ASISTENCIA

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento, el resultado del cómputo de asistencia.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 320 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández (a las 11: 27 horas): Se abre la sesión.

INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL 2019 COMO EL AÑO INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: En el marco de la celebración del 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, se concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, a la ciudadana Delfina Albáñez Arballo, originaria de la comunidad indígena de Santa Catarina, municipio de Ensenada, Baja California. Es gestora comunitaria, cantante, artesana y maestra de la lengua paipai.

Es hija del último jefe tradicional de los paipai. Principalmente trabaja con niños y jóvenes para difundir su cultura, la historia de su pueblo y su lengua. Tiene usted el uso de la palabra.

La ciudadana Delfina Albáñez Arballo: (Habla en lengua originaria) Empezaré por contarles un poco de mi comunidad, la cual tiene un poco más de 500 años.

Presidencia del diputado Marco Antonio Adame Castillo

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame un momento, por favor. Suplico a los representantes de los medios de comunicación que están en el pasillo central que puedan pasar al espacio que se ha designado para ello, a fin de poder escuchar a nuestra invitada y oradora del día de hoy. Adelante.

La ciudadana Delfina Albáñez Arballo: Provengo del pueblo indígena paipai, ubicado en el estado de Baja California, municipio de Ensenada.

Ahí habitamos alrededor de 900 personas, entre personas mayores, adultos, jóvenes y niños. Mi comunidad, como todas las comunidades indígenas, vive marginada, le hacen falta médicos, agua potable, fuentes de trabajo y acceso a proyectos productivos del gobierno, que la mayoría de las veces es una batalla aplicarlos, porque piden tanto papeleo o las convocatorias llegan cuando faltan dos o tres días para cerrar.

Hemos sobrevivido gracias a nuestros viejos, quienes nos han enseñado a trabajar en estas duras tierras. Todo ha pasado de generación en generación, desde las tradiciones, la medicina, la lengua, la cultura y los cantos para alegrar el alma y despedir a los que se marchan para nunca regresar.

La pérdida de nuestra lengua sucede por miles de razones. Ante la falta de oportunidades los jóvenes se marchan a buscar nuevas oportunidades, y su peregrinar comienza con 100 o 200 kilómetros. Al establecerse, su mimetización con los pueblos blancos sucede dejando de hablar y se adecúan a los estándares del pueblo.

La mayoría logran el sueño de ser profesionales y tienen que quedarse donde puedan ejercer su profesión. Muchos regresan de visita, cuando sucede un funeral o alguna reunión que atender. Siempre son bienvenidos, mientras que aquí nos quedamos quienes somos responsables de cuidar nuestra bella tierra, que Miabkiak nos dio.

Nuestra comunidad ha sido relegada del desarrollo y de las oportunidades de crear fuentes generadoras de economía hasta esta fecha. Hoy vemos con optimismo la posibilidad de crear una fuente real de desarrollo económico, ya que contamos con un contrato signado entre la comunidad y la empresa Siemens Gamesa, para construir un parque de generación de energía eólica en nuestras tierras, labor que, sin duda alguna, nos dará oportunidad de contar con una actividad que dará sustento a nuestras familias.

Con esto se estima una inversión millonaria, sin embargo, nuestro proyecto está limitado a que la institución correspondiente lleve a cabo la obra.

Con la finalidad de poder llevar a cabo nuestro proyecto, se hace de fundamental hincapié en esta obra de infraestructura, y espero que nuestra petición sea atendida con la medida de apremio que se requiere.

Nuestros antepasados, mi abuelo y tíos, tuvieron que luchar. Fue en el año de 1972 que se logró tener un papel que amparara y protegiera las tierras. Hoy estamos en 2019 y tenemos graves problemas, como invasión de tierras y sitios sagrados. Y es que el hombre blanco, entre más tiene, más quiere poseer.

Es una lucha de años, no es de ayer. Necesitamos fuentes de trabajo. Somos descendencia de los primeros pobladores, no acceder a lo más elemental es una falta de compromiso de gobiernos que van y vienen, y nosotros seguimos igual. Pero, a pesar de esto, somos trabajadores.

Los hombres, en su mayoría, son jornaleros, vaqueros y empleados. Las mujeres, fuertes guerreras que despliegan sus conocimientos en piezas artesanales únicas. Con sus manos y el corazón tejen el pino, la palma y el barro para vender cuando alguien visita a nuestra comunidad, ya que carecemos de lugares especiales en los cuales distribuir nuestro trabajo.

Han pasado muchas generaciones en lucha, observando y escuchando las promesas de gobiernos que van y vienen y que siguen sin cumplir. A pesar de que mi pueblo está declarado como en peligro de extinción, sé que hay un nuevo mañana y que de ahí resurgirán nuestros clanes y volveremos a ser como siempre: gente viva, gente inteligente. O jaspuy paim pa ipai. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada María de los Dolores Padierna Luna:

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Agradecemos la presencia de la ciudadana Delfina Albáñez Arballo.

MINUTO DE SILENCIO

EN MEMORIA DE ENRIQUETA BASILIO

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Honorable asamblea, el pasado 26 de octubre falleció la ex atleta Enriqueta Basilio, quien fuera campeona nacional de atletismo y llegó a ser considerada como la mejor atleta femenina de su época. Fue la primera mujer en encender un pebetero en los Juegos Olímpicos y, aunado a esos logros, también fue diputada federal en la LVIII Legislatura.

Esta Presidencia, en representación de la asamblea, honra su trayectoria y la reconocemos otorgando un minuto de silencio en su memoria. Si se ponen de pie, por favor.

(Minuto de silencio)

Gracias.

ORDEN DEL DÍA

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría, en votación económica, si se dispensa la lectura al orden del día.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: En votación económica, se consulta si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Orden del día

Martes 29 de octubre de 2019.

Intervención desde la tribuna de la ciudadana Delfina Albáñez Arballo, en el marco de la celebración del 2019, como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas.

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De los diputados Julieta Macías Rábago, Mariana Dunyaska García Rojas, Nohemí Alemán Hernández, Alejandro Carvajal Hidalgo, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Marco Antonio Carbajal Miranda, Martha Elisa González Estrada y Ruth Salinas Reyes

Solicitan el retiro de iniciativas y proposición.

De la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz

Solicita el retiro de proposición.

De la Secretaría de Gobernación

Remite el Tercer Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal 2019, de los programas sujetos a reglas de operación “S” y otros subsidios “U”, a cargo de la Secretaría de Economía y su sector coordinado.

De la Comisión Federal de Competencia Económica

Remite el Tercer Informe Trimestral 2019 de los resultados alcanzados y acciones desarrolladas durante el periodo que comprende del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019.

De la Cámara de Senadores

Remite proposición con punto de acuerdo por el que solicita que en el marco de la discusión del Paquete Económico 2020, no se apruebe la imposición del IVA a alimentos y medicinas que propone el FMI, presentada por el senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Remite trece proposiciones con punto de acuerdo por las que solicitan a la Cámara de Diputados que, en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios.

De la Secretaría de Salud

Remite la Información relativa a las Contrataciones por Honorarios que realizan los Ejecutores de Gasto, el Reporte del Monto Ejercido de los Subsidios Otorgados y el resultado de las evaluaciones de los programas sujetos a reglas de operación, correspondientes al período enero-septiembre del 2019.

Del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

Remite el Informe Anual de Actividades y el Ejercicio Presupuestal 2018.

De la Secretaría de Educación Pública

Remite la información trimestral de los recursos federales que reciben las Universidades e Instituciones Públicas de Educación Media Superior y Superior, correspondiente al tercer trimestre de 2019.

Iniciativas de senadores

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 2o., fracción I, inciso A) numeral 3, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el senador Arturo Bours Griffth, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 183 y adiciona un artículo 183 Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Arturo Bours Griffth, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 113-A, 113-B y 113-C a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Solicitud de licencia

Del diputado Javier Julián Castañeda Pomposo.

Minutas

Con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

Con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que la Cámara de Diputados, con respeto a la autonomía estatal, exhorta respetuosamente a los Poderes del estado de Nayarit, para que dentro de sus atribuciones y facultades intervengan para reestablecer la certidumbre, la seguridad jurídica en el mandato de la Presidencia Municipal de Compostela.

Declaratoria de publicidad de dictámenes

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 10 de la Ley General de Población.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 55 y 56 del Código Civil Federal.

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 12 y 18 de la Ley de Seguridad Nacional.

De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se declara el 5 de septiembre de cada año como “Día Nacional de la Mujer Indígena”.

De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X Bis al artículo 7 de la Ley General de Turismo, en materia de Turismo Medico.

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de abigeato.

Dictamen a discusión

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Iniciativas

Que reforma el artículo 66 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 38 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que adiciona un artículo 140 Bis al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 15 y 191 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 381 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Trabajo, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 36 y 37 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que abroga el Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

De decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, el nombre “Lucio Blanco Fuentes”, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Martha Hortencia Garay Cadena y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 55 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma los artículos 1o. y 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Alejandra Pani Barragán, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Marco Antonio Andrade Zavala, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los artículos 52 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 77 Bis 37 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Beatriz López Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los artículos 7o. y 14 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a cargo del diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 66 y 77 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por la diputada Claudia Reyes Montiel y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

De decreto por el que se declara el 30 de junio Día Nacional del Politólogo, a cargo de la diputada Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 5 A, 84 y 201 de la Ley del Seguro Social, suscrita por la diputada Martha Elisa González Estrada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 66 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a cargo del diputado Francisco Jorge Villarreal Pasaret, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Miroslava Sánchez Galván, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Edgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo de la diputada María Teresa López Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley Nacional de Fomento al Cultivo, Comercio e Industrialización del Cacahuate, suscrita por los diputados Jesús Fernando García Hernández, Eraclio Rodríguez Gómez y Juan Enrique Farrera Esponda, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia del Registro Nacional de Donadores Voluntarios, a cargo de la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, a cargo del diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Del Decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de “Mariano Otero”, a cargo del diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria, del Decreto por el que se expide la Ley Agraria, publicado el 26 de febrero de 1992 en el DOF y de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, suscrita por los diputados Mariana Rodríguez Mier y Terán e Ismael Alfredo Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 23 y 71 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Lucía Flores Olivo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 280 de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo de la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma el artículo 110 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 7o. de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de accesibilidad, a cargo del diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma el artículo 259 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Brenda Espinoza López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los artículos 7o. y 50 Bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo de la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de agricultura familiar y seguridad alimentaria, a cargo del diputado Héctor Joel Villegas González, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 325 Bis al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Norma Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 29 y 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo de la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los artículos 20 y 55 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 23 y 24 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 100 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Héctor René Cruz Aparicio, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, suscrita por la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 58 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 8o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 74 Bis a la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo de la diputada Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 530 y 539 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de despenalización del aborto, a cargo del diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 325 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Elizabeth Díaz García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a cargo de la diputada María Elizabeth Díaz García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 48 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a cargo de la diputada María Elizabeth Díaz García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que abroga el Decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 1o. de marzo de 2002, a cargo del diputado Juan Martínez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Miroslava Sánchez Galván, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 75 del Código de Comercio, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 61 Bis a la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 75 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita por las diputadas María Guadalupe Román Ávila y María Teresa López Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 6 Bis de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, a cargo de la diputada María Guadalupe Román Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Patricia del Carmen de la Cruz Delucio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud, en materia de violencia obstétrica, suscrita por los diputados Melba Nelia Farías Zambrano, Ana Patricia Peralta de la Peña y Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

De decreto por el que se declara el 14 de septiembre de cada año como Día Nacional del Pescador, a cargo del diputado Maximiliano Ruiz Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma los artículos 84 de la Ley del Seguro Social y 6o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por la diputada Janet Melanie Murillo Chávez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 1o. y 2o. de la Ley General de Bibliotecas, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirna Zabeida Maldonado Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 20 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por el diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo del diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete, del Grupo Parlamentario de Morena.

De decreto por el que se declara el 27 de septiembre como el Día Nacional del Embarazo Múltiple, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 164 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 44 Bis 6 a la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo de la diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 43 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Ángel Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 25 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, suscrita por el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 26 y 28 de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los artículos 201 del Código Penal Federal y 4o. de la Ley General de Víctimas, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, suscrita por la diputada Mónica Bautista Rodríguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 17, 62 y 118 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 33 y 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 2-B a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 58 y 60 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Eulalio Juan Ríos Fararoni y Ernesto Guillermo Ruffo Appel, de los Grupos Parlamentarios de Morena y del Partido Acción Nacional, respectivamente.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, suscrita por los diputados René Juárez Cisneros e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 1390 Bis 23 del Código de Comercio, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 8o., 12 y 18-A de la Ley Federal de Derechos, suscrita por los diputados Julieta Kristal Vences Valencia, Javier Julián Castañeda Pomposo y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 51 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, a cargo del diputado Luis Javier Alegre Salazar, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley General sobre Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Bonifacio Aguilar Linda, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 261 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 59 Bis a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 2o., 4o. y 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de interrupción legal del embarazo, suscrita por el Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de interrupción legal del embarazo, suscrita por el Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 127 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a cargo del diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 72 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 1934 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Que expide la Ley General de Impulso a las Actividades de las Madres Jefas de Familia en condiciones Vulnerables, suscrita por las diputadas Lourdes Erika Sánchez Martínez y Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 12 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma los artículos 1o., 24 y 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Javier Alegre Salazar, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 14 Bis 7 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Jorge Eugenio Russo Salido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 288 y 288-A-1 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Luis Javier Alegre Salazar, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 39, 41 y 42 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio Mayer Bretón, del Grupo Parlamentario de Morena.

De decreto por el que se declara el 15 de octubre como el Día Nacional de las Personas Ciegas y Débiles Visuales, a cargo de la diputada Martha Hortencia Garay Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, de Morena y del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por el diputado Sergio Mayer Bretón y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, de Movimiento Ciudadano, de Encuentro Social, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Que reforma el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio Mayer Bretón, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio Mayer Bretón, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 64 de la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

De decreto para inscribir el nombre de Cuitláhuac con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 94, 100 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Sergio Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 12 y 13 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Sergio Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 18 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de maltrato animal, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 201 y 214 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Maximino Alejandro Candelaria, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 70 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Brasil Alberto Acosta Peña, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán y Lenin Nelson Campos Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de la Comunalidad, suscrita por el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 36 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 9o. y 14 Bis 3 de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por los diputados Brasil Alberto Acosta Peña, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán y Lenin Nelson Campos Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por la diputada Mónica Bautista Rodríguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 10 y 12 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada Idalia Reyes Miguel, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 2o., 3o. y 4o. de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 15-B y 15-C de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Graciela Sánchez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 198 y 271 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, en materia de tarifas eléctricas, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, suscrita por las diputadas Ivonne Liliana Álvarez García y Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 77 Bis 37 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Mónica Almeida López y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 37 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Ismael Alfredo Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que expide la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, a cargo del diputado Delfino López Aparicio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Marcela Guillermina Velasco González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 390 del Código Penal Federal y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 280 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y décimo tercero transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Energía, publicada en el DOF el 20 de diciembre de 2013, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de la Guardia Nacional, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Migración, suscrita por el diputado Francisco Javier Luévano Núñez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, suscrita por los diputados Tatiana Clouthier Carrillo, Lucinda Sandoval Soberanes, Carlos Iván Ayala Bobadilla y Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por el diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de corrección ortotipográfica, a cargo de la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Martha Lizeth Noriega Galaz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, a cargo del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 21, 59 y 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de medicina tradicional y complementaria, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 137, 141 y 144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Manuel Huerta Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 78 Bis al Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Carmen Mora García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a cargo del diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Abelina López Rodríguez y Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 113 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Sandra Paola González Castañeda y Diego Eduardo del Bosque Villareal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y de la Ley de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Zaira Ochoa Valdivia, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley para Personas Usuarias de Perros de Asistencia, a cargo de las diputadas Julieta Macías Rábago y Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De decreto por el que se declara la tercera semana de octubre de cada año, “Semana Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas”, a cargo del diputado Armando González Escoto, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 259 Bis y 259 Ter del Código Penal Federal, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley de Aviación Civil, de la Ley de Aeropuertos, y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 5o. y 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, del Código Penal Federal y del Código Nacional de ProcedimientosPenales, a cargo del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que deroga la fracción III del artículo 8o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por los diputados Hirepan Maya Martínez, Diego Eduardo del Bosque Villarreal y Moisés Ignacio Mier Velazco, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley General para Regular el Cannabis, a cargo del diputado Héctor René Cruz Aparicio, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona el artículo 194 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que abroga la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal, a cargo de la diputada Lorena del Socorro Jiménez Andrade, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley que crea el Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura, suscrita por los diputados Brasil Alberto Acosta Peña, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán y Lenin Nelson Campos Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 136 y 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la diputada María Esther Mejía Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada María Isabel Alfaro Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de erradicación de publicidad sexista en los medios de comunicación, a cargo de la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada María Guadalupe Román Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley del Instituto de Estudios de la Hacienda Pública de la Cámara de Diputados y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en materia de perspectiva de género y empoderamiento de la mujer indígena, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, en materia de difusión sin consentimiento de imágenes sexuales, a cargo del diputado Héctor René Cruz Aparicio, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por la diputada Mónica Almeida López y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 10 de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 414 Bis del Código Penal Federal, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De decreto por el que se declara el 26 de agosto como el Día Nacional del Circo Mexicano, a cargo del diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo del diputado Ignacio Benjamín Campos Equihua, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 14 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, suscrita por el diputado José Salvador Rosas Quintanilla y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos, en materia de frentes, coaliciones o fusiones, a cargo del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que reforma los artículos 41 y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Edgar Eduardo Arenas Madrigal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, relativa a violencia política por razones de género, a cargo de la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Que expide la Ley para la Coordinación del Desarrollo Metropolitano del Valle de México, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 5o. y 18 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a cargo de la diputada Brenda Espinoza López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo del diputado Alejandro Ponce Cobos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 56, 60 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena.

Proposiciones

Con punto de acuerdo relativo a los hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2014, en Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, en los que Elisa Zepeda Lagunas y su madre fueron agredidas, y su hermano, Manuel Zepeda Lagunas y Gustavo Estrada Andrade, asesinados, suscrito por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena y del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE, a realizar un reporte acerca de las medidas tomadas para la prevención del “dumping” de acero de origen asiático, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los órganos legislativos de los congresos locales, a incorporar en sus constituciones la igualdad entre mujeres y hombres de forma expresa, a cargo de la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a analizar y, en su caso, aplicar un nuevo esquema para la tarifa final de cargo fijo por suministro básico de energía, diferente a lo señalado en los acuerdos 123/2017 y 134/2018 publicados en el DOF, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a que, en coordinación con la SEP, establezca y refuerce las acciones de reparación de daños estructurales o de mantenimiento, en los planteles escolares de educación básica que cuentan con dictámenes de riesgo en materia de protección civil, a cargo de la diputada Kehila Abigail Ku Escalante, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, a implementar acciones necesarias para cumplir la aplicación de la ley en lo referente al maltrato y uso de caballos y burros en la recolección, transporte y disposición final de la basura, a cargo de la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNDH, a realizar las gestiones para que el acceso a las playas del país sea inclusivo para todas las personas, sobre todo aquellas que cuenten con alguna discapacidad, suscrito por la diputada Mónica Almeida López y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al INEGI, a visibilizar a la población de la diversidad sexual y de género, y a la población juvenil en el censo 2020, suscrito por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la FGR, a las fiscalías y procuradurías de cada estado, a reajustar las normatividades para la apertura de carpetas de investigación por feminicidios, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud y del CNEGSR, a transparentar el número total de beneficiarios, su ubicación geográfica, los recursos aprobados y ejercidos, así como las entidades federativas atendidas en el marco de la “Convocatoria para la asignación de subsidios de Refugio, para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos, que viven violencia extrema y, en su caso, a sus centros de atención externa 2019”, a cargo de la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita declarar el 2020 como año del 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río, constructor del México moderno, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a considerar la devolución expedita de los recursos autogenerados por el INAH en un cien por ciento en el ejercicio 2019, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de esta Soberanía, a detener la compra de botellas de agua de un solo uso, suscrito por la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y a la CFE, a retomar los convenios celebrados para la disminución de adeudos históricos de consumo de energía eléctrica de los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y del país, a cargo de la diputada Estela Nuñez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a la FGR y al Indesol, a garantizar el uso eficiente de los fondos destinados a la prevención y combate de la trata de personas, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República de Chile, a garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes durante las manifestaciones que se han producido en los últimos días, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos de las 32 entidades federativas, a establecer un convenio con la SHCP y el ISSSTE, para reconocer adeudos y regularizar el pago de las cuotas y aportaciones pendientes, a cargo del diputado Irán Santiago Manuel y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y a la SE, a eficientar y diversificar la operación y destino de los programas sociales relacionados al comercio exterior, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud, a la SEP y a la SSPC, a generar estrategias y políticas públicas para prevenir y atender el consumo de drogas, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a actualizar la NOM-127-SSA1-1994 y apegarse a los estándares internacionales de la OMS en materia de calidad del agua, a cargo de la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Oaxaca, a realizar las acciones conducentes para garantizar el derecho humano al agua de los habitantes de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a realizar las gestiones diplomáticas necesarias para impulsar la adhesión de México al convenio sobre ciberdelincuencia, conocido como Convenio de Budapest, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo para llevar a cabo la conservación y preservación de la mariposa monarca, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Efeméride

Con motivo del 27 de octubre, Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, a cargo del Grupo Parlamentario de Morena.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: En votación económica, se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.

Presidencia de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos veintidós diputadas y diputados, a las once horas con veinte minutos del jueves veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, la Presidencia declara abierta la sesión.

En el marco de la celebración del dos mil diecinueve, como el “Año Internacional de las Lenguas Indígenas”, se concede el uso de la palabra a la ciudadana Domitila Molina Amarillas, originaria de la comunidad de Pótam Río Yaqui, Guaymas, Sonora; y hablante de la lengua yaqui.

Desde sus respectivas curules, realizan comentarios en relación con la intervención de la ciudadana Domitila Molina Amarillas, las diputadas y los diputados: Lidia García Anaya, de Morena; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; e Irma Juan Carlos, de Morena, quien además solicita se registre su voto a favor en lo votación en lo general del dictamen de la Comisión de Salud, discutido y votado en el Pleno el día de ayer, veintitrés de octubre. La Presidencia hace aclaraciones.

En votación económica, se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.

Desde su curul, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Partido Acción Nacional, hace precisiones al acta de la sesión anterior, en relación con el sentido del voto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo al Congreso de Nuevo León. La Secretaría consulta a la Asamblea si se aceptan las precisiones al acta de la sesión anterior, hechas por el diputado Jorge Arturo Espadas Galván. En votación económica, no se aceptan. No habiendo más oradores registrados, en votación económica, se aprueba el acta en sus términos.

De igual forma, desde su curul, el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, de Movimiento Ciudadano, realiza comentarios en relación con los documentos suscritos por la mayoría de los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De las diputadas y los diputados: Flora Tania Cruz Santos, Jorge Alcibíades García Lara, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Víctor Manuel Pérez Díaz, Felipe Fernando Macías Olvera, Ricardo de la Peña Marshall y Rubén Cayetano García por la que solicitan el retiro de iniciativas con proyecto de decreto, las cuales se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Salud, por la que remite los Informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gasto, así como el cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores de desempeño previstos en las Reglas de Operación, correspondientes al Tercer Trimestre de dos mil diecinueve. Se turna a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Salud, para su conocimiento.

c) Del diputado Edgar Guzmán Valdéz, por la que informa su incorporación al Grupo Parlamentario de Encuentro Social. De enterado.

d) De la Coordinación del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, por la que informa la incorporación del diputado Edgar Guzmán Valdéz a ese grupo parlamentario. De enterado, actualícense los registros parlamentarios.

El siguiente punto del Orden del Día, es la comparecencia de la titular de la Secretaría de la Función Pública, la ciudadana Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien se encuentra en el salón protocolo de ésta Cámara, se designa a una comisión de cortesía para recibirla y acompañarla al interior de este Recinto.

La Presidencia hace del conocimiento de la secretaria de la Función Pública, que, de conformidad con los artículos sesenta y nueve, y noventa y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparece ante esta Soberanía, bajo protesta de decir verdad y para tal efecto se le toma la protesta constitucional referida, a la ciudadana Irma Eréndira Sandoval Ballesteros y se le concede el uso de la tribuna.

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios y para formular sus preguntas, se concede el uso de la palabra, a las diputadas y a los diputados: Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, de Morena; Josefina Salazar Báez, del Partido Acción Nacional; María Alemán Muñoz Castillo del Partido Revolucionario Institucional; José Luis Montalvo Luna, del Partido del Trabajo; Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de Movimiento Ciudadano; Ernesto Vargas Contreras, de Encuentro Social; Alfredo Antonio Gordillo Moreno; y Raymundo García Gutiérrez, del Partido de la Revolución Democrática. En su oportunidad, la ciudadana Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública, formula las respuestas correspondientes.

En la primera ronda de preguntas, respuestas y réplicas, intervienen las diputadas y los diputados, para formular preguntas y realizar réplicas: Claudia Reyes Montiel, del Partido de la Revolución Democrática.

Presidencia de la diputada Dolores Padierna Luna

Zulma Espinoza Mata, del Partido Verde Ecologista de México; Carolina García Aguilar, de Encuentro Social; Juan Carlos Villarreal Salazar, de Movimiento Ciudadano.

Presidencia de la diputada Dulce María Sauri Riancho

José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; para formular preguntas Ximena Puente de la Mora y para realizar réplica Juan Francisco Espinoza Eguia, del Partido Revolucionario Institucional; para formular preguntas Gloria Romero León y para realizar réplica José Martín López Cisneros, del Partido Acción Nacional; para formular preguntas Luz Estefanía Rosas Martínez y para realizar réplica Sandra Paola González Castañeda, de Morena. En su oportunidad, la ciudadana Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública, formula las respuestas correspondientes.

Presidencia del diputado Marco Antonio Adame Castillo

En la segunda ronda de preguntas, respuestas y réplicas, intervienen las diputadas y los diputados: para formular preguntas y realizar réplicas María Guadalupe Almaguer Pardo, del Partido de la Revolución Democrática; Lilia Villafuerte Zavala, del Partido Verde Ecologista de México; para formular preguntas Ernesto Vargas Contreras y para realizar réplica María Rosete, de Encuentro Social; para formular preguntas y realizar réplicas: Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano; Alfredo Porras Domínguez, del Partido del Trabajo; para formular preguntas María Ester Alonzo Morales y para realizar réplica Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional; para formular preguntas Xavier Azuara Zúñiga y para realizar réplica María Marcela Torres Peimbert, del Partido Acción Nacional.

Presidencia de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández

Para formular preguntas Rodrigo Calderón Salas y para realizar réplica Manuel Gómez Ventura, de Morena. En su oportunidad, la ciudadana Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública, formula las respuestas correspondientes.

La Presidencia informa a la Asamblea que esta Soberanía, ha cumplido con lo establecido por los artículos sesenta y nueve, y noventa y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que ésta comparecencia se realizó en el marco del análisis del Primer Informe del estado que guarda la Administración Pública Federal, correspondiente a la cartera de la Secretaría de la Función Pública y en ejercicio de las funciones constitucionales de control parlamentario que corresponden a esta Cámara; así mismo destaca y agradece el apoyo institucional que la Secretaría de la Función Pública está brindando a la Cámara de Diputados a través del convenio de colaboración firmado recientemente entre ambas instituciones.

La Presidencia da por concluida la comparecencia de la secretaria de la Función Pública ante esta Soberanía e informa a la Asamblea que, de conformidad con lo que establece el artículo séptimo, numeral cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al presidente de la República, para su conocimiento.

La Presidencia instruye a la comisión designada, acompañar a la ciudadana Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública, para que cuando ésta así lo decida, pueda retirarse del Recinto.

La Presidencia informa a la Asamblea que la Cámara de Senadores se encuentra discutiendo las minutas con proyecto de decreto que contemplan el paquete fiscal para el ejercicio dos mil veinte, por lo que somete a consideración de la misma, si autoriza que en caso de que las minutas sean devueltas con modificaciones a esta Soberanía, se turnen de inmediato a la comisión correspondiente para dictamen y se informe al Pleno de su recepción y turno en la próxima sesión. En votación económica, se autoriza.

La Secretaría da cuenta a la Asamblea con las siguientes minutas con proyecto de decreto, remitidas por la Cámara de Senadores:

• Por el que se modifica la denominación del Título Quinto del Libro Primero y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Competencia Económica. Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

• Por el que se adiciona una fracción décima primera al artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Por el que se reforma el artículo setenta y tres de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Por el que se abroga la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

• Por el que se reforma el primer párrafo del artículo veintiocho de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de condonación de impuestos, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos constitucional. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Desde sus respectivas curules, realizan comentarios las diputadas y los diputados: Manuel López Castillo, de Morena, con relación a la legalización de diez millones de automóviles que circulan en el país sin documentar; Juan Francisco Espinoza Eguia, del Partido Revolucionario Institucional, quien denuncia que en la clínica veinticinco del Instituto Mexicano del Seguro Social de Nuevo León, no hay medicamentos para atender a niños con cáncer; Martha Olivia García Vidaña, de Morena, quien denuncia que sufrió un asalto a mano armada el día de ayer veintitrés de octubre; Verónica María Sobrado Rodríguez, del Partido Acción Nacional, con relación a la renta de patrullas por parte del gobierno del estado de Puebla; Víctor Adolfo Mojica Wences, de Morena, con relación a la creación del estado de Guerrero; Rubén Cayetano García, de Morena; con relación al municipio de Ometepec, Guerrero; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, con relación a las comparecencias ante al Pleno de los funcionarios de la Administración Pública Federal; Margarita García García, del Partido del Trabajo, con relación al asesinato del luchador social Heriberto Pazos; y Josefina Salazar Báez, del Partido Acción Nacional, con relación a los esquemas de las alertas de violencia de género en los estados.

La Presidencia levanta la sesión a las dieciséis horas con cincuenta y tres minutos, y cita para la próxima sesión ordinaria que tendrá lugar el día martes veintinueve de octubre, a las once horas, informando que el registro de asistencia estará disponible a partir de las nueve horas.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobada el acta.

COMUNICACIONES OFICIALES

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continúe la Secretaría con las comunicaciones de diputadas y diputados.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitarle atentamente el retiro de la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 133 y 134 de la Ley Federal del Trabajo, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 5218-V, del jueves 14 de febrero de 2019.

Presentada por la suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2019.— Diputada Julieta Macías Rábago (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta que se sirva dictar sus amables instrucciones a efecto de retirar de la Comisión de Trabajo y Previsión Social la iniciativa en materia de derechos de los periodistas, presentada por la suscrita en su carácter de promovente que a continuación se enuncia:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo XVIII al título sexto, se reforman diversos artículos y se adicionan las fracciones VIII y XI al artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo, presentada y turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social el 30 de abril de 2019.

Solicito lo anterior toda vez que, encontrándose aún en proceso de dictamen, es de mi interés enriquecer la propuesta y sus alcances a través de los foros en la materia que, por manifestación de los integrantes de la comisión dictaminadora, habrán de coordinarse en breve.

Sin otro particular, me despido de usted agradeciendo su apoyo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2019.— Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

La que suscribe, Nohemí Alemán Hernández, y las y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 77, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito a usted sea retirada la iniciativa proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a fin de garantizar los derechos laborales de los periodistas, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 3 de septiembre de 2019.

Agradezco su atención a la presente y aprovecho para enviarle mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2019.— Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamentó en lo dispuesto por el artículo 77, numeral segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y haciendo uso de mi derecho de iniciativa, solicito tenga a bien girar sus instrucciones para retirar la iniciativa presentada por el suscrito, por la que se reforman los artículos 109 Bis de la Ley del Seguro Social y 43 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Agradezco su amable consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro a 23 de octubre de 2019.— Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito que tenga a bien girar sus apreciables instrucciones para hacer efectivo el derecho del retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o. y 7o. de la Ley del Servicio Militar, turnada para su dictamen a la Comisión de Defensa Nacional, con la finalidad de enriquecerla y fortalecerla con mayor información.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2019.— Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Sirva estas líneas para enviarle un cordial saludo y al mismo solicitarle de la manera más atenta, que con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sea retirada la proposición por la que se exhorta a diversas autoridades para que, en el ámbito de sus facultades, se realice la difusión de la denuncia, y realizar las investigaciones, procedimientos y lograr la justicia adecuada, presentada el pasado 21 de octubre del año en curso.

Agradeciendo de antemano las atenciones brindadas, reciba mis más sinceras consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2019.— Diputado Marco Antonio Carbajal Miranda (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Me permito solicitar su valioso apoyo a fin que lo iniciativo abajo descrita, sea retirada del orden del día así como de los registros parlamentarios del día de hoy, miércoles 23 de octubre del año 2019.

• 292.22/Oct (2) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por la diputada Martha Elisa González Estrada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (turno a comisión).

Sin otro particular, estoy o sus órdenes para aclaración alguna al respecto.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2019.— Diputada Martha Elisa González Estrada (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito su atención a efecto de retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sin más por el momento, agradezco de antemano su atención.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2019.— Diputada Ruth Salinas Reyes (rúbrica).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

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La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LXIV Legislatura.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Señora presidenta:

Me refiero al “punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que, en el análisis y aprobación del ‘Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2020’, se adicione ·un inciso al artículo 2, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), para contemplar una tasa del 3% aplicable a la enajenación de videojuegos y sus consolas, y que dichos recursos fiscales sean etiquetados en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, para que los municipios creen y operen academias deportivas municipales para niñas, niños y adolescentes”, mismo que se turnó a la Cámara de Diputados el día 17 de octubre del presente. Al respecto le solicito atenta y respetuosamente sea retirado de la comisión a la cual se turnó para su estudio y análisis.

Sin más que añadir, le reitero mis sinceras consideraciones.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019.— Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (rúbrica).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

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La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio, me permito hacer de su conocimiento que, por oficio número 113.2019.DGVP.277, el maestro Edwin Enrique Ramírez Lemus, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, envía el tercer informe trimestral para el ejercicio fiscal 2019 de los programas sujetos a reglas de operación “S” y otros subsidios “U”, a cargo de esa dependencia y su sector coordinado.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, les acompaño, para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como de su anexo y del informe en formato impreso y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2019.— Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Maestro Emilio de Jesús Saldaña Hernández, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 177, fracciones III, VI y VII, 181 y 285 de su Reglamento, 3, fracción XXI, y 22 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, por este conducto me permito remitir de manera impresa y electrónica, el tercer informe trimestral 2019 de los programas sujetos a reglas de operación “S” y otros subsidios “U”, operados por esta Secretaría y el Sector Coordinado, los cuales se enuncian a continuación.

Con fundamento en los artículo 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la fracción II del artículo 49 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el l de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, me permito solicitarle que, por su amable conducto, se remita la información en comento a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Asimismo, se anexa copia del oficio 112.2019.DGPE.504, para conocimiento de su antecedente.

Sin otro particular, hago oportuna la ocasión para enviarle un cordial saludo y agradecer sus amables atenciones.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2019.— Maestro Edwin Enrique Ramírez Lemus (rúbrica), encargado del Despacho de la Dirección General de Vinculación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Maestro Edwin Enrique Ramírez Lemus, encargado del Despacho de la Dirección General de Vinculación Política.— Presente.

En cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 177, fracciones III, VI y VII, 181 y 285 de su Reglamento, 3, fracción XXI, y 21 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, por este conducto me permito remitir a usted, de manera impresa y electrónica, el tercer informe trimestral 2019 (integrado conjuntamente por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y esta dirección general), de los programas sujetos a reglas de operación “S” y otros subsidios “U” operados por esta Secretaría y el Sector Coordinado, los cuales se enuncian a continuación:

Lo anterior, a fin de que gire sus instrucciones a quien corresponda para remitir la documentación en comento a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

No omito señalar que, de conformidad con la normatividad vigente, el Informe deberá ser entregado al Congreso a más tardar el 21 de octubre del presente año, en un horario hábil.

Muchas gracias por la atención que se sirva brindar y reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de octubre de 2019.— Maestro Alejandro César Rosas Guerrero (rúbrica), director general de Planeación y Evaluación.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Economía, Comercio y Competitividad y de Economía Social y Fomento al Cooperativismo, para su conocimiento.

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La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Federal de Competencia Económica.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con los artículos 12, fracción XXV, y 49 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, el titular de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) deberá presentar el informe trimestral de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, dentro de los 30 días naturales después de terminado el trimestre correspondiente.

En cumplimiento a este mandato, hago llegar el siguiente documento en disco compacto y en versión impresa: Tercer informe trimestral 2019, el cual da cuenta de los resultados alcanzados y acciones desarrolladas durante el periodo que comprende del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019.

Por último, le informo que, en apego al artículo 20, fracción IX, de la LFCE, el Tercer informe trimestral 2019 fue aprobado de manera unánime por el Pleno de la Cofece, en la cuadragésima sesión ordinaria del 17 de octubre de 2019.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2019.— Alejandra Palacios Prieto (rúbrica), comisionada presidenta.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para su conocimiento.

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La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión del Paquete Económico para 2020, no se apruebe la imposición del IVA a alimentos y medicinas, que propone el FMI.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2019.— Senador Salomón Jara Cruz (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, Manuel Añorve Baños, legislador integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276, numerales 1) y 2) del Reglamento del Senado de la República, me permito someter al pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Todos coincidimos en que México debe aumentar sus ingresos fiscales no petroleros, tal como lo observaron los expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

También, hemos coincidido en que las proyecciones económicas que llevaron a la construcción del paquete económico 2020 son, en el mejor de los casos, preocupantemente optimistas.

Aunado a lo anterior, el grupo de expertos del FMI, tras revisar la situación económica y financiera de México, en cumplimiento de lo establecido en el Convenio Constitutivo, explicaron que la “drástica reducción del crecimiento ha aumentado las presiones fiscales para México”, y que “el compromiso del gobierno para no aumentar los impuestos durante la primera mitad del mandato está alimentando esta presión”.

En este orden de ideas, el FMI resalta la necesidad de aplicar “una reforma fiscal exhaustiva, que permita aumentar los ingresos no petroleros mientras se hace un sistema tributario más progresivo”.

Sin embargo, en el Grupo Parlamentario del PRI creemos que la manera de lograr esto, no debería ser a través de la aplicación del impuesto al valor agregado en alimentos o medicinas, ya que esta medida, sin duda alguna, tendría un impacto muy negativo en la población de escasos recursos.

Estamos ciertos que imponer este impuesto, llevaría a la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, debido al aumento en el costo de la canasta de bienes, con todas las implicaciones que esto tendría en los niveles de pobreza a nivel nacional.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que elabora el Inegi, muestra que 20 por ciento de los hogares más pobres ejerce 51.6 por ciento de su gasto en alimentos y medicinas, por lo que, imponerles una tasa del 16 por ciento de impuesto al valor agregado (IVA), provocaría un aumento en los niveles de pobreza, de grandes proporciones.

No podemos darle la espalda a los más desfavorecidos y permitir que se tomen medidas fiscales regresivas, como imponer el IVA a alimentos y medicinas, con la intención de corregir los errores que han llevado a la desaceleración de la economía del país.

La austeridad mal entendida, mal planeada y mal aplicada es lo que ha provocado un nulo crecimiento económico, por eso, en el Grupo Parlamentario del PRI, no coincidimos con la idea de que sean los ciudadanos, en especial los que menos tienen, quienes paguen las consecuencias.

Es menester exhortar a la Cámara de Diputados para que, en el marco de la discusión del Paquete económico para 2020, no se considere la imposición del IVA a alimentos y medicinas, en detrimento de los más desfavorecidos.

Por las razones vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión del Paquete económico para 2020, no se apruebe la imposición del IVA a alimentos y medicinas, que propone el FMI, por el impacto negativo que tendría en el poder adquisitivo de los mexicanos.

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2019.— Senador Manuel Añorve Baños (rúbrica).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

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La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a que asigne a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados el presupuesto suficiente y proporcional al aumento de solicitudes que ha registrado en los últimos años para garantizar los derechos humanos de las personas extranjeras que requieran protección internacional.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2019.— Senador Primo Dothé Mata (rúbrica), secretario.»

«La suscrita, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, senadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados a asignar a la Comar el presupuesto suficiente y proporcional al aumento de solicitudes que ha registrado en los últimos años, para garantizar los derechos humanos de las personas extranjeras que requieran protección internacional, con base en las siguientes

Consideraciones

Historia y marco jurídico de la Comar

La Comar se creó mediante decreto presidencial el 22 de julio de 1980 con el objetivo de estudiar las necesidades de las personas extranjeras refugiadas en el territorio nacional. En los considerandos del citado decreto se argumentó, entre las razones para crear la Comar, “que nuestro país ha sentado en su vida independiente una tesis inalterada de asilo a quienes sufren de persecución por motivos políticos en sus países de origen”.

Asimismo, se reconoció “que dicha situación plantea la necesidad de crear una Comisión Intersecretarial en la que concurran representantes de las dependencias del Ejecutivo Federal que deban participar en esta materia conforme a su respectiva competencia, a fin de procurar medios de ayuda y protección a refugiados”.

En concordancia con los principios internacionales en materia de política exterior del país, la administración del entonces presidente José López Portillo creó la Comar para brindar la asistencia y protección necesarias a las personas extranjeras que busquen protección internacional.

De acuerdo con el Acuerdo, se le confirieron a la Comar las siguientes facultades: estudiar las necesidades de los refugiados extranjeros en el territorio nacional, proponer las relaciones e intercambios con organismos internacionales creados para ayudar a los refugiados, aprobar los proyectos de ayuda a los refugiados en el país y buscar soluciones permanentes a los problemas de las personas refugiadas.

A pesar de que la Comar se creó para atender originalmente a todas las personas refugiadas y asiladas que llegaran a nuestro país; a partir de 1984 centró sus labores en las y los refugiados provenientes de Guatemala. Posteriormente, en 1982 el gobierno federal y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) firmaron un convenio para establecer una representación permanente de este organismo internacional en el país.

El 27 de enero de 2011, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, la cual se encuentra vigente. En esta nueva norma jurídica se establecieron las características con las que debe cumplir una persona extranjera para ser considerada refugiada; los principios de la política sobre refugiados; se distribuyeron competencias entre las distintas dependencias de la administración pública federal; el procedimiento para el reconocimiento de la condición de persona refugiada; se definió el concepto de asilo político; los mecanismos para acceder a esta figura; y diversas disposiciones generales relativas a las personas asiladas y refugiadas.

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, la condición de refugiado debe otorgarse a toda persona extranjera que “debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda [...] a causa de dichos temores acogerse a la protección de tal país”.

Asimismo, se debe reconocer tal condición a toda y todo extranjero que ha huido de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.

La misma ley define el asilo político como la “protección que el Estado mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro”.

En este sentido, el Estado mexicano demuestra su compromiso con la democracia, la libertad y el respeto irrestricto a los derechos humanos al crear e implementar mecanismos para proteger a las personas extranjeras cuyos derechos fundamentales, así como su integridad personal y su vida se encuentren en peligro.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados es uno de los órganos facultados para reconocer la condición de refugiado y otorgar medidas de protección complementarias. Entre sus facultades se encuentran: proporcionar a las personas extranjeras información sobre el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado y sobre el procedimiento correspondiente; recibir las solicitudes de reconocimiento de condición de refugiado, resolver sobre el reconocimiento de la condición de refugiado de los extranjeros que, encontrándose en México, así lo soliciten; emitir las constancias de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado; determinar el otorgamiento de protección complementaria a los extranjeros; y determinar el otorgamiento de protección complementaria.

Como se observa, la Coordinación General de la Comar es la responsable como parte del gobierno mexicano para garantizar el derecho de protección internacional de personas que se desplazan por violencia, históricamente forma parte fundamental del procedimiento para el reconocimiento de la condición de persona refugiada. Por ello, ya que nuestro país se ha caracterizado por su hospitalidad y su política de puertas abiertas a quienes son perseguidas y perseguidos en sus países de origen, por lo que es importante fortalecer presupuestal y jurídicamente al órgano encargado de la protección de las personas extranjeras solicitantes de asilo en el país.

Situación actual

Con la llegada de la nueva administración, la política migratoria en nuestro país sufrió un giro de 180 grados, al pasar de un paradigma policiaco a uno que privilegia los derechos humanos de las personas migrantes y extranjeras.

Derivado de las situaciones políticas y sociales convulsas que se viven en Honduras, Guatemala y El Salvador, y en distintos espacios del planeta, algunas y algunos de sus nacionales se han visto obligados a abandonar su país de origen para proteger su vida, su integridad personal, su libertad o estos mismos bienes jurídicos de sus familiares.

El denominado Triángulo del Norte lo forman Guatemala, Honduras y El Salvador. Los tres comparten condiciones de desigualdad, marginación, desempleo y violencia, que son a su vez, la principal razón por la cual sus habitantes se ven obligados a migrar de manera masiva hacia nuestro país en los últimos años.

Las personas centroamericanas de estas tres naciones hermanas buscan mejorar sus condiciones de vida desde las distintas necesidades como las económicas, ya que en sus países no encuentran las condiciones humanas para que logren el desarrollo integral de las personas. Por ello ven en la movilidad una estrategia de sobrevivencia ante las pocas condiciones de dignidad y ejercicio de derechos y de desarrollo humano que hay en sus países de origen.

Antes de tomar la decisión de abandonar sus países, los habitantes del Triángulo del Norte experimentan desplazamientos internos forzados, originados principalmente por la extrema violencia que viven a diario en amplias zonas de sus lugares donde habitan. Tal violencia es generada por el crimen organizado, como el narcotráfico o las pandillas.

En la esperanza por buscar una vida digna en algún otro lugar del mundo, muchas opciones optan por ir México y algunos más a Estados Unidos de América, México ha sido el país de tránsito y de llegada de estas personas; sin embargo, en este trayecto migratorio incierto, derivado de las distintas manifestaciones de violencia que viven las personas, lo que trata de acompañar.

En lo transcurrido de 2019 se ha registrado un incremento de 222 por ciento en las solicitudes de asilo en el país, en comparación con el mismo periodo del año inmediato anterior. Asimismo, se han registrado 54 mil 377 solicitudes (en un país con 120 millones de habitantes), tan sólo en septiembre de 2019 se presentaron 6 mil 123 solicitudes. A la fecha, aún hay 37 mil 104 solicitudes pendientes o en trámite. Según la ACNUR, 53 por ciento de las personas peticionarias provienen de Honduras, 17 por ciento de El Salvador, 16 por ciento de Venezuela, 6 por ciento de Guatemala y 4 por ciento de Nicaragua; el resto proviene de otros países.

La coyuntura internacional ha elevado sustancialmente el número de solicitudes de refugio que se presentan ante las autoridades mexicanas, como se muestra enseguida:

Solicitudes de refugio en México

2013 Mil 296

2014 2 mil 137

2015 3 mil 424

2016 8 mil 796

2017 14 mil 619

2018 29 mil 623

2019 (a septiembre) 54 mil 377

A pesar de estos datos, México ocupa el puesto 123 mundial por número de refugiados, con sólo 0.096 refugiados por cada 100 mil personas. Los primeros lugares los ocupan.

Número de refugiados por cada 100 mil habitantes

1. Líbano, 158.

2. Jordania, 65.

3. Turquía, 43.

4. Uganda, 30.

5. Chad, 29.

123. México, 0.096.

A partir de la información anterior, es imposible concluir que el Estado mexicano no cuenta con las condiciones económicas y sociales para continuar con su tradición hospitalaria. De hecho, el país es uno de los que menos refugiados y solicitudes de asilo reciben. Esto, debido en parte a la falta de capacidad institucional de la Comar.

De acuerdo con diversas organizaciones de la sociedad civil, la Comar se encuentra absolutamente rebasada, ya que los trámites se demoran demasiado y hay opacidad en las oficinas de la dependencia en cuestión, por lo que se desincentiva que las personas extranjeras interpongan su solicitud de asilo, aunque por derecho les corresponda.

Para hacer frente a las decenas de miles de solicitudes de asilo, a la Comar solamente se le asignaron 21 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, lo que representa únicamente 0.03 por ciento del presupuesto destinado al ramo de gobernación. El nuevo gobierno debe incrementar el presupuesto de la Comar, para garantizar los derechos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Debe destacarse que en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020, el gobierno de México sólo pidió un aumento de 7 millones en el presupuesto de la Comar, con lo cual, de ser aprobado por el Congreso de la Unión, esa institución operaría durante el próximo año con 27 millones 360 mil 858 pesos, cantidad que en proporciones a los indicadores antes mencionados, no solo es insuficiente, sino que vulnera el ejercicio del derecho internacional a recibir protección internacional en condiciones dignas a la vida.

El Congreso de la Unión tiene la obligación de respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en territorio nacional sin importar su nacionalidad. Asimismo, se tiene el compromiso con la comunidad internacional de respetar los tratados internacionales en la materia y de brindar una respuesta humanitaria adecuada a poblaciones en situación de vulnerabilidad en los supuestos de desplazamiento tras nacional forzado por violencia.

Ante la situación por la que atraviesan nuestras y nuestros hermanos centroamericanos es fundamental que el Estado mexicano no solamente se solidarice, sino que cumpla sus compromisos y obligaciones internacionales. Por ello es necesario fortalecer institucional y presupuestalmente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para comenzar a resolver la problemática de la migración ante la que, actualmente, nos enfrentamos.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que

• Consulte, y cite a diálogo, al titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que explique y dialogue sobre las necesidades que como Estado tenemos para 2020.

Punto de acuerdo incremento presupuesto a la Comar

• Se asigne a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) el presupuesto suficiente y proporcional al aumento de solicitudes que ha registrado en los últimos años, para garantizar los derechos humanos de las personas extranjeras que requieran de protección internacional para atender las solicitudes de asilo y protección conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

Notas

1 Decreto presidencial por medio del cual se crea la Comar, del 22 de julio de 1980. Disponible en

https://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=208709&pagina=4&seccion=1

2 Ibídem.

3 Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

4 Ibídem.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 17 de octubre de 2019.— Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión, celebrada en esta fecha, la senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó proposición con punto de acuerdo, que exhorta a diversas dependencias de la administración pública federal a resolver la problemática de los ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, así como a la Cámara de Diputados a establecer las previsiones presupuestales suficientes dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, que solventen los gastos correspondientes a la restitución de los derechos de dichos trabajadores.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2019.— Senador Salomón Jara Cruz (rúbrica), secretario.»

«La que suscribe, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los

Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de este Senado de la República la proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, por la que se exhorta a diversas dependencias de la administración pública federal a resolver la problemática de los ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, así como a la Cámara de Diputados a establecer las previsiones presupuestales suficientes dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, que solventen los gastos correspondientes a la restitución de los derechos de dichos trabajadores, a l tenor de la siguiente:

Exposicion de Motivos

Una de las aspiraciones de la Revolución Mexicana fue la de satisfacer las necesidades de los trabajadores mexicanos, dada su situación de vulnerabilidad y desventaja frente a los patrones de todos los ramos de la industria, el comercio, la minería y la agricultura.

Desde aquel entonces, la intervención del Estado para regular el trabajo y reivindicar los derechos sociales fue fundamental para garantizar condiciones de igualdad entre el empleador y el empleado, con la finalidad de erradicar los abusos del primero hacia el segundo, provocando situaciones de pobreza, desigualdad, dependencia e incertidumbre laboral.

Otro de los motivos que impulsaron al Constituyente de 1917 para intervenir en la regulación del trabajo y expedir una norma revestida de justicia social fue, indudablemente, el progreso económico, el desarrollo y bienestar que surgía en otras naciones que ya mantenían un equilibro entre los dueños del capital y las fuerzas del trabajo, es decir, países que regulaban un salario justo para el trabajador y su familia, días de descanso obligatorio, garantías por cuanto a los riesgos de trabajo, el derecho de asociación, el derecho a la huelga, creación de los órganos de resolución de conflictos, entre otros.

La protección de los derechos de los trabajadores responde a una serie de consideraciones que han antecedido a la Constitución Política de 1917 que actualmente nos rige, en ese sentido, el derecho del trabajo se ha consolidado dentro de los regímenes de cada país, así como a nivel internacional, como un derecho humano, pues se considera un valor supremo de la vida humana, ya que a través del trabajo se puede dignificar al hombre, de manera que la importancia de su reconocimiento en la norma fundamental es indispensable.

Con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 cambió la perspectiva en materia de derechos humanos, pues a partir de la fecha se incorporaron a nuestra Carta Magna todos aquellos derechos regulados en el marco internacional, lo que propició la creación del llamado bloque de constitucionalidad, a partir del cual las autoridades mexicanas debían observar la ley local, así como todos los instrumentos internacionales para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, entre los que se encuentran el derecho al trabajo o como se ha hecho referencia en la doctrina, derechos humanos laborales.

De acuerdo con Alfredo Sánchez Castañeda, los derechos humanos laborales permiten que las personas cuenten con las condiciones mínimas indispensables para desempeñar un empleo y llevar una vida digna, estos derechos se pueden clasificar en cuatro grupos el primero se refiere al derecho al empleo, el segundo al derecho a la formación profesional que permita insertarse al mercado de trabajo el tercero hace referencia a los derechos durante el trabajo (condiciones laborales) y el cuarto lugar a los derechos en caso de pérdida de trabajo (seguro de desempleo o nueva formación profesional.

Por cuanto al cuarto grupo, vale la pena hacer referencia a la Carta de las Naciones Unidad que, en su artículo 55, establece que, para crear condiciones de estabilidad y bienestar, se promoverá el trabajo permanente para todos.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace referencia a que toda persona tienen derecho a la protección contra el desempleo; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de todos a trabajar cuya obligación correlativa le corresponde a los Estados partes, los cuales deberán garantizar este derecho; la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece que para lograr la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso se deben realizar esfuerzos en la consecución de salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos.

En tanto que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre ve al trabajo como un deber de las personas, que debe realizar dentro de su capacidad y posibilidades, para obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad. En tanto que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) dispone que toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de tener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida.

Como se observa el derecho humano al trabajo recobra especial relevancia para el bienestar de las personas y garantizar el desarrollo social, de manera que es de suma importancia que el Estado regula e intervenga en la garantía de este derecho y realizar acciones antes, durante y después de la relación laboral en el sentido de que se prepare a la persona para el empleo, se garanticen las condiciones de trabajo, así como el pago justo por el término de la fuente de trabajo y asegurar que al concluir éste, sin importar la razón, siempre y cuando no amerita alguna responsabilidad de ningún tipo para el trabajador que le impida acceder a la totalidad del pago de sus prestaciones debido a que por su conducta no sea acreedor a las mismas.

En nuestro país, existen casos en los que ha concluido la relación laboral sin causas imputables a los trabajadores de manera individual y colectiva, el presente punto de acuerdo se refiere al último caso, es decir, cuando ha concluido la relación laboral que se tenía con un grupo de trabajadores por causas imputables al patrón, resaltando que en la mayoría de estos casos no se han respetado sus derechos como trabajadores, desde el pago de sus prestaciones hasta la falta de impartición de justicia y resolución de sus controversias laborales, basta mencionar ejemplos como, Ferrocarriles Nacionales de México, Mexicana de Aviación, SAB de CV, Luz y Fuerza del Centro y el caso Oceanografía, SA de CV.

Particularmente, en el caso de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), se emitió el ilegal Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, con la comparsa de su líder sindical Martín Esparza Flores, y el 11 de octubre de 2009 se dejó sin la fuente de empleo a más de 44 mil trabajadores. Dicho Decreto establecía que la liquidación de Luz y Fuerza del Centro estaría a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para lo cual tendría las más amplias facultades para actos de administración, dominio y pleitos y cobranzas, y para suscribir u otorgar títulos de crédito, incluyendo aquéllas que en cualquier materia requieran poder o cláusula especial en términos de las disposiciones aplicables, así como para realizar cualquier acción que coadyuve a un expedito y eficiente proceso de liquidación. Sin embargo, este proceso no garantizó los derechos de los trabajadores, quienes a la fecha siguen en la lucha por la reivindicación de sus derechos laborales, conforme a la figura de su contrato colectivo, mediante diversas negociaciones con las diversas administraciones de gobierno federal, las cuales se desincentivaron debido a que se entregó un pasivo laboral de 80 mil millones de pesos, que pertenecía a 44 mil trabajadores en la administración pasada, a cambio de una concesión y el uso y explotación de pequeñas plantas de generación de energía que fueron entregadas a una empresa privada, la Generadora Fénix, subsidiaria de la trasnacional Mota Engil, pero, la propiedad de las pequeñas plantas hidroeléctricas la ostenta la Comisión Federal de Electricidad, según diversos reportes de los trabajadores.

Tras la negociación referida, prácticamente se extinguió el histórico Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y LyFC conviniéndose un pequeño contrato colectivo de trabajo, reducido a los mínimos que establece la Ley Federal del Trabajo, que ampara solo a 541 trabajadores. A cambio, la dirección del SME recibió un 40 por ciento de las acciones de la Generadora Fénix, a la Cooperativa del SME le dieron un 9 por ciento de estas acciones (hecho que se ocultó a los agremiados) y Mota Engil, a través de Fénix, se quedó con el 51 por ciento, sin haber aportado un solo centavo.

En el año de 2010 se liquidó a algunos trabajadores, por la necesidad de enfrentar sus gastos familiares, algunos de ellos demandaron, otros, sin liquidarse también, demandaron porque no alcanzaron a cobrar una liquidación, misma que estuvo injusta y ventajosamente mal calculada.

Para el año 2016 y tras la serie de actos de corrupción que tuvieron origen con la liquidación de la paraestatal, 14 mil 621 trabajadores se liquidaron en agosto de 2016 y se convirtieron en miembros de la Cooperativa Luz y Fuerza del Centro, solo 646 pudieron comenzar a laborar, pero en condiciones precarias, el resto, 13 mil 975 siguió esperando su contratación.

Aunado a lo anterior y como parte de esta gran maraña de corrupción, se ha afirmado que 25 miembros de la dirección del SME cobraron liquidaciones millonarias, entre 4 y 7 millones de pesos cada uno, sin contar con el tiempo de servicios (antigüedad laboral en LyFC) y el salario requerido.

Asimismo, hermanos, familiares, así como gente cercana a ellos, cobraron cantidades semejantes, algunos con apenas 2 años de servicio, en tanto que la mayoría los algunos otros trabajadores electricistas fueron pensionados con rentas vitalicias de entre 3 mil a 18 mil pesos mensuales.

No obstante, el nivel más alto de la corrupción se centra, reitero, en la negociación del pasivo laboral, que según algunos miembros de dicho sindicato ascendía a 240 mil millones de pesos en el año 2009; 160 mil millones para garantizar el pago de 22 mil jubilados, y 80 mil millones de pesos correspondiente a 44 mil trabajadores de LyFC, consistente en obligaciones del gobierno federal para garantizar el pago de despidos, liquidaciones, seguro sindical y lo más relevante, crear un fondo para las futuras jubilaciones.

Diversas auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reconocen que: todo el proceso de extinción liquidación de LyFC está plagado de irregularidades, que el pasivo laboral de LyFC tiene un déficit del 100 por ciento; es decir, nunca fue fondeado, entre otras.

Aunado a esto, se ha manipulado el programa habitacional, que sigue administrando el otrora Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, dejando en la incertidumbre de vivienda a muchos trabajadores, las demandas de los trabajadores no han sido resueltas en las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de manera general, los trabajadores del gremio, sin excepción, comienzan a sentir desesperación y decepción dada su situación de necesidad.

Es por ello que presento esta proposición con punto de acuerdo, para contribuir a la reivindicación de los derechos de los trabajadores del gremio electricista, nos encontramos a unos días de que se cumplan 10 años de la extinción de LyFC y no podemos ignorar el hecho de que esta es nuestra obligación unir esfuerzos para que puedan alcanzar la justicia laboral, además de sancionarse a los que se han aprovechado de los recursos que bien podrían resolver la problemática de todos y cada uno de los que fueron afectados, de todos y cada uno de los 44 mil ex trabajadores que aún quedan.

De tal manera que, someto a la consideración de este Senado de la República la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución:

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, del Trabajo y Previsión Social y de la Función Pública, así como a la Fiscalía General de la República y al Instituto de Administración de Bienes y Activos, a que coordinen una mesa de trabajo en la que se establezca la estrategia para resolver todas y cada una de las demandas de los ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro y se investigue y sancione a quienes hayan cometido actos de corrupción en contra de los derechos de dichos ex trabajadores.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la colegisladora para que, en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, se etiqueten los recursos suficientes para el pago de las prestaciones laborales que conforme a su último contrato colectivo tienen derecho los ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro.

Nota

1 Los derechos humanos laborales:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11 /5172i17pdf

Presentado en el salón del pleno del Senado de la República, a los 10 días del mes de octubre del año 2019.— Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el proceso de discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se etiqueten mayores recursos al Centro Nacional de Trasplantes para fortalecer su infraestructura, equipamiento y operación en la procuración, trasplante y banco de órganos, tejidos y células, mejorar los tratamientos, posteriores al trasplante y distribución de medicamentos inmunosupresores entre los receptores de órganos.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019.— Senador Primo Dothé Mata (rúbrica), secretario.»

«Verónica Martínez García, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en la fracción II del artículo 8, en el numeral 1, fracción I, del artículo 276, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El cuarto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud...”

La salud es un derecho humano tutelado desde la Ley Suprema y en diversos instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte, en beneficio de todas las personas, independientemente de su edad, como un reflejo del bienestar y de la adecuada calidad de vida con que deben contar, teniendo la posibilidad de acudir a cualquiera de las instituciones de salud, públicas, privadas o de asistencia social, para atenderse de toda afección que pudiera mermar su integridad física o mental.

Actualmente, la población mexicana suele verse afectada por infecciones, accidentes, enfermedades no transmisibles, malos hábitos, entre otras condiciones de carácter patológico, las cuales pueden generar padecimientos crónico-degenerativos a mediano y largo plazo, los cuales dañan paulatinamente el funcionamiento del organismo.

Las opciones para atender tales afecciones son diversas, sólo que, dependiendo de la gravedad del caso en particular, se podrá elegir entre los diferentes tratamientos que mitiguen, controlen o diluyan los efectos del cuadro patológico, pudiendo recurrir a las cirugías e incluso a los trasplantes de órganos, tejidos o células, entre personas vivas o de un fallecido a persona en vida, sobre todo cuando se encuentre muy disminuida y comprometida la calidad de vida del paciente.

En el caso de los trasplantes de órganos, tejidos o células, el organismo encargado de la procuración, de trasplante y de banco es el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, quien ejecutará la política y directrices delineadas en materia de trasplantes.

De acuerdo con datos arrojados por el Informe del Primer Semestre de 2019 de Cenatra, en ese lapso, se registraron 22 mil 290 personas que están en espera de recibir algún trasplante de órgano que les permita tener una esperanza de vida y/o mejorar su calidad, desafortunadamente esta cifra va en aumento día a día y tal espera se va alargando.

En lo que hace al primer semestre de 2019, se tiene registrada una lista de pacientes en espera del trasplante de alguno de sus órganos, por dependencia, por lo que en el IMSS son 15 mil 161 pacientes en esa situación; en el sector privado son 2 mil 661; en la Secretaría de Salud, mil 151; Issste, mil 49; en Isssfam, 345; de las instituciones de seguridad social, de Pemex, 80, y de de la Secretaría de Marina, 18; cifras que se desprenden del mismo informe.

La insuficiencia presupuestaria es el principal factor por el que el Cenatra se ha visto impedido para tener un adecuado funcionamiento, aunado a la existencia de desinformación y a la falta de una cultura de donación de órganos lo suficientemente sólida entre los mexicanos, pero, lo más preocupante, es el debilitamiento que presenta este organismo ante el rezago de una estructura y un equipamiento que le permita operar adecuadamente, la falta de una constante capacitación de sus médicos especialistas, lo que representan circunstancias que le impiden responder eficazmente a la alta demanda de los pacientes que requieren de un trasplante para tener un óptimo nivel de vida, así como para resguardar órganos, tejidos y células.

El actual esquema por el que bajan los recursos al Cenatra es inadecuado, ya que ante la incapacidad de realizar trasplantes permanentemente, las instituciones públicas de salud brindan tratamientos muy costosos a las personas con algún padecimiento grave o con algún órgano dañado, tal como sucede en los casos de deficiencia renal, donde al no realizarse oportunamente el trasplante requerido al paciente, se genera la necesidad de realizarle un tratamiento de hemodiálisis, que en promedio dura alrededor de 5 años, lo cual resulta más caro que etiquetarle directamente al Cenatra los recursos que le permitan efectuar la procuración, trasplante y banco de órganos, tejidos y células.

Al mismo tiempo, es preocupante la insuficiencia de medicamentos de inmunosupresión, cuya ministración es indispensable para aquellos pacientes que han recibido el trasplante de un órgano, ya que sin esas dosis, su organismo podría rechazarlo, motivo por el que tienen que adquirirlo por su cuenta a costos sumamente elevados, comprometiéndose su vida en caso de no contar con los recursos suficientes.

A pesar de que se han incrementado los establecimientos con licencia sanitaria para llevar a cabo las funciones de procuración, trasplante y banco de órganos, tejidos y células, resulta importante que esa tendencia pueda sostenerse al alza en beneficio de los mexicanos.

De acuerdo a las cifras del Informe del Primer Semestre de 2019 de Cenatra, a nivel nacional dicho organismo cuenta con 546 establecimientos, de los cuales no todos cuentan con la autorización y la capacidad para desarrollar las funciones referidas, ni para ejecutar programas relacionados con ellas, lo que obstaculiza efectuar permanentemente el resguardo y trasplante de órganos, tejidos y células; tal situación es la siguiente:

La Secretaría de Salud y el Cenatra se han esforzado infructuosamente para capacitar a sus médicos e incentivar una cultura de la donación de órganos entre la ciudadanía, lo que obedece a la escasez de recursos asignados.

La falta de información sobre el tema se conjuga con las ideas de tipo religioso que hay entre la sociedad, impidiendo observar que la verdadera finalidad de la donación y los trasplantes de órganos es dar una esperanza de vida a quien lo necesita para tener un mejor nivel de vida en virtud de que su organismo se encuentra deteriorado por el padecimiento de una enfermedad grave o por presentar algún daño irreversible en algún órgano.

En el caso de la donación del órgano de una persona fallecida a una persona viva, es común que a pesar de que el occiso haya realizado alguna manifestación de voluntad con la “tarjeta de donación” o del “formato oficial para manifestar el consentimiento expreso de donar órganos”, sus familiares no respeten tal disposición.

En 2018 se logró la donación de 2 mil 600 personas fallecidas, de acuerdo con cifras del referido informe de Cenatra.

Tal situación puede ser atendida por las autoridades competentes al implementarse permanentemente una campaña nacional de carácter permanente en la que se difunda la importancia de la donación de órganos, tejidos y células hoy en día, construyendo una cultura de la donación que propicie una mayor participación de los mexicanos para brindar una esperanza de vida a los pacientes que lo necesiten, lo cual es una facultad de la Secretaría de Salud contenida en la fracción V del artículo 313 de la Ley General de Salud, señalando lo siguiente:

“ Compete a la Secretaría de Salud:

... V. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud y con los gobiernos de las entidades federativas, campañas permanentes de concientización sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células para fines de trasplantes, así como de sangre y sus componentes para efectos de transfusiones y otros usos terapéuticos.”

La insuficiencia presupuestal es un factor que ha impedido que la Secretaría de Salud ejerza eficazmente tal facultad establecida en la legislación, por lo que las políticas públicas que se deben implementar con la finalidad de informar, incentivar o construir una cultura de la donación de órganos, tejidos y células no cumplen con su objetivo, ya que desafortunadamente al aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación cada año, los recursos que se otorgan al Cenatra no corresponden a la importancia de las funciones que este organismo realiza.

Para tener un dato preciso sobre tal circunstancia, para el ejercicio fiscal de 2019, al Cenatra le fueron otorgados para su funcionamiento 23,995,576.00 de pesos (veintitrés millones novecientos noventa y cinco mil quinientos setenta y seis pesos 00/100 MN), cantidad que se subdividió en el rubro de “Servicios Personales”, que es lo referente a la nómina de los especialistas y todo el personal que presta sus servicios en tal organismo, por la cantidad de 18,513,017. 00 (dieciocho millones quinientos trece mil diecisiete pesos 00/100 MN); el segundo rubro señalado, es el de “Gasto de Operación”, del cual depende el gasto corriente del organismo, sólo se le destina la cantidad de 5,482, 559.00 (cinco millones cuatrocientos ochenta y dos mil quinientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 MN).

Debido a la importancia que tiene este tema, es necesario atender desde el Poder Legislativo esta insuficiencia presupuestaria que afecta la infraestructura y la capacidad del Cenatra, con la idea de que los recursos que recibe tal organismo sean etiquetados en forma directa e incrementados para estar en posibilidad de respetar el derecho humano a la vida y la salud de todas aquellas personas que requieran del trasplante de alguno de sus órganos, por así requerirlo el padecimiento que sufren, dándoles una esperanza de vida.

Aunado a lo anterior, es importante que también exista la posibilidad de diseñar políticas públicas que puedan ser implementadas en forma eficiente, en la búsqueda de una mayor participación de los mexicanos en la donación de órganos.

Por lo antes expuesto es que, me permito someter a la consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con la finalidad de que en el proceso de discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, se etiqueten directamente mayores recursos al Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, para fortalecer su infraestructura, equipamiento y operación en la procuración, trasplante y banco de órganos, tejidos y células, mejorar los tratamientos posteriores al trasplante y distribución de medicamentos inmunosupresores entre los receptores de órganos, capacitar constantemente a sus médicos especialistas, así como para implementar una campaña nacional de carácter permanente en la que se difunda la necesidad de construir una cultura de la donación de órganos entre los mexicanos.

Notas

1 Cenatra, Informe del Primer Semestre de 2019, Estado actual de Donadores, Receptores y Trasplantes, página 4... “15 mil 939 personas esperan recibir un trasplante de riñón, 5 mil 988 personas esperan recibir un trasplante de córnea, 311 personas esperan recibir un trasplante de hígado, 37 personas esperan recibir un trasplante de corazón, 2 personas esperan recibir un trasplante de riñón-páncreas, 2 personas esperan recibir un trasplante de pulmón, 2 personas esperan recibir un trasplante de hígado-riñón, 1 persona espera recibir un trasplante de corazón-pulmón”.

2 Ibídem, página 5.

3 Op. Cit, nota número 1, página 1.

4 Op. Cit, nota número 1, página 7l.

Dado en el Senado de la República, a 14 de octubre del 2019. — Senadora Verónica Martínez García (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil y a la honorable Cámara de Diputados para que tomen medidas de protección y apoyos para la población del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, por las inundaciones causadas por lluvias atípicas que desbordaron el arroyo El Salto.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara el primer resolutivo a la Comisión de Recursos Hidráulicos y el segundo resolutivo, por ser asunto de su competencia a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2019.— Senador Primo Dothé Mata (rúbrica), secretario.»

«La suscrita, senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la honorable Cámara de Diputados, para que tomen medidas de protección y apoyos para la población del municipio Los Cabos, Baja California Sur, por las inundaciones causadas por lluvias atípicas que desbordaron el arroyo El Salto, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Hace unos días, los habitantes de Baja California Sur sufrimos un fuerte embate de la naturaleza, ahora en forma de lluvias atípicas severas y una inundación pluvial de proporciones inusitadas, sobre todo en el municipio de Los Cabos, que desbordó el cauce y los niveles de agua del arroyo El Salto.

Esto provocó graves daños a la población e incluso la lamentable pérdida de la vida de una mujer, así como fuertes daños a la infraestructura y a las viviendas de buena parte de la población más desprotegida de Cabo San Lucas. Son daños muy severos los que resintieron miles de familias de nuestro estado en su escaso patrimonio.

Desde hace tiempo se han realizado reuniones entre autoridades estatales, municipales y la Dirección General del Organismo de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua para tratar la temática del Acuífero de Cabo San Lucas, su vínculo natural con el arroyo El Salto y los riesgos reales y potenciales para la población cabeña.

En este sentido, se ha identificado que dicho cuerpo de agua subterráneo cuenta con un déficit de -4.6 Mm3 y carece por completo de obras de recarga y/o protección, por lo cual se ha propuesto la elaboración de un proyecto ejecutivo de una presa que funcione como obra de protección y recarga sobre el arroyo El Salto, obra que una vez construida generará importantes beneficios a la población, ya que en la parte baja de este escurrimiento se ubican asentamientos humanos dentro de su cauce y zona federal, vulnerables ante inundaciones provocadas por fenómenos meteorológicos típicos de la zona como los huracanes y las lluvias torrenciales como las que sucedieron estos últimos días.

El proyecto ejecutivo consiste en la construcción de una presa y canalización del arroyo El Salto, con un área de cuenca de 60 kilómetros cuadrados aproximada, y un volumen de escurrimiento de 4.8 Mm3 y 26 Mm3, para un periodo de retorno Tr10 y Tr10,000 respectivamente, que funcionaría como, una obra de control y recarga, la cual, en conjunto con la canalización del arroyo, protegería la integridad de habitantes que se encuentran asentados en zonas de alto riesgo.

La elaboración de estos proyectos ejecutivos requieren de una inversión estimada de 28 millones de pesos, para beneficio de una población de 180 mil 222 habitantes, con los siguientes beneficios concretos: (l) proteger la integridad de los asentamientos que se localizan aguas abajo; (2) contribuir a la recarga del acuífero de Cabo San Lucas, mejorando su condición, y (3) generar infraestructura para el control de avenidas.

Véase la siguiente imagen que ilustra con toda claridad el proyecto ejecutivo en comento y sus beneficios:

Por desgracia, las negociaciones para la realización de las obras hidráulicas de recarga y protección no se han concretado en los hechos por diversas razones políticas y presupuestales, razón por la cual la vida y la seguridad de las personas y familias de Los Cabos, en particular quienes habitan las zonas más vulnerables, continúan permanentemente en alto riesgo.

La mejor forma de ayudar a la población vulnerable de Los Cabos en el futuro es a través de acciones concretas que atiendan el problema de fondo, como es la construcción de una presa y obras hidráulicas de encauzamiento o canalización de las aguas del arroyo El Salto, lo cual reduciría de manera significativa la concreción de emergencias y desastres naturales.

Sin duda representarán un gran apoyo para subsanar los daños sufridos por estos fenómenos naturales los recursos que se destinen derivados de la declaratoria de emergencia que deberá expedirse en los próximos días, pero lo más relevante para evitar que este tipo de afectaciones se sigan presentando será a través de la realización de las obras hidráulicas preventivas.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado de la Semarnat, a que, en ejercicio de las facultades que le otorga la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, lleve a cabo de manera urgente las obras de contención y canalización de la corriente del arroyo El Salto, en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, necesarias para la protección de la vida y el patrimonio de las personas y familias que viven en esta zona de alto riesgo, en tanto pueda realizarse el proyecto ejecutivo de construcción de una presa y canalización del arroyo El Salto.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que, en este Presupuesto de Egresos para el Año Fiscal 2020 se prevean recursos económicos suficientes para la realización del proyecto ejecutivo de construcción de una presa y canalización del arroyo El Salto, por parte de la federación (Comisión Nacional del Agua), el gobierno del estado de Baja California Sur y el municipio Los Cabos, cuyo objeto es la protección de la integridad de los asentamientos humanos que se localizan aguas abajo; contribuir a la recarga del acuífero de Cabo San Lucas y generar infraestructura para el control de avenidas, en el municipio Los Cabos, Baja California Sur.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, en Ciudad de México, a veintidós de octubre de 2019.— Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que en el presupuesto de egresos de la federación ejercicio fiscal 2020, se incrementen los recursos asignados a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2019.— Senador Salomón Jara Cruz (rúbrica), vicepresidente.»

«El que suscribe, senador José Erandi Bermúdez Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fracción II numeral 1 del artículo 8 y numeral 1 y 2 del artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Desde tiempos ancestrales, gracias a la agricultura, pero, sobre todo, a través del dominio de las técnicas de cultivo del suelo para la obtención controlada de vegetales, se encontró la solución para el abastecimiento regular de los seres humanos, y con ello, la reducción de la mortalidad de estos. De este modo, gracias al progreso social y económico que supuso el suministro de alimentación, y posteriormente, el desarrollo del comercio se consiguió, por consiguiente, el impulso necesario para el crecimiento económico de los países.

Por ello, como sostiene la OCDE, la agricultura es considerada como una de las actividades económicas, sociales y ambientales más esenciales para el ser humano. Como es conocido por todos, en primer lugar, la agricultura nos provee de bienes naturales en forma de alimento, o de materias primas para la industria textil; pero no sólo cumple estas funciones primarias.

Las actividades agrícolas además tienen consecuencias ambientales, pues construyen el paisaje y aportan ventajas medioambientales en la conservación del suelo, preservando la biodiversidad y procurando una gestión sostenible de los recursos naturales. Asimismo, supone unas de las actividades económicas esenciales para el desarrollo económico de las naciones, ya que fomentan el desarrollo económico y social de numerosas zonas rurales.

La agricultura es, por tanto, una parte fundamental del sector económico primario junto con la ganadería, y es una base importante para el crecimiento de la economía de los países.

En la actualidad millones de personas se sustentan gracias a la agricultura, tal y como indican los últimos informes elaborados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, fomentando la seguridad alimentaria e impulsando las economías de los países en vías de desarrollo.

Así, las políticas agrícolas, en todos sus ámbitos (nacional, regional o internacional) se han convertido en herramientas imprescindibles para el desarrollo de los países en general, aunque, sobre todo, para los países menos desarrollados; pues son los medios más eficaces para la reducción de la pobreza en estas áreas, siendo una fuente primaria de alimentos y de empleo para la población de estas.

De hecho, como se muestra a través del esfuerzo implementado por estas políticas de manera integral, la importancia de la agricultura no reside en una de sus funciones en particular, sino que radica en el desarrollo y condicionamiento en sus tres vertientes, ambiental, económico y social, de manera que éstas son interdependientes entre sí.

La agricultura en México es considerada corno una de las actividades económicas con mayor relevancia ya que genera gran cantidad de empleos en el país; es considerada como el sector productivo más importante desde un punto vista económico, social y ambiental, ya que de ésta depende la alimentación primaria de millones de personas, el incremento de la población productiva y la preservación y cuidado del entorno.

En México la agricultura es una base importante para el desarrollo del país, ya que funciona como una herramienta que ayuda a fomentar la seguridad alimentaria; asimismo, constituye un estímulo para potenciar el progreso y el crecimiento productivo que puede mejorar significativamente las condiciones de vida en amplias zonas y fomentar la capacidad productiva de los sectores rurales.

En México existen cerca de 200 productos agrícolas que son cultivados dentro del país, entre los más destacados por su importancia en el consumo se encuentran el maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, caña de azúcar, tomate, chile y las oleaginosas por la alta producción de aceites derivados de sus semillas.

La zona dedicada a la producción agrícola en México es muy amplia ya que ocupa poco más del 13 por ciento del total del territorio nacional, lo que equivale a 145 millones de hectáreas dedicadas a esta actividad, donde el maíz y el frijol representan más del 80 por ciento de la producción agrícola al ser los productos que más se cultivan en toda la República.

Para el año 2015 se registró un aumento en la actividad agrícola, es por ello por lo que en la actualidad ocupa el tercer lugar en la producción de alimentos en Latinoamérica y el décimo segundo a nivel mundial, con una producción estimada de 280 millones de toneladas de alimentos con lo que se estima que para ese mismo año se generó un aumento en la producción de los 52 principales cultivos.

Esta actividad también incide en el aumento de la exportación de productos mexicanos al extranjero debido a la calidad y a la amplia gama de productos con los que cuenta, lo cual repercute positivamente en su potencial de desarrollo a través del crecimiento de la demanda interna y permite generar una mejor articulación regional, mayor equilibrio social e integración nacional.

México entró en la clasificación de las 10 mayores economías exportadoras de productos agroalimentarios, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En 2018, las exportaciones mexicanas de estos productos sumaron un valor de aduana de US$35.000 millones, y desplazaron con ello a las realizadas por Argentina, que quedó fuera de este grupo.

En el año pasado, los siete principales exportadores de productos agroindustriales se mantuvieron sin cambios, liderados por la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil. India subió al octavo lugar y Australia bajó al noveno.

China (9%), Brasil (6%) y México (6%) registraron los mayores aumentos en las exportaciones de productos agrícolas entre los 10 principales exportadores, mientras que Australia (40%) e Indonesia ( - 7%) experimentaron descensos.

El año pasado, México exportó principalmente aguacates (US$2.392 millones), tomates (US$2.261 millones), frutos de los géneros capsicum o pimenta (US$1.158 millones), carne de bovino (US$1.073 millones), frutos rojos o berries (US$927 millones), nueces (US$769 millones), animales vivos (US$758 millones), cítricos (US$597 millones), carne de cerdo (US$536 millones) y pepinos (US$521 millones).

En 2018, México comerció productos agroalimentarios con el mundo por un monto de US$64,500 millones.

A su vez, México es el principal proveedor de productos agrícolas a Estados Unidos, con US$29.100 millones en 2018.

Las exportaciones de Estados Unidos se concentran en granos, carne y oleaginosas, lo que representa 54% de las exportaciones agrícolas a México. Por ejemplo, sobresalen maíz amarillo, frijol de soya, trigo, carne de bovino, porcino y aves.

A más de lo expuesto, el sector agroalimentario de México pasó de registrar un déficit comercial estructural con Estados Unidos y Canadá en 1993 a un superávit creciente, que en 2018 se ubicó en US$7.300 millones (de US$8.100 millones que México obtuvo de saldo positivo en ese mismo año en su comercio global).

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, los recursos destinados al Programa Especial Concurrente (PEC) para el año entrante suman un total de $331,455.2 millones de pesos, $20,635.8 menos de lo que se aprobó para este año 2019, o sea que el presupuesto para el campo de este año es 6% menor nominalmente y 9.2 % en términos reales.

Para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) se propone un monto de 46,253.1 millones de pesos para el 2020 (Base Anexo 11 del PEC), inferior en 29.3% respecto al presupuesto aprobado para el 2019 de 65,434.9 mdp; en términos reales esta reducción sería del 31.8%. Más allá del recorte que se propone del 29% en los recursos de la Sader para el 2020 en relación para el presente año, la distribución de los recursos es aún más preocupante.

Se pretende desaparecer los siguientes programas/componentes:

• Concurrencia con las Entidades Federativas.

• Fomento Ganadero.

• Fomento al Consumo Pesquero.

• Apoyo a la Adquisición de Leche a Productores Nacionales. Productividad y Competitividad Agroalimentaria.

• Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS, aprobados el 2019 solo 104 mdp).

• Sistema Nacional de Investigación Agrícola (aprobados el 2019 solo 35 mdp).

La siguiente Tabla muestra un comparativo del recurso destinado a los programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Ramo 8) de este año (2019) con el Proyecto Ejecutivo para el 2020.

Con esta propuesta presupuestal para la Sader se mantendría la tendencia a seguir reduciendo su participación dentro del total de recursos destinados al PEC: desde el 2015 se han venido dando reducciones importantes en la Secretaría de Agricultura, de tal manera que, en 2020 con el Proyecto del Ejecutivo, la proporción de la participación de la Secretaría de Agricultura en el Programa Especial Concurrente sería de un 14%, el menor nivel histórico.

Con la reducción del presupuesto que se plantea, se pone en riesgo la soberanía alimentaria de México al cerrarle el paso a la producción de granos y hortalizas ante la baja presupuestal para la productividad y ubica en situación delicada a más de 5 millones de sujetos agrarios y cabe mencionar que es primordial para el crecimiento del producto interno bruto.

En estados del Bajío como son Guanajuato, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes y Michoacán, considerados el granero de México están ya en riesgo productivo por falta de agua y condiciones crediticias para la productividad, solo en Guanajuato, que sigue siendo un importante productor agropecuario, principalmente de granos, forrajes y hortalizas son el tercer productor de alfalfa, con 3.5 millones de toneladas; el primer lugar en brócoli, coliflor y lechuga, el 2° esparrago y el tercero en cebolla y garbanzo; en granos son el primer productor de cebada con casi la mitad de la producción nacional, el segundo en sorgo en grano con 1.5 millones de toneladas el tercero en trigo y el quinto en maíz en grano con 1.4 millones de toneladas en promedio; el tercer lugar en fresa y están dentro de los 10 principales productores de carne de porcino y leche.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se le asignen mayores recursos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, esto, debido al recorte indiscriminado que se presentó en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, para que así, la Sader pueda hacer frente a las obligaciones y compromisos que tiene con el desarrollo del campo mexicano.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a que en la próxima discusión que se llevará a cabo en torno a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se proponga de manera precisa el aumento de recursos económicos asignados a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ya que sin estos, la Sader se encontraría gravemente incapacitada en llevar a cabo sus funciones afectando gravemente los derechos de los campesinos y el desarrollo del campo mexicano.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 7 de octubre de 2019.— Senador José Erandi Bermúdez Méndez (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, se destinen mayores recursos que permitan fortalecer y ampliar la infraestructura hidráulica, así como para implementar programas y estrategias que contribuyan a garantizar el abasto de agua en el estado de Coahuila de Zaragoza.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019.— Senador Primo Dothé Mata (rúbrica), secretario.»

«La suscrita, Verónica Martínez García, senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en el numeral 1 del artículo 8, fracción II del 87, numeral 5 del artículo 109 y los numerales 1 y 2 del artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno del Senado de la República la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El estado de Coahuila de Zaragoza está conformado por 38 municipios a lo largo de su territorio, en el cual existen regiones con especies endémicas, además de existir asentamientos humanos en zonas urbanas o rurales, los cuales en su conjunto son alimentadas de agua mediante presas y ríos, que les permiten cont2r con un abasto de agua para tener bienestar y alcanzar un modo digno de vida, al satisfacer sus necesidades primarias.

Sin embargo, y aunque el estado goza de una cobertura de agua de 98.1% y de un 97.1% de drenaje, el crecimiento poblacional y la rápida industrialización, han generado que en los últimos años se venga suscitando el problema de la escasez de agua, el cual se ha recrudecido en los últimos años, sobre todo en la primavera y verano, por las altas temperaturas que imperan en todo el estado.

Tan solo en este año, la falta de lluvias y las altas temperaturas que han llegado a rebasar los 40 grados centígrados en diferentes regiones de dicha entidad federativa, han generado la necesidad de que se desarrolle algún plan de apoyo a la ciudadanía para mitigar los efectos que sufre tanto por el aspecto climático extremo, como por la escasez de agua que se presenta frecuentemente, lo cual llega a generar riesgo en la salud de los coahuilenses.

Frente a esta situación que afecta a toda la población de Coahuila, así como a su progreso económico y social, es necesario que el gobierno estatal y los ayuntamientos, cuenten con los recursos suficientes para que estén posibilidad de implementar acciones que satisfagan la demanda de agua potable, así como la difusión de información y se tomen medidas que fomenten el ahorro del agua y su uso eficiente.

Ante dicha problemática, se requiere realizar obras por cerca de 550 mdp con el fin de fortalecer la infraestructura básica tanto en zonas rurales, como en zonas marginadas, lo cual beneficiara a cerca de 1.8 millones de habitantes, buscando siempre tener una visión de sustentabilidad de los recursos naturales, que permitan la recuperación de los mantos acuíferos, ya que cada vez el agua se extrae de una mayor profundidad.

De igual manera es trascendental comenzar la construcción de 9 plantas de tratamiento en municipios como Torreón, Hidalgo, Guerrero, Sabinas, Saltillo, entre otros. Dichas plantas serán alimentadas con agua de las presas y ríos, como una alternativa tecnológica que puede suministrar agua de buena calidad a más de 1.5 millones de personas.

Este tipo de obras permitirá la recuperación de los mantos acuíferos, el mejoramiento de las cuencas, de las zonas de pastizales naturales, así como tener una adecuada gestión ecológica de ríos.

Con la finalidad de proteger a las 2,900 hectáreas de riego en la zona de la cuenca baja del rio Aguanaval en los municipios de Matamoros y Viesca, se requiere la construcción de una presa “rompe picos” en el cañón de la cabeza del río mencionado, con un costo de 350 mdp dicha obra cuenta ya con el visto bueno de la Comisión Nacional del Agua, en Piedras Negras, se requiere también una presa con el fin de regular los escurrimientos de los Ríos San Antonio y Escondido y así evitar el desbordamiento del cauce y posibles afectaciones y pérdidas económicas importantes por inundación en el municipio, dicha obra tiene ya el aval de la Conagua y tiene un costo de 800 mdp, de los cuales se requieren 450 mdp. para dar inicio a la obra en 2020.

Un grave problema que se padece en la región de la laguna en época de lluvias es la acumulación de agua y anegaciones en diversas colonias en el centro de la ciudad, es por eso que la construcción de un drenaje pluvial con cárcamos y rebombeo es indispensable y urgente, por lo que se requieren 100 mdp.

Es por eso que se requiere que durante la discusión y aprobación del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, se destinen mayores recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 para garantizar a los habitantes del estado de Coahuila de Zaragoza, el abasto de agua potable que les permita satisfacer sus necesidades primarias y alcanzar de esa manera, su bienestar, lo cual será posible mediante el fortalecimiento y ampliación de la infraestructura hidráulica y la implementación de estrategias para evitar la escasez de agua, situación que está estrechamente ligada con el respeto y protección de los derechos fundamentales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que en el proceso de discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, se destinen mayores recursos que permitan fortalecer y ampliar la infraestructura hidráulica, así como para implementar programas y estrategias que contribuyan a garantizar el abasto de agua en el estado de Coahuila de Zaragoza.

Dado en el Senado de la República, a 1 de octubre de 2019.— Senadora Verónica Martínez García (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, durante la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, se incorpore nuevamente el Fondo Fronterizo con una asignación de 1,000 mdp, con el fin de atender las necesidades de los municipios fronterizos por el tema de migración.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019.— Senador Primo Dothé Mata (rúbrica), secretario.»

«La suscrita, Verónica Martínez García, senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, en nombre de senadores de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno del Senado de la República la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En diciembre de 2013, la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado para incrementar dicho impuesto del 11 por ciento al 16 por ciento en todo el territorio nacional, entrando en vigor dicha modificación el 1 de enero de 2014, con esto la franja fronteriza dejó de pagar la tasa preferencial de 11 por ciento del IVA al homologarse en todo el país.

El gobierno federal de la anterior administración, consciente de la pérdida de competitividad de los estados fronterizos para con sus pares norteamericanos, optó por compensar los efectos de esta medida legislativa con la creación del fondo para fronteras.

El fondo para fronteras consistía en el otorgamiento de subsidios a las regiones fronterizas de nuestro país, con el fin de combatir la pobreza, a través de una estrategia de inclusión y bienestar social, de igual manera contribuía al desarrollo económico de la región a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que fomentaban la creación, consolidación y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, consolidando la creación de empleo en la zona.

Para la distribución de dicho fondo, se consideraba a la población total de los municipios de las fronteras, los que colindan con las líneas divisorias internacionales del país, así como el total de la población de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo, y otorgando los recursos a través de las Secretarías de Desarrollo Social y de Economía.

La siguiente tabla nos muestra los montos aprobados de 2014 a 2018 para el fondo de fronteras:

Año Monto

2014 3,000,000,000.00

2015 0

2016 1,600,000,000.00

2017 750,000,000.00

2018 750,000,000.00

Para este 2019, el actual gobierno federal ya no consideró recursos para este fondo, en su lugar creó el estímulo fiscal para la región norte del país a través de un decreto presidencial, el cual consiste en un crédito fiscal de una tercera parte del impuesto causado en el ejercicio fiscal en el pago del impuesto sobre la renta, así como de un crédito fiscal del 50 por ciento del impuesto al valor agregado, el cual se otorgará a las empresas instaladas en la frontera, con el fin de poder competir con las norteamericanas que se encuentran del otro lado de la frontera.

De igual manera el salario mínimo en la franja fronteriza se incrementó hasta llegar a 176.72 pesos diarios en 43 municipios de la frontera norte, para buscar que los mexicanos que habitan en la zona fronteriza, tengan un incentivo que les permita quedarse en el país, ya que los salarios en nuestro país no se pueden comparar con los de Estados Unidos de América.

Sin embargo, la estrategia no ha funcionado como se esperaba, ya que las devoluciones correspondientes a los créditos fiscales están tardando demasiado en pagarse a los empresarios, lo que propicia que algunos de ellos se descapitalicen, además de que si a eso añadimos las medidas instauradas por el gobierno de los Estados Unidos de América respecto a las peticiones de asilo, el aumento de la migración de centroamericanos y las redadas que han repatriado a muchos connacionales, la situación de los municipios fronterizos se ha complicado, ya que se han convertido en lugares de permanencia de los migrantes que esperan una respuesta a las referidas peticiones al gobierno norteamericano.

Según datos dados a conocer por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), tan solo entre los meses de enero y mayo de este año, 439,895 migrantes han sido aprehendidos en la frontera sur por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, la mayoría de ellos provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador.

La gran cantidad de migrantes asilados en nuestro territorio, ha generado saturación de los campamentos, falta de condiciones mínimas para subsistir, lo que obedece a la demora del gobierno norteamericano en dar respuesta a aquellas solicitudes para internarse en su país, lo que los ha orillado a intentar cruzar la frontera ilegalmente, arriesgando su vida.

Los estados y municipios han externado su preocupación por la falta de recursos suficientes para poder atenderlos de manera adecuada, por lo que ya no es posible seguir recibiéndolos por la falta de condiciones referidas.

Si bien cada estado tiene una problemática distinta con respecto al tema de los migrantes centroamericanos, estados como Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León siguen atendiéndolos sin apoyo del gobierno federal, lo que se agudiza en virtud de que las cifras de migrantes que transitan hacia los Estados Unidos de América siguen incrementándose.

Por lo antes expuesto es que, me permito someter a la consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que durante la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 se incorpore nuevamente el fondo fronterizo con una asignación de 1,000 MDP, con el fin de atender las necesidades de los municipios fronterizos en asuntos relacionados con la migración.

Dado en el Senado de la República, a 17 de septiembre de 2019.— Senadora Verónica Martínez García (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta Cámara de Senadores, la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, se contemplen recursos específicos y diferenciados para la atención de la diabetes mellitus tipo 1.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019.— Senador Primo Dothé Mata (rúbrica), secretario.»

« Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, senadora de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República y el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba; ambos integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados para que en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 se contemplen recursos específicos y diferenciados para la atención de la diabetes mellitus tipo 1.

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la diabetes como “una enfermedad crónica que se desarrolla cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre)”.

La insulina es la hormona que regula la glucosa en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.

Hay tres tipos predominantes de diabetes: Tipo 1 (DM1), tipo 2 (DM2) y gestacional (DG).

La DM1, conocida anteriormente como insulinodependiente o juvenil, se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina; la DM2, llamada anteriormente diabetes no insulinodependiente o del adulto, tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física; finalmente, la DG corresponde a una hiperglicemia que se detecta por primera vez durante el embarazo.

Cada uno de los tipos de diabetes tiene sus propias características, mismas que se mencionan a continuación:

La DM1 se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún su causa y no se puede prevenir con el conocimiento actual. Sus síntomas consisten, entre otros, en excreción excesiva de orina (poliuria), sed (polidipsia), hambre constante (polifagia), pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. Estos síntomas pueden surgir de forma súbita.

A diferencia de la DM2 que se puede prevenir con medidas relacionadas con el estilo de vida o retrasar su desarrollo, la DM1 no es prevenible como ya se mencionó anteriormente, pues todo indica que su causa es de tipo genético.

La DM2 se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa la mayoría de los casos y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física. Los síntomas pueden ser similares a los de la DM1, pero a menudo menos intensos. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse sólo cuando ya tiene varios años de evolución y han surgido complicaciones. Hasta hace poco, este tipo de diabetes sólo se observaba en adultos, pero en la actualidad también se está manifestando en niños.

La DG se caracteriza por hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre) que surge durante el embarazo y alcanza valores que, pese a ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar una diabetes. Las mujeres con DG corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto. Además, tanto ellas como sus hijos corren mayor riesgo de padecer DM2 en el futuro.

De los tres tipos de diabetes, la DM1 afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes, afectando desde temprana edad su calidad de vida y sin tener garantizada su continuidad a la vida adulta. Quienes la padecen, se ven obligados a suministrarse diariamente insulina durante toda la vida. Además, deben medir sus niveles de glucosa en sangre al menos siete veces al día. Tanto ellos como sus familias sufren día a día los efectos de este grave padecimiento. La falta de conocimiento, de visibilidad de la enfermedad, de presupuesto, provocan retraso en su diagnóstico, gastos catastróficos y un sinfín de complicaciones.

Desde hace algunos años, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) contempla el programa denominado Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes. Desde los años 2018 y 2019 este programa ha recibido diferentes montos presupuestales en los correspondientes proyectos de PEF (PPEF) y también ampliaciones hechas por la Cámara de Diputados.

El PPEF 2018 contemplaba recursos por $415,972,464 y los diputados aprobaron un presupuesto de $453,582,155. Para el año 2019, el PPEF contempló un monto de $33,031,933, aprobando los diputados una ampliación de $500,000,000 adicionales.

Para el año 2020, el PPEF presentado en días pasados por el titular del Poder Ejecutivo federal contempla para el mencionado programa una cantidad de $519,841,453 que resulta inferior a la aprobada por la Cámara de Diputados el año pasado ($533,031,933). Sin duda, esta reducción afecta las medidas y políticas de prevención y principalmente a todos aquellos pacientes que dependen del presupuesto público para recibir el tratamiento al que tienen derecho.

Confiamos en que, como en ocasiones anteriores, la Cámara de Diputados sea sensible a esta situación y, en atención a la grave problemática que hoy en día vive nuestro país en relación con este padecimiento, logren una vez más una ampliación significativa para este rubro. No cabe duda de que, en materia de salud, la austeridad no aplica; pues el costo será mucho mayor en un futuro.

Es por ello que propongo a esta soberanía hacer un exhorto respetuoso a la Cámara de Diputados, a sus Comisiones de Salud y de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el proceso de discusión y aprobación del PEF 2020 se contemplen los recursos necesarios para la atención de la diabetes en general, pero que también que del presupuesto que se asigne, se destine una cantidad específica y diferenciada para la atención de la DM1.

Como antecedente, en la pasada Comisión Permanente se aprobó un punto de acuerdo para pedir a la Secretaría de Salud que se revise la NOM-015 correspondiente a la diabetes para que se lleve a cabo la diferenciación en la identificación y determinación del tratamiento para DM1. También presenté junto con el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, una iniciativa de adición a la Ley General de Salud con varias propuestas, entre ellas que exista un presupuesto específico para DM1.

Se trata, compañeras y compañeros senadores, de garantizar el derecho a la salud de quienes padecen diabetes tipo 1, así como los derechos de niñas, niños y adolescentes; de velar por el interés superior de la infancia, como nos lo mandata nuestra Constitución política y diversos tratados internacionales de los que México es parte.

Dada la importancia del tema, suscribe también esta proposición con punto de acuerdo, mi compañero el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Salud y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados para que, con base en sus facultades, modifiquen la propuesta de proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, a fin de que éste contemple recursos específicos y diferenciados para la detección, atención y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 1.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Salud y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados para que, con base en sus facultades, lleven a cabo una ampliación al presupuesto asignado para el programa Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

Notas

1 https://www.who.int/topics/diabetes_mellitus/es/

2 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes

Salón de sesiones del Senado de la República, a 23 de octubre de 2019.— Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica); diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que durante el proceso de discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, destine mayores recursos al rubro de infraestructura carretera para el estado de Coahuila de Zaragoza.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019.— Senador Primo Dothé Mata (rúbrica), secretario.»

«La suscrita, Verónica Martínez García, senadora de la república, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en el numeral 1 del artículo 8, fracción II del 87, numeral 5 del artículo 109 y los numerales 1 y 2 del artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno del Senado de la República la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Coahuila de Zaragoza se ha caracterizado por ser uno de los estados del norte del país con mayor crecimiento económico en los últimos años, de acuerdo a datos proporcionados por el Inegi, indican que en el 2017 se ubicó en el séptimo lugar de los estados que más aportan al PIB Nacional con un 3.7 por ciento.

De igual manera dichos resultados ubican a Coahuila, como el cuarto estado que más creció durante 2017, con un 5 por ciento respecto de 2016.

La Secretaría de Economía en su reporte 2018, ubicó a dicha entidad federativa como la segunda a nivel nacional, con mayor recepción de inversión extranjera directa, con un monto de 2 mil 737.8 millones de dólares, solo detrás del estado de Nuevo León.

Datos proporcionados por la Secretaría de Economía del gobierno coahuilense cuentan con un registro de que son 47 los nuevos proyectos de inversión que se han cerrado durante la administración del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, lo que equivale a 2 mil 500 millones de dólares que se han destinado para tal efecto y que crearan alrededor de 18 mil empleos nuevos; asimismo se tienen 35 proyectos más en proceso y que representarían una inversión adicional de mil 200 millones de dólares y 14 mil empleos más.

Es por esto, que un estado que se encuentra constantemente en crecimiento requiere de una infraestructura moderna y funcional, como condiciones que le permitan seguir impulsando el desarrollo económico y mejorando las circunstancias de vida de sus habitantes. Durante la administración anterior, se destinaron al estado de Coahuila más de 7 mil millones de pesos para inversión en infraestructura de autopistas y carreteras.

Con estos recursos se logró construir el puente vehicular Abasolo-Periférico, la modernización de 62 kilómetros en la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas, y la construcción de 11.5 kilómetros de la vía San Buenaventura-Estación Hermanas, el libramiento norte de la Laguna, de 40.7 kilómetros.

De igual manera se realizaron trabajos de conservación rutinaria de tramos en mil 981 kilómetros y la conservación de rutinaria de 349 puentes, así como conservación y reconstrucción de caminos entre los que destacan Viesca-Parras, Juan Eugenio-Tanque Aguilereño, el Ramal a la Ventana, General Cepeda-Ejido, Guelatao-Palma Gorda, Hedionda Grande, y Callejón del Remolino.

Este constante fortalecimiento de la infraestructura coahuilense ha permitido que la inversión extranjera se establezca en la entidad y paulatinamente se vaya incrementando, al existir las condiciones necesarias para su desarrollo.

Sin embargo, para el 2019, se destinaron 223 millones de pesos para construcción de carreteras los cuales se destinarán para avanzar la carretera San Buenaventura-Estación Hermanas, dejando sin recursos que permitan seguir avanzando en la construcción y modernización de las carreteras de Saltillo-Zacatecas, de Piedras Negras-Nuevo Laredo, de carretera federal número 57, en sus tramos Nueva Rosita-Allende, la carretera Arteaga-Carbonera y la de Saltillo Monterrey.

En el proyecto presentado para este 2020, en cuestión de infraestructura carretera, solo se propone solo 97.40 millones de pesos (mdp), lo cual representa una disminución del 56.32 por ciento respecto de lo aprobado para 2019.

Dicho monto se destinará a la ampliación de la carretera Zacatecas-Saltillo, dejando sin recursos a otros proyectos tan importantes como la modernización de la Carretera Saltillo-Monterrey para lo cual se requieren 330 mdp; de igual manera y con el fin de terminar los corredores logísticos planteados en el plan maestro de infraestructura carretera 2018-2025, que tiene como fin potenciar el corredor económico del norte (Mazatlán- Matamoros) así como consolidar el eje carretero 57 y laguna norte se requieren 435 mdp para la modernización de la carretera federal número 57 de Monclova-Piedras Negras, en el tramo de Nueva Rosita a Allende, esto vendrá a complementarse con la modernización de la carretera Piedras Negras Nuevo Laredo (900 mdp); la modernización de la carretera Arteaga-Carbonera (90 mdp) y la construcción de la carretera la Cuchilla- San Pedro (260 mdp), todos estos proyectos con registro ante la SHCP.

Del mismo modo, existen 16 proyectos de conservación y mantenimiento carretero con una inversión aproximada de 86.9 millones de pesos, los cuales deben realizarse de manera prioritaria en Coahuila con la finalidad de seguir contando con vías de comunicación aptas, lo que también permitirá que los coahuilenses puedan transitar en forma segura y sostener las condiciones que impulsaran la tendencia de desarrollo que la entidad ha tenido durante los últimos años.

Entre esos proyectos de conservación y mantenimiento de carreteras más destacados podemos señalar a la de conservación del Camino Ramal a Estación Bajan — E.C. (Saltillo — Monclova del Km. 0+000 al km. 10+900), para una longitud de 10.9 km en el municipio de Castaños; la de conservación de la Carretera Villa Unión — Nava del Km. 0+000 al km. 11+000, para una longitud de 11.0 km en los municipios de Villa Unión y Nava; la de conservación de la Carretera Dolores — Finisterre del Km. Francisco I. Madero 10,154,916, 12+700 al 18+700, para una longitud de 6.0 km en el municipio de Francisco I. Madero.

El crecimiento tan acelerado que está teniendo el estado requiere aumentar y mejorar la infraestructura carretera, lo cual facilitara el acceso a diferentes puntos geográficos, permitiendo una flexibilidad operativa y disminuyendo los costos de traslado, con esto se permitirá seguir teniendo una red carretera que detone la economía de la región.

Es por eso, que el presente punto de acuerdo tiene como fin solicitar se consideren mayores recursos para fortalecer la infraestructura carretera de Coahuila de Zaragoza, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que durante el proceso de discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, destine mayores recursos al rubro de infraestructura carretera para el estado de Coahuila de Zaragoza.

Notas

1 Consultado el 26 de septiembre de 2019 en

https://www.inegi.org.mx/contenidos_saladeprensa_boletines_2018 _OirTemEcon_PIBEntFed2017.pdf

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 1 de octubre de 2019.— Senadora Verónica Martínez García (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incorporar en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 una partida presupuestal suficiente que permita la adecuada promoción y conservación de los pueblos mágicos.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019.— Senador Primo Dothé Mata (rúbrica), secretario.»

«La suscrita, Verónica Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, en nombre de senadores de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno del Senado de la República la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La riqueza cultural e histórica de nuestro país, no sólo están en las grandes y modernas ciudades de la república, sino que podemos encontrarla en las diferentes regiones de las entidades federativas, como muestra de la diversidad y rasgos de multiculturalidad que caracteriza a la nación.

Esas regiones cuentan con diversas arquitecturas, atractivos naturales, tradiciones y costumbres, que han propiciado que sean catalogadas como pueblos mágicos únicos en el mundo por sus propias características, mismos que ascienden a más de 100 en el país.

Este programa turístico surgió en 2001, durante en el sexenio de Vicente Fox, fue desarrollado y operado por la Secretaría de Turismo con la finalidad de apoyar a los denominados pueblos mágicos mediante el reconocimiento y promoción de su riqueza cultural y natural que las caracteriza, para que a través de las actividades turísticas de visitantes nacionales y extranjeros, detonara una amplia derrama económica y oportunidades laborales, directas e indirectas.

Tal programa gubernamental otorgaba un incentivo económico a aquellos pueblos que cumplían ciertas características, a fin de

• Generar una oferta turística complementaria y diversificada hacia el interior del país, y cuyos singulares sitios tienen grandes atributos histórico-culturales.

• Promover las artesanías, festividades, tradiciones y gastronomía del lugar.

• Promover el turismo de aventura, el ecoturismo y la pesca deportiva.

• Reconocer la labor de los habitantes, quienes han sabido guardar para todos la riqueza cultural e histórica de su hogar.

En ese tenor, para que esas regiones pudieran pertenecer al referido programa turístico, se les requería contar con ciertas características como lo son:

• Tener una población de 20 mil habitantes;

• Ubicarse en una distancia no superior a 200 kilómetros o el equivalente a 2 horas de distancia vía terrestre, a partir de un destino turístico.

• Incorporarse a la Secretaría de Turismo a fin de que tal dependencia realice una visita de valoración para evaluar la potencialidad del sitio.

• Realizar una aportación económica directa para el desarrollo turístico basado en proyectos y acciones derivadas de planes y programas turísticos.

• Evidencia del atractivo simbólico de la localidad aspirante, entre otros.

Para 2018, dicho programa ya contaba con 121 pueblos mágicos en el país, advirtiendo diversas características, ya podían estar asentados en playas, montañas, valles, o desierto, por lo que se le asignó una partida presupuestal de 585.9 millones de pesos. Al respecto, se presenta un desglose del presupuesto asignado de 2016 a 2018:

Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos

Año Monto (pesos)

2016 1 571 714 067

2017 568 918 886

2018 585 986 452

Por poner un ejemplo, Coahuila de Zaragoza cuenta con siete pueblos mágicos, los cuales son Cuatrociénegas donde el atractivo es visitar las pozas, en Arteaga su atractivo es visitar Monterreal, Viesca con un gran paseo por las dunas de Bilbao, Candela donde se puede visitar la gruta de carrizales, en Guerrero se puede realizar un paseo por las ruinas de la Misión de San Bernardo, Parras donde se pueden degustar de los mejores vinos de México y Múzquiz, recién nombrado pueblo mágico.

El turismo es una actividad estratégica de la economía mexicana, contribuye con 8.8 por ciento del producto interno bruto y genera alrededor de 4.1 millones de empleos directos y 6.5 millones indirectos.

Durante 2018, el país fue visitado por 41.55 millones turistas, generando una derrama económica de cerca de 23 mil 263 millones de dólares en ingresos por concepto de turistas internacionales.

Sin embargo, para este 2019 el gobierno federal decidió dejar sin recursos al Programa de Pueblos Mágicos, al igual que otros programas como ProMéxico el cual era un fideicomiso que apoyaba en la conducción, coordinación y ejecución de las acciones en materia de promoción al comercio exterior y atracción de la inversión, las cuales fueron hasta por 87 mil 932 millones de dólares y promovió la creación de cerca de 316 mil 67 empleos durante el periodo de 2013 a 2018.

Tal circunstancia ha obligado a que a través de la Asociación Nacional de Pueblos Mágicos y con la colaboración de hoteleros, restauranteros, guías y demás prestadores de servicios busquen mantener la denominación de pueblo mágico los diferentes municipios, debido al atractivo que genera en el turismo, aumentando las posibilidades de ser visitados.

Recientemente, el secretario de Turismo del gobierno federal anunció que se cambiaría la estrategia de apoyo a los pueblos mágicos, los cuales, a partir de este año, recibirían promoción a través de un tianguis turístico y en la cual los pueblos mágicos podrían promocionar su oferta turística, de igual manera a partir de ahora la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano sería la encargada de dotar de mayor infraestructura a los pueblos mágicos que así lo requieran y que hayan sido cumplidos en el ejercicio de sus presupuestos.

Sin embargo y a pesar que esta nueva administración tiene una forma diferente de hacer política, si se planea que nuestro país se posicione como un líder en la actividad turística, habrá que invertir incorporando una partida presupuestal a los pueblos mágicos cumplidos en ejercer y comprobar los presupuestos asignados, con el fin de mantener los entornos naturales, culturales y sociales con que se cuentan, así como diversificar los productos turísticos y desarrollar nuevos mercados, impulsando a las empresas turísticas para darles los elementos que les permitan ser competitivas a escalas nacional e internacional.

Por lo expuesto me permito someter a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incorporar en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 una partida presupuestal suficiente que permita la adecuada promoción y la conservación de los pueblos mágicos.

Dado en el Senado de la República, a 24 de octubre de 2019.— Senadora Verónica Martínez García (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en el proceso de discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se asigne una partida presupuestal adicional para que la Universidad Autónoma de Coahuila tenga una mejor operación y funcionamiento en beneficio de su alumnado.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019.— Senador Primo Dothé Mata (rúbrica), secretario.»

«La suscrita, Verónica Martínez García, senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, en nombre de senadores de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno del Senado de la República la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación es el pilar fundamental que reforzara los principios y valores adquiridos en el hogar y a su vez proporcionara el conocimiento que nuestras niñas y niños habrán de utilizar con el fin de tener una vida más digna y fructífera.

El Estado, está obligado según la Carta Magna, a otorgar educación de calidad y gratuita, además es importante mencionar que recientemente el Congreso de la Unión aprobó la obligatoriedad de proporcionar la misma hasta la educación superior.

Según un estudio denominado “Hacia la gratuidad de la educación superior. Primeros pasos e implicaciones presupuestales”, elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, las instituciones de educación superior actualmente atienden a 2.95 millones de alumnos, es decir, se tiene una cobertura de 36% de la población en edad típica para ingresar a este nivel educativo, absorbiendo el 17% del gasto federal asignado.

Sin embargo, las instituciones que atienden a los alumnos de este nivel educativo, presentan una cobertura deficiente debido a un rezago financiero, ya que los ingresos que reciben a través de los subsidios del Gobierno Federal y de las entidades federativas, así como de ingresos propios son insuficientes para atender la demanda educativa, el mantenimiento requerido en los planteles, así como el pago de pensiones.

Lo anterior, en virtud del rezago financiero que se ha venido acumulando de 2000 a la fecha, de igual manera, la matricula pública se elevó 116 %, mientras que el crecimiento del gasto federal fue solo de 71%, a esto debemos agregar que los diversos programas presupuestarios creados para amortizar el problema han sufrido reducciones del orden de los 22,000 millones de pesos (ANUIES 2019).

La Universidad Autónoma de Coahuila no es la excepción, es una institución pública que ofrece educación de calidad, en los niveles medio superior y superior, la cual cuenta con presencia en 13 municipios del estado, con una cobertura del 95% de la población estatal, cuenta con 65 Unidades Académicas (UA) distribuidas en tres Unidades Regionales: Unidad Saltillo (US), Unidad Torreón (UT) y Unidad Norte (UN), divididas en 14 planteles de Bachillerato, así como 45 escuelas o facultades de nivel superior y 6 centros de investigación; a marzo de este año se tienen matriculados a 35,730 alumnos en los diferentes niveles y cuenta con 3,183 docentes en activo2.

Sin embargo, a partir de 1994, fecha en que cada trabajador que ingresaba a la máxima casa de estudios comenzaba a aportar al fondo de pensión del IMSS, el sistema de pensiones de la Dipetre que hasta esa fecha operaba, dejo de recibir aportaciones suficientes teniendo que seguir realizando los pagos correspondientes al personal jubilado que seguía cobrando, obligando a la universidad a destinar recursos propios para el pago de pensiones.

A la fecha la Universidad Autónoma de Coahuila tiene un déficit de 571 mdp, desglosado de la siguiente manera:

– $327.98 mdp. Pago de pensiones y aguinaldo de 2,129 jubilados

– $ 43. 21 mdp. Pago de liquidación de jubilados 2017-2018

– $106.83 mdp. Pago de contribuciones de ejercicios anteriores.

– $ 93.26 mdp. Mantenimientos a edificios y espacios de la Universidad

La Universidad Autónoma de Coahuila, representa para muchos coahuilenses la única posibilidad de acceder a una educación de calidad, es por eso que no podemos, no debemos, dejar que siga cayendo en este pasivo, que puede ocasionar en cierto momento el cierre de la misma.

Es por estas razones que vengo a proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que en el proceso de discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, se asigne una partida presupuestal adicional para que la Universidad Autónoma de Coahuila tenga una mejor operación y funcionamiento en beneficio de su alumnado.

Dado en el Senado de la República, a 1 de octubre de 2019.— Senadora Verónica Martínez García (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar durante el proceso de discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 mayores recursos que permitan diseñar e intensificar las medidas, las estrategias y los protocolos con perspectiva de género, a fin de que contribuyan a prevenir, combatir y abatir la violencia de género y los altos índices de feminicidio que actualmente amenazan y ponen en riesgo a las mujeres en el país.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019.— Senador Primo Dothé Mata (rúbrica), secretario.»

«La suscrita, Verónica Martínez García, senadora de la república, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en el numeral 1 del artículo 8, la fracción II del 87, el numeral 5 del artículo 109 y los numerales 1 y 2 del artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno del Senado de la República la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los principales problemas que actualmente afectan al país son los altos índices delictivos, la inseguridad pública y la violencia extrema que frecuentemente afecta a la sociedad, creando un ambiente de temor e incertidumbre a lo largo de todo el territorio nacional, ya que cualquier persona puede verse perjudicada por esta problemática, ya sea en su patrimonio en su integridad física, e incluso en su vida.

Al respecto, es importante redoblar esfuerzos por parte de las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia en los tres órdenes de gobierno, no sólo en lo que hace a la sanción de aquellos delitos perpetrados sino, también, en la prevención de los mismos, como una estrategia que permita atender el fenómeno delictivo y antisocial desde su raíz.

Los altos índices delictivos y la inseguridad pública que se padece en todo el país, es preocupante, por lo que debemos mencionar que la violencia de género y los feminicidios que se han venido presentando, son un producto del terrible fenómeno al que nos enfrentamos como sociedad, por lo que debe ser atendido de manera prioritaria por las instituciones de los 3 niveles de gobierno al ser una violación sistemática a los derechos fundamentales de las mujeres, generándose un importante riesgo al que están expuestas por el solo hecho de su género.

El artículo 325 del Código Penal Federal tipifica el delito de feminicidio en los siguientes términos:

Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Aunado a lo anterior, la tipificación del feminicidio en las 32 entidades federativas se logró en octubre de 2017, después de 7 años en que se fue dando de manera gradual, por lo que ahora debe buscarse en las políticas públicas, estrategias o protocolos, acciones con mayor asertividad y eficacia que permitan prevenir este tipo de ilícitos.

Simultáneamente a ello, el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define a la violencia feminicida de la siguiente manera:

Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal Federal.

Esta modalidad de violencia se ha presentado como una constante, agudizándose en este 2019, en la que desafortunadamente las instituciones competentes de los tres órdenes de gobierno no han podido frenar su perpetración a lo largo del país, cuya incidencia presenta variables dependiendo la región.

Según cifras del informe rendido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto de 2019, el número de feminicidios a escala nacional asciende a 638, siendo Veracruz (125), estado de México (67), Nuevo León (46), Puebla (40) y Ciudad de México (33), en ese orden, las 5 entidades federativas con mayor número hechos acaecidos en dicho lapso. Los 10 municipios con mayor número de feminicidios son Ciudad Juárez, Chihuahua (12); Monterrey, Nuevo León (11); Jalapa, Veracruz (11); Culiacán, Sinaloa (9); Villahermosa, Tabasco (9); Coatzacoalcos, Veracruz (9); San Luis Potosí, San Luis Potosí (8); Acapulco de Juárez, Guerrero (7); Cuernavaca, Morelos (7); y Nogales, Sonora (7).

En ese lapso han sido asesinadas 1843 mujeres, según datos que se desprenden del mismo informe.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevé a la alerta de violencia de género como un instrumento por el cual se debe atender de manera urgente las agresiones a mujeres y la alta incidencia de feminicidios, mismo que es definida por el artículo 22 de ese ordenamiento en los siguientes términos:

Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

Ante la presencia desmedida de esta problemática en determinadas entidades federativas, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, es quien declara la alerta de violencia de género y la notifica al Poder Ejecutivo estatal de que se trate, con la finalidad de que se implementen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades que afectan sus derechos humanos en alguna región, localidad o en todo el estado, sin embargo, al día de hoy no ha sido suficiente para detener las agresiones a las mujeres.

Durante una reunión de trabajo celebrada en agosto pasado por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados en esta LXIV Legislatura, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), doctora Candelaria Ochoa, afirmó que es necesario fortalecer este tipo de instrumentos para propiciar mejores resultados en el combate a esta problemática, por lo que hizo mención de que al día de hoy se tienen registradas 411 alertas de violencia de género en municipios de 18 entidades federativas.

Los feminicidios siguen ocurriendo en todo el país, a pesar de la existencia de disposiciones penales que lo sancionan y de una legislación especializada que protegen los derechos fundamentales de las mujeres, por lo que se advierte la ausencia de políticas públicas, estrategias y protocolos que puedan ser implementadas de manera eficaz para prevenir, combatir y abatir la violencia en contra de las mujeres, en las que se procure alcanzar al mayor número de personas que sea posible, tomando en consideración que la violencia de género en gran medida obedece a estereotipos de carácter cultural y de una idiosincrasia que se ha degenerado, pero que se encuentra profundamente arraigada en nuestra sociedad, tendiendo a normalizar este tipo de agresiones.

Dichas facultades se encuentran conferidas a las autoridades exhortadas en diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la siguiente manera:

En cuanto a la Secretaría de Gobernación, el artículo 42 de dicho ordenamiento, en sus diferentes fracciones establece entre las facultades más trascendentes, las siguientes:

• Diseñar la política integral con perspectiva de género para promover la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres;

• Coordinar y dar seguimiento a las acciones de los tres órdenes de gobierno en materia de protección, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;

• Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, que lleven a cabo las dependencias y entidades de la administración pública federal;

• Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del sistema y del programa;

• Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del programa, con la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y medidas para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres;

• Diseñar, con una visión transversal, la política integral orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres;

• Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia las mujeres.

Respecto a la Fiscalía General de República, el artículo 47, les consigna entre otras facultades, las siguientes:

• Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes con perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de las carpetas de investigación y procesos judiciales relacionados con violencia y feminicidio; y

• Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual.

Por lo que se refiere al Instituto Nacional de las Mujeres, el artículo 48 de ese cuerpo legal le confiere, entre otras facultades, la siguiente para combatir el feminicidio:

• Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley, los programas, las medidas y las acciones que consideren pertinentes, con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres;

A los 32 gobiernos estatales les consigna las siguientes obligaciones en el artículo 49:

• Instaurar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres;

• Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual.

Por eso, el presente punto de acuerdo busca que se otorguen mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, con la idea de que se puedan diseñar e intensificar por parte de las instituciones de los tres niveles de gobierno, aquellas políticas públicas, estrategias o protocolos para prevenir, combatir y abatir la violencia de género y los altos índices de feminicidios que desafortunadamente prevalecen a los largo del territorio nacional, y que de esa forma se pueda atender de manera inmediata y urgente esta crisis de derechos humanos que desafortunadamente padecen todas las mujeres en el país.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a destinar durante el proceso de discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 mayores recursos que permitan diseñar e intensificar las medidas, las estrategias y los protocolos con perspectiva de género, a fin de que contribuyan a prevenir, combatir y abatir la violencia de género y los altos índices de feminicidio que actualmente amenazan y ponen en riesgo a las mujeres en el país.

Notas

1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Información sobre la violencia contra las mujeres, Incidencia delictiva. Centro Nacional de Información. Información con corte al 31 de agosto de 2019. México, 2019, página 5.

2 Ibídem, páginas 15, 22 y 26.

3 Consultado el 27 de septiembre de 2019,

https://www.gob.mx/conavim_articulos/mesa-de-dictaminacion-aler ta-de-violencia-de-genero?idion=es

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 24 de octubre de 2019.— Senadora Verónica Martínez García (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, durante el proceso de discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, destine mayores recursos al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con la finalidad de que dicho organismo tenga la capacidad de implementar políticas públicas, estrategias y acciones de manera coordinada con los tres niveles de gobierno.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019.— Senador Primo Dothé Mata (rúbrica), secretario.»

«La suscrita, Verónica Martínez García, senadora de la república, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en el numeral 1 del artículo 8, fracción II del 87, numeral 5 del artículo 109 y los numerales 1 y 2 del artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno del Senado de la República la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la discapacidad como “término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales”, la cual puede originarse en las personas de manera congénita, por su envejecimiento, de manera accidental, o por el padecimiento de enfermedades crónico-degenerativas como lo es el cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes, por lo que al encontrarse en dicha condición, pueden considerarse como parte de un grupo vulnerable.

Es importante mencionar que, por el envejecimiento de la población, las discapacidades pueden ser una circunstancia que en lo futuro podrían generar mayores problemas, debido a su aumento y necesidad de atención.

Como una forma de atender dicha circunstancia, es que desde el 13 de diciembre de 2006 se suscribió por la mayoría de los miembros de la Organización de Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un instrumento en el que se regulan los derechos humanos de las personas que se encuentran en esa condición.

Los Estados que suscribieron dicho instrumento están obligados a promover, proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, tales como los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, lo cual será posible mediante los ajustes necesarios a la legislación para impulsar, transversal y progresivamente, la inclusión plena y efectiva de este sector de la población en la sociedad.

Nuestro país suscribió y ratificó dicha convención en 2007, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de darle cumplimiento a las disposiciones contenidas en dicho instrumento, lo cual, además de lograrse mediante los ajustes a la legislación como ya se ha mencionado, también es necesario que se complemente con la implementación de estrategias o programas que tengan la finalidad de contribuir al desarrollo de las personas con discapacidad.

Como parte del cumplimiento a la convención, el 30 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la federación, el decreto por el que se expide la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ordenamiento que le da origen al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).

Dicho organismo tiene como objeto darle cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a nuestra Constitución Política, así como a todas aquellas disposiciones que tengan esa misma finalidad, tal como lo establece el artículo 38 de la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad, al señalar lo siguiente:

“Se crea el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que para el cumplimiento de sus atribuciones gozará de autonomía técnica y de gestión para formular políticas, acciones, estrategias y programas derivados de esta Ley.”

Como ya se ha referido, dicho organismo establecerá la política pública para las personas en condición de discapacidad, a través de la toma de acciones y medidas que deben ser implementadas en coordinación con los tres órdenes de gobierno, con expertos, académicos, así como con organizaciones de la sociedad civil, así como promover, fomentar la participación del sector público y el sector privado en las actividades previstas en la legislación de la materia, tal como lo señala el artículo 39 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Por esa razón, es que resulta indispensable que Conadis cuente con la capacidad presupuestaria suficiente que le permita cumplir con las responsabilidades que le han sido consignadas en la ley, puesto que, de lo contrario, no será posible llevar a cabo una eficaz protección de los derechos humanos de este sector de la población, lo que implícitamente propiciará el incumplimiento del Estado mexicano a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Con miras a la próxima discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 en la Cámara de Diputados, resulta de gran importancia que Conadis se vea fortalecido presupuestariamente para tener la capacidad de implementar la política pública que permita la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad en la vida cotidiana.

Reducir la asignación de recursos a los programas que se venían implementando, representa negar el acceso a la inclusión y el desarrollo a este sector poblacional, ya que mediante dichas acciones se les da capacitación para el trabajo, se les brinda una opción educativa, atención integral, se fomenta la accesibilidad de traslado, que verdaderamente protege sus derechos humanos y fortalece la autonomía personal de quienes se encuentran en condición de discapacidad.

Al respecto, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 propuesto por el Ejecutivo federal, se advierte una reducción injustificada de recursos para el Conadis de cerca del 50 por ciento, ya que mientras en 2019 se le asignaron más de 55 mil millones de pesos (mmdp), para 2020 se proponen 31 mmdp, lo cual transgrede el contenido del último párrafo del artículo 58 de la Ley General para la Inclusión de las Personas Discapacitadas, mismo que señala lo siguiente:

“... No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al desarrollo integral de los pueblos indígenas y comunidades indígenas y la atención a grupos vulnerables...”

Aunado a lo anterior, se puede señalar que de una revisión realizada al proyecto de Presupuesto de Egresos para la Federación del próximo año, se advierte que en el Anexo 20 de Bienestar, se ha incrementado la asignación de recursos al programa pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, al asignarle la cantidad de $11,187,245, 281 (once mil ciento ochenta y siete millones doscientos cuarenta y cinco mil doscientos ochenta y uno 00/100 M.N), lo que sin lugar a dudas es un gran apoyo para quienes se encuentran en condiciones de pobreza extrema, pero que no contribuye a la atención, inclusión y desarrollo que requieren las personas en condición de discapacidad, diluyéndose el espíritu y finalidad de este tipo de programas, ya que prioriza una estrategia clientelas con la entrega de recursos a través de las pensiones.

Para este 2019, el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa le fueron asignados $207, 865, 954 (doscientos siete millones ochocientos sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N), sin embargo, para el 2020, no cuenta con una asignación presupuestaria, por lo que desaparece el programa.

Son preocupantes las consideraciones que desprenden del proyecto del PEF de 2020 enviado por el presidente de la República, en lo que hace a la asignación de recursos al Conadis, ya que además de incumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la que nuestro país es parte, transgrede los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, al ignorar una verdadera inclusión y desarrollo.

Bajo esa lógica es que exhortamos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que modifique las asignaciones presupuestales presentadas por el Ejecutivo federal al Conadis, y fortalezca con el incremento de recursos a los programas y acciones que permitan contribuir a la inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad, dándole cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del que nuestro es país es parte y es sujeto obligado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que durante el proceso de discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, destine mayores recursos al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), con la finalidad de que dicho organismo tenga la capacidad de implementar políticas públicas, estrategias y acciones de manera coordinada con los tres niveles de gobierno, así como con expertos, académicos, organizaciones de la sociedad civil, que permitan reducir la discriminación que sufren las personas en condición de discapacidad, y al mismo, tiempo garantizar su inclusión, desarrollo y participación plena en la vida cotidiana.

Notas

1 Consultado el 10 de octubre de 2019 en

https//www.who int/topics/disabilities/es/

2 Comisión Nacional de Derechos Humanos. Los principales derechos de las personas con discapacidad, México, 2014, página 4.

3 Ibídem, página 6.

4 Consultado el 8 de octubre de 2019 en

https:// www.gob.mx/conadis/que-hacemas

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 15 de octubre de 2019.— Senadoras: Verónica Martínez García, María Leonor Noyola Cervantes, Claudia Edith Anaya Mota, Alejandra del Carmen León Gastélum (rúbricas).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

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La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Me refiero al oficio 315-A-3074, mediante el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), solicita se remita en forma directa al honorable Congreso de la Unión, por conducto de las comisiones correspondientes, la información establecida en los artículos 69, 75, fracción X, y 78 último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Al respecto, por instrucciones del doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, secretario de Salud y en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, me permito enviar copia del oficio UAF/ST/688/2019, suscrito por la maestra Rosa Elda Martínez Rodríguez, secretaria técnica de la Unidad de Administración y Finanzas, así como el anexo que lo acompaña, mediante el cual se proporciona la información descrita.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2019.— Licenciada Mónica Alicia Mieres Hermosillo (rúbrica p.a.).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud, para su conocimiento.

———————— o ————————

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina:«Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

A través de este conducto, con fundamento en el artículo 30, fracción V, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, sírvase encontrar adjunto en disco compacto el Informe Anual de Actividades y el Ejercicio Presupuestal de 2018 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, mismo que fue presentado y aprobado por la junta de gobierno de la institución y opinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en octubre de 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de octubre de 2019.— Alexandra Haas Paciuc (rúbrica), Presidenta.»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, de Derechos Humanos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

———————— o ————————

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Se hace referencia a lo establecido en el artículo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, el cual señala que se entregará a la honorable Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, información trimestral de los recursos federales que reciban las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, incluyendo subsidios.

Al respecto, se remite disco compacto con la información correspondiente al tercer trimestre de 2019, de las siguientes unidades responsables:

Lo anterior se comunica, con fundamento en los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 20 y Tercero Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de noviembre de 2018; 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 7 de su Reglamento; y 7, fracción XXXIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 23 de Octubre de 2019.— Héctor Martín Garza González (rúbrica), titular de la Unidad de Administración y Finanzas.».

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación, para su conocimiento.

INICIATIVAS DE LOS SENADORES

LEY DEL IMPUESTO ESPECIALSOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Arturo Bours Griffith, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 2, fracción I, inciso A), numeral 3, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1; 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2019.— Senador Primo Dothé Mata (rúbrica), secretario.»

«El suscrito, Arturo Bours Griffith, senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de este Senado de la República, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 2, fracción I, inciso A), numeral 3, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con objeto de otorgar un trato preferencial a los productores de bacanora, con objeto de fomentar su productividad y competitividad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El bacanora es una bebida alcohólica nativa del municipio de Bacanora, en el estado de Sonora, pertenece a la familia de los destilados de agave. Se obtiene a partir del cocimiento, fermentación y destilación del agave tipo Angustifolia Haw o agave espadín, vivípara, yaquiano o pacífico.

Es una bebida, generalmente transparente, de alta graduación alcohólica que puede ir desde 38 hasta 55 por ciento en el volumen de alcohol.

La palabra bacanora tiene sus orígenes en la lengua indígena de los ópatas y proviene de las raíces lingüísticas “baca” que significa carrizo y “noraco” que significa laderas, “Laderas de carrizos”.

La historia de esta bebida ha ido de la mano de varias generaciones de un número importante de habitantes del estado de Sonora, la historia nos señala que los pueblos que habitaban las zonas donde crece el agave Angustifolia Haw lo empleaban para elaborar bebidas fermentadas, y es hasta la llegada de los españoles cuando se empiezan a producir bebidas destiladas a través del uso de alambiques, se tiene registro de que los religiosos que habitaban esta entidad en el siglo XVIII elaboraban un tipo de mezcal para consumo propio y para venderlo.

La primera mención de la bebida bacanora se remonta a 1880, cuando un viajero francés se encontró con un grupo de mexicanos, e intercambiaron tragos de coñac y de un mezcal llamado bacanora, tras lo cual cada uno siguió con su camino.

A finales del siglo XIX, en Sonora se producían más de 1.3 millones de litros de mezcal bacanora, con una participación superior a las mil personas que trabajaban en su elaboración.

Un hecho histórico cambió para siempre la historia de la producción de bacanora, la Revolución Mexicana, que tuvo a Sonora como un punto nodal de la guerra entre los constitucionalistas contra el régimen de Victoriano Huerta, que originó que muchas personas que se dedicaban a la producción de la bebida se enrolaran en la lucha contra el usurpador, lo cual llenó a los campos de agave de soldados, además de que en 1915 el gobernador constitucionalista de Sonora, Plutarco Elías Calles, expidió una ley por la que prohibía en el estado “la importación, venta y fabricación de bebidas embriagantes”, e imponía penas de cinco años para los transgresores y de tres para sus cómplices.

Esta ley seca originó que la producción de bacanora se realizara en la clandestinidad, generando círculos de corrupción durante más de siete décadas. Según el estudio La industria informal del mezcal bacanora, elaborado por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, AC, para el Consejo Regulador Sonorense de Bacanora, los productores se aislaron en la sierra y se dedicaron a destilar la bebida sin hacer caso de ningún tipo de reglamento sanitario o mercantil. Vivían y operaban casi en la total clandestinidad, desde la que construyeron distintos circuitos mercantiles en la sierra de Sonora, a través de los cuales consiguieron posicionar el bacanora como la bebida tradicional del Estado.

En 1963 se le designó como bebida regional en el reglamento sanitario de bebidas alcohólicas y se emitieron en 1992, por parte de las autoridades estatales, una serie de normas para su producción y comercialización, lo que fue considerado como el permiso expreso del gobierno para elaborar y comercializar bacanora.

Posterior a esto, en 1999, Sonora presentó la solicitud de declaración de la denominación de origen al bacanora. La medida no sólo trataba de dar formalidad a los procesos productivos de la bebida, sino también, como beneficio colateral, buscaba mejorar el nivel de vida de quienes residían en los municipios productores de bacanora, caracterizados a lo largo de los decenios por sus altos niveles de pobreza que, en algunos casos, alcanzaban casi a ochenta por ciento de la población.

En octubre del año 2000, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial acordó emitir la declaración de protección a la denominación de origen “Bacanora”, circunscrita a treinta y cinco municipios del este y el sur del estado de Sonora, y se publicó un mes después en el Diario Oficial de la Federación. Las condiciones de producción del bacanora hicieron que el proceso de construcción de una norma oficial para su regulación demorara algún tiempo.

En 2004, el gobierno del estado creó el Fondo para el Desarrollo de Proyectos Productivos del Bacanora, a través del cual se consiguió que, en 2005, la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normas, estuviera en posibilidad de emitir el proyecto correspondiente a la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SCFI-2004, en donde se trataban de aplicar para el bacanora las mismas definiciones y categorías empleadas para otras bebidas producidas en el territorio nacional, junto con la determinación de los niveles mínimos y máximos de alcohol permitidos para la bebida, en este caso, treinta y ocho, y cincuenta y cinco grados, respectivamente.

En la actualidad la industria del bacanora se encuentra produciendo aproximadamente 300 mil litros al año, cifra que tan sólo representa aproximadamente 22 por ciento a lo que se producía a finales del siglo XIX, pero que genera aproximadamente mil 600 empleos y una derrama económica de 72 millones de pesos.

Esta situación, y la historia que ha presentado su producción, ubica al bacanora como un producto con amplio potencial que aún no ha sido aprovechado, sin lugar a dudas, representa una alternativa de alto impacto en la búsqueda de desarrollo de la sierra sonorense.

Es necesario consolidar a todos los eslabones de la cadena productiva, desde la generación planeada del insumo principal, como lo es el agave Angustifolia Haw, la producción y certificación del bacanora, el embotellado y etiquetado y finalmente la distribución y comercialización.

Para lograr esto se necesita de la activa participación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, tanto la Secretaría de Economía del gobierno federal y estatal, así como de las autoridades municipales.

Son estos motivos a través de los cuales, considero importante resaltar que esta industria es considerada estratégica para el desarrollo económico y social para el estado de Sonora.

Por ese motivo mi planteamiento se orienta hacia el fortalecimiento de las condiciones de producción, lo que generará un mayor número de empleos, mayor consumo, mayor pago de impuestos al consumo y, en conclusión, lo que los economistas denominan un círculo virtuoso de producción.

Uno de los elementos con los que el Estado mexicano cuenta, es el referente a la política fiscal, en donde se establecen las medidas impositivas que deben ser cubiertas por los ciudadanos y diversos actores económicos, que conforman los recursos presupuestales que posteriormente se conformarán en el proyecto de presupuesto.

Una parte importante de los ingresos fiscales se refiere al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en donde se encuentran establecidas las tasas impositivas que tendrán que pagar las bebidas alcohólicas y las cervezas, a partir de su producción y consumo.

El esquema actual del IEPS es muy gravoso y detiene el progreso de nuestras bebidas nacionales, es necesario mencionar que las bebidas tradicionales mexicanas como el tequila, el bacanora, el sotol y el mezcal, son bebidas alcohólicas con alto porcentaje de alcohol, por lo que pagan una tasa importante de IEPS, recordando que estas bebidas son consideradas como bebidas tradicionales mexicanas, y que su producción y comercialización se encuentra regulada a través de normas oficiales mexicanas.

El IEPS no resulta ni proporcional ni equitativo para los productores artesanales, en comparación con los productores industriales. Por ello, es necesario reducirles la carga fiscal que les representa el pago del IEPS.

La presente iniciativa busca disminuir la tasa de IEPS que pagan los consumidores de bacanora, con el único objetivo de hacerlo competitivo y que pueda competir en mejores condiciones en el mercado de bebidas alcohólicas.

En la actualidad el artículo 2 de la Ley del IEPS, establece que las bebidas alcohólicas con graduación alcohólica superior a los 20 grados Gay Lussac paguen una tasa de IEPS de 53 por ciento, tasa que representa una gran carga para los integrantes de esta agroindustria y que ocasiona que el consumo de esta bebida sea reducida.

De aprobarse esta medida, los principales beneficiarios serían los productores primarios, toda vez que se incrementaría la demanda de la materia prima, que es el agave Angustifolia Haw, por lo que los beneficios en el sector rural serían importantes y con impacto directo en el nivel de vida de la población.

Por otra parte, los niveles de empleo también se verían impactados de manera positiva, con especial énfasis en las comunidades indígenas y campesinas.

Los senadores de Morena estamos trabajando por apoyar a nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador, razón por la cual, la presente iniciativa busca influir directamente y de manera positiva en el nivel de vida de la población indígena del estado de Sonora, muchos de los cuales intervienen, en alguna fase de la cadena productiva del bacanora.

El impacto presupuestal se vería compensado por una mayor producción y consumo de esta bebida, y se abrirían mayores oportunidades para impulsar el consumo del bacanora en otros mercados, afuera de nuestras fronteras. La presente iniciativa busca disminuir la tasa actual que se le aplica al bacanora como bebida alcohólica con alto grado de alcohol, que es de 53 por ciento y bajarla hasta 20 por ciento, tasa que se irá incrementando anualmente en un 1 por ciento hasta llegar a 30 por ciento en un periodo de 10 años, con lo que se buscará consolidar a los integrantes de esta cadena agroindustrial, que actualmente presenta un gran potencial económico, y que no ha podido florecer.

Es por eso que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un párrafo al artículo 2, fracción I, inciso A), numeral 3, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

A) Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:

1. Con una graduación alcohólica de hasta 14 grados Gay Lussac 26.5 por ciento.

2. Con una graduación alcohólica de más de 14° y hasta 200 grados Gay Lussac 30 por ciento.

3. Con una graduación alcohólica de más de 20 grados Gay Lussac 53 por ciento.

En el caso del bacanora, con objeto de fomentar su competitividad, se aplicará una tasa de 20 por ciento, la cual se incrementará un punto porcentual cada año hasta alcanzar 30 por ciento.

Artículo Transitorio

Único. Las presentes adiciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2019.— Senador Arturo Bours Griffith (rúbrica).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Arturo Bours Griffith, del Grupo Parlamentario Morena, presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 183 y adiciona un artículo 183 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2019.— Senador Primo Dothé Mata (rúbrica), secretario.»

«El suscrito, Arturo Bours Griffith, senador de la República, integrante del grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de este Senado de la República, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 183 y adiciona un artículo 183-BIS de la Ley del Impuesto sobre la Renta a cargo del Senador Arturo Bours Griffith, con objeto de apoyar a la industria maquiladora de exportación con Programa Immex bajo la modalidad de albergue (Shelter) al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La industria maquiladora de exportación con programa Immex bajo la modalidad de albergue (Shelter o empresa de manufactura bajo la modalidad de albergue) fue creada en conjunto con el programa de maquiladoras de exportación a finales de los años sesentas, para elevar la competitividad del sector exportador mexicano y permitir nuevas formas de operar y hacer negocios en nuestro país. Estás empresas de albergue operan a través de la importación de manera temporal de los inventarios, maquinaria y equipo propiedad del residente en el extranjero, a fin de transformar o ensamblar los bienes para su posterior exportación.

Los residentes en el extranjero que operan a través de una empresa con Programa Immex bajo la modalidad de albergue, reciben de éstas servicios de administración de personal, contabilidad, mantenimiento, trámites aduanales, transporte, logística y pago de impuestos, entre otros. Esta forma de operar es muy eficiente, pues permite al residente en el extranjero enfocarse exclusivamente a los procesos productivos de maquila, mientras que el residente en México con el programa de albergue le presta eficientemente y, con economías de escala, todos los servicios que requiere.

La diferencia sustancial entre una empresa maquiladora de exportación que opera un programa bajo la modalidad Industrial y una empresa de manufactura bajo la modalidad de albergue, radica en la naturaleza que éstas mantienen con el agente principal. La primera se da entre empresas relacionadas, mientras que la segunda entre terceros independientes.

El artículo 183 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, permite a los residentes en el extranjero considerar que no generan establecimiento permanente en el país por las actividades de maquila que desarrollan dentro del albergue durante un plazo de cuatro años, de tal forma que una vez concluido deben constituir establecimiento permanente en México y pagar los impuestos correspondientes.

No obstante, con el fin de otorgar certeza a las inversiones y facilitar la atracción de nuevos clientes al esquema, en 2016, a través de reglas administrativas, se estableció la opción para que los residentes en el extranjero puedan optar por cumplir con sus obligaciones fiscales de forma simplificada, es decir, pagar el ISR que le corresponde conforme al artículo 182 de la Ley del ISR, a través de la empresa con programa Immex bajo la modalidad de albergue, por un periodo adicional de 4 años, una vez que se haya agotado el periodo de permanencia establecido en el último párrafo del artículo 183 de la Ley en comento.

El plazo de 4 años que establece la Ley, incluso los 4 años adicionales que establece la regla miscelánea 3.20.6., son insuficientes, considerando que el proceso para atraer inversiones a México no es fácil ni rápido, pues implica desde identificar a los inversionistas potenciales hasta la instalación de las plantas productivas, muchas de ellas con maquinaria y equipo sumamente especializado.

En ese sentido, las condiciones que justificaron establecer en la Ley del ISR el límite de 4 años han cambiado. Actualmente se cuenta con diversos requisitos y obligaciones que permiten a las autoridades fiscales tener un control de las empresas mexicanas de albergue, así como de los residentes en el extranjero que desarrollan sus actividades de maquila al amparo de dicha modalidad, los cuales ahora contribuyen a la recaudación por las operaciones que realizan en el país.

Sin duda que, la política fiscal como instrumento de regulación del Estado en los mercados, ha sido un manifiesto esquema mediante el cual nuestro país ha manejado su vida económica y, a su vez, este instrumento incide de manera directa en la generación de condiciones que pueden favorecer el crecimiento y la generación de empleos, es menester tener en cuenta que hoy lo que se necesita es generar más empleos en nuestro país, dar certeza a las inversiones de nacionales y extranjeros, que las decisiones políticas tengan efectos materializados en los bolsillos de las personas, en sus condiciones laborales y de seguridad social, de ahí que esta iniciativa tenga como objeto reformar un artículo que de libertad a la inversión maquiladora para poder independizarse de su albergue no en un tiempo definido, sino en el momento que así sea decidido por la empresa, esto da certeza jurídica al inversionista y a sus subsidiarios, así como a la cadena productiva generada, en si logrará un impacto positivo en nuestra economía.

Considerando lo anterior, se propone reformar el artículo 183 de la Ley del ISR para permitir que los residentes en el extranjero operen de conformidad con el régimen de albergue sin la necesidad de estar sujetos a un plazo máximo de su aplicación, siempre que paguen el ISR, por el establecimiento permanente, de forma simplificada y cumplan con sus obligaciones fiscales a través de la empresa que les presta los servicios propios de una maquiladora de albergue; es decir, incluir a la Ley del ISR los requisitos y obligaciones medulares ya contenidos en la regla miscelánea 3.20.6.

Asimismo, se propone adicionar un artículo 183-Bis a la Ley del ISR, para establecer los requisitos que deben cumplir las empresas con Programa Immex bajo la modalidad de albergue, para que puedan aplicar lo dispuesto en el artículo 183 de la misma Ley a cuenta de sus clientes residentes en el extranjero.

En este orden de ideas, considerando que el pasado 26 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que otorga estímulos fiscales a la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, a los contribuyentes que lleven a cabo operaciones de maquila y tributen en los términos de los artículos 181 y 182 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como aquellos que hayan optado por obtener una resolución particular en los términos del artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación, para prever condiciones propicias para que las empresas maquiladoras mantengan su competitividad en el contexto internacional y promuevan la contratación de mano de obra, se propone la inclusión de un párrafo, dentro del artículo 183-BIS, a efectos de estar en posibilidades de aplicar el beneficio señalado en el Decreto publicado el pasado 26 de diciembre de 2013. Lo anterior, debido que no existen diferencias materiales entre los requisitos y mecánica para el pago del impuesto sobre la renta entre una empresa maquiladora de exportación que opera un programa bajo la modalidad Industrial y los residentes en el extranjero que realizan operaciones de maquila a través de una empresa de manufactura bajo la modalidad de albergue.

Considerando que los requisitos implementados como medida de control, servirán como herramientas eficientes para que las autoridades fiscales puedan prevenir posibles prácticas elusivas. Estas medidas consisten medularmente en que las empresas de maquila en la modalidad de albergue: i) identifique las operaciones que corresponden a los residentes en el extranjero y se determine la utilidad de las mismas; ii) mantenga a disposición de la autoridad fiscal la información de las empresas residentes en el extranjero, iii) serán responsables solidarios en el cálculo y entero del impuesto determinado por cuenta del residente en el extranjero, en términos del artículo 26, fracción VIII del Código Fiscal de la Federación (CFF).

En amplio reconocimiento de la garantía de audiencia, en la propuesta se prevé un procedimiento para que cuando la autoridad fiscal, identifique que las empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue incumplan con alguna de sus obligaciones puedan aclarar lo que a su derecho convenga respecto del incumplimiento. En caso de que la 4 empresa con programa de maquila bajo la modalidad de albergue no subsane el incumplimiento, se procederá a la suspensión de dicha empresa en el Padrón de Importadores a que se refiere el artículo 59, fracción IV de la Ley Aduanera y el residente en el extranjero deberá cumplir por cuenta propia con sus obligaciones en materia fiscal.

Finalmente, se propone incluir un artículo transitorio para que los residentes en el extranjero que estén realizando actividades de maquila a través de empresas con programas de maquila bajo la modalidad de albergue de conformidad con el artículo 183 de LISR vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, puedan optar por cumplir con lo señalado en los nuevos artículos 183 y 183-Bis de la LISR, una vez que haya concluido el plazo de 4 años a que hace referencia el artículo 183 vigente al 31 de diciembre de 2019.

Esta propuesta de reforma permitirá proveer un mejor escenario para atraer a empresas en el extranjero para que ubiquen sus procesos productivos bajo el amparo de empresas mexicanas con programa Immex bajo la modalidad de albergue, lo cual permitirá que estas últimas ofrezcan sus servicios con una visión de largo plazo, fomentando la inversión y el empleo.

A continuación, presentamos el cuadro comparativo entre Ley vigente del Impuesto sobre la Renta y la propuesta de un servidor:

El Presidente de la República, se encuentra implementando la Cuarta Transformación, en donde uno de los objetivos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, manifestó la importancia de crear empleos bien remunerados.

La presente iniciativa busca fomentar y proteger un esquema que ha dado buenos resultados para los ingresos de nuestro país, con unas modificaciones a los artículos 183 y 183 Bis, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con la cual se seguirá manteniendo un esquema Shelter que coadyuve la creciente generación de empleos y a continuar atrayendo inversiones generadoras de empleos.

En Morena estamos del lado de México y de nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador, razón por la cual seguiremos implementando este tipo de mecanismos que sirvan para la continua generación de empleos.

Es en base a estas consideraciones, que someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 183 y 183 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único: se reforma el artículo 183 y se adiciona un artículo 183-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Artículo 183. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 2 de esta Ley, se considerará que tienen establecimiento permanente en el país los residentes en el extranjero que proporcionen directa o indirectamente materias primas, maquinaria o equipo, para realizar actividades de maquila a través de empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue autorizado por la Secretaría de Economía, y podrán cumplir con sus obligaciones fiscales del Título II de esta Ley de manera simplificada a través de las empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue, siempre que dichos residentes en el extranjero no sean partes relacionadas de la empresa con programa de maquila bajo la modalidad de albergue de que se trate, ni de una parte relacionada de dicha empresa.

Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable siempre que los residentes en el extranjero cumplan y presenten, por conducto de las empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue con las que realicen operaciones de maquila, lo siguiente:

I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes donde la única obligación a la que esté sujeto sea al cálculo y pago del impuesto sobre la renta del ejercicio.

II. Presentar declaraciones de pagos provisionales y declaración anual, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

III. Presentar anualmente ante las autoridades fiscales, a más tardar en el mes de junio del año siguiente del que se trate, declaración informativa de sus operaciones de maquila en donde desglose el valor total de los activos fijos e inventarios de materia prima proporcionados a las empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue, así como el valor de los costos y gastos incurridos en la operación, en las formas fiscales que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

IV. Presentar un aviso ante el Servicio de Administración Tributaria cuando dejen de realizar las actividades en los términos a que se refiere el presente artículo, dentro del mes siguiente en el que ocurra dicho supuesto.

Para los efectos de este artículo, la jurisdicción fiscal del residente en el extranjero deberá tener en vigor un acuerdo amplio de intercambio de información con México, sin perjuicio del cumplimiento a los requisitos contenidos en el instrumento internacional aplicable.

En ningún caso, se podrá enajenar a la empresa con programa de maquila bajo la modalidad de albergue, la maquinaria, equipo, herramientas, moldes y troqueles y otros activos fijos similares e inventarios, de su propiedad, de sus partes relacionadas residentes en el extranjero o clientes extranjeros, ni antes ni durante el periodo en el que se aplique lo dispuesto en este artículo.

Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable siempre que la empresa que opera el programa de maquila bajo la modalidad de albergue no obtenga ingresos por la venta o distribución de los productos manufacturados en México.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el residente en el extranjero podrá solicitar a la empresa maquiladora bajo la modalidad de albergue que realice la entrega física de los productos manufacturados en México a otra empresa con programa de maquila autorizado por la Secretaría de Economía, depósito fiscal, empresas de la industria terminal automotriz o a un régimen fiscal similar, siempre y cuando las entregas estén amparadas con un pedimento de exportación.

Artículo 183-Bis. Para efectos del artículo 183 de esta Ley, las empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue deberán cumplir con lo siguiente:

I. Identificar las operaciones y determinar la utilidad fiscal que corresponda a cada uno de los residentes en el extranjero a que se refiere el artículo 183 de esta Ley, conforme al monto mayor que resulte de comparar lo dispuesto en el artículo 182, fracciones I y II, de esta Ley o bien podrán solicitar una resolución particular en términos del artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación, para cada uno de los residentes en el extranjero mencionados, para efectos de determinar y enterar el impuesto que resulte de aplicar a dicha utilidad la tasa prevista en el artículo 9 de esta Ley.

Para efectos del párrafo anterior, en la determinación de la utilidad fiscal se considerarán exclusivamente los activos fijos e inventarios de materia prima que son utilizados en la operación de maquila, así como los costos y gastos atribuibles a la operación de maquila en México correspondientes a cada residente en el extranjero.

II. Mantener a disposición de las autoridades fiscales, mediante reglas de carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, la documentación que acredite que la información de las empresas de residentes en el extranjero se encuentra debidamente identificada de forma individual por cada una de dichas empresas en la contabilidad de la empresa con programa de maquila bajo la modalidad de albergue, durante el plazo establecido en el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación.

Las empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue serán responsables solidarios en el cálculo y entero del impuesto determinado por cuenta del residente en el extranjero, en términos del artículo 26, fracción VIII del Código Fiscal de la Federación.

A las empresas con programa de maquila bajo la modalidad de albergue que apliquen lo dispuesto en los artículos 183 y 183-Bis de esta Ley, por lo que respecta a las obligaciones del residente en el extranjero que cumplan por su conducto, en ningún caso les aplicará la exención de establecimiento permanente prevista en el artículo 181 de esta Ley. No obstante lo anterior, se considerará que para todos los demás efectos llevan a cabo operaciones de maquila y tributan en términos de los artículos 181 y 182 de esta Ley.

Cuando una empresa con programa de maquila bajo la modalidad de albergue incumpla con alguna de las obligaciones previstas en las fracciones anteriores, el Servicio de Administración Tributaria requerirá a dicha empresa para que, en un plazo que no exceda de 30 días naturales, aclare lo que a su derecho convenga sobre el incumplimiento.

En caso de que la empresa con programa de maquila bajo la modalidad de albergue no subsane el incumplimiento en el plazo previsto en el párrafo anterior, se procederá a la suspensión de dicha empresa en el Padrón de Importadores a que se refiere el artículo 59, fracción IV de la Ley Aduanera y el residente en el extranjero deberá cumplir con todas las obligaciones de carácter fiscal, de conformidad con el artículo 76 de esta Ley, por las operaciones de maquila que realice en el territorio nacional una vez que proceda la suspensión a que se refiere el presente párrafo.

Transitorios

Primero: Los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país que realicen actividades de maquila a través de empresas con programas de maquila bajo la modalidad de albergue de conformidad con lo previsto en el artículo 183 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, y que a la entrada en vigor del presente Decreto no haya concluido el periodo de 4 años a que se refiere el último párrafo de dicho artículo, deberán aplicar lo dispuesto en los artículos 183 y 183-Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a partir del siguiente mes al que concluya el plazo de 4 años antes señalado de conformidad con el artículo 11, primer párrafo del CFF.

Segundo: Las presentes adiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2019.— Senador Arturo Bours Griffith (rúbrica).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 113-A, 113-B y 113-C a Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2019.— Senador Salomón Jara Cruz (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción 1, 164 numerales 1 y 2, 169 Y 172 numeral 1 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente “Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona los artículos 113-A, 113-8 y 113-C a Ley del Impuesto sobre la Renta”; por lo anterior, ya efecto de reunir los elementosexiqidos por el artículo 169 del Reglamento del Senado de la República, la iniciativa se presenta en los siguientes términos.

Antecedentes

La miscelánea fiscal propuesta por el ejecutivo federal para 2020 en su exposición señala que el motivo que guía la adhesión de un nuevo capítulo conocido como: “De los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares” es el principio de “neutralidad”. Dicho principio responde a las conclusiones alcanzadas en la Conferencia Ministerial sobre Comercio Electrónico celebrada en 1998 en la ciudad de Ottawa y establece que los sistemas tributarios deben tratar de ser neutrales y equitativos entre las distintas formas de comercio electrónico y entre éste y el comercio convencional o tradicional.

Asimismo, la miscelánea menciona que las decisiones comerciales deben estar motivadas por consideraciones económicas y no ya tributarias. Por tanto, aquellos contribuyentes en situaciones análogas, que efectúen operaciones similares, deben estar sometidos a niveles impositivos parejos.

No obstante, es relevante destacar en primera instancia que dicho principio de neutralidad aplica solo para el Impuesto al Valor Agregado, no así para el caso del impuesto sobre la renta, como se está contemplando actualmente. Puesto que lo que se buscar es gravar al consumidor final, para no alterar los procesos de la cadena productiva en la elaboración de bienes y servicios.

Planteamiento del problema

La problemática consiste en que existe un aumento en la retención del Impuesto Sobre la Renta que no es justificable en términos metodológicos y parte de supuestos erróneos, además de que daña la economía de las personas físicas que son las que menores ingresos perciben. Además, el capítulo mencionado previamente no soluciona las grandes problemáticas de la evasión fiscal que están presentes en los grandes debates a nivel internacional sobre la manera en la que se debe de regular sobre la materia del comercio digital.

Exposición de Motivos

La introducción de este nuevo capítulo conlleva consecuencias fiscales tanto para las personas morales que ostentan las plataformas digitales y que fungen como enlace entre oferentes y demandantes de bienes y servicios, como para las personas físicas que deciden ser parte de dicho esquema digital.

A continuación, se podrá observar que la miscelánea estipula gravámenes que ya estaban vigentes, a excepción de que ahora se hacen de manera diferenciada por concepto de las ganancias obtenidas durante el ejercicio (ISR) y establecido una tasa de retención mayor en casos particulares sin previa justificación y de forma arbitraria, apelando quizá a un criterio de progresividad en los impuestos.

I. Tratándose de prestación de servicios de trasporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes.

Monto del ingreso mensual Tasa de retención

Hasta 5 mil 500 2

Hasta 15 mil 3

Hasta 21 mil 4

Más de 21 mil 8

II. Tratándose de prestación de servicios de hospedaje.

Monto del ingreso mensual Tasa de retención

Hasta 5 mil 2

Hasta 15 mil 3

Hasta 35 mil 5

Más de 35 mil 10

III. Tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios.

Monto del ingreso Tasa de mensual retención

Hasta 25 mil 3

Hasta 75mil 4.5

Hasta 187 mil 500 7.5

Hasta 500 mil 13

Más de 500 mil 17

Adicionalmente, es relevante destacar que las disposiciones propuestas en esta iniciativa con respecto al citado capítulo destacan la dificultad de gravar a las plataformas digitales, debido a problemas relacionados con BEPS. Problemas propiciados por la existencia de lagunas o mecanismos no deseados entre los distintos sistemas impositivos nacionales de los que pueden servirse las empresas multinacionales digitales.

Sin embargo, como lo menciona el doctor Domingo Ruiz López, aunque se considera que el diagnóstico es atinado, la solución no tiene nada que ver con el problema porque grava a las personas físicas que hacen una operación en las plataformas digitales y no se proponen soluciones concretas para aliviar la erosión impositiva previamente establecida.

Por lo tanto, la solución de crear un capítulo en específico para gravar a las personas físicas que realicen actividades empresariales a través de plataformas digitales va a gravar a los mismo que hoy grava la Ley. Por ende, no se ofrece una solución real al problema y solo afecta a las personas que menos tienen que ver con la erosión de las contribuciones y que son las más desaventajadas.

Tiene un efecto nocivo para las personas físicas porque se incrementan las retenciones de acuerdo con los márgenes de utilidad de su actividad económica, pero en enajenación de productos la retención llega a ser del 17 por ciento, partiendo del supuesto erróneo de que este segmento es quien tiene mayores márgenes de utilidad.

En consecuencia, aunque el gobierno actual ha hecho la promesa de no crear nuevos impuestos, estas disposiciones generarán una serie de retenciones mayores que van a detener el flujo del ingreso de las personas físicas que ahora tendrán que recuperar, a través de mecanismos como compensaciones o devoluciones, su saldo a favor en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), con las complicaciones y altos costos que ello implica.

Asimismo, los montos que se contemplan para las nuevas cargas fiscales no introducen en la discusión el tema de la precarización de los salarios y, en consecuencia, el derecho a gozar de un mínimo vital para la vida digna de los ciudadanos.

Dicha problemática es un síntoma de las deficiencias que tiene el sistema tributario mexicano vigente, puesto que, si bien la Ley ya prevé las exenciones y la deducibilidad de gastos personales de hasta 15 por ciento para algunos conceptos que se entregan en una relación laboral, existen personas que no son precisamente empleados y que carecen de estas facilidades para pagar dichos impuestos. Por ende, es necesario que las obligaciones tributarias se adecuen en primera instancia a los derechos que se estipulan en la Constitución mexicana.

De acuerdo con el artículo primero de la Constitución, México al adherirse a los tratados internacionales tiene la obligación de cumplir con el contenido de cada uno de ellos; así tenemos que la Declaración de los Derechos Humanos establece en su artículo 25 que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, yen especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (ONU, 1948).

Si bien se establece la obligación de contribuir con el gasto público de manera proporcional, esto es, de acuerdo con el ingreso de las personas, quien más gana debe de contribuir más, el ser humano tiene el derecho universal de cubrir sus necesidades básicas de alimentación vivienda y vestido para él y sus dependientes. Como lo menciona el texto “El mínimo vital en México” elaborado por Ángel Gutiérrez Rodríguez, ante esto, es necesario establecer la capacidad contributiva del gobernado para contribuir con el gasto público, siendo que la capacidad económica no es igual a la capacidad contributiva.

El mínimo vital de acuerdo con Carmona (2012, p. 63) se refiere al derecho de todos los individuos que forman una comunidad a contar con una cantidad mínima para hacer frente a sus necesidades más básicas (como la alimentación y el vestido).

En opinión con González (2013) la protección al mínimo vital se desprende de la interpretación sistemática de los artículos constitucionales 1o. 3o. 4o. 25, 26, 27, 28, 31, fracción IV, y 123. De acuerdo con la tesis Derecho al mínimo vital en el orden constitucional mexicano (Tribunales Colegiados de Circuito, 2007: 793) establece que un presupuesto del Estado democrático de derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo. Asimismo, establece el mínimo vital como la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Además, la propia tesis señala que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna.

La tesis Mínimo vital. Conforme al derecho constitucional mexicano y al internacional de los derechos humanos, se encuentra dirigido a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas físicas y no de las jurídicas (TCC, 2016: Número 2011316), establece que el derecho al mínimo vital se fundamenta en la dignidad humana, la solidaridad, la libertad, la igualdad material y el Estado social, además establece que para gozar plenamente de su libertad las personas necesitan un mínimo de seguridad económica y de la satisfacción de sus necesidades básicas.

La doctrina nos permite aclarar más el panorama sobre lo que debemos entender como mínimo vital, al respecto, Barnuevo (2018), establece que la exención al mínimo existencial debe estar basada en los principios de igualdad y capacidad económica, estableciendo la prohibición de someter a gravamen la porción de renta que los sujetos deben destinar inevitablemente a la atención de sus necesidades vitales.

La problemática que existe con las nuevas disposiciones fiscales para el caso de los servicios digitales es que deliberadamente imponen impuestos a las personas físicas sin importar que los ingresos que perciban no sean suficientes para cubrir ese mínimo vital, debido a los reducidos márgenes de utilidad que se obtienen.

Por poner un ejemplo, la plataforma de Uber (servicio de transporte a particulares) retiene un 25% de la comisión por viaje y el costo de la ruta para los conductores de Uber X es aproximadamente de 47 por ciento, lo cual deja un margen de 28 por ciento de ganancia. De acuerdo con datos de la plataforma un socio en promedio gana 8 mil pesos mensuales, lo que daría un total de 7 mil 120 menos 3 por ciento de ISR y 8 por ciento de IVA que están contemplados en la nueva ley. En consecuencia, dicha medida agravaría la condición de marginación en la que se encuentran las personas, de ser el caso en el que ésta sea su única fuente de ingreso, e incrementaría aún más las tasas de deserción de Uber que son actualmente de 50 por ciento.

Ahora bien, para estipular el mínimo vital es necesario recurrir a mediciones de pobreza que permitan ofrecer un punto de referencia. Por tal motivo, utilizaremos la Línea de Bienestar que desarrolla el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Dicha canasta alimentaria y no alimentaria como se puede observar en la siguiente tabla contempla un monto de 2 mil 969.41 pesos en 2017. Por otra parte, con base en el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2010, de la población en hogares, 97.3 por ciento formaba parte de un hogar familiar, y en promedio tenían 4.2 integrantes. Finalmente, el monto de la línea de bienestar multiplicado por el promedio de integrantes en un hogar arroja un total de 12 mil 469.8 pesos. En consecuencia, se estima que dicha cantidad sea considerada como una línea base que quede exenta de gravámenes fiscales para las personas que laboren en las plataformas digitales en cuestión.

A efecto de visualizar el alcance de la propuesta, se muestra a continuación el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Senadores el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona los artículos 113-A, 113-B y 113-C a la ley del Impuesto sobre la Renta

Único. Se adicionan los artículos 113-A, 113-8 y 113-C en una Sección III al capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Título IV...

...

Capítulo I...

...

Capítulo II..

Sección I..

Sección II..

Sección IIIDe los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares

Artículo 113-A. Las personas físicas que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares que participen en la oferta y demanda de bienes y servicios proporcionados por terceros, por los ingresos que generen a través de los citados medios por la realización de las actividades mencionadas, incluidos aquellos pagos que reciban por cualquier concepto adicional a través de los mismos que sean menores a la Línea de Bienestar tendrán una exención fiscal de la totalidad del impuesto a pagar en esta ley por motivos de justicia social.

El resto de los contribuyentes que contempla el párrafo anterior, que perciban ingresos superiores a la Línea de Bienestar, estarán obligados al pago del impuesto en los términos que se establezcan en esta sección, así como las normas jurídicas aplicables a esta ley.

Artículo 113-B. Para efectos de esta Ley, se considera como ingresos de Línea de Bienestar los ingresos recibidos que sean hasta por 12 mil 500 pesos, con base en la última actualización de la medición realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

El impuesto a que se refiere el segundo párrafo del artículo 113-A se pagará mediante retención que efectuarán las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras que proporcionen, de manera directa o indirecta, el uso de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares.

La retención se deberá efectuar sobre el total de los ingresos que efectivamente perciban las personas físicas por conducto de los citados medios a que se refiere el primer párrafo de este artículo, sin incluir el impuesto al valor agregado. Esta retención tendrá el carácter de pago provisional. Al monto total de los ingresos mencionados se le aplicarán las tasas de retención previstas en las siguientes tablas:

I. Tratándose de prestación de servicios de trasporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes.

II. Tratándose de prestación de servicios de hospedaje.

III. Tratándose de enajenación de bienes y prestación de servicios.

Las cantidades establecidas en moneda nacional contenidas en las tablas previstas en el párrafo anterior se actualizarán en los términos y condiciones que establece el artículo 152, último párrafo de esta Ley, a excepción de las cantidades referidas al ingreso de Línea de Bienestar que será determinado conforme al primer párrafo del Artículo 113-B.

Cuando las personas físicas a que se refiere el segundo párrafo de este artículo reciban una parte del pago de las contraprestaciones por la prestación de servicios o la enajenación de bienes directamente de los usuarios o los adquirentes de los mismos, y el total de sus ingresos, incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de las citadas plataformas, no excedan de trescientos mil pesos anuales, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta por dichos ingresos recibidos directamente de los usuarios de los servicios o adquirientes de bienes, aplicando las tasas de retención a que se refiere el presente artículo al total de los ingresos recibidos, incluyendo aquellos efectivamente percibidos por conducto de las citadas plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, y deberán acreditar el impuesto que, en su caso, les hubieran retenido en los términos del presente artículo. El impuesto que se pague en términos de este párrafo se considerará como pago definitivo.

Artículo 113-C. Las personas morales residentes en México o residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras a que se refiere el segundo párrafo del artículo 113-A de esta Ley, tendrán las siguientes obligaciones:

I. En el caso de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país y de entidades o figuras jurídicas extranjeras, deberán solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria únicamente con el carácter de retenedor.

II. Proporcionar comprobantes fiscales a las personas físicas a las que se les hubiera efectuado la retención a que se refiere el artículo 113-A de esta Ley, en los que conste el monto del pago y el impuesto retenido, a más tardar dentro de los cinco días siguientes al mes en que se efectúe la retención, el cual deberá estar acompañado de la información que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

III. Proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información a que se refiere la fracción III del artículo 18-J de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con lo previsto en el último párrafo de dicho artículo.

IV. Enterar la retención mediante declaración, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al mes por el que se efectúo la retención.

V. Conservar como parte de su contabilidad la documentación que demuestre que efectuaron la retención y entero del impuesto sobre la renta correspondiente.

Cuando las personas morales residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, así como las entidades o figuras jurídicas extranjeras no cumplan con la obligación de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes conforme a la fracción I de este artículo, omitan realizar el entero de las retenciones que, en su caso, deban realizar, o no presenten las declaraciones de pago e informativas a que se refieren las fracciones 11I y IV de este artículo durante tres meses consecutivos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 18-H de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Las obligaciones establecidas en las fracciones III, IV y V de este artículo, deberán cumplirse de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Tabla elaborada por Presidencia de la República en Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación.

2 https://ingresopasivointeligente.comjcuanto-gana-un-chofer-de-uber-en-mexico/

3 Gráfico elaborado por Ángel Gutiérrez y Porfirio Tamayo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de la “Ingreso, pobreza y salario mínimo” de 2017.

Senado de la República, a 17 de octubre de 2019.— Senador Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; y de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2019.— Senador Salomón Jara Cruz (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 164, numerales 1 y 2, 169 y 172, numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, somete a consideración de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto sobre la Renta; por lo anterior, y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 169 del Reglamento del Senado de la República, la iniciativa se presenta en los siguientes términos:

Antecedente

México ha tenido tasas diferenciadas para ciertas franjas fronterizas a lo largo de su historia. Como lo cita el estudio de Adrián García Gómez del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP), de 1990 a 1994, la tasa en la frontera norte era de 6 por ciento, mientras que, en el resto del país, de 15 por ciento hasta 1991, y de 10 por ciento de 1992 a 1994. Posteriormente, de 1995 a 2009, la tasa en la frontera aumentó a 10 por ciento y la del resto del país a 15 por ciento. Finalmente, de 2010 a 2013, la tasa en la frontera fue de 11 por ciento, mientras que, en el resto del país, aumentó a 16 por ciento. No fue hasta la reforma fiscal de 2014 cuando se homologaron las tasas, siendo de 16 por ciento en todo el país.

El antecedente más reciente de tasas diferenciadas se puede encontrar en el “Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte” que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2018. Dicho decreto establece mecanismos que fortalecen la economía de los contribuyentes de la región norte del país, con el fin de estimular y acrecentar la inversión, fomentar la productividad y contribuir a la creación de fuentes de empleo.

Para lograr este objetivo, se establecieron los siguientes estímulos fiscales:

• Un crédito fiscal por el equivalente a la tercera parte del impuesto sobre la renta (ISR) del ejercicio o de sus pagos provisionales siempre y cuando los ingresos se hayan obtenido en la región, quedado exceptuado los que emanen de bienes intangibles y comercio digital.

• Un subsidio de 50 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) siempre y cuando se efectué enajenación de bienes, prestación de servicios y el uso o goce temporal de bienes (arrendamiento) entregados en forma material o servicios prestados en la región, exceptuando la venta de bienes inmuebles e intangibles, así como el suministro de contenido digital.

En ese sentido, la implementación de estas medidas trae ventajas tales como:

• Incentivar el desarrollo de la región

• Fomentar la creación de nuevos empleos formales

• Mayor acreditamiento de IVA en el supuesto de que las compras del contribuyente que goce del estímulo fiscal sean con la tasa general de Ley.

Planteamiento del problema

México vive una circunstancia de extrema desigualdad generada por un modelo de desarrollo que ha polarizado y dividido. La zona sur – sureste de nuestro país, es la expresión más dramática de pobreza y rezago económico. Por tal motivo el Gobierno Federal debe buscar los mecanismos para potenciar la competitividad y el desarrollo de esta zona que por décadas ha retribuido mucho a las arcas de la federación con sus recursos naturales y, desafortunadamente, no se ve reflejado en las condiciones de vida de su población.

Exposición de Motivos

El artículo 25 constitucional establece que “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”.

Bajo este principio rector, se deben implementar mecanismos para generar empleo y crecimiento económico que coadyuve al desarrollo de las distintas regiones del país, adaptándose a la realidad que vive cada una de las entidades federativas.

El principal motivo por el que se propone la introducción de tasas diferenciadas en la frontera sur de México responde a que podría aliviar las fuertes presiones que están habiendo, particularmente en los municipios que tienen frontera con Guatemala y Belice, debido al drástico incremento del flujo migratorio en los últimos meses y que está tendiendo a considerar a México como país de destino y no de tránsito como históricamente ha sucedido.

América Latina ha experimentado periodos de alta fluctuación de personas que se desplazan de su país de origen debido a diversos factores como: violencia generalizada, situación económica precaria, ausencia de servicios públicos, entre otros. Ergo, México al ser el vecino del país más rico del mundo, se ha caracterizado por ser el principal corredor de migrantes a nivel mundial según cifras del “International Migration Report 2017” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

No obstante, la tasa de personas que buscan emigrar a Estados Unidos vía México se ha intensificado por las caravanas migrantes que se alimentan de personas que buscan ser recibidas en calidad de refugiados por la situación de precarización que viven en sus países (el Salvador, Honduras, Venezuela, entre otros). Por ende, las políticas anti migratorias del país del norte han provocado que cada vez un mayor número de personas que originalmente buscaban refugiarse en Estados Unidos, se queden a residir en México.

Algunos datos muestran evidencias de un crecimiento importante en los últimos años en términos de la migración hacia México como destino final. La Comisión Mexicana de Atención a Refugiados menciona que en 2014 el organismo recibió 2.000 peticiones de refugio. Cuatro años después, en 2018, la cifra fue de 23.000. Aunque la cifra resulta insignificante en comparación con la cantidad de personas que México expulsa a Estados Unidos, la combinación del fortalecimiento de las medidas anti migratorias y la intensificación de la crisis que enfrentan los países centroamericanos, sudamericanos e incluso ahora países africanos puede llevar a una situación de riesgo.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, añadió que el año pasado ingresaron a México más de 300.000 migrantes de Centroamérica. Según organizaciones civiles, este perfil de los migrantes tiene una razón: la violencia creciente en países como Honduras o El Salvador.

Como respuesta de esta problemática, el gobierno federal ha comenzado a realizar un plan de largo plazo conocido como “Plan de Desarrollo Integral para América Latina”. Dicho programa de acuerdo con la Secretaría de Gobernación la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) versa sobre: “la necesidad de aumentar sustancialmente las inversiones públicas y privadas para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030, una agenda civilizatoria. (...) enfrentar la crisis de desarrollo y migración que hoy vive la subregión y para construir en ella no solo una estabilidad nominal sino una estabilidad social de largo plazo. En este sentido, abogamos por nuevos pactos sociales y políticos para abordar los desafíos del desarrollo macroeconómico, productivo, social y ambiental en el siglo XXI” (p. 14, CEPAL).

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática reafirma su compromiso con planes de esta índole, no obstante, sostiene la necesidad de que se lleve a cabo un plan de contingencia que permita un mayor consumo en la región, así como una mayor inversión para que los municipios de la frontera sur sean capaces de absorber los impactos económicos y sociales que implicará el nuevo flujo migratorio.

En consecuencia, el planteamiento consiste en homologar la tasa diferenciada para el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre la Renta como ocurre en el norte del país, con anteriormente citado, decreto publicado el día 31 de diciembre de 2018.

Por otra parte, la propuesta considera que el espacio geográfico al que se le brindaría los estímulos fiscales propuestos constaría de 23 municipios en Quintana Roo, Chiapas, Campeche y Tabasco. Los municipios serían: Othón P. Blanco, Palenque, Ocosingo, Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas, Maravilla Tenejapa, Las Margaritas, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Ametenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, Tapachula, Cacahoatán, Unión Juárez, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo, Suchiate, Calakmul, Candelaria, Balancán y Tenosique.

Puesto que la zona a la que se pretende introducir las tasas diferenciadas es una de las más desaventajadas y vulnerables en el país, se carece de literatura que pueda estimar los efectos en términos económicos que tendrían esas medidas. Sin embargo, se puede tomar como base diferentes estudios realizados para el caso de la frontera norte y extrapolarlos a las condiciones particulares de la región en cuestión.

El estudio Adrián García del CIEP lleva a cabo estimaciones sobre los impactos que tendrían los estímulos fiscales propuestos sobre el sistema recaudatorio en la frontera norte. Asimismo, señala que dicha medida podría afectar los ingresos del gobierno debido a que ciertas empresas tomarían ventaja del régimen nuevo y trasladarían sus ingresos a esas zonas para reducir su carga impositiva.

El impacto se calcularía con base en el tamaño de empresas que sea y, consecuentemente, con su propensión a mover ingresos a una zona con menor tasa impositiva. Por su parte, el estudio “Income shifting, investment, and tax competition: theory and evidence from provincial taxation in Canada” elaborado por Mintz and Smart (2004) estima que la elasticidad será mayor entre más grande sea la empresa.

No obstante, el efecto que Adrián García estima se acotaría si dentro de la legislación se introducen ciertas restricciones que permitan que empresas tengan que establecer sus operaciones en la zona de la frontera sur, creando de esta forma más empleos que estimulen a la economía en su conjunto. Con base en esa lógica también es importante destacar que el dinamismo que se estima que ocurrirá en la franja fronteriza sur con las tasas diferenciadas, generará más flujos económicos que incrementen transacciones y negocios, así como mayor turismo, lo cual podría atenuar la disminución de recaudación en la región.

Aunque las situaciones distan de ser similares en la frontera norte y sur, se podrían extrapolar las mismas conclusiones a las que llega el estudio de Deloitte “El pulso del sector empresarial y un análisis estratégico de la iniciativa para Frontera Norte”, en donde se hace énfasis en que la disminución en la recaudación estimada por varias fuentes no es un efecto estático sino dinámico; por lo tanto, debería de evaluarse en términos del efecto multiplicador que genere en la región (p. 19, Deloitte).

Asimismo, otro criterio por el cual resultaría apropiado establecer dicha medida en la región de la franja fronteriza del sur es de justicia social. Haciendo una breve comparación con base en la medición de la pobreza del Coneval, la calidad de vida de los habitantes del norte sigue estando muy por encima de la región sur del país. En ese sentido, acorde a datos del Coneval, en la medición de la pobreza extrema 2018 se obtuvieron los siguientes datos:

Señalando que el reto mayor sigue siendo el sureste del país donde se encuentran las entidades federativas con mayor porcentaje de población en situación de pobreza en la década 2008-2018: Chiapas (77.0 por ciento a 76.4 por ciento), Guerrero (68.4 por ciento a 66.5 por ciento), Oaxaca (61.8 por ciento a 66.4 por ciento) y Veracruz (51.2 por ciento a 61.8 por ciento).

Entidad Millones de

personas

Chiapas 1,623.3

Veracruz 1,457.9

Guerrero 971.4

Oaxaca 951.8

México 865.7

Puebla 551.9

Tabasco 302.5

Michoacán 284.4

Guanajuato 253.3

Jalisco 244.5

San Luis Potosí 207.6

Hidalgo 181.5

Ciudad de México 153.3

Yucatán 147.1

Morelos 147.0

Tamaulipas 121.8

Chihuahua 99.8

Campeche 93.0

Sinaloa 82.3

Sonora 80.6

Nayarit 76.2

Quintana Roo 59.8

Baja California 59.3

Zacatecas 54.4

Coahuila 44.5

Tlaxcala 41.7

Querétaro 41.2

Durango 40.4

Nuevo León 25.2

Colima 18.2

Aguascalientes 15.6

Baja California Sur 12.6

Observando datos sobre el Producto Interno Bruto por entidad federativa, tenemos los siguientes datos:

Entidad PIB

Baja California Sur 11.4

Puebla 6.2

Coahuila de Zaragoza 5

Morelos 5

Guanajuato 4.9

Estado de México 4.6

Colima 4.5

Quintana Roo 4.4

San Luis Potosí 4.4

Querétaro 3.9

Aguascalientes 3.7

Baja California 3.1

Michoacán de Ocampo 3.1

Chihuahua 3

Nuevo León 3

Yucatán 3

Ciudad de México 2.8

Jalisco 2.6

Nayarit 1.7

Sonora 0.8

Sinaloa 0.7

Hidalgo 0.4

Guerrero 0

Tamaulipas 0

Zacatecas -0.4

Durango -1

Veracruz de Ignacio de la Llave -1.1

Tlaxcala -1.4

Chiapas -3.1

Oaxaca -3.5

Tabasco -5

Campeche -10.5

En consecuencia, se puede entender que los Estados de la región sureste se encuentran dentro de los más pobres del país, reflejado en tasas de crecimiento negativas, lo que indica una disminución muy importante de la actividad económica y lo más grave; la perdida de fuentes de empleo.

La nueva política del actual gobierno debe contemplar no solo el apoyo en programas sociales, que si bien es cierto es una medida importante que coadyuva a la inclusión social y mejora de manera inmediata algunas de las carencias de la población, la realidad es que esta medida solamente debe ser temporal ya que por sí misma no es creadora de riqueza sino un paliativo.

Por lo tanto, debe contemplar los estímulos fiscales para que aquellas unidades generadoras de empleo y riqueza como las empresas estén alentadas a producir en determinadas partes del territorio, y que de igual forma estos apoyos beneficien a todos los contribuyentes de la región para generar derrama económica en sus lugares de origen.

Por tal motivo la presente iniciativa busca que se otorgue para la región sur los mismos beneficios fiscales otorgados en la zona fronteriza del país, con la finalidad de impulsar la actividad económica, generar cadenas de valor y sobre; creación de fuentes de empleo.

Para estos fines, se pretende establecer reducir el Impuesto al Valor Agregado y el impuesto sobre la renta para la en la zona sur del país abarcando los estados de Tabasco, Campeche Quintana Roo y Chiapas, con la finalidad de homologar las mismas disposiciones de exenciones fiscales que actualmente operan en la frontera norte.

Para observar el alcance de la iniciativa, se muestra el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Senadores el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 1º; y se adicionan los artículos 1-D y 1-E de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...

I. a IV. ...

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%, a excepción de los contribuyentes, personas físicas y personas morales, que realicen los actos o actividades de enajenación de bienes, de prestación de servicios independientes u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, en los locales o establecimientos ubicados dentro de la región fronteriza sur, en cuyo caso se les aplicará un estímulo fiscal correspondiente a un crédito equivalente al 50% de la tasa del impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.

...

...

...

Artículo 1-D. Los contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal a que se refiere el artículo Primero de esta ley, deberán cumplir los requisitos que se establezcan en las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, para tal efecto.

Para efectos de esta Ley, se considera como región fronteriza sur a los municipios de Othón P. Blanco en el estado de Quintana Roo; Palenque, Ocosingo, Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas, Maravilla Tenejapa, Las Margaritas, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Ametenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla Tapachula, Cacahoatán, Unión Juárez, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo, Suchiate en el estado de Chiapas; Calakmul y Candelaria en el estado de Campeche y Balancán y Tenosique en el estado de Tabasco.

Artículo 1-E. No se aplicará el estímulo fiscal a que se refiere el artículo Primero de la presente Ley en los casos siguientes:

I. La enajenación de bienes inmuebles y de bienes intangibles.

II. El suministro de contenidos digitales, tales como audio o video o de una combinación de ambos, mediante la descarga o recepción temporal de los archivos electrónicos, entre otros.

III. Los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los supuestos establecidos en el penúltimo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y cuyo nombre, denominación o razón social y clave en el registro federal de contribuyentes, se encuentren contenidos en la publicación de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria a que se refiere el último párrafo del citado artículo.

IV. Los contribuyentes que se ubiquen en la presunción establecida en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, tampoco será aplicable a los contribuyentes que tengan un socio o accionista que se encuentre en el supuesto de presunción a que se refiere esta fracción.

Tampoco será aplicable la exención fiscal prevista en el artículo Primero de la presente Ley, a aquellos contribuyentes que hubieran realizado operaciones con contribuyentes a los que se refiere esta fracción y no hubieran acreditado ante el Servicio de Administración Tributaria que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los comprobantes fiscales digitales correspondientes.

V. Los contribuyentes a los que se les haya aplicado la presunción establecida en el artículo 69-B Bis, del Código Fiscal de la Federación, una vez que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria el listado a que se refiere dicho artículo.

Segundo. Se adicionan los artículos 205, 206, 207 y 208 en un Capítulo XII “De los Municipios en la Región Fronteriza Sur” del Título VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Título VII..

Capítulo XIIDe los Municipios en la Región Fronteriza Sur

Artículo 205. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas y morales residentes en México, así como a los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México que perciban ingresos exclusivamente en la región fronteriza sur, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente a la tercera parte del impuesto sobre la renta causado en el ejercicio o en los pagos provisionales, contra el impuesto sobre la renta causado en el mismo ejercicio fiscal o en los pagos provisionales del mismo ejercicio, según corresponda, en la proporción que representen los ingresos totales de la citada región fronteriza sur, del total de los ingresos del contribuyente obtenidos en el ejercicio fiscal o en el periodo que corresponda a los pagos provisionales.

La proporción a que se refiere el párrafo anterior se calculará dividiendo los ingresos totales que obtenga el contribuyente en la citada región fronteriza sur durante el periodo de que se trate, entre la totalidad de los ingresos que obtenga dicho contribuyente durante el mismo periodo; el cociente obtenido se multiplicará por cien y el producto se expresará en porcentaje. Para calcular la proporción, los ingresos totales de la región fronteriza sur deberán excluir los ingresos que deriven de bienes intangibles, así como los correspondientes al comercio digital.

Se considera que se perciben ingresos exclusivamente en la referida región fronteriza sur, cuando los ingresos obtenidos en esa región representen al menos el 90% del total de los ingresos del contribuyente del ejercicio inmediato anterior, de conformidad con las reglas de carácter general que para tal efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.

Artículo 206. Los contribuyentes a que se refiere el artículo 205, para obtener los beneficios de la presente Ley, deberán acreditar tener su domicilio fiscal en la región fronteriza sur a que se refiere el artículo anterior.

Para efectos de esta Ley, se considera como región fronteriza sur a los municipios de Othón P. Blanco en el estado de Quintana Roo; Palenque, Ocosingo, Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas, Maravilla Tenejapa, Las Margaritas, La Trinitaria, Frontera Comalapa, Ametenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla Tapachula, Cacahoatán, Unión Juárez, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo, Suchiate en el estado de Chiapas; Calakmul y Candelaria en el estado de Campeche y Balancán y Tenosique en el estado de Tabasco.

Artículo 207. Los contribuyentes que no hayan aplicado el crédito fiscal a que se refiere el artículo Segundo del presente Decreto, pudiendo haberlo hecho, perderán el derecho a aplicarlo en el ejercicio que corresponda y hasta por el monto en que pudieron haberlo efectuado. Lo dispuesto en el presente párrafo aplicará aun y cuando el referido contribuyente se encuentre en suspensión de actividades.

Artículo 208. La aplicación de los beneficios establecidos en el artículo Segundo del presente Decreto no dará lugar a devolución o compensación alguna diferente a la que se tendría en caso de no aplicar dichos beneficios.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547485&fecha=31/ 12/2018

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf

3 https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx

4 https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2019/COMUNICA DO_10_MEDIC

5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/ OtrTemEcon/PIBEntFed2017.pdf

Senado de la República, a 16 de octubre de 2019.— Senador Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

SOLICITUD DE LICENCIA

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Anteponiendo un cordial saludo, por este conducto y con fundamento en los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción XVI, 12, numeral 1, fracción II, y 13, numerales 1, 2 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal a partir del miércoles 30 de octubre del presente año.

Lo anterior, para los trámites conducentes a que haya lugar.

Sin otro particular, agradezco la atención que sirva dar a la presente solicitud.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2019.— Diputado Javier Julián Castañeda Pomposo (rúbrica).»

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido, al diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo por el sexto distrito electoral del estado el Baja California, a partir del 30 de octubre de presente año.

Segundo. Llámese al suplente.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Consulte la Secretaría, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobada. Comuníquese.

MINUTAS

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Hago del conocimiento de la asamblea que el viernes 25 de octubre del año en curso, la Cámara de Senadores devolvió, en términos de la fracción E del artículo 72 constitucional, tres minutas que integran el paquete económico para el año 2020, que se publicaron en la Gaceta Parlamentaria y se turnaron de inmediato a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. Pido a la Secretaría dar cuenta de ellas.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: La Cámara de Senadores devolvió, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS Y CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: La Cámara de Senadores devolvió, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: La Cámara de Senadores devolvió, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, minuta con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES

SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Continúe la Secretaría. Pido a la secretaria dar cuenta con la Declaratoria de Publicidad de varios dictámenes.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

LEY GENERAL DE POBLACIÓN

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 10 de la Ley General de Población.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 55 y 56 del Código Civil Federal.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Dictamen de Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 12 y 18 de la Ley de Seguridad Nacional.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

SE DECLARA EL 5 DE SEPTIEMBRE COMO DÍA NACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se declara el 5 de septiembre de cada año, como Día Nacional de la Mujer Indígena.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

LEY GENERAL DE TURISMO

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X Bis al artículo 7 de la Ley General de Turismo en materia de turismo médico.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Dictamen de la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de abigeato.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

En virtud de que se cumplió con el requisito de la Declaratoria de Publicidad de los dictámenes, consulte la Secretaría en votación económica, si se autoriza que se sometan a discusión y votación de inmediato.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica se consulta si se autoriza que los dictámenes se sometan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se autoriza.

DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DEL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Tiene la palabra, por diez minutos, el diputado Isaías González Cuevas para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento.

El diputado Isaías González Cuevas:Con el permiso, señora presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante, diputado.

El diputado Isaías González Cuevas: Compañeras y compañeros, como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, vengo a presentar a ustedes el dictamen a la Ley Orgánica del Centro de Conciliación y Registro Laboral. A este Centro de Conciliación y Registro Laboral le preceden dos reformas sustanciales que le dan fundamento.

La primera es la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017, por la que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 constitucional.

La segunda reforma que le da sustento al dictamen que hoy se pone a consideración de esta asamblea –es la que nos toca debatir y aprobar a nosotros– y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el primero de mayo pasado, decreto en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral, libertad sindical, negociación colectiva y el cual estableció, de manera clara, los procedimientos para garantizar la libertad, la democracia sindical, así como la conciliación prejudicial en el ámbito laboral.

Como se puede observar, es un instrumento que contará con las facultades necesarias para conciliar los conflictos individuales y colectivos laborales. Aquí este centro va a jugar un papel importante en la vida laboral para evitar que los conflictos se vayan a los juzgados, a los tribunales de trabajo.

Este centro contará con gente especializada para conciliar todos los conflictos, y de esa manera las trabajadoras y los trabajadores van a resolver los problemas que se presenten en la vida laboral.

Es algo nuevo, importante y que se va a evitar lo que hoy se vive todavía en las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje, y que por eso tenemos un rezago de conflictos porque no hay un sistema moderno de resolver los conflictos laborales como lo va a ser el Centro de Registro Laboral que hoy estamos presentando.

Asimismo, este centro tiene la responsabilidad de recibir todos los contratos colectivos de trabajo, así como los reglamentos que existen en nuestro país y que tienen que estar todos con la aprobación de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país.

De igual manera, este órgano de conciliación y registro laboral tiene la encomienda de auxiliar a los trabajadores en el proceso de elección de la mesa directiva, de todas las mesas directivas sindicales. Y que esta elección será en forma democrática a través de voto secreto y directo, y que la autoridad verificará que esto se lleve a cabo para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Así que hoy las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país tienen el poder de decidir libremente a la mesa directiva que mejor les convenga y que ese poder les va a dar lo que ellos siempre han demandado. La justicia laboral, mejores condiciones de vida, mejores salarios, mejores contratos colectivos de trabajo.

¿Por qué? Porque la mesa directiva que quiera o aspire a representar a un grupo de trabajadores tiene que cumplir con las aspiraciones y la demanda de las trabajadoras y los trabajadores que lo están proponiendo para que compitan en una elección y ahí esta elección, repito, tiene que ser de acuerdo a los artículos 271 y 371 Bis que establecen claramente cómo debe llevarse a cabo la elección de las organizaciones sindicales, que tiene que ser a través del voto libre, secreto y directo.

Por lo consiguiente, también hay un procedimiento importante en favor de las trabajadoras y los trabajadores que es la revisión de los contratos colectivos de trabajo. Y el artículo 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo establece que, para la revisión de los contratos colectivos de trabajo, la mesa directiva tiene que convocar a las trabajadoras y los trabajadores para que hagan la comisión revisora de los contratos colectivos de trabajo y también para que propongan su punto de vista para hacer el pliego petitorio y hacérselo llegar a la empresa correspondiente.

Pero también estar atento en la negociación que se lleva a cabo con el representante del patrón o los patrones o con el representante del patrón.

Posteriormente, después de la negociación se dará a conocer los resultados de la negociación de la revisión del contrato colectivo de trabajo, y también esta consulta será a través de voto secreto y directo, y los trabajadores dirán si están de acuerdo con el resultado de la revisión contractual; o si no lo están, entonces volverán a la negociación con la empresa o con su representante.

Así que este artículo 390 Ter es muy importante porque ahí también le da poder a las trabajadoras y a los trabajadores de participar directamente, activamente en la revisión del contrato colectivo de trabajo.

Ya no será solamente el comité ejecutivo o los comisionados que hagan esta tarea, sino que son al final de cuentas las trabajadoras y los trabajadores que definirán si están de acuerdo con el resultado de la revisión de los contratos colectivos de trabajo.

Así que es algo que estamos nosotros muy de acuerdo con esto que está establecido y que va a ser parte del trabajo del Centro de Conciliación y Registro Laboral.

Por otro lado, también hoy tenemos que legitimar los contratos colectivos de trabajo, todos los contratos colectivos de trabajo. También se están haciendo de acuerdo a una norma que establece el protocolo que envió la Secretaría de Trabajo para legitimar los contratos colectivos de trabajo.

En este protocolo, la Secretaría de Trabajo nos proporciona a las organizaciones sindicales un formato de la convocatoria para celebrar esta votación de los contratos colectivos de trabajo, pero también nos da el formato de la boleta, de lo que contiene la boleta en donde van a emitir su voto las trabajadoras y los trabajadores.

La boleta dice: “¿Estás de acuerdo con el contenido de tu contrato colectivo de trabajo?” Ya el trabajador dirá sí o no. Así que también todos los contratos, aparte de revisarlos anualmente en salario y cada dos años en forma general, salarios y prestaciones, se tienen que legitimar.

Esto estará también en el artículo 390 Ter y en el apartado 23 del T–Mec. Por lo tanto, es algo que tenemos que llevar a cabo, lo estamos haciendo ya y con resultados en donde las trabajadoras y los trabajadores practican la democracia, emiten su voto y el contrato que tiene la mayoría de la aprobación de los trabajadores se lleva al Centro de Conciliación y Registro Laboral, y en algunos días está el certificado de validez del contrato colectivo de trabajo.

Pero en el caso contrario, de que esta votación salga contraria, que no están de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo, el sindicato que administre ese contrato lo pierde y ahí las compañeras y compañeros tendrán que definir qué es lo que van a hacer. Pueden hacer otro sindicato, pueden irse a otra organización sindical. La libertad sindical ahí también va a jugar un papel importante en la legitimación de los contratos colectivos de trabajo.

Por lo tanto, compañeras y compañeros, les pido el apoyo para esta Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que va en favor de las y los trabajadores de México. Por su atención, muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputado.

Se encuentran en esta Cámara ciudadanos que nos visitan del estado de Tamaulipas, invitados por el diputado Erasmo González Robledo, a quienes les mandamos un saludo.

Enseguida se otorgará la palabra para la fijación de posturas a los grupos parlamentarios, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra el diputado Raymundo García Gutiérrez, del PRD.

El diputado Raymundo García Gutiérrez:Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

El diputado Raymundo García Gutiérrez: Desde su fundación, el Partido de la Revolución Democrática acompañó diversas propuestas para acabar con la intervención discrecional del Estado en la vida interna de los sindicatos.

Establecer un marco institucional que permita el funcionamiento de organizaciones sindicales autónomas, representativas, democráticas, con presencia y capacidad de interlocución real en el ámbito productivo.

En esta visión, las fuerzas democráticas propusimos reconstruir un modelo laboral que hiciera posible la inserción de nuestro sistema productivo y comercial en el mundo globalizado, generando empleos suficientes, estables y bien remunerados, al tiempo que permitiría democratizar el mundo del trabajo y reformar sus instituciones.

Fue hasta el 2017 en que se reformó la Constitución para suprimir las juntas de conciliación y arbitraje y sustituirlas por tribunales laborales, a cargo del Poder Judicial y por un órgano desconcentrado que lleve a cabo la conciliación laboral y el registro de sindicatos y contratos colectivos.

Con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017, se sustituyeron las juntas, federal y locales, de conciliación y arbitraje por jueces federales y locales dependientes de los respectivos poderes judiciales. Con eso, los ejecutivos, tanto el federal como estatales y de la Ciudad de México, perdieron el poder del control corporativo sobre la justicia laboral.

En el caso del organismo descentralizado de carácter federal y autónomo, se estableció que será el único encargado de registrar a los sindicatos y los contratos colectivos, sustituyendo en esas funciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Junta de Coordinación Política Federal de Conciliación y Arbitraje, así como las juntas locales de conciliación y arbitraje, desmantelando una de las bases más sólidas del control corporativo, construida a costa de la libertad sindical y de la autenticidad de la institución, de la contratación colectiva.

Este organismo autónomo, descentralizado, de carácter federal, tendrá como tarea adicional la conciliación cuando se trate de juicio de materia federal. En materia local, la conciliación será competencia de órganos descentralizados que se crearán en cada entidad federativa, aunque la reforma constitucional estableció un término de un año para expedir la legislación reglamentaria, esto solo se logró hasta el primero de mayo de 2019.

Cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y diversas leyes en materia de justicia laboral.

Los transitorios de este último decreto fijaron como plazo para expedir la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, un término de 180 días, mismo que vence en este mes de octubre.

El dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social tiene como propósito cumplir con este mandato, constituye un paso más en la construcción del nuevo modelo de justicia laboral y de democratización del monto de trabajo, para el que aún quedan muchas tareas por realizar.

Honorable asamblea, en nuestro país la presencia del estado de la configuración de los derechos y las instituciones de trabajo han tenido un peso determinante, lo que llevó a construir un modelo sindical corporativo, sin autonomía ni libertad ni democracia sindical, esto limitó la capacidad de acción y movilización de los trabajadores y sus organizaciones, volviendo a los sindicatos un sector vulnerable, con una capacidad limitada para encarar las reformas neoliberales.

Las privatizaciones, el desmantelamiento de las instituciones de seguridad social, la caída salarial, la precarización del empleo y la mutilación de los contratos colectivos que consagraban sus derechos y conquistas. No obstante, prevalecieron sindicatos independientes y fuerzas sindicales que mantuvieron sus propuestas de democratización del mundo del trabajo y la defensa del empleo.

El salario, el bienestar y la salud de los trabajadores encontraron en el PRD una vía de expresión e incluso de materialización de sus demandas en términos legislativos. El PRD continuará apoyando en dar viabilidad al establecimiento de un marco que permite el libre ejercicio de la autonomía, libertad y la democracia sindical, y una contratación colectiva auténtica para que los sindicatos sean instituciones que, efectivamente, pugnen por el estudio, mejoramiento y defensa de los derechos laborales.

Votaremos a favor, no obstante, consideramos un contrasentido establecer un régimen laboral de excepción para los trabajadores de este organismo, que garantiza el ejercicio de la democracia sindical, así que reservaremos esa disposición. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra la diputada Lilia Villafuerte Zavala, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala:Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Compañeras diputadas y diputados, el dictamen que hoy se pone a nuestra consideración es una muestra de que nuestro país responde a importantes compromisos pendientes de la agenda nacional, y de igual manera atiende obligaciones adquiridas internacionalmente.

Lo anterior implica una gran tarea, pues da cumplimiento al mandato contenido en el artículo segundo transitorio del decreto por el que se modificaron diversos ordenamientos jurídicos, como la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de la Defensoría Pública, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, publicado el pasado 2 de mayo del año en curso en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, da cumplimiento a los compromisos internacionales a que nuestro país se obligó y que consta en el Capítulo 23 y su anexo 23–A del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T–MEC, el cual fue publicado el pasado 29 de julio del 2019 en el Diario Oficial de la Federación.

Cumplir el mandato constitucional referido significa materializar una instancia autónoma, a través de la cual los trabajadores y empleadores podrán dirimir sus diferencias sin acudir a juicio, garantizando los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, fortaleciendo la cultura de la paz por encima de la contienda.

Para lograr lo anterior, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, así como la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mediante opinión de impacto presupuestario respecto de la creación del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral, indicaron que implicará una erogación de 140.3 millones de pesos.

Estos documentos también contienen la proyección financiera de los costos de implementación del organismo, misma que habrá de considerarse para su incorporación al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, que en meses posteriores habremos de discutir.

Por otro lado, coincidimos con la comisión dictaminadora en dos temas: que el candidato a directora o director general de centro, además de los requerimientos de ley, deba acreditar ser licenciado en derecho, ya que interactuará de manera permanente y continua con el procedimiento ante los tribunales laborales del Poder Judicial, por lo que respaldamos que esa es la profesión y el perfil idóneo de la persona que deba encabezar y representar a dicho organismo público descentralizado.

En lo que respecta a los actos de dominio, se requiere como requisito previo que dichas facultades sean autorizadas previamente por la Junta de Gobierno del Centro, lo anterior para que esté en armonía con el artículo 58, fracción V, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y dotar así de seguridad jurídica su actuación sobre los actos de dominio.

En el Partido Verde estamos convencidos que la creación del Centro de Conciliación y Registro Laboral contribuirá a agilizar de manera sustancial el trámite de las controversias en materia laboral. Celebramos que el país avance en el cumplimiento con compromisos internacionales ya que nos permitirá fortalecer lazos con nuestros socios comerciales más importantes.

Por lo anterior, las y los diputados integrantes de mi grupo parlamentario votaremos a favor de presente dictamen. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. En el uso de la palabra, el diputado Manuel Baldenebro Arredondo, del Partido Encuentro Social.

El diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo:Gracias. Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, adelante.

El diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo: La impartición de justicia en materia laboral ha sido una gran preocupación para empresarios, gobierno y trabajadores, quien han demandado soluciones que contribuyan a cumplir los objetivos de lograr un México con mejores expectativas laborales y competitivas a nivel mundial, así como de dotar de más instrumentos de supervisión a las autoridades para las soluciones.

La reforma laboral constitucional del 24 de febrero del 2017 y de la Ley Federal de Trabajo y otras leyes, el primero de mayo del 2019, establecieron el reto de regresar al Estado la capacidad de proteger a los trabajadores y crear un círculo virtuoso entre los actores y factores de la producción.

Para ello, ha sido necesario establecer mecanismos eficientes que diriman las controversias en esta materia. Durante la presente legislatura nos comprometimos a enfrentar el reto de responder a la actualización y modernizaciones necesarias a través de las modificaciones legislativas que necesita México.

Ahora seguimos trabajando para cumplir con los plazos transitorios establecidos en la reforma a la justicia laboral. Comprendemos que las modificaciones laborales siempre han sido controvertidas, pero necesaria la transformación de acuerdo con las condiciones prevalecientes, sin que tenga que haber necesariamente ganadores o perdedores.

En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social tenemos claro que el empleo es una de las herramientas principales y más sanas con las que cuenta una sociedad para impulsar la distribución equitativa de la riqueza nacional, además de atenuar las diferencias sociales en beneficio de todos los habitantes de una nación.

Para ello, no solamente apoyamos este dictamen, sino que continuaremos impulsando la implementación y aplicación de marcos normativos laborales que regulen más eficientemente las relaciones entre trabajo y capital.

Con la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, organismo público, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, estamos dando un gran salto en la impartición de justicia en materia laboral al transferir la competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a los tribunales laborales del Poder Judicial, previa instancia de conciliación prejudicial y en las fusiones registrales que deberán de realizarse en este centro.

Con la expedición de la Ley Orgánica que normará dicho centro, se avanza hacia la transformación de un proceso que garantiza los derechos de audiencia y de seguridad jurídica de los trabajadores ante un conflicto laboral, así como el ejercicio pleno de los derechos colectivos y los registros de las asociaciones sindicales, contratos colectivos y reglamentos interiores.

Ahora, estamos dando respuesta a una de las demandas de la sociedad, de acceder a una justicia rápida, expedita, transparente, objetiva, imparcial, eficiente, efectiva y apegada a la ley, lo que implica la creación de instituciones responsables y comprometidas a las cuales debemos dar viabilidad para su éxito en su implementación.

¿Por qué debemos tener en cuenta que este centro auxiliará a las organizaciones sindicales? A los trabajadores, en los procedimientos democráticos de elección de sus directivas, en la celebración, revisión, renovación de contratos y recuentos por la titularidad de los mismos; asimismo, emitirá las constancias de representatividad y procedimientos de verificación. Todo ello, como consecuencia del pleno ejercicio del derecho de los trabajadores a ejercer su voto personal, libre, directo y secreto.

En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social tenemos la firme convicción de contribuir para devolverle a las instancias laborales credibilidad por parte de los solicitantes, terminar con la corrupción, el tráfico de influencias, la diligencia, la parcialidad, la injusticia y la lentitud de resolución en los juicios laborales, así como impulsar la libertad sindical y negociación colectiva.

El PES estará atento a los tiempos establecidos para la implementación de la reforma laboral que nos correspondan para lograr su éxito y de esta forma se generen las condiciones propicias para el desarrollo de la fuerza de trabajo en nuestro país.

Toda sociedad al momento de decidir quién la representa, sueña con la democracia. Pero nuestro país, en las filas de organizaciones sindicales no solamente es un sueño, es un clamor de justicia de que se ventile un procedimiento donde el voto personal, libre, directo y secreto sea real. Nuestra función es dar los instrumentos a los trabajadores para que esto se lleve a cabo. Diputadas y diputados, hagámoslo posible. Muchas gracias.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted, diputado.

Están en este recinto alumnos y maestros de la carrera de Derecho de la Universidad Michoacana de Ciudad Hidalgo del estado de Michoacán de Ocampo, invitados por la diputada Anita Sánchez Castro. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.

En el uso de la palabra, la diputada Martha Angélica Zamudio Macias de Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha Angélica Zamudio Macias:Con su permiso, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Adelante.

La diputada Martha Angélica Zamudio Macias: Buen día, compañeras y compañeros. La reforma laboral que aprobó esta soberanía el pasado mes de abril ha marcado un antes y un después en la vida de millones de trabajadores. Aquella reforma fue la más importante que ha tenido la Ley Federal del Trabajo desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación en 1970, alcanzando más de 530 artículos de los 1010 que forma la ley.

Más allá de los números y la estadística, la reforma laboral significó un cambio radical en la manera de ver y abordar las relaciones laborales en nuestro país. Los dos principales cometidos de aquella reforma fueron el garantizar la libertad sindical para todas y todos los trabajadores mexicanos, y el sentar las bases para el tránsito de nuestro sistema de justicia laboral a un modelo más adecuado, más moderno y progresista.

Con el dictamen que hoy discutimos las y los diputados de la Comisión de Trabajo y Previsión Social buscamos dar el siguiente paso a estos objetivos y que no solo queden en buenas intenciones.

La creación de un nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es fundamental para la articulación y práctica de los objetivos de la reforma laboral. En este centro, que gozará de autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, se desarrollarán las etapas prejudiciales del proceso de conciliación a nivel federal y se llevará pleno seguimiento del registro e integración de los sindicatos que existen en nuestro país.

Esta dualidad de funciones permitirá garantizar en los hechos los derechos conquistados para las y los trabajadores mexicanos, pues encontrarán un nuevo espacio institucional con personal altamente capacitado que no solo se les apoyará en la resolución de sus conflictos obrero–patronales, sino que también resguardará sus contratos colectivos de trabajo y las constancias de representación que finalmente darán certeza y legitimidad, legalidad a sus elecciones sindicales.

Con la creación de esta nueva institución daremos el primer paso en la construcción de un orden laboral más justo para todas y para todos los mexicanos. El futuro éxito o fracaso de nuestro país dependerá de las condiciones de nuestros trabajadores. Sin ellas y sin ellos no hay economía que pueda crecer a prosperidad y que pueda alcanzar, si queremos que el México de mañana sea más justo y próspero que el que vivimos el día de hoy. Tenemos que empezar por corregir las injusticias que todos los días viven quienes salen a la calle a ganarse la vida y quienes mueven este país.

En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano vemos con gran optimismo lo dispuesto en el presente dictamen, pues creemos que no podemos perder más tiempo en este tema.

Las y los trabajadores mexicanos merecen justicia, y confiamos que los nuevos derechos e instituciones que trajo consigo la reforma laboral será la respuesta indicada. Nuestra causa son los derechos y el bienestar de las y los trabajadores mexicanos.

Para las diputadas y los diputados de Movimiento Ciudadano la causa es México, por lo tanto, votaremos a favor de esta reforma. Muchas gracias, diputada presidenta.

La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias a usted.

Esta Presidencia saluda a la delegación china de Nanjing, invitados por el diputado Óscar Daniel Martínez Terrazas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas.

En el uso de la palabra la diputada Margarita García García, del Partido del Trabajo.

La diputada Margarita García García:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, decía Marcelino Camacho que los trabajadores seguimos siendo el pariente pobre de la democracia.

La Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje fue aprobada por unanimidad en la comisión, debido a que se considera necesaria para la labor que se planteó en la reforma laboral y el desempeño del centro federal.

Además de cumplir un compromiso con el pueblo de México, planteado en el artículo segundo transitorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del 2019, este centro comenzará sus funciones para el 2021 conforme decreto, por lo que aprobamos esta ley. Estamos cumpliendo con lo establecido para una mejora en el tema laboral.

Cuando aprobamos la reforma laboral, aprobamos la creación de un Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual manejará los asuntos laborales de carácter colectivo. Estos servirán como foros obligatorios de conciliación previos a litigios individuales y algunos colectivos que deben llevarse ante tribunales laborales.

Este centro será un conciliador obligatorio en los conflictos colectivos entre sindicatos que disputen la titularidad del centro de trabajo, el cual se resolverá a través del procedimiento especial colectivo, servirá como registro de sindicatos, verá lo relativo a votaciones y emitirá constancias de representatividad.

La creación de esta nueva ley es principalmente para organización y funcionamiento de este nuevo organismo. Regirá su funcionamiento y su conformación, lo dirigirá un director general y una junta de gobierno conformada por titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a las y los presidentes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Instituto Nacional Electoral.

Será un organismo público descentralizado, con plena autonomía del gobierno federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.

Con esta ley también se fomenta la transparencia de la vida de los sindicatos, así como prohibir a los patrones involucrarse en la vida de los asuntos sindicales, creación de nuevos sindicatos, la existencia de una buena relación colectiva, incorporando la perspectiva de género y de protección a los derechos humanos.

Lo anterior resume el abandono de la política neoliberal a la clase trabajadora, la cual desatendieron y dejaron a su suerte a los trabajadores, siendo que ellos son el motor del país.

El Partido del Trabajo y sus integrantes apoyaremos todo aquello que represente un avance importante en la implementación de la reforma laboral que beneficie a los trabajadores, porque son ellos y sus familias los que mantienen a este gran país llamado México.

Aunque las diferentes corrientes ideológicas dentro de esta Cámara no estemos de acuerdo, nosotros, como Partido del Trabajo, no cejaremos en su defensa. Por eso, desde esta tribuna les digo a todos los trabajadores de la República que no están solos, que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está con ustedes.

Somos aliados en esta cuarta transformación del país, pero antes que nada, somos aliados en la defensa de las fuentes de empleo, somos aliados en la defensa de un sindicalismo democrático, somos aliados en la lucha por combatir las consecuencias, desde la contratación y la simulación laboral que se da en la mayoría de los casos de subcontratación, en donde algunas empresas no tienen ningún empacho en defraudar a los trabajadores, despojándolos de sus prestaciones, así como defraudando a las autoridades competentes en tener el mínimo de lo que corresponde de las aportaciones a la seguridad social, condenando con esto a que los trabajadores coticen con el mínimo permitido, que en el futuro se tradujera en pensiones de miseria.

Señoras y señores diputados, demos pues un paso importante en la lucha de la clase trabajadora. Apoyemos, todos, el siguiente dictamen, por considerar que la seguridad laboral es un bien necesario para el sano desarrollo de las familias de los trabajadores. Por lo anterior, todo el poder al pueblo. Muchas gracias, diputado presidente.

Presidencia del diputado Marco Antonio Adame Castillo

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Isaías González Cuevas:Con el permiso, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.

El diputado Isaías González Cuevas: Compañeras y compañeros diputadas y diputados, el Grupo Parlamentario del PRI acompañó la reciente reforma constitucional en materia de justicia laboral, que significó un gran paso para transformar radicalmente la impartición de justicia en nuestro país.

Hoy se presenta a esta soberanía un dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que será la nueva instancia para dirimir las controversias entre trabajadores y patrones.

Debemos recordar que la reforma constitucional contempló la creación de un organismo público descentralizado de la administración pública, el cual tendrá como finalidad garantizar la democracia y la representatividad sindical.

Además deberá llevar a cabo la función conciliadora en conflictos laboral y de competencia federal y se encargará de realizar los registros de las asociaciones sindicales y contratos colectivos y reglamentos interiores, garantizando el ejercicio pleno de los derechos colectivos de trabajo.

Pero, también, este centro que se encarga de la impartición de la justicia laboral, ¿verdad?, es algo que también dentro de sus funciones debe ver y apoyar a las iniciativas que se han presentado en el tema del outsourcing o la subcontratación, y que este centro nos debe apoyar para que salgan estas leyes, reglamentar bien este sistema de subcontratación para evitar que se sigan anulando los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.

Este centro debe apoyarlos para prohibir que la nómina total de los trabajadores entre en el esquema de subcontratación, porque es ahí donde perjudica totalmente lo conseguido en la Ley Federal del Trabajo, en los contratos colectivos y anula la justicia laboral. Por lo tanto, este centro tiene también, seguramente, como promotor de la justicia, este encargo y que seguramente nos va a apoyar, para que salgan estas leyes que hemos presentado, tanto en el Senado y aquí en la Cámara de Diputados.

El Grupo Parlamentario del PRI acaba de presentar, bueno, hace unos días presentó una iniciativa sobre este tema. Y esperamos también contar con el apoyo, su orientación, así como quiere estar acomedido en todo este centro, pues también lo queremos aquí en estas leyes, también que, muy acomedido, pues que nos acompañe, para que salga a favor y terminar con esta práctica que viene afectando a las trabajadoras y los trabajadores.

Así que también este centro es algo que en lo próximo seguramente también nos va a ayudar en algo que afecta a miles de trabajadoras y trabajadores, el tema de pensiones. El tema de pensiones es algo muy delicado y muy grave para el país. Y hoy las Afores, el sistema que tenemos, ha sido beneficiado, ha sido beneficiado y le han permitido reformas acabando con las Afores, y hoy un sistema que no beneficia a los trabajadores, por el contrario, se acordó un concepto con dos componentes para cobrar doble comisión.

Por lo tanto, este centro nos va a ayudar, nos tiene que ayudar para buscar la justicia, porque el sistema de Afores, el sistema que tenemos está fracasado, porque 7 de cada 10 trabajadores no va alcanzar una pensión digna. Así pues, que este centro está comprometido con la clase trabajadora, pero no solamente para que vea que los contratos y todo, está bien, sino que también vea cómo vamos a resolver estos grandes problemas que tiene nuestro país, compañeras y compañeros.

Y, próximamente, en diciembre, vamos a proponer el aumento salarial para los salarios mínimos, pero también debe apoyarnos para ese aumento y también para los mínimos profesionales, porque los mínimos profesionales se están quedando rezagados y no solamente el salario mínimo necesita aumento, sino también los mínimos profesionales.

Así pues, compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de esta iniciativa, pero también con el compromiso de que este centro va a luchar, junto con el sector laboral, para la justicia que necesitan las mexicanas y mexicanos trabajadores de este país. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera:Con su permiso, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera: El día de hoy es un día importante para la fracción parlamentaria de Acción Nacional. El primero de mayo se promulgó la nueva Ley Federal del Trabajo, de la cual nosotros nos sentimos orgullosos de haber participado en la construcción de un documento que representará la posibilidad de generar nuevas condiciones en la relación entre los factores de la producción, entre los trabajadores y los patrones, que nos permitiera acabar finalmente con viejos vicios que generaron que en este país prevaleciera un sindicalismo plagado de corrupción, plagado de canonjías, de liderazgos viviendo en la opulencia y de trabajadores viviendo en la miseria y en el abandono.

Por eso, la reforma constitucional en materia de justicia laboral sentó las bases para transitar hacia una nueva dinámica para la resolución de asuntos laborales, buscando agilizar los procedimientos a través de la conciliación entre los patrones y los trabajadores.

Ahora, los centros de conciliación laboral representan la oportunidad de los trabajadores de contar con procedimientos con una resolución rápida, evitando la realización de juicios por demás largos y engorrosos que hasta este momento conllevan el desgaste de los trabajadores, además de mermar su capacidad.

Además de la expedición de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación Laboral, se estará complementando el marco jurídico secundario para dar pleno cumplimiento a la reforma constitucional, cumpliendo con nuestra obligación de garantizar los derechos humanos de las personas, en el caso específico de los trabajadores principalmente, por lo que respecta a sus derechos de audiencia y de seguridad jurídica ante un conflicto laboral. Así como el ejercicio pleno de los derechos colectivos y los registros de las asociaciones sindicales, contratos colectivos y reglamentos interiores.

Por todo lo anterior, en aras de avanzar hacia la consolidación y la culminación de la nueva justicia laboral es que votaremos a favor del presente dictamen, reafirmando nuestro compromiso por vigilar la correcta aplicación y funcionamiento de este nuevo sistema de justicia laboral en defensa de los derechos de las y los trabajadores de México.

Sin embargo, compañeras y compañeros, nuevamente volvemos a insistir en esta posibilidad de la reflexión de los diputados de Morena una vez que discutamos el Presupuesto de Egresos. Se puede convertir este documento, esta nueva Ley Orgánica del Centro de Registro de Conciliación federal, en un anhelo, simple y sencillamente en una carta romántica de buenas intenciones. Está condenado con el presupuesto que se le está destinando a quedar esto en letra muerta y que no tengamos la posibilidad verdaderamente, después de haber trabajado en un documento como es la nueva Ley Federal de Trabajo, de generar la justicia y las condiciones para que los trabajadores de México puedan verdaderamente tener justicia laboral. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Anita Sánchez Castro:Con su permiso, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Anita Sánchez Castro: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. El dictamen que hoy votamos es la respuesta a una demanda que por años han exigido los trabajadores para poder organizarse en sindicatos con comités elegidos libremente, que representen sus auténticas demandas y el reclamo de una justicia laboral expedita.

Esta Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro sindical responde al mandato constitucional de febrero del 2017, de la llamada reforma constitucional en materia de justicia laboral y a las leyes secundarias laborales en este histórico primero de mayo del 2019.

En ellas se establece la organización y funcionamiento del centro federal como un organismo público descentralizado, como un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propios y con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Y de esta operatividad presupuestaria van a surgir estos centros como tal, de una forma que en ciertos estados se vaya implementando paulatinamente estos centros.

El objetivo del centro es sustanciar el procedimiento de conciliación que deberán agotar a los trabajadores y patrones en sus asuntos individuales y colectivos del orden federal, conforme a lo establecido en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

También será competente para registrar los sindicatos, federaciones, confederaciones, todos los contratos colectivos de trabajo, contratos de ley, reglamentos interiores de trabajo, así como todos los procesos administrativos relacionados.

Su junta de gobierno estará conformada por entidades gubernamentales a través de representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de organismos autónomos constitucionales como el Inai, Inegi e INE, esto para dar la certeza de carácter autónomo e imparcial terminando con el tripartismo que existía en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, por lo tanto, estarán vigilados para que no haya más corrupción.

Algunas de las atribuciones más importantes que tendrá el centro de conciliación son:

Realizar una conciliación tanto individual y colectiva, salvo casos especiales para lograr solucionar sus diferencias antes de presentar una demanda salvaguardando los derechos de las y los trabajadores.

Agilizar la justicia laboral a través de un procedimiento sencillo para la resolución de sus diferencias, evitando la carga de trabajo de los tribunales.

Apoyar a los sindicatos o trabajadores en los procedimientos de elección de sus directivas sindicales y verificar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, como lo es el ejercicio del voto personal, libre, secreto y directo.

Comprobar la veracidad de los documentos de la elección de directivas sindicales para terminar con sindicatos de protección, que cómo han hecho daño a nuestra nación, a nuestros trabajadores.

Toda la información de los sindicatos se hará pública y se brindará a quien lo solicite, copia de los documentos que obren en los expedientes registrados cumpliendo con lo establecido en nuestra Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

Con esto, la creación del centro de conciliación garantiza el respeto de autonomía sindical, los trabajadores son los que tienen la parte medular para decidir quiénes son sus directivas sindicales, asimismo la libertad y negociación colectiva y el derecho a una justicia rápida y expedita.

Este dictamen cierra la puerta a los contratos colectivos de protección patronal...

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.

La diputada Anita Sánchez Castro: ...estableciendo un procedimiento de legitimación sindical para acabar con los sindicatos extorsionadores y la intromisión patronal en las elecciones. Esto va para el apartado B, también, de trabajadores.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputada, su tiempo ha concluido.

La diputada Anita Sánchez Castro: Termino, presidente. Es por esto que Morena está a favor de este dictamen. Ya cayeron los primeros líderes sindicales corruptos y vamos por más. Esta cuarta transformación de eso se trata. No más corrupción.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Concluya, diputada.

La diputada Anita Sánchez Castro: Es todo, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias. Se informa a la asamblea que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión.

Pasaremos ahora a la discusión en lo general. En la lista que tiene la Presidencia están anotados solamente diputados en pro, tendremos tres intervenciones y consultaremos si está suficientemente discutido. Tiene la palabra la diputada Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

La diputada María Sara Rocha Medina:Con su venia, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada María Sara Rocha Medina: Compañeras y compañeros, nuestro Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que estamos seguros será una institución profesional y moderna como merecen los trabajadores de nuestro país, para obtener justicia pronta y expedita.

Las diputadas y los diputados del PRI estamos convencidos en construir nuevas instituciones, no solo para cumplir con un mandato constitucional, sino para dotar de un nuevo andamiaje jurídico e institucional a los trabajadores de México.

La reforma constitucional en materia laboral contempló la creación de un organismo público descentralizado de la administración pública federal para garantizar la democracia y representatividad sindical.

Hoy votamos un dictamen para darle plena vigencia a esta reforma. Creamos un organismo que tendrá una función conciliadora con conflictos laborales de competencia federal, y se encargará de realizar los registros de las asociaciones sindicales, contratos colectivos y reglamentos interiores garantizando el ejercicio pleno de los derechos colectivos.

Será competente para registrar a nivel nacional todos los contratos colectivos de trabajo, contratos ley, reglamentos interiores de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.

Lo más importante es que, desde su inicio, el centro contará con un servicio profesional que formará a todos los servidores públicos con una visión institucional. Los nuevos funcionarios desarrollarán las funciones con perspectiva de género, con un enfoque en derechos humanos, así como los mecanismos necesarios de gestión, promoción y compensación orientados a la jerarquización del empleo y la carrera pública basado en el mérito, en el logro, en los resultados y en los valores de vocación de servicio, efectividad, transparencia, eficiencia y cuidando de los recursos, orientación a la ciudadanía, calidad del servicio, probidad, rendición de cuentas, flexibilidad, mérito e idoneidad.

Compañeras y compañeros diputados, estamos a favor de esta reforma que es congruente con los cambios inéditos que en materia laboral recientemente aprobó esta legislatura.

Vamos en pro porque con una Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se evitará la discrecionalidad en asuntos como las negociaciones de contratos colectivos e individuales.

Con este centro habrá un órgano que de manera imparcial expedirá las constancias de no conciliación, así como las de representatividad, previo cotejo y constancia de que la mayoría de los trabajadores eligieron a determinada dirigencia.

Por primera vez existirá capacitación profesional para auxiliar a los sindicaos en la elección de sus directivas. Todo esto sería imposible si no contara con los instrumentos necesarios para sancionar el cumplimiento de las normas laborales.

Ahora, con las multas y las medidas disciplinarias se incentivará en el mundo del trabajo que también se hagan respetar los principios previstos en el Código de Conducta que aplicará para todos sin excepción. Por esta razón, el Grupo Parlamentario del PRI irá a favor. Muchísimas gracias, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado José del Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado José del Carmen Gómez Quej:Con su permiso, diputado presidente. El día de hoy la Comisión del Trabajo y Previsión Social presenta a esta soberanía el dictamen mediante el cual se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, organismo público descentralizado de la administración pública federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.

Como antecedente de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tenemos dos reformas en materia laboral de gran trascendencia para nuestro país, en beneficio tanto de los trabajadores como de los patrones.

Primero, la reforma y adición de diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2017, a través de la cual se estableció un nuevo sistema de impartición de justicia en materia laboral, al transferir la competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a los tribunales laborales del Poder Judicial, previa instancia de conciliación prejudicial.

Asimismo, la modificación constitucional contempló la creación de un organismo público descentralizado de la administración pública federal, el cual se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia y objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.

Por otra parte, las reformas a la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en mayo del presente año, estableció el mandato al Congreso de la Unión de expedir la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, lo cual es motivo del presente dictamen.

Cabe señalar que las reformas antes señaladas y la ley se encuentran en discusión y el Estado mexicano cumple con diversas obligaciones internacionales en la materia.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tendrá por objeto sustanciar el procedimiento de conciliación que deberán agotar los trabajadores y patrones en asuntos individuales y colectivos de orden federal, conforme a nuestra Constitución Política y a la Ley Federal del Trabajo.

Entre las atribuciones que se le establecen al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral podemos destacar las siguientes: realización de la función conciliatoria individual y colectiva. Registrar a nivel nacional todos los contratos colectivos de trabajo, contratos–ley, reglamento interior de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.

Auxiliar a los sindicatos o trabajadores en los procedimientos de elección de sus directivas sindicales, así como verificar el cumplimiento de los principios democráticos y los requisitos aplicables.

Expedir constancias de no conciliación y representatividad. Verificar el apoyo mayoritario de los trabajadores en contratos colectivos de trabajo que les rigen y sus convenios de revisión. Vigilancia del ejercicio del voto personal, libre, directo y secreto. Verificar el contenido de los contratos colectivos de trabajo que haya hecho del conocimiento de los trabajadores. Hacer pública la información de los sindicatos. Establecer un modelo de gestión conciliatorio administrativo para su adecuado funcionamiento.

Compañeras y compañeros diputados, es obligación de este órgano legislativo actuar conforme al interés público, y el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional está seguro de que con la aprobación del presente dictamen acatamos esa obligación.

Como lo señalé anteriormente, en la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se beneficia tanto a trabajadores como a patrones, garantizando y fortaleciendo su esfera jurídica, principalmente si se atiende la obligación del Estado mexicano de proteger los derechos humanos.

Es por ello que votaremos a favor del presente dictamen e invitamos a los demás grupos parlamentarios que conforman esta legislatura a votar en el mismo sentido. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Tiene a palabra el diputado Manuel Gómez Ventura, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Manuel Gómez Ventura:Muchas gracias, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.

El diputado Manuel Gómez Ventura: Compañeras y compañeros diputados, para lograr una autonomía sindical y una verdadera negociación colectiva necesitamos votar a favor de este dictamen, que tanto hace falta en materia de justicia laboral.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral será el mecanismo efectivo para poder transitar hacia una auténtica justicia laboral y una auténtica libertad y democracia sindical.

Lo sabemos, la esencia del sindicalismo se deterioró por ambición del hombre, de los hombres que en su momento tuvieron la responsabilidad de representar a un sinnúmero de trabajadores agremiados a una organización sindical. Y la experiencia de muchos trabajadores, la que hemos adquirido, o estamos adquiriendo acá, nos dice que por décadas los líderes buscaron simplemente su beneficio, a través de elecciones fraudulentas, de engaños, de utilizar diferentes mañas para poder reelegirse y conservar el poder, porque pues les convenía o les conviene aún a algunos, porque ahí hay dinero, ahí hay para enriquecerse y dejan a un lado la esencia de un representante sindical de defender los derechos de sus agremiados, de buscar un equilibrio entre los factores de producción, ejemplo de ello es que en esas elecciones para elegir a sus comités, las convocatorias no las hacen en su momento, las hacen un día antes, registran una sola planilla, hacen reuniones antes para ponerse de acuerdo, aunado a que cuando llevan a cabo su elección las juntas actúan en contubernio.

Con la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se podrá verificar la elección para que se cumpla con los principios de certeza, confiabilidad y legalidad.

La intervención del mismo será a petición de las directivas sindicales o de por lo menos el 30 por ciento de sus afiliados, siempre que exista duda razonable, fundada y motivada.

Asimismo, este organismo registrará todos los sindicatos, contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo y verificará que se haya hecho con el apoyo mayoritario de los trabajadores. Aquí cambia la cosa, serán los trabajadores que van a certificar, a validar toda esta situación.

Por ello, los diputados federales tenemos el compromiso de hacer valer esta reforma laboral, de hacer valer lo que en su momento el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral determine.

Tenemos que dar certeza a estas elecciones sindicales y terminar de una vez con los dirigentes corruptos, con los dirigentes que solamente asumen el poder para enriquecerse y que los contratos colectivos de protección patronal, que tanto han dañado a los trabajadores y, por ende, a nuestro país.

Por eso, en Morena votaremos a favor y en defensa del sindicalismo autónomo y transparente y vigilaremos de cerca a los líderes que no cumplan con la defensa de sus agremiados, que no cumplan con buscar un equilibrio entre los factores de producción, porque también como mexicanos nos afecta. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Consulte la Secretaría a la asamblea si el asunto se considera suficientemente discutido.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor. Diputado, presidente, ¿me permite repetir la votación?

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Compañeras diputadas y diputados, les pido un momento de su atención. Pasaremos a tomar la votación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor. Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: No se considera suficientemente discutido.

Tiene la palabra la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada María Rosete Sánchez:Con la venia de la Presidencia.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada María Rosete Sánchez: Muy buenas tardes a todos mis compañeros y compañeras legisladoras, así como al público en general que nos acompaña en esta sesión de manera presencial y a través de los medios de comunicación.

A nombre del Grupo Parlamentario del PES, estamos a favor de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que entrará en vigor dicho decreto, plazo que fenece el primero de noviembre de esta anualidad.

La aprobación de este dictamen por parte de esta soberanía es de trascendental importancia, toda vez que se cumple con un requisito necesario para que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tenga existencia legal en una ley orgánica, lo cual debe ser de manera previa a la aprobación del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, pues es explorado derecho que a todo ente de gobierno le deben ser asignados los recursos necesarios para su instalación, más en este caso, que se trata de una de las autoridades encargadas de la correcta implementación de la reforma laboral.

Por tanto, con este dictamen se garantiza y brinda seguridad jurídica a los trabajadores y patrones de nuestro país, porque se contará con una autoridad imparcial que se encargará de dirimir sus diferencias y controversias utilizando la mediación, la autocomposición y los mecanismos alternativos de solución de controversias para hacer más ágiles la solución de los asuntos laborales, evitándoles gastos y costos innecesarios.

Así también, con esta autoridad de nueva creación se tutelan, se garantizan y se protegen los derechos humanos de los trabajadores mexicanos relativos al pleno ejercicio de la libertad sindical y a la negociación colectiva, porque este centro auxiliará a las organizaciones sindicales y a los trabajadores, en los procedimientos democráticos de elección de sus directivas en la celebración, revisión y renovación de contratos y recuentes por la titularidad de los mismos.

Asimismo, emitirá las constancias de representatividad y procedimiento de verificación, todo ello como consecuencia del pleno ejercicio del derecho de los trabajadores a ejercer su voto personal, libre, secreto y directo.

Es por todo lo anterior que no me resta más que invitarlos y exhortarlos a que voten a favor de este trascendental dictamen para la clase trabajadora mexicana. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT.

El diputado José Luis Montalvo Luna:Presidente, con su permiso.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado José Luis Montalvo Luna: Compañeras y compañeros legisladores, el sindicalismo mexicano atraviesa por un momento histórico. Hoy, a diferencia de las administraciones anteriores, tenemos un gobierno que respeta la libertad sindical y vela por los intereses de los trabajadores, se acabaron los pactos en lo oscurito con los líderes sindicales. Este gobierno no es omiso ante los hechos de corrupción de las burocracias sindicales que se han enriquecido a costa de los trabajadores.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia por haber terminado con el corporativismo que tanto ha dañado a los trabajadores. Con la expedición de la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, abonamos al fortalecimiento del andamiaje jurídico e institucional para la consolidación de un nuevo modelo laboral que garantice la libre sindicación.

La importancia del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral estriba en que será la instancia encargada de todos los registros sindicales y vigilará que los contratos cumplan con los procesos democráticos.

De igual forma, a nivel federal, será la instancia encargada de los procesos de conciliación, con ello se garantizan los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, así como la prevención de conflictos.

Con la expedición del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se materializa uno de los mandatos constitucionales, como es el de dar certeza jurídica a los trabajadores y empleadores para que puedan dirimir sus diferencias mediante una instancia autónoma.

Con la aprobación de este dictamen se da cumplimiento a diversos compromisos internacionales en materia laboral que nuestro país ha firmado, tales como: el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva de la Organización Internacional del Trabajo y el Anexo 23 del Tratado entre México–Estados Unidos y Canadá, el llamado T–MEC.

En el nuevo modelo laboral que aspiramos a construir no hay cabida para prácticas de corrupción. Es por ello que celebramos que se contemple la instauración de un órgano encargado de la vigilancia, control y evaluación que será designado por la Secretaría de la Función Pública.

Compañeras y compañeros, como Partido del Trabajo tenemos la enorme responsabilidad de velar por mejores condiciones laborales para los ciudadanos, es por ello que celebramos el dictamen que hoy se somete a nuestra consideración, en virtud de que abona a la construcción de un nuevo modelo laboral.

En el Partido del Trabajo siempre estaremos del lado de los trabajadores. La lucha por una efectiva democracia y libertad sindical es una de las causas que ha defendido desde distintas trincheras. Es por ello que hoy celebro la presentación de este dictamen.

En este tenor, hacemos el llamado a votar a favor del presente dictamen, en virtud de que contribuye a una democracia sindical plena en la que se promueva un sindicalismo libre mediante el empoderamiento que merecen y por el que tanto han luchado las trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Es cuanto. Gracias, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Edgar Eduardo Arenas Madrigal, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Édgar Eduardo Arenas Madrigal:Con el permiso de la presidencia.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante, diputado.

El diputado Édgar Eduardo Arenas Madrigal: Compañeras y compañeros legisladores, es compromiso de este gobierno asegurar la justicia de los grupos más necesitados de la población para que así puedan acceder a mejores condiciones de vida. La justicia busca mantener la armonía en las sociedades. En lo que respecta a la justicia laboral vamos por el camino correcto, fortaleciendo la cultura de la autocomposición y prevención de conflictos.

Con las reformas aprobadas en esta legislatura en materia laboral, estamos logrando importantes cambios en beneficio de las y los mexicanos. Cambios que no se pueden ver materializados si no cumplimos con las obligaciones que los artículos transitorios nos exigen.

Por ello, discutimos el dictamen con proyecto de decreto el cual se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Con esta ley permitiremos que los resultados que la reforma laboral recién aprobada tiene planteados, sean óptimos.

Además, se establecen las bases para la organización y funcionamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como los requisitos mínimos con los que deberá contar, por decir un ejemplo, su director general.

Este centro será la primera instancia ante los conflictos laborales. Se dará prioridad a la conciliación prejudicial entre trabajadores y empleadores para que puedan llegar a acuerdos rápidos y favorables para ambos, dirimiendo sus diferencias a través de la conciliación como método alternativo sin que haya necesidad de llegar a una instancia judicial.

Este gobierno tiene claro que los juicios implican gastos tanto para la impartición de justicia como para las partes implicadas. Por ello, tanto los trabajadores como los patrones tendrán la obligación de agotar la instancia antes de acudir a una demanda ante los tribunales laborales. Asimismo, el centro contribuirá a la disminución de demandas laborales y a liberar de la carga excesiva a quien sí tiene en los tribunales especializados en esta materia.

En el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor porque conocemos los beneficios que aportará el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a la justicia de nuestro país.

Votaremos a favor porque tenemos certeza que este organismo contará con una organización responsable, necesaria y completa que asegurará su adecuado funcionamiento. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto se considera suficientemente discutido.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Suficientemente discutido.

En consecuencia, se informa a la asamblea que se recibió propuesta de modificación al artículo 8 del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Se reserva para su discusión en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Si son tan amables, diputados.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Informe la Secretaría el resultado del cómputo de votación.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputado presidente, se emitieron 410 en pro, 1 en contra y 17 abstenciones.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Aprobados, por 410 votos a favor, en lo general y en lo particular, los artículos no reservados.

Está a discusión en lo particular.

Tiene la palabra la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar reserva al artículo número 8, hasta por cinco minutos.

La diputada Mónica Almeida López:Muchas gracias, con la venia de la Presidencia. El dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social que expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, establece en su artículo 8o. que las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de este nuevo organismo se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta determinación está justificada en los considerandos del dictamen debido a que se decide establecer un régimen de excepción a estos trabajadores. No obstante, no se justifica en el cuerpo del dictamen a qué se debe la excepcionalidad del trabajo que desempeñarán los servidores públicos al servicio de esta instancia de conciliación y registro.

El apartado B del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria están reservados para los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión. Es decir, es una definición restringida para lo que la propia Carta Magna define como estos Poderes, o sea, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Permítame, diputada. Ruego a la asamblea atención a la oradora. Hay murmullo en la sala y no se escucha la intervención. Hago una moción de orden. Continúe.

La diputada Mónica Almeida López: Muchas gracias, señor presidente. El Centro Federal de Conciliación y Registro no forma parte de esos Poderes, por ser un organismo descentralizado, según lo define la Constitución en el propio artículo 123, apartado A, fracción XX.

Los trabajadores de los organismos que siendo públicos no rigen sus condiciones laborales por el apartado B son diversos: El IMSS, que es el contrato colectivo más grande del país; la UNAM, la UAM, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Petróleo, entre otros, son entes públicos que, pese a su naturaleza diversa y sus labores excepcionales, se rigen por el apartado A y su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo.

Y esto es así por determinación de ley y por la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la Jurisprudencia 1/96 determinó que las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal, con sus servidores, no se rigen por las normas del apartado B, del artículo 123 constitucional.

Pero, además, resulta notoriamente contradictorio que en el nuevo organismo no se respete el mandato constitucional que otorga a los trabajadores el derecho de acudir a la conciliación previa a los juicios, que otorga certeza y certidumbre a la libertad sindical y que autentifica la contratación colectiva.

Recordemos que aunque la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución, ya citada, fue reformada recientemente mediante un decreto publicado el primero de mayo de 2019, erradicando trabas que desde la ley habían impedido la libre democratización de los trabajadores al servicio del Estado, en el tema de la libre sindicalización, al eliminar la prohibición de constituir más de un sindicato en cada dependencia del poder público y eliminando el monopolio sindical de la Federación de Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, como federación única. Se mantiene un sistema de justicia laboral similar al de las juntas de conciliación y arbitraje, que es de lo que se ha estado tratando la reforma constitucional y legal en la materia de justicia laboral.

Las condiciones generales de trabajo, que no contratos colectivos, carecen de la bilateralidad y las garantías de las que ya gozan los trabajadores del apartado A, dice la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución, en su artículo 87, que las condiciones generales de trabajo se fijarán por el titular de la dependencia respectiva, tomando en cuenta la opinión del sindicato correspondiente a la solicitud de este y se revisarán cada tres años.

Y aquí, compañeros diputados, estamos dándonos cuenta de un contrasentido que tiene el propio dictamen, al establecer un organismo que velará por la conciliación laboral, la libertad sindical y la autentificación de la contratación colectiva de las organizaciones de los trabajadores, menos de los propios.

Por eso, en esta reserva proponemos que se enmiende tal contradicción, estableciendo que en este organismo descentralizado las relaciones laborales se rijan como debe ser, por el apartado A del artículo 123 constitucional y su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo. Es cuanto y muchas gracias por su atención y el ruido.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor. Mayoría por la negativa, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Agotada la lista de oradores, se pide a la Secretaría, abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación del artículo reservado, en términos del dictamen.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación nominal del artículo, en términos del dictamen.

(Votación)

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Saludamos la presencia de estudiantes de excelencia académica, becarios de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, invitados por las diputadas por el estado de Hidalgo, María Marivel Solís Barrera, Lidia García Anaya e Isabel Alfaro Morales. Sean bienvenidos.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina:¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Si son tan amables, diputados. Está abierto el sistema. ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto?

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Informe la Secretaría el resultado del cómputo de votación.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputado presidente, se emitieron 400 en pro, 9 en contra y 16 abstenciones.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Aprobado en lo general y en lo particular, por 400 votos, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tiene la palabra la diputada Miroslava Carrillo Martínez, hasta por 15 minutos, para fundamentar, en términos del artículo 230, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Permítame, diputada.

Antes de dar inicio a la intervención de la diputada, advierto que la asamblea se encuentra distraída por algunas actividades extraparlamentarias. Pido a los diputados y diputadas y a nuestros visitantes, puedan realizar sus actividades con el orden requerido, a fin de poder atender a la oradora.

Las personas que se encuentran en el pasillo central, pido puedan pasar a sus lugares, los legisladores y los visitantes, ocupar el lugar que corresponde. Muchas gracias, diputadas y diputados. Adelante, diputada.

La diputada Miroslava Carrillo Martínez:Presidente, muchas gracias. Buenas tardes diputados. Expongo ante ustedes el dictamen en sentido positivo, con modificaciones a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero.

En el proceso legislativo de este asunto concurren las voluntades y voces de legisladores de los diversos grupos parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados, como la de Senadores.

Los precedentes parlamentarios que dan inicio y continuidad al proceso legislativo de este dictamen señalan al Senado de la República como Cámara de origen y a esta Cámara de Diputados como Cámara revisora.

El origen de este proceso se da en fecha 4 de diciembre de 2018, cuando la Secretaría de Gobernación remitió al Senado de la República la iniciativa del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, por el que se reforman los artículos 108 y 111 de nuestra Constitución Política en materia de fuero.

Después de un riguroso tratamiento de análisis y estudio, finalmente el proyecto de decreto de mérito, en fecha 27 de marzo de 2019, fue aprobado en el pleno de la Cámara de Senadores en lo general y en lo particular y se remitió a esta Cámara.

En ese mismo acto, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores informó que se presentó un voto particular por los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Así, en sesión ordinaria del 9 de abril de 2019, en la Cámara de Diputados se remitió del Senado la minuta en referencia y finalmente se recibió en la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales en fecha 10 de abril de 2019, para su dictamen.

En su núcleo esencial la minuta recupera las discusiones y posicionamientos más importantes que esta Comisión de Puntos Constitucionales tuvo durante el proceso legislativo de dictaminación de cuatro iniciativas en la materia en el mes noviembre de 2018.

Por ello, nos mantenemos en algunos de los mismos argumentos que en aquella ocasión se asumieron desde varias perspectivas a favor de ponderar el fuero y la impunidad procesal a diversos servidores públicos quienes lo ostentan.

Se hace del conocimiento de este pleno de esta Cámara de Diputados, que el sentido de ese dictamen se dio bajo el respeto a la pluralidad de voces, tanto del presidente de la República como de los integrantes de los grupos parlamentarios proponentes de iniciativas durante esta LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, incluso de otras legislaturas.

Dichas voces no solo son en los diferentes grupos parlamentarios, sino también se dan en diversos sectores sociales y políticos, ante la demanda de justica por los abusos y arbitrariedades de legisladores, presidentes municipales, gobernadores, presidentes de la República y de otros servidores públicos que gozan y gozaron del fuero e inmunidad procesal a lo largo y ancho del país durante la historia de México.

Las bases de dicha inmunidad procesal penal podrían o no tener elementos razonables vigentes, pero la práctica señala otra realidad. El fuero constitucional es ya insostenible.

El reto a resolver ahora es la garantía del libre funcionamiento de los poderes públicos, pero sin el llamado fuero, y concebir la inmunidad de los titulares de los órganos del poder público como un estatus para impedir que otras autoridades puedan paralizar o afectar el funcionamiento de los órganos del poder público haciendo a estos vulnerables.

Dicha inmunidad debe limitarse a la libertad personal de cada uno de los integrantes titulares de tales órganos para que estos, bajo cualquier circunstancia, funcionen con normalidad y no afecten el cumplimiento del servicio público.

En atención a ello, esta comisión dictaminadora se manifiesta por secundar el contenido esencial de la minuta enviada por el Senado, y exhorta al pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a continuar la construcción de las bases de una regulación que elimine el llamado fuero de los altos servidores públicos.

Ello, con la firme convicción de consolidar un mecanismo que, en los hechos, desestimule la impunidad, pero sin que ello favorezca la persecución política de los propios servidores públicos ni impacte en la estabilidad de la función que desempeñan o intervengan en la capacidad decisional de los servidores públicos.

En otros países, como Estados Unidos, la sujeción a proceso penal de los poderes públicos se puede realizar sin tener como requisito una declaratoria de procedencia. Los representantes populares tienen el privilegio de no ser arrestados durante el tiempo que asistan a las sesiones de sus respectivas Cámaras, salvo por los casos de traición, delito grave y perturbación del orden público. En España, los legisladores solo pueden ser juzgados en el Tribunal Supremo, y en Italia los diputados y senadores no podrán ser detenidos, salvo en acto de crimen.

Así, de ninguna manera el servidor público podrá perder el carácter de inmunidad que le otorga la Constitución y podrá seguir en el cumplimiento de sus funciones hasta que exista un acto jurisdiccional supremo que decida condenatoriamente sobre los objetivos del proceso.

No existiría entonces persecución política ni se entorpecería el ejercicio de los órganos del Estado. De esta manera se protege el cargo y no habrá necesidad para esperar a que se termine con el encargo para que inicie el proceso o se resuelva el mismo.

Ello, no para proteger a servidores por delitos cometidos, pero no así de la inmunidad, puesto que la misma es necesaria para un normal funcionamiento de los poderes públicos.

Es importante señalar que las investigaciones y procedimientos por la denuncia de un delito no implican privación de su inmunidad, es decir, de la prerrogativa que la Constitución le otorga para proteger su autonomía, pero esto no puede ser excusa para que el servidor público sea sujeto a proceso y, en consecuencia, no puede ordenarse su aprehensión.

El fuero ya no puede ser considerado durante más tiempo como un privilegio que se confiere a determinados servidores públicos, pues las responsabilidades que deben cumplir no pueden ser omitidas, aun durante el periodo que dure su encargo.

La principal razón es que no se debe continuar salvaguardando al servidor público con la excusa de que se hace al cargo o por eventuales acusaciones sin fundamento.

En ese orden de ideas la inmunidad aludida en esta nueva reforma permite un ejercicio de la acción penal más libre y evita que se proteja a servidores públicos que han incurrido en algún delito.

De esta manera, la figura vigente del fuero constitucional no promueve la responsabilidad pública, por lo que consideramos debe modificarse esa figura vigente de la Constitución.

No hay motivo por el que el servidor público quede protegido y se permita determinar si su conducta que le imputan constituye o no algún delito.

No obstante, es importante reconocer y aclarar que, además del fuero, actualmente es la impunidad también la que ha generado distorsiones, porque puede haber funcionarios que cometieron algún ilícito y al terminar el cargo no se les imputa ninguna responsabilidad por supuestas conductas ilícitas.

Por ello, se deben considerar en el tiempo presente inmediato reformas que favorezcan la aplicación y procuración de justicia.

De la modificación al artículo 111, esta Comisión de Puntos Constitucionales, dictaminadora del asunto en referencia, consideró dejar en sus términos la reforma que realizó el Senado de la República, pero no así el artículo 108 constitucional. Justamente ahí radica esa modificación a la minuta de referencia de este dictamen.

Para tales efectos, esta Comisión de Puntos Constitucionales, en su reunión plenaria, valoró oportuno modificar el artículo 108 del proyecto de decreto de la minuta, sujeto a discusión.

El pleno de la comisión consideró pertinente regresar a la redacción del proyecto de decreto en los mismos términos en los que fue presentada la iniciativa del presidente de los Estados Unidos Mexicanos ante la Cámara de Senadores.

En este sentido, los integrantes de esta comisión advirtieron una discordancia entre el texto de la reforma al artículo 108 constitucional y el espíritu de la propuesta originalmente plasmada en la iniciativa del Ejecutivo.

La iniciativa del presidente tiene como propósito establecer la clara posibilidad de que el presidente de la República sea procesado penalmente por la comisión de los delitos referidos en el artículo 19 constitucional.

Se trata de eliminar el esquema de impunidad del más alto servidor público de la federación, y no así la minuta recibida por la Cámara de Diputados, que adicionó una porción normativa que restringe la posibilidad actual de que los legisladores federales sean procesados por la comisión de cualquier delito.

En efecto, en la actualidad, con lo dispuesto por el artículo 111 constitucional, los diputados federales y los senadores de la República pueden ser procesados penalmente por la comisión de cualquier delito, para lo cual es necesario que sean sometidos al procedimiento comúnmente conocido como desafuero, en el cual la Cámara de Diputados debe declarar por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros presentes si hay o no lugar a proceder contra el inculpado.

En este sentido, y toda vez que las disposiciones constitucionales deben interpretarse de manera armónica y sistemática, el texto adicionado al proyecto original deriva de una restricción de los delitos por los que procede el desafuero de los legisladores, condición discordante con el espíritu de la reforma.

En este sentido, esta comisión determinó regresar al texto original de la iniciativa para preservar intacto el propósito por el que fue diseñado el proyecto de decreto por el Ejecutivo. Más aún cuando somos conscientes de que la razón jurídica que subyace en este atiende a la demanda social de terminar con el velo de impunidad que ha procurado el fuero a los altos servidores de la nación.

Compañeros legisladores y legisladoras, es necesario eliminar gradualmente la figura de fuero constitucional de la que gozan actualmente servidores públicos, titulares de los Poderes y de algunos órganos autónomos, así como los correspondientes a las entidades federativas por la comisión de delitos federales.

En este sentido, el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, con su iniciativa sienta las bases para impedir que uno de los más altos funcionarios públicos de este país sea sometido al poder de la justicia si sus comportamientos atentan contra el marco jurídico mexicano.

Ello siempre garantizando el desarrollo de la capacidad decisional y el libre funcionamiento de los poderes públicos, lo que permitirá vivir en un Estado de derecho bajo el principio del buen gobierno, donde todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas al imperio de la ley en un plano de justicia e igualdad social. Es cuanto, señor presidente, gracias por su atención.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputada. Se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura hasta por 15 minutos cada uno.

Tiene la palabra la diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Claudia Reyes Montiel:Con su venia, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Claudia Reyes Montiel: Compañeros legisladores, el dictamen que hoy la Comisión de Puntos Constitucionales pone a consideración de esta asamblea tiene muchos aspectos cuestionables, principalmente debemos señalar que el incremento en el número de delitos por los cuales puede ser procesado el presidente de la República no tiene ningún impacto real si no se cambia el procedimiento por el cual se determina su responsabilidad.

Es importante que estemos plenamente conscientes de esto, porque pueden incluir todo en el Código Penal y el resultado será el mismo.

En el Grupo Parlamentario del PRD estamos convencidos que mientras el procedimiento en contra del presidente dependa de una mayoría en el Congreso y no de una potestad de una fiscalía autónoma con suficiente libertad para realizar las investigaciones que considere pertinentes, el procedimiento penal en contra de un presidente en funciones no tiene ninguna posibilidad de llevarse a cabo.

Sin embargo, la postura histórica de nuestro partido nos obliga a respaldar esta propuesta, porque en nuestro grupo parlamentario entendemos la alta responsabilidad de tomar esta decisión trascendente, no solo para quien hoy ocupa la Presidencia de la República, sino para todos los mexicanos.

Haciendo esto expreso el compromiso de quienes militamos en el Partido de la Revolución Democrática para actuar, siempre y en todo momento, bajo cánones de legalidad y honorabilidad, reafirmando el principio fundamental de la construcción de una democracia fuerte, la igualdad ante la ley.

La votación del presente dictamen no implica un cambio real y fundamental en la forma de hacer política en México, pero sí expresa la posibilidad de entablar una nueva relación entre los ciudadanos.

Un ejemplo de ello fue, sin lugar a duda, el juicio de procedencia que realizamos en contra de un compañero diputado en el mes de abril, cuyo precedente seguramente establecerá nuevas formas de regular el comportamiento de los integrantes de este poder, así como otros representantes populares.

Es por ello que hacemos votos para que la democracia mexicana, a través de esta reforma, se vea fortalecida y la confianza de los ciudadanos en el funcionario público sea restablecida.

Buscaremos, no obstante, mejorar los procedimientos para fortalecer a las instituciones y generar los mecanismos por los cuales se pueda garantizar el correcto ejercicio del servicio público, cualquiera que sea su nivel de desarrollo.

Buscaremos que sea la autoridad jurisdiccional quien lo resuelva, pero queremos dejar en claro ante la sociedad, ante los mexicanos, que de ninguna manera nuestro grupo parlamentario propondrá elementos que contribuyan a la impunidad o a la falta de transparencia.

Tampoco obstruirá o enturbiará los derechos de los ciudadanos ni de los derechos de las víctimas, porque es nuestro derecho legislativo y así lo seguiremos haciendo, con honorabilidad y responsabilidad política.

Es por ello que quiero dejar claramente establecido que, desde la perspectiva del PRD, el país requiere de transparencia y congruencia entre quienes desempeñamos funciones públicas. Y buscaremos siempre que quienes ostenten un cargo de elección popular o desempeñen algún puesto en la administración pública, estén sujetos al escrutinio ciudadano. Asimismo, rindan cuentas y, en caso de ser necesario, puedan ser presentados ante la justicia de manera pronta y expedita.

Hoy, todos los fueros están a discusión, los fueros formales y los fueros de facto. Nuestro país necesita otra vida institucional y otra forma de rendir cuentas. Esperamos que esta reforma no constituya el comienzo de la utilización de instrumentos legales o de instituciones públicas para la persecución política, en el marco de un escenario de descomposición general que se vive por la enorme influencia del crimen organizado en el país.

Compañeros, compañeras, legisladores, el dictamen que hoy votamos es un avance en la consolidación de la democracia igualitaria, sin privilegios para ningún servidor, pues eliminará la excusa de que existen barreras legales que ponen a los gobernantes por encima de los ciudadanos.

Con este paso no solo se garantiza la igualdad política sino también se fortalecerán nuestras instituciones.

Estamos conscientes, no obstante, que en manos de un gobierno autoritario y sin una fiscalía autónoma, el retirar la inmunidad a quienes resultan opositores incómodos, representa un alto riesgo para la libertad.

Por lo cual, en el Grupo Parlamentario del PRD pugnaremos para el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas.

Finalmente, a nombre de nuestro grupo parlamentario, hacemos votos para que las instituciones y las personas encontremos una nueva forma de convivencia y expresamos que nuestro voto será a favor del dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar:Con su permiso, presidente. Muy buen día tengan todos ustedes.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: La supervisión de la conducta de los servidores públicos en ejercicio de su encargo, tanto en México como en el mundo, es un tema que ha estado en la mira de la sociedad desde hace tiempo. Pues si bien debe haber honestidad y rectitud en el actuar de quienes ocupan un cargo público, hemos sido testigos de algunos episodios en los que el fuero ha servido como una protección constitucional para delinquir.

Lamentablemente, una figura como el fuero, que fue creada con el fin de proteger legisladores y funcionarios de la persecución judicial de la cual pudieren ser objeto, derivado del cumplimiento de sus funciones, ha sido aprovechada por algunos para evadir la acción de la justicia.

En este sentido, la ciudadanía percibe que el fuero ha sido un incentivo para el incumplimiento de la ley y un factor que facilita las condiciones para la prevalencia de la impunidad y los hechos de corrupción que tanto han lastimado a nuestra sociedad.

El día de hoy, la Comisión de Puntos Constitucionales somete a nuestra consideración un dictamen que propone reformar el párrafo segundo del artículo 108 de la Constitución, con la finalidad de ampliar la responsabilidad en que pudiera llegar a incurrir el presidente de la República, senadores y diputados federales, a fin de que puedan ser imputados y juzgados por hechos de corrupción, delitos electorales o por cualquiera de los señalados en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución.

De igual modo, se realiza una precisión para mejorar la redacción del párrafo cuarto del artículo 111, al establecer que para proceder penalmente con el presidente de la República solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en términos del artículo 110 del mismo ordenamiento.

Es importante recordar que, en nuestro régimen jurídico, el presidente de la República no es sujeto de juicio político, no por una prohibición expresa sino porque fue voluntad del legislador no vincular a este supuesto jurídico al Ejecutivo federal, tema que ya fue abordado en su momento por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que mediante jurisprudencia reiteró que se excluye de esta responsabilidad política su titular, el cual precisamente de lo que debe responder es de su responsabilidad penal, de la cual, ahora con esta reforma ningún ciudadano puede ni debe sustraerse.

Mediante este dictamen debe aclararse que no se están dando facultades novedosas a la Cámara de Senadores, que ya cuenta en el derecho vigente con la facultad de recibir acusación contra el presidente de la República, la cual resolverá con base en la legislación penal aplicable, atribución que el Constituyente federal previó para la colegisladora.

Lo que se está aclarando con la redacción de esta reforma al agregar al inciso del cuarto párrafo el artículo 111 la redacción para proceder penalmente, es que se continúe con el régimen especial de responsabilidad penal vigente previsto por la figura del titular del Ejecutivo federal, recodando que el efecto de responsabilidad penal del presidente no le es aplicable a otros altos funcionarios por disposición constitucional, cuya consecuencia de la llamada declaración de procedencia por parte de la Cámara de Diputados es ponerlos a disposición de la autoridad correspondiente, es decir, del Ministerio Público.

A partir de esta reforma, el presidente pasa a formar parte de un régimen que ya es aplicable desde el 2016 a senadores y diputados federales, contra los cuales ya se puede proceder por cualquier delito, incluyendo los relativos a delitos por hechos de corrupción, delitos electorales y delitos graves conforme al artículo 19 de la Constitución.

Ya no existe ninguna diferencia entre servidores públicos, en cuanto respecta a la posibilidad de enfrentarse a la justicia si se comete algún delito de naturaleza mencionada durante el ejercicio de su encargo.

Esta reforma ayudará a fortalecer nuestro sistema de partidos y, a la larga, nos ayudará a tener mejores servidores públicos. Las condiciones en la que surgió el fuero han cambiado y con ello tenemos que ajustar las normas para adaptarlas a la nueva realidad.

Con la reforma que nos ocupa nos ponemos a la vanguardia en América Latina, junto con países como Brasil, Argentina, Perú y Guatemala, que han juzgado y sentenciado ex presidente o presidentes por actos de corrupción y delitos de lesa humanidad durante el ejercicio de su encargo, demostrando con ello que nadie, ni siquiera quienes han accedido al más alto encargo político del país, puedan estar por encima de la ley.

Bajo esta lógica las modificaciones que se plantean responden a la exigencia ciudadana de que los servidores públicos no constituyan una clase privilegiada que se encuentra por encima de la justicia, ni mucho menos que la obtención de un puesto de elección popular signifique que quienes lo ocupen no serán castigados por los ilícitos que cometan.

La modificación del pacto constitucional tiene su justificación en la necesidad de generar los incentivos requeridos para que las conductas de los servidores públicos sean ejemplares y se sujeten a los principios de honestidad, decoro y ética a los que debe conducirse siempre. Aspiramos a que las posiciones de gobierno y representación popular se ejerzan sin la menor suspicacia o sombra de dudas sobre la probidad y honradez de quienes la ocupan.

Es por ello que el Partido Verde votaremos a favor de la aprobación del presente dictamen. Muchas gracias.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz:Con su permiso, diputado presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Diputadas y diputados. –Abro comillas. “En forma categórica expreso que no habrá impunidad, al asumir el mando del Poder Ejecutivo propondremos una reforma a la Constitución para eliminar los fueros del presidente de la República, entre otras medidas, se suprimirá la disposición de que el jefe del Poder Ejecutivo no puede ser sujeto a ninguna pena por el delito de corrupción” –cierro comillas. Andrés Manuel López Obrador, en su libro 2018, La salida.

Para todos los que juzgan superficialmente la manera coloquial, directa y contundente con la que se expresa el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy compañeras y compañeros diputados, lo que se está discutiendo es precisamente lo que significa, en voz del presidente, que las escaleras se barran de arriba hacia abajo.

El fuero especial del que goza el presidente y que hoy, con la aprobación, la voluntad decidida y la convicción de las y los legisladores eliminaremos, se mantuvo vigente desde la Carta Magna del 57. Ahí, establecía expresamente que al igual que los titulares de los Poderes Ejecutivos en las entidades federativas, el presidente era responsable de infracciones a la Constitución y a las leyes federales, pero que –abro comillas– “durante el tiempo de su encargo, solo podría ser acusado por los delitos de traición a la patria, violación expresa de la Constitución, ataques a la libertad electoral y delitos graves del orden común”.

Del mismo modo, el texto original de la Constitución del 17, establecía en el artículo 108 que el presidente de la República durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Hoy, 100 años después las cosas han cambiado, en julio del año pasado la gente tomó una decisión. Eliminar los viejos vicios del régimen anterior para pasar a una nueva condición.

Tomó la decisión de darle una pausa real al régimen presidencialista, donde finalmente hoy sí se tocan las investiduras de aquellos titulares del Ejecutivo que se consideraban intocables. Hoy finalmente sí se estará dando un paso sustantivo en esta materia.

En el PES, al igual que en la coalición Juntos Haremos Historia, estaremos a favor de esta reforma constitucional pues para nosotros no es discurso, no son letra muerta el ir con la eliminación a la corrupción, el establecer las bases claras para que la rendición de cuentas y la transparencia del presidente sea una realidad.

El fuero, todas y todos recordamos, se creó como una protección para el correcto ejercicio de la función pública, no para funcionarios en lo particular, y menos para funcionarios corruptos. Eso ya se acabó.

Hoy, sin duda, se distorsionó la finalidad del fuero presidencial. Se comenzó a propiciar la impunidad y facilitó que algunos servidores públicos que se apartaron de la ley en esa medida se sustrajeran de la acción de la justicia.

Con esta reforma constitucional para que el Ejecutivo ya pueda ser enjuiciado por actos de corrupción estamos dando un gran paso. Según el Inegi la corrupción es el segundo problema que más le preocupa a la gente.

Es el lastre que tiene subsumido en el subdesarrollo a este gran país. La corrupción, con datos de la Auditoría Superior de la Federación, le cuesta casi 80 mil millones de pesos en aquellos rubros fiscalizados, por ello es que necesitamos terminar con esa práctica.

Esta reforma sin duda atiende una demanda histórica de los ciudadanos. Se está respondiendo, como lo hemos hecho desde el inicio de esta legislatura y desde el inicio del gobierno de la transformación, a un compromiso que hicimos en campaña.

En el PES sabemos de la importancia de esta reforma, por ello iremos a favor de la misma. Sabemos que la eliminación del fuero en esta oportunidad se ha decidido que sea de manera paulatina, sin embargo, vamos a seguir insistiendo en la ampliación a la eliminación de este privilegio a todos los servidores públicos, a los representantes populares, tal y como lo hicimos el pasado 4 de septiembre del 2018 que, por cierto, sí me interesa recordarles a todas y a todos quienes en aquella oportunidad, en un debate que fue histórico, donde hubo posiciones encontradas, donde desde la Comisión de Puntos Constitucionales todo mundo dijo: “Vamos por la eliminación de los privilegios. Vamos a eliminar el fuero”.

Y posteriormente en el pleno, en lo general, se votó a favor, pero ya en lo particular hubo algunas fuerzas políticas que recularon y establecieron su voto en contra para no alcanzar la mayoría calificada que eliminaba contundentemente este privilegio.

En aquella oportunidad se los dije y hoy lo reitero, no en un ánimo de conflicto ni de agresión. Ojalá que aquellos que tuvieron miedo de votar a favor en lo particular de esta reforma, hoy finalmente con conciencia, con decisión y con mucha convicción, respetemos la decisión de la gente. Ya no más presidencialismo a ultranza.

Hoy vamos a promover, como en esta ocasión, la eliminación de todos los privilegios. El servicio público tiene que recuperar su esencia, ya no puede ser para el privilegio de unos pocos.

Hoy necesitamos que en este país todas y todos vayamos en una sola línea: la de garantizar el desarrollo, el acercamiento con la ciudadanía. Pero, sobre todo, hacer de la política el verdadero instrumento que permita conciliar posiciones, engrandecer la apertura, el diálogo y a lo más importante que tenemos las y los ciudadanos, que es la dignidad.

Por ello, vamos por esta eliminación del fuero presidencial, y a seguir trabajando en la eliminación de cualquier otro tipo de privilegios.

Adiós al presidencialismo, adiós a los privilegios y hoy esperemos que de una vez por todas le demos adiós al fuero presidencial. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz:Con su venia, señor presidente.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Adelante.

La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz: Compañeras y compañeros diputados, el célebre liberal Lord Acton afirmaba que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. En esta lógica, si consideramos elementos como la ineficacia de los mecanismos de desafuero, la alta tolerancia social a la ilegalidad y la debilidad institucional para judicializar casos de corrupción, podemos considerar que nuestro sistema político ofrece condiciones de poder absoluto a muchos de sus protagonistas.

Por eso, es urgente que la República reencuentre límites para sus élites, pues lo que hoy tenemos es la inoperabilidad de los mecanismos vigentes para procesar a los representantes populares cuando han cometido algún delito, generándose condiciones de impunidad en beneficio de los integrantes más deshonestos de nuestra clase política.

En consecuencia, una de las exigencias más arraigadas en nuestra sociedad está en disminuir los elementos facilitadores de impunidad en la vida pública nacional, por ejemplo, el fuero.

A partir de esta problemática, desde hace años se ha difundido la idea de eliminar el fuero y permitir que si los representantes populares transgreden la ley sean llevados a juicio, como se debe hacer con cualquier ciudadano.

El denominado fuero históricamente se ha justificado a partir de defender el ejercicio libre de representación popular, aunque en los casos más emblemáticos que se esgrimen para justificarlo no haya sido efectivo, tal y como sucedió con muchos legisladores en el siglo XIX o en casos como el de Belisario Domínguez y Eduardo Neri.

En contraste, por lo general el fuero ha servido como protección de delincuentes.

Asimismo, se puede observar que, si los mecanismos para proceder contra representantes populares fuesen efectivos, los casos no serían ni tan escasos ni tan polémicos.

Un ejemplo de este tipo de peculiaridades de los pocos procesos de desafuero en México nos remite al siglo XIX contra el entonces senador Venustiano Carranza, cuyo proceso se vio contextualizado en un conflicto personal que involucraba a la familia Madero, en ese momento rival de los Carranza en Coahuila, y al presidente Porfirio Díaz.

Otro ejemplo de características similares se dio en 1943, durante el proceso contra el diputado oaxaqueño Jorge Meixueiro, quien al inicio del procedimiento acusó un trasfondo político y se quitó la vida en el pleno de la Cámara de Diputados.

Asimismo, el proceso de desafuero contra el senador Jorge Díaz Serrano, si bien se hallaba sobradamente motivado, debemos recordar que se inscribió en las consecuencias de un conflicto de rivalidades por la candidatura de su partido, disputada algunos meses antes.

De igual manera, en el 2005, en el caso del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, aunque también sobraban motivos para la procedencia es de reconocerse a la luz de los testimonios de sus propios detractores que fue parte de una estrategia para disminuir sus posibilidades para contender por la Presidencia.

Aunado a estos usos que se ha dado al fuero, al observar casos de ineficacia de los mecanismos vigentes para poder proceder a probables infractores de la ley escudados en el fuero, la memoria nos remite a muchos ejemplos, desde Romero Deschamps durante la época del 2000, hasta el ex diputado Tarek, en la legislatura pasada.

En consecuencia, y en atención a la demanda social de retirar el fuero, Movimiento Ciudadano ha sido una de las fuerzas políticas que ha impulsado desde hace años la derogación de esta herramienta, que en lugar de garantizar la independencia en el ejercicio de la representación popular, en la mayoría de los casos se ha desplegado para proteger corruptelas, ilegalidades y excesos.

Derivado de todo lo anterior, el 14 de julio de 2016 las y los jaliscienses que integrábamos en ese momento la legislatura estatal, tomábamos la determinación de eliminar el fuero. Asimismo, en ese ánimo de congruencia, en el ámbito federal las bancadas de Movimiento Ciudadano en esta legislatura y en la anterior, desde la Cámara de Diputados y el Senado de la República hemos presentado diversas propuestas para dar ese importante paso en la vida constitucional de nuestra democracia.

En este contexto, se enmarcó el apoyo que nuestra bancada dio a la iniciativa aprobada por esta soberanía en abril de 2018, misma que lamentablemente fue relegada a la congeladora legislativa del Senado de la República.

También en este ánimo, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano brindó su apoyo responsable y crítico para formar el consenso que propició el dictamen que esta legislatura aprobó el 27 de noviembre de 2018, y que también tuvo como destino la congeladora del Senado.

Hoy discutimos y votaremos una minuta derivada de una iniciativa del Ejecutivo federal, que a pesar de tratarse de una iniciativa corta de alcances y mal planteada, en esta tercera ocasión las diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano volvimos a respaldar este intento y participamos activamente para integrar un dictamen que mejora los errores planteados en la minuta del Senado de la República.

Derivado de esto último, se logra mejorar el texto y aunque sigue pendiente la eliminación del fuero, el dictamen amplía las posibilidades de la ciudadanía para defenderse de eventuales atropellos por parte del Ejecutivo federal, cuando estos se vinculen directamente a las actividades señaladas en el artículo 19 de la Constitución.

En este sentido, consideramos positivo el dictamen, en virtud de permitir resolver los graves problemas de proporcionalidad e idoneidad que presentaba la minuta que nos envió la colegisladora, ello sin considerar la incertidumbre jurídica en la que hubiese quedado el Poder Legislativo.

De haberse refrendado la minuta como venía, pues ponía las condiciones para la persecución de la oposición y, paradójicamente, potenciaba la impunidad en un fuero reforzado para los legisladores frente a la población en general.

En este contexto, votar a favor de este dictamen significa votar a favor de enviar un mensaje al Senado de la República, en el sentido de ponerse a dictaminar las dos minutas que ya tienen en su poder, mismas que por mucho representan intentos más serios que la minuta que nos enviaron para la eliminación del fuero.

El valor que observo de estos productos legislativos: se proyectan las palabras de representantes populares de todos los signos políticos, por ejemplo, aquellas que integraron uno de nuestros legisladores, ese 27 de noviembre de 2018, en el que contra lo que parece que piensa el presidente, nuestro colega reconocía lo que aprobamos en noviembre como un modelo de inmunidad constitucional, que serviría exclusivamente para asegurar el libre funcionamiento de los legisladores, en el que los servidores públicos no podrían ser privados de su libertad hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra.

En contraste, el texto de la minuta senatorial planteaba un riesgo directo y evidente para la independencia entre Poderes. Sin embargo, ni esos atributos ni esos alcances estaban en la iniciativa del Ejecutivo federal o en breve resolutivo que contiene la minuta que nos envía la colegisladora.

Otro ejemplo, el reconocimiento desde las filas del oficialismo hacia las minutas que se encuentran congeladas en el Senado está en el discurso de uno de los diputados más destacados, cuyo nombre no diré para evitar gastar nuestro tiempo en alusiones personales, pero quien señalaba que la reforma del artículo 61 del decreto que aprobamos en noviembre era fundamental para evitar que los legisladores y legisladoras fueran reconvenidos o procesados por sus expresiones, atributos que ni la minuta del Senado ni la propuesta presidencial ofrecían.

Entrando en materia, la minuta cuyo dictamen hoy discutimos presenta al menos dos problemas fundamentales que resuelve el dictamen y que a continuación mencionaré:

1. La minuta del Senado no retiraba el fuero, lo que hacía es reforzarlo con respecto a los delitos que no están incluidos en la lista dispuesta en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es decir, casos como el que antier abordó esta soberanía, hubiesen sido imposibles de llevar a cabo, debido a que los hechos presumibles aplicables al ex diputado Charrez no están en el artículo 19.

2. La Fiscalía General de la República aún no ha dado muestras de la independencia y rigurosidad que su delicada función exige. Aún seguimos presentando denuncias por corrupción o por violación de la Constitución y no hay investigaciones confiables ni detenidos, incluso, se inician procesos contra los denunciantes.

Aún seguimos presenciando cómo no se han fortalecido los casos que el actual gobierno heredó de la administración pasada.

Y lejos de hacer justicia ante los excesos de algunos ex gobernadores, contratistas o dirigentes sindicales, se ha contribuido a que los casos se colapsen y la impunidad siga hiriendo a la sociedad.

Ello nos da elementos para sospechar de una falta de capacidad o una débil independencia en la Fiscalía General de la República.

Ambas posibilidades, ante un mal diseño, como eran los términos parciales que planteaba la propuesta del Ejecutivo y su minuta, podrían derivar en la persecución de rivales políticos que desde el Poder Legislativo hagan cuestionamientos incómodos.

Cabe mencionar que no me refiero a que esto pueda suceder en la actual administración, me refiero a que un cambio constitucional supone la perdurabilidad de sus disposiciones y, en consecuencia, y riesgo futuro, derivado del texto de la minuta.

Por ello, pensemos en que, si no acotamos la minuta en los términos del dictamen, ese riesgo podría actualizarse en el siguiente sexenio.

A partir de esos hechos, dudas razonables y riesgos probables, las diputadas y diputados ciudadanos hubiésemos deseado que se hubieran incluido modificaciones más amplias en la minuta, dando mayor certidumbre en términos de independencia entre Poderes y atendiendo la exigencia de la sociedad.

A pesar de nuestras dudas, las diputadas y los diputados ciudadanos somos conscientes de que, como afirmaba el independista venezolano Francisco Miranda, entre las diversas maneras de matar la libertad, no hay ninguna más homicida para la república que la impunidad del crimen, con la prospección de la virtud.

En nuestro país, el fuero es precisamente una de las herramientas históricas con las que han logrado traiciones a la democracia, fraudes a la sociedad e impunidad en los crímenes.

Por todo lo anterior, y con la convicción de eliminar el fuero para ayudar a desterrar la impunidad, siendo consecuentes con nuestros dichos en otros años y otros espacios públicos, y en pleno conocimiento de las repercusiones que tendría para la Constitución una mala redacción en materia de fuero, me permito reiterar que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen y de darnos la oportunidad de repensar nuestros objetivos y los medios para lograrlos en materia de eliminación del fuero.

Todo esto para darle a México un marco constitucional que elimine la impunidad que hasta hoy ha prevalecido con el fuero, sin que ello implique una capitulación de la vida republicana.

Votemos pues por el dictamen y si su destino es dormir en la congeladora del Senado, entonces trabajemos juntos con una nueva propuesta, con la consigna de no permitir ni el perdón ni el olvido contra la impunidad ni la injusticia ni abrir las puertas a la posibilidad de lesionar más la independencia entre Poderes. Es cuanto.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Antes de iniciar, diputado presidente, quisiera mencionar el atentado a Francisco Tenorio, alcalde de Valle de Chalco, que se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte por dos tiros que recibió en la cabeza por la mañana.

Hay algunos medios que ya dan por cierto su fallecimiento, pero la información que tenemos es que sigue grave en el hospital en que fue internado.

El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Lo lamentamos, diputado, y estaremos atentos a las noticias oficiales al respecto. En efecto, hay información encontrada. Está Presidencia está atenta para expresarse en cualquier momento.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias, diputado presidente. Muchas gracias al pleno por su comprensión.

Hay mucho desconocimiento sobre el tema del fuero constitucional. Se sostienen verdaderas barbaridades en tribuna sobre lo que esta figura es y representa. No es ningún privilegio, el fuero constitucional ni siquiera es un fuero en sentido estricto, porque no te da un tribunal especial para ser juzgado.

No es como el fuero militar que, si cometes un delito dentro de tu actividad, eres juzgado por los tribunales militares, sino te da un procedimiento diferente, que no es un privilegio. Ese procedimiento diferente es, en el entendido de que quien se dedica a la actividad pública del país corre riesgos y dentro de los riesgos están el que te inventen o te prefabriquen delitos.

No hablo en abstracto, voy a traer aquí ejemplos históricos y ejemplos recientes de cómo se han prefabricado delitos contra políticos o políticas para quitarlos del camino. Y el fuero, en ese sentido, lo que ha buscado es evitar en lo posible que esos atropellos se den.

Desde la fundación de nuestro país, cuando se constituyó en imperio, los legisladores, que eran 150, plantearon 100 de ellos que mejor no fuera imperio, que fuera república. Y el emperador Iturbide se enojó y los mandó a la cárcel a los 100 legisladores. No tenían protección, no tenían ninguna cobertura institucional, y pagaron su diferencia de opinión con su libertad.

Por eso, desde la primera Constitución de 1824, la figura del fuero constitucional ha permanecido vigente en nuestro marco constitucional. Pero no somos excepción en el mundo, habrá dos o tres países, no creo que más, que no tenga fuero el jefe de Estado, que no tenga fuero el presidente de la República, que no tenga fuero el Poder Legislativo o el Poder Judicial.

A mí me tenía este tema muy irritado, porque me parece una irresponsabilidad grande, un acto suicida retirarle el fuero al presidente de la República. Pero lo que se va a decidir no es eso, lo que se va a decidir es una determinación correcta de que nosotros hemos vivido un régimen presidencial donde el presidente era intocable, no había manera de proceder contra él de ninguna forma. Traición a la patria podría interpretarse de mil maneras y no había un camino que abriera la posibilidad de juzgar a quien estaba en la máxima responsabilidad pública del país.

La reforma que nos envía en la iniciativa, que nos envía el Senado, abre ese camino, dice qué delitos graves, corrupción, delitos electorales, los del 19 que me parece que ahí hay algunos excesos, como inclusive la oposición en tribuna aquí ha manifestado. Son delitos por los cuales el presidente de la República puede ser juzgado, mantiene la cobertura del fuero constitucional, y es correcto que lo mantenga, porque –insisto– sería suicida frente a los intentos permanentes de tirar a nuestro gobierno, que nosotros entregáramos atado de pies y manos al compañero presidente de la República.

Pero, voy más lejos, sería irresponsable que hiciéramos una reforma que desapareciera el fuero, porque no solamente abriríamos el camino a que próximos presidentes o presidentas fueran absolutamente vulnerables, sino los propios legisladores.

A todos los que hemos participado en la lucha social nos han inventado delitos a lo largo de nuestra trayectoria. A mí, Mario Villanueva que era gobernador de Quintana Roo, me inventó, cuando era dirigente de los Deudores de la Banca, que había golpeado en el rostro a un policía y del golpe le había luxado el tobillo derecho. Estuve sujeto a un proceso penal durante un año, salí libre bajo fianza, al final me declararon libre porque decían que mi defensa era tan vehemente de mi inocencia que había dudas fundadas, pero era una evidente persecución política en mi contra.

Carlos Madrazo, padre de Roberto Madrazo, antes de ser dirigente del PRI fue diputado federal y fue acusado de vender los permisos para trabajar como braceros en Estados Unidos, una acusación falsa. Y a pesar del fuero fue enviado a la cárcel con todo y fuero, nunca lo desaforaron, lo que demuestra que el fuero ni siquiera te da cobertura cuando hay un poder absolutamente arbitrario, absolutamente atrabiliario.

A Belisario Domínguez y Serapio Rendón, como dice popularmente la gente, el fuero no cuida el cuero, porque con todo y fuero fueron mandados a asesinar por Victoriano Huerta, igual que al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, que fueron asesinados, ciertamente después de haber firmado su renuncia que les había quitado el fuero y la cobertura constitucional que tenían.

Quien sostiene en esta tribuna que el fuero es garantía de impunidad, falta a la verdad. La mayoría de alcaldes y alcaldesas del país no tienen fuero. Alguno que otro corrupto ha habido en las alcaldías del país. Yo pregunto por qué no los han metido a la cárcel si no tienen fuero, lo que los protege es la red de complicidad, la impunidad da la cobertura de complicidades desde la cúspide del poder que permite todo tipo de atropellos, todo tipo de delitos, todo tipo de excesos de los cuales la población está ciertamente indignada.

Y si nuestro pueblo está indignado por los excesos, ¿debemos conceder que hay que retirar el fuero? No. Debemos hacer que el fuero no sirva como impunidad. Y esta soberanía tiene la honra de haberle quitado el fuero al diputado Charrez, porque estuvo involucrado en un accidente donde perdió la vida una persona. No prejuzgamos, pero era obvio que no se había preconcebido un delito para quitarlo del camino, sino él se había visto envuelto en un trágico accidente. Hoy el diputado Charrez está privado de su libertad.

Nosotros no le dimos ninguna impunidad, ninguna cobertura por ser un integrante de la mayoría que encabeza el gobierno en esta Cámara de Diputados. Actuamos con seriedad y con responsabilidad.

Si mañana un presidente o presidenta surgido de las filas de Acción Nacional o del PRI, ¿por haber surgido de estas filas no debería tener fuero? Debe tener fuero. Es una irresponsabilidad poner en una condición de vulnerabilidad al sistema político mexicano por un acto de demagogia, por no querer discutir, explicar, razonar que es una decisión equivocada el retiro del fuero constitucional.

Los diputados y diputadas locales en su mayor parte, sin querer agraviarlos, tiemblan frente al poder del gobernador en turno. Se subordinan al gobernador en turno y tienen fuero. Imagínenselos sin fuero.

Yo aquí podría citar el nombre de varios gobernadores atrabiliarios –que no lo haré porque no quiero generar un debate que se vaya por las ramas perdiéndonos de lo central. Pero más de un gobernador podía inventarle un delito a un diputado federal, a un diputado local, a un senador de la República con el control de la fiscalía de su estado, quitarlo de la actividad política, generar una represalia porque no tuviera fuero constitucional.

Bueno, el propio compañero presidente López Obrador, cuando eras jefe de Gobierno, fue sometido a un proceso de desafuero con un falso delito. Aquí vino a esta tribuna –esta se la negaron, lo pusieron allá abajo en una tribunilla menor– para que él, en una de las intervenciones más brillantes que ha tenido a lo largo de su carrera política, exhibiera a quienes querían sacarlo de la carrera presidencial inventándole ese delito.

Y a pesar de la contundencia de su defensa y de su palabra fue desaforado, y estuvo a nada de ser enviado a la cárcel y de ser víctima de un atropello político si no lo hubiera acuerpado el pueblo de México exigiendo que este le mantuviera sus derechos políticos vivos y que pudiera contender para la presidencia de la República donde vivimos un monstruoso fraude electoral.

Pero estuvo a nada de ser sacado de la contienda política electoral de 2006, y ello se evitó gracias al fuero constitucional; sin el tiempo para preparar su defensa, sin el tiempo para discutir de cara a la nación, desde esta soberanía habría sido hecho pedazos, porque es muy fácil que con campañas de medios que acusen de lo que quieran, te cuelguen los San Benitos que les venga en gana, determinen que eres responsable de cosas absolutamente falsas e imaginarias, y con eso generen las condiciones para que seas enviado a la cárcel.

Jorge Glas, vicepresidente de Ecuador, llegó con mayoría de su movimiento antes de ser traicionado por Lenin Moreno a la vicepresidencia, y acudió a un proceso de desafuero en Ecuador y le dijo a su mayoría: “Quítenme el fuero, no tengo nada que temer. Yo no he robado, no me he corrompido, no tengo ninguna mancha en mi carrera política”. Lleva más de cuatro años en la cárcel porque le quitaron el fuero, diciendo que no tenía nada que temer.

Dilma Rousseff tenía inmunidad diplomática y le dieron un golpe suave, que de suave no tuvo nada, la retiraron de la responsabilidad pública, el Congreso lleno de diputados, diputadas, senadores, senadoras, corruptos, en Brasil, con acusaciones de corrupción. Y al final está en libertad porque no había cometido ningún acto de corrupción.

Lula da Silva, ex presidente de Brasil, ha sido privado de su libertad con una falsa acusación de corrupción, y no pudo protegerse porque carecía de un furo constitucional y fue víctima inclusive de reformas que su propio movimiento había hecho y que hoy lo tienen en la cárcel.

Hoy, el diario español de derechas ABC, en su sección Internacional, dice: “Argentina es el primer país del mundo que pasará al libro Guinness de los récords por tener una vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, con 13 procesamientos, siete órdenes de detención, millones y millones de dólares y 2 mil 200 causas abiertas”. Son ciertas todas estas acusaciones y son falsas todas estas acusaciones.

Y Cristina Fernández hoy es vicepresidenta electa gracias a que era senadora de Argentina y gozaba del fuero constitucional que le permitió enfrentar esa campaña brutal de denuesto en los medios de comunicación; que tuvo la altura de miras para apoyar a Alberto Fernández encabezando la fórmula en Argentina y que el día de antier, el pasado domingo, obtuvieron un contundente triunfo frente al presidente en funciones, Mauricio Macri.

Yo le agradezco mucho a la fracción del PT que me haya permitido hacer esta intervención porque, insisto, la información que tenía es que se iba a proceder a retirar el fuero al presidente de la República en abstracto, al compañero presidente en concreto, y me parece que eso era un acto suicida, un acto irresponsable, un acto inaceptable.

Yo quiero pedirles, compañeras y compañeros diputados, que cerremos de una buena vez este debate. O que lo mantengamos abierto, pero que no sigamos en la temeridad de querer quitar una figura que da garantías en el ejercicio de la actividad política, de la actividad pública.

A mí ya me habrían acusado, ya lo han hecho, pero ya me habrían metido a la cárcel con cualquier patraña para quitarme de la actividad política. Pero no solo a mí, a ustedes, a todas y todos ustedes.

No debemos abrir un camino al golpismo, no debemos abrir la puerta a las venganzas políticas desde el poder económico y desde el poder político.

Hoy tenemos un fiscal general que es un extraordinario ciudadano, un ser humano como Gertz Manero, y tenemos un extraordinario compañero en la Presidencia de la República, quienes somos sus compañeros y compañeras, López Obrador.

Pero nosotros no estamos legislando para personas en concreto, estamos legislando para el país y, por lo tanto, tenemos que ser muy responsables en nuestras decisiones y bajo ninguna circunstancia poner en condición de vulnerabilidad a un futuro presidente o presidenta de la República, porque es el eje articulador del sistema político mexicano.

Tenemos una responsabilidad y un honor muy grande al estar en esta soberanía y me parece que debemos honrarla con decisiones serias, consecuentes, firmes, documentadas, con conocimiento. Y retirar el fuero es, como ya lo dije, una actitud irresponsable y suicida de quienes nos dedicamos a la actividad política y, particularmente suicida de quienes formamos parte de este movimiento de la cuarta transformación que encabeza el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.

Presidencia de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez:Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez: Quisiera invitar de manera respetuosa al grupo mayoritario, que se pongan de acuerdo. Acabamos de escuchar una defensa puntual íntegra del diputado Noroña del fuero. Pero hay quien piensa todavía en este momento, en los pasillos de esta legislatura, que le vamos a quitar el fuero presidencial. Eso no es cierto. Lo que hicimos en la Comisión de Puntos Constitucionales desde el mes de abril es ampliar los delitos en materia del fuero.

En ese sentido, quiero decirles que los medios de control parlamentario son el instrumento idóneo para evitar que alguno de los tres Poderes de la Unión rebase los límites del poder. De ahí que exista el juicio político como procedimiento para imputar al titular del Poder Ejecutivo federal por alguna de las causales actualmente previstas en nuestra Constitución, como son traición a la patria y otros delitos graves del fuero común.

Hoy debatimos en torno a la ampliación del catálogo de los delitos por los cuales el jefe del Ejecutivo podrá ser responsable política y penalmente.

Este dictamen presenta una reforma para ampliar el catálogo de los delitos por los cuales podrá ser imputado el presidente de México, entre ellos abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquier modalidad, delitos en materia de hidrocarburos y los demás previstos en el artículo 19 de nuestra Carta Magna.

Como se observa, no hay un cambio en materia del derecho procesal constitucional en el rubro de juicio político, tan erróneamente señalado como eliminación del fuero.

En realidad, lo que hace este dictamen es expandir las causales de juicio político, incorporando otras conductas antijurídicas que impliquen prisión preventiva oficiosa. Tampoco existe una novedad en el caso de los legisladores, toda vez que el derecho a no ser reconvenido por lo expresado en este parlamento o por hechos de responsabilidad civil, tiene antecedentes desde hace cuatro siglos en Inglaterra y se conoció como inmunidad parlamentaria.

Hoy no estamos ante ninguna novedad en esta materia, pues ambos procedimientos se encontraban en nuestro orden jurídico desde 1824, con el sistema de responsabilidades, previsto en el entonces artículo 38 constitucional, aplicable para el Ejecutivo, integrantes de la Corte, secretarios de despacho y gobernadores.

Fue en el año 1857 cuando, a los juicios de responsabilidad política, se les incorporaron los delitos oficiales y se instauró al Congreso como jurado de acusación.

Como se observa, no hay nada nuevo bajo el sol, aunque algunas voces se empeñen en asegurar que en este dictamen se va a eliminar el fuero. Lo decimos claro y contundente: no se elimina ningún fuero al supremo Poder Ejecutivo. Ciertamente, se perfecciona un modelo para evitar que se prive la impunidad en lo más alto del cargo del servicio público en México.

Afirmar lo contrario sería una falacia, puesto que no se retira ningún privilegio procesal, por el contrario, se busca que los delitos de corrupción o los electorales, además de los previstos en el artículo 19 constitucional, sean detonantes para juzgar al primer mandatario de este país.

El fuero presidencial no se elimina, habrá lugar a acusarlo, primero ante la Cámara de Senadores, y deberá observarse el procedimiento constitucional actualmente previsto en el artículo 110 relativo al juicio político.

Por lo que corresponde a los integrantes del Congreso de la Unión, este dictamen corrige la primera versión, donde existía una redacción al artículo 108, donde al acotarse a los delitos previstos en el artículo 119 constitucional se restringían las posibilidades por las cuales podría invocarse al desafuero de los legisladores, lo cual sería contrario al espíritu de esta reforma.

En el Grupo Parlamentario del PRI coincidimos con la esencia de este cambio, cuyo objetivo central es impulsar mejores conductas y prácticas en el servicio público, para evitar cualquier desviación o ilegalidad. Cerremos la brecha para que los delitos que más ofenden a la sociedad no pasen de largo en nuestro Estado de derecho.

Honorable asamblea, la ley nos hace iguales como ciudadanos. Toca a cada uno de nosotros aportar desde nuestra trinchera en el sector público, en el privado o en la esfera de la acción social lo mejor de nuestro trabajo, esfuerzo, conducta y aptitud para construir una forma diferente de hacer política y de participar en los asuntos públicos.

Y, desde luego, coincidimos en que ni los legisladores ni el presidente deben estar ajenos de ello, por ello votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Marcos Aguilar Vega:Muy buenas tardes tengan todos ustedes, diputadas, diputados. Desde su fundación, el Partido Acción Nacional ha trabajado de manera incansable y persistente, a efecto de eliminar todo lo que es conocido como abusos del poder.

Desafortunadamente, en muchas ocasiones se ha advertido que el autoritarismo ha campeado en virtud de un sistema político que privilegió la impunidad, la opacidad y la falta de rendición de cuentas.

Son incontables las iniciativas que durante ochenta años el PAN ha impulsado, a efecto de eliminar y acotar la impunidad y el abuso de poder.

Uno de los temas que se ha señalado como fuente de ese abuso es el manto de impunidad del que ha gozado la figura presidencial. Dentro de tema genérico de fuero presidencial, el régimen constitucional ha acotado de manera sensible los delitos por los cuales puede ser procesado el titular del Ejecutivo, es decir el presidente de la República.

En el texto vigente se señala que el presidente solo puede ser juzgado por traición a la patria y por delitos graves del fuero común. Dicha redacción, hay que señalarlo, quedó desactualizada con la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, ya que la expresión delitos graves del fuero común, en términos claros, quedó vacía de significado.

Lo anterior es así porque en el Código Nacional de Procedimientos Penales fue eliminado el baremo de delitos graves que existía para los efectos de la sustentación del auto de formal prisión sin derecho a fianza.

Con la redacción que se contiene en la reforma que se da cuenta en este dictamen, se aclara cuáles pueden ser los delitos que pueden ser objeto de investigación e imputación cuando sean presuntamente cometidos por el titular del Poder Ejecutivo. En tal sentido, se precisa que además de traición a la patria será factible incoar los delitos por los que se prevé la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como delitos electorales y actos de corrupción.

En el artículo 111 se precisa que, para proceder penal contra el presidente, será el Senado quien resuelva en términos del artículo 110. Es decir, que debe ser el Senado quien resuelva la declaración de procedencia.

Consideramos que la redacción pudo haber aclarado de manera puntual el alcance de dicha previsión, a efecto de conjurar confusiones con el capítulo de acusación dentro del proceso penal.

En términos claros. Lo que este día estamos aprobando en esta Cámara de Diputados, en esta reforma constitucional, es una ampliación al catálogo de los delitos en los que puede incurrir el presidente de la República. Pero hay que reconocer que esto no lo coloca en un esquema de igualdad con el resto de los ciudadanos de la República, porque aún existen muchas figuras y tipos penales en los que no está incluido la figura del presidente de la República, es un avance muy importante, hay que reconocerlo.

También hay que distinguir, que cuando hacemos referencia a la figura del fuero no estamos entrando en ese esquema de análisis o, en términos claros, quedaría en muchos aspectos intocada la Constitución.

Con esta modificación al sistema penal acusatorio que se planteó, en la República Mexicana existe un planteamiento que nos permite con esta redacción aclarar de manera precisa los alcances que existen en este artículo.

Compañeras y compañeros, esta reforma satisface una necesidad fundamental en el establecimiento de un régimen republicano en el que la impunidad oficial y el abuso del poder puedan ser acotados.

Entiendo que hay quienes, desde el cargo de diputados, argumentan que se está eliminando la figura de fuero del presidente de la República, eso es absolutamente falso, y hay que decirlo con claridad para no engañar a los habitantes del país. Se está aclarando y avanzando con esta reforma sin duda alguna, y por esa causa el grupo del Partido Acción Nacional, de manera decidida apoya este dictamen y se pronuncia por su votación unánime. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala:Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: Compañeras y compañeros diputados. Estamos, sin duda alguna, frente a una reforma constitucional histórica que despoja al presidente de la República de privilegios o mantos de impunidad al ampliar las conductas por las que se puede ser enjuiciado.

Inauguramos la responsabilidad penal para el presidente de la República. Y también es histórica, y decirlo claramente, porque esta iniciativa, que seguramente vamos a aprobar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, fue promovida por el propio presidente de la República, quien renuncia el día de hoy a los privilegios que lo hacían intocable.

A nadie es ajeno que el llamado fuero constitucional de los servidores públicos es uno de los más nefastos privilegios que han distinguido el ejercicio de la función pública en México.

Es por cierto el privilegio que más descrédito social ha merecido. No, no es porque por sí mismo el fuero sea un instrumento del autoritarismo. Por el contrario, nació como una necesaria protección al cargo de los servidores públicos dirigida a conjurar la permanente tentación de la persecución política por parte de los gobiernos autoritarios, y de esa manera garantizar el papel de control que un poder del Estado debe ejercer sobre el otro con absoluta independencia.

En ese sentido, tanto la impunidad procesal penal de los altos funcionarios públicos, como la inmunidad constitucional de los parlamentarios, son figuras que nacieron al mismo tiempo que el Estado moderno, instituciones jurídico–políticas que tuvieron su mejor asidero en la función primigenia de posibilitar el desarrollo de los principios de organización democráticos y republicanos.

Sin embargo, en México, el fuero constitucional ha degenerado en dos efectos que contradicen su origen.

En principio, derivado en un privilegio que garantiza a los altos funcionarios la posibilidad de abusar de su investidura con total impunidad, tanto para imponer su poder y perpetuarse en este, como para enriquecerse a costa de los recursos públicos. En los últimos tiempos hay ejemplos de este sistema de impunidad, prácticamente en todos los espacios de nuestro país.

En segundo lugar, el fuero ha servido como un sistema de represión política de opositores mediante la aplicación selectiva del procedimiento de declaratoria de procedencia o desafuero en contra de los enemigos políticos del régimen.

Y el mejor ejemplo, creo que es importante recordarlo, de este mal uso, es el artero proceso de desafuero al que sometieron justamente a quien hoy ocupa la Presidencia de la República con la aciaga intención de inhabilitarlo para participar como candidato a ese mismo puesto de elección popular.

Por ello, en estos tiempos de la cuarta transformación de la República, esas desviaciones del fuero constitucional deben terminar, tanto la que tiende un manto de total impunidad en el sector público como la que permite la persecución penal de adversarios por razones políticas.

La protección constitucional debe dirigirse únicamente a garantizar la permanencia, continuidad y estabilidad en el ejercicio de la función pública en nuestro país, pero no debe impedir que los falsos funcionarios puedan ser llevados ante los tribunales por la comisión de delitos, especialmente de aquellos que resultan más lesivos para el interés social como son la corrupción gubernamental, la corrupción política y los delitos que la Constitución determina como de mayor impacto social. Tal es la intención de la reforma que hoy discutimos.

Como expresamente propuso el presidente de la República en la iniciativa que presentó ante el Senado, nuestro grupo parlamentario sostiene que debe modificarse el texto constitucional para hacer posible que el propio titular del Ejecutivo de la Unión sea procesado penalmente si incurre en actos de corrupción, delitos electorales o alguno de los delitos contenidos en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional. Es decir, aquellos que merecen prisión preventiva oficiosa.

Así lo establece el dictamen que hoy discutimos en las reformas que contienen los artículos 108 y 11 de la Constitución Política. En ello se especifican los delitos por los que deberá responder el presidente de la República durante el tiempo de su mandato, con lo que se elimina la incertidumbre que actualmente generan dichos preceptos y se termina todo el debate interpretativo.

Además, esclarece el procedimiento que habrá de seguirse tanto para evitar la impunidad del mandatario como para prevenir toda posibilidad de persecución política, pretensión que ha estado patente, como aquí se ha comentado, en prácticamente todos los procesos de democratización social que se han emprendido en América Latina.

Se trata de terminar con el espectro de absoluta impunidad que trae consigo el fuero para garantizar que el presidente de México se haga cargo de la responsabilidad penal que generan las conductas que lesionan los intereses públicos, fundamentalmente si incurre en alguna, y que de esa manera la justicia penal se convierta en un instrumento más de rendición de cuentas del mandatario.

Pero se trata también de mantener viable el sistema de organización del Estado mexicano en torno de una república democrática, cuyos Poderes se sostienen en los principios de decisión, colaboración y control entre uno y otro, sistema en el que debe de estar proscrita toda posibilidad de persecución o desestabilización por motivos políticos.

Por eso consideramos que este paso decisivo, que no hay que demeritarlo, en lo que ha sido un difícil camino hacia la eliminación del fuero de todos los altos servidores públicos en México. Somos conscientes de que no estamos eliminando esta protección constitucional para todos los que actualmente gozamos de ella, lo cual no impide, esto es muy importante, no impide que seamos responsables de nuestras conductas.

Somos responsables ante la ley por cualquier delito. Pienso, y esta es una reflexión personal, que deberíamos de repensar la declaración de procedencia, en su momento, para evitar cualquier filtro que se aleje justamente a lo que establecen las leyes penales.

Pero iniciar estableciendo la clara posibilidad de que el más alto mandatario, el presidente de la República pueda ser sujeto al proceso penal precisamente por las conductas que nos condujeron hasta la grave crisis de corrupción que hoy estamos superando, sin duda inaugura una ruta correcta.

Ciudadanas y ciudadanos, el Grupo Parlamentario de Morena en esta Cámara se congratula del avance, pero no cederemos en el esfuerzo para abatir de forma total y definitiva ese resabio de los tiempos del autoritarismo, ese velo de impunidad bajo cuyo amparo se tejieron las más escandalosas tramas de la delincuencia de cuello blanco.

Misión cumplida, presidente. Se acabó la impunidad y será responsable penalmente, como lo ofreció usted a los ciudadanos mexicanos. Es cuanto, muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Se informa a la asamblea que con esta intervención ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión.

Está a discusión en lo general. Y tiene la palabra el diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN, para hablar a favor.

Queremos destacar y agradecer la presencia en este salón de sesiones de la excelentísima señora Paivi Marianne Pohjanheimo, embajadora de la República de Finlandia en México, quien participó en el acto de instalación del Grupo de Amistad México–Finlandia, que preside el diputado Ricardo García Escalante.

La Cámara de Diputados le da la más cordial bienvenida, señora embajadora, y hace votos para que los lazos de amistad y cooperación entre ambos países se vean fortalecidos con este acto.

El diputado Ricardo Villarreal García:Muy buenas tardes a todas y a todos. Con el permiso de la presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Villarreal García: El día de hoy estamos nuevamente discutiendo un asunto que es de la mayor relevancia nacional. Desde hace muchos años muchos mexicanos y mexicanas hemos soñado con que finalmente seamos todos iguales ante la ley. Que no haya mexicanos de primera y mexicanos de segunda, como hasta hoy. Mexicanos que lo tienen todo y lo pueden todo, inclusive violar flagrantemente, impunemente la ley y están felices y contentos. Y, por otro lado, mexicanos que no tienen nada y que a veces son sancionados incluso por conductas que no cometieron.

Por eso el PAN ha estado siempre y seguirá estando siempre a favor de eliminar lo que popularmente conocemos como el fuero constitucional. Este que, si bien es cierto nació para que los políticos de oposición pudieran expresar libremente sus ideas, pero que en la práctica ha servido para que muchos políticos se escuden detrás de él para cometer atracos y fechorías contra el pueblo de México.

Por eso no podemos permitir que los políticos sigan teniendo una protección que los distingue de los ciudadanos. Todos, todos, sin excepción debemos ser iguales ante la ley.

Nuestra voluntad de eliminar esta figura ha sido tal, que en diferentes legislaturas hemos votado su eliminación. Muchos de los que estamos aquí votamos una iniciativa en la LXIV Legislatura para eliminarlo. Dicha iniciativa se quedó congelada en el Senado de la República porque no hubo la voluntad en aquel momento de las mayorías.

Lo mismo en la LXIII Legislatura, el PAN volvió a votar nuevamente la eliminación del fuero en la Cámara de Diputados y nuevamente la mayoría en el Senado la frenó. Por eso hoy nuevamente volveremos a votar este dictamen a favor.

Cualquier avance para que las y los políticos mexicanos sean igual a los demás ciudadanos siempre será apoyado por el PAN.

Sin embargo, debemos dejar una cosa clara, este dictamen bajo ninguna circunstancia ni remotamente elimina el fuero constitucional. Nuevamente el presidente y los partidos que lo apoyan están tratando de engañar al pueblo de México. Empezaré por decir que este dictamen en nada cambia el fuero que desafortunadamente tenemos las y los diputados, los senadores, los gobernadores y muchos funcionarios más.

A nosotros esta reforma no nos toca con absolutamente nada, ni siquiera nos menciona, nos deja exactamente igual, siendo igual de privilegiados que siempre, cuando los demás ciudadanos no tienen estos privilegios. A lo único que se refiere esta reforma es simplemente cambiar un par de palabras, en cuanto a cuando el presidente de la República puede ser juzgado por la comisión de un delito.

Mientras hoy la Constitución señala que el presidente puede ser juzgado solo por traición a la patria y por delitos graves del fuero común, hoy se propone cambiar la redacción para que sea solamente por traición a la patria o por los delitos establecidos en el artículo 19 de nuestra Constitución, que básicamente son los delitos que esta soberanía ha determinado que son delitos graves del orden común y, por lo tanto, merecen prisión preventiva oficiosa.

Es decir, compañeras y compañeros, si hoy virtualmente es imposible juzgar al presidente de la República, en esta reforma nada cambiará las cosas. No es cierto, como decía el presidente, que finalmente él será igual que todos los mexicanos ante la ley. Después de hoy seguirá siendo absolutamente imposible que el presidente sea juzgado y sería imposible, porque inclusive si detuvieran al presidente de la República, sea quien fuere, cometiendo un delito en flagrancia, siendo grabado públicamente, tendría esta Cámara de Diputados que votar por mayoría que el presidente fuera acusado, lo cual evidentemente no sucedería porque sus aliados tienen mayoría.

Y si en un milagro la mayoría de los diputados acusa al presidente, entonces el Senado de la República tendría que juzgar al presidente y tendría que ser condenado por dos terceras partes del Senado de la República, que también controla.

Entonces, dejemos clara las cosas, el presidente después de hoy seguirá teniendo la misma protección que siempre ha tenido. No engañemos a las y los mexicanos, los diputados, los senadores, los gobernadores seguirán teniendo la misma protección que siempre hemos tenido.

Ojalá y hoy que debatimos esta nociva figura para nuestro país lo hagamos en serio. Propongamos, como muchos de nosotros lo hemos hecho durante varias legislaturas, que todos nos convirtamos en absolutamente iguales ante la ley, que no sean nuestros pares, otros políticos de nuestros partidos, los que nos defiendan, que nos defendamos...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputado, su tiempo ha concluido.

El diputado Ricardo Villarreal García: ...que nos defendamos nosotros ante los tribunales, como lo hacen absolutamente todos los mexicanos. Concluyo diciendo, compañeras y compañeros, solamente cuando todos seamos iguales ante la ley las cosas en este país van a cambiar. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra, para hablar en contra, el diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Emilio Manzanilla Téllez:Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado.

El diputado Emilio Manzanilla Téllez: Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para hablar en contra del dictamen que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se reforman los artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La sociedad mexicana acudió el pasado primero de julio a las urnas a votar a favor del nuevo proyecto de transformación política y social del país, pero también lo hizo para demostrar su hartazgo en contra de la corrupción generalizada que privaba en los individuos, en los distintos niveles de gobierno.

El descontento surgió al percatarse de que el aparato institucional para imputar responsabilidades penales o administrativas estaba sesgado, de tal forma que aún con la comprobación fehaciente de que algún servidor público hubiera cometido un delito o falta administrativa, no se le sancionaba.

El gobierno se concibió no como un medio de solución de problemas sociales sino como de un botín donde se podía meter mano al erario para apropiarse de los recursos públicos.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde la pasada campaña presidencial se comprometió a impulsar una reforma constitucional para que el presidente de la República fuera igual ante la ley que el resto de los ciudadanos, y que, si en ejercicio de sus funciones incurriera en alguna responsabilidad, particularmente de carácter penal, fuera separado de su cargo público.

Sin embargo, no podemos pasar por alto que más allá de la buena voluntad del presidente de la República, aún persisten atavíos y la negativa de los poderes fácticos que se niegan a perder privilegios y que pudieran orquestar una acusación falsa que permitiera vía el uso faccioso de la ley, obtener lo que el pueblo de México les negó en las urnas el pasado primero de julio.

Dada la naturaleza de funciones del presidente de la República como jefe de gobierno y jefe de Estado, considero que sin la protección constitucional inherente a su alta responsabilidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador sería vulnerable ante acusaciones falsas.

La experiencia internacional en algunos países de América Latina nos muestra cómo los presidentes frágiles y vulnerables ante las confabulaciones de los grupos de interés... Quiero dejar en claro que aun rechazando esta propuesta el presidente de la República en los términos de la legislación vigente en los artículos 108 y 111 constitucional, puede ser juzgado, aun en el ejercicio de sus funciones o al término de las mismas, hasta que no se utilice el término de la prescripción de los probables delitos que cometieron.

Compañeras, compañeros diputados, pueblo de México, estoy en contra de este dictamen porque los diputados, los legisladores, senadores, no estamos, si aprobamos esto para el presidente de la República. Y como dijo el dicho vayamos poniendo nuestras barbas a remojar porque los que seguimos somos nosotros.

Habrá diputados que hoy ejercen el cargo que vienen de diferentes luchas sociales, o quizá por amistad con los dirigentes de los partidos o por otras cuestiones están aquí. En el caso de su servidor y otros compañeros, venimos de la lucha social. El caso particular, he apoyado la comunidad desde muchos años en cuestiones muy delicadas que han tenido que ver con caciques regionales y con el gobierno de los estados. Por eso yo estoy en contra.

Los diputados y los senadores debemos tener fuero, porque el fuero le sirve a la gente, porque nosotros recibimos problemática de los ciudadanos. Así es que estaré siempre en contra de eliminar el fuero. Y les pido que nosotros los diputados, los senadores nunca permitan que se quite el fuero, porque el fuero es para servirle a la gente.

Les vuelvo a repetir, vengo de la región de Ecatepec con Tlalnepantla, en el Estado de México, y tenemos y sufrimos golpeteo por parte de los gobernadores de ese estado, que son altamente corruptos y que siempre han hecho maniobras para afectar a la gente. Por eso, con la frente en alto, pueblo de México, estoy en contra de que se elimine el fuero, porque el fuero es para servirle a la gente. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz:Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz: Compañeros diputados, compañeras diputadas, por primera vez en la historia moderna de nuestro país tenemos un presidente que ejerce el poder con responsabilidad moral y en total apego a la ley. Este ejercicio responde a la renovación del aparato gubernamental que ha puesto en marcha el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la cuarta transformación los funcionarios están obligados a desempeñarse con responsabilidad, anteponiendo el interés de las y los mexicanos. Como parte de este momento histórico del poder público hemos decidido dejar atrás la absoluta inmunidad procesal del presidente de la República y así ser consecuentes con lo que en Morena ofrecimos en campaña: ser un gobierno distinto, un gobierno que puede ver de frente a la gente. Se trata de que el presidente pueda ser juzgado y sancionado por la comisión de actos ilícitos graves que atenten contra el pueblo de México.

Los delitos por los que se le podrá procesar son relativos a los hechos y actos electorales ilícitos, por corrupción, y los delitos contenidos en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional. Es una realidad lo que vamos a votar el día de hoy.

Se acabó el manto protector de la impunidad del presidente, se acabó, son otros tiempos y, en consecuencia, debemos ser congruentes con la digna labor del Ejecutivo, quien nada debe, nada teme.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena exhorta a los integrantes de los distintos grupos parlamentarios a votar a favor. Votemos a favor de este dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que restringe los supuestos de inmunidad procesal al presidente de la República.

Con su voto, ningún presidente de la República podrá beneficiarse de la impunidad al haber cometido delitos graves. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI, para hablar en pro.

La diputada María Ester Alonzo Morales:Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada María Ester Alonzo Morales: Compañeras y compañeros legisladores. Con esta reforma establecemos la posibilidad de juzgar al presidente de México por actos de corrupción, delitos electorales o cualquier otro hecho delictivo previsto en el artículo 19 constitucional.

Estas modificaciones son relevantes, porque establecen nuevas obligaciones para el titular Ejecutivo federal, sometiéndolo a las leyes penales que todos estamos obligados a cumplir.

Pero no se equivoquen, compañeros y compañeras, porque este dictamen no elimina la inmunidad, es más, no se le mueve una sola coma al juicio de procedencia previsto en el artículo 111 constitucional. ¿Cómo podemos decir que eliminamos el fuero si la inmunidad continúa vigente en la Constitución?

Durante la legislatura pasada, el PRI en esta Cámara votó a favor de una iniciativa que sí garantizaba la eliminación total de la inmunidad. Se trató de un proyecto que apostó por la rendición de cuentas, la transparencia y, sobre todo, la consolidación de una clase política respetuosa de los mexicanos.

Si bien votaremos a favor del dictamen por reconocer que es un avance, queremos dejar claro que este no es un dictamen que elimine el fuero. La inmunidad es una figura jurídica que establece la imposibilidad de enjuiciar penalmente a un alto funcionario de acuerdo con el artículo 111 de la Constitución, para que se proceda se requiere que la Cámara de Diputados se establezca como jurado para emitir la declaración de procedencia a fin de remover el fuero del funcionario público.

Si bien la inmunidad ha permitido garantizar la libertad de pensamiento evitando el uso indebido de la justicia y la libertad de opinión de quienes se oponen al gobierno, somos conscientes de que esta figura mal utilizada puede ser un mecanismo que fomenta la impunidad y la evasión de la acción de justicia.

Nosotros somos sensibles a las demandas de la sociedad. Si queremos acabar con la corrupción, si deseamos construir un gobierno responsable y cercano a los ciudadanos, debemos reformar los primeros tres párrafos del artículo 111 y por qué no, reformar también el 110 en materia de juicio político como en su momento lo propusimos.

Compañeras y compañeros legisladores, el PRI reitera el compromiso que tiene con los mexicanos. Estamos a favor de ampliar el catálogo de delitos por los que se puede enjuiciar a un presidente porque es un cambio necesario, pero no es suficiente.

Debemos escuchar a la sociedad, seguir trabajando por consolidar una clase política comprometida con las causas sociales, luchar por un México verdaderamente libre de corrupción, pero sin verdades a medias. En el PRI hemos sido congruentes, hay constancia clara de nuestro compromiso con la construcción de leyes lógicas y bien estructuradas.

La discusión sobre la eliminación del fuero constitucional es uno de los pendientes más importantes que tenemos en el Poder Legislativo. En el PRI continuaremos trabajando para consolidar lo que hoy iniciamos, pero que ciertamente está muy lejos de concluir. Por su atención, muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río:Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: Diputados, diputadas. Creo que México está ya despertando de una de sus más tristes pesadillas. Va despertando de haber tolerado años de corrupción y de impunidad. Esa que prevaleció y que lamentablemente perpetuaron aquellos políticos que justo ahora se indignan con lo que ellos mismos provocaron. Esa pesadilla, sin embargo, terminó en julio del año pasado.

Ahora nos toca a nosotros, a los diputados de Morena, a los diputados elegidos por un pueblo harto y cansado de la corrupción, corregir ese rumbo y darle una nueva esperanza de justicia al pueblo mexicano.

Nuevamente el presidente de la República y los legisladores de Morena respondemos y cumplimos con el compromiso que le ofrecimos a la ciudadanía. Sí, otra propuesta más de campaña que hoy se está discutiendo y aprobando en esta Cámara de Diputados. Y esta es la promesa de eliminar la posibilidad que permitía al presidente de la República en funciones no ser juzgado en caso de cometer algún o muchos delitos.

Hoy el presidente puede ser juzgado, no solamente por traición a la patria, sino que ahora también puede ser juzgado por corrupción, por delitos electorales y por todos aquellos delitos contenidos en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, que ya amplía, porque fue reformado justo también en esta Cámara el espectro de los delitos que requieren prisión oficiosa.

Como ya muy bien lo dijo aquí el diputado Fernández Noroña, el pasado mexicano estuvo lleno de luchas y de pugnas por ordenar a este Estado, a aquel Estado naciente, y requirió en ese momento histórico que pensadores o que constructores del orden jurídico tuvieran libertad real para que sus palabras y sus acciones no fueran sujetos de presiones judiciales.

Pero aquí, de lo que estamos hablando es de la inmunidad, no del fuero. Aquí vamos ya a quitar esa posibilidad de que alguien que está gobernando, el presidente mismo, pueda tener impunidad. Y la propuesta que hoy estamos haciendo aquí justo lo que hará es que nunca más en este país vuelva a pasar eso.

Estamos estableciendo otro instrumento para facilitar la construcción de las instituciones. Cómo podríamos haber hecho una genuina, democrática y republicana institución presidencial si el primero que podía romper con la ley era el propio presidente sin ser castigado. Eso no va a volver a pasar en este país.

El dictamen que hoy traemos a discusión, este que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, devuelve una igualdad que los ciudadanos llevamos mucho tiempo exigiendo.

Ahora el presidente de la República no tiene una inmunidad absoluta y por eso no va a poder volver a cometer delitos sin ser juzgado, como todos sabemos que ya ha ocurrido muchas veces en este país.

Este dictamen le quita al Poder Ejecutivo justamente esa figura privilegiada de inmunidad que había imperado durante muchos años.

El diputado Ricardo Villarreal García(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Permítame un segundo, diputada Huerta, por favor. ¿Con qué objeto, diputado Villarreal?

El diputado Ricardo Villarreal García (desde la curul): Preguntarle a la oradora si me acepta una pregunta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, ¿acepta una pregunta del diputado Villarreal?

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: Sí, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Sí, adelante.

El diputado Ricardo Villarreal García: Escucho con atención que la oradora dice que ahora el presidente ya será juzgado como cualquier ciudadano. Le quisiera preguntar a la oradora si nos podría explicar cuál es el procedimiento para que hoy el presidente, a partir de que esta reforma entrará en vigor, fuera juzgado. Porque yo sin duda difiero enormemente, el presidente no va a poder ser juzgado.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: No dije que podría ser juzgado solo como cualquier ciudadano, dije que ya va a ser juzgado, cosa que no ocurrió en el pasado, como usted seguramente lo sabe muy bien. Cuando el presidente cometía actos de corrupción, por ejemplo, como fue en este país sistemáticamente con los presidentes del PAN y del PRI, no había la herramienta para que fueran juzgados.

Sí, ahora la hay, porque... Bueno, pues entonces lea el dictamen, diputado, porque no se puede. Cuando no lee el dictamen bien, no podemos platicar. Ahora tiene que leerlo bien y saber que ahora nuestro presidente sí podrá ser juzgado.

Y decía, y con esto termino, diputada presidenta, el dictamen este que estamos hoy aprobando, que no ha leído el diputado, pero que seguramente ahora podrá leer bien, sí le quita al Poder Ejecutivo esa figura privilegiada de la que antes se habían servido los partidos en el gobierno para cometer brutales y monstruosos actos de corrupción.

Se les acabó, afortunadamente. Ahora cualquier presidente, no solo este presidente, por supuesto. Cualquier presidente, este Poder Ejecutivo podrá, en el caso necesario, por supuesto que todos sabemos aquí que nuestro presidente nunca será juzgado por eso, por su transparencia y absoluta honestidad, pero no vaya siendo que ustedes por ahí.

Vamos y estamos respondiendo al reclamo social justo para que el presidente de la República no tenga inmunidad y cualquier proceder inconveniente sea juzgado. Estamos muy contentos todos los ciudadanos, y con esto acabo...

La diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Un segundo, diputada, permítame por favor.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: ...porque nunca más volveremos a vivir la terrible...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, permítame un segundo por favor.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: ...impunidad que hubo antes.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: ¿Quién? Diputada, ¿con qué objeto? La diputada Mirtha, ¿con qué objeto?

La diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya (desde la curul): Para ver si me acepta la oradora una pregunta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, su tiempo concluyó, pero ¿acepta una pregunta rápidamente?

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río: No, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: No, gracias, diputada. No aceptó la pregunta. Diputado Elías Lixa, ¿con qué objeto?

El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Para saludarle, presidenta, porque no pedí la palabra. Nada más estoy escuchando a la oradora, pero aprovecho para saludarle.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Así es, diputado. Diputado, gracias por los saludos.

Continuamos. Tiene la palabra la diputada Carmen Julia Prudencio González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Carmen Julia Prudencio González:Con el permiso de la Presidencia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Carmen Julia Prudencio González: Nos es grato, como miembros de esta legislatura, discutir hoy una reforma constitucional tan importante, como la que hoy será sin duda aceptada por esta soberanía.

¿La corrupción es un problema? Sí. Por lo tanto, debe mejorarse en todos los marcos normativos, como el que hoy nos ocupa, para buscar el bien de la ciudadanía. Es una realidad que las personas tienen poca confianza en los respectivos gobiernos, en donde el yo o nosotros se antepone en las decisiones de gobierno al concepto de nación.

Por citar un ejemplo de lo anterior, de acuerdo con el ranking Mitofsky en México que hoy se publica en El Economista, respecto a la confianza en las instituciones 2019, miren, encontramos que el nivel de confianza que los ciudadanos tienen hacia las instituciones, en el tema de la Presidencia se encuentra en segundo lugar, solo por debajo de las universidades. Y los senadores y diputados registramos una confianza baja, estando estos últimos al final de la lista y no solo eso, por debajo de la policía, sindicatos y partidos políticos, que se han desacreditado sistemáticamente.

Ningún mexicano podría estar en contra de que se enjuicie al presidente de la República por hechos de corrupción. Pero seamos claros, ya que no podrá acusarse a ex presidentes al amparo de la porción normativa, porque es clara la redacción, limitar a dicha acción a durante el tiempo de su encargo.

Esta propuesta de reforma no elimina el fuero, solo limita, por lo que es necesario dejar en claro y no engañar a los mexicanos.

Así, entonces esa reforma no es suficiente, ya que si bien se amplía el catálogo de delitos por el cual el presidente de la República podrá ser acusado durante el tiempo de su encargo, no puede ser denunciado por todo tipo de delitos, sino solo por algunos y solo se menciona al presidente de la República, lo que a nuestro parecer hace la reforma incompleta.

Por otro lado, esta reforma debería ser acompañada de cambios legales para favorecer el papel de los denunciantes ante los hechos de corrupción, ya que por todos es conocido que en nuestro país se le teme a la denuncia por riesgos a sufrir alguna represalia, por lo que es necesario generar condiciones para que se promueva una denuncia segura.

En Movimiento Ciudadano estamos a favor del dictamen, pero seamos conscientes que esta reforma es solo el primer paso, por lo que esperamos que estas no sean solo menciones o acciones de sanciones, de sanción que tenga que ver con generar un impacto político o con castigar verdaderamente al titular del Poder Ejecutivo por realizar acciones al margen de la ley.

Lo anterior, debido a que será esta Cámara, la Cámara de Senadores, la que tendrá bajo su responsabilidad que estas reformas sea un mecanismo real de sanción. El combatir la corrupción, fortalecer a los Poderes de Estado, por lo que es una tarea conjunta donde todos tendremos un grado de responsabilidad al aprobar el dictamen que se nos presenta en estos términos.

Los casos de acciones al margen de la ley son habituales entre los miembros del gobierno, lo cual ha dado lugar al hartazgo de las sociedades, en relación de utilizar el poder para enriquecer a los menos y empobrecer a los más. Por ello, esta reforma es una expectativa para que tras décadas de inacción la justicia por fin se imponga.

Para Movimiento Ciudadano, los actos ilegales cometidos por cualquier servidor público afectan a las personas, a las familias y a las comunidades en su vida cotidiana. En menoscabo del desarrollo nacional en su conjunto, la ilegalidad en el ejercicio de la función pública es un obstáculo a la posibilidad de progreso y perjudica principalmente a los sectores de menos recursos y más vulnerables, por lo que sancionar a los servidores públicos que utilizan el poder para beneficiarse a costa de perjudicar a los demás es una acción que debe ser apoyada. Gracias por su atención.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro.

El diputado Pablo Gómez Álvarez:Ciudadanas y ciudadanos legisladores, el proyecto que se consulta a la asamblea tiene que ver profundamente con la historia del país. No es un asunto circunstancial, nada incidental lo ha motivado.

Durante muchos sexenios los presidentes hacían fraudes, violaban la libertad de sufragio, alteraban los resultados, ponían a sus amigos de gobernadores, también los quitaban.

Durante muchísimos sexenios condonaban adeudos fiscales, como hemos visto. Durante muchos sexenios los presidentes eran impunes. Nadie se metía con ellos.

Hoy queremos enviar un mensaje al país, no estamos de acuerdo, renegamos de esa historia, de esa parte de la historia, de la historia negra de la política mexicana.

El presidente, conforme lo estamos proponiendo, es una persona que podrá ser acusada por cualquier delito electoral, grave o no, cualquiera del catálogo de la lista. Por cualquiera que está en el capítulo de actos de corrupción en el Código Penal, no uno o dos, cualquier delito, grave o no grave.

Y, claro, por los que están en la lista del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución, que nosotros mismos hemos reformado.

Eso es lo que estamos diciendo, estamos diciendo que el presidente puede ser destituido de su cargo y presentado en un proceso penal si comete esas conductas.

Estamos diciendo que así debió haber sido siempre. Estamos diciendo que una república democrática no permite que el presidente sea un intocable que comete delitos con total impunidad.

Estamos diciendo que establecer la democracia en nuestro país implica dejar de proteger al jefe del Estado y del gobierno, como si fuera dueño de la República. Que la República no tiene dueño.

Estamos en este momento a punto de votar una reforma del artículo 108 sobre la responsabilidad penal del presidente, y la semana que entra votaremos sobre la responsabilidad política del presidente frente al pueblo y la capacidad del pueblo de revocar el mandato.

Hemos enviado al Senado una reforma para quitarle al presidente las llaves del perdón fiscal. Y seguiremos porque estamos tratando de crear un nuevo sistema político de la Constitución. Hemos votado también porque no haya partida secreta, que era lo que el presidente utilizaba y utilizó muchas veces, porque no debe haber un solo gasto secreto del presidente de la República ni de nadie.

Estamos entonces, si ustedes empiezan a armar las piezas de lo que está haciendo esta legislatura, sentando las bases de un nuevo sistema político de la Constitución. Esa fue nuestra promesa de campaña, pero sobre todo nuestro compromiso frente a un pueblo que ha sido vilipendiado, reprimido, insultado por el poder encarnado en el presidente de la República. El intocable del pasado no lo será más. Este fue nuestro compromiso y estamos cumpliéndolo. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado.

Concluida esta ronda de oradores y en términos del artículo 230, numeral 4, del Reglamento, consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señora presidenta. Se consulta a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Voy a repetir la votación, señora presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, secretaria.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutido en lo general. En virtud de que, en términos...

El diputado José Elías Lixa Abimerhi(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Tiene la palabra el diputado José Elías Lixa, para hechos. Desde su curul, hasta por un minuto.

El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Escuché con mucha atención prácticamente todo el debate, a todos los diputados, que en su mayoría expresaron buenas intenciones y causas nobles en la tribuna.

Sin embargo, creo que es justo determinar realmente qué es lo que se vota y realmente qué es lo que está a discusión, porque pareciera, para algunos, que se pretende, a través del discurso, decir que esto amplía un catálogo de delitos por el que se puede juzgar el presidente, o peor aún, la forma en la que puede ser juzgado.

Esta es una actualización de la Constitución. La Constitución ya preveía prácticamente que se podía juzgar al presidente en prácticamente todos los supuestos que han dicho, porque la Constitución establecía los delitos del orden común, los delitos graves del orden común.

Y cierto es que, desde antes del 94, cuando la Suprema Corte emitió su diccionario jurídico, ya existía un debate sobre cuáles eran esos delitos. Lo que hoy hacemos es enmarcar, no ampliar, enmarcar que esos delitos son a los que se refiere el 19 constitucional, que no haya ilusos, para que no existan después, desilusionados. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. En virtud de que en términos del artículo 109 del Reglamento no se reservó artículo alguno para su discusión en lo particular. Consulte la Secretaría si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica, se consulta si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

En términos del artículo 231, numeral 4, del Reglamento, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señora presidenta, se emitieron 421 votos a favor. Son 420 votos a favor, 5 abstenciones y 29 votos en contra. Es mayoría calificada.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado en lo general y en lo particular por 420 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se devuelve al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

Se informa a la asamblea que los siguientes dictámenes serán discutidos con fundamento en el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de esta Cámara mediante la fundamentación del dictamen por parte de la comisión, y fijación de postura por parte del promovente, ambos hasta por cinco minutos.

Acto seguido, se realizará la votación nominal abriendo el sistema electrónico de votación hasta por tres minutos, por lo que le ruego a la asamblea, a los diputados y a las diputadas, que permanezcan en el salón de sesiones ya que tendremos votaciones consecutivas.

LEY GENERAL DE POBLACIÓN

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 10 de la Ley General de Población.

Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Rocío Barrera Badillo, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento.

La diputada Rocío Barrera Badillo:Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Rocío Barrera Badillo: Compañeras diputadas y diputados. El dictamen que en este momento se discutirá tiene por objetivo mantener debidamente armonizado nuestro orden jurídico nacional, particularmente en la materia migratoria, mediante la derogación del artículo 10 de la ya anacrónica y muchas veces remendada Ley General de Población.

Antes de entrar en materia, y al margen de la presentación que me convoca a esta tribuna, me permito anticipar que la renovación de este ordenamiento es urgente y que es uno de los temas que la comisión que me honro en presidir tiene como tema prioritario para el presente periodo legislativo, por lo que muy pronto estaré solicitando su voto a favor de la nueva Ley General de Población.

En cuanto al dictamen que nos toca, no obstante su sencillez, resulta trascendente en sus efectos, pues como ya anticipé, nos permite mantener congruencia jurídica respecto de las disposiciones en materia migratoria que fueron trasladadas de la Ley General de Población, a la Ley de Migración cuando esta última fue creada.

En un sentido amplio, el dictamen desarrolla lo dispuesto en el artículo 11 constitucional, que establece el derecho de toda persona para entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto y otros requisitos semejantes, sin establecer condiciones al ejercicio del referido derecho.

El artículo que proponemos derogar se refiere a las facultades de la Secretaría de Gobernación para fijar los lugares destinados al tránsito de personas y regular el mismo en puertos marítimos, aéreos y fronteras, previa opinión de las diversas secretarías que por su competencia tengan funciones que incidan en los temas de migración e inmigración.

La derogación propuesta fue iniciativa de la diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Julieta Kristal Vences Valencia. Se debe a la existencia de una cláusula equivalente en la Ley de Migración que, atendiendo al principio de especialidad, es la que debe prevalecer.

En este sentido, es importante señalar que no se trastoca en modo alguno la esfera de derechos de la ciudadanía ni se amplían o disminuyen las facultades y atribuciones de la Secretaría de Gobernación de cualquier otro ente público, pues ya existe una porción normativa similar pero con mayores alcances en la ley antes mencionada, pues incluye la obligación de las secretarías involucradas de proporcionar los elementos necesarios para prestar los servicios correspondientes a sus respectivas competencias.

En este contexto, los integrantes de la Comisión de Gobernación y Población consideramos viable y oportuna la reforma propuesta por lo siguiente:

Uno. En los términos vigentes la Ley General de Población tiene por objeto regular los fenómenos que afectan a los mexicanos en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social.

Dos. Esta ley era la norma jurídica que reguló la migración desde 1974, sin embargo, al resultar ineficiente ante las nuevas y dinámicas realidades migratorias, y al estar desfasada en relación con los compromisos internacionales adquiridos por México en materia de derechos humanos, en 2011 se expidió la Ley de Migración, que abordó este tema con un enfoque garantista.

Tres. Al arrancársele a la materia migratoria buena parte del articulado de la Ley General de Población fue derogado, sin embargo, por un error de técnica legislativa el texto del artículo 10 prevaleció.

La Ley de Migración tiene por objetivo dirigir y regular el ingreso y salida de personas extranjeras y mexicanas, así como el tránsito y estancia de personas extranjeras en el territorio nacional, y forma parte de una serie de reformas jurídicas implementadas como estrategia para modernizar los diversos procesos migratorios que concurren en el país.

La disposición que derogaremos está prevista en el artículo 31 de la Ley de Migración, pero en este caso no vale argumentar que lo que abunda no daña, pues la Ley General de Población no establece una obligación de cooperación que sí prevé la Ley de Migración, lo que puede devenir en un conflicto normativo.

Asimismo, es importante aplicar correctamente las reglas de la técnica legislativa al elaborar y revisar las leyes, ya que esta deriva no solo en su pronta aprobación, sino que su cumplimiento y aplicación sean siempre bien acatados por sus destinatarios.

Pido entonces a ustedes su voto a favor para una mejor calidad de nuestras normas. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena, como promovente, hasta por cinco minutos.

La diputada Julieta Kristal Vences Valencia:Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidenta. Con su venia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante.

La diputada Julieta Kristal Vences Valencia: Estimadas diputadas y diputados, en virtud de los cambios sociales y jurídicos de los últimos años que se han observado en nuestro país, se han hecho reformas sustanciales en beneficio de la sociedad. Un ejemplo de ello es la expedición de la Ley de Migración, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011.

En consecuencia, se derogó en la Ley General de Población todo lo referente a este tema, ya que esta última legislación resultó limitada para atender de manera adecuada las dimensiones y particularidades de los movimientos internacionales y procesos migratorios.

El decreto anterior, por lo que respecta a la Ley General de Población para reformar, derogar y adicionar diversos artículos de esta legislación señaló en su exposición de motivos lo siguiente.

La Ley General de Población, promulgada en 1974, que tiene como objeto regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social, presentó sin duda un hito a nivel mundial por su acertada respuesta a la situación demográfica del país de aquella época.

Esta ley orientó los esfuerzos gubernamentales a que las personas decidieran de manera responsable, informada y libre del tamaño de su descendencia y su espaciamiento.

También propició mediante procesos educativos y de comunicación en población una más sana cultura demográfica y favoreció una mayor y más amplia e igualitaria participación de la mujer en los procesos de desarrollo.

Fue una respuesta vanguardista en la dinámica de la población que se distinguía por un acelerado crecimiento, el cual multiplicaba las demandas de los servicios de educación, salud, vivienda y empleo, imponiendo enormes desafíos al desarrollo nacional.

Sin embargo, las disposiciones desde esta ley en materia migratoria fueron retomadas de la Ley General de Población en el año de 1936 y 1947, lo que tuvo sentido en su momento, ya que los cambios del movimiento internacional de personas no habían sido tan profundos como lo son ahora.

No obstante que la ley fue reformada en diversas oportunidades siendo las más profundas las de 1990, 1996 y en el año de 2008, logrando con esta última un gran avance en materia de protección a los derechos de los migrantes con la despenalización de la migración irregular en nuestro país.

Este marco jurídico resulta limitado para atender de manera adecuada las dimensiones y particularidades de movimientos internacionales de personas y procesos migratorios en México. Más aún cuando nuestro país ha firmado y ratificado diferentes instrumentos jurídicos internacionales que le imponen obligaciones sobre todo en materia de protección a los derechos de los migrantes, contribución al reforzamiento de la seguridad hemisférica, fronteriza y regional, y atención especial sobre todo a grupos vulnerables dentro de los flujos migratorios.

En virtud de lo anterior, se derogó de la Ley General de Población todo lo concerniente al tema migratorio, para que la Ley de Migración regulara lo referente a este tema, en consecuencia el Capítulo II de la Ley General de Población, titulado de Migración, fue derogado, entre otros y en este capítulo donde se encuentra el artículo 10, objeto de la presente iniciativa. Desafortunadamente, el 9 de abril de 2012 se expidió una reforma que no tomó en consideración que estos artículos ya habían sido derogados en el Capítulo II de la Ley General de Población.

Es por ello que este dictamen abroga el artículo 10 de la Ley General de Población y se basa en la armonización de las leyes mexicanas, y que con ello se garantice su más estricta aplicación, con lo cual se puede evitar la violación a los derechos humanos y a los cuales deben sujetarse las autoridades mexicanas, sin que se transgreda, sobre todo, nuestra Carta Magna.

El derecho de tránsito sigue estando garantizado en nuestra legislación y, en especial, el tránsito internacional, el cual se regula en el artículo 37 de la Ley de Migración, situación por la cual pido a esta soberanía su aprobación para la derogación de la Ley General de Población, subrayando y agradeciendo que este dictamen vaya en sentido positivo por parte de la Comisión de Gobernación y Población, presidida por nuestra compañera diputada Rocío Barrera. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Diputadas, diputados, solicito su atención, por favor. En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría, abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 431 votos en pro, cero abstenciones y cero en contra, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado en lo general y en lo particular, por 431 votos, el proyecto por el que se deroga el artículo 10 de la Ley General de Población. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Esta Presidencia saluda la visita del licenciado José Humberto Trejo Catalán, rector del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, Cresur, con sede en Comitán, Chiapas, invitado de la diputada Roselia Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Sea muy bienvenido.

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 55 y 56 del Código Civil Federal.

Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas:Con su venia, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Presentamos el dictamen de la iniciativa de proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 55 y 56 del Código Civil Federal, a nombre de la Comisión de Justicia que preside la diputada Pilar Ortega y todos y todas sus integrantes.

Certidumbre jurídica para los recién nacidos, es uno de los derechos que se adquiere al momento de nacer. Ese derecho a la identidad, el Unicef lo reconoce como un acto jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades, y a su vez de pertenencia a un Estado, a la sociedad y a una familia, condición necesaria para garantizar el respeto, ejercicio y protección de sus derechos.

Diversos instrumentos internacionales reconocen el derecho a la identidad, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En el ámbito nacional, la Carta Magna y la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes reconocen el derecho a ser registrado de una manera gratuita e inmediata en el Registro Civil, así como la obligación del Estado a expedir gratuitamente la primera copia del acta de nacimiento.

La ausencia de este documento es una barrera legal para el ejercicio de los derechos, tales como el derecho de la salud, a la educación, al desarrollo social, incluso al voto. No contar con acta de nacimiento es un factor de exclusión social.

La diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, promovente de esta iniciativa, señala que el primer documento de identidad en nuestro país es el acta de nacimiento y que, si no se garantiza con ella el derecho a la identidad, las y los mexicanos no podrán tener ejercicio libre y desarrollo pleno de su personalidad.

Cifras presentadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM plantean que entre el 7 y el 13 por ciento de las y los mexicanos no cuentan con un acta de nacimiento, esto también impide contar con un registro exacto de la población y de las defunciones.

A partir de 1981, la Secretaría de Gobernación dio inicio a un proceso de modernización del Registro Civil para atender cada necesidad, según cada territorio y población, e incentivó el registro oportuno sin importar las barreras territoriales y económicas, sin embargo, no se ha alcanzado este objetivo.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Justicia, presidida por la diputada Pilar Ortega Martínez, con opinión favorable del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, coincide con el planteamiento de reformar el Código Civil Federal, para:

Que en primer lugar los médicos, parteras, hospitales públicos o privados que hubieren asistido un parto, cuenten con 48 horas para dar aviso al Registro Civil del nacimiento.

Segundo, que la autoridad competente expida gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento.

Tercero, que toda institución educativa, pública o privada que tenga conocimiento de que un menor no cuenta con acta de nacimiento, deberá dar aviso al Registro Civil en las 24 horas siguientes para que este levante el acta de nacimiento correspondiente.

Y cuarto, que quienes incumplan esta obligación de dar aviso del nacimiento al Registro Civil, se hagan acreedores a una sanción administrativa.

Por lo antes expuesto, les solicitamos compañeras y compañeros, diputadas, diputados, su voto a favor de este dictamen ya que con ello daremos certidumbre a muchos y muchas que hoy no tienen un acta de nacimiento. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, como promovente.

La diputada Janet Melanie Murillo Chávez:Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Janet Melanie Murillo Chávez: Buenas tardes, compañeras y compañeros. El día de hoy me enorgullece estar frente a esta tribuna celebrando la oportunidad de avanzar a favor de las niñas y los niños de México.

Hoy es una gran muestra de que, con voluntad, los colores pueden dejarse de lado y verdaderamente ayudar a quien más lo necesita. En México, a pesar de que hay el derecho a la identidad, es un acto obligatorio, aún existe un gran número de personas sin registro alguno, ya que al menos en nuestro país hay un millón 3 mil 702 personas de todas las edades que no cuentan con un acta de nacimiento, y de estas personas, 527 mil 963 representan a una niña, un niño o un adolescente.

Esto quiere decir que seis de cada 10 personas no pueden ejercer ningún derecho. La garantía de derecho de identidad es esencial para las niñas y niños, pues, durante su desarrollo, al tener la ausencia de este documento, se constituye una barrera legal para el pleno ejercicio de sus derechos como a la salud, a la educación y al desarrollo social. En pocas palabras no contar con un acta de nacimiento representa un factor de exclusión social y una falta de protección que debe brindar y garantizar el propio estado.

En México, quien no está registrado, simplemente no existe, se vuelve un fantasma para poder ir a la escuela o para poder acceder a algún programa social.

Por lo anterior, solicito a este pleno se apruebe la reforma a los artículos 35, 55 y 56 del Código Civil con el objeto de garantizar el derecho a la identidad mediante el acta y el registro de nacimiento adecuado bajo los siguientes considerandos.

Primero. La autoridad competente deberá expedir gratuitamente la primera copia de acta certificada. Facultar a los abuelos maternos o parientes para declarar el nacimiento de un menor. Establecer que toda institución de salud o educativa, ya sea pública o privada y que llegue a tener conocimiento de que un menor no cuenta con acta de nacimiento, deberá dar aviso inmediato al juez del Registro Civil.

También determinar que las embajadas y consulados podrán extender actas de nacimiento de los mexicanos nacidos en el extranjero mismas que surtirán efectos inmediatos en territorio nacional sin necesidad de certificación. Se aplicará la sanción correspondiente en caso contrario a lo antes estipulado.

Contar con un registro oficial de nacimiento garantiza el buen desarrollo y sana convivencia entre nuestras niñas, niños y adolescentes, los cuales al llegar a la edad adulta contarán con estudios que les permitan desarrollarse plenamente y con la garantía de ejercer todos sus derechos, evitando así tristes vivencias de nuestros pequeños.

También me permito desde esta tribuna exhortar a las madres y padres de familia a que por favor ayuden a sus hijos, sobre todo recién nacidos, a que los lleven a su registro y tengan su acta de nacimiento. Ayudemos a los pequeños porque ellos por su edad no pueden por sí solos ejercer este derecho a la identidad.

Gracias a estas reformas podremos contar con mejores instrumentos normativos para hacer efectivo el derecho a la identidad de niñas y niños. Esto en atención del interés superior de la niñez reforzando el marco legal para la protección de todos sus derechos.

Compañeras y compañeros diputados, gracias por escuchar a 527 mil 963 niñas y niños que nadie no solo no los había escuchado, sino que también tristemente antes de esto legalmente no existían. Es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaria que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La secretaria diputada Julieta Macías Rábago: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónica. Presidenta, se emitieron 423 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado en lo general y en lo particular, por 423 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 35, 55 y 56 del Código Civil Federal. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 12 y 18 de la Ley de Seguridad Nacional.

Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Juanita Guerra Mena, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento.

La diputada Juanita Guerra Mena:Con su venia, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Juanita Guerra Mena: Honorable asamblea, las diversas reformas y adiciones legales que esta Cámara ha realizado en materia de seguridad pública requieren el análisis y adecuación de otras normas jurídicas, a fin de actualizar los contenidos y perfeccionar procedimientos a lo que esta legislatura ha establecido.

Justamente, durante el primer periodo del primer año de ejercicio modificamos la Ley Orgánica de la Administración Pública General, a fin de que mediante una reingeniería organizacional y procesal las labores de seguridad e inteligencia recayeran en la recién creada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Para la Comisión de Seguridad Pública la iniciativa motivo del dictamen es sumamente oportuna, ya que es en esencia una propuesta de modernización legislativa consistente en la adecuación de contenidos de normas para que el Estado encuentre las plenas condiciones para el debido cumplimiento de los imperativos categóricos que en ella se plasman.

Se define una metodología de armonización legislativa como un proceso en segunda dimensión que corresponde el hecho fundamental de adecuar la norma, a fin de establecer y consolidar el reconocimiento de un derecho específico que implica para el Estado diversos deberes de orden de reconocimiento, respeto y garantía, entendiendo esto el mismo como una exigencia social derivada a la incondicional dignidad de las personas humanas, el cual tiene el carácter multidimensional y tiene una dimensión filosófica, política, social y cultural.

La armonización legislativa hace entonces un ejercicio necesario de la aplicación y desarrollo implementado en el Congreso de la Unión y cuya observancia evita la actualización de efectos adversos, sobre todo que presente en un efecto negativo más grave, el de generar una responsabilidad por incumplimiento del Estado mexicano.

En lo que respecta al contenido del presente dictamen, este considera benéfica la idea que el promovente, en un sentido de poder subsanar la contradicción jurídica que, en este género, a raíz de los cambios que realiza la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que en su momento no tocaron a la Ley de Seguridad Nacional, en lo que respecta a la transformación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional por el Centro Nacional de Inteligencias.

Ahora bien, el Consejo de Seguridad Nacional constituye el órgano colegiado rector que dicta la política en materia, misma que la responsabilidad a presidirlo estará por obviedad en razones por el presidente de la República.

Sin embargo, en ausencia de este, la ley contempla que en este supuesto será el secretario ejecutivo quien se encargue de suplirlo, por lo que la Ley de Seguridad Nacional establece que el secretario de Gobernación fungirá con ese cargo.

De acuerdo con lo ya aprobado el 30 de noviembre del 2018 por este Poder Legislativo, contempla en su artículo 30 Bis la fracción XXI siguiente, a la letra dice: A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana corresponde el despacho de los asuntos siguientes...

En la XXI fracción. Presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el de Seguridad Nacional en ausencia del presidente de la República.

Por lo anterior, es claro que existe una antinomia jurídica entre lo dispuesto por la ley especial, es decir la Ley de Seguridad Nacional con la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde hay una evidente contradicción respecto a quien sustituirá al presidente de la República en presidir el Consejo de Seguridad Nacional, puesto que la reforma expresamente señala que quien lo suplirá será el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero, por otro lado, la ley especial señala que será el secretario de Gobernación quien cumpla con esta suplencia.

Por lo que en su primer momento el dictamen considera la modificación de este aspecto, a fin de que sea el titular de Seguridad, y no de Gobernación, quien supla al jefe del Ejecutivo.

A efecto de dar congruencia a la transformación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional por el Centro Nacional de Inteligencia, como un órgano adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aprobado en la reforma antes mencionada, esta iniciativa modifica la nomenclatura de dicho centro, para armonizar lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para este órgano administrativo concentrado, adscrito a esta nueva dependencia.

Esta Comisión de Seguridad Pública considera que el dictamen y sus contenidos coadyuvan, armonizan y perfeccionan diversos aspectos de la Ley de Seguridad Nacional, que tienen que ver con las reformas de este honorable Congreso de la Unión, respecto a la modificación al andamiaje legal bajo el que se desarrollan las labores de seguridad pública por parte del Estado mexicano.

Finalmente, es menester comentar a ustedes que, con esta modificación, se resuelve un vacío legal, que de persistir generaría graves imprecisiones en el desarrollo de las labores fundamentales que lleva a cabo el Sistema Nacional de Seguridad, por eso es muy importante que aprobemos dicho dictamen.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, su tiempo ha concluido.

La diputada Juanita Guerra Mena: Es cuanto, ciudadana presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Fernando de las Fuentes Hernández, como promovente.

El diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández:Con el permiso de la Mesa Directiva.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante.

El diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández: Compañeras y compañeros diputados, tan valiosa es la existencia de las leyes para el orden social como la coherencia entre ellas; perfeccionarlas es tarea permanente, de ahí la importancia de armonizarlas.

La técnica legislativa nos exige que revisemos toda la normatividad relacionada con la iniciativa que proponemos, de manera que contemplemos las modificaciones pertinentes para hacer concordantes nuestras leyes.

Se trata de una labor valiosa y esencial que no siempre es posible cuando el tiempo apremia o es difícil cuando son diversos los ordenamientos que se involucran. No es poca cosa que tras la aprobación de una iniciativa queden algunas incongruencias legales e incluso antinomias que pueden tener diversas consecuencias negativas, por eso propuse reformas a la Ley de Seguridad Nacional, para armonizar con las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que se publicó el 30 de noviembre de 2018.

Entre otras modificaciones se creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y se transformó el Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional en el Centro Nacional de Inteligencia. Además, la primera de estas reformas conlleva a una participación de la nueva secretaría en el Consejo de Seguridad Nacional.

Es por ello que propuse que en la fracción IV del artículo 6 de la Ley de Seguridad Nacional se sustituya el nombre del Centro de Investigación y de Seguridad Nacional por el Centro Nacional de Inteligencia. Y que en la fracción V del artículo 12 se especifique el nuevo cargo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el hecho de que fungirá como secretario ejecutivo en el Consejo de Seguridad Nacional.

Igualmente, en la fracción X del mismo artículo 12 se sustituya el nombre del cargo de procurador general de la República por el de fiscal general de la República. Y que en la fracción XI, nuevamente se cambie el nombre del órgano conocido como Cisen por el Centro Nacional de Inteligencia. Lo mismo que en el Título II, en el artículo 18 de dicha ley, dedicado a la mencionada institución.

No olvidemos, compañeras y compañeros diputados, que las leyes son instrumentos de precisión, de los cuales depende el orden social de un país. De ahí la importancia de armonizar hasta el más mínimo detalle todos nuestros ordenamientos.

Por ello, agradezco a la Comisión de Seguridad Pública, en lo particular a su presidenta, a Juanita Guerra Mena. Y a la Comisión de Defensa Nacional, en lo particular a su presidente, al diputado general Benito Medina Herrera, por el dictamen favorable en la primera y su opinión, en el mismo sentido, en la segunda.

Y estoy seguro que contaremos con el voto de todas y todos ustedes para que esto sea una realidad jurídica. Muchas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Consulte a la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputadas y diputados, solicito su atención, por favor. Procederemos a recoger la votación. En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría, abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

La secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputada presidenta, se emitieron 435 en pro, cero en contra y una abstención.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado en lo general y en lo particular, por 435 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 12 y 18 de la Ley de Seguridad Nacional. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

SE DECLARA EL 5 DE SEPTIEMBRE COMO DÍA NACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se declara el 5 de septiembre de cada año, como Día Nacional de la Mujer Indígena.

Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Flora Tania Cruz Santos para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento.

La diputada Flora Tania Cruz Santos:Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Flora Tania Cruz Santos: Estimadas compañeras y compañeros legisladores. Son las voces sin sonido las que nos conmueven, son los abrazos de amor incondicional los que nos impulsan, son su ritmo, su caminar incansable, los poemas que susurran al oído de sus hijos, el esfuerzo callado por llevar el alimento a su familia.

Debemos, como nación, conocer quiénes somos, para saber cómo aliviar aquello que nos impide caminar. Desde esta legislatura de la paridad de género debemos, antes que nada, reconocer nuestra integración multicultural, multiétnica, multigeneracional y multigenérica.

Según nos indica el Inegi, en nuestro país habitan cerca de 120 millones de personas de todas las edades, pero no nos extendemos en este momento a hablar sobre todos nosotros, sino sobre quienes son, se sienten o se les considera como indígenas, pero en especial sobre las mujeres indígenas.

Es un caso especial que haya casi medio millón más de mujeres indígenas que varones indígenas. Y lo es porque, en términos generales, la diferencia entre mujeres y varones en la población indígena es menor en 0.4 por ciento, comparado con la diferencia de género en la población total nacional.

En datos duros estadísticos hace más importante reconocer la presencia femenina en la población nacional de nuestro país, se reconocen 68 etnias indígenas. En suma, poco más de 12 millones de habitantes son o se consideran indígenas, esto porcentualmente es casi el 10 por ciento de nuestra población.

Por ello la importancia de un día nacional que reconozca no solo el género, sino también el origen étnico que representa el 5.1 por ciento de la población total nacional. Aprobar el dictamen que se presenta es apoyar el reconocimiento de la vida y obra del 5.1 por ciento de la población mexicana.

Decretemos un día que reconozca a la mujer indígena nacional, avivemos un impulso legislativo en pro de los derechos humanos de las mujeres, pero en especial de las mujeres indígenas.

Reconociendo el orgulloso y rico vitral social que integra nuestro país, con sus notables y bellas diferencias que deben ser recordadas a la sociedad a fin de mantener esa pluriculturalidad que tanto nos enorgullece, pero hagamos conciencia de la necesidad de que la ley sea más vigorosa a favor de las mujeres indígenas sobre las que cae la dureza de los juicios sociales.

El decreto sostiene lo anterior, pero nos pide aprobar el día 5 de septiembre de cada año en un enlace universal que reconozca a las mujeres indígenas en todo el mundo y se evite la agresión, la violencia que los estudios internacionales están diciéndonos que sucede en mayor cantidad en contra de las mujeres indígenas.

Es necesario un día que nos recuerde que las leyes que emanen de este y otros congresos deben ajustarse a las condiciones de vida de las mujeres indígenas nacionales, sus derechos humanos, para recibir servicios básicos, educación, salud, liberar su alma y cuerpo del dominio que por siglos han subyugado su estatus.

Por ello es importante dedicar en la memoria de nuestra nación un día específico, el 5 de septiembre de cada año, que nos recuerde la obligación constitucional de equilibrar las leyes, de dar esa pauta de equidad constitucional que los derechos humanos nos obligan a realizar a favor de la mujer indígena, no solo de forma tersa sino eficiente, visible y palpable. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María Roselia Jiménez Pérez, como promovente, hasta por cinco minutos. Informo a la asamblea que, en este dictamen, son dos diputadas las promoventes, por lo cual se les dará el uso de la palabra a ambas.

La diputada María Roselia Jiménez Pérez:Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada María Roselia Jiménez Pérez: Ja petsanalex ixuke' winike' sa'n. Honorable pleno, muy buenas tardes. Por todas aquellas mujeres indígenas que, a pesar de ser valientes, en su tristeza, en su impotencia, pronuncian la frase por qué nací mujer, o, estamos enterradas vivas.

Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, PT, acudo a esta tribuna para hablar sobre el dictamen que nos presenta la Comisión de Gobernación y Población por el que se declara el 5 de septiembre como Día Internacional de la Mujer Indígena, del cual soy promovente.

En la celebración del II Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, reunido en Tiwanaku, Bolivia, en 1983, se acordó que el día 5 de septiembre era la fecha elegida para instaurar el Día Internacional de la Mujer Indígena, con el fin de dar reconocimiento a todas las mujeres indígenas valientes que han jugado y seguirán jugando un rol importante en la pervivencia de la cultura de sus pueblos, así como su lenguaje y fuerza de carácter.

Las mujeres conformamos el 51.4 por ciento de la población. Las mujeres indígenas que habitamos México sumamos 13.2 millones de personas que junto a nuestros hermanos indígenas representamos el 21.5 por ciento del total de la población mexicana.

En México, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las mujeres indígenas tenemos derechos que deben ser respetados y defendidos por toda la sociedad, entre ellos a una vida digna, al reconocimiento de sí mismas como integrantes de un pueblo, con un gran sentido de respeto y orgullo de pertenencia y con derecho a que no se nos discrimine por ello.

Al reconocimiento de sus derechos políticos como el de representación, agrarios, lingüísticos y económicos; a hablar su propia lengua aprendida de sus ancestros y transmitirla a sus hijos, así como expresar su cosmovisión filosofía y creaciones en su propia lengua; al acceso a recursos públicos para su desarrollo, al acceso a la tierra en igualdad de condiciones que los hombres en las formas establecidas por la Constitución y las diferentes leyes.

Al territorio como un espacio para la subsistencia y para el desarrollo de cultura a la que pertenecen; a ocupar cargos importantes políticos o administrativos dentro de sus comunidades y en el ámbito estatal y nacional; a vivir dignamente de acuerdo con las costumbres y tradiciones de su comunidad.

Seamos realistas, la discriminación, el racismo, la violencia por género, la pobreza extrema, el monolingüismo, entre otros, colocan a las mujeres indígenas en situaciones de exclusión de oportunidades que aumenta las desigualdades. Así el acceso a la justicia se vuelve casi una utopía.

El porcentaje de analfabetismo es especialmente alto en mujeres indígenas adultas, en donde prácticamente seis de cada 10 mujeres indígenas no saben leer ni escribir. La pobreza de las mujeres es una característica más de la inequidad de género en México.

El informe de Coneval 2016 dice que en el año 2010 el 31.9 por ciento de mujeres indígenas estaba en condición de pobreza y el 23.3 en pobreza extrema. Para el 2016 aumentó el número, 40.1 por ciento en pobreza, y el 45 en pobreza extrema.

A pesar de estas condiciones de exclusión y múltiples violencias las mujeres indígenas no hemos dejado de luchar, y en cada acto y en cada paso hay grandiosos ejemplos de resistencia y entereza, brindan lecciones de vida y cubren un gran porcentaje de las labores de cuidados en las cuales este país no podría sobrevivir.

En tal sentido, valoramos urgente y en coincidencia con el planteamiento hecho por el presidente de la República en su toma de protesta, que este país es el sexenio de los más olvidados y excluidos.

Es pertinente mostrar esa voluntad de gobierno de reconocer a las mujeres indígenas que tanto han aportado a este México plurilingüe y pluricultural.

Con este decreto buscamos hacer un llamado a los diversos actores de la sociedad a generar medidas afirmativas y acciones compensatorias para reducir las desigualdades que pesan sobre las mujeres indígenas, a hacer partícipes a las mujeres en los espacios de toma de decisiones y construir políticas culturalmente pertinentes a la sociedad que valore los aportes de las mujeres indígenas en toda la esfera de la sociedad a la historia y memoria, al reconocimiento de la participación activa de las mujeres indígenas en la conformación de la historia de México. Ts'akatalex lek. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Irma Juan Carlos:Con el permiso de la Presidencia. Gracias a todos mis hermanos, gracias a todo el pueblo que trabaja para las mujeres mayores de edad y niños.

Compañeras y compañeros legisladores, el 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, un suceso que ha sido reivindicado por las organizaciones indígenas donde reconocen la lucha de las mujeres indígenas.

Este día fue instaurado en recuerdo de una lideresa indígena: Bartolina Sisa, que luchó contra la dominación española y murió a manos del ejército realista el día 5 de septiembre de 1782.

Torturada, ahorcada y descuartizada, y luego fue exhibida su cabeza y extremidades en los sitios en donde luchó, para escarmiento de los pueblos originarios opuestos a la colonización.

En Tiwanaku, Bolivia, en el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos Indígenas de América, en honor a esta heroína, se declara el Día Internacional de la Mujer Indígena.

Por ello, en honor a la lucha histórica de las mujeres indígenas, el movimiento latinoamericano hace un reconocimiento a la militancia y participación política de las mujeres indígenas.

En México, uno de cada diez mexicanos es indígena y un gran porcentaje de esta población son mujeres. La labor que realizan muchas veces no es reconocida, ya que las mujeres, y en mayor número las mujeres indígenas, se enfrentan a diversas desigualdades por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres.

Las mujeres indígenas en México han garantizado la reproducción de las lenguas, de las culturas y tradiciones de las diversas comunidades. Además, las mujeres indígenas somos parte fundamental en la defensa y continuación de la vida de los pueblos indígenas, así como en la permanencia de una sociedad en bienestar.

Esta iniciativa reconoce la importancia de fortalecer los derechos de las mujeres indígenas de todo el país y mandata a los gobiernos a que tomen las medidas necesarias para garantizar sus condiciones de vida y el ejercicio de todos sus derechos.

La mujer indígena es la base de la producción y la economía agroalimentaria nacional. Heredera de conocimientos milenarios que protege el patrimonio biocultural en beneficio de toda la nación.

En el artículo 2o. de la Constitución se reconoce y garantiza el derecho de la mujer indígena y se resalta la protección de su dignidad, integridad y derechos políticos, electorales. Pero aún seguimos siendo discriminadas, excluidas y aún no se nos garantiza el pleno ejercicio de nuestros derechos elementales.

Somos las que resistimos las diferentes formas de violencia estructural, precisamente por nuestra triple condición de exclusión, por ser mujer indígena y pobre. Y a pesar de ser impulsoras de la vida social y económica de nuestro país, en pleno siglo XXI seguimos siendo invisibilizadas.

Buscamos sumar esfuerzos para lograr el reconocimiento al arduo trabajo que las mujeres indígenas realizan a favor de la sociedad, toda vez que son artesanas, parteras, curanderas, herederas de conocimiento milenario y preservan las lenguas y culturas, así como las tradiciones ancestrales. Ellas son portadoras de conocimientos en medicina tradicional y de la biodiversidad de sus entornos.

De acuerdo con datos obtenidos del Instituto de los Pueblos Indígenas, actualmente México cuenta con 68 pueblos indígenas, de los cuales la mujer tiene una participación fundamental.

Es por ello que debemos sumar esfuerzos para concretar las acciones necesarias que garanticen el reconocimiento a este arduo trabajo a favor de los pueblos indígenas.

Por eso queremos establecer un día especial para la celebración de la mujer indígena, para que se promuevan acciones para asegurar una mejor calidad de vida, educación y respeto a este sector de la población.

Que se reconozca la importancia de fortalecer los derechos de las mujeres indígenas de todo el país.

Se trata de un acto de justicia y homenaje a las mujeres en la defensa de sus tierras y territorios, en la transmisión y revitalización de las lenguas propias, en la transmisión de las formas de curación y medicina propia.

Por su resistencia, a pesar de múltiples violencias y exclusiones que les afectan, el 5 de septiembre se busca...

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, su tiempo ha concluido.

La diputada Irma Juan Carlos: ... ser una fecha reivindicativa para honrar a todas nuestras ancestras, ausentes y presentes, que dieron y dan vida por nuestra libertad y autonomía.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de la soberanía el siguiente decreto. Que el Congreso de la Unión declara el 5 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la Mujer Indígena.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Diputada, concluya, por favor.

La diputada Irma Juan Carlos: Muchas gracias. Es cuanto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Consulte la Secretaria, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría, abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada que falte de votar? Sigue abierto el sistema. ¿Falta algún compañero diputado o diputada de emitir su voto? El sistema sigue abierto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Presidenta, se emitieron 443 votos en pro, 0 abstenciones y 0 en contra.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado en lo general y en lo particular, por 443 votos, el proyecto de decreto por el que se declara el 5 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Mujer Indígena. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE TURISMO

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X Bis al artículo 7o. de la Ley General de Turismo, en materia de turismo médico.

Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Luis Javier Alegre Salazar, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento.

El diputado Luis Javier Alegre Salazar:Con su permiso, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputado

El diputado Luis Javier Alegre Salazar: Compañeras y compañeros legisladores, a nombre de la Comisión de Turismo, y en especial de mis compañeras diputadas Olga Patricia Sosa Ruiz, del Partido de Encuentro Social, y la doctora Maiella Gómez Maldonado, de Movimiento Ciudadano, quienes con un servidor somos coautores de esta propuesta, hago este posicionamiento.

El hecho que hayamos trabajado esta iniciativa conjuntos tiene que ver con el interés mayor de nuestra Comisión de Turismo en no ver ni colores ni partidos para legislar a favor del turismo y de ver a México como un solo ente.

Agradezco también a todos los integrantes de la Comisión de Turismo por haber aprobado este importante dictamen.

Este dictamen sienta un precedente muy importante para la actividad turística, toda vez que se reconoce al turismo de salud que incluye al turismo médico, en constante crecimiento, como un segmento fundamental de la actividad turística.

Cada año miles de personas salen de Estados Unidos y Canadá y países de Europa en busca de tratamientos médicos especializados cuyos costos suelen ser muy altos en sus países de origen. México, en los últimos dos años se ha colocado como uno de los países preferidos por las personas que demandan este turismo, su crecimiento es y sigue siendo muy importante.

Es un segmento de turismo que es altamente trasversal, beneficia el sector de la construcción para hospitales y hoteles, la hotelería, porque no solo vienen los pacientes, sino son acompañados por sus parientes, y finalmente también impacta al sector salud.

Esto se ha logrado gracias a que nuestro país cuenta con profesionales de la medicina de primer orden y núcleos hospitalarios de excelencia. Esto ha permitido que gran número de los pacientes nacionales y extranjeros cada año reciban tratamientos que prolongan y mejoran su calidad de vida.

No hay nada como la atención y calidez de nuestras enfermeras y enfermeros y médicos mexicanos. México representa una gran oportunidad para los pacientes que nos visitan, ya que el costo de los tratamientos médicos se ubica, en promedio, entre un 40 y un 65 por ciento más bajos que en Estados Unidos.

En los últimos 10 años el turismo médico tuvo un crecimiento en divisas de un 120 por ciento al pasar de mil 788 millones de dólares a casi 4 mil millones de dólares.

Con este dictamen se sienta un precedente muy importante para dotar a la Sectur y a la Secretaría de Salud con atribuciones para que, en conjunto, puedan promover, en coordinación con las instituciones públicas y privadas, acciones en materia de turismo médico y de salud que favorezcan regular esta actividad.

Además, con esta propuesta se faculta a la Sectur para fomentar y promocionar el turismo médico y de salud, en coadyuvancia con la Secretaría de Salud. Con esta reforma se crea una disposición institucional para que ambas Secretarías puedan armonizarse bajo bases de coordinación sólidas que abonan a fortalecer el desarrollo de este importante segmento de la actividad turística.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, el turismo en nuestro país participa con el 8.9 por ciento del PIB nacional. Si bien está por debajo del promedio mundial que es del 10.4 por ciento, a ese nivel debemos aspirar. Propuesta como la que hoy discutimos va en esa dirección.

El sector turismo genera más de 4 millones 300 mil empleados directos y casi 10 millones de empleos indirectos, especialmente para grupos vulnerables que son los jóvenes y las mujeres.

En 2018 visitaron nuestro país 41.3 millones de turistas internacionales, los cuales aportaron 22 mil 526 millones de dólares, solo superado por las remesas y la inversión extranjera.

¿Y por qué es importante lo anterior? Porque en términos de la cuenta corriente, la balanza de pagos cuyo déficit superó en 2018 los 21 millones de dólares, el alto superávit de la balanza comercial de turismo supera los 11 mil millones de dólares y ha aportado mucho a la estabilidad financiera de nuestro país.

Actualmente ocupamos el segundo lugar en turismo médico a nivel mundial, solo superado por Tailandia, pero orgullosamente ocupamos el primer lugar a nivel global de turismo dental, por eso es muy importante seguir apuntalando este segmento de la actividad turística.

Y es por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, que los invito a votar a favor de este dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos, como promovente.

La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz:Buenas tardes. Con la venia de la presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz: México es reconocido a nivel mundial por la gran hospitalidad que ofrece a todas aquellas personas que buscan conocer nuestra cultura y convivir con nuestra gente.

La calidez y generosidad de las y los mexicanos siempre han sido distintivos que aprecia la comunidad internacional. Como nación, nos hemos sobrepuesto a las carencias, y eso nos hace ser un gran país.

Sabemos que son más y más turistas quienes tienen por propósito venir a visitar nuestras hermosas playas, nuestros pintorescos pueblos mágicos y nuestros legendarios monumentos arqueológicos.

En el PES actuamos firmemente y proponemos soluciones muy concretas para que el país pueda transformarse, pueda ser diferente y pueda hacer la diferencia. El dictamen de turismo médico que presento a esta soberanía, responde a la exigencia de responsabilidad social de dar acceso a la atención médica y de calidad a quienes se desplazan desde sus hogares a nuestra tierra.

Esto es muy importante. Sabemos que su tiempo es un bien escaso que debemos valorar al 100 por ciento y reconocemos que es uno de los motores que fortalece a nuestra economía.

El turismo médico contribuye a generar ingresos para nuestro país, a partir de ofertar servicios médicos de calidad y a costos accesibles para ciudadanos nacionales y extranjeros.

Este sector ha crecido de manera exponencial, de tal forma que al día de hoy se benefician hospitales, clínicas, médicos, enfermeras, paramédicos, laboratorios clínicos, farmacias, hoteles, agencias de viajes, líneas aéreas, servicios de transporte, restaurantes e inmobiliarias, dejando con ello una importante derrama económica que nos exige ofertar servicios con estándares universales que nos unan y den confianza a todos.

Desde Encuentro Social propuse la participación coordinada entre las Secretarías de Salud y de Turismo, a fin de que colaboren entre sí para la promoción y el óptimo desarrollo de programas y actividades en materia de turismo médico, de tal forma que con este vínculo se mejoren los servicios que se ofrecen en nuestro país.

Uno de los estados que destaca en esta área del turismo es mi muy querido Tamaulipas. La franja fronteriza del estado recibe diariamente a miles de norteamericanos residentes en el valle de Texas que visitan municipios como Matamoros, Laredo, Reynosa y Río Bravo, y pueden realizarse servicios dentales, exámenes médicos, cirugías plásticas reconstructivas, de cardiología, y muchísimas consultas generales más a precios accesibles y de calidad. Este hecho convierte a México en el segundo destino de turismo médico, y eso en el PES lo reconocemos.

Compañeras y compañeros legisladores, creemos en un sólido sistema de atención médica que atienda la salud de los mexicanos y de los extranjeros. No podemos dejar desprotegidos a quienes nos han elegido como destino.

Agradezco al presidente de la Comisión de Turismo y a mi compañera Maiella. Gracias, presidente Luis Alegre, a toda la Comisión de Turismo por haber votado a favor. Y hoy les pido su respaldo al presente dictamen que busca mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos y de todos aquellos que nos visitan. Otro México con turismo médico es posible. Hagámoslo nosotros. Es cuanto, diputada presidenta, gracias.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Maiella Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos, como promovente de la iniciativa.

La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado:Con su permiso, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante.

La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado: México, gran potencia en el turismo médico. Muy buenas tardes a todos. Quiero felicitar en primer lugar al presidente de la comisión, al diputado Luis Alegre, y por supuesto a mi compañera y amiga, la diputada Olga, pero de forma especial a esa voz de los clústers de todo el país que pudimos platicar con ellos, que pudimos escuchar sus necesidades y que el día de hoy nos tiene aquí.

Ya entrando en materia, quiero decirles que el consejo consultivo de turismo médico debe entenderse como el flujo internacional de viajeros con el fin de recibir servicios médicos que involucren varios procesos como consulta, intervención, hospitalización, atención clínica y provisión de medicamentos.

Y quiero hacer aquí un paréntesis. Los que más nos visitan son los estadounidenses, pero de forma particular nuestros connacionales. Y lo hacen porque tienen la confianza de los médicos en México y, sobre todo, porque pueden comunicarse con el idioma.

Quiero recalcar que, dada la relevancia turística de nuestro país junto con la oferta de servicios con los que contamos, es necesario enfocarnos a impulsar el ordenamiento y la transformación del turismo médico, fomentar un mayor flujo de inversiones de financiamiento. La promoción eficaz de estos destinos, impulsar también la sustentabilidad y, sobre todo, impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector.

Dichos objetivos se han desarrollado de manera gradual que, a la fecha, la profesión médica nacional, así como la inversión privada en materia de salud, ha incrementado sustancialmente.

Los profesionistas en la salud de nuestro país cada día son más especializados y mejor preparados. Cada día es mayor la generación de infraestructura y equipo médico moderno, de alta tecnología y de gran calidad.

Quiero decirles que el presente dictamen obedece así una necesidad de impulsar el turismo médico, sobre todo debido a las recientes estimaciones del Centro Internacional de Investigaciones para la Salud, que calculan que la industria del turismo médico crecerá hasta un 25 por ciento durante los próximos 10 años. Aprovechémoslo, aprovechémoslo.

Paralelamente, México se ha posicionado en el segundo lugar mundial de atención médica a extranjeros, de acuerdo a los datos elaborados del extinto ProMéxico. Y tan solo las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos médicos en nuestro país, les reitero, son un 80 por ciento más baratos que en Estados Unidos, lo que nos da una ventaja que, repito, no debemos desaprovechar.

La aprobación de este dictamen resulta una oportunidad única para nuestro país, pues la calidad de nuestros servicios médicos privados, el tipo de cambio del dólar con relación al peso mexicano y consecuentemente el buen precio en los tratamientos nacionales, así como los atractivos turísticos generales de nuestro México, resultan un fuerte incentivo para que la población extranjera nos visite, nos visite con motivo de su atención médica.

Quiero también agradecer a la Secretaría de Turismo, de forma particular al equipo que lleva turismo médico en la Secretaría, por toda su colaboración y por fundar las bases necesarias para que todos los clústers de nuestro país puedan realmente tener calidad y, sobre todo, esa certificación que tanto se necesita.

Por lo anterior, desde luego se consolida en lo que a continuación votaremos. Y por tal razón aplaudo, pues estoy convencida de que si abordamos conjuntamente empresas, sociedad civil y gobierno de manera adecuada estos pilares, podremos dar ese gran salto en corto plazo a mejores condiciones de la oferta turística en servicios de salud.

Hago un llamado a todos los médicos que quieran participar en turismo médico, que se acerquen de forma directa a la Secretaría de Turismo, porque, les reitero: México es una gran potencia para el turismo médico. Muchísimas gracias, y gracias por su voto.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: Diputadas y diputados, solicito su atención por favor. Procederemos a recoger la votación. En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por votar? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 427 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado en lo general y en lo particular, por 427 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X Bis al artículo 7 de la Ley General de Turismo, en materia de turismo médico. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

Queremos agradecer y saludar la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Ara Aivazian, embajador de la República de Armenia en México, quien asistió a la instalación del Grupo de Amistad México–Armenia, presidido por el diputado Adolfo Torres Ramírez.

Deseamos que el trabajo de este grupo de amistad sirva para continuar fomentando los espacios de diálogo y cooperación entre nuestras naciones. Sea usted muy bienvenido, señor embajador, a la Cámara de Diputados, y le deseamos todo el éxito al grupo de Amistad México–Armenia.

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Edith Marisol Mercado Torres, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento.

La diputada Edith Marisol Mercado Torres:Con la venia de la Presidencia.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada.

La diputada Edith Marisol Mercado Torres: Buena tarde, compañeras y compañeros diputados. A nombre de la Comisión de Deporte hago uso de esta tribuna para presentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, el cual tiene por objeto atribuir a la Conade la preservación de la cultura física y el deporte en los planes y programas educativos por medio de la educación física.

En el Plan de Desarrollo Nacional 2019–2024, turnado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, se señala que la activación física dará pie y sentará las bases para la práctica del deporte, es por ello que se necesitará de mejores profesores para esta rama, por medio de capacitaciones constantes.

Dentro del mismo plan se establece también que el programa educativo tendrá como mínimo tres horas de educación física a la semana y que las escuelas servirán como promotoras del deporte, impulsando a las ligas deportivas interescolares e intermunicipales.

Por ello, uno de los objetivos que se plantea el actual gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo es estimular la práctica de actividad física y regular en la población, sobre todo, en las niñas y en los niños.

Dicho lo anterior, los integrantes de la Comisión del Deporte consideramos que la ejercitación física continua puede producir una práctica y disfrute deportivo habitual, que puede contribuir positivamente a que los alumnos mejoren un rendimiento cognitivo y académico.

Gracias a la práctica deportiva de la educación física se pueden reducir problemas de salud, principalmente los relacionados con el sobrepeso y la obesidad.

En la actualidad, el objetivo de alcanzar una calidad de vida ha cobrado mucha importancia en la promoción de la salud, por tanto, la educación física es un instrumento pedagógico muy eficaz para desarrollar las pautas de conductas saludables para lograr este objetivo.

El sedentarismo, junto con la obesidad, supone un alto costo económico y conlleva un acortamiento o reducción de la esperanza de vida de las personas, de hasta de 10 años. En nuestro país se calcula que esto representa, aproximadamente, un gasto de 120 mil millones de pesos por año.

De acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los escolares de 5 a 17 años deberían acumular un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa.

Por todo lo anterior, el dictamen que hoy se pone a consideración de esta soberanía no contraviene ningún precepto constitucional, por el contrario, con la adición de la palabra “perseverando” y la frase “por medio de la educación física” a la fracción IX del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, se cumple con el principio de progresividad, estableciendo en el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con la adición propuesta se estaría protegiendo y resguardando la inducción de la cultura física y el deporte en los planes y programas educativos.

Con este dictamen también se pretende que la Conade no solo promueva y apoye, sino que también preserve en los planes y programas educativos la inducción de la cultura física y el deporte por medio de la educación física.

Con esto se observa claramente el cumplimiento del principio de progresividad al ampliar el alcance y la tutela del derecho humano previsto en el artículo 4o. constitucional.

De igual manera, el presente dictamen se encuentra acorde con lo que establece el párrafo 11 del artículo 3o. constitucional, que señala la obligación de que los planes y programas de estudio incluyan a la educación física y al deporte.

Es innegable considerar la activación física como un derecho humano fundamental para el desarrollo integral de las personas, por lo que se justifica que debe existir la preservación de la inducción de la cultura física y deporte en los planes y programas, a través de la educación física, tal como se propone en este dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, como promovente.

El diputado Ernesto Vargas Contreras:Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, uno de los fines que perseguimos en la Comisión de Deporte, mis compañeras y mis compañeros, a quienes agradezco el apoyo a esta iniciativa, a todas y a todos los grupos parlamentarios les agradezco, es estimular la educación física y la práctica del deporte.

Sin duda alguna, también es uno de los fines que persigue el Estado mexicano en su plan educativo. Es decir, que la educación física es el conjunto de actividades físicas y deportivas que se realizan en la escuela, contribuyen al mantenimiento y conservación de la salud y se concibe como parte fundamental de la educación integral del ser humano desde el momento en que le proporciona estimulación cognitiva, afectiva y motriz.

También permite la adquisición de habilidades, actitudes y hábitos para contribuir con un desarrollo armónico que se logra mediante actividades acordes a las necesidades e intereses en las diferentes etapas de la vida.

Sin embargo, hasta el momento la educación física no está del todo bien organizada ni forma parte de los engranes principales del sistema educativo. A nivel federal podemos ver que se han hecho algunos esfuerzos, algunos estados lo hacen, son casos aislados, pero no ha existido mucha congruencia al respecto.

No hay un plan estratégico de desarrollo al deporte por medio de la educación física, como método de cohesión social, de comprensión, de respeto, de reconocimiento, de afecto. Y si no hay plan estratégico de desarrollo desde la escuela, desde las niñas y desde los niños, los niños se encontrarán en un callejón sin salida en donde no van a tener una realización plena, no van a tener una oportunidad para desarrollarse, no van a tener una vinculación significativa con sus pares y van a terminar más bien atrapados en las adicciones o en problemas de salud que generan gran costo al Estado o problemas de salud como sobrepeso y obesidad.

Hay un dato muy interesante que me encantaría compartir con ustedes. Está comprobado que cada niño que es activado físicamente, que participa en sus clases de educación física con regularidad, reduce hasta en una décima parte la probabilidad de abandonar el colegio y tiene en un 40 por ciento mejores calificaciones.

Además, tiene, una vez que continúa en su progresión deportiva, a través del sistema educativo hasta llegar a la universidad, un 28 por ciento de posibilidades de alcanzar mejores salarios, es decir, el deporte genera productividad en el país, genera cuestión social, genera otra alternativa que no sea el crimen organizado y las adicciones a las drogas.

El problema es que se necesita que alguien lo coordine de manera muy comprometida, con mucha honradez y con mucha eficacia. La cultura física y el deporte deben ser realizadas en los espacios educativos, y esto debe ser mediante la educación física en los planes de estudio, con profesores capacitados, con la estructura necesaria para que puedan realizar su práctica dentro de las instituciones educativas.

Por esa razón es que el pasado periodo ordinario de sesiones presenté la iniciativa que tiene por objeto reformar la fracción IX del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para adicionar que la Conade tiene dentro de sus atribuciones, promover el desarrollo de los programas de formación, capacitación, actualización y los métodos de certificación en materia de cultura física y deporte, promoviendo, preservando y apoyando la inducción de la cultura física y el deporte en los planes y programas educativos por medio de la educación física.

No podemos seguir menospreciando ni disminuir la importancia de la educación física en nuestro sistema educativo.

Sin lugar a dudas el deporte siempre, en todos los países, y uno lo ve en la progresión que tiene en el desarrollo del deporte, lo que sucede en el deporte siempre será un reflejo de lo que está sucediendo en el país, siempre.

Compañeras y compañeros, con su voto a esta iniciativa vamos a ayudar a que, utilizando el deporte como una herramienta muy poderosa, desde la educación física, vamos a ayudar a transformar la vida de nuestras niñas, de nuestros niños, vamos a ayudar a transformar a nuestra sociedad, vamos a ayudar a la transformación de los núcleos sociales más elementales. Por su atención y por su voto, muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría, abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por votar? Sigue abierto el sistema. Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 412 votos en pro, 0 abstenciones y 0 en contra.

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Aprobado en lo general y en lo particular, por 412 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de abigeato.

Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Rubén Cayetano García, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104 numeral 1, fracción II, del Reglamento.

El diputado Rubén Cayetano García:Con su venia, diputada Laura Rojas, presidenta de la Mesa. Diputadas y diputados, es para mí un honor presentar en representación de los trabajadores y trabajadoras diputadas integrantes de la Comisión de Justicia, el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de abigeato.

El abigeato es la conducta delictiva definida en el Código Penal Federal como el apoderamiento de una o más cabezas de ganado sin el consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas. Se trata de un delito patrimonial de alto impacto considerando que México es un país con un alto valor productivo en materia agropecuaria.

De acuerdo con el Anuario Estadístico de la Producción Ganadera, el valor aproximado de esta actividad económica primaria ascendió a más de 400 mil millones de pesos tan solo para 2018.

Sin embargo, en consonancia con su alto valor económico, esta actividad ha atraído a la delincuencia, pues de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017 se abrieron 5 mil 562 carpetas de investigación por la comisión de este delito.

Además del abigeato y su equiparado, otros individuos involucrados en la cadena de producción ganadera y pecuaria prestan ayuda o participan en el negocio que sigue a la conducta delictiva.

El registro, transporte, sacrificio y comercialización de las cabezas de ganado constituyen instancias que permiten obtener beneficios económicos del objeto del delito, que son las cabezas de ganado o las colmenas, tomando en cuenta que como ganado se consideran también a una o más colonias de abejas en un apiario.

La participación de individuos en otras instancias posteriores al abigeato, resulta más grave cuando utilizan un cargo público para esos fines. Esta participación de funcionarios aparece como lógica si se considera que varias de esas acciones son facultad de instancias públicas.

Por ejemplo, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la función y servicio público del rastro estará a cargo de los municipios. Es ahí donde ocurren los sacrificios de los animales, algunos de ellos probablemente objeto de abigeato.

Otra actividad posterior al abigeato es el traslado de las cabezas de ganado. Para poder transportar legalmente a estos animales es necesaria la expedición de guías de tránsito. De acuerdo con el diagnóstico nacional sobre la implementación del programa de reforma a tres sectores prioritarios, gran parte de las entidades establecen en sus leyes ganaderas, de las uniones ganaderas... son quienes poseen la facultad de expedir aquellas guías.

A pesar de que la actividad ganadera tiene una clara vocación en diversos estados de la República, esta actividad delictiva que inhibe la inversión y provoca cuantiosas pérdidas trasciende a todo el país.

Por ello, en la Comisión de Justicia coincidimos con el problema planteado por el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, David Bautista, en la urgencia de implementar reformas que permitan inhibir la comisión de este delito que, como todos aquellos de naturaleza patrimonial, inhiben el crecimiento económico del país.

De esta forma, las reformas planteadas consisten en lo siguiente: reformar el artículo 381 Ter, para incrementar el límite máximo punitivo de 10 a 15 años y mantener el límite mínimo establecido en dos años. Y adicionar un artículo 381 Quintus, que contiene las conductas equiparables al abigeato. El sacrificio de ganado sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, la legalización por sí o por interpósita persona de documentos que acrediten la propiedad del ganado sin haber tomado las medidas indispensables para cerciorarse respecto a la procedencia legítima de los animales.

La expedición de documentación o permisos requeridos para la movilización de ganado, en contravención con la normatividad aplicable y la autorización del sacrificio de ganado en rastros sin la acreditación de su procedencia legítima.

Con estas modificaciones planteadas, expresamos nuestra intención de proteger al sector ganadero y con ello impulsar el crecimiento económico de nuestro país. Solicito, por lo argumentado, su voto a favor. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias por su atención.

Presidencia de la diputada Dulce María Sauri Riancho

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cayetano García. Tiene la palabra el diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado David Bautista Rivera:Con la venia de la presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la ganadería es una de las fuentes más importantes de alimentación, la cría de bovinos, ovinos, porcinos, equinos y aves, nos obsequian carne, leche y huevos, alimentos que se consumen en grandes cantidades en México, lo que nos brinda la oportunidad de gozar de una alimentación rica y saludable.

Sin embargo, en los últimos meses el sector ganadero se encuentra preocupado por la reciente desaparición de sus animales. Estos denunciaron el incremento del robo de ganado, donde el mismo personal que lo cuida ingresa a los terrenos o domicilios para destazarlo, llevándose todo para su venta a las carnicerías, dejando solamente las vísceras y las patas.

Con base en los informes del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal, en lo que va de este año, en Tabasco, se generaron 379 robos; en Veracruz, 181; Aguascalientes, 164. Posteriormente Guanajuato, con 154 reportes, y Puebla, ubicado en el doceavo lugar, con 105 robos.

Además del abigeato y su equiparado, otros individuos involucrados en la cadena de producción ganadera y pecuaria presentan ayuda, participan en el negocio que sigue en la conducta delictiva.

El registro, el transporte, el sacrificio y comercialización de las cabezas de ganado constituyen instancias que permiten obtener beneficios económicos del objeto del delito, que son las cabezas de ganado y las colmenas.

Según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a las averiguaciones previas y carpetas de investigación, indican que del 2015 al 2017 se realiza el robo de ganado sin violencia. No obstante, en el 2018 e empezaron a registrar robos de ganado con violencia.

Resultado de esto, en lo que va del año un aumento del 6.2 por ciento de este tipo de robo a nivel nacional.

Casi 7 millones de mexicanos cada día se enfrentan a los robos constantes de su ganado. El precio de cada res y caballo ronda entre los 10 y 20 mil pesos, y los borregos desde 5 a 12 mil pesos, dependiendo su peso.

Las medidas y declaraciones de autoridades respecto a la introducción de animales, objeto de abigeato, a rastros municipales no es un hecho aislado, esto ocurre en diversas entidades del país.

El delito de abigeato constituye un grave problema para el desarrollo económico del país, porque atenta contra las actividades primarias y de autoconsumo en México.

Este escenario empeora porque en nuestro sistema jurídico no se considera como un delito grave el abigeato ni las acciones que resultan de este, como son: el sacrificio al ganado sin consentimiento, los rastros clandestinos, la expedición ilegal del ganado, entre otras, por lo que en la actualidad el abigeato es apto al apego de finanzas muy bajas, incluso por debajo del valor del ganado robado, lo que se traduce en atractivas ganancias para quien comete este delito.

Al terminar con el abigeato estaremos también acabando con los rastros no oficiales, que mantienen la carne insalubre. Es por eso que se debe garantizar el Estado de derecho en la ganadería.

Es por esto que se deben modificar diversas disposiciones al Código Penal Federal, en materia de abigeato, que generen certidumbre jurídica a los productores ganaderos. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Bautista Rivera. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: En votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría, abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La secretaria diputada Maribel Martínez Ruiz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputados que falte por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 406 votos en pro, 0 abstenciones, 0 en contra, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular, por 406 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de abigeato. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

COMUNICACIONES OFICIALES

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continuamos. Dé cuenta la Secretaría con las comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

La secretaria diputada Lizbeth Mata Lozano: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, la modificación en la integración de los Grupos de Amistad que se señalan, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Morena.

• Que la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Trinidad y Tobago.

• Que el diputado Diego Eduardo del Bosque Villarreal cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Nigeria.

• Que el diputado Manuel Huerta Martínez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Canadá.

• Que la diputada Beatriz Rojas Martínez cause alta como vicepresidenta en el Grupo de Amistad México-Argentina.

• Que la diputada Beatriz Rojas Martínez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Bolivia.

• Que la diputada Maribel Aguilera Chairez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Japón.

• Que la diputada Maribel Aguilera Chairez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Estados Unidos.

• Que la diputada Maribel Aguilera Chairez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-España.

• Que la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Uruguay.

• Que la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Noruega.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Respetuosamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2019.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), presidente.»

En votación económica, se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobados y comuníquense.

Se informa a la asamblea, que el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a los hechos de Santiago de Compostela, Nayarit, se desahogará conforme al procedimiento establecido en el artículo 113, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Esto es, un diputado o diputada por cada grupo quienes podrán hablar hasta por tres minutos, en orden creciente.

Una vez finalizadas las intervenciones se consultará a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido y, de continuar el debate, se abrirá una ronda más para pasar a la votación nominal.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

REESTABLECIMIENTO DE LA CERTIDUMBRE Y LA SEGURIDAD JURÍDICA EN EL MANDATO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMPOSTELA, NAYARIT

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Proceda la Secretaría a dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para restablecer la certidumbre y la seguridad jurídica en el mandato de la presidencia municipal de Compostela, Nayarit.

El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIV Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la honorable Cámara de Diputados con respeto a la autonomía estatal exhorta respetuosamente a los poderes del Estado de Nayarit, para que dentro de sus atribuciones y facultades intervengan para reestablecer a certidumbre a seguridad jurídica en el mandato de la presidencia municipal de Compostela, Nayarit en el honorable ayuntamiento de Compostela y se cumpla el mandato y la voluntad popular de los electores expresada el pasado 4 de junio de 2017, preservando a las autoridades a quienes legalmente corresponde desempeñen sus funciones.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente:

Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados con respeto a la soberanía estatal, exhorta respetuosamente a los poderes del estado de Nayarit, para que dentro de sus atribuciones y facultades intervengan para reestablecer la certidumbre, la seguridad jurídica en el mandato de la presidencia municipal de Compostela, Nayarit en el honorable ayuntamiento de Compostela y se cumpla el mandato y la voluntad popular de los electores expresada el pasado 4 de junio de 2017, preservando a las autoridades a quienes legalmente corresponde desempeñar sus funciones.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados, exhorta a las autoridades de la Fiscalía General del estado de Nayarit, para que investiguen neutral y objetivamente y en su caso, sancione a los responsables de los hechos realizados en contra del ciudadano Conrado López Álvarez, el pasado 21 de octubre de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2019.— Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica), presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado René Juárez Cisneros, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica, p.a.), coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Está a discusión el acuerdo. En los términos establecidos en la fracción I, numeral 1, del artículo 113 del Reglamento, se otorgará la palabra a las y los diputados para precisar su postura hasta por tres minutos.

Tiene la palabra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El problema de Compostela, Nayarit, es un problema complejo pero que se encuentra ya en solución por parte de las autoridades locales competentes. Desde nuestra perspectiva, esta no es una situación que carezca de importancia, pero ya tomo sus cauces institucionales.

Para explicarnos mejor, debemos iniciar diciendo que la persona que fue electa como presidenta municipal el 4 junio del 2017, la ciudadana Gloria Núñez, pidió licencia para tomar protesta como senadora de la República y, en consecuencia, según el artículo 137 de la Constitución del estado de Nayarit, se encuentra impedida para ejercer nuevamente el cargo.

Por otra parte, la ciudadana Kenia E. Núñez Delgado, quien ejerció como presidenta municipal sustituta, se encuentra vinculada a proceso en la causa penal 1593/2019 por su probable intervención en los hechos que la ley señala como delito de ejercicio indebido en funciones, en agravio del ayuntamiento de Compostela, Nayarit, así como los delitos de abuso de autoridad, peculado y falsificación de documentos, por el uso indebido de más de 15 millones de pesos.

El juez de control del juzgado de primera instancia del sistema penal acusatorio y oral con sede en Tepic, Nayarit, durante la audiencia inicial celebrada el 25 de septiembre del 2019, le dictó como medida cautelar, la suspensión temporal en el ejercicio del cargo de presidenta municipal suplente de Compostela, Nayarit, además de otras medidas cautelares.

En los primeros días del mes de 2019, Ramón Morán Galaviz, regidor del ayuntamiento, fue nombrado por el cabildo como presidente municipal interino, a pesar de la interposición de dos solicitudes de amparo en contra de esta resolución y que fueron negados con fecha 27 de mayo y 17 de julio de 2019.

Debemos señalar que, si bien se resuelve legalmente la titularidad interina de la presidencia municipal, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario del PRD, el único llamado que podríamos hacer a las autoridades de aquella entidad, es que, dado que fue electa una mujer, la persona que se designe para sustituirla sea precisamente una mujer, situación a la que el punto de acuerdo que acaban de hacer lectura no hace referencia alguna.

En cuanto al segundo resolutivo, la redacción violenta la autonomía de la propia Fiscalía General del estado cuando sostiene que los hechos deben ser investigados de manera neutral y objetiva, cuando esa es precisamente la naturaleza de la propia institución.

En esta Cámara hemos exhortado a las autoridades y fiscalías estatales, sin embargo siempre hemos respetado su independencia en el desarrollo de sus actividades de manera institucional. En este segundo resolutivo se emiten juicios de valor que violentan esta autonomía y generan incertidumbre respecto al desarrollo mismo de las instituciones locales.

En el Grupo Parlamentario del PRD repudiamos todo acto de violencia, sin embargo, debemos señalar que sobre el ciudadano Conrado López Álvarez pesan señalamientos que lo vinculan con la venta y compra de autos y maquinaria de manera ilícita. Por lo que se hace referencia, podría tener un cariz no de agresión, sino de vendetta.

Es por ello que, si bien coincidimos en la necesidad de que se realicen las investigaciones relativas a estos acontecimientos, no podemos coincidir en la redacción de estas propuestas. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Juárez Piña. Tiene el uso de la palabra, la diputada Zulma Espinoza Mata, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Zulma Espinoza Mata:Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y diputados. Es indudable que todos coincidimos en la garantía del Estado de derecho como condición política para conducir los asuntos del gobierno en cualquiera de sus Poderes.

En el Partido Verde Ecologista de México estamos a favor de la legalidad y de que el actuar de cualquiera institución o persona en el país se conduzca apegándose a ella. No podemos alejarnos de esa premisa.

En dado caso, derivado de una solicitud de licencia por parte del titular de un cargo de elección popular para ser candidata o candidato a otro, se tiene que asumir la separación del primero.

Conforme al artículo 125 constitucional, ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular ni uno de la federación ni otro de una entidad federativa que sean también de elección, pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar.

No se puede esperar que después de una solicitud de licencia de un cargo y separado de una responsabilidad en la que se eligió desempeñar otra, se siga teniendo influencia alguna al anterior, limitando las funciones de la persona en el encargo.

De igual manera, si la única autoridad competente para la suspensión y/o remoción de un regidor, síndico o presidente es el congreso de un estado, a eso debemos apegarnos una vez que exista la investigación y los elementos necesarios para tomar la determinación. Eso es lo que tiene que suceder y debe ser el procedimiento para cada caso. No puede ser de otra manera.

Por mucho que una persona quiera tomar un camino distinto, nuestras instituciones, leyes y normatividad no pueden ser vulneradas a la ligera ni manejadas al capricho de los individuos; si no existe notificación en el congreso local por parte de algún ayuntamiento sobre la suspensión o nombramiento de cualquier persona como un presidente interino, no tendría por qué existir controversia alguna.

Asimismo, las fiscalías generales de los estados no deben ser sometidas a intereses de grupos ni personales de ningún nivel. Los procesos no deben estar condicionados a que se actúe con determinada manera, sino debe ser un actuar conforme a derecho, con investigaciones claras, públicas y con rigor, para poder sancionar a quienes resulten responsables de cualquier acto ilícito.

Adicionalmente, un juez de distrito no debe enfocar su estudio de manera parcial considerando los argumentos de la aplicación de las normas de orden administrativo, pasando por encima del ámbito constitucional al que está obligado.

En el Partido Verde siempre estaremos a favor de los principios y preceptos constitucionales, a favor de las instituciones y que estas sean conducidas con la debida rectitud y transparencia para que aporten certeza a la población y se acceda a la justicia a quien demuestre tener la razón.

Nos sumamos a que las autoridades correspondientes actúen conforme a derecho con la imparcialidad debida y que se realicen a profundidad las investigaciones correspondientes, deslindando las responsabilidades que resulten conducentes. Muchas gracias. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Espinoza Mata. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar:Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el grupo de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente acuerdo. Y lo hacemos porque nuestro grupo parlamentario siempre ha estado a favor de preservar la legalidad y la certidumbre electoral y democrática.

Quiero dejar claro que nuestra fracción parlamentaria manifiesta su respeto irrestricto al estado libre y soberano de Nayarit.

Sin embargo, advertimos algunas irregularidades en lo que podría ser un acto de poner en riesgo la voluntad de los ciudadanos que votaron en las elecciones en ese municipio de Compostela, sobre todo en los actos que tienen que ver con la solicitud de licencia al pleno del ayuntamiento y a la Cámara de Senadores de una representante popular.

Si bien es cierto, estos hechos ya son cosa juzgada en algunos de los casos y ha intervenido el Tribunal Electoral de la Federación a partir de resolutivos y sentencias que en algunos de los casos ya causaron estado, no desconocemos, y es la base de nuestro posicionamiento, que algunas versiones aseguran que personas públicas de ese municipio pudieran estar involucradas en hechos de posible corrupción y conflicto de interés.

Por lo anterior, consideramos que es viable exhortar de manera respetuosa a los Poderes de Nayarit, pero con el debido respeto a su soberanía, con la única finalidad de que se realicen las investigaciones de manera imparcial, de manera objetiva. Pero, además, que se preserve el respeto a la vida democrática de la República y de los estados.

No omitimos señalar también que se han presentado algunos incidentes preocupantes de violencia, que desde aquí repudiamos, como lo hemos hecho en cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la vida de las personas.

Rechazamos cualquier acto de violencia para dirimir las diferencias políticas, ya que en Movimiento Ciudadano estamos a favor de que sean las instituciones y a través de la vida democrática que se diriman los conflictos entre el poder público.

Votaremos a favor porque estamos a favor de la legalidad, pero dejamos en claro que es con pleno respecto a la autonomía del estado de Nayarit. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Villarreal Salazar. Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Compañeras y compañeros, en Compostela, Nayarit, ganó la hoy senadora Gloria Núñez. Se fue de campaña, quedó de primera minoría en el Senado, tomó protesta en el Senado. Estaba la suplente en su lugar, Kenia Núñez, que, aunque tiene el mismo apellido, no tiene parentesco.

La senadora pidió licencia al Senado para regresar a la alcaldía de Compostela y tomar el control del lugar. ¿Por qué? Porque hay un negocio de mil 800 millones de dólares en las playas de Compostela. Ese es el tema.

Y la suplente promovió un juicio de derechos civiles; lo ganó; obligó a la senadora a regresar el cargo, a pesar de que la Constitución de Nayarit establece no solo que no puedes tener dos cargos, sino que, si te vas a un cargo federal, ya no puedes regresar a la presidencia municipal.

Bueno, Gloria Núñez regresó, perdió el juicio. Y después hubo una disputa porque la hoy senadora quería tener el control y quiere tener el control y tiene el control del ayuntamiento de Compostela. De hecho, sigue una foto de ella dentro del ayuntamiento, como si fuera la alcaldesa.

El contralor interno destituyó arbitrariamente a la alcaldesa, porque no tiene facultades para quitarla. Nadie puede quitar más que el congreso local a un integrante del cabildo. No solo hizo eso, sino nombró a un interino, hombre, sin importarles que ahí había sido mujer la elegida, para que estuviera al frente como representante en los negocios de la senadora Gloria Núñez.

El lunes pasado había una protesta muy importante del pueblo de Compostela por este problema que se viene arrastrando ya de más de un año. Y el compañero Conrado López Álvarez, que esperaba en el pueblo de Xalisco –con equis– Nayarit, a 10 minutos de Compostela, que pasaran a recogerlo, recibió un tiro en la cabeza.

Yo hablé con el gobernador y el gobernador me dijo que le habían querido robar un auto, cuando el compañero ni auto llevaba, estaba esperando a que pasaran por él para ir al mitin.

Y hoy aquí el PRD, su fracción sostiene que el tipo vende autos y que fue una cosa oscura. Es una canallada que sobre un hecho tan grave y tan cobarde de haber atentado contra la vida de uno de los abogados que ahí ha estado denunciando este hecho irregular, todavía se quiera justificar la agresión.

Fui promotor de que se diera este debate. El punto de acuerdo es una propuesta de Morena, que me parece muy cuidadosamente redactado. Y les pido que lo votemos a favor, porque no debemos permitir el atropello en ningún punto del territorio nacional.

Me parece que deben hacerse las investigaciones a fondo sobre la agresión. Me parece que debe restituirse la legalidad. Me parece que debe respetarse el voto de la gente en Compostela. Y me parece que no se debe seguir convalidando este tipo de atropellos. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Fernández Noroña. Tiene el uso de la palabra el diputado José Ramón Cambero Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado José Ramón Cambero Pérez:Con su venia, diputada presidenta. Compañeros y compañeras, la verdad que antes de expresar algunas consideraciones respecto al tema que hoy nos ocupa, quisiera llamar la atención de la asamblea.

La verdad es que en México existen aproximadamente 2 mil 500 ayuntamientos, todos los ayuntamientos tienen dificultades diversas, desde el punto de vista de gobernabilidad, finanzas, inseguridad.

Pudiéramos dar muchos ejemplos, pero el horno no está para bollos, tenemos que ser muy responsables en nuestra actuación. Si empezamos a traer asuntos de los ayuntamientos a esta honorable legislatura, el día de mañana no solamente vamos a ampliar el periodo un mes, sino vamos a tener que sesionar todo el año, todos los días, para desahogar los diversos temas.

La verdad que nos ocupamos sembrar la unión, no la desunión, que haya reconciliación. En Compostela, es un municipio donde hay paz, donde hay orden, pero, sin embargo, efectivamente, han pasado algunos hechos que aquí se han narrado parcialmente ciertos.

Lo que sí existió, lo que aquí se ha dicho, la senadora o la presidenta municipal, hoy senadora, participó en el proceso 2018. Ganó, ella eligió irse al Senado, el ayuntamiento le toma protesta a la presidenta suplente. En ese ínter, como es su derecho, la senadora decide regresar y lo que sucede es que después de algún tiempo ella decide tomar una última decisión y quedarse en el Senado, esa fue su voluntad.

Pero debo decirles que, en esos días posteriores, el ayuntamiento integra unas averiguaciones y un expediente y la presidenta suplente tiene dos procesos, uno por la vía administrativa por el órgano de control, y otro por la vía penal.

La presidenta está impedida jurídicamente, la presidenta suplente, para regresar al ayuntamiento, para estar al frente del ayuntamiento. Lo que hizo el ayuntamiento, de acuerdo a lo que la ley del gobierno municipal señala, sesionar y nombrar un presidente municipal para que se hiciera cargo de lo que es el ayuntamiento. Eso es lo que ha sucedido.

Concluyo, presidenta, con lo siguiente. La verdad, el ayuntamiento está integrado de manera plural, para que quede constancia. Hay regidores del PAN, regidores del PRI...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo se ha agotado.

El diputado José Ramón Cambero Pérez: –Con todo gusto concluyo, presidenta–. Del PT, de Morena, del PRD y de Movimiento Ciudadano.

Yo quiero decirles que no caigamos en berrinches, que legislemos por el bien de México y no le hagamos caso a quien se siente redentor no nada más de la patria sino del mundo... diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañero diputado, su tiempo se ha agotado. Muchas gracias, diputado Cambero Pérez. Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, miren, esta historia bien pudiera encuadrarse en una especie de ley de Herodes, aunque en el caso de Nayarit, y concretamente en el caso de Compostela, pudiéramos llamarla de la gloria al infierno en Compostela.

Lo digo porque creo que quienes nos han antecedido en el uso de la palabra han expresado qué es lo que acontece en Compostela.

No es un tema que nos sorprenda, pero sí es un tema que en verdad indigna y esta soberanía está obligada a exhortar a las autoridades a que se restituya el Estado de derecho.

Esta ambición de los políticos tradicionales de seguir manteniendo a toda costa el control político de su pueblo es lo que tiene hoy así a una ciudadana que también fue votada, para que sea recluida en la cárcel en Nayarit. Y me refiero a Kenia Núñez, la suplente, que ha sido llamada a tomar protesta una y otra vez y cuando ya se agotó, después de una resolución del tribunal, que obligó a la senadora a tomar el cargo para el cual fue electa, entonces hicieron uso de toda una serie de maquinaciones para que, a través de un órgano de control interno de la contraloría municipal, se le suspendieran los derechos y se le retirara del cargo de presidenta a Kenia Núñez.

Yo vengo a expresar el respaldo absoluto a Kenia Núñez y a pedir que se restituya el Estado de derecho en Compostela, Nayarit.

Por todo lo que hemos expresado, quiero decirlo con todas sus letras, condenamos desde esta tribuna el uso de las instituciones mexicanas de fiscalización y control de los recursos públicos, así como de procuración de justicia, como instrumentos de persecución política para los adversarios, y como mecanismos antidemocráticos de acceso al ejercicio del poder público.

Llamamos al Congreso local de Nayarit a que dé la cara, a que realice las gestiones oportunas para resolver el conflicto político y restablezca el orden constitucional. Ustedes tienen la última palabra. Pero nunca más usar las instituciones del poder para golpear a quien piensa diferente. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Jarero Velázquez. Consulte la Secretaría a la asamblea, si el acuerdo se encuentra suficientemente discutido.

El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Se consulta, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría, abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación nominal del acuerdo.

El secretario diputado Héctor René Cruz Aparicio: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal del acuerdo.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 251 votos a favor, 21 abstenciones y 53 votos en contra.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado. Comuníquese.

INTERVENCIONES DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

EXHORTO PARA QUE SE DÉ CON LOS RESPONSABLES DEL ATENTADO EN CONTRA DEL EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, ESTADO DE MÉXICO

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Han solicitado hacer uso de la palabra, desde su curul y por un minuto, varias compañeras y compañeros diputados. Procederé a darles el uso de la palabra.

El diputado Luis Enrique Martínez Ventura, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Sonido a la curul del diputado Martínez Ventura, por favor.

El diputado Luis Enrique Martínez Ventura(desde la curul): Gracias, presidenta. El día de hoy aproximadamente a las 11 horas, el presidente municipal de mi tierra, Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México, Francisco Tenorio Contreras, fue objeto de un atentado con arma de fuego y que lamentablemente lo tiene en estado muy delicado y de pronóstico reservado.

Por esta razón quiero hacer primero un exhorto a la autoridad correspondiente para que se dé con el o los responsables de este hecho y se aplique la ley como corresponde en estos casos tan dolorosos para la sociedad y que se han repetido, pues no olvidemos que hace un par de meses también sufrió un atentado y falleció el cuarto regidor del municipio de La Paz, municipio vecino de Valle de Chalco.

Pero también quiero hacer un llamado a la sociedad vallechalquense y a la sociedad mexicana, para que cada uno hagamos la parte que nos corresponde, para generar un ambiente más llevadero, que nos permita construir la paz que tanta falta nos hace.

Hago votos por el restablecimiento de la salud de mi presidente municipal y expreso a su familia mi solidaridad. Es cuanto. Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Martínez Ventura.

AGRADECE EL INCREMENTO SALARIAL PARA LOS DOCENTES BILINGÜES DE NIVEL INICIAL PREESCOLAR Y PRIMARIA DE EDUCACIÓN INDÍGENA

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Araceli Ocampo Manzanares(desde la curul): Con su venia, señora presidenta. Para informar a esta soberanía que gracias a las diversas reuniones que llevamos a cabo con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, se acordó un incremento salarial considerado en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 para los docentes bilingües de nivel inicial preescolar y primaria de educación indígena.

Quiero expresar mi mayor agradecimiento a nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Educación Pública, maestro Esteban Moctezuma Barragán, así como al titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, Héctor Martín Garza González, y al director general de Educación Indígena, Javier López Sánchez, por sus consideraciones.

Agradecer también a todas las personas que intervinieron en esta gestión por su colaboración, dedicación y esfuerzo para otorgar un aumento salarial a los maestros y maestras de educación indígena, esperando a la brevedad posible ver reflejado un salario justo.

Con estas acciones reafirmamos que en esta cuarta transformación tenemos el compromiso de dignificar y retribuir su valioso trabajo, fortaleciendo la educación intercultural, plurilingüe en beneficio de las comunidades originarias...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Compañera diputada, su tiempo se ha agotado.

La diputada Araceli Ocampo Manzanares (desde la curul): ... de nuestro país. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ocampo Manzanares.

SOLICITA UN INCREMENTO PRESUPUESTAL AL CAED, CENTRO DE ATENCIÓN DE PLANTELES FEDERALES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra la diputada Abelina López Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Abelina López Rodríguez(desde la curul): La educación para personas con discapacidad ha estado en un nivel de marginalización desde siempre en México. La discapacidad, todos la traemos momento a momento. He ahí que en México existen 5.7 millones de personas que padecen alguna discapacidad, cifra que equivale al 5.1 por ciento de acuerdo al Inegi.

El gran olvidado es el CAED, hoy denominado centro de atención de planteles federales de educación media superior de estudiantes con discapacidad. De ahí que las evidencias presupuestales corroboran lo dicho. En el 2018, 45 millones 844 mil; en el 2019, 33 millones 0.16 mil; en el 2020, 32 millones 521 mil, por lo cual solicitamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que se reconsidere un incremento.

Desde aquí decimos que la transformación de un país pasa por el reconocimiento de las personas con capacidades diferentes. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada López Rodríguez.

PIDE A LA CONAPRED HACER ESTUDIOS PARA PODER DECLARAR A LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL Y SANTA MARÍA CHIMALAPA COMO ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Rosalinda Domínguez Flores(desde la curul): Con el permiso de la Mesa. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Conap, es un órgano descentralizado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, que inició actividades el 5 de junio del 2000 y es la encargada de la administración de las áreas naturales protegidas.

En México existen diversos tipos de áreas protegidas federales, estatales, municipales, comunitarias, ejidales, privadas y áreas naturales protegidas. Este fin de semana tuvimos reunión con los dos municipios de San Miguel y Santa María Chimalapa.

Le pediría a la Conapred que haga todos los estudios y diagnósticos para poder declarar estos dos municipios como áreas naturales protegidas. Es cuanto, gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Domínguez Flores.

CLAUSURA Y CITA

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (a las 18: 55 horas): Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar mañana miércoles 30 de octubre a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 9 horas.

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