«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Bienes Nacionales, y Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputadas y diputados a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Morena, se permiten presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales y los artículos 31 y 38 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, al tenor de la siguiente

En la actualidad existe una gran dificultad para que la federación enajene los bienes que han ingresado a su patrimonio y que por sus características especiales o condiciones generales no son susceptibles de ser aprovechados o utilizados por las dependencias y entidades de la administración pública federal. Además, los bienes que se transfieren al Instituto para Devolver al pueblo lo Robado para su enajenación caracterizan por tener una diferente problemática jurídica y por su diversa naturaleza, situación que obliga a la utilización de diversas formas y procedimientos jurídicos para trasmitir la propiedad de éstos.

Por otra parte, los procedimientos de venta que existen en la legislación vigente tardan demasiado tiempo en ser desahogados y poseen algunas formalidades que retrasan el aprovechamiento de los recursos derivados por los procedimientos de venta.

En el proyecto de decreto se propone añadir el sorteo como un mecanismo para la enajenación de bienes que, por sus características, o por las condiciones de mercado no han podido ser enajenados a través de las formas de enajenación onerosa previstas en la legislación vigente.

Para ilustrar los cambios que aquí se proponen se añade el siguiente cuadro comparativo de las dos leyes materia de la presente iniciativa.

Por las razones expuestas, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esa soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales y los artículos 31 y 38 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público

Artículo Primero. Se reforma el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales para quedar como sigue:

Artículo 132. Salvo los casos comprendidos en los párrafos tercero y cuarto de este artículo, la venta se hará mediante licitación pública. De no lograrse la venta de los bienes a través del procedimiento de licitación pública, se procederá a su subasta en el mismo evento, en los términos que señalen las normas generales que emita la Secretaría. También se podrá enajenar bienes por sorteo.

...

...

...

...

...

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores respecto al valor mínimo de venta no será aplicable a los casos de sorteo y de subasta a que se refieren los párrafos primero y segundo de este artículo.

Artículo Segundo. Se reforman el artículo 31; se reforman las fracciones III y IV, y se adiciona una fracción V al párrafo primero del artículo 38, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 31. ...

Los procedimientos de enajenación serán los siguientes:

I. Donación,

II. Compraventa, que incluye la permuta y cualesquiera otras formas jurídicas de transmisión de la propiedad, a través de licitación pública, subasta, remate, sorteo o adjudicación directa.

...

...

...

Artículo 38. ...

I. y II. ...

III. Remate;

IV. Adjudicación directa, o

V. Sorteo.

...

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 febrero de 2020.—Diputados y diputadas: Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, Mario Delgado Carrillo, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; y de las Leyes del Impuesto Sobre la Renta, y de Migración, suscrita por la diputada Martha Estela Romo Cuéllar e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, la diputada federal Martha Estela Romo Cuéllar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y el inciso h del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se permite presentar para su análisis y dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley de Migración. Para tal efecto, procedo a dar cumplimiento a los elementos indicados en el numeral 78 del citado ordenamiento reglamentario.

I. Encabezado o título de la propuesta

Ha quedado precisado en el primer párrafo de este documento.

II. Argumentos que la sustenten (Exposición de Motivos).

Antecedentes nacionales e internacionales

El Modelo Convenio Tributario OCDE el cual nos define que es un residente menciona lo siguiente:

1. A los efectos de este convenio, la expresión “residente de un Estado contratante” significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo en razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o entidades locales. Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a imposición en ese Estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio situado en el mismo.

2. Cuando, en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:

a. Dicha persona será considerada residente solamente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente solamente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);

b. Si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente solamente del Estado donde more;

c. Si morara en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente solamente del Estado del que sea nacional;

d. Si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los Estados contratantes resolverán el caso de común acuerdo.

3. Cuando, en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona que no sea una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, se considerará residente solamente del Estado donde se encuentre su sede de dirección efectiva.

Objetivos de la propuesta

1. Al ser las disposiciones fiscales de aplicación estricta y al mencionar que se consideran residentes en el territorio nacional los que hayan establecido su casa habitación en México y cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades profesionales y que las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en el siguiente caso: “Los residentes de México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de su riqueza de donde procedan”

2. La tarjeta de residente temporal no contiene ninguna leyenda que exprese las condiciones bajo las cuales fue otorgada la visa y posterior condición de estancia, con la excepción de la hipótesis por oferta de empleo, la cual contiene la leyenda de “Permiso para Trabajar”, esto implica que la autoridad del SAT no pueda determinar si el solicitante del trámite para la obtención de la firma electrónica obtuvo su visa y condición de estancia con la autorización para desempeñar actividades técnicas o profesionales en México, que no son remuneradas directamente por parte de una entidad basada en México, pues el mismo tipo de documento como residente temporal se pudo haber obtenido bajo cualquier otra de la hipótesis contenidas en los Lineamientos, como podría ser la autorización de visa por Unidad Familiar, que no autoriza a un extranjero para desarrollar actividades profesionales en México.

3. Se propone agregar una leyenda a este tipo de visado para que así las Autoridades Tributarias puedan distinguir este tipo de condición de estancia bajo el supuesto de la autorización para desempeñar actividades técnicas o profesionales en México, los cuales reciben su remuneración por parte de la Compañía extrajera, esto incluye que se reforma la Ley de Migración, Reglamento y Lineamientos para la Expedición de Visas

4. También reformar el Código Fiscal de la Federación y la Ley sobre el Impuesto sobre la renta donde pueda mencionar este tipo de Residencias y así los extranjeros puedan llevar a cabo el pago de impuestos correspondientes.

III. Fundamento legal

Lo constituyen los artículos 71 fracción II y 72 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mismos que quedaron precisados desde el inicio de este documento.

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto

También fue precisado al inicio de este documento y lo es Iniciativa con Proyecto de Reforma el Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley de Migración y el Reglamento de la Ley de Migración.

V. Ordenamientos a modificar

Como lo indica el título referido, es Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley de Migración y el Reglamento de la Ley de Migración, de acuerdo al siguiente:

Cuadro comparativo

VI. Texto normativo propuesto

En mérito de lo anterior, someto a consideración de ese Honorable Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Decreto que adiciona el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley de Migración

Artículo Único

a) Se reforma, el artículo 9 el inciso a) del Código Fiscal de la Federación, el artículo 1o., fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 52 de la Ley de Migración fracción VII inciso d) primer párrafo.

Código Fiscal de la Federación

Artículo 9o. Se consideran residentes en territorio nacional:

I. A las siguientes personas físicas:

(Reformado, DOF. 5 de enero de 2004)

a) Las que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando las personas físicas de que se trate también tengan casa habitación en otro país, se considerarán residentes en México, si en territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales, en este supuesto entran los extranjeros que cuentan con permiso para trabajar, que han sido invitados por alguna institución pública o privada, así como también los jubilados y pensionistas. Para estos efectos, se considerará que el centro de intereses vitales está en territorio nacional cuando, entre otros casos, se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:

1. Cuando más de 50 por ciento de los ingresos totales que obtenga la persona física en el año de calendario tengan fuente de riqueza en México.

2. Cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades profesionales.

Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:

I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan, así como los extranjeros que tengan legal condición de estancia en México, bajo las premisas de un permiso para trabajar, carta invitación por parte de una organización pública o privada, jubilados, pensionistas e inversionistas.

...

Ley de Migración

Artículo 52. Los extranjeros podrán permanecer en el territorio nacional en las condiciones de estancia de visitante, residente temporal y residente permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, de conformidad con lo siguiente:

...

VII. Residente temporal. Autoriza al extranjero para permanecer en el país por un tiempo no mayor a cuatro años, con la posibilidad de obtener un permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país, sujeto a una oferta de empleo con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo desee y con derecho a la preservación de la unidad familiar por lo que podrá ingresar con o solicitar posteriormente la internación de las personas que se señalan a continuación, quienes podrán residir regularmente en territorio nacional por el tiempo que dure el permiso del residente temporal:

a) Hijos del residente temporal y los hijos del cónyuge, concubinario o concubina, siempre y cuando sean niñas, niños y adolescentes y no hayan contraído matrimonio, o se encuentren bajo su tutela o custodia;

b) Cónyuge;

c) Concubinario, concubina o figura equivalente, acreditando dicha situación jurídica conforme a los supuestos que señala la legislación mexicana, y

d) Padre o madre del residente temporal.

Las personas a que se refieren los incisos anteriores serán autorizados para residir regularmente en territorio nacional bajo la condición de estancia de residente temporal, con la posibilidad de obtener un permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país sujeto a una oferta de empleo, así como también bajo la premisa de una Invitación por parte de una organización pública o privada, a efecto de desarrollar una actividad no remunerada en el país. Para tal efecto, la organización en México que extiende la invitación deberá proveer Información sobre la actividad que realizará o el proyecto en el que participará la persona extranjera; así como también se pueden otorgar bajo la condición de pensionista, jubilado e inversionista y con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo deseen.

En el caso de que el residente temporal cuente con una oferta de empleo, se le otorgará permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país, en la actividad relacionada con dicha oferta de empleo.

Los extranjeros a quienes se les otorgue la condición de estancia de residentes temporales podrán introducir sus bienes muebles, en la forma y términos que determine la legislación aplicable.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de enero de 2020.— Diputadas y diputados: Martha Estela Romo Cuéllar, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Jacquelina Martínez Juárez, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Martha Elena García Gómez, Miguel Alonso Riggs Baeza, Patricia Terrazas Baca, Ricardo Flores Suárez, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Intervención entregada a la Mesa Directiva, por la diputada Dulce María Sauri Riancho.

“Hoy se conmemoran 103 años de la Constitución mexicana. El Grupo Parlamentario del PRI ha decidido celebrar esta significativa fecha con la presentación de la iniciativa para reformar su artículo 40 y establecer el derecho al bienestar. Cuando nació, en 1917, fue bautizada como la primera constitución social del mundo. No sólo recogió las garantías individuales de las personas sino emprendió un camino inédito hasta entonces al reconocer los derechos de grupos sociales, como los campesinos y trabajadores de México.

Pensemos a la Constitución como un gran pacto social producto de una revolución armada. Había grandes expectativas entre los grupos para que se cumplieran sus demandas. No había recetas ni antecedentes: se dio una respuesta inédita, anclada en la experiencia y el compromiso de los constituyentes. Todavía limitada a la letra, las nuevas reglas rigieron la construcción de las grandes instituciones del siglo XX y establecieron una ruta para el efectivo ejercicio de los derechos que fueron plasmados en sus 136 artículos.

Hacia principios de la década de 1980 se estableció el Sistema Nacional de Planeación Democrática, como un medio para garantizar el cumplimiento de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo. A lo largo de los años se han afinado sus atributos: equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible, con perspectiva de interculturalidad y de género.

La creación de este sistema articulador de políticas ha sido, sin embargo, insuficiente. La realidad de más de la mitad de la población que vive en situación de pobreza y marginación claramente lo demuestra. Para enfrentarla, han surgido propuestas de fondo para incluir en la Constitución el compromiso de otorgar una subsistencia mínima para los grupos más vulnerables, el denominado mínimo vital.

Este concepto novedoso fue fuertemente debatido en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. El consenso se logró en torno a la noción de bienestar, que ha sido pionera en el país como lo fueron los primeros derechos sociales en la Constitución de 1917.

El Grupo Parlamentario del PRI considera pertinente y necesario que el Congreso de la Unión recoja la experiencia histórica en torno a los derechos sociales. Se trata de establecer el Bienestar como un derecho humano fundamental, comprometiendo a las políticas públicas y a los programas gubernamentales en su ejercicio.

El presidente de la República ha enviado una iniciativa de reforma al artículo 4 para elevar a rango constitucional los programas de adultos mayores, becas a los estudiantes y a personas con discapacidad.

Sin lugar a dudas, estos programas forman parte del ejercicio efectivo de los derechos a la educación, a la salud y a la seguridad social. Pero no son todos, ni ahora, ni en el futuro. La situación de pobreza en que vive la mitad de la población mexicana; la incertidumbre de más de 8 millones de adulto/as mayores que carecen, la mayoría, de pensión digna; el insuficiente acceso a la vivienda y las difíciles condiciones de las familias que se hacinan en ellas; la falta de acceso a una alimentación saludable; la violencia contra las mujeres y las niñas; la precariedad del sistema de salud, son sólo algunos de los problemas cotidianos a que se enfrentan millones de personas. Introducir sólo tres programas en los términos planteados por el Ejecutivo parecería ignorar la situación de vulnerabilidad de más de 50 millones de mexicano/as y limitaría funciones de la Cámara de Diputados; responsable de aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, además de comprometer el federalismo al ignorar las condiciones económicas y sociales de los distintos estados.

Reconozco el compromiso del presidente López Obrador con la justicia social que reclama la atención a jubilados y estudiantes, pero no es suficiente en la sociedad del siglo XXI. Aquí se trata de acudir a la imaginación y a la audacia de los constituyentes de 1917, cuando lograron crear esos nuevos derechos para impulsar el “constante mejoramiento de la vida...”, tal como la Carta Suprema define a la democracia.

Toda persona tiene derecho al bienestar, entendido como la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales en todo su ciclo de vida.

El derecho al bienestar sería una especie de articulador del conjunto de derechos individuales y colectivos establecidos en la misma Constitución, con el agregado de incorporar la obligación del gobierno de desarrollar las políticas públicas, los programas y las acciones institucionales necesarias para alcanzar el bienestar de la población.

Los programas –en este caso, pensiones y becas– estarían garantizados anualmente en las iniciativas que mande el presidente, las cuales serían analizadas y aprobadas por la Cámara de Diputados bajo ese principio. Pero también el gobierno de López Obrador tendría que considerar otros programas a partir del derecho al bienestar, como los relativos a la inclusión de las personas con discapacidad; la atención a las niñas y niños en su primera infancia; la vivienda digna, y numerosas acciones institucionales que hagan posible esa vida plena para toda la población mexicana.

Como en todos los casos, la realidad no se modifica automáticamente junto con las nuevas leyes, sino que median años de lucha para poder hacer efectivos esos cambios. Sin embargo, si no se hubieran materializado en la Constitución, nunca hubieran tenido una oportunidad.

Tiempo de audacia en el avance de nuevos derechos en la Constitución. Como entonces, sería el primer paso de un largo y tortuoso camino para transitar de la letra a la realidad y caminar hacia la igualdad plena que reclama un futuro de justicia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.— Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4o. y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Dulce María Sauri Riancho e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Dulce María Sauri Riancho y las diputadas  y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir el concepto de bienestar, al tenor de la siguiente

El sistema político mexicano contemporáneo nació en los albores del siglo XX, a partir de un intenso y prolongado movimiento revolucionario iniciado en 1910.

La promulgación de una nueva Constitución Política en 1917 marcó el fin de la etapa armada, recogiendo los ideales del movimiento revolucionario, proponiendo cambios radicales en las instituciones políticas del país, enmarcándolos en una extraordinaria riqueza doctrinal que dio nacimiento a una nueva visión del Estado, fundamentada en un nuevo y gran pacto social.

La institucionalización política bajo el régimen emanado de la Revolución, creó las condiciones esenciales de estabilidad y certidumbre política que han permitido el desarrollo y el crecimiento económico de México a lo largo del siglo XX y de principios del XXI.

Ante el nuevo siglo constitucional, el pacto de 1917 continúa dando sentido y rumbo a la nación.

En los 100 años de vida constitucional, la ley fundamental ha demostrado ser un instrumento dinámico, que ha demostrado capacidad para responder a los desafíos de nuestro país: 741 reformas a través de 240 decretos publicados desde el 8 de julio de 1921 y hasta –el más reciente– el 12 de diciembre de 2019.

Nuevas instituciones, nuevas prácticas y nuevos derechos, están reconfigurando el espacio institucional del país y modificarán en los próximos años nuestra manera de ver y entender la política y la democracia en México.

La Constitución de 1917, como realidad histórica y política, sigue siendo el vaso comunicante entre nuestra historia y el estado de derecho.

Sigue siendo soporte y fundamento de nuestra democracia y de la república.

Sigue y seguirá siendo inspiración que, evocando nuestro pasado histórico, invocará siempre, un futuro mejor para nuestra Nación y para nuestro pueblo.

En este contexto de certeza jurídica y continuidad constitucional, es necesario, sin embargo, ampliar la reflexión histórica.

En el caso de México, los antecedentes políticos e ideológicos de la Constitución de 1917, se encuentran plasmados en las luchas políticas y sociales del siglo XIX y la primera década del XX, los cuales son recogidos, principalmente, en los planteamientos de la generación liberal de la Reforma y en el programa del Partido Liberal de los hermanos Flores Magón, los que serían recuperados en los artículos constitucionales 1o., 3o., 27 y 123, así como en el apartado correspondiente a las garantías individuales, lo que dio forma a un programa ideológico fundamentado en la idea de defender e impulsar los derechos sociales.

A poco más de 100 años de distancia de la promulgación de la Constitución, vivimos en un mundo que cada día es más complejo. Las personas, las naciones y las economías, están más conectadas que nunca, al igual que los problemas relacionados con el desarrollo mundial a los que nos enfrentamos.

Estos problemas traspasan las fronteras, afectan a los ámbitos social, económico y ambiental, cultural, y suelen ser persistentes y recurrentes. Desde la urbanización hasta la creación de empleos para millones de personas, los desafíos del mundo solo pueden resolverse si se utilizan enfoques que tengan en cuenta la complejidad y el contexto local.

Parecería que por ciertos avances tecnológicos, económicos y científicos, por primera vez en la historia, contamos con algunos medios para librar a la especie humana de todas las catástrofes que la aquejan y que podríamos llevarla a una era de libertad, de progreso, de solidaridad y de riqueza compartida. S in embargo, aún estamos atrapados en problemas de pobreza extrema y una desigualdad social sin parangón.

Sin duda, la desigualdad se ha convertido en asunto crucial de nuestro tiempo, y en muchos lugares es causa de descomposición social, incertidumbre y vulnerabilidad arraigadas.

La desigualdad reduce y afecta extensas regiones del Planeta y golpea más duramente a los países de las categorías de desarrollo bajo y medio. La desigualdad de género sigue siendo una de las mayores barreras para el desarrollo humano.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el índice de desarrollo humano, que mide el bienestar, el promedio de desarrollo de las mujeres es 6.0 por ciento más bajo que el de los hombres, y en los países de desarrollo bajo o de economías emergentes, sufren las brechas más amplias a este respecto. Según las tasas actuales de progreso, a este ritmo, podría llevar más de 200 años cerrar la brecha económica entre los géneros en todo el planeta.

Los conflictos en numerosas partes del mundo y en nuestro país siguen siendo la norma y no la excepción. La violencia no sólo amenaza la seguridad humana, sino que también erosiona el progreso, el auténtico desarrollo y el bienestar de las personas.

En ese contexto, pueden pasar años –si no decenios– para que los países inmersos en conflictos o que padecen una violencia endémica, recuperen los niveles de desarrollo anteriores a la presentación de este fenómeno.

Asimismo, tal como muestran los indicadores ambientales, el progreso de hoy se logra a costa del futuro de nuestros hijos. El cambio climático, la disminución masiva de la biodiversidad y el agotamiento de los recursos de la tierra y el agua dulce plantean graves amenazas para la humanidad. Se necesita un cambio inmediato y ambicioso en los patrones de producción y consumo.

Los profundos desequilibrios en las oportunidades y elecciones de las personas se derivan de las desigualdades en los ingresos, pero también en la falta de oportunidades de acceso a la educación, la salud, la capacidad de hacerse oír, el acceso a la tecnología y de la exposición a la violencia en todos sus ámbitos de vida.

Las brechas que se arraigan en el bienestar social reflejan la desigualdad de oportunidades en el acceso a la educación, la salud, el empleo, el crédito y los recursos naturales debido al género, a la identidad grupal, las disparidades de ingresos y hasta la situación geográfica de las comunidades humanas.

La desigualdad no sólo es normativamente mala, también es peligrosa. Puede alimentar el extremismo y socavar el apoyo al desarrollo inclusivo y sostenible. Una desigualdad alta puede generar consecuencias adversas para la cohesión social y la calidad de las instituciones y las políticas, lo que a su vez puede ralentizar el progreso en materia de desarrollo humano.

El bienestar y la pobreza en el país

El bienestar que es importante a los seres humanos es mucho más rico y complejo que el que cada una de las distintas disciplinas atribuye a sus agentes de estudio; por ejemplo, las personas ejercen como consumidores, pero son mucho más que eso. Por ello no debe equipararse el bienestar humano con el que los economistas atribuyen al consumidor ni puede entenderse el primero con base en las teorías del segundo. De igual forma, las personas ejercen como votantes, pero son mucho más que sólo eso, por lo cual no debe equiparase el bienestar humano a el que los politólogos atribuyen al ciudadano, ni puede entenderse sólo con base en teorías de ciudadanía.

Como muchas otras cuestiones en un mundo complejo, el bienestar de los seres humanos depende de numerosos factores, algunos de índole personal y otros correspondientes a las condiciones de su entorno físico y social.

Los estudios han mostrado que el bienestar depende de cuestiones tan diversas como las condiciones de crianza, la relación con amigos y parientes, la naturaleza de las actividades laborales, los rasgos de personalidad, la disponibilidad y uso del tiempo libre, el lugar donde se habita, la disponibilidad de parques y áreas de convivencia social, la seguridad, la existencia de hijos y sus edades y la relación de pareja.

Sin embargo, no podemos negar la ineludible presencia de factores que afectan el bienestar, tales como los ingresos del hogar y personal, el entorno macroeconómico, la distribución nacional del ingreso, las situaciones ocupacionales y de desempleo, la salud, la educación, el acceso a la cultura y los procesos de convivencia social y sus desequilibrios, los valores, principios y creencias compartidas, la posibilidad de participación en las decisiones políticas, entre los más destacables. El bienestar como una categoría sociológica contiene variables subjetivas.

De acuerdo con cifras y estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México 52.4 millones de personas viven en situación de pobreza, cifra que equivale a 41.9 por ciento de la población y que representa una disminución de apenas 2.5 en comparación con el porcentaje registrado en 2008, cuando era de 44.4, según cifras del mismo organismo.

Los resultados del estudio 10 años de medición de pobreza en México, realizado por el Coneval, revelan que se registró una mejora en los indicadores de carencias sociales y 24 estados redujeron sus niveles de pobreza. Sin embargo, el sureste del país sigue siendo la región con el mayor porcentaje de habitantes pobres: en Chiapas, 76.4 de la población vive en situación de pobreza, seguida de Guerrero, con 66.5; Oaxaca, con 66.4; y Veracruz, con 61.8.

En el estudio citado, el Coneval también registró a las personas en situación de pobreza extrema, quienes ascienden a 9.3 millones, equivalentes a 7.4 por ciento de la población. La población vulnerable por ingresos está formada por 8.6 millones de personas; y la que sufre algún tipo de carencia social, por 36.7 millones. La población no pobre y no vulnerable en todo el país es de sólo 24.7 millones.

Los indicadores que el Coneval utilizó para obtener estas cifras son rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, acceso a la alimentación, calidad y espacios de la vivienda, y acceso a los servicios básicos de la vivienda.

En la última década, el número de personas en pobreza extrema ha disminuido gradualmente. En 2008, la cantidad de habitantes en esta situación era de 12.3 millones; de 2012 a 2014, el promedio bajó a 11 millones y para 2018 se registraron 9.3 millones de personas. Dicha cifra equivale a 7.4 por ciento de la población total.

Los estados con mayor número de población en pobreza extrema son Chiapas, con 1 millón 623 mil habitantes; Veracruz, con 1 millón 427 mil habitantes; y Guerrero, con 971 mil habitantes.

Respecto a las carencias sociales, 16.9 por ciento de la población reportó rezago educativo, 16.2 carencia por acceso a los servicios de salud, 57.3 no tiene acceso a la seguridad social, 11.1 contabilizó carencias por calidad y espacios de la vivienda, 19.8 observa carencias en los servicios básicos de sus hogares, y 20.4 reportó carencias por acceso a la alimentación.

El estudio del Coneval también midió a la población con ingreso inferior a la línea de pobreza y pobreza extrema por ingresos. El número de personas con un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema es de 21 millones de personas y las de un ingreso inferior a la línea de pobreza ascienden a 61.1 millones.

El estudio del Coneval reveló que la población indígena es la más afectada. Según las cifras, en México 74.9 de las personas indígenas vive en situación de pobreza; de ellas, 35.5 se encuentra en pobreza extrema.

Aún más grave es la situación de las mujeres indígenas de zonas rurales. De ellas, 84 por ciento vive en pobreza; de éstas, 45.7 está en pobreza extrema. En tercer lugar se ubica la población rural. El 38.9 de las personas se encuentra en situación de pobreza y 16.4 en pobreza extrema.

En el caso de la población en situación de pobreza en zonas urbanas, el porcentaje disminuyó ligeramente de 38.9 a 37.6 entre 2008 y 2018. Otros grupos con un número alto de habitantes en situación de pobreza son los menores de 18 años (49.6), las personas con discapacidad (41.4) y los adultos mayores (41.1).

En cuanto a género, el Coneval encontró que en México 42.4 por ciento de las mujeres se encuentra en situación de pobreza, 7 por ciento de ellas en pobreza extrema; mientras, los hombres presentan porcentajes levemente mejores: 41.4, del cual 7.5 está en pobreza extrema.

El bienestar como articulador de derechos sociales

Por ello creemos que es importante que el bienestar social de la población sea el centro de las políticas de desarrollo y que el enfoque de los programas de desarrollo y de la planeación democrática a que está obligado el Estado mexicano, y que considera a las y los ciudadanos como personas sujetas de derecho y no como meros receptores de un regalo por parte de las autoridades.

Para el derecho moderno, las responsabilidades del Estado no se limitan a tutelar la vigencia de las libertades individuales, sino se amplían a garantizar el acceso a los bienes sociales. El derecho al trabajo, la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, el medio ambiente sustentable, la cultura y el deporte, la asistencia social, entre otros muchos derechos de clara asignación social, maduraron a lo largo del Siglo XX hasta nuestra actualidad, en torno a los principios de igualdad, primero jurídica y posteriormente material, hasta adquirir una nueva dimensión colectiva.

Los datos económicos que arroja la realidad, como la renta per cápita, el producto interno bruto, la distribución de la renta, la tasa de desempleo y los índices de pobreza, entre otros, nos permiten medir apenas uno de los aspectos objetivos del bienestar social: el bienestar económico del país, su capacidad para producir bienes y servicios y el acceso de sus ciudadanas y ciudadanos a ellos.

No obstante, en la formación de una situación de bienestar también influyen factores de índole social, como el acceso al sistema de salud, el nivel de la educación, la sensación de seguridad, la libertad ciudadana, la igualdad, la justicia social, un medio ambiente saludable y la posibilidad de realización personal de sus integrantes. En este sentido, el bienestar social va de la mano con el desarrollo humano.

Sin un sentido de comunidad y una solidaridad renovados que pongan en el centro de sus esfuerzos el bienestar de la población, los Estados democráticos no tendrán un desarrollo sustentable. Sustraerse de esta responsabilidad, como lo hemos visto en años recientes, propicia el avance de la desigualdad, la fragmentación social y una conflictividad crecientes, mismas que a la vez, deterioran las expectativas de crecimiento económico.

Las democracias modernas requieren replantearse la necesidad del bienestar social, pues los estados de bienestar, incluso ahora, están comprometidos en asegurar los derechos sociales por encima del rendimiento del mercado. Su existencia en pleno siglo XXI es una demostración tangible de que las democracias, con todas sus imperfecciones, pueden seguir trabajando por sus ciudadanas y ciudadanos.

Los logros en materia de desarrollo humano deben expresarse no sólo desde el punto de vista de la cantidad, como, por ejemplo, la esperanza de vida o los años de escolaridad, sino también desde la perspectiva de la calidad. Los años vividos, ¿fueron realmente placenteros o estuvieron plagados de enfermedades? Los niños y las niñas: ¿han asistido simplemente a la escuela o han adquirido las aptitudes y los conocimientos que los prepararán para llevar una vida plena? ¿El trabajo permite a la gente prosperar o la mayoría de las personas desempeñan trabajos inseguros y peligrosos? ¿Están dando las personas forma a elementos que influyen en su vida o se las excluye de la participación?

Antecedentes en México

El carácter liberal de la Constitución deviene no sólo del momento histórico cumbre en el que fue discutida y promulgada, sino de una tradición libertaria y republicana nacida de la guerra de Independencia y consolidada en el transcurso de la primera mitad del siglo XIX, formada por hombres que a decir de Daniel Cosío Villegas, parecían gigantes y que definirían el carácter y el rostro de la Nación como ninguna otra generación en la historia de México independiente: los liberales juaristas.

De esa herencia abrevarían Venustiano Carranza y los constitucionalistas a cuyo genio político debe atribuirse el gran proyecto que representó el Congreso Constituyente de 1917.

La cuestión social fue entendida por los constituyentes como el problema a resolver y al mismo tiempo, como un conjunto de compromisos de Estado, lo que la convirtió en una parte medular de los propósitos y principios rectores del proyecto nacional que quedaron plasmados en los debates de Querétaro.

Entre muchos otros oradores, por ejemplo, destaca el diputado Cateyato Andrade, quien le recordaba a la asamblea que el movimiento constitucionalista no era solamente una revolución política, sino una revolución eminentemente social, que traía como consecuencia una transformación en todos los órdenes:

... La Constitución actual debe responder, por consiguiente, a los principios generales de la revolución constitucionalista, que no fue una revolución como la maderista o la de Ayutla, un movimiento meramente instintivo para echar abajo la tiranía; la revolución constitucionalista tiene la gran trascendencia de ser una revolución eminentemente social y por lo mismo, trae como corolario una transformación de todos los órdenes... Los elementos principales para la lucha constitucional que traen como corolario las libertades públicas, fueron las clases obreras, los trabajadores del campo, ese fue el elemento que produjo este gran triunfo y por lo mismo nosotros debemos interpretar esas necesidades y darles un justo coronamiento.

Para nuestra tradición constitucional y política, así como para otros estudios de derecho internacional y comparado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recogió esos derechos sociales, en al menos tres artículos fundamentales:

• El 3o., referido al carácter de la educación pública, gratuita y laica;

• El 27, que hace suyas una de las más sentidas demandas del proceso revolucionario: la cuestión agraria; y

• El 123, que se hacía cargo de las relaciones fundamentales entre el trabajo y el capital, así como de la seguridad social.

Durante el siglo XX, el Estado mexicano pugnó por hacer de los derechos sociales y el bienestar de la población, el eje rector del desarrollo a través de un conjunto de políticas enmarcadas en el llamado desarrollo estabilizador (1952 a 1970) y posteriormente en el modelo desarrollo compartido (1970 a 1982).

En ese amplio periodo, el Estado mexicano impulsó una serie de políticas que dieron forma a lo que algunos denominaron como el Estado social posrevolucionario:

• La creación del Seguro Social;

• La creación del ISSSTE;

• La creación del libro de texto gratuito;

• La creación del sistema para la protección de la niñez, denominado INPI, luego IMPI y posteriormente DIF;

• La entrega de desayunos escolares a todas las escuelas públicas;

• La creación del Infonavit;

• La creación de la red de las tiendas de la Conasupo y las lecherías de Liconsa; y

• La ampliación de la infraestructura universitaria pública y de la infraestructura educativa básica.

Todo ello son sólo algunos ejemplos, los más visibles y destacados de una política orientada a impulsar el bienestar general, cuyas nociones esenciales descansaban en los elementos básicos de planeación y programación enmarcados en la Constitución: los planes nacionales de desarrollo y los presupuestos públicos.

Sin embargo, parte importante de los problemas surgidos durante esa época que afectaron notablemente la capacidad institucional de proteger y proveer esos derechos surgieron del desbalance económico del Estado, que, abrumado financieramente por solventarlos, perdió progresivamente su capacidad de preservarlos y reproducirlos.

La enorme crisis financiera que estalló a principios de 1982 como resultado de los excesos del llamado desarrollo compartido, obligó a la implantación de severos mecanismos correctivos de orden económico para asegurar la viabilidad financiera del gobierno.

La severidad de esos mecanismos erosionó ciertamente la capacidad del Estado de proveer los recursos necesarios para los programas sociales, pero -por otro lado- permitió generar políticas sólidas de largo plazo, mejor definidas y articuladas dentro de las capacidades institucionales, administrativas y presupuestales reales del Estado mexicano.

Hacia principios de la década de 1980 se estableció el Sistema Nacional de Planeación Democrática, como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo. A lo largo de los años, el desarrollo amplió sus cualidades, al conceptualizarse como: equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible, con perspectiva de interculturalidad y de género, y que debe tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La creación de este sistema articulador de políticas ha sido, sin embargo, considerado insuficiente: más allá de la estructura de planificación que les ha dado factibilidad, han surgido propuestas de fondo para incluir en la Constitución los programas que otorgan una subsistencia mínima para los grupos más vulnerables.

Se ha tratado de hecho de definir una nueva visión de los derechos sociales para incorporar el llamado “mínimo vital” a la Constitución.

Esta visión recoge los precedentes que, en la forma de debates jurídicos y legislativos, han dado forma reciente a las discusiones sobre los derechos sociales, el bienestar general y su inclusión en los textos constitucionales.

El 28 de marzo de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis aislada

Mínimo vital. Conforme al derecho constitucional mexicano y al internacional de los derechos humanos, se encuentra dirigido a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas físicas y no de las jurídicas.

En esta tesis se destaca lo siguiente:

El derecho al mínimo vital se fundamenta en la dignidad humana, la solidaridad, la libertad, la igualdad material y el Estado social, al considerar que las personas, para gozar plenamente de su libertad, necesitan un mínimo de seguridad económica y de la satisfacción de sus necesidades básicas. Por ende, constituye el derecho a gozar de unas prestaciones e ingresos mínimos que aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel de vida digno, así como la satisfacción de las necesidades básicas. Ahora bien, en el ámbito internacional podemos encontrar algunas normas que incluyen el derecho al mínimo vital, aunque no con esa denominación. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure, a ella y a su familia, la salud y el bienestar, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; de igual manera, prevé el derecho de los trabajadores a una remuneración equitativa y satisfactoria, que asegure a la persona y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana, y que dicha remuneración debe completarse con cualquier otro medio de protección social. En el mismo contexto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene normas que en cierta medida recogen elementos de la prerrogativa indicada pues, por una parte, desarrolla el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, y a una mejora continua de las condiciones de existencia; además, establece que la remuneración de los trabajadores como mínimo debe garantizar condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias.

Igualmente, en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en la sesión del 7 de enero de 2017 se debatió intensamente este tema, el cual no logró el consenso sino hasta la casi finalización de sus trabajos definiendo sin embargo un enfoque conceptual hacia la noción de bienestar, que ha sido pionera en el país, tanto como fue en el mundo de 1917 la Constitución mexicana en lo relativo a los derechos sociales.

Por ello nos parece pertinente y necesario que el Congreso de la Unión recoja esta experiencias y avance en la reforma del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer el bienestar como un derecho humano entendido como la satisfacción de sus necesidades básicas, y a tener acceso a niveles dignos de educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda, y medio ambiente sustentable.

La propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, representa una visión de política social que desde 1917 nuestro sistema constitucional reconoce, y del cual es pionero, y que el PRI como organización política ha enarbolado como una de sus causas más sentidas: la justicia social.

Coincidimos con el presidente de la República en que es indispensable crear las definiciones que articulen el conjunto de derechos que ya están establecidos por la Carta Suprema y por los Convenios Internacionales de los que nuestro país es parte y que aseguran su pleno goce a las y los habitantes de México. Sin embargo, la propuesta presidencial es parcial e insuficiente, pues al ser formulada en términos de programas, deja a un lado a un número importante de derechos que integran en su conjunto el derecho al bienestar.

La presente iniciativa se propone dotar de sostenibilidad de largo plazo a las políticas del bienestar, a partir de fundamentarlas en los elementos centrales de la planeación del Estado mexicano para garantizar no sólo su efectividad, sino también su eficacia al largo plazo.

Esta propuesta busca también la participación activa de las y los ciudadanos, con preferencia hacia los grupos en situación de vulnerabilidad, beneficiarios de los programas sociales que el Estado en su conjunto debe articular en la política de desarrollo social y de bienestar.

A finales de 2003, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Desarrollo Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004.

Dicha ley estableció de manera categórica los derechos para el desarrollo social: la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación, así como que, todas las personas tienen el derecho a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo social, de acuerdo con los principios rectores de la política en la materia.

Y por otro lado estableció que es obligación de Estado garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social .

Efecto internacional de la Constitución mexicana

A escala internacional, desde el inicio de su vigencia en 1917, la Constitución fue un referente para la forma de abordar la construcción de visiones sobre el proceso de desarrollo humano.

Más de 30 años después de expedida nuestra Constitución, en los diversos instrumentos internacionales se fue perfilando el Estado Social de Derecho como aquel que garantiza a todos los ciudadanos el acceso a igualdad de oportunidades para el desarrollo de su personalidad.

Así quedó establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la resolución 217 A de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 10 de diciembre de 1948:

Artículo 25

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad

La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en la resolución número 41/128, del 4 de diciembre de 1986, establece, entre otras cosas:

Artículo 1.

El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.

El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales.

Artículo 2.

La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo.

Artículo 8.

Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo, y la justa distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales.

El precedente de la Constitución Política de la Ciudad de México

Como señalamos, uno de los ejemplos relevantes en la materia lo ofrece la Constitución de la Ciudad de México, las más vanguardista del país en materia de derechos sociales, la cual cumple este 5 de febrero tres años de haber sido promulgada.

El título segundo, “ Carta de derechos” , se enumeran no solamente los derechos humanos tradicionales, sino el conjunto de los derechos sociales como a una ciudad solidaria, sustentable, productiva, incluyente, habitable y segura, que ponen en centro de éstos, el bienestar social de la población.

Asimismo, en dicho documento, en el título tercero, “Desarrollo sustentable de la ciudad”, y en el capítulo único, “Desarrollo y planeación democrática”, se establece:

La planeación será democrática, abierta, participativa, descentralizada, transparente, transversal y con deliberación pública para impulsar la transformación económica, asegurar el desarrollo sustentable, satisfacer las necesidades individuales y los intereses de la comunidad, la funcionalidad y el uso, disfrute y aprovechamiento equitativo de la ciudad, así como propiciar la redistribución del ingreso y la riqueza.

En los artículos de esa norma se establece el concepto de bienestar desde una perspectiva amplia, que abarca varias materias que se abordan en distintos artículos.

La estructura del texto de esta Constitución abreva de la experiencia centenaria de la Constitución General de la República, cuya dinámica reformadora a lo largo de más de 100 años ha impreso a su texto una estructura más diversa en lo relativo a la inclusión de diversos derechos. La Constitución de la Ciudad de México en una primera parte enuncia los derechos de la ciudadanía, destacando entre ellos el concepto de bienestar, para después –en un artículo en particular, el 17– establecer las definiciones del propio concepto y la construcción del sistema de planeación democrática y participativa que debe estructurarse en torno a él para su eficaz ejercicio.

La misma Constitución establece el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México como eje articulador institucional de las políticas del desarrollo y el bienestar, en un marco de racionalidad presupuestaria y financiera.

El concepto de bienestar aparece referido inicialmente en los artículos 3, 4, 6, 8, 10, 13 y 16, vinculado a una diversidad de materias tales como el medio ambiente, la ciencia y la cultura, la vivienda y el trabajo.

Posteriormente, el artículo 17 formula una definición integradora y establece los principios de la planeación democrática en torno al logro del bienestar.

Así, en el artículo 3, relativo a los principios rectores, en el numeral 2, inciso c), se establece:

c) La función social de la ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus habitantes en armonía con la naturaleza

Posteriormente, en el artículo 4, relativo a los principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos, establece en el numeral 4:

Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios e infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad.

Más adelante, en el artículo 6, relativo a la ciudad de libertades y derechos, en el inciso D, numeral 1:

1. Se reconoce a las familias la más amplia protección, en su ámbito individual y colectivo, así como su aporte en la construcción y bienestar de la sociedad por su contribución al cuidado, formación, desarrollo y transmisión de saberes para la vida, valores culturales, éticos y sociales.

En el artículo 8, de la ciudad educadora y del conocimiento, se establece en el inciso c), numerales 1 y 4:

1. En la Ciudad de México, el acceso al desarrollo científico y tecnológico es un derecho universal y elemento fundamental para el bienestar individual y social. El gobierno de la ciudad garantizará el libre acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, la plena libertad de investigación científica y tecnológica, así como a disfrutar de sus beneficios.

4. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán la generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como la vinculación de éstos con los sectores productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver problemas y necesidades de la Ciudad, contribuir a su desarrollo económico y social, elevar el bienestar de la población y reducir la desigualdad; la formación de técnicos y profesionales que para el mismo se requieran; la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la enseñanza básica; y el apoyo a creadores e inventores.

En el artículo 10, ciudad productiva, se establece en el inciso b), relativo al derecho al trabajo, en el numeral 1, inciso e):

e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar.

En el mismo artículo, en los incisos d) y e), se señala lo siguiente:

D. Inversión social productiva

2. Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, al desarrollo y crecimiento de las empresas de reciente creación y a las ya existentes que propicien de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico y social de la ciudad.

E. De las y los campesinos y pequeños propietarios rurales

2. Las autoridades de la ciudad adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar el ejercicio de sus libertades en la determinación de las formas y modalidades de producción, comercialización y distribución, con el objetivo de lograr el bienestar de la población campesina.

En el artículo 13, ciudad habitable, se establece en el inciso a), relativo al derecho a un ambiente sano, en el numeral 1:

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.

En el mismo artículo, en el inciso F), relativo al derecho al tiempo libre, se señala lo siguiente:

En la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a tener tiempo para la convivencia, el esparcimiento, el cuidado personal, el descanso, el disfrute del ocio y a una duración razonable de sus jornadas de trabajo. En atención al principio de igualdad sustantiva, las autoridades impulsarán políticas sociales, económicas y territoriales que liberen tiempo y permitan a las personas alcanzar el bienestar.

En el artículo 16, relativo al ordenamiento territorial, se establece en el inciso E), numeral 1, en materia de vivienda:

1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del ordenamiento territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas y las familias.

Finalmente, en el artículo 17, relativo al bienestar social y economía distributiva, plantea definiciones esenciales del concepto:

1. La Ciudad de México asume como fines del proceso de desarrollo el mejoramiento de la vida en los órdenes económico, social, ambiental y cultural para afirmar la dignidad de sus habitantes (...)

2. Corresponde al gobierno, planear, conducir, coordinar y orientar el desarrollo de la ciudad, junto con las alcaldías, con la concurrencia participativa y responsabilidad social de los sectores público, privado y social que establezcan un sistema de bienestar social y desarrollo económico distributivo (...)

3. Las políticas sociales y económicas se concebirán de forma integrada y tendrán como propósito el respeto, protección, promoción y realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para el bienestar de la población y la prosperidad de la ciudad, de acuerdo a los principios de interdependencia e indivisibilidad.

A. De la política social

1. Se establecerá y operará un sistema general de bienestar social, articulado, incluyente, participativo y transparente vinculado a la estrategia de desarrollo redistributivo, al que concurrirán las instancias encargadas de las materias correspondientes. El sistema considerará al menos los siguientes elementos:

a) Las políticas y programas del sistema se diseñarán, ejecutarán y evaluarán de acuerdo a los indicadores, metodologías y metas de progresividad que definan el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva y el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias;

b) La ampliación del acceso, la mejoría en la calidad y la actualización de los servicios públicos que incidan en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad;

c) La ampliación, actualización, recuperación y mantenimiento de la infraestructura y los equipamientos correspondientes, en igualdad de condiciones de calidad y proporcionalidad en todo el territorio de la Ciudad de México, en tanto son la base material para la prestación de los servicios;

d) El desarrollo y la operación eficiente y transparente de los sistemas de educación, salud, asistencia social, cuidados, cultura y deporte en forma articulada en todo el territorio de la ciudad;

e) La inclusión de la perspectiva de los grupos de atención prioritaria en la planeación y ejecución de todas las políticas y programas del gobierno y las alcaldías de la Ciudad de México, y el desarrollo de los sistemas especializados para su atención;

f) La promoción de sistemas de aseguramiento social de los habitantes de la ciudad; y

g) Los mecanismos para hacer efectivo el derecho al mínimo vital para una vida digna, dando prioridad a las personas en situación de pobreza, que se establecerán de conformidad con los criterios de progresividad, con los indicadores que determine el organismo constitucional federal competente y las metas evaluables que fije el organismo local correspondiente.

La legislación en la materia contendrá los criterios y procedimientos para los programas sociales públicos, las transferencias monetarias y los demás instrumentos que se apliquen, asegurando el uso eficaz y transparente de los mecanismos financieros que para el efecto se dispongan.

2. Las políticas y programas sociales de la Ciudad de México y de las demarcaciones se realizarán con la participación de sus habitantes en el nivel territorial que corresponda, de acuerdo con lo que en la materia establezca esta Constitución.

3. Los programas de atención especializada y de transferencias monetarias y en especie que realicen el gobierno de la ciudad y las alcaldías, serán auditables y contarán con un padrón único, con transparencia y rendición de cuentas.

4. La ley establecerá las características, prioridades, criterios de progresividad y plazos para los programas de atención especializada y transferencias, a fin de garantizar a largo plazo el acceso efectivo a esos programas.

5. Queda prohibido a las autoridades de la ciudad, partidos políticos y organizaciones sociales utilizar con fines lucrativos o partidistas, las políticas y programas sociales. Las leyes correspondientes establecerán las sanciones a que haya lugar.

Lo anterior se estructura a través del Instituto de Planeación Democrática, previsto en el artículo 5, que establece la progresividad de los derechos, en su inciso A, numerales 1 y 2 de la propia Constitución, estableciendo la obligación constitucionalidad de cumplir dichos objetivos en un marco de certeza y racionalidad presupuestaria y financiera de la siguiente forma:

Progresividad de los derechos

1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad.

2. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México establecerá un sistema de indicadores de estos derechos que permitan fijar metas en el presupuesto anual y evaluar la garantía de su cumplimiento progresivo, tomando como base los niveles esenciales y alcanzados de satisfacción conforme a lo previsto en la ley.

3. El ejercicio de la hacienda pública se orientará al cumplimiento efectivo de los derechos.

Honorable asamblea:

Por todo lo expuesto y recordado creemos necesario elevar a rango constitucional el derecho al bienestar, como derecho humano y articulador de los otros derechos sociales, y el derecho a participar y gozar de los programas sociales que en el marco de la planeación democrática y de las leyes en la materia las autoridades deban establecer.

Por ello es indispensable hacer del bienestar un derecho, que permita articular a todos los demás derechos sociales, consagrados en la Constitución y otras leyes, porque toda persona tiene derecho al bienestar, entendido como la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales en todo su ciclo de vida, y a ejercer a plenitud su derecho a la educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda y ambiente sustentable.

Lo anterior, en el entendido de que los programas que propicien y garanticen estos derechos, tienen que derivar del Sistema Nacional de Planeación Democrática; es decir, provenir de la elaboración y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que llevan a cabo conjuntamente el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y de los programas sectoriales, especiales, regionales, institucionales, que llevan a cabo las dependencias de la administración pública federal y los correspondientes de las entidades federativas, los órganos autónomos y las autoridades municipales.

Ello implica

1. Que debe darse una amplia participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del plan y los programas que de él se deriven, y en donde las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de otras agrupaciones sociales, participen como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular y en donde participarán los diputados y los senadores del Congreso de la Unión;

2. Que los mecanismos de consulta y participación faciliten la toma de decisiones, desde un modelo no sustitutivo de su voluntad. Es decir, no deben ser interpretados o dispuestos unilateralmente por las autoridades y no deben ofrecer solamente apoyos de orden económico en detrimento de otros derechos que impidan o conculquen un pleno bienestar de la población; y

3. Deben contener las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinando con claridad y transparencia los instrumentos y responsables de su ejecución, estableciendo los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; dichas previsiones, se referirán al conjunto de la actividad económica, social, ambiental y cultural, y regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.

Por todo ello se propone lo siguiente:

Por lo expuesto me permito poner a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir el concepto de bienestar

Único. Se adicionan un tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafos al artículo 4o., recorriéndose los subsecuentes, y se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes, al inciso A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o....

...

Toda persona tiene derecho al bienestar, entendido como la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales en todo su ciclo de vida, y a ejercer a plenitud sus derechos a la educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda y medio ambiente sustentable.

Toda persona tiene derecho a participar y obtener beneficios de los programas de bienestar, de acuerdo con los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y de la política de bienestar, en los términos que establezca la ley y la normatividad de cada programa.

Las autoridades establecerán un conjunto integrado y coordinado de políticas, programas, acciones y metas necesarias para garantizar a todos los habitantes del país, el disfrute eficaz y pleno de los derechos que la presente Constitución otorga, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática y de la prestación de servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad.

Dicho conjunto de políticas atenderá, de manera prioritaria, a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.

Estas personas tienen derecho a ser consultadas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a través de mecanismos de consulta y participación que faciliten la toma de decisiones, desde un modelo no sustitutivo de su voluntad.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 26.

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que asegure el bienestar de la población, imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

El Estado asume como fines del proceso de desarrollo, el bienestar de la vida de los ciudadanos en los órdenes económico, social, ambiental y cultural, en términos de lo señalado en el artículo 4o.

...

...

...

B....

...

...

...

...

...

...

C....

...

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: consultado el 3 de febrero de 2020,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm

2 https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID= 2011316&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0#

Fuentes consultadas

1 http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_ statistical_update_es.pdf

2 https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/InformesPublicaciones/Paginas/ Publicaciones-sobre-Medicion-de-la-pobreza.aspx

3 https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2019/COMUNICA DO_10_MEDICION_POBREZA_2008_2018.pdf

4 Ibídem.

5 https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_Constituyente.pdf

9 A cien años de la primera Constitución social, en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4320/9.pdf

10 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

11 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RightToDevelopment.aspx

Dado en salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 5 de febrero de 2020.— Diputadas y diputados: Dulce María Sauri Riancho, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Anilú Ingram Vallines, Benito Medina Herrera, Brasil Alberto Acosta Peña, Carlos Pavón Campos, Claudia Pastor Badilla, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Eduardo Zarzosa Sánchez, Enrique Ochoa Reza, Ernesto Javier Nemer Álvarez, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Fernando Galindo Favela, Frinné Azuara Yarzabal, Héctor Yunes Landa, Higinio del Toro Pérez, Irma María Terán Villalobos, Isaías González Cuevas, Ismael Alfredo Hernández Deras, Juan Francisco Espinoza Eguia,Juan José Canul Pérez, Juan Ortiz Guarneros, Lenin Nelson Campos Córdova, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Manuel Limón Hernández, Marcela Guillermina Velasco González, Margarita Flores Sánchez, María del Carmen Cabrera Lagunas, María Ester Alonzo Morales, María Lucero Saldaña Pérez, María Sara Rocha Medina, Martha Hortencia Garay Cadena, Norma Adela Guel Saldívar, Pablo Guillermo Angulo Briseño, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Ricardo Aguilar Castillo, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Ximena Puente de la Mora (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Hildelisa González Morales, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Hildelisa González Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción III Bis al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente

La presente Iniciativa pretende apoyar y ayudar a una sana alimentación del menor y que se genere el vínculo madre, niñas y niños tan importante en sus primeros años de vida, está plenamente comprobado que al amamantar al menor se reduce la mortalidad infantil, los niños y las niñas que reciben leche materna durante sus seis primeros meses de vida tiene más posibilidades de sobrevivir, ya que obtiene nutrientes y anticuerpos especiales que refuerzan el sistema inmunológico mismos que sólo la leche materna proporciona de forma natural.

La leche materna protege al menor de infecciones respiratorias, gripe, asma y de enfermedades gastrointestinales y alergias, evita el estreñimiento ya que es de fácil digestión alimentar a un recién nacido ayuda a prevenir la obesidad infantil problema de salud delicado en el país.

La lactancia materna ayuda a los padres en la economía de la familia, ya que no se genera gasto para la alimentación del menor en sus primeros 6 meses de vida, así como ayuda a prevenir enfermedades en el menor.

En la madre está científicamente comprobado que ayuda a reducir el riesgo de cáncer de mama y ovario, reduce el riesgo de depresión posparto, así como el riesgo de anemia.

La lactancia materna ayudará a que se prevengan múltiples enfermedades en la etapa adulta de todos los menores alimentados de esta manera, y reduce el riesgo de muerte súbita en el menor.

Las salas de lactancia materna deben estar adecuadas y equipadas para que sean prácticas, cómodas y con la higiene requerida para evitar poner en riesgo la salud de las niñas y niños y que las madres amamanten de forma tranquila y sin tener la necesidad de meterse a lugares con nula higiene o tenerse que esconder para alimentar a los hijos.

En últimas fechas se han documentado casos de violencia hacia madres por estar amamantando a los hijos en museos, de muchas otras que no se han documentado, cuando deberían de ser algo natural y elemental para la madre e hijo, ya que le está brindando alimentación, salud y bienestar al hijo.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona la fracción III Bis al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Único. Se adiciona la fracción III Bis al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 50. ...

I. a III. ...

III Bis. En cada edificio público de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los órganos constitucionales autónomos de carácter federal los poderes ejecutivos, legislativos, judicial y órganos autónomos de carácter estatal, ayuntamiento y demarcación territoriales, museos, e instituciones públicas habrá al menos una sala de lactancia materna para que las madres puedan amamantar de manera adecuada y tranquila a sus menores y así aprovechar las ventajas de la lactancia materna.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.— Diputadas y diputados: Hildelisa González Morales, Alejandro Barroso Chávez, José Mario Osuna Medina, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, Martha Estela Romo Cuéllar, Martha Robles Ortiz, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita diputada Martha Tagle Martínez, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas, de conformidad con las siguientes:

Planteamiento del Problema

- 31 mayo 2019. “Hay que pensar antes de abrir las piernas y dejarse embarazar”; diputado local de Puebla Héctor Alonso Granados”.

- 16 agosto 2019. “A veces le digo a las muchachas, ¿para qué quieren al marrano si solo quieren un pedazo de chorizo o de longaniza?, porque hay mujeres tan cobardes y tan sucias que están solas: Carlos Peredo Grau, alcalde de Teziutlán, Puebla”.

- 3 septiembre 2019. “Todo bien en casita, hijas de su puta madre”: Joel Zamora Montes, funcionario del enlace del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, en el municipio de Huajuapan de León. Fueron las declaraciones respecto a una protesta de mujeres.

- 4 septiembre 2019. “(...), yo le digo de otra manera porque soy terracalenteño, hay que atender a la primera piruja, a la segunda piruja, a la tercera, a la cuarta y hasta la quinta”: José Manuel Mireles Valverde, subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Michoacán.

- 10 septiembre 2019. “(...) amenazó con llevarme 15 mil personas a tomar la delegación si no le daba una base, porque había conocido una nalguita nueva. Son palabras de él, no mías. Yo las llamo de otra cosa, a lo mejor más feo, pero esas no son palabras mías”, se escucha decir a José Manuel Mireles Valverde en una grabación.

- 4 octubre 2019. “(...) es más bocona que la chingada, -pidió que le hicieran llegar elementos para- “ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”, esto dijo el diputado federal Gerardo Fernández Noroña.

- 10 octubre 2019. “(...) es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul – en una participación desde tribuna refiriéndose a las diputadas presentes-”, José Casas González, diputado local del Congreso del estado de Morelos,  en uso de la tribuna.

-27 noviembre 2019. “(...) en este caso recordemos que bueno, primero es el sexo débil y bueno, hay que defenderlo como tiene que ser yo creo que la mayoría de los hombres de alguna manera podemos valernos por sí solos y la mujer siempre ha necesitado ese apoyo por parte del hombre”. Así respondió el diputado local de Tamaulipas, Rigoberto Ramos Ordóñez, en una entrevista en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Estas son solo algunas de las declaraciones que los medios de comunicación han captado y difundido, todas ellas tienen un común denominador, proceden de servidores públicos de diferentes ámbitos y niveles de gobierno, una evidente diatriba dirigida hacia sus congéneres que denota la severa fragmentación de la deontología en el servicio público utilizando lenguaje soez y conducta ajena a sus principios; a pesar de contar con un Sistema de responsabilidades en la Constitución (Título IV) que tiene su origen en el juicio de residencia español que hereda de la Constitución de Apatzingán, hasta las más recientes reformas constitucionales que fueron impulsadas por la sociedad civil; aprobadas en el 2015 y que son génesis del Sistema Nacional Anticorrupción, mediante decreto publicado el 18 de julio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Recordemos que dichos principios están implícitos en la fracción III del artículo 109 constitucional; en los artículos 7 y 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; en el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; aunado al código de ética en términos del artículo 37, fracción XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en caso de los servidores públicos del gobierno federal.

Por lo anterior, es menester poner en la picota pública que aquellas personas que están consideradas en términos del artículo 108 de la Constitución, ya sea que hayan sido elegidos por la ciudadanía, nombradas o designadas para ocupar cargos en algunos de los órganos del Estado, son los agentes que hacen posible preservar el interés público y de cumplir con los objetivos y funcionamiento de un Estado democrático, de ahí que en todo momento deben observar una conducta apegada a la ética pública. Fraga señala que, en el acto de nombramiento de un servidor público, convergen la voluntad del Estado que nombra y la del particular que acepta, en donde este último acepta someterse a un sistema normativo bajo ciertos principios que guíen su comportamiento y actuar en prevalencia del bienestar e interés público, siendo estos un antídoto para impedir que una determinada moral privada se imponga en el ejercicio del poder y las funciones que desempeñe.

Por ello, las declaraciones recalcitrantes de los servidores públicos mencionadas al comienzo tienen grandes implicaciones al ser un indicio de un múltiple y profundo deterioro al interior del servicio público empero sobre todo de la nula aplicación de los principios del mismo que rigen a los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, del personal que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, incluyendo a los servidores públicos de los organismos públicos autónomos; que atentan contra el Estado democrático en detrimento de la dignidad humana, ya que si bien contamos con un marco legal como es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, “el sistema de responsabilidades debe ser entendido no solamente como un catálogo de deberes burocráticos y de buenas intenciones, sino como la expresión deontológica del ejercicio del poder público y de la administración como su más importante manifestación interna,”  que debe concretar resultados, cuidando los procesos, el trato igualitario a las personas y a sus derechos que (más allá de su riqueza o género, por ejemplo) y acatando el marco normativo establecido.

Si bien estamos a favor de la implementación de un marco que regule la selección, ingreso, formación permanente, desempeño, estímulos y promoción que permitan desarrollar un conjunto de capacidades técnicas de aquellas personas que ingresan al servicio público, es ineludible mencionar que nos encontramos en un sistema en el que dicho por el doctor Mauricio Merino, el acceso a los puestos públicos está basado en las credenciales políticas de los aspirantes, en la lealtad a su equipo o amigo, y no en sus capacidades, habilidades o méritos profesionales; y en palabras del doctor David Arellano: la administración pública ha sido un instrumento de poder en manos del gobernante en turno, se trata de un sistema de botín donde los cargos públicos son prebendas a repartir a los leales al grupo en el poder.

De lo anterior la importancia de activar los principios y obligaciones de las personas servidoras públicas contenidas en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con el fin de que prevalezca el interés público de manera ostensible y permanente.

Es debido al creciente y encrudecido número de casos de violencia contra las mujeres y, en el contexto de las expresiones denigrantes provenientes de servidores públicos que violentan a las mujeres mediante el discurso, proferido no únicamente en el insulto que arremete y lastima como un arma; hay más bien violencia en la irresponsabilidad del discurso cuando este dice todo y nada, sobrenombra, generaliza y no permite pensar. Como acción, la violencia debe ser interrogada por los efectos específicos que produce en cada circunstancia determinada: doblega, explota, destruye, coacciona, degrada; hasta llegar a constituirse en una manera en la que la vida misma puede ser anulada o constituida. El ejercicio de la violencia puede llegar a aprovechar y reforzar la naturalización de condiciones degradantes que marcan y se inscriben en los cuerpos –la diferencia racial, el género, la edad, condiciones históricas, etcétera–; en este sentido, se apropia de la alteridad y la instrumentaliza (coarta los vínculos solidarios).

Así, el objetivo de la presente iniciativa es considerar falta grave la violencia contra las mujeres como una forma de abuso de funciones establecido (artículo 57) en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

La gravedad de las distintas manifestaciones de la violencia de género contra las mujeres, de acuerdo a su magnitud, alcance y consecuencias individuales y sociales, exige acciones urgentes para atender y proteger a las víctimas y garantizar que el Estado cuente con los instrumentos para sancionar a los agresores, en este caso quienes funjan como servidores públicos. De igual modo, es necesario diseñar e implementar estrategias preventivas en las instancias políticas, legislativas, judiciales y educacionales, cuyos efectos positivos se podrán visualizar a mediano y largo plazo.

Desde 1986, la violencia contra las mujeres dejó de ser un asunto privado (o doméstico), para convertirse –y ser ubicado– como un problema social y de prioridad en la agenda política de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Así, el organismo precisa que la violencia de género es “todo acto que resulta o puede resultar en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, incluyendo las amenazas de tales actos, la coerción o las privaciones arbitrarias de la libertad, que ocurren tanto en la vida pública como en la privada” (ONU 2003).

Ante ello, Kofi Annan, secretario general del organismo, ha señalado que “la violencia en contra de las mujeres quizá es la violación de derechos humanos más vergonzosa, y tal vez la más dominante. No tiene límites geográficos, culturales o de riqueza. Mientras continúe, no podemos decir que hayamos tenido un progreso real hacia la equidad, el desarrollo y la paz”.

La violencia de género, es decir aquella que se ejerce hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, ha sido históricamente tolerada –y en ocasiones justificada– porque se ejerce sobre personas del sexo femenino (niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores). En ocasiones, esta violencia es ejercida de manera consciente con el fin de perpetuar el poder y el control masculino, otras veces es inconsciente (socialmente aprendida), pero también refuerza la subordinación femenina (Ceameg, 2007).

Esta violencia se presenta en todos los ámbitos y es ejercida por diversos actores: la pareja, familiares, desconocidos, entre otros. Con matices propios, esto constituye un fenómeno extendido en América Latina, y se particulariza dependiendo las características de las mujeres con características y matices diferentes: estado civil, edad, etnia, orientación sexual, etcétera.

Es imprescindible analizar el tema de los derechos humanos y, sobre todo, el de la violencia de género contra las mujeres desde una perspectiva que ofrezca posibilidades de cambios culturales. Por ello, hay que tomar en consideración que estas temáticas se vinculan directamente con la distribución desigual del poder en las sociedades, por lo que se requieren profundas modificaciones en las relaciones entre hombres y mujeres. Asimismo, el cambio social que exige el respeto de los derechos de las mujeres debe situarlas en el centro de las transformaciones con sus diversas formas de pensar, sentir y actuar. Sus experiencias históricas y cotidianas se deben tomar en cuenta en la reformulación del contenido y significado de los derechos humanos, puesto que su definición y su práctica no deben separarse de la vida concreta de las personas.

Ante la ley, las mujeres gozan de igualdad de derechos, así como al respeto de su autonomía. Por ejemplo, lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Por su parte, en nuestro país, leyes como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres o la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Recordemos que luego de la reforma constitucional de 2011, las y los servidores públicos están obligados a guiar su actuar en el marco de respeto a los derechos humanos y a lo que mandaten los instrumentos internacionales en la materia, en ese sentido cobra relevancia el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, contemplado en la Convención Belem do Pará y en la Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

En consecuencia, toda persona que funja como servidora pública debiera garantizar el cumplimiento del andamiaje jurídico existente para garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de este derecho.

Si bien, la reformulación de las relaciones –desiguales– de género es un proceso radical donde cada vez hay un mayor consenso de los gobiernos, es urgente la revisión y evaluación de las acciones diseñadas para erradicar la asociación/identificación de las mujeres con posiciones de inferioridad o de subordinación, y en consecuencia aquellas encaminadas a atender las expresiones de violencia contra las mujeres.

Pese a la gravedad del fenómeno y al compromiso de los gobiernos, no se ha logrado garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Una de las principales razones es el propio sistema de justicia –enmarcado en un contexto de impunidad– que impera en países como México. La impunidad, entendida como “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas, es una realidad tan omnipresente como la corrupción” (IMCO, 2015).

En este sentido, es necesario señalar los casos de servidores públicos, quienes –en el amparo de su cargo– cometen violencia de género principalmente contra sus parejas y posteriormente en ejercicio de sus funciones exacerban su conducta hacia las mujeres

Dentro de las obligaciones de quienes son considerados como servidores públicos (artículo 108 constitucional) está el observar una conducta ejemplar debido a las responsabilidades que recaen en su persona. De ahí que el cometer violencia de género constituya una razón de peso, por ello se propone considerar como falta grave; con ello el servidor público deberá responder ante su actuación y los hechos que denoten la omisión de los principios deontológicos del servicio público y sobre todo por la evidente violación a los derechos humanos de las mujeres.

En tal virtud, a razón de los motivos expuestos se propone la siguiente modificación:

Fundamento Legal

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita diputada federal integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.

Será responsable de abuso de funciones el servidor público que en ejercicio de sus funciones ejerza violencia contra las mujeres.

Notas

1 Karen. “Hay que pensar antes de abrir las piernas y dejarse embarazar”, diputado de Morena. Plumas atómicas [en línea] 31 de mayo de 2019. Disponible en:

https://plumasatomicas.com/noticias/extraordinario/hay-que-pens ar-antes-de-abrir-las-piernas-y-dejarse-embarazar-diputado-de-morena/

2 López, Esteban de Jesús. Exhiben a alcalde de Teziutlán en Puebla por misógino; llama a mujeres cobardes y sucias. Central [en línea] 14 de agosto de 2019. Disponible en:

https://www.periodicocentral.mx/2019/politica/item/18612-exhibe n-a-alcalde-de-teziutlan-en-puebla-por-misogino-llama-a-mujeres-cobardes-y-suci as#ixzz61o3eqxYW

3 Indigo Staff. Funcionario en Oaxaca es cesado por misoginia. Indigo [en línea] 3 de septiembre de 2019. Disponible en línea:

https://www.reporteindigo.com/reporte/funcionario-en-oaxaca-es- cesado-por-misoginia/

4 García Tinoco, Manuel. Mireles llama ‘pirujas’ a concubinas. Excelsior [en línea] 4 de septiembre de 2019. Disponible en:

https://www.excelsior.com.mx/nacional/mireles-llama-pirujas-a-c oncubinas/1334476

5 Redacción. Mireles lo vuelve a hacer: llama ?nalguita’ a una mujer. El Heraldo de México [en línea]. Disponible en:

https://heraldodemexico.com.mx/estados/mireles-lo-vuelve-a-hace r-llama-nalguita-a-una-mujer/

6 Juárez, Diana. Las frases machistas de la 4T. La Silla Rota [en línea] 10 octubre de 2019. Disponible:

https://lasillarota.com/lacaderadeeva/las-frases-machistas-de-l a-4t-adriana-davila-4t-vivian-romeu-gendes/325368

7 Ruido en la red. En pleno siglo XXI el diputado local de Morelos @pepecasas_ les dice a las diputadas de Morelos que “es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul” @RuidoEnLaRed

https://twitter.com/ruidoenlared/status/1182687304302727168?s=1 2

8 Fierro, Ana Elena. “Responsabilidad de los Servidores públicos: del castigo a la confianza”. Fondo de Cultura Económica, 2017 Página 35.

9 Delgadillo, Gutiérrez, L.H., Sistema de Responsabilidades de los Servidores Públicos, México, Porrúa, 2005. p XIII.

10 Arellano Gault, David. Servicio Público en democracia: gestión de desconfianza institucionalizada. Administración Pública CIDE [en línea] 2015. Disponible en:

http://administracionpublica.cide.edu/servicio-publico-en-democ racia-gestion-de-desconfianza-institucionalizada/

11 Ibíd. Fierro, Ana Elena.

12 Martínez de la Escalera, Ana María. Alteridad y exclusiones. Vocabulario para el debate social y político. Erika Lindig Cisneros, Coordinadoras. UNAM, disponible en línea:

http://www.aef.unam.mx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.— Diputadas y diputados: Martha Angélica Tagle Martínez, Abelina López Rodríguez, Adriana Lozano Rodríguez, Ana Karina Rojo Pimentel, Ana Laura Bernal Camarena, Ana María Rodríguez Ruiz, Ana Priscila González García, Ariel Rodríguez Vázquez, Armando Javier Zertuche Zuani, Azael Santiago Chepi, Beatriz Dominga Pérez López, Bonifacio Aguilar Linda, Carlos Iván Ayala Bobadilla, Carmen Julia Prudencio González, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Claudia Tello Espinosa, Clementina Martha Dekker Gómez, Dulce María Corina Villegas Garneros, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Eleuterio Arrieta Sánchez, Erika Mariana Rosas Uribe, Esmeralda de los Angeles Moreno Medina, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Flora Tania Cruz Santos, Frinné Azuara Yárzabal, Graciela Zavaleta Sánchez, Higinio del Toro Pérez, Hildelisa González Morales, Irma María Terán Villalobos, Isaías González Cuevas, Jannet Téllez Infante, Javier Ariel Hidalgo Ponce, Jorge Eugenio Russo Salido, Juan Carlos Villarreal Salazar, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan José Canul Pérez, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Juan Martínez Flores, Julieta Kristal Vences Valencia, Julieta Macías Rábago, Julio Carranza Aréas, Leticia Díaz Aguilar, Lidia García Anaya, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, Lourdes Celenia Contreras González, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Lucinda Sandoval Soberanes, Margarita Flores Sánchez, Margarita García García, María del Carmen Cabrera Lagunas, María Libier González Anaya, María Lucero Saldaña Pérez, María Rosete, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Maribel Martínez Ruiz, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Mario Ismael Moreno Gil, Martha Angélica Zamudio Macías, Martha Estela Romo Cuéllar, Martha Robles Ortiz, Nancy Yadira Santiago Marcos, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Olegaria Carrazco Macías, Pilar Lozano Mac Donald, Raquel Bonilla Herrera, Rocío Barrera Badillo, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Ruth Salinas Reyes, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, Simey Olvera Bautista, Verónica Beatriz Juárez Piña, Ximena Puente de la Mora (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de sustitución de titulares de permisos de pesca, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, María del Carmen Cabrera Lagunas, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en mérito de lo expuesto y fundado, en el marco humano, social, presenta esta iniciativa, al tenor del siguiente

I. Planteamiento del problema

México es uno de los países con más kilómetros de costa en el mundo, los mares mexicanos representan 1.3 veces el territorio continental, con una importante actividad pesquera. La pesca en México es una de las actividades más importantes en términos de generación de empleos y desarrollo de comunidades costeras, pues más de 300 mil familias dependen directamente de la actividad pesquera, mientras que más de 2 millones de mexicanos lo hacen indirectamente. Asimismo, México es uno de los principales productores de pescados y mariscos en el mundo, con una producción anual de aproximadamente 1 millón 753 mil de toneladas, posicionándolo en el lugar número 17 global.

Si bien México es un país privilegiado por su ubicación geográfica y por la cantidad de kilómetros de costa con las que cuenta, así como por el gran número de ríos, lagos y lagunas, también es cierto que el organizar la explotación en materia pesquera de una forma responsable y sustentable, y al mismo tiempo, garantizarles los derechos sociales a las comunidades pesqueras ha sido un problema.

Se deben impulsar medidas y modificaciones a la legislación en materia de pesca, que incentiven una perspectiva enfocada en garantizar los derechos sociales, a efecto de generar igualdad de oportunidades y garantizar el derecho a tener una alimentación adecuada, así como promover el desarrollo socioeconómico de las comunidades pesqueras.

El estudio Impacto social de la pesca ribereña en México señala que la gran mayoría de los pescadores y sus familias no pueden acceder a un piso mínimo de derechos humanos derivados de su condición laboral y lugar de residencia. Por ende, numerosas comunidades costeras enfrentan carencias importantes en servicios básicos como educación, salud, agua potable, drenaje y electricidad, las cuales se intensifican en condiciones de aislamiento geográfico de algunas comunidades remotas.

Una de las problemáticas que enfrentan las comunidades de pescadores ribereños que abona a la falta y desigualdad de oportunidades, y por ende a la falta de desarrollo económico, es el burocratismo con el que se enfrentan los pequeños pescadores al momento de iniciar un trámite para tramitar un permiso o bien para renovarlo.

La Ley General de Pesca establece en el artículo 45 el plazo para dar respuesta a una solicitud de concesión y para un permiso para pesca, el cual a la letra señala:

Artículo 45. La secretaría resolverá las solicitudes de concesión o permiso dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente. Excepcionalmente, en el caso de concesiones, dicho plazo podrá ampliarse por otros sesenta días hábiles, cuando así se requiera por las características del proyecto, en los supuestos y términos que establezca el reglamento.

En caso de que se hubiere presentado la información o documentación incompleta, la Secretaría requerirá por escrito fundado y motivado, y por única vez, a los solicitantes, para que la integren en un plazo no mayor de 15 días hábiles, suspendiéndose el término que restare para concluir el procedimiento.

No obstante, las realidades de estos plazos en su mayoría se extienden más allá de la temporalidad que establece la ley, y quienes esperan tener un permiso a más tardar, en el plazo, más la prórroga, en algunos casos no obtiene nada.

Tal problemática tiene más efecto cuando concluye el periodo de veda, y los pescadores de las comunidades ribereñas no cuentan con los permisos para poder realizar la actividad pesquera, lo que en muchas veces afecta a su economía o en su caso los orillan a realizarla sin el permiso necesario.

Por lo anterior se requiere integrar en la ley la obligación de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, agilice la tramitación y resolución de las peticiones de un permiso o la renovación de éste, a efecto de que los pescadores estén en posibilidades de desempeñar sus labores en el marco de la Ley, o en su caso, complementar los documentos faltantes.

Con relación a lo mencionado, aproximadamente 300 mil familias dependen directamente de la actividad pesquera y en la mayoría de los casos, la pesca y la venta del pescado son los medios por los cuales se mantienen y cubren los gastos de alimentación, vestido y educación de los hijos. En estas circunstancias, cuando es época de veda, quienes encabezan a éstas familias, tienen que buscar otras opciones para hacer llegar recursos a sus familias y poder atender las necesidades básicas.

Es necesario integrar en la ley la obligación de la secretaria de mejorar los tiempos de respuesta y de resolución de solicitudes a afecto que los pescadores estén en condiciones de realizar su actividad dentro de la legalidad y en los plazos habilitados para llevarla a cabo.

Ahora bien, en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en sus artículos 50 y 51 se establece, en los casos de concesiones y permisos, que, para el caso del fallecimiento del titular de la concesión o del permiso, la Secretaría dará preferencia para la sustitución, a los designados por el derecho sucesorio aplicable al caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

No obstante, el derecho sucesorio se regula de manera local, bajo principios de carácter normativo de cada uno de los estados, por lo que se generan una serie de aristas que obstaculizan acceder a la sustitución de un permiso a través de la vía sucesoria. Entre esos problemas encontramos

a) Juicios sucesorios tardados (años). Existe la posibilidad de que se venza la concesión o el permiso.

b) La incorporación de concesiones y permisos a la masa hereditaria no está regulada de manera general, por lo que podría generar controversias.

c) Se tendría que hacer una distinción entre sucesión vía testamento o bien sucesión legitima (intestado).

d) En algunos casos, existiría multiplicidad de herederos y un albacea o administrador, y para la designación de la persona que sustituirá al titular se generaría una coyuntura.

Se propone que al momento de ingresar la solicitud de concesión o permiso, el propio solicitante pueda designar a la persona que lo sustituiría en caso de fallecimiento, facilitando así el trámite y haciendo a un lado el engorroso juicio de sucesión y garantizando la voluntad del titular de los derechos, para sustituirlo.

Aunado a lo anterior, se considera pertinente eliminar de los artículos 50 y 51 la parte conducente sobre el caso del fallecimiento del titular de la concesión o del permiso, y en donde la Secretaría dará preferencia para la sustitución, a los designados por el derecho sucesorio. Se propone adicionar una fracción a los artículos 48 y 52, para efectos de que se integre como requisito que el solicitante de una concesión o permiso tenga que designar a quien lo deberá sustituir en caso de fallecimiento por el lapso de tiempo que quede de los derechos por concesión o permiso, al momento de la presentación de su petición.

En lo particular, y respecto a los permisos para derechos de pesca, es necesario establecer el supuesto mediante el cual los titulares de los permisos puedan ser sustituidos, siempre que se cumplan las disposiciones de ley.

Por otra parte, se observa que las disposiciones correspondientes en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en materia de expedición de concesiones y permisos de pesca comercial tiene la obligación de acatar lo establecido en la Carta Nacional Pesquera y sus modificaciones, toda vez que conforme al artículo 32 de dicha Ley, establece que la presentación cartográfica y escrita que contiene el resumen de la información necesaria del diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, en aguas de jurisdicción federal, tendrá carácter informativo para los sectores productivos y será vinculante en la toma de decisiones de la autoridad pesquera en la adopción e implementación de instrumentos y medidas para el control del esfuerzo pesquero, en la resolución de solicitudes de concesiones y permisos para la realización de actividades pesqueras y acuícolas, y en la implementación y ejecución de acciones y medidas relacionadas con dichos actos administrativos.

Paralelamente, y para efectos de apoyar a las autoridades administrativas en materia de sustentabilidad y protección de los recursos pesqueros, el sector pesquero de altura, es decir, el que utiliza embarcaciones mayores a los 10.6 metros de eslora, ha aceptado y entrado al programa de monitoreo vía satelital coordinado y controlado por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para el control y seguimiento de las embarcaciones en sus actividades pesqueras, mismo que también sirve para brindarles seguridad y apoyo en caso de ser necesario, por parte de la misma autoridad; así mismo, han ido modificando sus artes de pesca con la finalidad de reducir la pesca incidental y en otros casos proteger la especies como las tortugas marinas que se capturan por accidente en las artes de pesca de embarcaciones mayores, instalando los dispositivos de excluidores de tortugas y peces (en el caso de embarcaciones que se dedican a la captura de camarón) incluso, han ido modernizando con tecnología técnico-científica, dichas artes de pesca en beneficio del hábitat donde realizan sus actividades pesqueras.

En la actualidad se ha visto permeada y afectada directamente la actividad pesquera, ya que el sector dedicado a dicha actividad no ha podido modernizar sus embarcaciones o bien adquirir nuevas embarcaciones en pro de la sustentabilidad de las especies, en primer término, porque el esfuerzo pesquero de cada pesquería se encuentra agotado al máximo de conformidad con la Carta Nacional Pesquera, por lo que el productor no puede acceder a un permiso de pesca comercial nuevo; así que la alternativa para adquirir un permiso de pesca comercial, es a través de la asignación de un permiso que se encuentre dentro del esfuerzo pesquero contemplado en la Carta Nacional Pesquera y eso solo es posible a través de la figura jurídica de “Sustitución de Titular de Permisos de pesca comercial”, misma que no se encuentra contemplada en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, pues, dicha figura sólo se dejó considerada para la concesiones de pesca comercial en el artículo 50. Asimismo, en el tercer párrafo del artículo 51, se prohibió la posibilidad de que los permisos de pesca comercial puedan ser trasferidos a terceros.

Es urgente apoyar en las gestiones y el acompañamiento a los productores de este país, cuando por algunas circunstancias de índole económica o comercial, deciden no continuar con la actividad pesquera y se encuentran en posibilidades de ceder su permiso de pesca comercial a los productores que sí cuentan con los recursos financieros, humanos y materiales para explotar los derechos de ese permiso que le cede su titular.

Lo anterior está sustentado en el artículo 8 de la Ley de Pesca anterior, la cual establecía que los titulares de concesiones o permisos podrían ser sustituidos previa autorización de la otrora Secretaria de Pesca, siempre y cuando cumplieran con los requisitos que establecía su reglamento, salvo los casos expresamente prohibidos en esta Ley, razón por la cual, desconocemos porque en el artículo 50 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables haya desaparecido dicha figura y además en el artículo 51 se encuentre prohibida.

Conforme a lo anterior, el Reglamento de la Ley de Pesca dispone en el artículo 29 que la secretaria podrá autorizar la sustitución del titular de los derechos de la concesión o permiso siempre y cuando

a) Haya transcurrido por lo menos un año del ejercicio de los derechos derivados del título correspondiente, salvo en el caso de muerte de su titular.

b) El sustituto cumpla los requisitos que señalan la Ley de Pesca y el reglamento. (Ser de nacionalidad mexicana o sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas fundamentalmente.)

c) Se transmitan al sustituto por cualquier título, los bienes destinados al cumplimiento del objeto de la concesión o permiso, o este cuente con los bienes necesarios para dicho fin.

En esas circunstancias, los legisladores que forman parte de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados tienen como compromiso brindar el apoyo necesario con la debida responsabilidad que esta conlleva para solucionar este problema en materia pesquera y contribuir con ello al impulso, planteamiento y aprobación de medidas legislativas, que sumadas a las acciones y políticas públicas del Poder Ejecutivo en colaboración con la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola y acompañadas de la participación y el respaldo de la diversas organizaciones que tienen el mismo problema se ejecuten las acciones necesarias a favor del sector pesquero y acuícola del país.

Por ello, el objetivo de la presente iniciativa es contribuir con las acciones que actualmente realiza el Poder Ejecutivo a fin de contribuir al inicio del ordenamiento pesquero, dado que esto no se ha realizado durante varias décadas.

II. Argumentos que sustentan la presente iniciativa

Como quedó manifiesto, la tardanza en la gestión de concesiones y permisos, la sustitución por fallecimiento y la prohibición de la sustitución de derechos de los permisos de pesca comercial en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, son problemas graves que se presenta en todo el país, y que afectan de manera directa a la actividad pesquera.

En Sinaloa, Sonora, Nayarit, Baja California, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, por ejemplo, se observan embarcaciones mayores sin actividad por diferentes circunstancias, la tardanza en la gestión de concesiones y permisos, la sustitución por fallecimiento de los titulares y la sustitución de los permisionarios de pesca comercial de diversos tipos de embarcaciones.

La finalidad de la modificación y adición de la normativa en materia pesquera de esta iniciativa es apoyar el ordenamiento pesquero del país, y facilitar sus gestiones a los productores pesqueros ante la autoridad competente para que la tramitación de concesiones y la sustitución de los derechos de concesiones y permisos por fallecimiento, así como para la sustitución del titular en los permisos de pesca comercial, no generen parálisis pesquera, como está hoy en día, en algunas regiones de México, por la falta de una regulación legal en estos aspectos.

Lo anterior permitirá que el sector pesquero sea productivo y aproveche de una forma sustentable nuestros recursos marinos y por ende, nutrir a los millones de mexicanas y mexicanos que viven en esta nación y principalmente a la niñez y adultos mayores, razón por lo cual el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha instruido y dado prioridad a los subalternos a mejorar la atención y calidad hacia los sectores productores primarios para mejorar los productos en calidad nutricional, así como de sanidad.

En los últimos años han ido de la mano, o en conjunto, el sector productivo primario y la gastronomía de México, la cual, ha tenido un gran éxito por sus contribuciones en los pescados y mariscos que se producen en los litorales de México, creando más opciones al turismo en esta materia, que es una parte importante de divisas que llegan de otros países al nuestro, razón por la cual, consideramos que es imperante que exista normatividad que permita la transición de los derechos de los permisos de pesca comercial, el cual, sería un cambio de impacto a nivel nacional que a su vez podrá ser parte de la transformación de la cuarta generación con nuevas oportunidades y no copados como está actualmente establecida en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Por lo anterior se proponen las siguientes modificaciones de la Ley General de Pesca:

La modificación y adición que se proponen en esta iniciativa no generan impacto económico en el presupuesto de la nación, por no necesitar recursos para su aprobación, publicación y ejecución.

III. Fundamento legal

Por lo expuesto, fundado y motivado, y con base en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quien suscribe somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de sustitución de titulares de permisos de pesca comercial

Único. Se reforman los artículos 45, 48 y 50 a 52 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 45. La secretaría resolverá las solicitudes de concesión o permiso dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente.

...

...

...

...

La secretaría buscará en todo momento, mejorar los tiempos para la gestión de los trámites y para la emisión de las resoluciones. Asimismo, garantizará y facilitará a los peticionarios, el acceso al seguimiento y estatus de sus solicitudes.

Artículo 48. Los solicitantes de concesiones deberán acreditar la legal disposición de los bienes y equipos necesarios para cumplir con el objeto de la solicitud. La solicitud de concesión deberá contener la información siguiente:

I. a VI. ...

VII. El nombre de la persona que lo sustituirá en caso de fallecimiento, por el tiempo restante de la vigencia de la concesión; y

VIII. ...

Artículo 50. Los titulares de las concesiones podrán ser sustituidos previa autorización expresa que otorgue la secretaría, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones que establezca el reglamento de la presente ley.

Artículo 51. Los permisos de pesca comercial tendrán una duración de dos hasta cinco años, de acuerdo a la pesquería de que se trate y lo que determine el reglamento de la presente ley.

...

Podrán ser prorrogados si la evaluación realizada por el Inapesca resulta positiva en cuanto al manejo de la pesquería, acorde con las condiciones que se establezcan en el reglamento de la presente ley.

Los titulares de los permisos de pesca comercial podrán ser sustituidos, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley y en su reglamento.

Artículo 52. Los solicitantes de permisos deberán acreditar la legal disposición de los bienes y equipos necesarios para cumplir con el objeto de la solicitud. La solicitud de permiso deberá contener la información siguiente:

I. a V. ...

VI. El nombre de la persona que lo sustituirá en caso de fallecimiento, por el tiempo restante de la vigencia del permiso; y

VII. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://mexico.edf.org/sites/mexico.edf.org/files/pesca_y_economia_del_oceano_2 015_0_0.pdf

2 https://mexico.edf.org/sites/mexico.edf.org/files/ImpactoSocialdelaPescaenMexic o.pdf

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro,a 5 de febrero de 2020.— Diputadas y diputados: María del Carmen Cabrera Lagunas, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Marco Antonio Carbajal Miranda, Marco Antonio González Reyes, Margarita García García, Martha Estela Romo Cuéllar, Martha Robles Ortiz, Olegaria Carrazco Macías, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Tatiana Clouthier Carrillo (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputadod Óscar Bautista Villegas, Arturo Escobar y Vega en representación de las diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y los diputados federales de la LXIV Legislatura, Francisco Elizondo Garrido; Nayeli Arlen Fernández Cruz; Alfredo Antonio Gordillo Moreno; Ana Patricia Peralta de la Peña, y Érika Mariana Rosas Uribe, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V y VI del artículo 84 Bis; el párrafo segundo del artículo 88; así como las fracciones VI y VII del artículo 96 Bis 2; se adiciona un artículo 83 Bis; la fracción VII del artículo 84 Bis, y la fracción VIII al artículo 96 Bis 2, todos de la Ley de Aguas Nacionales, al tenor de la siguiente

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la mitad de la humanidad vive en ciudades; en este sentido, para el año 2030 casi el 60 por ciento de la población mundial vivirán en zonas urbanas.

Por lo que hace a nuestro país, en los últimos 35 años se registró un importante aumento demográfico en las zonas metropolitanas del 13 por ciento en promedio; siendo el 2017 el año con más población urbana con un 79.86 por ciento.

Las mayores concentraciones se encuentran en las principales ciudades de nuestro país; la Ciudad de México como la más extensa con 229,088 hectáreas, en un rango mucho menor se ubican Monterrey, Puebla y Guadalajara, que van de 50,000 hasta 100,000 hectáreas. Consecuentemente, los resultados de densidad urbana en el año 2010, indicaron que en promedio se asciende a 47.6 habitantes por hectárea.

Al respecto, el instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal refiere que la rápida urbanización, sin planificación e insostenible, está determinando que las ciudades de los países en desarrollo sean el foco de problemas sociales, ambientales y económicos.

Dicho crecimiento desmedido va de la mano con la creación de barrios pobres, con personas en condiciones de vida insalubres, en zonas de riesgo, hacinadas, sin seguridad de tenencia de sus viviendas y de la tierra, así como con mayores disparidades, desigualdades y discriminación.

A ello se le suma la creciente tasa de eventos naturales que encuentran su origen en el cambio climático; en este sentido, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), refiere que el aumento del 0.7°C en los últimos 30 años, generó el incremento del 43 por ciento de frecuencia de huracanes con categoría 4 y 5, y por supuesto, con ello, el aumento de inundaciones.

Las inundaciones en México provocan graves consecuencias, datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres refieren que el 40 por ciento de las muertes provocadas por desastres naturales son por inundaciones; 22 millones de personas se encuentran expuestas a inundaciones con un impacto de alrededor de 230 millones de dólares en pérdidas.

Indudablemente, el crecimiento urbano en las áreas metropolitanas genera cambios considerables en la hidrografía, provocando inundaciones más frecuentes, en donde las principales ciudades afectadas son: la Zona Metropolitana del Valle de México con 2,750 puntos; más de 300 en Guadalajara y Monterrey; 256 en Guanajuato y 75 en Puebla.

Pero, ¿qué es lo que pasa durante las precipitaciones pluviales? De manera gráfica se muestra a continuación cómo, cuando llueve, en una superficie natural del suelo, más del 50 por ciento del agua se infiltra, con un escurrimiento de casi un 10 por ciento, evaporándose el resto, lo que abona a que parte de los mantos acuíferos se mantengan nutridos; caso contrario es la infiltración del agua en la superficie urbanizada, en donde sólo el 10 por ciento del agua pluvial logra infiltrarse y más del 70 por ciento se escurre, lo que se traduce en inundaciones:

Cuando llueve en condiciones naturales, más del 50% del agual se infiltra, escurre casi un 10% y el resto se evapora. Esto ayuda en parte a que los mantos acuíferos se mantengan nutridos y se pierda poca precipitación pluvial*.

Mientras que en las áreas urbanizadas sólo el 10% se infiltra, más del 70% escurre y el resto se evapora; estos escurrimientos pueden ocasionar que aumenten los puntos de riesgo de inundación en la ciudad generando grandes pérdidas materiales en desarrollos habitacionales*.

* Porcentaje determinado con base al estudio de Coeficientes de Escorrentía en áreas forestales en comparación a las urbanizadas. Ontario, Canadá.

De lo anterior se concluye que, problemas de diseño, la falta de infraestructura o que ésta sea insuficiente, provocan un aumento en los volúmenes de escurrimiento; así como el tiempo de concentración del agua, poniendo en riesgo a las personas y sus bienes.

Para atenderlo y en medida de lo posible, erradicarlo, a nivel internacional se han adoptado compromisos que buscan ordenar la urbanización desde un enfoque sostenible.

En revisión del Objetivo 11 sobre Ciudades y Comunidades Sostenibles en el Foro Político de Alto Nivel en Nueva York, se buscó alentar a las autoridades y socios locales, regionales y nacionales a organizar actividades que destaquen cómo implementar los compromisos de la Nueva Agenda Urbana y hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

En este sentido, la ONU Habitat manifestó que: si no hacemos una inversión significativa para hacer las ciudades más resilientes, para 2030, los desastres naturales pueden costar a las ciudades tres veces esa cantidad, y empujar a millones de residentes urbanos a la pobreza.

Señaló además que, con la prevención adecuada, las ciudades pueden absorber el impacto de los peligros, proteger y preservar la vida humana, limitar el daño a los activos públicos y privados y mantener la infraestructura y los servicios después de una crisis.

Concluyendo que existe una necesidad apremiante de contar con herramientas y enfoques innovadores que fortalezcan a las administraciones locales y empoderen a los ciudadanos, a la vez que desarrollen su capacidad para enfrentar nuevos desafíos y protejan mejor los recursos humanos, económicos y naturales.

Nuestro país no es omiso, la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal señaló que el cúmulo de problemas que presentan las ciudades actualmente puede mitigarse con una planeación y organización que genere mejores condiciones vida para sus habitantes.

Para lograr que las ciudades y sus asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sustentable, es necesario que los gobiernos de sus municipios se comprometan y adopten modelos de urbanización sostenible.

Recomendando a los gobiernos municipales la ejecución de alguna de las siguientes acciones:

• Ordenar el desarrollo de sus territorios a partir de una correcta planeación urbana, basada en la correcta gestión del uso del suelo y la gestión integral del riesgo, a partir de la prestación estratégica de los servicios públicos básicos y la utilización del impuesto predial como instrumento de planeación territorial.

• Gestionar, ante los gobiernos estatal y federal, estrategias que permitan el acceso a viviendas adecuadas, con servicios básicos seguros, asequibles y de calidad a un número cada vez mayor de sus habitantes,

• Formar parte de intermunicipalidades que permitan gestionar de manera coordinada con otros municipios los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional.

• Abrir cauces a la participación ciudadana.

• Proteger y mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de su población.

• Garantizar la igualdad y la equidad, combatiendo la discriminación en todas sus formas, así como empoderar a los individuos y las comunidades, bajo un enfoque de derechos humanos.

• Es suma, los gobiernos de los municipios deben coordinarse con todos los actores públicos, sociales y privados, para lograr un futuro sostenible, en el que se garantice que todas las personas gocen de igualdad de derechos, de acceso a los servicios públicos básicos, de seguridad y bienestar.

• Ante los grandes retos que enfrentan los gobiernos municipales del país, es necesario fortalecer sus capacidades institucionales. Sólo si tenemos municipios fuertes podremos tener una nación sólida, fuerte, con un futuro mejor.

Atendiendo a lo anterior, el Partido Verde busca hacer una propuesta que fije desde la Ley de Agua Nacionales, la obligación de la Comisión del Agua para establecer  criterios de balance hídrico que deban cumplir los sistemas y obras para el control de avenidas en el desarrollo de nuevas construcciones urbanas, o en su caso, en la remodelación y mantenimiento de las existentes, con la finalidad de prevenir inundaciones, mejorar el aprovechamiento de las tierras y la protección a los centros de población, centros industriales y, principalmente, la vida de las personas y sus bienes.

Asimismo, el fomento a la ejecución de procedimientos y la implementación tecnologías orientadas a la captación, recuperación y uso eficiente de las aguas pluviales como medida de mitigación de la creciente demanda de agua para uso doméstico en las zonas urbanas; y cuyo objetivo es maximizar el desarrollo de áreas, regular la escorrentía y caudales pico; pero, sobre todo, evitar inundaciones y con ello, pérdida de vidas humanas y afectaciones a los bienes e infraestructura existentes.

Cabe señalar que dicha propuesta cuenta con antecedentes internacionales que muestran la efectividad de la aplicación de alternativas como la que se propone en la presente iniciativa; algunos ejemplos se muestran en la siguiente imagen de elaboración propia:

Por lo que hace a nuestro país, Jalisco logró incluir dentro de su Ley del Agua para el Estado y sus Municipios, la necesidad de que toda ocupación que genere superficies impermeables, deba poseer un dispositivo de control de escurrimiento del agua de origen pluvial; entendiéndose por éste, las estructuras utilizadas para mitigar los efectos del incremento en los gastos máximos pluviales causados por el desarrollo urbano; al respecto, el plan común de diseño y operación de un estanque de detención implica que el gasto máximo posterior al desarrollador urbano se reduzca al mínimo, logrando que las condiciones naturales y el crecimiento urbano tengan un impacto cero al medio ambiente en cuanto a la lluvia.

De ello se evidencia que existen avances importantes que marcan la brecha para que la legislación nacional establezca directrices claras en materia de prevención de desastres y con ello, un ordenamiento sustentable de la infraestructura urbana en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados que suscriben, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales

Único. Se reforman las fracciones V y VI del artículo 84 BIS; el párrafo segundo del artículo 88; así como las fracciones VI y VII del artículo 96 BIS 2; se adiciona un artículo 83 BIS; la fracción VII del artículo 84 BIS, y la fracción VIII al artículo 96 BIS 2, todos de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 83 Bis.“ La Comisión” , en coordinación con los Organismos de Cuenca y los gobiernos municipales, deberá establecer criterios de balance hídrico que deban cumplir los sistemas y obras para el control de avenidas en el desarrollo de nuevas construcciones urbanas, o en su caso, en la remodelación y mantenimiento de las existentes, con la finalidad de prevenir inundaciones, mejorar el aprovechamiento de las tierras y la protección a los centros de población, centros industriales y, principalmente, la vida de las personas y sus bienes.

Las ampliaciones o renovaciones de los sistemas municipales de drenaje y alcantarillado incluirán dispositivos o medios para:

I. La regulación, detención y retención de los caudales; así como la prevención de sobrepaso de los caudales máximos permitidos aguas abajo en la red; permitiendo la conservación de los sistemas municipales y la prevención de encharcamientos, inundaciones o corrientes superficiales peligrosas en las zonas urbanas, y

II. La preservación de la calidad del agua, evitando la contaminación de aquella que sea captada por sedimentos arrastrados, ya que ésta podría llegar a mayores cuerpos de agua.

Artículo 84 Bis.  [...]

I. a IV. [...]

V. Fomentar el uso racional y conservación del agua como tema de seguridad nacional, y alentar el empleo de procedimientos y tecnologías orientadas al uso eficiente y conservación del agua ;

VI. Fomentar el interés de la sociedad en sus distintas organizaciones ciudadanas o no gubernamentales, colegios de profesionales, órganos académicos y organizaciones de usuarios, para participar en la toma de decisiones, asunción de compromisos y responsabilidades en la ejecución, financiamiento, seguimiento y evaluación de actividades diversas en la gestión de los recursos hídricos , y

VII. Fomentar la ejecución de procedimientos y la implementación tecnologías orientadas a la captación, recuperación y uso eficiente de las aguas pluviales como medida de mitigación de la creciente demanda de agua para uso doméstico en las zonas urbanas.

Artículo 88.[...]

El control de las descargas de aguas pluviales a los sistemas de drenaje o alcantarillado de los centros de población corresponde a los municipios, con el concurso de los estados cuando así fuere necesario , así como establecer los criterios y ordenamientos municipales que garanticen la vida y la integridad física de las personas y los bienes públicos, de conformidad con el artículo 83 Bis de la presente Ley y demás leyes aplicables.

Artículo 96 Bis 2.[...]

I. a V. [...]

VI. Sean necesarias para la ejecución de planes o programas nacionales distintos de los hídricos, pero que guarden relación con éstos, cuando la responsabilidad de las obras corresponda al Ejecutivo Federal, conforme a solicitud del estado o del Distrito Federal en cuyo territorio se ubique ;

VII. Sean necesarias para el cumplimiento de esta Ley y sus reglamentos , y

VIII. Sean necesarias para evitar inundaciones en zonas urbanas propensas a inundaciones por escurrimientos de aguas pluviales correspondientes a lluvias torrenciales que provoquen, sin esta infraestructura, la saturación de los sistemas de drenaje y alcantarillado.

Primero. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. - La Comisión Nacional del Agua tendrá un periodo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para modificar o, en su caso, emitir los reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas, que den cumplimiento al artículo 83 BIS, de conformidad con el artículo 100 de la Ley de Aguas Nacionales.

En este sentido, dicha Comisión Nacional, en el ámbito de su competencia, expedirá los requisitos y criterios que deberán cumplir los sistemas de drenaje pluvial de los centros de población mediante las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes para proporcionar a las autoridades locales el marco normativo técnico que puedan usar como referencia para la preservación de la calidad de agua pluvial que se colecta y conduce en los sistemas de drenaje pluvial.

Notas

1 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. Crecimiento urbano y sostenibilidad: retos y desafíos para los #MunicipiosdeMéxico. Disponible en:

https://www.gob.mx/inafed/articulos/crecimiento-urbano-y-sosten ibilidad-retos-y-desafios-para-los-municipiosdemexico

2 Grupo Banco Mundial. Población Urbana (% del total) (2019). Disponible en:

https://datos.bancomundial.org/

3 ONU Habitat. Superficie de la Ciudad de México crece a ritmo tres veces superior al de su población (2018). Disponible en:

https://onuhabitat.org.mx

4 Semarnat. Atmósfera. Disponible en:

https://apps1.semarnat.gob.mx

5 Cenapred. Atlas Nacional de Riesgos. Monitoreo y avisos de fenómenos naturales. Disponible en:

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/

6 ONU Habitat. Mensaje celebración Octubre Urbano 2018. Disponible en:

https://onuhabitat.org.mx/index.php/mensaje-celebracion-octubre -urbano-2018

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.— Diputados y diputadas: Óscar Bautista Villegas, Arturo Escobar y Vega, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El 9 de junio de 2010, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la Tesis 2a./J.85/2010 que redujo el tope de las pensiones del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (IVCM) otorgadas al amparo de la Ley del Seguro Social de 1973 (LSS 73) de 25 a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (SMGVDF).

Esta tesis resuelve una contradicción presentada en los Tribunales Colegiados Décimo Tercero y Duodécimo, ambos en materia de Trabajo del Primer Circuito.

Su contenido es el siguiente:

Seguro social. El salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, base para cuantificar las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, tiene como límite superior el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el distrito federal, acorde con el segundo párrafo del artículo 33 de la ley relativa, vigente hasta el 30 de junio de 1997. De los artículos 136, 142, 147 y 167 de la referida Ley, deriva que el salario diario que sirve de base para determinar la cuantía básica de las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, es el que corresponde al promedio de las últimas 250 semanas de cotización. Por otra parte, el numeral 33 de la misma legislación establece como límite superior al salario base de cotización el equivalente a 25 veces el salario mínimo general vigente que rija en el Distrito Federal, excepto para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, que tendrán como límite superior el correspondiente a 10 veces el referido salario; en el entendido de que aquel límite rige para los seguros de enfermedad general y maternidad. Así, cada rama de aseguramiento tiene autonomía financiera y los recursos no pueden sufragar ramas distintas, de manera que los generados para los seguros de enfermedad general y maternidad serán encauzados para ampliar su cobertura, aumentar la eficacia de los servicios médicos y continuar con la reposición y modernización del equipo, mientras que los de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte serán canalizados para financiar el otorgamiento de las pensiones respectivas, de ahí que el límite previsto a este último debe aplicarse al salario promedio de las 250 semanas de cotización, que sirve de base para cuantificar las pensiones correspondientes.

Contradicción de tesis 143/2010.- Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Tercer y Décimo Segundo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito.- 26 de mayo de 2010.- Cinco votos.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández.- Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.

Tesis de Jurisprudencia 2a./J.85/2010, aprobada por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del nueve de junio del dos mil diez.

Una resolución similar se generó en febrero de 2016, la Tesis: 2a./J. 8/2016. Diversos trabajadores continuaron demandando al Seguro Social pensiones mayores que el tope; como las juntas de conciliación y arbitraje se allanaban a la tesis de 2010, y los Tribunales Colegiados que recibían las demandas de amparo obraban en el mismo sentido, la Corte decidió reiterar la tesis anterior.

Pensión por cesantía en edad avanzada. Al resolver la Junta sobre el ajuste en la cuantificación de su pago, debe atender el límite superior previsto en el párrafo segundo del artículo 33 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997, sin que represente obstáculo alguno que el demandado no se hubiere excepcionado en ese sentido.

El precepto referido establece que los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, y en su párrafo segundo, en relación con el seguro de cesantía en edad avanzada, entre otros, el legislador facilitó un esquema tasado en salarios mínimos y fijó el límite superior equivalente a 10 veces el general vigente en el Distrito Federal. Ahora bien, la circunstancia de que el Instituto Mexicano del Seguro Social no se excepcionara en esos términos, no releva a la autoridad laboral de respetar dicho límite superior, pues basta con que al oponer sus excepciones y defensas, aquél se ajuste a lo dispuesto en el artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, de manera que si al contestar la demanda controvierte precisamente las fechas o cantidades materia del ajuste pretendido por el actor, respalda sus argumentos con ciertas operaciones aritméticas y acompaña las pruebas que a su juicio son aptas para desvirtuar el reclamo, tal proceder es aceptable y justifica la postura defensiva que le asiste en la relación jurídico procesal y, por ende, con esos elementos, en armonía con el restante caudal probatorio, la autoridad laboral está en condiciones de resolver el contradictorio, con apego al artículo 842 de la citada ley. Además, el tema de fondo está vinculado a un derecho de seguridad social, por lo que no puede variarse la manera en que han de cubrirse las prestaciones descritas en la Ley del Seguro Social, pues su artículo 33 es expreso en cuanto al límite superior, lo que indica que se trata de una disposición de orden público y de observancia obligatoria.

Contradicción de tesis 285/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Tercero del Primer Circuito y Tercero del Cuarto Circuito, ambos en Materia de Trabajo. 6 de enero de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron contra las consideraciones relacionadas con el aspecto financiero del Instituto Mexicano del Seguro Social Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.

Tesis y criterio contendientes:

Tesis I.13o.T.56 L (10a.), de título y subtítulo: “Pensión por cesantía en edad avanzada. si el actor demanda su correcta cuantificación y el Instituto Mexicano del Seguro Social considera que aquélla, aun cuando ya fue otorgada y pagada, rebasa el límite superior equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, debe excepcionarse conforme al segundo párrafo del artículo 33 de la derogada ley.”, aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Tomo 3, mayo de 2013, página 2022, y

El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver los amparos directos 12/2015 y 237/2015.

Tesis de jurisprudencia 8/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinte de enero de dos mil dieciséis.

En 2016, la Dirección General del Seguro Social se pronunció por no aplicar el criterio de la Corte y siguió pagando las pensiones de la Ley 73 sobre la base de un tope de cotizaciones de 25 veces el SMGVDF (Comunicado 063/2016).

Con la resolución del viernes 24 de enero de 2020, quedó claro que la posición de la Dirección del IMSS ha cambiado, pues decidió volver a litigar contra los pensionados que solicitaron la aplicación del tope máximo de pensión de hasta 25 salarios mínimos.

Régimen transitorio del sistema de pensiones entre las Leyes del Seguro Social derogada de 1973 y vigente. El límite superior que se debe aplicar al salario promedio de las 250 semanas de cotización que sirve de base para cuantificar las pensiones de los asegurados del régimen transitorio, que optaron por el esquema pensionario de la derogada ley de 1973.

Para cuantificar el monto de la pensión de vejez tratándose de asegurados que se ubican en el régimen transitorio y que se acogieron al esquema de pensiones de la derogada Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, resultan aplicables el tope máximo de diez veces el salario mínimo previsto en el artículo 33, segundo párrafo, del citado cuerpo normativo, así como la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 85/2010, de rubro: “Seguro social. El salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, base para cuantificar las pensiones por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada, tiene como límite superior el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde con el segundo párrafo del artículo 33 de la ley relativa, vigente hasta el 30 de junio de 1997.”, pues al acogerse a los beneficios para la concesión de la pensión de vejez previstos en la ley derogada, deben regirse por las disposiciones de esa normativa.

Segunda sala

Precedentes:

Contradicción de tesis 327/2019. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito y los Tribunales Colegiados Segundo del Tercer Circuito y Décimo Sexto del Primer Circuito, ambos en Materia de Trabajo. 23 de octubre de 2019. Cuatro votos de los Ministros A.P.D., J.F.F.G.S., Y.E.M. y J.L.P.. Ponente: A.P.D.. Secretaria: N.M.T.C..

Criterios contendientes:

El sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo 671/2017, el sustentado por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 46/2019, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 803/2018.

Tesis de jurisprudencia 164/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de noviembre de dos mil diecinueve.

Queda claro que la decisión del IMSS al litigar este asunto fue ahorrar al gobierno la liquidación de pensiones en curso de pago. La reducción es inequitativa para las pensiones pues éstos tenían como límite para cotizar el criterio de la Ley 97 pero para recibir beneficios, el criterio de la Ley 73, lo que es claramente inequitativo: aportaron hasta 25 salarios mínimo, pero sólo pueden recibir beneficios por un máximo de 10 minisalarios.

Aunque la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social mantuvo el tope de las pensiones en 25 veces el salario mínimo, el riesgo que se preveía en 2010 se vuelve a presentar en los tribunales.

Para el martes 3 de febrero de 2020, la posición del gobierno federal y de la Dirección General de Instituto volvió a girar: se anunció en la conferencia mañanera que el Instituto seguiría pagando las pensiones del régimen de transición conforme al tope máximo de los 25 salarios mínimos (aunque en realidad, desde 2016, también sin un cambio legal paga en unidades de medida y actualización, UMAs).

Siendo esta definición acertada, pareciera que los asegurados que pueden acogerse al régimen anterior, deben estar a lo que decida la administración del IMSS y el gobierno federal. Lo correcto debiera ser que el Poder Legislativo elimine la incertidumbre o el capricho del gobierno y determine con claridad el método para la determinación de las cuantías de las pensiones que se otorguen al amparo de la Ley 73.

Argumentación

La LSS 73 establecía en su artículo 33 que el tope para la cotización de los trabajadores era de 25 veces el SMGVDF para el seguro de enfermedades y maternidad y para el seguro de IVCM, de 10 veces dicha remuneración. La misma ley en el artículo 167 determinaba que para calcular la cuantía de las pensiones de este último seguro se tomaba como parámetro el salario promedio de las últimas 250 semanas.

La decisión de la Corte radica en determinar que, si el límite aplicable para la cotización del seguro de IVCM es de 10 veces el SMGVDF, dicho tope salarial también debe ser el aplicable para el cálculo de las pensiones otorgadas bajo el régimen de 1973.

Sin embargo, la tesis es incorrecta, afecta derechos adquiridos de los trabajadores y es inequitativa con los asegurados al momento de solicitar su pensión. La Ley del Seguro Social vigente desde el 1 de julio de 1997 (LSS 97), estableció en el artículo 28 como tope para todoslos seguros 25 veces el SMGVDF. La propia exposición de motivos de la iniciativa que creo la nueva Ley del Seguro Social, en su momento, no deja dudas. Dice:

Con el fin de simplificar el cálculo de las aportaciones a la seguridad social se establece en la iniciativa la homologación del tope máximo de todos los seguros (subrayado propio) a 25 veces el salario mínimo del salario base de cotización en el Distrito Federal. Tal medida afecta solamente al seguro de Invalidez y Vida y a los ramos de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, lo cual no significa una carga adicional relevante en virtud de la disminución de las aportaciones que se proponen en la iniciativa, además de que hace posible la configuración de montos mayores a depositar en las cuentas individuales.

De acuerdo a su artículo Vigésimo Quinto Transitorio, el artículo 28 está vigente desde 2007 puesto que a la entrada en vigor de la LSS 97 el tope de cotización se estableció en 15 veces el SMGVDF, tope que aumento un salario mínimo cada año.

Esto significa que el tope de 10 salarios mínimos para el seguro de IVCM de la Ley 73 no es vigente; los trabajadores que han cotizado para sus pensiones por arriba de ese tope desde 1997.

Si el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) decidiera seguir este criterio, los trabajadores que hayan cotizado las últimas 250 semanas por arriba de 10 minisalarios verían reducido el monto de su pensión hasta en un 60 por ciento. Se estima que 9.1 millón de cotizantes serían los afectados por esta decisión.

No obstante, quien obtendría “beneficios” por esta medida sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), porque el gobierno federal es quien paga las pensiones en curso de pago derivadas de la Ley 73.

En caso de que los trabajadores y/o los patrones afectados decidieran demandar que se les devuelvan las cotizaciones devengadas por arriba de 10 salarios mínimos, quien tendría una merma en sus finanzas sería el IMSS. Se inhibiría la formalización del trabajo con mayores remuneraciones, quebrando las facultades recaudatorias del Instituto. No existe seguridad social que persista mientras su fuente de ingresos es incierta.

Con las jurisprudencias, la Corte afecta a pensionados con ingresos medios y altos, a costa de sembrar un riesgo de desfinanciamiento del IMSS y con el único beneficio de ahorrarle dinero a la SHCP.

Por esa razón, los diputados Francisco Hernández Juárez y Avelino Méndez, del GPPRD, presentaron el 4 de agosto de 2010, ante la Comisión Permanente, iniciativa que adiciona el artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley del Seguro Social para hacer explícito que para el cálculo de las pensiones del seguro de IVCM de la Ley 73 debe tomarse como tope el que está vigente al momento de acceder a la pensión (25 veces el SMGDF, desde 2007).

Esta iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados, devuelta por el Senado y a su vez devuelta por la Cámara de Diputados. Quedó pendiente de dictamen desde el 6 de septiembre de 2011.

Mediante acuerdo de la Mesa Directiva del Senado, dicha minuta fue desechada en bloque con otras el 14 de diciembre de 2015.

Con la resolución de la Corte, se hace imperante que el Congreso llene esta laguna legal, restablezca la equidad entre aportaciones y beneficios para los asegurados al momento de pensionarse y no sacrifique los derechos adquiridos de los trabajadores que cotizan al Seguro Social.

La propuesta que ahora sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea consiste en establecer con claridad en el artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley del Seguro Social vigente que en el caso de los pensionados por el seguro de IVCM de la Ley 73, el salario diario que se tome para determinar la cuantía de la pensión sea el salario de cotización promedio de las últimas 250 semanas.

Con una reforma legal en el sentido anterior, este Poder Legislativo contribuiría a evitar la incertidumbre que se podría crear con una decisión del Consejo Técnico del IMSS de asumir el criterio de la SCJN; los riesgos que tendría que sumar al Instituto que, al cierre de 2018 enfrentaba 210 mil 200 asuntos litigiosos, así como la merma en los ingresos de los pensionados.

No es castigando a los pensionados como se va a resolver el gobierno su incapacidad recaudatoria; no es sacrificando derechos adquiridos como el gobierno va a extraer los recursos que necesita para cumplir promesas de una campaña que parece no tener fin; los trabajadores no tienen por qué empeñar su futuro y seguir condenados a una vejez de abandono y miseria. Aspirar a pensiones remunerativas no es un lujo, es la garantía de un futuro más justo y digno.

Fundamento jurídico

Quienes suscriben, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable pleno la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995

Único. Se adiciona un párrafo al artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 1995, para quedar como sigue:

Vigésimo Quinto Transitorio. ...

...

Los límites señalados en el párrafo anterior serán aplicables igualmente en la determinación del salario diario, calculado conforme a la ley que se deroga, para calcular las cuantías de las pensiones de los seguros y ramos arriba referidos, de aquellos asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley, así como sus beneficiarios, que, al cumplirse los supuestos legales o el siniestro respectivo para el disfrute de cualquiera de las pensiones, opten por acogerse a los beneficios de la ley que se deroga.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Disponible en

http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201604/063. Consultado el 3 de febrero de 2020.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de febrero de 2020.— Diputados y diputadas: Raymundo García Gutiérrez, José Guadalupe Aguilera Rojas, Frida Alejandra Esparza Márquez, Verónica Beatriz Juárez Piña, Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de crear el Fondo de Aportaciones para la Promoción e Infraestructura en Destinos Turísticos en Desarrollo y Pueblos Mágicos, suscrita por el diputado Luis Javier Alegre Salazar e integrantes de diversos grupos parlamentarios

Suscrita por los diputados Luis Javier Alegre Salazar, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, Carmen Patricia Palma Olvera, Abelina López Rodríguez, Guadalupe Ramos Sotelo, Esteban Barajas Barajas, María del Carmen Bautista Peláez, Rosa María Bayardo Cabrera, Raquel Bonilla Herrera, Marco Antonio Carbajal Miranda, Julieta García Zepeda, Mirna Zabeida Maldonado Tapia, Sergio Pérez Hernández, Carmina Yadira Regalado Mardueño, Martha Robles Ortiz, María Marivel Solís Barrera, Dulce María Corina Villegas Guarneros del Grupo Parlamentario de Morena; Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Martha Angélica Zamudio Macías del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Clementina Martha Dekker Gómez, Francisco Favela Peñuñuri del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Olga Patricia Sosa Ruiz, Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; Sergio Fernando Ascencio Barba, Dulce Alejandra García Morlan, Jacquelina Martínez Juárez, José Ramón Cambero Pérez, Adolfo Torres Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Margarita Flores Sánchez, Laura Barrera Fortoul, Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Lilia Villafuerte Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa bajo la siguiente: Turnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El turismo es una actividad fundamental para el desarrollo, ya que capta divisas, genera empleos y estimula el desarrollo regional. Este último, con todo y el potencial que tenemos no solo se ha descuidado sino también abandonado. El turismo de nuestras regiones debe ser justo, equilibrado y garante de oportunidades y mejores condiciones de vida para todos, sobre todo, los que menos tienen y más lo necesitan, que son la mayoría.

El turismo, con 22 mil 270 hoteles, que suman poco más 835 mil cuartos es un sector, lagunas, represas y ríos, vastas regiones de bellezas naturales exuberantes, estratégico de nuestra nación, como lo es en la mayoría de los países en el mundo. México con sus más de 1 millón 973 mil kilómetros cuadrados de extensión territorial, una zona económica exclusiva de casi 3 millones 140 mil kilómetros cuadrados, con 11 mil 592 kilómetros de litorales, 12 mil 500 kilómetros cuadrados de superficie de lagunas costeras y esteros, 6 mil 500 kilómetros de aguas interiores como lagos selvas tropicales, desiertos, montañas, arquitectura prehispánica, colonial, moderna, su historia y cultura como un todo que permite entender lo que somos, lo que no podemos ser y lo que sí debemos ser.

Todo esto es el turismo mexicano, su alta transversalidad hace ver y concebir una actividad noble, con una enorme potencialidad, todavía por explorarse y aprovecharse y una oportunidad de inclusión a los marginados de siempre.

Esto de ninguna manera quiere decir que concibamos un turismo doméstico, cerrado, incluso chovinista, que no nos permita ver la potencialidad y competitividad que vive actualmente el mercado turístico internacional.

Precisamente este reconocimiento de la potencialidad y transversalidad de nuestro turismo, es una oportunidad para atraer más turismo internacional y nacional, que gaste más y que lo diversifiquemos.

Para ser competitivos –dijo el secretario de Turismo, Miguel Torruco– tenemos que renovarnos constantemente como destino, y ajustarnos a lo que el mercado necesita, sólo así, México será un destino especial, diferente, que lo posicione por arriba de sus competidores en las preferencias de los más de mil 400 millones de turistas que viajan por el mundo. En la férrea lucha por el mercado turístico, se hace indispensable una mejora continua en los productos y servicios que ofrecemos para lograr experiencias memorables y satisfactorias en el viajero, y el rigor, análisis, disciplina y sistematización de la investigación científica, se presenta también como un gran aliado, que nos ayudará a crecer”

Estar a tono con lo que hoy demanda el turismo en el mundo no es tarea sencilla. Competir requiere no solo de recursos, requiere también de imaginación, de cambios de actitud, de romper atavismos e inercias para convertirnos en un sector dinámico, proactivo y propositivo.

Esta iniciativa se inscribe en esa dirección. El turismo es un asunto de Estado y el legislativo no puede ni debe estar al margen de la gran cruzada turística de la Cuarta Trasformación que encabeza el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

México ha transitado por diferentes etapas en el desarrollo turístico. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), sin duda ha sido una institución impulsora de este sector a través de los Centros Integralmente Planeados (CIP), como Cancún en Quintana Roo; Ixtapa Zihuatanejo en Guerrero; Los Cabos y Loreto en Baja California Sur; Huatulco en Oaxaca, Espíritu Santo en Sinaloa, entre otros.

En los últimos años, el turismo ha crecido y se ha desarrollado con nuevos espacios y conceptos que se han sumado a lo sistémico de este sector. Por ejemplo turismo cultural, arqueológico, religioso y turismo de naturaleza que en opinión de la Organización Mundial de Turismo (OMT), se considera como una de las modalidades turísticas más importantes dentro de la industria, entendido como una actividad económica que promueve el aprovechamiento sustentable de los recursos, una alternativa sólida para la generación de empleos, una estrategia para el desarrollo comunitario, una herramienta para luchar contra la pobreza y un medio para conservar y difundir el patrimonio natural y cultural, ya que incluye conceptos como ecoturismo, turismo rural y turismo de aventura.

Sobre esta perspectiva, es que el turismo ha mostrado una participación relevante en nuestro país. En 2018 ha contribuido en el producto interno bruto (PIB) nacional con 8.9 por ciento, 1.5 por ciento por debajo del promedio internacional, generando más de 4.3 millones de empleos directos, y casi 10 millones de indirectos.

Destaca también el crecimiento del turismo internacional. En 2018 sumaron 41.3 millones de turistas internacionales, los cuales aportaron 22 mil 526.3 millones de dólares (MMD) al país, siendo el sector que más generó divisas como industria, solo superada por las  remesas con 33 mil  677.2 MDD y la inversión extranjera directa con 33 mil 544.2 MMD.

Lo anterior nos colocó en el séptimo lugar mundial en visitas de turistas extranjeros, el decimosexto en generación de divisas y un lamentable 40 en gasto promedio per cápita.

Esto significa que el turismo internacional aporta aproximadamente 20 por ciento del total del PIB turístico y se focaliza principalmente en Cancún y la Riviera Maya en Quintana Roo; Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo en Guerrero; la Ciudad de México y por último en Los Cabos, Baja California Sur, lo que se estima representa 12 por ciento del PIB del sector.

Con esta iniciativa se pretende que se destinen recursos en cada una de las entidades, para que puedan desarrollar nuevas opciones, promocionarlas y fortalecer las ya existentes, que sean atractivas tanto para los visitantes internacionales como para el doméstico, pues este último representa aproximadamente 80 por ciento del PIB turístico. De igual manera, fomentar infraestructura turística en polos turísticos en desarrollo y pueblos mágicos.

Cabe mencionar que de los 2 mil 457 municipios del país, 646 no tienen ningún acceso a los servicios financieros, ni sucursales, ni cajeros automáticos, ni corresponsales bancarios. Esto representa casi 65 millones de personas adultas, poco más de 50 por ciento de toda nuestra población.

Entre las entidades en donde vive el mayor número de adultos en municipios sin puntos de accesos se encuentran: estado de México con 12 millones 500 mil personas; Veracruz con cinco millones 986 mil; Jalisco con cinco millones 813 mil adultos. Medido por número de municipios sin cobertura, en Oaxaca 382 municipios no tienen presencia, seguido de Puebla con 66, Veracruz con 33 y Yucatán con 32 localidades.

Actualmente, contamos con 121 pueblos mágicos distribuidos por entidad federativa de la siguiente manera: Aguascalientes 3; Baja California 1; Baja Sur 2; Campeche 1; Chiapas 4; Chihuahua 3; Coahuila 7; Colima 1; Durango 2; Guanajuato 6; Guerrero 1; Hidalgo 6; Jalisco 8; Estado de México 9; Michoacán 8; Morelos 2; Nayarit 3; Nuevo León 3; Oaxaca 5; Puebla 9; Querétaro 6; Quintana Roo 3; San Luis Potosí 3; Sinaloa 4; Sonora 2; Tabasco 1; Tamaulipas 2; Tlaxcala 2; Veracruz 6; Yucatán 2 y Zacatecas 6.

En mayo de 2017, la Secretaría de Turismo inició un programa en los Pueblos Mágicos para que los comercios pudieran recibir tarjetas de crédito o débito. Se estima que los pequeños comerciantes, artesanos y otros negocios vinculados al turismo, pueden incrementar sus ventas hasta en 30% al aceptar tarjetas de débito o crédito.

Sin embargo, no se sabe a la fecha que pasó con ese programa. Lo cierto es que en muchos de los Pueblos Mágicos, no se cuenta ni siquiera con un cajero automático.

Más aun, en algunas entidades, donde se encuentran Pueblos Mágicos, la pobreza sigue siendo una constante, como se observa en el siguiente cuadro:

En un análisis somero del cuadro anterior, se puede observar que en 15 entidades se supera el promedio nacional de pobreza de 41.9 por ciento (2018). De acuerdo a la última medición del Coneval, estas son: Campeche, Chiapas, Tabasco, Puebla, Guerrero, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala, Zacatecas, Guanajuato y estado de México; éstas entidades suman 69 pueblos mágicos de los 121.

De los 121 pueblos mágicos en 29 su nivel de pobreza está por debajo del promedio nacional que es de 43.6 por ciento. Destacan por ejemplo Candela en Coahuila con 14.1 por ciento; en 6 pueblos mágicos (Guadalupe en Zacatecas; Magdalena de Kino en Sonora; Sayulita en Nayarit; Muzquiz en Coahuila; Todos Santos en BCS; y Tecate en Baja California) su nivel es menor a 30 por ciento.

Por el contrario, hay 20 pueblos mágicos que registran un porcentaje de pobreza superior al 70 por ciento; incluso pueblos mágicos como Batopilas en Chihuahua registra 93 por ciento de pobres, San Pedro y San Pablo en Oaxaca 87.3 por ciento; Zozocolco en Veracruz 86.7 por ciento; y Xilitla en San Luis Potosí con 84.6 por ciento. En los 72 pueblos mágicos restantes el nivel de pobreza se ubica en el rango de 44-70 por ciento.

Otro indicador que es importante considerar es el índice de desarrollo humano (IDH), el cual mide tres índices básicos: el índice de ingreso, el índice de salud y el índice de educación. El rango de medición es el siguiente: 5- 5.9 bajo; 6- 6.9 medio; 7- 7.9 alto; 8 en adelante muy alto.

En el siguiente cuadro que corresponde solo a los Pueblos Mágicos o los municipios donde se asientan, se observa mucho de lo que se tiene que hacer en materia de desarrollo humano en los Pueblos Mágicos, sobretodo en el índice de educación.

En el cuadro anterior, se puede observar que los pueblos mágicos han mejorado su IDH. De los 121 que hay en el país 50 observan un índice por debajo de 0.7, es decir medio; por componente el de ingresos también se observa que solo 30 tienen un IDH medio (salvo Batopilas donde su índice es menor a 0.6 en sus tres índices y el general). El índice de salud destaca favorablemente, salvo Aculco en el estado de México y Batopilas en Chihuahua.

Donde sí el IDH muestra un serio problema es el de educación. De los 121 pueblos sólo 7 muestran un índice alto (mayor a 0.8), estos son: Loreto y Todos Santos en Baja California Sur; Cómala, en Colima; Metepec en el estado de México; Calpulalpan, en Oaxaca; Orizaba en Veracruz, y Guadalupe, en Zacatecas.

Por el contrario, los que muestran un IDH bajo en educación, es decir menor a 0.6 son 74 y 40 medio, menor a 0.7.

Estos indicadores también nos hacen ver el enorme reto que se tiene por delante para garantizar crecimiento económico, inclusión social y desarrollo sostenible para todos los pueblos mágicos. Esta propuesta quiere contribuir a ese propósito.

Origen de los recursos del Fondo de Aportaciones para Promoción e Infraestructura para Destinos Turísticos en Desarrollo y Pueblos Mágicos

Como lo establece el artículo 18 de la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que a la letra dice:

A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos...

En este sentido, la propuesta que estamos haciendo, es que del incremento de recursos que se registre en el Ramo 33 en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020, 10 por ciento de este incremento se destine al Fondo de Aportaciones para Promoción e Infraestructura para Destinos Turísticos en Desarrollo y Pueblos Mágicos, para ser ejercidos por los propios estados.

En los últimos 6 años el monto de los recursos aprobados por la Cámara de Diputados del Ramo 33 fue en el siguiente orden:

El incremento del Ramo 33 estimado para 2020 sería de 23 mil 625.3 millones de pesos, a precios de ese año. El 10 por ciento de este incremento formaría parte del Fondo de Aportaciones para Promoción e Infraestructura para Destinos Turísticos en Desarrollo y Pueblos Mágicos para 2020, equivaldrá a 2 mil 362.5 millones de pesos. Esto quiere decir que en 2020,  en los ocho Fondos restantes del Ramo 33 se repartiría el resto del incremento de 21 mil 262.8 millones de pesos (90 por ciento del incremento). Si el Estado no registra incremento no habrá aportación por ese estado al Fondo de Aportaciones para Promoción e Infraestructura para Destinos Turísticos en Desarrollo y Pueblos Mágicos.

La fórmula que se aplicará para la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para Promoción e Infraestructura para Destinos Turísticos en Desarrollo y Pueblos Mágicos, será la siguiente:

(E1- E0) >0

(E1 - E0 )= D  E1

D E1 (F)=FTE1

Donde:

E1=Fondo de Aportaciones de la Entidad Federativa del año investigado.

E0=Fondo de Aportaciones de la Entidad Federativa del año base.

D E1=Incremento del Fondo de Aportaciones de la Entidad Federativa del año investigado.

F=Factor o Ponderador de Incremento (0.10).

FTE1= Fondo de Aportaciones para Promoción e Infraestructura para Destinos Turísticos en Desarrollo y Pueblos Mágicos, del año investigado.

Como se puede apreciar en este ejemplo la distribución del fondo por cada entidad federativa, registra un rango entre 20 millones de pesos el menor (Colima) y 224 millones de pesos el mayor (estado de México). El tamaño de la entidad y su densidad demográfica influyen en estos extremos.

Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 25, y se adiciona el artículo 47 Bis, de la Ley de Coordinación Fiscal, por el que se crea el Fondo de Aportaciones para la Promoción e Infraestructura en Destinos Turísticos en Desarrollo y Pueblos Mágicos (APRIM)

Artículo Único. Se adiciona la fracción IX del artículo 25, y se adiciona el artículo 47 Bis, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal...

I. a VIII. ...

IX. Fondo de Aportaciones para Promoción e Infraestructura para Destinos Turísticos en Desarrollo y Pueblos Mágicos (APRIM).

Artículo 47 Bis. Los recursos del Fondo de Aportaciones para Promoción e Infraestructura para Destinos Turísticos en Desarrollo y Pueblos Mágicos (APRIM),, se sujetarán a lo siguiente:

I. Se integrará con el diez por ciento del incremento de los recursos que, en su caso, se aplique en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al Ramo 33, Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y municipios.

II. Se destinarán para la Promoción e Infraestructura en Destinos Turísticos en Desarrollo y Pueblos Mágicos, en coordinación con la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal, incluyendo obras y/o acciones relacionadas con la promoción nacional e internacional turística de cada entidad federativa.

III. También se podrán ejecutar obras de infraestructura básica en destinos turísticos tales como sistemas de drenaje, pavimentación, alumbrado público, sistemas de vigilancia, sistemas de tratamientos de agua, entre otras, que promuevan y mejoren el cuidado del medio ambiente y que coadyuve a  mejorar la oferta turística en las en las entidades federativas y municipios.

IV. Los recursos se calcularán conforme a la siguiente fórmula de distribución:

(E1- E0) >0

(E1 - E0 )= D E1

D E1 (F)=FTE1

Donde:

E1=Fondo de Aportaciones de la Entidad Federativa del año investigado

E0=Fondo de Aportaciones de la Entidad Federativa del año base

D E1=Incremento del Fondo de Aportaciones de la entidad federativa del año investigado

F=Factor o Ponderador de Incremento (0.10)

FTE1=Fondo de Aportaciones para Promoción e Infraestructura para Destinos Turísticos en Desarrollo y Pueblos Mágicos.

V. Los recursos del fondo no podrán aplicarse para el pago de adeudos que con anterioridad hayan contraído las entidades federativas o los municipios, ni comprometerlos para la contratación de empréstitos.

Las entidades federativas, deberán coordinarse con la Secretaría de Turismo para determinar los proyectos, obras y acciones de infraestructura y promoción que serán ejecutados a través del fondo, durante el ejercicio fiscal que corresponda.

Las entidades federativas deberán presentar, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Turismo, un informe trimestral detallado sobre la aplicación de los recursos recibidos de este fondo, a más tardar 20 días naturales después de terminado el trimestre.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Discurso del Secretario de Turismo Miguel Torruco Marques en la inauguración del Centro Nacional de Investigación Turística y Centro Nacional de Investigación Gastronómica. Instituto Politécnico Nacional. 11 de diciembre 2018.

2 http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ResultadosITET.aspx

3 Diario Reforma: 23 de mayo de 2017.

4 https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/inicioent.aspx

5 Coneval. Medición de Pobreza  2018

6 http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/publicaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero 2020.— Diputados y diputadas: Luis Javier Alegre Salazar, Martha Robles Ortiz, Marco Antonio Carbajal Miranda, Sergio Fernando Ascencio Barba, Abelina López Rodríguez, Julieta García Zapata, Carmen Patricia Palma Olvera, Francisco Favela Peñuñuri, Carmina Yadira Regalado Mardueño, Adriana Paulina Teissier Zavala, Dulce Alejandra García Morlan, Carmen Bautista Peláez, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Lilia Villafuerte Zavala, Guadalupe Ramos Sotelo, María Marivel Solís Barrera, Mirna Zabeida Maldonado Tapia, Sergio Pérez Hernández, Laura Barrera Fortoul, Clementina Martha Dekker Gómez, Esteban Barajas Barajas, Rosa María Bayardo Cabrera, Claudia Reyes Montiel, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, Julieta García Zepeda, Olga Patricia Sosa Ruiz, Margarita Flores Sánchez, Isaías González Cuevas, Martha Angélica Zamudio Macías, Dulce María Corina Villegas Guarneros, Jacquelina Martínez Juárez, Raquel Bonilla Herrera, Adolfo Torres Ramírez y José Ramón Cambero Pérez, Azael Santiago Chepi, Carmen Patricia Palma Olvera, Claudia Tello Espinosa, Erika Mariana Rosas Uribe, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Isaías González Cuevas, Lidia García Anaya, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, Marco Antonio Carbajal Miranda, Marco Antonio González Reyes, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Martha Robles Ortiz, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, Tatiana Clouthier Carrillo (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, suscrita por el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos, 6o., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura, pone a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, al tenor de la siguiente

Como parte de la globalización y el avance económico en las sociedades, se ha dado también un progreso en el ámbito de las telecomunicaciones e informática generando ello cambios, transformaciones, que muchas veces escapan a la regulación normativa.

Es indiscutible que en nuestro país y en el mundo en general, se han conquistado grandes espacios en el ámbito de la información y de la expresión. En tiempos pasados no habría podido pensarse en la irrupción decisiva de los llamadas “redes sociales” que, hoy por hoy, constituyen observatorios generales del Estado, la política, economía, etcétera. Asimismo, el poder contar con múltiples fuentes de información, nacionales e internacionales, en forma actualizada y en tan sólo un “clic” es, sin lugar a dudas, toda una revolución.

Sin embargo, la revolución tecnológica no sólo ha venido acompañada de aspectos positivos, también ha traído riesgos y preocupaciones sobre los que poco nos detenemos a reflexionar, uno de ellos es el manejo que de nuestra información se realiza por entidades públicas y privadas a través de la “red”.

Hoy día, una gran cantidad de nuestras actividades cotidianas las realizamos vía electrónica y, al usar estas plataformas colocamos datos nuestros, muchos de ellos sensibles (nombre, dirección, edad, teléfono, correo, números de cuenta, claves personales, etcétera). Esta información, sin embargo, no la controlamos directamente porque muchas veces los proveedores de servicios disponen de la misma en el modo y en la forma que más les resulta conveniente (muchas veces somos nosotros quienes autorizamos ceder esa información en las letras pequeñas que jamás nos detenemos a leer). O bien, en el peor de los casos, esa información es vendida a desconocidos o directamente robada (hackeada).

Pero el problema no se limita al uso consciente de los medios de comunicación y de la información personal que de nosotros disponen los proveedores sino que ésta situación alcanza incluso a las personas que no utilizan esos medios. En efecto, tanto entidades públicas como privadas colocan en sus bases de datos información relativa a los usuarios, puede pensarse en los beneficiarios de servicios de salud, en el pago de impuestos y servicios, demandas y procedimientos jurisdiccionales pendientes, créditos, adeudos o moras, etcétera. Toda esta información –y mucha más–, se encuentra en internet y desconocemos completamente quien puede acceder y disponer de la misma.

El escenario aquí planteado nos coloca en una difícil colisión entre dos derechos de orden fundamental, por un lado, el derecho a la información y, por el otro, a la intimidad personal. En efecto, pueden verse como los horizontes de la privacidad cada vez más se colocan en riesgo ya que en una gran cantidad de casos, sin que las personas si quiera lo sepan y, mucho menos otorguen su consentimiento a terceros, éstos recaban y transmiten información sobre sus datos personales.

A nivel de legislación interna, México dispone de una avanzada ley que es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual regula precisamente el derecho a la información y, en contrapartida, disponemos de una Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y una Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

En materia de información y control de la misma, se distinguen los llamados “derechos ARCO”, es decir, los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de datos personales y que configuran el denominado “Habeas data”.

Al Habeas Data lo podemos definir como “una garantía de tercera generación, por medio de la cual se puede solicitar la exhibición de los registros –públicos y privados– en los cuales están incluidos los datos personales de un individuo o de su grupo familiar, a fin de tomar conocimiento de su exactitud y finalidad. En caso de que estos sean falsos, discriminatorios, obsoletos o sensibles (datos de vida íntima, ideas políticas, gremiales), podrá requerirse la rectificación, supresión, actualización o confidencialidad de los mismos”.

El derecho a la información y el control de la misma, como se ve, se sujeta a una serie de principios recogidos en el ámbito internacional y, en nuestra legislación interna. Un principio es el acceso, de acuerdo con el cual, el titular de la información podrá acceder en cualquier momento a sus datos personales que obren en posesión de cualquier entidad (evidentemente existen excepciones, tales como que sea una cuestión de seguridad nacional, artículo 6, inciso A, fracción I, Const). La rectificación o corrección se refiere a la posibilidad de solicitar al responsable la rectificación o corrección de datos personales, cuando éstos sean inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados. La cancelación evidentemente se refiere a la eliminación de los datos personales en todo archivo, registro, expediente y sistema a fin de que los mismos ya no estén en su posesión. El conjunto de todos estos principios hace parte de lo que se conoce como “derecho a la autodeterminación informática”, reconocido en nuestra Constitución nacional en el segundo párrafo del artículo 16:

“Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.”

Problemática

Una vez que hemos realizado un esbozo general sobe el derecho a la información y el control de la misma, me referiré a una problemática real, sentida por una gran cantidad de personas día a día y que les impide acceder a mayores alternativas económicas para mejorar sus condiciones de vida, me refiero, al conocido como “buro de crédito” así como a otros sistemas informáticos en los que se coloca información sobre las deudas, créditos y moras en las que incurren las personas físicas y morales.

Nos ubicamos, dentro del amplio espectro de la información, en el sector financiero. Éste, como sabemos, constituye un ámbito fundamental para la vida cotidiana sea en el sector público como en el privado, de él depende el funcionamiento del Estado y del comercio, del día a día de todos los ciudadanos y por ello revista esa vital importancia.

Sin embargo, ello no obsta a que en el sector financiero no se observen las reglas fundamentales en materia de derechos humanos y, particularmente, en materia de control de la información. Hoy por hoy, existe una ingente cantidad de información personal en bancos de datos del sector financiero, comercial y crediticio y, al igual que como ocurre con otros sectores, no tenemos certeza respecto del uso que de tal información realizan las entidades financieras.

¿Quién de nosotros no ha recibido alguna llamada telefónica en donde se nos ofrecen créditos para saldar alguna deuda?; ¿Llamadas de un “buffet” de abogados en donde se nos “sugiere” pagar un crédito existente o quizá, uno que habíamos ya pagado con anterioridad?; ¿instituciones bancarias que conocen nuestros historial crediticio y nos ofrecen nuevas tarjetas de crédito?; ¿instituciones inmobiliarias que apenas se nos autoriza un crédito de vivienda nos llaman para fungir de intermediarios?; ¿aseguradoras que conocen nuestro estado de salud o la realización de un viaje al extranjero e inmediatamente se prestan a vendernos un seguro?, o bien, ¿tarjetas de crédito o incluso créditos que se nos han autorizado sin ni si quiera solicitarlos?

Creo que alguno –o todos– de estos escenarios se nos han presentado a lo largo de nuestra vida y quizá, los aceptamos como una cosa “normal”, sin embargo, ello no es en lo absoluto normal sino más bien refleja una preocupante situación que es la disposición de nuestra información personal por desconocidos y la falta de un control sobre los mismos. Nuestra alternativa a esta preocupante situación claramente no es abandonar el sector financiero pues éste, como hemos visto, se constituye en un eje central para el desarrollo económico personal y nacional.

Las necesidades propias del mundo contemporáneo requieren que todos podamos tener acceso al sector financiero, sin aspectos como el crédito, los bancos, cajas de ahorros, fondos, tarjetas, etcétera, las posibilidades de desarrollo se limitarían en gran medida. Se piense, por ejemplo, en políticas públicas del Estado que sólo pueden tener lugar mediante el acceso al sector financiero: créditos de vivienda o de educación; transferencias bancarias a beneficiarios de diversos programas sociales; tarjetas de descuentos, etcétera.

Lo que se trata, en última instancia, es de lograr una mayor “democratización del crédito” a fin de que todos puedan acceder al mismo, bajo condiciones equitativas y justas, que permitan hacer uso del mismo de forma responsable para mejorar las condiciones de vida y, al mismo tiempo, evitar que la información sensible de los individuos pueda ser usada en modo inadecuado.

Una de las contrapartes del crédito es precisamente la información personal que de nosotros existe por parte de las sociedades de información crediticia. Éstas conocen todo nuestro pasado crediticio y, con base en ello, nos otorgan una mayor o menor “confianza” al momento de acceder a los créditos y otros beneficios financieros. Para ello disponen de bases de información en la que nuestras actividades económicas quedan registradas.

Hemos dicho que el acceso al crédito, hoy por hoy, se constituye en un factor determinante al momento de poder acceder a mejores oportunidades económicas para nuestra vida. Sin embargo, ¿qué sucede cuando tenemos vetado el acceso al mismo por una deuda en pasado que, no obstante, habíamos ya pagado? O bien, ¿Cuándo se nos veta el acceso al crédito por una deuda que puede considerarse mínima? ¿Quién no ha olvidado pagar el teléfono, la televisión por paga o una mensualidad derivada de alguna pequeña adquisición y, pasados unos meses, encontrarse registrado en el “Buró de crédito” como deudor?

En estos casos, el sector financiero protege sus intereses y la medida que adopta es, claramente, cerrar el crédito a tales usuarios. Esta medida, sin embargo, resulta completamente desproporcionada y se traduce en el plano fáctico, en una especie de sanción la cual impide al individuo acceder nuevamente a los beneficios del sector financiero.

Igualmente, otro de los grandes problemas que se presenta es el referente a la inequidad existente al interior del sistema de datos crediticio pues, en él se encuentran con información negativa tanto las personas que tienen deudas de miles de pesos (incluso millones) como aquellas cuyos adeudos son mínimos. Las personas que deben cantidades exiguas merecerían una segunda oportunidad a fin de saldar esas deudas y, nuevamente tener acceso al crédito.

En el mundo contemporáneo, vetar el acceso al sector financiero, se traduce en una medida sumamente drástica y, como hemos visto, desproporcionada pues impide a la persona poder acceder a múltiples oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. En correspondencia, estamos firmemente convencidos que en éstos casos, se vulnera la “democratización del crédito” condenando a miles de personas a vivir al margen del sector financiero nacional, a no poder acceder a beneficios económicos o, incluso, a programas sociales del Estado (se piense, por ejemplo, en el banco que puede negarse a abrir una cuenta al derechohabiente de un programa social porque se encuentra en el buró de crédito) y, esta situación se traduce en una clara discriminación que vulnerar los derechos fundamentales del ser humano.

Regulación normativa

Actualmente, la información crediticia de las personas se encuentra regulada, en términos generales por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (en caso de entidades públicas) y, particularmente, por la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia.

En esta última ley se prevé la existencia de una “Base de datos” en la que, precisamente, se encuentra la información crediticia de las personas. El artículo 20 de la citada ley dispone:

“ Artículo 20. La base de datos de las sociedades se integrará con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que le sea proporcionada por los usuarios. Los usuarios que entreguen dicha información a las sociedades deberán hacerlo de manera completa y veraz; asimismo, estarán obligados a señalar expresamente la fecha de origen de los créditos que inscriban y la fecha del primer incumplimiento. Las sociedades no deberán inscribir por ningún motivo, créditos cuya fecha de origen no sea especificado por los usuarios, o cuando éste tenga una antigüedad en cartera vencida mayor a 72 meses. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 24 de esta ley.

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Como puede apreciarse, la base de datos se integra por toda la información crediticia y financiera de las personas. Estas proporcionan sus datos sensibles a las entidades financieras y empresas comerciales quienes, a su vez, remitan esa información a la base de datos. La ley dispone un término de inscripción para los créditos vencidos y es el de 72 meses (seis años). Es decir, se prevé que en la base de datos sólo se deberán inscribir créditos que no hayan vencido más de seis años atrás.

Igualmente, se puede constatar que la ley no realiza ninguna distinción en cuanto a los montos del crédito por lo que lo mismo da si un crédito de millones de pesos no viene pagado que, por ejemplo, un micro crédito (muy comunes actualmente) de, quizá, 20 pesos, o bien, los intereses de una vieja tarjeta que no utilizamos y que pueden ser, incluso, de unos cuantos pesos o centavos. En cualquiera de estos casos, la deuda generada viene reportada y colocada en la base de datos. No desconocemos que, actualmente, el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia prevé precisamente la eliminación de esa base de datos de aquellos créditos menores al equivalente a mil UDIS, sin embargo, ello no opera de manera inmediata sino que, la misma ley dispone que eso debe darse “en los términos que establezca el Banco de México mediante disposiciones de carácter general” lo que, en la práctica, hace nugatoria la previsión.

Esta situación, es fácil ver, es absolutamente desproporcionada y viola el principio general de igualdad reconocido desde nuestra Carta fundamental (artículo 1, párrafos 1 y 5). Además, no sólo se traduce en una clara violación al principio de igualdad sino también, como hemos visto, en el principio de proporcionalidad en tanto que la consecuencia (estar en la base de datos) se impone ¡hasta por un plazo de 6 años!

Propuesta de modificación normativa

En concreto, nuestra propuesta se fundamenta en la mayor democratización del crédito, es decir, buscamos que más personas puedan acceder a este servicio que, como hemos visto, en el mundo contemporáneo, constituye un factor para el acceso a mejores condiciones de vida. Sin embargo, muchas personas se encuentran vetadas de acceder al crédito por situaciones como: mínimas deudas existentes, muchas de las cuales ni siquiera sabían que tenían; casos de robo de identidad por los que se solicitan créditos o servicios financieros a cargo de la persona, la cual evidentemente jamás solicitó los mismos; la desproporcionalidad en cuanto al tiempo por el que la información crediticia permanece en la banca de datos (¡6 años!); así como situaciones complementarias, tales como el inadecuado manejo de esa información y que puede advertirse en aspectos de índole laboral y de discriminación.

En razón de todo lo dicho, proponemos diversas adecuaciones a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en concreto: 1) proponemos reducir el tiempo en el que la información negativa permanece en la base de datos. Consideramos que el actual termino de 72 meses resulta sumamente desproporcionado por lo que, en aras de garantizar tanto los intereses financieros como los derechos de las personas, proponemos un términos de 48 meses; 2) consideramos necesario incluir una disposición referente al robo de identidad disponiendo un procedimiento a fin de que la persona pueda denunciar el hecho y no ser incluida en la base de datos; 3) proponemos incluir una disposición igualitaria que prohíba todo uso de información crediticia para valorar a una persona en el ámbito laboral; 4) consideramos necesario eliminar directamente de la base de datos las deudas inferiores a los mil udis (aproximadamente 6 mil pesos), se trata de una disposición ya existente en la ley pero que se sujeta a las disposiciones que para tal efecto emita el Banco de México. Dado el valor de las deudas consideramos necesario eliminarlas de la base de datos sin condicionarlo a una determinación de nuestro Banco central; 5) finalmente, creemos oportuno dar una segunda oportunidad a las personas que se encuentran en la base de datos y cuyas deudas no rebasan un determinado limite. De acuerdo con diversas fuentes de información, el promedio de las deudas existentes es en torno a los 50 mil pesos. Muchas de estas personas ni si quiera saben que se encuentran en la base de datos y aquellas que lo sabes no tuvieron la oportunidad de ser informadas previamente y evitar estar en la base de datos. En correspondencia, proponemos que aquellas personas que dentro los primeros seis meses del inicio de la vigencia del decreto salden sus deudas, sean inmediatamente eliminadas de la base de datos y, para ello, que sean informadas previamente de su adeudo y, de este modo, puedan gozar nuevamente del acceso al crédito.

Ante ello, proponemos ante esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Único. Se reforman los párrafos primero, segundo, tercero y octavo del artículo 23 y; se adicionan un artículo 20 Ter Bis y; un párrafo tercero al artículo 22; todos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue:

Artículo 20 Ter. En el caso que el Cliente sea víctima de robo de identidad, y le sea exigido el pago de obligaciones como resultado de la conducta punible de la que es víctima, deberá presentar denuncia ante autoridad competente y elevar petición de corrección ante el Usuario adjuntando los soportes correspondientes. El Usuario deberá cotejar los documentos utilizados para adquirir las obligaciones, con los documentos allegados por el Cliente que ha realizado la petición, los cuales se tendrán como prueba sumaria para probar la falsedad. Con la solicitud debidamente sustentada por el Cliente, el dato negativo y cualquier otro dato que refleje su comportamiento, deberán ser modificados por el Usuario reflejando que la víctima de robo de identidad no es quien adquirió las obligaciones.

Artículo 22. ...

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En ningún caso se podrá consultar esta información para fines de toma de decisiones laborales.

Artículo 23. Las Sociedades están obligadas a conservar los historiales crediticios que les sea proporcionados por los Usuarios, correspondientes a cualquier persona física o moral en los siguientes términos:

Las Sociedades conservarán de manera indefinida en el historial crediticio del Cliente aquella información que refleje el cumplimiento de cualquier obligación salvo oposición expresa del mismo.

En caso de información que refleje el incumplimiento ininterrumpido de cualquier obligación exigible, así como las claves de prevención que les correspondan, las Sociedades deberán eliminarlas del historial crediticio del Cliente correspondiente, después de cuarenta y ocho meses de haber incorporado el incumplimiento por primera vez en dicho historial. A efectos de facilitar el conocimiento y pago efectivo de las obligaciones crediticias, las Sociedades deberán informar al Cliente de su inscripción negativa en la base de datos en un plazo de hasta tres días hábiles contados a partir de su inscripción.

Las Sociedades deberán eliminar de inmediato la información relativa a créditos menores equivalentes a mil UDIS una vez que sea extinguida la obligación.

Primero. Los clientes que a la entrada en vigencia de esta ley hubieran extinguido sus obligaciones objeto de reporte, y aquellos que durante los primeros 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto extingan sus obligaciones, serán beneficiarios por una única ocasión de la cancelación inmediata de su información negativa, siempre que su deuda no sea mayor a 50 mil pesos.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores será la encargada de hacer del conocimiento de los clientes que tengan una deuda menor a la cantidad señalada, que podrán acceder a este beneficio una vez hecha la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Cfr. Sagües, El habeas data: su desarrollo constitucional, en AA.VV. V Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México 1998, pp. 859-860.

2 Fappianno, A., Habeas Data: una aproximación a su protección, en Fix Zamudio, Liber amirocum., v. I, pp. 647 ss.; Puccinelli, O., Protección de datos de carácter personal, Buenos Aires 2004, p. 20 ss.

3 Basterra, M., Protección de datos personales: Ley 25.326 y Dto.1558/01 comentados Derecho Constitucional Provincial, Iberoamérica y México, Buenos Aires 2008, p. 59

4 Se vea: Arroyo Kalis, Habeas data: elementos conceptuales para su implementación en México, en Mac Gregor (coord.), La Constitución y sus garantías. A 100 años de la Constitución de Querétaro de 1917, México, p. 53 ss.

5 Murillo de la Cueva, El derecho a la autodeterminación informática. La protección de los datos personales frente al uso de la informática. Madrid 1990, p. 122.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.— Diputados y diputadas: Evaristo Lenin Pérez Rivera, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Erika Mariana Rosas Uribe, Ernesto Ruffo Appel, Felipe Fernando Macías Olvera, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Jacquelina Martínez Juárez, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Julieta Macías Rábago, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Martha Elena García Gómez, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Patricia Terrazas Baca, Ricardo Flores Suárez, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 27, 28 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Fernando Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Fernando Galindo Favela, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27, 28 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de equidad de género, al tenor de lo siguiente

Hoy en día, a pesar de los esfuerzos hechos, sigue existiendo en nuestro país un acceso desigual a bienes públicos y oportunidades para las mujeres; para la construcción de sociedades justas es necesario la perspectiva de género en las políticas públicas para erradicar esa desigualdad.

Es necesario que en el ámbito social e institucional se diseñen, elaboren, ejecuten y evalúen políticas públicas que compensen las inequidades o desequilibrios sociales por cuestiones de género.

Una vía es fortalecer la perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos, ya que el ejercicio de los recursos, es el mecanismo por el cual, el Estado implementa acciones que, encaminadas a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, y el estado de bienestar universal.

En los últimos presupuestos de egresos de la federación se incluye un anexo con las erogaciones destinadas a la igualdad entre mujeres y hombres, y toda una metodología para el seguimiento y evaluación de dichos recursos con la generación de indicadores que permiten medir el impacto de los avances en la disminución de la brecha de desigualdad.

Pesé que se han hecho esfuerzos, aún quedan grandes retos, pues no se han fortalecido en su totalidad, los objetivos y metas del presupuesto con enfoque de género, ya que las áreas de oportunidad siguen existiendo por dos aristas que se identifican a simple vista:

1. En las reglas de operación de algunos programas estratégicos en la perspectiva de género; y

2. La falta de capacitación y generación de liderazgos femeninos dentro de las dependencias y organismos de los diferentes Poderes de la Unión.

Es fundamental evaluar no sólo los recursos de programas que directamente benefician a mujeres, y que sean encaminados a fortalecer la paridad de género, también, por ejemplo, la cantidad de dinero invertida en capacitación de género para servidores públicos o en la realización de investigaciones y evaluaciones sectoriales sensibles al género.

En el Informe anual de la ONU Mujeres “Las mujeres y el presupuesto público en México” se proporciona información acerca del trabajo de la organización para fomentar el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género alrededor del mundo en algunos países de todo el mundo, la adopción de los presupuestos con perspectiva de género ha impulsado un aumento constante en las asignaciones para la igualdad de género. En México, los montos se han incrementado 37 por ciento desde 2012.

En ese informe se señaló que casi 7 mil líderes, candidatas electorales y funcionarias públicas electas recibieron capacitación en 32 países. La capacitación para casi 800 servidoras y servidores públicos nacionales, provinciales y locales les ha mostrado cómo elaborar presupuestos efectivos con perspectiva de género que puedan hacer una contribución sustancial a la igualdad.

El Informe General sobre Género y Presupuesto, presentado en el marco de la reunión de ONU-Mujeres en 2013 señaló que los presupuestos sensibles al género serían limitados si los/as funcionarios/as gubernamentales responsables de implementarlos operan bajo esquemas tradicionales que ignoran la posición socialmente determinada de hombres y mujeres; por lo que es necesario capacitar a esos/as funcionarios/as en evaluación de los problemas existentes, diseño de políticas y programas, asignación de recursos, desarrollo de indicadores, recolección de datos y manejo de los programas.

Por lo tanto, es necesario la asignación de presupuesto con perspectiva de género hacía lo siguiente:

• Beneficio de manera igualitaria a las mujeres de los bienes o servicios que se otorgan en los programas federales.

• Capacitación de los hombres y mujeres que trabajan en los tres Poderes de la Unión en materia de sensibilización de género.

I. Diagnóstico

A través del tiempo México ha realizado reformas jurídicas en torno a la perspectiva de género y los derechos humanos de las mujeres en el ámbito del presupuesto público en México.

El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en las fracciones V y VII en su artículo 12, establece que corresponde al gobierno federal garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas, e incorporar en el Presupuesto de Egresos de la Federación la asignación de recursos para el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que el Ejecutivo federal propondrá en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación asignar una partida presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del sistema y del programa previstos en la presente ley.

En la Ley de Planeación se señala que la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país. Para ello, estará basada en los siguientes principios: La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población; además de la perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo. Asimismo, establece que las dependencias de la administración pública centralizada deberán planear y conducir sus actividades con perspectiva de género y con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea equitativo, integral y sustentable.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece la obligación de la inclusión de acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género, con lo que se logra la ejecución de presupuestos con perspectiva y sensibles de género.

En el ámbito Internacional, México ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales de derechos humanos que establecen un conjunto de obligaciones para los tres Poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 no se señala la palabra equidad de género, lo cual resulta ser un retroceso en este tema, ya que en los Ejercicios Fiscales de 2012 y 2013 sí se consideraba como instituciones de beneficencia para efectos del artículo 95 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta aquellas que promocionaran la equidad de género. El 29 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las Reglas de Operación de los programas presupuestarios federales”. + El Instituto Nacional de las Mujeres expidió dichos lineamientos con el objeto de establecer los criterios para incorporar la perspectiva de género en las reglas de operación de los programas federales, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en los términos de las disposiciones aplicables, para alcanzar el respeto y protección de los derechos humanos de la mujeres, el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y a la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres.

Dicho documento, precisa que la perspectiva de género deberá incorporarse en las reglas de operación de los programas federales, con el propósito de contribuir a que las mujeres se beneficien de manera igualitaria de los bienes o servicios que se otorgan en los programas federales sujetos a reglas de operación, privilegiando, en su caso, la inclusión de medidas especiales de carácter temporal (acciones afirmativas) que aceleren el logro de la igualdad en el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica social.

La importancia de los lineamientos consiste en:

• Hacer visibles a las mujeres.

• Las mujeres son agentes de cambio con capacidades y potencialidades, no son sólo beneficiarias que requieren apoyos o asistencia, son personas sujetas de derechos.

• Procurar no sólo atender una “condición” que afecta la vida de las mujeres, sino modificar su posición (autonomía, toma de decisión, independencia).

• Considerar efectos no intencionales de los programas al omitir condiciones como la distribución del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

Como ha quedado demostrado, México ha hecho reformas para lograr un avance sustancial y fundamental para el logro de los objetivos de los procesos de un presupuesto con enfoque de género, pero todavía se observa que no existe la obligación en ley para que las reglas de operación incluyan la perspectiva de género, por lo que consideramos necesario que quede elevada a rango de ley y dar mayor fuerza normativa a dichos lineamientos para que de manera efectiva puedan ser aplicados por las dependencias de la administración pública federal; así como destinar 3 por ciento de la erogaciones en Servicios Personales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para la capacitación y generación de liderazgos femeninos.

II. Contenido de la reforma

II.I Reforma a los artículos 27 y 28 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

La presente iniciativa pretende establecer en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la obligación de los tres Poderes de la Unión de destinar el 3 por ciento de sus recursos que les sean erogados por concepto de servicios personales de cada ejercicio fiscal, para la capacitación y generación de liderazgos femeninos; lo anterior sería una reorientación del presupuesto que el Ejecutivo, Legislativo y Judicial reciben año con año, por lo que no implicaría un impacto al alza a sus respectivos presupuestos.

Lo anterior nos ayudará a empoderar a las mujeres, a través de la capacitación de mujeres y hombres con perspectiva de género y la construcción de liderazgos para lograr un México incluyente.

Con ello se logrará capacitar a esos/as funcionarios/as en evaluación de los problemas existentes, diseño de políticas y programas, asignación de recursos, desarrollo de indicadores, recolección de datos y manejo de los programas.

II.II Reforma al artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Si bien existen diversas disposiciones que obligan a incorporar la perspectiva de género en el proceso de presupuestación, en la parte relativa a la reglas de operación se omite mención alguna, ya que en el artículo 77 se establece que se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios que deberán sujetarse a reglas de operación y los criterios generales a los cuales estas se sujetarán; además se dispone que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquellas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Se propone reformar el artículo 77 de la ley para establecer la obligación de las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, en la elaboración de las reglas de operación de los programas federales sujetos a las mismas, incorporen el enfoque de género con el propósito de contribuir a que las mujeres se beneficien de manera igualitaria de los bienes o servicios que se otorgan en los programas federales.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional es de suma importancia lograr una política presupuestaria con perspectiva de género. Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 27, 28 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de equidad

Artículo Primero. Se adicionan un párrafo a la fracción III del artículo 27 y un párrafo a la fracción V del artículo 28 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 27. Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por la secretaría, la cual contendrá como mínimo

I. y II. ...

III. Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género.

Los entes públicos de la federación deberán destinar al menos el 3 por ciento del presupuesto en servicios personales que se les asigne, para capacitación con perspectiva de género, así como la generación y fortalecimiento de liderazgos femeninos.

Artículo 28. El proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos, conforme a las siguientes clasificaciones:

I. a IV. ...

V. La de género, la cual agrupa las previsiones de gasto con base en su destino por género, diferenciando entre mujeres y hombres.

Los entes públicos de la federación deberán destinar al menos 3 por ciento del presupuesto en servicios personales que se les asigne, para capacitación con perspectiva de género, así como la generación y fortalecimiento de liderazgos femeninos.

Artículo Segundo. Se reforma el último párrafo del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 77. ...

...

...

...

Las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar la eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos y en la operación de los programas e incorporar el enfoque de género con el propósito de contribuir a que las mujeres se beneficien de manera igualitaria de los bienes o servicios que se otorgan en los programas federales.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las acciones que realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 27 y 28 del presente decreto se sujetarán a los programas presupuestarios en la materia y se cubrirán con los recursos que apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Tercero. El Instituto Nacional de las Mujeres, emitirá los lineamientos respectivos para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 77 del presente decreto.

Cuarto. Las secretarías deberán de hacer las adecuaciones pertinentes respecto de sus erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el cumplimiento de las disposiciones del presente decreto en un plazo no mayor a 60 días.

Notas

1 http://www.cinu.mx/minisitio/presupuesto_publico/Las_mujeres_y_el_presupuesto_p ublico_en_Mexico.pdf

2 http://dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5442919

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.— Diputados y diputadas: Fernando Galindo Favela, Brasil Alberto Acosta Peña, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Higinio del Toro Pérez, Irma María Terán Villalobos, Julieta Macías Rábago, Margarita Flores Sánchez, María Libier González Anaya, María Lucero Saldaña Pérez, María Sara Rocha Medina, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Martha Angélica Tagle Martínez, Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de identidad de género, a cargo de la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Civil Federal, en materia de identidad de género, con base en la siguiente

La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva, se relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito público; es decir, con el resto de las personas. Se trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría o no corresponder con el sexo con el que nacimos. El Código Civil para el Distrito Federal, establece en su artículo 135 Bis, que la identidad de género “es la convicción personal de pertenecer al género masculino o femenino, es inmodificable, involuntaria y puede ser distinta al sexo original”.

Por otro lado, tenemos el concepto de la concordancia sexo-genérica, mejor conocida como la vinculación entre la creencia de una persona para pertenecer al género deseado y el estado físico buscado. El legislador dice que se trata de un proceso de intervención profesional, que permite a la persona obtener concordancia entre sus aspectos corporales y su identidad de género.

Una persona transexual y una persona transgénero son aquellas que por necesidad optan por modificar de manera permanente sus caracteres sexuales, en el primer caso es aquella persona que al padecer disforia de género mantuvo un tratamiento hasta su término, el cual le permitió cambiar su aspecto físico al género deseado, de tal manera que existe una certeza del cambio físico.

En el segundo, a través del reemplazo hormonal, intervenciones quirúrgicas u otras, a fin de adaptar su anatomía a su identidad sexo-genérica; busca inevitablemente la concordancia sexo-genérica. Por otro lado, el travestismo o travesti es una expresión humana caracterizada por el uso, ya sea esporádico, frecuente o permanente de vestimenta, lenguaje, manierismos, etcétera, que en una determinada sociedad se consideran propios del otro género. No padecen ningún trastorno de disforia de género, sólo buscan la apariencia del sexo contrario.

Identidad de género y el derecho a la reasignación sexo-genérica

La identidad de género consiste en la autopercepción que cada persona siente en su fuero interno, mediante la cual asume el género como experiencia individual, sea esta equivalente o no con el sexo asignado al momento de su nacimiento. Incluye también la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de la personalidad que van desde la vestimenta, el modo de hablar o los modales, hasta la modificación de la apariencia o la función corporal a través de técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida. No debe confundirse la identidad de género con la orientación sexual. Esta se refiere a la capacidad de todo individuo para sentirse atraído emocional, afectiva y sexualmente hacia personas de su mismo género, de diferente género o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con tales personas.

Se reconocen tres tipologías de orientación sexual: la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad, los cuales no son fijos, cambian de acuerdo con el tiempo y espacio. Por su parte, la identidad de género corresponde a la concepción que toda persona tiene de sí misma, con independencia de su sexo biológico y de la identidad de género que la ha sido socialmente atribuida. Se puede manifestar de diversas formas, una de ellas es el transgenerismo (personas trans), el cual, a su vez, puede incluir a las personas transexuales (transexualismo), a las personas travestis, además de la intersexualidad.

Ambos conceptos se relacionan porque son manifestaciones del libre desarrollo de la personalidad del individuo, de tal forma que la identidad de género de toda persona puede coexistir con la orientación sexual de su preferencia.

Si bien la protección de ambas categorías, identidad de género y orientación sexual, no se encuentra explícitamente recogida en los instrumentos internacionales de derechos humanos de carácter general, como son la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos; además del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la misma se encuentra implícita en tales instrumentos.

Por lo que hace al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que México pertenece, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha interpretado el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), relativo a la prohibición de la discriminación por diversos motivos, como el fundamento de protección también de la identidad sexual y de género, categorías que se encuentran implícitas en la referencia que el artículo hace a “otra condición social”:

Artículo 1. Obligación de respetar los derechos

1. Los Estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

La anterior consideración pone de manifiesto que los criterios específicos por los que está prohibido discriminar, según el artículo 1.1 de la CADH, no constituyen una lista limitativa sino meramente enunciativa. Por consiguiente, al abrir el campo semántico del precepto mediante la inclusión de cualquier “otra condición social”, aunado a una interpretación pro persona, esto es, más favorable a la persona, la CADH prevé también que la identidad género y la orientación sexual son características inherentes a todo ser humano y, por tanto, protegidas contra toda conducta, omisión, norma o prácticas discriminatorias de las autoridades estatales y de particulares.

Como se trata de una condición innata a la persona humana, la identidad de género y la orientación sexual ya aparecen reconocidas en el artículo 5 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en vigor desde el 11 de enero de 2017, que señala:

Artículo 5

Igualdad y no discriminación por razones de edad

Queda prohibida por la presente convención la discriminación por edad en la vejez.

Los Estados parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros.

También los considera condiciones de discriminación el artículo 1 de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, adoptada el 5 de junio de 2013:

Artículo 1

Para los efectos de esta convención

1. Discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados parte.

La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra.

En el párrafo 104 de la opinión consultiva número OC-24/17, relativa a la identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, la CoIDH precisó:

... las personas en su diversidad de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género deben poder disfrutar de su capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. Ello por cuanto la orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad.

Aunado a ello, la CIDH afirma que el derecho de las personas para auto-determinar su propia identidad sexual y de género deriva del derecho a la identidad, mismo que, a su vez, se desprende del libre desarrollo de la personalidad y del derecho a la vida privada. El derecho a la identidad se vincula además con la dignidad humana, con el derecho a la vida y con el principio de autonomía de la persona (artículos 7 y 11 de la CADH). El reconocimiento de la identidad sexual y de género como manifestación de la autonomía personal es un elemento constitutivo de la identidad de las personas, ligada también al concepto de libertad y autodeterminación de todo ser humano para decidir libremente las condiciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia.

La identidad de género y sexual como elemento esencial de la personalidad se construye no mediante sus predisposiciones biológicas y físicas, sino en virtud de la autopercepción de cada individuo, en ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación sexual y del derecho a la vida privada. Con el reconocimiento, respeto, protección y garantía de dichos derechos los Estados aseguran que los individuos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género puedan vivir con la misma dignidad y el mismo respeto al que tienen derecho todas las personas.

En consecuencia, el derecho de toda persona a consagrar y desarrollar su identidad de género auto-percibida, implica también su derecho de elegir libremente y cambiar su nombre como mejor le parezca, con la única limitación de que ello no tenga por finalidad evadir la acción de la justicia y sin que se afecte la titularidad de derecho y obligaciones que correspondan a la persona con anterioridad al cambio de nombre, sino que solamente pretenda adaptar su nombre a la identidad género que cada cual defina para sí.

Por tanto, es obligación de los Estados establecer procedimientos expeditos, confidenciales, de carácter administrativo, tendientes a la gratuidad, para que toda persona pueda hacer valer el reconocimiento de su identidad de género auto-percibida, mediante la adecuación sus documentos oficiales, así como la posibilidad de cambiar de nombre de pila y la imagen fotográfica, sin que para ello se exijan requisitos irrazonables, patologizantes o discriminatorios como certificados médicos y/o psicológicos, psiquiátricos, los cuales son invasivos y contradicen la autopercepción a que se adscribe cada persona, estigmatizándola. Ello perpetúa los prejuicios atinentes a la construcción binaria de géneros (masculino-femenino).

Lo anterior implica que la identidad de género, al consistir en una construcción del fuero interno de la persona, no está necesariamente asociado a las transformaciones médicas o quirúrgicas del cuerpo, aunque en ocasiones estén presentes. Significa que el procedimiento de adecuación o cambio de nombre, imagen y referencia al sexo o género en los registros y documentos de identidad, no puede exigir al solicitante el que previamente se haya practicado intervenciones quirúrgicas de cualquier tipo ni tratamientos hormonales, esterilizaciones o modificaciones corporales para comprobar la identidad. Ello sería contrario al derecho a la integridad personal (artículos 5.1 y 5.2 de la CADH), al derecho a la vida privada (artículo 11.2), a la libertad personal (artículo 7), y al principio de igualdad y no discriminación (artículo 24 y 1.1).

Se sigue de lo expuesto que la identidad de una persona trans no depende de ninguna transformación quirúrgica o química, sino de su auto-identificación sexo-genérica. El someterse a tales cambios no es una obligación, sino un derecho que deriva de los mismos principios que regulan y protegen la identidad de género y la orientación sexual.

El mismo criterio ha sido adoptado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio aislado siguiente:

Reasignación sexual. Preeminencia del sexo psicosocial frente al morfológico para respetar a plenitud los derechos de identidad sexual y de género de una persona transexual.

Ante los factores objetivos y subjetivos que definen a una persona, se advierte que tratándose de su identidad sexual y de género, se presenta en la realidad una prelación o preeminencia del factor subjetivo (sentimientos, proyecciones, ideales), sobre sus caracteres físicos o morfológicos (factor objetivo), de manera que derivado de la compleja naturaleza humana, que lleva a cada individuo a desarrollar su propia personalidad con base en la visión particular que respecto de sí mismo tenga, debe darse un carácter preeminente al sexo psicosocial frente al morfológico, a fin de respetar plenamente los derechos de identidad sexual y de género de una persona transexual, al ser aspectos que, en mayor medida, definen tanto la visión que la persona tiene frente a sí misma como su proyección ante la sociedad.

Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

El tribunal pleno, el 19 de octubre en curso, aprobó con el número LXXI/2009 la tesis aislada que antecede.- México, Distrito Federal, a 19 de octubre de 2009.

Finalmente, los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género son un instrumento de carácter orientador adoptado en 2006 por una coalición de organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos, y en sus numerales 2 y 3 prevén el derecho a la igualdad y no discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Asimismo contemplan el derecho de todo ser humano al reconocimiento de su personalidad jurídica, en toda su diversidad de orientaciones sexuales o identidades de género que éste elija para sí, sin que dicho reconocimiento dependa del sometimiento a procedimientos médicos, incluyendo cirugía de reasignación de sexo, esterilización o terapia hormonal, y sin que ninguna condición, como el matrimonio, la maternidad o la paternidad pueda ser invocada para impedir el reconocimiento de la identidad de género de una persona.

Pese a que los Principios Yogyakarta no tienen carácter vinculante desde el punto de vista jurídico, han sido tomados en consideración por órganos de derechos humanos como la CoIDH, al emitir su opinión consultiva número OC-24/17 citada.

Sin duda, la Ciudad de México ha sido un ejemplo en legislar para proteger los derechos de la comunidad LGBTTTI, modernizando trámites, actualizándolos y simplificándolos para que se lleven a cabo de manera pronta y expedita, como es el caso del trámite ante el registro civil para hacer el cambio de acta de nacimiento por motivos de identidad de género, el cual se modificó, considerando que es necesario comprender que las expresiones de la sexualidad son múltiples y cambiantes, por lo que fue una prioridad para el gobierno de la capital, respetar el fuero íntimo de las personas, sus sentimientos y personalismos en relación a su propia identidad de género y la necesidad de adecuar su aspecto físico para ajustarse a los roles de género femenino y masculino que la cultura actual impone.

Para tener el contexto histórico de esta reforma, debemos mencionar que en 2008 la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal modificó la normativa y los procedimientos civiles, creó el juicio especial de levantamiento de acta para la concordancia por reasignación sexo-genérica, cuya resolución ordenaba la emisión de una nueva acta de nacimiento.

Este juicio posibilitó a un número considerable de personas transexuales y transgénero obtener el reconocimiento jurídico de su personalidad, a través de la presentación de una demanda ante una jueza o un juez de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que se debía acompañar de dos dictámenes periciales emitidos por especialistas en procesos de reasignación para la concordancia sexo-genérica y mediante una comparecencia judicial. Los citados especialistas debían explicar a la autoridad la necesidad e importancia del cambio de la identidad legal en razón de la identidad de género de las personas trans, al margen de su biología de nacimiento.

Una vez que se obtenía una sentencia favorable, el director general del Registro Civil del Distrito Federal, en su función de juez (oficial) del Registro Civil, llevaba a cabo el levantamiento de una nueva acta de nacimiento con el nombre y género que ordenaba la resolución judicial, sin revelar la condición de la persona, verificando que se hubiera hecho la anotación marginal correspondiente en el acta primigenia y la reserva de ésta. El acta reservada debía mantenerse así, salvo que por mandamiento judicial y/o petición ministerial se solicitara la expedición de una constancia. Hasta febrero de 2014, sólo 164 personas habían logrado ejercer ese derecho.

El 13 de noviembre de 2014 se aprobó una nueva reforma del Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles del entonces Distrito Federal, que fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 de febrero de 2015, para simplificar el trámite y para desjudicializar el procedimiento de reasignación sexo-genérica para quienes piden el reconocimiento de una identidad de género, se tomó como ejemplo el modelo argentino.

El reconocimiento de la identidad de género y el cambio de nombre en actas de nacimiento de personas transexuales es más sencillo y económico en la Ciudad de México, pues ahora es un trámite administrativo en el Registro Civil y no requiere peritajes. En ningún caso es requisito acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico y/o procedimiento para el reconocimiento de la identidad.

Es de celebrar este avance en la garantía de los derechos fundamentales y en su labor en la construcción de la cultura del trato igualitario y sin discriminación. Debe señalarse la importancia de contar con un acta de nacimiento acorde a la identidad de género que asume cada persona, ya que permite la posibilidad de realizar otro tipo de trámites y solicitar servicios con dicho documento, abriendo la posibilidad de sumar en la construcción de la igualdad y no discriminación para las personas trans, un grupo poblacional que confronta gran discriminación.

Legislar en favor de los derechos de esta comunidad transexual, representa la consolidación del marco jurídico mexicano, ajustado a los tratados internacionales de derechos humanos, que resguardan la integridad del ser humano a partir del reconocimiento y respeto de su identidad.

La Convención Interamericana de Derechos Humanos plantea la necesidad de que los Estados adopten medidas administrativas y legislativas que garanticen el respeto y reconocimiento legal, así como el derecho de cada persona a la identidad de género que ella defina para sí, asegurándose de que todos los documentos de identidad emitidos por el Estado, en los cuales se mencione la identidad de género, reflejen su autodeterminación, como se menciona en el texto citado.

El reconocimiento legal de la identidad de género de las personas transgenéricas y transexuales se ha logrado en diferentes países, entre los cuales se encuentran Estados Unidos (Illinois, 1961; Arizona, 1967; Luisiana, 1968; California, 1977), Suecia (1972), Alemania (1980), Holanda (1985), Australia (en la parte sur: 1988), Austria (1993), Finlandia (2002), Sudáfrica (2003), Reino Unido (2004) y España (2007) y en los que se permite la rectificación de nombre y sexo en la documentación oficial. Algunos exigen la cirugía previa para el reconocimiento legal de la identidad de género del solicitante.

De acuerdo con datos del Registro Civil de la Ciudad de México, de enero de 2013 a marzo de 2019 se han entregado 3 mil 866 actas de cambio de identidad de género y reasignación sexo-genérica; 2015 y 2017 fueron los años con la mayor cantidad de trámites, con mil 159 y mil 60, respectivamente.

Con esta iniciativa buscamos reconocer en el Código Civil Federal el derecho de las personas trans al desarrollo libre del género con el cual se identifican, a efecto de facilitar y simplificar el trámite para que obtengan su nuevo documento de identidad (acta de nacimiento). Asimismo, con esta reforma se armoniza la legislación federal y la de la Ciudad de México para este tema, única entidad hasta el momento en reconocer el derecho a la identidad de género; y al mismo tiempo, exhortamos al resto de las entidades federativas en la República Mexicana a fin de que reformen sus códigos civiles locales para que sean acordes con el contenido del presente decreto y se reconozca este derecho en todo el país.

Dado el ámbito espacial de validez del Código Civil Federal, con esta reforma las y los ciudadanos mexicanos en el extranjero podrán hacer valer este derecho ante los consulados y las embajadas del país en que se encuentren, beneficiando así a una mayor cantidad de población.

Para mayor entendimiento se anexa el cuadro comparativo de la propuesta planteada:

Por lo expuesto y fundado se propone la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Civil Federal, en materia de identidad de género

Único. Se reforman el artículo 35, 134, la fracción II del artículo 135, 137,138 y 138 Bis; y se adiciona una fracción III al artículo 135, 135 Bis, 135 Ter, 135 Quáter, para quedar como sigue:

Artículo 35. En la Ciudad de México estará a cargo de los jueces del Registro Civil autorizar los actos del estado civil y extender las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo y muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en los perímetros de las alcaldías de la Ciudad de México, levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género, previa anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia, así como inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela o que se ha perdido o limitado la capacidad legal para administrar bienes.

Artículo 134. La rectificación o modificación de un acta de estado civil, puede hacerse ante el juez del Registro Civil, el cual se sujetará a las prescripciones de este código.

Artículo 135. Ha lugar a pedir la rectificación

I. Por falsedad, cuando se alegue que el suceso registrado no pasó;

II. Por enmienda, cuando se solicite variar algún nombre u otro dato esencial que afecte el estado civil, la filiación, la nacionalidad, el sexo y la identidad de la persona.

III. Por existencia de errores mecanográficos yortográficos.

Artículo 135 Bis. Pueden pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género, previa la anotación correspondiente en su acta de nacimiento primigenia, las personas que requieran el reconocimiento de su identidad de género.

El reconocimiento respectivo se llevará a cabo ante las instancias y las autoridades correspondientes del Registro Civil de la Ciudad de México, cumpliendo todas las formalidades que exige el Reglamento del Registro Civil de la Ciudad de México.

Se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe así misma, la cual puede corresponder o no, al sexo asignado en el acta primigenia. En ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico y/o procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género.

Los efectos de la nueva acta de nacimiento para identidad de género realizados serán oponibles a terceros desde su levantamiento.

Los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad al proceso administrativo para el reconocimiento de identidad de género y a la expedición de la nueva acta, no se modifican ni se extinguen con la nueva identidad jurídica de la persona; incluidos los provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, los que se mantendrán inmodificables.

Artículo 135 Ter. Para realizar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, las personas interesadas deberán presentar:

I. Solicitud debidamente requisitada;

II. Copia certificada del acta de nacimiento primigenia para efecto de que se haga la reserva correspondiente;

III. Original y copia fotostática de su identificación oficial; y

IV. Comprobante de domicilio.

El levantamiento se realizará en el juzgado central, se procederá de inmediato a hacer la anotación y la reserva correspondiente; si se hiciere en un juzgado distinto, se dará aviso mediante escrito al juzgado en que se encuentre el acta de nacimiento primigenia para los mismos efectos anteriormente señalados.

El acta primigenia quedará reservada y no se publicará ni expedirá constancia alguna, salvo mandamiento judicial o petición ministerial.

Una vez cumplido el trámite se enviarán los oficios con la información, en calidad de reservada, a la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional Electoral, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Fiscalía General de la República, Consejo de la Judicatura Federal y adonde se considere pertinente para efectos legales procedentes.

Artículo 135 Quáter. Además de lo señalado en el artículo anterior, para el levantamiento del acta correspondiente, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser de nacionalidad mexicana;

II. Tener al menos 18 años de edad cumplidos;

III. Desahogar en el Juzgado Central del Registro Civil, la comparecencia que se detalla en el reglamento y manual de Procedimientos del Registro Civil; y

IV. Manifestar: el nombre completo y los datos registrales asentados en el acta primigenia y el nombre solicitado sin apellidos y en su caso, el género solicitado.

Artículo 137. El trámite de rectificación de acta se seguirá en la forma que establezca este código.

Artículo 138. La sentencia que cause ejecutoria por divorcio y adopción se comunicará al juez del Registro Civil y éste hará una referencia de ella al margen del acta impugnada, sea que el fallo conceda o niegue la rectificación.

Artículo 138 Bis. La aclaración, o rectificación de las actas del estado civil, procede cuando en el levantamiento del acta correspondiente, existan errores de cualquier índole y deberán tramitarse ante la oficina del Registro Civil.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero. Se exhorta a los congresos locales a armonizar sus legislaciones civiles con el contenido del presente decreto.

Notas

1 Güitrón Fuentevilla, Julián. ¿Reasignación para la concordancia sexo-genérica? Organización Editorial Mexicana, 1 de marzo de 2009.

2 Barrios Martínez, David; y García Ramos, María Antonieta. Transexualidad: la paradoja del cambio, México, Alfil, 2008, página 129.

3 Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C, número 239.

4 Aún no firmado por el Estado mexicano.

5 Suscrita por México el 13 de noviembre de 2018. Pendiente de ratificación.

6 Las opiniones consultivas de la CoIDH tienen carácter únicamente orientador, no obligatorio, para los jueces nacionales. Cónfer la tesis aislada de rubro “Opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Implicaciones de su carácter orientador para los jueces mexicanos”.

7 Dichos requisitos fueron los adoptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro “Identidad de género autopercibida (reasignación sexo-genérica). Requisitos que debe cumplir el procedimiento para la adecuación del acta de nacimiento y demás documentos de identidad”.

8 Tesis P LXXI/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXX, diciembre de 2009, página 20.

9 Porras Elizondo, Olga Denisse. “Efectos jurídicos del levantamiento de una nueva acta por la reasignación para la concordancia sexo-genérica. Estudio comparativo y propuestas de reforma”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, www.juridicas.unam.mx Consultada el 15 de agosto de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.— Diputadas y diputados: Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Ana María Rodríguez Ruiz, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Javier Ariel Hidalgo Ponce, Lidia García Anaya, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, Marco Antonio González Reyes, Marco Antonio Medina Pérez, Martha Robles Ortiz, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Sergio Mayer Bretón, Víctor Gabriel Varela López (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Martha Elena García Gómez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Martha Elena García Gómez, y los diputados del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la fracción XVI del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. La convención se abrió a la firma en Nueva York el 26 de enero de 1990 y entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha convención constituye el referente para el reconocimiento y la representación de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, además de ser un instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida.

Tanto la Declaración Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño, forman parte de un muy comprensivo corpus juris internacional de protección de la niñez que debe servir para fijar la interpretación de distintas disposiciones de la declaración y la convención, y diversos instrumentos de derecho internacional y nacional.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos para niñas, niños y adolescentes se reconocen diez derechos que a continuación se enuncian: 1) derecho al disfrute de todos los derechos sin discriminación; 2) derecho a la protección y consideración del interés superior del niño ; 3) derecho a un nombre y una nacionalidad; 4) derecho a la salud, alimentación, vivienda recreo y servicios médicos; 5) derecho del niño física o mentalmente impedido a recibir atención especial; 6) derecho a la vinculación afectiva y a no separarse de sus padres; 7) derecho a la educación, al juego y recreaciones; 8) derecho a la prioridad en protección y socorro; 9) protección contra abandono, crueldad y explotación; 10) protección en contra de la discriminación.

La Convención sobre los Derechos del Niño refiere que los estados parte reconocen el derecho de las niñas y los niños al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los estados parte se esforzarán por asegurar que ninguna niña o niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

Por otro lado, nuestro andamiaje jurídico contempla en el artículo 4o. constitucional que a la letra dice “en todos las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”, no obstante, resulta importante puntualizar que lo establecido en el artículo 1o. constitucional, en un sentido amplio respecto a la reforma de derechos humanos, es complementario del artículo 4o. y, por tanto, ofrece en efecto una concepción integral de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, y su reconocimiento a partir de la Convención sobre Derechos del Niño.

Por lo anterior, el principio del interés superior de la niñez mandata a las autoridades de todos los ámbitos a observarlo como un rol prioritario en las políticas públicas para la infancia, con la principal finalidad de obtener la satisfacción integral de sus derechos.

Por ello que, en el diseño de las políticas públicas de la infancia, este principio opera como un criterio de ponderación, mediante el cual se obliga a dar prioridad a los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a los derechos de las personas adultas.

Ahora bien, con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que representa un paradigma garantista, abonó en su capítulo noveno “Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social” la prestación de los servicios de atención médica la cual deberá ser gratuita conforme a lo establecido en la Ley General de Salud.

También se contempla que se llevarán a cabo acciones para asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria que sean necesarias a todas las niñas, niños y adolescentes, haciendo hincapié en la atención primaria.

En ese sentido, y atendiendo los últimos hechos en los cuales se han presentado suicidios y escenas violentas en donde participan niños, nos lleva a reflexionar sobre la prevención y la atención inmediata de este tipo de casos y sobre todo la importancia del cuidado de la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

De conformidad con la Organización Mundial de la Salud (OMS) “la buena salud mental está relacionada con el bienestar mental y psicológico. La OMS trabaja para mejorar la salud mental de las personas y de la sociedad en conjunto y ello incluye fomentar el bienestar mental, prevenir los trastornos mentales, proteger los derechos humanos y atender a las personas con trastornos mentales”.

Asimismo, se refiere que “la salud mental es un fenómeno complejo determinado por múltiples factores de índole social, ambiental, biológico y psicológico”.

En el marco vigente respecto a la salud mental, la Ley General de Salud establece en su título tercero, capítulo VII de la Salud Mental, que la prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento es de carácter prioritario y que se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud mental.

Con respecto al suicidio, la OMS señala que son todos aquellos actos individuales y deliberados que causan a sí mismo una lesión o daño que indudablemente finaliza en la muerte.

Así también, menciona que cerca de un millón de personas en todo el mundo se quitan la vida anualmente; casi 3 mil al día. Mencionan que, por cada 20 intentos, alguien lo consuma, y que los jóvenes de entre 15 y 24 años son el sector más vulnerable.

De lo anterior se desprende que la niñez y la adolescencia son más susceptibles a cometer el suicidio, los factores que lo originan, se refieren a trastornos psicológicos y biológicos. En México, las principales causas que dan origen a la muerte por suicidio en esta población son el acoso escolar, la depresión, la desarticulación familiar, la deserción escolar, drogadicción, entre otras.

De conformidad con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2016 ocurrieron al menos mil 291 suicidios en territorio nacional debido a una atención adecuada, lo que representa 5.1 casos por cada 100 mil personas.

Asimismo, el Inegi reporta que, en sólo siete años, de 2010 a 2017, sucedieron 48 mil muertes por suicidio en México.

La población más vulnerable son los jóvenes de 20 a 24 años, los cuales tiene la tasa más alta de suicido con 9.3 por cada 100 mil personas de estas edades.

Si se considera la variable del sexo, los hombres son los más proclives a suicidarse y si son jóvenes aumenta a una tasa de 15.1 por cada 100 mil.

En el caso de las mujeres, el grupo de 15 a 19 años presenta la tasa de suicidio más alta con 4.0 suicidios por cada 100 mil mujeres.

Ahora bien, los hechos ocurridos en Torreón, Coahuila, en donde un alumno de 11 años disparó contra su profesora y compañeros, para después suicidarse, dan muestra de la falta de acciones para identificar alertas tempranas sobre posibles trastornos de conducta y en consecuencia su falta de atención inmediata.

Es de suma importancia que se implementen medidas de prevención que alerten de estos casos para evitar tragedias como las ocurridas; a medida de que se trabaje en la procuración de la salud mental de niñas, niños y adolescentes, se podrá garantizar que eventos como éste no vuelvan a ocurrir.

En conjunto se debe lograr una crianza positiva que conlleve a una mejor calidad de vida de la niñez y adolescencia. Los contextos de violencia han rebasado a nuestro país afectando a este grupo poblacional, es así, que observando el principio del interés superior de la niñez y su derecho de prioridad es que se propone esta iniciativa con el objeto de que en caso de que se detecten alteraciones de conducta que indiquen la existencia de trastornos mentales y del comportamiento, se prestará atención médica inmediata con la finalidad de preservar la salud mental.

En tal virtud, tengo a bien someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XVI del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Único. Se reforma la fracción XVI del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

I. a la XV. (...)

XVI. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial los casos de niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental; en caso de que se detecten alteraciones de conducta o indicios que indiquen la existencia de trastornos mentales y del comportamiento se prestará atención inmediata de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.— Diputadas y diputados: Martha Elena García Gómez, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Erika Mariana Rosas Uribe, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Jacquelina Martínez Juárez, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Marcela Torres Peimbert, María Sara Rocha Medina, Mariana Dunyaska García Rojas, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Patricia Terrazas Baca, Ricardo Flores Suárez, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que expide la Ley de Planeación Energética para la Continuidad Homogénea, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 78, numeral 1, 73, 77, fracción, III 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Planeación Energética para la Continuidad Homogénea.

Planteamiento del Problema

El México actual demanda tener seguridad y soberanía energéticas, que permitan un crecimiento económico en el poder adquisitivo de la sociedad. Actualmente, para generar energía dependemos de materias primas que generan combustión como los hidrocarburos y carbón.

México continúa realizando planes sexenales en la parte energética, ligados a las empresas productivas del Estado ante un mercado en crecimiento y demandante. Realizando cambios de administración a administración que generan incertidumbre jurídica y en los mercados; y el desarrollo del sector dependerá de la cantidad de dinero que puede tener para el crecimiento de un país en función de la inversión interna o externa que circula dentro la sociedad.

México, desde 1970, no ha tenido la certeza de realizar un plan de nación, ligado a una ley, donde los poderes Legislativo y Ejecutivo cumplan; la parte que corresponde de cada periodo a donde el plan ha establecido para llegar a metas específicas que aseguren poder tener intercambio energético y no depender de otras regiones como actualmente estamos realizando.

No obstante lo anterior, la nación enfrenta un dilema hoy día de exportar más crudo o mandar a refinerías para transformar en combustible ante la falta de producción incremental. Actualmente no hay crudo suficiente para incrementar a un 75 por ciento la utilización del sistema nacional de refinación, en caso de poder lograrlo tendríamos que tener una producción de 2 millones 350 mil barriles, 400 mil barriles por arriba de lo propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el 2020. Pero cabe aclarar que el promedio de producción de gasolina y diésel por cada barril que entra actualmente está en 57.2 por ciento y pudiendo incrementar a 70 por ciento en 2021 una vez terminado la reconfiguración o mantenimiento del sistema nacional de refinación.

En tal sentido, quien controla la base del mercado actualmente en México es la SHCP, mientras la Secretaría de Energía (Sener) propone la política energética del país que depende directamente de que el mercado tenga los suficientes recursos para poder llevar a cabo dichas políticas.

El Poder Ejecutivo puede influir pero no determina la tendencia que debe haber en el mercado; al tener que equilibrar en cubrir la necesidad de la sociedad y mantener un flujo de efectivo circulante en crecimiento.

Todo lo anterior es parte fundamental para poder llegar a una meta especifica dentro de un negocio energético de largo plazo por parte de cada una de las partes involucradas. Actualmente no existe una coordinación clara entre lo que requiere el mercado y lo que cada administración pasada, actual y futura necesita para tener una base energética del país por medio de la administración pública.

El plan de negocios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) depende del dinero disponible que la administración pueda otorgar a programas y proyectos de inversión para poder mantener una base operativa y de crecimiento del negocio de cada empresa productiva del Estado.

El negocio queda claro para la nación de conformidad con el flujo de efectivo adicional, es necesario vender más crudo para exportar y que el consumo de combustible aumente para tener un mayor ingreso de recaudación vía Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para poder ayudar a pagar a Pemex sus adeudos históricos. La oportunidad radica ahora que la producción se ha mantenido estable los últimos meses y requiere de forma rápida y urgente que se incremente para mantener el envío a refinería y exportación ampliando la participación de empresas privadas.

El mundo ha entrado en una guerra financiero-energética, dando a lugar a una contracción económica internacional con riesgos de corto plazo. Hoy existe un entendimiento real hacia donde debe ir el mundo para mantener armonía en las finanzas con el objeto de satisfacer la demanda de un mercado con necesidades de corto plazo, creado por la humanidad que cada día exige tener acceso a la tecnología y energía.

Hoy tenemos países con un plan de largo plazo con el objetivo de tener un crecimiento económico y estabilidad; en México al parecer no estamos entendiendo que se requieren planes transexenales en el sector energético que permitan detonar los ingresos derivados de los recursos naturales, así como dotar de estabilidad financiera a los proyectos de largo plazo.

Por tercer año consecutivo, la generación de electricidad superó el suministro de petróleo y gas como el mayor sector de inversión. Aunque en parte se debe a los costos versátiles en ambos sectores, la tendencia también refleja la creciente importancia de la electricidad, cuyo crecimiento de la demanda en 2018 fue casi el doble de rápido que la demanda total de energía.

Por otro lado, un aumento del 4 por ciento en el gasto ascendente de petróleo y gas estuvo respaldado por un mayor precio del petróleo y un cambio a proyectos de esquisto de ciclo más corto. Los planes de gastos para 2020 apuntan a una nueva ola potencial de proyectos convencionales; por el momento, las aprobaciones de proyectos están por debajo del nivel necesario para satisfacer una demanda sólida.

En México continuamos realizando planes anuales y sexenales que no detonan una continuidad de aseguramiento energético del país. Falta ser capaces de conceptualizar un plan ligado al crecimiento económico de acuerdo a las necesidades internas, ante un mercado demandante en crecimiento. Además de tener la oportunidad de poder realizar un cambio energético en un plazo no mayor a 20 años pero realizado con un plan conceptual no modificable por cualquier administración actual o futura.

En México acotamos nuestra política pública en forma anual y sexenal de acuerdo a lo que cada administración vigente considera, dando pie a que en el futuro se pueda modificar y esto genere un decremento en el desarrollo y cumplimiento de metas, donde estas últimas carecen de valor tangible alcanzable. De ahí la necesidad de crear una Ley de Planeación Energética para la continuidad homogénea que permita dotar de certidumbre a la política energética del país.

Argumentación

Históricamente se ha plasmado y dejado el mismo objetivo en la política energética del país sin establecer el ¿cómo?, ¿cuánto?, ni el ¿quién?, el cual no es medible y con una continuidad de crecimiento limitando a un periodo de tiempo no mayor a un plan de nación administrativo finito.

Actualmente, para poder cumplir con los objetivos sectoriales y estrategias, la Sener debe llevar la  conducción y coordinación del desarrollo estratégico y de la política en materia energética en las entidades del sector; dicha secretaría participará en la regulación de la oferta y demanda del mercado nacional e internacional de energías naturales renovables y no renovables para diversos fines, participará en la verificación de la seguridad de instalaciones de hidrocarburos e instalaciones eléctricas; supervisará un margen de reserva eficiente en el sistema interconectado nacional; impulsará la participación privada en la generación de energía; coordinará, desarrollará y supervisará los nuevos modelos de inversión en hidrocarburos; fungirá como titular del Consejo de Coordinación del sector energético entre los órganos reguladores coordinados en materia energética y demás dependencias y entidades participantes del Ejecutivo federal, y promoverá la calidad, la eficiencia administrativa y la innovación gubernamental, atendiendo a los principios de austeridad, honestidad y combate a la corrupción.

Adicionalmente, y en congruencia con el marco normativo vigente, la Sener tendrá una coordinación estrecha con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), a efecto de que la regulación en materia energética sea acorde con la política energética nacional, y se consiga la generación de empleos y que el sector energía sea palanca para el desarrollo nacional.

La Sener, en conjunto con la CRE, asegurará y garantizará el suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores, dando mayor certidumbre al mercado, así como mejores condiciones en el abasto y promoción de la competencia, incentivando la inversión productiva en la generación eléctrica y la distribución del gas natural.

La Sener y CNH trabajarán conjuntamente en la adjudicación de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, teniendo definidas las actividades de la Sener y de la CNH, quien participa en la licitación, suscripción, administración, gestión y supervisión de contratos; así como el regular y supervisar la exploración y extracción de carburos de hidrógeno, que se encuentren en mantos o yacimientos, cualquiera que fuere su estado físico, y para realizar el acopio, resguardo, uso, administración y actualización, incluyendo la publicación de la información geológica, geofísica, petrofísica, petroquímica.

Bajo dicha línea argumentativa se manifiesta que la entidad facultada para determinar metas alcanzables en la política energética del país es la Sener y la cual dependerá de lo que cada administración le dictamine cuándo crea conveniente en el tiempo que tiene para administrar el país. Lo anterior, debe cambiar y deberá haber una política pública energética de largo plazo que determine el rumbo del país y no del sexenio.

En México requerimos un plan energético de nación que tenga el nivel de ley reglamentaria para  dotar de certeza jurídica a la inversión, sin que ello implique ser una camisa de fuerza para modificar o no el marco jurídico aplicable de conformidad con la dinámica del sector, sino que se quiere de dotar de una estrategia de largo plazo que permita a los proyectos de inversión llegar a buen fin, en el mismo sentido dotará de lineamientos del cómo debería el país poder desarrollar tecnología, tener acceso a la misma y disminuir el riesgo de inversión para la nación, cuyo objetivo es garantizar la inversión pública y permitir que privados asuman dicho valor monetario bajo un marco de certeza jurídica.

La soberanía nacional no implica que todo lo tiene que realizar la nación para poder tener acceso a energía, sino que implica también facilitar que el mercado interno crezca en función de las variantes geopolíticas, aprovechando los recursos naturales en forma ordenada bajo contratos, normas, órganos reguladores y políticas públicas de acorde a un Plan Energético de Nación.

El objetivo del plan deberá estar ligado a cuanto y como deberíamos de tener en energía. El Plan Energético de Nación debe estar ligado a que cada administración con el objetivo principal de cumplir con el lineamiento establecido en el periodo acordado, es decir obligar a cada administración futura que llegue a la meta establecida dentro del plan para poder ser autosuficientes y poder influir en el mercado global, no tener metas sexenales.

Producir materia prima no significa soberanía energética, es el cómo utilizar, transformar y aprovechar la coyuntura geopolítica mundial. Actualmente no hay una norma que indique el crudo que debemos de almacenar para cubrir la demanda, cuanto gas debemos de almacenar para poder cubrir para la generación de electricidad, tipo de infraestructura para mover materia prima o derivados de la misma; entre otras cosas.

El plan de nación no deberá alinearse a lo que cada administración decida en función de lo que cada consejo de cada empresa productiva decida, sino que cada parte deberá alinearse en cumplir las metas dentro de la ley del plan y donde no podrá ser removido o forzado a una ideología o forma de administrar el país, deberá ser ajeno a toda influencia de pensamiento contario a lo que el país le conviene de largo plazo, esto como consecuencia dará certeza jurídica, económica, legal y de percepción de que el país tiene un rumbo energético y no depender de cada corriente ideológica.

La energía no es de México, es para ser usada por México para el crecimiento económico y para la sociedad ante los cambios rápidos y adaptación de los países ante la electrificación del mundo. Una apertura del mercado energético controlada y una política energética adecuada no basada en suposiciones de producción petrolera, si no en un todo que incluya nueva infraestructura, plantas de generación de electricidad, energías alternativas y todo plasmado en un Plan Energético de Nación de largo plazo que ayudará a establecer las bases de autosuficiencia; dando pie a una certidumbre a quien quiera invertir en México.

El objetivo principal es que la energía en México sea para satisfacer un consumo de mercado interno para posteriormente ser el puente para poder interconectar a Centroamérica u otros países. En tal sentido, el dinero para la inversión de cualquier proyecto debe provenir de un presupuesto público (deuda o impuestos) o privados (asumen el riesgo) para la realización. Hoy en día, a nivel mundial, cada país se está preparando en dos aspectos fundamentales para el 2040:

1. Transición de un uso mejor de la energía (eficiencia energética y seguridad energética)

2. Utilización de mejores materias primas menos contaminantes y de bajo costo (seguridad del clima, aire y medio ambiente)

Pero lo anterior dependerá que de los proyectos energéticos dispongan de la colocación de deuda en bancos o en instituciones financieras en forma de bonos, préstamos o créditos entre otras, pero antes de poder tener acceso al capital para el apalancamiento respectivo; deberá pasar cada proyecto una inspección financiera/técnica que integre el retorno de la inversión y las ganancias posibles a tener en función del volumen de ventas. Esperando visualizar cuál es su capacidad financiera y credibilidad del cómo ha pagado los anteriores proyectos.

Esto aplica también a naciones donde el dinero no reconoce ideología, solo aporta crecimiento donde exista una congruencia alineada al mundo, puedes ser diferente pero no puedes ser ajeno a las condiciones geopolíticas de un mercado cada día más reducido en el mundo. El dinero invertido en un país es y debe ser utilizado para crear fuentes de crecimiento de la sociedad por medio de la adaptación del conocimiento e influir en las innovaciones tecnológicas.

México tiene un dilema hoy día de exportar más crudo o mandar a refinerías para transformar en combustible ante la falta de producción incremental.  Actualmente no hay crudo suficiente para incrementar a un 75 por ciento la utilización del sistema nacional de refinación, no obstante el gobierno en turno está implementando los mecanismo necesarios para incrementar la producción en tiempo record, en caso de poder lograrlo tendríamos que tener una producción de 2 millones 350 mil barriles, 400 mil barriles por arriba de lo propuesto por la SHCP para el 2020. Pero cabe aclarar que el promedio de producción de gasolina y diésel por cada barril que entra actualmente está en 57.2 por ciento y pudiendo incrementar a 70 por ciento en 2021 una vez terminado la reconfiguración o mantenimiento del sistema nacional de refinación.

Actualmente no existe una coordinación clara entre lo que requiere el mercado y lo que cada administración pasada, actual y futura necesita para tener una base energética del país por medio de la administración pública. México tiene una oportunidad que no puede desaprovechar, adonde urge un plan de largo plazo involucrando al poder ejecutivo, legislativo, empresarial, empresas productivas del estado y sociedad;  debido que no tenemos donde almacenar crudo, gas u otra materia prima para transformar en energía.

Fundamento Legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se expide la Ley de Planeación Energética para la Continuidad Homogénea

Único. Se expide la Ley de Planeación Energética para la Continuidad Homogénea, para quedar de la siguiente manera:

Ley de Planeación Energética para la Continuidad Homogénea

Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27 párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer:

I. Las normas y principios básicos conforme  a los cuales se llevará a cabo la Planeación Energética Nacional;

II. El plan y control de los objetivos energéticos establecidos en periodos determinados por parte de la nación;

III. Promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica, hidrocarburos, infraestructura  y garantizar una operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de energías para poder cubrir la demanda interna y poder interactuar a nivel geopolítico;

IV. Los órganos responsables del plan para la continuidad homogénea;

V. Las bases de participación de las autoridades, los integrantes de la industria energética en su conjunto e instituciones académicas.

Artículo 2o. La planeación y el control energético son áreas estratégicas de los tres niveles de gobierno, de los Poderes de la Unión, así como Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

El Estado mexicano deberá propiciar y acatar el plan realizado en conjunto, en el ámbito de sus atribuciones, y propiciando el Desarrollo y Operación Eficiente de la Industria Energética.

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Agencia: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos;

II. Almacenamiento: Depósito y resguardo de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos en depósitos e instalaciones confinados que pueden ubicarse en la superficie, el mar o el subsuelo;

III. Asignación: El acto jurídico administrativo mediante el cual el Ejecutivo Federal otorga exclusivamente a un Asignatario el derecho para realizar actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en el Área de Asignación, por una duración específica;

IV. Asignatario: Petróleos Mexicanos o cualquier otra empresa productiva del Estado que sea titular de una Asignación y operador de un Área de Asignación;

V. Cadenas de valor: El conjunto de actividades, tales como investigación y desarrollo, diseño, fabricación, ensamble, producción de partes, mercadeo, instalación, puesta en marcha, servicio y reciclaje, que un sector industrial realiza para entregar un bien;

VI. Cadena Productiva: Conjunto de agentes económicos que participan directamente en la proveeduría, suministro, construcción y prestación de bienes y servicios para la industria de Hidrocarburos;

VII. Central Eléctrica: Instalaciones y equipos conforme a lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica;

VIII. Cenace: Centro Nacional de Control de Energía;

IX. Certificado de Energías Limpias: Título otorgado por la CRE conforme a lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica;

X. CFE: Comisión nacional de Electricidad;

XI. Cogeneración: Generación de energía eléctrica producida conjuntamente con vapor u otro tipo de energía térmica secundaria o ambos; producción directa o indirecta de energía eléctrica mediante la energía térmica no aprovechada en los procesos, o generación directa o indirecta de energía eléctrica cuando se utilicen combustibles producidos en los procesos;

XII. Consejeros: Los que integran el Comité consultivo para el cumplimiento de la meta del Plan Energético para la Continuidad Homogénea;

XIII. Comité: Comité consultivo para el cumplimiento de la meta del Plan Energético para la Continuidad Homogénea;

XIV. Contrato para la Exploración y Extracción: Acto jurídico que suscribe el Estado Mexicano, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por el que se conviene la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en un Área Contractual y por una duración específica;

XV. Contratista: Petróleos Mexicanos, cualquier otra empresa productiva del Estado o Persona Moral, que suscriba con la Comisión Nacional de Hidrocarburos un Contrato para la Exploración y Extracción, ya sea de manera individual o en consorcio o asociación en participación, en términos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos;

XVI. Distribución: Actividad logística relacionada con la repartición, incluyendo el traslado, de un determinado volumen de Gas Natural o Petrolíferos desde una ubicación determinada hacia uno o varios destinos previamente asignados, para su Expendio al Público o consumo final;

XVII. Ductos de Internación: Aquella infraestructura cuya capacidad esté destinada principalmente a conectar al país con infraestructura de Transporte o Almacenamiento de acceso abierto que se utilice para importar Gas Natural;

XVIII. Empresa Generadora: Persona física o persona moral que representa una Central Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista o es titular de un permiso para operar una Central Eléctrica sin participar en dicho mercado, conforme a lo dispuesto en la Ley de la Industria Eléctrica;

XIX. Energías Limpias: Son aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad definidos como tales en la Ley de la Industria Eléctrica;

XX. Energías Renovables: Aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por el ser humano, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que al ser generadas no liberan emisiones contaminantes. Se consideran fuentes de Energías Renovables las que se enumeran a continuación:

a) El viento;

b) La radiación solar, en todas sus formas;

c) El movimiento del agua en cauces naturales o en aquellos artificiales con embalses ya existentes, con sistemas de generación de capacidad menor o igual a 30 MW o una densidad de potencia, definida como la relación entre capacidad de generación y superficie del embalse, superior a 10 watts/m ²;

d) La energía oceánica en sus distintas formas, a saber: de las mareas, del gradiente térmico marino, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal;

e) El calor de los yacimientos geotérmicos, y

f) Los bioenergéticos que determine la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

XXI. Energías fósiles: Aquellas que provienen de la combustión de materiales y sustancias en estado sólido, líquido o gaseoso que contienen carbono y cuya formación ocurrió a través de procesos geológicos;

XXII. Estrategia: Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios;

XXIII. Expendio al Público: La venta al menudeo directa al consumidor de Gas Natural o Petrolíferos, entre otros combustibles, en instalaciones con fin específico o multimodal, incluyendo estaciones de servicio, de compresión y de carburación, entre otras;

XXIV. Exploración: Actividad o conjunto de actividades que se valen de métodos directos, incluyendo la perforación de pozos, encaminadas a la identificación, descubrimiento y evaluación de Hidrocarburos en el Subsuelo, en un área definida;

XXV. Externalidades: Impactos positivos o negativos que generan la provisión de un bien o servicio y que afectan o que pudieran afectar a una tercera persona. Las externalidades ocurren cuando el costo pagado por un bien o servicio es diferente del costo total de los daños y beneficios en términos económicos, sociales, ambientales y a la salud, que involucran su producción y consumo.

XXVI. Extracción: Actividad o conjunto de actividades destinadas a la producción de Hidrocarburos, incluyendo la perforación de pozos de producción, la inyección y la estimulación de yacimientos, la recuperación mejorada, la Recolección, el acondicionamiento y separación de Hidrocarburos, la eliminación de agua y sedimentos, dentro del Área Contractual o de Asignación, así como la construcción, localización, operación, uso, abandono y desmantelamiento de instalaciones para la producción;

XXVII. Gas Licuado de Petróleo: Aquél que es obtenido de los procesos de refinación del Petróleo y de las plantas procesadoras de Gas Natural, y está compuesto principalmente de gas butano y propano;

XXVIII. Gas Natural: La mezcla de gases que se obtiene de la Extracción o del procesamiento industrial y que es constituida principalmente por metano. Usualmente esta mezcla contiene etano, propano, butanos y pentanos. Asimismo, puede contener dióxido de carbono, nitrógeno y ácido sulfhídrico, entre otros. Puede ser Gas Natural Asociado, Gas Natural No Asociado o gas asociado al carbón mineral;

XXIX. Gas Natural Asociado: Gas Natural disuelto en el Petróleo de un yacimiento, bajo las condiciones de presión y de temperatura originales;

XXX. Gas Natural No Asociado: Gas Natural que se encuentra en yacimientos que no contienen Petróleo a las condiciones de presión y temperatura originales;

XXXI. Hidrocarburos: Petróleo, Gas Natural, condensados, líquidos del Gas Natural, hidratos de metano, gasolina, diésel, turbosina;

XXXII. Hoja de Ruta: Guía que establece la secuencia de pasos para alcanzar un objetivo, en la que se especifican participantes, tiempo y recursos necesarios;

XXXIII. Industria Eléctrica: Las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como la operación del Mercado;

XXXIV. Instrumentos de planeación: La Estrategia, el Programa y el Plan Energético para la Continuidad Homogénea;

XXXV.  Ley: Ley de Planeación Energética para la Continuidad Homogénea;

XXXVI. Metas: Objetivos expresados en términos numéricos absolutos o relativos, mediante la aplicación de proyectos de desarrollo con el fin de obtener resultados progresivos en la industria energética y los sectores que la conforman.

XXXVII. Particular: Persona física o Persona Moral;

XXXVIII. Permisionario: Petróleos Mexicanos, cualquier otra empresa productiva del Estado o entidad paraestatal, o cualquier Particular que sea titular de un permiso para la realización de las actividades previstas en esta Ley;

XXXIX. Persona Moral: Sociedad mercantil constituida de conformidad con la legislación mexicana;

XL. Petróleo: Mezcla de carburos de hidrógeno que existe en fase líquida en los yacimientos y permanece así en condiciones originales de presión y temperatura. Puede incluir pequeñas cantidades de substancias que no son carburos de hidrógeno;

XLI. Petróleos Mexicanos: Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias;

XLII. Petrolíferos: Productos que se obtienen de la refinación del Petróleo o del procesamiento del Gas Natural y que derivan directamente de Hidrocarburos, tales como gasolinas, diésel, querosenos, combustóleo y Gas Licuado de Petróleo, entre otros, distintos de los Petroquímicos;

XLIII. Petroquímicos: Aquellos líquidos o gases que se obtienen del procesamiento del Gas Natural o de la refinación del Petróleo y su transformación, que se utilizan habitualmente como materia prima para la industria;

XLIV. Plan Energético: Plan Energético para la Continuidad Homogénea;

XLV. Planeación: Planeación Energética para la Continuidad Homogénea;

XLVI. Procesamiento de Gas Natural: Separación del Gas Natural de otros gases o líquidos para su transformación o comercialización;

XLVII. Programa: Programa Especial del Plan Energético para la Continuidad Homogénea;

XLVIII. Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de Distribución: Las referidas en la Ley de la Industria Eléctrica;

XLIX. Reservas: Cantidades de petróleo que se anticipan a ser comercialmente recuperables a través de la aplicación de proyectos de desarrollo a las acumulaciones conocidas, a partir de una fecha dada, bajo condiciones fiscales definidas. Las reservas deben estar descubiertas, ser recuperables, ser comerciables y ser remanentes a la fecha de la evaluación.

L. Sistema Integrado: Sistemas de Transporte por ducto y de Almacenamiento interconectados, agrupados para efectos tarifarios y que cuentan con condiciones generales para la prestación de los servicios que permiten la coordinación operativa entre las diferentes instalaciones;

LI. Secretaría: Secretaría de Energía;

LII. Semarnat: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales;

LIII. Sistema Eléctrico Nacional: El definido por la Ley de la Industria Eléctrica;

LIV. Transporte: La actividad de recibir, entregar y, en su caso, conducir Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, de un lugar a otro por medio de ductos u otros medios, que no conlleva la enajenación o comercialización de dichos productos por parte de quien la realiza a través de ductos. Se excluye de esta definición la Recolección y el desplazamiento de Hidrocarburos dentro del perímetro de un Área Contractual o de un Área de Asignación;

LV. Tratamiento: Acondicionamiento del Petróleo que comprende todos los procesos industriales realizados fuera de un Área Contractual o de un Área de Asignación y anteriores a la refinación, y

LVI. Zona de Salvaguarda: Área de reserva en la que el Estado prohíbe las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos.

Artículo 4o. Es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la Planeación Energética para la Continuidad Homogénea de manera concurrente de acuerdo a lo establecido en el artículo 2o. de la presente Ley.  

Artículo 5o. El Ejecutivo federal elaborará el Plan Energético para la Continuidad Homogénea  y lo remitirá a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación, en los plazos previstos en esta Ley.

En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales previstas por esta Ley, la Cámara de Diputados formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución y revisión del propio Plan Energético.

Artículo 6o. La estrategia del Plan Energético deberá contar con un portafolio de largo plazo que contenga alternativas que incluyan a la Eficiencia Energética en la industria de hidrocarburos, eléctrica, infraestructura y una proporción creciente de generación con Energías Limpias, en condiciones de viabilidad económica.

Para el monitoreo y seguimiento del Plan Energético se creará un Comité, mismos que será integrado de conformidad a lo establecido por el artículo 18 de la presente ley.

Artículo 7o. La función del Comité será la de monitorear, dar seguimiento y realizar mejoras de acuerdo al consenso que se obtenga por la mayoría de sus integrantes para poder llegar al objetivo plasmado en la presente ley, sin alterar la esencia final contemplada del Plan Energético, sin violentar disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 8. Las Metas del Plan Energético constituyen valores absolutos y no limitativos en relación con el total del requerido por México. La matriz energética que resulte de las Metas planteadas, deberá ser la base de cumplimiento para los bienes consumidos en territorio nacional y de carácter transexenal.

Artículo 9o. Las metas específicas que deberá contener el Plan Energético son:

I. De producción de hidrocarburos, las cuales deberán contener la estimación de cada contrato, permiso y asignaciones otorgadas por la legislación vigente de la ley de órganos reguladores coordinados en materia energética y la Secretaría en coordinación con el Comité.

a) El crudo: Iniciando con una producción 2 millones 600 mil barriles diarios al final del 2024; el crecimiento de producción  del crudo a nivel nacional al final de cada año tendrá que ser de alrededor del ocho por ciento, considerando un balance entre crudo pesado del cuarenta y cinco por ciento y cincuenta y cinco por ciento de crudo ligero.

Así como, realizar un balance entre el sesenta por ciento de campos terrestres y cuarenta por ciento de Agua Somera-Profunda.

b) El Gas: Iniciando con una producción 3 mil 500 millones de pies cúbicos diarios al final del 2024; el crecimiento de producción  del gas a nivel nacional al final de cada año tendrá que ser de alrededor del doce por ciento.

c) Relación reserva-producción en años para el crudo: Iniciando con una 1P 10, 2P 20 y 3P 30 años; el crecimiento tendrá que ser del alrededor de:

1. 1P  seis por ciento

2. 2P tres por ciento

3. 3P  uno por ciento

d) Relación reserva-producción en años para el crudo: Iniciando con una 1P 7, 2P 13 y 3P 20 años; el crecimiento tendrá que ser del alrededor de:

1. 1P diez por ciento

2. 2P  cinco por ciento

3. 3P  tres por ciento

II. De acondicionamiento, transformación e infraestructura de hidrocarburos que se implementaran mediante proyectos de inversión en coordinación con el Comité, donde dichas actividades estarán sujetas a las disposiciones legales en la Materia, estableciendo un crecimiento de:

a) Refinación incremento en volumen de entrada en materia prima al final de cada año, iniciando con 1 millón 844 mil barriles diario (valor total dieta de alimentación de placa); tendrá que ser de alrededor del  tres por ciento.

b) Procesamiento de Gas Natural – Criogénico; una proyección en el incremento en volumen de entrada de gas para tratamiento al final de cada año e iniciando con 6,500 de millones de pies cúbicos; tendrá que ser de alrededor seis por ciento.

c) Fraccionamiento  de Líquidos – Criogénico; una proyección en el incremento en volumen de entrada en materia prima para tratamiento al final de cada año e iniciando con 650 de millones de pies cúbicos tendrá que ser de alrededor dos por ciento.

d) Procesamiento en Petroquímica una proyección en el incremento en volumen de entrada en materia prima para el tratamiento al final de cada año e iniciando con 6,000 Toneladas Métrica anual acumulada y/o 15 Tonelada Métrica por día; tendrá que ser de alrededor cuatro por ciento.

e) Deberá establecer en función de la producción de gas nacional y condiciones del mercado internacional contemplar adicionar 2 plantas en el golfo de México y 6 en el Pacífico de la actual que contamos hoy día.

El acondicionamiento, transformación e infraestructura de hidrocarburos incluirá a las plantas de refinación, al procesamiento de gas natural, fraccionamiento de líquidos, plantas de gas natural y plantas de petroquímica;

III. De exportación y refinación de hidrocarburos por medio de permisos, normatividades y de los órganos reguladores y secretarias afines en coordinación con el Comité.

a) Exportación: Incremento en volumen en función de la producción nacional y mejora del contenido de azufre, grado API; deberá alcanzar  al final de cada año, Iniciando con 1 millón 125 mil barriles diarios, tendrá que ser de alrededor del trece por ciento.

b) Refinación: Incremento en volumen de entrada en materia prima al final de cada año, Iniciando con 1 millón 844 mil barriles diario (tomando en cuenta el ochenta por ciento de utilización del total instalado); tendrá que ser de alrededor del tres por ciento. Considerando alcanzar en el total del sistema valores de cuarenta a cuarenta y cinco por ciento de Gasolina. Así como valores de treinta a treinta y cinco por ciento de diésel de bajo azufre y de cinco a diez por ciento jet fuel porcentaje de producto por cada barril de entrada.

IV. De Almacenamiento de hidrocarburos y derivados, cuyos volúmenes se realizarán mediante permisos y normatividades vigentes, coordinados por el Comité y los órganos reguladores en materia energética.

a) La proyección de crecimiento al final de cada año en el almacenamiento de crudo iniciado con 5,000 barriles; será de alrededor de cuarenta y un por ciento;

b) La proyección de crecimiento al final de cada año en el almacenamiento de gas iniciado con 30,000 millones de pies cúbicos; será de alrededor de trece por ciento anual;

c) La proyección de crecimiento al final de cada año en el almacenamiento de petrolíferos para:

1. Gasolina iniciando de 7 millones 600 mil barriles (5 día) para incrementar a final de cada año en treinta y uno por ciento (25 días).

2. Diésel iniciando de 3 millones 500 mil barriles (5 día) para incrementar a final de cada año en cuarenta y dos por ciento (25 días).

3. Turbo iniciando de 165 mil barriles (1.5 día) para incrementar a final de cada año en treinta y uno por ciento (7 días).

V. De logística e infraestructura de hidrocarburos y derivados los cuales se realizarán mediante permisos y normatividades vigentes, coordinados por el Comité y los órganos reguladores en materia energética;

a) La proyección de crecimiento al final de cada año en kilómetro de tubería para transportar el gas natural (gaseoducto) iniciando con 17,750 kilómetros; será de alrededor de  por ciento.

b) La proyección de crecimiento al final de cada año en kilómetro de tubería para transportar el crudo (oleoducto) iniciando con 9,500 kilómetros;  será de alrededor de uno por ciento.

c) La proyección de crecimiento al final de cada año en kilómetro de tubería para transportar el petrolíferos (poliducto) iniciando con 8,400 kilómetros; será de alrededor de dos por ciento.

VI. De aumento en la capacidad instalada y la generación de energías limpias y convencional mediante proyectos en la materia mismos que serán coordinados por los órganos reguladores y el Comité;

a) La proyección de crecimiento al final de cada año en capacidad efectiva instalada MW para energía:

1. Limpia: iniciando con 26,800 MW; será de alrededor de cinco por ciento.

2. Convencional: iniciando con 47,200 MW; será de alrededor de uno por ciento.

3. Total: iniciando con 74,000 MW; será de alrededor de dos por ciento.

b) La proyección de crecimiento al final de cada año en generación por MW hora para energía:

1. Limpia: iniciando con 14,600 MWh; será de alrededor de siete por ciento.

2. Convencional: iniciando con 27,200 MW;  será de alrededor de dos por ciento.

3. Total: iniciando con 41,600 MW;  será de alrededor de cuatro por ciento.

VII. De expansión y modernización de la infraestructura así como el incremento en la generación distribuida y almacenamiento; mediante proyectos en la materia mismos que serán coordinados por los órganos reguladores y el Comité.

a) La proyección de crecimiento al final de cada año en la Red Nacional de Transmisión; iniciando con 133,800 KM;  será de alrededor de uno por ciento.

b) La proyección de crecimiento al final de cada año en la Red Nacional de Transmisión; iniciando con 840,800 KM;  será de alrededor de seis por ciento.

c) La proyección de crecimiento al final de cada año en Capacidad de Transformación de Redes Generales de Distribución MVA; iniciando con 75,000 MVA;  será de alrededor de cuatro por ciento.

Artículo 10. Las modalidades específicas con las que deben contribuir los integrantes de la industria energética en su conjunto y en cumplimiento de las metas del Plan Energético, serán detalladas en forma transparente y coordinada por el Comité en conjunto con  la Secretaría y los órganos reguladores en materia energética.

La Secretaría será responsable de establecer las condiciones de viabilidad técnica y económica de acuerdo a la legislación en la materia para llegar a cada objetivo del Plan Energético.

Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética verificarán el cumplimiento de las metas y establecerá la regulación correspondiente de acuerdo a la ley en la materia.

Las empresas productivas del Estado y privadas que participen en el mercado energético de México, estarán obligados a ser parte del Plan Energético para alcanzar las metas establecidas en cada estrategia del Plan Energético a largo plazo.

Artículo 11. Las Metas del Plan Energético constituyen porcentajes, valores absolutos y  mínimos en relación con el total en cada parte de la industria energética en México.

La matriz energética que resulte de las Metas planteadas, deberá ser la base de cumplimiento para los bienes consumidos en territorio nacional y de exportación.

Artículo 12. El Estado mexicano promoverá que existan las condiciones legales, regulatorias y fiscales para facilitar el cumplimiento de las metas y sus disposiciones reglamentarias para todos los integrantes de la industria energética dentro del Plan Energético siempre en beneficio del Estado mexicano.

Artículo 13. El Plan Energético con la opinión del Comité y de acuerdo con sus respectivas competencias del Poder Ejecutivo Federal en coordinación con la Secretaría y Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética establecerán las disposiciones correspondientes, para el desarrollo eficiente en términos de la viabilidad económica que deberá:

I. Establecer y ajustar la normatividad relacionada con las características, prestaciones y desempeño mínimo de los componentes físicos, tecnológicos y económicos de las instalaciones y los métodos de instalación de sistemas dentro del mercado energético de acuerdo al Plan Energético;

II. Fomentar la capacitación y certificación de empresas, universidades, centros educativos técnicos y profesionales para llegar a las metas del Plan Energético de largo plazo;

III. Proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Secretaría, mecanismos de apoyo, estímulos fiscales o financieros, que permitan promover las inversiones viables en materia energética, que generen:

a) Crecimiento económico para el Estado;

b) Ahorros en el tipo de energía o materia prima utilizar;

c) Reducciones de la huella de carbono en el sector de energía.

Los mecanismos de apoyo referidos en este artículo serán adicionales a los que se encuentren vigentes en otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 14. El Ejecutivo federal enviará el Plan Energético para la Continuidad Homogénea a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aprobación, a más tardar el último día hábil de febrero del año siguiente a su toma de posesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 5o. de la presente ley y demás disposiciones aplicables.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobará el Plan Energético para la Continuidad Homogénea dentro del plazo de treinta días naturales contado a partir de su recepción a efecto de que el Plan Nacional de Desarrollo guarde congruencia con el referido Plan Energético. En caso de que no se pronuncie en dicho plazo, el Plan Energético se entenderá aprobado en los términos presentados por el Presidente de la República.

La aprobación del Plan Energético por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, consistirá en verificar que dicho instrumento incluye los fines de los artículos 25, 27 y 28 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables que garanticen que la propiedad de la Nación de los recursos naturales es inalienable e imprescriptible.

En caso de que el Plan Energético no los incluya, la Cámara de Diputados devolverá el mismo al Presidente de la República, a efecto de que dicho instrumento sea adecuado y remitido nuevamente a aquélla para su aprobación en un plazo máximo de treinta días naturales.

La vigencia del Plan Energético será transexenal y se le permitirán hacer adecuaciones para actualizarlo delegando dicha facultad al Comité.

El Plan Energético se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en un plazo no mayor a 20 días naturales contado a partir de la fecha de su aprobación.

La categoría de Plan Energético queda reservada al Plan Energético para la Continuidad Homogénea.

Artículo 15. Para los efectos de esta Ley, corresponde a la Secretaría:

I. Elaborar el Programa de metas de cada administración del mercado energético alineado al Plan Energético, así como aprobar y publicar la estrategia para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en esta Ley, y coordinar la ejecución de dichos instrumentos;

II. Considerar las opiniones y recomendaciones acordadas por el Comité para la elaboración, aprobación y publicación de la estrategia y programas referidos en la fracción anterior;

III. Coordinar la organización de las sesiones y trabajos del Comité;

IV. Promover el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia económica como tratados internacionales, acuerdos que México haya adquirido, cuyo cumplimiento esté relacionado directamente con esta Ley, en condiciones de viabilidad económica sin menoscabo de la competitividad;

V. Promover el cumplimiento de todas las metas del Plan Energético mediante la formulación y aplicación de los instrumentos de política pública correspondientes, la coordinación con las instancias relevantes, la evaluación anual del cumplimiento de las metas del Plan Energético y la adopción de medidas correctivas en el caso de que el logro de las metas Plan Energético se encuentren por debajo de los niveles establecidos, considerando en todo momento que dichas medidas deben establecerse tomando en cuenta los costos asociados a cada inversión requerida;

VI. Realizar la consulta anual en coordinación con el Comité, entre integrantes del sector energético, usuarios, el sector académico y la sociedad civil sobre los obstáculos para el cumplimiento de las metas mediante una consulta pública y adaptar cada recomendación que al efecto emita el Comité sobre el  Plan Energético;

VII. Elaborar anualmente el reporte de avance en el cumplimiento de las metas del Plan Energético establecido en los instrumentos de planeación y publicarlo por medios electrónicos;

VIII. Elaborar al final de cada administración el reporte del avance en el cumplimiento de las metas de Plan Energético establecido en los instrumentos de planeación y publicarlo por medios electrónicos;

IX. Elaborar al final de cada administración el reporte del avance en el cumplimiento de las metas de Plan Energético establecido en los instrumentos de planeación y publicarlo por medios electrónicos;

X.  Elaborar y publicar anualmente como anexo del Plan Energético un Atlas Nacional de zonas con alto potencial de desarrollo energético sobre hidrocarburos y energía eléctrica con el siguiente contenido actualizado y verificable:

a. Las zonas del país que tengan alto potencial de desarrollo energético;

b. Información detallada, gráfica y tabular de las zonas de alto potencial de desarrollo energético, considerando los criterios de infraestructura necesaria para el desarrollo de proyectos en el Plan Energético, esta información deberá utilizarse para la planeación de expansión de la industria energética.

c. Suscribir convenios y acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y en su caso, de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto de:

1. Establecer bases de participación para instrumentar las disposiciones que emita el Ejecutivo federal de conformidad con la legislación en la materia;

2. Promover acciones de apoyo al desarrollo de cadenas de valor en la industria energética en condiciones de sustentabilidad económica;

3. Promover condiciones para facilitar el acceso a aquellas zonas con alto potencial de fuentes energéticas para su aprovechamiento y la compatibilidad de los usos de suelo para tales fines;

4. Identificar y promover prácticas en políticas y programas para la eficiencia energética de acuerdo al Plan Energético;

5. Simplificar los procedimientos administrativos para la obtención de permisos y licencias para los proyectos de aprovechamiento de la industria energética de acuerdo al Plan Energético.

XI. Elaborar, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Semarnat y los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética la metodología para valorar las externalidades que pudieran presentarse.

Las características de las externalidades y la dimensión de sus efectos se deberán determinar con base en las mejores prácticas internacionales.

XII. Promover la participación social a través del Comité durante la planeación, implementación y evaluación del Programa;

XIII. Determinar, de conformidad con los criterios emitidos por el Comité, la identificación de las zonas con potencial energético;

XIV. Promover, en condiciones de sustentabilidad económica, la construcción de las obras de infraestructura energética de acuerdo al Plan Energético;

XV. Asegurar la congruencia entre el Plan Energético y la estrategia de cada administración dirigida a cumplir con las metas establecidas con los instrumentos de planeación del sector en materia energética;

XVI. Participar en actividades de coordinación, en materia de simplificación administrativa con dependencias federales;

XVII. Identificar y promover la mejora de prácticas internacionales en cuanto a programas y proyectos de transición energética, cuando así se considere, y

XVIII.  Brindar asesoría y apoyo técnico a las entidades federativas y municipios que lo soliciten para el diseño e implementación de proyectos, programas o reglamentaciones técnicas locales relacionadas con la industria energética y conforme a los requisitos y especificaciones que al respecto se señalen en los reglamentos de la presente Ley.

Artículo 16. Para efectos de esta Ley, corresponde a los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética:

I. Coadyuvar a la identificación de las zonas con alto potencial de la industria energética y las necesidades de infraestructura para la competitividad del mercado;

II. Colaborar con la Secretaría y el Comité en la elaboración y actualización del inventario del sector energético,

Artículo 17. Corresponde al Comité ayudar a cumplir las políticas, lineamientos y visión estratégica del Plan Energético, para tal efecto tendrá las funciones siguientes:

I. Garantizar el acceso abierto y no discriminatorio a la información del Plan Energético;

II. La conducción central y la dirección estratégica de las actividades empresariales, económicas e industriales dentro del Plan Energético;

III. Establecer las directrices, prioridades y políticas generales relativas a la producción, productividad, comercialización, desarrollo tecnológico, investigación, administración general, seguridad, salud y protección ambiental, finanzas, presupuesto y otras que se relacionen con las actividades de la industria energética;

IV. Evaluar, revisar y en su caso, actualizar anualmente el Plan Energético, con base en la proyección de cada administración actual o futura de acuerdo a cada meta establecida en la ley;

V. Evaluar las directrices, prioridades y políticas generales relacionadas con las inversiones en el sector energético para poder llegar a cada meta establecida para cada administración en forma anual y al final de la misma;

VI. El Comité difundirá en su portal de internet el Plan Energético, misma que no deberá contener información que pudiera comprometer o poner en riesgo las estrategias comerciales en materia energética;

VII. Elaborar y publicar anualmente por medios electrónicos el reporte de avance en el cumplimiento de las metas del Plan Energético establecido en los instrumentos de planeación;

VIII. Elaborar y publicar al final de cada administración por medios electrónicos el reporte de avance en el cumplimiento de las metas del Plan Energético establecido en los instrumentos de planeación;

Artículo 18. El Comité estará integrado por quince miembros conforme a lo siguiente:

I. El Titular de la Secretaría de Energía;

II. El Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

III. El Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

IV. El Titular de la Secretaría de Economía;

V. El Presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados;

VI. El Presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República;

VII. Los Presidentes de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética;

VIII. Los Directores Generales de las Empresas Productivas del Estado;

IX. Cinco consejeros independientes, seleccionados por el Comité, una vez integrado el mismo;

Los miembros del Comité contarán con los recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones, conforme a las reglas que emita el propio Comité.

El periodo durante el cual formaran parte del Comité los consejeros a que se refiere la fracción IX del presente artículo,  será de tres años, escalonados y de sucesión anual y podrán ser nombrados nuevamente para un periodo adicional.

Los consejeros que cubran las vacantes que se produzcan por causas de fuerza mayor, antes de la terminación del periodo respectivo durarán, sólo el tiempo que le faltare al sustituido, pudiendo ser nombrados nuevamente para un periodo adicional.

Artículo 19. Los servidores públicos que sean miembros del Comité actuarán con imparcialidad, en beneficio e interés del Plan Energético, separando en todo momento los intereses de la Secretaría de Estado, dependencia o entidad a la que pertenezcan, por lo que no se entenderá que realizan sus funciones o votan en su representación.

Artículo 20. Los consejeros, a que se refiere la fracción IX del artículo 18 de la presente ley,  deberán ser designados en razón de su experiencia, capacidad y prestigio profesional y reunir los requisitos siguientes:

I. Contar con título profesional en las áreas de derecho, administración, economía, ingeniería, contaduría o materias afines al sector energético, con una antigüedad no menor a cinco años al día de la designación;

II. Haberse desempeñado durante al menos diez años en actividades que proporcionen la experiencia necesaria para cumplir con las funciones de consejero del Comité, ya sea en los ámbitos profesional, docente, o de investigación;

III. No haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso que le imponga pena de prisión; tratándose de delitos patrimoniales dolosos, cualquiera que haya sido la pena;

IV. No encontrarse al momento de la designación inhabilitado o suspendido administrativamente;

V. No tener litigio pendiente con Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad y  sus empresas productivas subsidiarias o alguna de sus empresas filiales;

VI. No haber sido sancionado con motivo de una investigación de carácter administrativo, por infracciones graves, o penal, por violaciones a las leyes nacionales o extranjeras, que hayan tenido como conclusión cualquier tipo de resolución o acuerdo que implique expresamente la aceptación de la culpa o responsabilidad, o bien, sentencia condenatoria firme;

VII. Los consejeros no tendrán relación laboral alguna dentro del Comité; y

VIII. Los consejeros únicamente podrán ser removidos por causas de fuerza mayor y por  las causas que sean  previstas en la presente ley.

Artículo 21. Las sesiones del Comité se desarrollaran de la siguiente manera:

I. El Comité será presidido por el Titular de la Secretaría, quien tendrá voto de calidad en caso de empate de las decisiones.

II. El Comité, con el voto favorable de ocho de sus miembros, emitirá y actualizará las reglas para su operación y funcionamiento, debiendo prever, en todo caso, que:

a) Sesionará de manera ordinaria en forma trimestral, conforme al calendario que se acuerde, previa convocatoria que formule el Secretario Técnico del Comité, a indicación de su Presidente;

b) Las sesiones se celebrarán en el domicilio que el Comité designe, sin perjuicio de que, a juicio del Presidente del Comité, puedan celebrarse en otro domicilio;

c) Los plazos y términos para las convocatorias a sesión ordinaria y extraordinaria;

d) Las sesiones serán válidas con la presencia de al menos ocho miembros, siempre que asistan a los menos tres consejeros independientes una vez que hayan sido designados;

e) El quórum de asistencia para las sesiones del Comité, se determinará al inicio de las mismas y será necesario que se mantenga para el desarrollo de la sesión;

f) Deliberará en forma colegiada y sus decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, a menos que la ley o las reglas a que se refiere este artículo exijan una mayoría calificada;

g) En caso de que la mayoría de votos no se alcance con el voto favorable de al menos dos miembros, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, los consejeros que se opongan podrán emitir su voto razonado. El asunto será decidido por mayoría simple de votos de los miembros presentes en la siguiente sesión que se celebre al término del plazo señalado;

h) Todos los miembros deberán votar en sentido positivo o negativo, sin que haya posibilidad de abstenerse de votar, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. En caso de que el voto sea en sentido negativo, el consejero deberá expresar las razones de su emisión en la misma sesión, que serán asentadas en el acta respectiva;

i) En caso de que algún miembro se encuentre en una situación que genere o pueda generar conflicto de interés, tendrá la obligación de comunicarlo al Presidente del Comité y a los demás consejeros asistentes a la sesión y deberá abandonar temporalmente la sesión correspondiente para abstenerse de conocer del asunto de que se trate y de participar en la deliberación y resolución del mismo;

j) Sin perjuicio del calendario acordado para las sesiones ordinarias, el Presidente o al menos cuatro miembros del Comité, podrán instruir al Secretario Técnico del Comité para que se convoque a sesión extraordinaria;

k) La regulación sobre la participación de invitados en las sesiones, que tendrán voz pero no voto;

l) El uso de tecnologías de la información para la convocatoria a sesiones y de medios remotos de comunicación audiovisual para su celebración en caso necesario;

m) El comité al final de cada administración deberá realizar un reporte que contendrá  resoluciones, evaluación, adecuación y establecer de cada meta del Plan Energético así como justificar los avances e incumplimientos al mismo;

n) Al término de cada administración deberá emitir un reporte cuyo objetivo deberá ser evaluar, emitir recomendaciones y estrategias para la siguiente administración, el cual será remitido junto con el último informe de gobierno al Congreso de la Unión;

o) Los miembros del Comité, el Secretario Técnico y los invitados a sesiones del Comité están obligados a guardar la confidencialidad, así como no revelar, custodiar y cuidar la documentación e información que sea considerada reservada, por razón de su participación en el Comité, tengan conocimiento o que esté bajo su responsabilidad, así como impedir y evitar su uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos.

p) La obligación de confidencialidad referida permanecerá en vigor diez años después de que los obligados a ella dejen de estar en el Comité y de acuerdo a la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Artículo 22. Los miembros del Comité deberán cumplir en el desempeño de sus cargos con las siguientes obligaciones:

I. Abstenerse de realizar, por sí o por interpósita persona, transacciones profesionales o comerciales con Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal Electricidad, así como con sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, o de utilizar sus activos, recursos o personal para actividades privadas que guarden relación con sus funciones en el Comité;

II. Formular al Comité a través de opiniones, recomendaciones y orientaciones respecto del desempeño del Plan Energético, y

III. Las demás obligaciones previstas en la presente Ley así como en los lineamientos que al respecto emita el Comité.

Artículo 23. Los Consejeros independientes del Comité incumplirán su deber y serán removidos de su cargo por cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Faltar o abandonar, sin causa justificada a juicio del Comité a las sesiones de éste;

II. No revelar, hacerlo de manera parcial o falsear, al Comité de manera dolosa, información relevante que conozcan y que sea necesaria para la adecuada toma de decisiones, salvo que se encuentren obligados legal o contractualmente a guardar confidencialidad o reserva de la misma y que dicha reserva no constituya un conflicto de interés con el Comité;

III. Cuando, sin causa legítima, por virtud de sus funciones como miembros del Comité obtengan beneficios económicos para sí o los procuren en favor de terceros;

IV. Asistan a las sesiones del Comité o tomen determinaciones relacionadas con el Plan Energético, cuando exista conflicto de interés;

V. Aprovechen para sí o en favor de terceros, la información del Comité o del Plan Energético que no tenga carácter público o la divulguen en contravención a las disposiciones aplicables;

VI. Destruyan o modifiquen, por sí o a través de terceros, total o parcialmente, los sistemas o registros o la documentación del Comité o del Plan Energético, con anterioridad al vencimiento de los plazos legales de conservación y con el propósito de ocultar su registro o evidencia;

VII. Incumplir con las obligaciones impuestas por la presente Ley o las demás disposiciones aplicables.

Artículo 24. Los Consejeros Independientes serán removidos de sus cargos en los siguientes casos:

I. Por incapacidad mental o física que impida el correcto ejercicio de sus funciones durante más de seis meses continuos;

II. Por causas de fuerza mayor que impida el ejercicio de sus funciones; y

III. Por algún incumplimiento a que se refiere el artículo 23 de la presente Ley.

Artículo 25. Son instrumentos de Plan Energético los siguientes:

I. La Estrategia

II. El Programa

III. Las Metas

Artículo 26. Los instrumentos de planeación listados en el artículo que antecede deberán constituirse en políticas obligadas para el desarrollo de otros instrumentos de planeación del sector energético y otros sectores que contengan elementos en materia de Plan Energético que influyan en políticas públicas, considerando las previsiones de la Ley.

Artículo 27. Los instrumentos de planeación a que se refiere el artículo 25 de esta Ley deberán ser evaluados obligatoriamente en forma periódica por la Secretaría y el Comité, en los plazos establecidos por esta Ley, y estarán sujetos a un proceso de mejora continua que incluya la evaluación de sus resultados parciales, la identificación de barreras para el logro de sus objetivos, la identificación de otras oportunidades de mejora y la adopción de medidas correctivas en el caso de que algunos indicadores de cumplimiento no alcancen los resultados comprometidos.

Artículo 28. Sin perjuicio del régimen especial aplicable a las Empresas Productivas del Estado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consolidará en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, las provisiones de recursos del sector público necesarios para cumplir con los objetivos prioritarios establecidos en las herramientas del Plan Energético.

Artículo 29. Los programas sectoriales correspondientes deberán reflejar las políticas, programas, acciones y proyectos determinados en la Estrategia y en los otros instrumentos del Plan Energético previstos en esta Ley.

Artículo 30. La Estrategia, el Programa y las Metas del Plan Energético deberán ser revisados con una periodicidad anual, con la participación que corresponda al Comité. El resultado de la revisión, y en su caso las adecuaciones, se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 31. La Estrategia constituye el instrumento rector del Plan Energético  en el mediano y largo plazo para la nación cuyos objetivos principales son:

I. Establecer las Metas y la Hoja de Ruta para la implementación de dichas metas;

II. Reducir, bajo criterios de viabilidad económica, la dependencia del país de los combustibles fósiles como fuente primaria de energía y la codependencia con mercados internacionales;

III. La Estrategia establecerá las políticas y las acciones que deberán ser ejecutadas mediante el Programa Energético y los programas anuales que de él deriven para cumplir los objetivos de la misma.

Artículo 32. La Estrategia deberá contener un componente de largo plazo para un periodo de 30 años que defina los escenarios propuestos para cumplir las Metas Plan Energético de Continuidad Homogénea.

Este componente deberá ser una prospectiva que contenga un conjunto de análisis y estudios sobre las condiciones técnicas, científicas, tecnológicas, económicas, financieras, fiscales, ambientales y sociales futuras de la infraestructura de explotación, producción, transformación, transmisión, distribución y uso final de la energía.

La parte prospectiva de la Estrategia del Plan Energético; deberá actualizarse dentro de los seis primeros meses de ejercicio de cada Administración Federal cumpliendo con los requisitos de calidad establecidos en las mejores prácticas de este tipo de instrumentos.

Artículo 33. La Estrategia también incluirá un componente de planeación de mediano plazo para un período de quince años que deberá actualizarse cada tres años.

Artículo 34. El componente de mediano plazo de la Estrategia deberá contener lo siguiente:

I. Señalar las Metas del Plan Energético, así como su grado de cumplimiento;

a) Establecer un diagnóstico exhaustivo del estado en el que se encuentre la Industria Energética;

b) El estado en el que se encuentre el consumo final de la energía;

c) Los obstáculos a los que se enfrenta el desarrollo de la Industria Energética;

d) La evolución tecnológica en materia la Industria Energética y reducción de costos, así como otros elementos de tecnología que puedan aportar un valor añadido al Plan Energético de Continuidad Homogénea.

II. Establecer propuestas para:

a) Resolver los problemas identificados que obstaculicen el cumplimiento de las Metas al Plan Energético;

b) Reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles como fuente primaria de energía en el mediano plazo y en largo plazo la dependencia del mercado mundial energético;

c) Promover el cumplimiento de las Metas al Plan Energético, y

d) Promover el desarrollo futuro de la industria energética como un elemento que contribuye al desarrollo y bienestar socioeconómico del país;

III. Expresar mediante indicadores los compromisos establecidos en la Estrategia de acuerdo a las metas del Plan Energético de Continuidad Homogénea, los cuales reflejarán fidedignamente la situación de la industria energética.

Artículo 35. El Programa establecerá las actividades y proyectos derivados de las acciones establecidas en la Estrategia para alcanzar las metas contempladas en el Plan Energético durante el período de encargo del Ejecutivo Federal en cada administración.

Artículo 36. El objetivo del Programa es instrumentar las acciones establecidas en la propia Estrategia para alcanzar las metas contempladas dentro del Plan Energético, asegurando su viabilidad económica. El orden de importancia de las acciones estará en función de su rentabilidad social.

El Programa deberá contar con los siguientes elementos:

I. Las Metas del Plan Energético, y las demás señaladas en la Estrategia, que correspondan al período de encargo del Ejecutivo federal;

II. Las acciones identificadas en la Estrategia para alcanzar las metas contempladas dentro de la presente Ley, así como las condiciones de viabilidad económica, y el detalle de su instrumentación;

III. Los instrumentos de promoción requeridos para impulsar la industria energética y medidas de eficiencia que sean eficientes y económicamente viables entre la población del país, y

IV. Las acciones en materia de estímulos financieros y regulatorios recomendadas para asegurar el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan Energético.

Artículo 37. El Programa deberá prestar especial atención en lo que se refiere a la oportuna extensión y cumplimiento de cada meta dentro del Plan Energético y contemplar la  modernización de la industria energética para permitir la penetración de proporciones crecientes, todo ello bajo condiciones de sustentabilidad económica.

Artículo 38. El Programa se instrumentará cada año y deberá tener un resultado en función las metas del Plan Energético, sirviendo de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades deberán elaborar conforme a la legislación aplicable.

Artículo 39. El Plan Energético de Continuidad Homogénea, es el instrumento mediante el cual el Ejecutivo Federal, establecerá las acciones, proyectos y actividades derivadas de la Estrategia que permitan alcanzar las Metas conforme al programa y estrategia establecidas.

Será un programa especial en los términos de acorde con el crecimiento de la industria energética para alcanzar la autosuficiencia. El orden de importancia de las acciones a desarrollar estará en función de la rentabilidad social de las mismas.

Artículo 40. El Plan Energético de Continuidad Homogénea incluirá al menos, aquellas acciones, proyectos y actividades derivadas de la Estrategia en las metas que permitan:

I. Analizar, integrar e implementar acciones para el cumplimiento de las metas del Plan Energético con la participación, en el ámbito de sus respectivas competencias, de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en condiciones de viabilidad económica y atendiendo a las condiciones presupuestales aprobadas por el Legislativo;

II. Elaborar y ejecutar programas permanentes dentro de las dependencias y entidades  de la Administración Pública Federal para el cumplimiento de las metas del Plan Energético y aplicar criterios para incrementar la industria energética en las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que contraten, en condiciones de sustentabilidad económica;

III. Identificar áreas prioritarias para la investigación científica y tecnológica para el cumplimiento de las metas del Plan Energético;

IV. Promover el desarrollo de materiales para incluir en los programas de estudios a nivel de educación básica, media y media superior, para el cumplimiento de las metas del Plan Energético;

V. Promover, a nivel de educación superior, la formación de especialistas en materia para el cumplimiento de las metas del Plan Energético;

VI. Promover la aplicación de tecnologías y el uso de equipos, aparatos y vehículos energéticamente eficientes para el cumplimiento de las metas del Plan Energético;

VII. Desarrollar la normalización para el cumplimiento de las metas del Plan Energético apoyando la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas en dicha materia y la evaluación de la conformidad con las mismas;

VIII. Promover el uso de tecnologías y combustibles que mitiguen las emisiones contaminantes, y

IX. Establecer incentivos y reconocimientos de aquellos sujetos regulados que mantengan altos estándares de eficiencia energética, conforme a la normatividad existente o las mejores prácticas existentes para el cumplimiento de las metas del Plan Energético.

Artículo 41. Las metas del Plan Energético, tomarán en cuenta la situación de las finanzas públicas, las condiciones presupuestarias vigente y condiciones de sustentabilidad económica de las políticas públicas que se implementen.

Se dará prioridad a la diversificación de la matriz energética en términos del potencial de la industria energética en cada administración de acuerdo al tipo de tecnología y la dispersión geográfica, a fin de mitigar los riesgos internos y externos por la geopolítica energética para cumplir cada meta establecida en el Plan Energético.

Artículo 42. Con el fin de incentivar la inversión para alcanzar el cumplimiento de las Metas del Plan Energético de Continuidad Homogénea del país, la regulación deberá:

I. Garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a industria energética bajo de conformidad con la legislación vigente;

II. Ofrecer certeza jurídica de largo plazo a nuevas inversiones;

III. Promover en condiciones de sustentabilidad económica, el uso de nuevas tecnologías para cumplir con cada Meta del Plan Energético de acuerdo con las mejores prácticas internacionales; y

IV. Asegurar una industria energética ambientalmente sustentable, confiable y segura.

Artículo 43. El poder ejecutivo, legislativo y cada secretaría a fin de cada administración en coordinación con los órganos reguladores, recomendará, en el ámbito de sus atribuciones, los mecanismos y los programas más convenientes para promover la inversión para cada meta del Plan Energético que convenga a la nación, sin limitar, suspender o diferir cualquier forma, método o requerimiento que haya sido suscrito previamente de conformidad con el Plan Energético.     

Artículo 44. El Plan Energético no podrá modificar o incrementar cada meta establecida en un porcentaje no mayor de cada valor porcentual y/o absoluto mayor o menor al cinco por ciento de acuerdo al cálculo realizado por cada sector de la industria energética.

Con el objetivo de dar certeza a cada inversión cuya fluctuación de rentabilidad vira entre dos a treinta años.

Artículo 45. El Comité, con la participación que corresponda al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la iniciativa privada, promoverá la investigación aplicada y el desarrollo de tecnologías para el cumplimiento de las Metas del Plan Energético utilizando, entre otros, los siguientes criterios:

I. El fomento al desarrollo de nuevos conocimientos, materiales, técnicas, procesos, servicios y tecnologías en materia Energética de desarrollo con contenido nacional de acuerdo a la legislación vigente;

II. La viabilidad técnica, ambiental, financiera, administrativa, social y de ejecución de los proyectos del cada uno de los sectores de la industria energética para el cumplimiento efectivo de las Metas, y

III. La vinculación de los resultados de la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico con el desarrollo económico y social tanto nacional como regional, poniendo especial atención en la generación de empleos.

Artículo 46. La Secretaría, en coordinación con el Instituto y con la opinión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Consejo, elaborará una Hoja de Ruta para la formación de capacidades técnicas, de administración de la energía, elaboración e implementación de políticas públicas en energía, y otras disciplinas necesarias para suplir las necesidades de capital humano de la Industria Energética para el cumplimiento de las metas del Plan Energético de Continuidad Homogénea.

Artículo 47. El Comité deberá elaborar y desarrollar una página de Internet que incluya los reportes y documentos requeridos en la presente Ley.

Artículo 48. Los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas, municipios y particulares a través de los convenios de coordinación o de proyectos aprobados por los fondos, se sujetarán a las disposiciones federales en materia de transparencia y evaluación de los recursos públicos.

Artículo 49. Las autoridades a que se refiere el artículo anterior denegarán la entrega de información cuando:

I. Se trate de información relativa a asuntos que son materia de procedimientos judiciales o de inspección y vigilancia, pendientes de resolución, o

II. Se trate de información aportada por terceros cuando los mismos no estén obligados por disposición legal a proporcionarla.

Artículo 50. Cuando por negligencia o causa inexcusable no se lleven a cabo las acciones necesarias para el establecimiento de las Metas o no se reporte anualmente y al final de cada administración su avance, de acuerdo con que señalen las autoridades responsables en la materia, los servidores públicos que incurran en dicho incumplimiento serán sancionados en términos de lo dispuesto en los artículos 8 y 13 y demás disposiciones aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 51. Para la sustanciación del procedimiento por infracciones a la Ley a que se refiere el presente artículo, aplicará lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 52. Los servidores públicos encargados de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley, serán acreedores a las sanciones administrativas aplicables en caso de incumplimiento de sus disposiciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación que resulte aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que haya lugar.

Artículo 53. La ley suscrita es responsabilidad directa del poder ejecutivo y no podrá traspasar, deslindar o responsabilizar a servidores públicos que intervengan en el proceso del cumplimiento de las metas de Plan Energético de durante el periodo de su administración que corresponda, a lo cual deberá utilizar las leyes que competen para aplicación en la industria energética, estructura administrativa del gobierno y todo lo referente dentro de la leyes con que cuenta para alcanzar cada meta establecida en el periodo de tiempo que tendrá a carga la nación.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de la toma de posesión constitucional del Ejecutivo Federal en el proceso 2024.

Segundo. La instalación del Comité será dentro de los 30 días naturales a la toma de posesión constitucional del Ejecutivo federal en el proceso 2024.

Tercero. El Comité deberá nombrar los Consejeros Independientes de conformidad con lo aplicado en la ley en un plazo 60 días hábiles contados a partir de la instalación del Comité.

Cuarto. Con la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación y al momento de la instalación del Comité quedará disuelto el Consejo de Coordinación del Sector Energético.

Quinto. El Comité una vez establecido deberá establecer una Hoja de Ruta  a cada meta establecida para cada periodo establecido en un plazo de 180 días hábiles contados.

Sexto. Las metas específicas a que se refiere el artículo 9o. de la presente Ley,  deberá considerar el Plan Nacional de Desarrollo vigente como base para desarrollar el Plan Energético en un periodo de tiempo a partir del 2024 al 2042.

Séptimo. Se deberán prever las partidas presupuestales para que la Administración Pública Federal cumpla con las atribuciones que le establece esta Ley, los cuales deberán provenir del Presupuesto de Egresos de la Federación con acuerdo a las metas que se puedan realizar durante cada ejercicio fiscal.

De igual forma se establecerán mecanismos para disponer de recursos de los instrumentos financieros disponibles para obras y servicios públicos y demás instrumentos que se establezcan para tales fines. Adicionalmente, dichos recursos podrán provenir de inversión privada.

Octavo. Los fondos que se destinen para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley apoyarán acciones que son indispensables para impulsar el crecimiento de la industria energética y contarán, en su caso, con la estructura necesaria para su operación.

Noveno. Los recursos públicos o privados asignados con base en esta Ley, deberán ser ejercidos con base en los principios de honestidad, legalidad, productividad, eficiencia, eficacia, transparencia gubernamental y máxima publicidad, y estarán sujetos al monitoreo, reporte y evaluación de su desempeño.

Décimo. La primera Estrategia deberá actualizarse en un período no mayor a 365 días naturales, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

Décimo Primero. El Comité, en un plazo menor a 365 días a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, deberá realizar un primer análisis sobre: a) las posibles economías para el Estado, b) Inversión requerida a mediano y largo plazo, y c) estructura faltante d) modelo de atracción de inversión para el cumplimiento de cada meta e) responsabilidades y roles para cada miembro del comité f) actualización de la ruta crítica de cada meta.

Décimo Segundo. El Poder Ejecutivo, entrada en vigor la Ley, deberá incluir en cada informe de gobierno de la administración; un apartado que indique el cumplimiento de cada meta establecida bajo la ley y no deberá presentar una variación menor del diez por ciento en cada meta establecida.

Décimo Tercero. Dos años después de la entrada en vigor de la presente ley el Comité realizará una evaluación de la competitividad del mercado Energético y emitirá recomendaciones con el fin de mejorar su desempeño.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 5 de febrero del 2020.— Diputados y diputadas: Manuel Rodríguez González, Alejandro Barroso Chávez, Armando Javier Zertuche Zuani, Beatriz Dominga Pérez López, Benjamín Saúl Huerta Corona, Bonifacio Aguilar Linda, Brasil Alberto Acosta Peña, Carlos Ivan Ayala Bobadilla, Carmen Mora García, Clementina Marta Dekker Gómez, Dulce María Corina Villegas Guarneros, Ediltrudis Rodríguez Arellano, Eleuterio Arrieta Sánchez, Enrique Ochoa Reza, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Estela Núñez Álvarez, Eulalio Juan Ríos Fararoni, Feliciano Flores Anguiano, Flora Tania Cruz Santos, Fortunato Rivera Castillo, Gerardo Fernández Noroña, Gustavo Callejas Romero, Hilda Patricia Ortega Nájera, Ignacio Benjamín Campos Equihua, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Jannet Téllez Infante, Jesús de los Ángeles Pool Moo, José María Osuna Medina, Juan Martínez Flores, Juanita Guerra Mena, Lidia García Anaya, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, Lucinda Sandoval Soberanes, Marco Antonio Carbajal Miranda, Marco Antonio González Reyes, Marco Antonio Medina Pérez, María Bertha Espinoza Segura, María de los Ángeles Huerta del Río, María Guadalupe Román Ávila, Mario Ismael Moreno Gil, Miguel Prado de los Santos, Mirtha Ileana Villlalvazo Amaya, Nancy Yadira  Santiago Marcos, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Olegaria Carrasco Macías, Raquel Bonilla Herrera, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Roque Luis Rabelo Velasco, Rosalinda Domínguez Flores, Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 200 y 202 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María del Carmen Bautista Peláez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y los artículos 200 y 202 del Código Penal Federal en materia del delito de pornografía infantil, conforme a la siguiente:

El mundo de la pornografía infantil deja cifras tan alarmantes, Internet Watch Foundation (IWF) señala que cada siete minutos se muestra en Internet a un menor siendo objeto de abusos sexuales. En 2017 (IWF) eliminó 78 mil 589 páginas web de todo el mundo que ofrecían este tipo de imágenes. Del contenido analizado y eliminado, se desprende que el 43 por ciento de las víctimas tiene entre 11 y 15 años y que el 55 por ciento tiene 10 años o menos. También deja ver que en el 33 por ciento de los casos hubo violación o tortura. Como también denuncia la ONG End Child Prostitution and Trafficking (ECPAT), “cada vez más los niños y niñas tienen menos edad y las imágenes son más gráficas y violentas”.

El jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, José Félix Romero, menciona lo siguiente: “Hemos encontrado videos en los que las víctimas eran bebés de un año, imágenes que hasta para nosotros eran duras de ver”.

El Unicef afirmó que aproximadamente dos millones de niños son utilizados en la “industria del sexo” anualmente, y existen más de un millón de imágenes de entre 10 mil y 20 mil niños víctimas de abuso sexual circulan por internet.

A nivel mundial existen más 16 mil 700 cuentas de internet que distribuyen pornografía infantil. De las cuales según datos la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas en México (Fevimtra), más de 12 mil 300 cuentas de internet que distribuyen fotos y videos que exhiben a niños explotados sexualmente se han detectado en México.

Estas cifras posicionan a nuestro país en el primer lugar a nivel mundial en difusión de pornografía infantil, según la clasificación realizada por la Unidas Organización de Naciones Unidas (ONU), así como el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Por otra parte, la National Center for Missign and Exploited Children reveló que  México se ubica en el primer lugar mundial como emisor de pornografía infantil,  mientras que la Asociación End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children por Sexual Purposes(ECPAT) coloca a nuestro país como el segundo productor y distribuidor internacional de este tipo de material y el primero en América Latina.

Es vergonzoso que México tenga cifras tan alarmantes, la pornografía infantil constituye un problema de gran dimensión en nuestro país. En cada fotografía y en cada video hay una agresión sexual, una violencia ejercida y una violación brutal de los derechos de los niños y las niñas.

El grave problema es que en 25 de las 32 entidades del país no se considera delito grave. Laura Martínez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, AC, sobre la violencia sexual contra menores, menciona que en el 80 por ciento de los casos, este delito deja secuelas para toda la vida. Adicionalmente, las leyes de las entidades la castigan de manera laxa o nula y se utiliza un enfoque de usos y costumbres para enfrentarlos.

El oficial de la Policía Cibernética Federal, Ricardo Alexis García López, afirmó que Cancún, así como Tijuana y Acapulco, son los puntos donde el crimen organizado realiza el turismo sexual, es decir, distribuyen a los niños con el tratante y en algunos casos los venden como “mercancías”, para ser llevados a otros países y producir la pornografía infantil.

En el marco del Foro: “Combate a la Pornografía de niñas, niños y adolescentes”, el presidente de la Comisión de Justicia puntualizó que la explotación sexual y pornografía sexual infantil generan ganancias por más de 30 mil millones de dólares anuales, aunado a que en el país las averiguaciones previas y sentencias condenatorias por este delito son inexistentes.

Los niños son nuestra motivación, nuestra esperanza de un futuro mejor; sin embargo existen personas sin escrúpulos que destruyen sus vidas y truncan sus sueños de estos pequeños, por lo cual, resulta importante que como legisladores trabajemos en sanciones más severas ante este grave delito que atenta contra la integridad física y psicológica de las víctimas, además de que les genera terribles secuelas de por vida.

En este caso se observa la necesidad de reformar el artículo 200 y 202 del Código Penal Federal, con el objeto de:

I. Aumentar la pena de cinco a diez años de prisión y de quinientos a mil días de multa a quien comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, a menores de edad, cualquier tipo de contenido pornográfico, ya sea de manera física o digital.

II. Considerar como delito grave la producción de pornografía infantil, con el objetivo de que este delito sea castigado de una manera más severa, con hasta veinte años de cárcel y sin derecho a fianza, esto debido a que como la producción y comercialización de la pornografía infantil produce millones de pesos al año, muchas de las personas que cometen este delito fácilmente salen con fianza y no son castigados como debería de ser.

III. Aumentar de diez a quince años de prisión y de dos mil a cinco mil días multa a quien colabore en la producción de pornografía infantil, así como quien reproduzca, venda o compre cualquier tipo este de este material.

Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 200 y se reforma el artículo 202 del Código Penal Federal, en materia del delito de pornografía infantil

Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 200 y se reforma el artículo 202 del Código Penal Federal en materia del delito de pornografía infantil, para quedar como sigue:

Artículo 200. Al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, a menores de dieciocho años de edad, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio, se le impondrá de cinco a diez años de prisión y de quinientos a mil días de multa.  

No se entenderá como material pornográfico o nocivo, aquel que signifique o tenga como fin la divulgación científica, artística o técnica, o en su caso, la educación sexual, educación sobre la función reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes, siempre que estén aprobados por la autoridad competente.

Artículo 202. Comete el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien procure, obligue, facilite, induzca, manipule o engañe, por cualquier medio, a una o varias de estas personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos.

Al autor de este delito se le impondrá pena de quince a veinte años de prisión, sin derecho a fianza.

A quien colabore, fije, imprima, video grabe, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participen una o varias personas menores de dieciocho años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, se le impondrá la pena de diez a quince años de prisión y de dos mil  a cinco mil días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito.

La misma pena se impondrá a quien reproduzca, almacene, distribuya, venda, compre, arriende, exponga, publicite, transmita, importe o exporte el material a que se refieren los párrafos anteriores.

Asimismo en todos los casos mencionados anteriormente se someterá al responsable a tratamiento psiquiátrico especializado.

Único. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://elpais.com/elpais/2018/11/15/planeta_futuro/1542292342_ 375507.html

2 https://laverdadnoticias.com/crimen/Mexico-1er-lugar-en-consumo-de-pornografia- infantil-ONU-20180823-0006.html

3 https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/23/1094349

4 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/periodo-ordinario/boletines/8821-bo letin-223-pornografia-infantil-genera-ganancias-por-mas-de-30-mil-millones-de-d olares-anuales-gil-zuarth.html

Palacio Legislativo, a 5 de febrero de 2020.— Diputada María del Carmen Bautista Peláez (rúbrica).»

«Iniciativa de decreto, por el que se declara el 24 de octubre como Día Nacional de la Tribu Yaqui, a cargo del diputado Marco Antonio Carbajal Miranda, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Marco Antonio Carbajal Miranda, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente, iniciativa proyecto de decreto, por el que se declara el día 24 de octubre de cada año como Día Nacional de la tribu yaqui, al tenor de la siguiente

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México firmó un convenio con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para impulsar el reconocimiento y respeto a los derechos de estas comunidades.

En México se lleva a cabo un debate respecto a la propiedad intelectual colectiva de los pueblos indígenas y su vínculo con el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, por lo que consideró que la formalización de esta cooperación será trascendental para restablecer el papel de los pueblos originarios y sus lenguas.

En México existe diversidad de pueblos indígenas, los yaquis son un pueblo indígena del estado de Sonora, asentados originariamente a lo largo del río Yaqui, desde el año 1533 como primer contacto entre españoles y miembros de la etnia desde la época colonial.

La Tribu Yaqui esconde una historia de lucha y resistencia que se ha desarrollado de manera paralela a la historia de México. A pesar de haber estado presentes desde el momento en que llegaron los españoles, haber sido de los territorios evangelizados por los jesuitas, y haber presenciado el Porfiriato y la revolución, su historia difiere enormemente de la que se asume como la unificadora de este país, y conocerla permite comprender la importancia de la lucha que libran hoy día, ya no frente a un ejército, sino frente al despojo de recursos que golpea indistintamente .

Un pueblo con profundo sentimiento de autodeterminación y soberanía territorial, que ha demostrado históricamente con grandes y prolongados conflictos armados contra los colonizadores mestizos y europeos. La situación de los yaquis antiguamente era su consideración como independientes de cualquier otro gobierno que no fuera el suyo, dictando leyes que son obedecidas y respetadas.

Después de siglos de sangrientas luchas se les reconoció su derecho a poseer tierras y autodeterminación en la década de los 30 con el gobierno de Lázaro Cárdenas .

Es importante iniciar por conocer de la cosmovisión de la Tribu Yaqui, en su origen que hace miles de años, los surem ,humanos pequeñitos que habitaban el territorio yaqui, estaban en busca de agua, evidentemente no existían los grandes ríos y un fuerte periodo de sequía golpeaba el territorio. Al pasar el tiempo y ante la desesperación, pidieron ayuda a través de distintas aves y que acudieran al cielo a pedir agua al señor de la lluvia y no se logró, pero el sapito consiguió que lloviera tanto que se formó el gran rio Yaqui, los yaquis bautizaron el río.

Entendiendo el principio del origen mítico de cuidado el yoreme (pueblo) es la mezcla entre las personas y el territorio, sin distinción o superposición jerárquica, por este principio tan sólido al interior de la tribu que la lucha por su identidad se ha mantenido a lo largo de los siglos, que defienden sus usos, costumbres y tierras, es muy protector este principio que se ha transmitido de generación en generación y con orgullo de ser yoreme por generar una identidad

Su situación histórica, un siglo después de decretada la independencia de México, ocurrió la época más violenta para la tribu, la Guerra del Yaqui, contra los soldados mexicanos antes y durante el Porfiriato duró décadas, esta guerra, que comenzó buscando el despojo del territorio de la tribu, se convirtió en un etnocidio que se extendió hasta empezada la revolución. Durante el Porfiriato, miles de yaquis fueron deportados a Valle Nacional, Oaxaca y a las haciendas henequeneras de Yucatán, donde eran vendidos como esclavos, la resistencia yaqui ocurrió de diferentes formas, por una parte, los que habían sido deportados permanecieron fieles a sus costumbres y tradiciones; quienes se escondieron en la sierra, los yaquis broncos, siguieron luchando contra el ejército; y otros más migraron a Estados Unidos y desde allá enviaban armamento y alimentos para sostener la subversión de la tribu en contra del gobierno mexicano.

En 1911, los líderes de los ocho pueblos yaquis se reunieron con el recién elegido presidente Francisco I. Madero y consiguieron la liberación de todos los yaquis de las haciendas henequeneras. La tribu organizó una comisión especial para que fuera a Mérida en busca de los miembros de la tribu que habían sido esclavizados. Sin embargo, la inestabilidad del país impidió que su regreso fuera inmediato, poco a poco, grupos de yaquis fueron regresando al territorio en busca de sus familias.

En 1913, con el asesinato de Madero, los yaquis se involucraron en las revueltas y negociaron su participación en el conflicto armado a cambio de que se les respetaran sus tierras. Sin embargo, hasta 1940 Lázaro Cárdenas, el entonces presidente, les reconoce por decreto presidencial 485 mil hectáreas como su territorio y basándose en la capacidad productiva de este, es decir en las 75 mil hectáreas que se sembraban para abastecer a las misiones jesuitas, les reconocen también como acreedores del 50% de la capacidad de la presa La Angostura.

Como es de esperarse, la resistencia y lucha por su autonomía no se detuvo ahí, de una manera tal vez más silenciosa, la tribu ha tenido que enfrentar las acciones de los gobiernos estatales y federales que poco a poco diezman la calidad de su territorio y ponen en peligro su autodeterminación, dos presas más, la del Novillo y Oviachic, cada una con capacidades de casi el cuádruple que la de la Angostura, redujeron drásticamente la capacidad productiva de las tierras a casi una cuarta parte de lo que se sembraba en siglos pasados. Por otra parte, la falta de empleo y la migración a Estados Unidos como consecuencia, así como la presencia de grupos de narcotráfico y crimen organizado son una amenaza constante para la tribu.

La razón de su nombre de los yaquis, un pueblo indígena del sureste de Sonora, México, pertenecen a un grupo étnico más grande conocido como el “Cahita” La gran mayoría de los yaquis en la actualidad viven en la misma región, pero otros grupos yaquis se han establecido en Arizona debido a la gran migración yaqui a principios del siglo XX. La literatura etnográfica se ha referido a todas estas personas como “yaqui” desde 1645, cuando Andrés Pérez de Rivas escribió que la gente decía: ¿No ves que soy yaqui?, continúa explicando que esto es lo que solían decir porque el término significaba «el que habla en voz alta.

La población de los yaquis, en la década de 1530 se registró una población de 30,000 indios, una cifra que disminuyó a 12,000 en 1830. Después de menos de sesenta años 1830 a 1887, que corresponde al período de las guerras yaquis, no quedaron más de 4.000 yaquis en el valle. En 1905 había 18,000 habitantes. Sin embargo, debido a la deportación masiva y las guerras revolucionarias, solo quedaron 8.500 en 1930. Según el censo mexicano de 1990, el número de habitantes yaquis del estado de Sonora se ha estabilizado en alrededor de 10.000.

Hacia 1610, los yaquis aceptaron dos misioneros jesuitas: los frailes Andrés Pérez de Rivas y Tomás Basilio. Los yaquis se rebelaron contra el régimen misionero, sin embargo, y en 1741 se firmó un tratado por el cual adquirieron los derechos para mantener sus propias costumbres. El gobierno solo sería administrado por miembros de su propio grupo, y tendrían la posesión total de sus tierras, así como el derecho a retener sus armas.

En 1767, la expulsión de los jesuitas trajo el final de la paz relativa que el yaqui había disfrutado hasta el momento y colocó a las comunidades bajo el gobierno franciscano. Como resultado, los yaquis perdieron más territorio para los colonos.

En 1825, la rebelión yaqui había comenzado. Más tarde marcaría el curso de la relación entre el Yaqui y los regímenes posteriores de la República Mexicana. Este período a menudo se conoce como las «guerras de los yaquis». Resultó en una drástica pérdida de población y desequilibrio político, condiciones que permitieron a la oligarquía continuar colonizando todo el valle.

En 1940 el distrito de riego no. 18 fue creado, y surgieron nuevos planes para el desarrollo agrícola. Debido a la construcción de varias presas, el río, un recurso indispensable para la producción, se perdió.

Cuando llegaron los jesuitas, los yaquis residían en asentamientos distribuidos irregularmente a lo largo del río Yaqui. Tales cuartos consistían en chozas de madera y barro en forma de cúpulas. Este patrón fue cambiado por los misioneros cuando trasladaron nativos a ocho ciudades. Aunque dos de estos pueblos tuvieron que ser abandonados debido a las luchas fronterizas y las inundaciones, su identidad tradicional se mantuvo en los nuevos asentamientos que los reemplazaron.

En la actualidad hay alrededor de cien aldeas y aldeas dentro del territorio yaqui, asignadas con fines políticos, religiosos y rituales a una de las ocho ciudades tradicionales. La vivienda tradicional consiste de solo una o dos habitaciones usadas para diferentes propósitos según la temporada. Tanto las paredes como los techos son de juncos y mezquite mezclados con barro.

Fuentes confiables indican que los pre-contacto con los yaquis eran agricultores que frecuentemente tenían que emigrar debido a las inundaciones. Creció maíz, frijoles, calabazas, semillas de amaranto y algodón. Complementaron esa actividad con la caza, la pesca y la recolección, así como con las incursiones en sus vecinos más cercanos. Durante el período colonial, el trabajo fue regulado por las misiones.

Se introdujeron nuevos cultivos y la producción aumentó a tal punto que fue posible satisfacer las necesidades locales. Durante los conflictos armados, los indios pacificados quedaban a cargo de la agricultura, mientras que los «Broncos» alternaban sus actividades de combate con el trabajo como jornaleros en las haciendas. Hoy en día, la actividad económica principal de los yaquis sigue siendo la agricultura.

Desde 1940, la explotación colectiva de la tierra ha llevado al final de la agricultura de subsistencia y a una nueva necesidad de vender productos agrícolas para comprar alimentos que antes se producían localmente. Otras actividades económicas importantes son la pesca y la ganadería (que se llevan a cabo a través de cooperativas), la tala de árboles, la minería del carbón, la minería, la migración temporal y la explotación de depósitos de sal que han estado en uso desde los tiempos de los jesuitas.

En sus aportaciones culturales, el trabajo agrícola es realizado principalmente por hombres, pero las mujeres ayudan con ciertas actividades durante los períodos que requieren una fuerza laboral más grande. La pesca, la ganadería y el trabajo en las minas de sal son realizados casi exclusivamente por trabajadores masculinos. Las mujeres jóvenes toman trabajos de enseñanza y están empleadas como trabajadoras sociales y ocasionalmente como ayudantes de hogar.

La organización política interna de cada una de las ocho ciudades es idéntica, y consta de cinco grupos gobernantes o yau’uras: las autoridades civiles, las autoridades militares, las autoridades de las fiestas (fiesteros), las autoridades eclesiásticas y las autoridades aduaneras de Semana Santa ( kohtumbre yau’uras).

Teniendo toda una lucha por el territorio mexicano, con una entrega por tener su autonomía de igual forma reconocer las tradiciones y costumbres llevadas hasta hoy en día en práctica, si bien es cierto las realzaban de manera empírica las han ido fortaleciendo con el tiempo y mejorando, respetando siempre sus orígenes, un ejemplo de tenacidad y orgullo, que debe ser contemplado para su reconocimiento de manera Nacional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa proyecto de

Decreto, por el que se declara el día 24 de octubre de cada año como Día Nacional de la Tribu Yaqui

Artículo Único. Por el que se declara el día 24 de octubre de cada año como Día Nacional de la Tribu Yaqui

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1. https://inperfecto.com.mx/2019/09/13/mexico-y-unesco-promueven-reconocimiento-a -derechos-de-pueblos-indigenas/.

2. https://subversiones.org/archivos/115349

3. http://www.mty.itesm.mx/dhcs/deptos/co/co95832/Proy_2000_S2/ CulturasDesierto/Culdes/yaquis.html

Dado en la Ciudad de México dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 04 días del mes de febrero de 2020.— Diputados y diputadas: Marco Antonio Carbajal Miranda, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Marco Antonio González Reyes, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Tatiana Clouthier Carrillo (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucía Flores Olivo, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada federal Lucía Flores Olivo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social, conforme a lo siguiente:

I. Planteamiento del problema

A partir del esquema formulado en 1979 por Karel Vasak, profesor y miembro del Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo, varios juristas han clasificado a los derechos humanos -o fundamentales, como también se les denomina por su inclusión en las normas constitucionales- en tres generaciones:

• Los derechos civiles y políticos o de primera generación son aquellos que obtuvieron primero el reconocimiento positivo, esto es, en las leyes. Su origen se encuentra ligado al paradigma del Estado Liberal inaugurado a finales del siglo XVIII. Se caracterizan por su carácter absoluto, en cuanto son titulares de ellos todas las personas, independientemente de su situación socioeconómica; también, por defender la libertad individual frente al poder público y el modelo de Estado mínimamente intervencionista. Por ejemplo, el derecho a la vida y la integridad física, a la intimidad, al sufragio activo y pasivo, el derecho de propiedad, el de libertad de conciencia y religión, el de participación política, el de información, la libertad de expresión, de prensa, y los derechos procesales (debido proceso, presunción de inocencia, habeas corpus o derecho de defensa, e irretroactividad de las sanciones).

• Los derechos económicos, sociales y culturales, o derechos de segunda generación, que son aquellos encaminados a garantizar las condiciones materiales indispensables para el ejercicio de los derechos civiles y políticos y el mantenimiento de la convivencia social. A diferencia de las prerrogativas emanadas del Estado Liberal, que orbitan alrededor de las nociones de libertad, individualismo e igualdad ante la ley, los derechos de segunda generación persiguen el equilibrio material entre los miembros de la sociedad. Exigen, por lo tanto, la intervención del Estado -sujeta a la disponibilidad de recursos del erario- con el objetivo de paliar ciertas desigualdades y situaciones de necesidad. En este rubro se clasifican el derecho a la salud (o a la protección de la salud), a un sistema de seguridad social y a una vivienda digna. También el derecho a la educación y al trabajo, los cuales habían sido esbozados en la primera generación, pero alcanzaron plenitud hasta adquirir en esta etapa los atributos de gratuidad y dignidad, respectivamente.

• Los derechos de solidaridad o de tercera generación, como el derecho a la libre determinación de los pueblos, a la paz, a la preservación del medio ambiente, a un consumo responsable y solidario, y los derechos de las minorías discriminadas. Se distinguen estos derechos de los encuadrados en las primeras dos generaciones por la naturaleza colectiva de sus titulares, que son grupos o comunidades y no individuos. Así mismo, por la ampliación del sujeto obligado: no lo son solo los Estados, sino también la comunidad internacional. Sin embargo, comparten con la segunda generación el requerimiento de inversión pública para su efectividad y el fin de eliminar desequilibrios sociales.

A la luz de la clasificación expuesta, es innegable que los mexicanos contamos con una Constitución de corte garantista. Como herencia de la ley fundamental de 1857, recoge los derechos que protegen a los individuos de los abusos que el poder político estuviera tentado a perpetrar contra su integridad física, su libertad de tránsito, su capacidad de expresarse, de asociarse, de desenvolverse en la actividad lícita que más acomode a sus intereses y de decidir quienes los gobiernan. Resultado que fue de la Revolución social iniciada en 1910, es pionera a nivel mundial de los derechos laborales, reconoce la necesidad de brindar educación gratuita para dar a todos oportunidades de desarrollo, y legitima al Estado a actuar en el ámbito económico con el propósito de moderar a los agentes del mercado y evitar así la concentración de la riqueza en unas pocas manos. Igualmente, es reflejo del proceso democratizador que comenzó hace dos décadas, el cual les ha dado voz a las minorías tradicionalmente marginadas que dentro de ese periodo han conseguido la elevación de sus derechos a rango constitucional.

La Constitución sería, sin embargo, letra muerta si las leyes no precisaran las acciones que el gobierno debe emprender, o abstenerse de hacer, para que los mexicanos gocen de los derechos consagrados en ella. Es de capital importancia una regulación completa y en continuo perfeccionamiento, especialmente por lo que se refiere a los derechos sociales y a los de solidaridad o tercera generación que, como se ha asentado previamente, exigen la actividad justa del Estado para realizarse. La legislación se ocupa de algunos de esos derechos en textos diferenciados, v. gr., la Ley General de Salud, la Ley General de Educación y la Ley Federal para Prevenir la Discriminación. Pero los aborda también de manera conjunta en una norma de talante subsidiario, en la cual se contempla la planeación y ejecución de medidas particulares de apoyo destinadas a personas o colectivos cuya situación desfavorable los mantiene al margen de su disfrute.

Dicha norma es la Ley General de Desarrollo Social (en lo sucesivo, LGDS), en cuyo artículo 6 se establece que son derechos atinentes a su objeto la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social, y los relativos a la no discriminación en los términos previstos en la Constitución. Los preceptos subsiguientes (7 y 8) disponen que toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo social, de acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarrollo Social y en los términos que establezca la normatividad de cada programa; especialmente, las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, es decir, los individuos y núcleos de población que por diferentes factores o la combinación de ellos enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida, para los cuales se prevé el diseño y otorgamiento de acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja.

Los tres niveles de gobierno están implicados en esta tarea. Conforme al artículo 9 de la LGDS, los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, están obligados a formular y aplicar políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y fijando metas cuantificables. A fin de establecer mecanismos de colaboración entre dichas instancias para cumplir esta encomienda y de que exista vinculación y congruencia entre los programas, acciones e inversiones de los gobiernos locales y municipales con los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de Desarrollo Social, el artículo 38 del mismo ordenamiento los constriñe a concurrir, con los sectores social y privado, en el Sistema Nacional de Desarrollo Social. Este Sistema es coordinado por la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal.

Precisando conceptos, las políticas sociales son un conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos conducentes a la preservación y elevación del bienestar social, que procuran volver accesibles los beneficios del desarrollo a todas las capas de la sociedad con la mayor equidad. Su finalidad consiste en mejorar las condiciones de vida de la población, en razón de lo cual constituyen mecanismos de redistribución de recursos que buscan compensar las desigualdades sociales. Su construcción es una decisión orientada por las capacidades institucionales del Estado y las demandas y aspiraciones de la sociedad que busca el bienestar general.

La parte instrumental y operacional de las estrategias, normas y leyes en que se expresa la política social del Estado, son los programas sociales. Éstos se utilizan para instrumentar y evaluar las estrategias generales de intervención de las políticas sociales (el balance entre opciones universales, selectivas y focalizadas, y otros aspectos) y se crean para disminuir la brecha de desigualdad que existe entre los diferentes sectores sociales (justicia distributiva). Las acciones concretas que los constituyen se relacionan con la distribución de recursos, con la provisión de servicios sociales y con la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas. El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha definido a los programas y acciones para el desarrollo social como “aquellas intervenciones gubernamentales que son responsabilidad de una dependencia o entidad, que cuentan con una clave presupuestal y se encuentran contenidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos correspondiente”.

Según el Informe de Resultados 2013 de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales, la institucionalidad de un programa social puede evaluarse a partir de la presencia o ausencia de ciertos atributos mínimos que deben incluir todos los instrumentos de la especie, a saber:

• Reglas de operación y otros lineamientos: Son atributos que describen y acotan cómo funcionan los programas sociales, la forma de seleccionar a la población objetivo a la que están dirigidos y cómo participan los ciudadanos. Permiten estandarizar y homologar procedimientos, así como generar mecanismos de coordinación interinstitucional entre los diferentes niveles y dependencias gubernamentales para el correcto uso de los recursos públicos.

• Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas: Se refieren al proceso mediante el cual los servidores públicos informan a los ciudadanos sobre sus planes de acción, su conducta y sus resultados, los justifican y reciben las sanciones correspondientes si abusaron de sus facultades. Buscan erradicar la corrupción y las conductas clientelares.

• Mecanismos de control y fiscalización: Son los que permiten monitorear el ejercicio del gasto público e identificar posibles desviaciones respecto a la normatividad aplicable. También comprenden los medios que posibilitan medir el grado de avance o desempeño de un programa social, y los procedimientos de quejas o denuncias para el caso de anomalías en su operación o de su uso político-electoral.

• Mecanismos de participación social: La participación ciudadana es un factor determinante para que los programas sociales se diseñen y sean ejecutados de acuerdo a las necesidades reales de la población objetivo. Por eso, es ineludible la inclusión de estas medidas para encontrar áreas de mejora o cambios sustanciales. El control, la vigilancia y la evaluación de los programas sociales por parte de los ciudadanos, organizados o no, es indispensable para que la política social llegue de forma transparente y se protejan los derechos de los beneficiarios.

Por lo que toca a los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control, la LGDS ha ordenado desde su origen al Gobierno Federal integrar, por conducto de la dependencia en el ramo de desarrollo social, un padrón o relación oficial de los beneficiarios atendidos por los programas federales de la materia, con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de esos programas (artículo 27).

No obstante, la aplicación de este mandamiento fue bastante deficiente en sus primeras fases. Todavía en el año 2013 (o sea, casi diez años después de la entrada en vigor de la ley de que se trata) la entonces Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) se encontraba rezagada a este respecto. En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública concerniente a aquel ejercicio, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que SEDESOL no había resuelto en su totalidad el problema público de carecer de información estratégica que le permitiera asegurar la eficacia, equidad y focalización del otorgamiento de servicios y subsidios a las personas incorporadas a los programas sociales del Gobierno Federal, pues no había integrado al padrón a su cargo 129 de los 144 padrones que había en total, de tal manera que era imposible enfrentar el mal uso de los recursos destinados a esos instrumentos, los casos de duplicidad en los apoyos y la entrega de éstos a personas que realmente no cumplían con los requisitos establecidos en las reglas de operación.

Un lustro de después, el panorama acusaba poca variación. En junio de 2018 Transparencia Mexicana (TM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, en el marco de IPRO, elaboraron un reporte en torno a 515 programas y 28 acciones para el desarrollo social a nivel federal, estatal y municipal. De este ejercicio concluyeron que no había controles institucionales suficientes para asegurar el adecuado ejercicio de los recursos públicos destinados a la superación de carencias.

En concreto, uno de los principales pendientes detectados fue la graduación de la población beneficiaria. En el ámbito federal, 62 por ciento de las intervenciones (programas y acciones para el desarrollo social) no preveían estrategias de salida de las personas beneficiarias de los bienes o servicios ofrecidos, para los casos en los que sus condiciones de vida mejoraran sustancialmente gracias a la propia intervención, es decir, para los que lograran un estado de baja vulnerabilidad. En el ámbito subnacional, dicha cifra ascendió a 86 por ciento. Lo anterior significa que, en promedio, sólo dos de cada diez intervenciones contemplaban procesos que aseguraran el cumplimiento de los objetivos planteados en el diseño de la acción o programa social, relativos al abatimiento de carencias, y el rompimiento de dependencias que se pueden generar alrededor de los apoyos y que se traducen en potenciales clientelas políticas.

De la investigación de IPRO resultó también que 60 por ciento y 50 por ciento de las intervenciones de desarrollo social federales y estatales, respectivamente, carecían de mecanismos para detectar concurrencias o duplicidades en el tipo de apoyos ofrecidos o en la población objetivo que atendían, deficiencia que de suyo deriva en ineficiencias en el gasto social y en la multiplicación de acciones y programas coyunturales y poco efectivos.

II. Argumentación de la propuesta

En el contexto de la construcción de un auténtico Estado de Bienestar y del combate frontal a la corrupción que ha emprendido la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, es preciso fortalecer los mecanismos dirigidos a garantizar que los programas y acciones gubernamentales instrumentados en favor de la población en situación de desventaja social sean aplicados con apego a derecho, para que redunden efectivamente en el mejoramiento de las condiciones de los destinatarios y no sean utilizados con fines políticos, o cooptados por un grupo reducido.

De acuerdo a la encuesta Percepciones sobre corrupción e impunidad 2019 realizada por mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el equipo de Datología del Periódico Reforma, el 81 por ciento de las personas están de acuerdo con que la imposición de penas más severas a quienes incurran en prácticas de corrupción ayudaría a reducirla. Sin perjuicio de que el razonamiento anterior sea correcto, lo ideal es evitar la oportunidad de dichas prácticas, cuya ejecución puede causar daños no reparables con el castigo del infractor.

Por lo que hace a concentrar la información básica de los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de la República, se dio un paso muy importante con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (APF) publicada en el Diario Oficial el 30 de noviembre de 2018. En esta enmienda se atribuyó expresamente a la Secretaría de Bienestar la integración, mantenimiento y actualización de un sistema de información con los padrones de beneficiarios de los programas sociales de la APF, así como la depuración de sus duplicidades, a fin de robustecer la disposición correlativa de la LGDS que hasta entonces no había tenido la efectividad esperada. Tal sistema es el Padrón Único de Beneficiarios (PUB), el cual se encuentra ahora en línea accesible a la consulta de los ciudadanos y en vías de alcanzar un estándar óptimo.

A propósito del perfeccionamiento del PUB, sería un error soslayar la participación de los niveles locales de gobierno. En términos del artículo 17 de la LGDS, los municipios son, por regla general, los principales ejecutores de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social. Las dependencias y organismos de las entidades federativas también asumen ese papel cuando se les confiere expresamente en las reglas de operación. Por ende, dichas instancias son en muchas ocasiones los primeros receptores de los datos proporcionados por las personas que solicitan su incorporación a un programa federal, o que son seleccionadas mediante levantamientos de información. Por otra parte, entidades federativas y municipios cuentan con sus propios padrones de beneficiarios.

El Reglamento de la LGDS contempla la celebración de convenios de coordinación y cooperación técnica entre el Ejecutivo Federal y los gobiernos de las Entidades Federativas con la participación, en su caso, de los municipios y de las demarcaciones territoriales, a efecto de que coadyuven, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la consecución de los objetivos de la Política Nacional de Desarrollo Social. Uno de los compromisos que se pueden contraer en esos convenios es colaborar en la integración y actualización de los padrones de beneficiarios tanto del Gobierno Federal como de las Entidades Federativas, mediante la elaboración de un procedimiento conjunto y calendario. Sin embargo, la suscripción de dichos convenios no es obligatoria, de manera que puede haber entidades federativas que no participen o no constantemente, por lo menos, en la actualización del padrón federal.

Es menester, pues, que los gobiernos de los Estados, de la Ciudad de México y de los municipios estén obligados por la LGDS a proporcionar a la Secretaría de Bienestar, dentro de cierto plazo, la información que les requiera y que hayan recabado y no transmitido acerca de los beneficiarios de los programas federales de desarrollo social que estén operando y, en su caso, de los inscritos en sus padrones internos en la medida que estos últimos datos sean necesarios para hacer del PUB un mecanismo idóneo de evaluación de cumplimiento de objetivos, depuración de duplicidades, combate a la corrupción y destierro de las prácticas clientelares.

III. Ordenamientos a modificar.

Con base en lo expuesto y fundamentado en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social

Artículo Único: Se adiciona un párrafo segundo al artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social, en los términos siguientes:

Artículo 27. ...

Al efecto, la Secretaría podrá requerir a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios la información pendiente de transmitir acerca de los beneficiarios de los programas federales de Desarrollo Social que estén ejecutando y que hayan obtenido en cumplimiento de las reglas de operación aplicables. También podrá requerirles que le proporcionen datos de sus padrones de beneficiarios, siempre que justifique la necesidad de esta información para la integración y actualización del Padrón. Los gobiernos de las entidades federativas o municipios requeridos deberán entregar la información que se les solicite debidamente dentro del plazo que señale la Secretaría, el cual no podrá ser menor a tres meses. 

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Fraguas Madurga, Lourdes, “El concepto de derechos fundamentales y las generaciones de derechos”, en Anuario del Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Calatayud, núm. 21, 2015, pp. 124-134.

2 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), Integración y concatenación de padrones de beneficiarios como factores de transparencia y rendición de cuentas, 2014, p. 2. Consultado en

file:///C:/Users/Principal/Downloads/CESOP%20Padrones_programas %20sociales.pdf (10-11-19).

3 Transparencia Mexicana y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO). Informe de Resultados 2013, p. 12. Consultado en

https://www.programassociales.org.mx/descargas/informes/Informe -de-resultados-IPRO-2013.pdf (10-11-19).

4 Auditoría Superior de la Federación (ASF), Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013. Consultado en

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Audito rias/2013_0271_a.pdf (10-11-19).

5 Transparencia Mexicana y PNUD: En riesgo reducción de la pobreza y de la desigualdad si no se revisa la eficacia y los resultados de los programas sociales vigentes. Consultado en

https://www.tm.org.mx/en-riesgo-reduccion-de-la-pobreza-y-de-la -desigualdad-si-no-se-revisa-la-eficacia-y-los-resultados-de-los-programas-soci ales-vigentes-transparencia-mexicana-y-pnud/ (11-11-19).

6 Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) (06-06-19). ¿Por qué hay tanta corrupción en México? Nexos. Consultado en

https://anticorrupcion.nexos.com.mx/?p=1076 (11-11-19).

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 5 de febrero de 2020.— Diputada Lucía Flores Olivo (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Ernesto Guillermo Ruffo Appel e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado Ernesto Guillermo Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 numerales 1 y 2, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b), la fracción III, del inciso g), y el inciso h), todos del numeral 1 del artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

La seguridad jurídica es el elemento básico de una verdadera democracia. En el momento en que no se tiene certeza de los procedimientos a través de los cuales se llevarán a cabo las elecciones de servidores públicos clave para el desarrollo de un estado, se pone en peligro la propia definición de democracia.

El artículo que se pretende adicionar corresponde a una de las facultades más importantes que tiene la Cámara de Diputados; el nombramiento de los titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Los Órganos Internos de Control tienen objeto diseñar, preparar y procesar la información que permita vigilar, evaluar y confirmar el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de las instituciones que representan. Son una parte sustancial para el combate a la corrupción.

Con base en lo anterior, se considera que los servidores públicos antes mencionados son indispensables en el correcto funcionamiento de las instituciones en las que fungirán como titulares del Órgano Interno de Control. Su papel es de la mayor importancia que se puede tener dentro del Estado, son los garantes de la funcionalidad y la aplicación del principio de legalidad.

Por lo anterior, es necesario que los procesos de selección que se lleven a cabo en la Cámara de Diputados tengan la mayor claridad y certeza posible; porque en el desafortunado supuesto en el que un candidato no idóneo fuera elegido en alguno de los dos supuestos de votación, comprometería gravemente la funcionalidad de la institución en la que sea nombrado.

Al día de hoy se han llevado a cabo diversos actos realizados por la Junta de Coordinación de Política en la que los procedimientos establecidos por ésta, no son claros o son modificados sin seguir el procedimiento por el que fueron expedidos, lo que genera falta de certeza e inseguridad jurídica. Aún se siente reciente, el polémico desahogo del procedimiento de nombramiento del titular del órgano interno del control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía previsto en la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de marzo de 2019, y del que se ha denunciado que la Junta de Coordinación Política de apartó de su cumplimiento.

Ante ello, esta iniciativa pretende reformar el artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer mecanismos que contribuyan al parlamento abierto en la elección de contralores internos de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En principio, se modifica el inciso b), para incorporar dentro del procedimiento de nombramiento de los titulares de los Órganos Internos de Control, que se considere la especialización de conocimientos que debe tener la persona que sea designada, incluyendo que los candidatos puedan ser postulados por instituciones públicas de educación superior.

Asimismo, se propone reformar, la fracción III del inciso g), para dar mayor transparencia al proceso de designación, estableciendo que las comparecencias ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, sean transmitidas por la señal del Congreso y abiertas al público que desee acudir a las mismas.

Por último, se busca realizar una enmienda al inciso h), para precisar que las comisiones dictaminadoras incorporen en el dictamen una terna integrada por los candidatos electos, en lugar de una lista, misma y que se haría llegar a la Junta de Coordinación Política. Además, a efecto de dotar de mayor transparencia y más valoración de la sociedad, se propone que el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, intervenga con su participación y opinión de manera no vinculante sobre la selección de la terna respectiva.

En suma, al incorporarse mayores mecanismos de parlamento abierto en el procedimiento de nombramiento de los titulares de los órganos internos de control, lograremos garantizar más transparencia, rendición de cuentas, cercanía con la sociedad y legitimidad en el trabajo de selección de los mejores perfiles.

Con lo anterior, lograremos prevenir cualquier riesgo de caer en la tentación de apartarse ilegalmente de los procedimientos previstos en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y nos permitirá ser respetuosos en lo sucesivo, de las mejores prácticas parlamentarias en los procedimientos de nombramientos de altos mandos en instituciones como el Instituto Nacional Electoral, entre otros organismos con autonomía constitucional que requieren salvaguardar su buen funcionamiento e independencia.

En tal virtud, tengo bien someter a consideración de esta honorable representación el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el inciso b), la fracción III del inciso g), y el inciso h), todos del numeral 1 del artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el inciso b), la fracción III del inciso g), y el inciso h), todos del numeral 1 del artículo 57 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 57 Ter.

1. La designación de los titulares de los Órganos Internos de Control se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento siguiente:

a)...

b) Esta convocatoria será abierta para las instituciones públicas de educación superior que deseen postular candidatos, contendrá las etapas completas para el procedimiento, las fechas límite y los plazos improrrogables, así como los requisitos legales que deben satisfacer los aspirantes y los documentos que deben presentar para acreditarlos;

c) a g)...

I. y  II...

III. El día y hora en donde tendrán verificativo las comparecencias ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción; y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos exigidos, a efecto de garantizar su garantía de audiencia y conocer su interés y razones respecto a su posible designación en el cargo. Las comparecencias serán abiertas al público en general y se transmitirán en vivo por el Canal del Congreso;

h) Una vez que se hayan desahogado las comparecencias, las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción; y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, sesionarán de manera conjunta con la finalidad de integrar y revisar los expedientes y entrevistas para la formulación del dictamen que contenga la terna de candidatos aptos para ser votados por la Cámara, y que se hará llegar a la Junta de Coordinación Política. En la discusión del dictamen, en el marco de parlamento abierto, se escuchará de manera no vinculante al presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción;

i) a k)...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.— Diputados y diputadas: Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal,  Jacquelina Martínez Juárez, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Marcela Torres Peimbert, Martha Elena García Gómez, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Patricia Terrazas Baca, Ricardo Flores Suárez, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa de decreto, para que se inscriba en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Mariano Otero, a cargo del diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Brasil Alberto Acosta Peña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de “Mariano Otero”, con la petición de que se consulte al pleno la dispensa del trámite de dictaminación y se proceda a su discusión inmediata, al tenor de las siguientes:

“La Constitución, para que sea respetable y duradera, es decir, para que tenga existencia sólida, necesita no contener sino muy pocos principios, todos fundamentales, y si es posible ninguno disputable”. Mariano Otero

Son muchos los nombres ilustres que han escrito en las páginas históricas de nuestra nación. Mariano Otero Mestas es uno de ellos.

El ilustre jalisciense, que nació hace ya más de 200 años, es sin duda uno de los pensadores fecundos y juristas pródigos más destacados de nuestra historia. A corta edad, aportó vastamente a la construcción de aquél México, ocupando cargos relevantes desde 1841 como delegado de Jalisco en la Junta de Representantes de los Departamentos, diputado de su estado, diputado constituyente, senador y ministro de Relaciones Exteriores. Durante el encargo de estos importantes puestos, Otero se distinguió como un hombre de Estado y estudioso de la realidad mexicana, esta esencia la capturó en muchos de sus escritos, y desde todas las sedes en las que le fue posible intervenir.

En 1842, después de haber sido nombrado diputado del Congreso Constituyente, escribió su famoso Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana, mostrando su gran capacidad de análisis de la realidad social de México. Poco después, en 1844, fue cofundador del Ateneo Mexicano de la Juventud.

Mariano ocupó el cargo de diputado constituyente por segunda vez en 1847. En este periodo, presentó su voto particular para construir lo que hoy en México conocemos como juicio de amparo. Él y Manuel Crescencio Rejón son considerados precursores en la materia; sus aportaciones constitucionales se presentaron de la siguiente manera:

“...Proponer al Congreso que eleve a grande altura al Poder Judicial de la Federación, dándole el derecho de proteger a todos los habitantes de la República en el goce de los derechos que le aseguren la Constitución y las leyes constitucionales, contra todos los atentados de Ejecutivo o del Legislativo, ya de los Estados o de la Unión.”

Además de dar luz de las primeras disposiciones del amparo para la protección de los gobernados, éste solo párrafo da muestra del pensamiento y de la ideología federalista y liberal de Otero. Igualmente, de este párrafo se puede advertir la clara influencia de pensadores como Montesquieu, Rousseau y Locke, al proponer la división de poderes y la contención del poder con la teoría de los pesos y contra pesos.

Durante su vida, siempre estuvo al lado de las mentes más brillantes y revolucionarias del momento. Compartió curul como constituyente con personajes como Benito Juárez y Manuel Crescencio Rejón; igualmente, fue compañero de ideas de Guillermo Prieto, Mariano Riva Palacio y José María Lafragua, con quienes consolidó el pensamiento liberal mexicano.

Mariano Otero fue un hombre liberal, defensor de los derechos humanos, de la división de poderes, la libertad de expresión y del federalismo. Acérrimo defensor de la soberanía nacional ante la inminente guerra con los Estados Unidos, votó en contra del Tratado Guadalupe-Hidalgo.

Sus obras abarcaron desde lo jurídico y político hasta lo meramente literario. Mariano Otero murió víctima de cólera en 1850, a los 33 años, con una prometedora carrera por delante.

Con base en lo establecido en los criterios para las inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados, en su artículo segundo, las inscripciones tienen como objetivo el rendir homenaje a personajes de gran trascendencia para el país. Mariano Otero es sin duda un agente fundamental para la visión política y jurídica de México, que, con su gran legado, generó un cambio de paradigma en la manera de entender y ejercer el derecho en esta nación y acaso en el mundo.

Con anterioridad, la petición de esta inscripción ha sido rechazada, dictaminada en sentido negativo o simplemente desechada, eso sí, bajo pocos argumentos; nos sumamos a la siguiente lista de promoventes, a quienes de igual forma hay que hacer un reconocimiento:

1. El 28 de abril del 2005, en la LIX Legislatura fue presentada la iniciativa para inscribir el nombre de “Mariano Otero”, por el diputado David Hernández Pérez, del GPPRI, que quedó desechada en sesión del 23 de noviembre de 2011, por acuerdo de la Mesa directiva.

2. En 2012, El diputado Rafael Yerena Zambrano, del GPPRI, integrante de la LXI Legislatura, presentó iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba el nombre de Mariano Otero en el Palacio Legislativo del salón de sesiones.

3. En un segundo intento, en el 2012 el diputado David Hernández Pérez, perteneciente a la LXI Legislatura, presentó iniciativa para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor el nombre de Mariano Otero y en esa ocasión agregó el nombre de Ignacio L. Vallarta, quedando nuevamente en un intento frustrado.

4. En 2017, los diputados César Camacho Quiroz, Rafael Yerena Zambrano y Pablo Gamboa Miner, del GPPRI, en el marco del bicentenario del natalicio de Mariano Otero, propusieron la inscripción del nombre de Mariano Otero, así como de Manuel Crescencio García Rejón.

Todas ellas, desestimadas.

En el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro se albergan inscritos los nombres de los personajes, instituciones y acontecimientos que han dado forma a la historia de México. En estas letras, se pueden leer áureas de la independencia, la reforma, la revolución, la libertad, la igualdad y la democracia. Consideramos que, en la mente y el ideario mexicano, es necesario reconocer otro nombre que peleó férreamente por los ideales de la nación.

En esta Legislatura, el Consejo Editorial se ha encargado de trabajar en el rescate de algunas de las obras más importantes de don Mariano Otero. Recientemente, se publicó material de esa casa que reúne sus principales escritos, homenaje y reconocimiento al pensamiento y al hombre, que encarnó, hemos dicho, el sentir de un México libre y soberano.

La presente iniciativa es una oportunidad para la LXIV Legislatura de no cometer el mismo error de otras que antecedieron, y aprobar esta iniciativa con certeza de así honrar el nombre y legado de un hombre que, sobre todas las cosas, fue un patriota, representación noble del ciudadano mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de “Mariano Otero”

Artículo único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de “Mariano Otero”.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Facúltese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados para la realización y organización de la ceremonia respectiva.

Fuentes

Covarrubias Dueñas, José, Aportaciones al pueblo de México de Josef Mariano Fausto Andrés Otero Mestas, Instituto de investigaciones Jurídicas, Biblioteca Virtual:

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/resultados?ti=mariano+oter o&radio-libro-coleccion=on&radio-titulo-autor=on#cargando

Iniciativas en el mismo sentido:

http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusque daBasica.php?SID=ced724cdb609b97077ad987978824139&Origen=BB&Serial=0a22 53ce3e16730042de7fbaa88968d5&Reg=4&Paginas=15&pagina=1#2

Mariano Otero, Estudio de la SCJN:

https://otero.scjn.gob.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 5 de febrero de 2020.— Diputados y diputadas: Brasil Alberto Acosta Peña, Dulce María Sauri Riancho, Enrique Ochoa Reza, Higinio del Toro Pérez, Jannet Tellez Infante, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Lidia García Anaya, María Ester Alonzo Morales, María Eugenia Hernández Pérez, María Marivel Solís Barrera, Mónica Almeida López (rúbricas).

«Iniciativa que adiciona el artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Gerardo Fernández Noroña y Ulises García Soto, de los Grupos Parlamentarios del PT y Morena, respectivamente

Los suscritos Ulises García Soto y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) al artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente

Planteamiento del Problema

Los mexicanos hemos experimentado diferentes crisis económicas en diversas décadas, que han conllevado pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda y del ahorro, trayendo como consecuencias una grave injusticia e inestabilidad social y frustraciones personales. La presente iniciativa pretende ofrecer al país una nueva alternativa de ahorro que le permita a la población encontrar un refugio contra estas circunstancias que se presentan cíclicamente en la economía a nivel nacional y mundial.

México es el primer productor mundial de plata; en 2016 produjo 189.5 millones de onzas. Y anualmente se acuñan, en promedio, 850 mil onzas Libertad. Es decir, que solamente el 0.4 por ciento de la plata que producimos se destina para la acuñación de onzas de plata nacionales. Según la Cámara Minera, cerca del 90 por ciento de la plata sale del país en forma de exportación como materia prima.

Sin embargo, históricamente la plata ha demostrado ser un buen medio para conservar valor a través del tiempo. Desde que se fundó el Banco de México, en 1925, ha sido constante el esfuerzo del Congreso y los gobiernos por utilizar plata en las monedas circulantes, como un recurso para conservar el poder adquisitivo de la moneda y del ahorro nacional.

Por ello, la plata siempre ha estado presente en casi todas las reformas monetarias y en todos los programas de acuñación, desde el famoso peso 0.720 que aún se recuerda, y del cual se acuñaron 458 millones (emitido desde 1920 a 1945), hasta las Monedas Conmemorativas de los Estados (emitidas en 2004).

En 1946 se tuvo que suspender la acuñación del peso de plata 0.720, pues la plata contenida en un peso valía más, de manera que al Banco de México le resultó incosteable; había alcanzado “su punto de fusión”, es decir, el momento en que el valor intrínseco de la plata superó el valor nominal grabado.

Como solución, durante todo el siglo XX el Banco de México incluyó cada vez menos plata en las aleaciones. En 1947 el contenido de plata se redujo a 7 gramos (peso ley 0.500); en 1950 se redujo a 4 gramos (peso ley 0.300); y de 1957 a 1967 se redujo aún más, a 1.6 gramos (peso Ley 0.100).

Posteriormente, en 1979 el presidente López Portillo acuñó el famoso Morelos de plata de 100 pesos; en 1993 se incorporó plata en las monedas de 10, 20 y 50 pesos, y en 2004 el Banco de México emitió una moneda de 100 pesos, con media onza de plata.

Sin embargo, debido a inflación o devaluación, el resultado fue siempre el mismo: la plata siempre volvió a valer más que el valor nominal grabado y su destino fue la fundición o las colecciones numismáticas.

Como es posible observar, utilizar plata en nuestra moneda, con el objetivo de darle al ahorro nacional un valor más estable, ha permanecido presente. Sin embargo, todos esos intentos han resultados vanos porque, tarde o temprano, esas monedas alcanzaron su “punto de fusión”.

El intento más ambicioso de utilizar la plata como un medio masivo de ahorro nacional data de 1979, con la legislación que dio paso a la creación de la moneda onza de plata Libertad, la cual carece de valor nominativo grabado; misma que se acuña hasta la fecha. Sin embargo, este esfuerzo no tuvo el gran alcance que se propuso originalmente, debido a omisiones en dicha Ley, que ahora son fácilmente observables a partir de esa experiencia.

En esta ley, en el actual artículo 2o. Bis de la Ley Monetaria, se estipuló que, en vez de tener un valor fijo, las monedas de plata tendrían un valor flotante, determinado diariamente por el Banco de México en base al precio del metal, y también que éstas gozarían de curso legal por el equivalente a su cotización en pesos; disposición que aún hoy es vigente.

Gracias a que la onza Libertad no tiene un valor nominal fijo, esta moneda nunca ha llegado al punto de fusión a pesar de las devaluaciones; el Banco de México la ha acuñado ininterrumpidamente desde entonces, no se ha fundido y permanece como ahorro en manos de la población, en grandes cantidades.

Sin embargo, debido a que la cotización de esta moneda es flotante incluso a la baja, su valor puede quedar por debajo de su precio de adquisición; cuando se presentó esta situación, el público se inclinó a rechazar las monedas y devolverlas al Banco de México para evitar pérdidas, razón por la cual dejó de funcionar como medio masivo de ahorro, como era la intención original.

A partir de entonces, el artículo 2o. Bis de la Ley Monetaria se volvió letra muerta pues dejó de observarse, y ahora esta moneda se maneja como una simple mercancía, lo cual implica obstáculos para que la población aproveche plenamente el potencial de este instrumento de ahorro.

Los obstáculos que actualmente enfrentan los ahorradores en onzas de plata Libertad, derivados de las omisiones del artículo 2o. Bis de la Ley Monetaria, son:

a) En los hechos, la población no puede adquirir la onza de plata Libertad al precio determinado por el Banco de México, tal como lo marca la Ley. Cada distribuidor comercial coloca la moneda a un precio distinto y arbitrario.

b) Los distribuidores cobran un descuento en las operaciones de compra y venta de la moneda, lo cual merma su efectividad como instrumento de ahorro al ocasionar una pérdida a su tenedor.

c) Actualmente, el valor de la onza de plata Libertad sube y baja conforme al movimiento del precio de la plata en los mercados internacionales, lo cual puede provocar pérdidas a su tenedor en el corto plazo, aun cuando la tendencia de la plata a largo plazo sea indiscutiblemente a conservar o incrementar su valor respecto al peso.

Cabe señalar, que la función primordial del ahorro es contar con reservas para enfrentar situaciones urgentes o para emprender proyectos en el futuro; por lo que un instrumento de ahorro que paulatinamente pierde valor, no cumple satisfactoriamente su función. Actualmente ninguno de los dos instrumentos de ahorro a los que más recurre la población, que son:

a) La acumulación de efectivo, así como los instrumentos informales de ahorro y crédito basados en efectivo, como las tandas, que son los más difundidos entre el grueso de la población. El ahorro en efectivo, debido a la inflación persistente, continuamente pierde valor. En esta situación está el 56 por ciento de la población que no está bancarizada.

b) Las cuentas de ahorro y los depósitos a plazo, utilizados por un reducido sector de la población, cuyo beneficio principal lo obtiene el sector bancario, más que el público ahorrador. Esas cuentas constituyen más un instrumento de transacción (por ejemplo, depósitos de nómina) que un vehículo de ahorro. Esas cuentas no ofrecen rendimiento y son un mero sustituto del efectivo como medio de pago. Debido a la inflación, los retornos negativos implican destrucción sobre el ahorro. El retorno de las cuentas de ahorro, depósitos a plazo y Cetes a tres meses ha sido negativo en los últimos 10 años.

Por el contrario, la plata es un activo que funciona como verdadero acervo de valor, con breves periodos de rendimientos reales negativos, pero con un promedio de retorno real general positivo a mediano y largo plazo, que ha sido del 14.2 por ciento de tasa anual en la década de 2007 a 2017. Además, el mercado ha demostrado que la plata es un instrumento de cobertura y acervo de valor ante un entorno económico volátil.

Un análisis elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP), titulado “La plata como moneda de curso legal” resalta los beneficios concretos que se otorgarían a la población al impulsar la plata como ahorro familiar, sobre todo para los estratos en situación de pobreza y para las familias de medianos ingresos.

Dicho estudio concluye: “La moneda de plata se puede posicionar como un instrumento efectivo de ahorro a largo plazo, toda vez que sería una moneda que virtualmente no se devalúa, además de que en los últimos 17 años ha mostrado un comportamiento ascendente. En ese periodo, el nivel de ganancias de un ahorrador en plata superó ampliamente al que invirtió en dólares, en una relación de 3 a 1”.

El resultado invariable de todas las emisiones de moneda de plata con valor nominal grabado ha sido que el señoreaje comienza a resultar negativo tan pronto como el precio del metal excede el valor nominal de la moneda, sea por la constante inflación interna, o cuando el peso sufre un deslizamiento frente al dólar, lo cual ocasiona el mismo efecto. Por ello, el Banco de México necesariamente ha tenido que suspender su acuñación, a pesar de los deseos de la población, que naturalmente prefiere las monedas con plata.

En principio, para que la onza de plata cumpla su función de ahorro popular seguro, es indispensable conferirle un valor oficial de circulación que pueda recorrerse al alza cuando suba el precio de la plata, tal como ahora lo contempla la ley, pero mantener el último valor oficial en caso de que el precio de la plata baje. Esta es la innovación más importante con respecto a la reforma de 1979 y la manera en que actualmente se debe manejar la onza Libertad.

De aprobarse la presente iniciativa, la onza Libertad se comportaría de igual forma que los billetes y las monedas que usamos diariamente, los cuales llevan un valor nominal impreso o grabado, y ese valor nunca puede reducirse, a pesar de que baje el precio internacional del material con que están hechos.

Por eso, una disposición legal decretando que su valor nominal no debe disminuir, sería redundante en el caso de esas monedas. Sin embargo, en el caso de una moneda de plata sin valor nominal grabado que tiene curso legal —gracias a la  reforma de 1979—, hace falta, y debe de quedar expresa para que esa condición implícita en todos los billetes y monedas actuales, se vuelva explícita en el caso de la onza de plata Libertad.

Sin ese valor oficial irreductible, la onza de plata Libertad no puede cumplir con su función, y se le seguirá considerando indefinidamente como una mercancía, en perjuicio de los ahorradores y del mismo Banco de México, que tiene la obligación legal de recibir esas monedas, incluso cuando su valor baja.

Así, el presente proyecto perfecciona la reforma de 1979 y la opción de ahorro en plata, otorgando a la onza Libertad un valor oficial mínimo fijo, en caso de que el precio de la plata baje, sin que esto cause perjuicio económico alguno al tenedor o al propio Banco de México.

Además, el valor oficial de la onza de plata Libertad será denominado en pesos, y será determinado privativamente por el Banco de México. Este valor oficial en pesos, se modificará al alza las veces que sea necesario, tomando en consideración el incremento del precio internacional de la plata y el costo de acuñación, más un señoreaje básico no mayor a 20 por ciento; y la suma de esta cantidad, redondeada al múltiplo superior de veinte pesos. El último valor oficial no podrá reducirse, por las razones expuestas anteriormente.

Asimismo, se establece que el valor oficial se publique diariamente en el Diario Oficial de la Federación, a fin de que sea ampliamente conocido.

Se propone que el valor oficial sea un monto ajustable a múltiplos de veinte pesos, a fin de contar con una cifra que sea fácil de recordar para la población. Adicionalmente, este redondeo al alza servirá como un margen que permita mantener este valor sin cambio, cuando el precio de la plata se eleve sólo marginalmente.

Con respecto a la situación actual, estas disposiciones tendrán el efecto de facilitar ampliamente el ahorro en onzas Libertad, ya que esta moneda tendrá un valor conocido por todos, incrementará este valor sólo ocasionalmente y, gracias al ajuste en múltiplos de veinte pesos, será fácilmente recordable.

Mediante estas disposiciones, se pretende reafirmar que el único valor legal de la onza Libertad es el que oficialmente le asigne el Banco de México y así eliminar el inconveniente de diversos precios de mercado, además de eliminar el margen que actualmente se aplica al retomar la moneda en perjuicio del ahorrador.

En virtud de que esta alternativa de ahorro se concibe para beneficiar al ahorrador mexicano, la iniciativa prohíbe expresamente a los bancos, las casas de cambio y al propio Banco de México colocar o retomar esta moneda a cambio de monedas extranjeras.

Gracias a que la onza Libertad no tiene un valor oficial grabado, éste puede recorrerse al alza cuando se incrementa el precio de la plata, la acuñación de esta moneda siempre reportará al erario un señoreaje positivo, y será una continua fuente de ingresos para el Banco de México.

Actualmente la Ley no contempla ningún señoreaje en la acuñación de la onza, y hoy el Banco de México coloca esta moneda casi al valor de costo permitiendo que las ganancias por su manejo se la lleven los bancos y distribuidores privados, al vender las onzas Libertad al precio que éstos estipulan, además de cobrar una comisión por la recompra.

En el caso del papel moneda, el Banco de México obtiene un amplísimo señoreaje (cercano al 99 por ciento) sobre los billetes que emite, y en el caso de la onza Libertad el señoreaje será de sólo 20 por ciento. Sin embargo, en virtud de que esta iniciativa no implica detener la emisión de billetes y monedas regulares, el señoreaje que hoy se percibe por este rubro, continuará intacto, además de recibir ahora, señoreaje por la onza Libertad.

Adicionalmente, gracias a la disposición de mantener el último valor oficial de la onza Libertad aun cuando la plata baje de valor, en esta situación el Banco de México percibirá un señoreaje más amplio, ya que se reducen los costos de acuñación, mientras esta institución coloca la moneda, al último precio establecido.

El presente proyecto no implica costo fiscal alguno, ya que el ahorrador es el que pagaría, al momento de comprar la moneda los costos de la plata, de la acuñación y del señoreaje, tal como ahora lo hace al adquirir onzas Libertad.

La moneda de plata, al igual que cualquier bien, está sujeta a la posibilidad de ser falsificada. Aunque la falsificación exacta (con el mismo contenido de plata) ciertamente puede brindar el atractivo de apropiarse ilegalmente del señoreaje, esto es altamente improbable, ya que siempre resultará más lucrativo falsificar billetes, debido a su ínfimo costo de falsificación.

La falsificación de monedas es un delito tipificado y de competencia de la Fiscalía General de la República (FGR; específicamente la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros (UEIDFF)). En los boletines de la última década de la antes Procuraduría no aparece la detención de bandas falsificadoras de monedas, sino siempre de billetes, por la mayor facilidad de imitarlos mediante imprentas o fotocopiadoras. Sin embargo, para falsificar monedas se requieren grandes talleres de fundición y máquinas troqueladoras, lo cual hace más fácil su detección por parte de la autoridad persecutoria. Por todo ello, la posibilidad de falsificación se considera muy remota.

Esta nueva alternativa será especialmente útil para el sector mayoritario de la población que no tiene acceso al sistema bancario comercial, en parte porque a los bancos privados no les resulta redituable atender a esos sectores de escasos recursos. Y también representará una alternativa importante para el mediano inversionista, que actualmente opta por retirar sus ahorros del país cuando existen condiciones de inestabilidad cambiaria.

Con el tiempo, conforme el ahorro nacional en onzas de plata se incremente, es de esperar que se establezcan instituciones que ofrezcan custodia de plata en bóvedas bancarias. Y además, a futuro esta acumulación de ahorro en plata podrá ser utilizada como colateral para la obtención instantánea de créditos a interés preferencial (cercanos a los instrumentos gubernamentales), estimulando la inversión productiva de pequeños inversionistas.

Un efecto directo de la presente iniciativa es otorgarle a la plata un valor agregado y crear una mayor demanda de este metal. Por ello, es previsible que un impulso decidido al ahorro nacional en plata impacte favorablemente la industria minera y redunde en la creación de empleos.

De los 32 estados de la república, 24 son estados mineros. La Cámara Minera de México estima que, de aprobarse este proyecto, en el mediano plazo se activarían nuevas minas de plata, las cuales podrían generar anualmente alrededor de 2 mil 500 nuevos empleos.

En síntesis, no estamos aprovechando nuestra plata adecuadamente, ya que vendemos prácticamente la totalidad, al extranjero. E incluso, si sube el precio de este recurso nacional, no podemos decir que esto es un beneficio generalizado, ya que esto sólo beneficia a un sector reducido.

Actualmente un alza del precio de la plata beneficia sólo a las empresas mineras, siendo que también podría beneficiar al resto de los mexicanos si contaran con ahorros en plata.

Cabe señalar que la presente iniciativa retoma un tema que ha sido planteado por diversos actores políticos, en distintas ocasiones, y de muchos signos partidarios; quienes también han tenido como propósito que México tenga una moneda que respalde la economía de los mexicanos. Sin embargo aún no se ha tenido éxito.

El objetivo de la cuarta transformación es cambiar a México desde la raíz a fin de cambiar las relaciones entre los ciudadanos y sus gobernantes, generar una sociedad más justa y equitativa; y la presente iniciativa cuenta con los elementos necesarios para impulsar el país, el crecimiento económico y el fortalecimiento de la microeconomía ciudadana.

El propósito de la presente iniciativa es ofrecer el marco jurídico para superar los obstáculos mencionados en la actual Ley Monetaria, mismos que por ahora impiden a la población utilizar la onza de plata Libertad como medio accesible de ahorro.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un inciso d) al artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un inciso d) al artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Las únicas monedas circulantes serán:

a) ...

b) ...

c) ...

d) La onza de plata Libertad y sus fracciones, gozarán de curso legal por el monto correspondiente a su valor oficial en pesos, mismos que serán publicados diariamente en el Diario Oficial de la Federación, según lo que establece el presente inciso.

Corresponde privativamente al Banco de México determinar y modificar el valor oficial de la onza de plata Libertad y sus fracciones, a través de disposiciones generales de carácter administrativo, mediante la suma de los siguientes factores:  

I. El precio internacional vigente de una onza de plata, expresado en pesos;

II. El costo de acuñación; y

III. El monto correspondiente a un señoreaje básico de 20 por ciento, calculado sobre el resultado de la suma de los factores precisados en las fracciones I y II anteriores.

IV. El resultado de esta suma deberá ajustarse al múltiplo inmediato superior de veinte pesos.

Una vez determinado el valor de la onza de plata Libertad, mediante el procedimiento anterior, el valor de sus fracciones se determinará proporcionalmente. Ninguno podrá reducirse.

El Banco de México actualizará el valor oficial de la onza de plata Libertad y sus fracciones, mediante el procedimiento mencionado en el presente artículo, cada vez que la suma total de los factores resulte mayor al valor oficial vigente.

Queda expresamente prohibido a todas las entidades y organismos que integran el sistema financiero mexicano colocar la onza de plata Libertad y sus fracciones a un valor en pesos mayor al valor oficial establecido por el Banco de México, así como retomarlas a un valor en pesos menor al valor oficial establecido por el Banco de México, considerando dentro de esta prohibición, cualquier tipo de tasa, descuento comisión o cargo en las transferencias referidas.

El Banco de México acuñará anualmente la cantidad de onzas necesarias para satisfacer la demanda del público ahorrador a través del sistema bancario mexicano.

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 “La Plata como Moneda de Curso Legal”, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, CEFP/092/2007, p. 12.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 5 de febrero de 2020.— Diputados y diputadas: José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Abelina López Rodríguez, Adela Piña Bernal, Alejandro Viedma Velázquez, Alfonso Pérez Arroyo, Armando Javier Zertuche Zuani, Carlos Iván Ayala Bobadilla, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Graciela Sánchez Ortiz, Gustavo Callejas Romero, Irán Santiago Manuel, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Jannet Tellez Infante, José Mario Osuna Medina, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Lidia García Anaya, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, María de Jesús García Guardado, María Esther Mejía Cruz, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Román Ávila, María Marivel Solís Barrera, Martha Robles Ortiz, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Oscar Rafael Novella Macías, Rubén Cayetano García, Samuel Calderón Medina, Simey Olvera Bautista, Susana Beatriz Cuaxiola Serrano, Susana Cano González, Ulises García Soto (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputada Julieta Macías Rábago, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción XXIII del artículo 4; el artículo 5; y la fracción VII del artículo 6; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 5 recorriendo el subsecuente, de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de acuerdo con la siguiente

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de 27 de junio de1989, ratificado por México el 5 de noviembre de 1990 y con entrada en vigor el 5 de setiembre de 1991, es uno de los principales instrumentos de Derecho Internacional en materia de derechos de los Pueblos Indígenas.

Este persigue no únicamente la vigencia (lo formal), sino la vivencia de los principios de identificación de los pueblos indígenas, no discriminación, combate a la situación de vulnerabilidad, así como los derechos al reconocimiento de su cultura, a decidir las prioridades para su desarrollo y a la consulta previa, libre e informada, sujetando al Estado a las siguientes obligaciones:

• Realizar la consulta a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles directamente;

• Establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de los pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras;

• Efectuar consultas respeto de los principios de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas y,

• Adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del presente Convenio.

A su vez, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 13 de septiembre de 2007, dispone en su artículo 19 que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado y en el 32 reitera que los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo (el subrayado es nuestro).

Así, se reconoce la existencia de un derecho a la consulta previa, entendido como el derecho de participación de los pueblos indígenas en situaciones que impliquen una afectación a ellos y a sus derechos. Es un método de reconocimiento de los pueblos como autónomos y con libre determinación para darles la posibilidad de definir sus prioridades para desarrollarse. Es el derecho de los pueblos indígenas de elaborar las normas, buscando un acuerdo con ellos en los aspectos que los involucren. La consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada es un derecho humano colectivo de los indígenas que les ayuda a prevenir el que puedan ser vulnerados sus derechos y se sustenta en principios internacionales como la libre determinación, la igualdad, la identidad cultural, el pluralismo, el respeto a la tierra, territorio, recursos naturales, entre otros.

De este modo, la consulta deberá ser:

• Libre. No debe haber interferencias ni presiones;

• Previa. Debe ser anterior a la adopción y aplicación de la medida legal o la administración nacional y a la ejecución del proyecto o actividad;

• Informada. Se debe dar a conocer el objeto de la ley, decreto o proyecto a los posibles afectados;

• Mediante procedimientos culturalmente adecuados. Tomando en cuenta los mecanismos e instituciones utilizados por los pueblos sujetos a consulta para tomar sus decisiones, reconociendo sus formas de gobierno, usos y costumbres.

• Culturalmente pertinente. Observando el principio de igualdad y no discriminación, reconociendo las especificidades de los sujetos de consulta, respetando su cultura, lengua, identidad y tradición oral, así como sus formas de decidir, y;

• De buena fe. Debe haber buena disposición, un diálogo equitativo, imparcial, con igualdad de oportunidades de poder influir en la decisión final, y con reconocimiento del otro como interlocutor válido, legítimo y en igualdad de condiciones.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su 39 período de sesiones efectuado del 10 al 28 de septiembre de 2018, publicó el documento Consentimiento libre, previo e informado: un enfoque basado en los derechos humanos Estudio del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El nudo del documento se basa en el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, lo que exige la observancia de sus derechos a ser consultados, a participar y a sus tierras, territorios y recursos.

Tal derecho se orienta a regresar a los pueblos indígenas el control sobre sus tierras y territorios, en función de salvaguarda de sus derechos colectivos. Del mismo modo, se trata que puedan incidir en el resultado de los procesos de toma de decisiones que les afecten y no simplemente el derecho de hacer oír sus opiniones.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, en noviembre de 2018, un amparo en revisión relacionado con la impugnación al procedimiento de consulta a la comunidad indígena de Juchitán, Oaxaca, sobre un proyecto eólico, coinversión de Mitsubishi con el gobierno mexicano.

Con independencia del fondo del asunto, es rescatable el hecho que se abordó sobre los principios que debe tener la consulta, de ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.

Así las cosas, es deseable que, todos los megaproyectos (por hacerse –y que tuvieren algún resultado tangible– o por cancelarse –que representen un quebranto para los contribuyentes que, en un extremo, tuvieren que pagar por la nada–) en que tenga intención de invertir o comprometer recursos públicos el gobierno de México e interesen a los pueblos indígenas, deben pasar por consultas previas, libres, informadas, culturalmente pertinentes, mediante procedimientos culturalmente adecuados y de buena fe.

Proyectos como el Tren Maya implican un serio riesgo de desaparecer hábitats críticos completos, ocasionando severas afectaciones, por el daño a tierras de cultivo, en comunidades aledañas a la obra y provocando la desaparición de especies en peligro de extinción, como diversas clases de aves; el tapir, el jaguar o el venado de cola blanca, debido a la existencia de una barrera física que habrá de alterar sus flujos de paso y apareamiento. La pérdida de dichos ecosistemas y de agua ponen en grave riesgo la sustentabilidad ecológica de México.

Muestra de la urgencia de cumplir con la normatividad vigente, es el hecho que, para diciembre de 2018, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó a la opinión pública nacional que el desmonte de 230 hectáreas de manglar para la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, arrancó en septiembre sin autorización de impacto ambiental ni cambio de uso de suelo.

Un año después de iniciado el presente gobierno, entre noviembre y diciembre de 2019, se desarrolló el proceso de consulta indígena y jornada de ejercicio participativo ciudadano sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya. Incluso, el 15 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria respectiva para participar.

Dicha comunicación iba dirigida a las autoridades e instituciones representativas de los municipios y las comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos indígenas Maya, Ch’ol, Tseltal, Tsotsil, y otros, de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ubicados en el área de influencia del “Proyecto de Desarrollo Tren Maya”, así como a la ciudadanía en general de dichos estados (sic).

Dicho proceso de consulta se anunció para efectuarse del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2019, a través de Asambleas Regionales Consultivas (los días 14 y 15 de diciembre) en un esquema como el que se reproduce a continuación:

Por su parte, la jornada de ejercicio participativo se proyectó para llevarse a cabo el día 15 de diciembre de 2019. Dentro de dicha convocatoria se disponía que se introducirían 15 Asambleas Regionales Informativas los días 29 y 30 de noviembre (sic).

Firmaron la convocatoria, por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), su director general, Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons Gómez; por la Secretaría de Gobernación, la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Diana Álvarez Maury y, por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, su director general, Adelfo Regino Montes. A pesar de lo abigarrado e ininteligible de su fondo y forma, nada parecía que podría salir mal.

El 19 de diciembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, publicó en el apartado de su área de sala de prensa, un excelente boletín que cabeceaba ONU-DH: el proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya no ha cumplido con todos los estándares internacionales de derechos humanos en la materia y que, por su pertinencia, se reproduce a continuación con énfasis añadido:

La ONU-DH agradece la invitación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, del Fondo Nacional del Fomento al Turismo y de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación para participar como observadora en este proceso.

La Oficina asistió a cuatro de las 15 asambleas regionales informativas en Tenabo (Campeche) y Dzitás (Yucatán) el 29 de noviembre, y en Xpujil (Campeche) y Reforma (Quintana Roo) el 30 de noviembre.

Asimismo, estuvo presente en ocho de las 15 asambleas regionales consultivas en Palenque (Chiapas), Tenabo (Campeche), Dzitás y Tunkás (Yucatán) el 14 de diciembre; y en Xpujil, Tenosique (Tabasco), Reforma y Xul-há (Quintana Roo) el 15.

Los estándares internacionales de derechos humanos establecen que la consulta y el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas debe ser previo, libre, informado y culturalmente adecuado.

La Oficina reconoce la decisión del gobierno de México de realizar esfuerzos para respetar, proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la consulta y el consentimiento para el proyecto mencionado y saluda la participación de múltiples entidades gubernamentales en el proceso, incluso a nivel de quienes encabezan algunas de las dependencias.

Respecto al carácter previo de la consulta y el consentimiento, la ONU-DH celebra que los diálogos con las comunidades indígenas de la región en relación con el proyecto hayan iniciado antes de su definición y ejecución, lo cual contribuye al cumplimiento de dicho principio. Este aspecto, positivo en sí mismo, difiere de la convocatoria y el protocolo de la consulta que señalan como uno de sus objetos establecer acuerdos con las comunidades respecto a su participación en la implementación y la distribución de beneficios, lo cual podría dar a entender que el proyecto se hará independientemente del resultado de la consulta.

En cuanto al carácter informado, la Oficina observó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar. Durante las sesiones observadas, en diversas ocasiones las personas participantes preguntaron sobre dichos impactos sin obtener una respuesta clara y completa. La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos, dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada. No obstante esta circunstancia, desde las autoridades se avanzó a la etapa consultiva del proceso.

Durante las sesiones informativas y en la etapa consultiva, algunas autoridades manifestaron que la garantía de diversos derechos económicos, sociales y culturales no estaba condicionada a la aceptación del proyecto.

Sin embargo, la ONU-DH observó que como consecuencia de la forma en que se presentó el proyecto y se desarrollaron las sesiones, las personas de las comunidades expresaban su conformidad con el proyecto como un medio para recibir atención a necesidades básicas como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura, lógica que afecta el carácter libre de la consulta.

En cuanto a la adecuación cultural del proceso, es motivo de preocupación que la metodología del mismo no haya sido construida y acordada con las comunidades involucradas.

Esto implicó que la definición de a quién consultar, dónde hacerlo y en qué momento fuera establecida unilateralmente por las autoridades. En este sentido, la Oficina escuchó participaciones que indicaban que los tiempos de consulta fueron muy cortos, que las traducciones, cuando las había, no eran adecuadas, que muchas personas no pudieron desplazarse por falta de recursos económicos y que la mayoría de quienes participaron eran autoridades municipales y ejidales dejando fuera a otros grupos y personas que forman parte de las comunidades.

Preocupa de manera particular a la Oficina la baja participación y representación de las mujeres indígenas en el proceso, a pesar de los esfuerzos realizados en algunos lugares para asegurar su inclusión.

La ONU-DH considera que éstos deben ser reforzados y ser culturalmente adecuados para lograr que la voz de las mujeres esté legítimamente representada.

Al cierre de las sesiones consultivas se expresó la necesidad de establecer comités de seguimiento, sin embargo, en algunas de las sesiones observadas no hubo claridad sobre los acuerdos alcanzados, quiénes participarían en los mencionados comités, ni cómo operarían.

Se destaca el compromiso asumido de realizar consultas adicionales respecto a las afectaciones que el proyecto generaría cuando se cuenten con los estudios de impacto correspondientes.

La Oficina hace un llamado a las autoridades para que dichos estudios incorporen la participación e información de las comunidades involucradas, así como un enfoque de derechos humanos.

Igualmente se alienta a que también se contemplen los posibles impactos en las áreas con derecho de vía o líneas de electricidad.

Las consultas adicionales representan una oportunidad para asegurar una participación más amplia y culturalmente adecuada de todas las comunidades que puedan verse afectadas, cuidando en todo momento su carácter libre y garantizando condiciones de seguridad para quienes manifiesten dudas o preocupaciones respecto del proyecto.

La ONU-DH destaca la oportunidad que tienen las diversas entidades gubernamentales que participaron en el diálogo para atender las necesidades básicas manifestadas por las comunidades independientemente del proceso de consulta, consentimiento, aprobación e implementación del proyecto Tren Maya.

Finalmente, la ONU-DH celebra la presencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de comisiones estatales y de misiones civiles de observación en las sesiones y refrenda su compromiso para mantener el diálogo con todas las partes involucradas y brindar asistencia técnica con el objetivo de lograr una plena realización de los derechos de los pueblos indígenas en línea con los estándares internacionales en la materia y los compromisos que el Estado mexicano ha adquirido al respecto.

Al final del documento, la oficina del ACNUDH aporta, para más información sobre los derechos de los pueblos indígenas, los hipervínculos al Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como tres documentos que, en otro contexto, serían de gran utilidad preventiva.

Mediante comunicado de prensa de 23 de diciembre de 2019, a través de la Secretaría de Gobernación, el gobierno federal expresa lo que a continuación se reproduce con énfasis añadido -en una selección de dos párrafos muy ilustrativos- para mejor proveer:

Con este histórico (sic) proceso donde las comunidades indígenas aprobaron el proyecto de desarrollo Tren Maya –y se acordó la forma en que participarán en su implementación y en la distribución justa y equitativa de los beneficios–, el gobierno de México demuestra con hechos su voluntad y compromiso de transformar la vida pública nacional con la participación democrática de la ciudadanía y, en especial, de los pueblos indígenas, en un marco de respeto, buena fe y sin ningún tipo de simulación o manipulación (sic).

Por esta razón (sic), expresamos nuestra preocupación (sic) ante las descalificaciones (sic) que han vertido diversos actores, en especial la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), pues prejuzgando (sic) sobre hechos futuros relacionados con el proyecto de desarrollo, abonan a un clima de incertidumbre (sic) y de falta de respeto a la legítima (sic) voluntad que han expresado las comunidades indígenas.

Más adelante, señala que se han previsto consultas específicas ulteriores que habrán de ser identificadas cuando se tengan los estudios correspondientes, que se ilustra que la consulta tuvo carácter vinculante derivado del hecho que así lo anunció el titular del Poder Ejecutivo el 15 de noviembre de 2019, al hacer pública la convocatoria y reprocha que La ONU-DH México pierde objetividad y asume la posición de una militancia social opositora (...) y se le reconviene porque esta actitud se aparta de su misión de construir las condiciones para el pleno ejercicio de los derechos humanos (sic).

Para concluir se afirma que el ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, entre ellos, el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, requiere de un marco normativo adecuado, así como de una crítica constructiva (...). A ello está abierto y comprometido el gobierno de México. Pero es preciso señalar que no contribuye a este propósito la descalificación ni la crítica simple, sin sustento, ligera y parcializada.

Por lo anterior, resulta indispensable complementar y fortalecer la normatividad vigente de forma que se garantice adecuadamente el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas, así como el cumplimiento cabal de los compromisos internacionales de nuestro país en la materia.

Para ilustrar mejor la propuesta, se incluye a continuación un comparativo:

Por lo expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Único. Se reforman la fracción XXIII del artículo 4; el artículo 5; y la fracción VII del artículo 6; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 5 recorriendo el subsecuente, de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

I. a XXII. ...

XXIII. Será el órgano técnico en los procesos de consulta previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente pertinente, mediante procedimientos culturalmente adecuados y de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos en la materia, cada vez que se prevean proyectos de desarrollo e infraestructura, así como medidas legislativas y administrativas en el ámbito federal, susceptibles de afectar los derechos de los pueblos;

XXIV. a XLVIII. ...

Artículo 5. Para dar cumplimiento a la fracción XXIII del artículo 4 de esta Ley, el Instituto diseñará y operará un sistema de consulta y participación indígenas, en el que se establecerán las bases y los procedimientos metodológicos para promover los derechos y la participación de las autoridades, representantes e instituciones de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la formulación, ejecución y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y demás planes y programas de desarrollo, así como para el reconocimiento e implementación de sus derechos cada vez que se prevean proyectos de desarrollo e infraestructura, así como medidas legislativas y administrativas en el ámbito federal, susceptibles de afectar los derechos de los pueblos.

Dicho sistema deberá garantizar que las consultas se realicen de conformidad con los siguientes principios rectores:

a) Previa.

b) Libre.

c) Informada.

d) De buena fe.

e) Procedimientos culturalmente adecuados.

f) Pertinencia cultural.

De igual forma, podrá llevar a cabo los estudios técnicos necesarios para la efectiva realización de los procesos de consulta

Artículo 6. ...

I. a VI. ...

VII. Garantizar el derecho al consentimiento y la consulta previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente pertinente, mediante procedimientos culturalmente adecuados y de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos en la materia a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, cada vez que el ejecutivo federal promueva proyectos de desarrollo e infraestructura, así como reformas jurídicas y actos administrativos, susceptibles de afectarles, y

VIII. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, realizará las adecuaciones presupuestales y normativas necesarias para dar la más alta prioridad a la capacitación y formación respecto al derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente pertinente, mediante procedimientos culturalmente adecuados y de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.

Notas

1 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Convenio No. 169. Sitio web:

http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang—es/index.h tm. Consultado el 6 de enero de 2020.

2 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/13-declaracion-pueblos -indigenas.pdf. Consultado el 5 de enero de 2020.

3 Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, El derecho a la consulta previa: normas jurídicas, prácticas y conflictos en América Latina. En La consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada: pueblos indígenas, derechos humanos y el papel de las empresas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, 2016. En

http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/10064/Laconsultaprevia. pdf. Consultado el 6 de enero de 2020.

4 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2016), Recomendación 027/2016.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5447796&fecha =12/08/2016

5 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2016), Op. Cit. Haciendo referencia a Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, El derecho a la consulta de los pueblos indígenas: la importancia de su implementación en el contexto de los proyectos de desarrollo a gran escala. México, 2011. En

http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/DerechoConsulta_PI.pdf (se hace una cita especialmente peculiar (el subrayado es nuestro): Regino Montes, Adelfo y Torres Cisneros, Gustavo. “The United Nations Declaration on the Right of Indigenous Peoples: The Foundation of a New Relationship Between Indigenous Peoples, States and Societies” en Making the Declaration Work, Ed. Claire Charters y Rodolfo Stavenhagen, Copenhagen, IWGIA, 2009, páginas 138-170)y a su propia Recomendación General No. 27/2016 sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana. México, 2016, en

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones /generales/RecGral_027.pdf. Consultado el 5 de enero de 2020.

6 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/245/97/ PDF/G1824597.pdf?OpenElementConsultado el 6 de enero de 2020.

7 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5579050&fecha=15/ 11/2019. Consultado el 5 de enero de 2020.

8 https://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item& id=1359: onu-dh-el-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-tren-maya-no-ha-cumplido-con-to dos-los-estandares-internacionales-de-derechos-humanos-en-la-materia&Itemid =265. Consultado el 6 de enero de 2020.

9 https://www.gob.mx/segob/prensa/participacion-democratica-y-dialogo-permanente- vias-necesarias-para-la-construccion-del-proyecto-de-desarrollo-tren-maya-23063 6?idiom=es. Consultado el 5 de enero de 2020.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.—Diputadas y diputados: Julieta Macías Rábago, Alan Jesús Falomir Saenz, Ana Paola López Birlain, Ana Priscila González García, Ariel Rodríguez Vázquez, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Carmen Julia Prudencio González, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, Dulce María Sauri Riancho, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Frida Alejandra Esparza Márquez, Higinio del Toro Pérez, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Jacobo David Cheja Alfaro, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Eugenio Russo Salido, Jorge Romero Herrera, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan José Canul Pérez, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Lizbeth Mata Lozano, Lourdes Celenia Contreras González, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Margarita Flores Sánchez, María Libier González Anaya, María Sara Rocha Medina, Mario Alberto Ramos Tamez, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Martha Angélica Zamudio Macías, Martha Angélica Tagle Martínez, Norma Adela Guel Saldívar, Pilar Lozano Mac Donald, Ruth Salinas Reyes, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo del diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 108, fracción IV, párrafo segundo de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, al tenor de la siguiente:

La vivienda social es un tema de suma importancia en la agenda ciudadana para el progreso de México, toda vez que es el principal eje del desarrollo de las familias y otorga certeza patrimonial, que coadyuva a fortalecer las relaciones sociales. Por tal motivo, a través del tiempo se ha buscado un crecimiento planificado con sustentabilidad y con servicios adecuados para una calidad de vida digna y decorosa.

En México, el problema de la vivienda social es causado por varios factores, además del desmedido crecimiento demográfico, como son la migración descontrolada, el ineficaz sistema financiero, la inadecuada legislación y el deficiente sistema administrativo.

Para tratar de contrarrestar esta situación se crearon organismos gubernamentales como lo es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), encargado de operar un sistema de financiamiento para los trabajadores, con la finalidad de adquirir, construir, reparar, ampliar o mejorar sus viviendas. Además, se encarga de coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores.

De igual manera, se creó el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio del Estado (Fovissste), quien es la encarga de administrar las aportaciones de las dependencias y entidades públicas afiliadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio del Estado (ISSSTE), destinadas al otorgamiento de créditos accesibles y suficientes para la adquisición, reparación, ampliación o mejoramiento de las viviendas de los trabajadores al servicio del Estado.

La gran demanda y los pocos recursos de la población para satisfacer sus condiciones básicas ocasionan que se necesite apoyo por parte del gobierno para emprender la construcción o el mejoramiento de viviendas. De tal manera, que por mandato constitucional se establecen los elementos, instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar y garantizar a la población en general el goce de una vivienda digna donde sea posible el desarrollo familiar.

En este sentido, a través del gobierno de México se creó la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), como un organismo descentralizado de utilidad pública e interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Así lo señala el capítulo III, artículo 18 y 19 de la Ley de Vivienda, este último señala:

...Corresponde a la comisión:

I. Formular y ejecutar su programa institucional, así como las disposiciones y reglas de operación necesarias para llevar a cabo las acciones de vivienda del gobierno federal orientadas a proteger y garantizar el derecho de las personas a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, principalmente de la población de menores ingresos o en situación de pobreza;

II. Observar en su programa institucional, y en sus reglas de operación, las disposiciones aplicables en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y desarrollo sustentable;

III. Se deroga.

IV. Se deroga.

V. Se deroga.

VII. Desarrollar, ejecutar y promover esquemas, mecanismos y programas de financiamiento, subsidio y ahorro previo para la vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades, priorizando la atención a la población en situación de pobreza, coordinando su ejecución con las instancias correspondientes;

VIII. Promover y fomentar las acciones que faciliten el acceso a los recursos y al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda de los pueblos y comunidades rurales e indígenas, así como coordinar, concertar y ejecutar los programas que permitan mejorar sus espacios de convivencia;

Por otro lado, la misión de la Conavi es: “Asegurar que las personas ejerzan su derecho humano a una vivienda adecuada, a través del diseño, coordinación y ejecución de los programas del gobierno de México, con el acompañamiento de especialistas calificados, priorizando a la población en situación de pobreza marginación, riesgo y vulnerabilidad, bajo principios de transparencia, eficacia y eficiencia”.

Además, se rige por tres estrategias principales:

1. Atender a la población con mayor rezago.

2. Contribuir a los grandes desafíos nacionales en materia urbana y de bienestar social.

3. Fortalecer e incrementar intervenciones que favorezcan la producción social de vivienda asistida.

En este sentido, la Conavi, es quien se encarga de la coordinación de políticas enfocadas a la vivienda, otorgando subsidios para de esta manera construir, adquirir o mejorar la vivienda, priorizando el sector de la población no derechohabiente sin capacidad de pago.

Es así, como la Conavi, a través de la participación en los programas sociales ha buscado constantemente el bienestar y una mejor calidad de vida para la población, plasmando el Derecho Humano a una vivienda digna, decorosa y de calidad apropiada para las personas en situación de bajos recursos y con mayor grado de vulnerabilidad.

A diferencia de lo que sucede en los casos como el Infonavit, Fovissste, o alguna otra entidad ejecutora, quienes están encargados de otorgar créditos para vivienda, comprometiendo al deudor a devolver la cantidad solicitada, además de los intereses devengados en un determinado plazo definido de acuerdo a las condiciones establecidas, la Conavi otorga un recurso público que se convierte en subsidio, el cual no es recuperable y no cuenta con un plazo fijo para devolver la cantidad que se le otorgó a la persona.

Esto implica una gran responsabilidad para los legisladores, por lo que es necesario otorgar certeza jurídica en la tenencia de vivienda, adoptando medidas destinadas a conferir seguridad legal en el texto de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Por ello, es necesario adecuar lo que señala el artículo 108, fracción IV, párrafo segundo de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Es decir, suprimiendo a la Comisión Nacional de Vivienda del párrafo segundo del mencionado artículo y fracción, toda vez que, esta institución no se encarga de otorgar créditos, sino de proporcionar un subsidio a personas de bajos recursos para poder desarrollar una vivienda digna. En este sentido, adecuar el lenguaje jurídico es un elemento esencial en la seguridad y certeza jurídica que el legislador debe otorgar en la redacción y creación de la normatividad.

Cabe señalar, que la Conavi indica la diferencia entre crédito y subsidio, es decir, aunque ambos facilitan el acceso a una vivienda son totalmente distintos, ya que el crédito es dinero prestado y debes pagarlo en el futuro, y un subsidio es un apoyo para pagar un crédito y no tienes que devolverlo.

Encuentro Social, se pronuncia por la certeza legal en la construcción de los instrumentos jurídicos. Esto consolida el estado de derecho y el principio de certeza jurídica, buscando que la autoridad y el gobernado tengan plena garantía de los actos legales, las reglas y sus consecuencias.

Nuestro grupo parlamentario velará por los intereses de la clase trabajadora y de las instituciones que garantizan derechos sociales, por lo que esta modificación es socialmente útil para diferenciar el alcance jurídico del crédito y subsidio en los procedimientos de vivienda social.

Por lo expuesto, fundado y motivado someto a la consideración de este honorable pleno la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 108, fracción IV, párrafo segundo de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Único. Se reforma el artículo 108, fracción IV, párrafo segundo de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas para quedar como sigue:

Artículo 108. ...

...

...

...

IV. En el caso de cónyuges militares que sean beneficiarios de esta ley, se podrán otorgar individual o mancomunadamente;

También podrán mancomunarse los créditos de cónyuges que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas y que por su actividad laboral sean beneficiarios de créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de cualquier otra institución de seguridad social que otorgue esta prestación a cónyuges o concubinos de militares para adquirir vivienda; así como para la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones o al pago de los pasivos que tengan por los conceptos anteriores;

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 https://www.gob.mx/conavi

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 5 de febrero de 2020.— Diputados y diputadas: Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Carolina García Aguilar, Francisco Javier Saldivar Camacho, Jannet Tellez Infante, Lidia García Anaya, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, María Eugenia Hernández Pérez, María Marivel Solís Barrera (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 36 de la Ley de Transición Energética, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputados Arturo Escobar y Vega, Nayeli Arlen Fernández Cruz y Manuel Rodríguez González, así como diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y los diputados Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido y Alfredo Antonio Gordillo Moreno, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II Bis al artículo 36 de la Ley de Transición Energética, al tenor de la siguiente:

En los últimos años, el modelo energético nacional ha ocupado un lugar importante en las discusiones políticas y sociales de nuestro país, sin embargo, el tema generalmente ha sido abordado desde la perspectiva de los hidrocarburos.

Si bien México es un país productor y exportador de petrolero y su modelo energético ha estado basado por décadas en éste y otros recursos de origen fósil, lo cierto es que el territorio nacional también posee un amplio y variado potencial para generar energía a partir de otras fuentes, por ejemplo, la fuerza del viento y del agua, la radiación del sol o el aprovechamiento del calor natural que se almacena en el interior de la Tierra.

A pesar de lo anterior, México no figura entre los países líderes en el impulso de las energías limpias, pues el porcentaje de generación de electricidad a partir de hidrocarburos en nuestro país es significativamente superior al porcentaje de energía eléctrica producida a través de fuentes renovables.

El problema es que el modelo energético impuesto por la Revolución Industrial, basado en la incineración de combustibles fósiles, esencialmente petróleo, dejará de ser viable muy pronto; dicha afirmación se funda en dos razones principales:

1. Que los expertos han advertido que, en virtud de que los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas natural) son finitos y no renovables, la producción mundial de éstos no sólo no aumentará al ritmo requerido para satisfacer la creciente demanda energética, sino que ésta decaerá paulatinamente, generando así una crisis de graves consecuencias para la economía internacional.

2. Que el uso irracional de combustibles fósiles ha tenido como consecuencia un incremento sin precedentes en las concentraciones en la atmósfera de los gases producto de su combustión, principalmente dióxido de carbono (CO2), lo cual ha provocado una alteración impredecible en el equilibrio climático del planeta, reflejado en el aumento de la temperatura de la Tierra, así como en la presencia constante de lluvias torrenciales, por un lado, y severas sequías, por el otro, en lugares donde estos fenómenos eran poco comunes.

A pesar de ello, gracias a su fácil obtención, versatilidad y la gran cantidad de energía que proporcionan por unidad de volumen, los combustibles fósiles siguen siendo la fuente energética básica de todo el mundo, pues aportan el 80 por ciento de la energía que se consume en el orbe.

Ante esta situación, la comunidad internacional ha emprendido esfuerzos por reducir la extrema dependencia energética que se tiene con respecto a los combustibles de origen fósil; un ejemplo de ello es la inversión que varios países han llevado a cabo en el desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía. En cuanto a la generación eléctrica con energías renovables, destacan China, Estados Unidos, Alemania, España, Italia e India).

El uso masivo de energías renovables y limpias permitirá afrontar el problema del agotamiento de las reservas de petróleo, gas y carbón sin afectar la conservación del medio ambiente. Dicho de otro modo, la utilización de este tipo de energías garantizará en el futuro el desarrollo sustentable que hoy no se asegura con la explotación de combustibles de origen fósil.

La actuación en el ámbito del sector energético resulta fundamental para mitigar el cambio climático, pues a nivel internacional, más del 60 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la generación y uso de la energía, de allí que las principales medidas para avanzar en la transición hacia una economía baja en carbono se concentren en este rubro, particularmente en el sector eléctrico, teniendo como uno de sus ejes primordiales la promoción de las energías renovables.

En este contexto, México ha asumido formalmente diversos compromisos relacionados con la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero y se ha propuesto limitar la generación de energía con combustibles fósiles.

La Ley General de Cambio Climático reitera, en su régimen transitorio, el compromiso de nuestro país de reducir sus emisiones en 30 por ciento al 2020 y en 50 por ciento al 2050 con relación a las registradas en el año 2000. Asimismo, la Ley de Transición Energética establece, en su artículo tercero transitorio, que la Secretaría de Energía fijará como meta una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica del 25 por ciento para el año 2018, del 30 por ciento para 2021 y del 35 por ciento para 2024.

De acuerdo al Reporte de Avance de Energías Limpias, elaborado por la Secretaría de Energía, al cierre del primer semestre de 2018, México contaba con una capacidad instalada total de 75 mil 918.42 megavatios (MW), de los cuales 23 mil 874.92 MW provienen de tecnologías limpias y representaron el 31.45 por ciento. La capacidad instalada para tecnologías limpias creció 11.84 por ciento con respecto a la capacidad instalada al cierre del primer semestre del 2017. Durante este periodo, la tecnología fotovoltaica presentó el mayor crecimiento al incrementarse la capacidad casi 3 veces más (1 mil 200 MW) que en el primer semestre de 2017, pasando a ser la tercera tecnología renovable más importante en México.

En cuanto respecta a la generación de energía, durante el primer semestre de 2018 se generaron en el país 167 mil 893.15 gigavatios-hora (GWh), de los cuales 24.12 por ciento provinieron de fuentes limpias (40 mil 499.01 GWh).

No obstante el hecho de que la tecnología fotovoltaica ha sido una de las de mayor crecimiento en nuestro país en tiempos recientes, lo cierto es que su participación en el porcentaje total de la electricidad generada en México sigue siendo residual, pues apenas contribuyó con 1 mil 204.54 GWh de los 167 mil 893.15 GWh producidos entre junio de 2017 y junio de 2018 (es decir, el 0.72 por ciento del total).

Lo anterior hace evidente que se debe seguir trabajando en un marco jurídico que permita facilitar el desarrollo de proyectos para generar energía a través del aprovechamiento de recursos renovables, concretamente a partir de la radiación solar.

La instalación masiva de paneles solares en las empresas y hogares del país es una gran alternativa para producir energía a un precio accesible y al mismo tiempo reducir la huella de carbono de nuestra economía. De acuerdo con Juan Pablo Robert, vocero de la empresa Enlight, más de 160 mil ya utilizan esta tecnología y se espera que para 2020 esa cifra crezca en 900 por ciento.

Por su parte, el sector público no debe quedarse al margen de los esfuerzos por extender el uso de tecnologías limpias de generación de energía. No se puede soslayar el hecho de que el gobierno es el consumidor más grande en cualquier economía, ya que utiliza múltiples bienes y servicios para el desempeño de sus funciones, incluyendo energía eléctrica para el uso de computadoras e iluminación.

Tomando en cuenta lo anterior, existen, tanto a nivel mundial como nacional, ejemplos diversos de políticas públicas y de reformas legales encaminadas a fomentar el establecimiento de sistemas fotovoltaicos en edificios e instalaciones públicas como una alternativa para reducir los consumos energéticos del sector gubernamental.

Destaca, en el ámbito internacional, la Ley 2/2007, del 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, la cual señala en su artículo 14 que: “Los edificios e instalaciones de uso y servicio público propiedad de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos deberán incorporar instalaciones solares, pudiendo ser complementadas o sustituidas con cualquier otra instalación de aprovechamiento de energía renovable de cogeneración o de aprovechamiento de calores residuales”.

En cuanto al ámbito nacional, una iniciativa de reforma a la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, presentada en el Senado de la República en 2010, dio lugar a la adición de una fracción VIII al artículo 24 del ordenamiento en comento. Dicha disposición, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013, establecía que la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía consolidaría en el Presupuesto de Egresos de la Federación las provisiones de recursos del sector público tendientes a: Promover que en los inmuebles de las dependencias y organismos de la administración pública federal se utilice energía renovable, de acuerdo con las características geográficas, posibilidades técnicas y viabilidad económica en cada uno de ellos.

Sin embargo, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética fue abrogada el 24 de diciembre del año 2015 y se expidió en su lugar la Ley de Transición Energética, en la cual ya no aparece la disposición señalada en la fracción VIII del artículo 24 de la norma abrogada.

A pesar de que la Ley de Transición Energética representó, en muchos sentidos, una modernización respecto a lo establecido en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, la desaparición de la fracción VIII del artículo 24 es, sin duda alguna, un retroceso que se debe corregir.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona una fracción II Bis al artículo 36 de la Ley de Transición Energética

Único. Se adiciona una fracción II Bis al artículo 36 de la Ley de Transición Energética, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 36. El Pronase incluirá al menos, aquellas acciones, proyectos y actividades derivadas de la estrategia en materia de eficiencia energética que permitan:

I. (...)

II. Elaborar y ejecutar programas permanentes dentro de las dependencias y entidades de la administración pública federal para el aprovechamiento sustentable de la energía en sus bienes muebles e inmuebles y aplicar criterios de aprovechamiento sustentable de la energía en las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que contraten, en condiciones de sustentabilidad económica;

II Bis. La incorporación de sistemas fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica en los inmuebles de las dependencias y organismos de la administración pública federal, de acuerdo con las características geográficas, posibilidades técnicas y viabilidad económica en cada uno de ellos.

III. Elaborar y ejecutar programas a través de las dependencias y entidades de la administración pública federal para fomentar el aprovechamiento sustentable de la energía en usuarios con un patrón de alto consumo de energía conforme lo determine el Reglamento de la presente Ley;

IV. a XII. (...)

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Un estudio publicado en 2010 por la Agencia Internacional de Energía señaló que el pico histórico de la producción mundial de petróleo crudo convencional se alcanzó en el año 2006, lo cual significa que a partir de entonces esta disminuirá de manera constante.

2 Véase, “World Energy Outlook 2008”, Agencia Internacional de Energía.

3 Véase, Melgar Palacios, María de Lourdes, “La revolución energética que México requiere”, Revista Digital Universitaria, UNAM, volumen 13, número 10, octubre de 2012. Disponible en: http://www.revista.unam.mx/vol.13/num10/art100/#up

4 Ibídem.

5 Véase, “Reporte de Avance de Energías Limpias. Primer semestre 2018”, Secretaría de Energía, México 2018. Página 7. Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/418391/RAEL_Prim er_Semestre_2018.pdf

6 Ibídem. Página 8.

7 Ibídem. Página 10.

8 Véase, “Usuarios de paneles solares crecerán 900 por ciento en México al 2020”, periódico El Economista, 1 de abril de 2018. Disponible en:

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Usuarios-de-paneles-so lares-creceran-900-en-Mexico-al-2020-20180401-0012.html

9 Véase, “Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía”, Boletín Oficial del Estado. Página 11. Disponible en:

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-9264-consolidado. pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.— Diputadas y diputados: Nayeli Arlen Fernández Cruz, Arturo Escobar y Vega, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Enrique Ochoa Reza, Hernan Salinas Wolberg, Mónica Almeida López, María Marivel Solís Barrera, María Eugenia Hernández Pérez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, suscrita por la diputada Mónica Almeida López e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 1, fracción 1, del artículo 6; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa, la presente iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, de acuerdo con la siguiente

Contexto internacional

El Simposio Internacional sobre “La artesanía y el mercado internacional, comercio y codificación aduanera, organizado conjuntamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI), se celebró en el Centro Internacional de Convenciones de Filipinas (PICC), Manila, en octubre de 1997 al cual asistieron 132 representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones regionales e internacionales activas en el sector de la artesanía en 44 países, donde se destaca la preocupación de generar políticas públicas que eficienten y promuevan un mejor escenario para resolver las problemáticas aparejadas en la no protección de los artesanos y la cultura de los países en las agendas internacionales, fue una de las primeras acciones tendientes a proteger y valorizar las artesanías.

Por su parte la UNESCO reconoce a las artesanías como una de las formas que asume la cultura tradicional y popular para representar el conjunto de creación de una comunidad cultural además de reconocer que se fundan en la tradición y son expresión de su identidad cultural y social.

Asimismo por parte de la comunidad internacional existe la coincidencia de proyectar acciones concretas la necesidad apremiante de proteger los productos artesanales, además de la importancia de codificar los productos para distinguirlos de los productos manufacturados, y generar los mecanismos legales eficientes para su protección, así como la aplicación de las tecnologías para su potencialización.

Por otro lado desde hace años ya se generaba la preocupación de implementar políticas públicas que proyecten a la artesanía como fuente de economía de las naciones, comercio y corrientes exportadoras, teniendo plena identificación de los organismos gubernamentales encargados de proteger la cultura y la artesanía, con la probidad especifica de los productos con miras a asignar una codificación propia, observando así el amparo y protección de los derechos en su mayor ámbito espacial y material, traducido como la capacidad de generar empleo y de contribuir a la mitigación de la pobreza y la conservación del patrimonio nacional.

Asimismo se propuso un plan de acción con los objetivos y modelos a seguir para lograr las metas planteadas de proyectar a la artesanía como una manera de potenciar la economía y no como una carga para buscar que prevalezca su existencia y el desgaste cultural que se generaría en caso de deteriorarse, objetivo por cierto bastante amplio y complejo, pero no imposible de lograr ni de adecuar a las legislaciones, en lo particular a la nuestra, en ese sentido se realizaron distintas recomendaciones en cuanto a la protección de derechos.

En el plano regional se deberán generar los mecanismos para celebrar seminarios/talleres sobre los puntos fuertes y débiles de los regímenes de protección existentes, la utilización y la adaptación de la experiencia de los países que han combinado medidas de protección con acciones de promoción, la pertinencia y las ventajas del etiquetado de los productos artesanales y la utilización de marcas comerciales distintivas de una determinada comunidad de productores.

Mientras que en plano internacional estudiar los problemas de la protección y facilitar información, asesoramiento y formación a organizaciones nacionales de fomento de la artesanía (para las organizaciones internacionales pertinentes).

En ese sentido a medio plazo, en los planos nacional y regional resulta necesario vincular la protección a la codificación y celebrar seminarios regionales para intercambiar opiniones y conclusiones y planear actividades en estos terrenos (para los estados miembros).

Tener en cuenta estas cuestiones tanto al hacer aplicar la ley, como en las estrategias de promoción del comercio y de las exportaciones (para los estados miembros). Promover el valor cultural de los productos artesanales originales (para las instituciones ofíciales y las organizaciones no gubernamentales).

En el plano internacional es necesario prestar asistencia técnica al sector artesanal sobre la utilización eficaz del instrumental jurídico de protección de la artesanía y las medidas necesarias para la codificación (para las organizaciones internacionales pertinentes). Aumentar el recurso a las tecnologías modernas para atender las necesidades de información de los artesanos en materia de producción, comercialización y protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial (por conducto del Centro Internacional de Fomento de la Artesanía (CIPA), como punto central a nivel internacional).

En ese sentido la comisión reconoció que la comercialización de los productos artesanales es esencial para que el sector de la artesanía sea económicamente viable. Ahora bien, se hizo una distinción entre las artes y la artesanía tradicionales y la artesanía contemporánea. La artesanía tradicional se debe conservar como parte del patrimonio nacional y su fomento deberá efectuarse conforme a un planteamiento distinto al aplicado a los productos artesanales producto de la industria artesanal, teniendo recomendaciones acerca del desarrollo de los mercados internacionales y emitiendo las siguientes recomendaciones:

Se deben elaborar productos que atraigan a los grupos destinatarios específicos y que sean competitivos con las importaciones en estética, funcionalismo y precios. Despertar, mediante campañas de sensibilización pública, la estima por la artesanía y la destreza locales, al tiempo que se infunde un sentimiento de orgullo por comprar una pieza tradicional. Obtener el apoyo de los medios de comunicación para dar a conocer las obras de los artesanos y suscitar el interés del público, incorporar la noción y la política del turismo artesanal en el plan de acción de comercialización interna de la artesanía y conseguir la participación de quienes marcan las pautas del comportamiento social y de la moda, así como de las autoridades.

La cultura forma parte de nuestro ser y configura nuestra identidad. También contribuye a la erradicación de la pobreza y allana el camino a un desarrollo inclusivo, equitativo y centrado en el ser humano, sin cultura no hay desarrollo sostenible. Hacer que la cultura desempeñe un papel importante en las políticas de desarrollo no sólo constituye una inversión esencial en el futuro de nuestro mundo, sino que además es una condición previa para llevar a cabo con éxito procesos de mundialización que tengan en cuenta el principio de la diversidad cultural.

En ese sentido las artesanías conservan las raíces de nuestra historia y la identidad de una cultura y son un gran promotor del turismo en nuestro país ya que se identifica como es una expresión artística cuyos cimientos descansan en las tradiciones de una comunidad, su base es la transmisión del conocimiento a través de generaciones, muchas veces en forma oral, por lo que lo conecta por una parte, con el patrimonio inmaterial. La artesanía contemporánea colinda también con las industrias creativas, dada la apertura de la sociedad a adquirir objetos de valor simbólico, la artesanía ha logrado adaptarse a nuevas formas, creando innovadores productos que reflejan a cabalidad la creatividad y el patrimonio cultural de sus creadores.

Para comprender en qué medida la artesanía puede ser vista como un factor de desarrollo humano debemos en primera instancia referirnos al alcance del concepto, entendiendo por artesanía no sólo el objeto de manera aislada, sino un tipo de actividad en la que se involucran elementos económicos, técnicos, productivos, comerciales, sociales, estéticos y culturales de gran complejidad y que se desarrolla por lo general integrada o en espacios limítrofes con otras expresiones del arte y la cultura y con la propia producción industrial, de manera que en su estudio en ocasiones es preciso establecer las diferencias mientras que en otras resulta necesario señalar lo que hay de común, las mutuas influencias y superposiciones entre estos procesos. La artesanía analizada desde esta dimensión posee una dinámica que abarca los ciclos de creación-producción, circulación y consumo y se vincula con otros fenómenos críticos del contexto social actual como por ejemplo los problemas relativos al agotamiento de los recursos naturales y la crisis medioambiental; con la suplantación del trabajo manual por el industria, los asociados con las migraciones del campo a la ciudad, los que atañen a las oscilaciones del mercado, particularmente en su vínculo con la industria turística, entre otros.

El impacto de la globalización del comercio y la internacionalización de los mercados sobre las artesanías señala efectos favorables y desfavorables, entre los primeros se señala la difusión y extensión de las ventas de los productos artesanales a nuevos mercados y el desarrollo de una mayor conectividad y redes en el sector artesano, entre las desventajas, particularmente para los pueblos que poseen una sólida tradición artesanal, pero que no cuentan con instrumentos adecuados que los proteja, se señala el riesgo del plagio y la incapacidad de control sobre éste.

Lógicamente, las estrategias de desarrollo de este sector deben atender no sólo la renovación y la creatividad ajustada a la demanda del mercado y los nuevos requerimientos del público consumidor, sino también la autenticidad y la preservación de la creatividad popular, que son un verdadero valladar ante el riesgo de una homogenización y banalización plegada a las exigencias del mercado globalizado.

La naturaleza especial de los productos artesanales se basa en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente. Es por ello que se deben tomar todas las medidas necesarias, políticas públicas y acciones concretas para preservar y potencializar las artesanías no sólo en Jalisco si no en todo el país, ya que un factor importante para el turismo internacional es precisamente el interés por adquirir las artesanías de nuestro país.

Contexto nacional

En México la industria artesanal representa 20.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) cultural, las artesanías y juguetes tradicionales es la actividad de mayor tamaño en el sector de la cultura, que comprende actividades como la cerámica, cestería, madera, metalistería, lapidaria, cantera, cerería, cartón y papel, talabartera, papelería, así como dulces tradicionales y que generó 91 mil 612 millones de pesos así lo menciona la cuenta satélite de la cultura de México 2014, cuyo principal propósito es medir los flujos económicos de un sector.

La Cuenta Satélite de la Cultura de México reportó que se generaron 339 mil 349 puestos de trabajo, esto es, 3 de cada 10 personas en puestos ocupados en el sector cultural, corresponden a artesanías. En el sector turismo la importancia de las artesanías no se quedan atrás, los ingresos que esta actividad genera son 62 mil millones de pesos equivalente al 14 por ciento del PIB del sector.

Hablar de los artesanos en México significa hablar de un tema en verdad amplio, pues debemos reconocer las diferencias que se presentan de acuerdo con la geografía, la cultura y los tipos de sociedad en los que tiene presencia. Es necesario señalar lo loable que resulta el oficio artesanal, que a saber es uno de los más antiguos de la humanidad. En él se destaca la elaboración de productos con elementos culturales y materiales propios de la región donde se habita, lo cual crea la identidad de la comunidad. La intervención del artesano destaca sobre el proceso de producción porque se da de manera eminentemente manual, si bien a menudo apoyada en diversas herramientas.

En México, la diversidad de las culturas prehispánicas propició la elaboración de artesanías distintivas de cada región, hecho enriquecido a través del tiempo. La conquista española y el posterior mestizaje fortalecieron la actividad artesanal al introducirse nuevas técnicas que diversificaron la producción de objetos.

Durante el tercer trimestre de 2011, más de un millón 800 mil personas mayores de 15 años se emplearon en alguna actividad artesanal o relacionada con este rubro. De éstas, 507 mil 368 laboraron como parte de la población ocupada que se dedica de tiempo completo a la actividad, divididos en: 6 mil 573 jefes, supervisores o trabajadores de control en actividades artesanales, de transformación y de reparación y mantenimiento; 377 mil 772 artesanos, trabajadores fabriles y trabajadores en actividades de reparación y mantenimiento; y 116 mil 409 ayudantes y similares en este proceso, entre otros. En la población subocupada (personas que pueden trabajar más tiempo o sólo dedicarse parcialmente a la actividad) las cantidades fueron las siguientes: 34 mil 696 jefes o supervisores de control; 808 mil 869 artesanos, trabajadores fabriles y trabajadores en actividades de reparación y mantenimiento; y 378 mil 395 ayudantes y similares. Es decir, un millón 290 mil 547 empleados del sector artesanal que además buscan otro empleo para satisfacer sus necesidades.

La población ocupada dedicada a las labores artesanales durante el tercer trimestre de 2011, clasificada por sexo, corresponde a 41 mil 949 mujeres (28.35 por ciento) y 358 mil 805 hombres (71.65 por ciento). Las entidades federativas con más trabajadores industriales, artesanos y ayudantes son: Oaxaca con 58 mil 398 personas; Guerrero con 39 mil 107; estado de México con 34 mil 687; Jalisco con 32 mil 504, y Yucatán con 29 mil 310.

Los grupos de edad de los trabajadores del ámbito artesanal en el sector de la población ocupada durante el tercer trimestre de 2011 se distribuyeron de la siguiente manera: de 14 a 19 años (3.83 por ciento); entre 20 y 29 (15.49 por ciento); de 30 a 39 (28.28 por ciento); entre 40 y 49 (27.17 por ciento); de 50 a 59 (19.21 por ciento), y mayores de 60 (6.01 por ciento). La mayor parte de la población ocupada en la actividad artesanal en el primer trimestre de 2011 tuvo ingresos menores a un salario mínimo.

El número de varones (80.57 por ciento) quintuplica el de las mujeres (19.43 por ciento) que trabajan de forma subocupada en las actividades artesanales. Las entidades federativas que concentran mayor cantidad de trabajadores artesanos y similares en subocupación son: estado de México (120 mil 348); Tamaulipas (106 mil 722); Jalisco (106 mil 163); Guanajuato (103 mil 760) y Nuevo León (79 mil 020). Las edades de este sector de empleados son: de 14 a 19 años (6.64 por ciento); entre 20 y 29 (21.63 por ciento); de 30 a 39 (26.44 por ciento); entre 40 y 49 (23.47 por ciento); de 50 a 59 (14.22 por ciento), y mayores de 60 (7.57 por ciento).

Se tienen algunos desafíos identificados en los cuales la actividad artesanal tiene que enfrentar entre los cuales destaca los siguientes:

• Dificultad para conservar elementos culturales ancestrales.

• Penetración de los denominados souvenirs y productos manufacturados con alta tecnología y de forma masiva, que se ofrecen bajo el título de artesanías.

• Altos costos de la materia prima y falta de capital por parte de artesanos para proveerse.

• Presencia de intermediarios.

• Exigencias del mercado por imponer diseños ajenos a las tradiciones y al contexto artesanal nacional.

Es de todos conocido que el oficio de artesano además de las implicaciones comerciales a las que se enfrenta, individualmente representa una serie de complicaciones para poder subsistir económicamente con los ingresos derivados de esta importante actividad económica que va en declive y se necesita rescatar, ya que los salarios e ingresos generados son menos respecto de los recursos necesarios para poder lograr un nivel de vida básico, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

A nivel federal los artesanos tienen respaldo para subsistir con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el cual contribuye a la producción, promoción y comercialización de las artesanías para promover el desarrollo integral de las y los artesanos, a través de proyectos artesanales estratégicos buscando que se mejore el proceso productivo de las actividades artesanales y que a través de ello, se promueva y potencialice el desarrollo regional, en el cual principalmente se busca, contar con apoyos económicos enfocados en la producción, que si bien es cierto se constituye como un mecanismo de fomento a la producción artesanal, los recursos no son suficientes ni se especifican o adecuan a las particularidades de nuestro Estado, en lo específico con la búsqueda de contar con un correcto registro de derechos de autor, propiedad industrial y de marcas colectivas, por lo que nuestro Estado no debe ser ajeno a esta problemática y generar una correcta coordinación con las acciones existentes a nivel federal y la identificación de problemas sustanciales que se perciben en nuestro Estado y acatarlas con los mecanismos e instituciones con que cuenta.

Para cumplir sus objetivos generales y particulares, el programa de Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) cuenta con distintas vertientes. La primera de ellas es la capacitación integral y asistencia técnica. Esta actividad se destina fundamentalmente a los grupos de artesanos que requieren información acerca de cómo organizarse, cómo distribuir los trabajos según sus habilidades y cómo conformar jurídica y administrativamente el grupo hasta llegar a la comercialización. Es decir, la asistencia intenta ser integral. Cuando existe la posibilidad de insertarlos en un mercado para darle más oportunidades a sus productos, se proporciona la asistencia técnica. En este punto, el diseño es fundamental.

Si bien es cierto el Fonart y la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal abonan a fomentar el desarrollo de la microindustria y de la actividad artesanal, el sector artesanal no cuenta con un marco jurídico que asegure sus procesos productivos, comercialización y difusión; que brinde asesoría técnica al artesano en la administración de sus actividades y en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; que preserve el medio ambiente, su salud y la de sus consumidores; que dé acceso al artesano a un régimen de seguridad social derivado del reconocimiento de su actividad; que fomente la actividad artesanal y la haga competitiva.

Planteamiento del problema

Las comunidades indígenas por medio de su trabajo artesanal plasman su forma de ver el mundo, con técnicas que han subsistido a lo largo de los siglos y que se han preservado hasta tiempos presentes, además de las complicaciones globales que merman la sobrevivencia de este sector, pero con la valía que representan los importantes esfuerzos por seguir reproduciendo sus tradiciones, las cuales pasan de generación en generación y resguardan la invaluable riqueza cultural debido a la complejidad de las técnicas, materiales, lugares  que reflejan una sabiduría milenaria como un patrimonio que se debe admirar, procurar, preservar y defender.

Si bien en el marco de la globalización las empresas diversas industrias se han visto envueltas en una competencia entre ellas, llevando a estas a una mejora continua y así ofrecer los mejores productos y servicios y de esa manera ganarse al consumidor final. Por otro lado en algunos casos la producción en masa elaborada con materiales y mano de obra barata termina por afectar a las pequeños industrias en un caso más específico a los artesanos, tratando de imitar su creatividad y talento demeritando su trabajo y confundiendo a los clientes con productos piratas, a esta práctica se le conoce como competencia desleal.

El permanente dinamismo de la tecnología y de la cultura, el crecimiento del conocimiento científico y la innovación tecnológica han obligado al sistema jurídico de los derechos de autor a evolucionar y a ajustarse, para lograr la adecuada protección a las nuevas creaciones intelectuales que son susceptibles de amparo través de su ámbito legal.

Lo que representa en México la piratería o competencia desleal en cifras representa es alarmante más de 11 millones de artesanos son afectados por la piratería de sus productos, en 2014 esta práctica alcanzo 69 millones de dólares lo que representa 60 por ciento de las ventas totales, según números de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México.

Una pieza artesanal no se compara en absoluto con una manufactura industrial, debido a la riqueza patrimonial que radica en las técnicas empleadas para los textiles típicos, que se realizan a mano, que pueden tardar semanas o meses para su elaboración y porque plasman su cultura y cosmogonía. Por lo tanto, las marcas extranjeras que se han atrevido a apropiarse sin autorización de los textiles, descontextualizan y muestran una gran ignorancia sobre las etnicidades, y el mosaico cultural y la diversidad de comunidades que existen en México.

La preocupación de organismos como la UNESCO que tiene una visión global del papel sociocultural y económico de la artesanía en la sociedad y, desde hace numerosos años, se ocupa de desarrollar una acción armoniosa, coherente y concertada en favor de este sector. México anteriormente ha tenido estrechos lazos con estos organismo y se siguen buscando colaboraciones importantes para que el desarrollo del sector artesanal, por lo que la necesidad de implementar políticas públicas como la que busca lograr la presente iniciativa concuerda con los objetivos y directrices internacionales de los que nuestro país es parte.

En la declaración de los derechos humanos del 10 de diciembre de 1948 se dio importancia a los derechos de autor enfocado a los artesanos, citando su artículo 27.2 en donde se señala que “Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.” Por lo que ya se contaba como un elemento importante para la preservación cultural y proyección artística, buscar la protección jurídica y normativa para fomentar el crecimiento y garantías del sector artesano.

La protección por los derechos de autor y los derechos conexos es esencial para favorecer la creatividad individual, el desarrollo de las industrias culturales y la promoción de la diversidad cultural así lo refieren las reseñas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) Actualmente se tienen tres elementos identificados que la artesanía posee y se pueden proteger.

• Reputación: derivada de su estilo, origen o calidad;

• Apariencia externa: su forma y diseño; y

• Saber hacer: la pericia y los conocimientos utilizados para crear y fabricar los productos de artesanía.

A menudo los artesanos producen obras creativas que pueden protegerse mediante la legislación de derecho de autor. El derecho de autor, que surge automáticamente tras la creación de la obra, protege los productos de la creatividad. Los titulares del derecho de autor gozan de derechos exclusivos que les permiten beneficiarse financieramente durante un periodo de tiempo prolongado pero fijo. Estos derechos, también denominados derechos patrimoniales, protegen a los titulares del derecho de autor contra la reproducción y adaptación no autorizados de sus obras. Asimismo, la protección por derecho de autor comprende los derechos morales, como el derecho a reivindicar paternidad de la obra y a oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación. Las obras de artesanía pueden estar protegidas por derecho de autor si son originales y poseen cualidades artísticas.

Propuesta

La actividad artesanal representa un sector de desarrollo económico de muchos estados y municipios, que sin duda genera una gran riqueza cultural y turística, ya que los artesanos, es la magia de saber acariciar los materiales, plasmando un sentimiento, un oficio, una tradición, al crear una pieza única la cual representa nuestra historia y de ahí la importancia de conservar ese legado para las futuras generaciones.

En la esfera administrativa corresponde a la Secretaría de Economía fomentar este rubro, a través de la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, que tendrá por objeto impulsar el desarrollo de las empresas micro industriales a través de las acciones previstas en la presente ley, especialmente las que consistan en la simplificación de trámites administrativos para obtener registros y autorizaciones y para cumplir obligaciones. La Comisión se encargará de estudiar y analizar las necesidades y la problemática que enfrenta la planta micro industrial del país, para proponer medidas que alienten su crecimiento y consoliden sus niveles productivos, la cual está integrada por representantes propietarios de la Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Energía, de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

Dentro de los objetivos y finalidades de dicha comisión resalta la simplificación e tramites y facilidades de operación, proposición de otorgamiento y aplicación de apoyos y estímulos, coordinar las acciones tendientes a este rubro con las dependencias y entidades para la obtención de apoyos, propiciar la celebración de exposiciones, otorgamientos de certificados de origen (exportación), formular recomendaciones entre otras, las cuales sin duda son elementales.

Por otro lado las condiciones sociales son cambiantes y por ende el derecho, el cual debe ser adaptativo a las nuevas problemáticas que van surgiendo en la sociedad para que la realidad no rebase al marco jurídico, en ese sentido una gran preocupación de este sector económico, recae en el plagio artesanal, en ese sentido es elemental buscar mecanismos de protección y promoción del desarrollo del artesano, mediante la planeación y clasificación de acciones, que permitan dotar de seguridad jurídica a los artesanos tomando en cuenta los siguientes elementos como rasgos distintivos:

• El artesano: como creador y constructor de cultura, buscando su protección jurídica laboral e individual.

• La actividad artesanal: como proceso en el que se aplican técnicas y prácticas artesanales tradicionales y contemporáneas y como proceso productivo que provee medios de vida al artesano y complementa la cultura de la región.

• El producto artesanía: expresión de identidad y de la cultura autóctona nacional, regional y local y su debida tutela legal.

La artesanía se está reinventando de la mano de jóvenes creadores y diseñadores, así como de maestros artesanos, que, con su frescura y osadía, la están convirtiendo en un laboratorio de experiencias sensoriales, emocionales y simbólicas. La actividad económica artesanal no es importante sólo por sí misma, sino por la conexión que tiene con otras actividades y sectores económicos. Incluir el sector artesano dentro de las industrias culturales, denota la importancia económica que tiene su desarrollo para una región.

Las artesanías, como emblema cultural, merecen gozar de protección no sólo por el hecho de participar en el libre mercado, como manifestación del interés económico privado, sino también por representar la identidad cultural de un país, lo que constituye el interés público de la nación. Con el avance de las tecnologías y a globalización mundial las artesanías se han visto fuertemente afectados los artesanos ya que compiten fuertemente con productos de imitación que son elaborados de manera industrial, con materiales y mano de obra de bajo costo, que por lo general son maquilado en otros países, por lo que es necesaria la implementación de políticas públicas concretas que puedan hacer frente a la protección de los artesanos, las artesanías y ser respetuosos con los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, buscando ser competitivos y lograr el repunte de esta actividad económica y cultural tan importante.

El escenario que hoy en día tienen los productores artesanales es complicado en relación con la situación económica que guarda nuestro país y nuestro estado en lo especifico, por lo que la protección de los derechos de autor se vislumbra como una, si no es que al única opción con la que se cuenta para darle valor y protección a las artesanías, por lo que de esta manera se podrá potencializar su competitividad, valiéndose de las características que individualicen los productos, como lo es la elaboración a mano o bajo algún esquema característico y distintivo.

Económicamente es elemental implementar recursos que promuevan la protección de la propiedad industrial y derechos de autor en lo específico de las artesanías, y generar un pensamiento paradigmático objetivo en el cual se genere como una inversión y no como un gasto encajonado como un simple programa presupuestal de apoyo a los artesanos. Invertir en la protección de la cultura a través de las artesanías representa una importante perspectiva socioeconómica de generación de empleo, en lo especifico de zonas de nuestro Estado que no son precisamente metropolitanas ya que por lo general son áreas rezagadas económicamente y con fuertes problemas para encontrar opciones de empleo, observándose como una oportunidad de crecimiento cultural y de inversión económica productiva.

La protección a los derechos de autor ofrece a los artesanos un esquema de protección de sus derechos intangibles por lo que en ese sentido al lograr establecer e involucrar la garantía de los derechos de autor, propiedad industrial y marca colectiva se reconocer sus derechos a los autores por la creación de todas las obras, mecanismos de producción entre otra más, que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer a partir del momento en que se crea loa obra y jurídicamente se constituye su protección, brindando así amparo ante cualquier intento de plagio o aprovechamiento indebido de las manifestaciones artísticas, otorgándole al artesano el beneficio de poder adquirir riqueza por la explotación de su trabajo.

Es elemental justificar que las artesanías contienen un valor per se no sólo para sus productores si no para nuestro país, por lo que requieren un amparo legal en aras de participar activamente no sólo en el mercado local si no que pude potenciar y detonar la productividad para integrarse en los mercados internacionales y generar fama para sus productos, logrando un posicionamiento comercial y el detonamiento de las economías regionales, la atracción de inversión privada e incluso extranjera, con la salvedad de que no se debilitará nuestra cultura y mucho menos los artesanos perderán los gananciales de sus creaciones artísticas.

En ese sentido se busca lograr incluir dentro de las finalidades del desarrollo regional, del artesano, y como objetivos y funciones de la comisión y la propia Secretaría de Economía, incluir dentro del fomento a la producción de artesanías, el otorgamiento de asesoría y seguimiento de trámites y registro a los artesanos que cumplan con los requisitos requeridos por la ley, para lograr la propiedad industrial y los derechos de autor a los artesanos, otorgar becas para artesanos y apoyos para artesanos de la tercera edad, con el fin de preservar el valor cultural de las artesanías y propiciar la capacitación permanente respecto de los procesos de comercialización y producción.

En razón de lo anterior se propone modificar la ley en comento de la siguiente manera:

Por lo anteriormente fundado y motivado y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción IX, incisos C), D), E), F) y G) del artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal

Artículo Único. Se reforma y adiciona la fracción IX, incisos c), d), e), f) y g) del artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.

Artículo 37. (...)

IX. (...)

A) a B) (...)

C) Promover la celebración de acuerdos y convenios de coordinación con las entidades federativas, para fomentar la producción de artesanías, involucrando la participación de organismos especializados en la materia, y

D) Propiciar la concentración regional de la producción artesanal con el fin de facilitar su promoción, a través de la celebración de ferias, campañas y exposiciones artesanales, a nivel nacional e internacional, promoviendo la expansión y diversificación del mercado interno y la exportación, conforme a las disposiciones aplicables.

E) Otorgar asesoría en el seguimiento de trámites y registro a los artesanos que cumplan con los requisitos requeridos, para lograr la propiedad industrial y derechos de autor para los artesanos;

F) Otorgar becas para artesanos y apoyos para artesanos de la tercera edad.

G) Proporcionar capacitación permanente respecto de los procesos de comercialización y producción.

X. (...)

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001114/111488s.pdf

2 Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular. Paris, 15 de noviembre de 1989. 25° Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

3 http://www.lacult.unesco.org/docc/CyD_6.pdf

4 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_0 6_06.pdf. Página 6 grafico.

5 http://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentos%20Publicaciones/ CSTM_2015.pdf. Página 4

6 http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cesop/lxii/art_mex_sitact_re.pdf

7 Olga Correa Miranda, Actividad artesanal, Instituto de Geografía, UNAM. Disponible en: www.igeograf.unam.mx/web/iggweb/seccionesinicio/atlas/

8 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 34, chemin des Colombettes P.O. Box 18 CH-1211 Ginebra 20 Suiza, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_tk_5.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.— Diputadas: Mónica Almeida López, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Marco Antonio González Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Marco Antonio González Reyes, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 8 de la fracción II del artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo.

Planteamiento del problema

El fenómeno del trabajo infantil; desde la comprensión y ubicación de su dimensión hasta su erradicación, constituye una de las asignaturas insoslayables de cualquier país democrático.

La correcta conceptualización del trabajo infantil es también tarea insoslayable, para no incurrir en prácticas de exclusión de quienes, habiendo cumplido con la edad mínima de acceso a un empleo, siguen siendo menores de edad y tienen necesidad de incorporarse a la actividad laboral.

A pesar de que el artículo 176, fracción II, numeral 8, señala como labores peligrosas o insalubres, la actividad agrícola; la ley no se establece lo que debe entenderse como “labores agrícolas” ,lo que implica que la fracción del mencionado artículo pueda interpretarse como la prohibición del trabajo de adolescentes de 16 a 18 años en todas las actividades y toda la cadena de valor de la agricultura.

No obstante que la Ley Federal del Trabajo menciona en el artículo 279 Ter, las actividades no consideradas para definir al trabajador estacional del campo, no establece que puedan ser realizadas por adolescentes, pues se infiere que los trabajadores a los que hace referencia todo el capítulo VIII “Trabajadores del campo” de dicha ley, son mayores de edad.

Argumentos

La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes, establece en su artículo 5 que: “Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Para efectos de los tratados internacionales y la mayoría de edad, son niños los menores de dieciocho años de edad.”

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el “trabajo infantil” como todo aquel trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico, psicológico y social, aludiendo al trabajo que es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño e interfiere con su escolarización toda vez que les priva de la posibilidad de asistir a clases; les obliga a abandonar la escuela de forma prematura y les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo.

Por otra parte, la Ley Federal del Trabajo define en su artículo 2 el término trabajo digno o decente como: “Aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo”. Este último término abarca las actividades laborales para personas menores de 18 y mayores de 15 años de edad que están permitidas y reguladas por la Ley consideradas como “trabajo adolescente permitido”.

El “trabajo adolescente permitido” se encuentra definido en el Protocolo de Inspección en Materia de trabajo infantil vigente, como: “La participación de personas mayores de 15 y menores de 18 años de edad, en actividades productivas de acuerdo al Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas, en un marco de protección laboral de acuerdo a lo que estipula la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los demás ordenamientos legales nacionales e internacionales. Dichas actividades no afectan e interfieren en su formación profesional, ni personal; no conllevan algún riesgo o peligro y no violentan sus derechos humanos y laborales. Se encuentran bajo vigilancia de las autoridades del trabajo locales y federales de acuerdo a su jurisdicción y competencia”.

En nuestro país, de acuerdo con los resultados del “Modulo de trabajo infantil”, anexo a la Encuesta Nacional de Empleo del cuarto trimestre de 2017, se estima que de los 29,344,545 niños, niñas y adolescentes mexicanos de entre 5 y 17 años de edad, el 7.9 por ciento (2,312,414) desempeñan alguna actividad laboral, asimismo, se estima que 1, 267,543 adolescentes trabajan en actividades peligrosas y por tanto prohibidas, de los cuales 714,326 (el 34.5 por ciento), trabajan en el sector agropecuario de la economía, con lo que el sector agropecuario concentra el mayor porcentaje de ocupación no permitida.

Respecto al trabajo infantil, la Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 175 que:

“Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años:

I. En establecimientos no industriales después de las diez de la noche;

II. En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, cantinas o tabernas y centros de vicio;

III. En trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres; y

IV. En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, o por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores, en términos de lo previsto en el artículo 176 de esta Ley.”.

Asimismo, en el artículo 176 establece que:

“...se considerarán, como labores peligrosas o insalubres, las que impliquen:

...

II. Labores:

...

8. Agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca.

Sin embargo, en la Ley no se establece que debe entenderse como lo que implica que la fracción 8 del artículo 176 pueda interpretarse como la prohibición del trabajo de adolescentes de 16 a 18 años en todas las actividades y toda la cadena de valor de la agricultura, lo que excluye a dichas personas de trabajar en actividades que en los demás sectores de la economía no son consideradas peligrosas, como pueden ser las actividades administrativas que se realizan en el proceso de comercialización de los productos agrícolas u otras actividades secundarias dentro de la cadena de valor de la actividad agrícola.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en su Documento “Normatividad para la generación de estadística básica agropecuaria y pesquera” define la agricultura como sigue:

“La agricultura (del latín agricult?ra de ager, agri, campo, y cult?ra, cultivo: labranza o cultivo de la tierra) es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra; dentro de los sectores económicos se clasifica en el sector primario, junto a actividades como la ganadería, silvicultura, caza y pesca. Los dos objetivos fundamentales para practicar la agricultura son: a) obtener los mayores rendimientos y b) devolver las sustancias alimenticias a las plantas, sin lo cual no hay mejora de terrenos, desciende la productividad y no se logra la sustentabilidad. Estos objetivos deben ir acompañados de conocimientos teóricos y prácticos sobre el uso y manejo de las tierras, el influjo de la meteorología, la naturaleza de los abonos y sus aplicaciones sobre las diferentes especies de árboles, arbustos y hortalizas, el cultivo de los prados, la producción de semillas y cereales, entre otros más.

En la agricultura se incluyen los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y cultivo de vegetales, considerando el conjunto de acciones humanas que transforman el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto para el crecimiento de las siembras. Las actividades económicas que abarca el subsector tienen su fundamento en la explotación de los recursos que la tierra origina, favorecida por la acción del hombre, entre los que sobresalen alimentos vegetales como cereales, frutas, hortalizas y forrajes; fibras utilizadas por la industria textil; cultivos energéticos, etcétera...”

El concepto nos permite establecer que las labores agrícolas son múltiples y diversas, por lo que es necesario definir cuáles de estas labores que se llevan a cabo en la agricultura se pueden tipificar como peligrosas o insalubres.

Asimismo, el artículo 3, párrafo 3 del Convenio 138 de la OIT, establece que la legislación nacional o la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, podrán autorizar el empleo o el trabajo a partir de la edad de dieciséis años, en labores consideradas como labores peligrosas o insalubres, siempre que queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes, y que éstos hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente.

Por otra parte, el Convenio 182 de la OIT, sobre la Prohibición de las Peores Formas de trabajo infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación define en su artículo 4, establece que los tipos de trabajo considerados como peligrosos, se incluyen en las perores formas de trabajo infantil y deberán ser determinados por la legislación previa consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores y deberá examinar de manera periódica y revisar la lista de los tipos de actividades tipificadas como perores formas de trabajo infantil.

Por otra parte, la Ley Federal del Trabajo, en su capítulo VIII, “Trabajadores del campo” define las modalidades que puede adoptar el trabajo de los jornaleros, siendo estas: “... permanentes, eventuales o estacionales”, para en seguida, establecer las actividades en las que no se consideraran trabajadores estacionales del campo a quienes las ejecuten al establecer que: “No se considerarán trabajadores estacionales del campo, los que laboren en empresas agrícolas, ganaderas, forestales, acuícolas o mixtas que adquieran productos del campo, para realizar actividades de empaque, re empaque, exposición, venta o para su transformación a través de algún proceso que modifique su estado natural.

Aun cuando la Ley establece aquí las actividades no consideradas para definir al trabajador estacional del campo, no establece que puedan ser realizadas por adolescentes, pues se infiere que los trabajadores a los que hace referencia todo el capítulo son mayores de edad, por lo que es importante especificar estas excepciones en el capítulo V Bis, dedicado al trabajo de los menores.

Por lo anteriormente expuesto y a fin de abrir la posibilidad del acceso de las y los adolescentes a actividades que no representan peligro dentro del sector agrícola, se propone modificar el numeral 8 de la fracción segunda del artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo a fin de explicitar la excepción a actividades dentro del sector agrícola que se especifican en el artículo 279 Ter. de dicha ley.

Esta modificación, no representa erogación de recursos más allá de los programados para el sector agrícola y puede impactar positivamente en la inclusión laboral en condiciones de protección para las y los menores de 18 años.

Para tener una mayor claridad de la propuesta que se presenta ante esta soberanía, a continuación se presenta un cuadro comparativo entre la norma vigente y la propuesta:

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y de los artículos 6º, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el numeral 8 de la fracción II del artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo

A cargo del diputado Marco Antonio González Reyes

Artículo único: Se reforma el numeral 8, de la fracción II, del artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 176. ...

I. Exposición a:

1 al 4...

II. Labores...

1 al 7...

8. Agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca. Con excepción del conjunto de actividades especificadas en el segundo párrafo del artículo 279 TER.

9 al 20...

III al VII...

...

Artículo Primero: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes de consulta

1 Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En:

<http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas /Ninez_familia/Material/ley-guarderias-ninos.pdf> [Consulta: 1 de junio de 2019].

2 OIT, ¿Qué se entiende por trabajo infantil? En:

< http://www.ilo.org/ipec/facts/lang—es/index.htm > [Consulta: 1 de junio de 2019].

3 Ley Federal del Trabajo, En:

 < http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm > [Consulta: 1 de junio de 2019].

4 STPS, Protocolo de Inspección en Materia de trabajo infantil. En:

<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/25144/Protoc olo_de_Inspeccion_en_Materia_de_Trabajo_Infantil_STPS.pdf > [Consulta: 13 de julio de 2019].

5 INEGI-STPS, Módulo de Trabajo infantil - Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017, En:

 < https://www.inegi.org.mx/programas/mti/2017/default.html#Tabulados > [Consulta: 1 de junio de 2019]

6 Ley Federal del Trabajo, Titulo Quinto Bis, Trabajo de Menores. En:

< http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm > [Consulta: 1 de junio de 2019].

7 SAGARPA, “Normatividad para la generación de estadística básica agropecuaria y pesquera”. En:

http://infosiap.siap.gob.mx/opt/agricultura/normatividad_agrope cuaria/Normatividad_TGEBAP.pdf > [Consulta: 1 de agosto de 2019].

8 OIT, Convenio 138 sobre la Edad Mínima. En:

<https://www.ilo.org/legacy/spanish/buenos-aires/trabajo-inf antil/resource/docs/sabermas/normativa/c138.pdf> [Consulta: 12 de julio de 2019].

9 OIT, Convenio 182 sobre la Prohibición de las Perores Formas de trabajo infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación. En:

<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/44023/Conven io_182_sobre_la_Prohibici_n_de_las_Peores_Formas_de_Trabajo_Infantil.pdf> [Consulta: 12 de julio de 2019].

10 Ley Federal Del Trabajo, Capítulo VIII, Trabajadores del campo, Articulo 279. En:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm > [Consulta: 1 de junio de 2019].

11 Ley Federal Del Trabajo, Capítulo VIII, Trabajadores del campo, Artículo 279 ter, párrafo segundo. En:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm > [Consulta: 1 de junio de 2019].

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.— Diputados y diputadas: Marco Antonio González Reyes, César Agustín Hernández Pérez, Emeteria Claudia Martínez Aguilar, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Graciela Sánchez Ortiz, Jaime Humberto Pérez Bernabé, Jannet Téllez Infante, Lidia García Anaya, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Román Ávila, María Marivel Solís Barrera, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, Martha Robles Ortiz, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Sandra Simey Olvera Bautista, Socorro Bahena Jiménez, Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, Susana Cano González (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de violaciones del procedimiento legislativo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y los diputados federales de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de violaciones al procedimiento legislativo, conforme a la siguiente:

Durante los últimos años, nuestro país ha transitado a través de una serie de cambios que se han visto reflejados principalmente en el diseño de sus instituciones y en la adecuación y actualización de su ordenamiento jurídico de acuerdo con los fenómenos sociales que requieren ser regulados, así como respecto de la normativa internacional que regula la vigilancia de los derechos humanos.

La creación de organismos constitucionalmente autónomos garantes de los derechos humanos, y las reformas constitucionales que en dicha materia fueron aprobadas en junio de 2011, representan, sin duda alguna, un nuevo paradigma en cuanto a la realización de conductas por parte de las autoridades tendientes a garantizar y proteger a todas las personas, todos y cada uno de sus derechos humanos.

Sin embargo, dicha protección no puede verse totalmente realizada si pese a su existencia, así como de los procedimientos para hacerlos efectivos, el orden jurídico que nos rige no se realiza de manera correcta, cometiéndose violaciones a los procedimientos que marca nuestra norma fundamental, las leyes y demás ordenamientos a los que se sujeta la actividad legislativa.

De esta manera, es necesario crear mecanismos que nos permitan contar con mejores herramientas para cumplir a cabalidad con el proceso de creación y modificación de leyes al interior de cada una de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, de manera que con ello se puedan legitimar las normas jurídicas y resoluciones que inciden en el ejercicio de los derechos humanos y en el cumplimiento de las obligaciones del Estado, así como en el mandato que tenemos a nuestro cargo los diputados y senadores que integramos el Poder Legislativo.

A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en diversas ocasiones que en un Estado democrático, la Constitución Federal impone ciertos requisitos de publicidad y participación para la creación, reforma, modificación o supresión de las normas, sin los cuales no pueden éstas considerarse válidas, de modo que, para lograr el respeto de los principios de democracia y representatividad que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo reviste importancia el contenido de las leyes, sino además, la forma en que son creadas o reformadas, en virtud de que las formalidades esenciales del procedimiento legislativo resguardan o aseguran el cumplimiento de los principios democráticos.

Además, ha hecho énfasis en el respeto que debe darse al pluralismo político que caracteriza a nuestra democracia representativa, en el cual, si bien las decisiones deben ser tomadas por la mayoría, aquello que se somete a votación debe haber sido objeto de deliberación tanto por las mayorías, como por las minorías políticas, lo cual le otorga todo sentido a la reglamentación del procedimiento legislativo y a la necesidad de imponer su respeto.

Cabe señalar que dicho principio de democracia deliberativa ha sido apoyado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en el voto concurrente que formuló a la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, fallada por el Tribunal Pleno el 20 de mayo de 2019, señalando que “...Este Tribunal Constitucional ha consolidado una tradición de interpretación constitucional que pone en segundo lugar la lectura letrista para privilegiar la eficacia de sus principios. De ahí que la actual jurisprudencia de este Pleno afirme que las violaciones al procedimiento legislativo se controlen por referencia a los principio de la democracia deliberativa. Como es el caso con otros tribunales constitucionales en el mundo, esta Suprema Corte debe entenderse guardián de las precondiciones democráticas....”

Argumento similar ha emitido la Corte al señalar que para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo aducidas en una acción de inconstitucionalidad infringen las garantías de debido proceso y legalidad contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y provocan la invalidez de la norma emitida, debe atenderse a la existencia de los siguientes estándares: 1) El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad, es decir, resulta necesario que se respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates; 2) El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas; y, 3) Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas.

Complementa lo anterior, el criterio establecido en la tesis de jurisprudencia en la que se señala que cualquier norma que se haya emitido violando el procedimiento, carecen de todo valor.

Los anteriores criterios sustentan la propuesta prevista en la presente iniciativa, consistente en facultar al Poder Judicial de la Federación para conocer de aquellas controversias que se susciten ante la existencia de vicios procedimentales como legales en la aprobación de reformas por el Congreso de la Unión o en la toma de resoluciones de cada una de las Cámaras, ya sea de Diputados o de Senadores derivado de sus facultades exclusivas.

Con ello, se trata de salvaguardar el procedimiento de creación de leyes en el cual debe seguirse estrictamente los procedimientos previstos, tanto en nuestra norma fundamental, como en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los Reglamentos tanto de la Cámara de Diputados como la de Senadores, lo cual implica, además, que se observen estrictamente los lineamientos y requisitos que en el tema de nombramientos se establecen en las normatividades correspondientes.

Además, se dará legitimidad a las resoluciones que lleguen a tomarse en el Poder Legislativo, evitando que por querencias de las mayorías se tomen decisiones permeadas de duda e ilegitimidad por cuanto hace al procedimiento de aprobación de leyes, decretos o en la realización de nombramientos. Es momento que al Poder Judicial se le otorguen atribuciones claras para conocer y resolver respecto de las leyes, decretos o resoluciones de una o ambas Cámaras de Congreso de la Unión.

Es importante señalar que la presente iniciativa en ningún momento vulnera el principio de división de poderes, sino que se pretende establecer medios jurídicos de impugnación que permitan ampliar el ámbito de vigilancia entre Poderes con la finalidad única de dar certeza y legalidad a la sociedad. Así mismo, va en concordancia con la transparencia y rendición de cuentas con la que debe contar todo acto de gobierno independientemente de la instancia.

Hoy los mexicanos necesitan seguridad en que la toma de decisiones está apegada a la ley, más aún cuando ello repercute en el ejercicio y respeto de sus derechos humanos, a lo cual, en ésta Cámara también estamos obligados a respetar conforme a lo previsto en el artículo 1o. constitucional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona una fracción IV al artículo 103; los incisos j) y k) a la fracción II del artículo 105 y un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes, a la fracción II del artículo 107; y se reforman las fracciones II y III del artículo 103, y los incisos a), b), y d) de la fracción segunda del artículo 105, así como los párrafos primero y segundo de dicha fracción, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 103. ...

I. ...

II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México,

III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, y

IV. Por leyes, decretos y resoluciones que sean aprobadas por el Congreso de la Unión o por alguna de sus Cámaras, cuando existan violaciones a su Ley Orgánica o a los Reglamentos respectivos en lo relativo a su proceso de discusión y aprobación, así como por el incumplimiento de los requisitos para nombramientos que correspondan a dichas Cámaras.

Artículo 105. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general o resolución de cámara legislativa o Congreso y esta Constitución.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma o la resolución, por:

I. ...

II. ...

...

a) El equivalente al veinte por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales;

b) El equivalente al veinte por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

c) ...

d) El equivalente al veinte por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano;

e) a i) ...

j) El equivalente al veinte por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en contra de resoluciones, leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión o por alguna de ellas, cuando en el proceso de su discusión y aprobación  existan violaciones a su Ley Orgánica o a los Reglamentos respectivos, así como por el incumplimiento de los requisitos para nombramientos que correspondan a dichas Cámaras.

Las violaciones señaladas tendrán como consecuencia la invalidez de las leyes, decretos o resoluciones aprobadas.

k) El equivalente al veinte por ciento de los integrantes del Congreso de una entidad federativa, en contra de resoluciones, leyes y decretos expedidos por dicho Congreso, cuando en el proceso de su discusión y aprobación  existan violaciones a su Ley Orgánica o a los Reglamentos respectivos, así como por el incumplimiento de los requisitos para nombramientos que correspondan a dichos poderes.

Las violaciones señaladas tendrán como consecuencia la invalidez de las leyes, decretos o resoluciones aprobadas.

...

...

...

III. ...

...

...

Artículo 107. ...

I. ...

II. ...

Las sentencias que se emitan tratándose de las controversias previstas en la fracción IV del artículo 103 de esta Constitución tendrán como efecto la invalidez de las leyes, decretos o resoluciones aprobadas.

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria.

En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria.

Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta;

III. a XVIII. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 108/2015, así como el Voto de Minoría formulado por los Ministros José Fernando Franco González Salas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Particular formulado por el Ministro José Ramón Cossío Díaz y Concurrente formulado por el Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04/12/2018.

2 Procedimiento legislativo. Principios cuyo cumplimiento se debe verificar en cada caso concreto para la determinación de la invalidación de aquél. Tesis: P. L/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, Pag. 717.

3 Controversias constitucionales. Cuando se aducen conceptos de invalidez por violaciones formales y de fondo respecto de normas generales de los estados o de los municipios impugnadas por la federación, de municipios reclamadas por los estados o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) de la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe privilegiarse el estudio de los primeros (interrupción de la jurisprudencia P./J. 47/2006). Tesis: P./J. 42/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, Pag. 1639.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días de febrero de 2020.— Diputados y diputadas: Jorge Arturo Espadas Galván, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Jacquelina Martínez Juárez, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Liza Abimerhi, José Martín López Cisneros, José Ramón Cambero Pérez, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Marcela Torres Peimbert, Martha Elena García Gómez, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Patricia Terrazas Baca, Ricardo Flores Suárez, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 51 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada María Ester Alonzo Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, en materia de sustitución de titulares de permisos de pesca comercial, al tenor de la siguiente:

México es uno de los países que cuenta con mayor regulación para las actividades de pesca comercial, la cual, está enfocada a la administración, ordenamiento y control de la sustentabilidad de dichos recursos. Al respecto, el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual, ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Así mismo, advierte que el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y, la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos naturales por parte de particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.

Aunado a lo anterior, y como Ley complementaria del Artículo 27 Constitucional, tenemos a la Ley General de Bienes Nacionales que establece en sus artículos 13 y 16, lo siguiente: “Artículo 13. Los bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no estarán sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional, o alguna otra por parte de terceros.” “Artículo 16.- Las concesiones, permisos y autorizaciones sobre bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación no crean derechos reales; otorgan simplemente frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho a realizar los usos, aprovechamientos o explotaciones, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes y el título de la concesión, el permiso o la autorización correspondiente.”

De lo anterior, se concluye que los bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no estarán sujetos a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional, o alguna otra por parte de terceros. Así mismo, las concesiones, permisos y autorizaciones sobre bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación no crean derechos reales; otorgan simplemente frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho a realizar los usos, aprovechamientos o explotaciones, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes y el título de la concesión, el permiso o la autorización correspondiente.

Sobre esta materia, la Nación, por conducto del Ejecutivo Federal, cuenta con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural quien, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, tiene entre sus facultades las de otorgar concesiones y permisos para la pesca comercial de los recursos pesqueros, conforme a los artículos 4, fracciones XV, XXVI, XXVII, XVIII, XLIII, 36, fracción III, y el Capítulo IV del Título Sexto de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Dicha autoridad, además de observar las disposiciones correspondientes en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de expedición de concesiones y permisos de pesca comercial, también, tiene la obligación de acatar lo establecido en la Carta Nacional Pesquera y sus modificaciones, toda vez que conforme al artículo 32 de dicha Ley, este Instrumento es la presentación cartográfica y escrita que contiene el resumen de la información necesaria del diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, en aguas de jurisdicción federal. Su contenido tendrá carácter informativo para los sectores productivos y será vinculante en la toma de decisiones de la autoridad pesquera en la adopción e implementación de instrumentos y medidas para el control del esfuerzo pesquero, en la resolución de solicitudes de concesiones y permisos para la realización de actividades pesqueras y acuícolas, y en la implementación y ejecución de acciones y medidas relacionadas con dichos actos administrativos.

Paralelamente, y para efectos de apoyar a las Autoridades Administrativas en materia de sustentabilidad y protección de los recursos pesqueros, al sector pesquero de altura, es decir, el que utiliza embarcaciones mayores a los 10.6 metros de eslora, ha aceptado y entrado al programa de monitoreo vía satelital coordinado y controlado por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, para el control y seguimiento de las embarcaciones en sus actividades pesqueras, mismo que también sirve para brindarles seguridad y apoyo en caso de ser necesario, por parte de la misma autoridad; así mismo, han ido modificando sus artes de pesca con la finalidad de reducir la pesca incidental y en otros casos proteger la especies como las tortugas marinas que se capturan por accidente en las artes de pesca de embarcaciones mayores, instalando los dispositivos de excluidores de tortugas y peces; incluso, han ido modernizando con tecnología técnico-científica, dichas artes de pesca en beneficio del hábitat donde realizan sus actividades pesqueras.

Sin embargo, la actividad pesquera se ha visto permeada y afectada directamente, ya que, no todos en el sector dedicado a dicha actividad han podido modernizar, o bien, adquirir nuevas embarcaciones en pro de la sustentabilidad de las especies y, los productores que desean iniciar en las actividades de pesca comercial, no pueden acceder a un permiso nuevo; en primer término, porque el esfuerzo pesquero de cada pesquería se encuentra agotado al máximo de conformidad con la Carta Nacional Pesquera, por lo que, el productor que tiene la posibilidad de dedicarse a la actividad pesquera comercial aun cumpliendo con lo establecido en la ley, no puede hacerlo por falta de dicho permiso.

Una alternativa para adquirir un permiso de pesca comercial, es a través de la figura jurídica de “Sustitución de Titular de Permisos de Pesca Comercial”, es decir, cuando por alguna circunstancia de índole económica, comercial o personal el titular decide no continuar con la actividad pesquera y se encuentran en posibilidades de ceder su permiso de pesca comercial a los productores que si cuentan con los recursos financieros, humanos y materiales para explotar los derechos de ese permiso; sin embargo, dicha figura solo contempla las Concesiones de Pesca Comercial en su artículo 50, así mismo, en el tercer párrafo del artículo 51, seprohibió la posibilidad de que los permisos de pesca comercial puedan ser trasferidos a terceros, a excepción de los que tengan derechos por ser herederos del titular del permiso que haya fallecido. Sin embargo, el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, contradice lo establecido en la ley, ya que en su artículo 29 dispone, que “la Secretaria podría autorizar lasustitución del titular de los derechos de la concesión o permiso cuando: a) Haya transcurrido por lo menos un año del ejercicio de los derechos derivados del título correspondiente, salvo en el caso de muerte de su titular. b) El sustituto cumpla con los requisitos que señalan la Ley de Pesca y el Reglamento. c) Se transmitan al sustituto por cualquier título, los bienes destinados al cumplimiento del objeto de la concesión o permiso, o este cuente con los bienes necesarios para dicho fin”.

Como se observa, por un lado la ley establece que no podrán ser transferidos a terceros y el reglamento faculta a la Secretaria para autorizar dicha transferencia, en ese sentido, considero necesaria la homologación de estos criterios; toda vez que, de continuar así, el sector pesquero no podrá ni querrá realizar inversiones para adquirir y modernizar embarcaciones o construir nuevas, en virtud de que no tendrá certeza de obtener un permiso de pesca comercial, ni posibilidad de sustituir al titular del mismo, ocasionando bajas de fuentes de trabajo, además de afectar la seguridad alimentaria de esta nación y sus ingresos por la exportación de estos productos; toda vez que a nadie interesa adjudicarse un barco o adquirirlo mediante un procedimiento judicial si corre el riesgo de no obtener el permiso de pesca comercial.

Bajo esas circunstancias, las o los legisladores de esta Cámara de Diputados, tenemos la responsabilidad de brindar el apoyo necesario a los productores pesqueros de nuestro país, con el fin de buscar contribuir al impulso, planteamiento y aprobación de medidas legislativas, que sumadas a las acciones y políticas públicas del Poder Ejecutivo en colaboración con la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, se ejecuten las acciones necesarias a favor del sector pesquero y acuícola del país.

Como quedó manifiesta la prohibición de la sustitución de derechos de los permisos de pesca comercial establecida en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, es un problema grave que se presenta en todo el país. Por ello, presentó la siguiente iniciativa, la cual, tiene como objetivo facilitar las gestiones de los productores pesqueros ante la autoridad competente, para que se permita la sustitución de los derechos de permisos de pesca comercial y no generar una parálisis pesquera por la falta de regulación legal adecuada.

Por último, es importante manifestar que la reforma que plantea esta iniciativa no genera impacto económico en el presupuesto de la nación, ya que, no se necesitan recursos para su aprobación, publicación y ejecución.

Para reforzar lo todo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente cuadro comparativo con las modificaciones y adiciones propuestas:

Cuadro comparativo

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa, de conformidad con el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable

Único. Se reforma el artículo 51 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

Artículo 51. Los permisos de pesca comercial tendrán una duración de dos hasta cinco años, de acuerdo a la pesquería de que se trate y lo que determine el reglamento de la presente Ley.

Los titulares de los permisos de pesca comercial podrán ser sustituidos previa autorización expresa que otorgue la Secretaría, siempre que se cumplan con los requisitos que establece el reglamento de la presente Ley.

Los permisos a que se refieren las fracciones V a la XV del artículo 41 de esta Ley, tendrán la duración que determine su reglamento, de acuerdo a las características y naturaleza de la actividad, y en su caso, se sujetarán a los planes de manejo; estos permisos no podrán ser transferidos a terceros.

Podrán ser prorrogados si la evaluación realizada por el INAPESCA resulta positiva en cuanto al manejo de la pesquería, acorde con las condiciones que se establezcan en el reglamento de la presente Ley y no podrán ser transferidos a terceros

En caso de fallecimiento del permisionario, la Secretaría dará preferencia para la sustitución, a los designados por el derecho sucesorio aplicable al caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 5 de febrero de 2020.—Diputadas y diputados : María Esther Alonzo Morales, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Jannet Téllez Infante, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Lidia García Anaya, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Sara Rocha Medina, Martha Hortencia Garay Cadena, Martha Robles Ortiz (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Guadalupe Román Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena

María Guadalupe Román Ávila, diputada federal de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de buen gobierno, al tenor de los siguientes elementos

Planteamiento del problema

El derecho a la buena administración pública ha comenzado a reconocerse como un nuevo paradigma en el derecho administrativo en el que la ciudadanía ocupa un lugar central, obligando a todos los entes públicos a que en el ejercicio de sus funciones actúen efectivamente bajo los principios de gobierno abierto, honesto, transparente, eficaz y eficiente.

Mediante la presente iniciativa se plantea integrar al texto constitucional el derecho fundamental a la buena administración pública, lo cual implica poner a la persona en el centro de la actividad administrativa del Estado. De aprobarse esta reforma se traduciría en la obligación de las administraciones públicas de respetar y promover la dignidad y los derechos humanos en el ejercicio de la función pública, y de actuar efectivamente al servicio de las personas.

Argumentación

De acuerdo con Jaime Rodríguez, el derecho a la buena administración se refiere a la recuperación de la perspectiva ética, de servicio objetivo a la ciudadanía, que siempre ha caracterizado a las administraciones públicas. Dicho en otras palabras, se trata de que los ciudadanos tengan el derecho a exigir determinados patrones o estándares en el funcionamiento de las instituciones de gobierno, de modo que el servicio público esté orientado al interés general, y donde la equidad de trato, la igualdad, eficiencia y honestidad, así como el acceso a la información y la transparencia y la motivación de las decisiones de gobierno sean principios exigibles de actuación administrativa (Rodríguez-Arana, 2011).

El Derecho a una Buena Administración fue incorporado en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el año 2000 (Unión Europea, 2000). En el artículo 41 establece que:

“1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.

2. Este derecho incluye en particular:

a) El derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente;

b) El derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial;

c) La obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones.

3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Unión de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los derechos de los estados miembros.

4. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los tratados y deberá recibir una contestación en esa misma lengua.”

De la misma forma, el artículo 42 de la misma Carta determina que: “Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte”.

Por lo que corresponde a nuestro continente, la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, adoptada por la vigésima tercera Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Panamá el año 2013, ha sido pionera en recuperar este importante derecho. Para lo cual, identifica el derecho fundamental a la buena administración pública y sus derechos derivados. En su capítulo tercero, establece que:

“Los ciudadanos son titulares del derecho fundamental a la buena Administración Pública, que consiste en que los asuntos de naturaleza pública sean tratados con equidad, justicia, objetividad, imparcialidad, siendo resueltos en plazo razonable al servicio de la dignidad humana” (CLAD, 2013).

En la mencionada Carta Iberoamericana se establecen también determinados derechos que integran el derecho fundamental a la buena administración pública, entre los que se señalan los siguientes: derecho a la motivación de las actuaciones administrativas; derecho a la tutela administrativa efectiva; derecho a una resolución administrativa amparada en el ordenamiento jurídico, equitativo y justo; derecho a presentar por escrito o de palabra, peticiones de acuerdo con lo que se establezca en las legislaciones administrativas; derecho a no presentar documentos que ya obren en poder de la administración pública; derecho a ser oído siempre antes de que se adopten medidas que puedan afectar; derecho de participación en las actuaciones administrativas en que tengan interés; derecho a servicios públicos y de interés general de calidad; derecho a conocer y opinar sobre el funcionamiento y la calidad de los servicios públicos y de responsabilidad administrativa; entre otros.

Como vemos, nuestra Constitución política y leyes secundarias como la Ley de Amparo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre otros ordenamientos, ya reconocen estos derechos y establecen sujetos obligados para su garantía y cumplimiento.

Sin embargo, desde nuestro punto de vista sigue pendiente el reconocimiento expreso del derecho de toda persona a la buena administración y al buen gobierno, así como la obligación específica del Estado para su cumplimiento, a partir de un ordenamiento específico que además de definir con claridad y de manera integral los conceptos de buena administración y buen gobierno, establezca principios y entidades responsables, así como mecanismos de protección procesal.

De manera vanguardista, la Constitución Política de la Ciudad de México incorporó el derecho al buen gobierno y a la buena administración pública en su artículo 60, que en su primer párrafo establece “la garantía al debido ejercicio y la probidad en la función pública”, reconociéndola como:

“Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la corrupción.

El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a informar a través de una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de forma completa y actualizada la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Asimismo, se deberán generar acciones y políticas públicas orientadas a la apertura gubernamental a fin de contribuir a la solución de los problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos participativos, efectivos y transversales. La ley establecerá los mecanismos para su cumplimiento”.

Implicaciones del derecho a la buena administración pública

Al incorporar el derecho a la buena administración pública en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estaría inaugurando un nuevo paradigma en la administración pública en la que la ciudadanía tenga un papel central a partir de reconocer que todas y todos tenemos derecho a un buen gobierno. Con esto se podría establecer desde el orden constitucional una garantía para que todas las personas cuenten con el derecho de tener una administración pública eficiente y eficaz, que deba realizar su trabajo de manera austera, con base en principios de igualdad y equidad, y justificando sus actuaciones con una orientación clara hacia el interés público.

Incluir el derecho fundamental al buen gobierno en nuestra Carta Magna, implicaría que toda la administración pública en su conjunto se ajuste, diseñe y funcione a partir de garantizar este importante derecho. Implicaría no sólo incluir principios y definiciones de lo que significa un buen gobierno en los demás ordenamientos aplicables, sino que sentaría también las bases para que todo el procedimiento administrativo de planear, programar, ejecutar, controlar y fiscalizar los recursos públicos tendrían que orientarse a partir del principio constitucional de que son las personas, y no los servidores públicos, los titulares del derecho a exigir una mejor gestión en los asuntos públicos de nuestro país.

Al reconocerse como un derecho fundamental, al igual que en la Ciudad de México, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el principio de buen gobierno obligaría a todos los entes públicos a que en el ejercicio de sus funcionen actúen efectivamente bajo los principios de gobierno abierto, honesto, transparente, eficaz, eficiente e incluyente, procurando el interés público.

Recuperando el análisis del especialista Jaime Rodríguez-Arana en relación con el derecho a la buena administración en la Ciudad de México, este derecho implica que el gobierno deba ser un facilitador y no un obstáculo ni una carga para las personas. De manera clara menciona:

“Para ejemplificar los beneficios que puede traer para las personas su ejercicio (el de la buena administración) baste mencionar que en la Unión Europea la buena administración pública contiene implícitos más de 30 derechos, entre otros: ser tratado con cortesía y cordialidad; obtener una resolución administrativa en un plazo razonable, con una respuesta oportuna y eficaz; no presentar documentos que ya obren en la administración pública; participar en asociaciones de usuarios de servicios y opinar sobre el funcionamiento de los servicios públicos, además de todos los relacionados con el debido proceso” (Muñiz Toledo, 2019).

Por su parte, el doctor Rodríguez-Arana, en su ponencia sobre el derecho a la buena administración y la centralidad del ciudadano, establece que “los ciudadanos ya no son sujetos inertes que reciben, única y exclusivamente bienes y servicios del poder. Ahora se convierten en actores principales de la definición y evaluación de las diferentes políticas públicas”. De la misma forma, “el interés general ya no es un concepto que define unilateralmente la administración, sino que ahora, en un Estado que se define como social y democrático de derecho, debe determinarse a través de una acción articulada entre los poderes públicos y los agentes sociales” (Rodríguez-Arana, 2011).

El reconocimiento de este derecho también implicaría que toda persona tendría derecho en acudir a las autoridades jurisdiccionales competentes para exigir un gobierno eficaz y eficiente, y en exigir su garantía o reparación del daño si fuere el caso. En este tenor, tanto tribunales como comisiones de derechos humanos han comenzado a determinar recomendaciones con base en estos preceptos, a pesar de que aún no está reconocido dicho derecho en nuestra Carta Magna.

Como ejemplo de lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió la recomendación 8/2018 en la que concluyó que se violaron derechos humanos cuando a partir de la queja de un ciudadano por el mal estado de las calles de Toluca. A partir de una investigación fundamentada sobre todo con base en el derecho a la buena administración y el buen gobierno, el organismo autónomo recomendó que se desarrollaran acciones específicas como un diagnóstico, planeación con base en dicho diagnóstico en la que se definan las dependencias responsables, la ejecución de un programa integral de conservación de la carpeta asfáltica, así como un plan de trabajo destinado para asegurar los recursos.

En conclusión, incorporar en el texto constitucional el derecho al buen gobierno, implicaría una mejora sustancial en la que se relaciona el gobierno y las personas en general, para beneficio del desarrollo de México.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un párrafo sexto al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose los subsecuentes, para quedar como sigue:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4o. ...

...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a la buena administración pública a través de un gobierno abierto, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero, incluyente y resiliente. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases y mecanismos para su cumplimiento.

...

...

...

...

...

...

...

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá adecuar la legislación secundaria conforme al presente decreto en un plazo no mayor a un año.

Bibliografía

- CLAD. (2013). Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública. Panamá: CLAD. Recuperado el 1 de diciembre de 2019, de 1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.

- Muñiz Toledo, R. (2019). Aristegui Noticias. Obtenido de El derecho fundamental a la buena administración y centralidad del ciudadano en el derecho administrativo. :

https://aristeguinoticias.com/0202/mexico/el-vanguardista-derec ho-a-la-buena-administracion-publica-en-la-ciudad-de-mexico/

- Rodríguez-Arana, J. (2011). IV Congreso Internacional de Derecho Administrativo. En UNAM (Ed.), El derecho fundamental a la buena administración y centralidad del ciudadano en el derecho administrativo. (pág. 27). México: Posgrado de Derecho. Recuperado el 1 de diciembre de 2019, de

http://derecho.posgrado.unam.mx/congresos/ivci_vmda/ponencias/J aimeRodriguezArana.pdf

- Unión Europea. (2000). Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Recuperado el 1 de diciembre de 2019, de

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf

Nota

1 Emitida al Presidente Municipal de Toluca, Estado de México, el 28 de septiembre de 2018, por la vulneración a los derechos de movilidad, a las buenas prácticas de la administración pública y a obtener servicios públicos de calidad en perjuicio de la población de Toluca. El texto íntegro del documento de Recomendación se encuentra en expediente respectivo y consta de 41 fojas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.— Diputadas y diputados: María Guadalupe Román Ávila, Graciela Sánchez Ortiz, Jannet Téllez Infante, Julieta García Zepeda, Lidia García Anaya, Marco Antonio González Reyes, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, Martha Robles Ortiz, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Socorro Bahena Jiménez, Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, Susana Cano González (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Carlos Alberto Valenzuela González e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe Carlos Alberto Valenzuela González, diputado federal, y los demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 123 Apartado A, fracciones I, II y IV; Apartado B, fracciones I, II y III, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la jornada y semana de trabajo, con base a lo siguiente:

I. Planteamiento del problema

La importancia económica de México a nivel internacional, la capacidad productiva, la tasa de desempleo existente y la alta tasa de empleo informal que se presenta; así como la creciente demanda año con año de puestos de trabajo de calidad para los Población Económicamente Activa (PEA) del país, y cuyas estimaciones de requerimiento mínimo oscilan entre el millón de nuevos empleos al año; requieren una reforma profunda desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las leyes laborales; las cuales en materia de duración de jornada, semana y días de vacaciones que llevan más de 100 años aplicándose y que en un entorno de Globalización económica, laboral y migración, además de las nuevas formas de trabajo, hacen que los requerimientos laborales actuales que ya no se ajustan a la realidad laboral nacional e internacional.

Adicionalmente, los problemas existentes en el Derecho Laboral Mexicano deben verse no solo con el enfoque unidimensional y aislados, sino que los mismos repercuten en otros ámbitos del Derecho, de la convivencia social de los mexicanos, en construcción o reconstrucción del tejido social, en el diseño y desarrollo urbano, acceso al trabajo de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, a educación, a la salud; entre otros.

II. Argumentos que sustentan la presente iniciativa

a) Mercado laboral

En México, acuerdo al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), reporta en su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) con cifras a diciembre de 2018, se conocen los siguientes resultados en materia de empleo:

• La Tasa de Desocupación (TD), que se refiere al porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo, fue de 3.6% de la PEA a nivel nacional, proporción superior a la del mes previo. En su comparación anual, la TD creció en diciembre de 2018 frente a la de igual mes de 2017 (3.6% vs 3.3%), con datos ajustados por estacionalidad.

• La Tasa de Subocupación (referida al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda) representó el 7.2 por ciento. En su comparación anual, esta tasa fue mayor a la del mismo mes de 2017 que cerró en 7.0 por ciento.

• La Tasa de Informalidad Laboral 1 (proporción de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabaja, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo) fue de 56.8% en diciembre de 2018, cifra inferior a la reportada en noviembre del mismo año, y mayor en 0.1 puntos respecto a la de igual mes de 2017.

• Asimismo, la Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1 (que se refiere a la proporción de la población ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa), representó 27.5% en el último mes del año pasado y significó un aumento respecto a la del mes previo de 27.4%, y un aumento de 0.8 puntos frente a la del mismo mes de 2017.

• En diciembre de 2018, el 59.7% de la población de 15 años y más en el país se ubicó como económicamente activa (Tasa de Participación). Misma tasa que la de un mes antes, también con cifras desestacionalizadas.

En América Latina y el Caribe, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo reportó que la tasa de desempleo debería disminuir de 8,2% en 2017 a 7,7% de la actualidad a 2019, pero expone que la región sigue lejos de recuperarse de la pérdida de puestos de trabajo en los últimos años; informó que la tasa regional de desocupación en 2014 era de 6,1%.

Como podemos ver, el mercado laboral en México requiere de políticas que permitan reducir la informalidad, pero esta debe estar acompañada de reformas laborales que se orienten al trabajador y su incorporación a un mercado formal para el acceso a seguridad social en los esquemas estatales existentes. Cuyo efecto radicaría en abatir indicadores de desarrollo humano.

La informalidad en México representa un 22.7% del Producto Interno según datos publicados por el Inegi.

Participación de la economía informal en el PIB

Notas y llamadas:

r Cifras rebizadas

Cifras preliminares

Fuene: INEGI Sistemas de Cuentas Nacionales de México

b) Competitividad, productividad y empleos de calidad

Un país se hace cada vez más competitivo, productivo y con empleos de calidad en la medida en que incorpora en la formalidad a su base laboral y económica.

Además, que debe procurar el respeto al Estado de Derecho, pero sobre todo equilibra los intereses de su sector laboral con empresarial, mediante el diseño de políticas públicas que detonen la economía y atraiga inversiones de largo plazo.

Recientemente en materia de competitividad, el Foro Económico Mundial -WEF, por sus siglas en inglés- publicó el Índice de Competitividad Global (ICG), en su última edición (2016-2017) en el cual comparó la competitividad de 138 economías, en términos de instituciones, políticas, y factores que determinan el nivel de productividad de una economía, lo que a su vez establece el nivel de prosperidad que el país puede lograr.

En dicho índice, México se ubicó en la posición 51 de 138 que, si bien nos ubica en una posición media; estamos por debajo de países latinoamericanos como Panamá (42) y Chile (33) datos preocupantes si nos consideramos el mercado número 11 del mundo.

Es de resaltar que en los pilares del índice en los que México muestra una posición de rezago son:

• Fortaleza Institucional: 111/138

• Eficiencia del Mercado Laboral: 105/138

Si desglosamos el pilar de eficiencia del mercado laboral, podemos notar que en cinco de sub-indicadores estamos por debajo de la posición 80. Entre los que destacan la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, contratación y despidos, redundancia de costos o semanas de salarios, efectos de los impuestos sobre incentivos al trabajo, y el pago y productividad.

Si bien, México está en los criterios superior a la media de los países de América Latina, es de preocuparse que países como Panamá y Chile sean más competitivos para el mundo; lo cual obliga al país tomar nuevas medidas en materia de trabajo y fortalecimiento de las instituciones. A continuación, se presenta para fines informativos un recuadro sustraído del reporte Índice Global de Competitividad 2016-2017.

La productividad podemos entenderla de acuerdo con el Inegi como un concepto de eficiencia en el uso de los recursos, es decir, lo que se busca es hacer más y mejor con los mismos recursos, para lo cual es necesario impartir capacitación a los trabajadores (obreros y empleados) e implementar nuevas tecnologías, esto es, se requiere una mayor inversión tanto física como en capital humano.

Para el Inegi el indicador de Productividad Total de los Factores es el enmarcado en la contabilidad del crecimiento que permite conocer los factores productivos que contribuyen al crecimiento económico y a la producción; y su desempeño en el proceso productivo.

En la información disponible al 12 de febrero de 2019, el Inegi reporta en su gráfico “ Productividad total de los factores y contribución al crecimiento económico de México, a partir del valor de producción, por sector de actividad económica (1991-2017*)” que las áreas que han crecido en su productividad durante veintiséis años tres sectores de manera marginal: Medios masivos de comunicación; Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza; y Servicios Financieros y de seguros.

Y con mayor preocupación vemos que la productividad en los otros sectores económicos, el índice es negativo; y el decrecimiento en sectores como: Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos; y Servicios profesionales, científicos y técnicos supera el - 3%.

A continuación, se muestra el gráfico extraído de la página del Inegi, en el cual podemos apreciar el promedio de las tasas anuales de crecimiento de la productividad de los factores.

Con estos datos se reafirma lo señalado en los rubros de competitividad del WEF en los que México muestra rezago. Es decir, no somos competitivos ni productivos por una correlación entre eficiencia del mercado laboral en la mayoría de los rubros de los sectores económicos.

Los empleos de calidad, son otro elemento importante que debemos considerar para que México sea competitivo, pero también implica la calidad del empleo que estos sean formales, que las empresas procuren a sus trabajadores con sueldos dignos, condiciones de trabajo que permitan el desarrollo personal y profesional; en el que se dé importancia a las personas y su reconocimiento.

Sin embargo, podemos ver que el en Índice de productividad laboral con base a las horas trabajadas no ha crecido lo suficiente desde 2008 a la fecha en los diversos sectores.

Empresas constructoras:

Industria manufacturera:

Comercio al por mayor:

Comercio al por menor:

Empresas de servicios:

De lo anterior, podemos inferir que no necesariamente a mayor número de horas trabajadas se es más productivo, por el contrario, en estos tiempos la permanencia por en los entornos laborales por tiempos prolongados, repercuten negativamente en diversos aspectos de las personas trabajadoras, como son problemas de salud –física y mental-, de convivencia social, baja productividad y ocio. Estas y otras situaciones van en detrimento de un trabajo de calidad y que no necesariamente están vinculadas salario digno y suficiente.

c) Reconstrucción del tejido social

El tejido social podemos entenderlo como el conjunto de interrelaciones existentes entre las personas que integran una comunidad, región o Nación; es la convivencia entre las mismas y su entorno social, cultural, económico y político desde un punto de vista del respeto al Estado de Derecho y su fortalecimiento institucional.

Algo similar lo entienden algunos académicos de la Universidad Iberoamericana, tal como lo dijo el 02 de junio de 2016 José Teódulo Guzmán A, en la presentación del libro Reconstrucción del tejido social: Una apuesta por la paz.

“El tejido social se entiende como la configuración de vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social. Los factores determinantes que configuran el tejido social son de tres tipos:

a) Comunitarios: que comprenden las relaciones de confianza y cuidado; la construcción de referentes de sentido y pertenencia y los acuerdos, por medio de los cuales se participa en las decisiones colectivas.

b) Institucionales, que son las formas de organización social establecidas en un territorio y que se conectan con otros territorios.

c) Estructurales: que comprenden los sistemas sociales que determinan las instituciones y las relaciones sociales.”

A lo largo de las tres últimas décadas, México ha venido sufriendo una paulatina descomposición del tejido social, en los tres factores descritos; descomposición que se ha agravado mediante a manifestación de una violencia escalonada en diversas regiones del país.

¿Pero esta descomposición de dónde surge? Probablemente tiene su origen en la necesidad de superar los efectos causados en los hogares por la pérdida del poder adquisitivo derivado de las crisis económicas de finales de los 80´s, la de 1994 y recientemente del 2008.

Estas crisis motivaron diversos fenómenos sociodemográficos y económicos como: la incorporación de las mujeres al mercado laboral para poder generar mayores ingresos en los hogares; la apertura comercial de México requería mano de obra para la industria manufacturera, una oferta de trabajo que no permitía estar en la línea del pleno empleo lo cual abarataba los salarios en las industrias y estas recurrirán a pedir más horas de trabajo por salarios ínfimos. En pocas palabras,

La situación descrita para México, no es exclusiva. Como podemos notar el mismo fenómeno ha sido estudiado en países como España por Kattya Cascante y Erika Rodríguez:

“El mercado laboral español, regido por instituciones que no están preparadas para un estancamiento del crecimiento económico y donde la flexibilidad es solo asumida por el trabajador, ha llegado a colapsar las rentas de los más pobres. No se trata únicamente de si todo esto podría haberse evitado (política del ladrillazo, burbujas especulativas, etc.), sino, más bien, de la forma en que se han cargado los costes de esta crisis. En España esto se ha traducido en la destrucción de empleos en los sectores menos cualificados especialmente, en el aumento de la precariedad y en la constatación de un sistema de protección social inadecuado; circunstancias que significan menores ingresos para las rentas bajas, pero también un aumento de la pobreza real. Una pobreza severa, que, según la encuesta de población activa (EPA), ha pasado de 7 a 9 millones de personas entre 2010 y 2013, y cuyo crecimiento todavía no se ha estancado”.

Es decir, desde la óptica económica del trabajo; se pude entender que un factor de la descomposición del tejido social está en la salida de las personas de sus hogares para dedicar más tiempo al trabajo y obtener un mayor ingreso para hacer frente a los requerimientos de subsistencia alimentaria, vivienda, educación, salud entre otros; aunque estos sigan siendo insuficientes.

Para ello podemos revisar estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México que fundamentan lo anterior:

La tabla anterior, se resume en que el poder adquisitivo de los salarios se depreció en un 80% con respecto a 1987.

Otro indicador que valida el argumento que las personas han salido de su hogar para trabajar y poder proveer lo mínimo para cubrir las necesidades básicas lo podemos ver en la siguiente tabla:

En la actualidad, se requiere más de un día de trabajo para poder comprar una canasta básica de alimentos y servicios.

En palabras de José Antonio Farías Hernández yGeorgina García Crispín en presentación del Dossier Didácticas para el servicio social:

“Restaurar el tejido social es una labor compleja, ardua y multidimensional que debe proyectarse a corto, mediano y largo plazos. Depende de cada uno de nosotros, y no sólo de las grandes acciones, sino más bien del día a día al promover la justicia social, la equidad de género, la sustentabilidad, los derechos humanos, la integración social, el libre desarrollo y el empoderamiento de las personas, sin importar su origen, género, edad, clase social, preferencia sexual, religión, situación económica o de salud”.

Parte de esta multidmensionalidad es que el trabajo debe adecuarse a las necesidades de no solo salariales sino de convivencia social, salud y tiempo de las personas. Centros de trabajos y patrones con un enfoque económico, pero también hacia las personas y sus familias. Esto no significa ser socialmente responsable.

Para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la calidad del empleo es un concepto intrínsecamente multidimensional relacionado con aquellas características del empleo que contribuyen al bienestar de los trabajadores. Esta institución en su informe Perspectivas económicas deAmérica Latina 2017 Juventud, competencias y emprendimiento, dice:

“El Marco de la OCDE para la Calidad del Empleo (Job Quality Framework) está estructurado en torno a tres dimensiones estrechamente relacionadas con la situación laboral de las personas: la calidad de las remuneraciones (una combinación de los ingresos medios y la desigualdad); la seguridad en el mercado laboral (que capta el riesgo de desempleo y de salarios extremadamente bajos); y la calidad del entorno de trabajo (medido en términos de la incidencia de la presión laboral o jornadas laborales muy largas).

Los países de América Latina analizados en OCDE (2015b) –Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México– presentan niveles de calidad del empleo (en la totalidad de las tres dimensiones analizadas) muy inferiores al promedio de la OCDE...”

Si comparamos al país más competitivo en América Latina de acuerdo al WFE y las horas trabajadas promedio reportada por la OCDE, podemos determinar una correlación Horas trabajadas al año/Productividad de las personas:

Elaboración propia con los datos de:

https://www.bbc.com/mundo/institucional-43872427

http://www3.weforum.org/docs/gcr2016-2017/05fullreport/thegloba lcompetitivenessreport2016-2017_final.pdf

Para reconstruir el tejido social se debe transitar en que las personas vuelvan a las calles y al hogar; porque la productividad no radica en permanecer muchas horas en el Centro del Trabajo; y las dinámicas actuales se orientan en permitir el “teletrabajo” o flexibilidad laboral.

d)Acceso al trabajo y movilidad urbana.

El Inegi en el conteo de Población del 2015, obtuvo la siguiente piramidal poblacional

Edad                                                       2015

                                                                  (%)

0-4                                                              4.5

5-09                                                            4.7

10-14                                                          4.8

15-19                                                          4.5

20-24                                                          4.4

25-29                                                          3.7

30-34                                                          3.5

35-39                                                          3.4

40-44                                                          3.3

45-49                                                          2.7

50-54                                                          2.4

55-59                                                          1.9

60-64                                                          1.5

65-69                                                          1.2

70-74                                                          0.9

75-79                                                          0.6

80-84                                                          0.4

85 y más                                                     0.3

Fuente: Inegi Encuesta Intercensal 2015

Como podemos ver la pirámide poblacional la edad en las personas económicamente activas o en edad de trabajar (a partir de los 15 años en adelante) en se está invirtiendo, cada vez son más las personas que envejecen a las que entran en la edad productiva; además de que la esperanza de vida se determina hasta los 75 años de edad. Asimismo, es de considerar que la edad mínima para la jubilación vigente es a los 65 años o para cesantía 60 a 64 años.

Las proyecciones señalan que para el 2050, la población mayor de 65 años en México se estima sea del 25%. Sin embargo, tanto el crecimiento de las ciudades en el futuro como la enorme necesidad de trabajar de las personas que superen los 65 años derivado de la situación financiera y proyectada para el Sistema de Pensiones del país obligará a que existan más fuentes de empleos, pero físicamente las personas difícilmente podrán tolerar 8 o más horas de trabajo e incluso más de seis días de trabajo.

Actualmente, se estima que en las grandes ciudades las personas requieren demasiado tiempo de traslado desde su vivienda a su centro de trabajo y viceversa. Tal como se muestra en el estudio del Inegi denominado “ Encuesta de origen destino en hogares de la ZMVM (EOD)” realizado en 2017:

• De los viajes que se realizan para ir al trabajo, el 36.6% duran hasta media hora; el 58.1% tardan de 31 minutos hasta 2 horas y, en el 5.3% de los casos, emplean más de 2 horas. En el caso de la Ciudad de México, 6 de cada 10 viajes tardan de 31 minutos a 2 horas, en tanto que, en los municipios conurbados, el 7.2 % de los viajes emplean más de 2 horas. Para regresar al hogar, el 55 % de los viajes duran menos de 30 minutos; el 40.7% tardan de 31 minutos hasta 2 horas, y el 3.8% se prolongan por más de 2 horas.

• En el caso de la Ciudad de México, 6 de cada 10 viajes tardan de 31 minutos a 2 horas, en tanto que, en los municipios conurbados, el 7.2 % de los viajes emplean más de 2 horas.

• Para regresar al hogar, el 55 % de los viajes duran menos de 30 minutos; el 40.7% tardan de 31 minutos hasta 2 horas, y el 3.8% se prolongan por más de 2 horas.

• Del total de viajes de los municipios conurbados, cerca de 2.25 millones (12.6%) se realizan hacia la Ciudad de México. En tanto que, del total de viajes de la Ciudad de México, 2.16 millones (13.3%) se realizan hacia los municipios conurbados.

Por lo que, si acumulamos los tiempos de entre 31 minutos a más de dos horas de viaje tanto de ida como de vuelta, las personas que perderían de una o más horas al día para acudir a su trabajo oscila entre el 45 al 63%.

Desde el punto de vista empresarial, se comienzan a escuchar propuestas en este sentido incluso más ambiciosas; tal como la del empresario Carlos Slim en entrevista para Bloomberg en la que insiste en reducir la jornada laboral a tres días y 33 horas semanales.

Es de señalar que, en esta Cámara de Diputados, se han presentado algunas propuestas en materia laboral para que se legisle en materia de teletrabajo, y similares a la presente; por ejemplo:

• Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las Leyes Federal del Trabajo, y Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, para establecer la semana de 40 horas de trabajo, con pago de 56 horas. Presentada por el diputado Isaías González Cuevas.

Por lo que la iniciativa presentada busca ir más allá y con esto atender la problemática presente como futura en el Derecho del Trabajo, así como de la situación económica y poblacional de largo plazo. Se tiene en la propuesta un enfoque transversal, y de vanguardia.

e) Experiencias internacionales

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya está realizando estudios al respecto y sobre la flexibilización del trabajo, como lo señala François Eyraud, director del Programa sobre Condiciones de Trabajo y Empleo de la OIT:

“Encontrar el equilibrio entre los requisitos empresariales y las necesidades de los trabajadores exigirá la formulación de políticas de tiempo de trabajo en las que se tengan en cuenta cinco elementos: la promoción de la salud y la seguridad, el apoyo a los trabajadores en el cumplimiento de sus responsabilidades familiares, el fomento de la igualdad de género, el impulso de la productividad y la facilitación de la elección y la influencia del trabajador en su jornada laboral”.

III. Fundamento legal de la iniciativa

A esta iniciativa les son aplicables diversas disposiciones contenidas en los marcos jurídicos siguientes:

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 123 Apartado A, Fracciones I, II y IV; Apartado B, Fracciones I, II y III todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de reducción de la jornada, semana de trabajo e incremento de los días vacacionales.

V. Ordenamientos a modificar

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

VI. Texto normativo propuesto

Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto para quedar como sigue:

Único. Se reforma el artículo 123 Apartado A, Fracciones I, II y IV; Apartado B, Fracciones I, II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

I. La duración de la jornada máxima será de siete horas.

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de seis horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores de dieciséis años;

III. (...)

IV. Por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el operario de dos días de descanso, cuando menos.

V. al XXXI. (...)

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

I. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de siete y seis horas respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas;

II. Por cada cinco días de trabajo, disfrutará el trabajador de dos días de descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro;

III. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de veinticinco días al año;

IV al XIV. (...)

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión dispondrá de hasta un año calendario a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las reformas correspondientes a las leyes aplicables en materia laboral.

Tercero. Los patrones, sean personas físicas o morales, no podrán por ningún motivo o circunstancia reducir el salario de sus actuales trabajadores; y en las nuevas contrataciones a partir de la vigencia del presente decreto no podrán ser menores a las que perciba los puestos similares existentes en las empresas o centros de trabajo.

Cuarto La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social vigilarán el cumplimiento de las disposiciones a partir de su entrada en vigor y los patrones dispondrán de un periodo de hasta seis años calendario posteriores a la entrada en vigor del presente decreto para implementar en su totalidad las reformas.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Ciudad de México. Enero 2019. Consultado el 12 de febrero de 2019 en:

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=4714

2 Organización Internacional del Trabajo. Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2018. Ginebra. 2018. Consultado el 22 de febrero de 2019 en:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-dgreports/—-dcomm/—- publ/documents/publication/wcms_631466.pdf

3 Tabla extraída de

https://www.inegi.org.mx/temas/pibmed/

4 Foro Económico Mundial. Índice Global de Competitividad 2016-2017. Suiza. 2016. Consultado el 12 de febrero de 2019 en:

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGloba lCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf

5 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi). El ABC de la productividad). Primera Reimpresión. Ciudad de México. 1996. Consultado el 14 de febrero de 2019 en:

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/pr od_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/1334/702825128630/70282 5128630.pdf

6 Cifras preliminares del 2017.

7 El Inegi, presenta las siguientes notas metodológicas:

El 2 de octubre de 2017 fueron revisados los Indicadores de Productividad Laboral, Costo Unitario de la Mano de Obra, Remuneraciones Medias Reales y sus respectivos componentes, referentes al Comercio al por mayor y Comercio al por menor, a nivel de sector, subsector y rama de actividad, correspondientes al segundo trimestre de 2017, los cuales fueron divulgados el 8 de septiembre del mismo año.

Dicha revisión se realizó con el propósito de incorporar adecuadamente en los cálculos de los indicadores señalados, los insumos generados por la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (índices de ingresos totales, personal ocupado, remuneraciones totales y remuneraciones medias).

Fuente: Inegi. Series calculadas por métodos econométricos a partir de la Encuesta Mensual Sobre Empresas Comerciales.

8 Véase.

https://www2.iberopuebla.mx/micrositios/cu2016/docs/reconstrucc ion.pdf

9 Cascante, Katia y Rodríguez, Érika. El impacto de la crisis sobre el tejido social solidario de España: efectos y reacción de las ONGD frente a la crisis. Fundación Alternativas. España, 2014. Consultado el 14 de febrero de 2019 en:

http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/laboratorio _documentos_archivos/df72561fe9888d37fef700ee63aae6b5.pdf

10 Universidad Nacional Autónoma de México. Introducción: La guerra contra las clases trabajadoras y sus condiciones de vida. Con el nuevo salario mínimo ¿avanzar o degenerar en barbarie? Centro de Análisis Multidisciplinario. México, 2018. Consultado el 14 de febrero de 2018 en:

https://cam.economia.unam.mx/1018-2/

11 Farías Hernández, José Antonio; García Crispín, Georgina. Didácticas para el servicio social. Universidad Iberoamericana. Consultado el 14 de febrero de 2019 en:

http://revistas.ibero.mx/didac/uploads/volumenes/21/pdf/DIDAC-6 7_FINAL_10dic_(1).pdf

12 OCDE/CEPAL/CAF (2016), Perspectivas económicas de América Latina 2017: Juventud, competencias y emprendimiento, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/leo-2017-es

13 Tabla extraída y consultada el 14 de febrero de 2018 en:

https://www.bbc.com/mundo/institucional-43872427

14 Instituto Mexicano del seguro Social.

http://www.imss.gob.mx/tramites/imss01002

15 Inegi. “Encuesta de origen destino en hogares de la ZMVM (EOD)”, 2017. Consultado en:

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/ 2018/EstSociodemo/OrgenDest2018_02.pdf

16 Organización Internacional del Trabajo. Consultado en:

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_075 267/lang—es/index.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.— Diputados y diputadas: José Ramón Cambero Pérez, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Ana Paola López Birlain, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Dulce Alejandra García Morlan, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Jacquelina Martínez Juárez, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Martín López Cisneros, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Lizbeth Mata Lozano, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Marcela Torres Peimbert, Martha Elena García Gómez, Martha Estela Romo Cuéllar, Miguel Alonso Riggs Baeza, Patricia Terrazas Baca, Ricardo Flores Suárez, Sarai Núñez Cerón, Sergio Fernando Ascencio Barba, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Vicente Javier Verastegui Ostos, Víctor Manuel Pérez Díaz, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa de decreto, por el que se declara el 11 de mayo como Día Nacional de la Ciencia Política, a cargo del diputado Alejandro Viedma Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Alejandro Viedma Velázquez, diputado federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción I del numeral 1, del artículo 6 y los artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, eleva a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 11 de mayo de cada año, como “El Día Nacional de la Ciencia Política”, al tenor de lo siguiente

La ciencia política en singular, como ciencia autónoma, surgió en la segunda posguerra del siglo XX, y con mayor precisión, en Estados Unidos de América (EUA), sin por ello ser necesariamente una ciencia estadounidense, pues fueron en gran medida científicos sociales europeos quienes, habiendo migrado a dicho país, aprovecharon las capacidades institucionales y las inercias científicas de aquellos años para sentar las bases de la disciplina. En América Latina, la ciencia política apareció débilmente en la misma época y sólo en algunos países; pasados unos años, inició un proceso de afirmación que en las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX fue truncado en varias naciones por la aparición de los nuevos autoritarismos y totalitarismos que llevaron al cierre de universidades y centros de investigación. Sólo con el retorno de la democracia reinició un profundo proceso de consolidación al interior de las universidades y de reconocimiento, fortalecimiento y diferenciación frente a otras disciplinas que la ha llevado a ser, ya en el Siglo XXI, una de las ciencias sociales con mayor desarrollo.

En nuestro país, la Ciencia Política es una disciplina científica en pleno crecimiento. Su presencia es cada vez más amplia en el estudio de la política. En los últimos diez años se ha distanciado de otras disciplinas, aunque cuidando su origen interdisciplinario, recuperó lo necesario de ellas para realizar estudios especializados. Y si bien es cierto que, la práctica de la politología se encontraba ligada a otras corrientes y pensamientos, como el de la sociología, el derecho y la economía; al paso de los años ha ido obteniendo una mayor autonomía, gracias a todas aquellas contribuciones que han ido alejando la idea de pensar a la ciencia política como una breve extensión de las ciencias sociales.

La ciencia política es para la formación de politólogos, es decir, profesionales especializados específicamente en la disciplina de la ciencia política; por lo que permite visualizar un completo acervo de conocimientos tocantes a la realidad social y la aplicación de ellos en situaciones concretas. La teoría y las prácticas políticas van juntas, formando una sola unidad, aunque mantienen entre sí la misma relación que los principios generales de cualquier ciencia, con el arte que los aplica a casos concretos.

En México, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), surgió inicialmente como Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales (ENCPS), el 13 de mayo de 1951; impartiendo las carreras de ciencias de la diplomacia, periodismo, ciencias políticas y ciencias sociales. En 1968 empezó a impartir maestrías y doctorados, con lo que pasó a ser reconocida como facultad, tomando el nombre con el que en este momento se le conoce.

En la actualidad, son múltiples las universidades mexicanas que imparten la licenciatura en Ciencias Políticas, entre las que destacan:

• El Centro de Investigación y Docencia Económicas;

• El Colegio de México;

• El Instituto Tecnológico Autónomo de México;

• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey;

• Universidad Anáhuac;

• Universidad Autónoma Metropolitana;

• Universidad Iberoamericana;

• Universidad La Salle;

• Universidad Mexicana;

• Universidad Nacional Autónoma De México; y

• Universidad Westhill.

Bajo un estudio realizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), titulado Anuario Estadístico Poblacional Escolar de Educación Superior, Técnico Superior y Licenciatura del ciclo escolar 2018-2019, se presentó un total de 4 mil 946 jóvenes egresados de la licenciatura en ciencia política o ciencias políticas y administración pública, a nivel República mexicana; en donde, 2 mil 920 son mujeres y 2 mil 26 son hombres. Este dato permite entender la importancia de reconocer a cada una y uno de éstos profesionistas, por su contribución e impulso para hacer de este país, un lugar mejor de análisis y estudio en temas tanto políticos, sociales como culturales.

Las complicadas condiciones del campo de trabajo no impiden que el politólogo siga teniendo opciones diversas en su desempeño profesional. Como siempre, tiene la posibilidad de actuar en la política, como parte del gobierno, de los partidos o de las instituciones políticas en general.

¿Quiénes son los politólogos?

Son los o las especialistas de la ciencia política que reciben la denominación en ingles de Political Scientist, que traducido al español significa científicos políticos, pero (con la conformación de esta) aparece un término más adecuado para denominarnos bajo el título de politólogos, que en palabras más palabras menos, son los protagonistas profesionales con conciencia social y pensamiento crítico, especialistas en la reflexión, el análisis y la práctica política.

¿Por qué el Día Nacional de la Ciencia Política el 11 de mayo de cada año?

Pensar en los politólogos más reconocidos para México, no es una tarea sencilla, pues existen grandes personalidades y académicos que son dignos de mencionar; sin embargo, la propuesta de esta iniciativa no tiene por objetivo conmemorar a un solo doctor en la materia, o alguna personalidad relevante para la política, ni tampoco hacer a título personal la celebración de esta ciencia. Más bien, se trata de ovacionar al gremio en general, aplaudir todo esfuerzo que ha sido aportado a la ciencia política desde cualquier individuo. Y sí, pensando en la ciencia política, desde su terminología en singular; porque, ésta no es una licenciatura en ciencias políticas que implica un conjunto indefinido de disciplinas o ámbitos de estudio sin especificar, ni es ambivalente en su denominación con otras disciplinas sociales como relaciones internacionales, administración pública, economía, sociología, historia o derecho; ni polivalente al nombrarse combinada con “ciencias sociales”, que es otro conjunto indeterminado, como se ofrece en algunos planes de estudio. Más bien, es una disciplina que a diferencia de las demás ciencias, se distingue por su particularidad en sus paradigmas; por ende, tal es el fundamento por el que esta iniciativa lleva el título de: “El Día Nacional de la Ciencia Política”.

En efecto, este día tendrá por finalidad, conmemorar un hecho de la ciencia política que enmarcó el camino hacia la luz de la cientificidad, la institucionalización y por supuesto, su autonomía propia: toda vez que el 11 de mayo de 1955, se comprende como el día en que por primera vez en la historia, el Estado mexicano le extiende a un estudiante universitario, Moisés Ochoa Campos, la oportunidad de presentar su defensa de tesis para nombrársele con el título prístino de grado como licenciado en ciencia política, lo que significó, el primer individuo capaz de llamarse a sí mismo y frente a otros “especialista de la política” (Politólogo).

Según consta en los registros escolares de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se realizó la defensa de la tesis de licenciatura La reforma municipal en México (Historia municipal de México), cuya autoría era del estudiante de la carrera de ciencias políticas, Moisés Ochoa Campos. Aprobada la presentación escrita mediante voto presentado ante el Consejo Técnico de la propia facultad, y con la firma del profesor Ángel Guerrero (quien se refiere al escrito como “digno de ser presentado para obtener el grado de doctor en ciencias políticas, siendo así que se presenta para optar solo por el de licenciado”), se procedió a integrar el jurado para la defensa oral de la tesis, mismo que quedó integrado por el entonces director de la facultad, el doctor Raúl Carrancá y Trujillo como su presidente; el profesor Francisco Ortega Ruiz, quien sería el vocal, y en calidad de secretario el eminente historiador don Luis González y González. La calificación de la réplica oral permitió al sustentante obtener la calificación de aprobado con mención honorifica.

No podía ser un acontecimiento menor, en virtud de que no sólo significó el primer examen presentado por un estudiante de la carrera de Ciencias Políticas, incluso lo fue para la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, apenas fundada cuatro años antes.

En síntesis, la celebración evocaría al hecho como la profesión y disciplina; no encaminada a una figura pública que pudiera ser cuestionada entre las distintas líneas ideológicas de los politólogos. Por lo que, sin restarle importancia, esta iniciativa; asimismo extiende un respetable reconocimiento a Emma Granados Tirado, por el importante papel que representó como la segunda egresada de la carrera. Quien, asimismo, simbolizó una figura de inspiración para muchas mujeres inmersas en las Ciencias Sociales, y en especial, para todas aquellas politólogas que el día de hoy siguen sus pasos.

Consideraciones

I. La ciencia política, es una de las ciencias sociales, o sea de las disciplinas científicas que se ocupan de estudiar y analizar las distintas relaciones de poder, así como los efectos que éste presenta ante la sociedad, la cultura y el hombre en su función social.

II. La política es una ciencia, por el hecho de ser una disciplina autónoma e independiente, con una estructura sistemática y teórica propia. La autonomía de la ciencia política se refiere a una reflexión particular sobre la política. Tiene el status científico porque ha alcanzado un nivel especializado sobre lo político, con un objeto de conocimiento autónomo respecto a otras disciplinas sociales. La ciencia política no es una ciencia especulativa, sino una ciencia fáctica que pretende validarse a partir de la contratación de sus enunciados con la realidad.

III. Un estudio realizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), titulado “Anuario Estadístico Poblacional Escolar de Educación Superior, Técnico Superior y Licenciatura del ciclo escolar 2018-2019”, presentó 4 mil 946 jóvenes egresados de la Licenciatura en Ciencia política o Ciencias Políticas y Administración Pública; donde, 2 mil 920 son mujeres y 2 mil 26 son hombres.

IV. Asimismo, los politólogos juegan un papel importante en la construcción de estudios científicos sobre democracia, partidos políticos, elecciones, formas de gobierno y de Estado, entre otros. Es por ello que se considera relevante e importante que cuenten con un día en el que se les reconozca.

V. Otro dato importante es que, actualmente son pocos los países que celebran o conmemoran el día del politólogo a nivel nacional, siendo estos los siguientes:

Del cual, a la fecha del Estado mexicano no es participe, pues no existe aún un día oficial para su conmemoración.

La Universidad Autónoma del Estado de México, celebra el 22 de junio el día del politólogo. Siendo la única institución pública que cuenta con un día institucionalizado para reconocer la labor de los licenciados en ciencia política.

En ese contexto, se considera relevante proponer que el 11 de mayo de cada año, como el Día Nacional de la Ciencia Política, para que se celebré en México a los politólogos, como una muestra de estima por las labores que realizan en la investigación, impartición y difusión de la cultura política en nuestro país.

Por las consideraciones expuestas, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que Congreso de la Unión declara el 11 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Ciencia Política”

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, declara el 11 de mayo de cada año, como el “Día Nacional de la Ciencia Política”.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Barrientos del Monte, Fernando (Editor) Historia y balance de la ciencia política en México, Tirant Lo Blanch, (Universidad de Guanajuato, México), 11.

2 Reveles, Francisco, La ciencia política en México hoy: ¿qué sabemos?, (Editorial UNAM y Plaza y Valdés, Segunda edición, México, 2015), 6.

3 Enciclopedia de la Política, “Ciencia Política”, 2018: Enciclopedia de la Ciencia Política de Rodrigo Borja,

http://www.enciclopediadelapolitica.org/ciencia_politica/

4 Mendieta y Núñez, Lucio, “Origen, organización, finalidades y perspectiva de la ENCPS”, en Revista Ciencias Políticas y Sociales, año I oct-dic. 1955, número 2, página 35.

https://www2.politicas.unam.mx/ces/?page_id=95

5 Universia.Net, “Las mejores universidades de México para estudiar Ciencias Políticas”, 21 de abril de 2016 en:

https://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2016/04/21/ 1138511/mejores-universidades-mexico-estudiar-ciencias-politicas.html

6 Obra citada, página 5.

7 Documento de información recopilada sobre la propuesta de modificación al plan y programas de estudios de la licenciatura en ciencia política, (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa), 14.

8 Obra citada, 12.

9 Wolin, S. Sheldon, (Ed.) Democracy. Vol. 1, núm. 3, (Julio 1981), pág. 6.

10 El dato de la fecha, así como de la integración del jurado y el resultado del examen se consigna en el libro de Francisco José Díaz Casillas (1991: 171). Recuperado de Alarcón, V. (enero-abril de 2016). Moisés Ochoa Campos (1917-1985) El primer politólogo mexicano. Nueva Época, Año LXI, número 226.

11 Bolívar Meza, Rosendo, “La política como Ciencia”, Revista UNAM, Estudios Políticos, núm. 28, Sexta época, septiembre-diciembre, (2001) www.revistas.unam.mx-index.php › rep article download

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.— Diputados y diputadas: Alejandro Viedma Velázquez, Alma Delia Navarrete Rivera, Carmen Medel Palma, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, Flora Tania Cruz Santos, Graciela Sánchez Ortiz, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Jannet Téllez Infante, Lidia García Anaya, Marco Antonio Carbajal Miranda, María Guadalupe Román Ávila, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, Martha Robles Ortiz, Nancy Yadira  Santiago Marcos, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Oscar Rafael Novella Macías, Socorro Bahena Jiménez, Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, Susana Cano González, Zaira Ochoa Valdivia (rúbricas).»

Alejandro Viedma Velázquez, diputado federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como las demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 419 Ter y 419 Quáter al Código Penal Federal, en materia de maltrato y crueldad animal, conforme a las siguientes:

Durante la última década nuestro país se ha visto perjudicado por los altos índices de violencia, mismos que no solo han afectado a los seres humanos, sino que también han afectado a los animales, a través de actos de maltrato y de crueldad animal, dañando el bienestar de los animal, si bien es cierto que nuestro país a tratado de regular estos actos, es insuficiente, por lo que la presente iniciativa tiene como objetivo incorporar los conceptos de maltrato y crueldad anima al Código Penal Federal para que puedan ser castigados como delitos.

La incorporación de los conceptos maltrato y crueldad animal se armoniza con la Ley General de Vida Silvestre, misma que regula la materia.

“Robert Ressler: ¿Cómo describirías tu fascinación por, bueno, por la desmembración (Dahmer se ríe) de animales? ¿me entiendes?

Jefrey Dahmer: Pues.... Uno fue un perro grande que encontré en la carretera. Iba a separar la carne, blanquear los huesos, reconstruirlos y venderlos. Pero no llegué a hacerlo. No sé cómo empecé a meterme en esto; es una afición un poco rara.

Robert Ressler: Me parece recordar que pusiste la cabeza en un palo y lo dejaste detrás de tu casa.

Jefrey Dahmer: Fue una broma. Encontré al perro y lo rajé para ver cómo era por dentro.

Después se me ocurrió que era divertido clavar la cabeza en una estaca y dejarla en el bosque. Llevé a uno de mis amigos y le dije que me lo había encontrado entre los árboles. Solo para darle un susto.

Robert Ressler: ¿Qué edad tenías entonces?

Jefrey Dahmer: Creo que dieciséis”

De los diálogos anteriores entre el “criminólogo” y perfilador de “asesinos”, Robert Ressler y Jefry Dahmer (el carnicero de Milwaukee), conmueve la forma en que relata un evento con el perro, pero más aún el saber que esta persona cobró la vida de veinte seres humanos. Estos hechos muestran la importancia respecto de la importancia del maltrato y crueldad contra los animales.

El derecho a la protección jurídica de los animales es un tema que se ha tornado controvertido, ya que, desde el punto de vista del derecho natural, los animales no pueden ser sujetos de derechos; más bien, la preocupación por crear un marco normativo que garantice el bienestar, atención y buen trato de los animales obedece a una corriente ius positivista.

El Reino Unido se caracteriza por ser pionero en legislar en el ámbito jurídico dotando de protección a los animales. En 1822 el Parlamento Británico aprobó la primera ley de protección animal, la Ley Richard Martin, tenía como objetivo principal, el prevenir el trato cruel e inapropiado del ganado; dos años después en Inglaterra, en 1824, se creó la primera sociedad protectora de animales del mundo, en 1849, 1854 y 1876 se castigaba con fuertes multas a todo aquel que dejara de dar de comer y beber a los animales encerrados y al que haga padecer inútilmente a los animales salvajes enjaulados. Además, exigía una licencia especial para la vivisección, exigiendo siempre que la muerte del animal por el hombre solo cuando esta sea inevitable, se produzca sin sufrimiento.

Otros países que adoptaron estas posturas y crearon otras sociedades protectoras de animales fueron: Irlanda, Alemania, Austria, Bélgica y Holanda, en1911, Inglaterra promulgó la ley de protección de los animales, misma que como su nombre lo indica tenía como objetivo proteger a los animales, pero el objetivo principal radicaba en la omisión o el incumplimiento de esta medida solo se podía sancionar si se determinaba que el animal había sufrido innecesariamente.

Para finales del siglo XX, las sociedades protectoras y las leyes que prohíben la crueldad existen en casi todos los países del mundo. En 2006, el Reino Unido promulgó la Ley de Bienestar Animal, la que, por primera vez, impone a los dueños de animales de compañía el deber de cuidado de los mismos. Esta ley obliga a satisfacer las necesidades básicas de sus animales de compañía como el agua o el alimento, impone la obligación de atención veterinaria y la de procurarles vivir en un entorno adecuado a sus necesidades.

“En el aspecto legal, la Unión Europea debe al Reino Unido algo tan importante como la creación del término científico “Bienestar Animal” la forma de aplicación del mismo a través de las llamadas cinco libertades y, en las últimas décadas, la inclusión del término “seres sentientes” como estándar de tratamiento de los animales, a los que se les reconoce su capacidad no sólo de experimentar dolor físico, sino sufrimiento, sino también placer y diversión. Es decir, la legislación de los últimos 40 años de la UE respecto de los animales (granja, experimentación, transporte, espectáculos), no se entendería sin la decisiva intervención y creatividad del Reino Unido.

El Gobierno Británico creó en 1965 el Farm Animal Welfare Advisory Committee, transformado en 1979 en Farm Animal Welfare Commitee, como órgano responsable del cumplimiento y desarrollo de las políticas de Bienestar Animal, sustanciadas en cinco principios que constituyen los estándares de Bienestar Animal y que se conocen con el nombre de las Cinco:

1. La ausencia de hambre y sed: mediante el acceso a agua potable y una dieta para mantener la salud y vigor.

2. La ausencia de la incomodidad: mediante la provisión de un entorno adecuado que incluya cobijo y una zona de descanso cómoda.

3. La ausencia de dolor, lesiones o enfermedades: mediante la prevención o el diagnóstico rápido y el tratamiento.

4. La libertad de expresar un comportamiento normal: mediante la provisión de un espacio suficiente, instalaciones adecuadas y la compañía de la propia especie del animal.

5. La ausencia de miedo y angustia: asegurando las condiciones y el trato que eviten el sufrimiento mental”

Adicionalmente, en 1978 se proclamó en París, sede principal de la UNESCO, la “Declaración Universal de los Derechos de los Animales”, que establece lo siguiente en su preámbulo:

“Todo animal posee derechos;

El desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales;

El reconocimiento por la especie humana de los derechos a la existencia de las otras especies de animales constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo;

Considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que siga cometiéndolo;

Considerando que el respeto hacia los animales por el hombre está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos;

La educación debe enseñar, desde la infancia, a observar, comprender, respetar y amar a los animales”

La presente iniciativa recoge el contenido de los artículos de la Declaración citada, que establecen lo siguiente:

“ Artículo 1. Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia.

Artículo 2.

a) Todo animal tiene derecho al respeto.

b) El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales.

c) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre.

Artículo 3.

a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles.

b) Si es necesaria la muerte de un animal, ésta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia.

Artículo 6.

a) Todo animal que el hombre ha escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural.

b) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante.

Artículo 9.

Cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado, sin que de ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor”

Una persona relevante en el movimiento de protección de animales en los Estados Unidos fue Henry Berg, quien promovió la defensa de los animales en temas como las corridas de toros, hasta la vivisección. Gracias a los esfuerzos de Berg, se fundó la primera sociedad protectora de animales en los Estados Unidos bajo el nombre de “Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales” en el estado de Nueva York en 1866.

En 2010 Estados Unidos, se aprobó una ley que prohibía la lucha contra los animales y solo criminalizaba la crueldad hacia los animales si los delincuentes creaban y vendían videos representando el acto. Aunque en este momento, los 50 estados tienen leyes en sus libros contra la crueldad animal a nivel estatal, el 6 de noviembre de 2019, el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica aprobó por unanimidad la Ley PACT (por sus siglas en ingles), misma que fue firmada por el presidente Donald Trump el día 26 del mismo mes, dicha ley establece que una persona puede ser procesada por aplastar, quemar, ahogar, sofocar o empalar animales o explotarlos sexualmente. Los condenados enfrentarían cargos federales por delitos graves, multas y hasta siete años de prisión. Con esta aprobación, las autoridades federales pueden perseguir a los infractores porque tendrán jurisdicción federal y no estarán sujetos a las leyes estatales. También pueden enjuiciar a criminales si la crueldad ocurre en propiedad federal. La legislación, que contiene excepciones para la caza, cuenta con el respaldo del Fondo Legislativo de la Sociedad Protectora de Animales, la Asociación Nacional de Sheriffs y la Orden Fraternal de la Policía.

En México, la protección jurídica de los animales es un tópico que ha adquirido mayor importancia en la última década. En la actualidad veintiocho estados de la República mexicana son los que sancionan el maltrato animal. La Ciudad de México regula en el artículo 350 Bis y 350 Ter del Código Penal para el Distrito Federal. Esto permitió que durante el 15 de noviembre de 2019la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Ciudad de México lograra el primer auto de vinculación a proceso en la materia, decretando prisión preventiva.

En este sentido, el objetivo de la presente iniciativa consiste en adicionarlos artículos 419 TER Y 419 QUÁTER al Código Penal Federal, con el objetivo de sancionar el maltrato y crueldad animal, así como regular aquellas conductas que resultan particularmente graves.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 419 ter y 419 Quáter al Código Penal Federal, en materia de maltrato y crueldad animal.

Único. Se adicionan los artículos 419 Ter y 419 Quáter al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo. 419 Ter. Se entenderá por maltrato animal todo hecho u omisión del ser humano, que pueda ocasionar dolor, deterioro físico, sufrimiento que afecte el bienestar, ponga en peligro la vida del animal, afecte gravemente su estado de salud o integridad física, así como la exposición a condiciones de sobreexplotación de su capacidad física con cualquier fin, se le impondrá pena de nueve meses a tres años de prisión y de cien a mil días multa.

La pena se incrementará hasta una mitad cuando las conductas sean cometidas por quienes tengan por encargo el manejo y cuidado de animales.

Se incrementará con prisión de dos a seis años y de mil a dos mil días multa cuando sean utilizados con fines de exportación de drogas o sustancias ilícitas.

Artículo. 419 Qúater. Se entenderá por crueldad animal todo acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya sea por acción directa, omisión o negligencia, se le impondrá pena de uno a cuatro años de prisión y de trescientos a tres mil días multa.

La pena se incrementará hasta seis años cuando se trate de animales exóticos y/o en peligro de extinción.

Se incrementará con prisión hasta cuatro años cuando los actos sean fotografiados o videograbados y difundidos por el autor.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Ressler, Robert K, Dentro del monstruo un intento de comprender a los asesinos en serie, (España: Alba, 2010), pp. 142 - 143.

2 Giménez Teresa. ‘” Brexit’ y los animales. El legado del Reino Unido al Derecho Animal”, Universidad Autónoma de Barcelona, 2016,

https://revistes.uab.cat/da/article/view/v7-n3-gimenez-candela- 2 (FECHA DE CONSULTA 6 de diciembre 2019).

3 Comisión Nacional de Áreas Naturales. Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, Protegidas

https://www.gob.mx/conanp/articulos/proclamacion-de-la-declarac ion-universal-de-los-derechos-de-los-animales-223028 (fecha de consulta 29 de noviembre de 2019).

4 INFOBAE. “Trump firmó la Ley PACT, que convierte la crueldad animal en un delito federal”, 26 de noviembre 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 5 de febrero de 2020.— Diputado Alejandro Viedma Velázquez (rúbrica).»

«Iniciativa de decreto, por el que se emite una moneda conmemorativa por los 200 años de los Tratados de Córdoba, a cargo del diputado Juan Martínez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Juan Martínez Flores, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se emite una moneda conmemorativa por los 200 años de los tratados de Córdoba, de conformidad con la siguiente:

La ciudad de Córdoba fue fundada por los españoles en 1618, con el objetivo de proteger a los intereses de la corona y a los súbditos leales de los ataques que realizaban en la ruta Veracruz-Orizaba-Córdoba los negros cimarrones.

El establecimiento de la población se realizó en las Lomas de Huilango por 30 jefes de familia, de ahí la histórica denominación de “La Ciudad de los 30 Caballeros”.

Durante la guerra de Independencia en 1821, los cordobeses hicieron resistencia a las fuerzas de la corona, en defensa del Plan de Iguala y del Ejército Trigarante; el 30 de julio desembarcó en Veracruz don Juan O’Donojú, virrey de la Nueva España, quien pudo percatarse de la situación por la que atravesaba el virreinato luego de 11 años de intensa lucha independentista, por lo que decidió pactar con el Ejercito Trigarante el fin de dicha guerra por la vía pacífica.

Después de intensas pláticas, el representante del rey español llegó a la conclusión, de que era irreversible la independencia mexicana. Por lo tanto, decidió evitar una ruptura total entre España y México, mediante la firma de estos convenios, en la Villa de Córdoba, Ver.

El 24 de agosto de 1821, se reunieron en la población cordobesa: Agustín de Iturbide, jefe del Ejército Trigarante y Juan O’Donojú, último virrey de la Nueva España, para firmar los Tratados de Córdoba, mediante los cuales se reconocía la independencia del país y se daba fin a la guerra.

Por este acontecimiento histórico de gran relevancia para la nación mexicana, El 24 de agosto de cada año, se festeja la firma de los “Tratados de Córdoba”, suceso ocurrido en 1821. La firma de este documento, contribuyó a dar legalidad a la independencia nacional.

Este documento consta de 17 artículos, entre los que se reconoce, por parte del representante del rey de España, Fernando VII, la independencia de México, con un gobierno monárquico moderado. Asimismo, manifiesta que dos representantes del último virrey, viajarán a España, a entregar una copia de los acuerdos al monarca; se acuerda la creación de una junta provisional gubernativa, en la que participaría O’Donojú, misma que elegiría un presidente, nombraría una regencia compuesta por tres personas, convocaría a cortes para poder crear el poder Legislativo, y finalmente, facultaría al jefe del Ejército Trigarante, a imponer dichos acuerdos.

De acuerdo con estos tratados se nombró una junta provisional gubernativa conforme al espíritu del plan de Iguala, encargada de gobernar interinamente mientras las cortes formaban la constitución del estado; nombró una regencia y convocó una corte conformada por 38 integrantes entre militares, religiosos y políticos para instituir un poder legislativo; la importancia de estos tratados, radica en que son el reconocimiento del representante del rey de España, a la independencia de la Nueva España, y contribuyen a dar legalidad al nuevo Estado Mexicano.

Con la firma de este histórico documento, se dio el primer paso para la creación de la nación mexicana iniciando así, la autodeterminación del pueblo mexicano.

El próximo 24 de agosto de 2021 se conmemorarán los 200 años de la firma de los “Tratados de Córdoba”, acontecimiento de trascendencia histórica, social y política para el estado mexicano; ya que representa una oportunidad para resaltar los hechos históricos que nos dieron patria y fomentar nuestros valores y sentido de pertenencia como mexicanos.

En este sentido es que propongo ante esta soberanía el presente proyecto de decreto para que, de acuerdo a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, el Banco de México emita una moneda conmemorativa exclusivamente de colección y cuyo diseño sea acorde a la celebración.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se emite una moneda conmemorativa de colección por los 200 años de los Tratados de Córdoba.

Único. Se emite una moneda conmemorativa de colección por los 200 años de los Tratados de Córdoba.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 24 de agosto de 2021, fecha en que se celebrará los 200 años de Los Tratados de Córdoba.

Segundo. Dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Banco de México emitirá las bases y la convocatoria que se refiere a las características de la moneda conmemorativa para su reverso.

Tercero. La moneda conmemorativa a que se refiere el presente decreto se acuñará a los 90 días naturales posteriores a la fecha límite de entrega del diseño del reverso de dicha moneda.

Cuarto. Corresponderá a la Casa de Moneda de México diseñar el reverso de la moneda y deberá ser acorde con la celebración de dicha conmemoración.

Quinto. Corresponderá al Banco de México todo derecho de propiedad intelectual o industrial derivado de la acuñación de la moneda conmemorativa

Nota:

1 http://www.archivohistorico2010.sedena.gob.mx/fichashistoricas/tratados-de-cord oba

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.— Diputados y diputadas: Juan Martínez Flores, Flora Tania Cruz Santos, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Jannet Tellez Infante, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta García Zepeda, Lidia García Anaya, Marco Antonio Carbajal Miranda, Susana Beatriz Cuaxiola Serrano, Susana Cano González, Zaira Ochoa Valdivia (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Reyna Celeste Ascencio Ortega, en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

El objeto de esta propuesta legislativa es que exista fundamento constitucional de que el Estado Mexicano tiene el mandato de promover el desarrollo integral de los jóvenes y para tales efectos se faculta expresamente al Congreso de la Unión a expedir una ley de carácter general en esa materia, asimismo se establece el mandato para los Entidades Federativas para que armonicen su legislación conforme a las bases y principios que establezca la ley general en dicha materia.

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre el texto vigente de la Constitución Política y la propuesta de reformas correspondiente a esta iniciativa:

Entre las razones que sostienen y justifican este proyecto se encuentran:

Es necesario que exista fundamento constitucional expreso para promover el desarrollo integral de los jóvenes, ya que al establecerse en forma explícita el citado deber constitucional, éste resultará ineludible para las autoridades mexicanas, por lo que tendrán que realizar las acciones encaminadas a cumplir con la finalidad constitucional impuesta.

El desarrollo integral de los jóvenes debe entenderse como un deber progresivo, donde el Estado Mexicano tiene la responsabilidad de constituir un proceso integral y continuo para la creación de un orden económico y social justo, y que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral, y que para lograr dichos objetivos deben dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de diversas metas básicas.

Se trata de adecuaciones que buscan dar sencillez y concreción al texto constitucional, de ahí la expresión propuesta: “El Estado promoverá el desarrollo integral de los jóvenes”, misma que no persigue establecer una norma constitucional extensa compleja y/o abigarrada, ya que si se establecen una serie de previsiones específicas, las mismas pueden resultar rebasadas por la realidad, en consecuencia esta iniciativa busca una redacción sencilla y entendible para la población en general, sin el exceso de definiciones o conceptos técnicos que alejan del entendimiento común, el sentido que deben tener las normas constitucionales.

Bajo tal tesitura, se busca que la norma constitucional contenga una concepción amplia -de “textura abierta”- para la protección de los jóvenes, y que sea en el ámbito de la legislación secundaria, así como en disposiciones administrativas y programáticas que se establezcan los detalles y pormenores que permitan hacer efectivo el cumplimiento del mandato constitucional.

De nada sirve un texto constitucional sobrecargado de conceptos o programas específicos, ya que al incurrir en ello se pierde la generalidad de la norma constitucional, de ahí que la propuesta de adición de un último párrafo al artículo Cuarto Constitucional resulte tan concisa y sucinta.

En seguimiento, con la redacción propuesta queda muy claro el mandato del Estado Mexicano para promover el desarrollo integral de los jóvenes, asimismo la modificación guarda congruencia y sistematicidad con otras disposiciones del texto constitucional que utilizan el concepto “ jóvenes”, de ahí que la adecuación es acorde con otras normas constitucionales previamente vigentes, lo que da coherencia terminológica y unidad al texto fundamental.

A efecto de acreditar lo anterior, podemos advertir que en el texto vigente constitucional, tanto en el artículo 2, apartado B, Fracción VIII y en el artículo 3 en su cuarto párrafo, se utiliza el concepto “jóvenes”, veamos

Artículo 3. ...

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos.

...

Artículo 2. ...

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes;

Énfasis añadido

Se insiste que la redacción constitucional debiese aspirar a sencillez y claridad, dejando fuera reiteraciones, evitando una sobreabundancia de términos y conceptos en la Constitución, por lo que si bien se reconoce que existen cierta tendencia discursiva para referirse a categorías tales como personas jóvenes o juventudes se estima que deben unificarse para evitar equívocos, de tal modo, que en opinión de esta promovente se deben dejar atrás “discusiones terminológicas” sobre si es “juventud” o “juventudes”, además de que resulta reiterativo hablar de “personas jóvenes”, ya que todo joven es persona; expresando que una discusión terminológica no debe constituir un obstáculo que impida avance una reforma constitucional que fundamente la emisión de una Ley general de carácter concurrente para los jóvenes.

Asimismo, no sólo se requiere la atribución expresa del Estado de apoyar el desarrollo integral de los jóvenes, sino que la reforma constitucional debe además dar las bases que fundamenten la emisión de una ley concurrente en esta materia, de ahí que se proponga facultar expresamente al Congreso para legislar en este rubro en el Artículo 73 constitucional.

Actualmente, el Congreso de la Unión no tiene atribuciones expresas para emitir una ley concurrente que articule y homologue una política pública de atención a los jóvenes, por lo que la causa de pedir es que exista la atribución explicita para legislar en la materia.

De tal modo, buscamos que haya absoluta claridad en el texto constitucional que reconozca expresamente la facultad legislativa para poder expedir una ley de carácter general, que tenga por objeto uniformar y articular los esfuerzos institucionales en los tres órdenes de gobierno como un mandato directo de la Constitución, sirva de apoyo a lo anterior la tesis aislada P. VII/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 5 del Tomo XXV de abril de 2007, cuyo rubro y texto se transcribe:

Leyes generales. Interpretación del artículo 133 constitucional.

La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la “Ley Suprema de la Unión”. En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales.

Es importante señalar que al no existir un ordenamiento general –concurrente de facultades- que otorgue armonización y uniformidad en la materia, deja de existir unidad y coherencia en la atención pública a los jóvenes de México, cuando precisamente se requiere una política clara en este ámbito.

Precisamente ese es el objeto de una ley general concurrente, que es dar unidad y congruencia a la atención de una materia tanto por el ámbito federal como en el ámbito local, ya que las denominadas “leyes generales”, se dan con la finalidad de unificar las normas jurídicas en una materia en particular, las medidas de protección, atención y asistencia, así como la distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno.

Cabe mencionar que la actual Ley del Instituto Mexicano de la Juventud es de carácter orgánico y solo en el ámbito federal, en consecuencia su alcance se limita a una dependencia federal, cuando la política pública en materia de jóvenes debe ser integral y concurrente de ahí la necesidad de una ley general, de tal manera que bajo el régimen jurídico actual existen diversos tratamientos para los jóvenes según se trate de la legislación de cada Entidad Federativa.

Por otra parte, la referida Ley del Instituto Mexicano de la Juventud tampoco enuncia los derechos y prerrogativas de los jóvenes, por lo que también resulta pertinente que exista un ordenamiento que contenga una parte dogmática de reconocimiento de derechos, y que a la vez constituya un ordenamiento que articule los esfuerzos en los tres órdenes de gobierno, que de igual modo serviría de oportunidad para relanzar al Instituto Mexicano de la Juventud en cuanto a una revisión de su estructura y poder satisfacer sus necesidades institucionales.

Asimismo, es oportuno resaltar que desde hace al menos dos décadas se han iniciado procesos de reforma constitucional en materia de jóvenes, pero hasta el momento no han transitado en el proceso legislativo, de ahí que destaco que el actual Gobierno está decidido a impulsar la reforma constitucional en materia de jóvenes, por lo que se cumpliría un compromiso histórico en esta materia.

En otro sentido, se señala que es entendible que la definición constitucional para la atención de un sector de la población –como serían los jóvenes–, implica recursos presupuestales para su cometido, pero se aclara que la intención es plasmar una atención progresiva o gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos de cada anualidad, además de que se deben utilizar los recursos y capacidades institucionales actuales, ya que un principio de este régimen de gobierno es la austeridad republicana, por lo que el eventual proyecto de Ley General se ajustará a tales principios.

Ahora bien, como se aprecia esta propuesta legislativa propondría en el artículo 4 constitucional se asentaría un mandato dogmático o sustancial, mientras que en el artículo 73 de la Constitución se establecería la atribución expresa para el Congreso de la Unión para legislar en la materia.

En cuanto a las disposiciones transitorias se propone que la reforma constitucional entre en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y se propone que el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General a que se refiere la fracción XXIX-P del artículo 73 n en materia de jóvenes, en el plazo de un año, a partir de la publicación del decreto, la cual deberá incluir disposiciones que determinen los alcances del presente decreto, y que permitan dar cumplimiento gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos que correspondan. De igual modo, en el apartado de transitorios se dispone que las Legislaturas de las entidades federativas realizarán las adecuaciones normativas en su ámbito de competencia.

Por otra parte, para entender los alcances de esta reforma, se manifiestan algunos datos en relación a la situación que guardan los jóvenes en México, nos permitimos citar el siguiente análisis que resume el estado que guarda este rubro:

“ La realidad de la juventud en México: pobreza, discriminación e incumplimiento de sus derechos

La mitad de los jóvenes en México viven en condiciones de pobreza y otra gran parte ha sido víctima de discriminación y no goza de los derechos básicos en educación y salud.

De los casi 40 millones de jóvenes que habitan en México casi la mitad de ellos vive en condiciones de pobreza, ha sido víctima de algún acto de discriminación o se le ha impedido el reconocimiento de sus derechos.

En el marco del Día de la Juventud que se conmemora este domingo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) dio a conocer las cifras que revelan el panorama que atraviesa la juventud mexicana en materia de acceso a derechos y falta de oportunidades.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), en México hay 37.5 millones de jóvenes entre los 12 y 29 años, los cuales representan el 31.4 por ciento de la población. Entre estos, 6.8 millones tienen entre 12 y 14 años; 10.8 millones entre 15 y 19 años; 10.7 millones entre 20 y 24, y 9.3 millones entre 25 y 29 años.

Según el Conapred el problema principal de los jóvenes en México es que casi la mitad de la población total vive en situación de pobreza. Y es que para 2014 17.5 millones de personas jóvenes (47.1 por ciento del total) estaban en situación de pobreza, de las cuales 13.9 millones (36.6 por ciento) viven en pobreza moderada y 3.6 millones (9.7 por ciento) en pobreza extrema. Para 2016 el Coneval informó que el porcentaje de jóvenes en situación de pobreza disminuyó a 44.3 por ciento, de los cuales el 36.9 por ciento se encontraba en pobreza moderada y el 7.3 por ciento en pobreza extrema.

Resalta el Conapred que 19.7 millones de jóvenes tienen ingresos menores a la línea de bienestar económico (es decir 2 mil 542 pesos mensuales en las ciudades y mil 614 pesos al mes en el campo).

Aunado a la pobreza, la discriminación es un tema prioritario para atender pues cada vez más jóvenes en México son discriminados por diversas situaciones, entre ellas, su condición social, su apariencia física (ligada a su condición económica), la escuela donde estudiaron, el lugar donde viven, o incluso sus publicaciones en redes sociales.

Esta condición convierte a las y los jóvenes en un sector altamente vulnerable pues “se les percibe como amenaza para la cohesión social”, excluyéndolos de espacios y oportunidades laborales o educativas, e impidiéndoles el reconocimiento pleno de sus derechos, especialmente los sexuales y reproductivos.

Por ello es que un alto número de jóvenes en el país se mantienen en la pobreza o no pueden ascender socialmente. Con base en estas cifras, el Conapred plantea una serie de temas prioritarios a atender para revertir la situación.

Explican que el Estado debe centrarse en combatir la pobreza y marginación mediante “el acceso a un empleo formal, bien remunerado y con prestaciones; acceso a servicios de salud y educación de calidad en todos los niveles de atención, y el combate a la violencia en hogares, escuelas y comunidades (principalmente el crimen organizado, la delincuencia común y la trata de personas)”.

A lo anterior deben emprenderse otras acciones como la prevención del embarazo adolescente y la atención del mismo, que puede derivar en la interrupción legal del embarazo, deserción escolar, exclusión social, laboral y médica.

Con relación a las condiciones de vida de los jóvenes, el Conapred detalla que el 64 por ciento de quienes no son jefes o jefas de hogar vive con ambos padres; el 23 por ciento solo con su madre; 3 por ciento solo con su padre, y 10 por ciento vive con uno o más parientes adultos (abuelos o abuelas, tíos o tías, padrastro, madrastra, hermanos o hermanas, primos o primas).

Respecto a la violencia intrafamiliar, cifras de 2014 del Inegi revelan que en la mitad de los hogares donde viven personas jóvenes, se identificaron conflictos o peleas.

Mientras que en el tema educativo, el mismo Inegi destaca que casi la totalidad de personas jóvenes en el país (98.4 por ciento) saben leer y escribir, pero el Conapred señala que poco menos de la mitad de quienes tienen entre 15 y 24 años (46.1 por ciento) asisten a la escuela. Es decir aunque existe una amplia cobertura de la educación básica, al buscar un crecimiento educativo los jóvenes se estancan.

La situación no es tan distinta en temas de salud. Del total de los jóvenes del país, apenas un tercio (32.3 por ciento) tiene acceso al ISSSTE, al IMSS, a los servicios de salud de PEMEX u otros similares.

Esta situación, entre otras muchas cosas, se ve reflejada en la corta edad en que las y los jóvenes inician su vida sexual. Según el Inegi, la mitad de las mujeres del país en edad fértil inició su vida sexual a los 18 años de edad. De éstas el 54.5 por ciento de entre 15 a 19 años dijo haber utilizado, ella o su pareja, algún método anticonceptivo en la primera relación sexual. Tan solo entre 2008 y 2011, el 18.9 por ciento de los embarazos registrados se dio entre adolescentes de 15 a 19 años.

Carencias sociales y falta de oportunidades

El mismo documento resalta que del total de la juventud, 24.9 millones (67.3 por ciento) no tienen acceso a la seguridad social; 9.1 millones (24.6 por ciento) a alimentación; 8.2 millones (22.2 por ciento) a servicios básicos en la vivienda, y 8.3 millones (22.5 por ciento) a los servicios de salud.

En tanto que alrededor de 5.4 millones de jóvenes no tienen la oportunidad de estudiar ni de trabajar. De esta cifra, la mayor parte (91.2 por ciento) son mujeres e incluso se encuentran en esta situación principalmente por tener que cuidar a alguien o dedicarse a los quehaceres del hogar.

Entre los jóvenes de 18 a 29 años que son económicamente activos existe una brecha de género pronunciada: mientras que ocho de cada diez hombres jóvenes percibe ingresos (78 por ciento), poco menos de la mitad de las mujeres jóvenes (45.9 por ciento) lo hace.

Estigmatizados y discriminados pero inclusivos

En México tres de cada diez jóvenes refieren haber sido discriminadas por su edad al menos una vez durante los últimos cinco años, y reportan como principales ámbitos de exclusión la calle o el transporte público, así como el trabajo o la escuela. El 17.5 por ciento afirma haber sido discriminado en las redes sociales.

A pesar de ser víctimas de esta situación las y los jóvenes son quienes tienen mayor conciencia sobre la manera en que se discrimina en México, y muestran mayor apoyo hacia políticas por la inclusión. Por ejemplo, el 75 por ciento de las personas entre 18 a 29 años está a favor del matrimonio igualitario, y 57.6 por ciento a favor de la adopción homoparental.

Entre 2012 y junio de 2018, el Conapred calificó 192 expedientes como presuntos actos de discriminación relacionados con personas jóvenes. La mayor parte de estos casos se registraron en el ámbito educativo o en el laboral, y respondieron sobre todo a motivos como la apariencia física y la discapacidad. Entre los derechos vulnerados, el más frecuente fue el trato digno (68 por ciento), seguido por la educación (60 por ciento) y la igualdad de oportunidades (30 por ciento).

Aún queda mucho por hacer

Aunque el Conapred resalta algunos de los esfuerzos del Estado enfocados en mejorar la calidad de vida de los jóvenes, como la creación del IMJUVE y el Plan Nacional de Juventud (PNJ) 2014-2018, considera que el desafío más importante para el gobierno mexicano será “combatir las causas de la pobreza entre las personas jóvenes mediante estrategias integrales”.

Esto, plantean, deberá hacerse específicamente en tres ámbitos: acceso a empleo formal y bien remunerado; combate a la deserción escolar (especialmente en bachillerato), y calidad de servicios médicos y educativos.

En el tema laboral señalan que actualmente no hay una estrategia integral de inclusión laboral dado que solo hay programas con alcances limitados, que reproducen la precariedad generalizada del empleo en México.

Para combatir la deserción escolar se necesitan acciones integrales enfocadas en los problemas económicos de hogares donde viven las y los jóvenes; cambiar la percepción de que es más útil dedicarse a otras actividades no educativas; atender los entornos de violencia en hogares y escuelas y, en el caso de las jóvenes, atender la problemática de los embarazos adolescentes.

Finalmente, es necesario mejorar los servicios de salud y educación “para que la política social cumpla con romper la reproducción intergeneracional de la pobreza”. No basta con que las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a la educación y a los servicios médicos si esa educación no aumenta lo suficiente su capital humano y los servicios de salud no cubren padecimientos que pueden comprometer su desarrollo.

Desde 2013, la “Evaluación transversal de políticas y programas para el desarrollo de la juventud en México” reveló la necesidad de crear una política integral para los jóvenes que reconozca y proteja los derechos de las personas jóvenes, especialmente, los sexuales y reproductivos.”

Énfasis añadido

Como se aprecia el reto es enorme, se trata de rescatar a toda una generación de jóvenes, darles sobre todo trabajo y esperanza, que se sientan incluidos en el proyecto de Nación, en el que su participación es de la mayor relevancia para sacar adelante al país, de ahí la necesidad de que exista el reconocimiento constitucional expreso para los jóvenes y se sienten las bases legales para su desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ÚNICO. Se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

El Estado promoverá el desarrollo integral de los jóvenes.

Artículo 73. ...

I. a XXIX-O. ...

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos, así como en materia de jóvenes, cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte;

XXIX-Q a XXXI. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General a que se refiere la fracción XXIX-P del artículo 73 de esta Constitución en materia de jóvenes, en el plazo de un año, a partir de la publicación del presente decreto, la cual deberá incluir disposiciones que determinen los alcances del presente decreto, y que permitan dar cumplimiento gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos correspondientes.

Tercero. Las Legislaturas de las entidades federativas, realizarán las adecuaciones normativas necesarias para cumplir con los fines establecidos en el presente decreto, dentro de los seis meses siguientes a la expedición de la Ley General a que se refiere el artículo segundo transitorio de este decreto.

Notas

1 Así se interpretó por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el concepto de desarrollo integral de acuerdo a la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 108/2017 correspondiente a la décima época del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto se transcribe a continuación:

Renta. Los artículos 44 y 45, párrafo segundo, fracción VII, de la Ley del Impuesto Relativo, no Transgreden el Derecho a un Desarrollo Integral.

Los preceptos citados, al establecer, respectivamente, que las personas morales determinarán, al cierre de cada ejercicio, el ajuste anual por inflación, y que no se considerará como crédito al “efectivo en caja”, para efectos de dicho ajuste, no transgreden el derecho a un desarrollo integral reconocido por los artículos 33, 34 y 45 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en relación con el diverso 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues conforme a la Carta aludida, el desarrollo es responsabilidad de cada país y debe constituir un proceso integral y continuo para la creación de un orden económico y social justo, y que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral, y que para lograr dichos objetivos deben dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de diversas metas básicas, entre ellas, la creación de sistemas impositivos adecuados y equitativos; entendiendo al sistema impositivo, como el orden jurídico tributario en su integridad, es decir, como un conjunto organizado de normas percibido como un resultado total. Así, el derecho al desarrollo integral se refiere a un aspecto distinto al hecho de reconocer al “efectivo en caja” un efecto inflacionario y, para ese fin, si debe o no integrarse en el ajuste anual por inflación; más bien lo que pretenden tutelar las citadas disposiciones internacionales es la creación de órdenes jurídicos que comprendan el cúmulo de derechos, obligaciones y procedimientos que conforman el sistema fiscal de un Estado.

2 La realidad de la juventud en México: pobreza, discriminación e incumplimiento de sus derechos

https://www.animalpolitico.com/2018/08/dia-de-la-juventud-pobre za-discriminacion/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil veinte.— Diputadas y diputados: Reyna Celeste Ascencio Ortega, Adela Piña Bernal, Alejandro Viedma Velázquez, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, Flora Tania Cruz Santos, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Jannet Tellez Infante, José Mario Osuna Medina, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta García Zepeda, Lidia García Anaya, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, Marco Antonio Carbajal Miranda, Nancy Yadira Santiago Marcos, Oscar Rafael Novella Macías, Simey Olvera Bautista, Susana Beatriz Cuaxiola Serrano, Susana Cano González, Zaira Ochoa Veldivia (rúbricas).»

«Intervención entregada a la Mesa Directiva, por el diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz.

Estimadas diputadas y estimados diputados:

Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves, estos circulan entre humanos y animales.

Lo preocupante es que en ocasiones los coronavirus que infectan a los animales pueden evolucionar, transmitirse a las personas y convertirse en una nueva cepa de coronavirus capaz de provocar enfermedades en los seres humanos, como sucedió con el síndrome respiratorio agudo severo en Asia, en febrero de 2003 y el síndrome respiratorio de oriente medio que fue detectado por primera vez en Arabia Saudita en 2012.

Sin embargo, los' nuevos dos coronavirus humanos mencionados han causado enfermedad grave con mayor frecuencia y de mayor trasmisión y con la facilidad contacto directo entre animales y humanos (zoonosis), o simplemente por el aire y peor aún se ha confirmado que el nuevo coronavirus que se puede transmitir de persona a persona.

A efecto de evitar una problemática severa de salud pública, exhorto a las autoridades a reforzar campañas informativas para disminuir los riesgos.

Es cuanto presidenta...

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2020.— Diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz (rúbrica).»