INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 10 de septiembre de 2019 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Presidenta.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 75 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

2. Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos, a cargo de la diputada Juana Carrillo Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen, y a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Marina, para opinión.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a la Dirección General del Sistema Colectivo Metro, a establecer acciones que garanticen una mayor accesibilidad a dicho servicio, creando infraestructura suficiente y de calidad que promueva la inclusión, a cargo del diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, a realizar un informe especial del Plan de Refinanciamiento de Deuda de Petróleos Mexicanos, a cargo de la diputada Gloria Romero León, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados, a generar los acuerdos correspondientes con el Senado de la República, para la creación de un Grupo de Trabajo Bicameral para coadyuvar y dar seguimiento al acuerdo con fecha de 7 de junio de 2019, celebrado entre México y los Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, para realizar una sesión solemne a los atletas medallistas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, realizados en Lima, Perú, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SCT y a Capufe, a eliminar las plazas de cobro de peaje del municipio de Tonalá, Jalisco, a cargo del diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CAME, a emitir los lineamientos para la reducción de emisiones en la Ciudad de México, a cargo del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas autoridades federales y del Estado de Jalisco, a realizar las gestiones que garanticen la salud y la protección al medio ambiente de los habitantes de las comunidades de Ahuacapán y El Mentidero, municipio de Autlán de Navarro, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, para fortalecer las acciones en materia de prevención y atención de los delitos cometidos en contra de mujeres, suscrito por diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, relativo a la ampliación de la carretera San Cristóbal de las Casas-Comitán, en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez.

Turno: Comisión de Infraestructura, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conanp, a implementar medidas urgentes para la conservación del ajolote mexicano y demás ambystomas que habitan en el país, a cargo de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, para realizar una consulta pública en el Valle del Mezquital, en el Estado de Hidalgo, correspondiente al proyecto Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional, en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y reubicación de instalaciones militares, suscrito por la diputada Gloria Romero León y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Infraestructura, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a declarar al cambio climático como una emergencia nacional e implementar políticas públicas, programas y acciones responsables y efectivas, para revertir sus efectos, a cargo de la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Sonora y al Conadis, a realizar diversos convenios de colaboración que permitan el cumplimiento de la accesibilidad a las personas con discapacidad en materia de salud, asistencia social, empleo, educación, vivienda, transporte público y comunicaciones, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ISSSTE, a implementar cursos y talleres conducentes a la sensibilización y educación del personal a su cargo en materia de relaciones de género y derechos humanos, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a ejecutar acciones que garanticen contar con un registro homologado sobre el cáncer infantil en nuestro país, suscrito por diversos diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas instituciones, a implementar campañas y reforzar las ya existentes para combatir el robo, venta o sustracción del territorio nacional de piezas arqueológicas, paleontológicas o cualquier otro tipo de vestigio histórico o cultural de nuestro país, a cargo de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas, a armonizar su marco legal a fin de fortalecer en sus legislaciones correspondientes, que el delito de violencia familiar sea perseguible de oficio, suscrito por la diputada Nohemí Alemán Hernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a instrumentar una estrategia emergente de seguridad y a fortalecer la coordinación con el gobierno de Michoacán, ante la ola de violencia que vive la entidad, a cargo del diputado Héctor Yunes Landa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas autoridades del Estado de Nuevo León, a realizar las acciones necesarias para atender y dar solución a la problemática que viven los habitantes del municipio de Hidalgo con respecto a la regularización de sus predios, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaria de Salud y al IMSS, a emitir las normas necesarias de salubridad para evitar usar material médico fuera de los hospitales por parte de todo el personal de salud, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la SFP, a emprender las acciones necesarias a fin de identificar, sancionar y prevenir diversas irregularidades en la adquisición, adjudicación y contratos para la compra y disposición de leche en los puntos de distribución del organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, a cargo del diputado Ismael Alfredo Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del Estado de Guanajuato, a armonizar su respectiva legislación con la Ley General de Victimas y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener y a Pemex, a dar máxima publicidad y transparentar los contratos y avances de la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, para llevar a cabo las acciones conducentes a efecto de verificar que el ganado que se enajena en el centro comercializador de Tepeaca, durante el ingreso y salida del mismo, cuente con todos sus antecedentes de origen y destino, a cargo de la diputada Carmen Mora García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Ganadería, para dictamen.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México, a realizar un diagnóstico integral de la situación actual del Sistema de Transporte Colectivo Metro en materia de mantenimiento, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas autoridades, a considerar a la miel como un alimento recomendable para su consumo y expendio en las escuelas del sistema educativo y se incluya en los desayunos escolares, a cargo de la diputada Carmen Mora García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas autoridades del Estado de Baja California, a brindar atención inmediata a la problemática de feminicidio y hacer la solicitud de declaratoria de alerta de género para dicha entidad federativa, a cargo de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

28. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a declarar la veda total indefinida para todos los bosques ubicados dentro del límite del Estado de México, así como en los bosques de la República Mexicana que estén sufriendo deforestación indiscriminada, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

29. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, para armonizar, elaborar e implementar los protocolos para la atención y acceso al aborto legal y de atención posterior, aunque no sea legal, a cargo de la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

30. Con punto de acuerdo, relativo a la recuperación ambiental de la Laguna Plan de los Pájaros de Loma Bonita, Oaxaca, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

31. Con punto de acuerdo, relativo a la implementación de medidas urgentes para el saneamiento y la sanción de delitos ambientales por la mortandad de peces y contaminación del Río Tonto, limítrofe de los estados de Veracruz y Oaxaca, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

32. Con punto de acuerdo, relativo a los avances obtenidos y a las acciones pendientes en lo que concierne a los objetivos del Programa Nacional de Reconstrucción, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Vivienda, para dictamen.

33. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los organismos y dependencias que conforman el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a emitir a la brevedad el protocolo homologado de búsqueda, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

34. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guanajuato, a establecer una estrategia preventiva en las políticas públicas en materia de los derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

35. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaria de Bienestar, a acelerar la actualización de sus plataformas relacionadas con la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, con la finalidad de que los gobiernos municipales puedan destinar como máximo hasta 60% de los recursos del FISM-DF a proyectos clasificados como de incidencia complementaria, a cargo del diputado Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, para dictamen.

36. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sader y al Senasica, a modificar la NOM-064-ZOO-2000, a cargo de la diputada Mirna Zabeida Maldonado Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

37. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la FGR, para que reencauce la investigación del caso Ayotzinapa, subsane las omisiones y consigne a los presuntos responsables por el delito de desaparición forzada de personas; y al Consejo de la Judicatura Federal para que a través de la Visitaduría Judicial realice una inspección exhaustiva en aquellos juzgados donde se ventilan los procesos relacionados con el caso Ayotzinapa, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

«Iniciativa que reforma el artículo 75 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71,fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, fracción I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos y aplicables, somete a consideración esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción XII del artículo 75 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho a la educación es uno de los derechos humanos más importantes en cualquier Estado que pretenda progresar económicamente, esta teoría ha sido reconocida a través de la historia de la humanidad, tal es el caso del filósofo Platón cuando afirmó que “Si un hombre deja de lado la educación, camina cojo hasta el final de su vida”, o como es el caso del premio nobel en economía Gary Becker quien en su libro titulado “Teoría del Capital Humano”, se aduce que para que un Estado crezca financieramente se debe de invertir en las personas, específicamente en los niños para así poder contrarrestar la pobreza, e incluso poder llegar a prevenir el crimen.

Ahora bien, la importancia de la educación y sus efectos no ha pasado desapercibida en nuestro país, y esto se puede apreciar tanto en la reciente reforma en materia educativa aprobada por el Senado de la República el pasado 30 de abril de 2019 misma que fue impulsada por nuestro Honorable presidente el Licenciado Andrés Manuel López Obrador,  y en el artículo 3° de nuestra Constitución Política Federal, toda vez que el arábigo en comento establece el derecho a la educación y sus fines de la siguiente manera:

“La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.

Asimismo, éste derecho humano reconocido en nuestra Constitución Política Federal, encontró una regulación más pormenorizada el día 13 de julio de 1993, fecha en la cual se expidió la Ley General de Educación, con la que se tuvo un nuevo parte aguas de la aplicación de la educación en nuestro país debido a su gran simplicidad y eficacidad. Con estas leyes se logró garantizar una educación laica, gratuita, libre de estereotipos religiosos y obligatoria, pero desafortunadamente pasó desapercibido grupo de personas en desventaja social, debido a su especial condición, y este grupo son las personas con alguna discapacidad.

El término discapacidad muy a menudo es criticado en virtud de que se puede llegar a pensar que se está discriminando o segregando a una persona o a un grupo de personas, pero éste no es el fin de la suscrita, toda vez que es mi preocupación que todas las personas gocen de los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que el uso del término “discapacidad” está debidamente justificado, tal y como lo mencionó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la Observación General número 5, del décimo primer periodo de Sesiones de 1994, en el cual al respecto se mencionó lo siguiente:

“3. Todavía no hay una definición de aceptación internacional del término “discapacidad”, pero de momento basta con basarse en el enfoque seguido por las normas uniformes aprobadas en 1993, según las cuales: “Con la palabra “discapacidad” se resume un gran número de diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones... La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental. Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio”

Asimismo, el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio Mújica, realiza el siguiente razonamiento respecto a las personas que tienen alguna discapacidad:

“Cuando se habla de discapacidad no se hace referencia a un asunto individual ni privado, al contrario, se habla de un problema colectivo y público, en tanto que se hace referencia a las barreras o limitaciones construidas dentro y por la sociedad en sentido amplio, que afectan la participación plena y el disfrute de derechos en igualdad de condiciones de las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales.”

Ahora bien, una vez entendido el término y el uso de la palabra “discapacidad”, me permitiré analizar la especial situación de este grupo vulnerable en el ámbito académico, toda vez que es en éste ámbito es donde más se violentan los derechos humanos de las personas con habilidades diferentes. Un factor de esto es el tiempo que pasa una persona con alguna discapacidad en los salones de clases, en virtud de que, si bien es cierto, el tiempo en las aulas de clase es determinante para el desarrollo de la vida de todos los niños, niñas y adolescentes, también es cierto que en muchas ocasiones las niñas y los niños con habilidades diferentes son acosados dentro de los sistemas educativos y han experimentado exclusión, discriminación y segregación en la educación. Con frecuencia eran ubicados en clases o escuelas diferentes o, incluso, se le había negado el acceso a cualquier tipo de educación, no obstante este  tipo de circunstancias no se limita a los niños con alguna discapacidad, sino a toda persona con alguna discapacidad, tal y como lo menciona la Encuesta Nacional sobre Discriminación, por sus siglas (ENADIS), en la cual se descubre que una de cada cinco personas de 18 años y más, declaró haber sido discriminada en el último año, dejando al descubierto que los adolescentes o adultos que padecen algún tipo de discapacidad que pasan horas en una institución educativa puede  ser objeto de esta discriminación, dejando cicatrices irreversibles en la vida de esa persona. Siendo esto alarmante toda vez que el organismo antes mencionado refiere que la situación de discriminación mayormente declarada en casi todos los grupos de estudio, se han burlado o dicho cosas que le molestaran. El 19.3 por ciento de personas con discapacidad declaró que lo (a) hacen sentir o miran de forma incómoda, por lo que se deben de tomar las medidas pertinentes para que este tipo de situaciones cambien y posteriormente sean erradicadas por completo.

Asimismo, de acuerdo con Inegi, 6.6 por ciento de la población mexicana (más de 7.7 millones de personas) tiene algún tipo de discapacidad, entendida como alguna dificultad para caminar o moverse, ver y escuchar, hablar o comunicarse, poner atención o aprender, atender el cuidado personal o tener alguna limitación mental. Sin dejar de mencionar, es importante mencionar que la misma infraestructura con la cual fueron planeadas las Instituciones Académicas no fueron contempladas para que fueran habilitadas para las personas con alguna discapacidad, tal y como se puede apreciar a continuación:

Hoy en día, sólo 1 de 4 inmuebles públicos escolares cuenta con rampas de acceso para personas en condición de discapacidad móvil.  ¿Cuántas escuelas cuentan con letreros para personas con discapacidad visual o herramientas para personas con discapacidad auditiva? Sobre esto y otras necesidades, ni siquiera tenemos datos. No se logrará el cometido de la inclusión plena de las personas en condición de discapacidad si no se cambian las condiciones materiales de las escuelas.

Es por ello resaltar que uno de los mayores problemas de este sector social es la discriminación estructural que ha enfrentado históricamente debido a que nuestra sociedad ha creado estigmas, prejuicios y estereotipos sobre las personas que tienen alguna diversidad funcional (física, mental, intelectual o sensorial), y esto ha provocado su exclusión en muchos ámbitos de la vida social, así como la negación de sus derechos. La discriminación es un tema que en muchas ocasiones se ha expuesto en nuestro Honorable Congreso, sin embargo, como se puede apreciar en la presente iniciativa, la discriminación se encuentra en las aulas escolares de cualquier Estado de nuestra Federación, escuelas que actúan como dispositivos de introyección de diversas ramas del conocimiento, mismas que transmiten un sistema de lealtades, competencia, amistad, respeto,  creatividad y patriotismo, en la vida de las personas que asisten a estas Instituciones, dejando al descubierto que no están cumpliendo su objetivo totalmente. Pues bien, en la práctica una escuela de educación básica inclusiva remite a que todas y todos los niños, independientemente de sus diferencias, pueden compartir el aula de clases, aprender juntos en equidad de condiciones, creando un marco de respeto y aprecio a la diversidad.

Además, que los resultados del estudio realizado por Organización Mundial de la Salud, arroja que los niños con discapacidad sufren actos de violencia con una frecuencia casi cuatro veces mayor que los que no tienen discapacidad, según una revisión encargada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y publicada hoy en la revista médica The Lancet.

Los resultados de la revisión indican:

• Que los niños con discapacidad son víctimas de alguna forma de violencia con una frecuencia 3,7 veces mayor que los no discapacitados;

• Víctimas de violencia física con una frecuencia 3,6 veces mayor; y

• Víctimas de violencia sexual con una frecuencia 2,9 veces mayor.

Factores de riesgo

Los factores que determinan que los niños con discapacidad tengan un riesgo mayor de ser víctimas de la violencia son el estigma social, la discriminación y la ignorancia con respecto a la discapacidad, así como la falta de apoyo para las personas que cuidan de ellos. La vulnerabilidad frente a la violencia aumenta cuando los niños con discapacidad son recluidos en un establecimiento sanitario. En estos y otros entornos, los niños con dificultades para comunicarse no pueden denunciar los malos tratos. Dando como resultado que las niñas, niños y adolescentes con capacidades diferentes son mayor mente propensos de sufrir violencia y ser víctima de estigma social, discriminación e ignorancia para el cuidado adecuado de sus necesidades.

Por lo que educación especial, debe entenderse como un modelo educativo complementario de la educación regular, con un enfoque inclusivo. Desde esta perspectiva, no se debe segregar a las personas para que se les imparta una educación especializada, sino implementar medidas especiales como parte del sistema educativo regular, motivo por el cual es preciso hacer uso de todos los medios dentro de las posibilidades, para que todos los niños y las niñas puedan convivir en un mismo salón de clases y tener una educación de calidad. Bajo esta premisa, solamente en aquellos casos en los que existe un riesgo real de afectar el bienestar del alumno o alumna en cuestión o de los demás niños y niñas que integran el grupo escolar, y que se hayan agotado los medios para lograr su integración al sistema regular, se impartirán las clases en una escuela especial, tal y como lo establece el artículo 6o. de las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad que a la letra establece lo siguiente:

Los Estados deben reconocer el principio de la igualdad de oportunidades de educación en los niveles primario, secundario y superior para los niños, los jóvenes y los adultos con discapacidad en entornos integrados, y deben velar por que la educación de las personas con discapacidad constituya una parte integrante del sistema de enseñanza.

1. La responsabilidad de la educación de las personas con discapacidad en entornos integrados corresponde a las autoridades docentes en general. La educación de las personas con discapacidad debe constituir parte integrante de la planificación nacional de la enseñanza, la elaboración de planes de estudio y la organización escolar.

2. La educación en las escuelas regulares requiere la prestación de servicios de interpretación y otros servicios de apoyo apropiados. Deben facilitarse condiciones adecuadas de acceso y servicios de apoyo concebidos en función de las necesidades de personas con diversas discapacidades.

Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reconoce el derecho de las Personas Con Discapacidad (PCD) a la educación, específicamente en el artículo 24, en el cual se establece:

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre.

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.

3. ...

4. ...

5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.

Para lograr una educación inclusiva plena, toda la sociedad debe adquirir una nueva actitud ante la diversidad, motivo por el cual es indispensable que la legislación, que no sólo tiene una dimensión normativa sino también educativa, se adapte para dar respuesta a la diversidad estudiantil con base en los derechos a la educación y a la no discriminación, que tienda a consolidar una sociedad inclusiva que aprecie a todas las personas y acoja de manera natural la diversidad.

Es por ello que me veo en la necesidad de presentar esta iniciativa para que se respeten y garanticen adecuadamente los derechos de las personas con discapacidad dentro de los salones de clases, haciendo una reforma para que la educación inclusiva sea debidamente aplicada por maestros; La UNESCO describe a la educación inclusiva como “un proceso para tomar en cuenta y responder a las diversas necesidades de todos los estudiantes por medio de prácticas inclusivas en aprendizaje, culturas y comunidades, y reduciendo la exclusión dentro y de la educación. Esto implica cambios y modificaciones, de contenido, enfoques, estructuras y estrategias con una visión común que cubre a todas las personas que desean estudiar con atención al rango apropiado de edad y una convicción de que es la responsabilidad del sistema regular la educación.

Sin embargo, el que se contemplen en el artículo 41 de la Ley General de Educación, no garantiza el que lo respeten quienes prestan los servicios educativos y mucho menos que se lleve a la práctica de la cotidianidad, debido que hay una integración a ritmo lento, y los profesores y profesoras en muchas ocasiones abusan de la autoridad con la que se revisten en el aula educativa, permitiéndose en muchas ocasiones lastimarlos con groserías, golpes, exclusión entre sus compañeros, como bien es sabido en diversas notas en periódicos como el horizonte en el que el pasado 02 de marzo del año en curso  se publicó que una madre denuncio ante el Ministerio Público la agresión que su menor hijo de tan solo 7 años de edad sufrió por parte de su maestra, ocasionándole lesiones en el brazo y abdomen tras ser sometido por la maestra, sin dejar de mencionar las secuelas psicológicas que se generaron en el alumno.

Por lo que es de carácter urgente que se haga una reforma genere confianza en los padres y madres de familia que mandan a la escuela a sus hijas e hijos con diversas discapacidades para que se imponga la infracción correspondiente a los docentes que no cumplan con los estándares éticos y profesionales para la enseñanza en una educación más inclusiva como con la que cuenta nuestro país y no se convierta en letra muerta, sino que sea una normatividad respaldada por la vigilancia de todos y cada uno de los integrantes de nuestra población, para que se cumpla de manera eficaz todas y cada una de sus responsabilidades adquiridas al momento de tomar protesta de su cargo como profesores y profesoras de nuestra nación.

En virtud de lo aquí expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Decreto, por el que se reforma la fracción XII del ar-tículo 75 de la Ley General de Educación

Único. Se reforma la fracción XII del artículo 75 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I a XI. ...

XII. Contravenir las disposiciones contempladas , en el artículo 41, en el artículo 7o., en el artículo 21, en el tercer párrafo del artículo 42 por lo que corresponde a las autoridades educativas y en el segundo párrafo del artículo 56;

XIII a XVII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase en:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4759065 &fecha=13/07/1993.

2 Véase en:

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/ Educacion_Inclusiva_2014_INACCSS.pdf

3 La Enadis está encargada de captar actitudes, prejuicios y opiniones hacia distintos grupos de la población discriminados por motivos étnicos, etarios, de orientación sexual, entre otros. Identifica también las experiencias de discriminación en distintos ámbitos de la vida social, así como la discriminación y desigualdad que enfrentan la población indígena, con discapacidad, diversidad religiosa, niñas y niños, mujeres, personas mayores, adolescentes y jóvenes.

4 Véase en:

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/ 2018/EstSociodemo/ENADIS2017_08.pdf

5 Véase en: Comunicado de prensa número 346/18, 6 de agosto de 2018, página 2/3

6 Véase en:

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina &id=133&id_opcion=46&op=46

7 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mexicanos-primero/ para-una-educacion-incluyente-una-infraestructura-con-el-mismo-adjetivo

8 Véase en:

https://www.who.int/mediacentre/news/notes/2012/child_disabilities_ violence_20120712/es/

9 Véase en: Ley General de Educación

Artículo 41.- La educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto educativo incluyente, que se debe basar en los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género.

Tratándose de personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, se favorecerá su atención en los planteles de educación básica, sin que esto cancele su posibilidad de acceder a las diversas modalidades de educación especial atendiendo a sus necesidades. Se realizarán ajustes razonables y se aplicarán métodos, técnicas, materiales específicos y las medidas de apoyo necesarias para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los alumnos y el máximo desarrollo de su potencial para la autónoma integración a la vida social y productiva. Las instituciones educativas del Estado promoverán y facilitarán la continuidad de sus estudios en los niveles de educación media superior y superior.

La formación y capacitación de maestros promoverá la educación inclusiva y desarrollará las competencias necesarias para su adecuada atención.

Para la identificación y atención educativa de los estudiantes con aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el sistema educativo nacional se sujetarán a dichos lineamientos.

Las instituciones de educación superior autónomas por ley, podrán establecer convenios con la autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación, dirigidos a alumnos con aptitudes sobresalientes.

La educación especial deberá incorporar los enfoques de inclusión e igualdad sustantiva. Esta educación abarcará la capacitación y orientación a los padres o tutores; así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica y media superior regular que atiendan a alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, o bien con aptitudes sobresalientes.

Quienes presten servicios educativos en el marco del sistema educativo nacional atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, y en las demás normas aplicables.

10 Véase en:

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/03/02/1223816

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días de septiembre de 2019.— Diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS Y LEY DE PUERTOS

«Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos, y de Puertos, a cargo de la diputada Juana Carrillo Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita Juana Carrillo Luna, diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 55 fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifican y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de puertos.

Antecedentes

Durante el sexenio de Luis Echeverría, específicamente en 1976 se reestructuró la administración pública federal por medio de una reforma que buscó su reorganización por medio de la creación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (en adelante LOAPF). Dentro de dicho cuerpo normativo, se establece una clara delimitación de las funciones de cada una de las secretarias de la administración pública federal centralizada. En tal sentido, el mencionado texto retiró a la Secretaría de Marina las funciones relacionadas con la marina mercante, para otorgárselas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es así que el texto original del artículo 36 de la LOAPF establecía:

Artículo 36.

I. a XIII. ...

XIV. Fijar las normas técnicas de funcionamiento y operación de los transportes y las tarifas para el cobro de los servicios públicos y de las comunicaciones y de los transportes terrestres, aéreos y marítimos...

XV. a XVII. ...

XVIII. Intervenir en la promoción y organización de la marina mercante;

XIX. Establecer los requisitos que deban satisfacer los mandos y tripulaciones de las naves mercantes, así como conceder las licencias y autorizaciones respectivas;

XX. Intervenir en todos los problemas relacionados con las comunicaciones y transportes por agua;

XXI. Inspeccionar los servicios de la marina mercante;

XXII. Construir, reconstruir y conservar las obras protuarias e invertir en todo lo relacionado con faros y señales marinas.

XXIII. Adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de los servicios relacionados con las comunicaciones por agua; así como coordinar en los puertos marítimos y fluviales las actividades y servicios marítimos y portuarios, los medios de transporte que operen en ellos y los servicios principales, auxiliares y conexos de las vías generales de comunicación para su eficiente operación y funcionamiento, salvo los asignados a la Secretaría de Marina.

Por otra parte, el artículo 30 de la multicitada ley establece con claridad cuáles serán las funciones que tendrá la Secretaría de Marina en el tema de comunicaciones y transportes por agua, dichas funciones se circunscriben a los temas eminentemente militares tales como se puede apreciar en el texto de las atribuciones que se le asignan a la Marian a partir de la creación de ésta ley, es así que en ella se menciona:

Artículo 30. A la Secretaría de Marina corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a IV. ...

V. Organizar, administrar y operar el servicio de aeronáutica naval;

VI. ...

VII. Organizar y administrar el servicio de policía marítima;

VIII. ...

IX. Construir, reconstruir y conservar las obras portuarias que requiere la armada.

Bajo este orden de ideas, la referencia de la fracción XIII del artículo 36 se sitúa en torno a las actividades de construcción, reconstrucción y conservación de las instalaciones portuarias de uso exclusivo de la armada.

Con la creación de la LOAPF, el Estado mexicano toma la determinación de retirarle a la milicia el control de todo aquello relacionado con la marina mercante y los servicios con ella relacionada. Esto toda vez que previo a la creación del mencionado ordenamiento, la Secretaría de Marina tenía a su cargo todo lo relacionado con la marina mercante, tal como se puede apreciar en el artículo 5º, fracciones VII, VIII, IX, XI, XII, XIV y XV de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado.

Durante 40 años, la marina mercante y los servicios portuarios conexos a esta, quedó bajo el control de la SCT, es decir de una autoridad enteramente civil. En todo este tiempo la autoridad civil llevo a cabo un adecuado manejo de las comunicaciones y transportes que se realizan por agua, pero no sólo eso, sino que fueron capaces de dar cumplimiento a los compromisos internacionales que nuestro país ha ido adquiriendo a lo largo de este periodo.

La gran labor de la SCT, así como la experiencia que el personal de la misma ha adquirido durante la encomienda que se les asigno desde 1976, fue desperdiciada y poco valorada en el 2016 ya que el gobierno peñista decidió, con una precaria argumentación, trasladar las capitanías de los puertos a la Secretaría de Marina.

Dentro de las justificaciones presentadas en el dictamen, encontramos dos principales, la primera de ellas referente a la armonización de la legislación mexicana con los tratados internacionales en materia de Seguridad de la Vida Humana en el Mar y el referente a la Contaminación por Buques; en segundo lugar, se argumenta que dentro de la legislación existía una confusión respecto a la determinación de la Autoridad Marítima Nacional.

Ambas conclusiones son incorrectas, ya que durante todo el tiempo en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no existieron exhortos por parte de la comunidad internacional para que se diera un adecuado cumplimiento de la normativa respectiva. Aunado a lo anterior, los tratados internacionales a los que se hace referencia dentro del cuerpo de la iniciativa no especifican que, para garantizar la vida humana o mitigar la contaminación se requiera el establecimiento de una autoridad militar que ejecute el cumplimiento de dichos tratados, mucho menos hace referencia a la necesidad de los conocimientos militares para tal fin.

Otro de los argumentos esgrimidos durante la legislatura anterior, fue la imperiosa necesidad de inhibir el uso de los puertos por parte de las organizaciones delictivas. Respecto a esto cabe resaltar que es completamente falso, ya que a una capitanía de puertos no corresponden las funciones de policía o aduanas.

Planteamiento del problema

De entre las diversas problemáticas presentadas en esta reforma encontramos que, de inicio, violenta el artículo 129 constitucional el cual establece que: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Es así que, bajo las consideraciones del artículo 129 constitucional, la modificación presentada a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, así como a la Ley de Puertos son inconstitucionales, ya que extienden las funciones de la Fuerza Armada de México más allá de las que, en tiempos de paz, expresamente le concede nuestro texto Constitucional.

Por otra parte, a nivel internacional encontramos que de los 174 países que integran la Organización Marítima Internacional, sólo 11 poseen autoridades marítimas con mando castrense, entre los que cabe destacar Corea del Norte, Chile, República Dominicana y Perú. Un elemento común en estos cinco países es que todas ellas han sido o son dictaduras militares, factor que explica por qué recae la autoridad portuaria dentro de la jurisdicción militar.

Un sistema jurídico con dispersión o duplicidad de funciones en diferentes autoridades genera desconfianza en el sector privado, ya que se enfrentarán a una gran incertidumbre en cuanto a la regulación que dichas entidades emitan para la aplicación de las leyes en la materia. En muchos casos podría incluso generarse contradicciones dentro de los cuerpos normativos creados por una u otra autoridad. Tal problemática se ha generado dentro del marco regulatorio del sistema marítimo/portuario de nuestro país, esto toda vez que, con la reforma de 2016, se otorgan facultades en materia marítimo/portuaria tanto a la Semar como a la SCT. Esto se puede apreciar en el tema del turismo náutico y transporte de personas ya que, con la reforma, se faculta a la Semar para el otorgamiento de los permisos respectivos pero, por otro lado, la SCT será la encargada del establecimiento de las tarifas en la materia; por otra parte, tal como lo hicieron notar la entonces Coordinadora del GPMORENA, Rocío Nahle y la diputada Sandra Luz Falcón del mismo grupo parlamentario, dentro del proyecto de dictamen -ahora derecho vigente- no existe claridad para los particulares respecto a en qué registro inscribirse ya que con  las modificaciones aprobadas queda la incertidumbre respecto a si deben hacerlo en el Registro Público Marítimo Nacional, en el Nacional de Embarcaciones o si deben hacerlo en ambos. Este tipo de incertidumbres jurídicas desincentivan la inversión en el sector marítimo/portuario, ya que al no tener claridad respecto a las autoridades encargadas de aplicar la normatividad es preferible no arriesgar una inversión.

Otra de las problemáticas dentro de la nueva ley es la falta de una Autoridad Marítima definida figura que, de acuerdo con la propuesta de reforma, quedaría establecida para dar cumplimiento a los compromisos nacionales e internacionales. Después de una análisis del articulado propuesto -ahora derecho vigente- se pude observar que el objetivo de establecer una “Autoridad Marítima Nacional” definida no se logra, ya que la fracción III el artículo 9 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos establece que la Semar otorgará permisos para la prestación del servicio de transporte de pasajeros y de turismo náutico, solo en embarcaciones menores, en tanto que la fracción V del artículo 8 del mencionado ordenamiento, establece que la SCT tendrá facultades para otorgar permisos y autorizaciones de navegación tratándose de embarcaciones mayores.

La reforma aprobada en diciembre de 2016 presenta una gran problemática de constitucionalidad, ya que el artículo 129 de nuestra Ley Fundamental establece, claramente que, en tiempos de paz, las autoridades militares sólo podrán ejercer las funciones que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Conforme a la clara y expresa restricción constitucional, no es posible el otorgamiento de funciones adicionales a la disciplina militar.

Aunado a lo anterior, el otorgamiento de funciones meramente mercantes, a una institución militar presenta grandes problemáticas operativas ya que, por la propia naturaleza y estructura de la milicia, esta se encuentra estructurada bajo un régimen de completa subordinación, en el que se requieren autorizaciones de los mandos superiores para poder tomar una decisión. Esta característica choca con el funcionamiento del sistema marítimo/portuario nacional, en el cual se requiere una toma de decisiones inmediatas para la solución de las posibles problemáticas que en éste se presenten o para la potenciación de las diferentes áreas productivas dentro de este sistema. (buscar iniciativa original)

Por todo lo anterior, es que propongo modificar diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, así como de la Ley de puertos, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y de la Ley de Puertos

Artículo Primero. Se reforman los artículos 30 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 30. ...

I. a IV. ...

V. Ejercer la autoridad en las zonas marinas mexicanas, en materia de:

a) Cumplimiento del orden jurídico nacional;

b) Búsqueda y rescate para salvaguardar la vida humana en la mar;

c) Vertimiento de desechos y otras materias al mar distintas al de aguas residuales, y

d) Protección marítima y portuaria, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en los términos que fijan los tratados internacionales y las leyes de la materia;

VI. a VII Bis. ...

VII Ter. Se deroga.

VII Quater. Se deroga.

VIII a XIX. ...

XX. Ejercer acciones para llevar a cabo la defensa y seguridad nacionales en el ámbito de su responsabilidad; así como coordinar con las autoridades competentes nacionales el control del tráfico marítimo cuando las circunstancias así lo lleguen a requerir, de acuerdo con los instrumentos jurídicos internacionales y la legislación nacional;

XXI. a XXVI. ...

Artículo 36. ...

I. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte las comunicaciones, de acuerdo a las necesidades del país;

I Bis. a XVI. ...

XVII. Inspeccionar los servicios de la marina mercante, así como coordinarse con la Secretaría de Marina en la aplicación de las medidas en materia de seguridad y protección marítima;

XVIII. Construir, reconstruir y conservar las obras marítimas, portuarias y de dragado, instalar el señalamiento marítimo y proporcionar los servicios de información y seguridad para la navegación marítima;

XIX. a XXVII. ...

Artículo Segundo. Se modifican el párrafo primero y la fracción I del artículo 7; se modifica la redacción de las fracciones I a la XV, se adicionan las fracciones XVI a la XXII del artículo 8; se modifica la redacción de las fracciones I a la III, se derogan las fracciones IV a la XIX del artículo 8 Bis; se modifica el párrafo primero y de las fracciones I a IX, de igual forma se adicionan las fracciones X a la XIV del artículo 9; se deroga el artículo 9 Bis.; se deroga el artículo 9 Ter.; se modifica la redacción del segundo párrafo del artículo 10; se modifica el párrafo segundo del artículo 11; se modifica el párrafo primero del artículo 12; se modifican los párrafos primero y segundo del artículo 14; se modifica el párrafo segundo del artículo 21; se modifica el párrafo primero del artículo 23; se modifica el párrafo tercero del artículo 24, se modifica el párrafo único del artículo 30; se modifica el párrafo tercero del artículo 31; se modifica el párrafo tercero del artículo 32; se modifica el párrafo único del artículo 33; se modifican las fracciones III. a VI. del artículo 35; se modifica el párrafo primero del artículo 36; se modifica el párrafo único del artículo 37; se modifica el párrafo Segundo del artículo 38; se modifica el primer párrafo del Apartado B del artículo 39; se modifican los inciso a), b), c) y d), se adicionan los incisos d) y f) de la fracción I, se modifica el primer párrafo de la fracción II, los incisos a) y b) y se adicionan los incisos c) y d) de la mencionada fracción II, se deroga la fracción III; y se modifica el párrafo Segundo del artículo 42; se modifican los párrafos Segundo, tercero y cuarto del artículo 44; se modifica el párrafo segundo del artículo 45; se modifican los párrafo primero, Segundo y tercero del artículo 46; se modifican las fracciones I. y III., así como el párrafo Segundo del artículo 48; se modifican el párrafo primero y la fracción VI del artículo 49; se modifica el párrafo único del artículo 49 Bis; se modifica el párrafo segundo del artículo 50; se modifican el párrafo segundo, la fracción I., el párrafo quinto y el sexton del artículo 51; se modifica el párrafo Segundo del artículo 53; se modifica el párrafo sexton del artículo 55; se modifica el párrafo segundo del artículo 57; se modifican las fracciones I y III del artículo 58; se modifica la fracción II del artículo 59; se adiciona un párrafo Segundo y recorre la numeración de los  párrafos enel artículo y se modifica el actual párrafo segundeo del artículo 60; se modifican los párrafos primero y Segundo del artículo 61; se modifica la redacción del párrafo único del artículo 63; se modifica el párrafo único del artículo 65; se modifican las fracciones I, II. IV, V y VI del artículo 66; se modifica el párrafo único del artículo 69; se modifican los párrafos primero y segundo del artículo 73; se modifican las fracciones II y IV del artículo 74; se modifican los Apartados A, B y C del artículo 77; se modifican el párrafo primero, la fracción I y el párrafo Segundo del artículo 87; se mdifica la fracción II del artículo 159; se modifica el párrafo tecero del artículo 161; se modifica el párrafo único del artículo 163; se modifican el párrafo primero y las fracción I a la IV del artículo 167; se modifican los párrafos primero y segundo del artículo 170; se modifica el párrafo único del artículo 180; se modifica el artículo 181; se modificanlos pa´rrafos primero y segundo del artículo 183; se modifican los párrafos Segundo y tercero de la fracción II del artículo 185; se modifica el párrafo Segundo del artículo 264; se modofican los párrafos primero ysegundo del artículo 265; se modifica el párrafo único del artículo 281; se modifica el párrafo primero del artículo 298; se modifica el párrafo único del artículo 323; se modifica el párrafo único del artículo 324; se modifica la fracción V del artículo 326; se modifican los incisos a) y b) de la fracción III, se modifica la fracción VIII y se adicionan las fracciones VI y IX del artículo 327; se modificanlas fracciones II a la VIII, se adicionan los incisos a) al e) dentro de la fracción IV y se adicionan las fracciones IX y X del artículo 328; se deroga el artículo 328 Bis, todos ellos de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos

Artículo 7. La autoridad marítima en materia de marina mercante la ejerce el Ejecutivo federal a través de:

I. La secretaría, por sí o por conducto de las capitanías de puerto;

II. ...

III. ...

Artículo 8. ...

I. Planear, formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte por agua; de la Marina Mercante, con apego a las disposiciones establecidas en esta ley;

II. Intervenir en las negociaciones de los tratados internacionales en materia marítima; ser la ejecutora de los mismos en el ámbito de su competencia, y ser su intérprete en la esfera administrativa;

III. Organizar, promover y regular la formación y capacitación del personal de la Marina Mercante;

IV. Integrar la información estadística; de la flota mercante, el transporte y los accidentes en aguas mexicanas;

V. Abanderar y matricular las embarcaciones, así como los artefactos navales mexicanos y llevar el Registro Público Marítimo Nacional;

VI. Otorgar permisos y autorizaciones de navegación para prestar servicios en vías generales de comunicación por agua, así como certificados de competencia, en los términos de esta Ley; vigilar su cumplimiento y revocarlos o suspenderlos en su caso;

VII. Otorgar concesiones para la construcción, operación y explotación de vías navegables, en los términos del reglamento respectivo;

VIII. Regular y vigilar que las vías generales de comunicación por agua y la navegación, cumplan con las condiciones de seguridad y señalamiento marítimo;

IX. Regular y vigilar la seguridad de la navegación y la vida humana en el mar, así como auxiliar a la Secretaría de Marina dentro de sus respectivos ámbitos de competencia;

X. Organizar, regular y, en su caso, prestar servicios de ayuda a la navegación, radiocomunicación marítima y control de tránsito marítimo;

XI. Establecer y organizar un cuerpo de vigilancia, seguridad y auxilio para la navegación en aguas interiores;

XII. Regular y vigilar que el servicio de pilotaje se preste en forma segura y eficiente de acuerdo con esta Ley y su reglamento;

XIII. Inspeccionar y certificar en las embarcaciones mexicanas, el cumplimiento de los Tratados Internacionales, la legislación nacional, los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad en la navegación y la vida humana en el mar, así como de prevención de la contaminación marina por embarcaciones;

XIV. Inspeccionar a las embarcaciones extranjeras, de conformidad con los Tratados y Convenios internacionales;

XV. Otorgar autorización de inspectores a personas físicas, para que realicen la verificación y certificación del cumplimiento de lo que establezcan los tratados internacionales, y la legislación nacional aplicable, manteniendo la supervisión sobre dichas personas;

XVI. Establecer las bases de regulación de tarifas en la prestación de los servicios marítimos en el territorio nacional, incluidos los de navegación costera y de aguas interiores, cuando en opinión de la Comisión Federal de Competencia no existan condiciones de competencia efectiva;

XVII. Solicitar la intervención de la Secretaría de Economía, cuando presuma la existencia de prácticas comerciales internacionales violatorias de la legislación nacional en materia de comercio exterior, así como de los Tratados Internacionales;

XVIII. Realizar las investigaciones y actuaciones, así como designar peritos facultados profesionalmente en la materia en los términos del reglamento respectivo y emitir dictámenes de los accidentes e incidentes marítimos, fluviales y lacustres;

XIX. Coadyuvar en el ámbito de su competencia con la autoridad laboral, para el cumplimiento de la resolución de los conflictos marítimos de naturaleza laboral;

XX. Solicitar la intervención de la Comisión Federal de Competencia, cuando presuma la existencia de prácticas violatorias a la Ley Federal de Competencia Económica; así como coadyuvar en la investigación correspondiente;

XXI. Imponer sanciones por infracciones a esta ley, a sus reglamentos, y a los tratados internacionales vigentes en las materias señaladas en esta ley; y

XXII. Las demás que señalen otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 8 Bis. ...

I. Establecer, en coordinación con la Secretaría, la Protección Marítima y Portuaria que aplicará el Cumar conforme a lo dispuesto en la Ley de Puertos;

II. Dirigir, organizar y llevar a cabo la búsqueda y rescate para la salvaguarda de la vida humana en las zonas marinas mexicanas, y

III. Las demás que le señalen otras disposiciones jurídicas.

IV. Se deroga.

V. Se deroga.

VI. Se deroga.

VII. Se deroga.

VIII. Se deroga.

IX. Se deroga.

X. Se deroga.

XI. Se deroga.

XII. Se deroga.

XIII. Se deroga.

XIV. Se deroga.

XV. Se deroga.

XVI Se deroga.

XVII. Se deroga.

XVIII. Se deroga.

XIX. Se deroga.

Artículo 9. Cada puerto habilitado tendrá una capitanía de puerto, dependiente de la secretaría, con una jurisdicción territorial y marítima delimitada; conlas atribuciones siguientes:

I. Abanderar y matricular las embarcaciones y los artefactos navales, así como realizar la inscripción de actos en el Registro Público Marítimo Nacional;

II. Otorgar permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo de pasajeros y de turismo náutico dentro de las aguas de su jurisdicción, con embarcaciones menores, de acuerdo al reglamento respectivo;

III. Autorizar arribos y despachos de las embarcaciones y artefactos navales;

IV. Vigilar que la navegación, las maniobras y los servicios portuarios a las embarcaciones se realicen en condiciones de seguridad, economía y eficiencia;

V. Supervisar que las vías navegables reúnan las condiciones de seguridad, profundidad, señalamiento marítimo y control de tráfico marítimo en su caso, y de ayudas a la navegación;

VI. Requerir los certificados e inspeccionara cualquier embarcación, de conformidad con lo establecido en las fracciones XIII y XIV del artículo anterior;

VII. Ordenar las maniobras que se requieran de las embarcaciones cuando se afecte la eficiencia del puerto; turnar a la Secretaría las quejas que presenten los navieros en relación con la asignación de posiciones de atraque y fondeo, para que ésta resuelva lo conducente;

VIII Bis. Ordenar las medidas que le sean requeridas por el Cumar, conforme a lo dispuesto en la Ley de Puertos;

IX. Coordinar las labores de auxilio y salvamento en caso de accidentes o incidentes de embarcaciones en las aguas de su jurisdicción;

X. Dirigir el cuerpo de vigilancia, seguridad y auxilio para la navegación interior;

XI. Realizar las investigaciones y actuaciones de los accidentes e incidentes marítimos, portuarios, fluviales y lacustres relativos a embarcaciones que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción, de conformidad con las disposiciones aplicables de esta Ley, y actuar como auxiliar del Ministerio Público para tales investigaciones y actuaciones;

XII. Recibir y tramitar ante las autoridades correspondientes las reclamaciones laborales de los tripulantes y los trabajadores de las embarcaciones, en el término establecido en la fracción II del Artículo 35 de esta ley;

XIII. Imponer las sanciones en los términos de esta ley; y

XIV. Las demás que las leyes le confieran. Las policías federales, estatales y municipales, auxiliarán a la capitanía de puerto cuando así lo requiera, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. En uso de sus facultades, el capitán de puerto es la máxima autoridad, por lo que le estará prohibido someter sus decisiones al criterio de las administraciones portuarias.

Artículo 9 Bis. Se deroga.

Artículo 9 Ter. Se deroga.

Artículo 10. ...

La embarcación o artefacto naval se inscribirá Público Marítimo Nacional y se le expedirá un certificado de matrícula, cuyo original deberá permanecer a bordo como documento probatorio de su nacionalidad mexicana.

...

I. ...

a) a g) ...

II. ...

a) a b) ...

Articulo 11. ...

I. ...

II. ...

Autorizado el abanderamiento, la autoridad marítima hará del conocimiento de la autoridad fiscal competente, el negocio jurídico que tenga como consecuencia la propiedad o posesión de la embarcación.

...

Artículo 12. La autoridad marítima, a solicitud del propietario o naviero, abanderará embarcaciones como mexicanas, previo cumplimiento de las normas de inspección y certificación correspondientes. La autoridad marítima a deberá además expedir un pasavante de navegación mientras se tramita la matrícula mexicana, de conformidad con los requisitos que establezca el reglamento respectivo.

...

Artículo 14. El certificado de matrícula de una embarcación mexicana tendrá vigencia indefinida y será cancelado por la autoridad marítima en los casos siguientes:

I. a VIII. ...

La autoridad marítima a petición del propietario o naviero, sólo autorizará la dimisión de bandera y la cancelación de matrícula y registro de una embarcación, cuando esté cubierto o garantizado el pago de los créditos laborales y fiscales y exista constancia de libertad de gravámenes expedida por el Registro Público Marítimo Nacional, salvo pacto en contrario entre las partes.

Artículo 21. ...

El naviero que asuma la operación o explotación de una embarcación que no sea de su propiedad, deberá hacer declaración de armador ante la, la autoridad marítima del puerto de su matrícula, de conformidad con las disposiciones reglamentarias al respecto.

...

Artículo 23. Todo agente naviero deberá ser autorizado para actuar como tal, para lo cual acreditará los requisitos siguientes:

I. a IV. ...

Artículo 24. ...

l. a VII. ...

...

Los navieros mexicanos no están obligados a designar agentes navieros consignatarios de buques en los puertos mexicanos para atender a sus propias embarcaciones, siempre y cuando cuenten con oficinas en dicho puerto, con un representante y se haya dado aviso a la secretaría.

Artículo 30. Los patrones de las embarcaciones, o quien dirija la operación en los artefactos navales, ejercerán el mando vigilando que se mantengan el orden y la disciplina a bordo, pero no estarán investidos de la representación de las autoridades mexicanas. Cuando tengan conocimiento de la comisión u omisión de actos que supongan el incumplimiento de los ordenamientos legales en vigor, darán aviso oportuno a las autoridades correspondientes y estarán obligados a poner en conocimiento de la autoridad marítima cualquier circunstancia que no esté de acuerdo con lo establecido en los certificados de la embarcación o artefacto naval.

Artículo 31. ...

...

El personal que imparta la formación y capacitación deberá contar con un registro ante la Secretaría, así como cumplir con los requisitos establecidos en los tratados internacionales.

Artículo 32. ...

...

Los títulos profesionales, libretas de mar y demás documentos que establece el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar y los demás Tratados Internacionales, serán expedidos por la secretaria de conformidad con el reglamento respectivo.

...

Artículo 33.En Lo dispuesto en éste capítulo será aplicable en caso de que una embarcación con bandera extranjera se encuentre en vías navegables mexicanas y la autoridad marítima competente presuma que la tripulación ha sido abandonada o corra el peligro de perder la vida o se ponga en riesgo su integridad corporal.

Artículo 35.

I. ...

II. ...

III. En el mismo plazo establecido en la fracción anterior, la capitanía de puerto deberá citar al agente naviero consignatario de la embarcación y, en su caso, al propietario de la misma para que en un plazo de diez días hábiles desahoguen una audiencia en las oficinas de la capitanía de puerto, en donde plantearán a dicha la autoridad los mecanismos para resolver la situación, los cuales deberán incluir como mínimo la sustitución y repatriación de los tripulantes, así como la gestión segura de la embarcación. Tomando en consideración los planteamientos expuestos,la capitanía de puerto establecerá un plazo que no podrá exceder de quince días hábiles para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas. La autoridad levantará un acta de dicha audiencia y los que en ella intervengan deberán firmarla;

IV. Durante el plazo de ejecución de las obligaciones adquiridas de acuerdo con la fracción anterior, la autoridad marítima estará facultada para solicitar las reuniones de verificación que considere necesarias;

V. En caso de incumplimiento de las obligaciones adquiridas de conformidad con la fracción III de este artículo, la autoridad marítima será la competente para coordinar las acciones tendientes a dar solución a la contingencia, y

VI. Una vez que la tripulación haya sido desembarcada y esté comprobado su buen estado de salud, el Instituto Nacional de Migración tramitará la repatriación a costa del naviero o del propietario de la embarcación de modo solidario. Entre tanto, el agente naviero consignatario y, en su caso, el propietario de la misma embarcación de modo solidario, sufragarán la manutención integral de los tripulantes a ser repatriados. La secretaría verificará el cumplimiento de esta obligación.

Artículo 36. La navegación en zonas marinas mexicanas y el arribo a puertos mexicanos estarán abiertos, en tiempos de paz a las embarcaciones de todos los Estados, conforme al principio de reciprocidad internacional. Cuando existan razones de seguridad nacional o interés público, la Secretaría podrá negar la navegación en zonas marinas mexicanas y el arribo a puertos mexicanos.

...

Artículo 37. La autoridad marítima por caso fortuito o fuerza mayor, o bien cuando existan razones de seguridad nacional o interés público, podrá declarar, en cualquier tiempo, provisional o permanentemente, parcial o totalmente cerrados a la navegación determinados puertos, a fin de preservar la integridad de las personas y la seguridad de las embarcaciones, así como de los bienes en general.

Artículo 38. ...

I. ...

II. ...

III. ...

La secretaría en coordinación con las demás dependencias de la administración pública federal en sus respectivos ámbitos de competencia, deberá vigilar que la realización de las actividades económicas, deportivas, recreativas y científicas a desarrollarse mediante los distintos tipos de navegación, cumplan con las disposiciones internacionales, legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 39....

A. ...

...

...

B. De conformidad con el artículo 8, fracción XVI de esta ley, cuando en opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, haya dejado de existir el estado de falta de competencia efectiva, la regulación de tarifas establecida deberá suprimirse o modificarse en el sentido correspondiente dentro de los treinta días hábiles siguientes a la expedición de la opinión.

...

Artículo 42. ...

I. Requerirán permiso de la Secretaría para prestar servicios de:

a) Transporte de pasajeros y cruceros turísticos;

b) Turismo náutico, con embarcaciones menores de recreo y deportivas mexicanas o extranjeras;

c) Seguridad, salvamento y auxilio a la navegación;

d) Remolque, maniobra y lanchaje en puerto, excepto cuando tengan celebrado contrato con la administración portuaria, conforme lo establezca la Ley de Puertos;

e) Dragado, en los casos de embarcaciones extranjeras; y

f) Las embarcaciones extranjeras para prestar el servicio de cabotaje, siempre y cuando no exista una nacional que lo haga en igualdad de condiciones.

II. NoR r equerirán permiso de la secretaría para prestar los servicios de:

a) Transporte de carga y remolque;

b) Pesca, excepto en los casos de embarcaciones extranjeras, de conformidad con lo previsto por la Ley que rige la materia y sus disposiciones reglamentarias, así como los tratados internacionales;

c) Dragado, en los casos de embarcaciones mexicanas;

d) Utilización de embarcaciones especializadas en obra civil, construcción de infraestructura naval y portuaria, así como las dedicadas al auxilio en las tareas de prospección, extracción y explotación de hidrocarburos, condicionado al cumplimiento de lo establecido por la legislación en materia ambiental y de contratación administrativa.

III. Se deroga

El hecho que no se requiera de permiso, no exime a las embarcaciones dedicadas a los servicios señalados en la fracción II de cumplir con las disposiciones que le sean aplicables.

...

Artículo 44....

La secretaría deberá emitir la resolución correspondiente en un plazo que no exceda de diez días hábiles, contado a partir del día en que se hubiere presentado la solicitud debidamente requisitada.

Cuando a criterio justificado de la secretaría, las características de lo solicitado lo ameriten, o bien cuando la información se considere insatisfactoria, éstas requerirán al solicitante de información complementaria. De no acreditarse la misma en un plazo de cinco días hábiles, la solicitud se tendrá por no formulada.

Transcurridos cinco días hábiles luego de la presentación de la información adicional, la Secretaría, estará obligada, a emitir una resolución. De no hacerlo en el plazo señalado, se entenderá por otorgado el permiso correspondiente y el permisionario estará legitimado para pedir a la secretaría una constancia que así lo acredite, la cual estará obligada a ponerla a disposición del permisionario en un plazo de cinco días hábiles contado desde el día de presentación de dicha petición de constancia.

...

...

Artículo 45. ...

I. ...

II. ...

III. ...

Se deberán justificar ante la autoridad marítima las arribadas forzosas e imprevistas de las embarcaciones.

Artículo 46. Salvo en el caso de las arribadas forzosas, en la autorización o rechazo de arribo a puerto de embarcaciones, autoridad marítima requerirá la documentación que establezca el reglamento respectivo, sin que los requisitos en él señalados sean superiores a los que dispongan los Tratados Intencionales. El reglamento correspondiente establecerá un régimen simplificado para las embarcaciones menores.

La autoridad marítima en su ámbito de competencia, estará obligada a verificar que en la autorización de arribo a puerto de embarcaciones se respeten las normas aplicables en materia de seguridad en la navegación y la vida humana en el mar, prevención de la contaminación marina, así como las demás que establezcan los tratados internacionales.

En caso de encontrarse algún incumplimiento a las normas aplicables en materia de Protección Marítima y Portuaria, autoridad marítima dará vista al Cumar para que intervenga en los términos que establezca la Ley de Puertos.

Artículo 48. ...

I. Será expedido por autoridad marítima, previo requerimiento de la documentación que establezca el reglamento respectivo, sin que los requisitos en él señalados sean superiores a los que dispongan los tratados internacionales. Reglamento establecerá un régimen simplificado para las embarcaciones menores

II. ...

III. Quedarán sin efecto si no se hiciese uso de ellos, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su expedición, salvo autorización justificada que expresamente emita la autoridad marítima.

No se considerará despacho de salida, la autorización otorgada por la autoridad marítima cuando por razones de fuerza mayor, las embarcaciones deban salir del puerto por razón de seguridad.

Artículo 49. La autoridad marítima estará facultada para negar o dejar sin efecto los despachos de salida en los supuestos siguientes:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. Por tener conocimiento de algún accidente, incidente o situación de riesgo de importancia para la seguridad de los tripulantes, sucedida a la embarcación y de conformidad con las disposiciones de esta Ley en materia de investigación de accidentes marítimos, a menos que se haya acreditado fehacientemente la compostura correspondiente a la embarcación, de acuerdo con el criterio de la la autoridad marítima, cuando la reparación no sea de importancia y mediante la certificación de la casa clasificadora cuando la reparación sea mayor, y

VII. ...

Artículo 49 Bis. La capitanía de puerto por sí o a requerimiento del Cumar podrá negar o dejar sin efectos el despacho de salida de cualquier embarcación como medida precautoria cuando se haya decretado un Nivel 3 de Protección Marítima y Portuaria en términos de la Ley de Puertos.

Artículo 50. ...

La secretaría estará facultada para habilitar a un delegado honorario de la capitanía de puerto, como responsable de controlar el arribo y despacho de las embarcaciones turísticas o de recreo. El delegado honorario estará facultado para negar el despacho de salida a las embarcaciones de las citadas categorías que, por causas de seguridad en la navegación y de la vida humana en el mar de conformidad con las disposiciones internacionales, legales y reglamentarias, se consideren faltas de aptitud para hacerse a la mar.

...

Artículo 51. ...

La secretaría estará obligada a expedir un despacho por cada embarcación pesquera. El plazo de vigencia del despacho no excederá de 180 días.

...

I. La autoridad competente tenga pruebas del incumplimiento de las normas de seguridad aplicables, y

II. ...

...

El naviero estará obligado a dar aviso de entrada y salida, cada vez que entre o salga al puerto. Para ello, deberá presentar por escrito a la autoridad marítima la documentación que establezca el reglamento respectivo.

La autoridad marítima en su ámbito de competencia, estará obligada a verificar que, en la expedición del despacho vía la pesca, así como en los avisos de entrada y salida y en la información a ser presentada por el naviero, se respeten las normas aplicables en materia de seguridad en la navegación y la vida humana en el mar, prevención de la contaminación marina, así como las demás que establezcan los Tratados Internacionales.

Artículo 53. ...

Durante su permanencia en la zona portuaria, las embarcaciones deberán contar con el personal necesario para ejecutar cualquier movimiento que ordene la autoridad marítima, o que proceda para la seguridad del puerto y de las demás embarcaciones.

...

Artículo 55. ...

...

...

...

...

El servicio público de pilotaje o practicaje se prestará en forma continua, permanente, uniforme, regular y por turnos durante todo el año, las veinticuatro horas del día, exceptuado los periodos en que el estado del tiempo, las marejadas o corrientes y la saturación del puerto impidan prestar ininterrumpidamente el servicio de pilotaje, y cuando el servicio sea alterado por causas de interés público o cuando así lo determine la autoridad competente

Artículo 57. ...

I. a IV. ...

La secretaría estará facultada para implementar programas de certificación continua de pilotos de puerto.

...

Artículo 58. ...

I. ...

II. El capitán tendrá la obligación de atender las indicaciones del piloto de puerto si a su criterio no expone la seguridad de la embarcación o de las instalaciones portuarias. En caso contrario, deberá relevar de su cometido al piloto de puerto, quien quedará autorizado para dejar el puente de mando de la embarcación, debiendo dar ambos cuenta de lo sucedido a la autoridad marítima correspondiente para los efectos que proceda. Deberá sustituirse el piloto de puerto, si las condiciones de la maniobra lo permiten;

III. El piloto de puerto será responsable de los daños y perjuicios que cause a las embarcaciones e instalaciones marítimas portuarias, debido a la impericia, negligencia, descuido, temeridad, mala fe, culpa o dolo en sus indicaciones cuando se encuentre dirigiendo la maniobra. La autoridad marítima correspondiente deberá realizar las investigaciones necesarias conforme a lo dispuesto en esta Ley, para determinar la responsabilidad del piloto de puerto, y

IV. ...

Artículo 59. ...

I. ...

II. Con base en las reglas de operación de cada puerto, y en los criterios de seguridad, economía y eficiencia, la autoridad marítima determinará las embarcaciones que requerirán del uso obligatorio de este servicio, así como el número y tipo de remolcadores a utilizar;

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

Artículo 60. La secretaría estará obligada a disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar el funcionamiento y conocimiento público adecuados sobre el señalamiento marítimo y las ayudas a la navegación en las vías navegables.

Las materias señaladas en éste artículo se considerarán de interés público y podrán ser concesionadas a terceros de conformidad con la Ley de Puertos. Sin embargo, la Secretaría mantendrá su responsabilidad de conformidad con éste artículo, sin que por ello se prejuzgue sobre la responsabilidad de los concesionarios.

La Secretaría de Marina podrá realizar directamente las labores de señalamiento marítimo y ayudas a la navegación con el propósito de prevenir o solucionar problemas de seguridad en la misma.

Artículo 61. La secretaría determinará los puertos o vías navegables donde deban establecerse sistemas de control de trafico marítimo de conformidad con el reglamento respectivo.

La Secretaría de Marina estará facultada para realizar directamente las labores de dragado de mantenimiento en los puertos donde tenga instalaciones y facilidades, o lo considere de interés para la seguridad nacional; así como para solucionar problemas de contaminación marina y coadyuvará con las dependencias del gobierno federal para impulsar el desarrollo marítimo nacional.

Artículo 63. Los concesionarios de las administraciones portuarias integrales, terminales, marinas, instalaciones portuarias y vías navegables serán responsables de: construir, instalar, operar y conservar en las áreas concesionadas las señales marítimas y llevar a cabo las ayudas a la navegación, con apego a lo que establezca el reglamento respectivo, las reglas de operación de cada puerto y el título de concesión. No obstante, lo anterior, la secretaría mantendrá su responsabilidad de confinidad con este Capítulo, sin perjuicio de la responsabilidad de los concesionarios.

Artículo 65. El servicio de inspección es de interés público. La autoridad marítima inspeccionará y certificará que las embarcaciones y artefactos navales mexicanos cumplan con la legislación nacional y con los Tratados Internacionales en materia de seguridad en la navegación y de la vida humana en el mar, así como de prevención de la contaminación marina por embarcaciones.

Artículo 66. ...

I. El servicio de inspección de embarcaciones podrá ser efectuado por personas físicas autorizadas como inspectores por la secretaría;

II. La secretaría mantendrá la obligación intransferible de supervisión del servicio de inspección de embarcaciones;

III. ...

IV. La secretaría fomentará la constitución de sociedades mexicanas de clasificación, las cuales serán integradas por inspectores de nacionalidad mexicana;

V. Para ser autorizado por la secretaría para prestar el servicio de inspección deberán cumplirse los requisitos señalados en el reglamento respectivo;

VI. La secretaría estará facultada para implementar programas de certificación continua de inspectores, de conformidad con el reglamento respectivo, y

VII. ...

Artículo 69. Las capitanías de puerto llevarán una bitácora de certificaciones e inspecciones según establezca el reglamento respectivo. Según lo determine la secretaría, la bitácora tendrá un soporte electrónico que podrá ser compartida a las demás capitanías de puerto.

Artículo 73. Los artefactos navales requerirán de un certificado técnico de operación y navegabilidad expedido por la secretaría cada vez que requieran ser desplazados a su lugar de desmantelamiento o desguazamiento definitivo.

La secretaría determinará las medidas de prevención, control de tráfico y señalamiento marítimos durante el traslado o remolque de los artefactos navales cuando lo exijan las condiciones del mismo.

Artículo 74. ...

I. ...

II. El proyecto deberá previamente ser aprobado por la secretaría y elaborado por personas físicas profesionalmente reconocidas o sociedades legalmente constituidas, con capacidad técnica demostrada;

III. ...

IV. Al término de los trabajos, la embarcación requerirá de los certificados de seguridad marítima y de arqueo que expida la secretaría directamente o bien un inspector autorizado por ésta.

...

Artículo 77....

A. La secretaria certificará e inspeccionará en el ámbito portuario que las embarcaciones cumplan con lo establecido en el presente capítulo y reportará inmediatamente a las demás dependencias competentes cualquier contingencia en materia de contaminación marina. Deberá asimismo sancionar a los infractores en el ámbito de su competencia;

B. La secretaria en las zonas marinas mexicanas establecidas en la Ley Federal del Mar, vigilará el cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo. De igual manera, verificará las posibles afectaciones por contaminación en dichas zonas y sancionará a los infractores responsables cuando sean identificados de conformidad con el reglamento respectivo. Además, aplicará de acuerdo con sus ordenamientos el Plan Nacional de Contingencias para combatir y controlar derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas en el mar, en coordinación con otras dependencias del gobierno federal involucradas, y

C. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, coordinará, los programas de prevención y control de la contaminación marina, así como el Plan Nacional de Contingencias en el ámbito marítimo. Deberá asimismo sancionar a los infractores en el ámbito de su competencia.

Artículo 87. Se entiende por amanee temporal de embarcaciones el acto por el cual la autoridad marítima autoriza o declara la estadía de una embarcación en puerto, fuera de operación comercial. Las autorizaciones y declaraciones referidas, se regularán conforme a las reglas siguientes:

I. La capitanía de puerto autorizará el amarre temporal, designando el lugar y tiempo de permanencia, si no perjudica los servicios portuarios, previa opinión favorable del administrador portuario, cuando la embarcación no cuente con tripulación de servicio a bordo y previa garantía otorgada por el propietario o naviero que solicite el amarre temporal, suficiente a criterio de la autoridad marítima para cubrir los daños o prejuicios que pudieren ocasionarse durante el tiempo del amarre y el que siga al vencimiento de éste si no se pusiese en servicio la embarcación, así como la documentación laboral que acredite que están cubiertas las indemnizaciones y demás prestaciones que legalmente deba pagar el propietario o naviero a la tripulación, y

II. ...

En los casos de embarcaciones de pabellón extranjero, la secretaría notificará al cónsul del país de la bandera de la embarcación para su conocimiento, así como a la autoridad migratoria para que garanticen las condiciones de la tripulación de conformidad con el Convenio sobre Repatriación de Gente de Mar, así como los demás Tratados Internacionales en la materia. En su caso, será aplicable el capítulo VII del Título Segundo de esta ley.

...

Artículo 159. ...

I. ...

II. Corresponde al capitán, al propietario o al naviero de la embarcación afectada, declarar la avería común ante la autoridad marítima inmediatamente después de producidos los actos o hechos causantes de ésta y, en caso de controversia, la demanda se presentará ante el Juez competente. En caso de ocurrir la avería en un puerto, éste se considerará el primer puerto de arribo;

III. ...

IV. ...

V. ...

Artículo 161. ...

...

Cuando se lleven a cabo operaciones de búsqueda, rescate o salvamento, deberá hacerse del conocimiento de la autoridad marítima de inmediato mediante los medios electrónicos disponibles y por escrito en el primer puerto de arribo dentro de las veinticuatro horas siguientes de la llegada de éste.

Artículo 163. La organización y dirección del Servicio de Búsqueda y Rescate para la salvaguarda de la vida humana en las zonas marinas mexicanas corresponderá a la Semar, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 Bis, de esta Ley. La Semar determinará las estaciones de búsqueda y rescate que deban establecerse en los litorales, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento respectivo.

Artículo 167. Cuando una embarcación, aeronave, artefacto naval, carga o cualquier otro objeto se encuentre a la deriva, en peligro de hundimiento, hundido o varado y a juicio de la, autoridad marítima pueda constituir un peligro o un obstáculo para la navegación, la operación portuaria, la pesca u otras actividades marítimas relacionadas con las vías navegables, o bien para la preservación del ambiente, conforme al Convenio de Limitación de Responsabilidad de 1976, deberá llevarse a cabo lo siguiente:

I. La autoridad marítima notificará al propietario o naviero la orden para que tome las medidas apropiadas a su costa para iniciar de inmediato su señalización, remoción, reparación, hundimiento, limpieza o la actividad que resulte necesaria, en donde no represente peligro u obstáculo alguno en los términos de este artículo;

II. Previa notificación de la orden al propietario o naviero, en los supuestos en que exista una posible afectación al ambiente marino, la autoridad marítima estará obligada a obtener una opinión de la autoridad ambiental competente;

III. El plazo para cumplir con la orden será de tres meses contados a partir de la fecha de la notificación. De no cumplirse con tal requerimiento, la autoridad marítima estará facultada para removerlo o hundirlo, a costa del propietario o naviero, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas conducentes. En caso de hundimiento, se deberá contar con la autorización de la SEMAR, como autoridad en materia de vertimientos, y

IV. Durante el transcurso de las actividades que den cumplimiento a la orden, el naviero o el propietario deberá informar a la la autoridad marítima sobre cualquier contingencia o posible afectación al medio marino. Esta obligación no suspenderá el plazo para el cumplimiento de la orden.

Artículo 170. En caso de que el propietario, naviero o persona que haya adquirido el derecho para extraer, remover, reflotar o la actividad que sea pertinente, en virtud de una orden administrativa o de cualquier otro acto no concluyera la maniobra en el plazo prescrito, la secretaría estará facultada para declarar abandonada la embarcación u objeto en cuestión, por lo que constituirán a partir de la publicación de dicha declaración, bienes del dominio de la nación.

En los casos del párrafo precedente, la secretaría estará facultada para proceder a la operación de remoción, rescate y venta de los bienes de conformidad con la legislación administrativa en la materia. Si el producto de la venta no fuere suficiente para cubrir todos los gastos de la operación, el propietario tendrá la obligación de pagar a la secretaría la diferencia, mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

Artículo 180. La autoridad marítima estará facultada para investigar todo accidente o incidente marítimo que tenga lugar en cualquier vía navegable.

Artículo 181. El capitán o patrón de toda embarcación o en su ausencia el oficial que le siga en mando, estará obligado a levantar el acta de protesta de todo accidente o incidente marítimo; así como de cualquier otro hecho de carácter extraordinario relacionado con la navegación o con el comercio marítimo. Se entenderá por acta protesta la descripción circunstanciada de hechos, levantada ante la, autoridad marítima que refiera alguno de los accidentes o incidentes marítimos señalados en el artículo siguiente.

Artículo 183. En materia de abordaje, estarán legitimados para solicitar ante la autoridad marítima el levantamiento de las actas de protesta correspondientes, los capitanes, los patrones y los miembros de las tripulaciones de las embarcaciones involucradas en el mismo.

Cuando la embarcación sea de pabellón extranjero, el denunciante podrá solicitar que el cónsul del país de la bandera de la embarcación, esté presente durante las diligencias que se practiquen. En caso de que el denunciante sea tripulante y no domine el idioma español, la autoridad marítima deberá proveer gratuitamente el traductor oficial.

Artículo 185. ...

I. ...

II. ...

Cuando se trate de operaciones de salvamento, el dictamen emitido por la autoridad marítima determinará también el monto probable o estimado de la remuneración, la cual deberá calcularse en los términos del Convenio Internacional sobre Salvamento Marítimo. Lo dispuesto en éste artículo no obsta para que en cualquier momento las partes involucradas en las operaciones de salvamento hagan valer sus derechos ante los tribunales competentes y en la vía en que proceda.

El valor del dictamen emitido por la autoridad marítima quedará a la prudente apreciación de la autoridad jurisdiccional, y

III. ...

Artículo 264. ...

Los tribunales federales y la autoridad marítima en sus respectivos ámbitos de competencia, serán los facultados para conocer de los procesos y procedimientos regulados por esta Ley, y por lo dispuesto en los tratados internacionales, sin perjuicio de que, en los términos de las normas aplicables, las partes sometan sus diferencias a decisión arbitral. La elección de la ley aplicable será reconocida de acuerdo a lo previsto por esta ley y en su defecto por el Código de Comercio y el Código Civil Federal, en ése orden.

...

...

...

Artículo 265. Para el emplazamiento a un juicio en materia marítima, cuando el demandado tenga su domicilio en el extranjero, el mismo se efectuará mediante carta rogatoria, o bien, a través de su agente naviero en el domicilio registrado por este ante la autoridad marítima. Sólo podrá practicarse el emplazamiento por conducto de agentes navieros que hayan reunido los requisitos establecidos en el artículo 23 de esta ley.

Si el demandado tiene su domicilio dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito que conozca del juicio, deberá contestar la demanda dentro de los nueve días hábiles siguientes a la fecha en que haya surtido efectos el emplazamiento. Si reside fuera de la jurisdicción aludida y hubiera sido emplazado a través de su agente naviero, deberá producir su contestación dentro del término de noventa días hábiles siguientes en que el emplazamiento se haya practicado en el domicilio registrado ante la autoridad marítima por el agente.

...

Artículo 281. Corresponderá al capitán, al propietario o al naviero de la embarcación afectada declarar la avería común ante la autoridad marítima y, en caso de controversia, la demanda se presentará ante el Juez de Distrito con competencia en el primer puerto de arribo de la embarcación, después de producidos los actos o hechos causantes de la avería. En caso de ocurrir la avería en un puerto, éste se considerará el primer puerto de arribo.

Artículo 298. Cualquier interesado podrá solicitar ante el Juez de Distrito competente, la inexistencia de la declaración de avería común declarada ante la autoridad marítima. Dicha pretensión se ventilará de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 287 a 291 de la presente ley.

...

Artículo 323. Para la imposición de las sanciones previstas en esta Ley, así como la interposición del recurso administrativo procedente, la Secretaría observará lo previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 324. Para los efectos de este título, por salario se entiende el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de aplicarse la sanción. En caso de reincidencia se aplicará multa por el doble de las cantidades señaladas en éste título.

Artículo 326. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. Los propietarios y navieros de embarcaciones nacionales o extranjeras que incurran en infracciones leves a la presente ley, cuando estas sean conocidas mediante los mecanismos de inspección que realice la autoridad marítima por sí misma o bien, en coordinación con otras dependencias.

Artículo 327. La secretaría impondrá una multa equivalente a la cantidad de un mil a diez mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización al momento de determinarse la sanción, tomando en consideración el riesgo o daño causado, la reincidencia y el posterior cumplimiento de la obligación, a:

I. ...

II. ...

III. ...

a) Hacerse a la mar, cuando por mal tiempo o previsión de éste, la autoridad marítima prohíba salir, y

b) No justificar ante la autoridad marítima las arribadas forzosas de las embarcaciones;

IV. ...

V. ...

a. ...

b. ...

VI. Los concesionarios de marinas que, sin sujetarse a los requisitos establecidos en el reglamento, autoricen el arribo o despacho de embarcaciones de recreo; y los demás concesionarios por infringir lo dispuesto en esta ley y demás ordenamientos aplicables; disposiciones.

VII. ...

VIII. Los propietarios y navieros de embarcaciones nacionales o extranjeras que incurran en infracciones graves a la presente Ley, cuando éstas sean conocidas mediante los mecanismos de inspección que realice la autoridad marítima por sí misma o bien, en coordinación con otras dependencias, y

IX. Los agentes navieros, por infringirlas disposiciones de esta ley...

Artículo 328. ...

I. ...

II. El propietario, naviero u operador que autorice o consienta el manejo de la embarcación, cuando la tripulación no acredite su capacidad técnica o práctica;

III. Los capitanes y patrones de embarcaciones por no utilizar el servicio de pilotaje o remolque cuando éste sea obligatorio;

IV. Los propietarios de embarcaciones o los navieros por:

a. Proceder al desguace en contravención con lo establecido por el artículo 90;

b. No efectuar en el plazo que fije la autoridad marítima, la señalización, remoción o extracción de embarcaciones, aeronaves o artefactos navales a la deriva, hundidos o varados;

c. Por prestar los servicios a que se refiere el artículo 42 sin permiso de la secretaría;

d. Por no cumplir con lo dispuesto por el artículo 177; y

e. por no contar con el seguro a que se refiere el artículo 176;

V. Las personas físicas o morales que actúen como agente naviero u operador, sin estar autorizados o inscritos en el Registro Público Marítimo Nacional, respectivamente;

VI. Los capitanes o patrones de embarcaciones por no cumplir con la obligación establecida en el artículo 161.

VII. Los concesionarios, por incumplimiento de lo establecido en el artículo 63;

VIII. Los solicitantes de permisos temporales de navegación que de cualquier manera realicen actos u omisiones con el propósito de obtener aquél de modo ilícito;

IX. Los propietarios y navieros de embarcaciones nacionales o extranjeras que incurran en infracciones gravísimas a la presente ley, cuando éstas sean conocidas mediante los mecanismos de inspección que realice la autoridad marítima por sí misma o bien, en coordinación con otras dependencias;

X. Los agentes navieros y en su caso a los propietarios de la embarcación que incumplan con lo dispuesto por la fracción III del artículo 269

Artículo 328 Bis. Se deroga

Artículo Tercero. Se deroga la fracción I BIs del artículo 2o; se modifica el párrafo único del artículo 13, se modifica la denominación del capítulo II; se modifica el párrafo único del artículo 17; se modifica el primer párrafo del artículo 19 Bis; se modifica el párrafo primero del artículo 23; se modifican los párrafos tercero y quinto del artículo 41; se modifica el párrafo primero del artículo 58 Bis, todos ellos de la Ley de Puertos

Artículo 2o. ...

I. ...

I Bis. Se deroga

II. a XI. ...

Artículo 13. La autoridad marítima por caso fortuito o fuerza mayor, podrá declarar, en cualquier tiempo, provisional o permanentemente cerrados a la navegación determinados puertos a fin de preservar la seguridad de las personas y de los bienes.

Capítulo IIIAutoridad portuaria

Artículo 17. En cada puerto habilitado existirá una capitanía de puerto, encargada de ejercer la autoridad portuaria, a la que corresponderá:

Artículo 17. En cada puerto habilitado existirá una capitanía de puerto, encargada de ejercer la autoridad portuaria, a la que corresponderá:

Artículo 19 Bis. El Cumar es un grupo de coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Marina y la secretaría, para la aplicación de las medidas de Protección Marítima y Portuaria y la atención eficaz de incidentes marítimos y portuarios, que determine la Secretaría de Marina.

...

Artículo 23. La Secretaría podrá otorgar las concesiones hasta por un plazo de cincuenta años, tomando en cuenta las características de los proyectos y los montos de inversión. Las concesiones podrán ser prorrogadas hasta por un plazo igual al señalado originalmente. Para tales efectos, el concesionario deberá presentar la solicitud correspondiente correspondiente durante la última quinta parte del periodo original de vigencia y a más tardar un año antes de su conclusión. La Secretaría fijará los requisitos que deberán cumplirse.

...

Artículo 41. ...

I. y II. ...

...

La secretaría deberá expedir la resolución correspondiente en un plazo máximo de sesenta días hábiles., previas opiniones de las Secretarías de Marina en lo que afecta a la seguridad nacional; de la de Medio Ambiente y Recursos Naturales en lo que se refiere a la ecología y de impacto ambiental de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en cuanto a los aspectos de desarrollo urbano

Estas opiniones deberán emitirse en un lapso no mayor de quince días hábiles a partir de que la Secretaría las solicite. Si transcurrido dicho plazo no se ha emitido la opinión respectiva, se entenderá como favorable.

En el caso de modificaciones los cambios sólo registrarse enante la secretaría.

...

Artículo 58 Bis. La planeación del puerto se apoyará en un Comité de Planeación, que se integrará por el administrador portuario quien lo presidirá por el Capitán de Puerto, un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y por los cesionarios o prestadores de servicios portuarios.

...

...

Régimen Transitorio

Artículo Unico. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Dicha ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 1976.

2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación  el 24 de diciembre de 1958, consultada en:

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/ rev-administracion-publica/article/view/18619/16741

3 Discutida el 14 de dicimebre de 2016 en sesión de la Cámara de Diputados, consultada en:

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/dic/20161214-X.pdf

4 Nahle Rocío, Falcon Sandra L., Voto razonado al dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio marítimos, así como de la Ley de Puertos. Consultado en:

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/dic/20161214-X.pdf el 25 de abril de 2019 a las 15: 00 hrs.

Palacio Legislativo de San Lazaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputada Juana Carrillo Luna (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen, y a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Marina, para opinión.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

MAYOR ACCESIBILIDAD E INFRAESTRUCTURA QUE PROMUEVA LA INCLUSIÓN EN EL SISTEMA COLECTIVO METRO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México y la Dirección General del Metro a establecer acciones que garanticen mayor accesibilidad a dicho servicio, mediante infraestructura suficiente y de calidad que promueva la inclusión, a cargo del diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Jorge Luis Montes Nieves, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con cifras de operación del Sistema Colectivo Metro, casi un millón setecientos mil usuarios utilizan este transporte público a diario, su importancia radica en que este ha sido concebido como la “base de un sistema complejo de transporte masivo de la ciudad”, que a su vez ha resultado estimulante para desincentivar el uso del auto particular y trasladarse de un lugar a otro de forma práctica.

Las facilidades de transferencia y las opciones de destino hacen del metro un medio de transporte vital para movilidad de millones de personas en el valle de México; lo cual hace necesario atender la problemática que genera la falta de una mayor y mejor inclusión en las instalaciones del metro.

Si bien es cierto el Sistema Colectivo Metro ha adoptado mecanismos que buscan garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios en situación de vulnerabilidad, mediante rampas, elevadores, escaleras eléctricas, el ingreso con perros guías y placas braille, también es necesario atender la demanda del acondicionamiento de las instalaciones del metro a partir de la cantidad de usuarios que lo requieran, facilitando su movilidad de un lugar a otro.

Hoy en día resulta imprescindible facilitar la accesibilidad de las personas al transporte público, buscando garantizar la calidad del Sistema Colectivo Metro de acuerdo al tipo de infraestructura que requieran, entendiendo como accesibilidad a:

“Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones... tanto en zonas urbanas como rurales”

Garantizar y promover la inclusión es responsabilidad de Estado, por ende deben establecerse mecanismos de coordinación entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, con el objeto de lograr un transporte público que atienda a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, llevando a cabo acciones que ayuden a combatir la discriminación y mejorando la calidad de vida de todas las personas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la titular de la Dirección General del Sistema Colectivo Metro para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, coordine las acciones para el mejoramiento y creación de infraestructura dentro del Sistema Colectivo Metro, facilitando la movilidad de personas en situación de vulnerabilidad.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la titular de la Dirección General del Sistema Colectivo Metro con la finalidad de que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, establezca estrategias de colaboración entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México para generar acciones encaminadas a promover la inclusión dentro del Sistema Colectivo Metro.

Bibliografía

http://ru.iiec.unam.mx/2027/1/num49-articulo2_Gonzalez-Navarro.pdf

https://www.metro.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/accesibilidad-en-estaciones

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_120718.pdf

https://www.inegi.org.mx/temas/discapacidad/

https://www.metro.cdmx.gob.mx/marco-normativo

Notas

1 Espinoza U., Jorge, El Metro, México: Representaciones y Servicios de Ingeniería, 1975, p.21

2 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_120718.pdf

Dado en el Palacio de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputado Jorge Luis Montes Nieves (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

EXHORTO A LA ASF, A REALIZAR UN INFORME ESPECIAL DEL PLAN DE REFINANCIAMIENTO DE DEUDA DE PEMEX

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a realizar un informe especial del plan de refinanciamiento de deuda de Pemex, a cargo de la diputada Gloria Romero León, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputada Gloria Romero León y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a realizar un Informe especial del plan de refinanciamiento de deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Se ha demostrado que mientras más alto sea el nivel de transparencia, la deuda pública y el déficit serán menores; inclusive instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideran a la transparencia como una precondición para la sostenibilidad fiscal macroeconómica.

Por tanto, se considera relevante analizar si la contratación realizada cumplió con los criterios de economía, transparencia, legalidad, libre competencia, y con los objetivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Deuda Pública, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El sector energético en México es relevante en todos los ámbitos, y la revitalización del sector hidrocarburos es de interés general por lo que representa para la economía nacional, este sector es un eje transversal de todas las actividades económicas  y sociales.

Petróleos Mexicanos es la mayor empresa de México, el mayor contribuyente fiscal del país; sin embargo, la empresa  ha sido lastimada en los últimos años por la corrupción,  mala gestión, el saqueo y el agotamiento de sus yacimientos,  por lo que sus retos son disminuir los costos de operación, el  elevado endeudamiento y el cambio de modelo de exportador a refinador.

El 13 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con miembros de su gabinete y los representantes de las instituciones financieras HSBC, JP Morgan y Mizuho, anunció un decreto por el cual Petróleos Mexicanos (Pemex) obtendría 8 mil millones de dólares. De manera específica el convenio consiste en un refinanciamiento de deuda por un monto de 2 mil 500 millones de dólares, además de la renovación de dos líneas de crédito hasta por 5 mil 500 millones de dólares en el corto plazo, de tres a cinco años para sanear sus finanzas.

De acuerdo con el anuncio, son recursos que se consiguen a una tasa de interés significativamente menor a la que Pemex usualmente tiene acceso en los mercados internacionales, una tasa próxima al 4.85 por ciento (libor + 235 puntos base) comparada con tasas de entre seis y nueve por ciento que dominan la colocación de deuda de Pemex.

El estado actual de la balanza comercial de hidrocarburos es negativa por la caída de la producción de petróleo y gas natural, la baja de la exportación de crudo y el  desplome en el volumen procesado de las refinerías mexicanas es de menor rendimiento en  gasolina y diésel.

En los últimos años, las finanzas públicas de Pemex han reportado señales preocupantes; el crecimiento de la deuda que pasó de 841 mil millones de pesos en 2013 a más de 2 billones de pesos en 2018, es decir un incremento de 17.2 por ciento a tasa anual  y el 77 por ciento acumulado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuyo impacto afectó su competitividad.

Fuente: Pemex Corporativo” Situación  Financiera de Pemex periodo 2012-2018”

Petróleos Mexicanos ha llegado a ser la petrolera más endeudada del mundo, su deuda ascendió a 106 mil 502 millones de dólares de deuda financiera total; a 14 mil 437 millones de dólares de deuda financiera a corto plazo y a 92 mil 65 millones de dólares de deuda financiera de largo plazo.

Durante el período de Enrique Peña Nieto se generó el mayor endeudamiento para la empresa y bajó la inversión; además, con la implementación de la reforma energética no se generó un mejoramiento en sus finanzas como se proyectó, incluso los  resultados fueron desastrosos, y altamente costosos para Petróleos Mexicanos, por lo que es preciso tomar acciones para que no se vuelva a repetir.

De acuerdo con el “ Plan de Negocios de Pemex 2019-2023”, el acelerado crecimiento de la deuda, combinado con el entorno de altas tasas de interés, ha provocado un aumento del servicio de la deuda y presionado y ampliado el déficit financiero, mismo que también se ha visto impactado por la caída de los precios internacionales del petróleo. Estos acontecimientos han ocasionado que, desde 2009, Pemex haya registrado balances financieros negativos, lo que significa que la empresa lleva una década completa con balances consecutivos negativos.

Por otra parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha considerado como esencial resolver la debilidad financiera de Pemex, porque si no se resuelve podría poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país, pues afecta la deuda pública y podría provocar una reducción de la calificación soberana.

Dar certeza y transparencia a este proceso de refinanciamiento posibilita prever algún  deterioro financiero mayor; y generar claridad en el uso y destino de la deuda pública e  identificar los saldos y conocer su gestión.

Por lo que, con fundamento en el artículo 79, fracción I, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la Auditoría Superior de la Federación podrá revisar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos en un informe especial en términos de lo que disponga la ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar un Informe Especial del Plan de Refinanciamiento de Deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), en coordinación con las dependencias implicadas en la operación, a fin de verificar si se realizó bajos los criterios de economía, transparencia, legalidad, libre competencia, y si cumple con los objetivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Deuda Pública.

Notas

i Pemex, costos y deuda: retos, El Financiero, enero 2019.

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Pemex-costos-y-deuda- retos-20190129-0041.html

ii http://www.pemex.com/transparencia/Documents/2018-mdylb/13_ MD_DCFSITUACIONFINANCIERAPEMEX_VERSIONPUBLICA.pdf

iii Así llegó Pemex a ser la petrolera más endeudada del mundo, Expansión, Mayo 2019.

https://expansion.mx/empresas/2019/05/13/asi-llego-pemex-a-ser-la- petrolera-mas-endeudada-del-mundo

iv La crisis de Pemex pone en riesgo la estabilidad económica de México, dice la OCDE; animal político, mayo 2019.

https://www.animalpolitico.com/2019/05/pemex-crisis-riesgo-economia-mexico-ocde /

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputada Gloria Romero León (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

CREACIÓN UN GRUPO DE TRABAJO BICAMERAL PARA DAR SEGUIMIENTO AL ACUERDO CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EL PASADO 7 DE JUNIO

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a esta soberanía a generar los acuerdos correspondientes con el Senado a fin de crear un grupo de trabajo bicamaral para colaborar y dar seguimiento al acuerdo México-EUA celebrado el 7 de junio de 2019, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a generar los acuerdos correspondientes con el Senado de la República para la creación de un Grupo de Trabajo Bicameral para Coadyuvar y dar Seguimiento al Acuerdo de fecha 7 de junio de 2019, celebrado entre México y Estados Unidos de América, y posibles acuerdos subsecuentes, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A finales del mes de mayo el presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, a través de sus redes sociales anunció que impondría un arancel del 5 por ciento a todas las importaciones que llegaran desde México hasta que los inmigrantes ilegales dejaran de llegar a ese país.

Este mensaje alertó a las autoridades mexicanas por las implicaciones económicas que tendría la aplicación de dichas medidas, sobre todo cuando la intención de la Casa Blanca era aumentar en 5 por ciento los derechos de aduana durante los próximos meses hasta llegar al 25 por ciento en octubre y mantenerlos en ese nivel hasta que no se realizaran las acciones necesarias para detener los flujos ilegales de extranjeros que cruzan por su territorio.

En consecuencia, una delegación mexicana encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Marcelo Luis Ebrard Casaubón, así como por la secretaria de Economía, doctora Graciela Márquez Colín, y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, viajó a Estados Unidos y, en coordinación con la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, desarrolló una estrategia con la finalidad de revisar con las autoridades de dicho país la situación y proponer una serie de soluciones.

Ruta crítica de reuniones de la delegación mexicana en Estados Unidos

Derivado de lo anterior, los grupos parlamentarios, mediante diversos puntos de acuerdo, solicitaron la presencia de los titulares de la Secretarías de Relaciones Exteriores, de Economía, de Gobernación y de Agricultura y Desarrollo Rural para informar al Congreso de la Unión sobre los temas relacionados con los acuerdos alcanzados con las autoridades de los Estados Unidos de América respecto de la imposición de medidas arancelarias que tendrían un efecto nocivo en las economía de ambas naciones.

En la sesión de la Comisión Permanente del 12 de junio del 2019, derivado de la trascendencia del tema en la vida pública del país, se discutió la necesidad de que los titulares de estas dependencias fueran citados a comparecer en el pleno de la Comisión Permanente. En consecuencia la Mesa Directiva aprobó el siguiente acuerdo:

“ El acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establece la fecha y el formato que se aplicará en el desarrollo de la sesión plenaria de la Comisión Permanente a la que asistirán los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía, para informar sobre los resultados obtenidos en los esfuerzos de negociación respecto de las medidas arancelarias anunciadas, y en su caso, las implicaciones con los temas del tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá

Dicho Acuerdo estableció el formato que se aplicaría en el desarrollo de la sesión plenaria a la que asistirán los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía para informar sobre los resultados obtenidos en los esfuerzos de negociación respecto de las medidas arancelarias anunciadas por el presidente de los Estados Unidos de América, y en su caso, las implicaciones con los temas del tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá.

El viernes 14 de junio, a las 12: 00 horas, se llevaron a cabo dichas comparecencias en donde el canciller Marcelo Luis Ebrard Casaubón y la Secretaría de  Economía, doctora Graciela Márquez Colín, informaron a la Comisión Permanente sobre los compromisos alcanzados en Estados Unidos.

Es importante resaltar que el tema arancelario que tenía un impacto en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos de América y Canadá era solamente una excusa para incidir en cambios importantes en materia de política migratoria, tan es así que los compromisos adquiridos fueron los siguientes:

-El despliegue de 6 mil efectivos de su recién creada Guardia Nacional en su frontera con Guatemala, por donde ingresan la mayor parte de migrantes.

-Ampliar el programa Protocolos de Protección a Migrantes (TPP, por sus siglas en inglés), que permite a Estados Unidos enviar migrantes -que entraron a su país por México- a territorio mexicano mientras tramitan sus solicitudes de asilo.

-Ofrecer oportunidades laborales, acceso a la salud y educación a los migrantes y sus familias mientras permanezcan en su territorio, además de protección a sus derechos humanos.

-Estados Unidos, por su parte, se comprometió a acelerar la resolución de solicitudes de asilo que, en los últimos meses, desbordó los albergues en la frontera norte de México.

-Revisar la posibilidad de que México se convierta en un “tercer país seguro”.

-México también se compromete a iniciar inmediatamente el examen de leyes y regulaciones domésticas con una visión de identificar cualquier cambio que sea necesario, para ser aplicable e implementar dicho acuerdo.

-Ambas partes convinieron en que, si las medidas que se van a tomar no tuvieran los resultados esperados, se volverán a reunir en 90 días para tomar medidas adicionales.

Adicionalmente, durante la comparecencia, diversos grupos parlamentarios externaron su interés para coadyuvar con los esfuerzos realizados por el gobierno federal, motivo por el cual el canciller mencionó lo siguiente:

“Por eso, celebro que pueda haber una comisión plural que nos acompañe en el proceso y quizá de manera inédita tengan acceso en tiempo real a lo que estamos discutiendo, porque eso nunca se ha hecho en la historia de México, pero yo les ofrezco, para su tranquilidad, que si el día 45 no logramos lo que hemos dicho, el día 46 nos reunimos todos, los que ustedes hayan designado, y vamos juntos a la negociación que sea, a defender a México.”

En consecuencia el 26 de junio, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente aprobó el Acuerdo mediante el cual se formó el grupo plural de trabajo para coadyuvar y dar seguimiento al acuerdo de fecha 7 de junio de 2019, celebrado entre México y Estados Unidos de América, y posibles acuerdos subsecuentes.

Dicho grupo se conformó por 16 legisladores miembros de la Comisión Permanente, de los cuales ocho serán diputados/as y ocho senadores/as, nombrados por cada grupo parlamentario.

Durante la Comisión Permanente este grupo plural de trabajo realizó diversas reuniones destacando las siguientes:

-Reunión con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, el 16 de julio, en las instalaciones de la cancillería, donde se presentó un informe sobre el estado de la negociación y cumplimiento de acuerdos de México con Estados Unidos.

-Reunión con el Instituto para las Mujeres en la Migración (Inmumi), organización de la sociedad civil que promueve los derechos de las mujeres en la migración dentro del contexto mexicano, ya sea que vivan en las comunidades de origen, estén en tránsito a través del territorio mexicano, o bien residan en México o en Estados Unidos, en la cual se explicó a detalle la legislación migratoria estadounidense, las autoridades que participan en el tema migratorio y aspectos relevantes sobre lo que significa ser un “tercer país seguro”.

Cabe mencionar que el artículo Décimo del Acuerdo estableció:

“ Décimo. Una vez concluido el Segundo Receso del Primer Año de la LXIV Legislatura de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cada una de las Cámaras, en el ámbito de competencia, podrá realizar las acciones tendentes a continuar con el objeto por el que se constituye el grupo de trabajo del presente Acuerdo”.

Una vez concluido el periodo de receso, es importante que el Senado de la República y la Cámara de Diputados continúen trabajando en coordinación para dar seguimiento a tan importante materia.

El acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos el pasado 7 de junio tiene una serie de implicaciones no solo de carácter internacional, es decir, es importante resaltar que este tema no es exclusivo del Senado de la República, pues los compromisos alcanzados por ambos gobiernos están relacionados con temas económicos, de seguridad, migratorios, arancelarios, derechos humanos de los migrantes etcétera, los cuales tienen implicaciones no solo en tratados internacionales, sino en leyes secundarias.

Por lo tanto, el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos tiene un impacto nacional, en donde la participación de ambas cámaras se convertirá en factor clave para la coordinación de acciones legislativas conjuntas que puedan coadyuvar con el gobierno federal para dar una mejor respuesta con una visión de integral y coordinación institucional.

El excelente antecedente del grupo plural de trabajo conformado en el periodo de receso demuestra sin duda alguna la capacidad de ambas cámaras de trabajar en equipo. Hoy tenemos la responsabilidad de dar soluciones institucionales, contundentes y serias de cara a la ciudadanía, y esto solo lo podremos lograr si el Senado de la República y la Cámara de Diputados trabajan en equipo demostrando que los esfuerzos bicamerales y la coordinación entre poderes es la mejor forma de dar los mejores resultados.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a generar los acuerdos correspondientes con el Senado de la República para la creación de un Grupo de Trabajo Bicameral para Coadyuvar y dar Seguimiento al Acuerdo de fecha 7 de junio de 2019, celebrado entre México y Estados Unidos de América, y posibles acuerdos subsecuentes.

Notas

1 https://www.lavanguardia.com/internacional/20190531/462576 802105/trump-aranceles-mexico-eeuu-inmigracion-muro.html

2 Información obtenida del informe enviado por el Canciller al Senado de la República.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/468631/Informe_al_Senado_MEC.pdf

3 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-06-12-1/assets/ documentos/Acuerdo_MD_comparecencia_T-MEC.pdf

4 https://lta.reuters.com/articulo/comercio-mexico-eeuu-idLTAKCN 1T822C-OUSLT

5 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-06-26-1/assets/ documentos/Acuerdo_MDCP_26062019.pdf

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 10 días de septiembre de 2019.— Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

REALIZAR UNA SESIÓN SOLEMNE A LOS ATLETAS MEDALLISTAS DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS, DE LIMA, PERÚ

«Proposición con punto de acuerdo, para realizar una sesión solemne a los atletas medallistas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos celebrados en Lima, Perú, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México tuvo una participación histórica en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos; el esfuerzo de cada uno de los atletas, marcó la diferencia en esta edición.

En los Juegos Panamericanos participaron más de 6 mil 600 deportistas de todo el continente en 39 deportes y 61 disciplinas, durante 17 días de competencia, entre el 26 de julio y 11 de agosto. Un total de 21 competencias fueron clasificatorias a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

En los Juegos Parapanamericanos participaron cerca de mil 800 paradeportistas de 30 países en 17 deportes y 18 disciplinas. Las competencias se realizaron en 14 sedes entre el 22 de agosto y el 1 de septiembre. Los Juegos Parapanamericanos otorgaron cupos a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 en 13 paradeportes.

Durante el inicio del camino para los deportistas en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Las potencias deportivas como Argentina, Estados Unidos de América, Canadá, Cuba y Brasil, fueron testigos de la fortaleza mexicana.

Los mexicanos han demostrado su trabajo en las diferentes disciplinas, sacando la casta y orgullo nacional. En los Juegos Panamericanos, se lograron 136 medallas; de las cuales, 37 fueron de oro, 36 de plata y 63 de bronce. Destacó la participación de nuestro país en diferentes disciplinas, en algunas ya éramos favoritos, pero en otras se dio la sorpresa, lo que resalta el esfuerzo personal de cada atleta por dar el máximo en esta justa deportiva.

En los Juegos Parapanamericanos, la delegación mexicana obtuvo 158 medallas, de las cuales, 55 fueron de oro, 58 de plata y 45 de bronce, convirtiéndose en la generación más exitosa.

En ambos casos, México cerró en el tercer sitio de la clasificación general, lo que denota la mejor participación del país; incluso cuenta con el reconocimiento a los 19 deportistas más destacados de Lima, Perú.

5. José de Jesús Castillo (México) parapowerlifting

El mejor paradeportista de América brilló en Lima 2019, tras ganar el oro en la división -107 kilogramos (kg) y, así, sumó su cuarta dorada consecutiva en los Juegos. Con ello, Chuy se consolida como uno de los mejores de la historia en esta disciplina.

6. Amalia Pérez (México) parapowerlifting

Obtuvo su cuarta medalla de oro en Juegos Parapanamericanos en la división de menos 55 kg, quebrando, además, el récord parapanamericano. La mexicana también es cinco veces medallista paralímpica.

12. Naomí Somellera (México) paranatación Clase S7

Con 20 años, explotó en su máximo nivel en Lima 2019, al conseguir 6 medallas de oro. Una cantidad que superó, con creces, su cosecha de dos preseas en Toronto 2015.

Estos resultados son producto de la nueva generación deportiva, joven, eficaz, que trabaja diariamente y que nos llena de esperanzas para obtener buenos resultados en Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Cabe señalar que en el Congreso de Perú ya fueron reconocidos los atletas parapanamericanos:

“ Congreso de la República entregó diplomas de reconocimiento a medallistas parapanamericanos

Los 15 paradeportistas fueron reconocidos por la Comisión de Inclusión Social y Personas con discapacidad, por su brillante participación en el certamen internacional.

Siguen los reconocimientos para nuestros paradeportistas, que nos llenaron de orgullo con su brillante participación en los Juegos Lima 2019. Esta vez, el Congreso de la República entregó diplomas de honor a los 15 paradeportistas que subieron al podio, por haber dejado en alto el nombre del Perú.

La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, presidida por la congresista Marisol Espinoza, organizó este homenaje que se realizó en la sala Raúl Porras Barnechea y contó con la presencia –además de los paradeportistas– del presidente del Comité Organizador de Lima 2019, Carlos Neuhaus y la titular de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, Lucha Villar.

En el inicio de la ceremonia participó el presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea, quien felicitó a los paradeportistas por las medallas logradas en Lima 2019. Luego, se unieron los congresistas Ana Choquehuanca y Alberto Quintanilla. La premiación, también, alcanzó a Carlos Neuhaus, Lucha Villar, guías de los deportistas y entrenadores.

Carlos Neuhaus saludó el esfuerzo de los paradeportistas y de la organización de Lima 2019. Ustedes fueron mis engreídos (paradeportistas), queríamos superar los Panamericanos, por eso teníamos ansiedad por hacer de estos juegos, los mejores y lo hicimos. Verlos competir, me generó mucha emoción, para ello trabajamos tanto. Claro que los voy a extrañar a ustedes deportistas. Además, los medallistas de los Parapanamericanos recibieron distinción en Palacio de Gobierno.

Fueron casi 3 años intensos, haciendo todos los esfuerzos por cumplir un compromiso de Estado. Al Perú no podíamos fallarle. Gracias a todos, superamos todos los récords. Estos Juegos marcarán un antes y después para el deporte. Igual para la ciudad. Es un bonito legado que dejamos. Ustedes demostraron que son capaces de muchas cosas. Es una alegría tremenda ver que los reconozcan. Me sentí feliz de trabajar y festejar el éxito de ustedes. Fue muy emocionante todo, por eso, traté de estar en cada triunfo de ustedes, expresó Carlos Neuhaus.

Es por ello que para incentivar el trabajo realizado por los atletas, es necesario el reconocimiento que debe hacer la honorable Cámara de Diputados hacia los atletas mexicanos ganadores.

Sería oportuno que los legisladores aporten al menos un día de dieta mensual, para integrar una bolsa económica que sería donada a los atletas ganadores, con el fin de fortalecer sus actividades deportivas, con miras al futuro próximo.

El logro individual y de grupo le suma al orgullo nacional; es dable, que se realice una sesión solemne donde se brinde el reconocimiento y apoyo que las y los legisladores brindan a los deportistas ganadores de Lima.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados recibe en sesión solemne a los atletas medallistas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos ganadores en los juegos realizados en Lima, Perú, para hacerles un reconocimiento.

Segundo. Se solicita respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a emitir el acuerdo que determine la fecha de la sesión solemne y la forma en que se otorgará el reconocimiento a los deportistas ganadores de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima, Perú 2019.

Notas

1 Tomado de

https://www.lima2019.pe/noticias/los-19-para-deportistas-que- destacaron-en-lima-2019, el 9 de septiembre del 2019.

2 Tomado de

https://www.lima2019.pe/noticias/congreso-de-la-republica-entrego- diplomas-de-reconocimiento-a-medallistas-parapanamericanos, el 9 de septiembre del 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

SE ELIMINEN LAS PLAZAS DE COBRO DE PEAJE DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP, la SCT y Capufe a eliminar las plazas de cobro de Tonalá, Jalisco, a cargo del diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, de la LXIV Legislatura, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que, con fundamento en sus atribuciones legales, procedan a la eliminación de las plazas de cobro ubicadas en el municipio de Tonalá, Jalisco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestros esfuerzos como representantes populares y como legisladores entre otras cosas van enfocados en el bienestar y la mejora continua de la sociedad en este caso es facilitar el libre tránsito de los ciudadanos, para que de una manera más económica, rápida, práctica y eficiente puedan realizar sus traslados.

En nuestro país, la libertad de tránsito es un derecho que está garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contemplado en el artículo 11, que a la letra dice:

“ Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.”

Sin embargo, por décadas los usuarios de las carreteras de cuota del país han sufrido abusos por parte del gobierno federal y de las empresas privadas concesionarios al cobrar elevadas y opacas tarifas de peaje.

El municipio de Tonalá forma parte de la zona metropolitana del estado de Jalisco y cuenta con diversos recursos naturales históricos, climáticos, culturales y económicos por lo que significa una pieza importante en la integración del desarrollo regional y del estado de Jalisco.

En el municipio de Tonalá existen urbanizaciones cuyos habitantes enfrentan la progresiva precarización de su economía familiar causada por el cobro del peaje de las casetas de cobro cuyo perímetro se encuentra compuesto por la troncal La Joya y auxiliares remotas Arroyo de Enmedio, El Cortijo y El Vado, casetas que se encuentran actualmente en operación afectando la economía de los pobladores del municipio que tienen su lugar de residencia en las inmediaciones de estas casetas y que han manifestado en múltiples ocasiones que el acceso controlado les coarta su derecho de residencia, toda vez que impone un costo para acceder y salir de sus viviendas.

Esta situación ha tomado tintes de un conflicto social. Sólo con revisar la prensa de la época basta para darse cuenta de ello. Como medida de resistencia, los vecinos tonaltecas afectados han organizado manifestaciones en los accesos de las casetas antes mencionadas. Como consecuencia han derivado en la detención temporal de los involucrados, hasta la ejecución de órdenes de aprehensión en contra de sus principales liderazgos. No es redundante decir que estas medidas judiciales han obrado en contra de personas para las que los accesos controlados representan una desmejora de su calidad de vida.

En nuestra Constitución se contempla la necesidad de crear, mantener y administrar las vías de comunicación terrestres, por lo que resulta paradójico que teniendo una Constitución en la que se deposita el principio de soberanía, no se cumpla a la letra este mismo principio básico, por el uso de una infraestructura carretera, restringiendo el libre tránsito de habitantes y turistas dentro de la demarcación del municipio de Tonalá.

Las políticas del estado sirven para acelerar, condensar y expandir el libre movimiento de las personas, las mercancías y los productos al interior de su territorio, con la finalidad de obtener mayor fuerza de trabajo y capital. Para acelerar este proceso, es necesario crear las condiciones en las que el movimiento, la funcionalidad y el dinamismo detonen la fuerza de trabajo y los capitales se desenvuelvan libre y productivamente en beneficio de los pobladores.

Eliminar las casetas de mención será fundamental, porque tendrá un efecto directo sobre el ingreso de los habitantes, mejorará las condiciones y volumen de los flujos comerciales, de pasajeros de estudiantes y de profesionistas que todos los días transitan por esas vías, además garantizará la seguridad para quienes circulan y viven en esta región.

La atención a esta demanda social será un factor fundamental para contribuir al bienestar de los tonaltecas, al tener un efecto directo sobre su ingreso disponible.

Los ciudadanos exigen que se les otorgue pronta solución al problema, ya que se les están violando sus derechos de igualdad, y libertad de tránsito.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que, con fundamento en sus atribuciones legales, procedan a la eliminación de las plazas de cobro la troncal La Joya y auxiliares remotas Arroyo de Enmedio, El Cortijo y El Vado, del municipio de Tonalá, Jalisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

SE EMITAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Came a emitir los lineamientos para la reducción de emisiones en la Ciudad de México, a cargo del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, diputado a la LXIV Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) respecto a su población, es la tercer zona más poblada de los países miembros de la OCDE y la primera en el mundo fuera de Asia, datos de 2012.

La ZMVM comprende las 16 demarcaciones territoriales de la actual Ciudad de México y 60 municipios vecinos a la capital. La ZMVM el centro político, económico, financiero y cultural de México. En la zona habitan más de 20 millones de personas. De ellos, alrededor de 44 por ciento habita en la Ciudad de México, y 56 por ciento en los municipios del estado de México e Hidalgo. Sin embargo, en materia de sostenibilidad ambiental, la mejora en la calidad del aire sigue siendo un reto fundamental.

La protección del medio ambiente, preservación y equilibro ecológico, a través de la coordinación del gobierno federal tiene por antecedente el año 1996, cuando se creó la Comisión Ambiental Metropolitana. Y a partir de la evolución de las necesidades ambientales y la extensión urbana se pactó en 2013 la creación de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. El cambio de Metropolitana a Megalópolis obedece a la incorporación de más estados limítrofes de la Ciudad de México y a la articulación de trabajo por la gobernanza con enfoque ambiental entre entidades federativas.

Precisando: el 3 de octubre de 2013, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Convenio de Coordinación por el que se crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el antes Gobierno del Distrito Federal, ahora Gobierno de la Ciudad de México y los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Las tareas de la comisión es fungir como órgano de coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, del antes Distrito Federal y ahora Ciudad de México y municipios de las entidades circunvecinas, para encauzar acciones de planeación, protección, restauración del equilibrio ambiental en la zona.

En las dos últimas décadas los gobiernos federales y estatales han sido enfáticos en la problemática de la calidad del aire y otros temas ambientales. Aunque hay más industrias en la Ciudad de México que en el resto de la ZMVM , 2 mil 532, frente a 2 mil 325; la mayor parte de las emisiones de PM10 (producto del tránsito vehicular) provienen en 61 por ciento del estado de México.

Para el año 2015, tanto en las mediciones diarias como anuales, la ZMVM, la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) y el estado de Puebla los niveles de PM10 y PM 2.5 superan el límite permitido, Hidalgo está por debajo del límite y Tlaxcala junto con Morelos no tienen equipo para realizar las mediciones correspondientes.

Las casi 5 mil empresas en la ZMVM, registran la mayor cantidad de emisiones de partículas y precursores de ozono en el horario de 8 a 14 horas. De los 22 millones de viajes diarios, el desplazamiento hacia las zonas industriales son el principal problema que provoca embotellamiento y motorización vehicular lo cual eleva las emisiones que ocasionan la mala calidad del aire.

Los horarios de jornada laboral sin escalonamiento y el crecimiento del parque vehicular son dos factores coadyuvantes en la baja en la velocidad promedio y el consecuente caos vial.

No obstante, el incremento de ciudades secundarias de desarrollo y la planta laboral de las entidades aledañas a la ZMVM, como son Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Morelos dan plena justificación del replanteamiento geoterritorial de la Megalópolis. Los planteamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis a diferencia de la ZMVM buscan consolidar las áreas y acciones de cuidado ambiental, sin sustraerse del desarrollo industrial. A partir del año 2017 se incorporó el estado de Querétaro a la Megalópolis. De tal manera que la conservación y protección de bosques, vegetación y biodiversidad de la zona centro del país son parte de las estrategias de sostenibilidad ambiental favorables a la calidad del aire.

En virtud de lo anterior, la necesidad de coordinar las principales acciones en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la zona, obliga a tener una visión articulatoria con todas las entidades de la Megalópolis.

Ahora bien, la cláusula segunda del convenio de referencia, enuncia la conformación de la Megalópolis en el entonces Distrito Federal y ahora Ciudad de México por las 16 demarcaciones territoriales de los órganos político administrativos desconcentrados denominados delegaciones, ahora alcaldías, así como los municipios de los estados de Hidalgo (29), México ( 80), Morelos (33), Puebla (22) y Tlaxcala (60).

Asimismo, la cláusula décimo cuarta del convenio ordenó la publicación del reglamento de operación de la comisión en un plazo posterior a la firma de tres meses, mismo que hoy no existe publicación alguna, transcurriendo ya casi 6 años, por lo que la ausencia de un ordenamiento regulador del mismo permite que cualquier integrante pueda emitir planes, circulares, reglamentos o cualquier otro ordenamiento jurídico que afecte a los integrantes de la propia comisión, vulnerando la naturaleza misma del convenio.

Ahora bien, al suscribir un convenio para la creación de la comisión, ser parte de ella y estar reconocida, se faculta para que los integrantes de la misma tengan atribuciones y dentro de las cuales todos deben de estar de acuerdo, y en caso concreto para la emisión o publicación de cualquier documento que afecte o beneficie a las entidades integrante de la comisión, como a la letra lo marca la cláusula tercera, inciso d) del convenio:

“ Tercera. La comisión, para su operación y administración, tendrá las siguientes funciones, dentro del territorio definido en la cláusula segunda del presente instrumento jurídico, así como en su zona de influencia ecológica:

...

d) Implantar acciones y medidas para prevenir y controlar contingencias ambientales y emergencias ecológicas.

...”

Si bien es cierto que la industria y la generación de capital económico y financiero varía entre la ZMVM y los estados que complementan la Megalópolis, así como las emisiones de partículas contaminantes, las medidas de protección ambiental implementadas desde el nivel municipal y estatal, benefician, sin distingo alguno, a la zona centro del país.

Además, no se puede olvidar el esfuerzo de las entidades firmantes que han impulsado en lo económico, industrial, financiero, turístico, ambiental y cultural a la ciudad capital.

Bajo el derecho a la libertad de tránsito, la homologación de verificación vehicular en estado de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla, así como la circulación de la información cuando los altos niveles de contaminantes activan los planes de pre-contingencia y contingencia ambiental, es que los estados de la Megalópolis han inyectado turismo, cumplen con los niveles y estándares para garantizar la calidad en el aire y se han acatado las medidas de protección ambiental, asumiendo responsablemente la unión entre sociedad y gobierno.

De lo anterior, podemos darnos cuenta como las recientes medidas por parte de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México pueden llegar a violar los derechos de las entidades que conformamos la Megalópolis, ya que al emitir cualquier ordenamiento jurídico restrictivo sería contrario a lo que se firmó en el convenio.

Bajo este mismo tenor y derivado de la crisis ambiental a partir del 9 de mayo del presente año, el pasado 3 de junio de 2019, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Plan de Reducción de Emisiones del Sector de Movilidad en la Ciudad de México, el cual se tiene programado que entre en vigor para el año 2020.

El plan hace énfasis en la reducción de viajes contaminantes, en el uso de transporte público sustentable y los medios alternativos, como la bicicleta. Para los citadinos es una medida positiva, teniendo en cuenta que 44.2 por ciento de los habitantes de la Ciudad de México cuentan con automóvil propio, porcentaje mayor al 41 por ciento que tienen automóvil en la ZMVM. 8 De los que tienen auto particular, 90 por ciento de sus viajes son por ese medio de transporte entre semana y del 95 por ciento los sábados. Asimismo, es mayor el porcentaje de vehículos particulares con una sola persona que viven en la Ciudad de México en comparación a las zonas aledañas a la capital.

El mencionado Plan de Reducción de Emisiones del Gobierno de la Ciudad de México, en su acción 1 enumera la restricción de circulación de 6: 00 a 10: 00 horas de placas foráneas en los días martes a jueves, exceptuando de esta regla a los vehículos emplacados en el estado de México y aquellos vehículos con verificación en la Ciudad de México.

Datos de 2018 de los vehículos de motor registrados en circulación reportado por Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), indican que en la Ciudad de México son poco más de 5 millones de autos particulares y 30 mil vehículos para pasajeros, en estado de México son 5.5 millones por 54 mil vehículos de pasajeros; en los estados restantes de la Megalópolis: Tlaxcala tiene registrados 460 mil automóviles particulares, Hidalgo 428 mil, Morelos 592 mil, Puebla 993 mil y Querétaro 493 mil. Por su parte, aproximadamente 1 millón 720 mil personas ingresan diariamente a la Ciudad de México; 1 millón 600 son del estado de México, 24 mil de Hidalgo y de Morelos 11 mil. Las entradas diarias son de personal laboral que desempeña una actividad remunerada y busca mejorar su calidad de vida.

Con respecto al aforo en los registros mensuales de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), en el camino Cuernavaca-México, a julio de 2019 establece 948 729 mil viajes mensuales, es decir, 31 mil en promedio diario de entradas-salidas, es un comportamiento a la baja, ya que en 2018, 2016 y 2015 se registraron más de 1 millón de viajes y en 2017, 933 mil viajes. Los viajes incluyen tanto salidas como entradas de todo tipo de vehículos motorizados.

Por su parte, el inventario de emisiones reporta que tanto para PM10 y PM2.5 el transporte vehicular se ubica como la tercera causa de emisión con un porcentaje inferior a 17 por ciento.

De tal manera que la implementación del Plan de Reducción de Emisores es arbitrario, impositivo, discriminatorio y violatorio con las entidades que conforman la Megalópolis, es decir en la región central del país, conformada por las entidades de Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro y Tlaxcala, violentando con ello el derecho al libre tránsito protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 11.

Ahora bien, la publicación de un plan no avalado por la mayoría de los integrantes de la comisión no puede estar por encima del propio convenio o del Programa de Gestión Federal para Mejorar la Calidad del Aire de la Megalópolis Proaire de la Megalópolis 2017-2030.

Por todo lo anterior, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Ambiental de la Megalópolis para que:

• Convoqué a reunión extraordinaria de todos los integrantes de la misma para que a la brevedad posible establezcan criterios, y en un término de tres meses posteriores a la aprobación del presente punto de acuerdo, emitan un lineamiento con la implementación de medidas para la reducción de emisiones en la Ciudad de México.

• Acuerde con la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con respecto el Plan de Reducción de Emisiones del Sector de Movilidad en la Ciudad de México, publicado el 3 de junio de 2019 que las restricciones dentro de los lineamientos considerados, abarquen a la Megalópolis.

• Que en dicha reunión extraordinaria se establezca que, en un término no mayor a tres meses a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo, se publique el Reglamento de Operación en cumplimiento a la cláusula décimo cuarta del convenio.

Notas

1 Estudios territoriales de la OCDE. Valle de México, 2015, disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/56213/ valle-de-mexico-OCDE.pdf

2 Inventario de emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México, 2010, disponible en:

http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/publicaciones/flippingbook/ inventario-emisiones-zmvm-criterio-2010/inventario-emisiones- zmvm-criterio2010.pdf

3 Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5316255 &fecha=03/10/2013

4 Inventario de emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México, 2010, disponible en:

http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/publicaciones/flippingbook/ inventario-emisiones-zmvm-criterio-2010/ inventario-emisiones-zmvm-criterio2010.pdf

5 Programa de gestión federal para mejorar la calidad del aire de la megalópolis, 2017-2030, disponible en:

https://framework-gb.cdn.gob.mx/data/institutos/semarnat/ Programa_de_Gesti%C3%B3n_Federal_2017-2030_final.pdf

6 Programa de gestión federal para mejorar la calidad del aire de la megalópolis, 2017-2030, disponible en:

https://framework-gb.cdn.gob.mx/data/institutos/semarnat/ Programa_de_Gesti%C3%B3n_Federal_2017-2030_final.pdf

7 Disponible en: https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-de-la- ciudad-de-mexico-el-plan-de-reduccion-de-emisiones-del-sector-movilidad

8 EOD 2017, Inegi, disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eod/2017/doc/ resultados_eod_2017.pdf

9 Plan de Reducción de Emisiones del Sector de Movilidad en la Ciudad de México, disponible en:

https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/storage/app/media/ plan-reduccion-de-emisiones.pdf

10 Vehículos de motos registrados en circulación, Inegi, disponible en:

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/ transporte/vehiculos.asp?s=est?c=13158

11 https://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/01/1/ entran-al-df-mas-de-los-que-salen-para-estudiar-o-trabajar

12 http://www.capufe.gob.mx/aforo/

13 Programa de gestión federal para mejorar la calidad del aire de la megalópolis, 2017-2030, disponible en

https://framework-gb.cdn.gob.mx/data/institutos/semarnat/ Programa_de_Gesti%C3%B3n_Federal_2017-2030_final.pdf

14 Programa de gestión federal para mejorar la calidad del aire de la megalópolis, 2017-2030, disponible en

https://framework-gb.cdn.gob.mx/data/institutos/semarnat/ Programa_de_Gesti%C3%B3n_Federal_2017-2030_final.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

SE GARANTICEN LA SALUD Y LA PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DE LOS HABITANTES DE AHUACAPÁN Y EL MENTIDERO, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a distintas autoridades federales y de Jalisco a realizar gestiones conducentes a garantizar la salud y la protección del ambiente de los habitantes de Ahuacapán y El Mentidero, Autlán de Navarro, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto a las secretarías del gobierno federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Salud; del Trabajo y Previsión Social y a la de Agricultura y Desarrollo Rural; a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno de Jalisco; así como al ayuntamiento constitucional del municipio de Autlán de Navarro en Jalisco; a efecto de que en el ámbito de su respectiva competencia y, de manera coordinada realicen las gestiones que dentro de sus facultades estimen pertinentes y suficientes para que se garantice la salud y la protección al medio ambiente, de los habitantes de las comunidades de Ahuacapán y El Mentidero del municipio de Autlán de Navarro, en Jalisco; lo anterior por el uso de desmedido de plaguicidas en las hectáreas de tierras de cultivo, parques, aceras; y, asimismo, se emitan las medidas cautelares y acciones jurídicas para garantizar que esto ocurra, al tenor de los siguientes razonamientos de hecho y de derecho que se señalan en las siguientes:

Consideraciones

1. Objeto del punto de acuerdo

Por medio de este punto de acuerdo se tiene por objeto que se garantice el derecho a  la salud y a un medio ambiente sano libre de agentes tóxicos de los habitantes de las comunidades de Ahuacapán y El Mentidero del municipio de Autlán de Navarro, en Jalisco; lo anterior por el uso desmedido de plaguicidas en las hectáreas de tierras de cultivo, parques y aceras.

2. Contexto global

De acuerdo con el artículo dos del Código Internacional de conducta para la distribución y utilización de plaguicidas, estos son: “cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de los animales, las especies de plantas o animales indeseables que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera o alimentos para animales, o que pueden administrarse a los animales para combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta o agentes para evitar la caída prematura de la fruta, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra la deterioración durante el almacenamiento y transporte”.

De lo anterior podemos colegir que, los plaguicidas son sustancias que han sido diseñadas específicamente para controlar o matar un tipo específico de organismos vivos, y que tienen inherentes una toxicidad, los cuales por esta naturaleza representan un riesgo a la salud, al medio ambiente, y por consiguiente a los seres humanos.

Ahora bien, esta afectación a la salud y al medio ambiente puede variar en razón del tiempo de exposición al plaguicida así como por la concentración y toxicidad del mismo, de tal forma que si el tiempo de exposición es mínimo, pero el plaguicida es muy tóxico y la cantidad y concentración es muy alta, este puede generar irritaciones en la piel, en los ojos, vomito, dolor de cabeza, náuseas, mareo, desmayos,  convulsiones, fatiga y en casos extremos la muerte. Cuando la exposición al plaguicida es mínima pero por periodos de tiempo muy largos se pueden generar efectos crónicos como diferentes tipos de cáncer de huesos, en las glándulas mamarias, de ovarios, próstata, testicular y de hígado.

El herbicida más utilizado a nivel mundial es el conocido como glifosato, el cual es un sólido cristalino incoloro e inodoro, de manera comercial a nivel internacional lleva por nombre “Roundup” se utiliza para pre-cosecha, post-siembra y pre-emergencia, como un spray dirigido en viñas, huertos, pastos, silvicultura, control de malezas y como herbicida acuático. Su efecto se produce por su capacidad de bloquear la vía enzimática del bioquímico más importante en plantas y microorganismos, evitando la producción de aminoácidos esenciales, de tal forma que al no existir estos aminoácidos, se dejan de sintetizar las proteínas y en consecuencia el crecimiento de la planta cesa dando paso a su muerte celular.

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) organismo  especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), luego de un año de trabajo de diecisiete expertos de once países, el 20 de marzo del año 2015, emitió un documento inédito, en donde señalo que, con base al resultado de sus evaluaciones, clasifico al herbicida glifosato como probablemente cancerígeno para los seres humanos (Grupo 2A). De tal forma confirmó la existencia de poder producir cáncer en humanos, así como dañar el ADN y los cromosomas en células. Detalla que la evidencia en humanos corresponde a la exposición de agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia, con publicaciones científicas desde 2001.

La organización internacional menciona que el glifosato es un herbicida de mayor uso en el mundo, ya que se utiliza en más de 750 productos diferentes para aplicaciones agrícolas, forestales, urbanas y en el hogar; su uso se incrementó con el desarrollo de cultivos transgénicos y este agroquímico fue detectado en el aire durante la pulverización, en agua y alimentos. De tal forma que quienes están más expuestos a este plaguicida son principalmente las personas que residen cerca de las zonas fumigadas, pues se han documentado residuos de este químico en la sangre y la orina de los trabajadores agrícolas.

3. Problemática, el caso Jalisco

En la actualidad las hectáreas de tierras de cultivo, parques y aceras son irrigadas con plaguicidas como el glifosato, el 2,4-D, el picloram y el molinato, en las comunidades de Ahuacapán y El Mentidero, del municipio de Autlán de Navarro, en el Estado de Jalisco. Cuando se usa en agricultura, estos compuestos penetran en el suelo, se filtran en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos, por consiguiente está en lo que comemos, en el agua que bebemos y en nuestros cuerpos.

Recientemente mediante la investigación “Causas de insuficiencia renal en niños de preescolar y primaria de la comunidad de El Mentidero” realizado por investigadores de la Universidad de Guadalajara (U de G) y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología, se confirmó que en la sangre y orina sobre los estudios practicados a más de 300 niñas y niños de poblaciones de Ahuacapán y El Mentidero del municipio de Autlán de Navarro, donde el 100 por ciento de los menores de edad tiene presencia de plaguicidas tóxicos en la sangre y orina.

Esta investigación se enfocó en 53 alumnos de la escuela secundaria Venustiano Carranza, ubicada en la comunidad El Mentidero; en donde en más de una ocasión los alumnos han manifestado malestares en su salud, tales como: dolor de cabeza,  irritación de ojos y vómito; lo anterior se deriva que esta escuela tiene como predio circunvecino una parcela, que de acuerdo al estudio desde hace tres años cultiva pepino, y cada tercer día y alrededor de las 10 de la mañana, a la hora en que los estudiantes ingieren su desayuno, es rociada con al menos seis pesticidas para evitar los insectos que parasitan el cultivo. Lo anterior es concluyente en que los 53 alumnos cuando están en clase, desayunando o durante actividades en recreo, están expuestos a herbicidas como el glifosato, el 2,4-D, el picloram y el molinato, pues se encuentra a escasos metros de distancia pues solo existe una maya ciclónica que separa los linderos de los predios.

El estudio de los especialistas también se realizó a 178 niños de la  escuela primaria José María Morelos y al preescolar de la comunidad del El Mentidero, los cuales no tienen como vecino inmediato al predio de cultivo, como es el caso de la secundaria Venustiano Carranza; sin embargo la investigación reflejo que en la orina de los menores si existe presencia de al menos uno de diez variedades de plaguicidas, y donde el común fue el glifosato y el molinato.

En otra delegación del municipio de Autlán de Navarro, denominada Ahucapán, también se efectuó el estudio en 103 niños que cursan la educación preescolar y primaria, en donde se encontraron un catálogo de 12 plaguicidas distintos, y el común denominador fue de nueva cuenta el plaguicida glifosato.

De acuerdo con los investigadores doctor Humberto González Chávez, doctor Felipe Lozano y el doctor Aarón Peregrina, quienes dieron a conocer la investigación referida, documentaron que los niños de esas comunidades están expulsando a través de su orina pesticidas que son tóxicos y afectan su desarrollo así como su salud. Estos plaguicidas son probables generadores de cáncer en los humanos, alteran el equilibrio hormonal, causan hiperactividad y pérdida de atención en niños, además de daño renal hepático a largo plazo.

Otra afectación que fue documentada es a la fauna silvestre, en específico a los felinos que habitan en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, como el puma, jaguar, ocelote, tigrillo y jaguarundi, los cuales dieron positivo en plaguicidas como el glifosato, picloram, molinato y 2,4-D. Este hallazgo fue documentado por la doctora Irma Ruan Tejeda y el doctor Juan Pablo Esparza, investigadores del Centro Universitario de la Costa Sur, de la Universidad de Guadalajara; los cuales mediante una recolecta de 51 muestras de excretas en la zona de Las Joyas, dieron con este resultado de presencia de distintos tipos de plaguicidas.

4. Propuesta

Es por ello que a través de este punto de acuerdo promovemos que se gire atento y respetuoso exhorto a las Secretarías del gobierno federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Salud; del Trabajo y Previsión Social y la de Agricultura y Desarrollo Rural; a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno de Jalisco; así como al ayuntamiento constitucional del municipio de Autlán de Navarro en Jalisco; a efecto de que en el ámbito de su respectiva competencia y, de manera coordinada realicen las gestiones que dentro de sus facultades estimen pertinentes y suficientes para que se garantice el cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-256-SSA1-2012 y PROY-NOM-003-STPS-2016.

Punto de Acuerdo

Único. Gírese atento y respetuoso exhorto a las Secretarías del gobierno federal de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Salud; del Trabajo y Previsión Social y la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural; a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno del estado de Jalisco; así como al ayuntamiento constitucional del municipio de Autlán de Navarro en el estado de Jalisco; a efecto de que en el ámbito de su respectiva competencia y, de manera coordinada realicen las gestiones que dentro de sus facultades estimen pertinentes y suficientes para que se garantice el cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-256-SSA1-2012 y PROY-NOM-003-STPS-2016. Con lo cual se garantice la salud y la protección al medio ambiente, de los habitantes de las comunidades de Ahuacapán y El Mentidero del municipio de Autlán de Navarro, en el estado de Jalisco; lo anterior por el uso de desmedido de plaguicidas en las hectáreas de tierras de cultivo, parques, aceras; y, asimismo, se emitan las medidas cautelares y acciones jurídicas para garantizar que esto ocurra.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Visible en:

http://www.fao.org/3/a-a0220s.pdf

2 Comunicado de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) Visible en:

https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/MonographVolume112-1.pdf

3 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2013. Visible en:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5286029 &fecha=29/01/2013

4 Ídem. Visible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5472511 &fecha=21/02/2017

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2019.— Diputada Mónica Almeida López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

FORTALECER LAS ACCIONES PARA PREVENIR Y ATENDER LOS DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE MUJERES

«Proposición con punto de acuerdo, para fortalecer las acciones en materia de prevención y atención de los delitos cometidos contra mujeres, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y de Morena

Quienes suscriben, diputado coordinador Arturo Escobar y Vega, en representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados federales Francisco Elizondo Garrido; Nayeli Arlen Fernández Cruz; Alfredo Antonio Gordillo Moreno; Ana Patricia Peralta de la Peña, y Erika Mariana Rosas Uribe, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 1, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado viernes 16 de agosto, la Ciudad de México fue testigo de una de las manifestaciones más enérgicas llevada a cabo por un numeroso grupo de personas, en su mayoría mujeres, quienes protestaban por la inseguridad, la indiferencia de las autoridades, así como por los pocos resultados para garantizar una vida libre de violencia contra la mujer.

Sin embargo, estas manifestaciones que demuestran el nivel de hartazgo de un importante sector de la población, no han logrado permear en la conciencia de nuestra sociedad, pues a poco menos de dos semanas en que se llevó a cabo esa marcha, ha surgido una noticia aberrante.

El día 27 de agosto, se dio a conocer el hecho de que en la Ciudad de México una mujer fue agredida sexualmente por un policía adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dentro de las instalaciones del Ministerio Público de la Coordinación Territorial CUH-3 correspondiente a la Colonia Morelos de la alcaldía de Cuauhtémoc, afortunadamente el agresor fue detenido de inmediato.

El policía fue identificado como “Daniel N”, quien era el encargado de recibir a las víctimas, por lo que en esa posición era quien recaba los datos personales de las personas que acudían a las instalaciones, lo que le sirvió para someter a la víctima al amenazarla con buscarla en su casa si se atrevía a gritar.

El elemento señalado de 42 años de edad, fue recientemente vinculado a proceso y permanecerá en Varonil Oriente pues el juez otorgó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Resulta alarmante e indignante que una persona que acude a denunciar un delito sea objeto de otro a manos de quien está obligado a procurarle protección y apoyarle para que acceda a la justicia que reclama.

Aunque éste es el tercer caso conocido donde policías se ven involucrados en agresiones sexuales, el pasado 14 de agosto, la procuradora Ernestina Godoy, afirmó que en lo que va de 2019, al menos 11 elementos policiacos han sido vinculados a proceso por agresiones sexuales en la capital.

Al caso anterior, se le suma el dado a conocer el día 07 de septiembre, donde una mujer embarazada denunció haber sido violada mientras asistía a una revisión médica, esto en el estado de Guerrero.

Según lo informado por la Secretaría de Salud de Guerrero, los hechos ocurrieron dentro de las instalaciones de la Unidad de Partería Alameda de la ciudad, señalando a su vez que en el servicio de laboratorio se tiene subcontratado a la empresa Operador Medical Life.

El agresor fue identificado como “Kevin N”, mismo que fue puesto a disposición de las autoridades por el delito de violación, después de que la Secretaría de Salud diera aviso a las autoridades correspondientes de los hechos.

Los dos casos expuestos en las líneas que preceden, son un ejemplo claro de la violencia generalizada que se vive en el país, pues sin importar la región geográfica existen casos alarmantes en donde las mujeres son agredidas sexualmente y en circunstancias por demás alarmantes, debido a que muchos de estos ataques han ocurrido en lugares que deberían ser seguros y en los que deberían encontrarse personas capacitadas y dispuestas a servir.

Derivado de lo anterior, es necesario que las autoridades sumen esfuerzos y trabajen de manera conjunta para evitar que estas situaciones se repitan, así como en realizar las investigaciones correspondientes a fin de que los responsables de tan reprobables actos no queden impunes, y que las víctimas accedan a la justicia y les sea reparado el daño de conformidad con la legislación aplicable.

Por lo anteriormente expuesto, los abajo firmantes sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Mujeres, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General de la República para que en el ámbito de sus competencias trabaje de la mano con los institutos, secretarias y fiscalías de las 32 entidades Federativas, a fin de que se fortalezcan las acciones en materia de prevención y atención de los delitos cometidos en contra de las mujeres.

Notas

1 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/mujer-va-al-mp-a-denunciar-y-es- violada-por-un-policia/1333285

2 https://www.nacion321.com/gobierno/lo-que-nos-faltaba-detienen-a- policia-por-violar-a-joven-dentro-de-un-mp

3 https://www.proceso.com.mx/597641/policia-viola-a-mujer-que-habia- acudido-a-denunciar-al-ministerio-publico

4 https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/el-polic%C3%ADa-se%C3%B1alado-de- violar-a-una-mujer-en-un-mp-queda-vinculado-a-proceso/ar-AAGMm4i

5 https://www.proceso.com.mx/597641/policia-viola-a-mujer-que-habia-acudido-a- denunciar-al-ministerio-publico

6 https://www.eluniversal.com.mx/estados/trabajador-viola-paciente-embarazada- en-instalaciones-de-salud-de-guerrero

7 https://www.milenio.com/estados/guerrero-mujer-embarazada-asiste-revision- medica-violada

8 https://www.elimparcial.com/mexico/Guerrero-Violan-a-embarazada-en-hospital- asistia-a-revision-medica-20190907-0087.html

Palacio Legislativo de San Lázaro Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 10 días del mes de septiembre de 2019.— Diputados y diputadas: Arturo Escobar y Vega, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Erika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS-COMITÁN, EN CHIAPAS

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la ampliación de la carretera San Cristóbal de las Casas-Comitán, Chiapas, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez

El que suscribe, Carlos Alberto Morales Vázquez, diputado sin partido de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Gobierno del Estado de Chiapas para que dentro del ámbito de sus facultades realicen la ampliación de 7.00 a 12.00 metros del ancho de corona de la carretera San Cristóbal de las casas - Comitán de Domínguez en los 550 metros que faltan por ampliar, en el acceso sureste a la ciudad de San Cristóbal de las casas en el estado de Chiapas.

Consideraciones

1. Al Sureste de la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, se encuentra el entronque entre el Periférico Sur y la Carretera Internacional 190 que posteriormente se convierte en la Carretera San Cristóbal – Comitán de Domínguez, la cual trae un ancho de vía de 12.00 metros.

2. Durante la ampliación de la carretera anteriormente mencionada, no se realizó de manera homogénea el ancho de vía de 7 metros a 12 metros de la carretera San Cristóbal de Las Casas – Comitán de Domínguez, quedando sin ampliar un tramo que va desde el entronque con el Periférico Sur, el cual comprende 550 metros en dirección de la mencionada carretera San Cristóbal – Comitán.

3. En razón de lo anterior esta falta de homogeneidad ha generado un “cuello de botella” y un área de riesgo toda vez cuando se viene de la dirección Comitán de Domínguez hacia San Cristóbal de Las Casas, los vehículos que han ganado velocidad al descender, debido a la pendiente que presenta la carretera, muchos de ellos de frenar de manera brusca al llegar al tramo que actualmente no está ampliado.

4. En este orden de ideas hay que tener en cuenta que aumentar la seguridad intrínseca y la calidad de protección de las redes de carreteras en beneficio de todos los usuarios de las vías de tránsito, especialmente de los más vulnerables se puede lograr mediante la aplicación de diversos acuerdos de infraestructuras viarias en el marco de las Naciones Unidas, tal como lo establece el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020.

5. Para entender la magnitud del problema, cada año, cerca de 1,3 millones de personas fallecen a raíz de un accidente de tránsito —más de 3000 defunciones diarias— y más de la mitad de ellas no viajaban en automóvil. Entre 20 millones y 50 millones de personas más sufren traumatismos no mortales provocados por accidentes de tránsito, y tales traumatismos constituyen una causa importante de discapacidad en todo el mundo.

6. El 90% de las defunciones por accidentes de tránsito tienen lugar en los países de ingresos bajos y medianos, donde se halla menos de la mitad de los vehículos matriculados en todo el mundo. Entre las tres causas principales de defunciones de personas de 5 a 44 años figuran los traumatismos causados por el tránsito.

7. Según las previsiones, si no se adoptan medidas inmediatas y eficaces, dichos traumatismos se convertirán en la quinta causa mundial de muerte, con unos 2,4 millones de fallecimientos anuales. Ello se debe, en parte, al rápido aumento del mercado de vehículos de motor sin que haya mejoras suficientes en las estrategias sobre seguridad vial ni la planificación del uso del territorio.

8. Se ha estimado que las colisiones de vehículos de motor tienen una repercusión económica del 1% al 3% en el PNB respectivo de cada país, lo que asciende a un total de más de $ 500 000 millones. La reducción del número de heridos y muertos por accidentes de tránsito mitigará el sufrimiento, desencadenará el crecimiento y liberará recursos para una utilización más productiva.

9. Partiendo de lo anterior hay que tener en cuenta que el turismo se ha convertido en un motor de desarrollo en la economía mundial, por lo que diversos países le han apostado e invertido al sector, haciendo de la actividad turística un factor clave de progreso socioeconómico; a través de la captación de ingresos, generación de empleos, creación de nuevas empresas y el mejoramiento de la infraestructura.

10. Hoy los turistas buscan destinos que ofrezcan experiencias únicas, diferentes y auténticas. Chiapas tiene todo para ser la nueva apuesta turística nacional. El turismo orientado a la naturaleza, a la aventura, a la arqueología y a la cultura en general es el de mayor crecimiento a nivel mundial, con tasas de hasta 15% anual.

11. El siguiente gráfico muestra la llegada de turistas que vistan el estado de Chiapas en el periodo 2009-2018; lo que muestra un crecimiento paulatino a través de los años por lo que la inversión en infraestructura es importante para la atracción turística:

12. Fuente: Secretaria de Turismo del Estado de Chiapas.

13. En el terreno de la atracción económica en el Estado de Chiapas, San Cristóbal de las Casas es el 3º en cuanto a Población económica activa total:

14. Fuente: Centro de Investigaciones Turísticas Aplicadas - SCT 2017

15. Como conclusión de la gráfica anterior, queda claro que 18.87% de los turistas que llegan a Chiapas se quedan en San Cristóbal de las Casas. De ahí la relevancia de la inversión en infraestructura vial para la actividad económica del estado y la seguridad vial del turismo.

16. En razón de lo anterior se propone la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al gobierno del estado de Chiapas para que, dentro del ámbito de sus facultades realicen la ampliación de 7.00 a 12.00 metros del ancho de corona de la carretera San Cristóbal de las Casas - Comitán de Domínguez en los 550 metros que faltan por ampliar, en el acceso sureste a la ciudad de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los automovilistas y e impulsar el turismo en el estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

MEDIDAS URGENTES PARA LA CONSERVACIÓN DEL AJOLOTE MEXICANO Y DEMÁS AMBYSTOMAS QUE HABITAN EN EL PAÍS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y la Conanp a implantar medidas urgentes para la conservación del ajolote mexicano y demás ambystomas del país, a cargo de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada federal Martha Patricia Ramírez Lucero, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en esta LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de ésta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:

Consideraciones

El Ambystoma mexicanum, mejor conocido como ajolote o axolotl es una de las 17 especies que viven en nuestro país, de las cuales 16 incluyendo a la mencionada son endémicas de México, este es un animal fantástico, único en el mundo, con características muy peculiares, por mencionar algunas es un animal que se desarrolla en estado larvario, endémico del lago de Xochimilco, es decir que únicamente se encuentra en estado salvaje en dicho ecosistema, y a pesar de la gran importancia que tiene esta especie, lamentablemente está en peligro de extinción, principalmente por lo limitado y contaminado de su hábitat, y que por las características propias de estos cuerpos de agua, les han permitido adecuarse exclusivamente a ellos, pero los convierte en más vulnerables a la modificación de su entorno, lo cual ha desembocado en que actualmente, forme parte de la triste Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, el inventario más completo del estado de conservación de especies de animales y plantas a nivel mundial, lista elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el cual dentro de su clasificación que ordena a las especies según la escala geográfica de su evaluación y su nivel de amenaza lo ubican en un nivel de peligro crítico antes de la extinción.

Es por eso que hay en marcha medidas empleadas para su conservación y estas se enfocan en la mejora principalmente del lago, utilizando dos estrategias, una dirigida a la educación social para conservar en buen estado el medio natural o su ecosistema y otra dirigida al incentivo del turismo ecológico y puesta en marcha de trabajos de restauración de su habitad.

Vamos adentrándonos un poco más en el fascinante mundo de esta especie, el cual tiene un lugar dentro de nuestra historia como nación, una historia que se remonta hasta la época de los aztecas, y que fue utilizado en ese mismo periodo como alimento, medicina tradicional y rituales, cosa que aún persiste, y sabemos de esto, ya que se encuentra documentado en varios códices, y como muestra el Códice Florentino, que es una recopilación de datos y entrevistas hechas a los indígenas mexicanos sobre la Nueva España, escrita por el religioso y misionero español  Bernardino de Sahagún, quien por primera vez comentó en un escrito detalles sobre el mito y la percepción del ajolote, y después de él muchos otros artistas y autores, nacionales e internacionales lo han incluido como elemento principal en sus obras, lo llaman de muchas maneras, “un animal imposible”, “el pez que camina”, “perro del agua”, entre otras formas de llamarlo dentro de nuestra cultura popular. Su nombre proviene del náhuatl Xólotl, quien era el hermano del dios Quetzalcóatl, así que no podemos imaginar la importancia que este tenía para nuestros antepasados.

El ajolote es un animal que desde su fisionomía entra ya en la irrealidad, de su cabeza se desprenden tres pares de branquias, y su gama de colores va desde el color negro hasta el albino, mucho tiene que ver con esto si son criados en cautiverio o viven de manera salvaje y además posee otras capacidades que lo convierten en un animal único en el mundo.

Si hablamos de su morfología nos encontramos con un animal sumamente peculiar, su parecido es un renacuajo gigante, es un anfibio con adaptaciones asombrosas, tiene cuatro patas, las dos de la parte anterior cuentan con 4 dedos cada una y las de la parte posterior con cinco, no tienen uñas ni garras y carecen de parpados, cuentan con una cola de forma aplanada, y su piel es lisa y suave,  pero algo que llama la atención acerca del ajolote, es su capacidad para conservar su estado larvario aun cuando llega a la etapa adulta, desarrollando también sus capacidades sexuales, este fenómeno es conocido como neotenia. Estas no son sus únicas características que lo convierte en uno de los animales más asombrosos del mundo, el ajolote como se le dice comúnmente en nuestro país, un animalito de máximo 30 centímetros, puede regenerar partes de su cuerpo, así como se escucha, si pierde un miembro, es capaz de generar uno nuevo, y sorprendentemente sin cicatriz, siendo uno de los pocos animales vertebrados en hacerlo.

Gracias a esta habilidad regenerativa, se ha convertido en un animal consentido entre los científicos, ya que un ajolote tiene la capacidad de hacer crecer durante varias ocasiones sus extremidades a lo largo de su vida, pero lo curiosos es que esto no ocurre solo con sus extremidades, también otras partes del cuerpo, incluso hasta el cerebro y la espina dorsal, esta capacidad asombrosa ha llamado la atención de muchos investigadores a nivel nacional y mundial, tal es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México , e incluso la NASA, hacen lo propio en las investigaciones ya que buscan descifrar el camino para la regeneración de tejidos en los humanos.

Es tema central de diversas publicaciones, investigaciones, y una prueba de ellos es la revista de cultura científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, haciendo mención de Alexander Von Humboldt, naturalista y explorador alemán de finales de 1700 y principios de 1800 que dijo:

En el año de 1245, según la cronología del abate Clavijero, llegaron (los aztecas) a Chapultepec [...] se refugiaron los aztecas para conservar su independencia en un grupo de islotes llamados Acocolco, situado en el extremo meridional del lago de Texcoco. Allí vivieron por espacio de medio siglo en espantosa miseria, precisados a alimentarse de raíces de plantas acuáticas, insectos y de un reptil problemático llamado axolotl que el señor Cuvier mira como el hijuelo de una salamandra desconocida.

Otro ejemplo donde este maravilloso, simpático y muy mexicano animalito está presente dentro de la cultura y la literatura, es en el libro llamado Axolotiada, vida y mito de un anfibio mexicano,de Roger Bartra (2011), fabulosa antología de la metamorfosis de la sociedad mexicana y su relación con la vida de este peculiar animal, también Julio Cortázar habla sobre el ajolote en su cuento axolotl(1956), y su relación con él, el día en que él mismo se convertía en un ajolote, su cercanía y parecido al ser humano, y lo que le transmitía al verlo casi inmóvil en un acuario en Francia.

Entonces, por lo mencionado en los párrafos anteriores sabemos que México es territorio hogar de diferentes tipos de Ajolotes y/o Salamandras, que 16 de ellos son endémicos del país, y q la gran mayoría están en peligro de extinguirse si no se aplican acciones o medidas necesarias para la conservación y cuidado, tanto de su medio ambiente, habitad o ecosistema como de su especie, también es importante destacar que el Ajolote Mexicano, es parte importante de nuestra cultura, símbolo de nuestra mexicanidad y ha sido el actor principal de diversos cuentos, relatos, y documentos culturales, científicos e históricos a través de los años.

Es por tal motivo y debido a la importancia en el cuidado de nuestros ecosistemas y especies endémicas, así como el aporte socio-cultural que tiene el ajolote mexicano, y las demás especies de Ambystomas, y la urgencia de dar solución a la problemática ya mencionada, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que en el ámbito de sus atribuciones implementen medidas urgentes para la conservación del ajolote mexicano y demás Ambystomas que habitan en México.

Notas

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/444128/PACE_Ambystoma2.pdf

2 https://www.iucnredlist.org/species/1095/3229615

3 Molina Vázquez, Alejandro Hunab. (2010). El ajolote de Xochimilco. Ciencias 98, abril-junio, 54-59.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

CONSULTA PÚBLICA EN EL VALLE DEL MEZQUITAL, HIDALGO, SOBRE EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN AEROPUERTO MIXTO CIVIL/MILITAR EN LA BASE AÉREA MILITAR NO. 1

«Proposición con punto de acuerdo, para realizar una consulta pública en el Valle del Mezquital, Hidalgo, sobre el proyecto “Construcción de un aeropuerto mixto civil/militar con capacidad internacional, en la base aérea militar número 1, de Santa Lucía, México, su interconexión con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y reubicación de instalaciones militares”, suscrita por la diputada Gloria Romero León e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. Aeropuerto mixto civil/militar Santa Lucía, estado de México

El pasado 24 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el proyecto del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en la base aérea del mismo nombre, comenzará su construcción el lunes 29 de abril. El mismo día durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, presentó al Sistema Aeroportuario que integra al actual aeropuerto de la Ciudad de México, con las modificaciones que se realizarán, al Aeropuerto Internacional de Toluca y el desarrollo del Aeropuerto Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía.

Que el 3 de junio el Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa en el Estado de México ordenó suspender la construcción de este proyecto hasta que el Gobierno Federal demostrara que cuenta con los permisos ambientales, y comprobara que el inicio de los trabajos en esta zona no impactará de manera negativa al medio ambiente.

Además el colectivo #NoMásDerroches presentó 147 juicios al considerar que la sustitución por el proyecto de construcción del Aeropuerto Civil Internacional en la Base Aérea Militar de Santa Lucía no resuelve el problema de saturación que existe actualmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y representa un riesgo importante para la seguridad aérea, además, carece de los estudios técnicos, financieros, jurídicos y económicos necesarios.

II. Manifestación de impacto ambiental

La manifestación de impacto ambiental del proyecto fue promovida por la Secretaría de la Defensa Nacional, institución a la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador encargó el desarrollo del puerto aéreo en la Base Aérea Militar #1, ubicada en los municipios de Zumpango y Tecámac.

Que el 15 de abril de 2019, se recibió en la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) el oficio número AISL-455 de esa misma fecha, mediante el cual la promovente ingresó la Manifestación de Impacto Ambiental de Riesgo y el Estudio de Riesgo Ambiental, para su correspondiente evaluación y resolución en materia de Impacto y Riesgo Ambiental, la cual quedó registrada con la clave 15EM2019V0064.

En la manifestación de impacto ambiental presentada por la Secretaría de la Defensa Nacional a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se detallan los principales riesgos de afectaciones para los municipios que rodean a la obra, en la presentación se reconoce que la zona de Santa Lucía tiene una crisis hídrica y que por ello, la Secretaría de la Defensa Nacional sólo puede obtener un millón de litros diarios de agua, pero según sus propios datos el Nuevo Aeropuerto requiere 6 millones de litros de agua diarios para su funcionamiento, entonces ¿de dónde sacarán los 5 millones de litros agua diarios que harían falta?

En el acuífero Cuautitlán-Pachuca existe una sobreexplotación de mantos acuíferos. Según datos de la Comisión Nacional del Agua tiene una sobreexplotación de 800% por lo cual ya tiene una veda.

De acuerdo con la manifestación de impacto ambiental presentada originalmente, el agua sería suministrada mediante pozos ubicados dentro de la Base Aérea. En caso de que fueran requeridas otras fuentes de suministro, se considera que serían determinadas en conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua); también se menciona que en el aeropuerto se considerará contar con instalaciones de captación de aguas pluviales y recargamiento de los mantos acuíferos a través de pozos de absorción.

Hernán Correa Ortiz, académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), consideró que la Manifestación de Impacto Ambiental carece de estudios geofísicos para identificar zonas viables de extracción y conocer si los pozos de absorción son medidas suficientes para revitalizar los acuíferos.

III. Garantizar la seguridad hídrica

El manejo y la conservación de los recursos hídricos se convierten en un elemento crucial para el desarrollo sostenible de un proyecto de esta envergadura. Es por tanto importante observar la orientación estratégica para la gestión del agua en el proyecto.

De las observaciones recibidas durante el procedimiento de consulta del proyecto mencionaré algunas que son relevantes en la materia, como:

• “Si se establece una demanda de agua de 6 millones de litros diarios, sin demostrar la factibilidad de extracción del acuífero Cuautitlán- Pachuca.”

• “No se presentan los resultados de los estudios y las modelaciones que sustenten las declaraciones respecto a la no afectación de la disponibilidad de agua para el consumo humano dentro de las comunidades ubicadas dentro del espacio que conforma el Sistema Ambiental Regional, así como tampoco se considera el consumo adicional que inducirá para comercios y empresas de servicios que se instalaran en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL).”

• “Y se detectan inconsistencias y falta de certeza respecto al aprovechamiento de aguas nacionales, aspecto que es omitido en la vinculación jurídica.”

Las consideraciones al respecto manifestadas por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), fueron las siguientes:

“En cuanto al tema de agua, para la etapa de operación y mantenimiento se propuso por la Sedena que el suministro provenga del acuífero Valle de Mezquital el cual cuenta con disponibilidad de agua suficiente para el abastecimiento, de acuerdo con la opinión técnica emitida por la Conagua, y cuyo traslado será mediante un acueducto a cargo de dicha Comisión.

Suministro de agua

Para las etapas de preparación del sitio y construcción se utilizará agua tratada proveniente de plantas de tratamiento del Estado de Hidalgo mediante pipas, y para la etapa de operación y mantenimiento se propone que el suministro provenga del acuífero Valle de Mezquital cuyo traslado será mediante un acueducto cuyo proyecto estará a cargo de la Conagua, y dicha Comisión corroboró la disponibilidad de agua tanto en su oficio de opinión técnica como en el oficio que emitió dirigido a la promovente el cual se incluyó en la información en alcance ingresada,...

El proyecto contempla una red de drenaje de agua pluvial que incluye una batería de pozos compuesta por 50 unidades para filtrar el agua pluvial al acuífero Cuautitlán-Pachuca, cuando el volumen de lluvias sea ordinario, con la finalidad de contribuir en el caudal hídrico ecológico subterráneo, y para el caso de lluvias extraordinarias, contempla la construcción de un embalse de amortiguamiento en la parte Sur del predio, a fin de que sirva como presa de contención con un tirante de agua en un período no mayor a 48 horas, por lo que permanecerá seco prácticamente todo el tiempo...”

Para abastecimiento de agua del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), se realizará un proyecto a cargo de Conagua que consiste en un acueducto proveniente del Acuífero Valle de Mezquital, cercano a la ciudad de Tula, Hidalgo, el cual es uno de los 6 acuíferos que se encuentran dentro del Sistema Ambiental Regional (SAR) y que actualmente cuenta con disponibilidad hídrica.

Al respecto, y de acuerdo a la opinión emitida por la Conagua, indicó lo siguiente:

• “Sí se considera viable la transferencia de aguas nacionales subterráneas desde el acuífero Valle del Mezquital hasta la zona del proyecto, lo anterior mediante la construcción de un acueducto antes del inicio de la etapa de operación del Aeropuerto. A tal efecto, se recomienda iniciar los trabajos a la brevedad.

• Con respecto al agua que se utilizará para la etapa de operación del sitio y construcción, la Conagua indica que esta opción de suministro durante las etapas indicadas, se consideran viables desde el punto de vista técnico. Derivado de lo antes expuesto, y con base en la opción técnica emitida por la Conagua se tiene que las medidas propuestas por la promovente para el manejo, regulación e infiltración al acuífero serían viables de realizar y que, con esto, no se verá comprometida la capacidad hídrica de la zona para el abastecimiento tanto del proyecto, como de las comunidades cercanas al mismo.”

Sin embargo, al realizar esta modificación a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) el Proyecto amplía su integración regional y considera a otra entidad federativa, el Estado de Hidalgo; ya que el suministro del agua se tiene considerado del Valle del Mezquital como está referido en varios puntos del dictamen.

Por lo que, conforme al acuerdo publicado en el DOF por el que se da a conocer el resultado de los estudios técnicos de las aguas nacionales subterráneas del acuífero Valle del Mezquital, clave 1310, en el Estado de Hidalgo, Región Hidrológico-Administrativa Aguas del Valle de México, del numeral 8.2 Riesgo de sobreexplotación:

“...El acuífero Valle del Mezquital, clave 1310, tiene una disponibilidad media anual de agua subterránea limitada para impulsar el desarrollo de las actividades productivas. El incremento de las actividades agrícolas y de la población, exigirá cada vez mayor demanda de agua para cubrir las necesidades básicas de los habitantes e impulsar las actividades económicas en la región, por lo que, ante un posible aumento en la demanda en los volúmenes de agua extraídos, se corre el riesgo de que la extracción de agua se incremente y rebase el volumen máximo que puede extraerse para mantener en condiciones sustentables al acuífero, generando la sobreexplotación del mismo y la disminución e incluso desaparición del caudal base hacia los ríos y de los manantiales, situación que pone en peligro el equilibrio del acuífero, la sustentabilidad ambiental y el abastecimiento para los habitantes de la región.”

Actualmente, existe el riesgo de que el incremento de la demanda de agua subterránea genere los efectos perjudiciales causados por la explotación intensiva, tales como la profundización de los niveles de extracción, la inutilización de pozos, la disminución e incluso desaparición de los manantiales y del caudal base, así como el deterioro de la calidad del agua subterránea, por lo que es necesario prevenir la sobreexplotación, proteger al acuífero de un desequilibrio hídrico y deterioro ambiental que puede llegar a afectar las actividades socioeconómicas que dependen del agua subterránea en esta región.

De acuerdo con la ley General de Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente en su artículo 34.- Una vez que la Secretaría reciba una manifestación de impacto ambiental e integre el expediente a que se refiere el artículo 35, pondrá ésta a disposición del público, con el fin de que pueda ser consultada por cualquier persona.

I. La Secretaría publicará la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental en su Gaceta Ecológica. Asimismo, el promovente deberá publicar a su costa, un extracto del proyecto de la obra o actividad en un periódico de amplia circulación en la entidad federativa de que se trate, dentro del plazo de cinco días contados a partir de la fecha en que se presente la manifestación de impacto ambiental a la Secretaría;

IV. Consulta pública

De acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Gobierno de México, para proyectos de esta magnitud deben consultarse al menos 20 comunidades indígenas que puedan resultar afectadas ambientalmente, por lo que faltan por consultar a comunidades indígenas sobre el aeropuerto de Santa Lucía.

La Organización de los Doce Pueblos Originarios del Municipio de Tecámac y la agrupación Vecinos del Cerro de Tecalco-Chiconautla han demandado que se consulte a la gente de la región. Los pobladores temen que sus casas queden dentro de la franja de amortiguamiento y alertan sobre problemas de abastecimiento de agua.

Que de acuerdo al dictamen de Impacto Ambiental Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/0552 se consideró como observación:

“ 23. No consultaron a toda la comunidad cercana”

Y como suficiente por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), “ Consulta Pública y Reunión Pública de Información”.

El desarrollo del proyecto fue difundido en los siguientes medios: Periódicos El Sol de Toluca, publicado los días 18 de abril y 14 de mayo de 2019, y El Sol de México publicado el 26 de abril y 14 de mayo de 2019; en la Gaceta Ecológica publicada por esta Secretaría los días 17 de abril, 14 y 23 de mayo de 2019, en las Publicaciones número DGIRA/021/19, DGIRA/025/19 y DGIRA/027/19 respectivamente. “

“El proyecto estuvo sujeto a los procesos de Consulta Pública y Reunión Pública de Información para promover la participación ciudadana, tal y como se refiere en los considerandos 4 a 7 de este oficio, y la cual se realiza por única ocasión conforme lo establecido en la LGEEPA y su Reglamento en materia de Impacto Ambiental.”

Por lo que antes de tomar cualquier medida administrativa o proyecto que tenga un impacto sobre comunidades y pueblos originarios, se tienen que hacer consultas previas, informadas y culturalmente adecuadas.

¿Porque consultar a las comunidades de Hidalgo? La sobre explotación y contaminación amenazan a los acuíferos en el Estado de Hidalgo, tres acuíferos presentan esta problemática; Tulancingo, Huichapan-Nopala-Tecozautla y el Cuautitlán-Pachuca del que dependen 711 mil 302 habitantes de 11 Municipios del suministro de agua.

En Hidalgo ya conocemos la paradoja de llevar agua a otro Estado sin que se garantice la compensación ecológica y el suministro del territorio donde se extrae, del Infiernillo localidad de Zimapán se extraen 47.3 millones de metros cúbicos por año para la zona metropolitana de Querétaro, y hoy el Municipio tiene problemas de abastecimiento de agua mientras que en la región de Tula la presa Endhó recibe las aguas residuales de la Ciudad de México; y presenta altos niveles de concentración de mercurio, arsénico, plomo, que generan enfermedades en la población. No hay restauración Ecológica, ni programa estratégico de recuperación y saneamiento.

En el Valle del Mezquital existen comunidades nhanñhu-otomí, y del acuífero se abastecen 17 Municipios de Hidalgo; Tula de Allende, Tepeji, Ajacuba, Tetepango, Francisco I. Madero, Mixquiahuala y Progreso de Obregón, Chilcuautla, Alfajayucan, Chapantongo, Tepetitlán, Atotonilco de Tula, Atitalaquia, Tlaxcoapan, Tezontepec de Aldama y Tlahuelilpan quienes serían los directamente afectados si reduce la cantidad de agua disponible en sus diferentes usos.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se realice la consulta pública en el Valle del Mezquital del Estado de Hidalgo, correspondiente al proyecto denominado “Construcción de un Aeropuerto mixto civil/militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar Número 1 (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el aeropuerto internacional de la ciudad de México y reubicación de instalaciones militares”, toda vez que el suministro de agua provendrá según el dictamen de esta región del estado de Hidalgo.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que dé a conocer el Proyecto Ejecutivo del Suministro de Agua del Proyecto denominado “Construcción de un Aeropuerto mixto civil/militar con capacidad internacional en la base aérea militar no. 1 (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el aeropuerto internacional de la ciudad de México y reubicación de instalaciones militares”.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a garantizar el equilibrio del acuífero del Valle del Mezquital mediante un programa que incluya de manera puntual las medidas de compensación y mitigación, y se garantice la sustentabilidad ambiental y el abastecimiento para los habitantes de la región.

Notas

1 El colectivo #NoMásDerroches está integrado por Causa en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, AC, Confederación Patronal de la República Mexicana, Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y México Unido Contra la Delincuencia, entre otras organizaciones, y diversos despachos de abogados y cientos de ciudadanos.

2 Artículo 4 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputada Gloria Romero León (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

SE DECLARE AL CAMBIO CLIMÁTICO COMO UNA EMERGENCIA NACIONAL Y SE IMPLEMENTEN POLÍTICAS PÚBLICAS PARA REVERTIR SUS EFECTOS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a declarar el cambio climático como una emergencia nacional e implantar políticas públicas, programas y acciones responsables y efectivos para revertir sus efectos, a cargo de la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el estudio Archivo natural del clima, realizado por la Universidad Libre de Berlín y la Universidad Nacional de Australia, a partir de 1830, al inicio de la Revolución Industrial, comenzó a percibirse el aumento de las temperaturas, inicialmente en el Ártico y en las zonas tropicales de los océanos y posteriormente en Europa, Asia y Norteamérica. Conforme al mismo trabajo, aproximadamente cincuenta años después, comenzó a ser más evidente el inicio del cambio climático, principalmente en el hemisferio sur del planeta.

“Las investigaciones muestran que el calentamiento de la Tierra guarda relación desde el principio con el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero consecuencia de la revolución industrial”, explicó en un comunicado Jens Zinke, paleontólogo de la Universidad Libre de Berlín y coautor del estudio.

Dicho estudio confirma la intervención del factor humano en las modificaciones al cambio climático. Asimismo, diversos grupos de científicos estiman necesario revisar la evolución y comportamiento del calentamiento global en las próximas décadas.

De acuerdo con diversos estudios científicos y de organizaciones de la sociedad civil, algunos de los efectos del calentamiento global son, temperaturas más cálidas, tormentas más intensas, propagación de enfermedades, olas de calor más fuertes, derretimiento de los glaciares, huracanes más peligrosos, cambio de ecosistemas, desaparición de especies animales, aumento del nivel del mar y, como resultado de varias de éstas, alimentos más caros.

Las problemáticas derivadas del calentamiento global han exigido la atención de diversos países, que han impulsado esfuerzos internacionales para detener y revertir sus efectos, entre los que podemos citar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, suscrita en 1992 durante la llamada Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro.

En seguimiento a este esfuerzo, el 11 de diciembre de 1997 se adoptó el Protocolo de Kioto que entró en vigor en febrero de 2005, el cual tiene como objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, siendo éstos el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), y los gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6).

Asimismo, con la finalidad de fortalecer los alcances del Protocolo de Kioto, la Unión Europea (UE) impulsó un nuevo esfuerzo el cual se concretó en la Conferencia de Paris, donde el 22 de abril de 2016 se adoptó el instrumento conocido como Acuerdo de Paris, el cual fue ratificado por la Unión Europea el 5 de octubre de 2016, entrando en vigor el 4 de noviembre de 2016. 195 países, entre ellos México, firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima.

Como puntos principales, el Acuerdo de Paris tiende un puente entre las políticas actuales y la neutralidad climática que debe existir a finales de siglo.

Entre otros aspectos, los Gobiernos acordaron:

• Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C sobre los niveles preindustriales.

• Limitar el aumento a 1,5 °C, lo que reducirá considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático

• Aplicar inmediatas reducciones de emisiones globales basadas en los mejores criterios científicos disponibles.

Declaratorias de emergencia nacional en otros países.

La figura de declaratoria de emergencia nacional se ha venido implementando en diversos países durante el presente año con el objeto de visibilizar y fortalecer las acciones de las autoridades para enfrentar el cambio climático, sumando esfuerzos con la sociedad civil.

A nivel internacional varios países han declarado el Estado de Emergencia Climática a nivel federal: Reino Unido, Irlanda, Portugal, Canadá, Francia y Argentina, nivel local lo han declarado numerosas regiones incluyendo 18 ciudades en Estados Unidos, entre ellas Nueva York y San Francisco; 17 ciudades en Australia, incluyendo Sidney; varias ciudades italianas, incluyendo Milán y Nápoles; así como la región de Canterbury en Nueva Zelanda y 49 ciudades alemanas.

En total, 212 millones de ciudadanos se encuentran incluidos en localidades o países que han declarado una emergencia climática.

El 1 de mayo del 2019, el Parlamento de Reino Unido declaró el estado de emergencia ambiental y climática.

El proyecto aprobado por el Parlamento británico, expresa:

- “Esta Cámara declara una emergencia ambiental y climática, luego del hallazgo del IPCC que para evitar un aumento de más de 1.5 °C en el calentamiento global, las emisiones globales necesitarían caer alrededor de un 45% desde los niveles de 2010 para 2030, llegando a cero neto alrededor de 2050.

Reconoce el impacto devastador que el clima volátil y extremo tendrá en la producción de alimentos del Reino Unido, la disponibilidad de agua, la salud pública y las inundaciones y los daños por incendios forestales.

El 17 de junio del presente año, la Cámara de los Comunes de Canadá voto la declaratoria de emergencia climática, entre otros aspectos, la declaratoria estipula lo siguiente:

(a) el cambio climático es una crisis real y urgente, impulsada por la actividad humana, que afecta al medio ambiente, la biodiversidad, la salud de los canadienses y la economía canadiense;

(b) Los canadienses sienten los impactos del cambio climático en la actualidad, por inundaciones, incendios forestales, olas de calor y otros fenómenos meteorológicos extremos que se prevé que se intensifiquen en el futuro;

En el contexto nacional, cabe recordar algunos fenómenos naturales que han afectado diversas entidades federativas de nuestro país, provocando graves inundaciones y sequias, las cuales de acuerdo a diversos estudios podrían tener vinculación con el calentamiento global.

Entre otros, las severas lluvias atípicas que afectaron diversas alcaldías de la Ciudad de México durante los meses de julio y agosto de 2018.

23 de mayo de 2019, torrencial lluvia inunda Tuxtla, Gutiérrez Chiapas.

1º de julio de 2019 azota fuerte granizada la zona metropolitana de Jalisco, afectando las actividades normales y económicas de la región.

20 de agosto de 2019, daños en los municipios de Acapulco, Ayutla de los Libres, Copala, Atoyac de Álvarez y Tecpan de Galeana, por las fuertes lluvias.

30 de agosto de 2019, severa sequía afecta a 36 de los 43 municipios de Tamaulipas.

2 de septiembre de 2019, grave sequía podrá afectar el desarrollo económico y provocar escasez de la Huasteca Potosina.

Cabe reconocer los esfuerzos de diversas organizaciones de la sociedad civil internacionales y nacionales, quienes desde hace varios años, incluso a veces en contra de algunos gobiernos, realizan acciones en beneficio del medio ambiente entre estas las encaminadas a detener el cambio climático que está cambiando de manera drástica los ecosistemas y climas del mundo.

Finalmente, cabe señalar que no obstante la firma y ratificación del Acuerdo de Paris por parte del Gobierno Mexicano, el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 no contiene acciones concretas encaminadas al cumplimiento de este importante instrumento internacional, lo cual refleja la falta de compromiso con un tema de la mayor importancia para el mundo y para México, pues los efectos del cambio climático en el medio ambiente están impactando negativamente la calidad de vida y el desarrollo económico en varias regiones del mundo y de nuestro país.

Es esencial recordar al titular del Ejecutivo Federal que la ratificación de este trascendental instrumento internacional y del cuidado al ambiente es un compromiso del Estado Mexicano y no de ningún gobierno en turno.

Es esencial que el Estado Mexicano fortalezca las políticas públicas, acciones y programas encaminados al cuidado del medio ambiente y, como parte de ello, las relativas a enfrentar el cambio climático, antes que los efectos puedan, incluso, convertirse en amenazas a la seguridad nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a declarar el cambio climático como una emergencia nacional e implementar políticas públicas, programas y acciones responsables y efectivas para revertir sus efectos, con presupuestos suficientes y mecanismos de evaluación permanente, con la participación de los gobernadores de las entidades federativas y la sociedad civil.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a fortalecer las acciones para garantizar y mejorar la reducción en las emisiones de carbono, e impulsar actividades económicas y un crecimiento que contribuyan al cuidado del medio ambiente y reducción de emisiones, en cumplimiento de los instrumentos internacionales suscritos por el gobierno mexicano.

Notas

1 Oxfamintermon.org/10-consecuencias-del-calentamiento-global/

2 De acuerdo con diversos instrumentos internacionales la neutralidad climática, se entiende como el proceso de medir, reducir y compensar las emisiones.

3 Emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI)

4 https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es

5 Climate Emergency Declaration, 2019. Climate emergency declarations in 985 jurisdictions and local governments cover 212 million citizens.

https://climateemergencydeclaration.org/climate-emergency- declarations-cover-15-million-citizens/

6 Parliament, 2019. Climate change and the environment. Reino Unido.

http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CDP-2019-0105/ CDP-2019-0105.pdf

7 House of Commons, 2019. Vote No. 1366. (en línea).Canadá:

https://www.ourcommons.ca/Parliamentarians/en/votes/42/1/1366/

8 El 14 de septiembre de 2016 el Senado de la República ratificó el Acuerdo de Paris. El 21 de septiembre de ese mismo año, el Gobierno Mexicano depósito la ratificación de dicho instrumento ante la Organización de las Naciones Unidas.

Dado en el salón de plenos de la honorable Cámara de Diputados, a 10 de septiembre de 2019.— Diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

CONVENIOS DE ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MATERIA DE SALUD, ASISTENCIA SOCIAL, EMPLEO, EDUCACIÓN, VIVIENDA, TRANSPORTE PÚBLICO Y COMUNICACIONES, EN SONORA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Sonora y el Conadis a suscribir convenios de colaboración que permitan cumplir la accesibilidad de las personas con discapacidad en materia de salud, asistencia social, empleo, educación, vivienda, transporte público y comunicaciones, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La población con discapacidad sufre retos diariamente, sobre todo por la falta de infraestructura pública y privada que ayude a la realización de actividades, en la falta de atención y vejaciones e incluso el trato con otras personas refleja la prevalencia de prejuicios y estereotipos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2014 6 por ciento de la población mexicana (aproximadamente 7.1 millones de personas) manifestó tener algún tipo de discapacidad (Inegi, 2016). Como establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad son aquellas que muestran alguna diversidad funcional de tipo físico, mental, intelectual o sensorial. Ante un entorno que no considera dichas características, éstas tienden a estar asociadas con dificultades para la participación plena y efectiva en la sociedad.

El resultado es que las personas con discapacidad generalmente se sienten excluidas, alejadas de la población general, además la mayoría sufre de pobreza, marginación y se suman condiciones que la sociedad toma como desventaja como el origen étnico, el color, la diversidad sexual, entre otros.

La garantía de accesibilidad sobre los espacios, el transporte, las escuelas, los medios de comunicación, las tecnologías de la información, por mencionar algunos; así como, el acceso al empleo formal, no protegido y bien remunerado.

Información sociodemográfica:

• Se estima que de los 31.5 millones de hogares del país, en 6.1 millones vive al menos una persona con discapacidad (19 de cada 100). En 78 por ciento de ellos hay una persona con discapacidad, en 18 dos personas y en 3 tres o más (Inegi, 2012).

• Las dificultades para caminar son el tipo de discapacidad más frecuente (64 por ciento), seguidas de las dificultades para ver incluso con el uso de lentes (58), aprender, recordar o concentrarse (39), escuchar incluso con aparato auditivo (34), mover o usar los brazos o manos (33), bañarse, vestirse o comer (24), problemas emocionales o mentales (20) y, finalmente, hablar o comunicarse (18) (Inegi, 2016).

• Las principales causas de discapacidad son las enfermedades (41 por ciento), la edad avanzada (33), el nacimiento (11), los accidentes (9) y la violencia (0.6). La distribución es similar por género, aunque las mujeres reportan porcentajes más altos en discapacidad por edad avanzada (36) y enfermedad (44), mientras los hombres los reportan por accidentes (12) y nacimiento (13) (Inegi, 2016).

• Las mujeres tienen un porcentaje de población con discapacidad más alto que los hombres (53 frente a 46), aunque éste varía según grupos de edad (entre 0 y 39 años es más alto en varones; en el resto de la población, en mujeres) (Inegi, 2016).

Información socioeconómica:

• La mitad (49.4 por ciento) de las personas con discapacidad vive en situación de pobreza: 39.4 vive en pobreza moderada, mientras que 10 está en pobreza extrema (Coneval, 2017).

• La mayoría de hogares que tienen personas con discapacidad está con índices de ingresos más bajos. Hasta 45 por ciento de los ingresos de esos hogares proviene de transferencias oficiales (54.7 del total) y de otro tipo (Inegi, 2012).

• Los hogares que tienen personas con discapacidad gastan más en alimentos, vivienda y cuidados de la salud que el resto. Dicho gasto puede ser hasta tres veces más alto que en hogares sin personas con discapacidad (Inegi, 2012).

• Una de cada cinco personas (21 por ciento) con discapacidad entre 15 y 59 años no sabe leer ni escribir, mientras que la tasa a nivel nacional es 7 veces menor (3 por ciento) (Conapred, 2018).

• Mientras que la asistencia a la escuela es casi universal en los niveles básicos (97 por ciento), entre las personas con discapacidad el porcentaje cae a 80. Conforme pasa el tiempo, sólo 28 por ciento de este sector se incorpora a la educación media superior y superior (Conapred, 2018).

La mayoría de la infraestructura pública y privada no es accesible para las personas con discapacidad; en el caso de Sonora, falta que se apliquen recursos para modificarlos.

Sonora se encuentra arriba de la media nacional, conforme a datos del Censo de Población y Vivienda de Inegi y, se está próximamente a levantar el nuevo censo; con el que se reflejará, las condiciones en que viven, sus ingresos, derecho a salud, educación, vivienda, entre otros, de la población con algún tipo de discapacidad.

Es urgente que se atiendan los municipios de alta prioridad, sobre todo, porque están alejados de Hermosillo y no cuentan con la infraestructura mínima, tanto en lo público como lo privado para realizar sus actividades cotidianas, aunado a la falta de apoyo en otras materias.

Por lo fundado y motivado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la titular del Poder Ejecutivo de Sonora y al Director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a celebrar convenios de colaboración que permitan el cumplimiento de la accesibilidad a las personas con discapacidad en materia de salud, asistencia social, empleo, educación, vivienda, transporte público y comunicaciones.

Notas

1 Tomado de

<https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PcD%281%29.pdf> el 9 de septiembre de 2019.

2 Tomado de

<https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PcD%281%29.pdf> el 9 de septiembre de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

CURSOS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN DEL PERSONAL DEL ISSSTE, EN MATERIA DE RELACIONES DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al ISSSTE a implantar cursos y talleres conducentes a la sensibilización y educación del personal a su cargo en materia de relaciones de género y derechos humanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Las suscritas y los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a la Cámara de Diputados proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el país, datos de 2014 emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hablan de una población total de 125 millones 386 mil personas, donde la población femenina es mayoría, con 63 millones 17 mil 797 mujeres, lo que supone 50.26 por ciento del total, frente a los 62 millones 368 mil 36 hombres, que son 49.74.

Sin embargo y pese a ser mayoría poblacional, aún es común conocer o estar cerca de mujeres que son víctimas de violencia de género en cualquiera de sus múltiples manifestaciones.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993 define la violencia contra la mujer como

todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

México no es ajeno a esta práctica brutal de ejercer violencia en sus múltiples formas contra las niñas y mujeres, dado que la violencia es una manifestación de las relaciones de poder desigual entre mujeres y hombres. Relaciones que han causado la dominación del hombre sobre la mujer, la discriminación contra ellas y la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo.

En el país, la violencia comunitaria contra las mujeres es de 38.7 por ciento y las entidades con las prevalencias más altas son Ciudad de México, estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro. Esta violencia ejercida en los espacios públicos o comunitarios es sobre todo de índole sexual, que va desde frases ofensivas de tipo sexual, acecho (la han seguido en la calle) y abuso sexual (manoseo, exhibicionismo obsceno).

Las agresiones ocurren principalmente en la calle y parques (65.3 por ciento), seguido del autobús y microbús (13.2), el Metro (6.5). Los principales agresores son personas desconocidas, conocidas, un amigo o vecino, así como el conductor de transporte público.

Otras cifras sobre el tema proporcionadas por el mismo organismo – Inegi- indican que: cada cuatro horas una niña, joven o mujer adulta es asesinada durante la última década en las 32 entidades federativas, según registros del Instituto.

Por lo anterior deben atenderse con la mayor brevedad, los múltiples llamados internacionales para reconocer y aplicar universalmente los derechos humanos de las mujeres en el terreno de la igualdad, la seguridad, la libertad, la integridad y la dignidad como base del derecho al ejercicio y goce de sus garantías incluido el derecho a una vida libre de violencia.

Por ello resultan indignantes y reprobables las declaraciones hechas por el subdelegado del ISSSTE en Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, quien se refirió como “pirujas” a las concubinas de los derechohabientes. Así también, cuestionó el derecho a los servicios de salud para las parejas del mismo sexo.

Es inadmisible que un servidor público de la 4T utilice expresiones misóginas, denostativas y vejatorias para las mujeres, como es el calificativo “pirujas”. Porque se limita el derecho básico de las mujeres a la salud, también significan un grave retroceso de la lucha feminista para lograr que las trabajadoras obtengan acceso a la seguridad social. Además, todo servidor público está obligado a promover, observar y proteger los derechos humanos de las mujeres.

Cabe indicar que si las conductas que vulneran la dignidad e integridad de las mujeres no son sancionadas con firmeza, no podremos aspirar a una sociedad igualitaria y libre de violencia, porque la violencia de género en cualquiera de sus expresiones, no atendida incuba la impunidad. No podemos esperar que cese la violencia social y criminal contra la mujer si somos tolerantes con la violencia institucional.

Así también, la violencia contra las mujeres comienza por tolerar, ignorar, o invisibilizar que detrás de una palabra como “piruja”, se esconden años de misoginia, años de machismo, de odio y de estigma que solo fomenta más la violencia en perjuicio cada vez más grave contra la integridad y dignidad de las mujeres.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer emitida por la ONU indica en el inciso c) del artículo 2: “Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

Por ello solicitamos al titular del Instituto Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado en Michoacán que impulse la implantación de talleres, cursos y conferencias a las y los servidores públicos del instituto, sobre el tema de la violencia particularmente, sobre la violencia psicológica e institucional contra las mujeres michoacanas y separe de inmediato del cargo al doctor José Manuel Mireles Valverde.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para separar de su cargo, de manera inmediata y definitiva a José Manuel Mireles Valverde del cargo de subdelegado de esa institución en Michoacán.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que, en el ámbito de su competencia, implante cursos y talleres conducentes a la sensibilización y educación del personal a su cargo en materia de relaciones de género y derechos humanos, especialmente en las entidades federativas con altos índices de violencia feminicida.

Notas

1 Expansión, http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/mexico

2 http://www.un.org/es/events/endviolenceday/

3 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputada y diputado: Verónica Beatriz Juárez Piña, Antonio Ortega Martínez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

SE GARANTICE CONTAR CON UN REGISTRO HOMOLOGADO SOBRE EL CÁNCER INFANTIL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a ejecutar acciones que garanticen contar con un registro homologado sobre el cáncer infantil en el país, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y de Morena

Quienes suscriben, Arturo Escobar y Vega, en nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y los diputados federales Francisco Elizondo Garrido; Nayeli Arlen Fernández Cruz; Alfredo Antonio Gordillo Moreno; Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 65 y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Según el Programa de Acción Específico “Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, 2013-2018”, a cargo de la Secretaría de Salud, en México el cáncer infantil es considerado un problema de salud pública, al ser la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y 14 años de edad, cobrando más de 2 mil vidas anuales.

En este sentido, cada año se diagnostican alrededor de 5 mil casos nuevos de cáncer en personas menores de 18 años, cuya prevalencia aproximada es de 18 mil casos anuales.

Aun cuando el porcentaje (5 por ciento) de niños y adolescentes enfermos de cáncer es mucho menor en comparación con las enfermedades neoplásicas en los adultos, esta enfermedad representa una de las principales causas con mayor número de años de vida potencialmente perdidos, ya que se estima que cada niño que no sobrevive al cáncer, pierde, en promedio, 70 años de vida productiva.

Respecto a la supervivencia, de acuerdo con los registros del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), es de 56 por ciento, representando un avance, aunque aún nos encontramos por debajo de los estándares encontrados en países desarrollados, donde se espera que el 80 por ciento de los pacientes se curen.

Para su atención, hoy en día existen 64 Unidades Médicas Acreditadas (UMA) a nivel nacional, con aproximadamente 165 oncólogos pediatras, 35 hematólogos pediatras, 35 cirujanos oncólogos pediatras, 10 radioterapeutas pediatras y 5 psico-oncólogos pediatras, número de profesionales que resulta insuficiente para dar atención a las niñas, niños y adolescentes enfermos de cáncer.

No podemos dejar de reconocer los esfuerzos realizados por el gobierno para dar lucha frontal a esta enfermedad; hoy, gracias a estos trabajos se creó el Consejo Nacional para la Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y Adolescencia (Conacia) que en conjunto con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, implementaron el financiamiento del tratamiento médico oncológico pediátrico, considerando esta enfermedad como gasto catastrófico, entre aquellas que por el costo y gastos que se derivan del tratamiento y medicamentos, son muy altos debido a su grado de complejidad o especialidad.

Gracias a esto, el abandono al tratamiento en las Unidades Médicas Acreditadas para la atención de menores de 18 años con cáncer ha disminuido del 30 por ciento en 2006, al 7 por ciento en 2012, esto de acuerdo a lo reportado por la Dirección General Adjunta de Epidemiología.

Asimismo, la Secretaría de Salud y los diversos grupos de médicos especialistas que participan en la atención de los menores de 18 años con cáncer, generaron Guías de Práctica Clínica (GPC) emitidas por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (Cenetec) y protocolos técnicos de atención generados por el Consejo de Salubridad General (CSG), mismos que permiten estandarizar la atención en el primer nivel y en las diversas instituciones del sector salud.

De lo anterior, podemos inferir que nos encontramos en la vía idónea para combatir una de las enfermedades más lamentables; sin embargo, no podemos dejar de insistir en la prevención como factor indispensable para disminuir el número de muertes de niñas, niños y adolescentes enfermos de cáncer.

El cáncer es curable si se detecta a tiempo; desafortunadamente, el 75 por ciento de los casos se diagnostican en etapas avanzadas, lo que incrementa considerablemente el tiempo y costo del tratamiento, y disminuye de manera importante la posibilidad de curarse.

De ahí la importancia de insistir en los trabajos de las autoridades en materia de salud, para que, de manera coordinada y permanente, trabajen en la consolidación de una política pública que busca reducir al mínimo posible, las causas que dan origen a la enfermedad, con especial atención en la prevención.

En este sentido, para el Partido Verde el tema de cáncer infantil resulta de especial importancia, es por ello que hemos dirigido parte importante de nuestro trabajo legislativo con motivo de esta causa. Algunos de los trabajos realizados se citan a continuación:

1 Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de salud de los distintos niveles de gobierno a difundir acciones preventivas del cáncer infantil.

Sinopsis: Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de salud de los diferentes niveles de gobierno a efecto de que diseñen e implementen campañas informativas respecto de los síntomas y mecanismos de prevención de los principales cánceres que afectan a los niños de nuestro país, lo anterior, con la finalidad de estar en posibilidad de realizar un diagnóstico prematuro y un tratamiento adecuado.

Estatus: Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados el 7 de abril de 2016.

Respuesta el 3 de agosto de 2016.

2 Punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno a ejecutar campañas informativas sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer infantil.

Sinopsis: Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que diseñen e implementen campañas informativas constantes respecto de los síntomas y consecuencias de los principales cánceres en niños, mismas que se impartirán a los padres de familia en las escuelas públicas primarias y secundarias, cuya finalidad sea concientizar a las niñas, niños y adolescentes sobre la importancia de la detección oportuna de este padecimiento, y con ello elevar el índice de sobrevida en cáncer infantil.

Estatus: Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2016.

Respuesta el martes 7 de febrero de 2017.

3 Punto de acuerdo, por el que se exhorta a los poderes de la unión a construir un acuerdo nacional para que, previa identificación de los recursos económicos necesarios, se dé atención total a los niños enfermos de cáncer.

Sinopsis: Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación a que lleven a cabo la construcción de un Acuerdo Nacional para que, previa identificación de los recursos económicos necesarios, se dé atención al 100 por ciento de los niños enfermos de cáncer en nuestro país.

Estatus: Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2016.

Respuesta recibida el martes 7 de marzo de 2017.

4 Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSA a fortalecer el Programa de Cáncer en la Infancia y Adolescencia 2013-2018.

Sinopsis: Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a fortalecer el Programa de Cáncer en la Infancia y Adolescencia (2013-2018) a fin de garantizar la cobertura universal para todos los casos de cáncer en menores no asegurados, así como el financiamiento de gastos complementarios al tratamiento, especialmente de quienes se atienden en lugares diferentes al de su residencia, para reducir al máximo el porcentaje de abandono.

Estatus: Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2016.

Respuesta el 16 de agosto de 2017.

5 Punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones de salud de los diferentes niveles de gobierno a implantar acciones en materia de infraestructura hospitalaria para la atención de cáncer infantil.

Sinopsis: Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las instituciones de salud de los diferentes niveles de gobierno, para que en el marco de sus atribuciones, diseñen y ejecuten un programa de mejoramiento y adecuación de su infraestructura hospitalaria, cuya finalidad sea la construcción de pabellones, unidades o espacios dedicados específicamente para la atención de niños enfermos de cáncer.

Estatus: Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2016.

Respuesta recibida el 14 de marzo de 2017.

6 Punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía a contribuir con la donación de un día de dieta al patronato del Hospital Infantil de México Federico Gómez de la Secretaría de Salud, en el marco del acuerdo sobre cáncer infantil aprobado por la Junta de Coordinación Política.

Sinopsis: Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los diputados integrantes de la LXIII Legislatura a contribuir con la donación de un día de dieta al Patronato del Hospital Infantil de México Federico Gómez, de la Secretaría de Salud, en el marco del acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política de esta Cámara sobre el cáncer infantil.

Estatus: Turnada a la Junta de Coordinación Política.

7 Punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conacyt a establecer programas específicos orientados a la investigación biomédica del cáncer infantil con objeto de conocer a profundidad sus causas y comportamiento, dada su importancia para aumentar la sobrevida de los pacientes y la calidad de vida durante el tratamiento.

Sinopsis: Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que establezca programas específicos orientados a la Investigación Biomédica del cáncer infantil con objeto de conocer a profundidad sus causas y comportamiento, dada la importancia que tiene para aumentar la sobrevida de los pacientes y la calidad de vida durante el tratamiento.

Estatus: Turnada a la Comisión de Ciencia y Tecnología.

8 Punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones de salud estatales a realizar campañas informativas sobre detección temprana del cáncer infantil e integrarse a los esfuerzos realizados al respecto por la federación.

Sinopsis: Único. El pleno de esta honorable Cámara de Diputados, respetuosamente exhorta a las instituciones de salud estatales para que realicen campañas informativas referentes a la detección temprana del cáncer infantil y se integren a los esfuerzos realizados por la federación en este sentido, toda vez que esta medida permitirá que se atienda con oportunidad a personas menores de 18 años de edad, salvando miles de vidas al año.

Estatus: Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2016.

Respuestas recibidas:

23 de febrero de 2017.

2 de marzo de 2017.

14 de marzo de 2017.

18 de abril de 2017.

28 de abril de 2017.

9 Punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSA a realizar por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud diversas acciones en materia de cáncer infantil.

Sinopsis: Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, fomenten la especialización en pediatría oncológica en los médicos, derivado del déficit de éstos en nuestro país, y cuyo objetivo sea homologarla al promedio establecido en los estándares internacionales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, celebre los convenios de colaboración correspondientes con las instituciones educativas públicas o privadas, a efecto de que fomenten la investigación respecto de nuevos tratamientos para el combate al cáncer infantil.

Estatus: Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 2016.

Respuesta recibida el martes 7 de febrero de 2017.

*Cuadro de elaboración propia con información del Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria (Infopal).

Como se evidencia, las autoridades tomaron acciones con base al trabajo legislativo que, aunque fue impulsado por este instituto político, encontró respaldo en todos los diputados comprometidos por garantizar la salud de los mexicanos, con especial atención, en las niñas, niños y adolescentes como uno de los grupos más vulnerables de nuestro país.

No obstante, queremos insistir en que no debe quedar en la conmemoración de una simple fecha, sino en un compromiso permanente hasta lograr que ninguna niña, niño o adolescente en nuestro país muera por falta de información preventiva o un diagnóstico oportuno que permita detectar el cáncer en etapa prematura para su tratamiento y erradicación.

En este sentido, consideramos que la información es indispensable para el fortalecimiento de políticas de prevención del cáncer infantil, resultando necesario un registro nacional de dicho padecimiento en el sector poblacional en comento.

Si bien en 1982 se creó el Registro Nacional de Cáncer (RNC) dentro de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, es hasta 1996 cuando se inicia en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el primer registro de cáncer en niños.

En la actualidad el registro de los casos de cáncer en los niños de nuestro país es demasiado disperso, cada institución del sector público tiene sus propias cifras, inclusive las Instituciones de Asistencia Privada (IAP) que se dedican al acompañamiento de los infantes que padecen distintos tipos de cáncer, no se ponen de acuerdo en el número total o aproximado de pacientes a nivel nacional.

A pesar de lo anterior y después de más de treinta años de existir el Registro Nacional de Cáncer, al día de hoy no existen cifras exactas de los niños, niñas y adolescentes que padecen cáncer; qué tipo de cáncer padecen; cuántos nuevos casos son detectados al año o cuántos se encuentran en tratamiento.

Las respuestas a todas estas preguntas no sólo se resolverían si se contará con un registro eficaz y permanente, sino que, además, permitirían el diagnóstico situacional continuo para tomar decisiones de política pública que redundaría en la atención integral a una enfermedad que representa grandes impactos para la salud pública.

Al respecto, en la pasada legislatura, el Partido Verde propuso una iniciativa para modificar la Ley de General de Salud para crear el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer, sin que dicha propuesta haya logrado el respaldo de los entonces diputados; incluso, el presente exhorto ha sido emitido en anteriores ocasiones, en el cual seguiremos siendo insistentes hasta concretar el objetivo perseguido, pues contar con información homogénea no sólo permitirá compilar datos que faciliten diseñar acciones específicas en materia de cáncer infantil, sino que, además, garantizará la atención efectiva de unos de los sectores poblacionales más vulnerables a la enfermedad del cáncer, las niñas, los niños y adolescentes.

Nuestro compromiso es sólido y continuaremos impulsando modificaciones y acciones que abonen a lograr los objetivos planteados para que nunca más muera una niña, niño o adolescente por falta de información o un diagnóstico oportuno.

Por lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades de salud de las entidades federativas, a efecto de que trabajen en coordinación con la Secretaría de Salud federal, para la elaboración de registros con información que permita conocer con exactitud el número de niñas, niños y adolescentes enfermos de cáncer; el número de éstos que ya se encuentran en tratamiento, así como toda aquella información que garantice contar con un registro homologado sobre el cáncer infantil en nuestro país.

Notas

1 Secretaría de Salud. Programa de Acción Específico “Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, 2013-2018”. Disponible en:

http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/transparencia/ especiales/PAE_Cancer.pdf

2 Cámara de Diputados. Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria (Infopal). Disponible en

http://gaceta.diputados.gob.mx/SIL/Proposiciones/63/gp63_bp_quien.php3

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputados y diputadas: Arturo Escobar y Vega, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

COMBATIR EL ROBO, VENTA O SUSTRACCIÓN DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS, O CUALQUIER OTRO TIPO DE VESTIGIO HISTÓRICO O CULTURAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a distintas instituciones a implantar campañas y reforzar las existentes para combatir el robo, la venta o la sustracción del territorio nacional de piezas arqueológicas, paleontológicas o cualquier otro tipo de vestigio histórico o cultural del país, a cargo de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Martha Patricia Ramírez Lucero de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo

Consideraciones

1. Es muy importante conocer la historia, ya que saber de nuestro pasado es la mejor manera de comprender nuestro presente y por qué somos lo que somos, es una forma de ampliar nuestro conocimiento y alimentar nuestra cultura, gracias al estudio de la historia y al aporte de algunas ciencias como la paleontología, ahora sabemos qué hace miles de años en nuestro país vivieron criaturas increíbles, inimaginables, casi míticas como el Centrosaurus un dinosaurio herbívoro que medía 5 metros, pesaba tres toneladas, y que según estudios vivió en la actual Coahuila, también nos puede dar información sobre sucesos o fenómenos globales que ocurrieron en nuestro país como la caída del meteorito que formó hace millones de años el cráter de nombre Chicxulub, que acabó con 90 por ciento de la biota a finales del cretácico.

2. En nuestro país tenemos una riqueza en flora y fauna fósil de las más importantes en el mundo, tanto en cantidad como en variedad, por mencionar un estado, Chihuahua es una región importante en especies de vertebrados e invertebrados fósiles, se han encontrado restos de mamuts y dinosaurios, pero no sólo animales terrestres, sino también fósiles de especies marinas, ya que contrario a lo que muchos podemos pensar, hace millones de años el territorio de Chihuahua estuvo sumergido en la profundas aguas del océano.

3. México es uno de los países que cuentan con un pasado histórico y cultural importante, fiel testimonio de ello son los pueblos originarios que aún persisten en la actualidad, nuestro país es cuna de grandes civilizaciones que dejaron su huella, se desarrollaron a tal magnitud que, a pesar del deterioro natural del paso de los años, inclemencias climatológicas, desastres naturales, y el daño ocasionado por la mano del hombre, todavía existen pruebas de ello, y si hablamos de culturas milenarias no podemos omitir hablar del imperio azteca, los mayas, los olmecas, los zapotecas, por mencionar algunos.

4. No por nada nuestra nación es el segundo país de Latinoamérica con más museos, y la capital ocupa el segundo lugar como la ciudad del mundo en la misma categoría, así también no es casualidad que de nuestro hermoso territorio que maravilla al mundo entero con sus riquezas naturales y culturales, sitios y monumentos, algunos de ellos hayan sido declarados patrimonio de la humanidad, como la reserva de Sian Ka´an en Quintana Roo, el Centro Histórico de la Ciudad de México, Xochimilco, Teotihuacán, el Centro Histórico de Puebla, la Ciudad de Guanajuato, el Tajín, Chichén Itzá, el Santuario de Ballenas de El Vizcaíno en la parte central de la península de Baja California, las Pinturas Rupestres de San Francisco, el Hospicio Cabañas en Guadalajara, y un largo etcétera, por ello, la conservación y el cuidado, debe de llevarse a cabo mediante un esfuerzo que se debe de hacer, de manera firme y sostenida, de forma conjunta entre autoridades y sociedad.

5. Según la UNESCO, el contrabando de fósiles está incluido en los bienes culturales (como obras de arte y piezas arqueológicas) y, junto con el tráfico de especies, ocupan el tercer sitio en los negocios ilícitos más rentables del mundo, después de las drogas y de las armas, y es que este tipo de actividades provocan que se pierda muchísima información valiosa, por ejemplo, el cómo vivían nuestros antepasados, qué civilizaciones existieron y cuáles eran sus costumbres, los aportes a la ciencia son incalculables, podríamos nunca descubrir muchos de los animales que pisaron la faz de la tierra, y al final se perdería todo este patrimonio que no es solo del país sino de todo el mundo, quedando en manos de particulares, que no compartirían ese conocimiento con los demás. No todo son malas noticias, se han escuchado casos de piezas arqueológicas recuperadas en otros países, y devueltas a México, tal como sucedió en 2016 con unas piezas arqueológicas de las culturas maya y olmeca, rescatadas del tráfico ilegal en ciudades y aeropuertos de Italia, pero estos son casos aislados y en la gran mayoría la historia no tiene un final feliz.

La protección y creación de museos, el cuidado, la promoción y conservación de los sitios arqueológicos o paleontológicos, la transmisión de nuestra historia y cultura y el respeto y fomento de nuestras tradiciones, así como el estudio de la historia de nuestro país y del mundo son temas muy importantes, y responsabilidad de todos, tanto de parte del gobierno como de los ciudadanos y turistas que vienen a visitar esta gran nación.

De conformidad con el artículo 2o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, es competencia de manera conjunta de la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país realizar campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las autoridades, es la poca conciencia que tienen los turistas, ya sea nacionales o extranjeros y los pobladores de estas zonas de la importancia de los bienes ya mencionados y el daño que se ocasiona con el robo, daño o venta en el mercado negro de estos.

Es por todo lo mencionado que es importante que la prevención sea la principal medida a adoptar, implementado campañas de prevención de robo y cuidado de zonas arqueológicas, paleontológicas o turísticas, así como reforzar las ya existentes, y de esta manera combatir desde su origen este tipo de actividades que provocan un daño directo al patrimonio histórico y cultural de la nación.

Por lo expuesto y en virtud de la importancia y urgencia de proteger y conservar nuestras zonas turísticas, arqueológicas y paleontológicas, así como el respeto y cuidado de nuestras tradiciones, someto a consideración del pleno

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Cultura, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes a que, en el ámbito de sus atribuciones, implementen campañas y refuercen las ya existentes, que combatan el robo, venta o sustracción del territorio nacional piezas arqueológicas, paleontológicas o cualquier otro tipo de vestigio histórico o cultural de nuestro país, así como el fomento del conocimiento, respeto y cuidado de este patrimonio de México.

Notas

1 https://codigoespagueti.com/noticias/ciencia/los-8-dinosaurios-mas- impresionantes-que-habitaron-mexico/

2 http://inahchihuahua.gob.mx/sections.pl?id=91

3 https://www.tangible-eluniversal.com.mx/fosiles-de-dinosaurios-quien-da-mas

4 https://www.xataka.com.mx/otros-1/italia-entrega-a-mexico-piezas- arqueologicas-rescatadas-del-trafico-ilegal

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

SE ARMONICE EL MARCO NORMATIVO ESTATAL PARA QUE EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR SEA PERSEGUIBLE DE OFICIO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los congresos locales a armonizar su marco legal para fortalecer las legislaciones correspondientes, donde el delito de violencia familiar sea perseguible de oficio, suscrita por la diputada Nohemí Alemán Hernández e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6; numerales 1, fracción II, y 2, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

Una de las manifestaciones más graves de la violencia es aquella que se presenta en el medio familiar; la que más daño puede causar al individuo, a la familia y a la sociedad, y es la que con más frecuencia actúa en nuestra vida cotidiana, constituyéndose en una parte fundamental del patrón de convivencia y cultura humanas.

La violencia familiar constituye un fenómeno que atenta indiscriminadamente contra la población femenina, convirtiéndose hoy en día en la principal amenaza para su integridad física y psicológica. El elevado impacto sobre la salud de quienes la sufren ha obligado a considerar esta forma de violencia como uno de los mayores asuntos a tratar por el estado en salud pública y de la defensa de los derechos humanos (Organización Mundial de la Salud, 2000).

La violencia familiar afecta a todos los miembros de la familia. En México, del total de personas víctimas de violencia, 91 de cada 100 son mujeres y 9 hombres; sin embargo, la agresión al hombre en el hogar ha ido creciendo y ha pasado del 1 por ciento que se tenía en el año 2000 al 21 por ciento en el año 2010. Asimismo, los hijos también son víctimas de violencia, pero su condición física propicia que, en la mayoría de los casos, este maltrato sea desconocido por quienes deben denunciarlo; éstos, al crecer, consecuentemente, se ven imposibilitados para llevar un desarrollo psicobiológico estable e integrado a la sociedad, por lo tanto, los menores que padecen la violencia física o sexual a su vez se convierten en agentes generadores de violencia en contra de sus descendientes, o continúan siendo víctimas; como ejemplo tenemos que 65 de cada 100 mujeres que sufren de violencia física o sexual fueron objeto de ésta cuando eran niñas.

Es cierto que los aspectos jurídicos relacionados con la familia son de competencia local, en los términos del artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, la propia Carta Magna, en su artículo 4o., establece tres premisas: la igualdad entre el varón y la mujer, la protección que la ley debe dar a la organización y el desarrollo de la familia y el derecho a la protección de la salud. En este contexto, siendo la violencia familiar un problema que atañe, entre otros, a la salud de las personas y al desarrollo de la familia, la legislación federal debe atenderla. Con base en esos criterios y fundamentos se promulgó la norma de salud que contiene los elementos para la atención médica de la violencia familiar.

Esta norma define a la violencia familiar como: “El acto u omisión único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia, en relación de poder -en función del sexo, la edad o la condición física-, en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar el espacio físico donde ocurra el maltrato físico, psicológico, sexual o abandono”.

Posteriormente a la promulgación de esta ley, en el entonces Distrito Federal se hicieron reformas a los códigos Civil y Penal con el fin de dar cabida a los conceptos de violencia familiar o doméstica en ambas materias y, en el interior de la república, al día de hoy, por lo menos los siguientes estados han legislado en esta materia ya sea a través de reformas a los ordenamientos vigentes o mediante una ley ad hoc: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. En las definiciones de los instrumentos legales correspondientes, se encuentran casi todos los elementos hasta aquí referidos.

Es preciso destacar que algunas definiciones son tan estrechas que se convierten en una interpretación judicial difícil de aplicar siendo el tipo penal confuso y poco práctico para el juzgador. Es el caso del artículo 323 Ter del Código Civil del Distrito Federal, en el cual se pone como condición para que se configure la figura de violencia familiar el que tanto el agresor como la víctima vivan en el mismo domicilio y tengan una relación de parentesco. Definición a la que se remite, como se estableció, la nueva causal de divorcio, la cual no se retoma en el Código Penal, de ahí que puede suceder que un mismo hecho reciba dos conclusiones distintas dependiendo de la materia en que se juzgue. Ello, independientemente de que el legislador del Distrito Federal desconoció que, en muchas de las familias disfuncionales, el agresor y la víctima no necesariamente viven bajo el mismo techo; ignora, también, que los círculos de violencia no se alcanzan a romper, aunque haya mediado un divorcio entre los cónyuges y que, supuestamente, la víctima y el agresor ya no habitan en el mismo hogar.

Es entonces, que la violencia familiar es un problema de índole “privado” cuyas consecuencias trascienden el núcleo familiar y afectan al conjunto de la sociedad, convirtiéndose, así, en un problema social, de salud, asistencia, procuración y administración de justicia. Es un problema que genera violencia social, tanto como fortalece la cultura de la impunidad. Es un problema que requiere acciones de Estado firmes y claras para combatirlo y erradicarlo; acciones que se deben dar tanto en el ámbito legislativo como en los demás poderes; tanto en los sectores de educación, atención a la salud, desarrollo social, como de gobierno.

A partir de estas premisas, tenemos que tener en cuenta que la violencia familiar afecta de manera directa y dramática a todos los miembros de la familia -incluido el agresor-; es tanto una de las formas de violencia contra la mujer como parte del problema de la niñez maltratada. Un niño o niña que crece en un medio hostil en el cual la falta de respeto, las agresiones físicas, sexuales y psicológicas, el abandono y el descuido son la constante, como sucede en las familias que padecen este yugo, son niños y niñas maltratados, aunque no sean los sujetos directos de las agresiones.

Como legisladores sabemos que es tarea de todos nosotros plantear una solución y enfocar de manera adecuada, sin prejuicios, las diferentes facetas de este problema para afinar los instrumentos de prevención, detección, sanción y erradicación de la violencia familiar.

Por el momento, es evidente la falta de claridad en las definiciones jurídicas que se han pretendido elaborar sobre el concepto de violencia familiar lo cual dificulta las tareas de procuración e impartición de justicia.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea, para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que los congresos de las entidades federativas, armonicen su marco legal a fin de que la violencia familiar sea perseguible de oficio, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas para que, dentro de sus atribuciones y facultades, armonicen su marco legal a fin de fortalecer en sus legislaciones correspondientes que el delito de violencia familiar sea perseguible de oficio, para lograr el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, los tratados internacionales y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Notas

i Análisis jurídico descriptivo de la violencia familiar y el daño a la persona en el derecho civil peruano, Revista de Investigación en Psicología - Vol. 13, número 1.

ii Ibídem.

iii Instituto de la Mujer, señala que una de cada dos mujeres padecen de violencia intrafamiliar y nueve de cada cien son objeto de agresiones físicas. Inegi-Inmujeres. Encuesta Nacional de la Dinámica en las Relaciones de los Hogares (Endireh): Estados Unidos Mexicanos, 2006.

iv Ibídem.

v Ibídem.

vi Reformas al Código Civil y Penal del Distrito Federal publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1997.

vii Pérez Duarte y Noroña, Alicia Elena. La violencia familiar, un concepto difuso en el derecho internacional y en el derecho nacional. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, [S.l.], jan. 2001. Disponible en:

<https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/ article/view/3683/4505>. Fecha de acceso: 22 aug. 2019

viii Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diez días de septiembre de 2019.— Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

ESTRATEGIA EMERGENTE DE SEGURIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO DE MICHOACÁN, ANTE LA OLA DE VIOLENCIA SE VIVE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a instaurar una estrategia urgente de seguridad y fortalecer la coordinación con su homólogo de Michoacán por la ola de violencia que vive la entidad, a cargo del diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Héctor Yunes Landa, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La atención a la seguridad pública es la demanda más sentida de la sociedad. Constituye un derecho fundamental de los individuos, en la medida que permite salvaguardar su integridad y patrimonio, a la vez que representa un factor primordial para la sociedad en su conjunto al garantizar el orden y la tranquilidad y sentar las bases para las inversiones, el crecimiento económico, el progreso y el bienestar de la población.

Pese a lo anterior, el estado de Michoacán vive una situación preocupante de inseguridad y violencia, que atenta contra la gobernabilidad en la entidad.

Para dimensionar la gravedad de esta problemática, basta señalar que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en julio de 2019 se registraron un total de 26 mil 70 delitos en la entidad, cifra que representa un incremento de 37 por ciento respecto al mes de octubre de 2015, mes de inicio de la actual administración estatal.

Sin embargo, es previsible que tanto la cifra absoluta como relativa de delitos continúe aumentando ante los hechos violentos ocurridos recientemente en diversos municipios, que han provocado la pérdida de la vida de decenas de personas. Para ilustrar lo anterior, cabe mencionar que el pasado 1 de septiembre se presentaron los siguientes acontecimientos lamentables:

-El primer multihomicidio ocurrió en la colonia irregular Presa Los Reyes, ubicada en Morelia, donde fueron asesinadas seis personas.

-En la comunidad de Los Coyotes, en Lázaro Cárdenas, fueron localizados tres cadáveres dentro de un inmueble y un cuarto a pocos metros, sobre la vía pública.

-En Sahuayo, elementos de la Policía Municipal fueron atacados por un comando, hecho en el cual, cinco agentes resultaron lesionados y uno de los agresores fue abatido.

Días antes, concretamente el viernes 30 de agosto, se dieron una serie de enfrentamientos armados en el municipio de Tepalcatepec, ubicado en la Tierra Caliente de Michoacán, dejando un saldo de nueve muertos y 11 lesionados, como lo confirmó la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal.

De acuerdo con diferentes medios de comunicación, se trata de enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y grupos de autodefensas liderados por Juan José Farías Álvarez, El Abuelo.

El gobernador estatal ha señalado que los enfrentamientos en Tepalcatepec, Michoacán, y Jilotitlán de los Dolores, Jalisco, son entre dos grupos delictivos y no entre el Cártel Jalisco Nueva Generación contra guardias comunitarios, como se difundió.

“Esta célula delincuencial encabezada por El Abuelo, lo que quiere es levantar a la gente para que lo defienda; le dicen a la gente es que ahí viene el Cártel Jalisco al pueblo, son rencillas y pleitos entre ellos, y no por un asunto caritativo o porque a ver quién oficia la misa, sino por las cosas a las que se dedican; es obvio que es una lucha por territorio es una lucha por el trasiego”, afirmó.

Los enfrentamientos continuaron en los subsiguientes días en el municipio de Tepalcatepec, por lo que habitantes se vieron en la necesidad de activar su protocolo de seguridad.

Es una situación preocupante, que afecta la tranquilidad e integridad de la población pero que, además, impacta negativamente en otros ámbitos como el económico, así como en la vida cotidiana de los habitantes. De entrada, es importante mencionar la decisión de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), que tras los enfrentamientos suspendieron sus servicios durante más de 24 horas a los destinos de Coalcomán, Tepalcatepec y Buenavista, zona en la que registraron los hechos violentos, por lo que coinciden en que se debe resolver la situación de inseguridad en la región.

En este mismo tenor, la Secretaría de Turismo estatal ha señalado que la percepción de inseguridad es muy alta, lo que ha afectado la actividad turística en diversas regiones, una de las principales palancas de la economía local.

Pero, también, este escenario de inseguridad ha provocado que la mayoría de las escuelas en el municipio de Tepalcatepec permanezcan cerradas porque para las autoridades, docentes y padres de familia sigue latente la amenaza de un nuevo ataque es este pueblo de la Tierra Caliente michoacana.

En efecto, por miedo a que se registren nuevas balaceras, los padres de familia decidieron no enviar a sus hijos a las instituciones educativas de nivel básico. Los centros escolares lucen vacíos al igual que las calles del municipio y algunos negocios que continúan cerrados.

Por último, cabe señalar que el 5 de septiembre, pobladores del municipio marcharon para pedir la presencia de fuerzas federales y estatales, a fin de evitar un nuevo ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ante esta grave situación que enfrenta la entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador evadió el tema, al señalar en su conferencia mañanera del 3 de septiembre: “No hay que estar recordando eso (atentado de 2008), hay que pensar que todos debemos ayudar para conseguir la paz, tiene que haber esta campaña de convocar a todos a la paz, a la no violencia, que se escuche bien, que se escuche lejos, no a la violencia, sí a la paz”.

No es con discursos, ni con ocurrencias, como se resuelven los graves problemas del país, sobre todo, en un tema tan sensible como el de la inseguridad. El presidente de México se ha mostrado omiso a esta grave situación, el cual alcanza niveles históricos a nivel nacional.

Al respecto, el gobernador del estado ha lamentado la postura del gobierno federal, al mencionar que: “Es un tema de carácter federal y es un tema evidentemente de delincuencia organizada”. Destacó que el gobierno federal “debería actuar de manera pareja, esa es la regla, no nadar protegiendo a unos o dejarlos que actúen, porque es riesgo cuando circulan muchas versiones de ese supuesto diálogo con esos grupos, empezando con ese de 4 letras, porque debilita a las instituciones del Estado”.

Desde el inicio de su administración, el gobernador del estado se comprometió recuperar la paz y tranquilidad de la población, promesa que no ha cumplido a cuatro años de su gestión.

El Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021 establece a la tranquilidad, justicia y paz, así como a la prevención del delito, como una de sus 9 prioridades transversales, que “son dirigidas especialmente a los grupos vulnerables de la población, para generar un crecimiento y desarrollo integral e incluyente, cerrar la brecha de la desigualdad e inequidad y aprovechar el empuje, ingenio y riqueza cultural de la población michoacana”.

En este contexto, se plantearon objetivos concretos en la materia, entre los que destacan los siguientes: Generar una cultura de legalidad con mecanismos transparentes y profesionales del sistema de seguridad pública y procuración de justicia; y fortalecer el estado de derecho en el sistema de justicia y de seguridad para lograr respeto y confianza en las instituciones. Mientras que en materia de prevención del delito se establecieron como objetivos los siguientes: involucrar a la comunidad a través de la participación ciudadana para promover sus bienestar social; promover la participación ciudadana, fortaleciendo la confianza en las instituciones mediante la legalidad y la corresponsabilidad; y desarrollar programas de arte, cultura, deporte y sano esparcimiento en los espacios públicos de las comunidades.

Pese a estas buenas intenciones, la estrategia en materia de seguridad pública ha resultados ineficaz, de lo cual da cuenta el aumento de la inseguridad y violencia en diferentes municipios de la entidad.

Lo anterior, pese a que el mismo gobernador ha informado del arribo de siete mil 300 elementos de la Guardia Nacional, punto sobre el que subrayó que a la entidad se desplegaron tres mil 84 uniformados de la Policía Militar, 273 de la Policía Naval, 190 militares que realizan funciones de seguridad pública y poco más de 391 elementos nuevos que forman parte de este esquema.

Asimismo, detalló que hay otros tres mil 414 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los cuales están en las dos zonas militares de Michoacán para hacerle frente a la situación de inseguridad que existe a raíz de la disputa de grupos criminales que venden y comercializan las drogas.

La seguridad pública representa uno de los derechos humanos más sensibles de la sociedad, pero representa, también, uno de los grandes pendientes de la actual administración.

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a la letra que: “La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

La seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como propósitos medulares salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública.

En esta perspectiva, resulta necesario y urgente que el gobierno federal implemente una estrategia emergente de seguridad pública y fortalezca la coordinación con el gobierno del estado de Michoacán, con el objeto de restituir el orden y la tranquilidad, ante la ola de inseguridad y violencia, que pone en entredicho la gobernabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a instrumentar una estrategia emergente de seguridad y a fortalecer la coordinación con el gobierno del estado de Michoacán, ante la ola de violencia que vive la entidad.

Notas

1 https://drive.google.com/file/d/1cSG-dVIu7oiR15mSK-jjpER8e WlNCb9M/view

2 https://heraldodemexico.com.mx/estados/sin-freno-la-inseguridad/

3 https://www.eluniversal.com.mx/estados/mueren-9-en-enfrentamiento-en- tepalcatepec-michoacan

4 https://aristeguinoticias.com/3008/mexico/reportan-enfrentamientos- entre-cartel-jalisco-y-grupo-de-el-abuelo-en-tepalcatepec-michoacan-videos/

5 https://www.excelsior.com.mx/nacional/enfrentamientos-en-tepalcatepec-son- entre-grupos-delictivos-aureoles/1333991

6 https://www.eluniversal.com.mx/estados/siguen-sin-clases-tras-ataques-en- tepalcatepec-michoacan

7 https://www.24-horas.mx/2019/09/05/continuan-suspendidas-las-clases-en- tepalcatepec-tras-enfrentamiento/

8 https://www.excelsior.com.mx/nacional/marchan-por-la-paz-en-tepalcatepec/133479 1

9 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-de-la- conferencia-de-prensa-matutina-martes-3-de-septiembre-2019?idiom=es

10 https://lavozdemichoacan.com.mx/pais/amlo-evade-tema-de-inseguridad-en- michoacan-no-hay-que-estar-recordando-eso-dice/

11 http://pladiem.michoacan.gob.mx/docs/pladiemDoc.pdf

12 https://www.mimorelia.com/hay-7-mil-300-elementos-de-guardia-nacional- en-michoacan/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 10 de septiembre de 2019.— Diputado Héctor Yunes Landa (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

DAR SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE HIDALGO RESPECTO A LA REGULARIZACIÓN DE SUS PREDIOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a distintas autoridades de NL a realizar acciones conducentes a atender y solucionar la problemática que viven los habitantes de Hidalgo respecto a la regularización de sus predios, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hidalgo es uno de los 51 municipios que forman Nuevo León y se ubica a unos 40 kilómetros de Monterrey, en un valle formado entre dos montañas. Miles de habitantes de este municipio han enfrentado desde hace más de 50 años, dado el origen ejidal del mismo, problemas de regularización de sus viviendas y terrenos, situación que hoy afecta a cerca de 17 mil predios.

Si bien los problemas que viven los pobladores de Hidalgo datan de 1967, éstos se agravaron a partir de 1989, cuando el entonces gobernador de Nuevo León, Jorge Treviño Martínez, promulgó un decreto para expropiar diversas zonas del municipio para construir en ellas parques industriales. Como resultado de esta acción, los habitantes del municipio quedaron sin derechos sobre sus propiedades.

En 2007 se buscó dar una solución a esta situación por parte de las autoridades estatales sin embargo, no se pudo establecer un acuerdo que beneficiara a los diversos implicados. A partir de entonces los afectados han realizado diversas acciones legales así como protestas para exigir una solución a sus problemas, sin obtener a la fecha una respuesta clara por parte de las autoridades competentes.

De las 19 colonias que forman Hidalgo, municipio que cuenta con una extensión de más de 8 mil hectáreas, las zonas más afectadas se encuentran en las colonias Zaragoza, Lázaro Cárdenas, Pedreras, Revolución, Cuauhtémoc y el Casco. El problema es tan grave que ni siquiera los lotes del panteón local cuentan con un reconocimiento de propiedad.

Actualmente, más de 5 mil familias y 25 mil habitantes del municipio se ven afectados por la falta de certeza jurídica respecto a su patrimonio. Esta situación por la que atraviesan los habitantes de Hidalgo se agravó en los últimos meses, más aún, como resultado de una resolución dictada por un tribunal agrario que invalida la mayoría de los títulos de propiedad otorgados en las últimas décadas.

Lo anterior ha generado entre los habitantes del municipio un temor fundado sobre la posibilidad de que los despojen de su patrimonio, lo que los ha llevado a exigir al gobernador y al Congreso local a que intervengan para resolver el problema que han vivido por años. Con este fin, el 5 y 15 de agosto se hizo llegar a las autoridades mencionadas un documento para exponerles la situación que atraviesan y para solicitar se resolviera lo más pronto posible, lamentablemente, no fueron atendidas sus peticiones.

Ante la falta de respuesta de las autoridades los afectados se han visto en la necesidad de endurecer sus protestas para exigir se resuelva lo más pronto posible el problema que atraviesan. El pasado 3 de septiembre dio inicio una huelga de hambre en las instalaciones del Congreso local para demandar una pronta respuesta.

Reconociendo que un estado de derecho tiene como uno de sus elementos sustantivos la certeza jurídica, que se refiere a la garantía que tienen las personas de que sus bienes y derechos no serán violentados, es que se presenta este punto de acuerdo para exhortar a las autoridades del Estado de Nuevo León a que atiendan el problema que viven los habitantes de Hidalgo y procuren, de manera expedita y ajustada a derecho, darle una solución.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al ciudadano gobernador del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, al Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y al presidente municipal de Hidalgo a realizar las acciones necesarias para la atención y solución de la problemática que viven los habitantes de Hidalgo, Nuevo León, respecto a la regularización de sus predios.

Notas

1 Multimedios Digital, “Protestan vecinos de Hidalgo, NL, por escrituras”. Documento disponible en

https://www.multimedios.com/historico/protestan-vecinos-hidalgo-nl- escrituras.html

2 Excélsior, “Urgen regular 5 mil casas en NL... con huelga de hambre”. Documento disponible en

https://www.excelsior.com.mx/nacional/urgen-regular-5-mil-casas-en-nl- con-huelga-de-hambre/1334335

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputadas: Verónica Beatriz Juárez Piña, Claudia Reyes Montiel (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, para dictamen.

SE EMITAN LAS NORMAS NECESARIAS PARA EVITAR EL USO DE MATERIAL MÉDICO FUERA DE LOS HOSPITALES, POR PARTE DEL PERSONAL DE SALUD

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y el IMSS a emitir normas de salubridad para evitar el uso de material médico fuera de los hospitales por el personal de salud, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, el artículo 79, numeral 1, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Históricamente la bata blanca, el estetoscopio o el maletín negro forman parte de los símbolos que se les asignaron a los médicos en el proceso de institucionalización de la medicina como disciplina científica. Ahora nos son tan familiares que apenas nos paramos a pensar en las razones que llevaron a la bata blanca a ser una prenda imprescindible en hospitales y laboratorios científicos.

Su uso se remonta a finales del s. XIX puesto que simbolizaba el hecho de que mientras el médico se vistiera con ella, estaba preparado y era capaz de manejar con seguridad y resultados satisfactorios los azotes de epidemias que en ese entonces aquejaban a la población. Como consecuencia de esta imagen que le atribuía poder, el médico-científico adquirió marcada autoridad entre la sociedad.

Hoy en día la bata blanca permanece como icono científico, siendo utilizada ampliamente en hospitales y laboratorios. Incluso en la cantera universitaria se obliga a los estudiantes a contar con ellas para las clases prácticas.

El médico utiliza la bata blanca como parte importante de su imagen profesional y de su equipo de protección personal; sin embargo, se ha cuestionado con qué frecuencia los médicos la cambian y si su uso al igual que el de los uniformes de enfermería y otras prendas del hospital pueden tener un papel en la trasmisión de bacterias patógenas con las que interactúan en todo momento.

En México, los médicos suelen realizar el cambio de bata semanal, quincenal o hasta mensualmente, convirtiéndose en portadoras de virus, hongos y bacterias, debido a que los médicos no las cambian ni las lavan de manera constante, desde esta perspectiva se estaría convirtiendo en un problema de salud pública debido al peligro que pueden suponer por la transmisión de enfermedades.

Un estudio de American Journal of Infection Control señalaba que más de un 60 por ciento de la ropa utilizada por médicos contiene bacterias potencialmente peligrosas y multirresistentes a fármacos. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas de México destaca que las mangas de las batas son el principal vector.

En todo momento, más de 1.4 millones de personas en todo el mundo contraen infecciones en los hospitales, según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El riesgo de transmitir ciertos microorganismos ya es elevado dentro del propio hospital por el simple contacto con determinados pacientes, estas posibilidades aumentan exponencialmente si el profesional traslada esa bata fuera de su centro de  trabajo, portando enfermedades de contagio tan fácil como lo es un simple contacto con las batas con la que los médicos han trabajado todo el día y se han expuesto a diversos gérmenes.

Con frecuencia podemos ver a médicos, laboratoristas, personal de enfermería, practicantes y hasta estudiantes con la bata puesta fuera de su área de trabajo realizando sus actividades diarias como comiendo en restaurantes o puestos en la calle, dentro del transporte público, entre otros, todo esto después de realizar sus labores hospitalarias en donde los doctores y demás personal van de paciente en paciente, en consulta, pasillos y zona de hospitalización.

El problema radica principalmente al normalizar estos escenarios en donde vemos la bata blanca en todos lados, ya que esta práctica no representa únicamente un peligro para las personas fuera del hospital, sino que así como este equipo médico puede ser el que saque las enfermedades del hospital, también puede introducirlas y una vez que ingresen en los complejos médicos, se corre el riesgo de traer consigo un sinnúmero de virus y bacterias que antes no estaban, provocando una aglomeración de bacterias y con ello enfermedades mortalmente peligrosas para los pacientes del hospital, en donde muchos de ellos están en recuperación y se encuentran con defensas muy bajas ante nuevas enfermedades.

Por lo tanto, bajo la lógica de lo que representan los profesionales de la salud, lo que se pretende es que transmitan salud, no enfermedades.

Algunas de las recomendaciones adicionales que podrían emitir distintas dependencias de salud en México pueden ser la de llevar aparte y en bolsa independiente todo material que haya sido usado dentro del hospital y con los pacientes ya que este estuvo expuesto a distintas bacterias y enfermedades.

En el caso de México, en donde no se cumple al 100 por ciento con los servicios de lavandería hospitalarios, por lo tanto el lavado de la bata y demás materiales médicos, el lavado se convierte en responsabilidad de sus dueños, cabe mencionar que no es una buena práctica lavar la bata o indumentaria de trabajo combinada con la ropa de uso común ya que es posible que se haya manchado o contaminado con fluidos o sustancias que se multiplicarían y se propagaran en más prendas.

El lavado y desinfección de las batas y los uniformes de los profesionales sanitarios debe ser un elemento prioritario para mantener una higiene correcta en el hospital.

Por ello, es sumamente necesaria la adecuación de las normas, así como ser firmes en cuanto a los estatutos que emitan los hospitales y por parte de otras dependencias encargadas de la salud de la población, hablando del uso de material médico fuera del hospital, una práctica  que hoy en día es por demás innecesaria.

Abogando a la razón y en búsqueda de erradicar el uso de las batas, pijamas y demás material hospitalario fuera del mismo, el cual se usa únicamente por un tema de egos y “prestigio” que lo único que ha logrado es la propagación de más y más enfermedades en una época donde estamos presenciando el nacimiento de la llamadas súper-bacterias, cada vez más difíciles de tratar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud así como al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a que emita entre sus reglamentos y recomendaciones las normas necesarias de salubridad para evitar usar material médico fuera de los hospitales por parte de todo el personal de salud.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 10 de septiembre de 2019.— Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

ACCIONES REGULATORIAS PARA LA COMPRA Y DISPOSICIÓN DE LECHE EN LOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ORGANISMO SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP y la SFP a emprender acciones para identificar, sancionar y prevenir diversas irregularidades en la adquisición, la adjudicación y los contratos para la compra y disposición de leche en los puntos de distribución de Seguridad Alimentaria Mexicana, a cargo del diputado Ismael Alfredo Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Ismael Hernández Deras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con el objetivo de garantizar la autosuficiencia alimentaria en leche y granos como frijol, arroz, trigo y maíz, durante la presente administración federal se creó el organismo “Seguridad Alimentaria Mexicana” (Segalmex), el cual es descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Para el alcance de sus objetivos, cuenta con las atribuciones de promover la industrialización de leche, alimentos básicos, y sus derivados, además de fomentar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas privadas para la comercialización de alimentos.

Dentro de sus acciones más importantes, se encuentra el Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos y el Programa de Abasto Social de Leche, por medio de este último se han distribuido en lo que va del año un total de 419 millones de litros en 11 mil 354 puntos de atención del país.

A pesar de su importancia para la alimentación de las familias y su contribución al ahorro familiar, según el primer Informe de Gobierno 2018-2019, se redujo la inversión canalizada al pasar de 3 mil 210 millones de pesos en el 2018 a 3 mil 10 millones en este año. De igual manera, disminuyó el abasto social de leche de mil 260 millones de pesos a mil 241 millones, mientras que el número de familias beneficiadas se redujo de 3 millones 159 mil a 3 millones 107 mil.

El abasto de leche de manera oportuna y eficaz, se está abandonando como medida estratégica de apoyo a las familias más necesitadas del país, ya que la administración federal no solo ha reducido la inversión, el número de personas beneficiadas, los municipios y las localidades atendidas, sino que también, se está desatendiendo su calidad y las condiciones para su debido resguardo, distribución, comercialización e ingesta.

Existen denuncias públicas que dejan de manifiesto que Segalmex ha adquirido leche que contenía cucarachas y otros agentes contaminantes, los cuales no sólo representan un severo riesgo para la salud de las personas, sino que además evidenciaría actos de corrupción en la adquisición, adjudicación y distribución de este alimento.

Es importante destacar que los cargamentos a los que se les atañe estas irregularidades se dirigían a diversas entidades federativas, en particular, a las instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ubicadas en la Ciudad de México y Veracruz.

Asimismo, existen señalamientos en el sentido de se está adquiriendo leche a empresas fantasmas y que las tiendas de Segalmex, no cumplen con las normas de sanidad o salubridad.

Los conjuntos de estas anomalías no solo constituyen violaciones a nuestro marco jurídico e institucional que deben ser investigados con prontitud y sancionados de manera ejemplar, sino que además, representan una trasgresión a las normas mexicanas sobre características fisicoquímicas, disposiciones y especificaciones sanitarias.

La Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010 define a los contaminantes como entidades físicas, químicas o biológicas indeseables que se encuentra en el producto. Con relación a las especificaciones sanitarias, indica que la leche que se comercialice para consumo humano no debe presentar “materias extrañas”.

La presencia de contaminantes es una falta a las reglas de operación del programa que “obliga” a que la “leche” se encuentre en las mejores condiciones de integración, manejo y “sanidad”, y un incumplimiento al objetivo específico de creación, ya que no facilita el acceso físico y económico a productos de “calidad”.

La falsa austeridad implementada por áreas del gobierno federal no sólo está generando parálisis institucional, también, es contexto propicio para actos de corrupción, con impactos negativos para la sociedad.

Ingerir leche contaminada puede derivar en cuadros de dolor, fiebre, enfermedades gastrointestinales y en casos crónicos puede llegar a causar la muerte, de ahí la importancia de emprender las acciones necesarias para sancionar los hechos descritos pero, esencialmente, prevenir que suceda nuevamente en el Programa de Abasto de Leche o cualquier otro en el que se comercialice o distribuya algún tipo de alimento vegetal o animal.

Lamentablemente, estos señalamientos se suman a otras irregularidades identificadas en la presente administración como cobros indebidos y falta en la disposición y acceso del producto, en particular, en las localidades y regiones más alejadas de la geografía nacional.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos necesario que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en coordinación con el órgano Seguridad Alimentaria Mexicana, fortalezcan sus acciones a fin de garantizar el acceso y disponibilidad de leche de calidad, y libre de contaminantes en sintonía con las normas mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de la Secretaría de la Función Púbica para que emprendan las acciones necesarias a fin de identificar, sancionar y prevenir irregularidades en la adquisición, adjudicación y contratos para la compra y disposición de leche en los puntos de distribución del órgano Seguridad Alimentaria Mexicana.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con el órgano Seguridad Alimentaria Mexicana, fortalezcan y transparenten sus acciones a fin de dar cumplimiento y pleno respeto a la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, para garantizar el abasto de leche de calidad y libre de contaminantes, situación que pone en severo riesgo la integridad y salud de la población.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y Seguridad Alimentaria Mexicana, para que transparenten los contratos, adjudicaciones y acciones de distribución y comercialización de leche relacionadas con actos de contaminación en la Ciudad de México y Veracruz, especificando los servidores sancionados y las acciones llevadas a cabo para su prevención.

Notas

1 Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) (2019). Segalmex: Productividad agroalimentaria y distribución de alimentos. 3 de septiembre de 2019, de Gobierno de México sitio web:

https://www.gob.mx/diconsa/articulos/segalmex-productividad-agroalimentaria-y- distribucion-de-alimentos-188608?idiom=es

2 Gobierno de México, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (2019). Convocatorias, avisos y documentos del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, SA de CV, 2019. 6 de septiembre de 2019, de 6 de septiembre de 2019 sitio web:

https://www.gob.mx/agricultura/documentos/convocatorias-avisos-y-documentos- del-programa-de-abasto-social-de-leche-a-cargo-de-liconsa-s-a-de-c-v-2019

3 Secretaría de Gobernación. (2010). Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba. 6 de septiembre de 2019, de Diario Oficial de la Federación. Sitio web

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5160755 &fecha=27/09/2010

4 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2019). Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, SA de CV (Diconsa), para el ejercicio fiscal 2019. 6 de septiembre de 2019, de Diario Oficial de la Federación, sitio web:

http://anec.org.mx/reglas-de-operacion-2019/reglas-y-lineamientos- diconsa-liconsa-fertilizantes-y-segalmex

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputado Ismel Hernández Deras (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

EXHORTO AL CONGRESO DE GUANAJUATO, A ARMONIZAR SU LEGISLACIÓN CON LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Guanajuato a armonizar su legislación con la Ley General de Víctimas y garantizar los derechos de los agraviados por el delito y de violaciones de derechos humanos, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1 y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 9 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas, misma que prevé, entre otras cosas, reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos; establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral. Asimismo, el artículo séptimo transitorio estableció un plazo de 180 días naturales para que los Congresos locales armonizaran sus ordenamientos relacionados con la presente ley, no obstante y a pesar de la importancia de la normativa, esto aún continúa sin realizarse en diversas entidades del país.

El pasado 18 y 19 de agosto de 2018, en el marco del “Conversatorio sobre Derechos de las Víctimas”, organizaciones civiles, colectivos, víctimas y expertos provenientes de más de 15 entidades federativas denunciaron el rezago legislativo que persiste en varios estados de la República en donde no se ha implementado una armonización de los preceptos que establece la Ley General de Victimas.

A su vez, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), institución competente para la atención a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos del fuero federal, fue señalada como una institución débil y con grandes limitaciones para cumplir a cabalidad con sus atribuciones de proveer una eficiente protección, atención y reparación del daño para dichas víctimas.

 A la fecha, tan sólo 13 entidades federativas han realizado una armonización integral de la ley en comento, y tan solo 17 la han elaborado de manera parcial, a su vez, también se denunció que los congresos locales como los de Baja California y Guanajuato ni siquiera han aprobado la ley.

Durante los últimos años los pocos esfuerzos que se han llevado a cabo por atender esta problemática no han generado que esta disminuya. En solo cuatro años se tuvo un aumento en el número de víctimas del delito, pues este pasó de 18.1 a 22.8 millones de 2010 a 2014, respectivamente, lo que significó un incremento del 25 por ciento.

Cabe destacar que en 2014 el 92.8 por ciento de los delitos no se denunciaron, esto debido a la desconfianza que tiene la población en las instancias de procuración de justicia, por lo que solo en 7 de cada 100 delitos se inició una investigación ministerial, empero, de estas el 53.8 por ciento de las averiguaciones previas iniciadas no pasó nada o no se resolvió la denuncia.

Para  2017 se tuvo un estimado de 25.4 millones de víctimas de 18 años y más, por lo que la tasa de prevalencia delictiva se colocó en  29 mil 746 víctimas por cada cien mil habitantes, cifra estadísticamente superior a la estimada en 2016 que fue de 28 mil 788.

Ante ello, es imperante que el Congreso del estado de Guanajuato armonice su respectiva legislación, ya que la omisión de esta acción constituye en una falta de su deber como legisladores, pues se debe garantizar que cualquier víctima del país tenga acceso a los mismos derechos con los que cuentan las víctimas  del delito de orden federal y de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades federales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso del estado de Guanajuato para que de manera pronta armonicen su respectiva legislación con la Ley General de Victimas para garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.

Notas

1 “Decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas.”, Diario Oficial de la Federación, 2013

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284359 &fecha=09/01/2013

2 Litigio Estratégico en Derechos Humanos, AC, “Observatorio Ciudadano sobre los Derechos de las Víctimas”, página 1, recuperado

http://www.idheas.org.mx/files/ObservatorioC-01.pdf

3 Ibídem 1

4 Litigio Estratégico en Derechos Humanos, AC, “Observatorio Ciudadano sobre los Derechos de las Víctimas”, páginas 1 y 2, recuperado

http://www.idheas.org.mx/files/ObservatorioC-01.pdf

5 “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2015”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015

http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-includes/js/mapa11/pais/doc/ america/ENVIPE2015_resultados_esp.pdf

6 Ibídem.

7 “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2018

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/ EstSegPub/envipe2018_09.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 10 de septiembre de 2019.— Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

SE TRANSPARENTEN LOS CONTRATOS Y AVANCES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REFINERÍA DE DOS BOCAS, TABASCO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sener y Pemex a dar máxima publicidad y transparentar los contratos y avances de la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El proyecto para la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, ha sido altamente controvertido desde que fue propuesto por el gobierno federal, en un inicio porque el presupuesto asignado para su construcción, que de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador ascendería a los 8 mil millones de dólares, fue considerado insuficiente por expertos y empresas del sector energético.

Otro punto que se ponía en duda era la necesidad y la conveniencia de construir una nueva refinería, particularmente en momentos en los que la generación de energías limpias está teniendo un mayor auge y el costo para producirlas se ha reducido considerablemente. Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad aseguró que la inversión en Dos Bocas sólo tiene un 2.0 por ciento de probabilidad de éxito, por lo que los costos de su construcción superarían ampliamente a los posibles beneficios.

Un tercer elemento importante es el costo ambiental de su construcción, ya que el lugar donde se piensa construir es parte de una zona con gran riqueza en biodiversidad, basta señalar que desde hace 10 años se había propuesto que se declarara una reserva ecológica. No obstante, el pasado 12 de agosto la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) autorizó la construcción de la Refinería de Dos Bocas, condicionada a la implementación de un plan de conservación de flora y fauna. Al respecto, el ex director ejecutivo de la ASEA, Luis Vera Morales, días después de haber renunciado a su cargo, admitió que había recibido presiones para autorizar la construcción.

El proyecto de Dos Bocas se ha caracterizado por la opacidad del gobierno federal. En meses pasados, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ya había exhortado a Petróleos Mexicanos (Pemex) a entregar información sobre la construcción de la refinería de Dos Bocas. Sin embargo, han sobrado las escusas y, cuando se presenta información, es incompleta.

Pese a que no tiene viabilidad, el pasado 1 de agosto dio comienzo la construcción de la refinería de Dos Bocas. Las empresas a cargo de ello son la mexicana ICA Flour, la surcoreana Samsung Engineering y la estadounidense KBR, todas éstas, seleccionadas a través de una convocatoria cerrada.

Actualmente, entre las principales preocupaciones referentes a la construcción de esta obra, se encuentra el hecho de que el calendario y los recursos continúan siendo ajustados, por lo que los costos pueden incrementarse y causar un serio daño al erario.

En días pasados, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, señaló que ya hay un avance de 50 por ciento en la compactación de la mitad de las 400 hectáreas de terreno, asimismo, mencionó que se cuenta con la totalidad de los permisos, por lo que avanzan en 68 por ciento las licitaciones para grandes equipos como reactores y tanques. Igualmente, explicó que se llevan a cabo las licitaciones para el suministro de tuberías y montaje de equipos.

En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que la información dada por la secretaria de Energía es escasa e imprecisa. Es necesario que se implanten mecanismos de rendición de cuentas que transparenten la información sobre los avances de la construcción de la refinería y que sea públicamente accesible.

Como la refinería de Dos Bocas es un proyecto que no sólo ha generado desconfianza e incertidumbre en diversos sectores de la población, sino también ha contribuido para que las calificadoras reduzcan la nota y perspectiva de Pemex, es necesario que se ajuste a los principios de transparencia y buenas prácticas en la contratación, a fin de que los mexicanos conozcan puntualmente el avance de la obra, los contratos y el monto de los recursos devengados.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos para que den máxima publicidad y transparenten los contratos y avances de la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, así como los montos que han sido erogados del presupuesto total asignado.

Notas

1 “Instruye INAI a Pemex a informar sobre construcción de refinería en Dos Bocas: PRI”, en MVS Noticias [en línea], disponible en https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/instruye-inai-a-pemex-a- informar-sobre-construccion-de-refineria-en-dos-bocas-pri/

2 Destacan avance de refinería Dos Bocas en Tabasco, en Vanguardia [en línea], disponible en https://vanguardia.com.mx/articulo/destacan-avance-de-refineria- dos-bocas-en-tabasco

3 Ibídem.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 10 de septiembre de 2019.— Por el Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Ismael Hernández Deras ( rúbrica), vicecoordinador, en representación del coordinador del Grupo Parlamentario, diputado René Juárez Cisneros.»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

SE VERIFIQUE QUE EL GANADO DEL CENTRO COMERCIALIZADOR DE TEPEACA, PUEBLA, CUENTE CON TODOS LOS ANTECEDENTES DE ORIGEN Y DESTINO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Rural de Puebla a llevar a cabo las acciones conducentes a verificar que el ganado enajenado en el centro comercializador de Tepeaca, durante el ingreso y la salida, cuente con todos los antecedentes de origen y destino, a cargo de la diputada Carmen Mora García, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Carmen Mora García, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

Se precisa que la ganadería es la actividad económica que consiste en la cría de animales domésticos para el consumo humano y la obtención de sus insumos.

Dicha actividad es fundamental en el sector primario, el cual es considerado como el más importante en México, al ser la fuente principal para la supervivencia de la sociedad.

Es de destacarse que en el año 2018 nuestro país se consolidó como el séptimo lugar a nivel mundial en la producción de proteína animal, lo que se refleja en un sector pecuario rentable y sustentable que garantiza la producción y abasto de alimentos accesibles, sanos y de calidad.

Ahora bien, de conformidad con el Sistema Nacional de Cuentas Nacionales de México, generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el primer trimestre de 2019 el producto interno bruto (PIB) registró un crecimiento anual de 1.2 por ciento en términos reales; siendo los sectores de actividad económica que generaron la expansión, entre otras, las actividades agropecuarias las cuales se incrementaron en 5.8 por ciento.

No obstante, en la actualidad el delito de abigeato atenta gravemente contra el sector pecuario, constituyendo un grave problema para el desarrollo económico del país, se acentúa que la enunciada acción se encuentra tipificada en el artículo 381 Ter, del Código Penal Federal, que a la letra se inserta:

“ Artículo 381 Ter. Comete el delito de abigeato, quien por sí o por interpósita persona se apodere de una o más cabezas de ganado, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas.

Se considerará ganado, para los efectos de este delito, a las especies: bovina, caballar, asnal, mular, ovina, caprina, porcina o de una o más colonias de abejas en un apiario; así como aquél domesticado, bravo, de pezuña, ganado mayor o ganado menor, independientemente de la actividad típica del animal.

Por tal delito, se impondrán de dos a diez años de prisión.

Se equiparará al delito de abigeato y se sancionará con la misma pena que éste, el sacrificio de ganado sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.” (Negritas propias)

Tan sólo de enero a junio de 2018, en México este delito creció 150 por ciento en comparación con los primeros seis meses de 2017, esto de conformidad con lo informado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (en adelante SESNSP); de igual manera, según dicho informe, los estados con mayor índice de hurto durante este periodo fueron Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Tabasco y Veracruz.

En virtud de lo anterior, se enfatiza que, de conformidad con las cifras otorgadas por el SESNSP, la cifra de robos de ganado en el país durante los periodos de enero a mayo del presente año, con respecto al mismo periodo de 2018, son muy similares, es decir no hay disminución, como se muestra en el siguiente recuadro:

Año             Robos de ganado denunciados

2018                                                 2 mil 358

2019                                                 2 mil 362

Ante ello y con la finalidad de emprender acciones que ayuden a disminuir los índices de robo a ganado, es de suma importancia hacer del apreciable conocimiento de esta soberanía que en el centro de comercialización ganadera del municipio de Tepeaca, Puebla, llegan numerosos ganaderos de distintos estados de la República, para ofertar sus especies de ganado bovino, ovino, caprino, equino y especies menores; es decir, es un mercado pecuario muy amplio y de suma importancia, en el cual muchos productores e introductores realizan cuantiosas operaciones de dinero.

Se recalca que en términos de lo señalado por los artículos 13 de la Ley de Organizaciones Ganaderas y 103 de su reglamento, todos los ganaderos sin excepción llegan al enunciado centro de comercialización ganadera con la documentación que acredita la debida propiedad del bien a comercializar, consistente en: factura, guía de tránsito expedida por las asociaciones ganaderas locales correspondientes y certificada por la autoridad municipal respectiva, en este último documento se describen las características físicas del fierro quemador con que cuenta el ganado y se específica el color, el número del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado (SINIIGA), la ruta por la cual se trasladará el ganado, así como las características del vehículo en el que será transportado, nombre del conductor del automóvil y placas de tránsito.

Todos estos requisitos son revisados por agentes de seguridad pública y por el personal de sanidad animal en las casetas de inspección fitosanitaria. No obstante, es oportuno informar a esta honorable asamblea que debe llevarse a cabo una revisión exhaustiva por parte de las citadas autoridades, ya se tiene conocimiento que, en el referido mercado de Tepeaca, ingresa ganado con facturas y aretes que anteriormente pertenecían a animal diverso que fue enajenado en dicho centro de comercialización.

Lo anterior, obedece a que cuando el ganado es puesto a la venta en el multicitado mercado de Tepeaca, tales documentos no son requeridos por los compradores quienes además realizan el pago por el bien entregado únicamente en efectivo, por lo que la salida del ganado se realiza sólo con una guía de tránsito que se expide en un módulo que se habilita en dicho mercado.

En razón de lo expuesto, los vendedores regresan a su lugar de origen con los documentos que avalaron la propiedad del ganado durante el trayecto (factura y aretado del SIINIGA), los que fácilmente puede ser reutilizados, violentándose con ello, lo dispuesto en el apéndice A (normativo) de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SAG/GAN-2015 denominada Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas, que estipula que los aretes expedidos por el SIINIGA deben permitir una identificación, única, irrepetible y permanente del animal a lo largo de su vida, los cuales no podrán ser modificados o reutilizados.

Además, en el supuesto de reutilizarse las facturas a efecto de acreditar con ellas la propiedad de ganado diverso y poder así llevar a cabo la trasmisión de su propiedad, se tipificaría el delito de fraude contenido en el artículo 386 del Código Penal Federal, que a continuación se transcribe:

“ Artículo 386. Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.”

Lo señalado en este párrafo inmediato anterior, obedece a que al contar con las facturas y el aretado del ganado enajenado en el multicitado mercado, los vendedores estarían en la posibilidad de adquirir ganado misteño (es decir sin fierro), el cual en la mayoría de las ocasiones es de dudosa procedencia y que fácilmente pueden poner a la venta acreditando dolosamente su propiedad con las aludidas facturas y aretado.

En este orden de ideas, se verifica que la citada operatividad de compra-venta de ganado en el mercado de Tepeaca, Puebla, ayuda a la proliferación del abigeato en todas sus especies afectando la economía de los productores ganaderos ya de por sí golpeados por los precios del ganado.

Por lo que resulta de imperiosa necesidad que la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, lleve a cabo las acciones que resulten necesarias, a efecto de que las autoridades competentes de su adscripción verifiquen que el ganado del mercado de Tepeaca, al ingresar y salir de dicho centro de comercialización, cuente forzosamente con sus antecedentes de origen y destino.

Lo anterior, en razón de que el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, ahora Secretaría de Desarrollo Rural, establece en sus artículos 3, 4 incisos II.2 y II.2.3, 20 fracción VII y 17 fracciones XI y XXIV, las siguientes atribuciones para la enunciada dependencia del Poder Ejecutivo estatal:

“ Artículo 3 La Secretaría como dependencia del Poder Ejecutivo estatal, tiene a su cargo las atribuciones para el despacho de los asuntos que expresamente le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, las demás leyes, reglamentos, acuerdos, decretos, convenios y sus anexos vigentes, así como las que le encomiende el gobernador.

(...)”

Artículo 4 Para el estudio, planeación, programación y despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría se auxiliará y contará con la siguiente estructura y unidades administrativas:

I. a II.1.2 (...)

II.2. Coordinación General de Agricultura y Ganadería

II.2.1 a II.2.2

II.2.3 Dirección de Ganadería y Acuacultura

(...)

Artículo 17 El titular de la Coordinación General de Agricultura y Ganadería, dependerá jerárquicamente de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y tendrá, además de las atribuciones previstas en el artículo 11 de este Reglamento, las siguientes:

I. a X. (...)

XI. Implementar las acciones concertadas con el sector público y privado en materia de sanidad e inocuidad, campañas zoosanitarias, acciones de inspección, puntos de verificación interna, así como de certificación y movilización de especies ganaderas, sus productos y subproductos, en coordinación con las unidades administrativas responsables;

XII. a XXIII (...)

XXIV. Expedir, revalidar, cancelar y llevar el registro de las guías de tránsito, para autorizar la movilización de animales, productos y subproductos pecuarios;

(...)

Artículo 20 El titular de la Dirección de Ganadería y Acuacultura, dependerá jerárquicamente de la Coordinación General de Agricultura y Ganadería y tendrá, además de las atribuciones previstas en el artículo 12 de este reglamento, las siguientes:

I. a VI.

VII. Ejecutar, en su caso, en coordinación con los sectores público y privado, acciones de verificación en materia de sanidad e inocuidad, campañas zoosanitarias, acciones de inspección, puntos de verificación interna, así como de certificación y movilización de especies ganaderas, sus productos y subproductos;

(...) (negritas propias)

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, para que través de las áreas competentes de esa dependencia a su digno cargo, se lleven a cabo las acciones conducentes por las que se verifique la legalidad del ganado que ingresa al centro comercializador de Tepeaca, Puebla.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, para que través de las áreas competentes de esa dependencia a su digno cargo, se lleven a cabo las acciones conducentes por las que se verifique que el ganado enajenado en el centro comercializador de Tepeaca, Puebla, al salir del mismo cuente con todos sus antecedentes de origen y destino.

Nota

1 Riojas, I., M.H. et al., La ganadería y el desarrollo sustentable, noviembre 2018, p. 1

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 septiembre de 2019.— Diputada Carmen Mora García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

SE REALICE UN DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO EN MATERIA DE MANTENIMIENTO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a realizar un diagnóstico integral de la situación actual del Metro en materia de mantenimiento, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la zona metropolitana de la Ciudad de México se realizan 32 millones de viajes, hace cuarenta años eran apenas 5 millones. Hoy 7 de cada 10 viajes se hacen en transporte público y 50 por ciento de las personas se desplaza hasta su destino combinando dos o más medios de transporte, de tal forma que más de 5 millones de personas usan centros de transferencia modal.

El servicio más eficiente lo presta el Sistema de Transporte Colectivo Metro en beneficio de más de 5 millones de usuarios diariamente –en días laborables–, siendo el mejor medio de movilidad de la Ciudad de México por muchas razones, entre ellas los tiempos de recorrido, no contamina, alta capacidad para desplazar a un alto número de personas en un solo tren, amplia interconexión con otras líneas y su característica multimodal al permitir en las estaciones la presencia de otros transportes públicos motorizados o no motorizados como las bicicletas para que las personas puedan completar su último kilómetro hasta su destino.

Lamentablemente los recursos para su mantenimiento o son escasos o se han utilizado sin eficacia ni eficiencia, pues justo en esta temporada de lluvias salen a relucir con mayor evidencia las carencias de sus neumáticos, sus instalaciones internas sin botes de basura, con más locales comerciales que sanitarios higiénicos y con escaleras eléctricas inservibles a pesar de que hay un amplio número de usuarios en la categoría de adultos mayores (60 y más).

Hoy sólo sabemos que para el ejercicio fiscal de 2019 se destinaran mediante el capítulo 5000 más de cinco mil 856 millones de pesos, sin tener conocimiento de cómo se distribuirá o en qué orden de prelación o prioridad se atenderán las múltiples deficiencias propias del uso intensivo de este medio de transporte.

Por estas razones, para el Grupo Parlamentario del PRI es del mayor interés en conocer cómo es que estará operando el Metro de la Ciudad de México y cuál es la asignación de presupuesto ejercido a la fecha para su mantenimiento y conservación de la seguridad de los usuarios, operadores y personal interno que presta servicios.

Las y los habitantes de la Ciudad de México tienen el derecho a: 1) Conocer cómo impacta a la infraestructura eléctrica el uso del servicio de electricidad que tienen los locales comerciales al interior de las instalaciones (actualmente la energía consumida kilovatio-hora (kWh) es de 786, 772, 431) y 2) Cuántos sanitarios existen y de estos cuáles son concesionados y las ganancias obtenidas por ello, así como los operados directamente por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Llama la atención que en el texto del primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, se hable de bici-estacionamientos, de las fiestas de trova y canciones urbanas al interior de las instalaciones, de las galerías culturales, pero nada de servicios indispensables para los usuarios como son los sanitarios.

Estamos conscientes de que hay avances positivos en este transporte –que hoy es vigilado por 2 mil 222 elementos de la Policía Bancaria e Industrial y 3 mil 450 elementos de la Policía Auxiliar– pero no puede pasarse por alto un aspecto tan importante y básico como el previamente mencionado.

Solamente la Línea 12 que cuenta con 20 estaciones ofrece este servicio sanitario de manera relativamente regular, sin embargo, en mayo se reveló en diversos medios que el STC Metro inhabilitó dos sanitarios públicos por incumplir con las normas, uno de ellos fue en la estación Garibaldi y otro más en la terminal Pantitlán de la Línea 5. La pregunta es ¿Cómo se ha resuelto esto?

Lo anterior es inaceptable cuando en México cerca de 30 por ciento de las personas adultas mayores presentan incontinencia urinaria y cerca de la mitad de la población de mujeres padece o padecerá alguna vez en su vida uno de los tres tipos de incontinencia urinaria –esfuerzo, urgencia o combinada– de acuerdo con lo dicho por la doctora Atziri Ramírez Negrin, adscrita al departamento de ginecología en el área de urología ginecológica y rehabilitación del piso pélvico del hospital general Doctor Manuel Gea González.

A la jefa de gobierno le decimos ¿Cómo es posible que haya más pizzerías o tiendas fotográficas al interior de la infraestructura del Metro que sanitarios dignos o botes para depositar la basura? Eso no es de una ciudad innovadora y de derechos como se presume.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos sometemos a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la jefa del gobierno de la Ciudad de México, para que realice un diagnóstico integral de la situación actual del Sistema de Transporte Colectivo Metro para evitar daños a los usuarios y establezca un programa atención prioritario a este medio de transporte, con el fin de optimizar el uso de la infraestructura física y eléctrica, así como los planes previstos para ofrecer de manera regular el servicio de sanitarios al interior del Metro, como ocurre actualmente en algunas estaciones.

Notas

1 Con datos del portal CTS Embarq México, AC. Consultado en:

http://www.movilidadamable.org/sistema-integrado-de-transporte

2 Cuenta con 12 líneas, 195 estaciones, 390 trenes, 69 unidades férreas y 226.49 km de longitud. De acuerdo con el documento Síntesis metodológica de la estadística de transporte urbano de pasajeros. Inegi, 2016. Consultado en:

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/ contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825081935.pdf

3 Consultado en:

https://www.debate.com.mx/mexico/Programan-mas-recursos-para-mejorar-el- servicio-del-Metro-en-la-CDMX-20190114-0047.html

4 En relación el Operativo por temporada de lluvias 2019.

5 Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. Consultado en:

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/GACETA_208_01_09_19-0I.pdf

6 Consultado en:

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/fuera-cierran-banos-en-el-metro/1314410

7 Consultado en: https://www.gob.mx/salud/prensa/355-cerca-del-50-de-mujeres-padecera- incontinencia-urinaria?idiom=es

8 Consultado en:

https://www.milenio.com/politica/sheinbaum-publica-video-con-nuevo- eslogan-de-cdmx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Por el Grupo Parlamentario del PRI, el diputado Ismael Alfredo Hernández Deras (rúbrica), vicecoordinador, en representación del coordinador del Grupo Parlamentario, diputado René Juárez Cisneros.»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

SE CONSIDERE A LA MIEL COMO UN ALIMENTO RECOMENDABLE PARA SU CONSUMO Y EXPENDIO EN LAS ESCUELAS Y SE INCLUYA EN LOS DESAYUNOS ESCOLARES

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a distintas autoridades a considerar la miel como un alimento recomendable para su expendio y consumo en los planteles del sistema educativo e incluirla en los desayunos escolares, a cargo de la diputada Carmen Mora García, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Carmen Mora García, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primeramente, es trascendental señalar que la apicultura representa una actividad de suma importancia, las abejas son fundamentales para un equilibrio del medio ambiente, esto debido a que de la polinización depende en gran medida la producción de alimentos a nivel mundial y la biodiversidad terrestre y las abejas son en 80 por ciento responsables de este proceso; empero, sus poblaciones están disminuyendo día con día.

En robustecimiento de lo anterior, se precisa que, de conformidad por lo señalado en el anexo 1 denominado: “Los polinizadores: Su biodiversidad poco apreciada, pero importante para la alimentación y la agricultura”, emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); la gran mayoría de las especies de plantas floríferas sólo producen semillas si los animales polinizadores han transportado previamente el polen de las anteras a los estigmas de sus flores. Si este servicio no se realizara, muchas especies vinculadas entre ellas y diversos procesos del ecosistema desaparecerían.

De igual forma, la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémico, refiere que las abejas juegan un rol muy importante para la cadena alimentaria mundial, esto en razón de que un tercio de la producción mundial de alimentos depende directamente de su actividad polinizadora.

Ahora bien, el ser humano recibe doble gratificación de las abejas, como ya se señaló con anterioridad, tenemos los beneficios de la polinización, pero también nos vemos favorecidos con los productos de la colonia, teniendo a la miel como el principal producto.

En concordancia con lo anterior, se precisa que la miel es la sustancia natural producida por diferentes subespecies de abejas, a partir del néctar de las flores y de otras secreciones extra florales que las abejas liban, transportan, transforman, combinan con otras sustancias, deshidratan, concentran y almacenan.

Es preciso destacar, que la miel constituye uno de los alimentos más primitivos utilizado por el ser humano para nutrirse, existen evidencias arqueológicas de que la miel pudo utilizarse como alimento desde el periodo Mesolítico, es decir 7000 años antes de Cristo; asimismo, se tiene conocimiento que la primera referencia escrita para la miel es una tablilla sumeriana, fechada entre los años 2100-2000 antes de Cristo, en la cual se menciona el uso de la miel como ungüento, por ello puede afirmarse que la miel ha sido usada con propósitos médicos nutricionales.

En nuestro México, antes de que la azúcar llegara con la conquista, los mayas, al igual que otros pueblos de América, contaban sólo con la miel como elemento básico del dulce, con dicho producto endulzaban sus bebidas y aderezaban sus postres, de igual manera la utilizaban frecuentemente en la terapéutica, se enfatiza que en tales fechas se conocía un tipo de abeja denominada melipona o abeja sin aguijón.

En esta tesitura, es primordial enfatizar que en la actualidad la apicultura es una actividad de suma importancia del subsector pecuario mexicano, ya que es considerada como una de las principales actividades pecuarias generadora de divisas.

Sólo para 2016, según cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), se dedicaban a la apicultura cerca de 45 mil apicultores, distribuidos en todos los estados de nuestro país, quienes trabajaban con 1.9 millones de colmenas.

En este contexto, de acuerdo a cifras de la ahora Sader para 2017, México era el séptimo productor de miel a nivel mundial, con 58 mil toneladas de este producto por año; no obstante, y pese a lo señalado los mexicanos no consumimos miel, en tanto, en Estados Unidos de América, Alemania, Suiza y Grecia su consumo es mayor a un kilogramo, esto último según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

Ahora bien, dado el objetivo de la presente proposición, se enfatiza que la miel es un alimento natural de origen animal, que no puede contener ningún tipo de aditivo, con importantes propiedades nutricionales y terapéuticas así como características sensoriales atractivas, por todo ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que cada persona se alimente al menos con 125 gramos de miel al año.

Asimismo, la miel es considerado un alimento energético por su contenido en azucares simples, que son asimiladas rápidamente por el organismo, contribuyendo al mantenimiento del esqueleto y a la regeneración de la sangre. Los efectos medicinales de la miel son incuestionables, contiene propiedades antibióticas, antisépticas y cicatrizantes.

Tan sólo en la miel hay 181 sustancias diferentes, su principal aporte son los hidratos de carbono, aunque también contiene prótidos, lípidos, sales, fósforo, hierro, potasio, calcio y vitaminas (A, E, C, B6 y B12). Es un producto complejo, rico en azucares, vitaminas, minerales y encimas (sustancias de naturaleza proteica que actúan en procesos vitales). La miel es considerada un buen alimento muy energético, de una parte, por su riqueza en hidratos de carbono y por otra por la facilidad de predigestión de estos productos. Además de ello la miel es muy adecuada en la alimentación infantil ya que enriquece la hemoglobina en la sangre.

Sumado a lo anterior, la miel contiene proporciones pequeñas de varios micronutrientes: aminoácidos esenciales, ácidos orgánicos, minerales y vitaminas. De igual manera, se le atribuyen propiedades antibióticas, antiinflamatorias y desinfectantes procedentes de las plantas empleadas por las abejas en su elaboración, además de que en pequeñas dosis previene problemas de alergia. Es por todo lo ya señalado que la miel es un alimento ideal para niños, estudiantes, ancianos, convalecientes y deportistas.

Dadas las consideraciones que anteceden, al ser la miel un alimento que contiene importantes propiedades nutricionales, es necesario que este producto nacional se incorpore en los desayunos escolares que conforman la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, como complemento nutricional diario por su contenido energético y vitamínico, en una dosis de 20 gramos dada su concentración; asimismo, es indispensable que se adicione a la miel como un alimento recomendable para su consumo y expendio en las escuelas del sistema educativo nacional.

Lo anterior, máximo cuando en nuestro país, según el informe anual 2017, publicado por la UNICEF, 1 de cada 2 niños y adolescentes están en situación de pobreza, sumado a ello, 2 de cada 10 niños menores de 5 años en zonas rurales presentan desnutrición crónica, la cual afecta en mayor medida a 1 de cada 4 niños que viven en hogares indígenas, lo que está perjudicando considerablemente el desarrollo de nuestros niños mexicanos.

Del mismo modo, la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM) 2015, señalada que en nuestro país al menos 1 de cada 8 niños menores de cinco años tienen desnutrición moderada para su edad, y 1 de cada 40 tienen desnutrición crónica, lo que puede ocasionar un impacto negativo para el resto de sus vidas, como tallas bajas y desarrollo insuficiente del sistema inmunológico.

En referencia a lo ya descrito y de acuerdo a datos de la UNICEF, los niños y adolescentes de los estados del sur del país tienen alrededor del doble de probabilidades de tener bajo peso o talla para su edad, como consecuencia de la desnutrición crónica, que los que viven en el norte, diferencia que igualmente se presenta al comparar las zonas rurales con las urbanas. De igual forma los hogares de bajos recursos y los hogares indígenas, son más propensos a la desnutrición infantil.

Todo lo anterior, violenta de forma directa el derecho fundamental consagrado en el artículo 4 Constitucional, dispositivo legal que norma el derecho pleno y exigible de toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, siendo obligación del estado garantizarla, mediante la adopción de las políticas públicas, acciones y mecanismos necesarios para satisfacerlo, sin algún elemento que limite o condicione esa prerrogativa, al ser de carácter pleno.

En concordancia con el citado dispositivo, el artículo 27 constitucional, fracción XX, dispone lo que a la letra se inserta:

Artículo 27

...también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca

(Negrillas propias)

En este orden de ideas, es trascendental señalar que a efecto de dar cumplimiento a lo preceptuado en el enunciado artículo 4 de nuestro máximo ordenamiento legal, el titular del Poder Ejecutivo federal, en correlación con el artículo 27 del referido ordenamiento, incorporó a la miel, entre otros más alimentos, en la canasta básica, con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria de la población más vulnerable del país, alimentos que se comercializaran a través del Organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), con lo que se facilitará el acceso a víveres variados y suficientes como “la miel”, para cubrir las necesidades nutricionales básicas de los mexicanos.

En razón de lo expuesto y al considerar el Ejecutivo federal a la miel, como alimento que integra la canasta básica, es obligación de las secretarías de Estado y organismos, competentes, garantizar su abasto suficiente y oportuno, principalmente cuando contiene importantes propiedades nutricionales que garantizarán la seguridad alimentaria de los mexicanos, especialmente de nuestros niños y adolescentes.

Dado lo expresado en el párrafo que antecede, es indispensable señalar las atribuciones contenidas en los artículos 6 fracciones X y XI, 114 y 115, fracciones II, III, IV, VI, VII, IX, X y XI, de la Ley General del Salud y 7, fracción IX, y 33, fracción XVII, de la Ley General de Educación, para la Secretarías de Salud y de Educación Pública de la administración pública federal; que a continuación se transcriben:

Ley General de Salud

Artículo 6o. ...

I. a IX. ...

X . Proporcionar orientación a la población respecto de la importancia de la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y su relación con los beneficios a la salud; y

XI. Diseñar y ejecutar políticas públicas que propicien la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que contrarreste eficientemente la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad...

(Negrillas propias)

Artículo 114. Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la Secretaría de Salud participará, de manera permanente, en los programas de alimentación del gobierno federal.

La Secretaría de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la participación en los mismos de los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen con la nutrición, alimentos, y su disponibilidad, así como de los sectores sociales y privado.

(Negrillas propias)

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. ...

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables;

III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición en las zonas que se determinen, en función de las mayores carencias y problemas de salud;

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas.

V. ...

VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo.

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.

VIII. ...

IX. Impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la prevención y el control del sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria y, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la detección y seguimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de educación básica;

X. Difundir en los entornos familiar, escolar, laboral y comunitario la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y

XI. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas y procesadas en las escuelas del sistema educativo nacional, a fin de eliminar dentro de estos centros escolares el consumo y expendio de aquellos que no cumplan con los criterios nutrimentales que al efecto determine la Secretaría de Salud y, en consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos y la pongan en riesgo.

(Negrillas propias)

Ley General de Educación:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a VIII. ...

IX. Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del Deporte.

(Negrillas propias)

Artículo 33. ...

I. a XVI. ...

XVII. Impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para alumnos, a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria.

(Negrillas propias)

De los anteriores ordenamientos legales descritos, se verifica de manera fehaciente, la competencia de las Secretarías de Salud y de Educación Pública de la administración pública federal, para emitir los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparadas y Procesadas en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional, los cuales indiscutiblemente deben regirse por lo preceptuado en los artículos 4 y 27 constitucionales; es decir, tales lineamientos deben garantizar una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad a los educandos, así como el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la norma establezca, entre los cuales, tenemos “ la miel”:

Alimento que como ya se ha señalado es uno de los más completos y que más beneficios aportan a la salud de los niños, por su alto contenido en vitaminas y minerales, que favorecen su crecimiento y que aportan toda la energía que estos necesitan para afrontar las jornadas escolares.

Sumado a que dicho alimento aumenta la producción de glóbulos rojos, protege el sistema circulatorio, regula el sistema nervioso y favorece la recuperación física y mental; además de que el sistema inmunológico también recoge los beneficios de la miel aumentando las defensas y protegiendo a los niños de las infecciones más frecuentes.

Ahora bien y en correlación con lo señalado, se enfatiza lo normado por la Ley de Asistencia Social, en los artículos 9, fracción I, y 12 que establecen:

Artículo 9. ...el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, tendrá respecto de la asistencia social, y como materia de salubridad general, las siguientes atribuciones:

I. Vigilar el estricto cumplimiento de esta Ley, así como las disposiciones que se dicten con base en ella, sin perjuicio de las facultades que en la materia competan a otras dependencias y entidades de la administración pública federal y a los gobiernos y entidades de los estados;

Artículo 12. Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los siguientes:

I. Los señalados en el artículo 168 de la Ley General de Salud.

II. la promoción del desarrollo, el mejoramiento y la integración familiar;

III. a VII ...

VIII. La orientación nutricional y la alimentación complementaria a población de escasos recursos y a población de zonas marginadas;

IX. a XII. ...

XIII. La promoción de acciones y de la participación social para el mejoramiento comunitario, y

XIV. Los análogos y conexos a los anteriores que tienda a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo y familia, su desarrollointegral.

...

(Negrillas propias)

De los preceptos legales se prevé la competencia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para emitir los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, la cual tiene por objeto contribuir al ejercicio pleno del derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad de los sujetos en condiciones de vulnerabilidad, preferentemente de zonas de alto y muy alto grado de marginación, misma que se integra por los “desayunos escolares”. De ahí que estos lineamientos deben acatar lo dispuesto en el artículo 27 constitucional, garantizando para ello el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos, entre ellos “la miel”, alimento rico en proteínas y minerales que garantizará en nuestros niños mexicanos una alimentación nutritiva, combatiendo de forma eficaz la desnutrición crónica que actualmente está perjudicando considerablemente el desarrollo de muchos de estos pequeños.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y Educación Pública de la administración pública federal, a efecto de que modifiquen el “ Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo nacional”, y su anexo único, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2019, con la finalidad de que se considere a la “miel” como un alimento recomendable para su consumo y expendio en las escuelas del Sistema Educativo Nacional.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que modifique los “Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2019”, con la finalidad de se incorpore a la “miel” en los desayunos escolares que conforman la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Los polinizadores: Su biodiversidad poco apreciada, pero importante para la alimentación y la agricultura, febrero 2008, página 3.

2 Doctor José Armando Ulloa, entre otros, La miel de abeja y su importancia, septiembre 2010, página 11.

3 Doctor José Armando Ulloa, entre otros, “ La miel de abeja y su importancia”, Septiembre 2010, p. 12

4 Licenciada Susana Beatriz Fattori, La miel, 22 de octubre de 2004, página 5.

5 Escuelas Idea Sana Eroski Noviembre La miel, alimento nutritivo, páginas 4 y 5

6 Escuelas Idea Sana Eroski Noviembre La miel, alimento nutritivo, páginas 14 y 16

7 UNICEF, “Desnutrición infantil”,

https://www.unicef.org/mexico/desnutrici%C3%B3n-infantil

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputada Carmen Mora García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

SE BRINDE ATENCIÓN INMEDIATA A LA PROBLEMÁTICA DE FEMINICIDIO EN BAJA CALIFORNIA Y SE HAGA LA SOLICITUD DE DECLARATORIA DE ALERTA DE GÉNERO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a distintas autoridades de BC a atender de inmediato la problemática de feminicidio y formular la solicitud de declaratoria de alerta de género para dicha entidad, a cargo de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de Cámara de Diputado, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia, a la Secretaría de Seguridad Pública, al Instituto de la Mujer del estado de Baja California a que brinden atención integral a las víctimas de feminicidio, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para la urgente solicitud de la declaratoria de alerta de género, bajo el razonamiento de las siguientes:

Consideraciones

1. La creciente violencia en el estado de Baja California tiene un recrudecimiento en contra de las mujeres que, de manera particular, ha explotado en brutalidad sin que las autoridades le hayan brindado la merecida atención.

2. Existe una vinculación estadística entre la cifra de mujeres que enfrentan violencia en el noviazgo y el aumento también en la máxima violencia, que es el feminicidio, entendiendo en este un “crimen de odio que se manifiesta como la máxima expresión de la violencia contra una persona por el hecho de ser mujer”.

3. Sin embargo, no sólo comete el delito de feminicidio aquella persona, hombre en su mayoría, que comete materialmente el asesinato de una mujer en razones de género, que tienen de por medio conductas penales como el asesinato en el que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; cuando a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; cuando haya existido entre el activo y la victima una relación sentimental, afectiva o de confianza; en el caso de que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; siempre que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida; el caso de que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público, lo anterior en términos del Código Penal Federal, que tipifica el feminicidio en el artículo 325.

4. No obstante, cuando un Estado se abstiene de tomar medidas efectivas para el acceso a la justicia de las mujeres, así como para la investigación exhaustiva de los feminicidios, su prevención y las medidas para que el delito de feminicidio y las múltiples violencias contra las mujeres cesen, el Estado también está cometiendo un agravio por omisión.

5. Durante los últimos años, los gobiernos panistas del estado de Baja California han sido omisos en prevenir la violencia en contra de las mujeres, atenderla, brindar acceso efectivo a la justicia, establecer mecanismos para la reparación del daño y particularmente, han sido omisos en la forma de manejar el presupuesto.

6. A pesar de que Baja California es una de las entidades más endeudadas, con alerta económica por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hay una grave omisión en la manera de distribuir los recursos, pues constantemente los temas para el apoyo a las víctimas de violencia, a las víctimas de feminicidio y a sus familias, huérfanos y madres, resultan ser los últimos en atenderse.

7. Simplemente, en pleno 2019, el Centro de Justicia para la Mujer en Baja California  que estaba pendiente desde 2017, anunció paupérrimos avances de un supuesto 85 por ciento a finales de 2018. Nueve meses después, el Centro de Justicia no está en operación, no tiene reglamentación y tampoco tiene una fecha tentativa de apertura.

8. Lo anterior, demuestra una violencia machista y feminicida de carácter institucional ejercida desde la omisión de asignar presupuesto para un Centro de Justicia para la Mujer.

9. Para tener conciencia del impacto que tienen los feminicidios en Baja California, haciendo una comparación internacional basada en las tasas de DFPH que reportó ONU Mujeres, es decir, los decesos de mujeres con elementos que hacen suponer que fueron víctimas de un asesinato, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se alcanzó una tasa de 37.55 DFPH por cada 100 mil mujeres en 2016.

10. Ese año, 2016, fue la primera ocasión en que Ciudad Victoria apareció en la lista de los 10 municipios con las tasas más alta de posibles asesinatos de mujeres, en suma, alcanzando la tasa más alta del país. El problema lleva años creciendo y cada día que se retrasa su atención, es un día más de misoginia institucional.

11. En segundo lugar, se encontró Acapulco de Juárez, Guerrero, donde se registró una tasa de 24.22 DFPH, equivalente a 5.5 veces la del promedio nacional en 2016 de acuerdo con ONU Mujeres.

12. En el tercer lugar de los municipios más violentos para las mexicanas en 2016 se encontró Tijuana, municipio de Baja California, con una tasa de 10.84 presuntos homicidios femeninos por cada 100 mil mujeres. Significa que de todo el país, Baja California es la tercera ciudad con mayor peligro para ser mujer.

13. Los reportes de “la violencia feminicida” que pública periódicamente la Organización de las Naciones Unidas -a través de la recopilación de cifras oficiales- son hasta ahora la fuente estadística más confiable para conocer dónde, cómo y cuáles son las dinámicas de la violencia extrema que atraviesan las mexicanas, ya que son datos que se obtienen a partir de los certificados de defunciones, en comparación con la información de las fiscalías de Justicia, la cual depende de la clasificación que hagan de los delitos.

14. El último reporte de ONU Mujeres contenía cifras actualizadas hasta 2016 y, como se muestra, existen focos rojos de violencia feminicida en territorios concretos de México, más allá de los que contemplan iniciativas como Spotlight y el mecanismo de Alerta de Violencia de Género (AVG) con el que cuenta el gobierno federal para atender estas situaciones.

15. Con excepción de Acapulco, en Ciudad Victoria y Tijuana no tienen un decreto de Alerta de Violencia de Género, el instrumento que activa el gobierno federal cuando encuentra situaciones de violencia contra las mujeres en las que es necesaria la coordinación de los tres niveles del Estado para actuar de emergencia. Este instrumento brinda una serie de protocolos, presupuesto, mecanismos y centros para atender puntualmente la violencia contra las mujeres, pero el gobierno del estado ha sido omiso y violento a nivel institucional, al grado de ignorar este mecanismo que resulta urgente.

16. A pesar de que, según información que en entrevista con Cimac Noticias, agencia feminista, brindó la experta en política pública de ONU Mujeres, Natalia Calero, los cinco municipios beneficiados por la iniciativa Spotlightse escogieron por contar con las mayores tasas de defunciones femeninas con presunción de homicidio, desapariciones de mujeres y alto porcentaje de mujeres que sufrieron violencia sexual. En ellos no se encuentra Tijuana, a pesar de la evidente urgencia.

17. En esta proposición, además de exigir a la Procuraduría del Estado de Baja California que se ejecuten acciones y se detenga la violencia institucional que ejerce en contra de todas las mujeres, basado en los puntos anteriores, se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a que solicite la activación de la Alerta de Violencia de Género.

18. Esto de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece lo siguiente:

“ Artículo 22. Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

Artículo 23. La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:

I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo;

II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida;

III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres;

IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y

V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.

Artículo 24. La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando: I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.

Aunado a lo anterior, el artículo 32 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la competencia de los organismos de derechos humanos de las entidades federativas como las competentes para solicitar que la Alerta de Violencia de Género sea declarada en los siguientes términos:

“ Artículo 32. La solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género podrá ser presentada por los organismos de derechos humanos internacionales, nacional o de las entidades federativas, así como las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas. La solicitud se presentará por escrito directamente o bien, a través de correo, ante la Secretaría Ejecutiva, quien revisará que dicha solicitud contenga los requisitos previstos en el artículo siguiente y lo hará del conocimiento de la Comisión Nacional”.

19. Según las agencias locales de noticias, de los 75 asesinatos de mujeres que han tenido lugar en la ciudad de Tijuana en el año 2019, a junio, tan sólo cuatro de estos casos han sido reconocidos por la autoridad como feminicidios, siendo que todos cuentan con la similitud de que han sido perpetrados por las parejas sentimentales de las víctimas, lo que en términos del Código Federal citado anteriormente, es un feminicidio.

20. La reiteración de una conducta de omisión en la impartición de justicia amerita que sean las instancias federales las que intervengan para solucionar la creciente violencia que viven las mujeres en Baja California. Simplemente, en Tijuana siete de cada diez parejas de novios sufren violencia y las edades son cada vez más tempranas.

21. La violencia, como un problema creciente en espiral, comienza con ciertos actos que se incrementan de forma gradual hasta llegar al extremo del asesinato, del feminicidio.

22. En 2016, la encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares mostró que del total de mujeres de 15 años y más, el 43.9 por ciento ha tenido incidentes de violencia de pareja a lo largo de la relación. Entre las adolescentes y jóvenes (15 a 24 años), el porcentaje es de 40.3 por ciento, y en hablantes de lengua indígena el porcentaje aumenta a 46.1 por ciento.

23. Es urgente que sea declarada la Alerta de Género, pues entre mayor tiempo pase sin acciones, la tendencia de feminicidios que va en aumento no cambiará, convirtiendo al estado de Baja California en un estado feminicida por omisión.

Por las anteriores consideraciones y antecedentes, someto a consideración de este pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. El pleno de esta honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California y a la Secretaría de Seguridad Pública a brindar atención integral a las víctimas de feminicidio, así como a realizar investigaciones exhaustivas que no dejen espacio a la impunidad, así como a tomar medidas de sensibilización en perspectiva de género para los operadores del derecho que brindan la atención de primer contacto con la ciudadanía, así como a dar operatividad al Centro de Justicia para la Mujer en aras de implementar acciones preventivas.

Segundo. El pleno de esta honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto de la Mujer para el estado de Baja California a brindar atención integral a las víctimas de feminicidio, a tomar medidas para la prevención de este delito y de la violencia contra las mujeres.

Tercero. El pleno de esta honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que haga la solicitud de declaratoria de Alerta de Género para el estado de Baja California en términos del Reglamento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la urgente solicitud de la declaratoria de alerta de género.

Notas

1 ¿Qué es feminicidio y cómo identificarlo?- Conavim. Disponible en

https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-el-feminicidio-y- como-identificarlo?idiom=es Consultado el 3 de septiembre de 2019.

2 La responsabilidad internacional del Estado por actos particulares: análisis jurisprudencial interamericano. Disponible en:

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r26724.pdf Consultado el 03 de septiembre de 2019.

3 Deuda de Baja California cerca de los 100 mil millones de pesos. Nota periodística consultada el 03 de septiembre de 2019

http://jornadabc.mx/tijuana/01-04-2019/deuda-de-baja-california-cerca- de-los-100-mil-millones-de-pesos-bonilla

4 Urgen alerta de género para Baja California. Nota periodística consultada el 3 de septiembre de 2019

https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/justicia/urgen-alerta-de- genero-para-baja-california-mujeres-asesinadas-tijuana-3124518.html

5 Centro de justicia para la mujer con 85 por ciento de avance. Nota periodística consultada el 03 de septiembre de 2019

https://www.uniradioinforma.com/noticias/tijuana/543993/centro-de- justicia-para-la-mujer-con-85-de-avance.html

6 Olvidan centro de justicia para la mujer. Nota periodística consultada el 03 de septiembre de 2019

https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Olvidan-centro-de-justicia- para-la-mujer-20190428-0017.html

7 Ciudad Victoria, Acapulco y Tijuana tienen las mayores tasas de asesinatos de mujeres. Nota periodística consultada el 03 de septiembre de 2019

https://www.cimacnoticias.com.mx/noticia/ciudad-victoria-acapulco-y- tijuana-tienen-las-mayores-tasas-de-asesinatos-de-mujeres

8 Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Última Reforma DOF 13-04-2018

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf

9 Feminicidios de Tijuana son causados en su mayoría por parejas. Nota periodística consultada el 03 de septiembre de 2019

https://psn.si/tijuana-feminicidios-causados-por-parejas/2019/06/

10 Incrementa violencia en el noviazgo en Baja California. Nota periodística consultada el 03 de septiembre de 2019

https://psn.si/incrementan-violencia-noviazgo-cv/2019/08/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

SE DECLARE LA VEDA TOTAL INDEFINIDA PARA LOS BOSQUES UBICADOS DENTRO DEL LÍMITE DEL ESTADO DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat a declarar la veda total indefinida para todos los bosques mexiquenses y los de la república sometidos a deforestación indiscriminada, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, diputada de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta a la Semarnat a declarar veda total indefinida para todos los bosques ubicados dentro del límite del estado de México, así como en los bosques de la República Mexicana que estén sufriendo deforestación indiscriminada, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La situación por la que atraviesan los bosques del estado de México y, en general, de todo el país es preocupante, el huachicoleo forestal en su máximo esplendor, las explotaciones clandestinas, los aprovechamientos otorgados por la autoridad, el crecimiento de la población, los incendios, el turismo ecológico entre otros, son apenas unas causas de la gravedad que se vive en los bosques, es absolutamente necesario que se suspendan totalmente las explotaciones de cualquier índole, porque la tala inmoderada de los bosques ha influido en el cambio climático.

Igualmente, es indispensable que se haga sentir la más enérgica acción de la autoridad competente para hacer respetar estrictamente los bosques; y por consiguiente, todas las violaciones que al respecto se cometan deben ser sancionadas por las máximas autorizadas por la ley.

La deforestación o tala de árboles es un proceso provocado generalmente por la acción humana en el que se destruye la superficie forestal. Está directamente causada por la acción del hombre sobre la naturaleza, principalmente debido a las talas o quemas realizadas por la industria maderera, así como por la obtención de suelo para la agricultura, minería y ganadería.

La deforestación es un grave problema para la salud del planeta que nos afecta a todos y, aunque los intentos por frenarla logran discretos resultados, no consiguen revertir la tendencia. El desastre ambiental ocasionado por la progresiva desaparición de la masa forestal provoca pérdidas ambientales incalculables y de difícil o imposible recuperación.

Más que hablar de árboles, se debe hablar de bosques, de ecosistemas y de todo lo que afecta o depende de ellos, y es precisamente con este enfoque como se entiende la tala indiscriminada, inmoderada de árboles o huachicoleo forestal, es mucho más que un atentado ecológico puntual en un área concreta, ya que termina afectando a todo el planeta. Sobre todo, además, porque se trata de una práctica muy extendida que se lleva a cabo a escala global, con pérdidas de más de diez millones de hectáreas de bosques.

Estamos acabando con la riqueza natural de nuestro país, la ubicación geográfica de México, su variedad de climas, topografía e historia geológica dan como resultado que nuestro país cuente con una riqueza biológica extraordinaria en el mundo. Aunada a la enorme variedad de especies de plantas y animales, la gran diversidad de comunidades vegetales que se encuentran en el territorio continental e insular, las cuales van desde las afines zonas alpinas, hasta las dunas costeras y humedales, pasando por matorrales xerófilos, bosques templados, selvas, bosques mesófilos de montaña y pastizales naturales.

Lamentablemente, el crecimiento poblacional a nivel mundial, es uno de los factores que más han influido en la transformación de los ecosistemas, tan solo en el año 2000, 42 por ciento de los bosques mundiales habían sido transformados, así como 18 por ciento de las zonas áridas y 17 por ciento de los ecosistemas insulares, principalmente a zonas de cultivos y potreros, o bien, abiertos para el establecimiento y desarrollo de poblados, ciudades y de infraestructura de caminos, eléctricas y de almacenamiento de agua.

México no ha sido la excepción en este proceso de degradación y pérdida de ecosistemas terrestres. Una importante proporción de su territorio se ha transformado en campos agrícolas, pastizales y zonas urbanas, y de los ecosistemas que aún persisten, muchos de ellos muestran en mayor o menor medida signos de alteraciones.

Nos estamos acabando los recursos naturales, debemos cuidar el ecosistema y más que nuestro país cuenta con grandes extensiones de bosques, a manera de ejemplo, en México, los bosques mesófilos de montaña abarcan más de 1.7 millones de hectáreas; los manglares ocupan una superficie de 887 mil hectáreas; y la vegetación comprendida en la categoría de otras asociaciones (palmares, sabana, selva de galería, entre otros) es de 575 mil hectáreas de la superficie forestal. Las extensiones de estas formaciones vegetales constituyen ecosistemas sumamente importantes desde el punto de vista de su biodiversidad, las altas tasas de captura de carbono y su capacidad de amortiguamiento ante eventos hidrometeorológicos, entre otros aspectos relevantes.

Ahora bien, la deforestación depende de varios factores, uno de ellos es el del modelo neoliberal y que es muy importante, el económico, al favorecer las actividades que permiten la mayor ganancia a corto plazo, una de ellas es la explotación de madera para satisfacer el mercado, la cual impulsa la deforestación de los bosques, principalmente los dominados por una especie, lo que hace rentable su explotación. De la misma manera, el aumento de los precios de los productos agropecuarios provoca la deforestación, pues entonces los usos no forestales del suelo son más redituables. Una de las maneras que podemos comprobar el proceso de deforestación que se da en el país, es a partir de los reportes que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) respecto de la producción forestal maderable.

 Año                                                          M3

2010:                                               5,627,088

2011:                                               5,501,085

2012:                                               5,910,293

2013:                                               5,957,094

2014:                                               5,664,934

2015:                                               6,122,241

2016:                                               6,715,284

2017:                                               7,072,005

En la tabla se puede apreciar como del año 2010 al 2017 ha ido en aumento la producción forestal maderable.

Pero no olvidemos que estas son cifras oficiales, ya que sólo representan los permisos que otorga la Semarnat, faltaría agregar el huachicoleo forestal, es decir, la tala clandestina que sufren nuestros bosques.

Por otra parte, cabe destacar, en 2011 México perdió 13 mil 246 hectáreas bajo el concepto de cambio de uso de suelo autorizado, lo que equivale a un incremento de 58 por ciento en relación con un año atrás.

Otro de los factores de deforestación son los incendios forestales, que en 2012 sumaron un total de 7 mil 170 y que afectaron 347 mil 226 hectáreas en todo el país, el año pasado 2018 fueron 6 mil 908 pero afectaron mayor número de hectáreas 487 mil 521. Las entidades que sufrieron más pérdidas en superficie fueron Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Baja California y Jalisco, y entre las que reportaron el mayor número de incendios están Chihuahua, estado de México, Michoacán y Jalisco.

Sobre las autorizaciones emitidas para cambio de uso de suelo en terrenos forestales, y que se fundamentan en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, representan el 3 por ciento respecto del total nacional anual de la deforestación.

Por otra parte, los desmontes con fines agropecuarios o de urbanización son otros de los factores que prevalecen, aunque también como ya lo mencioné influyen los incendios, la tala ilegal, las plagas y enfermedades y el sobrepastoreo. Los efectos han sido muy negativos, pérdida de flora, fauna y microorganismos, la alteración del hábitat, la erosión de suelos, los azolves de ríos, mares y cuerpos acuíferos y la disminución de la recarga de acuíferos. A lo anterior se suma la falta de un sistema de información forestal actualizado en México, lo que ocasiona que no haya un estudio confiable de la tasa anual de deforestación.

Por ello, se hace imperiosa la necesidad de que el Ejecutivo federal emita una veda ilimitada en los bosques de toda la república mexicana y, en especial, del estado de México y se castigue con el rigor de la ley a quienes infrinjan el ordenamiento jurídico en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 62, numeral 3, 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de ese honorble pleno el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Semarnat a declarar veda total indefinida para todos los bosques ubicados dentro del límite del estado de México, así como en los bosques de la república mexicana que estén sufriendo deforestación indiscriminada.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Semarnat para que revise los permisos de aprovechamientos forestales que se han otorgado y en su caso se cancelen por la tala indiscriminada que se está dando en los bosques de nuestro país.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Semarnat para que promueva la reforestación de los bosques del país, con especies arbóreas nativas de cada región para fomentar y garantizar su recuperación y vocación ambiental.

Notas

1 (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, carpeta 77 de julio de 2017, pag. 5, autor C. José de Jesús González Rodríguez).

2 Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina y el Caribe (ESFAL)-Informe Nacional México. Elaborado por Juan Manuel Torres Rojo, Cap. 2, pág.1.

3 Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina y el Caribe (ESFAL)-Informe Nacional México. Elaborado por Juan Manuel Torres Rojo, Cap. 2, pág.1.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN Y ACCESO AL ABORTO LEGAL Y DE ATENCIÓN POSTERIOR, EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y los gobiernos locales a armonizar, elaborar e implantar los protocolos para la atención y el acceso al aborto legal y de atención posterior, aunque no sea legal, a cargo de la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Mildred Concepción Ávila Vera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracciones I y II, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas para que armonicen o elaboren e implanten los protocolos para la atención y acceso al aborto legal y a los servicios de atención posterior al aborto, aunque no sea legal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La progresividad de los derechos humanos de las mujeres y particularmente los sexuales y reproductivos han significado una lucha permanente de las mujeres por la autonomía en la toma de decisiones y especialmente sobre sus cuerpos.

Como un significativo antecedente se tiene que, en la Ciudad de México desde el 24 de abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó en su Código Penal la despenalización del aborto inducido por lo que estableció que en las instituciones públicas de salud sea practicado el aborto legal durante las primeras doce semanas a petición de la mujer y hasta las veinte semanas en caso de violación, lo cual es el límite que nos marca la ley.

Por lo anterior, desde la Secretaría de Salud de la Ciudad de México se ha consolidado un espacio de oportunidad para la interrupción legal del embarazo (ILE), donde se atienden mujeres no sólo de la propia localidad sino también de otros estados de la república y del extranjero, en los cuales el aborto está prohibido y sancionado.

En el Sistema de Información de la Ciudad de México relativo a la Interrupción voluntaria del embarazo se observa que las usuarias que han sido atendidas dan un total de 212,889 hasta el 18 de junio de 2019, siendo el porcentaje más alto el de las mujeres de la Ciudad de México. Así también, señala que son las mujeres que se encuentran en nivel preparatoria las que ocupan el primer lugar, seguido por las que cuentan con nivel secundaria. Lo anterior deriva en que la edad de las mujeres que más solicita el servicio oscila entre 18 y 29 años entre mujeres del país (http://ile.salud.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/ Interrupcion-Legal-del-Embarazo-Estadisticas-2007-2017-18-de-junio-2019.pdf).

Muchas de estas usuarias de servicios han sido menores de edad o víctimas de violencia sexual. Y en la Ciudad de México gracias a la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, se abrió la posibilidad para que las menores de edad puedan interrumpir el embarazo, inclusive sin la autorización de sus padres, con la entrada en vigor de las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 (NOM-046).

Lo anterior deja ver que muchas de las usuarias de servicios de ILE en la ciudad de México cuentan con el recurso para trasladarse desde su Estado, es decir, que el acceso a un derecho está condicionado por la capacidad económica o por el lugar de residencia de la usuaria.

Desde otra perspectiva, cientos de mujeres que no cuentan con la autonomía sobre su cuerpo son sujetas a denuncias penales, con la estigmatización que ello conlleva. Las cifras estadísticas sobre denuncias por aborto han tenido un relativo crecimiento en los recientes años como se aprecia en la siguiente gráfica:

Aun cuando el gobierno federal ha procurado implantar las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, continúa siendo un desafío avanzar para materializar las recomendaciones en la materia.

En las recomendaciones que recientemente hiciera la CEDAW al Estado mexicano, en julio de 2018, respecto de las observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, el cual insta al Estado a que armonice y emita protocolos a nivel federal y estatal para garantizar el acceso al aborto legal pertinentes con la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, sobre la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, como a continuación se señala:

42. En consonancia con su recomendación general número 24 (1999) sobre la mujer y la salud, el comité recomienda al Estado parte que

a) Ponga mayor empeño en acelerar la armonización de las leyes y los protocolos federales y estatales sobre el aborto para garantizar el acceso al aborto legal y, aunque no haya sido legalizado, a los servicios de atención posterior al aborto;

b) Armonice las leyes federales y estatales pertinentes con la Ley General de Victimas y la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, sobre la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, e informe y capacite adecuadamente al personal médico para que pueda ofrecer atención especializada a las mujeres y las niñas víctimas de la violencia sexual, lo que comprende la prestación de servicios esenciales de anticoncepción de emergencia y aborto;

c) Elabore los protocolos necesarios para poner en práctica las modificaciones de la Ley General de Salud, que permiten la objeción de conciencia mientras no ponga en peligro la vida de la madre y no impida que las mujeres y las niñas accedan al aborto legal, y vele por que, en esos casos, las mujeres y las niñas sean derivadas a un profesional adecuado;

Por lo anterior es obligatorio exigir la armonización o elaboración de protocolos federales y estatales sobre el aborto para garantizar el acceso al aborto legal y aunque no haya sido legalizado, a los servicios de atención posterior al aborto.

En México, el aborto es legal en ciertas circunstancias, las cuales varían entre una y otra entidad federativa.

En el Código Penal Federal se establece que no será punible el aborto cuando éste sea resultado de una imprudencia de la mujer embarazada o de una violación, como señala el artículo 333:

Artículo 333. No es punible el aborto causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada, o cuando el embarazo sea resultado de una violación.

Siendo que el aborto por ciertas causales no es punible, es necesario que estos procedimientos cuenten con protocolos armonizados a la luz de los derechos humanos de las mujeres, especialmente tratándose del delito de violación.

Aunado a lo anterior, son las autoridades sanitarias, las responsables de la realización del procedimiento de aborto, por lo que es necesario que estas, tanto en el ámbito federal como estatal cuenten con los protocolos armonizados para la realización de los abortos legales, es decir, los no punibles por las causales que cada Código Penal señale.

Las autoridades sanitarias responsables del cumplimiento, conforme a las disposiciones generales del título primero, capítulo único, artículo 4o., de la Ley General de Salud son

Artículo 4o. Son autoridades sanitarias

I. El presidente de la República;

II. El Consejo de Salubridad General;

III. La Secretaría de Salud; y

IV. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el gobierno del Distrito Federal.

A manera de resumen y al analizar los Códigos Penales de las entidades federativas se observa la siguiente diferenciación en cuanto a las causales. En Baja California, Ciudad de México, Colima, Michoacán y Tlaxcala, las causales son

• Violación;

• Salud de la mujer;

• Riesgo para la vida de la mujer;

• Malformaciones congénitas graves;

• Inseminación artificial no consentida; y

• Aborto imprudencial.

Los estados con menos causales para hacer no punible el aborto son dos, Guanajuato y Querétaro por estas dos causales:

• Violación;

• Imprudencial .

Los demás estados se encuentran en algún punto entre ambos grupos de entidades dejando ver que hay una gran brecha que invisibiliza los desafíos pendientes sobre el aborto, así como los casos en los que han muerto las mujeres por prácticas clandestinas producto de la represión y la falta de acceso pleno a derechos sexuales y reproductivos, así como al derecho a decidir sobre su cuerpo.

Por lo expuesto presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de los estados para que armonicen o elaboren e implanten los protocolos para la atención y acceso al aborto legal y de atención posterior al aborto, aunque no sea legal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputada Mildred Concepción Ávila Vera (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA LAGUNA PLAN DE LOS PÁJAROS DE LOMA BONITA, OAXACA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la recuperación ambiental de la laguna Plan de los Pájaros, de Loma Bonita, Oaxaca, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Diputada Graciela Zavaleta Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la recuperación ambiental de la laguna Plan de los Pájaros de Loma Bonita, estado de Oaxaca, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La laguna Plan de los Pájaros, la cual tomó su nombre de las parvadas de aves que llegaban ahí, está ubicada en las colindantes de los estados de Veracruz y Oaxaca. Es un paraíso natural que pocos tienen la oportunidad de conocer y disfrutar. Cuenta con enormes dimensiones, gran diversidad de flora y fauna y es en donde se desarrollan importantes actividades pesqueras por parte de las poblaciones cercanas.

Un ejemplo de lo anterior es Loma Bonita, ciudad que se localiza en la parte norte del estado de Oaxaca y colinda con el sur del estado de Veracruz, son sus pescadores quienes acuden diariamente a realizar actividades pesqueras a esta laguna que cuenta con al menos cuatro entradas, una de ellas precisamente del lado oaxaqueño, por la laguna Cujuliapan.

Lamentablemente, quienes habitan en Loma Bonita han informado que, debido a la falta de lluvias y la ola de calor que se vivió en la región, la laguna se encuentra seca en más de la mitad del espacio que abarca, provocando escasez de peces y también, debido al bajo nivel del agua y las altas temperaturas, por primera vez en muchos años la mortandad de miles de ellos.

Un par de pescadores jóvenes, originarios de Loma Bonita, testificaron que el sábado 17 de agosto del presente año en menos de tres horas el agua bajó y la temperatura subió tanto que, a su percepción, al menos la tercera parte de los peces de la laguna murieron. Estos mismos jóvenes indicaron que si las temperaturas continúan así y el nivel del agua no sube, pronto podría presentarse una nueva mortandad de peces, lo que sería catastrófico.

Ellos mismos indican que los peces que sobreviven son por el lodo húmedo que persiste, sin embargo, la mitad del área que abarca el lodo ya está seco y partido, por lo que se agrava la situación.

Para los pescadores la única solución es que se abran las compuertas de las presas de la región, para que así alimenten a los ríos, entre ellos el río Obispo el cual desemboca en este cuerpo de agua dulce que es importante fuente de trabajo para decenas de pescadores de este municipio piñero.

Por lo anterior resulta necesario exhortar al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat para que, en coordinación con el gobierno del estado de Oaxaca, elaborare un diagnóstico integral ambiental sobre la situación que vive actualmente la laguna Plan de los Pájaros, a fin de identificar las consecuencias de este cambio ambiental que dieron paso a su deterioro y en consecuencia se emprendan las acciones necesarias que contribuyan a su recuperación.

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación con el gobernador del estado de Oaxaca, realice un análisis y elabore un diagnóstico y programa integral ambiental para la recuperación de la laguna Plan de los Pájaros de Loma Bonita, estado de Oaxaca.

Notas

https://www.elpinero.mx/viacrucis-de-los-pescadores-de-loma-bonita/

https://www.elpinero.mx/agobiante-calor-mato-a-miles-de-mojarras-en- plan-de-los-pajaros-laguna-de-loma-bonita/

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a diez de septiembre de dos mil diecinueve.— Diputada Graciela Zavaleta Sánche z (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

MEDIDAS PARA EL SANEAMIENTO DEL RÍO TONTO, LIMÍTROFE ENTRE VERACRUZ Y OAXACA, Y SANCIÓN DE LOS DELITOS AMBIENTALES

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la implantación de medidas urgentes para el saneamiento y la sanción de delitos ambientales por la mortandad de peces y contaminación del Río Tonto, limítrofe de Veracruz y Oaxaca, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Graciela Zavaleta Sánchez, diputada a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo relativo a la implementación de medidas urgentes para el saneamiento y la sanción de delitos ambientales por la mortandad de peces y contaminación del río Tonto, afluente del río Papaloapan, limítrofe de los estados de Veracruz y Oaxaca al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El río Tonto nace en la sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz y avanza hacia el sureste, paralelo al río Salado; sobre esta corriente se ubica la presa Miguel Alemán (Temascal). El río Tonto recorre un tramo aguas abajo de esta presa antes de descargar sus aguas, por la margen izquierda, al río Papaloapan, unos 7 kilómetros al norte de ciudad de Tuxtepec.

La afluente de este río es importante fuente de empleos en cuanto a la pesca ribereña de las cuales dependen las comunidades de los estados de Veracruz y Oaxaca; sin embargo, la contaminación y descarga de aguas residuales siguen provocando un ecocidio que mata a las diversas especies de peces que, a la postre, son focos de contaminación que a la larga afectan la salud humana.

El pasado 26 de junio, se dio a conocer en diversos medios de comunicación de la muerte de cientos de peces en el río Tonto, mortandad atribuida, presumiblemente, a la descarga de aguas residuales de empresas que han contaminado las aguas de este afluente del Papaloapan afectando a comunidad de Las Peñitas, Cosamaloapan, Veracruz y la caseta de cobro de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, lo cual dicha noticia fue replicada en los medios locales de Tuxtepec, Oaxaca.

Sin haberse dado explicaciones satisfactorias, la urgencia del saneamiento de la cuenca del río Tonto debería remediarse con la apertura de la presa Miguel Alemán, pero no resolvería las causas del envenenamiento de las aguas.

No es la primera vez que el río Tonto presenta esta problemática. En 2015, otra situación similar causó gran mortandad de peces suscitando gran preocupación de los pobladores de sus márgenes. En esa ocasión, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, realizó un exhorto por el que solicitó generar e implementar acciones preventivas de remediación de las afectaciones de contaminación en la cuenca del río Tonto, afluente del río Papaloapan, de la Región Hidrológica X, Golfo Centro; así como proceder a deslindar responsabilidades para el caso de afectaciones de contaminación en dicha zona y se ejecuten las sanciones que correspondan.

La respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional del Agua y “autoridades ambientales”, dio cuenta de los posibles responsables de las descargas de aguas residuales en el río Tonto. El 8 de julio de 2015, diversas autoridades ambientales realizaron recorridos en el río Tonto para conocer cuáles eran las fuentes y responsables de la contaminación. Dicha respuesta fue recibida por el pleno de la Cámara de Diputados y publicada en la Gaceta Parlamentaria del 9 de febrero de 2016 y, en lo conducente, se transcribe:

“... La delegación de la Procuraduría Federal y Protección al Ambiente en el estado de Oaxaca informó que el 10 de enero del presente año, en diarios locales de mayor circulación estatal y otros medios de comunicación local, se difundió la noticia respecto a la mortalidad de peces sobre el margen del río Tonto, en el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec.

En este contexto, con fecha 13 del mes y año referido, la delegación aludida en coordinación con la Regiduría de Ecología del municipio de Tuxtepec, el Instituto Estatal de Ecología del estado de Oaxaca, la Comisión Nacional del Agua del Organismo de Cuenca Golfo Centro y la Dirección de Agua Potable del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, realizaron un recorrido por la planta de tratamiento de aguas residuales, del citado municipio, obteniendo como, resultado lo siguiente:

- La planta de tratamiento de aguas residuales, PTAR, trabaja con un caudal de entrada de 70 litros por segundo, utilizando sólo uno de los dos reactores, en la entrevista con e1 personal operativo de la planta, explicó que la única sustancia que ocupan para desinfección de la aguas es el hipoclorito de sodio, el cual se observó almacenado en tanques de la marca Rotoplas, dicha sustancia es inyectada de manera automática por medio de bombas a efecto de que se cumpla con el proceso de estabilización de los Iodos activos y las bacterias para la degradación de la materia orgánica.

- No se pudo constatar la generación de lodos de residuos, debido a que no se ha estabilizado dicha planta y que el proceso va a llevar aproximadamente 6 meses en que genere lodos de desecho.

- Se observó la descarga de la planta de aguas residuales al arroyo Apompo, el cual desemboca en el río Tonto a dos kilómetros aproximadamente.

- El hipoclorito de sodio observo en la PTAR no pasa la cantidad de reporte de las listas de Semarnat, para ser considerado como de alto riesgo.

- Se confirmó que el río Tonto está entre los estados de Veracruz y Oaxaca.

- No se advirtió la presencia de peces muertos en ninguna de las dos riberas de los estados aludidos, sin embargo, del lado de Veracruz se observó una descarga de la Papelera de Tres Valles Veracruz, sobre el afluente del río, así como la presencia de 3 tiraderos de residuos sólidos Urbanos a cielo abierto.

- Se presume que la muerte de los peces fue por la utilización de artes de pesca prohibidas, ya que en ese río se ocupa el “barbasco” para la pesca lo que es altamente toxico en los peces.

- La Secretaría de Salud del estado de Oaxaca tomo muestras del agua y de los peces que en su momento aparecieron muertos para realizar los análisis correspondientes.

Asimismo, se realizó un recorrido por el interior de la alcoholera de nombre Adolfo López Mateos, observando que dicha planta no se encuentra en operación y que no tiene una descarga directa al río Tonto, en ella únicamente existe una bocatoma que en su momento alimento el proceso de fermentación, calderas y destilación de la alcoholera, misma que dejo de funcionar aproximadamente dos años.

Por lo que respecta a las acciones realizadas por la delegación de este órgano desconcentrado en el estado de Oaxaca, derivadas de los hechos supracitados, se informa lo siguiente:

El 14 de enero de 2015, se realizaron dos visitas de inspección en materia de industria e impacto ambiental al municipio de San Juan Bautista Tuxtepex, Oaxaca, en donde se observaron los siguientes hechos:

En materia de industria: No cuenta con el permiso para descarga de aguas residuales; se observó que la planta de tratamiento no opera al 100 por ciento, no cuenta con los medidores para el muestreo necesario para determinar volumen de descarga y las concentraciones.

El 21 de enero de 2015, el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca compareció dentro del procedimiento administrativo instaurado en contra con número de expediente PFPA26.2\2C.27.1\0003-15, exhibiendo diversas documentales con relación a’ la visita de inspección realizada.

A fin de contar con mayores elementos de ‘prueba para la debida substanciación del procedimiento administrativo, mediante oficio de 6 de febrero de 2015, se solicitó a la Dirección General del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional, del Agua proporcionara información respecto de las diligencias realizadas con relación a la descarga de aguas residuales en el arroyo Apompo, que desemboca en el río Tonto.

En materia de impacto ambiental: Se revisaron los términos y condicionantes de la autorización de impacto ambiental para el proyecto denominado “Construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales tipo LAOTSS con capacidad de 220lts/s, durante la visita de inspección el visitado no presentó los siguientes programas:

- Retiro y disposición desechos sólidos.

- Permanente de verificaciones y mantenimiento de vehículos y maquinarias.

- De mantenimiento periódico para el equipo utilizado.

- De monitoreo de la calidad del agua subterránea.

- Permanente de monitoreo de las principales asociaciones vegetales.

- De fertilización para las áreas verdes y jardines de tipo orgánico,

- De protección para las especies de fauna silvestre.

- De manejo ambiental.

- De reforestación; y

- No presentó permiso o título para descarga de aguas residuales ante la Comisión Nacional del Agua.

Dicha planta inicio sus operaciones en noviembre de 2014, encontrándose en un 50 por ciento de su capacidad, ya que actualmente se encuentra tratando 110 litros/segundo de aguas residuales, toda vez que su capacidad total es de 220 litros por segundo.

El 16 de febrero de 2015, se emitió acuerdo de emplazamiento dentro del expediente administrativo PFPA/26.3/ 2C.27.5/0002-15 por el que se instauro procedimiento al municipio de referencia, ante el incumplimiento de los diversos términos y condicionantes de la autorización objeto de la visita; acuerdo que fue notificado el 25 de marzo del mismo año.

El 15 de abril de 2015, se recibió en esa delegación el escrito de fecha 10 del mismo mes y año, por medio del cual, el Municipio comparece dentro del procedimiento administrativo.

El 14 de enero del presente año, se hizo un recorrido de vigilancia en la zona en materia de vida silvestre, levantando al efecto un acta circunstanciada en la que se asentó que no se observaron daños a ejemplares de vida silvestre.

Asimismo, la delegación de esta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado de Veracruz señaló la información de la siguiente manera.

En materia de inspección industrial

I. El 23 de enero de 2015, se realizó visita de inspección al ingenio Tres Valles, SA de CV, con dirección en el kilómetro 68 de la carretera La Tinaja-Ciudad Alemán, colonia 3 Valles Centro, código postal 95300, municipio Tres Valles, Veracruz, para verificar física y documentalmente que el establecimiento hubiera dado cumplimiento con sus obligaciones ambientales en materia de descarga de aguas residuales a cuerpos de aguas residuales, sin encontrarse irregularidades respecto a la legislación ambiental correspondiente. Observándose de manera general lo siguiente:

• El establecimiento utiliza el agua que proviene del río Tonto, disponiendo de una laguna de capacitación que se encuentra dentro del mismo ingenio.

• Tiene dos títulos de concesión con vigencia a 2019, para dos descargas, la primera es del puente industrial que va a riego agrícola y la segunda es efluente sanitario de la planta de tratamiento de agua que descarga al cuerpo receptor denominado arroyo Zaportal.

• Presentó sus pagos anuales realizados por el uso y aprovechamiento de bienes de propiedad nacional, así como el cumplimiento a las condiciones particulares de descarga y de la NOM-00-SEMARNAT-1996.

• Exhibió loa análisis trimestrales de los muestreos realizados bajo la misma Norma que específica los límites máximos permisibles en descargas de agua residuales en agua y bienes nacionales. Los resultados del laboratorio acreditado por la EMA se encontraron por debajo de los límites máximos permitidos.

• Durante el recorrido por la planta de tratamiento se observó que la empresa opera y mantiene en buen funcionamiento las obras e instalaciones necesarias para su operación.

• La empresa manifiesta que no había efectuado en forma fortuita, culposa o intencional una o varias descargas de aguas residuales sobre cuerpos receptores que sean bienes nacionales, ya que sus aguas residuales de origen sanitario son vertidas al Arroyo Zapotal después de ser tratadas en su planta y su descarga de agua de origen industrial vertida como riesgo a suelo agrícola, con lo parámetros de calidad requeridos para ello.

II. El 11 de febrero del presente año, se realizó una visita de inspección en materia de aguas residuales a la empresa BioPappel Priting, SA de CV, con dirección en carretera federal La Tinaja-Ciudad Alemán kilómetro 66.5 sin número, barrio de Candil, código postal 95300, municipio Tres Valles Veracruz, donde se constató lo siguiente:

• Si genera aguas residuales.

• Cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales y con obras, sistemas, aparatos u otros dispositivos de medición que permiten conocer el volumen de las descargas.

• Trata sus aguas residuales de proceso previamente a su vertido al cuerpo receptor denominado río Tonto.

• El mantenimiento de las obras e instalaciones para el manejo y el tratamiento en sus aguas residuales es realizado por la misma empresa visitada.

• Exhibió formatos de caracterización de agua residual de 2014 y enero de 2015 de acuerdo a la NOM-001-SEMARNAT-1996 y se observó que el establecimiento sí cumplió con las condiciones del permiso de descarga de aguas residuales.

• Exhibió original de los análisis correspondientes al año 2014, realizados por laboratorio con acreditación por la Entidad Mexicana de Acreditación y aprobación por parte de Conagua en donde se observa que el establecimiento sí da cumplimiento con las normas oficiales mexicanas, con las condiciones particulares de descarga y con la norma oficial mexicana NOM-01-SEMARNAT-1996.

• Exhibió resultados de análisis realizados a los rechazos celulósicos en 2014, conforme a la norma oficial mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002, resaltando que no se exceden los límites máximos permitidos por la norma y 90 por ciento de la cantidad total es reutilizada en proceso como biomasa y 10 por ciento restante se comercializa.

El establecimiento en proceso de auditoría ambiental en el marco del Programa Nacional de Auditoría Ambiental.

III. El 15 de febrero de 2015, el director de Protección contra Riesgos Sanitaros del gobierno del estado de Veracruz, hizo llegar los resultados de los análisis fisicoquímicos, hidrocarburos y estales pesados practicados al agua del río Tonto, así como microbiológicos y metales pesados de pescado, con motivo de la mortandad de peces ocurrida los días 8 y 9 de enero del año en curso en La Localidad de Peñitas. En dicho documento se concluye que los límites se apegaban a lo establecido en la legislación ambiental.

IV. El 8 de mayo de 2015. Personal de la delegación acudió ante el titular de la Mesa I el MPF/PGR en Cosamaloapan a realizar un peritaje sobre hechos denunciados el 27 de marzo de 2015, sobre el evento de mortandad de peces en el río Tonto ocurrido el 8 de enero de 2015, indicando que derivado del trabajo de campo se puede concluir que no se observan daños ambientales en el cuerpo de agua denominado río Tonto en la margen izquierda del mismo. Según el flujo de agua:

En materia de inspección de recursos naturales

Se asistió a la reunión convocada por el gobierno del estado el sábado 16 de enero de 2015, para dar seguimiento al protocolo de atención a la contingencia por mortandad de peces en las inmediaciones del río Tonto en el sitio conocido con “La Playa”, en la comunidad de “Las Peñitas”, municipio de Cosamaloapan, sitio que se encuentra en los límites de Veracruz y Oaxaca, adicionalmente, se realizó una reunión extraordinaria en el ayuntamiento de Cosamaloapan, en la que se dio a conocer a los medios de comunicación las acciones que se realizan para la atención de la contingencia por la mortandad de peces que aparecieron en la ribera del río Tonto frente a la comunidad de Las Peñitas.

Junto con las autoridades estatales y municipales se atiende la contingencia, de la que derivaron recorridos de vigilancia para la toma de muestras tanto de agua como de producto encontrado sobre la ribera, muestras que serán analizadas en el laboratorio estatal de salud de la Secretaría de Salud de gobierno del estado junto con el apoyo de la Comisión Nacional de Agua.

Se ha conformado un grupo interdisciplinario convocado por la Secretaría de Salud denominado “Sistema Regional contra riesgos Sanitarios” del cual la Profepa, Semarnat, Conagua, la Secretaría de Salud junto con la Secretaría de Protección Civil, ejército y Marina, formarán parte a fin de dar atención pronta y expedita a contingencias de distinta índole ya que la región de la Cuenca del Papaloapan en los últimos meses ha tenido una serie de continencias que han requerido de la atención y respuesta del sector Ambiental.

Derivado de lo anterior, solicito a Usted que, en su carácter de enlace de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante el grupo de trabajo para la conducción de las acciones de la administración pública federal en sus relaciones con los órganos del Poder Legislativo de la Unión, atenta y respetuosamente haga llegar la respuesta al subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, para los efectos conducentes.”

De la respuesta anterior remitida a la Cámara de Diputados en 2016, se infiere que, en esa ocasión, la contaminación y mortandad de peces del río Tonto fue atribuida presumiblemente a:

• Utilización de artes de pesca prohibidas,

• Falta de permisos para descarga de aguas residuales municipales;

• Falta de aplicación de programas de protección ambiental;

No obstante de que en esas respuestas no se infirió responsabilidad alguna de las empresas en la descarga de aguas residuales, la última contingencia de junio de 2019 resultó nuevamente en el impacto ambiental y mortandad de peces que está perjudicando seriamente al ecosistema además del impacto en el empleo de los pescadores ribereños dependientes de la captura de la mojarra.

Efectivamente, después de esa contingencia, diversos grupos procedieron a la recolección de muestras de agua del río Tonto en la comunidad de Las Peñitas[i]. De acuerdo con las observaciones, y a diferencia de las respuestas de 2016 en donde no se presumía la responsabilidad ambiental, se pudieron constatar aguas residuales de la alcoholera de Tuxtepec, de la empresa BioPappel Printing y del ingenio azucarero de la Promotora Industrial Azucarera, SA de CV, presentaban un olor a pútrido y color oscuro por las descargas de material biológico. Igualmente se hizo la recolección de material biológico, peces muertos, en diferentes puntos, preparados con formol y agua para su preservación y entregadas al laboratorio de biotecnología de la UNPA Tuxtepec, el 28 de junio. Los estudios están pendientes para conocer los resultados.

En este sentido, a diferencia de las respuestas de las autoridades en 2015, este desastre ambiental suscita de nuevo importantes cuestionamientos para saber qué está originando la mortandad de peces y la contaminación del ecosistema y donde se podría presumir la responsabilidad de las empresas en la ribera del río Tonto.

Por lo anterior expuesto, se considera necesario realizar un exhorto al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fin de fortalecer e implementar acciones de protección ambiental así como a la Comisionada Nacional del Agua a fin de brindar asesoría técnica a los pescadores ribereños perjudicados en sus bienes por la contaminación de las aguas del río Tonto así como al Procurador del Medio Ambiente a realizar acciones para deslindar responsabilidades en la posible comisión de delitos ambientales que ocasionó la mortandad de peces.

Por lo anterior expuesto, se somete a la consideración de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de su competencia, realice medidas para fortalecer e implementar acciones de protección ambiental, prevención, control de la contaminación, uso eficiente, reúso y recirculación de los recursos hídricos del río Tonto, afluente del río Papaloapan, en los estados de Veracruz y Oaxaca.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisionada Nacional del Agua a proporcionar asesoría técnica a pescadores ribereños cuyos bienes fueron afectados en su calidad y cantidad por la contaminación de las aguas del río Tonto, afluente del río Papaloapan, en los estados de Veracruz y Oaxaca.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al procurador federal de Protección al Ambiente a realizar acciones para deslindar responsabilidades en la posible comisión de delitos ambientales que ocasionó la mortandad de peces y contaminación del río Tonto, afluente del río Papaloapan, en los estados de Veracruz y Oaxaca.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Ciudad de México, a diez de septiembre de dos mil diecinueve.— Diputada Graciela Zavaleta Sánchez ( rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

AVANCES OBTENIDOS Y ACCIONES PENDIENTES DEL PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a los avances obtenidos y las acciones pendientes respecto a los objetivos del Programa Nacional de Reconstrucción, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La presente diputada Rosalinda Domínguez Flores, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que el día 7 de septiembre de 2017, a las 23: 49 horas, un sismo de magnitud 8.2, con epicentro en Pijijiapan, Chiapas, castigó el sur del país afectando a los estados de Chiapas y Oaxaca.

Que el día 19 de septiembre, es decir 12 días posteriores, a las 13: 14 horas, un sismo de magnitud 7.1 vibró al centro del país con epicentro en los límites de Morelos y Puebla. Afectando siete entidades entre las que se encontraban la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Veracruz.

Que los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre del año 2017 tuvieron resultados con recurrentes modificaciones en cifras de daños en bienes muebles y de pérdidas de vidas.

Que, según cifras oficiales, las afectaciones sobre viviendas, edificios y espacios públicos de los sismos alcanzarán los 48 mil millones de pesos.

Que el “Censo de viviendas y acciones para la reconstrucción: transparencia y rendición de cuentas” realizado por la SEDATU, calculaba daños del orden de:

a) 58 mil 366 viviendas con daños parciales o totales en 90 municipios de Chiapas. siendo los municipios de Villaflores (5,466), Jiquipilas (5,115), Tonalá (4,439), La Concordia (4,436), Arriaga (4,382), Cintalapa (3,747), Villa Corzo (3,722,), Pijijiapan (3,232) y Tuxpan Gutiérrez (3,132).

b) 63 mil 335 casos de daños distribuidos en el estado de Oaxaca, en 41 municipios, siendo los de mayor afectación la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza (14,918), Santo Domingo Tehuantepec (4,324) y Ciudad Ixtepec (4,062).

c) 28 mil 371 viviendas dañadas en el estado de Puebla de las cuales 5 mil 744 tuvieron daño total y 22 mil 627 tuvieron daño parcial.

d) Tlaxcala con 34 viviendas afectadas con daños parciales o menores.

e) El Estado de México reportó 7 mil 565 viviendas, de las cuales mil 800 fueron consideradas como pérdida total. Entre los municipios más afectados se encuentran Ocuilan, Tianguistenco, Tenancingo, Zumpahuacán, Villa Guerrero, Ecatzingo, Atlautla, Tepetlixpa y Nezahualcóyotl.

f) Para el estado de Morelos, las cifras representaron 15 mil 704 viviendas con reportes de daños, 2 mil 716 presentan daño total.

g) En la capital del país, Ciudad de México, se dio cuenta de 38 derrumbes ubicados en 9 delegaciones, Cuauhtémoc (12), Benito Juárez (11), Coyoacán (5), Tlalpan (3), Gustavo A. Madero (2), Álvaro Obregón (2), Iztapalapa (2) y Xochimilco (1) (Figura 1), además se han concluido las gestiones legales para la demolición de 24 edificios tras presentar daño estructural y representar un riesgo potencial para sus ocupantes.

Que para atender los daños en las localidades anteriormente citadas se consolido el Programa Nacional de Reconstrucción para la atención de personas y comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, el cual fue un compromiso de campaña y una realidad de atención del ejecutivo federal, en dicho programa se cuenta con la participación de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes.

En el Presupuesto de Egresos de 2019, a través del anexo 27 se destinaron 8000 mil millones de pesos.

Que en el programa en el componente de vivienda se busca atender de manera específica;

1. A la población afectada con reconstrucción parcial o total de su vivienda o con su reubicación en zonas seguras.

2. Garantizar la reconstrucción de las viviendas afectadas atendiendo condiciones de habitabilidad y seguridad estructural.

3. Atender los problemas de hacinamiento y mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas de la población afectada.

Los objetivos anteriormente enunciados están dirigidos, según el PNR, a la población que no ha sido atendida o lo fueron parcialmente y su vivienda aún no cumple con las condiciones mínimas de habitabilidad.

El programa PNR, es un paso de gran envergadura puesto que, según la auditoria, de 2018 realizada por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) el Fonhapo no acreditó las acciones de coordinación con las instancias federales y locales con el fin de evitar duplicidades.

En el censo de este año que en el cual se analizan los avances y pendientes de reconstrucción, se tiene ubicadas alrededor de 180,000 viviendas aún con daños por los sismos que sacudieron al país.

Que en atención a la continuación de apoyo para los damnificados por los sismos en ejecutivo federal a través de la Secretaria de Hacienda SHCP, en el proyecto de presupuesto ha presupuestado 2 mil 800 mdp para seguir impulsando la reconstrucción.

El mayor monto será dirigido por la Sedatu, para la continuación de apoyo para las viviendas, tal como lo indican los objetivos del PNR.

Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa los gobiernos de los estados de Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero y Ciudad de México, para que hagan públicos los avances de acuerdo a los objetivos del Programa Nacional de Reconstrucción, asimismo se hagan públicos los censos de pendientes para alcanzar los objetivos del programa.

Segundo: La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción, para que, en el ámbito de sus alcances y competencias, haga de conocimiento público las acciones pendientes de realizar por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Nacional de Reconstrucción.

Notas

1 Sismos%202017%20Diagno%CC%81sticos%20y%20propuestas%20para%20la%20reconstruccio %CC%81n.pdf

2 www.gob.mx/

3 http://www.diputados.gob.mx/

4 www.gob.mx/conavi/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 10 días del mes de septiembre de 2019.— Diputada Rosalinda Domínguez Flores ( rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

SE EMITA A LA BREVEDAD EL PROTOCOLO HOMOLOGADO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los organismos y las dependencias del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas a emitir con la mayor brevedad el protocolo homologado de búsqueda, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado David Bautista Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

La delincuencia organizada se ha manifestado en nuestro país a través de diversos delitos, la privación de la libertad en particular ha sido el que más han sufrido de forma directa y se puede decir desgarradora para aquellas personas que han padecido esta terrible conducta antisocial, que en ocasiones desencadena otros delitos. Han sido muchas las movilizaciones sociales en toda la república mexicana que se han manifestado en contra de este mal social-delictivo que nos aqueja.

“La etimología de la palabra secuestro proviene del vocablo latino sequestrare que significa apoderarse de una persona para exigir rescate o encerrar ilegalmente a una persona. Se conoció en la antigüedad con la denominación de “plagio”.

Las causas de la privación de la libertad son varias, principalmente sociales, psicológicas, económicas, culturales y aún, religiosas. Indudablemente que la causa más común es el dinero, el cual se encuentra generalmente en las raíces de todo crimen.

Lugares donde suelen ocurrir el secuestro

Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México “Secuestros en México”, disponible en https://www.unam.mx/medidas-de-emergencia/secuestros-en-mexico.

Familias de profesionistas o pequeños y medianos empresarios de clase media o media alta, son el nuevo blanco de los secuestradores. Un secuestro a una persona de clase media o media alta requiere menor costo, logística e incluso riesgo para estos delincuentes, por lo que en la mayoría de los casos no mantienen con vida por mucho tiempo a la persona secuestrada, quitándosela en lo que están negociando, ya que para ellos resulta más fácil y generalmente los consideran de menor impacto.

Asociación Alto al Secuestro, “ Reporte nacional –diciembre 2018-mayo 2019–. Informe de secuestros”, México, 2019.

Es un tema preocupante ya que va en aumento según datos de Alto al Secuestro en su “Reporte Nacional: diciembre 2018- julio 2019”, se incrementó un 30.1 por ciento este delito.

El secuestro es un incidente grave con consecuencias potencialmente mortales. Se requiere la búsqueda oportuna de las víctimas, sin embargo la mayoría de los secuestros inicia con una desaparición no atendida de manera inmediata por las autoridades correspondientes, para encontrar con vida a la víctima.

Es por este motivo que nuestro país enfrenta un problema estructural, en cuanto a desaparición de personas se refiere, derivado de la conjunción de corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y colusión de diversas personas con la delincuencia organizada, que se agudiza con las condiciones de desigualdad y pobreza extrema que impiden un desarrollo social en el país. Aunado a lo anterior, los escasos resultados obtenidos por las instituciones de procuración de justicia, tanto en la búsqueda y localización de las víctimas directas como en el conocimiento de la verdad de los hechos que originaron la desaparición y en la identificación de quienes estuvieron involucrados en la misma para sujetarlos a la acción de la justicia, ocasionan, entre otras cosas, la proliferación de esta conducta.

La desaparición de personas, incluida la desaparición forzada, constituye una violación pluriofensiva de derechos humanos, toda vez que además de causar daños irreparables a las víctimas, provoca sufrimiento en sus familiares al ignorar  el destino final que aquéllas correrán, generándoles por tiempo indefinido el temor y la incertidumbre de conocer el paradero de su ser querido, además de un deterioro económico y de salud física y mental. Su práctica implica la privación de la libertad y en muchas ocasiones de la vida.

En México se pierde la oportunidad de recabar información clave para dar con el paradero de desaparecidos por la práctica “anacrónica” de esperar 72 horas para iniciar la búsqueda.

Durante la investigación las autoridades primero deberían iniciar la búsqueda y localización inmediata de las personas desaparecidas, posteriormente tomar las acciones para determinar si existe delito que perseguir.

No podemos seguir escuchando: espérese 72 horas ya va a aparecer, o se fue con el novio, ha de andar en una fiesta, se le pasaron las copas, ya no lo vamos a escuchar, eso es la actitud que no se debe tener a las personas que pasan por la desgracia de extraviar a un familiar.

Organismos de policías y especialistas en seguridad y localización de desaparecidos a nivel internacional han desarrollado protocolos de búsqueda que indican que las primeras 48 horas son las más importantes para tener éxito en encontrar con vida a desaparecidos, ya que tiempo después se volverá difícil la investigación.

En Argentina, la Procuraduría General de la Nación, en su manual Guía Práctica para la Búsqueda de Personas, en el capítulo Primeras horas de investigación, contiene lo siguiente:

Es crucial que el fiscal recuerde a los agentes policiales que no hay ninguna norma que exija el transcurso de 12, 24 ni 48 horas para poder empezar a trabajar en la búsqueda. Si la persona buscada está siendo víctima de algún delito, sin duda estas primeras horas serán cruciales, más allá de que cuantitativamente los casos en los que la desaparición terminó siendo voluntaria sean muy representativos.

Sin embargo, en México el aumento de personas desaparecidas, provoca la urgencia de emitir el  protocolo para  que los Ministerios Públicos accedan a iniciar la búsqueda inmediata de las personas.

Al no realizar una búsqueda inmediata de las personas desaparecidas, implica   que al momento de que desaparece una persona, solo queda su teléfono celular que tiene un sistema de geolocalización que permite saber en qué zona está el aparato, pero esta pista se pierde si se acaba la batería y/o si el presunto delincuente se deshace del dispositivo, por lo cual pasando el tiempo el uso del móvil se realiza a destiempo para encontrar a la persona desaparecida.

Actualmente no existe ningún protocolo que establezca que los ministerios públicos deben esperar 72 horas para buscar a un desaparecido, a la ciudadanía le falta el Protocolo de Búsqueda que permita acelerar la búsqueda de una persona desaparecida por cualquier delito.

El objetivo principal de este punto de acuerdo es proteger la vida como bien jurídico tutelado, ante la inminencia de un delito que provoca el término de este bien, que en muchas ocasiones pasa desapercibido por las autoridades, por lo cual no inician la búsqueda de manera inmediata al recibir el reporte o denuncia por desaparición.

En consecuencia, la sola expedición de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometidas por Particulares y de Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, no resuelve el problema de la desaparición de personas, es una herramienta más para combatir este flagelo, por lo que para materializar su contenido, adicionalmente se requiere el protocolo homologado de búsqueda de personas.

Por lo que someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los organismos y dependencias que conforman el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas a emitir a la brevedad el Protocolo Homologado de Búsqueda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49, fracción XVI, de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Notas

1 Centro de Documentación, Información y Análisis, “Delito de Secuestro”, [En Línea][Fecha de consulta 11 de junio 2019] Disponible en

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-27-08.pdf

2 México Forbes, “La clase media, el nuevo blanco de los secuestradores”, [En Línea] [Fecha de consulta 12 de junio 2019] Disponible en

https://www.forbes.com.mx/la-clase-media-el-nuevo-blanco-de- los-secuestradores-experto/

3 Análisis situacional de los derechos humanos de las personas desaparecidas, [En Línea] [Fecha de consulta 28 de agosto] Disponible en

http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30062

4 Expansión, “Esperar 72 horas para buscar un desaparecido es anacrónico”, [En Línea] [Fecha de consulta 10 de junio 2019] Disponible en

https://expansion.mx/nacional/2013/06/26/esperar-72-horas-para- buscar-a-un-desaparecido-es-anacronico

5 Procuraduría General de la Nación de la República de Argentina “Guía práctica para la búsqueda de personas”, página 15 [En línea] [Fecha de consulta 25 de agosto de 2019]

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputado David Bautista Rivera (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

SE ESTABLEZCA UNA ESTRATEGIA PREVENTIVA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN GUANAJUATO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Guanajuato a establecer una estrategia preventiva en las políticas públicas en materia de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numerales 1 y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El feminicidio lo define Marcela Lagarde como “el conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres y que éstos fuesen identificados como crímenes de lesa humanidad. El feminicidio es el genocidio de las mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres.”

Este 2019 ha sido el año más violento para las mujeres ya que el estado de Guanajuato ocupa el segundo lugar con mayor número de asesinatos dolosos femeninos.

Pues de acuerdo con los datos de la información sobre violencia contra las mujeres del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública detallan que a cierre de este 28 de febrero, en el país habían asesinado a 2 mil 715 mujeres.

Esta cifra ha repuntado desde el año 2015 donde hubo reporte de mil 737 mujeres asesinadas, al año siguiente hubo 2 mil 204 casos, el 2017 finalizó con 2 mil 535 asesinatos y el año pasado hubo 2 mil 715 homicidios dolosos de mujeres en el país.

Del mismo modo la entidad guanajuatense ocupa el primer lugar con mayor número de asesinatos culposos de mujeres.

Estos casos a nivel nacional han cobrado 486 víctimas, de las cuales 42 murieron en Guanajuato. Estas muertes por lo regular son reportadas en hechos automovilísticos o en accidentes.

Por otra parte, las consecuencias que deja este grave fenómeno es la orfandad, ya que de acuerdo con un censo que levanta el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en el que se establece que 173 de las asesinadas (7.9 por ciento) eran menores de edad. Cada asesino de esas 2 mil 192 mujeres provocó que, en promedio, dos menores quedaran huérfanos (1.93), según las estimaciones que ha hecho Inmujeres durante el levantamiento del censo nacional de infantes que han quedado en orfandad debido al homicidio de sus madres.

El documento denominado “La violencia contra las mujeres en México”, elaborado por la Secretaría de Gobernación, Inmujeres y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, se indica que, desde diciembre de 2018 y hasta junio pasado, hubo un promedio de diez casos de mujeres asesinadas por día y, como consecuencia, al menos 19 niños y adolescentes quedaron huérfanos cada 24 horas (19.36 por jornada). ??Eso implica que, en promedio, casi cada hora un niño queda huérfano en México por el asesinato de su madre. De los 4 mil 245 niños, niñas y adolescentes que quedaron en orfandad, señalados en el documento, el mayor número de casos está en el estado de México, con 483, le sigue Jalisco, con 334; Guanajuato, 313; Baja California, 276, y Ciudad de México, 263.

Por ello, es necesario que se tomen medidas preventivas y no correctivas en el Estado de Guanajuato para abatir este fenómeno que está acabando con la vida de muchas mujeres y niñas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Guanajuato para que establezca una estrategia preventiva en las políticas públicas en materia de los derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, así como emitir órdenes de protección y generar campañas de prevención.

Notas

1 Quintero, M. L. (2012). La salud y la categoría de género. En Quintero M. L. et al. (Ed), Género y salud visiones multidiferenciales. México: Miguel Ángel Porrúa (páginas 12-34).

2 Recuperado el 28 de agosto de 2019 del sitio web

https://www.milenio.com/policia/feminicidios-mexico-4-mil-ninos-huerfanos

3 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 10 de septiembre de 2019.— Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

SE ACELERE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Bienestar a acelerar la actualización de sus plataformas relacionadas con la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, a fin de que los gobiernos municipales puedan destinar como máximo hasta 60 por ciento de los recursos del FISM-DF a proyectos clasificados como de incidencia complementaria, a cargo del diputado Carlos Torres Piña, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Carlos Torres Piña, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, mediante el cual se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Bienestar para que en uso de sus facultades y atribuciones gire sus apreciables instrucciones para que se realice lo más pronto posible la actualización de sus plataformas relacionadas con la operación del FAIS, para que los gobiernos municipales puedan hacer uso de hasta el 60 por ciento del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal en obra complementaria, la cual no ha sucedido por la tardanza en la emisión de las reglas de Operación del FAIS, así como el retraso en  la actualización de sus plataformas que le permitan a los presidentes municipales subir sus proyectos de obra complementaria y teniendo como consecuencia que les resulte imposible hacer uso de esta ampliación asentada en el artículo décimo primero transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos 2019. Se solicita su urgente u obvia resolución debido a que está a punto de terminar el ejercicio fiscal 2019.

Consideraciones

El pasado 23 de diciembre del año 2018 fue aprobado en esta honorable Cámara de Diputados, con 465 votos en pro y 1 abstención, el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2019 por la cantidad de $5,838,059,700,000.00.

En el mismo sentido, en el Anexo 22 del Presupuesto de Egresos citado, fue asignado un monto de.................. $735,758,572,815.00 al Ramo 33, Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios, dentro del que se encuentra el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS), cuyo monto asignado para el presente ejercicio fiscal fue de $83,181,605,577.00 el cuál a su vez se divide en dos partes según las fórmulas del artículo 34 y el artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, cuyos montos ascienden a $10,082,818,166.00 millones para el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y $73,098,787,411.00 para el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal. En el mismo sentido, durante el debate se presentó una reserva (Anexo 1) al artículo décimo primer transitorio del decreto de presupuesto, promovida por el diputado Irineo Molina Espinoza del Grupo Parlamentario de Morena, la cual fue aprobada por 303 votos a favor y 7 en contra, quedando como sigue:

“ Transitorios...

Décimo Primero. Los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social podrán determinar que hasta un sesenta por ciento de los recursos que de dicho Fondo correspondan a las entidades federativas y los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se destinen a la realización de acciones de carácter complementario en materia de obras de urbanización, pavimentación, caminos rurales, puentes, obras de reconstrucción y carreteras, conforme a los criterios que se establezcan en los referidos lineamientos.”

Dicha modificación se presentó en tribuna ante la caída del presupuesto en el rubro de Proyectos de Desarrollo Regional, lo que permitía a los municipios cumplir con sus metas bajo un nuevo esquema donde podían incrementar el porcentaje de sus proyectos considerados como “complementarios” de los recursos obtenidos mediante el FISMDF.

Cabe recordar que, los recursos del FAIS están regulados por los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social de fecha 14 de febrero de 2014, en cuyo apartado 2.3.1. Clasificación de los proyectos del FAIS, después del acuerdo modificatorio de fecha 24 de noviembre de 2017, se señala que los recursos están destinados para la realización de los proyectos por tipo de incidencia, donde se destinaran el 70 por ciento de los recursos en los proyectos directos, el 30 por ciento en proyectos complementarios y hasta un 15 por ciento a proyectos especiales.

Hasta el día 24 de mayo del presente año, sólo se habían expedido los siguientes acuerdos:

El 10 de enero de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo que tiene por objeto dar a conocer las variables y fuentes de información para apoyar a las entidades federativas en la aplicación de la fórmula de distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2019.

El 21 de enero de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2019, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

No había sido encontrado ningún acuerdo modificatorio a los Lineamientos Generales que reflejará el espíritu del artículo décimo primero transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

De lo anterior se derivó que varios presidentes municipales hayan acudido a esta Cámara con la inquietud de saber el motivo por el cual, a pesar de la modificación ordenada en el PEF 2019, no han podido ejercer los recursos asignados para sus municipios mediante el FISMDF para financiar sus proyectos complementarios en cantidades de hasta el 60 por ciento del total, por lo que, siendo esta soberanía la encargada de asignar el presupuesto federal, su forma de financiamiento y su distribución solicité, de manera respetuosa, la siguiente información mediante oficio CTP/029/2019 de fecha 24 de mayo de 2019 a la Titular de la Secretaría de Bienestar, ingeniera María Luisa Albores González:

1. Si existía un acuerdo modificatorio o circular donde se informe a las áreas correspondientes de la Secretaría a su digno cargo, de las modificaciones que se hicieron en el PEF 2019, relacionadas al artículo décimo primero transitorio del Decreto en comento.

2. Si en los ejercicios de los presupuestos destinados al FAIS, en particular al FISMDF, a través de sus sistemas informáticos se tiene contemplado que los municipios podrán gastar hasta el 60 por ciento de dichos recursos en proyectos complementarios como lo señala el artículo décimo primero transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

3. Si fue proyectado un Acuerdo Modificatorio a los Lineamientos Generales del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social con la finalidad de armonizarlos al Artículo Décimo Primero transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. De ser así, en qué fecha lo tienen contemplado.

4. Si fuera posible, nos hiciera llegar la información del ejercicio trimestral del FAIS, FISE por entidades federativas y FISMDF por municipios de tal manera que pudiéramos observar cómo se han ejercido sus recursos en términos de la distribución entre proyectos directos, complementarios y especiales.

5. En caso necesario, nos hiciera saber, si hace falta alguna modificación en el marco normativo en la esfera de esta soberanía para posibilitar un acuerdo modificatorio que permita la armonización de los lineamientos citados con el PEF 2019.

El 8 de agosto del presente se recibió respuesta por parte del maestro Iván Rico López, director de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Bienestar, señalando que la Dirección General de Desarrollo regional le señala lo siguiente:

“No hay acuerdo modificatorio o circular donde se informe del artículo Décimo Transitorio del PEF 2019.”

Asimismo, señala en su segundo párrafo que:

 “El transitorio Décimo Primero del PEF daba la pauta mas no la obligatoriedad de destinar el 60 por ciento del FISMDF en obra complementaria”,

lo que implicaría que la Secretaría estaría interpretando un decreto cuya facultad de aprobación y espíritu, es exclusiva de esta Cámara y es otorgada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 74, fracción IV.

Asimismo, señala que apenas el 12 de julio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, por lo que las plataformas se encuentran en actualización, con la finalidad de que estén bajo los criterios de las nuevas políticas de bienestar.

En dichos lineamientos de Operación, a pesar de la interpretación que hace la Dirección General de Desarrollo Regional del artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, la Secretaría reconoce y señala claramente en su inciso 2.3.1, fracción II:

“ 2.3.1. Clasificación de los proyectos del FAIS

De acuerdo con su contribución al mejoramiento de los indicadores de pobreza y rezago social y con base en lo señalado en el artículo 33 de la LCF, los recursos del FAIS se orientarán a la realización de dos tipos de proyectos conforme a la siguiente clasificación:

Directa: proyectos de infraestructura social básica, así como acciones sociales básicas que contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional e identificadas en el Informe Anual.

Complementaria: proyectos de infraestructura social básica que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social de los gobiernos locales.

Para la realización de los proyectos por tipo de incidencia, los gobiernos locales:

I. Deberán destinar por lo menos el 40 por ciento de los recursos en los proyectos clasificados como de incidencia directa conforme al Catálogo del FAIS, dando prioridad a lo establecido en el apartado 2.1.

El otorgamiento de recursos bajo esta modalidad se hará preferentemente para proyectos con un beneficio integral.

II. Podrán destinar como máximo hasta 60 por ciento en proyectos clasificados como de incidencia complementaria.”

Asimismo, se solicita su urgente u obvia resolución debido a que está a punto de terminar el ejercicio fiscal 2019 y por lo tanto el cierre del presupuesto que, de no atenderse, generaría subejercicios. Cabe recordar que mucha la obra complementaria se encuentra relacionada con la infraestructura municipal que significa construcción y utilización de bienes no transables los cuáles podrían influir de manera positiva en el crecimiento económico regional y nacional de corto plazo.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Bienestar, a darle cumplimiento a lo expresado en el Artículo Décimo Primero transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 relativo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el que instruye a destinar hasta un sesenta por ciento de los recursos que de dicho Fondo correspondan a las entidades federativas y los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se destinen a la realización de acciones de carácter complementario en materia de obras de urbanización, pavimentación, caminos rurales, puentes, obras de reconstrucción y carreteras.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta la titular de la Secretaría de Bienestar a girar sus apreciables instrucciones con la finalidad de actualizar a la brevedad sus plataformas informáticas relacionadas con la operación del FAIS, para que los gobiernos municipales puedan hacer uso de hasta el 60 por ciento del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal en obra complementaria.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Bienestar a ampliar los plazos para que las plataformas informáticas relacionadas con el FAIS atiendan las solicitudes de los presidentes municipales para hacer uso de hasta el 60 por ciento de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en obra complementaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputado Carlos Torres Piña (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, para dictamen.

EXHORTO A LA SADER Y AL SENASICA, A MODIFICAR LA NOM-064-ZOO-2000

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader y el Senasica a modificar la NOM-064-ZOO-2000, a cargo de la diputada Mirna Zabeida Maldonado Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena

Mirna Zabeida Maldonado Tapia, diputada de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79 numeral 2, fracciones III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, para que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en uso de sus facultades y atribuciones modifiquen la Norma Oficial Mexicana NOM-064-ZOO-2000 al tenor de las siguientes

Consideraciones

México mantiene relaciones comerciales con Estados Unidos de América (EUA), uno de sus principales socios, la Unión Europea (UE) es otro socio comercial de suma importancia para nuestro país.

Las exportaciones mexicanas hacia la UE de carne de equino antes de 2014 representaban un ingreso anualmente de $ 1,071,022,500 de millones de pesos para el país, debido a que la carne que se exportaba contenía medicamentos tóxicos para el consumo humano, lo anterior derivado de las inconsistencias en las normas oficiales mexicanas, por ello, la exportación de carne de equino a la UE fue cancelada por sus autoridades.

En 2014 representantes del gobierno de la UE realizaron visita de trabajo en México con la finalidad de realizar un proceso de auditoría para evaluar las operaciones de las plantas de sacrificio de ganado equino para la producción de carne para consumo humano y para auditar los controles que realiza el gobierno federal (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural -Sagarpa-/Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria -Senasica-) en los proceso de inocuidad con la finalidad de establecer si estos controles son correctos y pueden garantizar la misma inocuidad de la carne producida para la UE.

Dicha auditoría fue llevada del 24 de junio al 4 de julio de 2014, esta auditoría se enfocó en cuatro puntos principales:

1. Revisar los sistemas de control de salud pública en relación a la producción de carne fresca de equinos con la intención de exportarla a la Unión Europea, incluyendo el bienestar animal durante el sacrificio, programas de muestreo y pruebas de trichinella spirallis.

2. Revisar los sistemas de trazabilidad en el lugar para la producción de la carne de equino incluyendo la certificación, los controles y manutención de los registros, identificación de los animales en acuerdo a las regulaciones europeas (EU número 206/2010).

3. Revisar el sistema en lugar, sobre el monitoreo de residuos y contaminantes en la carne de equino y productos cárnicos, incluyendo los controles de los productos de los medicamentos veterinarios.

4. Revisar el sistema de certificación de los animales y la carne en relación a los requerimientos del consejo de la directiva 96/93/EC.

Derivado de la auditoría (punto 3) en el rubro de medicamentos, las autoridades europeas realizaron la siguiente recomendación:

“ Para garantizar que las sustancia prohibidas para su uso en animales productores de alimentos de acuerdo a la directiva 96/22/CE del Consejo no se utilicen en caballos desde los cuales la carne está destinada a la exportación a la Unión Europea.”

Dicha recomendación es uno de los problemas centrales y de mayor preocupación de la Unión Europea, mismo problemas que a México se le han dificultado enormemente, por no contar con controles más estrictos de medicamentos, que conlleven a un real manejo y control de medicamentos de uso veterinario, estos problemas van desde el uso desmedido y sin un respaldo del profesional de los medicamentos provocando un sinfín de problemas relacionados la salud pública, como la resistencia a los fármacos de las enfermedades causadas por microorganismos, hasta incluso el uso por la delincuencia organizada para cometer actos ilícitos sobre las personas.

Asimismo las autoridades europeas pudieron constatar que, en una farmacia veterinaria elegida de manera aleatoria, la carencia de controles de venta de medicamentos de los grupos I y II, así como la venta de manera indiscriminada de estos fármacos a cualquier persona, aunado a esto no cuentan con una trazabilidad de los mismos fármacos.

Estos resultados fueron desastrosos, de tal manera que las autoridades determinaron retirar la autorización de exportación de carne de equino destinada para consumo humano a la Unión Europea por parte de México, hasta en tanto no se controle por una parte los medicamentos y por otra parte la trazabilidad.

Si bien ahora se ha estado trabajando en el control de medicamentos, éste no ha sido suficiente para el control interno de México, aún falta mucho por hacer, se deben tener acciones que generen controles más estrictos en toda la cadena desde la elaboración hasta la venta al público, como la comercialización de estos productos en su etapa inicial [(fabricante-distribuidor)(fabricante-comercializador)(farmacias veterinarias y/o clínicas veterinarias)], además deberá observarse con mayor restricción la venta de medicamentos veterinarios importados.

Asimismo muchos de ellos ingresan al país de manera ilegal y son puestos en venta por internet u otros medios sin ningún tipo de restricción.

Deben establecerse restricciones en la comercialización de productos, de tal manera que sólo se puedan comercializar los de uso exclusivo del médico veterinario con cedula profesional con receta con folio de la Secretaría, así como al público en general de los productos del grupo I y II respectivamente, en farmacias y clínicas veterinarias, estar debidamente registradas ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Por otro lado, deberán realizarse mayores verificaciones por parte de la Secretaría a los comercializadores de medicamentos, ya que éstos aun venden muchos medicamentos de los grupos I y II sin recetas médicas tanto los de uso exclusivo del médico veterinario, así como las recetas de simples.

Se deben buscar los mecanismos adecuados para que se logre lo anterior, por ello; es necesario que se establezca de manera clara en la Norma Oficial Mexicana NOM-064-ZOO-2000 la restricción de venta de medicamentos y el registro respectivo ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ya que es preocupante la existencia de negocios que tienen venta libre de medicamentos veterinarios sin ningún control, verificación y/o sanción alguna y esto es igual a que si no existiera nada.

El objetivo principal de la adecuación a las regulaciones de medicamentos veterinarios en México, tendrá beneficios directos sobre la salud pública en el país, de tal manera que se podrá garantizar la inocuidad de los productos destinados a consumo humano, tanto para el mercado nacional como para el internacional, que cada día tiene mayores exigencias, y que deben ser atendidas existiendo múltiples alternativas para un mejor control de fármacos veterinarios, estas medidas deberán ser más estrictas en el sentido de mejores controles que sean obligatorios y sanciones más estrictas.

Es por eso que se propone que a la Norma Oficial Mexicana NOM-064-ZOO-2000 se añada el numeral 4.5.1. para quedar como sigue:

“4.5.1 Los productores, distribuidores y comercializadores deberán estar registrados ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y sólo podrán comercializar productos del grupo I y II, a farmacias y clínicas veterinarias que cuenten con registro ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; además deberán contar con médico veterinario responsable autorizado en farmacias veterinarias.”

Estoy segura que con esa modificación daremos mayor certeza a la población nacional e internacional en el consumo de carne mexicana y esto sin duda traerá grandes benéficos tanto en la salud como en materia económica.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 62, numeral 3; 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de ese honorable pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-064-ZOO-2000.

Notas

1 Consenso estadístico de ANETIF (Asociación Nacional de Establecimientos TIF).

2 www.eur-lex.europa.eu

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputada Mirna Zabeida Maldonado Tapia (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

SE REENCAUCE LA INVESTIGACIÓN DEL CASO AYOTZINAPA, SE SUBSANEN LAS OMISIONES Y SE CONSIGNE A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a reencauzar la investigación del caso Ayotzinapa, subsanar las omisiones y consignar a los presuntos responsables por el delito de desaparición forzada de personas; y al Consejo de la Judicatura Federal, a realizar por la Visitaduría Judicial una inspección exhaustiva en los juzgados donde se ventilan los procesos relacionados con aquel asunto, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena

Rubén Cayetano García, en su calidad de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, como de urgente u obvia resolución, la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, fueron atacados los estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, cuando realizaban una “toma” de autobuses y un “boteo” para juntar recursos para trasladarse el día 2 de octubre a la Ciudad de México, para la conmemoración de la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968.

Durante el ataque 43 jóvenes estudiantes fueron desaparecidos de manera forzada y a la fecha continúan en calidad de desparecidos, fueron asesinadas 6 personas, 3 estudiantes de la normal y 3 más del equipo de segunda división “Los Avispones”, 17 alumnos resultaron lesionados, y además sufrieron violación a los derechos humanos más de 100 personas.

Ante estos hechos, el 18 de noviembre de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos oficializó un acuerdo de cooperación técnica con el Estado Mexicano sobre el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, a quienes consideró víctimas de desaparición forzada en Iguala, Guerrero el 26 de septiembre de 2014.

Asimismo, el 18 noviembre de 2014, el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, Pérez calificó el caso Ayotzinapa como “una desaparición forzada”, al ser evidente la participación de servidores públicos del ayuntamiento de Iguala.

Los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, fueron monitoreados en todo momento, desde su salida de la escuela en municipio de Tixtla, Guerrero, a través del sistema de cámaras de seguridad denominado C4, Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, donde participan representantes de los tres niveles de gobierno, policías municipales, estatales de Guerrero, la policía federal y el Ejercito Mexicano, además de integrantes de Protección Civil de Guerrero, hasta el momento de los ataques.

Esa noche, aproximadamente a las 21: 30 horas del 26 de septiembre de 2014, la Procuraduría General de la República inició la averiguación previa número AC/PGR/GRO/IGU/I/256/2014, por “violación a ley federal de armas de fuego y explosivos”, a raíz de las llamadas al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo de Iguala, Guerrero, por los ataques que estaba ocurriendo. De estos hechos fue inmediatamente informado de la situación Miguel Amelio Gómez, delegado de la PGR en Guerrero.

La presente indagatoria se inició por haberse recibido en esta agencia investigadora una llamada telefónica por parte del C4, en la cual manifestaban que al parecer, aún sin confirmar, alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa se enfrentaron a balazos con elementos de la Policía Municipal de esta ciudad, originando un fuerte operativo en las calles céntricas de esta urbe, haciendo del conocimiento que dichos estudiantes tienen en su poder autobuses, los cuales se encuentran en las calles Galeana y Mina de esta ciudad”, señala el documento redactado por el agente del Ministerio Público César Iván Pilares, quien ordenó hacer una “minuciosa y exhaustiva investigación.

Ese día, los agentes de la Policía Ministerial Romeo Ortiz Valencia, José Manuel Dirzo Correa y Enrique Ramírez Hernández, este último encargado de la subsede Iguala, salieron a las calles de aquel municipio.

Sin embargo, a pesar de la indagatoria levantada por delitos del fuero federal, no fue sino hasta el 4 de octubre de 2014, cuando Rodrigo Archundia Barrientos, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), junto con Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia Criminal de Investigación, hicieron el anuncio oficial de que la PGR ejercía la facultad de atracción de la indagatoria.

Segunda. El 24 de marzo de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes mostro un video que documenta una diligencia hecha en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, un día antes de reportará el hallazgo de la única muestra que está ligada genéticamente de forma indubitable a uno de los normalistas.

Esto es particularmente grave porque la diligencia mencionada, al haberse realizado y al ser encubierta por el anterior y la actual titular de la PGR, obstaculiza la información que pueda llevar a esclarecer la desaparición de los estudiantes, lo que es, en sí mismo, un delito que debe de ser investigado.

El delito de desaparición forzada implica, per se, privación de la libertad, secuestro, desaparición, pero también impedir el acceso a la información que permita dar con la ubicación de las víctimas.

Esta diligencia del 28 de octubre 2014 que no está consignada en el expediente del caso Ayotzinapa, muestra la presencia de funcionarios de la PGR, en particular del director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, Guerrero, donde un día después, el 29 de octubre, fueron encontrados -supuestamente ahí mismo- los restos de uno de los 43 normalistas desaparecidos. Las imágenes también muestran la presencia de uno de los detenidos, quien es llevado hasta el lugar. Además, se observa que peritos de la PGR recogieron muestras, de lo cual tampoco hay registro en el expediente.

Así lo reveló Carlos Beristáin , uno de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, quien presentó el domingo 24 de abril de 2016 un video que muestra a los funcionarios de la Procuraduría, así como a supuestos buzos de la Marina, en las orillas del río San Juan, el 28 de octubre 2014. Además, apuntó que debido a este operativo que no fue reportado de manera oficial, hubo un bloqueo del camino, por el que incluso se quedaron parados algunos miembros del equipo argentino de antropología forense, quienes bajaban del basurero de Cocula, donde tomaban muestras.

Tercera. Que el 4 de junio de 2018, los tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito del Poder Judicial de la Federación, con sede en Reynosa, Tamaulipas, determinaron que la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial” por parte de la PGR, “como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los protocolos de la ONU”. Los magistrados Juan Antonio Trejo Espinoza, Héctor Gálvez Tánchez y el autor del proyecto, Mauricio Fernández de la Mora, resolvieron cuatro amparos en el mismo sentido.

Los recursos favorecieron a Miguel Ángel Landa Bahena, apodado “El Chequel” o “Duvalín”, Gildardo López Astudillo, “El Cabo Gil”, Salvador Reza Jacobo y Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”. Es decir, entre los beneficiados por la resolución del Tribunal Colegiado se encuentra Gildardo López Astudillo, conocido como “El Cabo Gil”, acusado de ser uno de los llamados lugartenientes de Guerreros Unidos. La PGR responsabiliza a esa organización delictiva de haber incinerado en un basurero a los 43 normalistas, en septiembre de 2014.

En una resolución inédita, pidieron al titular del Ejecutivo la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, y que para su funcionamiento solicite recursos al Congreso de la Unión. Incluso establecieron que debe estar integrada por los representantes de las víctimas, la CNDH y el Ministerio Público de la Federación, al que sólo atribuye funciones de integración de las indagatorias.

También explicaron que decidieron la creación de la comisión ante las graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

El fallo se hizo eco del informe que en marzo de 2018 presentó en Ginebra el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, titulado Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, el reporte asegura que al menos 34 de los acusados por la PGR fueron detenidos de manera arbitraria, torturados y entregados al Ministerio Público Federal más de 24 horas después de su detención. Refiere incluso una ejecución extrajudicial.

El colegiado estableció que, para reponer el procedimiento, la PGR debe presentar dictámenes periciales independientes, como lo establece el Protocolo de Estambul.

Igual estableció que, si en diez días la PGR incumple, el juez debe desechar las actuaciones de la dependencia a partir de la tortura que alegan los inculpados. Según los magistrados, “hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”.

Cuarta. En contra parte, el día 3 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó el decreto por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia, a fin de poder llegar a la verdad y con ello hacer justicia en este tan doloroso caso. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2018 y que en su parte fundamental señala:

Considerando

Que el titular del Ejecutivo federal a mi cargo tiene el compromiso, frente a la sociedad en general y de los familiares del caso Ayotzinapa en particular, de proveer, dentro del marco de la legalidad, todo lo que se requiera para esclarecer lo que sucedió la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día siguiente, del año 2014, en el Estado de Guerrero;

Que la desaparición de cuarenta y tres estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos y la muerte de seis personas, incluyendo a tres normalistas, han trascendido a la opinión pública en general, nacional e internacional, como una de las más graves violaciones a derechos humanos de la historia reciente de nuestro país;

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por medio del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y del Mecanismo Especial de Seguimiento al Caso Ayotzinapa; el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de su oficina en México; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el Poder Judicial de la Federación, desde sus respectivos ámbitos de competencia, han cuestionado la investigación inicialmente realizada por la Procuraduría General de la República;

Que el Ejecutivo a mi cargo hace una categórica manifestación de la urgente necesidad del debido esclarecimiento de los hechos, no sólo para encontrar y procesar a todos los responsables y reparar las violaciones a los derechos humanos, sino además, porque no saber lo que realmente pasó, nos afecta a todos y todas. La incertidumbre se equipara a la inseguridad;

Que la presente administración tiene claro que no habrá justicia plena si no se sabe la verdad, ya que es un imperativo de este gobierno dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa;

Que se ha tomado la decisión de instruir a diversos organismos de la administración pública federal para que, en el ámbito de sus competencias, conformen una comisión que contribuya al fortalecimiento del derecho de los familiares de las víctimas a la búsqueda de la verdad;

Que la comisión que se crea, será la encargada de proveer a los familiares de las víctimas y sus asesores, como parte coadyuvante de las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República, de todos los recursos materiales y humanos que se requieran para fortalecer el ejercicio del derecho que tienen para que las investigaciones se reconduzcan adecuadamente, a satisfacción de los ofendidos y de la sociedad en general, que reclaman el esclarecimiento de los hechos y las consecuencias que de ello se deriven;

Que la decisión es independiente, pero concordante con el espíritu de lo resuelto por el Poder Judicial, en el entendido de que es un deber del Estado buscar la verdad, sin perjuicio de los derechos que en términos de la Ley General de Víctimas puedan asistir a los afectados;

Que las dependencias y entidades de la administración pública federal intervendrán con objeto de proveer condiciones que robustezcan el ejercicio de los derechos que tienen los familiares de las víctimas, proponiendo para ello constituir una comisión que agrupe y coordine los recursos y los esfuerzos que se precisen para tal fin. Asimismo, es convicción de este gobierno instruir a las dependencias y entidades para que colaboren en el esclarecimiento de los hechos y en asegurar la verdad de lo sucedido;

Que la integración de la comisión será, al menos, por los familiares de los afectados o quien ellos designen que los represente; un representante de las secretarías de Gobernación; de Relaciones Exteriores, y de Hacienda y Crédito Público, así como por los expertos profesionales y técnicos que se requieran y que sean contratados con los recursos con los que se provea a la comisión; y

Que el propósito es conformar un equipo de trabajo autónomo interdisciplinario, que proporcione toda la ayuda legal y material que se requiera para que los familiares de las víctimas puedan hacer valer con efectividad el derecho humano que tienen consagrado, así como un correcto acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad, he tenido a bien expedir el siguiente

Decreto

Artículo Primero. Se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal para que, dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones, implementen los mecanismos necesarios a efecto de destinar y aplicar los recursos materiales, jurídicos y humanos que se requieran, con el objeto de fortalecer el ejercicio del derecho que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad.

Artículo Segundo. Se ordena la conformación de una comisión que deberá ser integrada, al menos, por los familiares de los estudiantes desaparecidos o quien ellos designen que los represente; un representante de las secretarías de Gobernación; de Relaciones Exteriores, y de Hacienda y Crédito Público, así como por los expertos profesionales y técnicos que se requieran y que sean contratados con los recursos con los que se provea a la comisión.

El propósito es conformar un equipo de trabajo autónomo interdisciplinario, que otorgue la asistencia que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa requieran ante la autoridad competente, a fin de hacer valer con efectividad el derecho humano que las víctimas u ofendidos tienen consagrado, así como a un correcto acceso a la justicia y al conocimiento de la verdad.

La comisión se organizará y funcionará como lo acuerden quienes la conforman, y será presidida por la Secretaría de Gobernación, por conducto del Subsecretario de Derechos Humanos.

...

Artículo Quinto. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que cuenten con información o pruebas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos, en búsqueda de la verdad, deberán de facilitarla a la Comisión, para que ésta a su vez la haga llegar a la autoridad competente, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo Sexto. La Secretaría de Gobernación, por conducto del subsecretario de Derechos Humanos, en coordinación con los familiares o sus representantes, diseñarán los lineamientos para la implementación de medidas de protección o de colaboración eficaz, para aquellas personas que apoyen en la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de los hechos.

La protección y colaboración a que se refiere el párrafo anterior, deberá cuidar que no se afecte la legalidad de las pruebas a obtener, salvaguardando la probidad, independencia e imparcialidad con que deben conducirse quienes proporcionen información sobre los hechos.

Artículo Séptimo. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en el ámbito de su competencia, deberá celebrar los convenios o acuerdos que permitan la asistencia y cooperación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como con cualquier otro organismo, autoridad o experto internacional que pueda coadyuvar en el esclarecimiento del caso.

Este decreto fue firmado para dejar en claro la voluntad política del actual gobierno y del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que buscar el acceso a la verdad y con ello a la justicia, en este tan terrible caso y demostrar una política distinta en contra de las violaciones derechos humanos, las desapariciones forzadas y cometidas por particulares, así como del combate a la impunidad.

Quinta. El 30 de agosto de 2019, el juez primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, dictó sentencia absolutoria, en favor de Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, “El Güero” o “El Vaquero”, con su consecuente liberación.

Este hecho representa especial relevancia, dado que sienta un precedente negativo, que puede ser utilizado para dejar en libertad a otras 50 personas más, de las actualmente detenidas, con la impunidad que esto conlleva y la falta de justicia para las víctimas.

Sexta. Ante la gravedad de lo anterior, el 4 de septiembre de 2019, durante su conferencia matutina de la Presidencia de la República, durante la presentación del informe sobre la situación legal de las personas procesadas desde la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, con la presencia del primer mandatario, dijo en lo fundamental:

El juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, desestimó 44 pruebas en contra que buscaban acreditar el delito de secuestro. Se circunscribió solamente analizar 162 de los 791 tomos que forman parte de la averiguación y consideró que se había aplicado el delito de tortura a pesar de que la entonces PGR realizó el examen médico psicológico (Protocolo de Estambul), en el que se acreditó que no había sido torturado, aunque se debe reconocer que faltó la prueba de audiometría.

Éste es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada y lamentablemente no es el único caso, sino que además de que sentará precedente para que se puedan establecer sentencias absolutorias a los demás implicados, viene a fortalecer una tendencia que ya se había venido registrando con la libertad de otros detenidos en el caso Ayotzinapa.

Entre el 26 de septiembre de 2014 y el 30 de agosto de 2018, se consignaron 169 personas, de las cuales fueron detenidas 142, particularmente civiles vinculados al cártel de Guerreros Unidos, así como a policías municipales de Iguala y Cocula.

Los delitos fundamentales que se les fincaron entonces fue el de delincuencia organizada vinculada con delitos contra la salud, delitos previstos en la Ley Federal de Armas y Fuego y Ley de Secuestro.

De las 142 personas detenidas, la entonces PGR proceso a 70 personas por el delito de secuestro a los normalistas.

A lo largo de los años, durante el procedimiento judicial, de las 107 pruebas inicialmente presentadas, solo subsisten 44, puesto que 63 se declararon ilícitas por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, debido a que se acreditaron una serie de violaciones al debido proceso, a la integridad personal y la libertad, al acreditarse: 13 casos de dilación indebida de puesta a disposición; 48 detenciones ilegales por falsa flagrancia; 22 detenciones ilegales por haber sido ordenadas de forma irregular; 29 casos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes; 26 caos de exceso en el cumplimiento de una orden de presentación; 1 caso de incomunicación;

6 casos de violación al derecho a la defensa adecuada.

Lo que ha significado que a la fecha han sido liberados 53 presuntos de los 142 detenidos, y ahora con el precedente de la liberación de Gildardo López Astudillo, existen elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos.

Ello evidencia una indebida integración de la investigación por parte de las autoridades ministeriales basadas en irregularidades y graves violaciones a la ley. Hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas.

A pesar de existir elementos claros y suficientes para fincar y deslindar responsabilidades por los delitos cometidos, la actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que, con una muy laxa interpretación de la ley, se puedan retirar los cargos que se les imputaron a las personas detenidas.

Esto implica una revisión profunda de los criterios judiciales que tienen que aplicarse. Y aquí debe tomarse en consideración que la aplicación de la justicia no puede reducirse solamente a la interpretación de la ley, se trata de impartir justicia, no de interpretar la ley, y debe prevalecer siempre el interés superior del derecho de las víctimas por encima del derecho de los victimarios.

Exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que reencauce la investigación, subsane las omisiones y permita una investigación diligente para deslindar las probables responsabilidades que se cometieron por parte de autoridades o civiles en esta desaparición.

Por instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se iniciarán ante la FGR y el Consejo de la Judicatura Federal, los recursos legales correspondientes para que se inicie la investigación de los funcionarios de la Fiscalía y de los jueces en el caso del Poder Judicial Federal para deslindar las posibles responsabilidades en estos casos, en los que en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia a las víctimas, se está generando una situación para favorecer el silencio y la impunidad.

Por parte de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa seguiremos haciendo las investigaciones y diligencias que están en proceso, pero requerimos que la autoridad judicial y la FGR hagan su trabajo y no permitan que estos hechos queden impunes.

Séptima. En mayo de 2016, el Juzgado Primero de Distrito en materia de Procesos Penales Federales y el Segundo Tribunal Unitario de Tamaulipas negaron librar las órdenes de aprensión por el delito de desaparición forzada cometido en perjuicio de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Al respecto el periódico Reforma, en un artículo publicado el 14 de mayo de 2016, y firmado por Abel Barajas, señaló:

De acuerdo con las sentencias del Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales y después por la del Segundo Tribunal Unitario de Tamaulipas, y que son inapelables, la SEIDO no acreditó el ocultamiento de las víctimas, uno de los tres requisitos básicos para configurar la desaparición forzada.

Según los fallos, las tres condiciones son indivisibles y a falta de una de ellas no se acredita el delito. Los tribunales ya no analizaron la existencia de los otros requisitos: la negativa de los acusados a dar información fidedigna sobre el paradero de las víctimas y que los civiles involucrados aprovechen el apoyo de funcionarios.

De acuerdo con el razonamiento de los juzgadores, los indicios de la PGR apuntan a que los estudiantes fueron víctimas de una ejecución sumaria, es decir, que fueron asesinados en un periodo breve de tiempo.

La naturaleza jurídica (del delito de desaparición forzada) es distinta a la de otras figuras delictivas atentatorias contra la libertad personal, pues penaliza las acciones represivas de índole gubernamental en contra de la sociedad civil, que se traducen no sólo en la privación de la libertad de uno o varios individuos, sino predominantemente en su ocultamiento bajo detención.

Las constancias procesales apuntan en forma coincidente a que las víctimas no fueron mantenidas en el ocultamiento; muy al contrario, fueron detenidas, privadas de la libertad y trasladadas al lugar donde fueron ejecutadas sumariamente.

Los jueces también argumentaron que la desaparición forzada, por tener una finalidad “represiva”, implica una privación de la libertad extensa, y en este caso eso tampoco ocurrió, pues las constancias indican que los estudiantes muy probablemente fueron asesinados horas después de su detención.

Bajo dichos argumentos, ambas instancias judiciales rechazaron girar las capturas por desaparición forzada en contra de 56 acusados, entre ellos el ex Alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, así como policías municipales de Iguala y Cocula, y presuntos integrantes de la banda Guerreros Unidos.

También se negaron las capturas de Felipe Flores Velázquez, ex jefe de la Policía de Iguala, así como decenas de sus agentes subordinados y del municipio de Cocula, y presuntos integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos.

En la consignación fallida, la PGR presentó como indicios los testimonios de presuntos criminales que afirman haber participado en la ejecución e incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y en el posterior traslado de sus restos y cenizas al Río San Juan.

A la fecha, 120 políticos locales, policías, presuntos narcotraficantes y “halcones” han sido encarcelados por el caso Iguala, pero la Procuraduría no ha tenido éxito para fincar la desaparición forzada a ninguno de los inculpados.

El 24 de diciembre de 2014, Martha Alicia Ramírez Martínez, secretaria encargada de despacho del Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Matamoros, negó las 56 órdenes de aprehensión por desaparición forzada en la causa penal 123/2014.

La PGR impugnó, pero el magistrado Carlos Manuel Aponte Sosa, titular del Segundo Tribunal Unitario de Tamaulipas, ratificó el 23 de abril de 2015 la resolución, al estimar que la SEIDO ofreció argumentos deficientes.

Agregó que, además, los razonamientos de la autoridad ministerial no atacaron los motivos por los que se rechazó girar las capturas, señala el fallo de la apelación 68/2015.

La Procuraduría imputó el delito con base en el artículo 3, párrafos primero y segundo, de la Ley para prevenir y sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de Guerrero, que sanciona al responsable con 30 y hasta 50 años de prisión, cuando la víctima es asesinada.

De inicio, el juzgado aclaró en su sentencia que la acreditación de este ilícito tiene tres requisitos básicos. El primero, que el acusado sea un servidor público que detenga, prive de la libertad y mantenga “oculta” a una o más personas.

El segundo, que el acusado niegue dar información fidedigna sobre el paradero de las víctimas, y el tercero, que, aun cuando no sean formalmente autoridades ni funcionarios, los implicados actúen aprovechando la autorización y el apoyo de los servidores públicos.

Según se advierte de las declaraciones, las víctimas de los eventos suscitados el 26 de septiembre de 2014, fueron privadas de la vida, por lo tanto, se concluye que no es posible que se actualice el primero de los elementos que nos ocupa, el ocultamiento.

El juzgado estableció que las tres condiciones anotadas deben reunirse en forma “imprescindible” para configurar el delito de desaparición forzada y que, a falta de uno de ellos, como en este caso es el ocultamiento, “resulta jurídicamente imposible la actualización de la figura delictiva”.

(El) ocultamiento no se mantuvo en absoluto, pues el sumario apunta a considerar que las víctimas probablemente fueron ejecutadas en brevísimo tiempo posterior a su detención.

Al no acreditarse el primero de los elementos, es innecesario realizar el estudio relativo a la demostración de los demás elementos que conforman el cuerpo del delito; y, por ende, la probable intervención de aquellos (acusados)”, sentencia el fallo.

Por este último motivo, las autoridades judiciales no analizaron algunos escenarios legales que la PGR dijo que pudieron ocurrir en el caso Iguala, como es la desaparición de personas ejecutada por un grupo en asociación delictuosa, la tortura y homicidio de las víctimas y el ocultamiento de los cadáveres.

Estas hipótesis aparecen en el artículo 6 de la ley citada por la PGR en su consignación, pero los tribunales descartaron su análisis, al no existir el ocultamiento inicial.

Otro aspecto que, según los tribunales, no se acredita en la acusación contra los presuntos implicados en el caso Iguala es la prolongada privación de la libertad de las víctimas.

De acuerdo con las autoridades judiciales, la desaparición forzada sanciona las conductas de funcionarios públicos o individuos coludidos con ellos que pretendan “aislar, reprimir, silenciar, disminuir y someter a un gobernado”.

Pero el ilícito, establecieron el juzgado y luego el tribunal, no sólo consiste en privar a alguien de su libertad, sino en que esta privación sea razonablemente prolongada. De no ser así, se estaría hablando de otro delito como el secuestro.

Es lógico que una corta o breve privación de su libertad no lograría la finalidad represiva que pretende evitarse a través de su inclusión en el catálogo penal.

Cuando el magistrado Carlos Manuel Aponte Sosa resolvió la apelación, dijo que los argumentos de la PGR para controvertir la negativa de aprehensión eran tan pobres que sólo supliendo sus deficiencias podía analizar el expediente, lo cual no hizo porque es ilegal.

Los razonamientos expresados por los impartidores de justicia, para negar, en su momento, las órdenes de aprehensión por el delito de desaparición forzada, carecen de todo sustento jurídico, por lo que la actuación de los impartidores de justicia debe ser revisada a través de sus instancias internas, como la Visitaduría Judicial, dependiente del Consejo de la Judicatura Federal.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 94 y 100, otorgan al Consejo de la Judicatura Federal las funciones de vigilancia y disciplina de los juzgados de distrito y tribunales de circuito, en los términos que conforme a las bases de la misma Ley Fundamental, lo establezcan las leyes; y, al tenor de éstas, el propio Consejo está facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones.

Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en sus artículos 88 y 98 a 102 le da a la Visitaduría Judicial sustento legal.

El artículo 98 de este ordenamiento establece que la Visitaduría Judicial es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal competente para inspeccionar el funcionamiento de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, y para supervisar las conductas de los integrantes de estos órganos.

Octava. De la información vertida por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, es evidente que Ninguno De Los Implicados en el caso Ayotzinapa, ya sea que hayan sido puestos en libertad o que estén todavía detenidos, han sido procesados por el delito de desaparición forzada.

Este tipo penal, según la legislación penal federal vigente al momento que ocurrieron los hechos, debe ser aplicado para sancionar a los implicados en ese ilícito, toda vez que no fue sino hasta el 17 de noviembre de 2017, cuando se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, actualmente vigente, y que estableció nuevos tipos penales.

En septiembre de 2014 se encontraban vigentes los artículos 215-A, 215-B, 215-C, 215-D del Código Penal Federal, referido a la desaparición forzada de personas y que a la letra señalaban:

Capítulo III BisDesaparición Forzada de Personas

Artículo 215-A. Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.

Artículo 215-B. A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de cinco a cuarenta años de prisión.

Si la víctima fuere liberada espontáneamente dentro de los tres días siguientes a su detención la pena será de ocho meses a cuatro años de prisión, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismos delitos.

Si la liberación ocurriera dentro de los diez días siguientes a su detención, la pena aplicable será de dos a ocho años de prisión, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismo delitos.

Estas penas podrán ser disminuidas hasta una tercera parte en beneficio de aquel que hubiere participado en la comisión del delito, cuando suministre información que permita esclarecer los hechos, y hasta en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.

Artículo 215-C. Al servidor público que haya sido condenado por el delito de desaparición forzada de personas, además se le destituirá del cargo y se le inhabilitará de uno a veinte años para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos.

Artículo 215-D. La oposición o negativa a la autoridad competente para tener libre e inmediato acceso al lugar donde haya motivos para creer que se pueda encontrar a una persona desaparecida, por parte del servidor público responsable del mismo, será sancionada con la destitución de su cargo, comisión o empleo, sin perjuicio de la aplicación de las penas de los demás delitos en que pudiera incurrir con motivo de su conducta.

Adicionalmente, debe referirse lo que señalan los instrumentos internacionales en la materia, en los que el Estado mexicano es parte, como

1. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, del 9 de junio de 1994, donde se indica que para efectos de esta convención:

se considera desaparición forzada, la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o por grupos de personas, que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

2. El Estatuto de la Corte Penal Internacional, del 17 de julio de 1998 donde se señala:

Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado.

3. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, del 20 de diciembre de 2006, en la que se indica que para efectos de dicha convención:

se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad, cometida por agentes del Estado, o por personas o grupos de personas, que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad, o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Conforme a los ordenamientos anteriores, es posible y procedente reencauzar las investigaciones sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, mediante tipos penales existentes al momento en que ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte y de las disposiciones legales aplicables.

Por tanto y con fundamento en lo expresado, así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se proponen como de urgente u obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de manera respetuosa, exhorta a la Fiscalía General de la República para que reencauce la investigación del caso Ayotzinapa, subsane las omisiones y consigne a los presuntos responsables por el delito de desaparición forzada de personas, mediante tipos penales existentes al momento en que ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento a los dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte y de las disposiciones legales aplicables.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de manera respetuosa, exhorta a la Fiscalía General de la República para que dé continuidad a las indagatorias en contra de Tomás Zeron de Lucio por la presunta manipulación de la investigación y para que dentro del ámbito de sus facultades inicie la investigación de los funcionarios de la Fiscalía y de los jueces del Poder Judicial Federal para deslindar las posibles responsabilidades en el caso Ayotzinapa.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de manera respetuosa, exhorta al Consejo de la Judicatura Federal para que a través de la Visitaduría Judicial realice una inspección exhaustiva en aquellos juzgados donde se ventilan los procesos relacionados con el caso Ayotzinapa y se verifique el estricto cumplimiento de los procedimientos y supervise la conducta de los integrantes de estos órganos, y en su caso, presente las acusaciones administrativas o penales ante los órganos correspondientes.

Notas

1 Proceso 2061/ 1 de mayo de 2016 página 11.

http://ow.ly/4nhMfk

2 Aristegui Noticias mayo 2 de 2016,

http://aristeguinoticias.com/2404/mexico/oculto-pgr-que-estuvo-un- dia-antes-en-lugar-donde-encontraron-restos-giei/

3 Proceso. 4 de junio de 2018. Jorge Carrasco Araiza. Magistrados ordenan crear Comisión de la Verdad y piden a PGR reponer procedimiento en caso Ayotzinapa.

https://www.proceso.com.mx/537117/magistrados-ordenan-crear-comision- de-la-verdad-y-piden-a-pgr-reponer-procedimiento-en-caso-ayotzinapa

4 Ibídem.

5 Decreto por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia.

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545622 &fecha=04/12/2018

6 Alejandro Encinas. Boletín número 223/2019, 4 de septiembre de 2019. Se presenta informe sobre situación legal de personas procesadas por caso Ayotzinapa.

http://www.alejandroencinas.mx/home/se-exhorta-a-la-fiscalia-general-de-la- republica-para-que-reencauce-la-investigacion-subsane-omisiones-y- permita-una-investigacion-diligente/

7 55 policías de Iguala, 20 policías de Cocula, 67 civiles presuntos integrantes de Guerreros Unidos. Conferencia presidente AMLO. Transmisión en vivo, 4 de septiembre de 2019, 6: 04”. Denuncia a funcionarios y jueces por caso Ayotzinapa.

https://www.youtube.com/watch?v=PLvID53mjrM

8 Conferencia presidente AMLO. Transmisión en vivo, 4 de septiembre de 2019, 7: 01”. Denuncia a funcionarios y jueces por caso Ayotzinapa.

https://www.youtube.com/watch?v=PLvID53mjrM

9 Reforma, 14 de mayo 2016. Abel Barajas. Sentencian jueces: ejecutaron a los 43.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2019.— Diputado Rubén Cayetano García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.