemas de acopio y comercialización con la participación de los productores de los granos básicos (maíz, frijol, trigo, arroz, cebada, soya, etcétera) de las regiones con producción excedentaria y comercial.”

Al respecto, de conformidad con los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 10, fracciones I, V, LII, XXV, LVIII; 79, fracciones XIII, XVI y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me permito informarle que esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha tomado debida nota y conocimiento del exhorto, manifestando plena disposición para participar, en el ámbito de su competencia, en la mesa de trabajo que para tal efecto se establezca por cualquier dependencia del Gobierno de México o, en su caso, comisión legislativa, de conformidad a lo abordado en el punto de acuerdo en cita.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2019.— Hugo Sebastián Gutiérrez Hernández Rojas (rúbrica), subprocurador Fiscal Federal de Asuntos Financieros.»

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«Secretaría de Gobierno de Guanajuato.

Senadora Mónica Fernández Balboa, vicepresidenta de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

Por instrucciones del licenciado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del estado de Guanajuato y en atención a su oficio número CP2R1A.-1421.10, por el que da a conocer el acuerdo aprobado por la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, y que en su resolutivo único señala:

Único. La Comisión del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas para que la antigüedad de las y los trabajadores sea considerada en los procesos de movimientos de escalafón, de conformidad a sus condiciones generales de trabajo.

Al respecto hago de su conocimiento:

En Guanajuato ofrecemos servicios de salud con calidad y calidez a las familias no derechohabientes con una cobertura es de 3 millones 11 mil 165 guanajuatenses, que equivale a 1 millón 292 mil 664 familias beneficiadas, de las cuales: 245 mil 847 personas son adultos mayores y 15 mil 736 sufren de alguna discapacidad física o mental.

Con ello otorgamos 21 millones 782 mil 310 atenciones en las 621 unidades médicas de 6 mil 176 comunidades de los 46 municipios. Participamos activamente en la estrategia de portabilidad, con lo que garantizamos la atención a pacientes afiliados de otras entidades federativas como Jalisco, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí con un total de 1 mil 228 intervenciones atendidas en las unidades médicas del estado.

Parte esencial de estos logros son las y los servidores públicos dedicados a brindar los servicios de salud a las y los guanajuatenses, por ello el gobierno del estado de Guanajuato atiende a sus recursos humanos en la materia, por lo que se garantiza a estabilidad laboral y seguridad social de nuestras trabajadoras, trabajadores y sus familias.

Así, según cifras del último informe de gobierno estatal, incorporamos a 2 mil 624 servidoras y servidores públicos a la plantilla de personal del Instituto de Salud del Estado. Con esta acción contribuimos al fortalecimiento de los servicios de salud y a la mejora de la atención brindada a la población. Asimismo, otorgamos 820 plazas de base a personal con especialidad médica.

Por lo que hace al procedimiento de escalafón que se realiza en el Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato se evalúa de la siguiente manera:

a) Para las mujeres, se otorga del primer año de servicio hasta el veintisiete, 14 puntos por cada uno de los años; y por el año veintiocho, 22 puntos.

b) Para los hombres, se otorga del primer año de servicios, hasta el veintinueve, 13 puntos por cada uno de los años; y por el año treinta, 23 puntos.

e) Para los trabajadores, independientemente de su sexo, el factor escalafonario de antigüedad es calificado con la máxima puntuación cuando sigan laborando, no obstante que tengan derecho a obtener su pensión por jubilación.

Lo anterior de conformidad con los artículos 64, fracción V; 70; 71; 72; 78 y 87 del Reglamento de Escalafón de la Secretaría de Salud.

En Guanajuato refrendamos el compromiso de contar con un sistema de salud de calidad y calidez que garantice a las y los guanajuatenses el mayor grado de salud posible, para lo cual se cuenta con funcionarias y funcionarios públicos comprometidos, a quienes se les brindan garantías de estabilidad laboral y seguridad social.

Reciba un saludo y, a la vez, encomiamos la labor de ese órgano legislativo al que representa.

Respetuosamente.

Guanajuato, Guanajuato, 20 de noviembre de 2019.— Licenciado Luis Ernesto Ayala Torres (rúbrica), secretario de Gobierno.»

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«Secretaría de Gobierno de Guanajuato.

Senadora Mónica Fernández Balboa, vicepresidenta de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión

Por instrucciones del licenciado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del estado de Guanajuato, y en atención a su oficio número CP2R 1 A.-1 069.10 por el que da a conocer el acuerdo aprobado por la Segunda Comisión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, y que en su resolutivo único señala:

“ Único. La Comisión del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las secretarías del ramo de movilidad y transporte de las 32 entidades federativas, para que en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan los requerimientos y protocolos que deben instrumentar las empresas que prestan servicios de transporte privado a través de aplicaciones tecnológicas a fin de garantizar la seguridad de los usuarios”.

Al respecto, hago de su conocimiento:

Guanajuato cuenta con normatividad vigente que establece los requerimientos y acciones a seguir por los prestadores de servicio de transporte privado a través de aplicaciones tecnológicas.

El 18 de marzo del año 2016 se publicó en el Periódico Oficial del gobierno del estado, número 45, segunda parte, la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, en adelante Ley, en la que se norma de manera expresa el servicio especial de transporte ejecutivo.

Este transporte ejecutivo se entiende aquél cuyas especificaciones o características físicas son superiores en términos de lujo y comodidad a los vehículos destinados a la prestación del servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija “taxi” y cuyo objeto es trasladar personas y sus cosas en vehículos con operador y que previamente se contrata mediante el uso de plataformas tecnológicas y sus dispositivos electrónicos, caracterizándose por no estar sujeto a itinerarios, rutas, frecuencias ni horarios fijos (artículo 168 de la Ley).

En cuanto a la seguridad, el artículo 172 de la Ley establece la obligación del permisionario a presentar en todo momento a la unidad administrativa de transporte la información técnica que le sea requerida respecto del servicio brindado, la empresa operadora de la aplicación tecnológica que tenga implementada para tal efecto, la cual deberá presentar en el formato, mecanismo o medio de acceso que para tal efecto le sea especificado por la unidad administrativa de transporte.

Asimismo, dentro del Reglamento de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 187, segunda parte, de fecha 22 de noviembre del 2016, se regula de manera más concreta este servicio.

Para la obtención del permiso se solicita, de acuerdo al artículo 463 del reglamento, los siguientes requisitos:

I. Proporcionar los documentos de identificación y representación del interesado;

II. Proporcionar la constancia o documento que acredite que utilizará determinada plataforma tecnológica para la prestación del servicio y sus mecanismos y dispositivos para la contratación y gestión;

III. Proporcionar la descripción pormenorizada de las características de organización de la persona física o jurídica colectiva solicitante;

IV. Proporcionar los documentos que acrediten la propiedad o legal posesión de los vehículos;

V. Proporcionar las características de operación del servicio acreditando que cuenta con personal adecuado para su prestación;

VI. Mencionar la cantidad de vehículos (en caso de personas jurídico colectivas);

VII. Presentar los documentos que acrediten las características técnicas de los vehículos, que cuenten además con revista físico mecánica vigente;

VIII. Contar con póliza de seguro de cobertura amplia;

IX. Acreditar estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y en su caso en el Registro Estatal de Contribuyentes; y

X. En caso de aprobarse el otorgamiento de permiso, deberá realizar el pago de los derechos fiscales correspondientes a favor del erario del estado conforme a la tarifa vigente.

De esta forma, se avala que las y los usuarios de este servicio dispongan de vehículos seguros para su movilidad, además de contar con póliza de seguro de cobertura amplia, que abunde en dicha seguridad al momento de usar este servicio.

Lo anterior debe conjugarse además con los sistemas de seguridad que cuenta el estado de Guanajuato, tal y como el sistema 911, el cual en consonancia con la digitalización en comento, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato ha desarrollado una aplicación para teléfonos inteligentes llamada Emergencias GTO 911 disponible de manera gratuita en las tiendas virtuales de Apple y Android.

Esta app solamente únicamente requiere el registro con datos personales del titular del teléfono móvil, información necesaria establecida en los protocolos para una mejor atención de las emergencias. Los datos son absolutamente confidenciales, nadie tiene acceso a ellos, sólo será visualizada por el operador que recibe la alerta.

Además, es una app incluyente, pensada también en persones con capacidades diferentes como la sordera y débiles visuales. Las imágenes e iconos usados dentro de la APP son de un lenguaje universal de tal forma que facilita la comunicación entre las personas.

Emergencias GTO 911 es una Aplicación integrada al Sistema de Atención de Emergencias 911 de los municipios, de esta manera las centrales de emergencia municipales siguen operando y despachando los llamados al Código 9-1-1. Con este fin han sido capacitados especialmente los operadores para que puedan intervenir con atingencia cualquier reporte a través de la app lo que permite una interacción directa entre quien reporta y los operadores. Vía chat, se puede establecer un diálogo que ayude a mejorar el servicio que se presta ante la emergencia. Con unos pocos clicks, su emergencia será canalizada oportunamente a la central de emergencias más próxima.

El usuario puede adjuntar datos e imágenes mediante fotografía, video y audio. La app notifica información útil en temas de seguridad, como Alerta Amber; por lo que todo usuario puede ayudar en su momento a localizar a algún menor extraviado.

Esta aplicación cuenta además con un botón de enlace ciudadano móvil, que con sólo pulsar el icono del botón de “alarma”, los operadores podrán hacer contacto telefónico para saber el tipo de emergencia.

Esta app es una herramienta tecnológica complementaria del Sistema 911 de Emergencias, su funcionamiento no reemplaza el uso del sistema telefónico tradicional, su objetivo es facilitar el contacto ciudadano con sus autoridades.

El citado sistema 911 de emergencias es el número telefónico único para atención de emergencias, para el despacho de servicios médicos, policiales y de protección civil, apoyados en un sistema integrado por personal capacitado, tecnología de cómputo y radiocomunicaciones, con cobertura en 43 municipios de la entidad, que aumentará progresivamente hasta los 46.

De esta forma, el gobierno del estado de Guanajuato garantiza la seguridad física y personal de las personas usuarias de transporte privado a través de aplicaciones tecnológicas a fin de garantizar la seguridad de los usuarios, al contar con las herramientas y normativa necesaria para proteger la integridad personal de las personas usuarias de este servicio.

Reciba un saludo y a la vez, encomiamos la labor de ese órgano legislativo al que representa.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 20 de noviembre de 2019.— Licenciado Luis Ernesto Ayala Torres (rúbrica), secretario de Gobierno de Guanajuato.»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Remítanse a la Cámara de Senadores.

INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: El Congreso de Ciudad de México remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Iniciativa del Congreso del estado de Chihuahua. El Congreso del estado remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores.

LEY DE MIGRACIÓN

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: El Congreso del estado de Nuevo León remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley de Migración.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios de la Cámara de Senadores.

LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: El Congreso del estado de Nuevo León remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11 y 14 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Martínez: El Congreso del estado de Nuevo León remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores.

INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Pasamos al rubro de iniciativas. Tiene la palabra por cinco minutos la senadora Martha Lucía Micher Camarena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, y suscrita por los senadores Minerva Citlalli Hernández Mora y Germán Martínez Cázares, del Grupo Parlamentario de Morena.

La senadora Martha Lucía Micher Camarena: Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Feliz año 2020 y que sea lo mejor para el país y para todas sus familias.

Tengo el gusto de presentar el día de hoy una iniciativa extraordinaria que hemos preparado la senadora Citlalli Hernández, el senador Germán Martínez y su servidora, para reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano y contribuir a la eliminación de la discriminación de las personas transgénero, que aún están sometidas a causa de su identidad de género.

En la actualidad, las personas que se identifican con un género distinto al asignado en el nacimiento, y que residen en el extranjero, se enfrentan con obstáculos importantes para la operatividad de sus derechos reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, tales como el derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad.

Por eso la normatividad que rige a las y los titulares de las oficinas consulares, en sus funciones de juezas y jueces del registro civil, no prevén la posibilidad de levantar nuevas actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género.

En esta ciudad, a 10 años de su cumplimiento de una ciudad de libertades, de una ciudad de derechos, garantizamos el matrimonio igualitario hace ya 10 años, y debemos continuar con los avances en la agenda de igualdad a nivel federal, con una agenda inclusiva, con una agenda de no discriminación.

¿Qué cumple esta extraordinaria iniciativa? Uno, contribuye al cambio de paradigma en materia de derechos humanos sobre el entendimiento de los derechos humanos como límite y también como obligación del poder público, que es un proceso que inició en 2011.

Esta iniciativa garantiza –perdón que lo repita– el carácter garantista de nuestra Constitución y, por supuesto amplía el catálogo de derechos humanos vinculantes en materia de las responsabilidades de nuestras autoridades.

¿Qué otro tema impacta en esta iniciativa? Pues que se encuentre en concordancia con la reforma en junio de 2016 al artículo 44, fracción III, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, pues ahí se estableció que las y los titulares de las oficinas consulares, pues en funciones de juezas y jueces del Registro Civil, deberán procurar la atención más amplia de los derechos de las y los mexicanos en el exterior, bajo el principio de no discriminación.

Pero lo más importante que a mí me parece de esta iniciativa, compañeras y compañeros, es que se atiende a las recomendaciones que de 2015 se emitieron para el Estado mexicano, concretamente para adoptar una legislación contra la discriminación o modificar la legislación existente con miras a prohibir todo tipo, toda forma de discriminación que incluya aquella basada en la orientación sexual, en la identidad de género, en la expresión de género, en las características sexuales o aquellas relacionadas con el hecho de ser intersex. Estamos cumpliendo con las sentencias, con los mandatos, que desde la Comisión Interamericana se han hecho al Estado mexicano.

Por eso me parece que fue reafirmado por la Comisión Interamericana en su informe 2019, el reconocimiento de personas LGBTI. Por eso me parece, compañeras y compañeros, que esta iniciativa es una iniciativa progresista, incluyente, que considera por su parte que los derechos humanos son derechos de todas las personas.

La universalidad es fundamental y a esta iniciativa de reforma se va a eliminar la dificultad a la que se enfrentan las personas mexicanas que residen en el exterior y desean solicitar el levantamiento de una nueva acta por reconocimiento de identidad de género, tenían que venir a la Ciudad de México a hacer el trámite aquí, y ahora con esta modificación al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior podrán hacerlo en sus consulados, en sus embajadas, sin tener que recurrir, venir a esta Ciudad de México.

La reforma al artículo 44 permitirá avanzar en la agenda de la igualdad, al hacer valer los derechos de cualquier persona mexicana en el extranjero, independientemente de su identidad de género o situación migratoria. Por su atención, muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la senadora Martha Lucía Mícher Camarena y suscrita por los senadores Minerva Citlalli Hernández Mora y Germán Martínez Cázares, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, los senadores Martha Lucía Micher Camarena, Minerva Citlalli Hernández Mora, Germán Martínez Cázares, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado, someten a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Exposición de Motivos

La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 10 de junio de 2011, conocida como reforma en materia de derechos humanos representa un cambio de enorme relevancia para el sistema de protección y garantía de los derechos humanos en nuestro país. No es una exageración cuando se dice que el nuevo texto del artículo 1o. implica un “cambio de paradigma” sobre el entendimiento de los derechos humanos como límite y obligación al poder público pues incorpora al texto constitucional una serie de reglas y criterios de interpretación que deberán atender todas las autoridades en sus relaciones con los particulares. La reforma al artículo 1o. refuerza el carácter garantista de nuestra Constitución y amplía de forma importante el catálogo de derechos humanos vinculantes directamente ante nuestras autoridades, logrando la sistematización jurídica de todas aquellas normas que tienen carácter fundamental por tratarse de derechos humanos y que no se encuentran en el texto fundamental.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha advertido la importancia de reconocer dichas obligaciones que tienen todas las autoridades conforme al artículo primero constitucional, sosteniendo que:

[...] todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que, en consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, lo cual conlleva a que las autoridades actúen atendiendo a todas las personas por igual, con una visión interdependiente, ya que el ejercicio de un derecho humano implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos vinculados, los cuales no podrán dividirse, y todo habrá de ser de manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de aquéllos.

La reforma constitucional de 2011 no sólo incorporó las normas de derechos humanos de fuente internacional a nuestro máximo ordenamiento, sino que también dio “ropaje constitucional a muchos de los deberes y obligaciones que se ya se encontraban plenamente vigentes, los que derivan de los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país”. Por ello, para dar contenido a las obligaciones y deberes establecidos en el artículo 1 constitucional es necesario acudir a los estándares desarrollados en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, los cuales deben ser interpretados sin discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En concordancia con lo anterior, la reforma de junio de 2016 al artículo 44, fracción III, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, estableció que los titulares de las oficinas consulares en sus funciones de jueces del Registro Civil deberán “procurar la atención más amplia de los derechos de los mexicanos en el exterior, bajo el principio de no discriminación”.

No obstante, las personas que se identifican con un género distinto al asignado en el nacimiento y que residen en el extranjero, actualmente se enfrentan con obstáculos importantes para la operatividad de sus derechos reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, tales como a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad. Lo anterior, toda vez que la normatividad que rige a los titulares de las oficinas consulares, en sus funciones de jueces del Registro Civil, no prevé la posibilidad de levantar nuevas actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó a los estados americanos en su Informe sobre Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América de 2015:

“Adoptar legislación contra la discriminación o modificar la legislación existente con miras a prohibir toda forma de discriminación que incluya aquella basada en la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género, las características sexuales o aquellas relacionadas con el hecho de ser intersex; y

Adoptar leyes de identidad de género que reconozcan el derecho de las personas trans a rectificar su nombre y el componente sexo en sus certificados de nacimiento, documentos de identidad y demás documentos legales, a través de procesos expeditos y sencillos, y sin que sea necesario que presenten evaluaciones”.

Lo anterior fue reafirmado por la CIDH en su informe de 2019 Reconocimiento de derechos de personas LGBTI, en el que señaló que las denominadas leyes de identidad de género, deben permitir, entre otras cosas, que las personas trans tengan acceso a documentos de identidad acorde al género con el cual se identifican, lo cual debería incluir no sólo el cambio de nombre sino el componente sexo, además de no ser patologizantes. Asimismo, los procedimientos respectivos deben ser de fácil acceso –idealmente administrativos– y deben basarse en el consentimiento libre e informado de la persona en cuestión, asegurando la mayor protección a las personas trans. Finalmente, la CIDH consideró que el reconocimiento de la identidad de género no debería estar supeditado a la realización de procedimientos de reafirmación de la identidad de género tal y como cirugías de reafirmación y/o tratamientos hormonales.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó en 2017 que “el cambio de nombre y en general la adecuación de los registros públicos y de los documentos de identidad para que estos sean conformes a la identidad de género auto-percibida constituye un derecho protegido por los artículos 3, 7.1, 11.2 y 18 de la Convención Americana, en relación con el 1.1 y 24 del mismo instrumento, por lo que los estados están en la obligación de reconocer, regular, y establecer los procedimientos adecuados para tales fines, en los términos establecidos en los párrafos 85 a 116”.

En la misma opinión, la Corte IDH establece que los estados deben garantizar que las personas interesadas en la rectificación de la anotación del género o sexo, en el cambio su nombre y en adecuar su imagen en los registros o en los documentos de identidad de conformidad con su identidad de género auto-percibida, puedan acudir a un procedimiento o trámite que esté enfocado en la adecuación integral de la identidad de género auto-percibida, basado únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante, sin que se exijan requisitos como certificaciones médicas o psicológicas, de manera confidencial, expedita y atendiendo a la gratuidad.

En este sentido, algunos congresos locales han reformado sus códigos civiles a efecto de establecer un procedimiento que considere el levantamiento de una nueva acta por reconocimiento de identidad de género sin necesidad de acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico o procedimiento. Así, el Código Civil de la Ciudad de México, la Ley del Registro Civil para el estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Civil del Estado de Colima, la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo, el Código Civil para el Estado de Michoacán de Ocampo y el Código Civil para el estado de Nayarit ya prevén de manera expresa un procedimiento administrativo para el reconocimiento de la identidad de género frente al Registro Civil sin la necesidad de una sentencia previa del Poder Judicial. Incluso, en entidades como la Ciudad de México, el Código Civil ofrece a las personas, cuya acta primigenia hubiese sido expedida en otra entidad de la federación, la posibilidad de realizar el levantamiento de una nueva acta ante el Registro Civil de la Ciudad de México quien en dicho caso dará aviso mediante escrito al juzgado en que se encuentre el acta de nacimiento primigenia para los efectos conducentes.

Ahora bien, tal y como anteriormente se señaló, la dificultad a la que se enfrentan las personas mexicanas que residen en el exterior y desean solicitar el levantamiento de una nueva acta por reconocimiento de identidad de género estriba en que la Ley del Servicio Exterior Mexicano no prevé la posibilidad de que las autoridades consulares en funciones de Juez del Registro Civil expidan nuevas actas de nacimiento por reconocimiento de identidad de género. En tal medida, les personas mexicanas que soliciten obtener una nueva acta de nacimiento en dichos casos requieren trasladarse a alguna entidad dentro del territorio nacional para realizar el trámite, lo cual en muchos de los casos es imposible derivado de su situación migratoria. Ello resulta en cargas administrativas y procesales excesivas para los interesados en obtener una nueva acta de nacimiento por reconocimiento de identidad de género equivalentes a un trato discriminatorio respecto del resto de las personas mexicanas, que a su vez les impide acceder a otros servicios ofrecidos por las representaciones consulares, como la expedición de pasaportes y matrículas consulares.

En tal virtud, la falta de un procedimiento previsto desde la ley que permita a las personas mexicanas que residen en el exterior el levantamiento de una nueva acta por reconocimiento de identidad de género vulnera el ejercicio de su derecho a la salud, a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad. Por ello, resulta necesaria la modificación del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano a efecto de establecer la facultad expresa a las personas titulares de las oficinas consulares para levantar nuevas actas por reconocimiento de identidad de género y en tal medida hacer valer los derechos de cualquier persona mexicana en el extranjero, independientemente de su identidad de género o situación migratoria.

Conforme a lo expuesto se presenta un cuadro comparativo para detallar los alcances de la iniciativa de reforma propuesta.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley del Servicio Exterior Mexicano

Artículo Único. Se reforma el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano para quedar como sigue:

Artículo 44. Corresponde a las y los jefes de las oficinas consulares [...]

III. Ejercer, cuando corresponda, funciones de juez o jueza del Registro Civil.

En uso de esta facultad, y cuando así les sea solicitado por las personas interesadas, la autoridad consular en funciones de juez o jueza del Registro Civil expedirá actas de registro civil a favor de personas mexicanas con domicilio fuera de territorio nacional, incluyendo actas de nacimiento de los que no fueron registrados en su oportunidad conforme a las disposiciones aplicables o bien de quienes soliciten el levantamiento de una nueva acta por reconocimiento de identidad de género.

La autoridad consular en funciones de juez o jueza del Registro Civil deberá actuar con base en lo previsto en el reglamento de esta ley y en las disposiciones que al efecto emita la Secretaría, las que deberán procurar la protección más amplia de los derechos de las personas mexicanas en el exterior, bajo el principio de no discriminación.

Los efectos de la nueva acta por reconocimiento de identidad de género realizados serán oponibles a terceros desde de su levantamiento.

Los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad al proceso administrativo para el reconocimiento de identidad de género y a la expedición de la nueva acta, no se modificarán ni se extinguen con la nueva identidad jurídica de la persona, incluidos los provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, los que se mantendrán inmodificables.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y una vez que el sistema electrónico de las oficinas consulares sea funcional para los propósitos establecidos, lo cual no podrá exceder los seis meses.

Notas

1. Véase SCJN, Derechos humanos. Obligaciones constitucionales de las autoridades en la materia, tesis aislada, Décima Época; 1. Sala; Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, libro IX, junio de 2012, tomo 1, p. 257.

2 Jorge Ulises Carmona Tinoco, “La Reforma y las normas de derechos humanos previstas en los Tratados Internacionales”, La Reforma Constitucional de Derechos Humanos: Un Nuevo Paradigma, Miguel Carbonell (Coord.), Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2011, página 61.

3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en Ame?ricas, 12 de noviembre de 2015. Recomendaciones, pa?rr. 25.

4 Ídem. Párr. 26.

5 Ídem. Párr. 419.

6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa No. 075/15, “CIDH saluda a México y Colombia por medidas que reconocen la identidad de personas trans”, 1 de julio de 2015.

7 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comunicado de Prensa No. 064/16, “Patogolización: ser lesbiana, gay, bisexual y/o trans no es una enfermedad”, 12 de mayo de 2016.

8 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-24/17 de 24 de noviembre de 2017 solicitada por la República de Costa Rica. Identidad de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, la identidad de género, y los derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo (interpretación y alcance de los artículos 1.1, 3, 7, 11.2, 13, 17, 18 y 24, en relación con el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2020.— Legisladora Martha Lucía Micher Camarena (rúbrica).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, senadora. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.

Le pido a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que tome los registros de adhesión a la iniciativa por parte de la senadora Romo, la senadora Guerrero y la senadora Camino, y quienes, los otros legisladores, que así quieren hacerlo.

La senadora Martha Guerrero Sánchez (desde la curul): Perdón, es la falta de la dinámica, pero para suscribir esta iniciativa y apoyar. Estado de México, Martha Guerrero.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Perfecto. La Secretaría de Servicios Parlamentarios tomará los registros de adhesión.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN MATERIA DE JUICIOS ORALES MERCANTILES, PUBLICADO EN EL DOF EL 25 DE ENERO DE 2017

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan nuevas disposiciones del Código de Comercio, en materia de juicios orales mercantiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: El Grupo Parlamentario de Morena mantiene la firme convicción de continuar trabajando para garantizar el goce cabal y el ejercicio pleno de los derechos de todas las mexicanas y los mexicanos. Además, vamos a asegurar y a garantizar, sobre todo, la progresividad de todos estos derechos.

En esta legislatura hemos construido un nuevo andamiaje jurídico que justo va a proteger y está protegiendo estos derechos fundamentales y, en particular, los derechos civiles son muy importantes, porque tenemos muy clara la necesidad y la exigencia ciudadana de que la justicia sea de una vez por todas ya pronta y expedita para todos nosotros.

Necesitamos que la resolución de los conflictos sometidos a la consideración de los jueces y los tribunales sea eficaz y que se ciña a los plazos establecidos claramente en la ley.

Todos sabemos que las controversias tienen que resolverse siempre conforme a derecho, sin que medie ningún otro interés y en los tiempos pertinentes y necesarios para satisfacer las pretensiones de las partes implicadas en todos estos juicios.

Ahora, preguntamos aquí: ¿de qué sirve obtener una sentencia cuando la afectación ya se produjo durante el proceso judicial? Lo peor aún, que haya quedado un litigio sin materia debido al prolongado tiempo de estos juicios.

En respuesta a esta grave problemática es que tuvo justamente lugar la reforma al Código de Comercio relativa a los juicios orales en materia mercantil que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en el mes de enero del 2012, y a partir de aquel año, como seguramente ustedes lo recuerdan, inició ya el proceso de implementación paulatina de este tipo de procedimientos.

Sin embargo, fue en la reforma del 25 de enero del 2017 cuando ya se fijaron los plazos estrictos con el fin de acelerar la implementación que para ese tiempo aún se encontraba y encuentra rezagada.

A partir de eso, dicha reforma mandató que, a partir del 26 de enero de este año, los juicios se deben desarrollar bajo procedimientos orales al 100 por ciento, este tráfico temporal es de gran relevancia ya que para el caso de este nuevo sistema de justicia mercantil se podrá garantizar que la administración de justicia comercial sea imparcial, sea pronta y sea expedita.

Así es que todo esto significará dejar atrás la resolución tardía de los conflictos, y con ello combatir la corrupción en el sistema de administración de justica que había dado lugar a tanta impunidad. Además, otro beneficio es que se reducirán los costos económicos innecesarios a los órganos de justicia, y por supuesto, a las partes involucradas en las controversias.

Todo lo anteriormente mencionado se va a lograr con la implementación de los principios de oralidad, de publicidad, de igualdad y mediación, contradicción, continuidad y concentración en el desarrollo de los procesos de la emisión de las sentencias.

El problema es que la implementación del sistema de juicios orales hoy apenas alcanza un 47 por ciento a nivel nacional, esto lo revela la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.

Entonces el retraso que presenta la reforma para los juicios orales en materia mercantil, tras ocho años de su implementación, se ve reflejada en áreas como la falta de adecuación de la infraestructura de los tribunales, en el rezago de la capacitación a los principales actores jurídicos implicados, en la insuficiencia de recursos económicos para llegar a buen término esta tarea.

Entonces sabemos todos que el problema principal, derivado de esto, es otra vez la falta de acceso de los y las ciudadanas a la impartición de una justicia realmente pronta y expedita.

Entonces, con este retraso que ya he mencionado, no será posible para el Consejo de la Judicatura cumplir con el transitorio quinto de la citada reforma, lo cual obliga a que, a inicios de este año, de 2020, todos los conflictos comerciales se resuelvan ya mediante juicios orales.

Así es que en tal virtud estamos presentando esta iniciativa que modifica el artículo quinto transitorio del decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Comercial, en materia de juicios orales mercantiles, con objeto de prorrogar la entrada en vigor de este sistema al 100 por ciento. Es decir, proponemos renovar...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, su tiempo ha concluido.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: Un segundito nada más. Vamos a prorrogar, decía, la factibilidad de esta implementación de los juicios orales y vamos a, con ello, eliminar la incertidumbre que generaría el vencimiento del plazo en las condiciones actuales. Así que proponemos, sí, dar una nueva vida jurídica y, con ello, evitar que el mandato sea letra muerta y que esto perjudique a la ciudadanía.

Termino. Vamos así a responder a los compromisos en materia de implementación de la justicia. Es cuanto, presidenta. Gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Gracias, presidenta. Con su permiso.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas: Justamente ayer, con el ataque a la base aérea de Estados Unidos, el precio del barril de petróleo subió 4.2 por ciento en tan solo unos minutos. Al continuar estas tensiones en Medio Oriente es prácticamente seguro que se va a seguir incrementando. Por lo cual me parece que hoy el gobierno mexicano tiene una gran oportunidad, primero, para blindar a nuestro país de estos acontecimientos y, dos, para cumplir una de las grandes promesas de campaña que tuvo no solo el año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador sino desde hace muchos años.

Creo que esta iniciativa, en donde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional proponemos eliminar al 100 por ciento las tasas del impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, aplicable a las gasolinas, y con ello frenar la escalada de incrementos en los precios que se ha venido presentando en esta administración, y que impacta de una manera totalmente injusta al bolsillo de las y los mexicanos.

Creo que esta es una iniciativa que al grupo mayoritario del Congreso de la Unión le va a interesar y creo que es importante que la tomen en cuenta.

¿Por qué es necesario que lo hagamos? Primero. De acuerdo a datos de la Comisión Reguladora de Energía, en diciembre de 2018 se reportó un costo promedio de la gasolina magna de 19.76 pesos, mientras que los primeros días de enero de 2020 se registró en 20.56, es decir, un incremento del 4 por ciento en lo que va de la administración y apenas estamos a 7 de enero.

Vale la pena señalar que mientras que en 2012 el precio promedio de la gasolina era de 10.92, en 2018 se llegó a vender hasta en un promedio de 19, es decir, el gobierno de Enrique Peña Nieto incrementó el precio en 74 por ciento, mientras que la actual administración lo ha hecho en un 88 por ciento.

En campaña el candidato oficial y ahora permanente de Morena, López Obrador, se comprometió a bajar el precio de las gasolinas a partir de rehabilitar las seis refinerías existentes y construir una refinería para producir más combustibles y dejar de importar gasolinas caras.

A poco más de un año del inicio de su gestión y aún con el control total del Congreso para realizar las reformas necesarias, los resultados distan mucho de lo prometido. Nuestra economía no muestra síntomas de consolidación, al contrario, se mantiene estancada y lo podemos ver ahora en un inicio de año.

Tenemos finanzas basadas únicamente en la contratación de deuda y una recaudación fiscal que grava a los mismos contribuyentes de siempre, pero que registra un déficit al tercer trimestre de 2019 de poco más de 12 mil millones de pesos.

Fíjense bien en este dato. La actual administración ha hecho uso de los ahorros logrados por el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, por cierto, muy criticado por el presidente López Obrador por ser un mecanismo neoliberal y que hasta marzo de 2019 registraba 290 mil millones de pesos, de los cuales se ha utilizado casi la mitad de ellos para compensar el registro de menores ingresos, de acuerdo a los reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Entonces, es así que el impuesto de las gasolinas funciona como un impuesto despresurizador de las finanzas públicas que genera un contexto de baja recaudación de otros impuestos, pues de enero a septiembre de 2019 se recaudaron ingresos adicionales por gasolinas tan solo un monto de 15 mil 700 millones de pesos.

Este hecho provoca que como en la administración pasada, el gobierno federal recurra, sin miramientos, al mecanismo lesivo de recaudar recursos a través del incremento del precio de la gasolina, y con ello, incumpliendo la promesa y la queja del presidente de más de una década.

Este gobierno es desordenado y con ello impacta en una baja recaudación y, por ende, en el aumento de la gasolina.

Creo que este es justo el momento en que el presidente y su grupo mayoritario en el Congreso puedan demostrar si sus prioridades se centran realmente en las necesidades y en el crecimiento de nuestro país.

Esperamos coherencia y altura de miras. Eliminemos el IEPS para poder empezar a hablar, ahora sí, de una transformación. Es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, por cinco minutos, el senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El senador Eruviel Ávila Villegas: Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, senador.

El senador Eruviel Ávila Villegas: Compañeras, compañeros integrantes de esta Comisión Permanente. Hoy vengo a someter a su consideración una adición al artículo 8o. de nuestra Carta Magna, el cual establece el derecho de petición.

Este derecho consiste en que una persona que se dirija a una autoridad en forma pacífica, respetuosa y por escrito tiene derecho a que se le responda en un breve término.

¿Pero qué entendemos por breve término? Este concepto ha sido sujeto a diversas interpretaciones. De hecho, cuando se analizaba el dictamen de este artículo, una tarde del martes 12 de diciembre de 1916, el legislador Baca Calderón refería, apuntaba que este concepto, el breve término realmente era ambiguo, y que era necesario fijar un plazo para que la gente tuviese certidumbre, el ciudadano, el peticionario tuviese certidumbre.

Más de 100 años han transcurrido desde entonces, y considero que la inquietud del legislador Baca Calderón sigue vigente, inquietud que hago propia y que, por lo tanto, expreso mi coincidencia con el Constituyente ya referido.

Motivado por esta inquietud es que presento esta iniciativa. Es momento de brindar mayor certidumbre jurídica a todos, a todas, al ciudadano, al emprendedor, al empresario, a la jefa, al jefe de familia. Por lo cual propongo una adición para que se contemple en este artículo 8o. de nuestra Ley de Leyes, un plazo de hasta 45 días naturales para que la autoridad, ya sea municipal, estatal o federal, brinde respuesta al peticionario.

Vale la pena comentar que hay otros países y también entidades federativas en nuestro país que ya han establecido términos específicos en sus legislaciones para que de esta manera el ciudadano, el peticionario, en su caso, pueda actuar jurídicamente.

Por ejemplo, en nuestra hermana República de Panamá se contempla, en su artículo 41, un plazo de 30 días para que los servidores públicos respondan las peticiones, consultas o quejas que reciban.

Así también diferentes entidades federativas de nuestros países... de nuestro país, corrijo, de nuestro país han contemplado plazos diversos que obligan a la autoridad a dar respuesta a las solicitudes de los ciudadanos, siempre que estas cumplan con los requisitos.

Es importante resaltar que el derecho de petición busca garantizar que la autoridad brinde una respuesta oportuna en atención a sus facultades y competencias. La respuesta de la autoridad –vale la pena comentarlo– puede ser favorable o no, al peticionario, pero eso sí, tiene la obligación de responder, y en este caso, con la propuesta que hago, ya no en un breve término, sino en un plazo de 45 días naturales.

Y además propongo que se establezca este término, sí, pero la iniciativa propone que, ante el silencio de la autoridad, insisto, ya sea municipal, estatal o federal, ante este silencio administrativo, proceda lo que se conoce como la afirmativa ficta. Esto es que, tras vencer el término, el plazo propuesto de hasta 45 días para responder por parte de la autoridad y, salvo las excepciones que se contemplen en su caso, en la ley correspondiente, se entenderá por afirmativa la solicitud que ha hecho el peticionario. Es decir, a favor de la gente.

En conclusión –y termino, presidenta– se trata de una iniciativa pensada en los ciudadanos, en los gobernados a los que finalmente todos nos debemos. Pongo a su disposición esta iniciativa y estoy cierto que con su sabiduría podrán enriquecerla, mejorarla, siempre pensando en el bienestar, y lo más importante, a quienes nos debemos, pensando siempre en la gente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador de la República en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

1, Introducción

La autoridad en todos sus órdenes de gobierno está obligada a escuchar la voz de la ciudadanía. Se trata de garantizar el derecho de toda persona a solicitar informes en relación con algún asunto de su interés. Por ello, la presente iniciativa tiene como objetivo fundamental dotar a los ciudadanos de mejores herramientas que permitan hacer efectivo este diálogo con el gobierno.

En el marco jurídico mexicano, el derecho de petición está consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La finalidad es propiamente responder en tiempo y forma a los planteamientos realizados en el ejercicio de un derecho. El ciudadano exige y el gobierno está obligado a responder.

Sin embargo, para que exista un ejercicio efectivo y real del derecho de petición, éste debe de venir acompañado del compromiso y la obligación de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno de dar una respuesta.

De ahí que sea relevante plantear una cuestión fundamental: ¿Actualmente, se brinda al público una respuesta oportuna, ágil y eficaz a través del derecho de petición?

Dado que el plazo de respuesta no está determinado de manera puntual en el texto constitucional, el Poder Judicial de la Federación ha interpretado que el concepto de “breve término” atiende al caso concreto, dejando entonces al arbitrio del juez la determinación del plazo.

En este sentido, el factor temporal es un elemento esencial para la efectividad del ejercicio de los derechos fundamentales: de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando es tardía.

Con esta iniciativa se busca establecer un criterio común que dé certeza a la población y a la autoridad, al fijar un plazo de hasta 45 días naturales para que se brinde una respuesta puntual a una petición formulada, estableciendo además que, en caso de no hacerlo, se eleva a rango constitucional la afirmativa ficta, al considerar que la autoridad ha respondido en un sentido favorable a los intereses del ciudadano, salvo las excepciones que se consideren en la ley.

2. Tecnologías de la información y gobierno electrónico.

La necesidad de reducir los tiempos de respuesta responde también a la velocidad a la que se genera la información en el mundo de hoy y la cada vez mayor capacidad para procesarla.

Algunos cálculos señalan que para 2020, toda la cantidad de información y conocimiento que existe en el mundo se duplicará cada 73 días y no cada 5 años, como ocurría apenas hace menos de un lustro. Tal volumen de información ha sido posible gracias a la tecnología, conectividad y, por supuesto, a la expansión de la educación y el conocimiento en todo el mundo y en nuestro país.

Al conjugar las plataformas tecnológicas con el poder que tiene hoy la tecnología digital, la sociedad de la información tiene la notable capacidad de multiplicar exponencialmente la información y el conocimiento que se encuentra, además, prácticamente al acceso de todo mundo.

De ahí la importancia y urgencia de fortalecer la figura del gobierno electrónico y propiciar una mayor vinculación de esta herramienta con la gente, a fin de constituirlo como la ventanilla más eficaz e inmediata para que el ciudadano interactúe con el gobierno, ofreciendo información de manera oportuna, en tiempo y forma.

Por otra parte, es importante señalar que el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado sobre que si bien por regla general, el derecho de petición se presenta ante la autoridad en un medio físico (por escrito), ante los avances de los mecanismos de comunicación, dicha petición puede hacerse valer mediante medios electrónicos y digitales:

“El rápido avance de los medios electrónicos como el internet, constituye en los últimos años, un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos, incluso, del gobierno, ya que en la actualidad en el país diversas autoridades han institucionalizado la posibilidad legal de que algunas gestiones los ciudadanos las puedan realizar a través de ese medio, en pro de la eficiencia y el valor del tiempo, lo que evidentemente no previó el Constituyente en la época en que redactó el referido texto constitucional”.

Una de las aplicaciones más importantes que han ofrecido las tecnologías de la información y comunicación es la posibilidad de modernizar la gestión pública a través de su uso para la prestación de servicios, el mejoramiento de la operación interna y el fortalecimiento de sus relaciones con ciudadanos, empresas y otros grupos sociales, lo que se ha denominado gobierno electrónico.

En México, la implementación del gobierno electrónico se ha intensificado desde el año 2000, por lo que nuestro país ya cuenta con casi dos décadas de experiencia y de un importante esfuerzo en la adquisición y construcción de infraestructura, tanto física como institucional en esta materia.

Desde entonces, cada administración ha continuado con el impulso para fortalecer al gobierno electrónico e incrementar su eficiencia, transparencia, accesibilidad, así como la capacidad de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos y organizaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, México cuenta ya con un notable esfuerzo institucional reconocido a nivel internacional, tal como lo señala el Índice de Desarrollo de Gobierno Digital de la Organización de las Naciones Unidas que, en 2003, año de su primera publicación, ya reconocía a nuestro país como un “caso de éxito” en este rubro.

Para su edición 2018, el mismo Índice señala que México se encontraba ya en un nivel de desarrollo elevado. Asimismo, es importante señalar que el Índice de Servicios en Línea, publicado también por la ONU, clasifica a México en el grupo de aquellos países que presentan un nivel desarrollo constante de la infraestructura en telecomunicaciones públicas y privadas.

A pesar de los retos que aún persisten en materia de accesibilidad y conectividad, en el citado Informe, que contiene el Índice de Participación Electrónica a nivel Global, México está clasificado dentro del grupo de los países que presentan un nivel de interacción elevado, lo cual muestra que cada vez más mexicanos establecen un diálogo con la autoridad a través de este medio para plantear sus exigencias.

Con base en lo anterior, podemos afirmar que nuestro país cuenta con condiciones estructurales y sociales que resultan adecuadas para hacer del gobierno electrónico uno de los ejes de la transformación de la administración pública, brindándole a la ciudadanía una experiencia más ágil, accesible, cercana y transparente.

Al momento de realizar un trámite administrativo, todo ciudadano piensa en lo siguiente: pérdida de tiempo, esfuerzo ineficiente y, quizá lo principal, la pérdida de la satisfacción de su necesidad, aunado al acelerado desarrollo tecnológico en los medios de comunicación y el uso de Internet, han sido motivos suficientes para que México incorporara dentro de la administración pública el uso de las nuevas tecnologías.

Una definición general de gobierno electrónico es aquella que se refiere a la aplicación de las tecnologías de la información y conocimiento a la administración pública. Otra definición más específica y de mayores elementos es la establecida en la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, la cual señala que la administración electrónica se refiere al uso de las tecnologías de la información y conocimiento (TIC) en los órganos de la administración, para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos (Europeas, 2003).

Por otra parte, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Impacto Gubernamental 2017, el 51% de la población está insatisfecha con el tiempo destinado a realizar trámites o solicitudes en nuestro país.

A nivel nacional, el 57.1% de los pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos los usuarios acudieron a instalaciones de gobierno para realizarlos, mientras que 18.1% acudió a un cajero automático o kiosco inteligente, y en 2.8% se utilizó internet para este fin.

Del total de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos realizados por los usuarios, en un 46.5% de ellos se presentó algún tipo de problema para realizarlo, siendo las barreras al trámite la dificultad más frecuente.

El gobierno de nuestro país aún tiene un bajo nivel de interacciones virtuales con la población, ya sólo 29 de cada 100 personas han realizado alguna consulta o trámite vía medios electrónicos. La mayoría de los mexicanos que ocupan la red para interactuar con el gobierno lo hacen con la intención de efectuar algún trámite, pero muy pocos lo concluyen: 8.3 millones llenan formatos y sólo 4.5 millones concluyen o realizan pagos por este medio.

La mitad (46.5%) de los trámites, pagos o solicitudes públicas que realizan los usuarios por internet reportan al menos un obstáculo para realizarlos. Las barreras que enfrentan los ciudadanos son que los requisitos no se exhiben o que no son claros, además de fallas en los sitios web del gobierno, según cifras del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

De ahí que en nuestro país aún haya un importante margen para potenciar la labor del gobierno electrónico para hacer efectivo el derecho de petición para todos los ciudadanos.

3. Acciones legales para hacer valer el derecho de petición.

Resulta de la mayor relevancia mencionar otro de los ámbitos en los que esta iniciativa tendrá un impacto favorable y es el relacionado con el desempeño y funcionamiento del Poder Judicial.

En el contexto actual, la deficiencia en la respuesta gubernamental frente a una petición orilla a muchos ciudadanos a ampararse frente a esta situación, lo cual genera un cúmulo de demandas cuyo desahogo representa un costo en tiempo y recursos, además de contribuir a la saturación de los Tribunales de Justicia Administrativa.

Es así que otro de los objetivos que persigue esta modificación es aliviar la carga de trabajo de los Tribunales Administrativos, reduciendo el número de amparos que se tramitan cuando el particular que formuló una petición considera que la respuesta o falta de respuesta brindada por la autoridad no resulta satisfactoria, desahogando de esta manera la importante carga de trabajo que atienden estas instancias.

En conclusión, el espíritu de esta iniciativa está directamente relacionado con el ejercicio efectivo de un derecho constitucional y con la materialización de un poder judicial que cuente con más capacidades para atender el universo de asuntos de su competencia, así como con la construcción de un gobierno cada vez más moderno, más ágil y ciudadano. Sin duda alguna, el diálogo permanente que debe existir en la vida de una sociedad democrática entre gobernantes y gobernados no puede existir sin la obligación y el compromiso de escuchar y responder.

Ambos derechos, de petición y de respuesta, están contemplados por el juicio de amparo por lo que, de ser vulnerados, se tendrá la protección de la justicia federal en manos del Poder Judicial de la Federación y en caso de ser violentado el derecho de petición en materia política, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el encargado de garantizar que los órganos y servidores públicos reciban la petición y le den seguimiento hasta dictar una sentencia que deberá llegar al peticionario.

Es indispensable señalar que existe una diferencia entre solicitar un amparo porque se violó el derecho de petición y solicitar uno porque se violó el derecho de respuesta. En el primero, entre otras cosas, se requiere que el ente público se haya rehusado, voluntaria o involuntariamente, a recibir el escrito correspondiente. En el segundo caso, se requiere que el servidor u organismo público emita un acuerdo escrito y lo haga llegar al peticionario.

De esta manera, cualquier persona, excepto en materia política que en todo caso debe tener la categoría de ciudadano, que haya ejercido el derecho de petición ante algún organismo o servidor público y que no haya recibido una respuesta de forma breve, puede solicitar un juicio de amparo dado que se vulneró su derecho de respuesta. Del mismo modo, si alguna persona desea hacer uso de su derecho de petición, ya sea en materia política o en alguna otra, y el ente público no accede a recibir su petición, se puede solicitar un amparo porque se vulneró su derecho de petición.

4. Derechos de petición, de respuesta y de acceso a la información en el orden jurídico mexicano.

4.1 Origen del derecho de petición en el mundo.

Diversos historiadores coinciden en que el derecho de petición tiene su origen en el llamado placet, figura originaria de las monarquías asiáticas de tipo tiránico, referido al favor, las medidas benévolas y el poder discrecional.

Posteriormente, el derecho de petición quedó plasmado en la Petition of Rights de 1625 y el Bill of Rights de 1689.

Actualmente, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre contempla el derecho de petición en su artículo XXIV:

“Artículo XXIV. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”.

4.2 Origen del derecho de petición en México.

La intención de introducir el derecho de petición proviene desde 1814, cuando México estaba en plena lucha independentista para dejar de pertenecer al Imperio Español. En el texto redactado por José María Morelos y Pavón, llamado Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, en su artículo 37 dictaba que “A ningún ciudadano debe coartarse la libertad de reclamar sus derechos ante los funcionarios de la autoridad pública”.

Este derecho fue considerado en el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 y en el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana de 1856, aunque formalmente, el derecho de petición en México tiene su origen en la Constitución de 1857, donde se estableció que “es inviolable el Derecho de Petición ejercido por escrito, de manera pacífica y respetuosa: pero en materia política solo pueden ejercerlo los ciudadanos de la República, A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, y ésta tiene obligación de hacer conocer el resultado al peticionario”.

Posteriormente, este tema fue parte de los debates del Congreso Constituyente de 1916. El proyecto de Artículo 8º consideraba la siguiente redacción: “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la que tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”.

En este sentido, el constituyente Esteban Baca Calderón señaló durante su participación en los debates lo siguiente: “No me parece acertado eso de que el funcionario a quien se eleve una petición por escrito dará a conocer el resultado en un breve término. Eso me parece muy ambiguo. Creo que se debe fijar un plazo”.

Cabe señalar que dicho artículo no ha sufrido modificación alguna hasta la fecha, y tampoco se ha expedido la Ley Reglamentaria correspondiente.

Además del artículo 8º de la Carta Magna, el derecho de petición está también garantizado en el artículo 35º, fracción quinta, donde se establece que:

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

...

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

4.3 Derecho de petición y derecho de acceso a la información.

En los últimos años, México ha avanzado en la consolidación de una democracia en la que los ciudadanos participan cada vez más, que se interesan por los asuntos públicos y que se mantienen participativos, críticos y vigilantes del ejercicio del poder. Se trata de una democracia cada vez más horizontal, en la que el diálogo abierto y constructivo se convierte en un valor central para su desarrollo y fortalecimiento.

En particular, observamos a una ciudadanía que conoce sus derechos, los defiende y los ejerce cotidianamente y a una autoridad que está obligada a atender sus demandas. Reconocemos que se han dado muchos pasos clave en este sentido, particularmente relevante resulta la publicación, en el año 2002, de un mecanismo fundamental de empoderamiento ciudadano: la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En ese entonces, se planteó como una forma de incrementar la vigilancia ciudadana sobre el ejercicio del gobierno, constituirse como un vehículo para acotar los espacios para la corrupción, transformando de esta manera la relación entre gobierno y sociedad, así como una fuente para renovar la confianza de los ciudadanos en la autoridad.

En este contexto, es importante distinguir de manera clara la diferencia entre derecho de acceso a la información, sustentado en el artículo 6o. de la Constitución y el derecho de petición, del que se ocupa específicamente la presente iniciativa y que está consagrado en el artículo 8o. de la Carta Magna.

En el caso del primero, el acceso a la información hace referencia, esencialmente, a todos y cada uno de los documentos que en ejercicio de sus atribuciones generen y que reflejen precisamente la toma de decisiones de los sujetos obligados o de aquéllos que por cualquier concepto reciban, administren o apliquen recursos públicos.

Este derecho implica la posibilidad de toda persona de pedir información a cualquier entidad pública y la obligación de ésta de entregar la información solicitada, sin más limitación que las excepciones establecidas en la Constitución y la ley (intimidad personal y familiar, secreto bancario, reserva tributaria, seguridad nacional, investigaciones en trámite referidas a la potestad sancionatoria del Estado, etc.).

Por otra parte, el derecho de petición alude generalmente a la solicitud de servicios públicos (alumbrado público, recolección de basura, pavimentación, etcétera), así como exigir explicaciones sobre las posibles deficiencias de aquellos, ejercer derechos, interponer quejas, acciones o recursos legales.

En otras palabras, su finalidad no es propiamente resolver en materia de suministro de información pública tangible y con soporte documental, sino que su exigencia es responder por escrito, es decir, generar una respuesta razonada y legal a los planteamientos de quien ejerce su derecho.

Su misión es mantener un vínculo de comunicación entre el gobernante y el gobernado, con el objeto de que éste último se haga escuchar por el primero sobre cualesquiera que sean sus inquietudes y recibir atención puntual a sus problemáticas.

En suma, el Poder Judicial de la Federación ha considerado que ambos derechos, reconocidos además en tratados internacionales y leyes reglamentarias, se encuentran vinculados y relacionados en la medida que garantizan a los gobernados el derecho, no sólo a que se les dé respuesta a sus peticiones por escrito y en breve término, sino que se haga con la información completa, veraz y oportuna de que disponga o razonablemente deba disponer la autoridad, lo que constituye un derecho fundamental tanto de los individuos como de la sociedad.

4.4 Derecho de petición y derecho de respuesta.

En el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se presentan dos derechos fundamentales, el derecho de petición y el de respuesta.

Ambos derechos se encuentran estrechamente relacionados y guardan un carácter de universalidad, sin embargo, el derecho de petición en México encuentra una limitante en materia política puesto que, según el artículo 35 de la Carta Magna, únicamente podrán ejercer el derecho de petición en esta materia los ciudadanos de la República mexicana, diferente al derecho de petición que se establece en los demás países.

Contrario a lo que se puede deducir de este precepto constitucional, el derecho de petición no nace como un derecho cívico sino como un derecho universal que contiene una única excepción, o prohibición, contenida en el artículo 35 constitucional.

De esta manera, el derecho de petición se concibe, por un lado, como derecho humano que puede ser ejercido por cualquier individuo, mientras no sea en materia política, y por otro lado se establece como un derecho político que únicamente puede ser utilizado por aquellos que entren en la categoría de ciudadanos mexicanos.

El derecho de respuesta, por otro lado, contiene la obligación que tienen los órganos y los servidores públicos para dictar un acuerdo y hacer del conocimiento al peticionario del mismo.

Este derecho de respuesta no condiciona de ninguna manera la respuesta de los órganos o servidores públicos para que sea favorable al peticionario, sino que únicamente garantiza que se dé una respuesta, ya sea en sentido positivo o negativo, a la persona que en su derecho de petición solicitó ante un órgano o un servidor público una petición, solicitud o queja.

4.5 El derecho de petición y su tiempo de respuesta.

Como ya se ha descrito en secciones anteriores, desde las discusiones del Congreso Constituyente de 1916, ya existía inquietud para dar mayor certeza en el plazo para que la autoridad diera cumplimiento al derecho de petición, en lugar de dejar ambiguo el concepto de “breve término”.

Profundizando en el concepto, el Poder Judicial de la Federación ha considerado que la garantía del derecho de petición, contenida en el artículo 8o. constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías, que son:

• Dar respuesta por escrito a la petición formulada.

• Que la respuesta sea congruente con lo solicitado.

• Dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término.

Tal y como se ha explicado, el artículo 8 de la Constitución no señala un plazo para el cumplimiento del derecho de respuesta vinculado al derecho de petición, sino que únicamente se refiere al concepto de “breve término”. Al respecto es conveniente citar lo dispuesto por la siguiente tesis:

“Es manifiesto que no es posible dar una definición de lo que debe entenderse por breve término, de manera que comprenda todas las posibles peticiones elevadas a la autoridad, pues la naturaleza de lo solicitado, y los estudios o trámites que la contestación requiera, hacen variable el período de lo que sería un término razonablemente breve para dar respuesta, y el Juez de amparo debe ser casuista en este aspecto, atendiendo a las peculiaridades del caso y a lo que razonablemente se puede llamar un término breve para dar respuesta a la petición de que se trate”.

El criterio más reciente sobre el particular vincula a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual sostiene que para determinar el concepto de “breve término”, debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de “plazo razonable” descrito.

La propuesta que hacemos fija un plazo razonable, considerando el avance de las tecnologías de la información, la experiencia de otros países y el profesionalismo desarrollado por los tres órdenes de gobierno.

Como ejemplo, está el caso de la Constitución de Panamá, que señala lo siguiente:

“Artículo 41. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos por motivos de interés social o particular, y el de obtener pronta resolución.

El servidor público ante quien se presente una petición, consulta o queja deberá resolver dentro del término de treinta días.

La Ley señalará las sanciones que correspondan a la violación de esta norma”.

Es importante señalar que, en nuestro país, diversas entidades federativas consideran un término específico en el que la autoridad está obligada a dar respuesta y que en caso de no hacerlo opera la afirmativa ficta.

También tenemos el caso de legislación federal, en específico el Código Fiscal de la Federación, que regula el llamado “silencio administrativo”, en su artículo 37:

“Artículo 37. Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que ésta se dicte.

El plazo para resolver las consultas a que hace referencia el artículo 34-A será de ocho meses.

Cuando se requiera al promovente que cumpla los requisitos omitidos o proporcione los elementos necesarios para resolver, el término comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido”.

5. Silencio administrativo: negativa y afirmativa ficta.

5.1 Conceptos y definiciones.

Hablar del silencio administrativo es hacer referencia a aquella doctrina según la cual, el legislador le da un valor concreto a la inactividad, inercia o pasividad de la administración frente a la solicitud de un particular, haciendo presumir la existencia de una decisión administrativa, algunas veces en sentido negativo y otras en sentido afirmativo.

“El silencio administrativo ha sido considerado como una técnica establecida por la ley ante la falta de resolución en plazo de los procedimientos administrativos, mediante la cual se pueden entender estimadas (silencio positivo) o desestimadas (silencio negativo) las peticiones dirigidas a la administración. Nava Negrete señala que se trata del “silencio de las autoridades administrativas o abstención de resolver, frente a instancias presentadas o promovidas por particulares, y que la ley, transcurrido cierto tiempo, atribuye el efecto jurídico de haberse dictado una resolución administrativa contraria o negativa a los intereses de esas instancias o en su caso, favorables”.

Por su parte, José Roldán Xopa señala que “ante la inactividad o silencio de la administración, pueden preverse como respuestas la afirmativa o negativa fictas. El establecimiento de estas figuras parte de la necesidad de dar certeza jurídica a los administrados ante la indeterminación e incertidumbre que provoca la ausencia de respuestas”.

“El silencio administrativo es, fácticamente, la omisión de acción positiva de los titulares de los órganos competentes para responder ante la petición del particular...Así pues tendremos silencio de la administración cuando ante el ejercicio de una petición transcurre el plazo establecido por la norma, sin que tenga una respuesta expresa”.

¿Cuál es la diferencia entre negativa y afirmativa ficta? El maestro Eduardo García de Enterría nos dice “en lo que respecta a distinción entre silencio negativo, se trata de una mera ficción legal de efectos exclusivamente procesales, dirigida a facilitar el acceso de los interesados a la vía jurisdiccional, y el silencio positivo, se trata de efectivamente de un auténtico acto administrativo que, aunque presunto, equivale a una resolución de sentido estimatorio”.

La afirmativa ficta es una decisión normativa formada dentro del derecho administrativo que responde a los sujetos del derecho ante la falta de una resolución expresa por las autoridades a sus solicitudes o trámites en un plazo establecido por las leyes que competen según el tema, en cuyo caso se resolverá positiva o afirmativamente.

5.2 Entidades federativas que contemplan la afirmativa ficta.

En nuestro país diversas entidades federativas ya contemplan y protegen al solicitante a través de la afirmativa ficta en materia administrativa. Al respecto, me permito citar los siguientes ejemplos:

• Ciudad de México. Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. Define a la afirmativa ficta como la “figura jurídica por virtud de la cual, ante la omisión de la autoridad de emitir una resolución de manera expresa, dentro de los plazos previstos por esta Ley o los ordenamientos jurídicos aplicables al caso concreto, se entiende que resuelve lo solicitado por el particular, en sentido afirmativo”. En específico, en su Artículo 90 señala: “Ante el silencio de la autoridad competente para resolver el procedimiento administrativo correspondiente, procede la afirmativa ficta en los casos en los que expresamente lo establezcan las leyes aplicables y el manual. Cuando el interesado presuma que ha operado en su favor esta figura administrativa, en un término de 10 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de resolución del procedimiento o trámite de que se trate, solicitará la resolución respectiva”.

• Estado de México. Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. El artículo 135 señala que las peticiones que los particulares hagan a las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados con funciones de autoridad, de carácter estatal o municipal, deberán ser resueltas en forma escrita y notificada, dentro de un plazo que no exceda de quince días hábiles posteriores a la fecha de su presentación, a excepción de los trámites que tengan plazo establecido en la Ley de la materia, los cuales deberán ser resueltos en el término señalado para tal efecto. Cuando se requiera al promovente para que exhiba los documentos omitidos o cumpla con requisitos, formales o proporcione los datos necesarios para su resolución, el plazo empezará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido. Si la autoridad omite efectuar el requerimiento, la resolución afirmativa ficta se configurará, atendiendo a ciertas excepciones.

• Jalisco. Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. Los artículos 29 y 30 señalan que la afirmativa ficta se constituye respecto de la solicitud de emitir actos regulativos ante la omisión de la autoridad de emitir una resolución de manera expresa, dentro de los plazos previstos por esta ley o los ordenamientos jurídicos aplicables al caso específico.

Cuando se acredite y se declare que opera la afirmativa ficta, se entiende que se emite el acto administrativo, para los efectos solicitados por el promovente. Para acreditar y declarar que opera la afirmativa ficta, invariablemente es necesario asegurarse que a la petición se anexaron las constancias y documentos, que acrediten el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las normas aplicables al caso específico, así como que la petición se presentó ante la autoridad competente.

• Baja California Sur. Código Fiscal para el Estado y Municipios de Baja California Sur. Su artículo 49 dispone: “Toda consulta o petición que se formule a las autoridades deberá ser resuelta en el plazo que la Ley fija, a falta de término establecido, en noventa días el silencio de las autoridades se considerará como resolución afirmativa cuando no den respuesta en el término que corresponda”.

• Sonora, Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. El artículo 83 dispone que “Tratándose de autorizaciones, licencias y permisos, cuando las autoridades administrativas no emitan su resolución o respuesta dentro de los plazos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables o en esta Ley, habiendo el interesado cumplido todos los requisitos legales, se entenderá que la resolución es en sentido afirmativo en todo lo que le favorezca, salvo las excepciones que dispone la ley.

• Nayarit. Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. El artículo 62 señala que, transcurrido el plazo sin que se notifique la resolución expresa, el silencio de las autoridades competentes se considerará como resolución afirmativa ficta, que significa decisión favorable a los derechos e intereses de los peticionarios siempre y cuando sean legalmente procedentes, conforme a las disposiciones legales y normativas que rijan la materia de que se trate. Para acreditar la existencia de la resolución afirmativa ficta, los particulares solicitarán a la autoridad ante la que se presentó la petición, la certificación de que ha operado aquélla; la autoridad expedirá dicha certificación en caso de que sea procedente.

6. Impacto en el sector productivo

Brindar certeza jurídica a quienes son los generadores de empleo tanto en México como en el mundo resulta de la mayor importancia. De ahí que una modificación como la que proponemos resultaría altamente beneficiosa. Diversas organizaciones, tanto nacionales como internacionales han expresado la necesidad de disminuir las regulaciones, de acortar tiempos para hacer trámites, para así obtener mejores precios y favorecer la creación de empleos.

Por ejemplo, el estudio “Doing bussines” del Banco Mundial reveló que América Latina y la Región del Caribe en su conjunto han creado un mejor clima empresarial en la última década. Por citar algunos datos, en 2005 tomaba 75 días crear una empresa. Y en 2015, el tiempo bajó a 30 días. En 2005, registrar una propiedad demandaba 83 días y en 2015 el tiempo se redujo a 55 días.

Por otra parte, el estudio “Midiendo la calidad y la eficiencia regulatoria”, realizado en 2016, revela que México registró la mejor clasificación de la región, seguido de Perú y Colombia.

Como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, la inversión extranjera ha crecido en el país y hay confianza por lo que es satisfactorio decir que México es considerado como una nación con futuro para la inversión. Si bien hemos tenido avances en la materia en nuestro país, producto del trabajo en equipo, también hay que reconocer que falta por hacer.

Daría una muy buena señal el establecer en la Carta Magna una reforma como la que proponemos, la cual otorga mayores garantías a los ciudadanos, al pueblo que nos debemos, pero también al sector productivo internacional.

7. Descripción de la propuesta

La iniciativa que presento se trata de dar aún mayor fuerza a la voz ciudadana, así como de establecer un mecanismo más sólido que obligue a la autoridad a permanecer atenta, llevando a cabo sus labores de forma más eficaz y pertinente.

Ya no son solo los ciudadanos quienes escuchan a la autoridad. Ahora, se trata de un diálogo en ambos sentidos en el que la autoridad también atiende y responde a la voz de la población.

La presente iniciativa propone elevar a rango constitucional la afirmativa ficta en materia administrativa a favor de los particulares, como parte del derecho de petición.

Una de las quejas más sentidas de las personas, es la omisión de respuesta en los asuntos que se tramitan ante las autoridades administrativas o ante los órganos autónomos constitucionales.

Si bien es cierto el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé dentro del derecho de petición la obligación de dar respuesta por parte de las autoridades, también lo es, que esta respuesta dilata, o inclusive debe solicitarse por medios jurisdiccionales, lo que hace más largo el procedimiento de respuesta.

Por ello, se busca presentar una iniciativa que adicione el artículo 8o. constitucional a efecto de que se incluya la afirmativa ficta en materia administrativa y de órganos autónomos, como una forma de dar certeza a las personas de que sus peticiones serán resueltas en un plazo cierto, pero además de que, en los casos de silencio por parte de las autoridades, operará, salvo excepciones, el sentido favorable de su solicitud.

De conformidad con el artículo XXIV de la “Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, signada por México, en Bogotá, Colombia el 2 de mayo de 1948: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”.

Para hacer efectivo este derecho humano, es necesario homologar en las legislaciones federales y de las entidades federativas esta figura, con la intención de que se respete el derecho de petición por igual en cada parte del país.

La propuesta de iniciativa contempla lo siguiente:

1. Las peticiones que los particulares hagan a las autoridades administrativas de carácter federal, estatal o municipal, u órganos autónomos con facultades de autoridad, deberán ser resueltas en forma escrita, dentro de un plazo de hasta 45 días naturales posteriores a la fecha de su presentación o recepción.

2. Transcurrido el plazo sin que se notifique la resolución expresa, los interesados podrán solicitar a la autoridad ante la que presentó la petición, la certificación de que ha operado en su favor la afirmativa ficta, que significa decisión favorable a los derechos e intereses legítimos de los peticionarios.

3. En caso de que la autoridad competente no dé respuesta a la solicitud de certificación dentro del plazo señalado, los peticionarios acreditarán la existencia de la resolución afirmativa ficta, que producirá todos sus efectos legales ante las autoridades administrativas.

4. Se dejará en la legislación secundaria la determinación de excepciones a la afirmativa ficta. Por citar algunos ejemplos, podrían considerarse las peticiones que tengan por objeto la transmisión de la propiedad o la posesión de bienes públicos, la afectación de derechos de terceros, el otorgamiento o modificación de concesiones para la prestación de servicios públicos, autorizaciones de conjuntos urbanos, licencias de uso del suelo, normas técnicas, resoluciones jurisdiccionales, o en la materia penal. Tampoco debería configurarse la resolución afirmativa ficta, cuando la petición se hubiese presentado ante autoridad incompetente, así como en los casos de la rescisión de las relaciones laborales con los policías o en asuntos de la Guardia Nacional, entre otros.

Cabe señalar que, a fin de cumplir los objetivos de la propuesta en comento, es conveniente aprovechar las ventajas del gobierno electrónico, entendido como un servicio público digital que presta el Estado con el propósito de mejorar los niveles de eficacia y eficiencia en el ejercicio gubernamental. De este modo, podrá aprovecharse la infraestructura y plataformas con las que ya cuentan las dependencias a fin de poner a la ciudadanía en el centro.

Para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Proyecto de Decreto

Único. Se reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 8o. ...

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer dentro de un plazo de hasta 45 días naturales posteriores a la fecha de su recepción.

Transcurrido el plazo sin que se notifique la respuesta, se entenderán las resoluciones en sentido afirmativo al promovente en los términos de la ley y salvo las excepciones que ésta señale.

A petición del peticionario, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o el que resulte competente en atención a la materia de que se trate, certificará que ha operado en su favor la afirmativa ficta.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan los principios, procedimientos y derechos reconocidos en el presente decreto.

Notas

1 Rubro: Derecho de petición. Su ejercicio a través de internet está tutelado por el artículo 8o., constitucional, siempre que la autoridad a quien se formule la petición prevea institucionalmente esa opción y se compruebe que la solicitud electrónica fue enviada. Localización: 9a. Época, TCC, SJF y su Gaceta, Tomo XXIV, noviembre de 2006, p. 1039, [A], Administrativa. Número de tesis: VIII.5o.1 A

2 La ley Grupo Wolters Kluwer. Enciclopedia Jurídica: derecho civil- donaciones por razón de matrimonio. Edición: 2008-2009 Wolters Kluwer España, SA.

3 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones. Tomo II.  Editorial Miguel Ángel Porrúa.

4 Derecho de petición. Su relación de sinergia con el derecho a la información. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

5 Rubro: Petición. La garantía contenida en el artículo 8o. constitucional se conforma de diversas subgarantías que le dan contenido, y que deben considerase por el juez de distrito en el juicio de amparo promovido por violación a dicho derecho. 10a. Época, T.C.C., S.J.F. y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, p. 931, [J], Constitucional, Común. Número de tesis: VI.1o.A. J/54 (9a.)

6 Rubro: Petición. Breve término. Tesis aislada. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo en revisión 351/75. Motel Atlauco de Turismo Americano, S.A. 29 de julio de 1975. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco.

7 Derecho fundamental de petición. Las condiciones que determinan la razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales, sostenidas por la corte interamericana de derechos humanos, son aplicables al “breve término” a que se refiere el artículo 8o. de la Constitución federal que lo prevé. Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Libro 19, junio de 2015, Tomo III. Tesis: I.1o.A.E.64 A (10a.)

8 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1336/9.pdf

9 Roldán Xopa José. Derecho administrativo. Colección Textos Jurídicos Universitarios. Oxford.

10 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1336/9.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2020.— Legislador Eruviel Ávila Villegas (rúbrica).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, senador. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.

 LEY AGRARIA

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Miguel Ángel Lucero Olivas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto –perdón, senador– que reforma los artículos 170 Bis de la Ley Federal del Trabajo, 140 Bis de la Ley del Seguro Social y 137 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT.

El senador Miguel Ángel Lucero Olivas: Gracias, presidenta. Con la venia de los compañeros legisladoras y legisladores.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, senador.

El senador Miguel Ángel Lucero Olivas: Una de las grandes aportaciones, de los grandes legados que nos deja la Revolución Mexicana es sin duda el tema del reparto agrario, en el cual se garantizó que más del 50 por ciento de la propiedad de nuestro país pasara a manos de quien trabajaba la tierra.

En estos días, y después de 30 años de neoliberalismo rapaz, voraz, estamos regresando a tiempos anteriores a la Revolución Mexicana en este tema. Se están generando grandes latifundios nuevamente, se está dando la existencia de terratenientes, muchos de los campesinos ya trabajan para otros las tierras que antes eran de ellos, por lo cual el espíritu de esta iniciativa es terminar con estas conductas.

En nuestro país más del 50 por ciento del territorio nacional es propiedad social y está concentrada en dos tipos, la ejidal y la comunal. En ambos tipos se busca fomentar y fortalecer las relaciones de cooperación, solidaridad y ayuda mutua entre sus integrantes.

Es por ello que nuestra Carta Magna ordena en su artículo 27, fracción VII, que dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más de 5 por ciento total de las tierras ejidales.

Así, el constituyente permanente con un ánimo de justicia social estableció el principio de igualdad en la distribución de la propiedad social evitando su acaparamiento, privilegiando el beneficio de la colectividad ejidal sobre el interés personal al momento de su repartición.

En el mismo sentido, la Ley Agraria hace suyo dicho mandato constitucional y establece que es la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano quien, previa audiencia, ordenará al ejidatario que haya adquirido un porcentaje de más del 5 por ciento, que tiene un año para poder librarse de ese excedente.

En caso de no hacerlo se encargará de fraccionar los excedentes enajenando los derechos correspondientes al mejor postor de entre los miembros de la población ejidal, respetando en todo caso los derechos de preferencia.

En la actualidad hay muchos casos de ejidatarios que, de manera voluntaria y consecuente, violan esta prohibición, al hacerlo infringen la ley y afectan gravemente el tejido social de sus comunidades, fracturando el sentido de la cooperación y apoyo mutuo que busca la propiedad comunal.

Por tal motivo, proponemos reducir a tres meses y no un año el período que tiene una persona ejidataria, titular de derechos parcelarios sobre una extensión mayor equivalente al 5 por ciento de las tierras ejidales para enajenar en favor de alguno de los miembros del núcleo de la población. En caso de no hacerlo dentro de ese plazo, la secretaría fraccionará los excedentes y enajenará los derechos correspondientes al mejor postor, respetando en todo caso los derechos de preferencia.

De igual manera, proponemos que cuando el ejidatario que realiza esta anomalía sea servidor o funcionario público, únicamente se otorgue un plazo máximo de 15 días para el enajenamiento de los excedentes, sin que pueda autorizarse por motivo alguno la ampliación de éste.

Quienes constituimos la cuarta transformación, buscamos que todas las personas, y en especial los servidores y funcionarios públicos, respetemos y velemos por un respeto a la ley, y, sobre todo, que nadie aproveche el ejercicio de sus cargos públicos para beneficiarse o beneficiar ilegalmente a sus conocidos o familiares, mucho menos sin es en un perjuicio de intereses de derechos de las personas de la comunidad.

Tenemos claro que la cuarta transformación estaría combatiendo la impunidad, la corrupción, el abuso de los cargos públicos y respetando los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y respetando y defendiendo los derechos e intereses del pueblo de México.

La propiedad ejidal es un derecho social que consagra nuestra Constitución Política, protegerla y garantizar su reparto igualitario es una obligación de las autoridades mexicanas en los distintos ámbitos de competencia.

La tierra es de quien la trabaja, reza la frase del Caudillo del Sur, que hizo valer a favor de la reforma agraria durante la Revolución Mexicana. Es el momento histórico para que continuemos defendiendo el reparto igualitario de la propiedad ejidal y luchamos contra su acaparamiento y monopolización. Es cuanto. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 47 de la Ley Agraria, a cargo del senador Miguel Ángel Lucero Olivas y suscrita por la senadora Geovana del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del PT

De los senadores Miguel Ángel Lucero Olivas y Geovanna Bañuelos de la Torre, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 47 de la Ley Agraria, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El Registro Agrario Nacional (RAN), es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se encarga del control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y de brindar la seguridad jurídica documental, derivada de la aplicación de la Ley Agraria.

Su misión es brindar certeza jurídica a la propiedad social en México, a través del control de la tenencia de la tierra y de los derechos constituidos respecto de los ejidos y comunidades, mediante la función registral, el resguardo documental, asistencia técnica y catastral, en beneficio de los sujetos de derecho agrario y demás solicitantes del servicio.

En nuestro país más de 50 por ciento del territorio nacional es propiedad social, y ésta se concentra en dos tipos de propiedad: la propiedad ejidal y la propiedad comunal.

Estos dos tipos de propiedad funcionan y pertenecen al sector social de la economía que reconoce nuestra Constitución en el artículo 25 párrafo octavo. El sector social de la economía funciona como un sistema socioeconómico creado por organismos de propiedad social, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano, conformados y administrados en forma asociativa, para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan.

En consecuencia, lo que se busca en este tipo de propiedad es que sus integrantes fomenten y fortalezcan relaciones de cooperación y ayuda mutua.

Es por ello que nuestra Carta Magna ordena en su artículo 27 F VII que “Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5 por ciento del total de las tierras ejidales.” Así, el Constituyente Permanente pretendió que la distribución de la propiedad social fuera igualitaria, evitando su acaparamiento y que por una cuestión de mayor capacidad económica hubiera personas que pudieran adquirir un porcentaje alto de las tierras totales del ejido, vulnerando de esta manera la función social de la propiedad ejidal.

En el mismo sentido, el artículo 47 de la Ley Agraria establece que “dentro de un mismo ejido, ningún ejidatario podrá ser titular de derechos parcelarios sobre una extensión mayor que la equivalente al cinco por ciento de las tierras ejidales, ni de más superficie que la equivalente a la pequeña propiedad. Para efectos de cómputo, las tierras ejidales y las de dominio pleno serán acumulables.

La Secretaría de la Reforma Agraria, previa audiencia, ordenará al ejidatario de que se trate, la enajenación de los excedentes dentro de un plazo de un año contado a partir de la notificación correspondiente. Si el ejidatario no hubiere enajenado en el plazo indicado, la secretaría fraccionará, en su caso, los excedentes y enajenará los derechos correspondientes al mejor postor entre los miembros del núcleo de población, respetando en todo caso los derechos de preferencia señalados en el artículo 80 de esta ley.”

De lo anterior se advierte que la Ley Agraria presenta una regulación demasiado laxa ante el supuesto de que alguna persona ejidataria adquiera más de 5 por ciento del total de tierras ejidales.

En primer lugar, como ya se ha mencionado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe de manera clara y directa ser titular de un porcentaje mayor a 5 por ciento del total de las tierras ejidales. Toda persona que adquiere o es titular de un porcentaje mayor a éste, está consciente de que infringe la ley, y aun así decide realizar el acto jurídico de la compraventa.

Como integrante de la asamblea general del ejido, órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, toda persona ejidataria sabe cuáles son sus derechos y obligaciones, y sobre todo, qué cosas puede hacer o no hacer respecto a la tenencia o adquisición de tierra ejidal.

Al adquirir o ser titular de un porcentaje mayor de tierra al permitido, la persona ejidataria viola no sólo la Ley Agraria sino también la de mayor rango en jerarquía jurídica que es la Constitución nacional.

Por tal motivo, proponemos que en los casos en que una persona ejidataria sea titular de derechos parcelarios sobre una extensión mayor que la equivalente a 5 por ciento de las tierras ejidales o de más superficie que la equivalente a la pequeña propiedad, la Secretaría de la Reforma Agraria, previa audiencia, ordene al ejidatario de que se trate, la enajenación de los excedentes dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la notificación correspondiente. Si el ejidatario no hubiere enajenado en el plazo indicado, la secretaría fraccionará, en su caso, los excedentes y enajenará los derechos correspondientes al mejor postor entre los miembros del núcleo de población, respetando en todo caso los derechos de preferencia que señala la Ley Agraria.

De igual manera, proponemos regular de una manera más clara y estricta aquellos casos de servidores o funcionarios que adquieran o sean titulares de más de 5 por ciento de las tierras totales del ejido.

Hace dos meses, fue noticia nacional el hecho de que el actual Comisionado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Baja California, el ejidatario Eduardo Cota Osuna, es dueño de mil 342 hectáreas del ejido Emiliano Zapata-Francisco Zarco, ubicado al noroeste del Valle de Guadalupe, en Baja California. Dicha superficie representa 16.7 por ciento de las tierras totales del ejido, lo que violenta flagrantemente lo dispuesto por la Carta Magna y por la Ley Agraria en cuanto al máximo de superficie de que puede ser titular un ejidatario, que es el equivalente a 5 por ciento del total de las tierras ejidales.

Para evitar ese tipo de abusos de autoridad, proponemos que a los servidores y funcionarios públicos que siendo ejidatarios, adquieran o sean titulares de más de 5 por ciento del total de tierras ejidales, se les otorgue un plazo máximo de quince días para la enajenación de los excedentes, sin que pueda autorizarse por motivo alguno la ampliación del mismo. En caso de no hacerlo dentro de este plazo, la secretaría fraccionará, en su caso, los excedentes y enajenará los derechos correspondientes al mejor postor entre los miembros del núcleo de población, respetando en todo caso los derechos de preferencia.

Quienes construimos la cuarta transformación buscamos que los servidores y funcionarios públicos sean los primeros en respetar y velar por el respeto a la ley y, sobre todo, que no se aprovechen del ejercicio de sus cargos públicos para beneficiarse o beneficiar ilegalmente a sus conocidos o familiares, mucho menos si es en perjuicio de los intereses y derechos de las personas o de su comunidad.

Tenemos claro que la cuarta transformación se hará combatiendo la impunidad, la corrupción, el abuso en los cargos públicos y respetando los principios de no robar, no mentir, no traicionar al pueblo y respetando y defendiendo los derechos e intereses del pueblo de México.

Finalmente, para explicar el sentido y alcance de las reformas propuestas, se presenta un cuadro comparativo entre la legislación vigente y la presente propuesta de reformas.

Por los motivos expuestos, someto a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 47 de la Ley Agraria

Artículo Único. Se reforma el artículo 47 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 47. Dentro de un mismo ejido, ningún ejidatario podrá ser titular de derechos parcelarios sobre una extensión mayor que la equivalente al cinco por ciento de las tierras ejidales, ni de más superficie que la equivalente a la pequeña propiedad. Para efectos de cómputo, las tierras ejidales y las de dominio pleno serán acumulables.

La Secretaría de la Reforma Agraria, previa audiencia, ordenará al ejidatario de que se trate, la enajenación de los excedentes dentro de un plazo de tres meses contado a partir de la notificación correspondiente. Si el ejidatario no hubiere enajenado en el plazo indicado, la Secretaría fraccionará, en su caso, los excedentes y enajenará los derechos correspondientes al mejor postor entre los miembros del núcleo de población, respetando en todo caso los derechos de preferencia señalados en el artículo 80 de esta ley.

En caso de que el ejidatario de que se trate sea servidor o funcionario público, el plazo que contará para la enajenación de los excedentes será de un plazo máximo de quince días, sin que pueda autorizarse por motivo alguno la ampliación del mismo. En caso de no hacerlo dentro de este plazo, se procederá en términos de lo dispuestos en el párrafo anterior.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, a 8 de enero de 2020.— Legislador y legisladora: Miguel Ángel Lucero Olivas, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre (rúbricas).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, senador. Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Senadores.

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jacobo Cheja, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 12 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Jacobo David Cheja Alfaro: Con su permiso, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Jacobo David Cheja Alfaro: Compañeras senadoras y senadores, diputadas y diputados integrantes de la Comisión Permanente.

Actualmente, más de 12 millones de personas nacidas en México radican en Estados Unidos, de esa cifra más de 5 millones son indocumentados, quienes enfrentan una serie de dificultades para trabajar honradamente y poder llevar una vida digna, pues vivimos en tiempos donde el gobierno de aquel país ha impulsado políticas públicas nacionalistas y antiinmigrantes.

De ahí la necesidad de contar con representación y presencia de oficinas consulares en aquellos lugares de la Unión Americana en donde exista la presencia de al menos 550 connacionales por población, además de considerar las regiones con mayor afluencia de mexicanos por año.

Los servidores públicos que representan al gobierno mexicano en Estados Unidos, a través de los consulados, realizan una gran labor coordinando las acciones y programas del Servicio Exterior Mexicano, con programas federales o de las entidades federativas, así como de los municipios, para ofrecer en la medida de lo posible la mayor cantidad de los servicios y derechos a nuestros connacionales.

Sin embargo, dichos esfuerzos son insuficientes porque no contamos con consulados, ni con ningún tipo de representación del gobierno mexicano en 24 estados de la Unión Americana.

Las oficinas consulares cumplen con la función de proteger la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero. Además, tienen la misión de fomentar las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre ambos países, por lo que el establecimiento de más oficinas consulares es una inversión y no una carga presupuestal para nuestro país.

También hay que mencionar que las remesas que se mandan desde Estados Unidos a México se han incrementado considerablemente. En 2019 fueron de 35 mil 460 millones de dólares y para este año se espera que sean de 37 mil 200 millones de dólares, siendo una contribución relevante para el PIB en México.

Las remesas toman relevancia en una época en donde estamos creciendo a 0 por ciento, y en donde el desempleo y la violencia siguen siendo los más grandes problemas que enfrentamos como país.

En Movimiento Ciudadano vemos la necesidad de aumentar la presencia de los consulados mexicanos en Estados Unidos, para asistir en la medida de lo posible a nuestros connacionales que no cuentan con ningún tipo de respaldo gubernamental. Además, para impulsar aún más el intercambio comercial, cultural y científico, porque un país que no cuenta con una representación suficiente en el extranjero es un país que camina hacia el aislamiento. Es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

La diputada Carolina García Aguilar: Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Carolina García Aguilar: Compañeras y compañeros legisladores, a partir del presente siglo se ha dado una serie de avances en los términos, conceptos y políticas públicas relacionadas con la discapacidad de las personas, así como en lo referente a la percepción de la misma.

Se logró transitar de una percepción de asistencialismo y proteccionismo, a un concepto totalmente diferente, en el que se elimina el asistencialismo para los discapacitados y, más bien, se trata de un tema de derechos fundamentales.

Se reafirmó el derecho de estas a la igualdad de oportunidades, a la participación plena en las actividades económicas y sociales, y la igualdad en el acceso a la salud, la educación y los servicios de rehabilitación.

En el PES hacemos y decimos lo socialmente correcto, y es por esto que no nos tiembla la voz al decir que la integración de las personas con discapacidad es responsabilidad de todas y de todos.

En este sentido, un gran avance para la comunidad internacional fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada por la ONU en el año 2006, la cual es el primer tratado internacional del siglo XXI, el octavo sobre los derechos humanos y el primero jurídicamente vinculante relativo a las personas con discapacidad.

En él se establecieron el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, la no discriminación, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como sus principios generales.

Si bien sabemos que dicha convención no resuelve el problema de discriminación al 100 por ciento, sí representa un gran avance hacia la erradicación de la misma. Ahora las personas con discapacidad cuentan con un instrumento jurídicamente vinculante y con un comité que vela por la protección de sus derechos.

En México la convención en comento fue aprobada por el Senado de la República en septiembre del año 2007. No obstante, en pleno 2020, y a 12 años de la suscripción de esta convención, en nuestro país se siguen presentando situaciones de incumplimiento relativas a la impartición de justicia en igualdad de condiciones, derivado de la falta de armonización de nuestras leyes con respecto al marco jurídico internacional.

A fin de subsanar esta omisión en nuestro marco legal vigente, el día de hoy me permito presentar ante esta Comisión Permanente una iniciativa con la cual se adiciona al capítulo Décimo Bis con el artículo 32 Bis a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, en materia de libertad, seguridad, protección e integridad física y psicológica de las personas con discapacidad.

Estoy convencida de que con la aprobación de la presente reforma iremos de la mano con lo establecido en los ordenamientos internacionales de los cuales México ya forma parte.

Y además ayudaríamos a que las personas con discapacidad mental dejen de ser objetos y no en sujetos de derecho en el momento en que se inicia una averiguación previa en su contra.

Igualmente estaríamos actualizando nuestro ordenamiento jurídico a los grandes cambios que están sucediendo en nuestra sociedad en donde las personas con discapacidad tienen derechos, así como su plena inclusión y participación en la sociedad en todos los aspectos: políticos, sociales, económicos y culturales. Un México más incluyente es posible. Hagámoslo nosotros. Es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Zulma Espinoza Mata, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

La diputada Zulma Espinoza Mata: Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Zulma Espinoza Mata: En México, el reconocimiento y posibilidad de ejercer los derechos políticos electorales de las mujeres ha sido un largo y lento recorrido, lleno de múltiples dificultades.

A pesar de que actualmente se han emprendido acciones afirmativas para garantizar el acceso a las mujeres a los cargos públicos, tales como los criterios de paridad obligatoria en las postulaciones a diversos cargos de elección popular, la realidad es que aún persiste un impedimento grave para el avance político de las mujeres en el país: la violencia política por razones de género. Las elecciones de 2018 fueron unas de las más violentas en la historia, y la violencia política de género fue una de las principales protagonistas.

En su informe anual de actividades 2018, la Fepade da cuenta de que durante el proceso electoral 2017–2018 se abrieron 6 carpetas de investigación por violencia política de género y 41 números de atención. Estoy segura de que fácilmente pueden encontrar al menos un episodio en su memoria, ya sea porque lo vieron de primera mano o porque algunos tuvieron un gran alcance mediático.

Bajo este contexto el INE, en su papel de autoridad electoral y con fundamento en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, creó, mediante acuerdo para el pasado proceso electoral, la Comisión temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y no Discriminación en la Participación Política, misma que tiene como objetivo dar seguimiento a las labores del Instituto en materia de paridad, violencia política contra las mujeres, promoción de liderazgo político de las mujeres y participación política bajo el principio de igualdad y no discriminación.

Esta ley reconoce dos tipos de comisiones, las temporales y las permanentes, las cuales, como su nombre lo indica, funcionan en todo momento, independientemente de si es proceso electoral o no, y las temporales creadas para la atención de un asunto específico y cuyo deshago dará lugar a su disolución.

Basta analizar someramente los múltiples casos de violencia de género que se presentaron en el pasado proceso electoral y los que día con día se siguen generando, para saber que aún estamos muy lejos de que una comisión que persiga estos fines ya no sea necesaria.

La violencia política no se da únicamente durante los procesos electorales, sino que puede originarse en distintos escenarios, como lo es el ejercicio del cargo.

Los presentes hemos sido testigos de lo anterior y, desafortunadamente en muchos de los casos, hemos sido víctimas. El acuerdo que dio vida al carácter temporal de esta comisión, señala que su vigencia sería de dos años, mismos que están por concluir, lo cual resulta preocupante.

En el Partido Verde Ecologista de México consideramos insuficiente el término de dos años para resolver estos problemas de vital importancia, que afectan los derechos de las mujeres, no solo durante el acceso al poder, sino durante el libre ejercicio del mismo.

Es por esto que hoy presento iniciativa de ley para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el fin de que esta comisión deje de ser de carácter temporal y se le reconozca en el texto del artículo 42 de la ley, como una más de las de carácter permanente.

Estoy convencida que la promoción y participación de las mujeres en la política no puede quedar al arbitrio de un acuerdo. Como la legislatura de la paridad de género los invito a que hagamos que esto también sea un logro más de los tantos obtenidos en la materia.

Es nuestro compromiso con las mujeres mexicanas permanecer vigilantes de sus derechos en todo momento, solo de esta forma fomentaremos la participación en la vida pública. Es cuanto, muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.

LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, por cinco minutos, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 64 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, desde el 2015 se promulgó una reforma constitucional en materia de justicia de adolescentes. En esta reforma se modificó el artículo 18 para establecer una concurrencia de la federación con las entidades federativas.

Es precisamente, derivado de esta reforma al artículo 73, que en 2016 se promulgó la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Derivado de esto, se advierten como conductas graves, en un catálogo de los que se conocen como de numerus clausus, aquellas que son precisamente las que se consideran de mayor afectación social. Entre estas están los supuestos...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Un momento, senador, discúlpeme, por favor. El reloj no está activado. Discúlpeme, senador. Adelante.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Gracias, presidenta. Entre estas conductas está previsto el robo con violencia física. Sin embargo, consideramos que existe una deficiencia que deriva del día a día, del acontecer en todo el país, de lo que ha señalado el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario Durazo, como una de las conductas reiteradas, de las que se presentan también en las diferentes entidades. Y es el uso de las llamadas armas réplica en los asaltos y los robos.

Reitero, la conducta que hoy está prevista en esta Ley de Justicia de Adolescentes, se refiere al robo con violencia física. Sin embargo, si el robo o el asalto se cometen con un arma réplica, no opera esta causal.

Poder identificar un arma réplica de la simple vista es imposible. Ya lo presentamos así en el Senado de la República, hicimos el ejercicio, llevamos incluso las armas réplica y muchos de mis compañeros y compañeras pensaron que habíamos llevado armas de verdad al Senado. Son estas conocidas como armas réplica, que, en varios países, como Australia, como Estados Unidos, como Reino Unido, tienen restricciones verdaderamente severas.

En nuestro país solo hay una NOM que las restringe, que pide que algunas de las partes del arma sean de otro color, de color naranja o de color fosforescente, pero no de los colores propios de las armas reales. Es por eso que hoy estamos presentando esta iniciativa y es una iniciativa que deriva también de los números, de las cifras. Se considera por la propia Secretaría de Seguridad Pública, que de cada 10 delitos, cinco se cometen con este tipo de armas, con las armas réplica, lo cual lleva a que la consecuencia jurídica es mucho menor de la conducta que realmente se realiza. Porque la violencia que se utiliza es precisamente para vencer la resistencia de la víctima y eso se logra con las armas réplica. Sin embargo, en el momento de aplicar la ley se tiene una consideración, como si fuese una conducta menor.

Por eso es que presentamos esta iniciativa, para adicionar al artículo 164 de la citada Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, el inciso k), para que diga lo siguiente: El robo cometido mediante la utilización de objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de armas de fuego.

Con eso quedaría perfectamente armonizada la fracción j), que se refiere al robo cometido con violencia física y, por supuesto, en esta fracción k), el robo cometido mediante la utilización de objetos que tengan apariencia, forma o configuración de arma de fuego, evitando así un vacío que hoy está en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en nuestra Ley de Adolescentes en Conflicto con la Ley, y que solo está salvado, por ejemplo, en el Código Penal de la Ciudad de México, que se vuelve inaplicable por no tener esta actualización.

Todos estos asaltos que se cometen quedarán, pues, sin una consecuencia jurídica de no tener una reforma en donde estos juguetes, estas armas réplica sean consideradas precisamente como instrumento de la violencia en la comisión de la conducta. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, integrante y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;  8, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las armas réplica, o réplicas de armas, es como se conoce a juguetes que simulan la textura, colores y configuración de un arma de fuego real. Las armas réplica representan un problema de seguridad para diversos países cómo son Australia, Estados Unidos, Reino Unido, entre otros, así como para México. Lo anterior derivado de que, al ser indistinguibles de sus contrapartes reales sin un examen cuidadoso, son utilizadas en la comisión de delitos.

Este tipo de juguetes son atractivos para las personas que comenten delitos, en tanto tienen la capacidad de generar la misma sensación de vulnerabilidad en la persona que es amenazada que provocaría un arma real; sin embargo, al no ser un arma real, quien comete el delito está sujeto a sanciones mucho menores y a mayores ventajas procesales.

El 18 de octubre de 2018, presentamos una iniciativa para que los delitos cometidos mediante el uso de armas réplica tengan un tratamiento similar a aquellos en los que se usan armas reales.

En el Reino Unido, por ejemplo, se prohíbe la portación de un arma réplica sin el permiso o sin que medie un motivo suficiente para hacerlo. Además, se cuenta con una fuerte regulación para la importación, fabricación y venta de estos artículos.

El fenómeno mencionado se da en menores de edad que utilizan estos objetos como un medio de amenaza para delinquir.

El 26 de noviembre de 2019 se detuvo a dos menores de edad en posesión de una réplica de arma de fuego, que presuntamente utilizaban para asaltar a usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en la estación Chabacano; el 31 de agosto de 2018 se detuvo a dos menores de edad que estaban utilizando réplicas de armas para cometer asaltos.

En 2017, el jefe del Estado Mayor Policial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México, Víctor Hugo Ramos Ortiz, estimó que cinco de cada 10 delitos en la capital se comenten con réplicas de armas de fuego. En esta declaración resaltó que en lo que va del año han sido detenidos 101 presuntos delincuentes que portaban réplicas de armas de fuego y señaló que principalmente son usadas por infractores adolescentes de entre 15 y 19 años en casos de robo a transeúnte, transporte público y a negocio.

La Ciudad de México, en su Código Penal respectivo, ya contempla el uso de armas réplica cómo una forma de violencia en la comisión de delitos. El artículo 225, en su último párrafo, especifica una forma de amago o violencia específica que se da cuando se amenaza a la víctima con esta clase de objetos:

“Artículo 255...

I...

I...

Se equipara a la violencia moral, la utilización de juguetes u otros objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de armas de fuego, o de pistolas de municiones o aquellas que arrojen proyectiles a través de aire o gas comprimido.”

Sin embargo, para el caso de los menores de edad, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes establece un catálogo cerrado de conductas que pueden dar lugar al internamiento. En este catálogo se incluyen delitos tales como el feminicidio, el homicidio, el robo con violencia física, entre otros, pero no se incluye el uso de armas réplicas a pesar de la gravedad que tiene la amenaza para la víctima.

En el caso de la Justicia Penal para Adolescentes, le corresponde al Congreso de la Unión expedir la legislación única, según el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XX...

XXI. Para expedir:

a) y b)...

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.”

Objeto de la iniciativa

En la propuesta se pretende modificar el artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes para agregar a los supuestos que admiten el internamiento el robo que se lleve a cabo mediante el amago o amenaza utilizando un arma réplica. El arma réplica se define como “juguetes u otros objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de armas de fuego funcionales o no y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima”, de manera similar a la regulación de la Ciudad de México.

En este sentido, se pone a su consideración la siguiente

Propuesta

Proyecto de Decreto

Único. Se reforma la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes:

Artículo 164. Internamiento

...

...

a) a i)...

j) Robo cometido con violencia física; y

k) Robo cometido mediante la utilización de objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de armas de fuego.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Letras negritas añadidas.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2020.— Legislador Miguel Ángel Mancera Espinosa (rúbrica).»

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, senador. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.

DICTÁMENES DE LA PRIMERA COMISIÓN A DISCUSIÓN

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Pasamos al apartado de dictámenes a discusión de proposiciones con puntos de acuerdo. El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo de la Primera Comisión.

Para fundamentar los dictámenes, tiene el uso de la palabra la diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Primera Comisión de Trabajo, hasta por cinco minutos.

La diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Dulce María Sauri Riancho: Este día me permito presentar al pleno de esta Comisión Permanente, en mi carácter de presidenta de la Primera Comisión de Trabajo, los dictámenes aprobados durante su primera reunión.

En esta, las y los integrantes de la comisión de trabajo, discutimos y aprobamos cuatro asuntos de gran interés y sobre todo de gran relevancia para responder a las demandas y expectativas de las y los ciudadanos.

Se aprobó un dictamen a propuesta del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social relacionado con la lactancia materna. Las y los integrantes de la comisión coincidimos en la importancia de reconocer que la lactancia materna es un derecho fundamental, universal, imprescriptible e inalienable de las niñas, niños y mujeres. Constituye un proceso en el cual el Estado y el sector público tienen la obligación de proveer su protección, apoyo y promoción.

Por ello exhortamos a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales y de las entidades federativas, así como a los órganos con autonomía reconocida por la Constitución para que de conformidad con la legislación aplicable continúen impulsando o, en su caso, implementen las acciones necesarias para hacer efectivo este derecho.

La Primera Comisión, a propuesta del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, aprobó también un dictamen relacionado con el feminicidio de la ciudadana Abril Cecilia Pérez Sagaon.

Los integrantes de la comisión consideramos necesario continuar exhortando a las autoridades correspondientes para que se revise la actuación de los jueces, magistrados y del Ministerio Público en el caso de Abril, el cual derivó en una gran tragedia que pudo haber sido evitada.

Los integrantes de la comisión planteamos también, que no solo debemos pedir sanciones para los servidores públicos involucrados, sino exhortar a las autoridades para que evalúen la implementación de los protocolos correspondientes a fin de que las sentencias y resoluciones que se generen en el Poder Judicial, se realicen con perspectiva de género.

Se aprobó un dictamen a propuesta del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que remita a esta soberanía un informe sobre el destino de los recursos etiquetados al Fortaseg, es decir, el programa de seguridad pública para estados y municipios en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

Y, finalmente, a propuesta de Encuentro Social, se aprobó un exhorto al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que a través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, de conformidad con sus atribuciones de coordinación con las entidades federativas, remita a esta soberanía un diagnóstico sobre el estado que guardan los controles de confianza para certificar policías a nivel local, particularmente en los municipios y alcaldías.

Las respuestas que remitan las dependencias correspondientes, estamos seguras y seguros que serán de gran apoyo para que las y los legisladores continuemos realizando nuestro trabajo y, sobre todo, estamos ciertos que dicha información será de gran utilidad para la ciudadanía. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias diputada. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentran suficientemente discutidos.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se pregunta a los legisladores si el punto se encuentra suficientemente discutido. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Los que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutidos.

Solicito a la Secretaría, dé lectura a los resolutivos de los dictámenes que vamos a someter a votación en un momento más.

SE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE EL DESTINO DE LOS RECURSOS ETIQUETADOS AL SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Le doy lectura, presidenta.

Punto de acuerdo:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que remita a esta soberanía un informe sobre el destino de los recursos etiquetados al subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, Fortaseg, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2020.

SE REVISE LA ACTUACIÓN DE LOS JUECES Y MAGISTRADO ENCARGADOS DEL CASO DE LA CIUDADANA ABRIL CECILIA PÉREZ SAGAÓN

Segundo dictamen. Punto de acuerdo:

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al federalismo y al principio de división de Poderes, hace un llamado al Congreso de la Judicatura de la Ciudad de México para que, en el marco de sus atribuciones, revise la actuación de los jueces y el magistrado encargados de resolver el caso de la ciudadana Abril Cecilia Pérez Sagaón. Asimismo, para que realice una evaluación de la implementación de los protocolos correspondientes, a fin de que las sentencias y resoluciones se realicen con perspectiva de género.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, otorgue medidas de ayuda provisional, asistencia, atención y rehabilitación que requieran los familiares de la ciudadana Abril Cecilia Pérez Sagaón, para atender las circunstancias adversas derivadas de su feminicidio.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, revise y evalúe la actuación del Ministerio Público en la denuncia de la violencia ejercida contra la ciudadana Abril Cecilia Pérez Sagaón y las medidas cautelares adoptadas para su seguridad y acceso a la justicia, informe sobre los resultados obtenidos y se implementen las medidas necesarias para que las actuaciones del Ministerio Público se realicen con perspectiva de género.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, secretaria. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica...

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sigue el tercer dictamen. Perdón, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante.

SE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN DIAGNÓSTICO SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS CONTROLES DE CONFIANZA PARA CERTIFICAR POLICÍAS A NIVEL LOCAL

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Tercer dictamen. Punto de acuerdo:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que, a través del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, de conformidad con sus atribuciones de coordinación con las entidades federativas, remita a esta soberanía un diagnóstico sobre el estado que guardan los controles de confianza para certificar policías a nivel local, particularmente en los municipios y alcaldías.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2010.

PROPORCIONAR UN LUGAR ADECUADO E HIGIÉNICO PARA QUE LAS MADRES AMAMANTEN A SUS BEBÉS O REALICEN LA EXTRACCIÓN MANUAL DE LECHE EN EL PERIODO DE LACTANCIA

Y cuarto, y último. Punto de acuerdo:

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de Poderes y a la autonomía de los estados, exhorta a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, federales y de las entidades federativas, así como a los órganos con autonomía reconocida por la Constitución para que, de conformidad a la legislación aplicable, continúen impulsando o, en su caso, implementen las acciones necesarias para proporcionar un lugar adecuado e higiénico para que las madres amamanten a sus bebés o realicen la extracción manual de leche en el periodo de lactancia.

Así como fomentar la capacitación y la concientización de la importancia de la lactancia materna en los primeros seis meses y complementaria hasta el segundo año de edad, de conformidad con la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud, para que informe a esta soberanía sobre los avances del proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY–NOM– 050–SSA2–2018, para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2018. Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 8 de enero de 2020. Es cuanto, señora presidenta.

La diputada Dulce María Sauri Riancho (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Con qué objeto, diputada Sauri? Permítame, diputada. Que le den el micrófono, por favor.

La diputada Dulce María Sauri Riancho (desde la curul): Gracias, presidenta. La precisión estriba en que, discutido este punto en la sesión de la Primera Comisión, se señaló que había un cambio en la redacción. Fue una propuesta de la senadora Malú Micher, que fue adoptada por el grupo en su conjunto y que por algún lamentable error no pasó en la redacción correcta.

Solicito me conceda unos minutos para poder leer el resolutivo en los términos que fue aprobado por la Comisión.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, senadora Malú Micher.

La senadora Martha Lucía Micher Camarena (desde la curul): En el mismo sentido. A ver, agradezco la intervención de la diputada Sauri. Cuando me propusieron la nueva redacción ya no quise argumentar nada, pero no fue en los términos en los que se aprobó en la Comisión.

Entonces, nada más para que aprendamos, pues, a ser bondadosos y bondadosas. Pero sí hay que decirle a nuestro personal que cuando algo se aprueba en una comisión, nos ciñamos a lo que se aprobó en la comisión, no a la redacción que queramos poner. Yo la aprobé, está bien, no hay problema, pero sí tengamos un poco de cuidado con las nuevas redacciones que proponemos, porque eso no se votó y entonces hay que someterlo de nuevo a una votación, y no es necesario.

Yo me sumo a lo que la diputada Sauri proponga, pero sí tengamos un poquito de cuidado con este tipo de redacciones. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Claro que sí, senadora, lo revisamos. Y se concede el uso de la palabra a la diputada Dulce María Sauri, para que nos haga favor de leer el texto que, de acuerdo con lo que aprobó la comisión, quedaría en el punto de acuerdo, y eso sería lo que estaríamos sometiendo a consideración del pleno.

La diputada Dulce María Sauri Riancho (desde la curul): A ver, dice lo siguiente:

Punto de acuerdo:

Primero, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la división de Poderes y a la autonomía de los estados, exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales, y de las entidades federativas, así como a los órganos con autonomía reconocida por la Constitución, a que de conformidad con la legislación aplicable continúen impulsando o, en su caso, implemente las acciones necesarias para el desarrollo de la acción de amamantamiento de las madres a sus bebés, en términos del artículo 28 de la Ley Federal del Trabajo.

Eso era lo que aprobamos en la comisión y que por algún lamentable error no fue consignado en la Gaceta Parlamentaria en estos términos.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Bueno, solamente para informar a la asamblea. Me informa Servicios Parlamentarios que a lo que se dio lectura fue a lo que ellos recibieron por parte de la comisión. Entonces nada más me piden que haga favor de informar, y una vez que está claro cuál es el texto que aprobó la comisión, si están de acuerdo, entonces pasaríamos a la votación de los dictámenes en su conjunto, debidamente aclarado cuál es el texto que se aprobó y que vamos a votar todos. ¿De acuerdo? Muy bien. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueban los dictámenes de puntos de acuerdo en conjunto.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se consulta si son de aprobarse en conjunto los dictámenes con puntos de acuerdo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobados. Comuníquense.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EXHORTO AL CONGRESO DE NUEVO LEÓN, A ACATAR LO RESUELTO PARA APROBAR LA RATIFICACIÓN DE UN MAGISTRADO

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Continuamos con el apartado de puntos de acuerdo. En primer lugar, tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Nuevo León a acatar lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para aprobar la ratificación del doctor Ángel Mario García Guerra en el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Con su venia, señora presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo: En los últimos meses, el respeto a la separación de Poderes ha sido un tema persistente en el debate público. El asunto que hoy presento en este punto de acuerdo podrá servir para mostrar si realmente la oposición sostiene la separación de Poderes o simplemente es una retórica.

En Nuevo León, el Congreso local ha violado reiteradamente su obligación de respetar y acatar las resoluciones del Poder Judicial, tanto federal como estatal, al negar la ratificación del magistrado Ángel Mario García al Tribunal Superior del Estado. Este asunto es de suma importancia, pues va más allá de una persona o de una institución. La mayoría del Congreso del estado de Nuevo León ha actuado omisamente al ignorar no solo una, sino en tres ocasiones, las resoluciones de los tribunales federales, incluyendo a la Segunda Sala de la Suprema Corte.

Este asunto no es inédito, sino que se remonta a la pasada legislatura, cuando el 29 de noviembre de 2017 la mayoría de los diputados se negó a ratificar al magistrado. En febrero de 2018 un juez de distrito otorgó un amparo al magistrado para su ratificación. La mayoría del Congreso local decidió hacer caso omiso a la resolución y promovió un recurso de revisión. Nuevamente, en octubre de 2018, un tribunal federal falló para la reintegración del magistrado. Y otra vez, la mayoría del Congreso estatal, ahora de la nueva legislatura, se negó nuevamente a proceder.

El asunto escaló a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal resolvió que el Congreso de Nuevo León debía dar cumplimiento a las sentencias de los tribunales que favorecían la ratificación del magistrado. Nuevamente la mayoría legislativa local, integrada por el PAN, por el PRI y por el PT, determinó por tercera ocasión la no ratificación del magistrado, ignorando la resolución de la Suprema Corte de Justicia.

La mayoría del Congreso de Nuevo León, de manera irresponsable, ha puesto en riesgo la separación de Poderes y la supremacía de la Constitución, al ignorar reiteradamente la resolución del Poder Judicial de la Federación.

PAN y PRI, cuando se han discutido designaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han defendido una Corte sin cuotas y sin cuates. No obstante, parece ser que esto es solo una expresión cuando así les conviene.

La oposición es la mayor exponente de las malas prácticas que dicen denunciar, no imagino otra explicación a esta omisión sistemática, más que el deseo de conservar y repartir cuotas dentro del poder del Tribunal Superior en el estado de Nuevo León.

El punto de acuerdo que hoy presento es pedir de manera respetuosa al Congreso de Nuevo León, poner fin a la omisión que le ha llevado a enfrentarse con uno de los tres Poderes de la federación.

Este punto de acuerdo es un llamado a las autoridades legislativas de Nuevo León a ser responsables y a acatar lo resuelto por los tribunales federales.

Y el mismo llamado para PAN y para PRI, que han hecho a nivel federal, lo hacemos en Nuevo León, que nuestras instituciones no sean rehenes ni de intereses ni de cuotas partidistas.

Asimismo, solicitar respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que aplique las sanciones constitucionales y haga separar del cargo a quienes han incumplido en el Congreso local la sentencia de amparo.

El pueblo de Nuevo León merece las instituciones libres e independientes. Es cuanto, señora presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Congreso de NL a acatar lo resuelto para aprobar la ratificación del doctor Ángel Mario García Guerra como magistrado del Tribunal Superior de Justicia local, a cargo de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena

La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Considerando

1. El Congreso del estado de Nuevo León, mediante dictamen emitido el día 29 de noviembre de 2017, determinó la no ratificación como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por un segundo periodo de 10 años, del doctor Ángel Mario García Guerra.

2. Se promovió juicio de amparo indirecto, y el 6 de febrero de 2018, el juez de Distrito concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso.

3. Inconforme con esa determinación, el Congreso local promovió recurso de revisión, el cual, el 6 de septiembre de 2018, fue declarado infundado por un Tribunal Colegiado, por lo tanto, confirmó y amplió el amparo y protección de la justicia federal.

4. Posteriormente, el 17 de octubre de 2018, el Juzgado de Distrito requirió a los diputados el cumplimiento de la ejecutoria, sin embargo, éstos, incumpliendo con los lineamientos del amparo, aprobaron un nuevo dictamen de no ratificación.

5. Por tal motivo, el 5 de noviembre de 2018, el Juzgado de Distrito dictó una resolución en la que estableció que los diputados no cumplieron por exceso la ejecutoria de amparo y les requirió (por segunda ocasión) el cumplimiento en los términos ordenados en el juicio constitucional.

6. Sin embargo, los diputados, en lugar de cumplir el segundo requerimiento del juez, en un afán a todas luces evasivo, solicitaron el inicio de un incidente de inejecución de sentencia y que el expediente fuera enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que allá resolvieran (alegando una imposibilidad jurídica para cumplir con el amparo, porque a su decir, el juez les estaba pidiendo resolver de manera distinta a como se había concedido el amparo). El juez les desechó su petición y dio inicio al incidente de inejecución de sentencia, por haber desacatado los diputados el amparo y ordenó que el expediente fuera enviado a un Tribunal Colegiado para que ellos confirmaran si había o no un incumplimiento al amparo.

7. En un afán dilatorio y para seguir incumpliendo el amparo, los diputados presentaron dos recursos de queja, uno ante el Tribunal Colegiado y otro ante la SCJN. Ambos recursos fueron desechados, pero esos recursos alargaron la tramitación del incidente y precisamente ese era al fin de los diputados, para seguir violando la ley, al no cumplir la sentencia de amparo.

8. Por otra parte, el Colegiado admitió a trámite el incidente iniciado por el juez de Distrito, pero en cuanto los diputados fueron notificados de ese hecho, promovieron otro recurso, ahora de reclamación, el cual también fue admitido a trámite y en su momento, el Tribunal Colegiado lo declaró infundado.

9. En virtud de que el Tribunal Colegiado ordenó que el asunto fuera enviado a la SCJN para que se resolviera sobre la supuesta “imposibilidad jurídica alegada por los diputados”, la Segunda Sala de la Suprema Corte emitió una resolución, en la que concluyó que el Congreso del estado de Nuevo León no tenía ninguna imposibilidad jurídica para dar debido y puntual cumplimento a la sentencia de amparo, ordenando el envío de dicha resolución y los autos originales al Juzgado de Distrito, para que requiriera a los diputados el cabal cumplimiento.

10. Una vez que la resolución de la SCJN se notificó al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, este último, el 3 de diciembre de 2019, requirió el cumplimiento.

11. Finalmente, mediante dictamen de fecha 18 de diciembre de 2019, aprobado por mayoría de 26 votos (de las fracciones legislativas del PAN, PRI y PT, que votaron la no ratificación) y con 16 votos en contra (de las fracciones legislativas de Morena, Movimiento Ciudadano, Panal, PVEM y la diputada independiente Claudia Tapia, que votaron a favor de la ratificación), el pleno del Congreso del estado de Nuevo León, sin fundar ni motivar su resolución, determinó por tercera ocasión no ratificar al doctor Ángel Mario García Guerra, por un segundo período de 10 años, del 1 de marzo de 2018 al último de febrero de 2028, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado.

Con ese actuar, el Congreso del estado violó por tercera ocasión la ejecutoria de amparo concedida al referido quejoso García Guerra, y lo más grave del caso es que, aun cuando el juez de Distrito, el Tribunal Colegiado de Circuito y la Segunda Sala de la SCJN les habían hecho la observación de que la facultad de ratificar o no a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia no era discrecional o soberana, sino que debería sujetarse a reglas establecidas en la Constitución de México, de Nuevo León, a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a diversos tratados internacionales, atinentes al principio de independencia judicial, sin importarles esos lineamientos, en un total desacato a las órdenes del Poder Judicial federal, en un acto por demás arbitrario y contrario al estado de derecho, despreciando la ley, desafiando a la autoridad federal, mostrándose como un poder arbitrario, sin fundamento alguno, repitiendo el acto reclamado y solo atendiendo a su ilegal opinión, los diputados locales de Nuevo León nuevamente violaron una ejecutoria de amparo, sin temor a las consecuencias que ello implica, mostrándose una vez más, como un poder político que apuesta a la impunidad.

Por lo anterior, se solicita respetuosamente a esta honorable Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a efecto de salvaguardar el orden constitucional, así como el estado de derecho, el siguiente punto de acuerdo, de obvia y urgente resolución:

Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un llamado respetuoso al Congreso de Nuevo León para acatar lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aprobar la ratificación del doctor Ángel Mario García Guerra, en el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado de Nuevo León, para un segundo periodo de diez años, del 1 de marzo de 2018 al último de febrero de 2028, pues de no actuar se continuaría violando una ejecutoria de amparo dictada en un juicio de control constitucional.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que aplique respetuosamente al Congreso del estado de Nuevo León, las sanciones constitucionales establecidas en el numeral 107, fracción XVI, de la Carta Magna del país, así como el diverso 198 de la Ley de Amparo en vigor, consistentes en separar del cargo a los diputados miembros de esa legislatura y consignarlos ante el juez de Distrito federal, por la comisión del delito de Incumplimiento de sentencias de amparo.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, Ciudad de México, 8 de enero de 2020.— Legisladoras: Tatiana Clouthier Carrillo, Martha Lucía Micher Camarena, Rocío del Pilar Villarauz Martínez (rúbricas).»

La senadora Martha Lucía Micher Camarena (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Sí, gracias, diputada. ¿Con qué objeto, senadora Micher?

La senadora Martha Lucía Micher Camarena (desde la curul): Para sumarme a lo que comenta la diputada.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, senadora. A la Secretaría de Servicios Parlamentarios, le solicito que registre las adhesiones al punto de acuerdo de la diputada Clouthier.

En términos del artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría, en votación económica, si se considera... Okey.

Una corrección, se turnará. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

EVITAR EL USO DE CLEMBUTEROL EN LA ENGORDA DE ANIMALES PARA EL CONSUMO HUMANO

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra, por cinco minutos, el senador Joel Molina Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar proposición con punto de acuerdo para evitar el uso de clembuterol en la engorda de animales para el consumo humano.

El senador Joel Molina Ramírez: Con el permiso de esta honorable Mesa Directiva.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante.

El senador Joel Molina Ramírez: La contaminación del ambiente, de la tierra y el agua son causas determinantes que afectan la salud de muchos mexicanos. Agrego uno más, el uso del clembuterol.

El clembuterol es un fármaco anabolizante prohibido, que tiene efectos adversos en la salud, utilizado en la engorda de ganado que incrementa la proporción del músculo y disminuye la grasa, lo que arroja mayores resultados a los productores.

No obstante su prohibición, se sigue utilizando y se transmite a los humanos y al consumo de la carne, provocándole problemas cardiacos, cancerígenos, de tiroides, complicaciones metabólicas, de nerviosismo, dolor de cabeza, de transpiración, insomnio, espasmos musculares y aumento de la presión sanguínea, entre otros.

La Ley Federal de Sanidad Animal, en sus artículos del 172 al 174, establece pena de 4 a 8 años de prisión y multas de 500 hasta 3 mil meses el salario mínimo vigente, para quien suministre el clembuterol, entre otras sustancias, al ganado destinado al consumo humano.

Además, también se establecen sanciones a quienes suministren y comercialicen dichas sustancias en productos derivados de la carne.

Corresponde a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural fomentar y proteger la producción pecuaria mediante la aplicación de medidas zoosanitarias tendientes a prevenir, controlar, erradicar enfermedades y plagas de los animales, con la finalidad de proteger la salud de estos y del hombre.

Consecuentemente, esta dependencia vigila el cumplimiento y aplica la normatividad en materia de sanidad animal y entiende, coordina, supervisa y evalúa las campañas de sanidad.

Corresponde a la Secretaría de Salud, mediante la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios, ejercer las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario.

Resulta evidente que hoy en día mucha de la carne que consumimos los mexicanos contiene clembuterol, lo que repercute de forma directa en el detrimento de la salud de los mexicanos, por lo que urgen medidas que abatan el uso indiscriminado, arbitrario e ilegal de este fármaco.

Por ello, y a fin de coadyuvar y mejorar la salud de los mexicanos, tengo a bien solicitar a esta representación, la aprobación del siguiente punto de acuerdo, que exhorta:

Uno. A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a intensificar la vigilancia en los centros de engorda de animales para el consumo humano, de los centros de sacrificio de dichos animales y de los centros de distribución de carne para evitar el suministro de clembuterol a dichos animales, y la distribución comercial de carne contaminada.

Dos. A la Secretaría de Salud, a establecer o fortalecer los instrumentos de coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en la vigilancia, control y supervisión de los centros de engorda para el consumo humano, de los centros también de sacrificio, que son los rastros municipales y clausura y prohibición de los centros de sacrificio clandestinos, así como los centros de distribución de su carne.

Tres. A las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Salud, para que dentro de sus respectivas áreas de competencia apliquen y den seguimiento a las sanciones correspondientes a quienes suministren clembuterol a animales para el consumo humano, a quienes los sacrifiquen y quienes comercialicen la carne contaminada con dicho fármaco. Es cuanto, compañeros.

«Proposición con punto de acuerdo, para evitar el uso de clembuterol en la engorda de animales destinados a consumo humano, a cargo del senador Joel Molina Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Joel Molina Ramírez, Senador de la República de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo para evitar el uso de clembuterol en la engorda de animales para el consumo humano, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El clembuterol es un fármaco broncodilatador utilizado básicamente en tratamientos de enfermedades respiratorias y para la pérdida de peso. Dadas sus características anabolizantes, este fármaco está prohibido en las prácticas deportivas, pero, de manera ilegal, es utilizado en la engorda de ganado, ya que incrementa la cantidad de musculo y disminuye la proporción de grasa, lo que da mayores ganancias para al ganadero.

El clembuterol se transmite a los humanos vía consumo de carne contaminada, lo que puede, desencadenarle problemas cardiacos y cancerígenos. Así, Conforme a datos divulgados por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el fármaco se detecta cuando las personas presentan “taquicardia y temblor de manos. En personas que tienen cardiopatías puede ser peligroso, incluso fatal, y su empleo prolongado modifica el volumen de masa muscular”

La misma fuente anterior señala que el cuerpo no desecha en su totalidad los residuos del fármaco, lo que puede afectar la glándula tiroides y presentarse problemas metabólicos crónicos, nerviosismo, dolor de cabeza, aumento de la transpiración, insomnio, espasmos musculares, aumento de la presión sanguínea y náuseas.

Al ser considerado como un anabólico, en los últimos años diversos deportistas mexicanos han sido alejados de las competencias deportivas al detectárseles dicha sustancia. Es así que, en el 2014, el Comité Nacional Antidopaje hizo público el problema de salud pública que vivimos en México, por los consumos de carne de res contaminada con clembuterol. Bajo control y prescripción médica, el clembuterol está permitido en nuestro país, pero, en contraste, se prohíbe en las prácticas deportivas de competencia y como alimento para animales destinado al abasto.

La Ley Federal de Sanidad Animal en sus artículos 172 al 174 establece penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de quinientas hasta tres mil veces el salario mínimo vigente para quien suministre clembuterol, entre otras sustancias, al ganado destinado al consumo humano. Además, también se establecen sanciones a quienes suministren y comercialicen dichas sustancias en productos y derivados de la carne.

En el anterior sentido, corresponde a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADR) fomentar y proteger la producción pecuaria mediante la aplicación de medidas zoosanitarias, tendientes a prevenir, controlar y erradicar enfermedades y plagas de los animales, con la finalidad de proteger la salud de éstos y la del hombre; consecuentemente, esta dependencia vigila el cumplimiento y aplica la normatividad en materia de sanidad animal, y atiende, coordina, supervisa y evalúa las campañas de sanidad.

La SADR, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, órgano desconcentrado de esta dependencia, conduce el ejercicio de sanidad y bienestar animal, de buenas prácticas pecuarias y de manufactura, así como de todo aquello consistente en la reducción de riesgos de contaminación, en unidades de producción primaria, en los Establecimientos TIF, rastros, unidades de sacrificio y demás establecimientos dedicados al procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano y de productos para uso o consumo animal.

Por otra parte, conforme a la Ley General de Salud, corresponde a la Secretaría de Salud, mediante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ejercer las atribuciones de regulación, control y fomento sanitario.

No obstante las facultades de estas dependencias gubernamentales, resulta evidente que hoy día mucha carne contaminada con clembuterol de animales sacrificados en rastros clandestinos, principalmente en zonas rurales y suburbanas, escapan a su control y supervisión, por lo es consumida por los mexicanos con las consecuentes repercusiones en su salud. Por ello, y a fin de coadyuvar a mejorar la salud de los mexicanos, tengo a bien presentar ante esta Soberanía solicitando su voto para el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, en el ámbito de su competencia, intensifique la vigilancia en los centros de engorda de animales para el consumo humano; en los centros de sacrificio de dichos animales, así como en los centros de distribución de su carne, con la finalidad de evitar el suministro de clembuterol a dichos animales y la distribución comercial de carne contaminada con el fármaco.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que establezca o en su caso fortalezca los instrumentos de coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en la vigilancia, control y supervisión de los centros de engorda de animales para el consumo humano; de los centros de sacrificio de dichos animales, así como en los centros de distribución de su carne, con la finalidad de evitar el suministro de clembuterol a dichos animales y la distribución comercial de la carne contaminada con clembuterol.

Tercero. Se exhorta a las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y a la de Salud para que, dentro de sus respectivas áreas de competencia, apliquen y den seguimiento a las sanciones correspondientes a quienes suministren clembuterol a animales para el consumo humano, a quienes los sacrifiquen y a quienes comercialicen la carne contaminada con dicho fármaco.

Notas

1 Su uso es legal en la práctica médica.

2 Mirnatherapeutics. ¿Qué es el clembuterol?

https://www.mirnatherapeutics.com/que-es-el-clembuterol/

3 Consumer. Clembuterosl, prohibido en alimentación animal.

http://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/sociedad-y-consumo /2012/02/15/207135.php

4 Boletín UNAM-DGCS-306 Ciudad Universitaria. 12 de mayo de 2018

5 Acuerdo por el que se da a conocer el listado de sustancias o productos prohibidos para el uso o consumo en animales destinados al abasto. DOF del 13/07/2018. (Clorhidrato de Clenbuterol o Clorhidrato de clembuterol o Clenbuterol o clembuterol).

6 Artículo 172. Al que introduzca al territorio nacional o dentro de éste, transporte o comercie con animales vivos, sus productos o subproductos, que hayan sido alimentados con una sustancia cuyo uso esté prohibido para tal fin en las disposiciones de sanidad animal o de buenas prácticas pecuarias...

Artículo 173. Al que sin autorización de las autoridades zoosanitarias competentes o contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, importe, posea, transporte, almacene, comercialice o en general realice actos con cualquier sustancia cuyo uso esté prohibido para alimentación de animales...

Artículo 174. Al que ordene el suministro o suministre a animales destinados al abasto alguna sustancia o alimento prohibidos a los que hace alusión esta Ley y demás disposiciones de salud animal, será sancionado con tres a siete años de prisión y de diez mil a cincuenta mil días de salario mínimo de multa.

7 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículo 35 fracción IV.

8 Conforme a la NOM-194-SSA1-2004, Productos y servicios. Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio. Especificaciones sanitarias de productos. En el punto 8.6 se señala que, haciendo referencia a la detección del clembuterol en los animales de consumo humano, se aplicar el método de ensayo inmunoenzimático (Técnica Elisa).

9 Artículo 17 Bis. La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le corresponden a dicha dependencia en las materias a que se refiere el artículo 3o. de esta Ley en sus fracciones I, en lo relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud a los que se refieren los artículos 34 y 35 de esta Ley: XIII, XIV, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, ésta salvo por lo que se refiere a cadáveres y XXVII, esta última salvo por lo que se refiere a personas, a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

10 Artículo 17 Bis, fracción VI. Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos señalados en la fracción II de este artículo, de las actividades relacionadas con los primeros, de su importación y exportación, así como de los establecimientos destinados al proceso de dichos productos y los establecimientos de salud, con independencia de las facultades que en materia de procesos y prácticas aplicables en los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento primario de bienes de origen animal para consumo humano, tenga la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Sanidad Animal.

Ciudad de México, a 8 de enero de 2020.— Legisladores y legisladoras: Joel Molina Ramírez, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, César Agustín Hernández Pérez, Ángel García Yáñez, Juanita Guerra Mena, María de los Ángeles Huerta del Río (rúbricas).»

Presidencia de la senadora Mónica Fernández Balboa

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

La senadora Margarita Valdez, sonido para ella, por favor.

La senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (desde la curul): Para adherirme a la propuesta.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Que la Secretaría de Asuntos Parlamentarios tome nota, por favor. Lo mismo el senador Daniel Gutiérrez, la senadora Tatiana Clouthier, la senadora Martha Guerra, el senador Dothé, la senadora Mícher, la diputada María de los Ángeles, Ángel García Verónica Camino, y la diputada Juanita Guerra. Gracias.

RECHAZO A LOS EVENTOS OCURRIDOS EL 5 DE ENERO PASADO EN VENEZUELA Y EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A ADOPTAR UNA POSICIÓN EN CONGRUENCIA CON LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA, EL ESTADO DE DERECHO Y LOS DERECHOS HUMANOS

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Tiene ahora la palabra, hasta por cinco minutos, el senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se rechaza enérgicamente la violencia, la usurpación de funciones y el ataque a la independencia y pluralidad de la Asamblea Nacional, ocurridos el 5 de enero pasado en Venezuela, suscrita por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Adelante.

El senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: El pasado 5 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela, que tenía previsto celebrar una sesión para elegir a quien se desempeñaría como presidente de la misma, y ante el riesgo de que Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez fuera reelecto por la mayoría legislativa, el gobierno de Nicolás Maduro recurrió al uso de la fuerza, impidiendo que tanto Guaidó como otros miembros de la oposición venezolana accedieran al recinto.

Tras la maniobra del oficialismo, que implicó un operativo en el que militares armados impidieron que algunos legisladores de oposición ingresaran al edificio, y durante una sesión sin el quórum ni las condiciones necesarias, la bancada del gobierno y algunos expulsados de las filas de oposición, realizaron una pretendida votación improvisada en favor de Luis Eduardo Parra Rivero para acceder al cargo, sin embargo la Constitución venezolana requiere que un legislador reúna al menos 84 sufragios que son menos de los que obtuvo Juan Antonio Guaidó Márquez.

Este intento de imposición de Luis Eduardo Parra Rivero como presidente de la Asamblea Nacional es una, la última, de una serie maniobras que en los últimos meses ha llevado a cabo el usurpador Nicolás Maduro para impedir el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, arrestando e intimidando a sus miembros y recurriendo a toda clase de tácticas para socavar la autoridad de la única institución auténticamente democrática de Venezuela.

El gobierno de México denunció en su momento lo que consideró un golpe de Estado que en Bolivia motivó la renuncia de Evo Morales. Lo ocurrido en Venezuela este domingo ha sido calificado ya como un golpe de Estado parlamentario, parte de la mayoría legislativa de la Asamblea y ha recibido críticas no solamente de los gobiernos ideológicamente contrarios, sino también de gobiernos cercanos y afines como el de Argentina, cuyo canciller Felipe Solá, señaló que impedir por la fuerza el funcionamiento de la Asamblea Legislativa es condenarse al aislamiento internacional.

Es necesario que el gobierno de México, en congruencia con su compromiso en favor de la democracia, la separación de Poderes, el Estado de derecho y los derechos humanos, manifieste su rechazo a estas acciones y manifieste claramente su respaldo a la Asamblea Legislativa, garante de la democracia, la pluralidad y la constitucionalidad en Venezuela.

La toma violenta del recinto parlamentario por parte de autoridades del Poder Ejecutivo, así como la poca legitimidad y transparencia en el proceso de elección de su presidente, no pueden interpretarse más que como una acción equiparable a un intento de golpe de Estado parlamentario como lo señala la oposición venezolana, que no pueden pasar por alto las democracias del hemisferio y menos aún podemos pasar por alto los parlamentos y los Congresos democráticamente electos del continente.

El pasado martes 7, Juan Gerardo Guaidó arribó al Palacio Legislativo frente a una caravana de autobuses que trasladaban alrededor de 100 diputados de la Asamblea Nacional que han ratificado a Guaidó como presidente del Parlamento después que fuerzas militares intentaran bloquear de nuevo el acceso, Juan Guaidó ya ocupó el sillón de la presidencia para dar inicio a la sesión de la Asamblea Nacional.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. La Comisión Permanente rechaza enérgicamente los eventos de violencia, usurpación de funciones y el ataque de la independencia y la pluralidad de la Asamblea Nacional ocurridos el pasado 5 de enero en Venezuela y exhorta al Ejecutivo federal a adoptar una posición en congruencia con la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en el mundo.

Segundo. La Comisión Permanente se solidariza con la Asamblea Nacional y sus integrantes y reitera su respaldo a esta institución como garante de la democracia, la pluralidad y la constitucionalidad en Venezuela. Es cuanto, senadora presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se rechazan enérgicamente los hechos de violencia, la usurpación de funciones y el ataque a la independencia y pluralidad de la Asamblea Nacional ocurridos el pasado 5 de enero en Venezuela; y se exhorta al Ejecutivo federal a adoptar una posición congruente con la defensa de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en el mundo, suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los suscritos, legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que la Comisión Permanente rechaza enérgicamente los eventos de violencia, la usurpación de funciones y el ataque a la independencia y pluralidad de la Asamblea Nacional ocurridos el 5 de enero pasado en Venezuela y exhorta al Ejecutivo federal a adoptar una posición en congruencia con la defensa de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en el mundo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Este domingo 5 enero, la Asamblea Nacional de Venezuela tenía previsto celebrar una sesión para elegir a quien se desempeñaría como presidente de la misma. Ante el riesgo de que Juan Guaidó Márquez fuera reelecto por la mayoría legislativa, democráticamente electa y constituida, el gobierno de Nicolás Maduro recurrió al uso de la fuerza impidiendo que tanto Guaidó como otros miembros de la oposición venezolana accedieran al recinto.

Tras la maniobra del oficialismo que implicó un operativo en el que militares armados impidieron a algunos legisladores de oposición ingresar al edificio y durante una sesión sin el quórum ni las condiciones necesarias, la bancada del gobierno y algunos expulsados de las filas de la oposición, realizaron una votación improvisada a favor de Luis Alberto Parra Rivero. Para acceder al cargo, sin embargo, la Constitución venezolana requiere que el legislador electo reúna al menos 84 sufragios que son menos de los que obtuvo Juan Guaidó quien fue reelecto, por otro año, por 100 legisladores en una votación que tuvo lugar en las instalaciones de un diario de Caracas, habilitadas como sede alterna.

Luis Alberto Parra Rivero formaba parte de la oposición, sin embargo, fue acusado de actos de corrupción y se le expulsó del partido político del que era militante. Con el apoyo de algunos legisladores afines al gobierno, Luis Parra se autoproclamó presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela a pesar de que no contaba con los votos necesarios.

En los días previos a la votación, integrantes de la oposición acusaron al gobierno de sobornar e intimidar a varios diputados con el fin de evitar que Juan Guaidó contara con los votos necesarios para su reelección. Guaidó contaba con los votos necesarios y no habían surgido candidatos alternativos.

La imposición de Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional venezolana es la última en una serie de maniobras que, en los últimos meses, han llevado al gobierno usurpador de Nicolás Maduro a impedir el funcionamiento óptimo de la Asamblea Legislativa, arrestando e intimidando a sus miembros y recurriendo a toda clase de tácticas para socavar la autoridad de la única institución auténticamente democrática de Venezuela. En una acción sin precedentes, este mismo domingo Guaidó renunció a su militancia en el Partido Voluntad Popular y afirmó que se dedicaría completamente a la tarea de fungir como presidente interino de Venezuela.

Controversias aparte, el gobierno de México denunció, en su momento, lo que consideró fue un golpe de Estado que en Bolivia apartó a Evo Morales de la Presidencia. Lo ocurrido en Venezuela este domingo ha sido calificado ya como un golpe parlamentario por parte de la mayoría legislativa en la Asamblea y ha recibido críticas no solamente de gobiernos ideológicamente contrarios sino también de gobiernos cercanos y afines como el de Argentina, cuyo Canciller Felipe Solá, señaló que “impedir por la fuerza el funcionamiento de la Asamblea Legislativa es condenarse al aislamiento internacional”.

Por su parte, el Grupo de Lima manifestó su respaldo a la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela. Además, señaló que “la reelección de Juan Guaidó se ciñó a la ley y representa un rechazo a las acciones temerarias del régimen de Nicolás Maduro que buscaron impedir su designación”.

De igual manera, el comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores de Perú señala: “La Asamblea Nacional tiene el derecho constitucional de reunirse sin intimidaciones ni interferencias para elegir a su presidente y directiva, por lo que desconocemos el resultado de una elección que vulnera esos derechos y que se ha dado sin la plena participación de los diputados que acudieron a la sesión”.

El Grupo de Lima reiteró su apoyo a los esfuerzos emprendidos por Juan Guaidó que buscan una solución pacífica al conflicto y condenaron el uso de la fuerza por parte del gobierno de Nicolás Maduro en lo que calificaron como “un intento de boicotear la elección parlamentaria”. Cabe mencionar que los países que suscriben el comunicado del Grupo de Lima incluyen a Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú; no así México, quien se abstuvo de suscribir el comunicado, a pesar de formar parte del Grupo de Lima.

La abstención de México a suscribir el comunicado es de llamar la atención cuando es claro el rechazo que acciones similares han tenido en el pasado y por el rechazo que ha manifestado el gobierno frente al uso de la fuerza. Esta abstención genera discrepancias entre el discurso que México defiende ante el exterior, el de defensa de la democracia, y sus acciones.

Es necesario que el gobierno de México, en congruencia con su compromiso a favor de la democracia, la separación de poderes, el estado de derecho y los derechos humanos, manifieste su rechazo a estas acciones y manifieste claramente su respaldo a la Asamblea Legislativa, como garante de la democracia, la pluralidad y la constitucionalidad en Venezuela.

La toma violenta del recinto parlamentario por parte de las autoridades el Poder Ejecutivo, así como la poca legitimidad y transparencia en el proceso de elección de su presidente, no pueden interpretarse más que como una acción equiparable a un golpe de Estado parlamentario como señala la oposición venezolana, que no pueden pasar por alto las democracias del hemisferio y que menos aún pueden pasar por alto los Parlamentos y Congresos democráticamente electos del continente.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. La Comisión Permanente rechaza enérgicamente los eventos de violencia, la usurpación de funciones, y el ataque a la independencia y la pluralidad de la Asamblea Nacional ocurridos el 5 de enero pasado en Venezuela y exhorta al Ejecutivo federal a adoptar una posición en congruencia con la defensa de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos en el mundo.

Segundo. La Comisión Permanente se solidariza con la Asamblea Nacional y sus integrantes y reitera su respaldo a esta institución como garante de la democracia, la pluralidad y la constitucionalidad en Venezuela.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, el día 8 de enero de 2020.— Legislador: Gustavo Enrique Madero Muño z (rúbrica).»

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

SE GARANTICE LA DOTACIÓN DE MEDICAMENTOS, EL ACCESO A TRATAMIENTOS Y QUIMIOTERAPIAS PARA LA ATENCIÓN DE CÁNCER INFANTIL

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Sara Rocha Medina para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar la dotación de medicamentos, el acceso a tratamientos y quimioterapias para la atención de cáncer infantil, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada María Sara Rocha Medina: Gracias, diputada presidenta.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Adelante.

La diputada María Sara Rocha Medina: A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, compañeras y compañeros, me permito presentar este posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI para presentar un punto de acuerdo relativo al cáncer infantil ante el desabasto de material y medicamentos en diferentes partes de la República Mexicana.

Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros, el cáncer infantil constituye una terrible enfermedad de la cual no podemos negar, que afecta a la salud de quienes la padecen; la situación económica, social y emocional de las personas y las familias cercanas a quienes la padecen, y representa obviamente un gasto en el bolsillo no nada más de la familia cercana sino de todos los que ellos están cercanos y de la familia que está ayudando y apoyando, incluidos amigos, ustedes lo saben.

El gasto que representa es imposible que lo solvente una familia de escasos recursos, si quienes tenemos o quienes tienen seguros de gastos médicos mayores pagados por ellos mismos no alcanza en ocasiones, imagínense a quienes no llegan ni siquiera a tener un seguro o un trato en un hospital público. Por ello los pacientes acaban con su patrimonio, con el de la familia y con el de los parientes cercanos.

Para poner en perspectiva este asunto, basta señalar que, en México, el cáncer infantil es la primera causa de muerte entre niños de 5 años a 14. Existe una prevalencia anual de 23 mil casos de cáncer infantil. Escúchese bien: 23 mil casos de cáncer infantil, y cada año aumenta 5 mil el número de diagnosticados por esta enfermedad.

Se estima que cada año se presentan entre 5 y 6 mil nuevos casos de cáncer en menores de 18 años. De ellos, más de 50 por ciento son algún tipo de leucemia, 15 por ciento linfomas y 10 por ciento tumores del sistema nervioso central, que es uno de los temas más complicados de la salud.

Pese a que el cáncer representa una de las principales causas de muerte, se han documentado una serie de irregularidades entre las que se encuentra el desabasto de medicamentos y la falta de material en quimioterapias, radioterapias, panorama que pone en riesgo la salud de las niñas y los niños de México. Sobre todo, los adolescentes, están padeciendo en nuestro país y en diferentes estados de la República Mexicana. No contar con medicamento pone en riesgo y en peligro los tratamientos, en particular de los pacientes con enfermedades crónico–degenerativas.

Es un tema que no se puede regatear, que yo espero que todos nos apoyen y nos acompañen con este punto de acuerdo, porque la vida de las personas depende de este apoyo que tendría que ser obligación del Estado.

Por ejemplo, en el estado de Tlaxcala, al menos 102 niños no han recibido de manera adecuada sus quimioterapias y sus radioterapias a causa del desabasto, del material y del medicamento y de los tratamientos truncados en estos hospitales.

Los mexicanos desconocemos las condiciones en que se liquidó el Seguro Popular, las enfermedades que se dejaron de atender con la desaparición del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y las nuevas cuotas de la prestación de los servicios de salud.

Esta falta de transparencia, escúchese bien, ha derivado en incertidumbre en las clínicas y hospitales de nuestro país. Sobre todo, porque, a decir de los pacientes y sus familiares, quienes se quejan constantemente, estoy segura que también con muchos de ustedes, al igual que con nosotros, la atención ha dejado de ser integral, accesible y de calidad. Señalar que de un día para otro han dejado de atender enfermedades crónico–degenerativas, como el cáncer. Se han elevado las cuotas de recuperación. Esta situación pone en riesgo uno de los derechos fundamentales de los mexicanos, como es la salud, que es la que nos lleva a estar bien en esta ciudad y en este país. Si no tenemos salud, no hay vida.

En este sentido, solicito que se incluya un tercer resolutivo, el cual tiene que ver con la transición y la transparencia de los recursos.

Compañeras y compañeros legisladores, en la lucha contra el cáncer infantil es determinante la construcción de clínicas especializadas, nuevos proyectos de investigación y la ampliación en el número de oncólogos pediatras en los centros hospitalarios, pero, principalmente, agilizar los mecanismos de adquisición, distribución y dotación de medicamentos, así como desarrollar las quimios y las terapias que se requieran.

El cáncer es un problema de salud pública que provoca persecución no solo económica, como ya lo dije, sino también social y familiar. Con la vida no se juega, se deben reforzar las estrategias para mejorar el acceso, cobertura y calidad a las acciones que permitan su prevención, detección, diagnóstico y atención oportuna, en particular en la población económicamente vulnerable y que habita...

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Concluya, por favor, señora diputada.

La diputada María Sara Rocha Medina: –Sí, señora presidenta–... en zonas de difícil acceso, sobre todo a los servicios de salud. Para concluir, asimismo solicito el siguiente resolutivo.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaria de Salud, se envíe un informe detallado a esta soberanía, del plan de acción sobre el proceso de transparencia de los recursos humanos, financieros, materiales y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, al Instituto de Salud para el Bienestar. Así como los tratamientos contra el cáncer de niñas y niños, que se dejaron de atender con el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Solicito a ustedes, de la manera más atenta, compañeras y compañeros diputadas, diputados, senadores, que sea considerado de urgente y obvia resolución.

Las familias y los seres humanos, sobre todo las niñas y los niños, están padeciendo un dolor muy grande al no tener sus medicamentos y sus tratamientos. Solicito que sea de urgente y obvia resolución. Muchas gracias, señora presidenta.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias. En términos del artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría, por favor, a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.

La secretaria diputada Mary Carmen Bernal Ramírez: En votación económica, se consulta, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: En consecuencia, se turna a la Segunda Comisión.

CAMPAÑA QUE FOMENTE LA PARIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Tiene ahora la palabra la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a coordinar e instruir a instituciones públicas a realizar una campaña que fomente la paridad e igualdad de género que otorgue elementos de armonía y cultura de paz social en la población, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, para desgracia de la sociedad siempre constatamos tanto en los medios de comunicación, en una amistad cercana o en la familia, sobre la violencia que se vive en pareja, dejando de lado el respeto, la armonía, la tolerancia, el cariño e innumerables aspectos que forman la relación de los seres humanos.

Dicho disenso es histórico, las relaciones situaban a los hombres como jefes de familia para imponer la verticalidad de las decisiones familiares, y eran los únicos encargados de vigilar por el bienestar de su familia. Eran la guía e imponían su toma de decisiones, primordialmente a través del sostén económico e incluso violento en forma física o psicológica hacia sus miembros. Situación que, aunque ha cambiado con los diferentes tipos de familia en muchas regiones, aún prevalece.

Las mujeres, por otro lado, asumían los roles relacionados con la maternidad, el cuidado del hogar, de los hijos, en consecuencia, a costumbres culturales, psicológicas o económicas. Situación que es impuesta por los hombres y la sociedad para que continúen en la forma conservadora.

Los elementos que inciden en la violencia en la pareja pueden ser de muchos tipos y orígenes. En muchos países se encuentra considerado como un problema de salud pública o bien cultural. Los investigadores señalan que la baja autoestima en muchas ocasiones es derivada de la violencia a la que están expuestas desde pequeñas las mujeres. La misoginia y el machísimo coadyuvan en la situación de vulnerabilidad que sufren.

En el año 2018, en un medio de comunicación de circulación nacional se resaltó que en el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados se sostuvo que la violencia contra las mujeres es un fenómeno persistente, cultural y creciente. Por lo que concluyó que México es un país violento para las mujeres, además de ser socialmente aceptable.

La violencia es una relación que se extiende por alguna agresión física, psicológica o sexual para mantener el empoderamiento sobre la pareja. Puede comenzar con comentarios incómodos, empujones, jaloneos que pueden tornarse en lesiones, y en algunas ocasiones hasta en el homicidio que ahora ya es tipificado como feminicidio. En el caso de los hombres violentados tienen un tratamiento distinto, ya que a nivel social se ve como un asunto normal, y no se acepta que la mujer pueda lastimar también a un varón.

Estas situaciones nos han llevado a distintas comisiones de delitos, que han aumentado en los últimos años. En medios de comunicación ha quedado constancia del nivel de violencia en que se tratan las parejas. Por un lado, lesiones, homicidios que comete un hombre contra una mujer, y viceversa. El tema toral es la prevención, donde pueden evitarse conductas sancionadas por los Códigos Penales, y así mantener el estado de orden que merece todo ciudadano.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos elemental que la Secretaría de Gobernación pueda instruir a otras secretarías del gobierno federal y dependencias para que en unión de esfuerzos se pueda combatir la misoginia. Es así que la Secretaría de Educación Pública, al tener el control de las escuelas de educación inicial, puede generar las reuniones informativas con los padres de familia para inculcar elementos de igualdad de género. De la Secretaría de Salud, para brindar apoyo en materia de salud sexual. Del Instituto Mexicano de la Juventud, para impactar positivamente con esta campaña, coordinada en los Centros de Atención a Jóvenes del país. Del Instituto de las Mujeres, para reforzar la importancia de la paridad. Todo ello será de suma importancia para reducir los niveles de violencia que se están presentando en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que coordine e instruya a instituciones públicas a emitir una campaña que fomente la paridad e igualdad de género que otorguen elementos de armonía y cultura de paz social en la población.

Es cuanto, presidenta, muchas gracias.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN CONTRA ENFERMEDADES EPIDEMIOLÓGICAS Y PADECIMIENTOS OCULARES DEGENERATIVOS

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Tiene ahora la palabra, hasta por cinco minutos, el senador José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de Salud a continuar implementando campañas de prevención contra enfermedades epidemiológicas y padecimientos oculares degenerativos en todo el país.

El senador José Ramón Enríquez Herrera: Muchas gracias, senadora presidenta.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Adelante.

El senador José Ramón Enríquez Herrera: Honorable asamblea, compañeros legisladores integrantes de esta Comisión Permanente, en México cada año miles de personas contraen padecimientos epidemiológicos o degenerativos que provocan daños irreparables a su salud, disminución de su calidad de vida e incluso la muerte.

En el año 2019 las alertas epidemiológicas estuvieron centradas principalmente en enfermedades como el dengue y la tuberculosis, que tuvieron un aumento exponencial con respecto a años anteriores, por lo que las autoridades sanitarias de todo el país tuvieron que implementar medidas de emergencia, para tratar de contener los efectos negativos que conllevan este tipo de enfermedades por su capacidad de propagación.

La Secretaría de Salud federal detectó que la tuberculosis fue la segunda enfermedad con más repunte en el 2019, sobre todo, si consideramos que en 2018 se registraron 17 mil 171 casos y para el 2019 sumaron 44 mil 439, lo que significó un incremento del 159 por ciento. El dengue se incrementó en un 232 por ciento.

Asimismo, me gustaría hacer especial mención de un padecimiento que ha ido adquiriendo niveles preocupantes de aparición en la población por la modificación del perfil demográfico y es la principal causa de ceguera en nuestro país y, sobre todo, decirle a esta asamblea que esa causa de ceguera es reversible prácticamente en más del 70 por ciento de los casos. Y me refiero a las cataratas. Es una consecuencia, por la modificación, precisamente, de que hoy tenemos más adultos mayores.

En México, entre 2.5 y 3 millones de personas tienen esta condición ocular. Un padecimiento que puede ser curado con cirugía, con la alternativa, precisamente, de una microcirugía, con tecnología, la más avanzada del mundo. Sin embargo, escasamente, solo la tercera parte de ellos se operan.

Sabemos bien que este padecimiento ocular, que está vinculado principalmente con la edad y con la presencia de la diabetes mellitus, está adquiriendo niveles preocupantes en el país, puesto que la población mexicana irá teniendo cada vez más, repito, la presencia de más adultos mayores.

Es momento de que vayamos pensando en tener en nuestro país, cada año, un mes intensivo de actividades, jornadas encaminadas a la eliminación de las cataratas en México, por qué no decirlo desde aquí, de esta tribuna, el mes de extracción de cataratas y calidad visual de la población mexicana.

Donde todas las instituciones de salud y la sociedad civil se involucren y podamos marcar en la historia de nuestro país un antes y un después en la salud visual y en la calidad de vida de sus ciudadanos, y que esto seguramente se logrará con voluntad política y organización para poderlo resolver.

Estas enfermedades a las que me he referido, el dengue y la tuberculosis, son padecimientos que por sus características son causantes de miles de decesos en nuestro país y que han limitado el día a día de cientos de miles de mexicanos, además de que generan altos costos para las familias que tienen a alguno de sus miembros enfermos. Así como para los organismos de salud públicos que se encargan de atender sus efectos.

Por lo tanto, nuestros esfuerzos tienen que enfocarse a las medidas de prevención, ejerciendo una política pública de gran visión, con rostro humano y con sensibilidad social. Conjuntando la voluntad política de los tres órdenes de gobierno y la participación fundamental, y esto hay que decirlo con precisión, de la sociedad civil, de la inteligencia social para sensibilizar, precisamente, y reforzar estas medidas preventivas que reduzcan considerablemente las posibilidades de contagio o continuidad de este tipo de padecimientos.

Los diputados y senadores ciudadanos consideramos que siempre va a ser mejor tomar las medidas preventivas y en cualquier ámbito de la salud pública, que reaccionar con acciones desesperadas, cuando ya se tiene la problemática en curso, por lo que buscamos centrar los esfuerzos en todas las acciones de prevención necesarias y utilizar todos los medios a nuestro alcance para informar a la población sobre las acciones que se pueden realizar para evitar las enfermedades de fácil contagio.

Concluyo, presidenta. Es importante, con un llamado respetuoso a la Secretaría de Salud como cabeza de sector, que podamos todos sumar esfuerzos y podamos determinar un mes del año como el Mes de la Extracción de Cataratas y Calidad Visual para todo México. Muchísimas gracias por su atención, es cuanto.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Senador Enríquez, si usted me lo permite, me gustaría adherirme a su punto de acuerdo. Lo mismo que el senador Mancera, la senadora Rocha, el senador Madero, la senadora Guerrero, la senadora Valdez y la senadora Camino. El diputado Cheja también, perdón, la diputada Carolina, la senadora Harp, el senador Gutiérrez Castorena, el senador Joel Molina. Gracias.

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

FORTALECER LAS ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES MENTALES

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Tiene la palabra, para finalizar esta ronda, la diputada Carolina García Aguilar, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las estrategias y programas para la prevención, atención y tratamiento de enfermedades mentales, suscrita por el diputado Manuel de Jesus Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

La diputada Carolina García Aguilar: Con su permiso, senadora presidenta.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Adelante.

La diputada Carolina García Aguilar: Honorable Comisión Permanente, a nombre de mi compañero, el diputado Manuel de Jesus Baldenebro Arredondo, presento la presente proposición con punto de acuerdo en materia de salud mental.

La Organización Mundial de la Salud indica que la salud mental abarca una amplia gama de actividades directas o indirectas que se relacionan con el bienestar mental, el cual debe tener un equilibrio y condiciones de bienestar social para que pueda desarrollarse adecuadamente.

Recomienda impulsar todas las condiciones necesarias para garantizar la salud mental de todas las personas, así como prevenir, atender, tratar y rehabilitar a las que padecen alguna enfermedad mental.

Algunas de las enfermedades mentales que se traducen en trastornos son la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, las fobias, la bipolaridad, la esquizofrenia, los trastornos alimenticios, entre otros.

A nivel mundial los trastornos mentales y neurológicos constituyen el 10 por ciento de la carga mundial de morbi–mortalidad, y el 30 por ciento de las enfermedades no mortales. En este sentido las enfermedades mentales afectan anualmente a la economía mundial, ya que se pierde cerca de un billón de dólares en productividad debido a la depresión y a la ansiedad.

Al respecto, uno de cada cinco adolescentes sufre por trastornos mentales. Por ejemplo, la depresión afecta a 264 millones de personas y es una de las principales causas de discapacidad en el mundo.

Anualmente, en el mundo se suicidan cerca de 800 mil personas. Esto es cada 40 segundos una persona se quita la vida, por lo que el suicidio es la segunda causa de muerte entre adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años.

Cabe señalar que el aumento de enfermedades mentales se da en entornos sociales conflictivos e inseguros donde aproximadamente uno de cada nueve personas presenta un trastorno mental de moderado a grave.

En México el Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 señala que los trastornos mentales afectan a casi 30 por ciento de la población y solo una quinta parte recibe tratamientos.

Datos del Inegi señalan que el 67.4 por ciento de las y los mexicanos tienen sentimientos de depresión una vez al mes, el 9.7 los tiene a diario, el 11.5 por ciento semanalmente y 11.5 cada mes.

En rangos de edad, se indica que las y los adultos mayores de 65 años padecen más la depresión, mientras que las personas de 50 a 64 años lo tienen en un 40.3 por ciento, de 30 a 49 años 34.3 por ciento, de 15 a 29 años 25.8 por ciento y de siete a 14 años 14.6 por ciento. Por sexo, el 37.8 de mujeres y el 26.8 por ciento de los hombres padecen depresión.

La Secretaría de Salud indica que la tasa global de incidencia de depresión es de 58.13 casos por cada 100 mil habitantes. Es decir, una suma de más de 69 mil casos diagnosticados anualmente por este padecimiento.

Cabe señalar que la problemática de las enfermedades y trastornos mentales se agudiza entre la población joven, quienes enfrentan niveles de prevalencia más altos de depresión y trastornos de ansiedad que, entre otras cosas, son causas de las altas tasas de incidencia de suicidio registradas en personas jóvenes, es decir, 8 por cada 100 mil jóvenes.

Para el PES es fundamental dar seguimiento y fortalecer las estrategias y programas en materia de salud mental para que se puedan prevenir y detectar oportunamente algún trastorno mental que pueda mermar la salud y en casos graves, podría poner en riesgo la vida de quien padece alguna enfermedad de este tipo.

El PES acompañará de manera permanente la postura que ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Plan Nacional de Desarrollo donde insta a promover la salud mental de las y los mexicanos, donde enfatiza que tendrá un carácter prioritario, particularmente en la población adolescente y joven.

Acompañaremos e impulsaremos toda política de salud encaminada a fortalecer y garantizar el estado de felicidad, y para ello debemos comprometernos por la calidad de la salud mental.

En el PES trabajaremos por lo más importante, y la salud mental es importante para el bienestar social de las familias de México, por lo cual se solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas de las 32 entidades federativas a fortalecer las estrategias y programas que se están implementado para la prevención, atención y tratamiento de enfermedades mentales, ya que actualmente son un problema de salud pública que se ha incrementado en los últimos años. Es cuanto, muchas gracias.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias senadora. Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.

El senador Madero desea adherirse a su punto de acuerdo, diputada García, si usted lo acepta, la Secretaría de Asuntos Parlamentarios hará lo conducente.

AGENDA POLÍTICA COMENTARIOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Honorable asamblea, con el objeto de dar claridad al desarrollo del apartado de la Agenda Política se informa que conforme al resolutivo décimo cuarto del acuerdo por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente que aprobamos el 18 de diciembre del 2019, el grupo parlamentario que inscribió el tema tendrá derecho a iniciar el debate.

Posteriormente se abrirá una ronda en orden ascendente en donde las y los legisladores informarán el reparto de la bolsa de ocho minutos con la que cuenta cada grupo parlamentario para exponer sus posturas. En caso de que los grupos tengan tiempo restante de dicha bolsa, podrán hacer uso de la tribuna una o varias veces hasta agotar los ocho minutos. Una vez agotado el tiempo por parte de todos los grupos parlamentarios, se abrirá una última ronda para rectificación de hechos hasta por un minuto.

En consecuencia, para referirse al apartado de la agenda política en materia de seguridad, se le concede el uso de la palabra, al senador Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cuatro minutos.

El senador Daniel Gutiérrez Castorena: Con su venia, presidenta.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Adelante.

El senador Daniel Gutiérrez Castorena: Compañeros legisladores y legisladoras. Es un hecho por demás conocido y lamentable, que el tema de la seguridad pública en México ha constituido uno de los problemas fundamentales del país en las últimas décadas.

El neoliberalismo nos dejó esta triste herencia: las mediciones sobre opinión y percepción ciudadana una y otra vez señalan que la inseguridad es la más sensible problemática que enfrenta y que impacta a la economía, al bienestar y a la tranquilidad de las personas.

Los mexicanos hemos sido testigos de cómo el crimen organizado vulneró y penetró las instituciones públicas encargadas de la seguridad. El espectáculo que nos está ofreciendo el caso Genaro García Luna es un claro ejemplo de este contubernio en el que la víctima ha sido todo el país, secuestrado y explotado, a través del miedo y la violencia con miles de muertos y desaparecidos.

Es lamentable que quienes han sido depositarios de la tarea de la seguridad hayan terminado corrompiéndose y fusionándose con el crimen organizado, burlando la confianza depositada, dejando a los ciudadanos totalmente indefensos ante la voracidad y crueldad de la delincuencia.

Ese contubernio ha sido terrible para las instituciones republicanas del país, tal estado de cosas nunca debió haberse dado. Es urgente acabar de una vez por todas con la posibilidad de que vuelva a suceder. Es urgente que enfrentemos por todos los medios, que jamás se vuelva a repetir este contubernio nefasto. Las fronteras entre autoridad y delincuencia deben estar claramente separadas. Esta es la exigencia ciudadana y esta es la postura que ha manifestado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde el Congreso de la Unión debemos estar atentos a vigilar e impulsar que la parte normativa sea la adecuada para recuperar la tranquilidad del país, haciendo de la ética una realidad prevaleciente.

Debemos impulsar desde nuestra competencia legislativa y propositiva que la Guardia Nacional se despliegue, tal como está previsto. Estemos atentos a que la federación, los estados federativos y los municipios, en el ámbito de sus propias competencias, cumplan estrictamente sus tareas. Hagamos lo necesario en la medida de nuestras facultades para que la economía, la educación, la salud, los programas sociales, los presupuestos, contribuyan a recuperar el tejido social.

Que cambie la realidad de pobreza y de injusticia por un panorama con mayor equidad de justicia social, de bienestar y de más felicidad para todos los mexicanos. Muchas gracias, compañeros.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, senador Gutiérrez Castorena. Tiene ahora el uso de la tribuna, la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Ella sí utilizará sus ocho minutos.

La diputada Carolina García Aguilar: Con su permiso, diputada presidenta.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Senadora. Adelante.

La diputada Carolina García Aguilar: Compañeras y compañeros legisladores, el escándalo de corrupción de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, muestra que la corrupción es la característica extendida y convertida en práctica administrativa regular en los gobiernos precedentes.

La corrupción es el principal inhibidor del crecimiento y desarrollo económico. En el PES creemos que resulta indispensable acabar con esa práctica, que daña a nuestro país y afecta a los ciudadanos de bien que trabajan con esmero y dedicación.

Sostenemos que el combate a la corrupción debe estar acompañado por la impartición de justicia. Las prácticas corruptas agudizadas en otros gobiernos dañaron severamente la capacidad de las instituciones para desempeñar sus tareas legales para atender las necesidades de la población, para garantizar los derechos de los ciudadanos y para incidir en forma positiva en el desarrollo del país.

Se dice que Genaro García Luna tuvo logros importantes en su función de secretario de Seguridad Pública, como los aseguramientos sin precedentes a las organizaciones criminales de drogas, vehículos y armamento, lo que reportó pérdidas de los grupos criminales por casi 14 mil 500 millones de dólares, con lo cual se desarticularon redes de control, captación y distribución.

Hoy estos logros están en entredicho, pues en la corte de Nueva York, donde se realiza el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, Jesús Zambada García, se aseguró que entre los años 2005 y 2007 Genaro García Luna recibió alrededor de 56 millones de dólares en sobornos del Cartel de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva.

Es de dominio público que García Luna estaría admitiendo su responsabilidad en la recepción de millones de dólares del Cartel del Pacífico para participar como colaborador de la justicia estadounidense con el propósito de reducir su pena.

De ser así, García Luna revelaría información sensible sobre su colaboración con la organización criminal que presidió Joaquín El Chapo Guzmán. Esta sería una oportunidad para conocer toda la verdad, y los exservidores públicos involucrados tanto de México como de Estados Unidos, pues sabemos que hubo operativos conjuntos binacionales.

La colaboración de Genero García Luna con las autoridades de Estados Unidos permitiría fortalecer las relaciones entre ambos países.

Compañeros y compañeras, la seguridad pública es fundamental en un Estado de derecho, por eso este gobierno ha manifestado que está trabajando para garantizarla, y es el principal punto por el que entre todos nos reunimos para proteger y cuidar a quienes más queremos.

Desafortunadamente el mayor delito que se comete es el delito del fuero común de homicidios dolosos. Tan solo el primer fin de semana de este año hubo 216 homicidios dolosos en el país, y eso vulnera nuestras expectativas de estabilidad y paz social.

Con el propósito de apoyar a las entidades federativas en el combate a la delincuencia, el gobierno federal desplegó un operativo especial en el territorio nacional y los estados de Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Ahora son un área prioritaria en materia de seguridad. Por ello, los nuevos elementos de la Guardia Nacional que están por concluir su capacitación serán asignados a esa zona.

En el PES queremos hacer notar algo: es una pena que la justicia solo llegue por una autoridad extranjera y no nacional. Al parecer nuestro sistema judicial está rebasado cuando se trata de investigar y perseguir este tipo de delitos.

Pedimos a las instituciones encargadas de la seguridad pública que fortalezcan sus labores, que incrementen sus esfuerzos y hagan efectivas la coordinación con las entidades federativas.

En el Grupo Parlamentario del PES estamos convencidos de que lo socialmente correcto es combatir a la delincuencia de forma transparente y honesta. Y si el enjuiciamiento de Genaro García Luna por las autoridades estadounidenses revela nombres de ex servidores públicos involucrados, creemos que ello abonará al combate a la corrupción y fortalecerá el combate al crimen organizado, que tanto ha dañado a nuestro país.

En el PES decimos y actuamos sin titubeos, y estamos del lado de la gente, y creemos que el desarrollo del país debe pasar por actuar con apego a la ley, con valores y principios éticos para contrarrestar los grandes problemas de México. Otro México es posible. Hagámoslo nosotros. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, diputada Carolina García Aguilar. Tiene ahora la palabra el senador José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, también hasta por ocho minutos.

El senador José Ramón Enríquez Herrera: Nuevamente, muchas gracias, honorable asamblea, compañeros integrantes de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Con su venia, senadora presidenta.

El pasado 10 de diciembre nos enteramos de una noticia de gran relevancia para nuestro país, la detención del exsecretario de Seguridad Pública, quien fue pieza importante de la seguridad nacional durante muchos años. La aprehensión se realizó en el estado de Texas. El exfuncionario es señalado por los cargos de conspiración para tráfico de sustancias prohibidas, falsedad en declaraciones a las autoridades norteamericanas y ocultamiento de su pasado criminal cuando solicitó ser naturalizado en ese país.

Qué fácil llegar a esta tribuna y hablar siempre del pasado. Lo más importante para nosotros es que hoy vivimos en un mundo del conocimiento, mientras nosotros padecemos con 68 millones de pobres. La desigualdad y la pobreza. Y se agrega un tema más, que yo no diría la prioridad de un trabajo y una gestión de gobierno, la “primeridad”. No puede haber producción, no puede haber calidad de vida, no puede haber crecimiento económico si no trabajamos todos por el tema de la seguridad.

Lo trascendente de todo esto es el contexto de todo este evento. El gobierno de Estados Unidos realizó trabajos de inteligencia en México durante 12 años, a través del exsecretario, siendo este el colaborador número uno de las agencias de los Estados Unidos, quienes reconocieron al exsecretario por su trabajo en la lucha internacional contra los cárteles del narcotráfico.

Hoy su calidad de colaborador estrella cambia a imputado de cometer crímenes en contra del sistema norteamericano. Ante esto, nos preguntamos los mexicanos: ¿por qué después de tantos años que dejó la administración pública hasta ahora comienzan a salir las investigaciones y los procesos penales? ¿Cuál es el verdadero propósito de esta detención? ¿Por qué las autoridades mexicanas no habían actuado en contra del exservidor público y otro país es quien abre la caja de Pandora?

Vayamos por partes. La directriz de la agenda política de México es una condición propia natural. No obstante, en los últimos días se ha visto que el país vecino del norte es quien ha dado la pauta al debate, no solo en lo político, sino en lo económico.

En este contexto resulta preocupante que otro país cuente con más información que nosotros. La seguridad es el valor primordial del ser humano y debe ser el tema de nuestra agenda política, aunque a muchos no les agrade.

No podemos dar la espalda a una realidad que está día a día en nuestras calles, en nuestros estados y en nuestro país. Yo haría un atento llamado a toda la autoridad de este país, a los tres órdenes de gobierno, para que haga pública toda la información con la que se cuenta respecto a este asunto y, si es posible, que pudiera ampliar estas investigaciones.

La captura del exsecretario de Seguridad Pública Federal, por los delitos que se imputan, además de ser muy graves, debe ser detonante para que las autoridades tomen acciones de control que impidan la reproducción de la comisión de delitos por parte de los servidores públicos encargados de la seguridad.

Esta es una radiografía que nos demuestra la descomposición no solo de las corporaciones policiacas de estados y municipios, sino también de las instituciones del gobierno federal.

La crisis de seguridad en México se recrudeció hace 20 años y lo ha posicionado como el segundo país en Latinoamérica con una creciente incidencia de homicidios dolosos, pasando de 13 mil 849 en el año 2000 a 36 mil homicidios en el 2019. Ante ello ¿existirá quizá alguna responsabilidad para un solo hombre? Es parte precisamente de la reflexión.

No es posible que otro país nos marque parte de la agenda política de México, ya que en 12 de los 20 años él participó solamente en la seguridad nacional.

Yo me pregunto, ¿cuál es el beneficio para México con el juicio a un solo hombre? ¿En qué contribuye a México la detención de este personaje que ha sido precisamente presentado ante las autoridades de otro país? ¿Qué busca conseguir el gobierno norteamericano con esto? ¿Por qué ahora resulta que asuntos como este son los que se utilizan para obtener popularidad ante la ciudadanía norteamericana? Ellos están en un proceso electoral. Nosotros debemos estar trabajando por los problemas que enfrentamos todos los días.

Finalizo, asamblea, con la siguiente reflexión: ¿cuál es el verdadero trasfondo del asunto? Lo iremos conociendo al paso del tiempo. Muchísimas gracias. Es cuanto.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, senador Enríquez. Tiene ahora la palabra la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 8 minutos también.

La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresamos una posición acerca del tema del proceso seguido en la Corte federal de Nueva York, en contra de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno espurio de Felipe Calderón Hinojosa.

Para nosotros no pasa desapercibido que los orígenes de las acusaciones en contra de García Luna encuentran su umbral en los hechos de corrupción perpetrados desde el año 2000, cuando García Luna fue director de la Agencia Federal de Investigación, no lo olvidemos.

La absurda guerra en contra del narcotráfico, orquestada por Felipe Calderón, que costó la vida de aproximadamente 122 mil 285 personas, más las que todavía no se sabe y están desaparecidas.

Solo fue el pretexto para combatir organizaciones delictivas contrarias a las que entregaban recursos ilícitos a quienes tenían la obligación legal de combatirlos. Sin embargo, no solo fue García Luna, en la dirección de la AFI y en la Secretaría de Seguridad Pública, quien le falló a México también fueron quienes ocuparon la titularidad entonces de la Procuraduría General de la República durante los gobiernos de Fox y Felipe Calderón. No podemos olvidar que, durante esos gobiernos, prácticamente en México se vivió en un narcoestado, según declaraciones dadas a conocer en distintos procesos penales, donde afirmaban que entregaron directamente a García Luna millones de dólares para garantizar su complicidad.

Nadie puede decirse ignorante de muchas irregularidades cometidas por García Luna, ya que en la LXI Legislatura nuestro ahora compañero diputado Gerardo Fernández Noroña, públicamente y frente a él lo acusó de ser un asesino y delincuente. Pero, evidentemente, las complicidades lo protegían, se confabularon para impedir cualquier investigación.

Tiene que ser de nueva cuenta el sistema judicial de otros países el que lo tiene que sujetar a un proceso, a un mal servidor público del gobierno mexicano, que con recursos económicos provenientes de actividades ilícitas adquieren propiedades en Estados Unidos, que ni remotamente corresponden a los ingresos que como servidor público se percibieron en su tránsito por distintas instancias de gobierno.

De igual forma, severamente cuestionable la afición de García Luna, para violar sistemáticamente el debido proceso en contra de supuestos responsables. El mejor ejemplo es el de la francesa Florence Cassez. Fue solo otra manipulación informativa con la complicidad de varios medios de comunicación.

Compañeras y compañeros legisladores, en este proceso penal aflora la profunda corrupción que se vivió en el mal llamado gobierno del cambio de Vicente Fox y en el gobierno espurio de Felipe Calderón, sin pasar por alto las asesorías que seguramente le dieron al gobierno de Peña Nieto.

Con justa razón, el hoy secretario de Seguridad Pública del gobierno de la cuarta transformación, Alfonso Durazo, ha afirmado que en este nuevo gobierno no habrá ningún funcionario de primer nivel como García Luna, ni protección al narco ni narcopolicías que estén aliados con ellos.

El proceso para contar con policías profesionales y con la clara convicción de realizar su tarea está en marcha. Que se lleva tiempo, sí, bastante tiempo, pero es mejor esto a pactar con los delincuentes.

Por lo anterior, exhortamos a la titular de la Secretaría de la Función Pública y al de la Fiscalía General de la República, para que se lleven a cabo las actividades que a cada una de ellas les corresponda, a efecto de que, si no existiera preinscripción de alguna conducta administrativa irregular o de la probable comisión de delitos, se haga lo procedente a efecto de que también en México este mal servidor público sea sancionado.

García Luna es solo la punta del iceberg, pero en una conspiración para delinquir de esta magnitud no se actúa solo. Hubo muchos más implicados que deben ser investigados y sancionados.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo refrendamos nuestro total respaldo al presidente de la República, al fiscal general de la República y a la secretaria de la Función Pública para que en la investigación que se lleve a cabo se aplique estrictamente la ley. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, diputada Bernal Martínez. Tiene ahora la palabra, hasta por ocho minutos, la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, presidenta.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Adelante.

La diputada Dulce María Sauri Riancho: Restaurar la paz y brindar tranquilidad a las y los mexicanos y sus familias, fue uno de los principales compromisos que el actual gobierno hizo hace más de un año y que a la fecha aún no vemos avances ni en la disminución del número de delitos ni en la percepción de la ciudadanía sobre su seguridad en las calles, en sus casas o en los negocios.

Si bien es cierto que la seguridad es un problema complejo, el actual gobierno se comprometió a presentar soluciones inmediatas que elevaron las expectativas de todas y todos los ciudadanos, y que ahora son la principal razón de la gran desilusión que existe.

Fue el propio presidente de la República quien se fijó el plazo de seis meses para mejorar las condiciones de seguridad del país. Luego pidió una prórroga. Lo cierto es que aún la promesa no está cumplida. Por el contrario, la ciudadanía está y se siente cada vez más insegura.

Una estrategia fallida del combate a la delincuencia ha dado tumbos e impulsado acciones ineficientes que solo han generado tensión social en varios estados del país. Los datos son más que reveladores.

La extorsión ha aumentado 40 por ciento y se ha concentrado en personas de la tercera edad y mujeres. Más de 9 mil desaparecidas y desaparecidos en este gobierno que prometió parar, cesar con las desapariciones forzadas.

En México mueren en promedio 7 mujeres diariamente a causa de la violencia feminicida y se realizan en promedio 5 secuestros al día.

Siguen los enfrentamientos, los bloqueos organizados por bandas criminales en las principales ciudades del norte del país. El caso más reciente se presentó la semana pasada en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Ahora la extorsión y los asaltos se han vuelto parte de la vida cotidiana de millones de personas. Todos en nuestras familias escuchamos a diario sobre la inseguridad, es tema desgraciadamente en las mesas familiares.

En resumen, la estrategia que propuso el gobierno para detener a la inseguridad y la impunidad, hasta la fecha no puede dar buenas cuentas, ha fracasado.

En la más reciente reunión del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el presidente de la República enunció 10 acciones que su gobierno está impulsando para reducir los índices delictivos:

1. Combate a la corrupción en las instituciones que se encargan de la seguridad pública.

2. Separar claramente la frontera entre autoridades y delincuencia.

3. Trabajar en forma coordinada entre todos los niveles de gobierno.

4. Mejorar las policías.

5. Garantizar los derechos humanos.

6. Atacar las causas de la violencia.

7. Atender el problema de la inseguridad todos los días.

8. Consolidar la Guardia Nacional fortalecida, además de continuar con el reclutamiento y la capacitación de los miembros de esta institución.

9. Mejorar las condiciones salariales y prestaciones de todos quienes trabajan en la seguridad pública.

10. Alentar el fortalecimiento de organismos autónomos como la Fiscalía General de la Nación.

Estos anuncios no han detenido los asaltos que a diario se reportan en el transporte público, en carreteras, en trenes y hasta en embarcaciones en pleno mar abierto.

Es indispensable conocer los resultados que están arrojando los esquemas de coordinación entre las autoridades federales y los gobiernos estatales y municipales, ¿cuáles son los apoyos que se están dando? ¿Cómo se están ejerciendo los recursos presupuestales? ¿Están llegando a tiempo y con suficiencia? La excusa de la escasez de recursos no es válida cuando la utiliza el gobierno federal.

En el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020, aprobado por la Cámara de Diputados, se asignaron más de 157 mil millones de pesos para seguridad pública, monto superior en 4.8 por ciento real, respecto al aprobado para el 2019, y 26.8 por ciento de este recurso será para asuntos de orden público y seguridad interior.

La Cámara de Diputados no regateó, en momento alguno, cualquier propuesta de incremento de recursos que presentó el Ejecutivo federal.

Compañeras y compañeros legisladores, la bancada del PRI en ambas Cámaras ha proporcionado al Poder Ejecutivo todas las herramientas legislativas que nos han solicitado para cumplir con el compromiso de devolver la paz a las calles y la tranquilidad a los hogares.

Después de un año, después de las reformas constitucionales y legales realizadas, la inseguridad sigue siendo la mayor preocupación de las familias mexicanas. La estrategia a todas luces ha fallado, está fragmentada. Solo es una serie de operativos sin visión de largo plazo, pocas reacciones efectivas que han generado más incertidumbre y tensión social.

Es momento de que el gobierno federal deje el enfrentamiento político y de culpar al pasado como respuesta a la severa crisis de inseguridad en que nos encontramos. La seguridad pública es tarea de todos los órdenes de gobierno, pero el gobierno de la República tiene una responsabilidad mayor, tiene las herramientas.

¿Qué falta? Es hora de que el gobierno de la República cambie la estrategia y cumpla los compromisos de resguardar la seguridad de todas y todos los mexicanos. Es hora de construir un gran acuerdo por la seguridad y la paz, que sume voluntades y esfuerzos sin exclusión alguna, que incorpore a la sociedad y sus organizaciones, a los tres órdenes de gobierno. Solo así avanzaremos. Muchas gracias.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, diputada Sauri Riancho. Tiene la palabra, el senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cuatro minutos.

El senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: O menos. El pasado 18 de diciembre, en la reunión de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, se propuso que hubiera agenda política y no se aprobó.

Lo que se quería es que la agenda política del 18 de diciembre fuera seguridad pública. Y entonces, lo que dijeron: No, hombre, ahorita se van a reunir los gobernadores con el Ejecutivo y mejor dejamos para la primera reunión –que sería esta– el tema de la seguridad pública. Y aquí estamos.

Discutimos en la Mesa Directiva hoy en la mañana: Oye, agenda política. –Sale, ¿a qué agenda política le entramos? –No, pues el tema internacional. –No, el tema internacional está todavía en proceso porque todavía ni se decide qué va a pasar con Irán y que si Trump todavía no responde. Mejor lo dejamos para la próxima. –Vamos a entrarle a la agenda política nacional. –Órale, pues vamos a entrarle a la seguridad pública. Y dice Porfirio Muñoz Ledo: Bueno, pero por seguridad pública hoy en todo el mundo, y en México, se llama Genaro García Luna.

Yo le decía: Yo creo que no. Yo creo que lo que le quita el sueño a la gente es la violencia, la inseguridad en México. Nos tiene muy sin cuidado lo que esté haciendo ahorita García Luna. Si está confesando, si no. Sobre todo, que esto dependerá no de los eficaces esfuerzos del trabajo inteligente del gobierno de México, sino del gobierno de Estados Unidos.

Lo que quiero subrayar es simplemente el esfuerzo pertinaz de este del Grupo Parlamentario de Morena para que no se hable de la inseguridad en México. De los 36 mil homicidios, que es el año más violento desde la Revolución Mexicana y el fracaso que tiene que se levante y madrugue Andrés Manuel López Obrador.

Con una inseguridad creciente, el mayor número de homicidios de periodistas de la historia, y la insistencia de distraerse con la parafernalia y la especulación de García Luna. Este bato que estuvo hace dos sexenios, tratan de que sea la justificación o la distracción de los fracasos y la falta de estrategia y resultados de este gobierno.

Urge un acto de sensatez. Reconocer que estamos metidos en un gran problema y que no va a ser si absuelven o someten o meten al tambo a García Luna lo que nos va a sacar de este embrollo. Va a ser si este gobierno asume la responsabilidad de que no está teniendo resultados y que debe haber un cambio profundo, autocrítico y urgente en materia de estrategia de seguridad distinta a la que hasta ahorita está llevando. Es cuanto, presidenta. Gracias.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias. Con esto hemos concluido la primera ronda. Y para completar los tiempos estamos con la segunda ronda. Y para ello tiene la palabra nuevamente la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del... Okey, porque le quedaban tres minutos todavía. Tiene la palabra entonces el senador Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El senador Damián Zepeda Vidales: Con su venia, presidenta. Con la venia de esta Comisión Permanente. A mí me da mucho gusto que estemos abriendo el año analizando el tema más importante para México.

Sin duda alguna en las casas de todos los mexicanos el tema que más nos preocupa es la inseguridad. Según el Inegi, no somos ni el PAN ni ningún otro partido, arriba del 70 por ciento de los mexicanos se sienten inseguros. Hoy, no ayer, no hace 10 años, hoy. Y lo que hoy tenemos que resolver los legisladores es qué podemos hacer para solucionar este grave problema que nos aqueja.

¿Cómo estamos hoy con respecto al pasado? Mal. Jamás había estado tan mal la inseguridad en México, y son datos oficiales del secretariado.

Nunca había existido tanta inseguridad en el país desde que se tiene registro de los delitos en México. Es un dato duro que no está en nada de bueno rechazar, sino que tenemos que aceptar para corregir. El primer paso para resolver un problema siempre es aceptar que existe. Y hoy parece que no queremos aceptarlo.

¿Hay más homicidios hoy que en el año más violento en la historia de México, que fue el año anterior? Sí, hay más homicidios. ¿Hay más secuestros? Sí. ¿Hay más extorsiones? Sí. ¿Hay más narcomenudeo? Sí. ¿Hay más robos a los negocios, hay lesiones, violaciones, violencia familiar y feminicidios? La respuesta es sí. Sí en este año completo que gobernó Andrés Manuel López Obrador y que gobernó Morena.

Sería injusto e ingenuo decir que es responsabilidad de un gobierno que lleva un año, pero lo que es una realidad es que no hay ninguna perspectiva de que se esté haciendo algo distinto para corregirlo.

Se le atribuye mucho a Einstein la frase –que no está verificada que sea de él– que es una locura hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto. Y lamento decir que hoy la estrategia que ha presentado Morena y Andrés Manuel no tiene nada de distinto, sino más bien han fortalecido los errores que han señalado del pasado.

Se decía que gran parte del problema era la militarización. Yo les tengo un dato: jamás ha habido tantos militares en la calle en labores de seguridad pública como hoy, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, más de 60 mil elementos militares encargados de seguridad pública. Cuando en el gobierno de Calderón, ese que tanto señalan, había 52 mil. No va a tener un resultado distinto si se aplica la misma estrategia.

La gran estrategia ha sido la Guardia Nacional, que por cierto la apoyamos todos desde la oposición. Pero cuál fue el problema: que no se está aplicando lo aprobado aquí en el Poder Legislativo. Se está haciendo una estrategia de militarización permanente en todo este país. De los 60 mil elementos aproximadamente que tiene, menos, tienen distraídos a los elementos, como si no hubiera violencia en este país, 21 mil elementos de esos casi 60 mil, saben en qué andan, en labores migratorias. ¿De verdad, esa es la prioridad para México, cuando están robando, están matando, están extorsionando, están secuestrando?

Y hoy parecería que lo más relevante es este caso, precisamente, el caso de García Luna. Yo, déjenme decirlo de manera contundente, es un escándalo el caso del exsecretario García Luna. Y de ser comprobado que es culpable, tiene que pagar. Aquí no se equivoquen, no van a encontrar defensores de oficio. El Partido Acción Nacional no es defensor de nadie. Para nosotros, si una persona comete un delito, que lo pague. Y si una persona es inocente, que se le deje inocente. Sería de escándalo que, habiendo tenido una consideración de colaboración tan cercana con Estados Unidos, y estando a cargo de la seguridad en México, resulte que estaba inmiscuido con el crimen. Y si es así, lo debe de pagar. Porque por cierto hay muchas otras personas más señaladas que hoy no están siendo procesadas.

Pero, ¿eso nos va a resolver el problema? No. Había 21 mil homicidios dolosos cuando este señor dejó de ser secretario de Seguridad Pública en México. Y hoy, este año, por cierto, siete años después de que el señor fue secretario de Seguridad Pública, por Dios, va a haber más de 30 mil. La pregunta es: ¿hoy qué podemos hacer para resolver el problema? El problema es que Morena y Andrés Manuel no están aceptando la equivocación de esta estrategia, que parece tener un entendimiento y no un combate al crimen organizado. Los decomisos, a la baja. Ahí están los números: 38 por ciento menos decomisos de mariguana, 62 por ciento de heroína...

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Su tiempo ha concluido, senador.

El senador Damián Zepeda Vidales: Concluyo. 95 por ciento en opio y 66 por ciento en metanfetamina. Amnistía preparada para el narcomenudista y para el que roba menos de 50 mil. Hagamos hoy de este 2020 el año que le dé un giro a la seguridad y nos enfoquemos todos en brindar paz. La campaña ya acabó, es momento de dar resultados. Muchas gracias.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cuatro minutos treinta segundos.

La diputada Juanita Guerra Mena: Con su permiso, senadora presidenta.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Adelante.

La diputada Juanita Guerra Mena: Aunque no les guste, García Luna es el rostro que ejemplifica la manera icónica de la conducción en el país desde la perspectiva del rencor, la opacidad, el amiguismo y, que quede claro, la corrupción.

La forma selectiva a dirigir la política nacional de seguridad pública y una desastrosa guerra contra algunos grupos delincuenciales, con evidente objetivo de beneficiar a otros, marcaron para siempre al gobierno, que es el que se desempeñó como el más desastroso, corrosivo y decadente de la historia de México reciente.

Durante su encargo como secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, el 2011 fue el año más violento, 19.36 homicidios de cada 100 mil habitantes, sin dejar a un lado que el presupuesto para esta dependencia se cuadruplicó en dicho sexenio.

Por ello, para la soberanía no resultó extraña la detención realizada por el gobierno de Estados Unidos en el pasado 9 de diciembre. Es donde se imputa a los cargos de tráfico, de conspiración con el narcotráfico y falsedad de declaraciones ante la autoridad migratoria y, con ello, beneficiar a los más sanguinarios grupos delincuenciales en este país, a fin de allanarse en los caminos para el empoderamiento de territorios, todo bajo un pretexto y justificación de una supuesta, y lo digo claro, supuesta guerra contra la delincuencia organizada.

Con la caída de García Luna se revelan verdaderas intenciones en esa supuesta guerra y quedan al descubierto las intenciones del calderonismo, no importando que cada municipio, cada estado, cada región se convierta en un auténtico cementerio, erosionando para siempre el ecosistema social, sembrando el miedo y el empoderamiento en bases de acuerdos que son vergonzosos para nuestro país, en esos temas que son con los delincuentes.

Para ello, para la ciudadanía no resultó sino más que una inclusión, a pesar de que en los próximos días de aseguramiento, en este caso, de García Luna, conoceremos a detalle la información respecto a las operaciones de la delincuencia organizada y el más alto nivel en la política nacional, sobre todo, en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, que fue donde fungió como su secretario de Seguridad Pública. Ni siquiera en la mega Secretaría de Gobernación, en el año que fue de Peña Nieto, en el sexenio, tampoco se dieron resultados.

Las y los legisladores estamos profundamente interesados, señoras y señores, en el esclarecimiento de los hechos, no solo para el enriquecimiento de la memoria histórica, sino para que se haga justicia y se castigue a los responsables de iniciar uno de los momentos más delicados del país y que nos llevó a esta situación tan lamentable.

Las y los mexicanos queremos un país de orden y paz, donde impere la ley y las instituciones, en donde se castigue al que atenta contra la norma, en donde el ser delincuente ya no sea la alternativa de miles de jóvenes para salir de la pobreza y la precariedad. Pero es poniendo atención a los orígenes, es dando atención a las familias que muchos de los antepasados olvidaron.

Queremos un país donde se castigue a quienes como García Luna realizaban el mismo montaje, como el caso de Florence Cassez, que ocasionó un conflicto diplomático. Y así, como en los grupos de la delincuencia, se libre la operación que otros conociendo a profundidad las entrañas de la lucha que se debe de dar con la oposición a esos privilegios para inclinar un supuesto combate hacia un solo lado.

Inseguridad, ¿quién generó la violencia y la inseguridad en este país? Tiene nombre y se llama la corrupción en el tiempo de Calderón y de Peña Nieto.

El proceso de este personaje, por así decirlo, no más que corrupto, Genaro García Luna, surge como resultado directo a los testimonios expuestos en juicios, así como tanto se dijo en el jurado, personalmente se había entregado a este, más de dos veces, un portafolios, no menos de 3 millones de dólares en efectivo.

Lo anterior, abre un abanico de posibilidades de información, en donde nos interesa conocer quiénes, además de él, participaron de manera activa en esa red de protección y salvaguarda y otros intereses de estos grupos delincuenciales.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Tiempo, diputada.

La diputada Juanita Guerra Mena: Señoras y señores legisladores, los mexicanos queremos respuestas, pero también que se castigue con todo el peso de la ley a quienes con sus acciones lastimaron a toda una sociedad y marcaron el destino de nuestro país y de miles de jóvenes.

Desde esta tribuna debemos asumir el compromiso de dar seguimiento puntual a los acontecimientos y a la información que se desprenda del juicio de García Luna, haciendo un exhorto a las autoridades para que se investigue hasta donde permanecieron a estas oscuras y vergonzosas redes de sobornos de impunidad y se castigue a los responsables de la acción y omisión que permitieron. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, diputada. Le preguntamos a la diputada García Aguilar, ¿sí? Tiene tres minutos la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada Carolina García Aguilar: Muchas gracias. Para concluir. Con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras, la seguridad es y será hasta que la realidad diga lo contrario la prioridad de todo gobierno, porque es responsabilidad vital del Estado mexicano.

La seguridad no puede solo estimarse a partir de una fecha u otra, debe estimarse en el caso mexicano en el contexto de la corrupción que promovieron los gobiernos federales que antecedieron al actual, así como tampoco podemos voltear a otro lado y asegurar que la materia del presente es consecuencia exclusiva del pasado.

Lo que debemos ponderar en este momento es que presente y pasado están vinculados y tienen responsabilidades directas. La realidad de México sin duda alguna es consecuencia de políticas fallidas para combatir tanto al crimen organizado, como para ofrecer alternativas para el desarrollo social.

La seguridad es función permanente, sí, del Estado. Hasta antes del Estado de bienestar impulsado por la coalición Juntos Haremos Historia y hoy el gobierno que impulsa la cuarta trasformación de México, el Estado que imperó en nuestro país fue el neoliberal, el de la corrupción total sin cortapisas.

No es una aseveración discursiva decir que las prácticas corruptas agudizadas en otros gobiernos dañaron severamente la capacidad de las instituciones para desempeñar sus tareas legales. Esta es una realidad latente, por eso el escándalo de corrupción de Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, muestra que la corrupción es la característica extendida hacia atrás y hacia adelante, característica convertida en práctica administrativa regular en los gobiernos precedentes, en una virtud perniciosa y grotesca.

Hoy, las y los diputados del PES creemos que debemos hablar de la voluntad política que ha faltado, debemos hablar de la gente y sus necesidades, de los territorios y de un nuevo esquema jurídico y práctico para hacer lo mejor por el país. Es cuanto, muchas gracias.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, diputada.

En atención al artículo décimo cuarto del Reglamento de esta Comisión Permanente, en el segundo párrafo se señala que una vez agotado el tiempo asignado a cada grupo parlamentario, habrá una última ronda de oradores para rectificación de hechos en orden ascendente hasta por un minuto por cada orador, y el grupo parlamentario que registró el tema a discusión tendrá derecho a cerrar esta ronda.

En este momento tenemos registrado al senador Daniel Gutiérrez Castorena. Pregunto a la asamblea si hay alguien más para terminar esta ronda.

Entonces tiene la palabra, hasta por un minuto, el senador Daniel Gutiérrez Castorena, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Me dicen que el senador Enríquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y lo anotamos también.

El senador Daniel Gutiérrez Castorena: Con su venia, señora presidenta. El 2006 fue el inicio de la guerra contra el narco...

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Perdón. Hago nada más una consulta para cubrir todas las formas. Nos dice el Reglamento que el grupo parlamentario que hace la propuesta tiene derecho a cerrar esta ronda. Pregunto, ¿quiere usted participar primero, después o tendría otro? Participa. Entonces si nos permite, tendría la palabra el senador Enríquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hasta por un minuto.

El senador José Ramón Enríquez Herrera: Agradezco, presidenta. Hay deudas en este país con la población, pero también hay circunstancias como la pobreza. Es triste cuando vemos a un exfuncionario de un gobierno ser detenido en otro país y precisamente yo convoco a que no perdamos la oportunidad de salir con un acuerdo y una conclusión de este debate de agenda política.

Me sumo a todas las voces, y Movimiento Ciudadano lo hace a todas las políticas y acciones que mejoren la seguridad de nuestro país que encabece el presidente de México.

Sí queremos la paz y la tranquilidad. Hagamos ese acuerdo nacional donde participemos todos. Más sociedad, menos gobierno en los problemas para que se resuelvan. México te quiero feliz. México, te quiero seguro. Gracias.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, tiene la palabra el senador Daniel Gutiérrez Castorena, para cerrar, hasta por un minuto.

El senador Daniel Gutiérrez Castorena: Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Bien, el 2006 fue el inicio de la guerra contra el narco. Todos sabemos que una de las funciones y responsabilidades del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos. A partir del inicio de esta guerra en Michoacán se pensó que esta decisión terminaría la delincuencia organizada.

Las consecuencias de esta guerra fueron terribles para el pueblo mexicano, 60 mil personas desaparecidas, 200 mil muertos como consecuencia de esta guerra. A partir de ahí se recrudeció e incrementó la delincuencia organizada, todos lo sabemos.

Incluso, el Estado, bajo la presidencia de Felipe Calderón, afectó un programa que se denominaba “Rápido y Furioso”, en donde se permitió la introducción de armas al país, mismas que fueron a parar a manos del cártel de Sinaloa.

Se adujo, por parte del gobierno, que a estas armas le habían perdido la pista, pero también sabemos ahora que fortalecieron a ese cartel con la condición de que combatiera a otros grupos de delincuencia organizada.

Los ciudadanos, a partir de ese período, nos sentíamos indefensos por la violencia que alcanzó a toda la sociedad mexicana, la gente decía...

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Tiempo, senador.

El senador Daniel Gutiérrez Castorena: La gente decía que no sabía qué iba a pasar, pero sí sabemos que a partir de esa política que se estableció en nuestro país, nos hizo mucho daño y creó las condiciones precisamente para una situación de delincuencia generalizada.

No tenemos una varita mágica. Este gobierno no tiene una varita mágica, 20 años, 20 años de política en donde se fomentó la delincuencia, no se pueden combatir con un año, pero estamos sentando las bases para esa transformación y lo vamos a lograr. Primero, porque no hay corrupción, señores, y eso vamos a lograrlo próximamente. Gracias.

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias. Con esta participación hemos terminado este punto del orden del día de Agenda Política.

CLAUSURA Y CITA

La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa (a las 14: 54 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que próxima que tendrá lugar el miércoles 15 de enero del 2020, a las 11 horas.

EFEMÉRIDE RECIBIDA

DÍA DE LA ENFERMERÍA MEXICANA

«Efeméride con motivo del 6 de enero, Día de la Enfermería Mexicana, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La enfermería es una de las carreras pilares del área de salud, y a la que no se le da la respectiva importancia, ya que es considerada en un segundo plano.

Sin embargo, como miembro de esta comunidad de trabajadores de la salud, sé que la atención a los pacientes, además de ser un compromiso y responsabilidad compartida, es un elemento ritualista casi religioso del que nos hacemos cargo.

Me alegra que esta carrera no sea, actualmente, exclusiva para mujeres, ya que se ha abierto la oportunidad a los varones para realizar la enfermería, aunque el 85 por ciento de las personas que ejercen esta profesión siguen siendo mujeres.

Este día se conmemoró por las palabras expresadas por el doctor José Villagrán, exdirector del Hospital Juárez de la Ciudad de México, cuando manifestó que las enfermeras eran un regalo de los Reyes Magos, por lo que desde 1931 se celebra el día 6 de enero como el Día de la Enfermera y del Enfermero en México, haciendo un reconocimiento al personal de enfermería a favor de la salud, quienes también son conocidos como “ángeles blancos”, ya que son quienes hacen más amable con su trato y su responsabilidad los traspiés de nuestra salud.

Portan una cofia, lámpara y un uniforme blanco, estos elementos cuentan con un significado para desempeñar su trabajo:

La cofia con ocho picos representa ocho valores: espíritu de servicio, vivir sin malicia, humildad, justicia, combatir el pecado, misericordia, sinceridad y ser capaz de sufrir.

La lámpara es símbolo de claridad y conocimiento, la iluminación que brinda el saber.

El uniforme blanco es un símbolo de autocuidado, limpieza, pureza y apoyo frente al otro.

Esta carrera primero se reconoció como un oficio, sin embargo, actualmente se debe cursar una licenciatura. Y debemos tener una actualización constante, así como capacitación para un desempeño óptimo de la profesión; hacer equipo con los médicos y especialistas, ya que se cuentan con los conocimientos para identificar situaciones que comprometen la salud de los pacientes; además de ser empáticos, se debe cuidar la dignidad e integridad de todos y cada uno de los pacientes.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda que haya entre cinco y seis enfermeras por cada mil habitantes.

La enfermería ha jugado un papel muy importante a lo largo de la historia, ya que no solo atiende a personas enfermas o heridas, sino que también difunden conocimientos a padecimientos, son capacitadas para abatir la mortalidad infantil, participan en campañas de salud enfocadas a combatir enfermedades infecciosas, difunden medidas de higiene y refuerzan servicios de salud en operación y administración.

Por lo anterior, desde esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión envío un afectuoso saludo a todas las enfermeras y enfermeros de nuestro país por el compromiso y dedicación que tienen con el pueblo de México reconociendo su trabajo y profesión.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 8 de enero de 2020.— Legisladora Margarita García García (rúbrica).»

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