«Iniciativa que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Carmina Yadira Regalado Mardueño, diputada en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad alimentaria, al tenor de los siguientes:

El derecho a los alimentos no es nuevo, en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 de las Naciones Unidas se hizo el reconocimiento de este derecho humano. En 1996, se adoptó de manera formal marcando un hito en los resultados obtenidos por los delegados asistentes a la Cumbre Mundial sobre la Alimentación.

En México, a pesar de ser uno de los países que han reconocido los derechos económicos, sociales y culturales, en nuestra Carta Magna, no existe hasta el momento una base sólida en la que el Estado contribuya a una consolidación de instrumentos necesarios para la protección alimentaria de la sociedad.

A pesar de lo anterior, México ha suscrito diversos tratados internacionales en la materia, dentro de los cuales destaca el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que en el artículo 11, dispone lo siguiente:

Artículo 11

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

2. Los Estados partes en el presente pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para:

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.

De lo anterior, se desprende que “el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente a la persona humana y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos”.

La Convención sobre los Derechos de los Niños, establece en su artículo 24, numeral 2, incisos c) y e) que los Estados que han firmado la Convención deben adoptar medidas para que ningún niño sufra malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente”, así como para “asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene, el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos”.

Artículo 24

1. Los Estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos;

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la educación y servicios en materia de planificación de la familia.

3. Los Estados partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños.

4. Los Estados partes se comprometen a promover y alentar la cooperación internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

En nuestro país, a pesar de que se han firmado y ratificado diversos tratados internacionales, el nivel o incidencia de la pobreza y de alimentación es bajo, toda vez que las aplicaciones de las políticas públicas del modelo neoliberal han sido erróneas. Las inadecuadas políticas agropecuarias, el cierre de fertilizantes mexicanos, de la Productora Nacional de Semillas, de la extensión agrícola, el seguro y el crédito agrícola, y la escasa inversión en investigación, llevaron al país, a la crisis alimentaria de México más grave de su historia, con importaciones cada año de 16 millones de toneladas de maíz, 5 de trigo, 85 por ciento de arroz, 97 por ciento de soya y 400 mil toneladas de frijol, con la consiguiente fuga de divisas, abandono del campo, y crisis en la cantidad y calidad de la alimentación de los mexicanos. Los gobiernos neoliberales apostaron por importar en lugar de producir en el país, y abandonaron el campo y los apoyos a la investigación nacional.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), realiza la medición de la pobreza por ingreso, definiéndola en tres niveles de pobreza alimentaria:

• Pobreza alimentaria: incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar en comprar sólo los bienes de dicha canasta.

• Pobreza de capacidades: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para estos fines.

• Pobreza de patrimonio: insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.

En 2013, de acuerdo a este organismo, en pobreza alimentaria extrema se encontraban 7.4 millones de mexicanos. La mayoría de las personas que se encuentran en esta condición viven en los estados de Chiapas, México, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero.

En México la situación alimentaria presenta índices de subnutrición, deficiencia calórica de la población vulnerable y desnutrición en sus distintos niveles en infantes con niveles regulares en comparación con otros países de la región.

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el porcentaje de personas sub nutridas en nuestro país corresponde a un 5 por ciento de manera sostenida en los últimos 15 años, éste no debe entenderse como un indicador favorable, ya que en términos reales el número de personas ha aumentado.

La FAO, a través de diversos foros e investigaciones sobre Seguridad Alimentaria, han logrado integrar el concepto, siendo este el más aceptado por los intelectuales en el tema y los países integrantes de la ONU.

En razón de lo anterior, el concepto de seguridad alimentaria es el que sigue: “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996)”.

Esta definición, señala las siguientes dimensiones de la seguridad alimentaria:

Disponibilidad de alimentos: la existencia de cantidades suficientes de alimentos de calidad adecuada, suministrados a través de la producción del país o de importaciones, comprendiendo así, la ayuda alimentaria.

Acceso a los alimentos: acceso de las personas a los recursos adecuados (recursos a los que se tiene derecho) para adquirir alimentos apropiados y una alimentación nutritiva. Estos derechos se definen como el conjunto de todos los grupos de productos sobre los cuales una persona puede tener dominio en virtud de acuerdos jurídicos, políticos, económicos y sociales de la comunidad en que vive.

Utilización: Utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas. Este concepto pone de relieve la importancia de los insumos no alimentarios en la seguridad alimentaria.

Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona deben tener acceso a alimentos adecuados en todo momento. No deben correr el riesgo de quedarse sin acceso a los alimentos a consecuencia de crisis repentinas, como por ejemplo, una crisis económica o climática, ni de acontecimientos cíclicos, como la inseguridad alimentaria estacional. De esta manera, el concepto de estabilidad se refiere tanto a la dimensión de la disponibilidad como a la del acceso de la seguridad alimentaria.

Actualmente, con la entrada de la Cuarta Transformación, en la búsqueda de promover el desarrollo de los pequeños y medianos productores, buscar la autosuficiencia alimentaria en los cuatro granos básicos (maíz, trigo, arroz, frijol) y leche, fomentar el desarrollo económico y social del país, así como incrementar la productividad y bienestar tanto de las comunidades rurales como de las zonas más necesitadas del país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2019 creó el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Este organismo tiene como objetivo favorecer la productividad agroalimentaria, su distribución en beneficio de la población más rezagada del país y brindar alimentos de calidad nutricional, a precios accesibles, cumpliendo finalmente con los tratados firmados por el estado mexicano en esta materia.

Segalmex, cuenta con las siguientes facultades:

• Coordinar la adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía que favorecerán a los pequeños y medianos productores nacionales.

• Vender y distribuir fertilizantes, semillas mejoradas o cualquier otro producto que contribuya a elevar la productividad del campo mexicano.

• Promover tanto la industrialización de alimentos básicos, leche y sus derivados como la comercialización de los excedentes de la producción agroalimentaria dentro y fuera del país.

• Promover la creación de micro, pequeñas y medianas empresas privadas asociadas a la comercialización de productos alimenticios.

• Apoyar las tareas de investigación científica y desarrollo tecnológico que se encuentren vinculadas con su objeto y que sean promovidas por la Sader.

Dentro de los programas que ha establecido Segalmex, se encuentran precios de garantía para granos básicos, el cual tiene por objeto apoyar a los productores más pobres del campo con un precio de estímulo a las cosechas de maíz, frijol, arroz y trigo panificable.

La cobertura del Programa Precios de Garantía es nacional y está focalizada hacia los productores elegibles inscritos en los padrones Proagro y Censo del Bienestar.

Sin embargo y a pesar de los esfuerzos realizados por nuestro Presidente, considero que no solamente hay que impulsar las políticas públicas necesarias, sino realizar reformas que impliquen una responsabilidad esencial, para garantizar la seguridad alimentaria en el país, así como el abasto suficiente, oportuno y a bajo costo de los alimentos básicos, incluyendo una distribución más equitativa y eficaz. Ya que a pesar de que ya se está trabajando en este rubro, no se considera una obligación para el estado, toda vez que no se encuentra actualmente plasmado como una Garantía Individual o un Derecho Humano para los ciudadanos

Es por ello que, como legisladores, debemos generar las condiciones para que la ciudadanía pueda tener un acceso económico a los alimentos dignos, es momento de sentar las bases necesarias, para influir en los factores que tienen que ver con los mercados de alimentos y con la capacidad de pago de los consumidores.

Por lo fundado y motivado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad alimentaria

Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 4 y el párrafo segundo de la fracción XX del artículo 27, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

...

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado garantizará la seguridad alimentaria.

...

Artículo 27. ...

I. a XIX. ...

XX. ...

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente, oportuno y a bajo costo de los alimentos básicos que la ley establezca, así como una distribución más equitativa y eficaz.

Único. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

2 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx

3 https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

4 https://www.jornada.com.mx/2019/04/20/opinion/011a2pol

5 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/ECNCH/Documents/Caracterizacion_400_munic ipios_280715_Actualizacion_pobreza.pdf

6 http://www.fao.org/home/es/

7 http://www.fao.org/3/a-y7106s.pdf

8 https://www.gob.mx/diconsa/articulos/segalmex-productividad-agroalimentaria-y-d istribucion-de-alimentos-188608?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero del 2020— Diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal, suscrita por el diputado José Rigoberto Mares Aguilar e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Rigoberto Mares Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, de conformidad con la siguiente:

De acuerdo con el estudio “La pesca ilegal e irregular en México, una barrera a la competitividad del IMCO”, el sector pesquero en nuestro país se encuentra en crisis, esto, tomando en cuenta que la competitividad de la pesca va mucho más allá de su productividad, pues debe considerarse tanto la sustentabilidad del recurso pesquero como su valor agregado.

Una de las principales causas de esta situación es la pesca ilegal o irregular, entendiendo esta como la que se realiza en contravención de las disposiciones legales aplicables.

Al respecto, México es vulnerable a este fenómeno por la amplia extensión de su litoral (más de 11 mil kilómetros de costas), que es sumamente difícil de supervisar. Por ello, no sorprende que uno de los hallazgos del estudio de referencia es que la pesca ilegal en nuestro país representa entre un 45-90 por ciento adicional a la producción nacional oficial.

La pesca ilegal impacta negativamente al sector al incrementar la tasa de mortalidad de las especies y generar conflictos entre pescadores y sectores.

Otro factor que aumenta la vulnerabilidad de México frente a la pesca irregular es el contexto general de erosión del estado de derecho en el país y la falta de cultura de cumplimiento de leyes existentes.

Aunque ha habido avances en las políticas para disminuir la pesca ilegal, entre los que destaca la creación del Sistema de Inspección y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Mayores Pesqueras de Conapesca, aún queda mucho por hacer.

En ese sentido, la presente iniciativa tiene como objeto integrar en el artículo 420 del Código Penal Federal, la pesca ilegal con fines comerciales, de las especies destinadas exclusivamente a la pesca deportivo-recreativa, en cantidad que exceda los porcentajes de pesca incidental, dentro de una franja de 50 millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial.

Esto derivado de la problemática que en el Alto Golfo de California presentan estas especies que son capturadas ilegalmente por su alto valor comercial tanto en el mercado nacional como en el internacional.

La Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables en sus artículos 66 y 68 establecen una protección especial para las especies marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado en todas sus variedades biológicas, al destinarlas exclusivamente a la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de 50 millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial.

De los artículos mencionados se desprende que estas especies pueden ser legalmente capturadas, dentro de dicha franja, solamente:

-Cuando son objeto de pesca deportivo-recreativa, la cual requiere de permiso para llevarse a cabo.

-Como captura incidental al estar pescando otras especies, siempre y cuando no se excedan los volúmenes establecidos por la autoridad administrativa.

Con esto se puede concluir que la captura de estas especies fuera de dichos supuestos es ilegal, pues contraviene lo establecido en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Al respecto, la pesca ilegal de estas especies se realiza actualmente dentro de dicha área de exclusividad, principalmente amparada por la supuesta captura incidental, sin embargo, se realiza con fines netamente comerciales, debido a la alta demanda de especies como el dorado y el marlin, especies que a pesar de su protección pueden ser encontradas en restaurantes de toda la república.

En ese sentido, diversas organizaciones se han manifestado en contra de la pesca ilegal de las especies destinadas a la pesca deportiva, quienes aseguran que la pesca ilegal con fines comerciales afecta el equilibrio entre dichas especies lo que pone en riesgo su existencia y por ende, la práctica de una actividad que fomenta el turismo y miles de empleos directos e indirectos en diversos destinos del país.

Por ejemplo, por parte de la Fundación para la Conservación de los Picudos en Los Cabos, Baja California Sur, se ha detectado que incluso en el marco del inicio de la temporada de torneos de pesca internacionales en el destino y pese a los esfuerzos de la Conapesca, continúa la captura ilegal con fines comerciales de especies como el dorado y marlin dentro de las 50 millas que la Ley destina a la práctica exclusiva de la pesca deportiva.

Hecho que se ha considerado como un gran riesgo para el desarrollo de una actividad tan importante para diversas comunidades de Baja California Sur.

Ya que, de acuerdo con información de la Conapesca, Baja California Sur es líder a nivel nacional en pesca deportiva; esto, derivado al fuerte impulso que ha dado el gobierno del estado al sector y principalmente a los torneos programados año con año que se llevan a cabo en distintas comunidades de la entidad.

Por su parte, la Secretaría de Pesca Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (Sepada) de BCS ha informado que la práctica de la pesca deportiva, tan sólo en Los Cabos genera 24 mil fuentes de empleos directos e indirectos, así como una derrama económica por el orden de los 3 mil millones de pesos.

Aunado a lo anterior, debe mencionarse que en la práctica de la pesca deportiva se han detectado múltiples beneficios cuando se cuenta con la participación activa de la población, no solamente de los pescadores deportivos, ya que a través del desarrollo de dichos torneos se ven beneficiados, además, los prestadores de servicios, siendo un tema que une a las cadenas productivas y sobre todo que involucra a la sociedad.

En ese sentido se considera fundamental el impulso y la protección de la pesca deportiva, como acción social, cultural y económica que beneficia a cientos de familias y ha propiciado un alto desarrollo para el estado de Baja California Sur, motivo por el cual no se debe permitir que actividades como la pesca ilegal con fines comerciales de las especies destinadas a la pesca deportiva pongan en riesgo el desarrollo de esta actividad.

Por lo que se requiere incluir estas especies en el Código Penal Federal, ya que esto reforzaría la disposición que desde 2007 estableció la protección de las mismas y la prohibición total de la pesca o captura para fines comerciales, dentro de las 50 millas náuticas establecidas por la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y en ese contexto, resultaría útil para disuadir la pesca ilegal de estas especies, protegiendo a su vez, la práctica de la pesca deportiva.

Por todo lo anterior, la presente iniciativa pretende proteger, a partir de la legislación penal, a las especies mencionadas que por su alto valor comercial son blanco de la pesca ilegal que no sólo afecta la existencia de estas especies sino el desarrollo de actividades de gran importancia y generadoras de gran derrama económica como la pesca deportiva.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Artículo Único. Se adiciona y reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 420. ...

I. a II Bis. ...

II Ter. De manera dolosa capture con fines comerciales las especies denominadas marlin, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, en cantidad que exceda el porcentaje de captura incidental que establezca la autoridad competente, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial.

III. ... a V. ...

Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando las conductas descritas en las fracciones I, II, II Bis, III, IV y V se realicen con fines comerciales.

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, a 6 de febrero de 2020.— Diputados y diputadas: José Rigoberto Mares Aguilar, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Alfredo Porras Domínguez, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Carlos Carreón Mejía, Carlos Elhier Cinta Rodríguez, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Frinné Azuara Yarzabal, Geraldina Isabel Herrera Vega, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Guadalupe Aguilera Rojas, José Isabel Trejo Reyes, José Salvador Rosas Quintanilla, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Manuel Limón Hernández, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Mario Alberto Ramos Tamez, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Miguel Alonso Riggs Baeza, Norma Adela Guel Saldívar, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Ricardo García Escalante, Sarai Núñez Cerón, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Víctimas, y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para garantizar los derechos de los menores de edad huérfanos como consecuencia del delito de feminicidio, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente, al tenor de la siguiente:

La situación de las mujeres en el país es preocupante, y es más alarmante la respuesta del Estado para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, ya que su actuar hasta el momento ha sido deficiente. Todos sabemos que el feminicidio es el asesinato de mujeres por el simple hecho de serlo, y este tipo penal se ha incrementado de manera alarmante.

La representante de la Organización de las Naciones Unidas en México, Belén Sanz Luque, manifestó que existe una mala e insuficiente aplicación de las leyes; baja inversión en prevención y servicios de calidad; impunidad a perpetradores de violencia y falta de acceso de justicia; inadecuados sistemas de seguimiento y evaluación, barreras que aún persisten en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

De igual forma, el Comité CEDAW en sus observaciones dirigidas al Estado mexicano, manifiesta que se deben reforzar los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los feminicidios, desglosados por tipo de violencia y relación con los perpetradores, con ello, se tendrá información homologada que permita elaborar un diagnóstico sobre los feminicidios en todo el país para realizar las acciones necesarias. Una estrategia a la solución de esta problemática sería la elaboración de un Plan de Acción Nacional, en colaboración con organizaciones de mujeres de la sociedad civil, para garantizar la participación de las mujeres en la lucha contra la inseguridad, la violencia y la delincuencia organizada en el país.

Basta observar las cifras de feminicidio, en 2019, se registraron 976 feminicidios, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Puebla son las entidades que concentran el mayor número de muertes de mujeres.

En este sentido, de acuerdo con el documento “La violencia contra las mujeres en México”, cada 24 horas, en promedio, quedan huérfanos 19 niñas, niños o jóvenes. Según proyecciones de la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, (INMUJERES), Dra. Nadine Gasman Sylbermann, en nuestro país se estima que hay al menos 3,000 niños que están en situación de orfandad debido al asesinato de sus madres, aunque ese número podría ser mayor. reconoció que la situación de la niñez y adolescencia en condición de orfandad es “un problema de emergencia nacional y urgente”.

Así mismo, expreso que en este 2020 concluirán el primer padrón de las otras víctimas del feminicidio. Con la integración de este padrón de huérfanos por feminicidio, las instituciones estarán en posibilidad de visibilizar las pérdidas dramáticas de vidas de mujeres y también la magnitud del daño que se genera a víctimas indirectas. Este documento se está elaborando en colaboración con las fiscalías de justicia de los estados

Actualmente, las hijas e hijos de las madres asesinadas son invisibles para el Estado mexicano, es preciso recordarle al gobierno federal que, un gran número de estas niñas y niños fueron testigos presenciales del asesinato de su mamá. Por ello, las instituciones encargadas de la atención a los familiares víctimas de feminicidio, cuenten con los protocolo en donde se establezca con claridad las atribuciones de las autoridades así como los derechos de las huérfanas y huérfanos que está dejando la ola de feminicidios en México.

Es obligación del Estado de garantizar a las niñas y niños de ejercer sus derechos con el objetivo de continuar con plenitud su vida cotidiana y no se vean quebrantadas sus aspiraciones, en razón de no contar con las herramientas para cubrir sus necesidades a corto, mediano y largo plazo.

Las hijas e hijos de mujeres asesinadas posterior a observar el sepelio de sus madres, en la mayoría de los casos quedan al cuidado de algún familiar, los cuales, carecen de sustento económico y emocional para asumir la responsabilidad de los cuidados de las niñas y niños, ocasionando que algunas veces sean vistos como una carga, estando en estado de indefensión, desventaja, y presentan problemas sociales, emocionales y económicos.

Ante esta situación y en vista de que el marco jurídico no precisa ni plasma el derecho de acceder a un Programa de carácter social, en donde las y los huérfanos por feminicidio no reciban atención por parte del Estado mexicano como víctimas indirectas de la violencia, nuestra propuesta está encaminada a crear dicho programa. Para tal efecto es indispensable que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuente con un registro de huérfanos y huérfanas por feminicidio, con la finalidad de establecer la obligación del gobierno federal a otorgarles protección, responsabilizándose de su educación, además de brindarles tratamiento sicológico y apoyos necesarios para su adecuado desarrollo hasta la mayoría de edad.

Así mismo, se han observado casos donde los menores de edad en situación de orfandad a raíz del asesinado de su madre ante la falta de atención por parte de las autoridades gubernamentales, han presentado diversas quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), precisando que son ignorados y no respetados sus derechos, ante esta problemática, la CNDH emitió recomendación donde planteó la necesidad de crear un sistema de protección, en especial para infantes que perdieron a sus madres.

Por tal motivo, es imperante que el Estado mexicano asuma la responsabilidad de cumplir y garantizar los derechos humanos de las niñas y niños huérfanos. Como legisladores debemos exigir el cumplimiento de la ley y la implementación de políticas públicas encaminadas a la prevención y disminución de la incidencia de la violencia contra las mujeres. Que se garanticen los derechos de la infancia como una prioridad social.

Por último, recordemos que la Convención de los Derechos del Niño, señala que los Estados deben proporcionar asistencia y protección, especialmente a las personas menores de edad en condición de orfandad, el artículo 20, precisa que los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.

Por todo lo anteriormente expresado, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados, el proyecto de:

Decreto por el que, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Victimas, y Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de garantizar los derechos de los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio.

Artículo Primero: Se reforman los artículos 44 y 96, y se adicionan los artículos 8 bis y 8 Ter, de la Ley General de Victimas, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 8 bis. La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán asignar recursos presupuestales necesarios para cubrir las medidas de ayuda inmediata, asistencia, y atención que estén destinadas a los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio que brindarán la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas estatales. Para tal efecto la Cámara de Diputados y los Congresos estales aprobaran en los presupuestos una partida presupuestal para este fin, así como los mecanismos e instrumentos para dar seguimiento de su ejercicio efectivo.

Artículo 8 Ter. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, atenderán y garantizarán la satisfacción de las necesidades de alimentación, educación, atención médica y psicológica de los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio conforme a las disposiciones de la presente Ley. Para tal efecto, utilizarán el padrón que se inscriba en el Registro de menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, que se elabore y conforme a los lineamientos y disposiciones de la presente Ley.

Las políticas, acciones y programas que ejecute la Comisión Ejecutiva o las comisiones de victimas estatales, para asegurar el acceso a la educación y su permanencia en el sistema educativo, de los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, tomarán las medidas necesarias para garantizar su inclusión social y la exención de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Artículo 44. La Comisión Ejecutiva como responsable de la creación y gestión del Registro Nacional de Víctimas y del Registro de menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, a que hace referencia el Título Séptimo de esta Ley garantizará que el acceso de las víctimas y de los menores de edad al Registro correspondiente se haga de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de permitirles disfrutar de las medidas de asistencia y atención establecidos en la presente Ley.

....

Artículo 96. El Registro Nacional de Víctimas y el Registro de menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, es el mecanismo administrativo y técnico que soporta todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema, creado en esta Ley.

El Registro Nacional de Víctimas y el Registro de menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral previstas en esta Ley.

El Registro Nacional de Víctimas y el Registro de menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, serán respectivamente una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva.

Los Registros serán la unidad administrativa respectiva encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas y de los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, a nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal, y por excepción del orden local en los casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la presente Ley.

Las entidades federativas contarán con sus propios registros. La Federación, y las entidades federativas estarán obligadas a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito, de los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del registro federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva.

El Comisionado Ejecutivo dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada de los Registros a que hace referencia el presente artículo, incluida aquella contenida en el registro federal.

Los integrantes del Sistema estarán obligados a compartir la información en materia de víctimas que obren en sus bases de datos con el Registro Nacional de Víctimas y del Registro de menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio.

Artículo Segundo: Se adiciona el artículo 26 bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 26 bis. El gobierno federal a través de la Secretaria de Gobernación, velará que, en el presupuesto de egresos de la federación, se asigne una partida presupuestal para la atención de los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, y promoverá que en los Congresos estales se incluyan recursos presupuestarios para el mismo efecto.

Así mismo, establecerá un grupo interinstitucional para la coordinación del programa o estrategia con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas y de la Ciudad de México, a fin de garantizar y vigilar el cumplimiento de la satisfacción de las necesidades de alimentación, educación, atención médica y psicológica de los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio. Así como la conformación y actualización de un padrón a través de un Registro, conforme a las disposiciones de la ley en la materia.

Primero. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Registro de menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio a que hace referencia el presente decreto, deberá estar conformado en un plazo de 90 días contados a partir de su entrada en vigor.

Notas

1 Romina Gándara, Sugeyry, La violencia contra las mujeres en México, alarma y hay barreras muy altas para vencerlas, dice ONU, Sin embargo, 25 de noviembre de 2019, disponible en

https://www.sinembargo.mx/25-11-2019/3684994

2 Romina Gándara, Sugeyry, La violencia contra las mujeres en México, alarma y hay barreras muy altas para vencerlas, dice ONU, Sin embargo, 25 de noviembre de 2019, disponible en

https://www.sinembargo.mx/25-11-2019/3684994

3 Arista, Lidia, Las otras víctimas del Feminicidio en México: 3000 huérfanos, Expansión Política, viernes 6 de diciembre de 2019, disponible en:

https://politica.expansion.mx/sociedad/2019/12/06/las-otras-vic timas-del-feminicidio-en-mexico-3-000-huerfanos

4 Arista, Lidia, Las otras víctimas del Feminicidio en México: 3000 huérfanos, Expansión Política, viernes 6 de diciembre de 2019, disponible en:

https://politica.expansion.mx/sociedad/2019/12/06/las-otras-vic timas-del-feminicidio-en-mexico-3-000-huerfanos

5 Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre los derechos del niño, disponible en https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2020.— Diputadas: Anilú Ingram Vallines, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y expide la Ley General de Pensiones, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo que se dispone en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I y 77, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al inciso b, fracción III, del artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y se expide la Ley General de Pensiones, en materia de generar un Sistema Nacional de Pensiones, con base en la siguiente

El nueve de noviembre de 1995, el Ejecutivo federal en turno remitió a la Cámara de Diputados la iniciativa de “Ley de Seguro Social”, que reformuló el esquema de pensiones planteado en la Ley de 1973, y que generalizo el sistema de cuentas individuales, que hoy no solo requiere una profunda transformación y un decidido rechazo a su concepción de seguridad social, sino que muestra con toda claridad, que las premisas sobre las que se elaboró el nuevo esquema, distaban de ser realistas, auténticamente garantistas de los derechos sociales y completamente regresivas, todo con el perverso objetivo de garantizar que los cuantiosos recursos que con tanto esfuerzo aportan las y los trabajadores mexicanos y las empresas donde estos laboran, fuesen a parar a manos del gran capital financiero, que contrario a lo argüido en la iniciativa de tal reforma, no buscan ni buscaran el beneficio de las y los trabajadores, sino que están y estarán por apropiarse de la riqueza generada sobre los hombros de las mujeres y hombres que todos los días salen a trabajar, con el objetivo de mejorar sus condiciones materiales, de hacerse de un mayor bienestar colectivo y de contribuir para que como país salgamos adelante.

La iniciativa de 1995 presentaba los siguientes argumentos y consideraciones, que respaldaban en opinión del Ejecutivo federal, las razones de peso para impulsar tales modificaciones, no solo en lo financiero, sino también sobre la concepción de cómo debe regirse la Seguridad Social en nuestro país, y las cuáles son de suma importancia traer a la discusión actual, para contextualizar la necesidad imperante de su modificación:

...

A pesar de sus realizaciones se debe reconocer que para construir el sistema de seguridad social que requieren hoy los mexicanos y necesitará México en el Siglo XXI, es indispensable corregir deficiencias, superar limitaciones y sentar bases sólidas para que la seguridad social sea, en mayor medida, la vía por la cual avancemos hacia la eficacia plena de los derechos sociales.

Por ello, la obligación estatal de contribuir de manera más efectiva al desarrollo nacional, a la generación del ahorro interno y al crecimiento del empleo, coincide con la necesidad de enfrentar las complejas circunstancias y de resolver urgentemente la crítica situación financiera por la que atraviesa el instituto; de adecuarse al cambio demográfico; de responder a las crecientes demandas de mayor eficiencia en el uso de los cuantiosos recursos que se le confían para convertirlos en servicios y prestaciones y de superar insuficiencias con la firme voluntad de dar plena vigencia a sus principios y filosofía originales de la seguridad social. Todo esto hace impostergable emprender los cambios indispensables para fortalecer al instituto y darle viabilidad en el largo plazo, acrecentar su capacidad de dar mayor protección, mejorar la calidad, eficiencia y oportunidad en el otorgamiento de servicios de salud, así como garantizar prestaciones sociales adecuadas y pensiones justas.

...

Hemos empezado a vivir un proceso de transición demográfica consistente en que ha aumentado la esperanza de vida y paulatinamente han disminuido las tasas de natalidad y mortalidad, teniendo por resultado el crecimiento de la población y de la edad promedio de ésta, lo cual se agudiza en aquella que tiene derecho a la seguridad social.

El aumento en la esperanza de vida implica que más gente llega a la edad de retiro y que el número de años durante los cuales se paga una pensión se incrementa sustancialmente, prolongándose el tiempo en el que se ofrece la atención médica respectiva, precisamente en la edad en que resulta más necesaria y también más costosa.

Derivado de lo anterior se ha generado un incremento considerable en la tasa de crecimiento anual de los pensionados, que en promedio es del 7 por ciento, en contraposición con la de los asegurados, razón por la cual el ramo de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, enfrenta serios problemas de desfinanciamiento que se incrementarán de manera progresiva de continuar las condiciones actuales.

...

Todo lo anteriormente descrito ha colocado al IMSS en una difícil situación financiera, que de no tomar las medidas necesarias con oportunidad, lo llevaría a poner en entredicho el cumplimiento de las obligaciones del ramo de la IVCM [Invalidez, vejez, cesantía y Muerte] en perjuicio de millones de mexicanos. El costo fiscal de la iniciativa que se propone, como se verá más adelante, es menor que el costo que se tendría que cubrir de no realizar modificaciones. Si bien el pasivo contingente del IMSS es de largo plazo, sus efectos empezarían a sentirse en los próximos años. Aún con las proyecciones más optimistas en cuanto al crecimiento del empleo y el salario y utilizando la información de los registros de cotizantes del IMSS, se tiene previsto que para el año de 1999 los egresos de la IVCM superarán a sus ingresos; es decir, las cuotas que por este ramo están cubriendo los trabajadores en activo no alcanzarán para pagar la nómina de pensionados. Ante tal situación se recurriría al uso de la reserva que es mínima, la cual se agotaría en dos años. Este déficit crecería rápidamente año con año. Las consecuencias de ello serían irreversibles propiciando efectos sociales inaceptables. Además de la preocupante situación financiera del ramo, el actual sistema de pensiones presenta elementos de iniquidad. Es así como nos encontramos en la peor de las circunstancias: un sistema inviable financieramente que no ha otorgado pensiones dignas y que por sí mismo es incapaz de garantizar las prestaciones a que por ley tienen derecho los pensionados y cotizantes actuales, además de que presenta problemas de injusticia, principalmente en contra de los trabajadores de más bajos ingresos.

Uno de los mayores retos para la seguridad social en México ha sido desde siempre brindar protección a toda la población. En este sentido es importante considerar que a los diferentes regímenes de seguridad social en el país, es decir, al IMSS, ISSSTE, ISSFAM, etcétera, únicamente cotizan el 35 por ciento de la población ocupada (incluyendo en ésta a los trabajadores no asalariados o por cuenta propia), por lo que aún nos encontramos alejados del ideal de universalidad que siempre ha sostenido la seguridad social mexicana.

A fin de poder incrementar la cobertura sobre bases sólidas es imperativo introducir modificaciones a la actual legislación que rige al IMSS, ya que numerosos grupos sociales no cuentan en la actualidad con la posibilidad de integrarse a los beneficios que esta institución otorga a sus derechohabientes, por formar parte de la economía informal o bien percibir remuneraciones no salariales.

No puede pasar inadvertido el hecho de que las contribuciones y la cobertura de la seguridad social están directamente vinculadas a la situación del empleo y los salarios. Cuando disminuye el empleo formal se reduce la cobertura y bajan los ingresos del Instituto. La recaudación, al estar ligada a los salarios y no al costo de los servicios, depende considerablemente de la evolución de éstos, por lo que en épocas en que los salarios no crecen en términos reales, los ingresos institucionales disminuyen y es en esos tiempos de adversidad cuando la demanda de servicios aumenta.

...

Indudablemente dicha propuesta refleja una demanda de partes representativas de la sociedad y por lo tanto se constituye en fuente real de derecho que debemos considerar, ya que cuenta con un sustento evidente entre los responsables y destinatarios de los cambios, que con la nueva legislación se pueden generar en caso de ser aprobada.

...se presenta a la elevada consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de ley, que hace explícitas las expectativas y exigencias que han planteado los trabajadores y empresarios respecto al futuro del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La iniciativa que propone el Ejecutivo Federal a mi cargo plantea una nueva Ley del Seguro Social que permita al IMSS transformarse para superar la delicada situación que enfrenta, brindar mayor protección, elevar la calidad de sus servicios, ampliar su cobertura y mejorar las condiciones en que se otorgan las prestaciones. Ante todo, se busca fortalecer el carácter amplio, integral y social del Instituto Mexicano del Seguro Social. Uno de los propósitos de la nueva ley es que el IMSS trascienda más allá de la protección a los trabajadores actuales y dé apoyo a las empresas ya establecidas, para promover activamente la generación de empleos y el crecimiento económico. Reconociendo la magnitud de los recursos que maneja y los efectos de su regulación en el mercado de trabajo, el instituto debe contribuir a incrementar el ahorro interno y promover con decisión la creación de nuevas fuentes de trabajo . Sin empleo no tiene sustento la seguridad social. Seguridad social y empleo son conceptos permanentemente vinculados y es por ello que el crecimiento de este último es propósito central de esta iniciativa.

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Uno de los ramos de seguro de mayor trascendencia del IMSS, por la cantidad de recursos que maneja y el impacto social que tiene, es el relativo a la invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (IVCM), que comprende lo referente a las pensiones en estos rubros. No obstante que en la actualidad este ramo beneficia a más de 1 millón 200 mil mexicanos, es necesario reconocer, como ya se ha señalado, que el 90 por ciento de ellos sólo reciben la cuantía mínima; presenta esquemas de iniquidad; además de que el ramo tiene un severo y evidente problema de inviabilidad financiera.

Esta problemática hace imprescindible un cambio en el sistema de pensiones que, conservando los principios de solidaridad y redistribución del ingreso y fortaleciendo la participación del Estado, garantice pensiones con la debida sustentabilidad financiera, haciéndolas inmunes a los efectos de la inflación y, al mismo tiempo, utilizando los recursos es como ahorro interno disponible, para la creciente generación de empleos.

Cabe resaltar que la propuesta de reforma a este seguro que a continuación se describe, recoge los planteamientos que me hicieron llegar obreros y empresarios para el fortalecimiento y modernización de la seguridad social. En estos se consideró la conveniencia de crear un nuevo sistema de pensiones más equitativo y transparente, con un claro sentido social a través de la constitución de una cuenta individual para el retiro de cada uno de los trabajadores. Los recursos de cada cuenta individual serían propiedad del trabajador, garantizando la generación de rendimientos atractivos para ellos, así como el que se respete los derechos adquiridos. De esta manera se podrán hacer plenamente compatibles los objetivos de mayor justicia en las pensiones con la formación de ahorro interno tan necesario para el país.

Se propone que el seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte sea dividida en dos seguros, de conformidad con la naturaleza propia de los riesgos o situaciones a cubrir...

El seguro de invalidez y vida establecido en la presente iniciativa de ley, cubrirá dos riesgos a los que está expuesto una persona durante su vida laboral activa: accidentes o enfermedades no profesionales que le impidan al trabajador desempeñar su labor de tal manera que le permita contar con un ingreso similar al que tenía con anterioridad y por otra parte, la debida protección a los familiares y beneficiarios en caso de la muerte del asegurado.

Por su parte, el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, es típicamente provisional; más que proteger ante una contingencia, busca prever ante el futuro a efecto de que un trabajador al cumplir un proceso natural de su existencia, como es la vejez, tenga la certeza de vivir de manera digna y decorosa. De la misma forma, este seguro considera las previsiones necesarias para dar protección al trabajador en caso de que quede cesante a partir de los 60 años.

...la normatividad que se propone para el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, busca otorgar pensiones más dignas; contar con un sistema transparente en el que el trabajador, al ser propietario de los recursos de su cuenta individual para el retiro, nunca pierda las aportaciones hechas por él mismo, así como las que en su favor hizo su patrón y el gobierno; evitar que la inflación afecte el monto real de su pensión; que ésta sea reflejo de su esfuerzo en concordancia con toda su carrera laboral y que existan mayores elementos redistributivos de tal manera que se beneficie más a quienes menos tienen. La nueva estructuración de este seguro, tal como se propone, contribuye a estimular permanentemente el ahorro personal y familiar.

...

Si bien las 1 mil 250 semanas representan un incremento en el tiempo de espera con respecto al actual, su ampliación responde a lo siguiente: el promedio de duración de la vida laboral activa de un trabajador se ha venido incrementando y ya es superior a los 35 años, no obstante, las anteriores modificaciones a la ley han reducido los tiempos de espera, lo cual, además de costoso, resulta injusto. Lo anterior se presta también a una conducta evasora de modo que un número creciente de asegurados cotiza un periodo mínimo obteniendo los mismos beneficios que los que cotizan por más tiempo, lo que representa una iniquidad.

Cabe señalar, por ejemplo, que el 15 por ciento de las pensiones que el instituto otorgó durante 1994 fueron a trabajadores que cotizaron exactamente 500 semanas, lo cual revela que el sistema actual induce a una evasión que perjudica a todos, muy especialmente a quienes aportaron en apego a la legalidad toda su carrera laboral. Este es un caso muy claro de lo que podríamos denominar como “ solidaridad regresiva”. Por otra parte, existen innumerables casos de trabajadores que cotizaron superando ampliamente el requisito de tiempo de espera y no llegaron con un trabajo asalariado a la edad de 60 ó 65 años; en estos supuestos los trabajadores no reciben una pensión y en cambio pierden todo lo cotizado, aun con el sistema de conservación de derechos establecidos.

En el sistema que se propone en la presente iniciativa, aquellos trabajadores que no alcancen a cotizar las 1 mil 250 semanas señaladas nunca pierden los recursos de sus cuentas, teniendo derecho a acceder a ellos al momento del retiro o en los supuestos que establece la iniciativa. Con esto se garantizan los derechos de propiedad y se evita caer en una injusticia como la del sistema vigente de la IVCM, donde aquellos trabajadores, que como ya se especificó, que no alcancen pensión pierden todas sus aportaciones. Es importante destacar, que como propuesta de esta iniciativa, aquellos que no alcancen a cubrir las 1 mil 250 semanas de cotización, pero sí sobrepasan las 750 semanas, tendrán derecho a recibir a partir del momento de su retiro y hasta su fallecimiento, la atención médica que brinda el seguro de enfermedades y maternidad sin necesidad de hacer alguna contribución adicional.

....

Este sistema de pensiones entraña mayor justicia que el vigente, ya que las aportaciones derivadas del esfuerzo personal nunca se pierden; la pensión que se alcanza reconoce claramente la trayectoria laboral; se abre para el trabajador la oportunidad de obtener ganancias reales en su cuenta individual con lo cual se incrementa el monto de su pensión; además es de destacarse la mayor participación del gobierno federal en beneficio de los asegurados de más bajos ingresos. Para garantizar el mejor y más eficiente manejo de las cuentas individuales para el retiro y hacer posible que éstas alcancen montos aún mayores, los recursos serán operados por administradoras de fondos para el retiro (Afore), las cuales serán de giro exclusivo.

Es de subrayarse que el Estado, a través del IMSS, fiscalizará el cumplimiento del pago de las aportaciones a cada cuenta, en tanto que las autoridades financieras supervisarán estrictamente la solvencia de las sociedades de inversión, garantizándose así el buen manejo de los fondos, en los términos de las leyes respectivas.

El sistema propuesto prevé que los trabajadores puedan hacer aportaciones adicionales a su cuenta individual en una subcuenta específica, con el propósito de incrementar su pensión al momento de retirarse y de esta forma estimular el ahorro. Tales aportaciones serán deducibles de impuestos en los términos de las leyes fiscales respectivas.

En la iniciativa se establece que cuando el trabajador cumpla la edad y condiciones necesarias para disfrutar de una pensión, podrá destinar los recursos de su cuenta individual a la contratación, con una aseguradora, de una renta vitalicia en su favor y de sus beneficiarios, lo que les garantizará un cierto nivel de ingresos constantes. Otra opción consiste en la de ajustarse a un plan de retiros programados, con el cual se dividirían los recursos depositados en su cuenta individual entre el número de años que en promedio estén calculados, por la autoridad correspondiente, respecto a la esperanza de vida, así como a los tiempos a que se tenga derecho para el disfrute de la pensión por parte de los beneficiarios. Si un trabajador con el monto de su cuenta individual no alcanza a financiar una pensión igual o superior a la de la pensión garantizada, entonces se deberá acoger al sistema de retiros programados en el que se aplica la garantía del Estado para el disfrute de una pensión mínima.

...

Para garantizar los derechos de los pensionados y cotizantes actuales, la iniciativa propone un esquema de transición con el compromiso de que ningún trabajador pierda sus derechos adquiridos y que por el contrario, todos estén en posibilidades de ganar bajo el nuevo sistema. En lo que toca a los trabajadores ya pensionados por vejez o cesantía, que suman 460 mil, continuarán recibiendo sus pensiones amparadas por la ley vigente, mismas que serán cubiertas, como hasta ahora, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, las que a partir de la entrada en vigor de la ley, cuya iniciativa se propone, quedarán financiadas con recursos provenientes del Gobierno Federal. De esta forma están garantizadas las pensiones de los trabajadores ya retirados, mismas que se actualizarán conforme a los incrementos del salario mínimo general del Distrito Federal tal y como está previsto en la ley vigente.

Con respecto a los trabajadores que aún se encuentran en activo, todos empezarán a cotizar en el nuevo sistema y al llegar a la edad de pensionarse (a partir de los 60 años por cesantía en edad avanzada o 65 años por vejez), se les estimará la pensión a la que tienen derecho en el nuevo sistema y a la que habrían tenido derecho de haber seguido cotizando en el sistema vigente la (IVCM más SAR podrá). El trabajador optar por la que más le beneficie. De esta forma se consigue que todos los trabajadores que hoy se encuentran activos tendrán cuando menos los beneficios del actual sistema, pudiendo mejorarlos con la reforma.

...

El costo anual de la reforma a la IVCM se estima, con la información disponible, que podría ser equivalente durante los primeros 10 años, a 0.4 por ciento del PIB; en los años subsecuentes se incrementaría gradualmente hasta llegar a un máximo de 0.8 por ciento del PIB; estabilizándose en el largo plazo en 0.2 por ciento del mismo producto. Estas cantidades son inferiores a las erogaciones que se tendrían que hacer año con año de no efectuar los cambios propuestos. Por otra parte, se proponen algunas medidas para garantizar la viabilidad de largo plazo del sistema, en beneficio de los cotizantes. Se tiene considerado incrementar la edad mínima de retiro un mes por año durante 24 años a partir del año 2006, de tal forma que no se afecte a los trabajadores que están próximos a pensionarse en los siguientes 10 años. El requisito de edad para tener derecho a pensión por cesantía en edad avanzada y vejez ha permanecido constante desde la ley de 1943, debiendo modificarse en concordancia con el mayor tiempo de vida laboral activa del trabajador, así como con el incremento en la esperanza de vida de los mexicanos.

El sistema propuesto es más eficiente y preserva los principios sociales de la seguridad social; utiliza las ventajas de los mercados financieros para mejorar las pensiones de los trabajadores y le da viabilidad al seguro, así como mejores oportunidades a toda la población.

De esta manera, los mexicanos contaremos con un porvenir más promisorio, que nos permita otorgar pensiones más dignas para las actuales y futuras generaciones, a la vez que se podrá contar con una importante fuente de financiamiento para el desarrollo integral que requiere nuestro país.

...

La seguridad social a la que aspiramos, es más solidaria y redistributiva porque: en vejez y cesantía establece bases más sólidas y equitativas para un sistema previsional que permita enfrentar con dignidad y justicia el futuro; porque termina con la solidaridad regresiva del actual sistema, donde los trabajadores, en su mayoría de bajos ingresos, que no continúe laborando hasta los 65 años subsidian a los que sí alcanzan tal situación; donde los apegados a la legalidad subsidian a los que no lo hacen; donde las mujeres que no alcanzan una pensión subsidian a los que si lo hacen; donde los que trabajan más financian a los que trabajan menos tiempo; donde el gobierno contribuye más con los de más altos ingresos.

El sistema de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez propuesto es solidario y redistribuidor porque mantiene una cuota proporcional al salario donde aporta más el que más gana; porque patrones y Gobierno aportan más que el trabajador; porque el gobierno aporta una cuota social que beneficia proporcionalmente más a quien gana menos; porque todos, independientemente del monto cotizado, tienen derecho al mismo servicio médico; por que el Estado garantiza una pensión mínima que beneficia a los de ingresos más bajos; porque esta pensión se actualiza conforme se incrementa el índice nacional de precios al consumidor y porque ni el trabajador ni sus beneficiarios pierden, bajo ninguna circunstancia, el fondo que se ha acumulado.

Esta propuesta fortalece el carácter público de la seguridad social, porque aumenta considerablemente la participación del Estado; porque se amplía la accesibilidad para la sociedad; porque se conserva la administración tripartita del Gobierno, los obreros y los patrones y porque se fortalecen las prestaciones sociales en beneficio de millones de mexicanos.

A la luz de la discusión actual, no solo es evidente que lo planteado en dicha reforma ha sido totalmente contrario a los resultados que hemos observado, dejando de manifiesto que su modificación es imperante y necesaria.

Como se revela en el estudio “Vejez y Pensiones en México, “48 por ciento de esa población adulta mayor que aún trabaja no cotiza, ni cotizó, a ningún instituto de seguridad social. Es decir, el retiro laboral en México no es sinónimo de pensión para muchos; de hecho, para algunas personas adultas mayores el retiro no es una opción toda vez que requieren continuar generando ingresos. Por ejemplo, se estima que 85 por ciento de las personas mayores que aún trabajan no cuentan con ningún tipo de pensión ni con asistencias mediante programas de ayudas estatales y federales destinados a personas de edad avanzada”

Es decir “la mayoría de la población que se incorporó al mercado laboral a partir de 1998 no tendrá los recursos necesarios para hacer frente a su retiro, y es muy factible que puedan caer en situación de pobreza si no cuentan con otra fuente de ingresos o transferencias”.

Y la necesidad de reformar el sistema, no solo es una cuestión de buscar o no que el Estado incida en mayor proporción en la calidad de vida de sus ciudadanos, y el garantizar la plena vigencia de sus derechos por encima de su condición laboral. El tema, como se documenta en la “Encuesta sobre la Viabilidad de la Modificación del Esquema de Pensiones” realizada en 2018, es una auténtica exigencia ciudadana, pues “9 de cada 10 entrevistados consideró necesario actualizar o cambiar el Sistema de Ahorro para el Retiro, a la par que 4 de cada 10 entrevistados, consideró que es un sistema obsoleto / viejo. Destacando que 6 de cada 10 entrevistados muestra optimismo en la proyección de que se van a alcanzar los concesos necesarios para realizar reformas y cambiar el Sistema de Ahorro para el Retiro”.

Asimismo, se ha generado una gran cantidad de evidencia que muestra los retos a los que nos enfrentamos, y a los cuales estamos demandados a atender, y que no solo revelan las dificultades que implica legislar en la materia, sino que vuelven a poner en la discusión pública, que no existe solo una alternativa, ni mucho menos una única visión de cuál debe ser la orientación sobre la que debe reformularse el sistema.

Si bien, hay un consenso sobre los aspectos medulares que deben tomarse en consideración, hay una serie de alternativas que buscan profundizar en mayor o menor medida el sistema actual, a la par de otras que luchan por dar marcha atrás al esquema de contribución definida. Para muestra las siguientes propuestas que se han dado a conocer:

Estudio de la OCDE sobre los sistemas de pensiones: México (2016)

El sistema de contribución definida de cuentas individuales adoptado en la década de 1990 ha tenido éxito en cuanto a que ha aumentado la capacidad de la economía mexicana para financiar las pensiones.

FUNDEF (2016) Comentarios al Documento de la OCDE sobre el Sistema de Pensiones en México

Consideraciones Generales

• El documento no reconoce que México está más avanzado en un diseño adecuado de su sistema de pensiones que la mayoría de los países de la OCDE.

• Su tono crítico está fuera de contexto de la realidad en México. Por ejemplo, sus conclusiones apuntan a que nuestro sistema de pensiones del sector privado requiere cambios estructurales.

• Varias de sus propuestas solo hacen referencia a esquemas que se han adoptado en otros países, es decir un tipo de adopción de “buenas prácticas”. No incluyen algunos aspectos específicos de México como pueden ser las aportaciones al Infonavit.

• Además, en la mayoría de estas propuestas no se presenta un análisis de contexto que considere la arquitectura de nuestro Sistema de Pensiones y sus realidades.

Recomendaciones puntuales

1. Segregar de la cuota de 5 por ciento al Infonavit, 4.5 puntos porcentuales para el fondo de retiro en las Afores.

2. Aumentar gradualmente la edad de jubilación a 67 años, y a partir de 2020 introducir un ajuste automático para que al momento de la jubilación la esperanza promedio de vida de los jubilados sea de 15 años.

3. Introducir un seguro complementario de supervivencia arriba de dicha esperanza de vida al momento de la edad de jubilación, pagado del fondo constitutivo de la pensión.

4. Pagar la pensión del régimen de transición en función del promedio de número de salarios mínimos cotizados desde 1997, o mejor, de las contribuciones expresadas en UDIS desde 1997.

5. Incluir en el régimen de contribución a las personas físicas que perciben honorarios, comisiones e ingresos por actividad empresarial. Esta sería una reforma trascendental para ampliar la cobertura y reducir la presión de gasto público futuro.

Banco Interamericano de Desarrollo (2019) Diagnóstico del sistema de pensiones mexicano y opciones para reformarlo. Nota técnica número IDB-TN-1651.

Las reformas pensionarias que comenzaron a implementarse en México durante los noventa han consolidado un sistema de capitalización individual. Este sistema funciona con una plataforma operativa que no ha tenido fallas sistémicas y con el cual los recursos individualizados de los trabajadores se han salvaguardado, protegiendo los derechos de propiedad de sus ahorros. Además, el sistema ha contribuido con una mayor estabilidad macroeconómica, la profundización del mercado de capitales y a financiar inversiones productivas de largo plazo.

Sin embargo, pese a sus logros, el sistema pensional mexicano enfrenta desafíos muy importantes, dado el rápido envejecimiento demográfico, las características del mercado laboral y las deficiencias del diseño institucional de los sistemas de pensiones que coexisten hoy en día.

Esta serie de análisis que sistematizan parte del debate sobre la reforma que requieren nuestros sistemas de pensiones, se encuentra enmarcada en un contexto internacional, dónde, de acuerdo con el Informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “La reversión de la privatización de las pensiones: Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018)” se aborda de forma contundente que:

“el 60 por ciento de los países que habían privatizado los sistemas públicos de pensiones obligatorias han revertido la privatización, y teniendo en cuenta la evidencia acumulada de impactos negativos sociales y económicos, se puede afirmar que el experimento de la privatización ha fracasado. La privatización de las pensiones no dio los resultados esperados. Las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron, los niveles de las pensiones se deterioraron, y se agravaron las desigualdades de género y de ingresos, lo que hizo que la privatización fuera muy impopular. El riesgo asociado a las fluctuaciones en los mercados financieros se trasladó a los individuos. Los costos administrativos se incrementaron, lo que resultó en menores niveles de prestaciones. Los altos costos de transición -a menudo infravalorados- crearon grandes presiones fiscales. Se suponía que la administración privada debía mejorar la gobernanza, pero, por el contrario, la debilitó. Se eliminó la participación de los trabajadores en la gestión. En muchos casos, las funciones de regulación y supervisión fueron capturadas por los mismos grupos económicos responsables de la gestión de los fondos de pensiones, lo que creó un grave conflicto de intereses; además, la industria de seguros, quien en última instancia se beneficia de los ahorros previsionales, avanzó hacia la concentración. Por último, las reformas de las pensiones tuvieron efectos limitados en los mercados de capitales y en el crecimiento en la mayoría de los países en desarrollo”.

Esto, tanto en el contexto internacional, como en el nacional, es muestra de que el mecanismo de asignación de recursos de mercado no debe ser la guía irrestricta en cualquier actividad. Hay diversos aspectos de nuestra sociedad, que no deben ser dejados al mecanismo de mercado, simplemente porque su lógica contrasta completamente con algún resultado social y legítimamente demandado, que solo puede alcanzarse si la asignación de los recursos se da a través de una institución del Estado.

Se ha intentado argumentar, que la experiencia internacional en la década de los 90´s es muestra de que el sistema privatizador es la única alternativa viable para abordar el tema de las pensiones, pero siempre en estas consideraciones se obvia señalar que desde un principio hubo voces que se pronunciaron en contra, y que desafortunadamente tuvieron razón al paso de los años. Por ejemplo, la OIT en su “Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019. La protección social universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible” nos recuerda que:

“En 1995, la OIT y la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) (Beattie y McGillivray, 1995) publicaron un primer informe que contenía una evaluación crítica de la estrategia de privatización del Banco Mundial, argumentando que esta implicaba la sustitución de la seguridad social por regímenes de ahorro individual obligatorio y conllevaría un riesgo inaceptablemente alto para los trabajadores y pensionistas, y aumentaría el costo de la protección de los adultos mayores, y que la transición impondría una pesada carga para la generación de trabajadores actual. Esta y otras evaluaciones de la OIT y la AISS llegan a la conclusión de que un enfoque más racional y menos perjudicial para las prestaciones de las pensiones de jubilación sería centrar los esfuerzos en medidas encaminadas a corregir las deficiencias y desigualdades en el diseño de los regímenes públicos, es decir, en reformas paramétricas y no sistémicas de estos regímenes”.

En el momento político que vivimos, es más claro que existe cierto consenso sobre la necesidad de modificar y homologar la diversidad de sistemas de pensiones en México, con el propósito de alcanzar la universalidad con sostenibilidad fiscal, porque es evidente que seguir en la misma dinámica va a agudizar la crisis social y elevar los niveles de pobreza de toda nuestra población.

Por las razones expuestas, y haciendo explícito que somos un Partido de Izquierda, y que compartimos la convicción por una mayor participación estratégica del Estado en la economía, sometemos a consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al inciso b, fracción III del artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y se expide la Ley General de Pensiones.

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo segundo al inciso b, fracción III del artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 5o...

I...

II...

III...

a...

b....

Asimismo, tener garantizado que todo ciudadano mexicano que cumpla sesenta y ocho años tendrá derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos y condiciones que fija la Ley. En el caso de los indígenas y afromexicanos, éste será aplicable a partir de los sesenta y cinco años de edad.

Artículo Segundo. Se expide la Ley General de Pensiones, para quedar como sigue:

Ley General de Pensiones

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán los sistemas de pensiones por retiro y garantizadas por vejez, con la finalidad de lograr su adecuada armonización.

La presente ley es de observancia obligatoria para el Supremo Poder de la Federación; los estados y la Ciudad de México; los ayuntamientos de los municipios; las alcaldías de la Ciudad de México; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá

I. Pensión por retiro. - Acto administrativo por el que un trabajador termina su vida laboral activa y pasa a una situación de retiro por la que recibe una renta vitalicia o de retiro programado.

II. Cuenta individual. - Aquella que el organismo público abrirá para cada beneficiario, para que se depositen las cuotas obrero-patronales y estatales por concepto de jubilación, así como los rendimientos. La cuenta individual se integrará por las subcuentas: de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, y de aportaciones voluntarias.

III. Pensión Garantizada por vejez. - Aquella pensión no contributiva que el Estado garantizará a todo ciudadano mexicano que cumpla sesenta y ocho años en los términos y condiciones que fija la Ley. Siendo aplicable en el caso de los indígenas y afromexicanos a partir de los sesenta y cinco años de edad.

El monto mensual de dicha pensión no contributiva será el equivalente a lo establecido en la línea de bienestar por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para el año en curso, salvaguardando su poder de compra.

IV. Retiros programados. - Modalidad para obtener la pensión por retiro de manera fraccionada por montos establecidos, de manera mensual, del monto total de los recursos de la cuenta individual, para lo cual se tomará en cuenta la esperanza de vida de los pensionados, así como los rendimientos previsibles de los saldos.

Artículo 3. Todo ciudadano mexicano tiene derecho a recibir una pensión:

i. Pensión garantizada por vejez;

ii. Pensión por retiro: tener 65 años de edad o haber laborado y cotizado, en el caso de los hombres 35 años y 32 años en el caso de las mujeres.

Artículo 4. Las pensiones por retiro se financiarán a través de un fondo de aportaciones tripartita trabajador-patrón-Estado, y se registrarán en una cuenta individual por trabajador. Las contribuciones obligatorias deberán ser el 13 por ciento del salario base de cotización (SBC) registrado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Las contribuciones que corresponderá cubrir a los patrones, a los trabajadores y al Estado, serán de diez por ciento (10 por ciento), uno punto ciento veinticinco por ciento (1.125 por ciento) y uno punto ochocientos setenta y cinco por ciento (1.875 por ciento) sobre el salario base de cotización, respectivamente.

Las pensiones garantizadas por vejez se financiarán a través de un fondo constituido en el gobierno federal. Para el cual, la Cámara de Diputados, en ejercicio de sus facultades en la materia, deberá observar la suficiencia presupuestaria necesaria en la aprobación anual del Presupuesto de Egresos, a fin de garantizar la vigencia efectiva del mandato constitucional. Sin menoscabo de la posibilidad de establecer convenios de coordinación en la materia entre los distintos órdenes de gobierno, con la finalidad de garantizar la colaboración administrativa y presupuestaria que facilite el financiamiento de dicha pensión.

Artículo 5. Los trabajadores podrán acceder a una pensión por retiro una vez cubiertos los requisitos establecidos en el artículo tres de esta Ley, para ello deberán de llevar a cabo los trámites administrativos correspondientes, estipulados por el organismo público correspondiente.

Artículo 6. El otorgamiento de la pensión por retiro sólo se podrá efectuar previa solicitud del beneficiario, y se le cubrirá a partir de la fecha en que haya dejado de trabajar, siempre que cumpla con los requisitos establecidos para tal efecto.

El trabajador podrá optar, al inicio de su periodo de retiro, por recibir en una sola exhibición hasta el 15 por ciento del monto total de su cuenta individual. El restante se programará para su retiro mensual.

Artículo 7. Cuando el pensionado por retiro cambie de residencia fuera de territorio nacional, continuara recibiendo su pensión, conforme a lo dispuesto por convenio internacional; asumiendo el pensionado los gastos administrativos de traslado de los fondos.

Artículo 8. A la muerte del pensionado por retiro que estuviere gozando de una pensión, el organismo público deberá entregar los recursos restantes derivados de la cuenta individual a los beneficiarios.

Artículo 9. Si la muerte del trabajador aconteciera antes de recibir una pensión por retiro, el organismo público deberá entregar los recursos derivados de la cuenta individual a los beneficiarios.

Artículo 10. Cuando el pensionado por vejez cambie de residencia fuera de territorio nacional, continuara recibiendo su pensión, observando en todo momento que esta debe hacerse llegar sin costo alguno al pensionado.

Artículo 11. El Estado garantizará una pensión por vejez en los términos establecidos en la presente Ley.

Artículo 12. El otorgamiento de la pensión por vejez se efectuará previa solicitud del beneficiario.

Artículo 13. Debe evitarse la duplicidad de esfuerzos en la materia, atendiendo en todo momento lo dispuesto en el artículo 4o., párrafo 3o. de la presente ley.

Artículo 14. La administración de las pensiones se hará a través de fondos financieros administrados por el Estado, mediante un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y recursos propios.

El organismo público deberá administrar los fondos de pensiones con apego a la legalidad y bajo los principios de transparencia, economía, honradez, eficiencia y eficacia, siempre buscando el bienestar de los pensionados.

Artículo 15. Los fondos de pensiones podrán ser invertidos únicamente en actividades que propicien el crecimiento económico nacional, minimicen los riesgos financieros y garantice el retorno de la inversión con los mejores rendimientos posibles, anteponiendo el interés de los beneficiarios y propiciando la generación de empleo formal.

Se privilegiará la inversión en la Banca de Desarrollo, las empresas productivas del Estado de los sectores estratégicos nacionales y, en segundo término, los instrumentos financieros de capitalización del Gobierno Federal.

No se podrán hacer inversiones en los mercados de capitales.

Artículo 16. El organismo público encargado de administrar los fondos de pensiones deberá, en el caso de las pensiones por retiro, informar a cada titular de una cuenta individual, el estado de la misma, en los términos, periodicidad y forma que se establezcan, sin perjuicio de que el titular en todo tiempo tenga el derecho a solicitar cualquier tipo de información, relacionada con su cuenta individual al organismo.

Artículo 17.Durante el tiempo en que el trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral, tendrá derecho a:

i. Realizar aportaciones a su cuenta individual, y

ii. Retirar parcialmente por situación de desempleo los recursos de la Subcuenta de Retiro, observando en todo momento que ello no comprometa su pensión correspondiente.

Artículo 18. Los trabajadores tendrán en todo tiempo el derecho a hacer aportaciones voluntarias a su cuenta individual, ya sea por conducto de su patrón al efectuarse el entero de las cuotas, o por sí mismos. En estos casos, las aportaciones se depositarán a la subcuenta de aportaciones voluntarias.

Artículo 19. El Estado, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, aportará anualmente los recursos financieros para cubrir el fondo de pensión garantizada por vejez.

Artículo 20. El organismo público encargado de administrar los fondos de pensión garantizada por vejez y retiro, deberá remitir a la Cámara de Diputados informes trimestrales detallando el estado que guarda los recursos a su cargo.

Artículo 21. El organismo público encargado de administrar los fondos de pensiones no podrá, bajo ninguna circunstancia, cobrar comisiones por los servicios que presta.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero. El Congreso de la Unión y las legislaturas estatales deberán en ejercicio de sus atribuciones, armonizar las leyes en la materia a fin de cumplir con el presente ordenamiento.

Cuarto. Las instituciones de seguridad social federales, estatales y, en su caso, municipales que tengan algún programa de pensión por retiro o cesantía, deberán hacer las adecuaciones necesarias para armonizar sus reglamentos a la presente ley.

Quinto. El gobierno federal deberá, en un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial de la Federación, crear el organismo público descentralizado controlador de los fondos de pensión por retiro y garantizada por vejez.

Sexto. Las cuentas individuales que actualmente estén vigentes deberán migrar al organismo público descentralizado de manera gradual y homologarse al esquema general planteado. La migración total de las cuentas deberá completarse en un periodo máximo de 5 años a partir de la fecha de apertura de operaciones del organismo público descentralizado controlador de las aportaciones.

Notas

1 Subdirección de Archivo y Documentación de la Dirección de Bibliotecas y de los Sistemas de Información (2007). Cuaderno de Apoyo “Ley del Seguro Social” (21 de diciembre de 1995 vigente) (12 de marzo de 1973 Abrogada). Disponible en

http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/archivo/SAD-03-07.pdf

2 Conapo (2017) Vejez y Pensiones en México. Capítulo cuatro ¿Cómo viven los mexicanos el retiro?, página 100. Disponible en

http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/publicaciones/Vejez -pensiones-en-Mexico.pdf

3 BID (2019) Diagnóstico del sistema de pensiones mexicano y opciones para reformarlo. Disponible en

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Dia gn%C3%B3stico_del_sistema_de_pensiones_mexicano_y_opciones_para_reformarlo_es_e s.pdf

4 Consar (2018) Encuesta sobre la Viabilidad de la Modificación del Esquema de Pensiones. Disponible en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/427539/Informe_d e_resultados_Encuesta_Viabilidad_Reforma_LSAR_FINAL.pdf

5 Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/61968/sistema_de_pensiones_2016. pdf

6 Disponible en

http://fundef.org.mx/sites/default/files/fundeforgmx/paginas/ar chivos/%3Cem%3EEditar%20P%C3%A1gina%20b%C3%A1sica%3C/em%3E%20Documentos%20de%20 Opini%C3%B3n%20y%20An%C3%A1lisis./fundefcomentariosocde.pdf

7 Disponible en https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Diagn%C3%B3stico_de l_sistema_de_pensiones_mexicano_y_opciones_para_reformarlo_es_es.pdf

8 Disponible en

https://ciss-bienestar.org/wp-content/uploads/2020/01/Pensiones -colores.pdf

9 Disponible en

https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action? id=55496

10 Disponible en

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-dgreports/—-dcomm/do cuments/publication/wcms_624890.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.— Diputados y diputadas: José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Mary Carmen Bernal Martínez, Clementina Marta Dekker Gómez, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Francisco Favela Peñuñuri, Alfredo Femat Bañuelos, Silvano Garay Ulloa, Margarita García García, Ana Ruth García Grande, Hildelisa González Morales, Santiago González Soto, Óscar González Yáñez, Ana Laura Bernal Camarena, Francisco Javier Huacus Esquivel, María Roselia Jiménez Pérez, Claudia Elena Lastra Muñoz, Emilio Manzanilla Téllez, Maribel Martínez Ruiz, María Teresa Marú Mejía, José Luis Montalvo Luna, Alfredo Porras Domínguez, Armando Reyes Ledesma, Maricruz Roblero Gordillo, Ángel Benjamín Robles Montoya, Ana Karina Rojo Pimentel, Martha Huerta Hernández, Reginaldo Sandoval Flores, Dionicia Vázquez García, Javier Armando Zertuche Zuani, Luis Enrique Martínez Ventura, Olga Juliana Elizondo Guerra, José Luis García Duque, Nelly Maceda Carrera, Jesús Fernando García Hernández, José de la Luz Sosa Salinas, José Mario Osuna Medina, Ana María Rodríguez Ruiz, Carlos Iván Ayala Bobadilla, Esteban Barajas Barajas, Idalia Reyes Miguel, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Karen Ivette Audiffred Fernández, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Laura Martínez González, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, Manuel Gómez Ventura, María de Jesús García Guardado, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, Martha Robles Ortiz, Rubén Cayetano García, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 194 Bis y 271 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 6, numeral 1, fracción I y los Artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 194 H Bis y reforma el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos para fortalecer en materia protección ambiental, infraestructura ambientalmente sustentable, salud y educación a los municipios y entidades federativas con alta exposición a daños medioambientales derivados de un intenso flujo de vuelos, con base en la siguiente:

El crecimiento comercial, industrial y tecnológico de las sociedades en un mundo globalizado ha sido clave en el desarrollo económico de países, regiones y comunidades. Desafortunadamente este desarrollo económico no necesariamente va proporcionalmente acompañado de mejoras en las condiciones de vida de los habitantes de esas sociedades y en muchas ocasiones conlleva impactos ambientales que abonan al deterioro en la calidad de vida de las comunidades.

Entre los rubros que generalmente se ven afectados ante modelos de desarrollo generados de manera desordenada o sin perspectivas de sostenibilidad podemos encontrar el medio ambiente, la salud, la educación o la protección civil. Ello, puede tener como consecuencia la destrucción de ecosistemas, daño en la calidad de los recursos naturales, proliferación de enfermedades, exposición a riesgos, el calentamiento global, debilidades estructurales para la recuperación ante desastres de origen natural o antropogénico y el deterioro generalizado en la calidad de vida y el espacio público.

Ante estas realidades, desde 1997 se remonta el origen del marco internacional en materia de protección ambiental, cuando se celebró la cumbre de Kioto, Japón, en la que la mayoría de los gobiernos reconocieron este tipo de problemas y tendencias. Por ello, desde esos años “algunos países se comprometieron” a impulsar esfuerzos generacionales para disminuir el impacto ambiental que han tenido globalmente las dinámicas económicas. Por ejemplo, en materia de generación de CO2, “la Unión Europea fijó una meta de reducción del 8 por ciento, y Estados Unidos y Japón acordaron reducir las emisiones en un 7 por ciento y 6 por ciento, respectivamente”.

En este contexto, en nuestros días el debate sobre reducir las emisiones ha involucrado también al sector de los transportes en general y el transporte aéreo en particular, pues si bien es cierto que “a medida que aumenta el número de pasajeros en un vehículo, aumentan las emisiones totales de CO2 de dicho vehículo, pero las emisiones por pasajero disminuyen”, lo cual planteaba un escenario ambientalmente favorable para el transporte aéreo en la década de 1990 del siglo XX, también es cierto que en ciertos casos el crecimiento exponencial que las operaciones aéreas han alcanzado actualmente en determinados aeropuertos tiende a opacar los aspectos positivos de este tipo de cálculos al concentrar diversos tipos de contaminación derivada de las operaciones aéreas en un mismo punto.

Cabe señalar que una de las alternativas ante este tipo de fenómenos se puede considerar mecanismos de recuperación ecológica, políticas específicas en materia educativa y otras soluciones que en muchos casos resultan onerosas. Ante esta situación de costos, entre las respuestas para abordar el problema de las emisiones con respecto al transporte se han encontrado los impuestos verdes que desde sus primeras expresiones se presentaban principalmente en:

“-Impuestos sobre las emisiones cuyas tasas se fijan en función del volumen de emisión y del grado de daño ecológico, conocidos como -impuestos de Pigou-.

-Impuestos indirectos sobre los insumos de producción o sobre bienes de consumo cuya utilización puede perjudicar el medio ambiente (por ejemplo, los impuestos selectivos al consumo de gasolina).

-Disposiciones sobre otros impuestos relacionadas con la ecología.

-Disposiciones que contemplan una depreciación acelerada y tasas impositivas más bajas en el caso de equipos y métodos de producción que permitan ahorrar energía y reducir la contaminación”.

Consecuentemente podemos afirmar que hoy es un hecho que entre las respuestas más estudiadas ante dichos problemas está la proliferación de los impuestos verdes o reformas de impuestos ecológicos. Asimismo, se puede observar que “la característica común de la reforma del régimen de los impuestos ecológicos ha sido la aplicación de un gravamen sobre las emisiones de dióxido de carbono. En todos los países se ha demostrado que la forma más eficiente de alcanzar las metas ecológicas es aplicar impuestos específicos sobre las emisiones de dióxido de carbono, que es con mucho el gas que produce más efecto de invernadero”.

En este orden de ideas, resulta necesario reflexionar sobre la posibilidad de generar mecanismos de recaudación orientados a la protección ecológica en general y particularmente orientados a amortiguar las repercusiones del crecimiento exponencial del transporte aéreo y su concentración en aeropuertos con altos niveles de afluencia en los que se concentran millones de operaciones aéreas al año.

Es decir, si consideramos la concentración de eventos de contaminación a partir del incremento de operaciones aéreas focalizadas en los puntos de llegada y salida y el transcurrir de pasajeros que requieren por lo menos servicios elementales como agua corriente y drenaje encontraremos que en aquellos puntos donde se concentran más de 10 millones de pasajeros al año, la demanda de recursos naturales y el impacto ambiental necesariamente es una consecuencia. Para poner en perspectiva tan sólo el tema de los aterrizajes y despegues, tomemos en cuenta por ejemplo, que “un avión Airbus A380, con capacidad máxima de combustible de 323,546 litros... uno de los más grandes y con mayor capacidad de pasajeros, emplea la cantidad de energía que equivaldría al combustible usado por 3.500 automóviles”. Es decir, considerando que una aeronave con las características del Airbus A380 puede transportar hasta 544 pasajeros, y pensando que únicamente volaran aviones llenos (lo cual no sucede y en consecuencia se requieren más aviones para una estimación realista), en un año un aeropuerto en el que confluyen 10 millones de pasajeros registraría 18 mil 382 despegues o aterrizajes al año, es decir 50.36 vuelos diarios, lo que representaría que en un mismo espacio diariamente se generarían aproximadamente las emisiones de CO2 equivalentes a 176 mil 260 automóviles.

Derivado de estas realidades, a lo largo del mundo se han impulsado esfuerzos para aminorar el impacto de la aviación en el medio ambiente y actualmente “Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y Bulgaria aprobaron una declaración conjunta para pedir a la Comisión Europea la creación de un impuesto sobre la aviación”.

En nuestro país, el impacto ambiental de los aeropuertos con mayor afluencia es cada vez más evidente y en consecuencia, por ejemplo, dentro del debate para la transformación del sistema aeroportuario de la Ciudad de México, el aeropuerto empiezo a ser reconocido por la población como una de las explicaciones probables a la escasez de agua en zonas aledañas a los aeropuertos. Este fenómeno parece presentarse en los aeropuertos con mayor afluencia del país, tal y como se refleja en la relatoría “Especial en DHAyS en su misión a México en mayo de 2017”, integrada en el “Estudio sobre Protección de Ríos, Lagos y Acuíferos desde la Perspectiva de los Derechos Humanos” publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Aunado a lo anterior debe considerarse que la exposición a contaminación por el sonido que generan las operaciones aéreas “suele afectar a urbanizaciones o núcleos urbanos periféricos”. Al respecto, hay informes de la Comisión Europea que encuentran correlaciones directas entre el ruido nocturno del transporte aéreo y la incidencia de enfermedades coronarias.

Cabe señalar que mientras la industria aeronáutica ha hecho algunos esfuerzos para disminuir los efectos acústicos de su operación, estudios de instituciones como la Universidad Complutense de Madrid han planteado que “la contaminación acústica en los ámbitos aeroportuarios presenta una peculiar problemática, mayor en lo que se refiere a la convención de los parámetros físicos en los que se sustenta y a los sistemas de medición-evaluación de rumorosidad”.

Derivado de todo anterior y considerando que México cuenta con 77 aeropuertos mil 465 aeródromos y 530 helipuertos; que en nuestro país anualmente se mueven 859. 3 Millones de toneladas de mercancía vía aérea, y que de acuerdo con las cifras de la SCT, en vuelos nacionales, domésticos e internacionales se ha registrado una alza constante desde 2012 en la ocupación, el problema adquiere otras dimensiones en los municipios y alcaldías donde se ubican los aeropuertos con mayor tráfico aéreo y, a su vez, ese problema irá en aumento junto al alza en la frecuencia de aterrizajes y despegues. Ello, si tomamos en cuenta que las aerolíneas nacionales registran un crecimiento anual total de 8.5 por ciento y que existen al menos cuatro municipios o alcaldías en el país en los que la afluencia de pasajeros supera los 10 millones anuales.

Tan solo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante 2019 las operaciones superaron los 419 mil 790 despegues o aterrizajes, es decir aproximadamente mil 150 despegues o aterrizajes cada 24 horas, lo que significan 47 despegues o aterrizajes en promedio cada hora.

En consecuencia, el impacto de esa actividad derivó en 2019 en la movilización y prestación de servicios para más de 50 millones 308 mil 49 pasajeros al año.

Así como la población de la alcaldía de Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, se expone a problemas medioambientales y de salud, sin considerar los riesgos implícitos en la posibilidad de accidentes aéreos que posiblemente superen las capacidades de la dicha alcaldía para atender una eventual emergencia de protección civil.

Adicionalmente, podemos encontrar ejemplos similares en cuanto a riesgos de protección civil y afectaciones medioambientales en municipios como Tlajomulco, en Jalisco, donde se ubica el “Aeropuerto Internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo y Costilla”, con una afluencia anual por encima de los 14 millones de pasajeros; el municipio de Benito Juárez, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de Cancún cuya afluencia anual ha llegado a los 23 millones de pasajeros, o el municipio de Apodaca, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de Monterrey que en 2019 ha alcanzado los 11 millones de pasajeros al año.

En consecuencia, la presente iniciativa propone adicionar un artículo 194H Bis y reformar el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos para establecer pagos anuales por parte de las aerolíneas que operan en los aeropuertos cuya afluencia anual supera los 10 millones de pasajeros. Estos pagos varían de acuerdo a la cantidad de pasajeros que movilizó la aerolínea y en función de si la aerolínea realiza operaciones nacionales e internacionales o sólo nacionales o sólo internacionales. Asimismo, la recaudación sería orientada a fortalecer los esfuerzos municipales y estatales en materias de salud, educación infraestructura ambientalmente amigable y protección ambiental, así como la protección ambiental desde la federación.

En consecuencia se espera que el pago de este derecho no impacte trascendentalmente en la operación de las aerolíneas por la manera en que está diseñado, los montos concebidos y las estimaciones anunciadas a partir de este año para el transporte carretero. Adicionalmente, se espera que de aprobarse esta iniciativa se coadyuve a diversificar el mercado y proyectar, a partir del propio mercado una mejor optimización del uso del espacio aéreo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Que adiciona un artículo 194 H Bis y se reforma el artículo 271 a la Ley Federal de Derechos

Artículo Único. Se adiciona un artículo 194 H Bis y se reforma el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

Artículo 194-H Bis. Por los servicios de operación aeroportuaria en instalaciones cuya afluencia supere los 10 millones de pasajeros al año las aerolíneas deberán cubrir un pago anual por concepto de afectación por impacto ambiental, conforme a las siguientes cuotas:

I. Las aerolíneas que desarrollen operaciones nacionales e internacionales en aeropuertos con afluencia superior a los 10 millones de pasajeros al año, deberán cubrir el monto anual equivalente a 10 pesos multiplicados por el número de pasajeros a los que prestaron servicios en dichos aeropuertos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior

II. Las aerolíneas que desarrollen únicamente operaciones nacionales en aeropuertos con afluencia superior a los 10 millones de pasajeros al año, deberán cubrir el monto anual equivalente a 5 pesos multiplicados por el número de pasajeros a los que prestaron servicios en dichos aeropuertos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

III. Las aerolíneas que desarrollen únicamente operaciones internacionales en aeropuertos con afluencia superior a los 10 millones de pasajeros al año, deberán cubrir el monto anual equivalente a 5 pesos multiplicados por el número de pasajeros a los que prestaron servicios en dichos aeropuertos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Para el cálculo de los pagos únicamente se considerarán las operaciones realizadas en aeropuertos cuya afluencia supere los diez millones de pasajeros durante el ejercicio fiscal.

Para los efectos del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no se incluirá en la recaudación federal participable, la recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refiere el artículo 194-H BIS de esta Ley, y se distribuirá, en un 70 por ciento a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en los que estén ubicados los aeropuertos con afluencia anual superior a los 10 millones de viajeros, el 20 por ciento a la entidad federativa correspondiente, a fin de que se apliquen en términos de lo dispuesto por el artículo 271 de esta Ley; el 10 por ciento irá a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para desempeñar las funciones de Cuidado del Medio Ambiente encomendadas en Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). La distribución de estos recursos entre los municipios y demarcaciones de la Ciudad de México, y entre las entidades federativas correspondientes, se determinará con base en el porcentaje de viajeros que hubiesen concurrido a los aeropuertos a través de operaciones aeroportuarias, en beneficio de los respectivos municipios o demarcación de la Ciudad de México.

Artículo 271. Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos a que se refieren los artículos 194 H Bis, 268, 269 y 270 de esta Ley podrán ser empleados en acciones para mejorar las condiciones de los centros educativos y de los servicios de salud, así como en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, incluyendo:

I. a V. ...

Único. El presente Decreto entrará en vigor en el ejercicio presupuestal inmediato posterior al ejercicio presupuestal vigente al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 John Norregaard y V Reppelin-Hill, “Control de la contaminación mediante el uso de impuestos y licencias negociables”, Fondo Monetario Internacional, Washington, 2000.

2 Planeta recicla, 11 de julio de 2017 en:

https://www.ecoembes.com/es/planeta-recicla/blog/que-emite-meno s-c02-el-coche-el-tren-o-el-avion

3 John Norregaard y V Reppelin-Hill, “Control de la contaminación mediante el uso de impuestos y licencias negociables”, Fondo Monetario Internacional, Washington, 2000.

4 Al considerar una racionalidad entre número de pasajeros, distancia recorrida y combustible empleado durante toda la trayectoria pareciera que es un transporte más limpio, sin embargo su crecimiento exponencial en las últimas décadas pone entre dicho la siguiente metodología “Las emisiones que se producen en un trayecto en avión se estiman teniendo en cuenta el tipo de avión, la distancia recorrida, el número de ciclos de aterrizaje y despegue (LTO, por sus siglas en inglés), la distancia de crucero (C), etc.” Ministerio para la Transformación Ecológica, “Cómo calcular las emisiones de los viajes realizados por los empleados por motivos de trabajo”, Gobierno de España, España, disponible en

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion- politicas-y-medidas/viajespormotivosdetrabajo_tcm30-486205.pdf

5 ¿Cuanto contamina un avión? Disponible en

https://es.calcuworld.com/cuantos/cuanto-contamina-un-avion/

6 BBC Mundo, Airbus A380: 4 datos curiosos del avión de pasajeros más grande del mundo, BBC, 30 de agosto de 2016, disponible en

https://www.bbc.com/mundo/noticias-37223357

7 Resultado de dividir 10 millones entre 544 pasajeros para estimar el número de aviones.

8 Redacción A21, “Nueve países europeos impulsan impuesto contra la aviación”, A21, martes 21 de noviembre de 2019. Disponible en

https://a21.com.mx/aeronautica/2019/11/12/nueve-paises-europeos -impulsan-impuesto-contra-la-aviacion

9 Véase: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/ESTUDIO_RIOS_LAGOS_AC UIFEROS.pdf

10 “Un estudio epidemiológico sobre el ruido nocturno del aeropuerto de Colonia-Bonn concluía que, según la intensidad, se incrementa la cantidad de medicamentos recetados para la hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. Según este trabajo, el ruido de vuelos nocturnos afecta mucho más que el diurno y más a las mujeres que a los hombres.

Las Guías para el Ruido Urbano de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya indicaban en 1999 que el ruido urbano en general provoca deficiencia auditiva, trastorno del sueño y reposo, efectos psicofisiológicos sobre la salud mental, el rendimiento o el comportamiento, entre otros.

Estudios llevados a cabo por Eduard Estivill, especialista en trastornos de sueño, señalan que los afectados pasan de una fase profunda del sueño a otra en la que no descansan. La defensa frente a enfermedades disminuye y puede producir enfermedades metabólicas” I Ambiente “¿Cómo nos afecta el ruido de los #Aeropuertos?”, I Ambiente, 7 de julio de 2014, disponible en: http://www.i-ambiente.es/?q=noticias/como-nos-afecta-el-ruido-de-los-aeropuerto s

11 “Las perspectivas de evolución de la contaminación acústica en el entorno del aeropuerto de Barajas no permiten augurar una mejora sustancial en los próximos años. Muy al contrario, cabe esperar que con la intensificación de las operaciones de vuelo después del umbral de la liberalización aérea en 1997, se agudicen los efectos del ruido generado por el paso de aeronaves” Francisco Javier Antón Burgos, “El impacto de la contaminación acústica en los ámbitos periaeroportuanos: el caso de Madrid-Barajas”, Universidad Complutense de Madrid, disponible en

https://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/download/AGUC959 5220053A/31508/

12 Véase:

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/ inicio/indicadores-ene-dic.pdf

13 Aeropuerto Internacional Benito Juárez, AICM en Cifras diciembre 2019, SCT, disponible en

https://www.aicm.com.mx/wp-content/uploads/2013/09/AICM-EN-CIFR AS-DICIEMBRE-2019.pdf

14 Patricia Romo, “Aeropuerto Internacional de Guadalajara tercero con más pasajeros y primero de carga en México”, El Economista, 11 de diciembre de 2019, disponible en:

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Aeropuerto-de-Guadalaja ra-es-el-tercero-con-mas-pasajeros-y-el-primero-de-carga-en-Mexico-20191211-008 8.html

15 Jesús Vázquez, “Aeropuerto de Cancún no superó record de los 26 millones de pasajeros”, El economista, 1 de enero de 2020, disponible en

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Aeropuerto-de-Guadalaja ra-es-el-tercero-con-mas-pasajeros-y-el-primero-de-carga-en-Mexico-20191211-008 8.html

16 Fabricio Gallegos, “Amplían Aeropuerto Internacional de Monterrey”, ABC Noticias, 5 de noviembre de 2019, disponible en

https://abcnoticias.mx/amplian-aeropuerto-internacional-de-mont errey/149697

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.— Diputadas y diputado: Adriana Gabriela Medina Ortiz, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Carmen Julia Prudencio González (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 3 y 20 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Francisco Javier Saldívar Camacho, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputado Francisco Javier Saldívar Camacho, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un nuevo párrafo al artículo 20 de la Ley Nacional de Aguas, de conformidad con la siguiente:

La construcción de trasvases es algo inherente a la actividad humana, especialmente en las zonas con escasez de recursos hídricos. La forma más usual de realizar los trasvases ha sido mediante la construcción de canales por los que se desviaban las aguas superficiales hasta el lugar de utilización, principalmente para abastecimiento urbano o para regadío, ahora la tendencias es utilizar estos trasvases para uso comercial y para llevar a cabo un lucro indiscriminado del agua.

En México, la normativa que lo enuncia y regula de manera muy acotada la materia es la Ley de Aguas Nacionales, la cual establece en su artículo 14 Bis 5 la Política Hídrica Nacional, y en su fracción VI expresa que, el uso de la cuenca Hidrológica, incluyendo los acuíferos y los trasvases entre cuencas deberán ser regulados por el Estado.

Aunado lo anterior, esta laguna en la ley implica que de manera tajante no hay un articulado que establezca los principios generales que regule los trasvases en nuestro país.

El desfase normativo es tal, que es la Ley Federal de Derechos, en su artículo 223 Bis, la que establece el concepto de trasvase:

Para los efectos de este artículo se considerará trasvase, el uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales trasladadas de una cuenca a una distinta con la que no haya conexión natural, que realiza el Estado, así como los asignatarios y concesionarios, mediante obras de infraestructura hidráulica, para concesionarlas, asignarlas, usarlas, aprovecharlas y explotarlas en un lugar distinto a la cuenca de extracción, y que para los fines de la presente Ley pueden ser:

a). Directo: El que realizan los asignatarios y concesionarios con autorización de la Comisión Nacional del Agua.

b). Indirecto: El que efectúa el Estado en beneficio de los asignatarios o concesionarios, con inversión federal o con participación de inversión estatal, municipal, social o privada. Dicho beneficio tiene lugar cuando concesionarios y asignatarios usan, aprovechan o explotan aguas nacionales trasvasadas previamente por el Estado.

Actualmente no existe en la normatividad regulación alguna, para realizar un dictamen cuando se solicita la concesión o asignación de aguas cuyo fin sea transferir el volumen hacia otra cuenca o acuífero para atender demandas que no pueden ser satisfechas con los recursos propios de la cuenca o acuífero de destino, ya sea por problemas de cantidad o calidad.

Es entonces que al no existir una disposición legal en la Ley que debería establecer los criterios para el otorgamiento de autorizaciones en materia de trasvases, es discrecionalidad del Estado establecer los parámetros para su asignación, sin tener principios en el tema, que establezcan los parámetros con los que pudiera ser regulada esta figura.

Esta acción torna en duda el fundamento legal y su viabilidad jurídica para realizar estos actos administrativos, además, uno de los principios de la Política Hídrica Nacional es que la gestión de los recursos hídricos se llevará a cabo en forma descentralizada, lo que resulta incongruente, toda vez que a criterio del Estado se toman determinaciones para los trasvases entre cuencas sin una ley marco aplicable.

La sobreexplotación del agua subterránea y el uso de las fuentes superficiales contribuyeron a que se buscarán nuevas opciones de abastecimiento más allá de la cuenca propia. Un ejemplo claro es que surgieron los grandes trasvases de agua a la Ciudad de México.

Ahora bien, es claro que, a pesar de la sobreexplotación del agua, en un gran porcentaje la extracción es utilizada por empresas privadas con el fin de lucrar con el vital líquido, y en otras circunstancias existen comunidades que no cuentan con el abastecimiento y sin acceso a agua.

Por otra parte, la creación de trasvases ha ocasionado problemas sociales puesto que la acción consiste en llevar agua de una cuenca sin realizar los estudios técnicos necesarios lo que en ocasiones repercute y afecta al medio ambiente.

La principal norma que regula la gestión del agua en México es la Ley de Aguas Nacionales, la cual únicamente habla de trasvases en su artículo 14 Bis 5 cuando señala los principios de la política hídrica nacional y menciona en su fracción V que los usos del agua en las cuencas hidrológicas, incluyendo los acuíferos y trasvases, serán regulados por el Estado. Sin embargo, este principio de política hídrica nacional no se cumple pues precisamente el caso de los trasvases se encuentra en un vacío legislativo; llanamente, no existe la normatividad para realizar trasvases.

Este vacío legal es especialmente delicado pues, al no existir norma alguna para regular los trasvases, queda a la discreción de la autoridad nacional del agua acordar su realización, sin que existan parámetros regulatorios que aporten criterios para su cuestionamiento público. Además, esta carencia de regulación, atento al principio de legalidad que debe regir las determinaciones de las autoridades, pone en entredicho la factibilidad jurídica de los actos en que se materializan los trasvases, pues precisamente carecerían de fundamento legal para llevarse a cabo, lo cual los torna en actos administrativos cuestionables.

Resulta conveniente integrar en la Ley de Aguas Nacionales, el concepto básico de trasvase, así como el derecho que les asiste a los concesionarios y asignatarios de solicitar autorización para la construcción de un trasvase, pero sin vulnerar el derecho humano al agua que le asiste a todo ser humano, y por el contrario garantizar que la autorización siempre privilegiara el uso doméstico y público urbano, aunado a que, en todo momento, para la creación de un trasvase se deberá de proteger el entorno y el medio ambiente de donde se pretende construir.

Para dar cuenta con el proceso de dictamen con mayor facilidad, se adjunta el siguiente comparativo:

Fundamento Legal

Es por lo anteriormente motivado y fundado; y con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción LI al artículo 3 y se reforma el artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales

Artículo Único. Se reforma adicionando una fracción LI al artículo 3, recorriéndose los subsecuentes, y se reforma el artículo 20 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a L. ...

LI. “Trasvase”: Explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca a otra con la que no haya conexión natural, que realiza el Estado, así como los asignatarios y concesionarios, mediante obras de infraestructura hidráulica, para concesionarlas, asignarlas, usarlas, aprovecharlas y explotarlas en un lugar distinto a la cuenca de extracción;

LII. ...

Artículo 20. ...

...

...

...

...

...

Los concesionarios y asignatarios podrán solicitar a la Comisión la autorización de trasvases de agua. El reglamento de la presente ley establecerá los requisitos, criterios y los procedimientos para tal efecto.

Para la autorización de trasvases, se deberá contar con el estudio técnico que sustente su viabilidad, la Comisión emitirá los requisitos y especificaciones técnicas que deberá contener el estudio.

En todo momento, para la autorización de un trasvase, se deberá de privilegiar que la explotación y su aprovechamiento vaya encaminado al uso doméstico o uso público urbano, así como la más amplia protección del medio ambiente y la conservación del ecosistema.

No se autorizará un trasvase cuando el mismo pueda afectar el volumen de extracción de la cuenca de origen y que dé como consecuencia la disminución del abastecimiento de agua de algún grupo poblacional, asentamiento humano o comunidad.

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1https://www.fundacionaquae.org/sites/default/files/enrique_san_ martin_doc_5_tesis_0.pdf

2 https://www.cmic.org.mx/comisiones/sectoriales/infraestructurahidraulica/notici as_principales/ivcoloquioagua/presentaciones/ARMANDO%20PAMPLONA.pdf

3 Veredictos de la Audiencia Pública Regional, México Tribunal Latinoamericano del Agua Marzo 2006

Caso: Trasvase de agua de la región del sistema Cutzamala a la cuenca del Valle de México. República Mexicana.

4 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/7631-Texto%20del%20art%C 3%ADculo-23796-1-10-20181213%20(1).pdf

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 20 de febrero de 2020.— Diputados y diputadas: Francisco Javier Saldívar Camacho, Adriana Paulina Teissier Zavala, Carolina García Aguilar, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Ricardo de la Peña Marshall, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Salud; y Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, en materia de regulación de los ácidos relacionados con los ataques a mujeres, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputado coordinador Arturo Escobar y Vega, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción 1, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, y de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y o comprimidos al tenor de la siguiente

De acuerdo con ONU Mujeres, la violencia contra las mujeres y niñas es el uso deliberado del poder o la fuerza física, con la intención real o amenaza de usarlas, contra sí mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar la muerte, lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.

Es, por consecuencia, una grave violación a sus derechos humanos con secuelas físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales para las víctimas que además de afectar el bienestar de las mujeres que la padecen, también impacta negativamente a sus familias, comunidades y países.

Desafortunadamente, México ha sufrido en los años recientes un incremento en la violencia hacia mujeres y niñas por razón género y se ha encontrado que los factores que vulneran la integridad y la seguridad de las mujeres son diversos, y los mismos se pueden presentar en diferentes ámbitos en los que se desarrollan como el escolar, familiar, laboral o en el entorno en donde viven.

Si bien ninguna mujer está exenta de sufrir violencia a manos de un desconocido o en zonas públicas, con mayor frecuencia este tipo de agresiones surgen en el hogar, los victimarios por lo general forman parte del círculo cercano de las víctimas, pudiendo ser amigos, hermanos, primos, padres y principalmente sus parejas sentimentales.

Cuando se habla de este tipo de violencia la expresión más grande se traduce en el feminicidio, no obstante, no todas las agresiones físicas cometidas en contra de las mujeres por motivo de su género, son con la intención de privarlas de la vida ni tampoco resultan en su muerte, algunas tienen como propósito producir un daño o alteración en el físico y la salud de la víctima causándole secuelas físicas y psicológicas permanentes.

Bajo ese contexto, reconociendo este dato fenomenológico, en diciembre de 2019 se aprobó por el pleno de la Cámara de Diputados el Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adicionan el capítulo I Bis, “Lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género”, y los artículos 301 Bis y 301 Ter al título decimonoveno del Código Penal Federal.

Con estas adiciones se busca reconocer y castigar la existencia de las lesiones por razón de género, estableciendo una pena que va de entre diez y quince años de prisión a quien infiera alteración en la salud o daño, producido por causa externa, que deje huella material en el cuerpo de una mujer, incrementándose las penas si el autor del delito es su pareja sentimental y si de la agresión resulta una enfermedad incurable, la inutilización permanente o la pérdida de cualquier órgano, extremidad o función orgánica.

En los términos en que fue planteada y aprobada la reforma por la Cámara de Diputados, se dio un gran paso para poder encuadrar aquellos eventos que han generado deformidad física en varias víctimas a causa de ataques cometidos con diversos tipos de ácidos, álcalis o sustancias corrosivas que han generado daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano.

De acuerdo con la asociación Acid Surviviors Trust International cada año, se registran unos mil 500 ataques con ácido en el mundo y la mayoría ocurre en países en vías de desarrollo, sin que estén exentos los países de primer mundo.

Las cifras indican que es un fenómeno global y que lejos de disminuir ha ido en aumento, presentándose en países de distintos contextos políticos y económicos.

Como ejemplo, esta asociación internacional señala los siguientes datos:

Colombia. Tiene aproximadamente 100 ataques reportados por año, con una población de alrededor de 48 millones de habitantes lo que lo convierte en uno de los países con uno de los índices más altos per cápita.

Reino Unido. En 2016, tan solo en Londres, las sustancias corrosivas fueron usadas en al menos 454 crímenes.

Italia. En años recientes Italia ha visto un incremento en este tipo de ataques, en 2016 se registraron 27 casos cuando en 2013 se tuvo conocimiento de 8. La mayoría de las víctimas eran mujeres.

Uganda. Entre el año 1985 y 2011 se tiene registro de 382 casos por ataque de ácidos hacia mujeres.

Estas cifras resultan relevantes para generar un estado de alerta, en razón de que en los últimos años se han presentado en México ataques con ácidos o sustancias corrosivas en contra de mujeres, con el objetivo principal de causarles daños físicos irreversibles y desfigurarlas.

Si bien no existen cifras oficiales de cuántos casos se han presentado en el país, muchos de ellos han tenido difusión a través de notas periodísticas, en donde se destacan los ataques ocurridos en Oaxaca, Aguascalientes, Puebla, estado de México, Yucatán, Hidalgo y la Ciudad de México.

Es importante tener presente que la contabilización en registros administrativos se realiza solamente con la información de aquellas mujeres víctimas de violencia que solicitaron atención en algún servicio y por lo que no es posible contabilizar a quienes, siendo víctimas, no acudieron a solicitarla.

Se cree que en México, como en los demás países, los ataques con ácido no se denuncian regularmente y sólo cuando el caso se hace mediático se da cuenta del asunto, esto derivado de lo complicado que resulta para las víctimas recibir justifica, por diversos motivos, entre ellos la falta de una tipificación que se adecue a la magnitud del delito y el establecimiento de mecanismos necesarios para garantizar la reparación del daño.

Las quemaduras químicas en 55 por ciento requieren tratamiento quirúrgico, y generalmente afectan la cara, el tórax o las manos, y tienen una mortalidad de 30 por ciento, este tipo de quemaduras se diferencian de las térmicas principalmente en su efecto progresivo después del contacto inicial debido a que la sustancia sigue actuando sobre los tejidos incrementando la gravedad de las lesiones y las secuelas que las mismas conllevan.

El contacto de este tipo de ácidos en la piel de los párpados es devastador debido a que es la piel más delgada del cuerpo cuya función es proteger la superficie ocular, y al ser lesionada con estas sustancias químicas se ocasionan cicatrices hipertróficas y contracturas, pierde su función permitiendo la acción directa ocasionando incluso perforación del globo ocular.

Los efectos del ácido en la piel son inmediatos y demoledores, ocasionan grandes secuelas estéticas, desfiguración facial y ceguera, como consecuencia, las sobrevivientes sufren un enorme trauma tanto físico como emocional requiriendo tratamiento médico y psicológico por el resto de sus vidas lo que a la fecha esto no se ha logrado garantizar por el Estado como medida de reparación.

Existen seis mecanismos de acción de los agentes químicos sobre la piel, en los casos de los ácidos clorhídricos y nítrico es de reducción que actúan uniendo electrones libres presentes en las proteínas tisulares, pudiendo producir calor generando una lesión mixta, por otro lado el mecanismo de acción del ácido sulfúrico es desecante, es decir que lesiona los tejidos por deshidratación, la lesión suele aumentar por la producción de calor, debido a que las reacciones son exotérmicas.

Los ácidos clorhídrico, nítrico y sulfúrico son agentes oxidantes y corrosivos que se emplean en la fabricación de fertilizantes, colorantes, perfumes y medicinas, así como limpiadores de drenajes y baterías de automóvil. Sin embargo, estas sustancias, además de ser empleadas en varias industrias, son utilizadas por particulares para cometer distintos delitos cuando se arrojan a mujeres, niñas y varones para desfigurarles y causar un intenso dolor; desaparición forzada, cuando se usan para disolver restos humanos; y delitos contra la salud, cuando se usan para la creación de drogas sintéticas, como las metanfetaminas.

Si bien, el reconocimiento de las lesiones de género como un delito autónomo es necesario, sigue siendo insuficiente ya que no ataca el problema desde su origen.

En otros países se ha llegado a la conclusión que una de las razones por las que estos delitos han tenido un repunte, es gracias a la accesibilidad del producto, pues resulta ser barato y de poca regulación.

El ácido sulfúrico se puede conseguir fácilmente y con un precio verdaderamente accesible que va desde los 50 pesos el litro, y lo más alarmante es que tan solo con medio litro se ocasiona un daño irreversible en las personas, arruinando su vida por completo, debido a que la piel no vuelve jamás a su estado normal.

Por tanto, es necesario hacer eficiente el control que la legislación actual impone a la comercialización de estas sustancias, pues ante los ataques con sustancias corrosivas es urgente limitar al máximo su utilización en la comisión de conductas y delitos.

Actualmente la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos, de acuerdo con su artículo 1 tiene por objeto controlar la producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transporte, almacenaje y distribución de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos, a fin de evitar su desvío para la producción ilícita de narcóticos en todo el territorio nacional.

Asimismo en la Ley General de Salud existen disposiciones que le otorgan facultades para el control y regulación de diversas sustancias entre ellas, las sustancias químicas y peligrosas.

No obstante, como ya ha quedado señalado estos químicos no solo son utilizados para cometer delitos relacionados con el narcotráfico sino para causar lesiones que, si bien tienen repercusiones a la salud, no tienen la misma naturaleza ni comparten el mismo fin, de ahí que resulte necesario ampliar el alcance de la legislación mexicana, para que en los términos que está planteada también se ocupe de la regulación de estas sustancias.

Un mejor control y seguimiento de la venta de estas sustancias traerá indudablemente beneficios en materia de seguridad debido a que el acceso a este tipo de productos químicos será limitado, por lo que su uso para ocasionar lesiones se reducirá de manera considerable.

En el Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos de que no tenemos que esperar a que esto se vuelva una crisis. Una persona atacada con ácido es ya es demasiado por lo que es necesario reforzar los medios legales para evitar y erradicar desde la raíz este tipo de delitos.

Por ello proponemos diversas reformas y adiciones a la Ley General de Salud y a la Ley Federal para el control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos con la finalidad de fortalecer las medidas que deben de llevarse a cabo en la venta de dichas sustancias químicas, tomando en cuenta los usos y hechos ilícitos con los que se encuentre relacionado.

También se propone que la información recabada por las autoridades competentes en el control y manejo de las sustancias químicas pueda servir para fortalecer las investigaciones en donde se hayan producido lesiones dolosas, esto con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.

Para ilustrar lo anterior, a continuación se presentan cuadros comparativos sobre el texto vigente en las leyes referidas, así como las reformas y adiciones propuestas a fin de demostrar su pertinencia.

De lo anterior se desprende que las propuestas de reforma y adiciones son pertinentes pues fortalecen el marco jurídico vigente para hacerlo más efectivo, actualizándose a la penosa realidad que vivimos respecto del uso de sustancias químicas para ocasionar lesiones, las cuales, ha quedado ampliamente expuesto sus secuelas son permanentes.

Ante el registro de casos de ataques con ácidos en México, es necesario implementar las acciones necesarias para evitar el aumento de los ataques con ácido en contra de mujeres, resulta imperativo que no ignoremos una realidad que nos ha alcanzado y que nos obliga a tutelar mediante acciones legislativas la integridad de las personas.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Artículo 278. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. Plaguicida: Cualquier substancia o mezcla de substancias que se destina a controlar cualquier plaga, incluidos los vectores que transmiten las enfermedades humanas y de animales, las especies no deseadas que causen perjuicio o que interfieran con la producción agropecuaria y forestal, así como las substancias defoliantes y las desecantes;

II. Nutrientes vegetales: Cualquier substancia o mezcla de substancias que contenga elementos útiles para la nutrición y desarrollo de las plantas, reguladores de crecimiento, mejoradores de suelo, inoculantes y humectantes;

III. Substancia peligrosa: Aquel elemento o compuesto, o la mezcla química de ambos, que tiene características de corrosividad, reactividad, inflamabilidad, explosividad, toxicidad, biológico-infecciosas, carcinogenicidad, teratogenicidad o mutagenicidad, y

IV. Substancia tóxica: Aquel elemento o compuesto, o la mezcla química de ambos que, cuando por cualquier vía de ingreso, ya sea inhalación, ingestión o contacto con la piel o mucosas, causan efectos adversos al organismo, de manera inmediata o mediata, temporal o permanente, como lesiones, alteraciones genéticas, teratogénicas, mutagénicas, carcinogénicas o la muerte.

La Secretaría de Salud determinará, mediante listas que publicará en el Diario Oficial de la Federación, los nutrientes vegetales, así como las substancias tóxicas o peligrosas que por constituir un riesgo para la salud deben sujetarse a control sanitario.

Artículo 279. Corresponde a la Secretaría de Salud:

I. Establecer, en coordinación con las dependencias del Ejecutivo Federal competentes y para fines de control sanitario, la clasificación y las características de los diferentes productos a que se refiere este Capítulo, de acuerdo al riesgo que representen directa o indirectamente para la salud humana, la integridad física de las personas, así como en los hechos delictivos con los que estén relacionados;

II. Autorizar, en su caso, los productos que podrán contener una o más de las substancias, plaguicidas o nutrientes vegetales, tomando en cuenta el empleo a que se destine el producto;

III. Autorizar los disolventes utilizados en los plaguicidas y nutrientes vegetales, así como os materiales empleados como vehículos, los cuales no deberán ser tóxicos por sí mismos ni incrementar la toxicidad del plaguicida o del nutriente vegetal;

IV. Autorizar el proceso de los plaguicidas persistentes y bioacumulables de cualquier composición química, solamente cuando no entrañen peligro para la salud humana y cuando no sea posible la sustitución adecuada de los mismos, y

V. Establecer, en coordinación con las dependencias competentes, las normas oficiales mexicanas en las que se especifiquen las condiciones que se deberán cumplir para fabricar, formular, envasar, etiquetar, embalar, almacenar, transportar, comercializar y aplicar plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas en cualquier fase de su ciclo de vida. A efecto de proteger la salud de la población y la integridad física de las personas prevalecerá la opinión de la Secretaría de Salud.

Artículo 280. La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas de protección para el proceso, uso y aplicación de los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas, y aquellas que se utilicen en hechos delictivos o para causar lesiones intencionales.

Artículo 282. El control sanitario de las substancias a que se refiere el artículo 278, se ajustará a lo establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables, de acuerdo con el riesgo que representen directa o indirectamente para la salud humana, la integridad física de las personas, así como en los hechos delictivos con los que estén relacionados;

Artículo 281. Las etiquetas de los envases de los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas, en lo conducente, deberán ostentar, en español, claramente la Leyenda sobre los peligros que implica el manejo del producto, su forma de uso, sus antídotos en caso de intoxicación y el manejo de los envases que los contengan o los hayan contenido, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y con las normas que dicte la Secretaría de Salud.

Así como la advertencia de que el uso para causar lesiones de manera intencionada se encuentra sancionado por la legislación penal.

Artículo 282. El control sanitario de las substancias a que se refiere el artículo 278, se ajustará a lo establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables, de acuerdo con el riesgo que representen directa o indirectamente para la salud humana, la integridad física de las personas, así como en los hechos delictivos con los que estén relacionados;

Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos

Artículo 4. Las substancias controladas por esta ley, se clasifican en:

I. Precursores químicos:

a) Ácido N-acetilantranílico;

b) Ácido lisérgico;

c) Cianuro de Bencilo;

d) Efedrina;

e) Ergometrina;

f) Ergotamina;

g) 1-fenil-2-propanona;

h) Fenilpropanolamina;

i) Isosafrol;

j) 3, 4-metilendioxifenil-2-propanona;

k) Piperonal;

l) Safrol, y

m) Seudoefedrina.

También quedan incluidos en esta categoría, en caso de que su existencia sea posible, las sales y los isómeros ópticos de las substancias enlistadas en la presente fracción, y

II. Productos químicos esenciales:

a) Acetona;

b) Ácido antranílico;

c) Ácido clorhídrico;

d) Ácido fenilacético;

e) Ácido sulfúrico;

f) Anhídrido acético;

g) Éter etílico;

h) Metiletilcetona;

i) Permanganato potásico;

j) Piperidina, y

k) Tolueno.

También quedan incluidos en esta categoría, en caso de que su existencia sea posible, las sales de las substancias enlistadas en la presente fracción, con excepción de las sales de los ácidos clorhídrico y sulfúrico.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

...

IV. Desvío: El destino de precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas, para la producción ilícita de narcóticos; o la producción de lesiones dolosas con su uso.

...

Artículo 5. El Consejo, previa opinión favorable de las dependencias, determinará mediante acuerdo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, la adición o supresión de precursores químicos o productos químicos esenciales que se sujetarán o excluirán de la aplicación de esta ley.

El Consejo deberá tomar en cuenta para adicionar substancias:

I. La importancia y diversidad de su uso lícito, así como el costo que implica su regulación;

II. La frecuencia con la que se emplean en la fabricación ilícita de narcóticos, o para causar lesiones dolosas y

III. El volumen de narcóticos producidos ilícitamente con las substancias de que se trate y la gravedad del problema de salud pública que se ocasione.

Artículo 6. El Consejo, previa opinión favorable de las dependencias, determinará mediante acuerdo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, las cantidades o volúmenes de productos químicos esenciales a partir de los cuales serán aplicables las disposiciones de esta ley a las personas que realicen las actividades reguladas, así como respecto de los terceros con quienes las realicen.

Para lo anterior el Consejo tomará en cuenta:

I. Las características y propiedades de las substancias;

II. Los procesos industriales y comerciales en los que se apliquen, así como el cambio en el costo de los mismos, y

III. Las actividades y usos ilícitos a que se destinen.

No se podrá separar o reducir la cantidad o volumen de cada operación que se realice con productos químicos esenciales, con el propósito de eludir la aplicación de esta ley.

Artículo 10. Quienes transporten precursores químicos o productos químicos esenciales por sus propios medios deberán demostrar fehacientemente la necesidad de transportarlo y la licitud de su uso particular, estarán exentos de las obligaciones previstas en los artículos 8 y 9 de esta ley. El Reglamento determinará cantidades o volúmenes que se consideren de uso particular.

Artículo 14. Los sujetos deben comunicar inmediatamente a la Secretaría de Salud lo siguiente:

I. Cualquier actividad regulada que involucre un volumen extraordinario de precursores químicos o productos químicos esenciales, un método de pago o entrega inusual, o cualquier circunstancia que pueda implicar un desvío;

II. La propuesta para realizar cualquiera de las actividades reguladas, por sujetos cuya descripción o características coincidan con información proporcionada previamente por cualquiera de las dependencias, y

III. La desaparición o merma inusual de precursores químicos o productos químicos esenciales.

Artículo 19. Sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones, los sujetos y las dependencias que detecten cualquier operación en que exista un posible desvío de precursores químicos, productos químicos esenciales o máquinas, lo denunciarán inmediatamente al Ministerio Público de la federación.

Artículo 20. Las dependencias integrarán de manera conjunta una base de datos con información sobre los sujetos, establecimientos y actividades reguladas, cuya operación y resguardo corresponderá al Consejo de Salubridad General.

Las dependencias determinarán la información que contendrá la base de datos y establecerán los criterios técnicos para su integración, actualización, consulta y niveles de acceso.

La información que contenga la base de datos es confidencial. Sólo podrá ser revelada o proporcionada por mandato de la autoridad judicial, para la colaboración en las investigaciones de probables desvíos y cuando sea necesario para el cumplimiento de tratados internacionales.

Único. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://trainingcentre.unwomen.org/mod/scorm/player.php?a=169& currentorg=Yo_s?_de_G?nero._Una_introducci?n_a_la_Igualdad_de_G?nero_para_la_ON U_personal_ORG&scoid=372&sesskey=PxC5ULSf2G&display=popup&mode= normal

2 https://www.asti.org.uk/

3 https://www.razon.com.mx/mexico/mexico-cifras-ataques-acido/

4 https://www.ucm.es/data/cont/docs/420-2014-02-07-QUEMADURAS-QUIMICAS-8Enero-201 3.pdf

5 ídem

6 ídem

7 http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1077757.html

8 http://revistabasta.com.mx/index.php/la-impunidad-para-desfigurar-a-una-persona -asi-es-la-venta-libre-de-acido-en-mexico/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2020.— Diputadas y diputados: Zulma Espinoza Mata, Arturo Escobar y Vega, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Carmen Julia Prudencio González, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Érika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Las y los suscritos diputados, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77, 78 y 102, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa que reforma y adiciona el artículos 28, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente:

Planteamiento del Problema

El desafío más apremiante que enfrenta la nación mexicana después de más tres décadas de promediar un magro crecimiento ligeramente superior a 2.3 por ciento hasta 2018, y paralizarse en 2019, en cero por ciento, es, sin duda, revitalizar y potenciar las válvulas impulsoras que posibiliten crecimiento y, con ello el empleo, y al mismo tiempo, posibilite una redistribución del ingreso más equitativo con inclusión social.

Desde la citada reforma constitucional, Banco de México, en su responsabilidad institucional de banca central para todo el territorio nacional y regulador, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constituyen los pilares fundamentales del Sistema Financiero Mexicano.

Sin embargo, desde la dimensión regulatoria-institucional, Banco de México, el catálogo de las funciones que se desempeña es vasto, podríamos señalar algunas, como: ser el rescatista de última instancia, colaboración conjunta con la Secretaría de Hacienda en la determinación del tipo de cambio, emisión de moneda, entre otras.

Sin embargo, hay una significativa ausencia: la asignación de la responsabilidad explicita (legal o constitucional), tendiente a coadyuvar a estimular el crecimiento económico o el pleno empleo; asunto por demás polémico, que desde hace tiempo ha sido inserto en las discusiones académicas, legislativas, entre otras.

El presente planteamiento adopta esta propuesta legislativa, la cual, vale señalar, ha cobrado mayor relevancia, en la medida, en que la Reserva Federal de los Estados Unidos (la institución homóloga del Banco de México) de nuestro mayor vecino comercial, sí posee un doble mandato:

De un lado, mediante la política monetaria se enfoca a mantener el poder adquisitivo de la moneda; pero también, de otro lado, debe impulsar el crecimiento económico con pleno empleo.

La presente iniciativa persigue este afán: Hacer explícito un segundo mandato a Banco de México (el primero ya lo tiene desde 1993 y, como más adelante se expone, ha sido exitoso).

Por tanto, esta propuesta, buscará conferirle atribuciones a Banco de México en lo relativo a la responsabilidad de coadyuvar a alentar mayor crecimiento económico y pleno empleo, a través de la instrumentación de la política monetaria, desde luego, sin contravenir el primer mandato, que ya ostenta, de preservar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda.

Argumentos

Como ya afirmábamos líneas atrás, el desafío más apremiante que enfrenta la nación mexicana después de más tres décadas de promediar un magro crecimiento ligeramente superior a 2 por ciento hasta 2018, y paralizarse en 2019, en cero por ciento, según lo indican las cifras del Inegi, es, sin duda, revitalizar y potenciar las válvulas impulsoras que posibiliten crecimiento y, con ello el empleo, y en general, y posibilite una redistribución del ingreso más equitativo con inclusión social.

Para atender este propósito, la teoría económica delinea un conjunto de instrumentos en materia de política económica, que los gobiernos disponen e instrumentan a través los organismos o entes institucionales responsables del diseño e implementación de políticas públicas, particularmente, en función de las múltiples fases que conforman el ciclo económico: recuperación, auge, crisis y recesión.

Fases del Ciclo Económico

Recuperación, Expansión, Auge y Recesión

En esencia estos mecanismos de política económica buscan, desde atemperar los eventos impactos negativos de la demanda, ya sea al alza o a la baja; o de la escasez (oferta), que en el mercado interno podrían acarrear resultados adversos o poco satisfactorios, Y más aún, podrían adicionar una fuerte dosis de complicación de conjuntarse con factores externos adversos.

Un caso emblemático fue la crisis financiera del 2008 acontecida en los Estados Unidos, que ante los riesgos que amenazaban con colapsar su sistema financiero, se adoptaron políticas enfocadas a neutralizar o atenuar dichos riesgos, pero lo más sorprendente, que las distinguió fue la celeridad de su instrumentación.

Ciertamente, la amenaza de contagio a todo el orbe lo exigía, no obstante, millones de empresas desaparecieron por este motivo alrededor del mundo.

Para enfrentar la crisis financiera, la Reserva Federal de los Estados Unidos (la institución homóloga del Banco de México) de nuestro mayor vecino comercial, que al consignar este doble mandato, en materia de monetaria, de velar por el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda; pero, al mismo tiempo, impulsar el crecimiento económico con pleno empleo, consiguió reencauzar a la economía norteamericana por la senda del crecimiento como lo muestra la gráfica.

Dos fueron vectores relevantes los que se afirmaron para afrontar el desafío: la política fiscal y la política monetaria. Desde el primer ángulo, concretamente, se reedito la política expansionista del gasto público, recomendada siete décadas atrás por John Maynard Keynes.

Desde la perspectiva de la política monetaria, fue la Reserva Federal de los Estados Unidos la encargada de aplicar una postura monetaria también expansionista, consistente, fundamentalmente, en la reducción de las tasas de interés.

La combinación de ambas políticas públicas en conjunto, como partes integrantes de la institucionalidad del Estado, en funciones de gobierno, lograron mitigar en gran medida los prejuicios e impactos negativos sobre la actividad económica en nuestro principal socio comercial.

Pero para ello fue imperativo instrumentar un cuantioso rescate financiero para atajar la acelerada e incontrolada incertidumbre en el sistema financiero, y mitigar así la exorbitante quiebra de miles de empresas que pendían del rescate de grandes empresas del sector industrial, comenzando con las tres grandes de Detroit: Ford, General Motors y Crysler.

Lo anterior confirmó el acierto de contar con una institución autónoma en esta materia como es el Banco de México, responsable de desplegar la política monetaria.

Sin embargo, actualmente, el Banco de México, como parte de las instituciones autónomas constitucionales, no tiene asignada ninguna responsabilidad explicita tendiente a estimular el crecimiento económico o el pleno empleo.

No obstante, en la coyuntura actual, han surgido diversas y crecientes y voces críticas que claman en torno de que se modifique la Constitución para añadir un doble mandato el Banco Central.

El marco constitucional que constituye la base de la política monetaria del Banco Central nos remite al artículo 28 de la Constitución Política, el cual establece que el Estado contará con un Banco Central con carácter autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración, siendo su objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional.

Dichas atribuciones se remontan a la reforma constitucional aprobada en 1993 y forman parte del paquete presentado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, una nueva persona de derecho público con carácter autónomo.

El origen de la propuesta de desvinculación de los bancos centrales de los ciclos políticos se orientó a garantizar la consistencia en la política monetaria en el largo plazo, es decir, no estar subordinada al Ejecutivo o la discrecionalidad, por parte de los diseñadores de política pública en un periodo específico.

En el caso mexicano, de igual forma, la evidencia empírica muestra la efectividad de la reforma constitucional, relativa a la autonomía al Banco de México en política monetaria, donde el objetivo central se cumplió cabalmente, pues, la inflación literalmente se desplomó al pasar de niveles cercanos a 150 por ciento en 1988, a niveles de tres por ciento, en 2016, y repuntes en 2017 y 2019, a niveles de 6.77 por ciento y regresar a los niveles de 3 por ciento, respectivamente.

Tasa de Inflación 1988-2018

El elemento fundamental que procura Banxico, en materia de política monetaria, es la estabilidad de precios; lo cual se consagra en la Constitución; pero también, vale subrayar, sus atribuciones están definidos y se armonizan sus respectivos estatutos legales, por ejemplo, el Consejo de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América tiene como finalidad el de mantener y consolidar el desarrollo de la moneda y el crédito

Con la presente iniciativa se busca recuperar y combinar tanto la política monetaria como la fiscal y financiera, como instrumentos, en su dimensión colectiva y cauce institucional de política pública, para garantizar la soberanía monetaria, revisando el papel del Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la conducción de la política económica, particularmente, en sus vertientes fiscal y monetaria, con el objeto de mantener un ritmo de crecimiento económico acorde con las necesidades de nuestros recursos naturales, capital humano, pero sobre todo, para satisfacer las necesidades de nuestra población nacional.

Concretamente, se plantea la ampliación de facultades al Banco de México y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de crear condiciones financieras y crediticias necesarios para invertir en el desarrollo de infraestructura productiva sectorial y regional, que reactive el dinamismo e integración entre los sectores económicos y fundamentalmente que representen un fuerte impacto en la generación de empleos e incrementen la eficiencia económica principalmente en aquellas regiones del país donde se registran los mayores niveles de pobreza y en los sectores que se consideran estratégicos y prioritarios para el desarrollo nacional.

Ampliar el objetivo prioritario del Banco de México significa, también, comprometer a la institución, a promocionar el desarrollo nacional a través de la estabilidad de la moneda, las tasas de interés acordes y niveles de riesgo país con grado de inversión para promover la inversión, entre otras.

Y en el caso de la Secretaría de Hacienda, impulsar el empleo y el crecimiento, para lo cual habrá de presionar el ejercicio del gasto en las dependencias o secretarías, a fin de eliminar, por ejemplo, los subejercicios presupuestales en el rubro de inversión pública que durante los últimos años han mostrado, principalmente, las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Petróleos Mexicanos, y la Comisión Federal de Electricidad.

En esta tesitura, las y los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) proponen con esta iniciativa, esencial y prioritariamente, adicionar al mandato constitucional de mantener el poder adquisitivo de nuestra moneda, al tiempo de alentar el crecimiento económico con pleno empleo, a través de re direccionar del gasto público, y con ello integrar, promover y desarrollar cadenas de valor a nivel sectorial, y de acuerdo con la vocación regional, todo ello, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona el artículo 28, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforma el párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 28. ...

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El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Sus objetivos prioritarios serán procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, así como coadyuvar al crecimiento económico con pleno empleo en el país, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya Institución Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos.

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I. a XII. ...

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I. a VIII ...

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Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones y ordenamientos que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Inegi.

2 Con cifras preliminares todo apuntaba a (-) 0.1 por ciento.

3 El ciclo económico es un fenómeno que corresponde a las oscilaciones reiteradas en las tasas de crecimiento de la producción, el empleo y otras variables macroeconómicas, en el corto plazo, durante un período de tiempo determinado, generalmente varios años. Los ciclos económicos tienen una serie de características comunes que tienden a repetirse pero cuentan con amplitudes y períodos muy variables.

https://medium.com/@facilitadorimpulsa/conoce-las-4-fases-del-c iclo-econ por cientoC3%B3mico-53a904d26b47

4 Esta fase del ciclo económico nace en el punto de inflexión de la recesión a la expansión que se denomina como la fase de recuperación o reactivación. Durante el período de renacimiento o recuperación, hay expansiones y aumento de las actividades económicas. En que la demanda comienza a elevarse, la producción aumenta y esto provoca un aumento de la inversión.

5 Durante esta nueva fase del ciclo económico las expectativas de los consumidores están aumentando, la producción industrial está creciendo, los tipos de interés han tocado fondo y la curva de tipos de interés está empezando a ser más pronunciada.

6 Las tasas de interés pueden estar aumentando rápidamente, con una curva de tipos plana. En esta fase del ciclo económico las expectativas de los consumidores están empezando estabilizan y el crecimiento de la producción industrial es también plana.

7 Este no es un buen momento para las empresas o los desempleados. Es la fase del ciclo económico más negativa donde la variación del PIB es negativa, trimestre a trimestre, los tipos de interés están cayendo, las expectativas de los consumidores han tocado fondo y la curva de tipos de interés es normal.

8 Kydland. Finn E. and Prescott, Edward C. (1977). “Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans”, The Journal of Political Economy, Vol. 85, No. 3. (Jun., 1977), Pág. 487.

9 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/ inpc_2q/inpc_2q2020_01.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2020.— Diputados y diputadas: Antonio Ortega Martínez, Verónica Beatriz Juárez Piña, José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de actividades laborales obligatorias para personas privadas de la libertad en un centro penitenciario, a cargo de la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de actividades laborales obligatorias para personas privadas de la libertad en un centro penitenciario, al tenor de la siguiente

Las condiciones en materia de delincuencia e inseguridad que estamos padeciendo los mexicanos hacen necesario y urgente revisar de manera conjunta los procedimientos y formas de operar de los sistemas de prevención, procuración e impartición de justicia, así como los de readaptación social.

Se debe reconocer que esta última es la etapa final del sistema, porque representa la ejecución de la pena, la cual es un momento fundamental para que todo el camino que ya se recorrió culmine con resultados serios y favorables, que conceda congruencia a los esfuerzos gubernamentales, con el fin de reinsertar al interno como persona libre en la sociedad.

El sistema penitenciario mexicano necesita con urgencia una reforma y modernización. Hasta ahora, las cárceles han funcionado contrariamente para lo que fueron creadas, puesto que se fomenta en los centros penitenciarios del país vicios como el ocio, la corrupción, el autogobierno, la violencia, insalubridad, la venta de droga, bebidas alcohólicas y prostitución.

Se considera el trabajo penitenciario como estrategia para la readaptación social de los individuos, por ende, es importante señalar que otro hecho que justifica la imposición de esta medida sería que actualmente los internos de los centros de readaptación social no están sometidos a auténticos y eficaces procesos de readaptación, en tanto que ha resultado optativo para ellos el acceso a los principales mecanismos que posibilitan dicha readaptación, tales como el trabajo.

La presente iniciativa propone establecer en la Ley Nacional de Ejecución Penal la obligatoriedad del trabajo penitenciario a fin de que con la capacitación para éste y la educación constituyan medios idóneos para alcanzar la readaptación social de individuos que compurgan una pena privativa de la libertad, partiendo de la óptica de que en la mayoría de los centros penitenciarios se ha observado fundamentalmente falta de trabajo de los internos y, en su caso, cuando este se da, no tiene fines educativos, ni de rehabilitación social, lo cual redunda en detrimento directo del interno, al no poder contar con los medios adecuados para alcanzar la llamada readaptación social, de acuerdo con el artículo 18 constitucional e incluso para hacerse acreedor a determinados beneficios de libertad anticipada por trabajo efectivo en los centros de reclusión.

El objetivo es convertir a los centros de reclusión en verdaderos centros de trabajo, a efecto de readaptar a los reclusos y hacer posible su reinserción social, mediante la obligatoriedad del trabajo.

El artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice en la fracción 3, inciso a): “Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio”. Se refiere a que ninguna persona civil, esto es fuera de los reclusorios puede ser obligada a trabajar. No obstante, los incisos b) y c) explican que esto no aplica para las personas privadas de su libertad en los penales, dice el inciso b) “El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe, en los países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisión acompañada de trabajos forzados, el cumplimiento de una pena de trabajos forzados impuesta por un tribunal competente”. Además, el inciso c) detalla: “No se considerarán como trabajo forzoso u obligatorio” lo siguiente: y enumera cuatro fracciones, que para el caso que nos ocupa, el primero es el que nos interesa, dice: “i) Los trabajos o servicios que, aparte de los mencionados en el inciso b), se exijan normalmente de una persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente dictada, o de una persona que habiendo sido presa en virtud de tal decisión se encuentre en libertad condicional;”

El concepto de trabajo penitenciario es la actividad o conjunto de ellas que los sujetos privados de su libertad ejecutan dentro de los recintos de las cárceles conforme a los ordenamientos legales que correspondan.

El trabajo penitenciario es una de las medidas que mayor aplicación tiene y la que más estudios la propugnan, como el procedimiento más eficaz para alcanzar la resocialización del condenado.

En ese sentido, resulta fundamental clarificar el alcance del llamado trabajo penitenciario como medio de rehabilitación que facilite la adquisición de conocimientos que puedan serle útiles al interno para lograr su total reincorporación a la sociedad.

El sistema penitenciario en el país encuentra su fundamento legal en el artículo 18 de la Carta Magna, ordenamiento que establece las bases mediante las cuales se norma la actuación en los establecimientos de reclusión. El artículo en mención señala que la pena de prisión es para readaptar y, por tanto, se debe dar cumplimiento a ese mandato.

El problema es que se ha cambiado la política, pero no se ha cambiado la ley, entonces, hay que cumplir la ley. Mediante este precepto, el Estado mexicano ha apostado todo a la readaptación social de los delincuentes, cuando menos este ha sido el discurso que se ha presentado como único y hegemónico en torno a la actuación y política penitenciaria del Estado.

Es necesario orientar el problema penitenciario hacia nuevas visiones y perspectivas, promoviendo una visión distinta de entender y abordar la situación de los centros penitenciarios, por ello propongo la reforma desde la Constitución. Ante tal virtud, es de proponerse que se dé una mayor observancia a las autoridades penitenciarias en cuanto a su trato hacia los reos y evitar las violaciones que se cometen a los derechos humanos de los ya antes mencionados.

La prisión es una institución utilizada desde tiempos remotos, que han cumplido con la función de asegurar a los delincuentes de manera que no eludan las consecuencias jurídicas de sus acciones antisociales. Ha sido un instrumento para facilitar la ejecución de la reacción penal, un reflejo de esta misma. Pero no siempre ha funcionado como una pena.

La estructura arquitectónica de la cárcel está concebida básicamente en función de la seguridad, lo que hace que el preso esté constantemente vigilado y no pueda disponer de un espacio personal sin el cual es imposible la labor de la reinserción ya que es algo que todo el mundo necesita y privarles de ello sólo acentúa más su inadaptación social.

En la mayoría de las prisiones el espacio de las celdas es muy reducido, suelen ser de 3 por 4 metros y lo que contienen es un colchón de gomaespuma sobre el hormigón y un retrete (ni siquiera calefacción); además por lo general los presos se ven obligados a compartirlas con otros presos que no conocen, si no que les han sido impuestos por la institución y por ello se les priva el derecho a la intimidad de la que debería gozar todo ser humano.

En las prisiones también nos podemos encontrar con presos que tienen una celda exclusiva para ellos solos pero el motivo es sólo la seguridad y nunca el bienestar de la persona, por eso estas celdas son de castigo y son llamadas celdas de aislamiento cuya misión es retirar completamente al individuo del resto de las personas reforzando su marginalidad y pudiendo volverle incluso loco.

La vida en la cárcel podría encajarse en un sistema social totalmente diferente al nuestro si tratamos varios aspectos como pueden ser la educación, el trabajo, el ocio e incluso el personal que trabaja allí; el análisis de estas cuestiones una por una es completamente necesario para la comprensión de las limitaciones que tiene un preso.

Las actividades laborales que podemos encontrar en la cárcel son básicamente de dos tipos. La primera de ellas es realizada por los llamados destinos, éstos son presos que se encargan de trabajos relacionados con el funcionamiento de la cárcel y las tareas que realizan abarcan desde trabajos en la cocina hasta albañiles o barrederos.

Las jornadas laborales de estos presos son muy diferentes, algunos de ellos solo trabajan unas cuantas horas al día y carecen de un sueldo; en otros casos las jornadas ascienden a unas 10 horas (más tiempo del que establece una jornada normal de ocho horas) y éstas si son remuneradas pero el sueldo es muy inferior al salario mínimo establecido.

El otro tipo de actividades que se realizan en la prisión es la de los talleres, pero ésta no es realizada por el personal de la cárcel, sino que son cursos impartidos por el estado o asociaciones de ayuda al preso. En ambos casos no sirven de gran ayuda porque el rendimiento es muy bajo mientras que el desgaste de material es excesivo y para el preso no servirá en un futuro a la hora de buscar un trabajo porque estos cursos no son complementados con unos estudios, este es el motivo de que la mayoría de ellos, abandonen estos cursos antes de terminarlos.

Las opciones de ocio en la cárcel son muy escasas por no decir inexistentes; los presos suelen optar por actividades laborales o culturales (cuando se lo permiten) para no hacer sus días tan largos y matar el tiempo de alguna forma. Aparte de esto, el único espacio de ocio que tienen los presos es el patio.

Uno de los comportamientos más peculiares que se han observado en las cárceles ha sido el llamado paseo penitenciario que consiste en andar muy deprisa (solo o acompañado) en una misma dirección y con un paso uniforme de manera repetitiva y monótona; por lo general al salir de la cárcel los presos continúan con el mismo modo de pasear como si siguieran aún en el patio de la prisión.

En algunas cárceles, además existen instalaciones deportivas y en ese caso, se encuentran también en el patio, dejando un espacio menor para los que quieren estar sentados tranquilamente o pasear. A pesar de tener estas instalaciones, generalmente carecen de material o equipamiento deportiva para poder llevar a cabo un deporte, así como una falta de organización por parte del propio personal de la cárcel a la hora de formar equipos de fútbol, baloncesto o incluso monitores que ayuden a los presos con el ejercicio.

La vida en la cárcel es muy diferente de la que podemos llevar en una ciudad o un pueblo debido a la constante vigilancia, la falta de espacio personal y muchos otros factores; los presos que pasan un tiempo en la cárcel terminan adaptándose a esta situación y a éste entorno anormal en el que se encuentran recluidos y por ello al salir de la cárcel no saben cómo comportarse porque su psicología está desarrollada de acuerdo con otro sistema diferente al nuestro, creando diferencias y enfrentándose de nuevo a una inadaptación con su nuevo medio.

Otra consecuencia del internamiento es la conducta del individuo frente a la institución que puede ser de autoafirmación agresiva de modo que intentará rebelarse contra todo lo que son las restricciones, el personal, las normas y todo lo que tenga que ver con el sistema penitenciario creando una actitud agresiva y violenta; o puede reaccionar con la sumisión anulando todas sus decisiones personales y creencias para hacer lo que la institución le propone o impone, lo que conlleva una pérdida de personalidad.

Estar recluido durante mucho tiempo también influye en las relaciones personales que pueda tener un preso respecto a las que tenía antes de internar ya que no puede ver a sus allegados con la frecuencia que desea ni puede desa-rrollar sus relaciones sociales con normalidad.

En cuanto a la personalidad del preso, nos encontramos con graves alteraciones producidas por el internamiento como puede ser la ausencia de control; al haber tanto control por parte de la institución el preso llega a perder su autocontrol y pasa simplemente a obedecer las normas que le imponen. Con esta pérdida del control, también se suele perder el sentido de responsabilización, así como las expectativas de futuro e incluso puede llevar a los presos a un suicidio.

La consecuencia más importante en el ámbito psicosomático es el estado de ansiedad que sufren la mayoría de los presos debido a una escasez de actividad, una sensación de vacío (pasan muchas horas del día sin hacer nada) y la constante soledad a la que se exponen; aunque pueda parecer de menor relevancia que alguna otra enfermedad no lo es ya que este estado de ansiedad desemboca en otras tantas enfermedades o adicciones como puede ser la droga.

Al trabajo penitenciario se le atribuye una eficacia regeneradora para el preso. Puede, sin duda, contribuir eficazmente a su regeneración y crear en él hábitos que le permitan una pronta reincorporación a la sociedad como elemento útil, una vez que se encuentre en libertad. Ahora bien, para alcanzar este efecto moral hay que cuidar celosamente de que, en cuanto a la realización del trabajo y a su remuneración, se proceda en forma que el preso no pueda en ningún momento pensar que se trata de una agravación de la pena de privación de la libertad, según los métodos de los trabajos forzados de tan triste historia.

El trabajo de los presos debe ser, en todo caso, adecuado a su edad, a su estado de salud, y a las demás circunstancias personales que en cada caso concurran. El trabajo penitenciario denominado también labor-terapia, ergoterapia terapia laboral ha merecido vastos conceptos, por diferentes estudiosos penitenciarios.

El hecho de que existan diversas consideraciones acerca de que sí el trabajo debe ser estimado o no como un derecho del condenado, o una obligación impuesta o bien un medio de tratamiento, nos lleva a dilucidar el carácter o naturaleza del mismo. Al respecto hay tres tendencias fundamentales.

Trabajo penitenciario como derecho del interno: según este parecer, todos los seres humanos tienen derecho al trabajo, “que incluso es consagrado por el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Sin embargo, debemos aclarar que este principio, muchas veces no pasa de ser una declaración lírica, ya que en realidad concreta de muchas sociedades denominadas desarrolladas como subdesarrolladas, existe gran cantidad de desocupados que aspiran a contar con un puesto laboral y que no tienen en que trabajar.

Asimismo, en la Constitución Política vigente se prevé como un derecho de toda persona el elegir y ejercer libremente su trabajo, pero en los hechos concretos queda como un derecho declarativo, no habiendo mecanismos que permitan al ciudadano hacer efectivo dicho derecho constitucional. Esta contradicción se hace más notoria en los centros de ejecución penal, por la falta de puestos de trabajo para la población de condenados.

El trabajo penitenciario como obligación del interno: se pueden apreciar dos vertientes en esta tesis.

Históricamente, una tendencia se relaciona con el punto de vista de considerar el trabajo como parte de la pena aplicada al delincuente. Esta obligación legal de imponer el trabajo estuvo aparejada, en forma encubierta o franca, con diversos grados del trabajo forzado, atentando contra derechos humanos del interno. Esta práctica del trabajo obligatorio forzado, muchas veces mediante la compulsión física, hoy superada, sin embargo, persiste en parte de la opinión pública cuando reclama que a los delincuentes se les envíe a trabajar en labores pesadas, por ejemplo.

Actualmente se considera que el trabajo de los condenados viene a ser una obligación no compulsiva o forzada físicamente, por cuanto esta actividad no es ya sometida al arbitrio de la administración penitenciaria, sino más bien se estipulan garantías legales, propiciando que esta práctica laboral, tenga las condiciones y garantías parecidas al trabajo en libertad.

El trabajo penitenciario como medio de tratamiento: particularmente creemos que esta actividad, al margen que pueda hacerse efectiva como un derecho u obligación, constituye una forma de tratamiento con diverso grado de importancia, en función de las características personales o habilidades del condenado.

Hay que considerar que en sociedades de consumo como la nuestra, el tipo de ideología imperante, el desquiciamiento de valores por los medios de comunicación masiva, no estimulan en nuestra realidad una actitud favorable hacia el trabajo y muchas personas no sienten ninguna atracción por este tipo de actividad humana, y más bien tratan de utilizar canales ilegítimos y de índole antisocial para obtener los medios que le se permitan satisfacer sus necesidades.

Hoy se considera que el trabajo de los condenados debe ser en lo posible semejante a reunir condiciones similares al trabajo libre, con las particularidades propias que les son inherentes. Estos principios o condiciones han sido aceptados por Naciones Unidas.

Esto supone que el trabajo que se provea en los centros carcelarios no deba contener la idea de sufrimiento o castigo, porque sería contraproducente para la readaptación del interno, y originaría más bien rechazo por la actividad laboral.

No debe atentar contra la dignidad del recluso, esto significa que no debe imponerse una actividad ocupacional que vaya contra la dignidad personal del interno, ni ser impuesta en contra de sus particularidades físicas, vocacionales, hábitos o formación laboral.

Debe tender a proporcionar un oficio o profesión, o bien a aumentar su actual capacidad laboral, partiendo del hecho que muchos delitos son producto de la falta de formación ocupacional del condenado que no lo permite poder obtener su supervivencia en forma socializada, es importante que la institución penitenciaria le posibilite la ocasión de recibir una captación profesional en algún oficio según habilidades e intereses.

En el derecho comparado, se encontró que, en el mundo existen muchos países que imponen esta obligación de trabajar como parte de la rehabilitación de los internos, con resultados favorables.

Estados Unidos de América (EUA) es el país con más presos en todo el mundo: más de 1.5 millones de adultos cumplen condena en las cárceles del país o, lo que es lo mismo, casi 25 por ciento de la población carcelaria del mundo. Ellos trabajan entre rejas para grandes compañías, debido a que la superpoblación de las penitenciarías estatales llevó a la administración a promover la iniciativa privada.

Empresas como Microsoft, Boeing, Starbucks o Victoria’s Secret se encuentran entre el grupo de compañías que han usado mano de obra de los reclusos, directamente o por medio de subcontratos.

Los reos estadounidenses trabajan por salarios mínimos, así que en EUA la privación de libertad no significa que uno deje de ser un individuo rentable. Es más, los reos se convierten en individuos extremadamente rentables. El negocio resulta redondo, ya que el gobierno otorga beneficios a las compañías que emplean a presos.

Otros países que cuentan con esta obligatoriedad para los presos son Francia, Austria, Australia, el Reino Unido, Alemania, entre otros.

Para el caso de Colombia, el artículo 79 del Código Penitenciario y Carcelario establece la obligatoriedad del trabajo, como se desprende:

Artículo 79. Obligatoriedad del trabajo. El trabajo en los establecimientos de reclusión es obligatorio para los condenados como medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización. No tendrá carácter aflictivo ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria. Se organizará atendiendo las aptitudes y capacidades de los internos, permitiéndoles dentro de lo posible escoger entre las diferentes opciones existentes en el centro de reclusión. Debe estar previamente reglamentado por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Sus productos serán comercializados.

Por otra parte, existe el programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina EUROsociAL, que contribuye a la reducción de las desigualdades, la mejora de los niveles de cohesión social y el fortalecimiento institucional en 18 países latinoamericanos, mediante el apoyo a sus procesos de diseño, reforma e implementación de políticas públicas, focalizando su acción en las áreas de igualdad de género, gobernanza y políticas sociales.

Los países de América Latina que participan son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Como consecuencia de esta gran preocupación, el 4 y 5 de noviembre del 2013 se llevó a cabo el Taller regional de reinserción socio-laboral, en Montevideo, Uruguay, dirigido a los encargados de los sistemas penitenciarios de los países que participan en el proyecto. Como resultado de la reunión se aprobaron 22 reglas que coadyuvarán a facilitar la integración de las personas condenadas, en la sociedad y, consecuentemente, contribuyan a reducir las tasas de reincidencia.

La regla cuarta dice a la letra: “Las instituciones públicas velarán para que los proyectos cuya finalidad sea promover la inserción socio-laboral de las personas, contemplen, en la medida que las especiales circunstancias de encierro lo permitan, el derecho al trabajo y la igualdad de oportunidades sin distinción de género”.

Con esta regla se pretende que las condiciones laborales al interior de los recintos penales sean similares a las existentes en libertad y garantizar la retribución salarial proporcional y declaración de seguridad social. Por ello es necesario que el derecho al trabajo tenga un reconocimiento amplio en el contexto carcelario. Este reconocimiento debe considerar las necesidades especiales de las mujeres y de los grupos vulnerables a fin de garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas.

En este contexto, es fundamental la aplicación de la normativa que regula los derechos del trabajador en contexto de encierro. Las excepciones indicadas en esta Regla hacen referencia a situaciones en las que determinados derechos no puedan ser ejercidos por las particularidades del sistema penitenciario, que por sus características pudiera poner el riesgo la seguridad en una unidad penal.

La regla quinta dice: “Reconocer y fomentar como instrumentos fundamentales para lograr el objetivo de inserción socio-laboral, la formación, ocupación y el empleo”.

Las actividades formativas y laborales son ampliamente reconocidas en los sistemas penitenciarios como facilitadoras de la inserción socio-laboral de una persona. Estas actividades, junto a las recreativas y deportivas, son las más comunes en la rutina carcelaria de la mayoría de países.

Sin embargo, muchas veces estas acciones no forman parte de una oferta programática integral, por lo que no se puede afirmar, por tanto, que formen parte de una política de inserción socio-laboral.

Además de la integralidad, la oferta de inserción socio-laboral debe ser personalizada y ajustarse a un proceso individual en función de las necesidades específicas de cada individuo.

Junto con ello debe considerarse el diseño de un itinerario de inserción o plan de inserción individual, instrumento clave en todos los procesos de inserción. En este itinerario o plan se debe establecer, con la participación activa del usuario o beneficiario del plan, los pasos a seguir para enfrentar los factores de riesgo que le han llevado a delinquir.

Este instrumento se configura como el plan personal de empleo de cada beneficiario, asumiendo, este último, el compromiso de seguirlo.

Estos itinerarios o planes deberán tener cierto grado de flexibilidad para adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo y a la evolución del beneficiario, pero a la vez deben ser rigurosos y estar sometidos a un procedimiento donde se miden los esfuerzos y los recursos que se ponen a su disposición. El seguimiento puntual del proceso y la evaluación periódica de los resultados se vuelve fundamental para corregir o prevenir posibles reiteraciones delictivas que puedan interrumpir la evolución del tratamiento.

La regla octava dice: “Se deberá garantizar la creación o adecuación de infraestructuras y condiciones necesarias para la implementación de las políticas de inserción socio-laboral, prestando especial atención a los grupos especialmente vulnerables”.

La situación de hacinamiento que atraviesa gran parte de los sistemas penitenciarios de América Latina y del Caribe, dificulta la disponibilidad de espacios adecuados para desarrollar actividades formativas o laborales.

Aun conscientes de esta dificultad, resulta imprescindible dotar a cada centro, de infraestructuras debidamente acondicionados y separados del resto de las dependencias del centro de privación de libertad, con el fin de poder realizar con éxito las actividades encaminadas a la inserción socio-laboral de estas personas.

Es fundamental que los ministerios de justicia o del sector responsable de los sistemas penitenciarios diseñen planes de infraestructura penitenciaria que contemplen ambientes destinados para el desarrollo de programas de inserción social y laboral, tomando en cuenta la diversidad de la población penal.

Por ello, las modificaciones que se proponen a la Ley Nacional de Ejecución Penal tienen como destinatarios tanto a los internos que están siendo motivo de proceso, así como los que están en cumplimiento de una pena, es decir, aquellos que han recibido sentencia.

Ante tal escenario, de instaurarse el trabajo obligatorio en los centros penales, conduciría a enormes ventajas, porque con esa responsabilidad, la o el interno se procurará el sustento personal y familiar, no obstante, el mayor beneficio es que, mediante el hábito del trabajo, los reclusos e internas modificarían sustancialmente su comportamiento, generando en ellos conciencia para adoptar una vida útil, positiva y ejemplar, factores que reflejan su preparación para la convivencia social.

Con la iniciativa de mérito se permitirá a la autoridad penitenciaria y demás autoridades correspondientes organizar mediante la firma de convenios de colaboración con instituciones del sector público y privado, el trabajo laboral remunerado para las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario, el cual no tendrá carácter punitivo ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria; por tanto, se fomentará en condiciones dignas y justas.

A fin de dar mayor claridad, expongo el siguiente cuadro comparativo:

Con base en lo expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de ley con proyecto de

Decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de actividades laborales obligatorias para personas privadas de la libertad en un centro penitenciario

Único. Se adicionan una fracción IV al artículo 11, recorriéndose en su orden las actuales fracciones IV a IX para pasar a ser V a X, y un párrafo segundo al artículo 14, recorriéndose el actual segundo para ser el tercero; se reforman el segundo párrafo y la fracción II, y se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose los actuales tres a cinco para pasar a ser cuatro a seis, del artículo 91; y se reforman la fracción VII del artículo 92, el título del artículo y el primero y segundo párrafos, recorriéndose los actuales uno a tres para pasar a ser tres a cinco, del artículo 98 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

...

I. a III. ...

IV. Trabajar en actividades laborales remuneradas, que la autoridad penitenciaria y demás autoridades correspondientes organizarán. Salvo las personas con incapacidad física o mental para desempeñar actividades laborales;

V. Conservar el orden y aseo de su estancia, de las áreas donde desarrollan sus actividades, así como de las instalaciones de los centros penitenciarios;

VI. Dar buen uso y cuidado adecuado al vestuario, equipo, mobiliario y demás objetos asignados;

VII. Conservar en buen estado las instalaciones de los centros penitenciarios;

VIII. Cumplir los rubros que integren su plan de actividades;

IX. Cumplir los programas de salud y acudir a las revisiones médicas y de salud mental periódicas correspondientes; y

X. Las demás previstas en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 14. ...

...

La autoridad penitenciaria y demás autoridades correspondientes organizarán mediante la firma de convenios de colaboración con instituciones del sector público y privado, el trabajo laboral remunerado para las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario, el cual no tendrá carácter punitivo ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria; por tanto, se fomentará en condiciones dignas y justas.

...

Artículo 91. ...

...

El trabajo no será opcional para las personas que se encuentren en prisión y se entenderá como una actividad productiva lícita que llevan a cabo las personas privadas de la libertad en el centro penitenciario, bajo las siguientes modalidades:

I. ...

II. Las actividades productivas remuneradas y no remuneradas para fines del sistema de reinserción; y

III. ...

El trabajo se organizará atendiendo la vocación, el interés, las aptitudes y capacidades de los internos, de acuerdo con la oferta de trabajo, permitiéndoles en lo posible escoger entre las diferentes opciones existentes en el centro de reclusión.

...

...

...

Artículo 92. ...

...

I. a IV. ...

VII. Será una fuente de ingresos para quienes lo desempeñen y sus familias.

...

...

Artículo 98. Actividades productivas remuneradas y no remuneradas para fines del sistema de reinserción

Las actividades productivas remuneradas son la modalidad laboral a través de la cual las personas privadas de la libertad realizan de manera obligatoria. Al llevar a cabo estas actividades se buscará que el procesado y el sentenciado adquieran el hábito del trabajo y se convierta en una fuente de autosuficiencia personal y familiar; así mismo, en esta materia, se observarán las disposiciones contenidas en el artículo 123 constitucional en lo referente a la jornada de trabajo, días de descanso, higiene y seguridad, y salario, que en ningún caso será inferior al salario mínimo general vigente.

Para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al trabajo, el Estado celebrará convenios con empresas particulares, cámaras empresariales o, en su caso, con entidades gubernamentales que estén dispuestos a participar, para la instrumentación de actividades laborales para las o los internos, dentro de los establecimientos carcelarios.

...

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

2 https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

3 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/treatmentofprisoners.aspx

4 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44047889

5 http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/el_trabajo_en_las_pris iones_europeas.pdf

6 https://encolombia.com/derecho/codigos/penitenciario-carcelario/ codpenitenciarioycar7/

7 https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/01/Brochure_eurosocial_nov2018ESw eb.pdf

8 http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1418635692-Reglas_insercion_socio_la boral.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.— Diputadas y diputados: Lizeth Amayrani Guerra Méndez, Arturo Roberto Hernández Tapia, Bonifacio Aguilar Linda, Carmen Mora García, Emeteria Claudia Martínez Aguilar, Emmanuel Reyes Carmona, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Manuel Gómez Ventura, Marco Antonio Andrade Zavala, María Ester Alonzo Morales, María Marivel Solís Barrera, Maximino Alejandro Candelaria, Paola Tenorio Adame, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Rubén Cayetano García, Sandra Simey Olvera Bautista, Ulises García Soto (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que deroga el inciso e) de la fracción IV del artículo 41 y se adiciona un artículo 87 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al tenor de la siguiente

El artículo 4o. de la Carta Magna, mandata al Estado garantizar la protección de diversos derechos humanos para los mexicanos. A continuación, enumero los más relevantes para los fines de esta modificación de ley:

• El desarrollo de la familia.

• La salud.

• Un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

• En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Desafortunadamente el Estado no ha podido cumplir cabalmente con la protección de estos derechos, al otorgar permisos para la utilización de la pirotecnia en nuestro país, lo que ha provocado muchas personas muertas, y heridos de diversa magnitud, además de contaminación del medio ambiente.

El artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula la facultad del Congreso para legislar en materia de pirotecnia. Es por ello que propongo modificaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

A través de la pirotecnia se busca llevar felicidad a los hogares en todo el mundo. La gente disfruta de ver las diferentes luces de colores en las noches, al celebrar en fiestas religiosas o en aniversarios históricos.

No obstante, la pirotecnita es un peligro muy grande que ha causado daños muy graves a los seres humanos, de ahí que al ponerlo en la balanza para saber si trae más felicidad o más tragedias humanas, la balanza se inclina a favor de la erradicación de la pirotecnia.

La pirotécnica como se conoce actualmente fue introducida en América con la conquista española; sin embargo, las culturas de ese época tenían un culto por el fuego considerándolo una deidad y ofreciendo en su honor rituales y celebraciones, por lo que se puede pensar que fue fácil que los nativos adoptaran el fuego para sus celebraciones religiosas a partir del uso que hacían los españoles de la pirotecnia durante el proceso de conversión religiosa del pueblo, tradición que sigue hasta nuestros días.

Actualmente, la pirotecnia en México es una actividad productiva llevada a cabo en 28 estados de la república, siendo el estado de México el mayor productor en el país. Los municipios donde se concentra la mayor producción y número de fabricantes de artificios pirotécnicos en ese estado son Tultepec, Zumpango, Almoloya de Juárez, Ozumba, Texcoco, Chimalhuacán y Axapusco, y es también en el Estado de México donde se encuentra el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, el único organismo público a nivel nacional dedicado a la pirotecnia.

Es importante recalcar que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la institución responsable de aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos emitida en 1972, y teniendo sus últimas reformas en 2015, dicha ley regula la actividad pirotécnica junto con su Reglamento a nivel federal.

La actividad pirotécnica involucra el manejo de sustancias químicas y materiales peligrosos los cuales presentan características explosivas, inflamables y tóxicas, por lo que es una actividad que implica alto riesgo, aunado a ello, la producción se lleva a cabo principalmente de manera artesanal, empleando herramientas y equipos rudimentarios, heredando de padres a hijos las formulaciones para la elaboración de los diferentes arti­ficios pirotécnicos, por lo que no existen procesos en serie, normalización de actividades, así como tampoco esquemas de control de calidad, de salud ocupacional y de seguridad.

No hay que olvidar que los fuegos artificiales pueden provocar ceguera, quemaduras de tercer grado y cicatrices permanentes, así como incendios potencialmente mortales en casas y vehículos.

Sin embargo, los daños más severos son los que sufren los menores de edad, sea por quemaduras o traumas acústicos, al manipular artículos pirotécnicos. Hay que recordar que “los accidentes por quemadura son la segunda causa general de muerte en niñas y niños entre 0 y 14 años y corresponden al 12 por ciento de todas las muertes en niños menores de quince años”. Por ejemplo, la Fundación Michou y Mau ha señalado que, cada hora 48 horas, un menor es víctima de quemaduras, ya que, en las calles o mercados, los cohetes de todo tipo se venden con libertad. Por esta razón, las legislaciones de Puerto Rico y de Argentina han proscrito este tipo de artículos.

Ahora bien, el ruido ocasionado por el empleo de pirotecnia es nocivo para quienes realizan la quema ya que pueden provocar lesiones auditivas. El estallido puede alcanzar hasta 190 decibeles, que es más de lo que el oído adulto puede soportar. Hay que resaltar que los niños están más expuestos al daño, debido a que su sistema auditivo es más vulnerable.

La quema de fuegos artificiales es una actividad por sí misma peligrosa, máxime cuando quienes los manejan son niños. Tan sólo en la Ciudad de México, de acuerdo con la Comisión de Protección Civil en el Congreso de la Ciudad de México, los accidentes de quemaduras se incrementan en un 30 por ciento durante las fiestas decembrinas. Los daños pueden ir desde quemaduras leves hasta la amputación de dedos.

Algunos niños pequeños que le tienen verdadero terror a los cohetes, y sobre todo los niños con autismo, a menudo olvidados, y que sufren horrores con la pirotecnia.

Una de las principales características de estos niños es que padecen un desorden del procesamiento sensorial, tienen los sentidos exacerbados, y especialmente el oído, percibiendo los ruidos de manera aumentada. Son hipersensibles a los sonidos y a las luces, por lo que los espectáculos de fuegos artificiales se convierten en una auténtica tortura para ellos.

Los estruendos provocados por los fuegos artificiales y los petardos les genera un alto nivel de ansiedad y estrés, incluso pueden causarles crisis, episodios en los que se ponen muy tensos, lloran, gritan, se tapan los oídos desesperadamente y en algunos casos pueden llegar a autolesionarse o presentar convulsiones.

La quema de pirotecnia también es dañina para otras especies y ecosistemas. Detonar un cohete cerca de cuerpos de agua, como ríos y lagos, puede aumentar seriamente los niveles de contaminación, dañando microorganismos y a la fauna acuática. Asimismo, el ruido que emiten al explotar perturba a los animales, provocando que se vuelvan nerviosos e incluso violentos.

Las aves son las principales afectadas porque a todo lo anterior se suma que se encuentran con los desechos tóxicos de las bombas de artificio, cuando quieren comer el suelo está contaminado y éste contamina los restos de comida que puedan encontrar, por eso llegan a comer desechos químicos y pólvora.

Los perros generalmente tienen taquicardia y también, a causa de las explosiones, algunos desarrollan enfermedades cardíacas. Ellos son los que más sufren debido a la ansiedad propia de la especie. En cambio, los gatos suelen esconderse y si bien la sufren no llegan a padecer tanto como los perros.

Los fuegos artificiales nos resultan muy atractivos, pero lamentablemente también nos llenan de partículas dañinas y aluminio. Sus colores luminosos se deben a una gran variedad de químicos tóxicos, que afectan a las personas y a los animales. Además, contienen sustancias carcinógenas que se alojan en el suelo y el agua. Sin mencionar el humo y basura que dispersan.

Durante las festividades decembrinas, en muchas familias es común celebrar con pirotecnia, sin embargo, aunque este suele ser una tradición muy arraigada, es preciso comprender que se trata de una actividad perjudicial para el medio ambiente y para la salud.

Los fuegos artificiales están hechos de diferentes compuestos sumamente contaminantes como el perclorato de sodio, cobre, estroncio litio, antimonio magnesio, aluminio y otros metales pesados, que al momento de detonar libera monóxido de carbono y otro tipo de partículas suspendidas.

Junto con las demás emisiones generadas por la afluencia vehicular, los contaminantes provenientes de la pirotecnia crean un ambiente con altos índices de polución que son fácilmente perceptibles por la escasa visibilidad y el olor a pólvora.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), durante el mes de diciembre es común que aumenten los niveles de contaminación debido a este tipo de actividades. tan sólo el diciembre de 2015 se activó la fase de Precontingencia Ambiental en la Ciudad de México, luego que se registraran más de 150 puntos Imeca.

La temporada de bajas temperaturas es un factor más que favorece el aumento de la contaminación, ya que la estabilidad atmosférica y el escaso movimiento del aire impiden su adecuada dispersión. De esta forma, los contaminantes se acumulan durante todo el día aumentando su concentración y los riesgos para la salud.

Los fuegos artificiales están constituidos por dos elementos: una esfera de papel grueso que contiene pólvora, y un propulsor que es una especie de cañón o tubo que permite lanzar la bomba hacia el cielo para que explote. Cuentan con dos mechas, una de ellas está en el propulsor y enciende parte de la pólvora; ésta genera presión dentro del tubo y lanza el proyectil hacia arriba. La segunda mecha será la que encienda la pólvora en el interior de la esfera.

En el interior de la esfera de pólvora, que constituye un fuego artificial, se adicionan compuestos químicos metálicos que dan color a la detonación. La combustión de la pólvora genera una explosión donde el calor alcanza 900 grados centígrados. A esta temperatura los electrones de los átomos de los metales se excitan y emiten luz de diferentes colores. Litio o estroncio dan el color rojo, cobalto o bario emiten luz verde, el potasio resulta en lila, el hierro da color naranja y el cobre un tono azul. El aluminio produce chispas de luz muy brillantes que asemejan estrellas que centellean.

Por estas razones, las características de la producción de artificios pirotécnicos y la falta de regulación y control de las actividades en la comercialización y uso de fuegos artificiales, han implicado la ocurrencia de gran cantidad de accidentes en los que predominan las explosiones, teniendo como resultado pérdidas humanas, lesionados y colapsos parciales y totales de las instalaciones y casas donde se almacenaban y producían estos materiales.

Los fuegos artificiales son también una de las principales causas de incendios forestales, ya que basta con que una mecha encendida entre en contacto con la vegetación para provocar un desastre ambiental de gran magnitud y hasta consecuencias irreversibles para la biodiversidad.

Los accidentes de pirotecnia son frecuentes en México, donde se usan cohetes y fuegos artificiales para todo tipo de fiestas, desde procesiones religiosas a celebraciones patrias. Estos fueron los más graves de los últimos 20 años:

El 26 de septiembre de 1999, aquella mañana del llamado “Domingo Negro”, cuando estallaron toneladas de pólvora y material pirotécnico en dos locales de la calle Antonio Plaza, que dejó 72 personas muertas y 350 heridas, produciéndose la peor catástrofe sufrida por Celaya en la época contemporánea.

El 31 de diciembre de 2002, horas antes de los festejos de año nuevo, se llamaba Óscar Daniel Campos Triana, quien acompañaba a su madre, Petra, en las compras previas a la cena de fin de año. El mercado Hidalgo, en el populoso centro del puerto de Veracruz, era un hervidero de gente. El estruendo provino de fuera, de los puestos ambulantes que ofrecían toda clase de juegos pirotécnicos, pero la explosión atrapó a todos en segundos. Aunque el cuerpo nunca apareció, a Daniel se le recuerda como “la víctima número 30”. El incendio causado por palomas y cohetes devoró en minutos puestos ambulantes, negocios formales y vehículos, mató a 30 personas y dejó más de 25 heridos.

El 15 de marzo de 2013, en la comunidad de Jesús Tepactepec, municipio de Nativitas, en el Estado de Tlaxcala, 20 personas murieron y más de 150 resultaron heridos a consecuencia de la explosión de más de 10 mil cohetones que se utilizarían en la fiesta patronal de esa comunidad.

El 20 de diciembre de 2016, cerca de las 15 horas, una serie de explosiones redujeron a escombros el mercado pirotécnico de San Pablito, que era considerado el más grande de su tipo a nivel nacional. Se calcula que en el tianguis destruido había alrededor de 300 puestos dedicados a comercializar productos de pólvora. Tultepec, en el Estado de México, en el que se registró la tragedia, es un pueblo “cohetero” por tradición, los pobladores cuentan con 436 permisos para fabricar y comercializar fuegos artificiales. Derivado del accidente, más de 45 personas fallecieron y otras tantas resultaron con lesiones muy graves.

El 8 de mayo de 2017, un cohete lanzado desde el exterior provoca la explosión de material pirotécnico almacenado para la fiesta patronal de la comunidad de San Isidro, en el municipio de Chilchotla, en el estado de Puebla. Mueren al menos 14 personas, de los cuales 11 eran niños y otras 22 resultan con heridas graves.

Estos son sólo algunos casos registrados en nuestro país, pero por supuesto que hay muchos más casos, quizá con menos números de muertos, pero al final son muertes y heridos a causa de la pirotecnia. Claro que México no es el único que sufre este tipo de problemas, la pirotecnia ha traído tragedias a muchos países.

En Perú, el 29 de diciembre de 2001, un gigantesco incendio provocado por petardos y fuegos artificiales devastó un centro comercial en el centro de Lima, con un saldo de 447 muertos y desaparecidos y más de un centenar de heridos.

En Rusia, en diciembre de 2009, tomó fuego material pirotécnico en una discoteca de Perm (Urales, mil 200 kilómetros al este de Moscú): 156 muertos.

En India, en la madrugada del 10 de abril de 2016, la explosión de un depósito de fuegos artificiales desencadenó un enorme incendio cerca de un templo hindú de la ciudad costera de Paravur (suroeste): 111 muertos y varios centenares de heridos.

En Estados Unidos, en febrero de 2003, un incendio desatado por dispositivos pirotécnicos durante un concierto de rock costó la vida a casi 100 personas en una discoteca de West Warwick (noreste).

China es el mayor productor y consumidor del mundo de petardos y fuegos artificiales. Éstos son lanzados en las bodas, competiciones deportivas, conciertos y sobre todo en su año nuevo, puesto que existe la creencia muy extendida de que las explosiones alejan a los malos espíritus. Los accidentes son frecuentes, en particular en los talleres de fabricación, como consecuencia del poco respeto de las normas de seguridad. El último accidente mortífero data de julio del 2015, donde 15 personas resultaron muertas y otra decena heridas en la explosión de una reserva ilegal de fuegos artificiales en Hebei (norte).

La peor catástrofe de los últimos veinte años tuvo lugar en la provincia de Guangdong (sur) el 30 de junio de 2000, en la que 75 personas murieron y 160 resultaron heridas en una fábrica de pirotecnia en Jiangmen.

No obstante lo anterior, existen opciones para poder continuar celebrando todo tipo de festividades. Por ejemplo, en un sorprendente cambio de tradiciones, en Shanghái, China, el nuevo año 2020 fue recibido con un gran espectáculo de drones y no con el despliegue usual de pirotecnia que ocurre en casi todas las ciudades del mundo.

Los cerca de dos mil aparatos estuvieron controlados por una computadora central, desde la cual fue posible hacer la acostumbrada cuenta regresiva que da paso del “viejo” al “nuevo” año, así como otras figuras francamente sorprendentes, como la de un hombre corriendo o una esfera con una estrella en su centro.

No deja de llamar la atención que justamente en China, el país en donde se inventó la pólvora y se crearon los primeros fuegos artificiales, sea quizá el origen de un cambio en la manera de celebrar el año nuevo y otras festividades.

Por ello propongo modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para eliminar la autorización de otorgar permisos para la utilización de la pirotecnia. Además, propongo que se sancione con cárcel a quienes de manera clandestina posean o distribuyan artículos de pirotecnia.

A fin de dar mayor claridad, expongo la siguiente tabla comparativa:

Con base en lo expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de ley con proyecto de

Decreto que deroga el inciso e), de la fracción IV, del artículo 41 y se adiciona un artículo 87 Bis, a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Único. Se deroga el inciso e, de la fracción IV, y se adiciona un artículo 87 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

I. a III. ...

IV. ...

a. a d. ...

e. (Se deroga)

f. ...

V. ...

Artículo 87 Bis. Se impondrá de un mes a dos años de prisión y de dos a cien días multa, a quienes posean o distribuyan artículos de pirotecnia. Los artículos pirotécnicos serán decomisados y se clausurará el comercio que los venda.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.— Diputadas y diputados: Lizeth Amayrani Guerra Méndez, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Alma Delia Navarrete Rivera, Arturo Roberto Hernández Tapia, Bonifacio Aguilar Linda, Carmen Medel Palma, Carmen Mora García, Claudia Tello Espinosa, Edith García Rosales, Emmanuel Reyes Carmona, Eulalio Juan Ríos Fararoni, Flora Tania Cruz Santos, Graciela Sánchez Ortiz, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Jannet Tellez Infante, Juan Enrique Farrera Esponda, Juan Israel Ramos Ruiz, Juan Martínez Flores, Leticia Arlett Aguilar Molina, Lidia Nallely Vargas Hernández, Manuel Gómez Ventura, Marco Antonio Andrade Zavala, Marco Antonio Medina Pérez, María Ester Alonzo Morales, María Marivel Solís Barrera, Maximino Alejandro Candelaria, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Oscar Rafael Novella Macías, Paola Tenorio Adame, Patricia del Carmen de la Cruz Delucio, Rodrigo Calderón Salas, Sebastián Aguilera Brenes, Susana Beatriz Cuaxiola Serrano, Ulises García Soto, Zaira Ochoa Baldivia (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 73 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un nuevo tercer párrafo, pasando el actual tercer párrafo a ser el cuarto del artículo 73, de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:

La salud mental es un fenómeno complejo determinado por múltiples factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos, e incluye padecimientos como la depresión, la ansiedad, la epilepsia, las demencias, la esquizofrenia, y los trastornos del desarrollo en la infancia, algunos de los cuales se han agravado en los últimos tiempos. En este sentido, lograr que la población conserve la salud mental, además de la salud física, depende, en gran parte, de la realización exitosa de acciones para prevenir, tratar y rehabilitar.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es el “bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”.

Cabe mencionar, que cuando se habla de salud, la palabra generalmente remite a la prevención y atención a las enfermedades, o a las circunstancias que atentan contra la integridad física y biológica del individuo. Esto conlleva, que la gran mayoría de acciones, programas, recursos e infraestructura se encuentren encaminados a atender este aspecto: el abordaje biológico y físico, y menos el mental.

Nótese que el ser humano no sólo es soma, sino también psique, por lo que es preciso considerar todos los elementos que integran a la salud. Es decir, entender al humano como un ente bio- psico - social, con una visión integral, comprendiendo que existen varios aspectos que forman parte de un solo fenómeno.

Tradicionalmente la salud del humano está pensada en lo relativo sus aspectos biológicos, mientras que a las cuestiones mentales de personalidad o psicológicas, no se les ha dado la misma importancia. Así que se requiere ser sano, física y mentalmente.

La salud, junto con la educación, es el componente central del capital humano, capital más importante de individuos y naciones. Mejorar la salud y asegurar la educación significa fortalecer al individuo y a la sociedad para procurar y acrecentar sus medios de vida.

Identificar una enfermedad mental en los niños o adolescentes puede ser difícil para los padres. Como resultado, muchos niños que podrían beneficiarse con un tratamiento, no obtienen la ayuda que necesitan.

Por lo general, identificar si un niño o adolescente que tiene problemas de salud mental depende de los adultos presentes en la vida de ellos. Lamentablemente, muchos adultos no conocen los signos y síntomas de las enfermedades mentales en los hijos.

Aunque conozcas las señales de alerta, puede ser difícil distinguir un problema de un comportamiento normal de la niñez o juventud. Es posible que creas que todos los niños o adolescentes manifiestan algunos de estos síntomas en algún momento. Además, ellos generalmente carecen del vocabulario o de la capacidad de desarrollo para explicar sus problemas.

Las preocupaciones sobre el estigma relacionado con la enfermedad mental, el uso de ciertos medicamentos, y el costo o los problemas de logística del tratamiento también pueden impedir que los padres busquen atención médica para un niño o adolescente con una presunta enfermedad mental.

Ellos pueden padecer los mismos problemas de salud mental que los adultos, pero, a veces, los expresan de manera diferente. Por ejemplo, los niños deprimidos suelen mostrar más irritabilidad que los adultos deprimidos, quienes suelen mostrar tristeza.

Los niños y adolescentes pueden sufrir una variedad de problemas de salud mental, como los siguientes:

Trastornos de ansiedad. Los niños y adolescentes que tienen trastornos de ansiedad, como el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por estrés postraumático, la fobia social y el trastorno de ansiedad generalizado, experimentan ansiedad como un problema persistente que interfiere en sus actividades diarias.

Es normal que los niños y adolescentes sientan un poco de preocupación, que se debe, por lo general, al cambio de una etapa de desarrollo a la siguiente. Sin embargo, cuando la preocupación o el estrés hacen que sea difícil para un niño o un adolescente desenvolverse con normalidad, se debe considerar la posibilidad de que exista un trastorno de ansiedad.

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esta afección generalmente incluye síntomas de dificultad para prestar atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo. Algunos niños y adolescentes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad tienen síntomas de todas estas categorías.

Trastorno del espectro autista. Es un trastorno grave del desarrollo que se manifiesta en la niñez temprana, por lo general, antes de los 3 años. Aunque los síntomas y la gravedad varían, el trastorno del espectro autista siempre afecta la capacidad del niño para comunicarse e interactuar con los demás.

Trastornos de la alimentación. Los trastornos de la alimentación, como la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno alimentario compulsivo, son afecciones graves que, incluso, pueden poner en riesgo la vida. Los niños o adolescentes se pueden preocupar tanto por la comida y por el peso que le dan poca importancia a todo lo demás.

Trastornos del estado de ánimo. Los trastornos del estado de ánimo, como la depresión y el trastorno bipolar, pueden hacer que un niño o adolescente tenga sentimientos persistentes de tristeza o cambios del estado de ánimo extremos muchos más graves que los cambios del estado de ánimo que suele tener la mayoría de las personas.

Esquizofrenia. Esta enfermedad mental crónica hace que el niño o adolescente pierda contacto con la realidad (psicosis). La esquizofrenia se suele manifestar en los últimos años de la adolescencia hasta los 20 años.

Los signos de advertencia de enfermedad mental que puede presentar un niño o adolecente comprenden:

Cambios en el estado de ánimo. Tristeza y al retraimiento que duran al menos dos semanas u otros cambios del estado de ánimo notables que causen problemas en las relaciones en el hogar o en la escuela.

Sentimientos intensos. Miedo abrumador sin motivos —a veces acompañado de aumento de la frecuencia cardíaca o de la frecuencia respiratoria— o las preocupaciones o miedos intensos que puedan interferir en las actividades diarias.

Cambios de conducta. Estos incluyen cambios drásticos en el comportamiento o en la personalidad, además de comportamientos peligrosos o fuera de control. Otros signos de advertencia son las riñas frecuentes, el uso de armas o expresar el deseo de causar una herida grave a otras personas.

Dificultad para concentrarse o mantenerse quieto: estos signos pueden provocar un bajo rendimiento en la escuela.

Adelgazamiento inexplicable. La pérdida de apetito repentina, los vómitos frecuentes o el uso de laxantes pueden indicar un trastorno de la alimentación.

Síntomas físicos. En comparación con los adultos, los niños o adolescentes con trastornos de salud mental pueden presentar dolor de cabeza y de estómago en lugar de tristeza o ansiedad.

Daño físico. A veces, una afección de la salud mental deriva en lesiones autoinfligidas, también llamadas “autolesiones”. Esto significa lastimarse a sí mismo de forma deliberada, por ejemplo, provocándose cortes o quemaduras. Los niños o adolescentes con afecciones de la salud mental también pueden presentar pensamientos suicidas o intentos de suicidio.

En México cada hora y media una persona se quita la vida, de 2010 a 2017 ocurrieron casi 48 mil casos, de los cuales ocho de cada 10 fueron hombres (Inegi). La tasa de suicidios se duplicó en 25 años. Pasó de 2.4 incidentes por cada 100 mil habitantes en 1990 a 5.4 sucesos en 2015.

El suicidio es la segunda causa de muerte de adolescentes de 15 a 19 años de edad y la quinta para aquellos que oscilan entre los 10 y 14 años.

Abuso de sustancias. Algunos niños o adolescentes consumen drogas o alcohol para tratar de sobrellevar lo que sienten.

Las afecciones de salud mental en niños o adolescentes se diagnostican y se tratan según los signos y síntomas, y según cuánto afecten su vida diaria. No hay pruebas simples para determinar si hay algún problema.

Para hacer un diagnóstico, es necesario que lo evalúe un especialista, como un psicólogo, un asesor de salud mental, un terapeuta conductual, o un psiquiatra.

El proveedor de atención de la salud mental del niño o adolescente trabajará con él para determinar si tiene una afección de salud mental según los criterios establecidos por los profesionales de la salud mental.

El psicólogo o el proveedor de atención de la salud mental del niño o adolescente también buscará otras causas posibles de su comportamiento, como antecedentes de enfermedades o de traumas. Es probable que pregunte sobre el desarrollo del niño o adolescente, la percepción de los profesores y de los cuidadores con respecto al problema, cualquier antecedente familiar de afecciones de salud mental y cuánto tiempo ha estado comportándose de esa manera.

El diagnóstico de enfermedades de salud mental en niños y adolescentes puede ser difícil, ya que suelen tener dificultades para expresar sus sentimientos, y el desarrollo normal varía según la persona. A pesar de estos desafíos, un diagnóstico adecuado es una parte fundamental para guiar el tratamiento.

Las opciones frecuentes de tratamiento para niños o adolescentes con afecciones de salud mental pueden ser:

Psicoterapia, también denominada terapia conversacional o terapia conductual, es un modo de tratar los problemas de la salud mental mediante la conversación con un psicólogo u otro proveedor de atención de la salud mental.

Durante la psicoterapia, el niño o adolescente puede aprender acerca de su afección, estados de ánimo, sentimientos, pensamientos y comportamientos. La psicoterapia puede ser útil para que el niño o adolescente aprenda a responder a las situaciones exigentes mediante estrategias saludables para hacer frente a desafíos o situaciones.

Medicamentos. El psicólogo o el proveedor de atención de la salud mental del niño o adolescente podría recomendarle determinados medicamentos –como estimulantes, antidepresivos, medicamentos contra la ansiedad, antipsicóticos o estabilizadores del ánimo– para tratar la afección de salud mental.

Algunos pacientes se benefician con una combinación de enfoques. Es por ello la importancia consultar al psicólogo o proveedor de atención de la salud mental, para determinar qué puede ser lo más adecuado para el niño o adolescente, incluidos los riesgos o los beneficios de los medicamentos específicos.

Cuando le diagnostican una afección de salud mental a un niño o adolescente, los padres y el hijo suelen experimentar sentimientos de desesperanza, ira y frustración.

Para ello el psicólogo o proveedor de atención de la salud mental podrá brindar consejos sobre cómo modificar la manera en la que se interactúa con el hijo y sobre cómo manejar las conductas difíciles.

También se sugiere una terapia familiar o también la ayuda de grupos de apoyo. Es importante que la familia entienda la enfermedad del paciente y sus sentimientos, y sepan qué pueden hacer para ayudarlo.

Las consecuencias de no detectar a niños o adolescentes con problemas de salud mental traen repercusiones muy lamentables como el caso sucedido el pasado 11 de enero, en un colegio de Torreón, Coahuila. Esa mañana, un estudiante de sexto de primaria, José Ángel “N” con tan solo 11 años, sembró el pánico, el menor entró con 2 armas al colegio Miguel de Cervantes y disparó contra sus compañeros. El ataque dejó 2 muertos, una maestra de sexto grado y el propio estudiante que se suicidó, además de 6 heridos, 5 estudiantes y un profesor de educación física.

El niño que tenía buenas calificaciones, se presume que podría tener algún conflicto familiar o con otros estudiantes. El niño vivía solamente con sus abuelos, pues su madre falleció hace tiempo y su padre es una figura ausente. El gobernador de Coahuila informó que el niño era un alumno que no presentaba problemas, que tenía buen comportamiento, pero aproximadamente siendo las 8: 20 horas, pide permiso para ir al baño, en aproximadamente 15 minutos no regresa; la maestra va a buscarlo y de ahí se encuentra con que el niño sale con dos armas, disparando, hiriendo a seis de sus compañeros y de manera posterior se pega un tiro. Antes de salir al baño a algunos compañeros les dijo “hoy es el día”

Se especula que podría haber sido influenciado por un videojuego llamado “Natural Selection”. Sin embargo, otra influencia que pudo haber tenido el niño, es el tiroteo que cometieron 2 estudiantes de secundaria el 20 de abril de 1999, que es conocida como Masacre de la Preparatoria de Columbine.

Dos alumnos del instituto, que estaban por graduarse, llevaron a cabo una de las masacres más recordadas en un recinto escolar en la historia de Estados Unidos.

Dylan Klebold y Éric Harris, de 17 y 18 años respectivamente, arribaron al centro educativo aproximadamente a las 11: 10 de la mañana, luego de colocar una bomba de fabricación casera en un descampado a unos 3 kilómetros de Columbine. El aparato explosivo tenía como propósito distraer a los bomberos de las explosiones que los estudiantes tenían planeadas hacer dentro de la cafetería de la escuela, aunque eventualmente, ninguno de los aparatos detonó.

Ambos llegaron por separado al instituto. Presuntamente, las bombas que colocaron en la cafetería debían estallar, momento en el cual, comenzarían a disparar a los estudiantes que salían del edificio. Al no estallar los artefactos, Éric y Dylan caminaron desde el estacionamiento hacían la entrada principal de la escuela.

En ese momento, comenzaron a disparar a los alumnos que se encontraban en los alrededores del edificio, muchos de los cuales, se hallaban comiendo o descansando sobre los jardines del Instituto. Rachel Scott de 17 años, fue la primera víctima mortal del dúo; el amigo con quien desayunaba, Richard Castaldo, fue herido de gravedad, pero sobrevivió. Tres minutos después de iniciar el fuego, Harris y Klebold habían asesinado a dos alumnos y herido a al menos 7 estudiantes y a una profesora, Patti Nielson, quien, tras ser herida en el hombro, corrió a la biblioteca a esconderse donde había al menos 52 estudiantes, dos profesores y dos trabajadores de la biblioteca.

Los perpetradores se vieron involucrados en un intercambio de disparos con el oficial de servicio de Columbine, Neil Gardner, aunque ni el oficial ni los atacantes resultaron heridos en el fuego. Gardner pidió refuerzos, mientras policías que circulaban por la zona comenzaron a recibir noticias de estudiantes heridos a las afueras de Columbine.

Harris, el más activo de los dos tiradores, se replegó hacia el edificio. Cuando volvieron a centrar su atención en los estudiantes, Klebold hirió a una estudiante en el tobillo, antes que ambos se dirigieran hacia el pasillo que salía a la biblioteca. Poco antes de llegar, se encontraron con el profesor de ciencias, William Sanders, al que dispararon en 3 ocasiones, hiriéndolo en el pecho y cuello, antes de continuar su camino hacia la biblioteca.

Sanders logró sacar a una gran cantidad de alumnos antes de ser atacado; fue atendido por alumnos, pero se desangró por la gravedad de sus heridas alrededor de 3 horas después de la agresión.

Durante los 7 minutos siguientes, los jóvenes se dedicaron a “acechar y cazar” a los más de 50 alumnos escondidos. En la biblioteca se registró el mayor número de muertes y heridos con un total de 10 fallecidos y 12 heridos.

La profesora Patti Nielson logró llamar al 911. En la grabación que hizo el personal que recibió la llamada, puede escucharse a Éric Harris gritar “levántense todos” justo después de ingresar a la biblioteca.

Tras perpetrar el “baño de sangre” en la biblioteca, Harris y Klebold deambularon por la escuela. Presuntamente, algunos testigos escucharon que antes de dejar la biblioteca, Éric le habría dicho a Dylan que disparar a la gente “era ya aburrido”.

Unos 20 minutos después de que las cámaras del colegio los captaran haciendo disparos a nada en especial en pasillos y la cafetería, el dúo volvió a la biblioteca, donde, a las 12: 08 ambos se suicidaron: Éric se disparó en el paladar y Dylan en la sien.

Posteriormente cuerpos policiales pudieron ingresar a la escuela para ayudar a los heridos; minutos después, encontraron los cuerpos de víctimas y tiradores en la biblioteca. Cabe destacar que Éric Harris vestía un pantalón color negro, con tirantes y una playera que tenía escrito “Natural Selection”, el título de un video juego.

Como lo mencioné anteriormente, José Ángel “N”, pudo también haber sido influenciado por los jóvenes que llevaron a cabo la masacre de la preparatoria de Columbine, debido a que José Ángel también tenía vestimenta similar, un pantalón color negro, con tirantes y una playera que tenía escrito “Natural Selection”.

Estos sólo son algunos casos, pero existen muchos más. Por ello la importancia de detectar a tiempo a los niños y adolescentes con problemas de salud mental, no solo para salvar sus vidas, sino las de sus demás compañeros y maestros. De ahí la indispensable presencia de un psicólogo en cada escuela primaria, secundaria y preparatoria, para identificar casos como estos y contribuir a brindar la atención que se requiere.

Para ayudar al niño o adolescente con problemas de salud mental, es importante informar a los maestros y al consejero escolar sobre su afección. Se debe colaborar con el personal de la escuela para elaborar un plan académico acorde a las necesidades del paciente.

La salud emocional del niño o adolescente es muy importante, ya que será la garantía de su bienestar y va a influir en su salud social y en su salud física.

El paciente emocionalmente sano es una persona feliz, adaptado a su entorno, con sana autoestima y capaz de enfrentarse a los problemas y adversidades.

Un país que presenta serios problemas en la salud de sus habitantes tendrá problemas para llevar adelante un plan nacional de desarrollo de sus propios pobladores, del uso de sus riquezas y del bienestar de sus habitantes.

El artículo 4o. de nuestra Carta Magna, mandata al estado garantizar la protección de diversos derechos humanos para los mexicanos.

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

“En todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

Es por ello propongo modificar la Ley General de Educación, para que la Secretaría de Educación Pública proporcioné al menos una persona por cada una de las escuelas públicas de educación básica y media superior para que brinde los servicios profesionales de psicología a los educandos.

A fin de dar mayor claridad, expongo la siguiente tabla comparativa:

Con base en lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de ley con proyecto de

Decreto que adiciona un tercer párrafo, pasando el actual tercer párrafo a ser el cuarto del artículo, del artículo 73, de la Ley General de Educación

Único. Se adiciona un tercer párrafo, pasando el actual tercer párrafo a ser el cuarto del artículo 73, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

...

Asimismo, la Secretaría deberá de proporcionar al menos una persona por cada una de las escuelas públicas de educación básica y media superior para que brinde los servicios profesionales de psicología a los educandos.

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.who.int/topics/mental_health/es/

2 https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestylechildrens-health/in-depth/men tal-illness-in-children/art-20046577

3 https://www.inegi.org.mx/temas/salud/

4 https://www.unotv.com/noticias/estados/coahuila/detalle/tiroteo-en-escuela-de-t orreon-deja-al-menos-2-muertos-y-4-heridos-611808/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.— Diputadas y diputgados: Lizeth Amayrani Guerra Méndez, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Alma Delia Navarrete Rivera, Bonifacio Aguilar Linda, Carmen Medel Palma, Carmen Mora García, Claudia Tello Espinosa, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, Dulce María Corina Villegas Guarneros, Edith García Rosales, Emmanuel Reyes Carmona, Eulalio Juan Ríos Fararoni, Flora Tania Cruz Santos, Graciela Sánchez Ortiz, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Juan Enrique Farrera Esponda, Juan Israel Ramos Ruiz, Juan Martínez Flores, Juanita Guerra Mena, Leticia Arlett Aguilar Molina, Lidia Nallely Vargas Hernández, Manuel Gómez Ventura, Marco Antonio Andrade Zavala, Marco Antonio Medina Pérez, María Ester Alonzo Morales, María Marivel Solís Barrera, Martina Cazarez Yañez, Maximino Alejandro Candelaria, Miguel Ángel Chico Herrera, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Oscar Rafael Novella Macías, Paola Tenorio Adame, Patricia del Carmen de la Cruz Delucio, Rodrigo Calderón Salas, Sebastián Aguilera Brenes, Susana Beatriz Cuaxiola Serrano, Ulises García Soto, Zaira Ochoa Valdivia (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Adriana Dávila Fernández y diputadas del Grupo Parlamentario del PAN

Las suscritas, Adriana Dávila Fernández, Verónica María Sobrado Rodríguez, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, María Liduvina Sandoval Mendoza, Nohemí Alemán Hernández, María de los Ángeles Ayala Díaz, Dulce Alejandra García Morlan, Mariana Dunyaska García Rojas, Silvia Guadalupe Garza Galván, María del Rosario Guzmán Avilés, María del Pilar Ortega Martínez, Laura Angélica Rojas Hernández y Gloria Romero León, diputadas a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

¡Ya es tiempo, las mujeres y la protección de sus derechos no aguantan más!

A últimas fechas y cada vez más a menudo, diversos medios de comunicación dan cuenta de la ejecución de feminicidios a lo largo de la República Mexicana, un día en el sur del país, otro día en el norte y otro día en el centro, pero tales noticias se han vuelto desafortunadamente cotidianas.

Incluso a través de redes sociales, se tiene conocimiento de intentos de secuestro en los alrededores del metro de la Ciudad de México en contra de mujeres, sin que hasta ahora se sepa cuál era la finalidad de dicha privación de la libertad.

En realidad, este flagelo no es nuevo, la violencia contra las mujeres, y ahora en un grado extremo, violencia feminicida, ha ocupado desde hace tiempo la agenda de grupos y organizaciones encargadas de la protección de los derechos de las mujeres para vivir libres de toda violencia.

Apenas en 2018, la Organización de Naciones Unidas, a través de ONU Mujeres, puso de manifiesto cifras alarmantes en las que se advierte que al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas han enfrentado un incidente de violencia, y que 41.3 por ciento de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual, vemos en consecuencia que esa violencia en su forma más extrema, conocida como violencia feminicida, ha llegado a cobrar incluso la vida de 9 mujeres al día, sí en efecto, 9 mujeres.

Entonces, es posible decir que el feminicidio tiene como causa la violencia feminicida, conducta así descrita por la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que consiste en una forma extrema de violencia de género contra las mujeres, ello, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar una impunidad social y del Estado, y por tanto puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Al respecto, el delito de feminicidio se entiende como la muerte violenta de una mujer causada por razones de género, cabe advertir que esto no es ni tantito la muerte común de una mujer de forma simple, se trata de la existencia de un grado de violencia extrema tal que causa la muerte de una mujer, y a la vez un sentimiento de discriminación y misoginia por quien perpetra ese delito.

Así, durante 2018 se tuvo conocimiento por diversos medios de comunicación sobre feminicidios de niñas y adolescentes en los municipios del Estado de México, casos acontecidos en Jardines de Morelos, Ecatepec. Algunos de ellos fueron perpetrados por una pareja que, se estima, acabó con la vida de cerca de 23 mujeres. Sin embargo, los feminicidios en la entidad continuaron.

Al respecto, cabe recordar que, en 2018, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre se habían contabilizado cerca de 760 carpetas de investigación por feminicidio, lo que sin duda daba cuenta un alto índice de ejecución de tales delitos.

Asimismo, algunos medios de comunicación dieron cuenta de que en la primera semana de 2019, se habían contabilizado en México 28 feminicidios, y sobre ellos, diversas organizaciones acusan deficiencia en las investigaciones, traducida en la circunstancia de que cerca del 60% de los casos quedan impunes, lo que sin duda genera la percepción en el feminicida de que no será castigado, en consecuencia, puede perpetrar más feminicidios sin recibir castigo alguno.

De enero a septiembre de 2019, 2 mil 833 mujeres han sido asesinadas en México, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sin embargo, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), sólo 726 (25.6 por ciento) son investigados como feminicidios, mientras que los otros 2,107 asesinatos, como homicidios dolosos.

Ante esos números y en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el OCNF denuncia la prevalencia de los feminicidios en México y la ausencia de un Plan Nacional Integral para su atención y prevención.

Los estados con mayor número de feminicidios son Veracruz (140 casos), estado de México (81), Nuevo León (53), Puebla (45) y Ciudad de México (40).

Mientras, los municipios con mayor número de víctimas de feminicidio son Monterrey, Culiacán, Ciudad Juárez, Xalapa y Guadalajara

El OCNF también obtuvo información, a través de solicitudes de información, de 11 estados (Coahuila, estado de México, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí) en los que, de enero a junio, se tiene registro de 879 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 248 se están investigando como feminicidio.

En estos 879 casos, gracias a los detalles de las solicitudes de información, el OCNF detectó que un gran número de las víctimas “fueron objeto de actos crueles y degradantes para ser asesinadas”, ya que sus cuerpos presentaban golpes o quemaduras.

En relación con lo anterior, esas organizaciones dieron cuenta que, durante 2017, cerca de 3 mil 430 mujeres fueron asesinadas, es decir, como se mencionó, 9 mujeres al día, sin embargo, solo se abrieron 760 carpetas de investigación por ese delito, siendo tipificados el resto de los delitos como homicidios simples.

El Código Penal Federal prevé en el artículo 325 que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.

Luego, tomando en consideración lo abstracto de las razones de género, es la misma legislación la que pormenoriza que existen razones de género en la privación de la vida de una mujer cuando esta se realiza y la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo; se le hayan infligido a la víctima lesiones o mutilaciones degradantes o previas a la privación de la vida o actos de necrofilia; se den antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar respecto del sujeto activo en contra de la víctima; haya existido entre la víctima y su victimario una relación sentimental, afectiva o de confianza; se tengan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el feminicidio, acoso o lesiones del sujeto activo con la víctima; la mujer sea incomunicada previamente a la privación de la vida; o el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

La sanción prevista en dicha norma sustantiva penal es de 40 a 60 años de prisión y multa de 500 a mil días.

El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca establece en términos similares que la legislación federal, el tipo penal de feminicidio y su punibilidad.

El Código Penal mexiquense considera una punibilidad de cuarenta a setenta años de prisión, mientras que la misma legislación homologa en Guanajuato, establece una punibilidad para el delito de feminicidio de treinta a sesenta años de prisión.

Con relación a lo anterior, puede verse que si bien, es posible establecer que en las entidades federativas, aun cuando el delito de feminicidio establece una punibilidad alta, realmente existen aún asignaturas pendientes sobre las cuales se tiene que trabajar con el objeto de erradicar y prevenir ese injusto en beneficio de la protección de los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Por ello, diversos estudios, entre los cuales destaca Violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016, elaborado por la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres, han planteado una serie de necesidades a partir de la compilación de distintas recomendaciones realizadas a México respecto de la lucha y combate a la violencia feminicida.

Una de esas prioridades es involucrar en la prevención y erradicación la violencia en contra de las mujeres a los tres niveles de poder y los órganos de Estado.

Así también, homologar las distintas especies de violencia contra las mujeres a través de la unificación de estas en ordenamientos como la ley general o el Código Penal Federal, para que, junto con eso, se puedan fortalecer y articular los esfuerzos para prevenir la violencia de género.

Aunado a lo anterior, es necesario estandarizar los protocolos de actuación dentro de instituciones tanto de procuración como de impartición de justicia, ello, con el objeto de reducir la impunidad a través del mejoramiento de la prestación de servicios en favor de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia.

Igualmente, deben instaurarse mecanismos que establezcan parámetros y técnicas de investigación adecuados, los que deberán ser empleados en todas las defunciones de mujeres, utilizando siempre la perspectiva de género, con el objeto de no revictimizar, pero, además, descartar o confirmar que las muertes fueron causadas por las circunstancias de género necesarias.

De ahí surge la necesidad de que los mecanismos que se instauren atiendan las recomendaciones de los organismos internacionales, especialmente encaminados a cumplir las sentencias de la CoIDH, con relación a la protección del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Sobre ese respecto y la necesidad de estandarizar las actuaciones de las autoridades encargadas de atender prevenir y erradicar la violencia feminicida y sus consecuencias, se propone dotar de facultades al Congreso de la Unión a efecto de que se le permita legislar y expedir a través de sus Cámaras una ley general que establezca el tipo penal de feminicidio, sus modalidades, agravantes y sanciones; proporcione a la autoridad investigadora las herramientas jurídicas necesarias para investigar la violencia feminicida y perseguir a su autor o participes a fin de evitar que este delito quede en la impunidad; asimismo, establezca la distribución de competencias, responsabilidades, obligaciones y las formas de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios o alcaldías de la Ciudad de México, lo anterior a efecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar el delito de feminicidio.

Derivado del análisis del contexto socio económico, en los espacios cotidianos de convivencia como es la casa, cuando las agresiones verbales suben de tono, es altamente probable que se llegue a la violencia física. Por ello, y en razón de la importancia del tema, legisladores impulsamos la realización de los foros en nuestros estados:

Las mujeres que no tienen independencia económica son vulnerables, las que no tienen dónde dejar a sus hijos son vulnerables. Todas las mujeres deberían tener la posibilidad de desarrollar sus capacidades con libertad y seguridad de que no corren peligro en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle.

Con relación al planteamiento anterior, la ley general que expediría el Congreso deberá establecer las disposiciones generales, como son el objeto y fundamento de la ley; la supletoriedad; los conceptos para efectos de esa ley; las reglas para la prescripción o en su caso la imprescriptibilidad del delito de feminicidio; los principios que deberá regir la investigación y proceso en el caso de este delito; las técnicas de investigación aplicables; las causas de suspensión del proceso y las reglas para el procedimiento abreviado; así como las modalidades de la reparación del daño integral, cuya modalidad, inclusión u otorgamiento seria parte de una discusión de la ley general.

En otro apartado, la ley deberá establecer el tipo penal del delito de feminicidio; el bien o bienes jurídicos tutelados; su punibilidad y las agravantes; las reglas en caso de concurso de delitos, así como las de autoría y participación; los lineamientos especiales sobre la ejecución de sentencias; y la aplicación de medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva.

Finalmente, en la materia de prevención y coordinación, la ley general en comento establecería aspectos de prevención y coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales o alcaldías en el caso de la Ciudad de México; las facultades de cada autoridad, así como los ámbitos de aplicación; la protección de personas víctimas o posibles víctimas u ofendidos y las medidas de apoyo; la protección de testigos; los derechos a la reparación integral; un fondo de apoyo para víctimas, posibles víctimas u ofendidos; la organización de la federación y entidades federativas; creación de un observatorio de feminicidios y la participación de organizaciones sociales; el auxilio de las autoridades y el establecimiento de bases únicas de datos consultables por todos los operadores de la ley.

Para reforzar los mecanismos que establezcan la política de Estado para erradicar los delitos de feminicidio, se contemplarían obligaciones como la presentación de un programa nacional y la evaluación de su cumplimiento por órganos de protección de derechos humanos, controles parlamentarios y las organizaciones civiles, así como la creación de un sistema o comisión intersecretarial que permita articular los esfuerzos en la protección de tales derechos; en ese sentido se prevería un nexo de esta ley general con la alerta de género y las medidas previstas en la ley general que crea las condiciones para vivir una vida libre de violencia.

Las y los proponentes estimamos que ni una mujer más debe ser víctima de violencia ni flagelo alguno, mucho menos de algún atentado a su vida, por ello, es necesario unificar el combate a las condiciones que propician delitos como el feminicidio, esto a través de la prevención, atención a las víctimas o posibles víctimas, los ofendidos, así como la sanciones a tan reprochables conductas, lo anterior por medio del involucramiento de todas las autoridades del Estado y la implantación de medidas efectivas por cada una de ellas.

Por las anteriores consideraciones y fundamentos se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el inciso a) de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad

I. a XX. ...

XXI. Para expedir:

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de feminicidio, violencia de género, secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios;

b) y c) ...

XXXI. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Hasta en tanto no se expida la ley general en materia de feminicidio que establezca al menos, los tipos penales y sus sanciones, así como la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las alcaldías en el caso de la Ciudad de México, seguirán considerándose los tipos penales de feminicidio previstos en las legislaciones de las entidades federativas.

Notas

1 Fuente: https://videos.telesurtv.net/video/760773/en-la-primera-semana-de-2019-registra n-28-feminicidios-en-mexico/

2 Ídem.

3 Todas las entidades federativas establecen un tipo especial de feminicidio, igual que la legislación penal federal, salvo Chihuahua, que establece el tipo penal de homicidio con la característica de que el pasivo sea del sexo femenino –sin importar que el hecho sea por circunstancias de género-, caso en el cual la punibilidad es de 30 a 60 años en cuanto a la prisión.

4 Gómez Macfarland, Carla Angélica y María Cristina Sánchez Ramírez. Feminicidio en México: una visión internacional y comparativo legislativo nacional, Instituto Belisario Domínguez.

5 Visible en la liga

http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documen tos/publicaciones/2017/10/violenciafeminicidamx%2007dic%20web.pdf?la=es&vs= 5302

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.— Diputadas y diputados: Mariana Dunyaska García Rojas, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Carlos Carreón Mejía, Carlos Elhier Cinta Rodríguez, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Francisco Javier Saldivar Camacho, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Héctor René Cruz Aparicio, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Jacquelina Martínez Juárez, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Juan Carlos Romero Hicks, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Marcela Torres Peimbert, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Miguel Alonso Riggs Baeza, Nario Alberto Ramos Tamez, Olga Patricia Sosa Ruiz, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Ricardo García Escalante, Sarai Núñez Cerón, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Educación; y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de violencia escolar, suscrita por los diputados René Juárez Cisneros, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, René Juárez Cisneros, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Mariana Rodríguez Mier y Terán integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción II Bis al Artículo 74; la fracción XVI Bis al artículo 115 y una fracción II Bis al artículo 128 de la Ley General de Educación, se adiciona la fracción V al artículo 59 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de violencia escolar, al tenor de la siguiente:

La educación constituye un derecho fundamental de la población, que impulsa el desarrollo, contribuye al crecimiento económico y al progreso de la sociedad en su conjunto, además de ser uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza, mejorar la salud, lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad.

Asimismo, representa la vía para construir una sociedad más justa, democrática e incluyente, por lo que estos valores deben permear en la actividad de los planteles educativos y hacerse realidad cotidiana en cada aula.

En este contexto, es un instrumento de la mayor trascendencia para adquirir conciencia, valores y actitudes, técnicas y comportamiento ecológicos y éticos en consonancia con el desarrollo sostenible y que favorezcan la participación pública efectiva en el proceso de adopción de decisiones.

Pese a lo anterior, los alumnos enfrentan diversas problemáticas que limitan su pleno desarrollo y atentan contra su propia integridad, entre las que destacan la violencia escolar, fenómeno que se ha agudizado durante los últimos años a nivel mundial.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) “La violencia en el ámbito escolar es una realidad que deniega cada día a millones de niños y jóvenes el derecho humano fundamental de la educación”.

El acoso escolar comúnmente se entiende como todas aquellas agresiones físicas o verbales por parte de uno o más estudiantes. La Secretaría de Educación Pública desde el sexenio anterior señaló que “El acoso escolar es una forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad”.

Puede causar daños físicos, sociales o emocionales en quienes lo sufren. Los estudiantes que son víctimas de acoso escolar no suelen defenderse, al principio creen que ignorando a sus agresores, el acoso se detendrá. Tampoco suelen decir a sus padres y maestros que están siendo acosados por temor. Por ello es necesario generar en la familia apertura para que los hijos nos cuenten lo que ocurre en la escuela e intervenir para detenerlo”.

La violencia escolar entendida como violencia contra los niños y niñas en las escuelas y otros entornos educativos, según el Informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas del Secretario General de las Naciones Unidas, (Pinheiro, 2006), integró el acoso escolar como una categoría de análisis para todas las regiones del planeta, lo que ha legitimado su uso universal.

La violencia escolar es un fenómeno que puede provocar cuadros depresivos o estados de ansiedad en los alumnos, lo cual dificulta su integración en el medio escolar y en la adquisición de aprendizajes y en casos extremos puede conllevar al suicidio y homicidio.

A pesar de su trascendencia, todavía existen perspectivas diferentes en torno a la concreción teórica y conceptual de dicho tema. Autores como Isabel Fernández clasifican la violencia escolar en dos grupos: 1. Agentes exógenos que son decisivos en la formación de la personalidad de los estudiantes y están alejados de la acción directa de las escuelas. Los más relevantes son el contexto social, las características de la familia y el impacto de los medios de comunicación; 2. Agentes endógenos (contacto directo) que se encuentran en el interior de la escuela, tales como el clima escolar, las relaciones interpersonales y las características personales de cada alumno.

Alejandro Castro Santander y Moreno Olmedilla, aluden que para entender la violencia escolar debemos considerar todas las conductas antisociales que se presentan en la escuela, que aunque no todas forman parte de la clasificación de la violencia interpersonal, son conductas que pueden producir innumerables conflictos y, por consiguiente ser precursores de conductas violentas, incluyendo maltrato, abuso y acoso, o en situaciones más drásticas la muerte de los alumnos. A continuación se describen:

Disrupción en las aulas

Puede interpretarse como un conjunto de conductas inapropiadas de los alumnos en las aulas, tales como: falta de cooperación y mala educación, insolencia, desobediencia, provocación, agresión, hostilidad, abuso, impertinencia y amenazas. Se incluyen las estrategias para obligar a los docentes a que nuevamente expliquen los contenidos con ánimo de retrasar la tarea, hacer preguntas absurdas, vestir ropas u objetos grotescos, demostrando expresiones desmesuradas de aburrimiento, entre otras.

Indisciplina escolar

Se presentan comúnmente como conflictos en la relación entre el docente y el alumno. Se trata de conductas que implican un mayor o menor componente de violencia, desde la resistencia o boicot pasivo hasta el desafío o el insulto activo al maestro o profesor, que puede desestabilizar la vida cotidiana en el aula. No se debe olvidar que, en algunas ocasiones, las agresiones son del docente al alumno y no lo opuesto, pero lo habitual es que se registre hipersensibilidad a las agresiones verbales, insultos explícitos de los alumnos a los maestros, por lo que se presume que agresiones que preanuncian problemas más graves en el futuro si no se detienen a tiempo.

Discriminación

Constituye el primer paso de la violencia y a la vez opera como una forma de actitud de futuras conductas violentas. Las actitudes de intolerancia adoptan en las escuelas distintas expresiones, algunas más visibles y otras aceptadas en forma implícita por los docentes y directivos. Discriminación por género, condición socioeconómica, rasgos étnicos y culturales, preferencia sexual, religión, entre otras.

Acoso o maltrato entre compañeros (bullying)

Es una manifestación de violencia escolar que consiste en una combinación de intimidación y acoso. Se trata de procesos en los cuales uno o más de alumnos acosan e intimidan a otros mediante insultos, vejaciones, aislamiento social, motes, etcétera.

Su característica principal consiste en que es un comportamiento repetitivo de hostigamiento e intimidación, cuyas consecuencias suelen ser el aislamiento y la exclusión social de la víctima. Se habla de bullying cuando se cumplen al menos tres de los siguientes criterios:

• La víctima se siente intimidada.

• La víctima se siente excluida.

• La víctima percibe al agresor como más fuerte.

• Las agresiones son cada vez de mayor intensidad.

• Las agresiones suelen ocurrir en privado.

• El acoso va acompañado de una “ley del silencio”.

Vandalismo o violencia contra los bienes de la escuela

Refiere al espíritu de destrucción que guía a algunos alumnos en contra de los bienes inmuebles de la escuela: mesas, ventanas, pupitres, baños, paredes y armarios; grafitis obscenos, amenazantes o insultantes. Son las agresiones que generalmente cometen grupos de alumnos con el fin de producir de forma voluntaria daños materiales.

Acoso sexual

El acoso sexual es la práctica donde una persona transgrede o viola la intimidad de la otra. En la escuela, el acoso sexual puede ser un resultado de palabras o conducta sexual que ofenda, marque con estigma, degrade, de miedo, o amenace por cuestiones de sexo.

Bajo esta perspectiva, hay manifestaciones de la violencia escolar que, por su naturaleza, son fácilmente observables como la indisciplina, la disrupción, el maltrato físico a los compañeros o el vandalismo contra las propiedades o las pertenencias. En cambio, el acoso sexual, el bullying y las manifestaciones de maltrato psíquico y emocional son más difíciles de identificar.

Lo que es una realidad es que, hoy persiste un grave problema en el entorno escolar. La creciente violencia escolar se ha comenzado a estudiar como respuesta a su crecimiento exponencial, específicamente el maltrato e intimidación que se manifiesta cotidianamente, entre niños, niñas y adolescentes. Este comportamiento violento se da con la intención de dañar a otras personas; es persistente y repetitivo ya que puede durar, semanas, meses o incluso años.

Es un problema multifactorial que promueve la humillación, descalificación, burla, ridiculización, negligencia y abandono emocional, afectando así el aprendizaje, crecimiento y pleno desarrollo de los alumnos.

Para poner en su justa dimensión esta problemática, basta señalar que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), casi un tercio de los adolescentes del mundo han sufrido acoso escolar recientemente. Los nuevos datos muestran que el acoso afecta a jóvenes de todas partes, en todas las regiones y en países con diferentes niveles de ingreso.

Se estima que 246 millones de niñas y niños sufren violencia de género relacionada con el entorno escolar. Según dicho organismo, los niños corren un riesgo ligeramente superior de acoso que las niñas. Los datos –que no abarcan violencia sexual ni otras modalidades de género- indican que más del 32 por ciento de los niños ha sufrido acoso escolar, cifra que en las niñas alcanza un 28 por ciento, pero en los países donde el acoso es más frecuente, las niñas son más vulnerables.

Otros de los hallazgos importantes de la UNESCO son que la condición de inferioridad socioeconómica es el principal indicador para predecir si un joven de un país desarrollado padecerá acoso en la escuela; además que, en los países desarrollados, los jóvenes inmigrantes son más propensos a sufrir acoso escolar que sus coetáneos nativos.

México no es ajeno a esta grave problemática. Conforme a la organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica, ya que afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas. Conforme a los resultados de la prueba PISA 2015, el 20 por ciento de los estudiantes en nuestro país sufren de algún tipo de violencia por parte de sus compañeros.

En este mismo orden de ideas, el entonces Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en 2019, “Promover prácticas escolares de participación entre los estudiantes para hacer de la escuela un espacio de convivencia libre de violencia”, subrayaba que en los niveles de primaria y Educación Media Superior, aproximadamente una tercera parte de estudiantes reporta haber sufrido agresiones verbales; mientras que más de 66 por ciento de los alumnos de segundo grado de secundaria reportó haber sido objeto de burlas y apodos ofensivos por parte de sus compañeros.

En el informe 2018 La educación obligatoria en México, el instituto concluía que una escuela con altos niveles de violencia no se puede considerar de calidad. Además, diversos estudios internacionales afirman que los estudiantes víctimas de acoso escolar son más propensos a tener dificultades académicas.

Y por último, en su informe 2019, antes de ser disuelto por la actual administración, señaló que la violencia es un tema presente en las aulas y en las escuelas, aunque afortunadamente, no está generalizada; la del tipo verbal es la más recurrente en las escuelas a través de insultos, burlas o apodos ofensivos; por ejemplo, 4 de cada 10 estudiantes de primaria y secundaria reportaron que hubo insultos entre compañeros. Por otra parte, se identificó que 6 de cada 10 estudiantes de segundo grado de secundaria afirmaron haber sido objeto de burlas y recibir apodos ofensivos.

Por otro lado, la Consulta Infantil y Juvenil del Instituto Nacional Electoral (INE, 2019), revela que se presentaron datos relevantes en cuanto a la percepción de la seguridad por parte de niños y jóvenes –entre seis y diecisiete años–, que además fueron consistentes con la percepción de adultos. En el inciso de incidencia de violencia según su entorno, las niñas y niños de entre seis y nueve años refirieron en mayor medida afrontar violencia en el hogar (59.3 por ciento), mientras que 53.4 por ciento del grupo de entre diez y diecisiete años dijo enfrentarla en la escuela.

De igual forma, 34 por ciento de los alumnos entre catorce y diecisiete años manifestó vivir violencia en las calles. Tales datos se han mantenido constantes desde la consulta de 2015. En cuanto a la violencia escolar, es interesante observar que la incidencia es mayor en escuelas privadas: 23.3 por ciento contra 21.3 por ciento en edades de seis a nueve años, y se mantiene en una media de 13 por ciento en edades de diez a diecisiete años en escuelas privadas y oficiales.

El promedio nacional en la percepción de inseguridad en la escuela es de 31.5 por ciento en general (INE, 2019), es decir 2 de 10 niños se sienten inseguros en la escuela y 2 de 10 niños quisieran cambiar de escuela. De acuerdo con estos datos la percepción de inseguridad para los menores de nueve años está en el hogar, aunque a la vez lo identifican como el lugar de mayor confianza, y a partir de los diez años la escuela se considera el lugar de mayor violencia, en ambos casos con mayor prevalencia entre mujeres.

El acoso escolar es una realidad: un problema con el que se enfrentan miles de niños y que tiene consecuencias en su desarrollo personal y rendimiento escolar. Ante esta situación, cabe preguntarse ¿cómo cambiar la percepción de seguridad escolar en un entorno donde los alumnos carecen de elementos formativos y éticos que les permitan ser mejores ciudadanos?

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda medidas prioritarias para combatir la violencia y el acoso escolar, reforzando el liderazgo, promoviendo la concienciación sobre los riesgos de violencia escolar, estableciendo alianzas e involucrando a niños y adolescentes en la enseñanza y la buena convivencia.

Pese a los avances en la materia, el Estado mexicano aun cuenta con grandes retos, por lo que resulta indispensable fortalecer las políticas públicas para combatir y erradicar la violencia y el acoso escolar en todas las escuelas de educación básica y media superior.

Para que las políticas públicas implantadas por el gobierno puedan tener un efecto positivo en la disminución de problemas, es necesario que las instituciones con capacidad de recopilar información al respecto cuenten con el apoyo de la administración federal. Esta información será indispensable para estudios que permitan enfocar las acciones a disminuir y prevenir estos actos.

Ante este panorama, el desaparecido Instituto Nacional Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se señala que “Para lograr escuelas libres de violencia deben fortalecerse las estrategias dirigidas a la construcción de una convivencia pacífica, inclusiva y democrática.

Para establecer estos ambientes, se requiere que la escuela transite hacia una cultura organizativa y democrática basada en la equidad; asegurar la funcionalidad y efectividad de los espacios de participación de los estudiantes para garantizar que su voz se escuche e incida en la toma de decisiones en el aula y en la escuela; así como abordar el conflicto a través del diálogo como una oportunidad formativa.”

Asimismo, se recomendó en el documento denominado “Reglamentos escolares con perspectiva de derechos, que aporten a una convivencia sana y respetuosa”, se incluyan la perspectiva de derechos, los valores democráticos, así como el principio del interés superior de niñas y niños. Y subraya la importancia de la participación informada de los diferentes actores de la comunidad en el proceso de construcción del reglamento escolar.

En síntesis, existe consenso entre los especialistas en la prioridad de garantizar que todos los niños y jóvenes tengan acceso a ambientes de aprendizaje seguro, inclusivo y sano.

La Convención sobre los Derechos del Niño, establece en el artículo 2o. que los Estados parte respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la de cual sea su condición. Menciona que reconocer los derechos del niño, resulta indispensable para su pleno desarrollo, personalidad y armonía, creciendo en el seno de una familia de libertad, igualdad y solidaridad.

La educación es un factor de primera relevancia para erradicar la desigualdad, la inseguridad y fortalecer la formación cívica y ética, por lo que es primordial que la escuela se convierta un espacio formativo de calidad que contribuya al desarrollo de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores en torno al ejercicio de una ciudadanía democrática ante los retos que impone el siglo XXI.

Para lograr lo anterior, es fundamental impulsar políticas públicas orientadas a la mejora de la convivencia social y escolar, la prevención y atención a la violencia, que contribuyan al desarrollo pleno e integral de los alumnos.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción II Bis al artículo 74; la fracción XVI Bis al artículo 115 y una fracción II Bis al artículo 128 de la Ley General de Educación, se adiciona la fracción V al artículo 59 de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, en materia de violencia escolar

Artículo Primero. Se adiciona la fracción II Bis al artículo 74, la fracción XVI Bis al artículo 115 y una fracción II Bis al artículo 128 n para quedar como sigue:

Artículo 74. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, promoverán la cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad, donde se involucren los educandos, los docentes, madres y padres de familia o tutores, así como el personal de ap,oyo y asistencia a la educación, y con funciones directivas o de supervisión para prevenir y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar.

I. y II. ...

II Bis. Diseñar y establecer una estrategia para la prevención, detección y atención de la violencia o maltrato escolar en las escuelas públicas y privadas de educación básica y educación media superior.

III. a IX. ...

...

Artículo 115. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 113 y 114, corresponde a las autoridades educativas federal, de los Estados y Ciudad de México, de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. a XVI. ...

XVI Bis. Formular y desarrollar estrategias para la prevención, detección y atención de la violencia o maltrato escolar en las escuelas públicas y privadas de educación básica y educación media superior.

XVII. a XXIII. ...

...

...

Artículo 128. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. y II. ...

II Bis. Participar en la formulación y desarrollo de estrategias que promuevan la convivencia escolar en las instituciones educativas y colaborar en la prevención, detección y atención de la violencia o maltrato escolar.

III. a XI. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo no mayor a 60 días a partir de la publicación del presente decreto, los Congresos de las entidades federativas realizarán la debida adecuación de las leyes correspondientes de conformidad con lo establecido en esta ley.

Tercero. En un plazo no mayor a 60 días a partir de la publicación del presente decreto la Secretaría de Educación Pública, en su calidad de autoridad educativa federal, en coordinación con las autoridades educativas locales, deberá establecer una estrategia para la prevención, detección y atención de la violencia o maltrato escolar en las escuelas públicas y privadas de educación básica y educación media superior.

Artículo Segundo: Se adiciona la fracción V al artículo 59 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes donde participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela.

Para efectos del párrafo anterior, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, y las instituciones académicas se coordinarán para

I. a IV. ...

V. Establecer en coordinación con las autoridades educativas, una estrategia para la prevención, detección y atención de la violencia o maltrato escolar en las escuelas públicas y privadas de educación básica y educación media superior.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://es.unesco.org/themes/acoso-violencia-escolar

2 https://www.gob.mx/sep/articulos/acoso-escolar

3 file:///C:/Users/Poscentro/Downloads/54056-153737-1-PB.pdf

4 Isabel Fernández. Prevención de la violencia y resolución de conflictos. El clima escolar como factor de calidad. Tercera Edición, Madrid, España, 2001.

5 Alejandro Castro Santander. Violencia silenciosa en la escuela. Dinámica del acoso escolar y laboral. Buenos Aires. Primera edición, 2007, pp. 49-64.

6 https://es.unesco.org/news/nuevos-datos-revelan-que-mundo-cada-tres-adolescente s-sufre-acoso-escolar

7 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368125

8 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/bullying-el-terror-escolar-en-mexico

9 Documento disponible en:

https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/02/ P1C716.pdf. Consultado el 8 de febrero de 2020.

10 https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/04/P1I245.pdf

11 Consulta Publicada en abril 2019, Disponible en:

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2019/04/Resultados_Consul ta_Infantil_y_Juvenil-2018.pdf página consultada el 10 de febrero de 2020.

12 https://www.inee.edu.mx/images/stories/2019/comunicados/Comunicado24.pdf

13 www.unicef.org/argentina/spanish/7.-Convencionsobrelosderechos. pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 13 de febrero de 2020.— Diputados y diputadas: René Juárez Cisneros, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Mariana Rodríguez Mier y Terán, Ismael Alfredo Hernández Deras, María Ester Alonzo Morales (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo del diputado Fortunato Rivera Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Fortunato Rivera Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Agraria, de conformidad con la siguiente

La reforma al artículo 27 constitucional de 1992 en materia agraria, estableció una serie de disposiciones para transitar de una situación jurídica a otra, particularmente, las concernientes a la ordenación de las tierras y a la asignación de los derechos sobre las mismas a los ejidatarios y comuneros. Con estas herramientas se pasó de la incertidumbre jurídica de los derechos individuales sobre la tierra y de la indeterminación legal sobre la superficie que amparaban, a la certidumbre jurídica documentada con certificados y títulos con los datos registrales y catastrales necesarios para su identificación, resultado del ejercicio de las atribuciones otorgadas a las asambleas de ejidatarios y comuneros en esta materia y con la participación de las instituciones agrarias, ya no como autoridades sino como auxiliares y asesoras en los procesos de certificación.

Pese al avance en la seguridad jurídica de la tenencia de la propiedad social, las tierras ejidales y comunales enfrentan nuevas problemáticas consecuencia, paradójicamente, de su certidumbre legal. En efecto, la circulación de los derechos sobre las parcelas se ve ahora incentivada por la certeza que se tiene sobre quién es el titular de los derechos y los mecanismos y requisitos (de fácil cumplimiento) para su transmisión, así como del hecho de que ésta ya no requiere de la autorización del Estado. Esto es, con el marco jurídico actual, las tierras ejidales son potencialmente alienables con la adquisición del dominio pleno.

El resultado es la irregularidad derivada de prácticas de simulación (fraude a la ley) o de adquisiciones abiertamente ilegales de tierra a través de mecanismos en los que, además, han sido partícipes los propios sujetos agrarios, las autoridades administrativas o jurisdiccionales agrarias.

Esta situación ha sido propiciada porque las tierras de propiedad social son tierras muy ricas en recursos productivos y por ello muy demandadas. Representan 51 por ciento del territorio nacional y son poseedoras de una gran riqueza de recursos naturales y, en ellas, se están desarrollando los grandes proyectos nacionales: Se localizan dentro de la propiedad social: dos terceras partes de los recursos hídricos del país, 70 por ciento de los bosques y de la biodiversidad, 60 por ciento de los litorales de México están dentro de polígonos pertenecientes a ejidos y comunidades, las reservas de crecimiento de las grandes ciudades del país, un porcentaje importante de la producción de alimentos para el consumo interno y para la exportación, así como los grandes proyectos estratégicos del desarrollo económico.

Por estas razones, de manera concreta, con esta iniciativa se busca evitar prácticas fraudulentas basadas en los vacíos legales o en ambigüedades normativas de la Ley Agraria que vulneran los derechos de los sujetos agrarios y también de la población en general, así como dotar a las asambleas de los núcleos agrarios de facultades más amplias y precisas para coadyuvar al ordenamiento territorial y el desarrollo urbano.

Requisitos para el reconocimiento de avecindados

En ejidos en los que existe interés para adquirir tierras por parte de inversionistas o especuladores, éstos propician que las asambleas de ejidatarios los reconozcan como avecindados aun cuando no radiquen ahí, ni mantengan vínculo alguno de convivencia con sus pobladores para suponer una vida en comunidad. Esto, debido a que el reconocimiento como avecindado es un requisito exigido por la ley para poder adquirir posteriormente derechos sobre una o varias parcelas con el carácter de ejidatario o posesionario y, una vez adquiridos estos derechos, solicitar a la asamblea la autorización para adquirir el dominio pleno, con lo cual, estas superficies quedan sustraídas del régimen ejidal para pasar a ser tierras de propiedad privada.

Lo anterior, en mucho, es consecuencia de vacíos legales y de la participación de autoridades y órganos de representación, para posibilitar el otorgamiento del estatus de avecindado en uno o varios ejidos (aun tratándose de personas ajenas al mismo) a fin de obtener la calidad de ejidatario, puesto que el artículo 15 de la Ley Agraria señala que para poder adquirir la calidad de ejidatario se requiere “II. Ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero, o cumplir con los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno.”

Para evitar estos esquemas que distorsionan la figura del avecindado, se propone adicionar un párrafo al artículo 13 de la Ley Agraria para garantizar la efectiva residencia de las personas mediante la credencial de elector, e imposibilitar que una misma persona sea reconocida en varios núcleos ejidales (simultáneamente) como avecindado, sólo para poder adquirir derechos parcelarios. El texto propuesto es el siguiente:

Artículo 13. ...

La residencia y su temporalidad se acreditará con la credencial de elector del interesado que deberá corresponder a la ubicación del ejido.

Límite al reconocimiento de ejidatario

Como el propósito de persona ajena al ejido que busca ser reconocido como avecindado, es adquirir posteriormente la calidad de ejidatario o posesionario, es necesario establecer una prohibición expresa para que sólo se pueda ser ejidatario en un solo ejido. En efecto, la actual Ley Agraria no establece prohibición alguna para adquirir la calidad de ejidatario en varios ejidos o comunidades, por lo que es factible el acaparamiento de tierras, a diferencia del derogado artículo 78 de la Ley Federal de Reforma Agraria que determinaba que estaba “...prohibido el acaparamiento de unidades de dotación por una sola persona” disposición que reafirmaba con la norma contenida en el artículo 83 que a su vez disponía que “En ningún caso se adjudicarán los derechos a quienes ya disfruten de unidad de dotación...”

Para remediar esta situación, se propone retomar la prohibición de acaparar suelo de origen social mediante la introducción de la norma que disponga que sólo se podrá ser ejidatario o posesionario en un solo núcleo de población, máxime cuando se ha evidenciado que los acaparadores son personas ajenas al núcleo agrario cuyo interés es la especulación inmobiliaria. Para ello se propone adicionar un último párrafo al artículo 15 de la ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 15. ...

I. ...

II. ...

Solo se podrá ser ejidatario o posesionario en un solo núcleo de población.

Venta ilegal de tierras ejidales

Por otra parte, la venta ilegal de tierras parceladas, muchas veces fomentada por los comisariados ejidales, se ha incrementado ante la posibilidad de ser regularizadas posteriormente, ya sea administrativa o judicialmente. Existe la práctica de algunos ejidatarios y posesionarios de vender ilegalmente –sin observar las disposiciones legales para la enajenación de derechos parcelarios o de uso común– tierras parceladas o de uso común, explicable en mucho por no existir un desincentivo para hacerlo, sino que, por el contrario, es alentada por la posibilidad de su regularización.

En efecto, tanto la enajenación como la adquisición de tierras ejidales o comunales para vivienda tiene claros incentivos. Para el ejidatario o comunero representa un ingreso considerablemente mayor al que pudiera significarle, por ejemplo, la enajenación de sus derechos parcelarios sobre toda su parcela, además de que su venta carece de consecuencias jurídicas que pudieran inhibir esas enajenaciones. Para el adquirente el incentivo es el bajo precio, la ubicación de la tierra y la posibilidad jurídica de su posterior regularización.

Por lo anterior, se considera que la imposición de una sanción (consistente en la pérdida de sus derechos parcelarios) puede desincentivar esta práctica. Para esto se considera oportuno reformar el primer párrafo y adicionar de una fracción IV al artículo 20 de la Ley Agraria como causa de pérdida de la calidad de ejidatario o posesionario, en los siguientes términos:

Artículo 20. La calidad de ejidatario o posesionariose pierde:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Cuando, sin observar las formalidades establecidas en esta ley, enajene ilegalmente tierras parceladas, caso en el cual la enajenación será nula y los derechos parcelarios objeto de la enajenación pasarán a favor del núcleo de población.

Respecto a las atribuciones de las asambleas ejidales es importante efectuar una revisión a profundidad con el objeto, en primer lugar, de precisar sus alcances para no lesionar derechos de los sujetos agrarios y, en segundo lugar, de dotarlas de aquellas atribuciones que contribuyan a resolver la problemática en materia de ordenamiento territorial.

Otorgamiento de la calidad de ejidatario o posesionario y su separación

Cada vez que fuera necesario determinar a quién se debía adjudicar una unidad de dotación, señalaba el artículo 72 de la Ley Federal de Reforma Agraria “...la Asamblea General se sujetará, invariablemente, a los siguientes órdenes de preferencia y de exclusión: I. Ejidatarios o sucesores de ejidatarios que figuren en la resolución y en el censo original y que estén trabajando en el ejido; II. Ejidatarios incluidos en la resolución y en los censos, que hayan trabajado en el ejido aunque actualmente no lo hagan, siempre que comprueben que se les impidió, sin causa justificada, continuar el cultivo de la superficie cuyo usufructo les fue concedido en el reparto provisional;...”. A su vez, esta ley disponía que la calidad de ejidatario devenía de su inclusión en la resolución presidencial y en los censos básicos y sus posteriores depuraciones.

Al lado de la figura de los ejidatarios reconocidos en las resoluciones o en los censos, existían los campesinos con derechos a salvo. El segundo párrafo del artículo 224 de la ley citada ordenaba que “cuando las tierras de cultivo o cultivables no sean suficientes para satisfacer las necesidades del núcleo de población, ni haya tierras cuyos recursos puedan explotarse en los términos del párrafo anterior, los derechos de los individuos no beneficiados quedarán a salvo para ser satisfechos por los medios que esta ley establece”. Estos campesinos serían preferidos en la adjudicación de unidades de dotación después de los ejidatarios, es decir, se trataba de “campesinos sin tierra” o “campesinos con derechos a salvo” por ser posibles beneficiarios del reparto agrario.

Desde la anterior ley en materia agraria la calidad de ejidatario se vinculaba necesariamente con los derechos sobre la tierra (unidad de dotación).

Con la reforma constitucional de 1992 al artículo 27 cambió radicalmente el paradigma de la repartición de tierra y de la participación del Estado en la organización de los núcleos agrarios. Con este nuevo esquema se concluye el reparto agrario y el Estado transfiere a las asambleas de ejidatarios, entre otras atribuciones, la de asignar derechos agrarios a los campesinos, y poder “aceptarlos” como ejidatarios o también, a partir de una interpretación sistémica, como posesionarios.

En la lógica de las normas agrarias vigentes la calidad de ejidatario (o posesionario) continúa siendo un presupuesto el ser titular de derechos sobre parcelas o tierras de uso común. Por ello, el artículo 16 de la Ley Agraria dispone que “La calidad de ejidatario se acredita: l. Con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente; II. Con el certificado parcelario o de derechos comunes; o III. Con la sentencia o resolución relativa del tribunal agrario”.

Por lo anterior, en este nuevo entramado jurídico las normas expresas y derivadas son las siguientes:

a) Tanto el reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho, así como la asignación de parcelas vacantes, implica necesariamente el reconocimiento simultáneo de alguna de las dos calidades de sujeto agrario (ejidatario o la de posesionario);

b) No se pueden tener derechos parcelarios (o sobre tierras de uso común) sin tener alguna de las dos calidades señaladas, y

c) La calidad de ejidatario o posesionario es consecuencia de la asignación de derechos parcelarios o comunes. Se es ejidatario o posesionario por decisión de la asamblea, pero sólo como consecuencia del reconocimiento o asignación de derechos sobre tierras.

En congruencia también con este nuevo esquema, el legislador dispone que la calidad de ejidatario y posesionario se extingue con la pérdida de los derechos sobre las tierras ejidales, por ser aquélla, como ya se dijo, consecuencia de éstos. Así, el artículo 20 de la Ley Agraria prescribe que: “La calidad de ejidatario se pierde:

I. Por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes;

II. Por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos en favor del núcleo de población;

III. Por prescripción negativa, en su caso, cuando otra persona adquiera sus derechos en los términos del artículo 48 de esta ley”.

Sin embargo, ya bajo la vigencia de la Ley Agraria la asamblea de ejidatarios ha aceptado como ejidatarios a personas que no tienen asignados derechos sobre las tierras del ejido, únicamente para contar con votos para la elección de órganos de representación. Esto además de ocasionar que en las asambleas participen “ejidatarios” sin tierras, incrementa el número de personas que aparecen, sin tener derecho a ello, en los padrones de ejidatarios dificultando la gobernabilidad de los núcleos agrarios.

Por otra parte, también con la reforma de 1992 se facultó a la asamblea a tratar el asunto de la separación de los ejidatarios. Desafortunadamente a partir de una incorrecta interpretación se consideró que con base en esta atribución se facultaba a la asamblea para “suspender” los derechos de los ejidatarios a participar en las asambleas, sin que para ello exista fundamento legal alguno.

Bajo la vigencia de la Ley Federal de Reforma Agraria, el Estado podía privar de sus derechos a los ejidatarios cuando se verificarán supuestos específicos. Así el artículo 85 disponía que:

“El ejidatario o comunero perderá sus derechos sobre la unidad de dotación y, en general, los que tenga como miembro de un núcleo de población ejidal o comunal, a excepción de los adquiridos sobre el solar que le hubiere sido adjudicado en la zona de urbanización, cuando:

I. No trabaje la tierra personalmente o con su familia, durante dos años consecutivos o más, o deje de realizar por igual lapso los trabajos que le correspondan, cuando se haya determinado la explotación colectiva, salvo en los casos permitidos por la ley;

II. Hubiere adquirido los derechos ejidales por sucesión y no cumpla durante un año con las obligaciones económicas a que quedó comprometido para el sostenimiento de la mujer e hijos menores de 16 años o con incapacidad total permanente que dependían del ejidatario fallecido. En estos casos, la nueva adjudicación se hará siguiendo el orden de sucesión del anterior titular, autor de la herencia;

III. Destine los bienes ejidales a fines ilícitos;

IV. Acapare la posesión o el beneficio de otras unidades de dotación, o superficies de uso común, en ejidos y comunidades ya constituidos;

V. Enajene, realice, permita, tolere o autorice la venta total o parcial de su unidad de dotación o de superficies de uso común o la dé en arrendamiento o en aparcería o en cualquier otra forma ilegal de ocupación a miembros del propio ejido o a terceros, excepto en los casos previstos por el artículo 76; y

VI. Sea condenado por sembrar o permitir que se siembre en su parcela o bienes de uso común, ejidales o comunales, mariguana, amapola o cualquier otro estupefaciente”.

Las causas que daban lugar a esta pérdida de derechos, conllevaban una afectación de la esfera jurídica del ejidatario y estaban expresamente previstas en la ley por tratarse de una sanción.

En el marco jurídico vigente es ilegal interpretar la “separación” de ejidatarios como “suspensión de sus derechos” para participar en las asambleas porque de igual forma se afecta su esfera jurídica, al no contar la asamblea con dicha facultad. Ello, con base en el principio pro persona,que obliga a preferir la interpretación jurídica que más favorezca a la persona y que menos perjuicios le cause.

La “separación” de ejidatarios, como asunto a tratar por la asamblea, sólo podrá significar que la asamblea aborde la situación jurídica que esa persona tenga (derechos y obligaciones) con respecto al ejido, en virtud de haber perdido su calidad de ejidatario por haberse verificado algunos de los supuestos del artículo 20 o por no conservar derechos agrarios conforme al artículo 83 de la Ley Agraria. De esta forma, la asamblea podrá acordar, en vía de ejemplo, la forma o los plazos para la liquidación de las deudas que haya contraído con el ejido o viceversa.

Con base en lo, anterior se propone reformar la fracción II del artículo 23 de la Ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 23. ...

I. ...

II. Otorgamiento de la calidad de ejidatario o posesionario cuando se asignen derechos parcelarios o comunes, así como los asuntos relacionados con la separación de ejidatarios o posesionarios cuando hayan perdido estas calidades en los supuestos señalados en el artículo 20.

Ordenamiento territorial

Otro de los problemas entre los que han surgido por una falta de regulación adecuada es la incorporación de tierra de origen social al conjunto del territorio. Desde siempre, las disposiciones en materia agraria han considerado al ejido y a la comunidad como espacios rurales destinados a actividades agropecuarias aislados del resto del sistema territorial. Sin embargo, las tierras de propiedad social son parte de un sistema territorial que debe incluir, además de las dinámicas de los sistemas agrarios, las interrelaciones entre las áreas rurales y urbanas, así como la existencia de polos de atracción vinculados al mercado, producción y tecnología, nuevos sistemas de información y aquellos cambios resultantes en las dimensiones sociales, económicas, ambientales y culturales, según lo informa la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La realidad actual de las tierras de propiedad social ha evidenciado nuevas problemáticas como la de su enajenación u ocupación irregular al margen de las disposiciones en materia de desarrollo urbano o de medio ambiente.

Al respecto es importante señalar que esta nueva problemática deriva de la actual percepción que se tiene de las tierras ejidales o comunales. De ser prácticamente inalienables (con pocas excepciones como la expropiación) se convierten en tierras potencialmente alienables, lo que aunado al hecho de que se trata de superficies que ocupan 51 por ciento del territorio nacional, tienen fuertes presiones para su utilización en diversos tipos de proyectos.

Por lo anterior, se considera necesario efectuar una modificación a las actuales fracciones VII a X del artículo 23 de la Ley Agraria, e identificar claramente las atribuciones de la asamblea en materia de ordenamiento de las tierras ejidales en congruencia con el resto del marco legal agrario, e incorporar las fracciones XI a XIV para dotar a la asamblea de nuevas atribuciones para la regularización de la tenencia de la tierra sin necesidad de tener que recurrir a más de un procedimiento (incluyendo la expropiación) para tal propósito.

La redacción actual de la fracción VII incluye el concepto de “fundo legal”, que carece de significación jurídica en la Ley Agraria, y el término de “relocalización del área de urbanización” resulta ambiguo, por lo que se propone eliminar estos términos para evitar confusiones, de la siguiente manera:

Artículo 23.

I. a VI. ...

VII. Delimitación y destinación de las tierras ejidales para área parcelada, uso común o asentamiento humano;

Las fracciones VIII y IX cuya reforma se propone, deben ser congruentes con la norma para la asignación de las calidades de ejidatario o posesionario, de la siguiente manera:

Artículo 23.

VIII. Otorgamiento de la calidad de ejidatario o posesionario a quienes le haya asignado derechos sobre las parcelas o las tierras de uso común;

IX. Regularización del parcelamiento económico o de hecho ubicado en el área delimitada y destinada al parcelamiento y otorgamiento de la calidad de ejidatario o posesionario a sus poseedores;

Por cuestiones de técnica legislativa se propone separar la atribución de la asamblea para aportar tierras de uso común a una sociedad, además de incluir a los posesionarios como beneficiarios de la decisión de la asamblea para adoptar el dominio pleno sobre sus parcelas, para quedar como sigue:

X. Autorización a los ejidatarios y posesionarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas;

Como resultado de la interpretación jurídica de la Ley Agraria y con el propósito de sustentar la atribución de la asamblea para que la asamblea de ejidatarios pueda cambiar el destino de las tierras que, en su asamblea de delimitación, destino y asignación de derechos sobre tierras ejidales, fueron destinadas al uso común, se encontró en la actual fracción X el fundamento legal para ello, denominando a esta figura como el “redestino” de las tierras.

Sin embargo, es fundamental que el cambio de destino de estas tierras sólo proceda cuando se cuente con el dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la no existencia de bosques o selvas si el cambio se pretende a área parcelada o, con el dictamen de impacto urbano y demás autorizaciones que exige la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, cuando se trate de destinar esas tierras a asentamientos humanos. Por ello se propone el siguiente texto:

XI. Cambio del destino de las tierras de uso común a parcelas o asentamiento humano, previo dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la que conste la inexistencia de bosques o selvas, para el primero de los casos y, de las autorizaciones que se requieran de acuerdo con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para el segundo caso;

Bajo la vigencia de las anteriores y actuales legislaciones agrarias la propiedad social es inalienable mientras mantenga aquella calidad. Sin embargo, ha sido práctica común que los núcleos agrarios enajenen (vía permuta, donación, venta etcétera) tierras ejidales para la edificación de escuelas, hospitales y demás inmuebles destinados por las instituciones públicas a la prestación de servicios públicos. Pero en atención a las características propias de la propiedad social los inmuebles ocupados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o la Secretaría de Educación Pública (SEP), entre otras tantas instituciones, carecen de escrituras públicas que acrediten su propiedad.

Con las disposiciones actuales de la Ley Agraria los procesos de regularización son prolongados y, en muchas ocasiones, demandan de una gran labor en campo para su culminación. En algunos casos la expropiación es la única alternativa posible para su desincorporación del régimen de propiedad social, aun cuando en un muy alto porcentaje los ejidatarios o comuneros colaboran con las autoridades para poder otorgarles la propiedad a las instituciones públicas ocupantes de sus tierras, convencidos del beneficio de los servicios públicos que proporcionan en materia de educación o salud, entre otros muchos.

En este contexto, se propone dotar al núcleo agrario propietario de las tierras ocupadas de la facultad para desincorporarlas directamente del régimen ejidal o comunal; facultad de desincorporación sólo dable en los supuestos específicos de tierras ocupadas por entidades públicas que proporcionen servicios públicos a la comunidad, conforme la siguiente propuesta:

XII. Desincorporación del régimen ejidal o comunal y otorgamiento de derechos de propiedad de tierras de uso común, o parcelas con destino específico, en posesión de dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o municipal que proporcionen servicios públicos en beneficio de la comunidad;

Es complejo el problema de los asentamientos humanos irregulares vinculado al problema de la pobreza. Estos asentamientos son consecuencia del crecimiento urbano acelerado y desordenado de las ciudades en nuestro país frente a la incapacidad, y en ocasiones la permisión, de los ayuntamientos para su creación.

Otra causa que favorece su generación es la insuficiente oferta de suelo barato para la vivienda. Esto explica que el suelo de origen social, entre otro tipo de propiedades (como zonas federales, terrenos nacionales, etcétera) se convierta en una alternativa asequible para las personas de escasos recursos, particularmente en lugares próximos a las ciudades.

El resultado de este fenómeno es la existencia de asentamientos humanos carentes de seguridad jurídica sobre la tenencia de su tierra y de infraestructura urbana básica, lo que ocasiona lugares insalubres, inseguros y con bajo valor económico.

Para revertir este fenómeno es necesario, entre otros aspectos, efectuar una revisión a fondo de la normativa que incide en el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el equilibrio ecológico para realizar acciones preventivas (creación de suelo apto para vivienda accesible a personas de escasos recursos) y regularizar de la mejor manera los asentamientos irregulares existentes.

Paralelamente a lo anterior, y como una medida correctiva para atender a los asentamientos irregulares ya existentes, se propone otorgar a los ejidos y comunidades atribuciones para desincorporar de manera directa tierras de origen social afectada por los asentamientos humanos irregulares, y transmitir la propiedad a los entes públicos encargados de regularizar estos asentamientos, sin soslayar la introducción de normas que inhiban la venta irregular de tierra social. De esta forma se considera oportuno efectuar la siguiente reforma:

XIII. Desincorporación del régimen ejidal de tierras de uso común con asentamientos humanos irregulares y otorgamiento de los derechos de propiedad sobre las mismas a las dependencias o entidades de las administraciones públicas federal, estatal o municipal con atribuciones para la regularización de asentamientos humanos irregulares;

Aun cuando conforme a una interpretación sistemática de la Ley Agraria se concluye que el legislador no previó la aportación de tierras de uso común a sociedades inmobiliarias, no existe una prohibición expresa para no hacerlo.

Dependiendo de criterios internos de la Procuraduría Agraria, el artículo 75 de la Ley Agraria que regula la aportación de tierras a proyectos productivos, ha considerado factible solo en 21 casos dicha aportación a proyectos inmobiliarios y el resultado de estas experiencias se ha traducido en arbitrariedades en contra de los ejidatarios y, en ciertos casos, al despojo de sus tierras con aparentes mecanismos de legalidad.

El criterio prevaleciente de las instituciones agrarias es que el legislador no contempló el supuesto de aportación de tierras de uso común a sociedades inmobiliarias, por lo que no reguló el procedimiento para su aportación, el valor de la aportación, o la expedición de títulos de propiedad en favor de la sociedad, entre muchas otras cosas que pudieran sustentar, en un esquema de justicia y equidad, esta posibilidad.

Por lo anterior se propone precisar en esta fracción que sigue, la aportación de tierras estableciendo que sólo se pueda efectuar a sociedades que tengan por objeto la explotación agrícola, ganadera o forestal, de la siguiente manera:

XIV. Aportación de tierras de uso común a una sociedad civil o mercantil que tenga por objeto la explotación agrícola, ganadera o forestal previa consideración de la asamblea de la opinión que, conforme al artículo 75, debe emitir la Procuraduría Agraria;

El artículo 87 de la Ley Agraria señala que cuando los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el área de crecimiento de un centro de población, los núcleos de población ejidal podrán beneficiarse de la urbanización de sus tierras. En todo caso, la incorporación de las tierras ejidales al desarrollo urbano deberá sujetarse a las leyes, reglamentos y planes vigentes en materia de asentamientos humanos.

Por esta razón, el otorgar a la asamblea la facultad para aportar tierras al ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, es un medio para que el ejido pueda hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 87 señalado. De esta manera, se propone adicionar esta fracción XV al artículo 23 de la Ley Agraria de la siguiente manera:

XV. Aportación de las tierras de uso común para el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano cuando los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el área de crecimiento de un centro de población;

Finalmente, debido a que la incorporación de las propuestas descritas modificó las fracciones XI, XII, XIII, XIV y XV de la actual Ley Agraria, y en tanto que se pretende mantener las atribuciones en ellas contenidas, se modifican sus numerales para ser reubicadas de la siguiente manera:

XVI. División del ejido o su fusión con otros ejidos;

XVII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia;

XVIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal;

XIX. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y

XX. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido.

Prohibición de parcelar bosques y selvas

En otro orden de ideas, se destaca el problema de la deforestación de los bosques y selvas de nuestro país. El legislador previó en la Ley Agraria esta problemática considerando que parcelar bosques o selvas fomentaría su deforestación por lo que estableció en el artículo 59 la prohibición de asignar parcelas en bosques o selvas.

Particularmente en el sureste mexicano se han efectuado parcelamientos en selvas a pesar de la prohibición expresa del artículo 59 de la Ley Agraria, con el objeto de realizar proyectos turísticos, inmobiliarios o de cualquier otra naturaleza lucrativa, en detrimento de la conservación del medio ambiente y del patrimonio de los ejidatarios.

Ante la resistencia de las instituciones agrarias para parcelar bosques o selvas los inversionistas y especuladores inmobiliarios han instaurado juicios para obligar al Registro Agrario Nacional a cambiar el destino de las tierras a áreas parceladas y expedir los títulos parcelarios correspondientes, bajo el argumento de que no está previsto en la Ley Agraria que deba opinar la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales respecto a la existencia de bosques o selvas, a fin de hacer efectivo el contenido del artículo 59 de la Ley Agraria.

Aun cuando la Procuraduría Agraria, como defensora de los derechos de los sujetos agrarios, quisiera intentar acciones de nulidad en contra de las asambleas y demás actos jurídicos que han contravenido la prohibición señalada, carecería de interés jurídico para demandar. Con base en lo anterior se considera procedente reformar el artículo 59 para quedar como sigue:

Artículo 59. Las tierras de uso común en bosques o selvas tropicales no podrán ser parceladas. La existencia de bosques o selvas será determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los actos jurídicos que contravengan lo dispuesto en el párrafo anterior darán lugar a su nulidad absoluta y podrán ser impugnados en cualquier tiempo ante el tribunal agrario, directamente por los ejidatarios afectados, o de oficio por el procurador agrario o por las dependencias o entidades de la administración pública federal competentes para la protección del ambiente.

En materia de aportación de tierras ejidales a sociedades el actual artículo 75 de la Ley Agraria no precisa el objeto que deban tener las sociedades civiles o mercantiles a las que los sujetos agrarios puedan aportar tierras. Por otra parte, no se precisa el contenido del análisis que debe efectuar la Procuraduría Agraria para emitir su opinión respecto al beneficio que pueda obtener el núcleo agrario con la asociación.

Asimismo, el precepto es omiso al señalar que sin la opinión de la Procuraduría Agraria los acuerdos tomados sobre la aportación de tierras estarán afectos de nulidad.

Por otra parte, las instituciones agrarias han constatado en ciertos casos, que en las sociedades mercantiles o civiles en las que han participado los sujetos agrarios, esta participación se ha reducido mediante argucias legales, así ha ocurrido con el valor de suscripción original de las acciones o partes sociales que correspondían al ejido o a los ejidatarios por la aportación de sus tierras. Serán nulas las resoluciones de las sociedades que así lo determinen.

Por lo anterior, se propone reformar el artículo 75 de la Ley Agraria para precisar el objeto que deberán tener las sociedades civiles o mercantiles a las que se les aporten tierras, así como clarificar el contenido del análisis que debe realizar la Procuraduría Agraria para emitir su opinión respecto al beneficio que pueda obtener el núcleo agrario con la asociación.

De igual forma se propone señalar que sin la opinión de la Procuraduría Agraria, los acuerdos tomados sobre la aportación de tierras estarán afectos de nulidad, como una garantía de que el núcleo agrario cuenta con la información suficiente para decidir su asociación.

Finalmente se considera necesario establecer la sanción de nulidad de las resoluciones de las sociedades que reduzcan el valor de suscripción original de las acciones o partes sociales que correspondan al ejido o a los ejidatarios por la aportación de sus tierras. La propuesta para reformar el artículo 75 es la siguiente:

Artículo 75. Los núcleos de población ejidal podrán aportar el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles que tengan por objeto la explotación agrícola, ganadera o forestal en las que participen el ejido o los ejidatarios, cuando dicha aportación les represente un claro beneficio económico y conforme al siguiente procedimiento:

I. El valor de las tierras a aportar será determinado mediante avalúo que practique el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, conforme a los tabuladores y procedimientos que expida al efecto;

II. El proyecto de escritura social, así como el de la inversión, desarrollo y proyección de las utilidades esperadas de la sociedad, se someterán a la opinión de la Procuraduría Agraria, la que habrá de analizar y pronunciarse sobre:

a) La equidad en la relación existente entre el valor determinado para las tierras por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y el valor de suscripción de las acciones o partes sociales que correspondan al ejido o a los ejidatarios por la aportación de sus tierras, así como en las demás condiciones y términos de la asociación;

b) Los términos y la certeza de la inversión proyectada, así como de la viabilidad de su desarrollo y la proyección de las utilidades esperadas, y

c) Las disposiciones jurídicas y administrativas que deberán observarse para el desarrollo del proyecto y el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales;

III. ...

IV. La aportación de las tierras deberá ser resuelta por la asamblea, con las formalidades previstas para tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, a partir de la opinión emitida por la Procuraduría Agraria y que deberá ser leída por un servidor público de la misma. La omisión de este formalismo dará lugar a la nulidad del acuerdo de asamblea sobre la aportación de tierras.

V. ...

Las sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los ejidatarios no podrán, bajo ningún concepto, reducir el valor de suscripción de las acciones o partes sociales que correspondan al ejido o a los ejidatarios por la aportación de sus tierras. Serán nulas las resoluciones de las sociedades que así lo determinen.

..

..

...

Las modificaciones al articulado de la Ley Agraria que se proponen en la presente iniciativa y que se han descrito en esta exposición de motivos se presentan en el siguiente

Cuadro comparativo

En mérito de lo expuesto, se propone a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan un segundo párrafo al artículo 13, un segundo párrafo a la fracción II del artículo 15, la fracción IV al artículo 20, las fracciones XVI, XVII, XVIII, XIX y XX al artículo 23, un segundo párrafo al artículo 59 y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 75; y, se reforman el primer párrafo del artículo 20, las fracciones II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 23, el primer párrafo del artículo 59; el primer párrafo y las fracciones I, II y IV del artículo 75 todos de la Ley Agraria.

Único. Se adicionan un segundo párrafo al artículo 13, un segundo párrafo a la fracción II del artículo 15, la fracción IV al artículo 20, las fracciones XVI, XVII, XVIII, XIX y XX al artículo 23, un segundo párrafo al artículo 59 y un segundo párrafo a la fracción V del artículo 75; y, se reforman el primer párrafo del artículo 20, las fracciones II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV del artículo 23, el primer párrafo del artículo 59; el primer párrafo y las fracciones I, II y IV del artículo 75 todos de la Ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

La residencia y su temporalidad se acreditará con la credencial de elector del interesado que deberá corresponder a la ubicación del ejido.

Artículo 15. ...

I. ...

II. ...

Sólo se podrá ser ejidatario o posesionario en un solo núcleo de población.

Artículo 20. La calidad de ejidatario o posesionario se pierde:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Cuando, sin observar las formalidades establecidas en esta ley, enajene ilegalmente tierras parceladas, caso en el cual la enajenación será nula y los derechos parcelarios objeto de la enajenación pasaran a favor del núcleo de población.

Artículo 23 . ...

I. ...

II. Otorgamiento de la calidad de ejidatario o posesionario cuando se le asignen derechos parcelarios o comunes, así como los asuntos relacionados con la separación de ejidatarios o posesionarios cuando hayan perdido estas calidades en los supuestos señalados en el artículo 20.

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. Delimitación y destinación de las tierras ejidales para área parcelada, uso común o asentamiento humano;

VIII. Otorgamiento de la calidad de ejidatario o posesionario a quienes le haya asignado derechos sobre las parcelas o las tierras de uso común;

IX. Regularización del parcelamiento económico o de hecho ubicado en el área delimitada y destinada al parcelamiento y otorgamiento de la calidad de ejidatario o posesionario a sus poseedores;

X. Autorización a los ejidatarios y posesionarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas;

XI. Cambio del destino de las tierras de uso común a parcelas o asentamiento humano, previo dictamen de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la que conste la inexistencia de bosques o selvas, para el primero de los casos y, de las autorizaciones que se requieran de acuerdo con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para el segundo caso;

XII. Desincorporación del régimen ejidal o comunal y otorgamiento de derechos de propiedad de tierras de uso común, o parcelas con destino específico, en posesión de dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, estatal o municipal que proporcionen servicios públicos en beneficio de la comunidad;

XIII. Desincorporación del régimen ejidal de tierras de uso común con asentamientos humanos irregulares y otorgamiento de los derechos de propiedad sobre las mismas a las dependencias o entidades de las administraciones públicas federal, estatal o municipal con atribuciones para la regularización de asentamientos humanos irregulares;

XIV. Aportación de tierras de uso común a una sociedad civil o mercantil que tenga por objeto la explotación agrícola, ganadera o forestal previa consideración de la asamblea de la opinión que, conforme al artículo 75, debe emitir la Procuraduría Agraria;

XV. Aportación de las tierras de uso común para el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano cuando los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el área de crecimiento de un centro de población;

XVI. División del ejido o su fusión con otros ejidos;

XVII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia;

XVIII . Conversión del régimen ejidal al régimen comunal;

XIX. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y

XX. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido.

Artículo 59. Las tierras de uso común en bosques o selvas tropicales no podrán ser parceladas. La existencia de bosques o selvas será determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Los actos jurídicos que contravengan lo dispuesto en el párrafo anterior darán lugar a su nulidad absoluta y podrán ser impugnados en cualquier tiempo ante el tribunal agrario, directamente por los ejidatarios afectados, o de oficio por el Procurador Agrario o por las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal competentes para la protección del ambiente.

Artículo 75. Los núcleos de población ejidal podrán aportar el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles que tenga por objeto la explotación agrícola, ganadera o forestal en las que participen el ejido o los ejidatarios, cuando dicha aportación les represente un claro beneficio económico y conforme al siguiente procedimiento.

I. El valor de las tierras a aportar será determinado mediante avalúo que practique el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, conforme a los tabuladores y procedimientos que expida al efecto;

II. El proyecto de escritura social, así como el de la inversión, desarrollo y proyección de las utilidades esperadas de la sociedad, se someterán a la opinión de la Procuraduría Agraria, la que habrá de Analizar y pronunciarse sobre:

a) La equidad en la relación existente entre el valor determinado para las tierras por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y el valor de suscripción de las acciones o partes sociales que correspondan al ejido o a los ejidatarios por la aportación de sus tierras, así como en las demás condiciones y términos de la asociación;

b) Los términos y la certeza de la inversión proyectada, así como de la viabilidad de su desarrollo y la proyección de las utilidades esperadas; y

c) Las disposiciones jurídicas y administrativas que deberán observarse para el desarrollo del proyecto y el aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales;

III. ...

IV . La aportación de las tierras deberá ser resuelta por la asamblea, con las formalidades previstas para tal efecto en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, a partir de la opinión emitida por la Procuraduría Agraria y que deberá ser leída por un servidor público de la misma. La omisión de este formalismo dará lugar a la nulidad del acuerdo de asamblea sobre la aportación de tierras.

V. ...

Las sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los ejidatarios no podrán, bajo ningún concepto, reducir el valor de suscripción de las acciones o partes sociales que correspondan al ejido o a los ejidatarios por la aportación de sus tierras. Serán nulas las resoluciones de las sociedades que así lo determinen.

...

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes

1 Cámara de Diputados.-Leyes Federales y Estatales.-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Ley Agraria.-www.diputados.gob.mx,pdf

2 Ley Agraria y Glosario de Términos Jurídico-Agrarios 2014, Procuraduría Agraria. 2014.

https://www.pa.gob.mx/pa/conoce/publicaciones/ley_glosario2014/ glosario2014_25sep14_ hq.pdf

3 Sedatu. Registro Agrario Nacional: Nota Técnica sobre la Propiedad Social.-www.gob.mx › sedatu

4 Procuraduría Agraria.- dgqd@pa.gob.mx

5 Tribunales Agrarios.- Tribunal Superior Agrario.-Ley Agraria Correlacionada y con Jurisprudencia; 2015www.tribunalesagrarios.gob.mx

6 Ley Federal de Reforma Agraria.

www3.diputados.gob.mx>file>ley_Reforma_Agrarisa_1|971

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2020.— Diputados: Fortunato Rivera Castillo, Jaime Humberto Pérez Bernabe, (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de los Institutos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por la diputada Jacquelina Martínez Juárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Jacquelina Martínez Juárez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 4, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y se reforma el primer párrafo del artículo 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

I. Exposición de Motivos

El Estado mexicano es parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual fue aprobada y proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. En la iniciativa que nos atañe, es menester hacer énfasis, respecto al “ derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure una vivienda”, tal como lo establece el artículo 25, numeral 1, de la mencionada declaración:

“ Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 2200 A (XXI) el 16 de diciembre de 1966. En este instrumento internacional, encontramos que se reconoce el “ derecho de toda persona a una vivienda adecuada”, tal como lo establece el artículo 11, numeral 1, del mencionado pacto internacional:

“ Artículo 11

1. Los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.”

En este orden de ideas, el Estado mexicano establece en el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el “ derecho de toda familia a disfrutar de vivienda digna y decorosa”, dicho párrafo fue adicionado el 7 de febrero de 1983.

“ Artículo 4o. ...

...

...

...

...

...

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Párrafo adicionado DOF 07-02-1983.”

Este derecho es tutelado por el Estado mexicano mediante lo establecido por el artículo 123, apartado A, fracción XII primer párrafo, y apartado B, fracción XI, inciso f) primer párrafo, que a la letra establecen:

“ Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

Párrafo adicionado DOF 19-12-1978. Reformado DOF 18-06-2008

...

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

Párrafo adicionado (como encabezado de Apartado A) DOF 05-12-1960

I. a XI. ...

XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.

XIII. a XXXI. ...

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

Párrafo reformado DOF 08-10-1974, 29-01-2016

I. a X. ...

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) a e). ...

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

...

Tratándose de la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución, el cual brinda protección en cuanto a los derechos laborales de todos aquellos trabajadores, que no están bajo una relación contractual con el Estado; existe una reminiscencia a la vida del México revolucionario, y por ello es que se establece que toda empresa deberá proporcionar habitaciones cómodas e higiénicas a sus trabajadores, lo mismo pasa en lo referente al inciso f), de la fracción XI del apartado B del artículo 123 de la Constitución, el cual brinda protección a aquellos trabajadores al servicio del Estado.

El Estado mexicano, a través de la creación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el cual es un organismo descentralizado con patrimonio propio y personalidad jurídica, que no recibe un solo peso del Presupuesto de Egresos de la Federación, no obstante, que sí se encuentra dentro de la administración pública paraestatal, desde la publicación de la Ley del Instituto en el Diario Oficial de la Federación del 24 de abril de 1972.

De igual forma, se creó el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuya naturaleza jurídica atiende a que es un Órgano Desconcentrado del ISSSTE, según lo establece su Reglamento Orgánico. Derivado de la reforma y adición del artículo 123 de la Constitución Política, en cuyo artículo único del decreto publicado, se estableció “Se reforma el inciso f) de la fracción XI y se adiciona con el párrafo segundo la fracción XIII, del Apartado B) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Inclusive los Tribunales Colegiados de Circuito en la Tesis Aislada Constitucional III.1º.C.4 K (10ª.) de la décima época, ya se han pronunciado y se estableció el siguiente criterio, respecto a la manera en qué el Estado Mexicano garantiza el derecho a la vivienda, y la relación con los contratos de mutuo con interés y garantía hipotecaria que al efecto, celebra el Infonavit y el Fovissste, con sus derechohabientes, para poder adquirir una vivienda:

Derecho a la vivienda. El Estado mexicano lo garantiza a través del otorgamiento de créditos cuyo cumplimiento no contraviene esa prerrogativa.

El artículo 4o. de la Constitución Política Federal establece el derecho humano a la vivienda digna, cuyo cumplimiento ocurre cuando el Estado mexicano posibilita su obtención a través de créditos accesibles con intereses moderados, a través de diversas instituciones, ya sea de gobierno o privadas; sin embargo, ello no releva a las personas que los adquieren de respetar los contratos celebrados en los términos pactados, de acuerdo con el principio: “la voluntad de las partes es la ley suprema” y, por ende, se encuentran obligadas a su observancia. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

I.I. Planteamiento del problema:

No obstante, el Estado mexicano ha garantizado el derecho de una vivienda digna y decorosa, y la posibilidad de los ciudadanos derechohabientes del IMSS, o del ISSSTE (Infonavit, Fovissste); de poder adquirir un inmueble que cumpla con las características de una vivienda adecuada, de acuerdo a los criterios de ONU Hábitat, que son:

a) Seguridad en la tenencia.

b) Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura.

c) Asequibilidad.

d) Habitabilidad

e) Accesibilidad.

f) Ubicación.

g) Adecuación cultural.

Dentro de la Ley del Infonavit y la Ley del ISSSTE, se establecen las condiciones generales bajo las cuales se efectuará el otorgamiento de créditos a los derechohabientes que cumplan los requisitos establecidos por cada uno de los Institutos, respectivamente, seguimos bajo una legislación que no atiende a la época actual, es decir, no se ha pensado en que ambos institutos deben adecuarse a los nuevos tiempos, y generar certeza jurídica en las normas que rigen el otorgamiento de créditos, y que en la actualidad, se han tratado de “regular”, bajo ordenamientos administrativos, y no a través de verdaderos cambios en sus leyes sustantivas.

El Infonavit y el Fovissste deben ser sensibles, recuperar su eminente carácter social, y adecuarse al cambio en la dinámica de la estructura familiar, que experimenta México en 2020, y que a lo largo de los años ha ido evolucionando en la sociedad mexicana, pugnando porque las “soluciones hipotecarias” que ofrezcan a sus derechohabientes sean una verdadera opción para adquirir una vivienda.

Si recurrimos al último censo realizado por el Inegi en 2015, respecto a las características de los hogares, encontramos qué:

“En México, de cada 100 hogares familiares:

70 son nucleares, formados por el papá, la mamá y los hijos o sólo la mamá o el papá con hijos; una pareja que vive junta y no tiene hijos, también constituye un hogar nuclear.

28 son ampliados, y están formados por un hogar nuclear más otros parientes (tíos, primos, hermanos, suegros, etcétera).

1 es compuesto, constituido por un hogar nuclear o ampliado, más personas sin parentesco con el jefe del hogar.

En total suman 99 debido a que el 1 restante corresponde a los no especificados.

Y de cada 100 hogares no familiares:

93 son unipersonales, integrados por una sola persona.

7 es corresidente y está formado por dos o más personas sin relaciones de parentesco.”

Observamos que la Linfonavit, y la LISSSTE, actualmente ya regulan en su cuerpo normativo, la posibilidad de que dos derechohabientes, que han contraído matrimonio (sin distinción del régimen patrimonial del matrimonio al que se refieran, sea éste, sociedad conyugal o separación de bienes), pueden “juntar” los saldos de su subcuenta de vivienda y del monto del crédito que les otorgan los institutos para adquirir un mayor financiamiento; y ser obligados solidarios respecto de la obligación de pago derivada del contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria o de crédito simple con garantía hipotecaria, que firman con alguno de los dos Institutos, no obstante, atendiendo a que 28 de cada 100 hogares familiares en México, son hogares ampliados, en donde no solamente vive “papá, mamá e hijos”, sino que también se encuentran hermanos, tíos, primos; es que, los Institutos deben adecuar sus leyes sustantivas para brindar la posibilidad de que no sólo en los créditos hipotecarios puedan ser obligados solidarios los cónyuges, ya que dicha figura jurídica, no distingue entre relación o parentesco alguno.

Si bien la idea central de la propuesta es que dos o más familiares puedan juntar los montos totales del crédito, para constituirse en copropietarios de un inmueble, la figura de la obligación solidaria, permite que inclusive, sí el Infonavit establece en un futuro cercano, la posibilidad de que personas sin aparente relación jurídica puedan obtener una vivienda respondiendo hasta por el total del monto de la deuda, y con su propio peculio, puedan obtener una vivienda, ya que para la obligación solidaria, es indiferente la relación de parentesco, basta con que sea expresada para tener validez jurídica.

Por ello, la intención de la presente iniciativa es brindar certeza jurídica a través de una verdadera reforma a las leyes sustantivas del Infonavit y del ISSSTE (Fovissste), para que no sólo los cónyuges puedan adquirir una vivienda “juntando” los saldos de sus créditos y siendo obligados solidarios, sino que también el papá que trabaja y recibe aportaciones en el Infonavit, pueda, en conjunto con su hijo, que también recibe aportaciones en el Infonavit, adquirir un inmueble, dejando “abierto” el número de familiares que deseen adquirir un inmueble juntando los montos de sus créditos, dejando al Infonavit, a través de su facultad de autodeterminación, establecer en un inicio cuántos parientes pueden juntar sus créditos, aplicando esta regla a los parientes consanguíneos en línea recta o transversal, ascendente o descendente sin limitación de grado, y estableciendo un “campo de acción”, en el cual sea mencionada la posibilidad del Infonavit, a futuro, permita que personas sin aparente relación jurídica, puedan de igual forma juntar el monto de sus créditos para obtener una vivienda de mayor valor, en este orden de ideas, estaríamos hablando de amigos, vecinos, etcétera, no obstante que si bien, la idea de la concepción de la creación del Infonavit, fue garantizar a los trabajadores y a sus familias, la posibilidad de adquirir en propiedad, habitaciones cómodas e higiénicas.

II. Argumentos

Ha efecto de realizar una adecuada propuesta legislativa, que brinde seguridad jurídica a los derechohabientes, y que no contravenga con lo ya establecido en las normas y ordenamientos administrativos emitidos por ambos Institutos, se analizará aisladamente cada uno de ellos, para corroborar cómo es que, materialmente están realizando el otorgamiento de créditos conyugales en la actualidad, y las modalidades en las que se otorgan, para finalizar con una propuesta que permita plasmar y ampliar dichas acciones, condiciones y términos, para dar paso al otorgamiento de créditos a los parientes consanguíneos en línea recta o transversal, ascendente o descendente sin limitación de grado.

II.I. Infonavit

El primer acercamiento que tenemos respecto a las normas establecidas en la LINFONAVIT, respecto al otorgamiento de créditos conyugales, es respecto al artículo 10, fracción VIII en donde la asamblea dentro de sus atribuciones y facultades tiene aprobar las políticas de crédito:

Artículo 10.- La Asamblea General, tendrá las atribuciones y facultades siguientes:

Párrafo reformado DOF 01-06-2005

I. a VII. ...

VIII. Aprobar las políticas de crédito;

Fracción reformada DOF 01-06-2005

IX a XIV. ...

En el artículo 47 primer párrafo, de la Linfonavit, se establece que el Consejo de Administración expedirá las reglas conforme a las cuales se otorgaran los créditos, es decir, deja al libre arbitrio del Instituto la posibilidad de autodeterminarse.

No obstante, en lo concerniente al segundo párrafo del artículo antes mencionado se establecen los factores que deberán de tomar en cuenta las reglas de otorgamiento de los créditos, siendo las siguientes:

• Oferta.

• Demanda regional de vivienda.

• Número de miembros de la familia de los trabajadores.

• Saldos de la subcuenta de vivienda del trabajador de que se trate.

• Tiempo durante el cual se han realizado aportaciones a la subcuenta de vivienda.

• Sí él trabajador es propietario o no, de su vivienda.

• Salario o el ingreso conyugal, si hay acuerdo de los interesados.

Observamos que en artículos consecutivos de la Linfonavit no hay referencia a las condiciones de otorgamiento de crédito, ni mucho menos a la forma de regular el otorgamiento de los créditos conyugales.

La regulación del otorgamiento de créditos, se da a través de un ordenamiento administrativo que ya ha sido mencionado, es decir las Reglas de Otorgamiento de Créditos del Infonavit, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2019, y que se encuentran en vigencia y las cuales están estrechamente relacionadas con las Condiciones Generales de Contratación del Instituto.

Dentro de las Reglas para el Otorgamiento de Créditos del Infonavit antes mencionadas, en la regla decimosexta se establece lo siguiente:

Crédito Conyugal

Decimosexta. Si el trabajador obtiene la precalificación de acuerdo a los medios establecidos por el honorable Consejo de Administración y desea aumentar el monto de crédito, su cónyuge podrá precalificarse de igual manera y, en su caso, obtener un crédito hasta por el monto máximo que pudiera corresponderle y ambos créditos se apliquen a una misma vivienda.

Además del caso previsto en el párrafo anterior, el Instituto podrá otorgar crédito a un trabajador derechohabiente en los términos establecidos en las presentes Reglas, cuando su cónyuge, incluso no siendo éste derechohabiente, adquiera o tenga al mismo tiempo la copropiedad de la vivienda y el trabajador derechohabiente sólo adquiera la copropiedad restante de la misma vivienda a la que se destine dicho crédito, y ambos cónyuges estén en matrimonio bajo el régimen de separación de bienes.

En los supuestos a que se refieren los párrafos anteriores, el cónyuge solicitante del crédito deberá presentar copia certificada del acta de matrimonio, además de los documentos señalados en el anexo 1 y, en su oportunidad, el inmueble que se destine como garantía hipotecaria del crédito deberá estar escriturado bajo el régimen de copropiedad.

En este orden de ideas, podemos concluir que el mismo esquema que rige a la relación contractual entre los cónyuges, puede ser utilizado para que, en un inicio, dos o más personas que tengan parentesco por consanguinidad en línea recta o transversal, ascendente o descendente sin limitación de grado, puedan aumentar el monto de su crédito, y en su caso, obtener un crédito hasta por el monto máximo que pudiera corresponderles, y ambos créditos se apliquen a una misma vivienda.

Los parientes que deseen obtener su vivienda utilizando este esquema, tendrían una relación contractual en la cual serían copropietarios de un mismo inmueble, y en el caso de los contratos de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, o de mutuo con interés y garantía hipotecaria, serán obligados solidarios entre sí, en favor del INFONAVIT, respondiendo en lo personal y con su propio peculio de todas y cada una de las obligaciones que se consignen en los contratos elevados a escritura pública.

En este sentido, en los contratos respectivos, se haría uso de la figura de la obligación solidaria, que deberá ser plasmada expresamente, tal como establece el artículo 1988 del Código Civil Federal:

Artículo 1988. La solidaridad no se presume; resulta de la ley o de la voluntad de las partes.

Asimismo, entre las acciones que tendría el Infonavit para solicitarles el pago de las amortizaciones correspondientes, una vez que los deudores cayeran en mora, estaríamos ante el supuesto del artículo 1989 del Código Civil Federal, que a la letra establece:

Artículo 1989. Cada uno de los acreedores o todos juntos pueden exigir de todos los deudores solidarios o de cualquiera de ellos, el pago total o parcial de la deuda. Si reclaman todo de uno de los deudores y resultare insolvente, pueden reclamarlo de los demás o de cualquiera de ellos. Si hubiesen reclamado sólo parte, o de otro modo hubiesen consentido en la división de la deuda, respecto de alguno o algunos de los deudores, podrán reclamar el todo de los demás obligados, con deducción de la parte del deudor o deudores libertados de la solidaridad.

Es por ello que se estima viable jurídicamente y pertinente socialmente, la implementación de la presente propuesta legislativa, observando que el Instituto estaría en posibilidad de realizar dicha adecuación en sus ordenamientos secundarios, una vez que fuera establecida en la Linfonavit.

La propuesta va encaminada a que (en un inicio) dos o más parientes consanguíneos en línea recta o transversal ascendente o descendente sin limitación de grado, puedan “juntar” el monto del crédito que les otorgue el Infonavit, y obtener un mayor financiamiento que les permita adquirir un inmueble en una mejor ubicación y/o uno más amplio.

De acuerdo con el periódico Forbes mediante publicación del 6 de diciembre de 2019, bajo el encabezado “Infonavit permitirá juntar 4 créditos entre parientes”, establece que:

“La idea del Infonavit con el programa Unamos Créditos, es la de aumentar el número de derechohabientes con la posibilidad de comprar una casa.

El Infonavit permitirá juntar 4 créditos entre parientes para adquirir un inmueble, de acuerdo con el director general del organismo, Carlos Martínez.”

El programa “Unamos Créditos”, al ser un programa nuevo, tendrá diversas fases que le permitirá al Instituto, ver de qué forma funciona.

No obstante, de acuerdo con el sitio de internet Centro Urbano, mediante publicación de fecha 14 de noviembre de 2019 “Infonavit lanzará en enero “Unamos Créditos” , en donde citan las palabras del director general Carlos Martínez el cual dice que:

“El programa ‘Unamos Crédito’ ya está aprobado por los órganos de gobierno del Instituto. Esta contemplado el inicio de su operación en enero 2020. ¿Qué significa? Nos dimos cuenta que había casos en donde padres quieren sacar créditos con sus hijos; en donde los dos son trabajadores del Infonavit y hoy no pueden comprar casa juntos. Con este programa lo van a hacer, detalló.”

El periódico El Economista, a través de la publicación de fecha 18 de diciembre en su sitio de internet, bajo el encabezado “Unir créditos de Infonavit, ¿qué tan conveniente es?, en donde menciona lo siguiente:

“Tomen en cuenta que si bien el Infonavit realizó el anunció de este programa, las modificaciones y uniones de créditos serán de manera paulatina, ya que en una primera etapa sólo se podrán unir los créditos de dos familiares, al siguiente año los derechohabientes podrán juntar tres y el siguiente, cuatro hasta finalizar con los cinco créditos.”

Basta con entrar a la página electrónica oficial del Infonavit https://portalmx.infonavit.org.mx/ para darnos cuenta que a la fecha, no hay ningún programa contemplado con las características de “Unamos Crédito”, ni mucho menos, no existen Reglas de Operación que contemplen este programa, tampoco hay “avisos oficiales” sobre este programa o algo que se le parezca. En este tenor, es menester considerar que la presente propuesta legislativa daría certeza, en la Ley sustantiva del Infonavit, para que este programa no sólo sea temporal durante la presente administración de gobierno, sino que quedará plasmado para las futuras generaciones.

Es más sencillo, realizar una resolución del Consejo de Administración o de la Asamblea General y emitir nuevos lineamientos administrativos, que podrían estar al capricho del gabinete en turno, a que se realice toda una reforma legislativa contemplando el complejo proceso legislativo que debe llevar cualquier norma para ser derecho positivo.

Se considera jurídicamente viable reformar el segundo párrafo del artículo 47 de la Linfonavit, en virtud de que dicho artículo regula el órgano que expedirá las Reglas de Otorgamiento de Crédito, las cuales están ligadas con las Condiciones Generales de Contratación, ambos cuerpos normativos, de carácter secundario.

Al realizar la reforma a este artículo que es la base para los lineamientos que siguen las Reglas de Otorgamiento de Crédito, estaríamos dando certeza jurídica al establecer los mínimos generales, que deben seguirse y desarrollarse en las normas secundarias emitidas por el Instituto, bajo su facultad de autodeterminación.

Pudiera darse el caso, que a futuro el Infonavit, y el Fovissste, celebren convenios en los cuales, parientes consanguíneos en línea recta o transversal, ascendente o descendente sin limitación de grado, pudiesen juntar el monto de sus créditos, para ese efecto se considera oportuno, no realizar reforma alguna al artículo 43 Ter, toda vez que con la redacción vigente del texto normativo, se podrían llevar a cabo los convenios antes mencionados, haciendo uso de la interpretación extensiva de la norma.

Al establecer dentro de la pretendida reforma los supuestos normativos que han sido mencionados en esta exposición de argumentos los cuales, concretamente son:

Que las Reglas de Operación que al efecto expida el Consejo de Administración consideren que:

1) Los parientes consanguíneos en línea recta o transversal, ascendente o descendente sin limitación de grado, puedan ser obligados solidarios y juntar el monto de sus créditos para adquirir un inmueble de mayor valor.

Dentro de la propuesta legislativa, no se establece un número, a efecto de dejar al libre arbitrio del Infonavit, y de acuerdo a sus programas internos, cuantos familiares pueden “juntar” sus créditos y obtener una vivienda.

2) Se deje la “puerta abierta” al Infonavit, estableciendo las bases en su ley sustantiva, de la posibilidad de que personas sin aparente relación jurídica puedan juntar el monto de sus créditos para poder obtener un inmueble de mayor valor, considerando que dentro de la visión originaria del Instituto, conserva un carácter eminentemente familiar, y por ello, dentro de la redacción legislativa, se propone establecer un “candado”, el cual es una “autorización previa” que debe emitir el Instituto a efecto de verificar si es posible o no, realizar el otorgamiento de un crédito con garantía hipotecaria a personas que no los une un vínculo consanguíneo.

A fin de ilustrar a esta soberanía sobre la propuesta legislativa, se muestra el siguiente cuadro comparativo:

II.I.I. Propuesta Legislativa:

II.II. Fovissste

En lo concerniente al Fovissste, tenemos que, debido a su naturaleza jurídica, su estructura operacional y la regulación del Fondo de la Vivienda, se encuentran en dos cuerpos normativos distintos, es decir, en el Reglamento Orgánico del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Respecto al modelo de otorgamiento de créditos conyugales, encontramos lo siguiente:

El sistema de créditos hipotecarios del Fovissste, tiene su fundamento en lo establecido por el artículo 157 fracción II, de la LISSSTE, respecto al Sistema Integral de Crédito:

Artículo 157. El Sistema Integral de Crédito está compuesto por los siguientes tipos de préstamos:

I. ...

II. Préstamos hipotecarios.

Encontramos que en el artículo 175, fracción VII, de la LISSSTE, el vocal ejecutivo tiene la facultad de presentar a la Comisión Ejecutiva para su consideración y/o aprobación, los programas de crédito a ser otorgados por el Instituto.

Artículo 175. El vocal ejecutivo tendrá las obligaciones y facultades siguientes:

I. a VI. ...

VII. Presentar a la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda para su consideración y en su caso aprobación, los programas de crédito a ser otorgados por el Instituto;

VIII. a IX. ...

Es hasta el artículo 179 párrafo primero de la LISSSTE, que se habla de los factores que deberán tomarse en cuenta para el otorgamiento y adjudicación de créditos, siendo estos:

• Oferta.

• Demanda regional de vivienda.

• Número de miembros de la familia de los trabajadores.

• Saldos de la subcuenta de vivienda del trabajador de que se trate.

• Tiempo durante el cual se han realizado aportaciones a la subcuenta de vivienda.

• Sí él trabajador es propietario o no, de su vivienda.

• Salario o el ingreso conyugal, si hay acuerdo de los interesados.

Observamos que la redacción del presente artículo es muy parecida a la utilizada en el artículo 47 párrafo segundo de la Linfonavit, por lo que lo podríamos considerar como su “homologo”.

Tal como anteriormente se mencionó, pudiera darse el caso, que a futuro el Infonavit, y el Fovissste, celebren convenios en los cuales, parientes consanguíneos en línea recta o transversal, ascendente o descendente sin limitación de grado, pudiesen juntar el monto de sus créditos, para ese efecto se considera oportuno, no realizar reforma alguna al artículo 149 de la LISSSTE, toda vez que con la redacción vigente del texto normativo, se podrían llevar a cabo los convenios antes mencionados, haciendo uso de la interpretación extensiva de la norma, y teniendo como su “homólogo”, al artículo 43 Ter de la Linfonavit.

En lo que respecta propiamente al Crédito Conyugal, el Fovissste, a través de su sitio de internet nos brinda la siguiente información:

“Es un programa de financiamiento directo para la adquisición de una vivienda nueva o usada, que se otorga a los derechohabientes casados donde uno cotiza al Fovissste y el otro al Infonavit.

Características

El derechohabiente no estará sujeto al programa de otorgamiento de Créditos Tradicionales mediante el sistema de Puntaje.

Las tasas de interés aplicables van del 4 al 6 por ciento.

Actualización de saldos conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Plazo de amortización de hasta 30 años.

Requisitos

Que los derechohabientes estén en servicio activo (Se acredita con los últimos talones de pago).

El derechohabiente del Fovissste debe de tener como mínimo 18 meses de aportaciones en la Subcuenta de Vivienda del SAR.

Ejercer por primera vez su crédito del Fovissste y que no se encuentre con uno en trámite.

La solicitud de crédito del Fovissste, deberá de ser requisitada en cualquiera de los departamentos de vivienda o con una entidad financiera (Sofom).”

No obstante, el Fovissste también cuenta con sus propias Reglas de Otorgamiento de Créditos en las cuales, en la Regla Séptima establece lo siguiente:

Séptima. El cónyuge, la Concubina o el Concubinario, tendrán derecho de obtener un Crédito mancomunado al 100 por ciento del Procedimiento no Aleatorio. En el caso de créditos asignados por procedimiento aleatorio también obtendrán el 100 por ciento cuando hayan resultado ganadores en el proceso correspondiente de asignación y de hasta el 75 por ciento cuando no habiendo participado o resultado ganadores en el mismo dentro de la cuota de hasta 1.5 por ciento del total de créditos que para cada ejercicio fiscal quede aprobado en el programa respectivo.

El inmueble sobre el que se apliquen los créditos mancomunados deberá estar escriturado en copropiedad de ambos acreditados y la garantía hipotecaria como codeudor solidario.

Tal como podemos apreciar, dentro del ámbito contractual, todo es igualmente resumido a una obligación solidaria, que une a ambos cónyuges, y donde media el propio inmueble objeto del contrato como garantía hipotecaria, es por esto que de igual forma, sería posible jurídicamente que el Fovissste, implementara en sus soluciones hipotecarias la posibilidad de que parientes consanguíneos en línea recta o transversal, ascendente o descendente sin limitación de grado, pudiesen adquirir un inmueble, sumando el monto de sus créditos para así obtener una mayor financiamiento y lograr conseguir una vivienda de mayor valor.

Es por ello que la presente propuesta legislativa, considera que el Fovissste, debe tener un tratamiento similar al que se le ha dado al Infonavit, atendiendo a que estos son dos Institutos cuya naturaleza jurídica es distinta, pero que su creación y funcionamiento, atienden a la misma razón.

A fin de ilustrar a esta soberanía sobre la propuesta legislativa, se muestra el siguiente cuadro comparativo:

II.II.I. Propuesta legislativa:

Es por todo lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y se reforma el primer párrafo del artículo 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 47. ...

Las reglas antes citadas tomarán en cuenta entre otros factores, la oferta y demanda regional de vivienda, el número de miembros de la familia de los trabajadores, los saldos de la subcuenta de vivienda del trabajador de que se trate y el tiempo durante el cual se han efectuado aportaciones a la misma, si el trabajador es propietario o no de su vivienda, así como su salario o el ingreso conyugal , el de los parientes consanguíneos en línea recta o transversal, ascendente o descendente sin limitación de grado que deseen solidariamente adquirir un crédito, o el de aquellas personas que, con previa autorización del Instituto, obtengan la precalificación de acuerdo a los medios establecidos por el Consejo de Administración y de forma solidaria puedan obtener un crédito hasta por el monto máximo que pudiera corresponderles, y que ambos créditos se apliquen a una misma vivienda si hay acuerdo de los interesados.

...

...

...

Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 179. Los créditos a que se refiere esta Sección se otorgarán y adjudicarán tomando en cuenta, entre otros factores, la oferta y demanda regional de vivienda, el número de miembros de la familia de los Trabajadores, los saldos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda del Trabajador de que se trate y el tiempo durante el cual se han efectuado Aportaciones a la misma, si el Trabajador es propietario o no de su vivienda, así como su sueldo o el ingreso conyugal , el de los parientes consanguíneos en línea recta o transversal, ascendente o descendente sin limitación de grado que deseen solidariamente adquirir un crédito, o el de aquellas personas que, con previa autorización del Instituto, obtengan la precalificación de acuerdo a los medios establecidos por la Junta Directiva y de forma solidaria puedan obtener un crédito hasta por el monto máximo que pudiera corresponderles, y que ambos créditos se apliquen a una misma vivienda si hay acuerdo de los interesados.

...

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tendrá 180 días para realizar las adecuaciones correspondientes a sus ordenamientos internos, a efecto de quedar en armonía con lo establecido en el presente decreto.

Tercero. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tendrá 180 días para realizar las adecuaciones correspondientes a sus ordenamientos internos, a efecto de quedar en armonía con lo establecido en el presente decreto.

Notas

1 Asamblea General de las Naciones Unidas, “Declaración Universal de Derechos Humanos”, adoptada mediante resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, consultado el 8 de febrero de 2020 de

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.p df

2 Asamblea General de las Naciones Unidas, “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General, en su resolución 2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1966, y cuya entrada en vigor fue hasta el 3 de enero de 1976.

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917; última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, publicada el 20 de diciembre de 2019. Consultado de

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_201219.pdf

4 Publicación de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 1972. Consultado de:

https://www.dof.gob.mx/index.php?year=1972&month=04&day =24

5 Publicación de la reforma al inciso f) de la fracción XI y se adiciona con el párrafo segundo la fracción XIII, del Apartado B) del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Diario Oficial de la Federación el 10 de noviembre de 1972. Consultado de:

https://www.dof.gob.mx/index.php?year=1972&month=11&day =10

6 Tesis: III.1o.C.4 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Junio de 2014 tomo II, p. 1671.

7 ONU Hábitat. Derecho a una vivienda adecuada. Folleto Informativo No 21/Rev1. pp. 4. Consultado el 8 de febrero de 2019 de:

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing _sp.pdf

8 INEGI. Hogares. Censo realizado en 2015. Consultado de:

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/hogares.aspx?tema=P

9 Reglas para el Otorgamiento de Créditos a los Trabajadores Derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2019. Consultado de:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5566299&fech a=23%2F07%2F2019

10 Condiciones Generales de Contratación 2.02. Infonavit. Consultado de

https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/2078d4a6-caa5 -4ea6-96a4-cd05c034d35e/CGC_creditoInfonavitLinea2. pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-2078d4a6-caa5-4ea6 -96a4-cd05c034d35e-mz8T1lO

11 Obsérvese lo establecido por el Título Sexto, Capítulo I, de los artículos 292 al 300, del Código Civil Federal.

12 Forbes. “Infonavit permitirá juntar 4 créditos entre parientes”. Publicado el 6 de diciembre de 2019. Consultado el 10 de febrero de 2020, de

https://www.forbes.com.mx/infonavit-permitira-juntar-4-creditos -entre-parientes/

13 Centro Urbano. “Infonavit lanzará en enero ‘Unamos Créditos’”. Publicado el 14 de noviembre de 2019. Consultado el 10 de febrero de 2020, de

https://centrourbano.com/2019/11/14/infonavit-unamos-creditos-2 020/

14 Fovissste. Acciones y Programas, Crédito Conyugal. Consultado el 10 de febrero de 2020, de

https://www.gob.mx/fovissste/acciones-y-programas/credito-conyu gal

15 Fovissste. Reglas de Otorgamiento de Créditos. Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2012. Consultado de

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5270247&fecha=26/ 09/2012

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de febrero de 2020.— Diputadas y diputados: Jacquelina Martínez Juárez, Absalón García Ochoa, Adolfo Torres Ramírez, Adriana Dávila Fernández, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Antonia Natividad Díaz Jiménez, Carlos Carreón Mejía, Carlos Elhier Cinta Rodríguez, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Ernesto Ruffo Appel, Evaristo Lenin Pérez Rivera, Felipe Fernando Macías Olvera, Gloria Romero León, Guadalupe Romo Romo, Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Janet Melanie Murillo Chávez, Jesús Guzmán Avilés, Jorge Arturo Espadas Galván, Jorge Romero Herrera, José del Carmen Gómez Quej, José Elías Lixa Abimerhi, José Isabel Trejo Reyes, José Rigoberto Mares Aguilar, José Salvador Rosas Quintanilla, Juan Carlos Romero Hicks, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Karen Michel González Márquez, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Marcelino Rivera Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, María de los Ángeles Ayala Díaz, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Pilar Ortega Martínez, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, María Marcela Torres Peimbert, Mariana Dunyaska García Rojas, Mario Alberto Ramos Tamez, Mario Mata Carrasco, Martha Elena García Gómez, Miguel Alonso Riggs Baeza, Oscar Daniel Martínez Terrazas, Patricia Terrazas Baca, Ricardo García Escalante, Sarai Núñez Cerón, Silvia Guadalupe Garza Galván, Sonia Rocha Acosta, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Verónica María Sobrado Rodríguez, Vicente Javier Verastegui Ostos, Xavier Azuara Zúñiga (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de semanas de cotización exigidas para tener acceso a pensión, a cargo de la diputada Idalia Reyes Miguel, del Grupo Parlamentario de Morena

Con fundamento en la fracción II del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción I del artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respecto del derecho de los diputados para iniciar leyes o decretos; asimismo, con fundamento en los artículos 76, 77 y 78 del citado Reglamento, que establecen las disposiciones y requisitos para la presentación de iniciativas, y en el numeral 1 del artículo 102 del reglamento mencionado, que norma el procedimiento al que está sujeta la presentación de las mismas, la que suscribe, diputada Idalia Reyes Miguel, integrante de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, presento ante esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social y 84 y 89 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de semanas de cotización exigidas para acceder a una pensión.

De acuerdo con un grupo de expertos de la Organización Internacional del Trabajo (Ortiz, Durán-Valverde, Urban, Wodsak, & Yu, 2019), la privatización de las pensiones alrededor del mundo, ocurrida entre 1981 y 2014, ha tenido resultados insatisfactorios o, dicho más directamente, fracasó rotundamente. Realizada bajo el argumento del insostenible costo fiscal que tenía el anterior sistema público de pensiones y con la idea de apuntalar el ahorro interno y fortalecer los mercados de capitales, el experimento neoliberal desembocó en baja cobertura y reducidos beneficios para los trabajadores, mayores costos fiscales y administrativos, incremento de los riesgos para los ingresos en la vejez, alta concentración de mercado en el área de negocios abierta con la privatización, etc. Más aún, las desigualdades de género se agravaron y se generaron altos costos de transición recargados sobre las finanzas públicas, además de que se debilitó la gobernanza del sistema de pensiones y las instituciones encargadas de regularlo y supervisarlo fueron capturadas por los mismos consorcios responsables de la administración de los fondos. Finalmente, la reforma en sentido neoliberal tuvo un impacto limitado en los mercados de capitales y en el crecimiento económico.

En el caso de México, la tasa de cobertura se redujo de 37 a 30 por ciento entre 1996 y 2004. Además, los costos administrativos son de los más elevados en el mundo, representando alrededor de 40 por ciento de las cotizaciones (los afiliados deben pagar el equivalente a 5 años de cotización para cubrirlos). Como indica Berenice Ramírez (2019, págs. 967-1001), el sistema obligatorio de ahorro individual establecido en 1997 y 2007 actuó en detrimento del fortalecimiento de la seguridad social en nuestro país. La eliminación de la solidaridad intergeneracional y la administración pública, reemplazadas por la capitalización individual y la administración privada de los fondos, no dieron los resultados esperados. Además del mencionado estancamiento o disminución de las tasas de cobertura, la capitalización individual reprodujo las desigualdades por nivel de ingreso que el mercado laboral genera: 84 por ciento de los hombres y 89 por ciento de las mujeres que ganan solamente hasta tres salarios mínimos no son candidatos a recibir una pensión, salvo la mínima garantizada si alcanzan a cubrir los 1,250 semanas de cotización que se les exige, lo que es prácticamente imposible dada la dinámica laboral existente en el país.

Más preocupante aún es que el esquema de capitalización individual ofrece una tasa de reemplazo de 26 por ciento del salario promedio, lo que constituye una verdadera bomba de tiempo que estallará en 2022, cuando se jubile la primera generación de trabajadores regidos por la actual Ley del IMSS que constituirán una generación de viejos con pensiones notablemente insuficientes. No hay que olvidar que la tasa de reemplazo recomendada internacionalmente se sitúa entre 50 y 70 por ciento.

Por otra parte, en el sistema privatizado el acceso tiene una brecha de género: mientras 49 por ciento de los hombres tiene una cuenta de ahorro para el retiro, en el caso de las mujeres la cifra se reduce a 31 por ciento. Además, las mujeres tienen una densidad de cotización menor que en el caso de los hombres y mayores dificultades para obtener una pensión digna dada la brecha salarial.

Y no por ineficiente, el esquema instaurado en 1997 y 2007 es poco oneroso. De acuerdo con cálculos oficiales citados por Ramírez, el costo de la transición del sistema público al privado debió ser de 0.4 por ciento del PIB en los primeros años hasta llegar a un máximo de 0.8 por ciento; sin embargo, en el año 2017 dicho costo representaba 1.52 por ciento del PIB y se espera que alcance 3 por ciento en 2035. En el mismo sentido, durante el periodo 2013-2017 el Presupuesto de Egresos de la Federación ha crecido 3.8 por ciento en promedio anual entre 2013 y 2017, pero el pago para pensiones y jubilaciones lo ha hecho en 13 por ciento, desmintiendo la pretendida descompresión de las finanzas públicas que se derivaría de la privatización. Específicamente, es notable el alto costo de las medidas compensatorias que se han debido tomar para complementar las raquíticas pensiones generadas por el sistema privatizado. Así, como indica un estudio de la Consar, si durante 2010, el gasto en pensiones en México representó 2.6% del PIB, para 2016, esa cifra pasó a ser de 3.3% y 17% del gasto programable”.

Por el lado de los actores encargados de administrar los fondos de pensiones, en primer lugar, hay que advertir su cuasi monopolización: 71 por ciento de las cuentas están concentradas en cuatro de las 10 Afores existentes en México. Y, como lo dijimos anteriormente, las comisiones que cobran son de las más altas del mundo y reducen en 21 por ciento el ahorro de los trabajadores acumulado entre 1997 y 2017, una tendencia que irá aumentando hasta alcanzar el 29 por ciento del ahorro total. El impacto limitado de los fondos de pensiones en los mercados de capitales y el desarrollo económico se deriva del hecho de que, en nuestro país, 54 por ciento se invierte en deuda del gobierno federal, de manera que se crea un ciclo perverso donde las administradoras tienen garantizado el rendimiento mientras el Estado sigue endeudándose sin que los cotizantes vean los beneficios de este negocio redondo.

Para finalizar, debemos recordar que el desmantelamiento del sistema público de pensiones en México se realizó con un rechazo bastante amplio por parte de los trabajadores. Y el esquema de capitalización individual no contempló nunca su inclusión en las instancias de administración o supervisión de los fondos.

La ruta que generó estos resultados no era la única para enfrentar los retos del cambio demográfico y la presión sobre las finanzas públicas. La OIT se opuso desde el comienzo al proceso de privatización y sugirió, en su lugar, un conjunto de reformas paramétricas menores –no estructurales- para reforzar los sistemas públicos de pensiones, lo que fue desestimado en México por los gobiernos neoliberales. Como este organismo internacional indica “ningún país democrático avanzado e industrializado sustituyó su sistema público de pensiones por un sistema privado de cuentas individuales de capitalización plena” (Ortiz, Durán-Valverde, Urban, Wodsak, & Yu, 2019, pág. 807). El esquema sólo se siguió en 30 países alrededor del mundo, todos ellos en desarrollo, de los cuales 18 ya lo revirtieron.

Además, como los especialistas indican, el ahorro individual es notablemente inadecuado en el contexto de un mercado laboral como el mexicano. De acuerdo con esto, se desestimaron las consecuencias que resultarían del establecimiento de esta modalidad “en un contexto de mercados laborales con gran proporción de empleo informal, bajos niveles salariales y bajas aportaciones que, vinculadas a rentabilidad moderada y altas comisiones, no permiten construir pensiones suficientes para enfrentar la vejez” (Ramírez, 2019, pág. 993).

¿Qué hacer frente a las consecuencias derivadas del sistema de pensiones heredado por el neoliberalismo en México? Un conjunto de actores coincide en la urgente necesidad de enfrentar el reto mediante una serie de medidas que va desde la “reforma de la reforma” hasta la reversión completa de la privatización. En ese sentido, dos premisas son indispensables: en primer lugar, es necesario recuperar la idea de la Organización Internacional del Trabajo (2019, pág. 805) de que “los sistemas de pensiones deben guiarse en su esencia por el objetivo de proporcionar seguridad de ingresos en la vejez, al contrario del objetivo predominante del Banco Mundial de fomentar el crecimiento económico y reducir las presiones fiscales”; en segundo lugar, tomándole la palabra a Ramírez (2019, pág. 995) hay que reconocer que el simple retorno al esquema anterior no es la panacea por lo que será indispensable “un extenso diálogo que tenga por objetivo la construcción de un sistema nacional de pensiones que se oriente a superar la exclusión, la desigualdad y la fragmentación que hoy tenemos”.

Al respecto, el debate en torno al destino del sistema de pensiones en México ha generado las siguientes propuestas puntuales de solución:

1. Otorgar mayor flexibilidad al régimen de inversión de los fondos y mayor agilidad al uso del ahorro voluntario por parte de los cotizantes, como lo estableció la reforma aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2019.

2. Favorecer una mayor integración de los tres componentes centrales: la pensión universal, la pensión ocupacional y el ahorro voluntario, en la dirección establecida por los Criterios Generales de Política Económica (2019) traducidos en la implementación de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, por ejemplo.

3. Considerar una solución más integral que reconozca el derecho de recibir una pensión a todo tipo de trabajador y el fortalecimiento de una base de pensión universal para todos los ciudadanos, “sobre la que se construyan pensiones contributivas ocupacionales que tomen en cuenta las diferencias sectoriales, salariales, regionales, de género y edad”, al mismo tiempo que se delimitan los techos máximos a los que puede llegar una pensión pública (Ramírez, 2019, pág. 995).

4. Reducir la fragmentación del sistema en México -que cuenta con más de mil planes de pensiones y niveles muy desiguales de beneficio- con miras a ir generando un sistema nacional de pensiones o, por lo menos, para alcanzar un sistema menos heterogéneo.

5. Establecer 15 años de cotización como parámetro para recibir una pensión de beneficio definido para todos los trabajadores que ganen hasta cinco salarios mínimos, dada la situación del mercado de trabajo en México que no permite más.

6. Incrementar la edad de jubilación a 68-70 años, como lo propuso el actual Secretario de Hacienda (Carbajal, 2019).

7. Aumentar la cuota de aportación sumando a la cuota actual el 5 por ciento de la cuenta de Infonavit y un 2 por ciento adicional a partes iguales entre el trabajador y el patrón, además de incrementar el ahorro voluntario, tal como lo propone la Fundación de Estudios Financieros (Fundef) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2016). La idea es que la cuota de aportación pase del 6.5 por ciento actual al 15 por ciento recomendado por los organismos internacionales.

8. Auspiciar el ahorro voluntario a través de incentivos fiscales –por ejemplo, considerar la deducibilidad al 100 por ciento cuando patrón y trabajador hagan una aportación conjunta en la cuenta individual del empleado- o estableciendo que el estado aporte un 25 por ciento adicional del importe ahorrado voluntariamente.

9. Garantizar el derecho de los trabajadores independientes a recibir una pensión, segmento laboral que representa alrededor de 60 por ciento de la población ocupada.

10. Eliminar el monopolio ejercido por las administradoras de fondos de ahorro para el retiro (Afores) permitiendo la existencia de cooperativas de ahorro y jubilación administradas por los trabajadores, al estilo de las ya existentes sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

11. Dotar a la Consar de facultades para denunciar las prácticas ilegales de sus regulados, similares a las que tienen otras comisiones (como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores). Igualmente, como lo indicó el CESOP, proporcionarle facultades para “solucionar problemas relacionados con las cuentas individuales de los trabajadores” y “facilitar los mecanismos para designar beneficiarios de las cuentas individuales” (CESOP, 2017).

12. Continuar con la disminución del monto de las comisiones cobradas por las Afores y evitar retiro anticipado del ahorro para el retiro.

13. Poner controles al gasto público en pensiones como lo quiere el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria: 1) garantizando que cierto porcentaje del gasto en pensiones se reparta entre toda la población y que el porcentaje restante vaya a cubrir los compromisos por beneficio definido; o 2) ser explícitos, legalmente, en que el gobierno no puede endeudarse para pagar pensiones que presionarían fiscalmente a las próximas generaciones (CIEP, 2017).

Como se puede apreciar, algunas de estas medidas proponen reformas al sistema vigente de capitalización individual, mientras otras se encaminan a construir una alternativa por fuera de este paradigma. En ese sentido, incluso, algunas opiniones enfatizan la necesidad de eliminar los sistemas de pensiones de beneficios definidos que todavía existen en el país, con la idea de profundizar o completar el esquema establecido en 1997 y 2007, obviando el carácter problemático o insuficiente de dicho sistema de pensiones. También es necesario tomar en cuenta que algunas recomendaciones recargan los costos sobre la espalda de los trabajadores, teniendo un carácter socialmente regresivo, como es el caso del incremento de la edad de jubilación, medida recientemente rechazada por el titular del Poder Ejecutivo de la Federación.

No obstante, las divergencias en torno del destino a largo plazo del sistema de pensiones en México, hay una notable convergencia en lo que respecta a las medidas que deberán tomarse en el corto plazo, con la finalidad de atajar las consecuencias negativas más inmediatas sobre el bienestar de los trabajadores.

Como ya se ha mencionado, el principal problema es el monto reducido de la pensión que recibirán las futuras generaciones de trabajadores mexicanos. Al respecto, la ley establece el derecho a recibir una pensión mínima garantizada, alcanzada mediante un complemento otorgado por el Estado a las personas que cumplan con los requisitos de la edad y 1,250 semanas cotizadas, pero cuyos recursos de su cuenta Afore no le alcancen para contratar una Renta Vitalicia o un Retiro Programado. El monto de esta pensión es un salario mínimo general para la Ciudad de México, es decir, de 3 mil 696.6 pesos, si se considera el salario mínimo de 123.22 pesos diarios de 2020.

Sin embargo, el número de semanas de cotización exigidas –equivalentes a 24 años de trabajo formal- impide que muy pocas personas puedan acceder a una pensión, pues la mayoría no logrará cumplir con este requisito, en el contexto de un mercado laboral caracterizado por una entendida informalidad que se traduce en una baja densidad de cotización. De acuerdo con las cifras, sólo 24 por ciento de la generación que cotizó a partir de 1997 recibirá el beneficio, lo que equivale al 4 por ciento de la población mexicana (Coparmex, 2020).

En consecuencia, hay una notable coincidencia en que una reforma pensionaria que tenga como prioridad el bienestar de los trabajadores debe, entre otras medidas, reducir el número de semanas de cotización exigidas para recibir una pensión, con la finalidad de extender el universo poblacional cubierto por esta prestación social. Al respecto, por citar un ejemplo, la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) recientemente planteó una reducción de las semanas de cotización para tener acceso a la pensión mínima garantizada, pasando de las 1, 250 semanas actualmente exigidas -24 años- a 750 semanas -14 años aproximadamente- (Albarrán, 2020).

Por todo lo anterior, pongo a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente propuesta de reforma a los artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social y 84 y 89 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado:

Propuesta

Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, y en los artículos 6, 76, 77, 78 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, pongo a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social y 84 y 89 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia de semanas de cotización exigidas para acceder a una pensión

Artículo Primero. Se reforman los artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social de los Trabajadores del Estado para quedar de la siguiente manera:

Artículo 154. Para los efectos de esta Ley existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los sesenta años de edad.

Para gozar de las prestaciones de este ramo se requiere que el asegurado tenga reconocidas ante el Instituto un mínimo de quinientas cotizaciones semanales.

...

Artículo 162. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas por el Instituto un mínimo de quinientas cotizaciones semanales.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 84 y 89 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para quedar de la siguiente manera:

Artículo 84. Para los efectos de esta Ley, existe cesantía en edad avanzada cuando el Trabajador quede privado de trabajo a partir de los sesenta años de edad.

Para gozar de las prestaciones de cesantía en edad avanzada se requiere que el Trabajador tenga un mínimo de quinientas semanas de cotización reconocidas por el Instituto.

...

Artículo 89. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el Trabajador o Pensionado por riesgos del trabajo o invalidez haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas por el Instituto un mínimo de quinientas semanas de cotización.

...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes

Albarrán, E. (20 de enero de 2020). Proponen reducir semanas de cotización de los trabajadores para acceder a la pensión mínima garantizada. El Economista.

Carbajal, B. (10 de octubre de 2019). Aumentar la edad de retiro, tema negociable: Hacienda. La Jornada.

CESOP. (2017). Pensiones y jubilaciones en México: Situación actual, retos y perspectivas. México: CESOP/Cámara de Diputados, LXIII Legislatura.

CIEP. (2017). Pensiones en México: 100 años de desigualdad. México: CIEP, A.C.

Coparmex. (27 de enero de 2020). Por un nuevo sistema de pensiones centrado en el trabajador. Recuperado el 28 de enero de 2020, de

https://coparmex.org.mx/por-un-nuevo-sistema-de-pensiones-centr ado-en-el-trabajador/

Fundef, A. C. Sistema de Pensiones en México. Síntesis de diagnósticos y propuestas de políticas públicas de Fundef. México: Fundef, A.C.

OCDE. (2016). Estudio de la OCDE sobre los sistemas de pensiones. México. México: Consar.

Ortiz, I., Durán-Valverde, F., Urban, S., Wodsak, V., & Yu, Z. (2019). La reversión de la privatización de las pensiones: reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018). Ginebra: OIT.

Ramírez, B. (2019). La necesaria construcción de un sistema público de pensiones para la sociedad mexicana. El Trimestre Económico, 967-1001.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 11 días de febrero de 2020.— Diputada Idalia Reyes Miguel (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 243 y 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Ulises García Soto, diputado federal integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 7, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 243 y se adiciona una fracción IX al artículo 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de Publicidad de casinos y apuestas al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La presente iniciativa tiene como finalidad restringir el horario de los anuncios televisivos que incentivan principalmente a menores de edad, a realizar apuestas deportivas a través de la radio y televisión por la frecuencia y el número de anuncios. Esto a consecuencia de la tendencia creciente del número de personas que ingresan a este mercado cada año con la finalidad de obtener ganancias de una manera sencilla sin conocer las consecuencias y los efectos nocivos que generan las apuestas, tanto para la salud como para nuestra sociedad.

El deporte es un lenguaje universal y un desahogo social donde la gente se reúne para practicar, convivir, debatir e intercambiar diferentes puntos de vista sobre su práctica y su profesionalidad. El deporte es de suma importancia en nuestra vida cotidiana y se ha buscado fomentar el deporte desde los más jóvenes hasta los adultos como símbolo de salud física, mental y además de la integración familiar y social; aunado a eso, somos una sociedad que goza de presenciar la gran mayoría de los eventos deportivos sin alguna restricción de edades, desde niños hasta los adultos. De acuerdo a la empresa consultora Mitofsky, el futbol es el deporte favorito del 58 por ciento de los mexicanos que lo ven o lo practican, seguido del Boxeo donde el 34 por ciento de la población mexicana tiene preferencia.

La televisión, la radio y ahora las distintas plataformas de internet, son el medio por el que los aficionados a los deportes puedan seguirlos de manera puntal y esta industria ha sabido aprovechar que una gran parte de la población solicita la transmisión de una gran variedad de eventos deportivos a través de las plataformas que ofrecen; uno de los sectores que ha sido mayor beneficiados son la industria de los juegos y sorteos para promover sus productos.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones realiza anualmente un estudio llamado “Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales” con la finalidad de estudiar el consumo de radio y televisión de la población. Para finales de 2018, donde se analizó el consumo televisivo, el estudio arroja datos donde se reporta que 93 por ciento de los hogares cuentan con televisión con un promedio de 1.8 televisores por hogar. 72 por ciento de los entrevistados, señala que ve contenidos a través de los canales de televisión abierta. El teléfono celular es el dispositivo que más se usa para consumir contenidos por internet en un 81 por ciento, mientras que la computadora o laptop representan un 20 por ciento. Estos datos que nos otorga IFT, nos da un poco de conocimiento sobre la cantidad de personas que miran la televisión.

Para contrastar el nivel de impacto de los deportes en la televisión mexicana, el 24 por ciento de las personas consume deportes a través de la televisión abierta mencionando que el 43 por ciento por ciento lo hace acompañado y con mayor frecuencia en un horario de 18: 00 horas a 00: 00 horas con el 54 por ciento.

En televisión de paga, el 29 por ciento de las personas consume deportes donde lo hacen en un horario de 18: 00 horas a 00: 00 horas con el 54 por ciento de las personas. A través de la radio, el 11 por ciento de los encuestados escuchan deportes.

Un sector importante del consumo de material de contenido son los niños o menores de edad; según el estudio de IFT, el 74 por ciento de las niñas y los niños que cuentan con televisor, dijeron que ven programación de televisión abierta y los canales que ven con mayor frecuencia, es el Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7. Entre los tipos de programas que más observan, se encuentran las caricaturas, programas infantiles, películas y deportes.

Lo importante de esta parte del estudio, es que muestra que, el 69 por ciento de las niñas y los niños, lo hace por la tarde en la franja horaria de 12: 00 horas a 18: 00 horas y el segundo lugar lo ocupa el horario de 18: 00 horas a 00: 00 horas con el 31 por ciento.

De los datos aportados por el IFT, podemos percibir que los anuncios de apuestas deportivas, no tienen ninguna restricción de horario ni diferencian si los consumidores son menores o adultos y que la mayoría de los consumidores o personas que absorben los anuncios, son menores de edad. El estudio es muy claro en precisar que las niñas y niños, consumen las franjas horarias de 12: 00 horas a 18: 00 horas y es por eso que buscamos proteger a los menores de las adicciones que también se generan con las apuestas. Se ha hecho una lucha frontal en todos los sectores privados y públicos para frenar la violencia que se genera derivado de las adicciones. La ludopatía no es un tema que no tenga que ser tomado en cuenta como una adicción, sino como parte de las adicciones a las que son vulnerables nuestros niños, niñas y jóvenes hoy en día.

La Convención de los Derechos del Niño, firmada y ratificada por México, nos compromete como país a velar por el Interés Superior de la Niñez, lo que compromete al Estado a asegurar una adecuada protección y cuidado de la educación y salud de los menores; y realizar todas las acciones necesarias por parte de las instituciones a proteger este bien jurídico superior; compromiso del cual el Poder Legislativo Federal forma parte.

Los juegos de azar y apuestas de cualquier índole, son conductas que tienen un alto riesgo de convertirse en adictivas y son muchas las personas que terminan necesitando de algún tipo de tratamiento por adicción al juego y el nombre de esta enfermedad es “Ludopatía”; al respecto debemos recordar que las adicciones no tienen edad.

La ludopatía se ha definido como un impulso irreprimible de jugar y/o apostar. La palabra se origina del latín: ludus, que significa “yo juego” y la palabra griega pathos, que significa afección, enfermedad o pasión por el juego. Para el Centro de Prevención y Atención de Adicciones de la Facultad de Psicología de la UNAM, “el juego patológico también se ha definido como una enfermedad crónica y progresiva consistente en la falta de control en los impulsos y un deseo irreprimible de participar en juegos de apuesta”.

Las apuestas deportivas en México comenzaron a fomentarse desde que aumentó la difusión de los deportes que se practican en Estados Unidos como el futbol americano, el béisbol o el basquetbol y las empresas o casinos han creado las plataformas para realizar apuestas donde pueden llegar a ofrecer distintas variables de juego por partido desde un aparato móvil.

La nueva era digital, proporciona una gran conectividad y movilidad que facilita a las personas que realizan algún tipo de apuesta, desplazarse de un lugar a otro sin perder de vista en tiempo real algún deporte y que permite que pueda realizar algún tipo de apuesta totalmente en vivo. Antes de llegar a esta era digital, las apuestas deportivas se realizaban directamente en un casino o casa de apuestas donde se les otorgaba un ticket e información del partido al que querían participar antes de comenzar el evento.

Una publicación que realiza el columnista Rodrigo Alatorre para la revista Merca20, menciona que “las apuestas deportivas online en México, llegaron para quedarse”; y afirma que “hay varias empresas del giro que ofrecen el servicio de apuesta deportiva en línea como Caliente.mx, Play City, Codere, BetWay, BetCris y algunos otros, que está siguiendo una estrategia de diferenciación, en producto pensado para el aficionado mexicano y también de publicidad en las ligas deportivas. Patrocinan a equipos de futbol mexicano e inclusive a la Federación Nacional de Futbol”

En México se calcula que hay cerca de 10 millones de personas que son potenciales a este mercado, aunado a eso cuentan con tecnología a su alcance y algún método de pago como una tarjeta de crédito o débito. Las barreras a la entrada mercado son mínimas; al usuario para realizar un registro se le pide que únicamente ingrese sus datos personales como Nombre, Apellido, número de celular, correo electrónico, fecha de nacimiento, usuario y contraseña.

Para la industria de la radio y la televisión, han sido de gran beneficio este sector ya que son en demasía la cantidad de anuncios pagados por estas casas de apuestas para incentivar a la gente que realice una apuesta en vivo para ganar dinero.

La información lanzada desde los anuncios publicitarios hace atractivo para el consumidor la forma de obtener dinero de manera sencilla. Conociendo la lógica de las apuestas deportivas, evidentemente la expectación por saber si es ganadora o no, hace que de manera impulsiva el consumidor quiera realizar la apuesta que en su anuncio televisivo muestran, debido a que otorgan una ganancia exponencial comparada con la “mínima apuesta” que deben realizar.

El problema consiste en que dicha publicidad es indiscriminada y llega a ser consumida por una gran cantidad de público infantil y de adolescentes susceptible de iniciarse como ludópatas, perjudicando así su bienestar emocional, familiar y en general el interés superior de la niñez.

Argumentos

El artículo 1o. de la Ley Federal de Juegos y Sorteos prohíbe los juegos azar y de apuestas, sin embargo, en su artículo 2o. menciona los que únicamente estarán permitidos con previa autorización del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación. En varias legislaturas se ha tratado de regular este sector debido a las consecuencias del abuso y exceso de las personas que practican los juegos de azar. La página oficial de la Secretaría de Gobernación, advierte las consecuencias del uso excesivo de estas prácticas y lo describe como la enfermedad “crónica y progresiva consistente en la falta de control en los impulsos y un deseo irreprimible de participar en juegos de apuesta.”

En 2012, la Comisión Nacional contra las Adicciones, publicó un documento titulado “Consideraciones Generales hacia la Prevención y la Atención del Juego Patológico en México” en el que explica que no existe edad para caer en las adicciones del juego, porque desde un niño o adolescente puede acceder a una máquina de juego que clásicamente se instalan en establecimientos como farmacias o tiendas, hasta un adulto que puede ir a un casino para realizar apuestas o jugar con máquinas para obtener dinero.

El estudio menciona que hay “un alto índice de comorbilidad en los sujetos con juego patológico que incluyen trastornos del estado de ánimo como la depresión, trastornos de ansiedad (Volberg, 2006), trastornos de la personalidad (Petry, 2005), trastornos del control de impulsos (Kessler et al., 2008) y altos niveles de consumo de alcohol (Wardle, 2007) y tabaco, además del uso de otras sustancias ilícitas como la mariguana (Volberg, 2006). También se ha reportado ideación suicida e intentos suicidas entre los jugadores problemáticos y patológicos (Newman, 2007).”

Además de esos problemas que generan la compulsión del juego patológico, los problemas también se generan en la estabilidad familiar, y se hablan de conflictos financieros derivados del juego, divorcios, discusiones y separaciones, además de que se empiezan la comisión de actos ilegales para continuar jugando como el robo (García, Díaz y Aranda, 1993).

Los nuevos tiempos han superado a nuestra realidad y si existe alguna Ley que no ha sido contemplada para una verdadera renovación, ha sido la Ley Federal de Juegos y Sorteos. En esta rama, el sector ha incrementado sus ganancias de manera exponencial debido a la gran exposición en medios de comunicación que se le ha dado con la simple razón de que es una manera “fácil” de obtener algún ingreso extra para la gente dando supuestas cifras de ganancias apostando cantidades mínimas, pero hay que recordar que para la obtención de un premio la gran respuesta es el azar. Nada garantiza que lo que exponen como ganancia en un partido de futbol sea lo que vas a ganar si realizas la apuesta.

Según datos del Inegi, para el 2008 los ingresos respecto al PIB en el sector que divide como “Casinos, loterías y otros juegos de azar”, eran de $18,465.33 y para el último año que tiene registro, 2017, los ingresos del sector respecto al PIB eran de 24,567.89. Es decir, un aumento del 33 por ciento en solo 9 años. Todo esto tiene relación con el aumento de número de personas que se han dado de alta.

Además, datos de las casas de apuestas arrojan que “el mercado online deportivo crece en un 50 por ciento por año con un promedio de apuesta entre 500 y 1,000 pesos y el 70 por ciento de estas operaciones”, se realiza tan fácil y sencillo desde un teléfono celular.

La misión fundamental del Estado mexicano en materia de juegos con apuestas y sorteos, es tener una regulación clara y precisa que pueda proporcionar tanto a la sociedad como a los empresarios del rubro, una certeza jurídica y poder tener a este sector controlado para evitar caer en acciones ilegales de juego y sobretodo cumplir con la responsabilidad social del estado para velar los intereses de sus ciudadanos. Mientras no tengamos regulado este sector, no podemos exponer a los menores a constantes anuncios para promoción de productos que puedan generarles una enfermedad.

La ludopatía es una enfermedad y una de las adicciones más graves y silenciosas en el país, consecuencia de estos impulsos se derivan también muchos actos violentos de los cuales ha aquejado mucho nuestro país. Algunos especialistas han nombrado a la ludopatía como la droga silenciosa ya que las consecuencias de la adicción provocan la violencia que el Estado debe de además de prevenir, tratar y erradicar.

En nuestra Constitución, el artículo 4 nos habla sobre los derechos de los ciudadanos a la protección de su salud, que a su texto dice:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme lo que dispone la Fracción XVI del artículo 73 de la Constitución”.

El mismo artículo en su fracción VI nos habla de la garantía del Estado a velar por el interés superior de la niñez, que a su texto dice:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

Datos de la Comisión Nacional contra las Adicciones, mención que los jugadores que están en riesgo, son una población que va desde los 12 años hasta los 65 años, una media nacional que arroja el 2 por ciento, es decir 2,028,852 personas. Los estados que presentan mayor número de jugadores en riesgo son: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Colima, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Es decir, más de la mitad de los Estados del país, para ser precisos el 53.125 por ciento, sufre problemas de ludopatía.

El artículo 19 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes hacen un claro énfasis en sus derechos para su desarrollo pleno, que a su texto menciona:

“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social.”

Además, en la misma Ley para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes existe el apartado que habla sobre los medios de comunicación masiva en mención a los mensajes difundidos a través de estos, y que en su artículo 43 menciona:

“Sin perjuicio de lo previsto en la normatividad aplicable a los medios de comunicación masiva, las autoridades federales, en el ámbito de sus competencias, procurarán verificar que éstos:

A. Difundan información y materiales que sean de interés social y cultural para niñas, niños y adolescentes, de conformidad con los objetivos de educación que dispone el artículo 3o. de la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño.

B. Eviten la emisión de información contraria a los objetivos señalados y que sea perjudicial para su bienestar o contraria con los principios de paz, no discriminación y de respeto a todas las personas.

C. Difundan información y materiales que contribuyan a orientarlos en el ejercicio de sus derechos, les ayude a un sano desarrollo y a protegerse a sí mismos de peligros que puedan afectar a su vida o su salud.

D. Eviten la difusión o publicación de información en horarios de clasificación A, con contenidos perjudiciales para su formación, que promuevan la violencia o hagan apología del delito y la ausencia de valores.

E. Además, las autoridades vigilarán que se clasifiquen los espectáculos públicos, las películas, los programas de radio y televisión, los videos, los impresos y cualquier otra forma de comunicación o información que sea perjudicial para su bienestar o que atente contra su dignidad.”

El Estado no puede en absoluto permitir que se incentive desde la televisión y/o Radiodifusión a los menores a incursionar en un sector potencialmente riesgoso para su salud, integridad, educación, sano esparcimiento y una vida libre de adicciones. La radio y la televisión son los medios de comunicación que más influyen en los menores y como lo dictan las leyes, los contenidos de estos debe ser sanos, pulcros y que motiven a los menores a realizar acciones sanas y que vaya en pro de su recreación y el mejoramiento del desarrollo de su vida.

La Radio y Televisión, es jurisdicción totalmente federal; ningún estado o municipio puede intervenir en la aplicación de las leyes de la materia, es por eso que es importante que se legisle en contra de cualquier acción que genere adicciones nocivas para la salud y una de ellas es la incentivación a realizar cualquier tipo de apuestas. Cuatro dependencias Federales están a cargo de la regulación de la Radio y televisión: Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Gobernación, Secretaria de Educación Pública y Secretaría de Salud. Se sobrentiende por qué estas dependencias en coordinación, tiene la obligación desde otorgar o revocar concesiones y permisos, hasta vigilar todas y cada una de las y transmisiones.

Un estudio realizado por Deportes Inc., ocupó como muestreo cinco partidos de la liga del futbol mexicano. Recordemos que para las cadenas el futbol es uno de los deportes con mayor exposición en el país por lo que representa que una gran cantidad de empresas puedan promover sus productos o marcas, en cadena nacional.

“El estudio fue realizado durante el medio tiempo de los 5 partidos y el sector con mayor penetración en tiempo, fue el de las apuestas con el 12.77 por ciento. Lo continúan la alimentación, gobierno, bancos y farmacéutica. Caliente y Tecate, fueron las marcas con mayor exposición y en las tres cadenas televisivas principales: Televisa, Tv Azteca e Imagen. En total el sector de las apuestas tuvo un total de 16 apariciones durante la transmisión y una de las empresas de este sector, Caliente, ocupa la primera posición con 10 apariciones y 190 segundos de exposición durante toda la transmisión siendo la mayor”.

La Ley Federal de Radio y Televisión es muy clara en su Artículo 67, que a texto refiere:

Artículo 67: La propaganda comercial que se transmita por la radio y la televisión se ajustará a las siguientes bases:

I. Deberá mantener un prudente equilibrio entre el anuncio comercial y el conjunto de la programación;

II. No hará publicidad a centros de vicio de cualquier naturaleza;

III. No transmitirá propaganda o anuncios de productos industriales, comerciales o de actividades que engañen al público o le causen algún perjuicio por la exageración o falsedad en la indicación de sus usos, aplicaciones o propiedades.

IV. No deberá hacer, en la programación referida por el Artículo 59 Bis, publicidad que incite a la violencia, así como aquélla relativa a productos alimenticios que distorsionen los hábitos de la buena nutrición.

En la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su artículo 244 que textualmente refiere:

“Artículo 244: Los contenidos de los mensajes publicitarios atenderán al sistema de clasificación al que se refiere el artículo 227 de la presente Ley y serán transmitidos conforme a las franjas horarias establecidas para tal efecto.”

Respecto a esto, el artículo 227 de la misma ley en su segundo párrafo menciona que:

“Artículo 227: Será obligación de los programadores, en relación con sus respectivos contenidos, cumplir con las características de clasificación en términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables.”

Ahora se entiende que la publicidad, también forma parte del sistema de clasificación horaria que establece el Instituto.

En la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su artículo 217 fracción VIII respecto a las atribuciones de la Secretaría de Gobernación menciona que:

Artículo 217. Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

I...VIII.

VIII. Verificar que las transmisiones de radio y televisión cumplan con los criterios de clasificación, que se emitan en términos de la presente Ley, incluidos aquellos relativos a la programación dirigida a la población infantil, de conformidad con los lineamientos que emita en términos de la presente Ley;

El 21 de agosto de 2018 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringido. Los anuncios televisivos también están sujetos a este ordenamiento por lo que en su disposición Decimo primero a texto menciona:

Los contenidos de los mensajes publicitarios atenderán a los criterios rectores previstos en el Lineamiento Décimo y deben ser transmitidos conforme a las franjas horarias establecidas para la clasificación correspondiente, independientemente de las franjas horarias que deban observar en términos de las disposiciones aplicables en materia de salud. Los avances publicitarios de un material grabado objeto de clasificación de los presentes Lineamientos deben de igual forma atender a lo previsto en este numeral.

Los mensajes publicitarios no deben someterse al trámite de clasificación ante la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía, pero corresponde a dicha autoridad la vigilancia y sanción derivado del incumplimiento a lo previsto en estos Lineamientos.

Para tal efecto, la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía podrá ordenar a los Prestadores de Servicios la programación en la franja horaria adecuada en caso de considerar que los anuncios publicitarios no atienden a lo previsto en los presentes Lineamientos.

La presente iniciativa que pretende modificar el artículo 243, vela por los derechos y garantías de todos los menores por la constante exposición en los medios de comunicación de anuncios publicitarios para realizar apuestas online. Dado el riesgo latente que pueden provocar las apuestas, se deben restringir el anuncio televiso a una Clasificación “B15” como lo marcan los Lineamientos de Clasificación de Contenidos Audiovisuales de las Transmisiones Radiodifundidas y del Servicio de Televisión y Audio Restringidos.

Los lineamientos, estipulan la clasificación siguiente:

“Clasificación “AA” son programas dirigidos a las niñas y niños, con contenidos predominantemente positivos que tienen como fin promover el libre desarrollo armónico e integral de ese sector de la población; la Clasificación “A” son programas aptos para todo tipo de audiencias con contenidos que buscan propiciar la integración de las familias y la convergencia de audiencias; la Clasificación “B” son programas aptos para audiencias a partir de los 12 años de edad, en los cuales pueden mostrarse escenas o diálogos con violencia, adicciones o sexualidad en un contexto informativo y siempre que se encuentren justificadas y se muestren proporcionalmente sus consecuencias negativas; la Clasificación “B15” son programas aptos para audiencias a partir de los 15 años de edad en las cuales se permite un aumento gradual en las escenas o diálogos con violencia, adicciones o sexualidad, las cuales no deben ser detalladas y deben mostrarse sus consecuencias negativas; la Clasificación “C” son programas en los cuales pueden mostrarse diálogos, imágenes o situaciones que pudieran resultar inapropiados para personas menores de 18 años, sin que puedan incluirse escenas o diálogos de violencia, adicciones y sexualidad excesivamente detalladas; y la Clasificación “D” consiste en programación adulta, en la cual se permite contenido extremo de violencia, adicciones y sexualidad, es decir, son contenidos con elementos agravantes para el desarrollo armónico de los menores de edad, al incluir en un alto grado de exposición y detalle escenas, imágenes o diálogos con violencia extrema, contenido sexual explícito, consumo o inducción a consumo de drogas ilegales, tabaquismo y alcoholismo graves, y lenguaje soez u obsceno;”

Los mismos lineamientos en su novena disposición estipulas los horarios específicos para la transmisión de los contenidos ya clasificados:

“Noveno. Los concesionarios y programadores que presten servicios de radiodifusión deben transmitir los contenidos clasificados de acuerdo a las siguientes franjas horarias:

I. Para la clasificación (AA) en cualquier horario;

II. Para la clasificación (A) en cualquier horario;

III. Para la clasificación (B) de las 16: 00 a las 5: 59 horas;

IV. Para la clasificación (B15) de las 19: 00 a las 5: 59 horas;

V. Para la clasificación (C) de las 21: 00 a las 5: 59 horas, y

VI. Para la clasificación (D) de las 00: 00 a las 5: 00 horas.”

Además, en el segundo transitorio de los lineamientos, menciona que:

Segundo. Se abrogan los Lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2017. Se dejan sin efecto aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en los presentes Lineamientos.

México no es el único país en el que este fenómeno va creciendo; en otros países ya se ha regulado de manera estricta los anuncios publicitarios con el fin de la protección desde el menor hasta de la población general en materia de salud pública. En España, por ejemplo, existe una ley que habla puntual y explícitamente sobre la prohibición total de los anuncios de juegos que puedan dirigirse a los menores.

La adición de una fracción al artículo 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es con la intención de complementar una serie de protecciones para los menores que ya hay inscritas en el artículo. Si en su contenido, expresamos que no se puede permitir que se les incite directamente a que compran un servicio y producto, y que tampoco se promuevan conductas que puedan generar conductas como el robo que es una de las consecuencias de la ludopatía, no puede faltar la restricción para anunciantes de apuestas. En la publicidad Infantil no se puede permitir que este mercado se acerque a los menores por los vicios provocados. Los niños y adolescentes se han convertido en un blanco perfecto para esta industria, más en un tema que genera muchas batallas que hoy en día peleamos en nuestro país como la violencia. Hemos escuchado más de una vez en voz de nuestros menores que quieren tener o adquirir eso que escuchan o que ven en la televisión y eso los vuelve propenso a desear algo que por su edad les es difícil discernir si tiene algún beneficio en ellos o no. La diversión no está peleada con la legalidad, pero en los menores la diversión debe corresponder a su etapa y edad de desarrollo. Una consecuencia de la publicidad infantil es que “un alto grado de implicación en la cultura del consumo constituye una causa significativa de depresión, ansiedad, baja autoestima y problemas psicosomáticos. Los niños psicológicamente sanos empeoran si se sumergen en la cultura del gasto y la compra” (Shor J., 2006, p. 223). Al estar expuestos a la publicidad de las apuestas, los valores y aspiraciones de los niños cambian ya que, al estar expuestos a los anuncios para obtener una ganancia exponencial, los menores creen que puedan obtener eso de manera fácil y eso puede generar las frustraciones de no cumplir sus metas. La falsa promesa de la publicidad puede llevar a los menores a cometer ilícitos y padecer ludopatía a temprana edad. Al igual que en su momento el tema de restricción de los anuncios publicitarios en materia de alimentos por temas de salud, la constante exposición de anuncios que fomentan las apuestas, tendría que ser igual de delicado por protección y garantía de los derechos de nuestros menores.

Los anuncios publicitarios de apuestas son igual de nocivos para los niños y jóvenes, como en su momento lo fueron los anuncios de los productos del tabaco que terminaron por prohibirse, o los anuncios de bebidas alcohólicas que terminaron por restringirse.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto bajo el siguiente:

Fundamento legal

El suscrito, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputado, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 243 y se adiciona una fracción IX al artículo 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Único. Se reforma el artículo 243 y se adiciona una fracción IX al artículo 246 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 243. Sólo podrá hacerse publicidad o anuncio de loterías, rifas y sorteos cuando éstos hayan sido previamente autorizados por la Secretaría de Gobernación y se deberán ajustar únicamente a la clasificación de programas aptos para audiencias a partir de los 15 años de edad, conforme al lineamiento que emita la misma Secretaría.

Artículo 246. En la publicidad destinada al público infantil no se permitirá:

I. al VIII. ...

IX. Contenidos, anuncios y/o publicidad de casinos y apuestas.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría contará con 90 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para emitir los lineamientos de Clasificación de Contenidos Audiovisuales de las Transmisiones Radiodifundidas y del Servicio de Televisión y Audio Restringidos acorde a lo dispuesto.

Notas

1 http://www.sexenio.com.mx/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id= 25834

2 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/medios-y-contenidos audiovisuales/encca18nacional.pdf

3 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/medios-y-contenidos audiovisuales/encca18nacional.pdf

4 http://www.juegosysorteos.gob.mx/en/Juegos_y_Sorteos/ludopatia_

5 https://www.eleconomista.com.mx/deportes/EU-da-el-si-para-apuestas-deportivas-2 0180514-0119.html

6 https://www.merca20.com/la-apuesta-deportiva-online-en-mexico-llego-para-quedar se/

7 http://www.juegosysorteos.gob.mx/en/Juegos_y_Sorteos/ludopatia_

8 http://www.cdi.salud.gob.mx: 8080/BasesCDI/Archivos/Adicciones/consideraciones.pdf

9 https://www.merca20.com/la-apuesta-deportiva-online-mercado-crece-en-mexico-rap ido/

10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

11 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

12 https://www.gob.mx/salud/conadic/videos/ludopatia-juego-en-riesgo-y-patologico? idiom=es

13 https://deportesinc.com/investigacion-deportes-inc/anuncios-publicidad-en-la-li ga-mx/

14 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5535366&fecha=21/08/2018

15 http://www.adicciones.es/index.php/adicciones/article/viewFile/706/701

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de febrero del año 2020.— Diputados y diputadas: Ulises García Soto, Emmanuel Reyes Carmona, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, María Marivel Solís Barrera, Maximino Alejandro Candelaria, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de apoyar el desarrollo de las emisoras radiales comunitarias e indígenas, a cargo de la diputada Simey Olvera Bautista, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Simey Olvera Bautista, Diputada Federal perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I; 77; 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el fin de apoyar al desarrollo de las radios comunitarias e indígenas, al tenor de la siguiente:

La libertad de expresión es un derecho universal consagrado principalmente, en el ámbito internacional, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la que en su ar- tículo 19 prescribe que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” Así, la libertad de expresión supone el derecho a mantener una opinión sin interferencias y a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de difusión sin limitación de fronteras.

Por otra parte, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que México es una nación pluricultural “sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”, mandatando que “La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.”

En concordancia con este imperativo constitucional, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 12 de julio de 2019, señala que “En el presente sexenio el quehacer gubernamental impulsará la igualdad como principio rector: la igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres, entre indígenas y mestizos, entre jóvenes y adultos, y se comprometerá en la erradicación de las prácticas discriminatorias que han perpetuado la opresión de sectores poblacionales enteros.”

En este 2019, año internacional de las lenguas indígenas, esta Honorable Cámara de Diputados tiene el deber histórico de llevar a cabo acciones concretas en aras de promover y resguardar nuestras lenguas indígenas, en especial, reconocer “los riesgos a los que se enfrentan estas lenguas y su valor como vehículos de la cultura, los sistemas de conocimiento y los modos de vida... las lenguas indígenas desempeñan un papel crucial para que las comunidades de hablantes asuman su destino y participen en la vida económica, cultural y política de sus países.”

Por otra parte, deberá considerarse que la aprobación y promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR); y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, acaecida en el año 2014, constituyó un importante avance en la materia al permitir la incorporación de nuevos operadores y agentes al escenario de la radiodifusión en México. Sin perjuicio de lo ello hoy, a 5 años de la entrada en vigor de esta normativa, se hace necesario hacer una revisión legislativa crítica de la situación actual que viven las radios comunitarias e indígenas al observar que aún se mantienen, en la práctica, importantes barreras en el acceso, subsistencia, promoción y desarrollo de estos medios, en especial si se observa el escenario actual de las concesiones no comerciales.

Conforme a estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), materializados en su documento “Radios comunitarias e indígenas en México: Acceso a frecuencias de radio y medios de sostenibilidad”, consultado el Registro Público de Concesiones, consta que “en cinco años el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha otorgado 219 concesiones no comerciales, de las cuáles, para radiodifusión, solamente 46 son comunitarias y 5 indígenas. En total existen 140 radios comunitarias con concesión y 18 indígenas, dato que contrasta con las más de 1500 frecuencias de uso comercial que existen en nuestro país”, lo que da cuenta que la reforma del año 2014 no ha sido relevante para la incorporación y sostenibilidad de las radios comunitarias e indígenas, por lo que resulta pertinente reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el fin de posibilitar un efectivo y exitoso acceso y desarrollo de este tipo de medios de comunicación, mejorando con ello el ejercicio real de la libertad de expresión, acceso a la información, comunicación y autodeterminación de nuestros pueblos indígenas.

Este mismo estudio destaca que las principales trabas a las que se enfrentan las concesiones de usos comunitarias e indígenas obedecen, básicamente, a dos factores:

1.- La complejidad del proceso de solicitud de concesión: “muchos medios comunitarios e indígenas no cuenten con concesión a pesar de quererla o necesitarla se debe a que el proceso para obtenerla sigue siendo complejo si no se cuenta con acompañamiento jurídico y técnico especializado... la desinformación sobre el proceso de solicitud ante el órgano regulatorio, la limitada información en lenguas indígenas, la desconfianza en las instituciones del Estado Mexicano, el desconocimiento sobre cómo elaborar el proyecto o cómo conformar una Asociación Civil, la centralización de los trámites en la Ciudad de México y los costos necesarios para llevar a cabo esta gestión son sólo algunos de los obstáculos existentes para la obtención de este trámite... Además, la capacidad de sostenibilidad de estos medios también juega un papel muy importante. Después de obtener una concesión se deben cumplir con parámetros técnicos que requieren estudios realizados por peritos calificados y equipo homologado para la transmisión, lo cual representa costos que las comunidades no pueden cubrir. En muchas ocasiones, estas emisoras transmiten con equipos armados por los mismos integrantes que no cuentan con los controles de calidad que los equipos de marcas comerciales o simplemente el equipo ya es muy viejo.”

2.- La no valoración del esquema de concesión en sí mismo: “el contexto en el que se desarrollan estas emisoras, su ubicación geográfica (zonas rurales, sin tanta competencia por el espectro y geográficamente remotas), la poca posibilidad de acceso de autoridades estatales, los procesos de gobiernos autónomos y determinados posicionamientos políticos son algunos de los elementos que justifican que este tipo de emisoras no estén interesadas en realizar un trámite de solicitud de concesión, a pesar de tener la naturaleza de concesiones comunitarias e indígenas...” además “el esquema de concesión previsto para estos grupos no es lo suficientemente flexible para permitir los procesos de experimentación y aprendizaje...” propios de sus procesos de tomas de decisiones.

Continúa este estudio de la UNESCO indicando que “si bien estas comunidades o pueblos indígenas podrían acceder a una concesión buscando asesoramiento externo, lo cierto es que, en términos de costo- beneficio, las cargas administrativas que representaría tenerla siempre superan los beneficios potenciales de la misma. Muchas veces, incluso, la necesidad de acceder a concesiones en estos contextos se da por la proliferación de radios no indígenas o comunitarias dentro del territorio las cuales representan una competencia ilegítima (como los son radios de iglesias o de grupos delictivos).

Estos problemas motivan a repensar la pertinencia del modelo únicamente basado en concesiones como hasta hoy lo conocemos, dado que no basta con la simplificación de requisitos, sino que es necesario un entendimiento más complejo sobre cómo operan y hacia donde tendríamos que transitar para generar un ambiente habilitador, entendiendo el papel del Estado como promotor de estas radios y de la pluralidad, así como regulador del espectro.”

Asimismo, el estudio plantea la importancia que la ley contemple estrategias de sostenibilidad para paliar y minimizar las dificultades de operación y mantenimiento de la concesión. “Los requisitos de operación de la concesión en sí mismos representan una barrera debido a las cargas administrativas y técnicas... El esquema de acceso al 1% de la publicidad oficial para las radios comunitarias e indígenas no está teniendo los efectos esperados. Por tanto, es necesario generar esquemas que permitan la venta de publicidad con ciertas características, en los cuales se definan la pertinencia de esta publicidad y se establezcan límites máximos de venta. En este sentido, también es necesario el desarrollo de un modelo de sostenibilidad que incluya financiamiento para producción y creación de contenidos.”, concluye.

De esta forma, y a la luz de las recomendaciones de la UNESCO vertidas en el documento “Radios comunitarias e indígenas en México: Acceso a frecuencias de radio y medios de sostenibilidad”, especialmente en consideración al desarrollo práctico y a las necesidades inherentes de la actividad de telecomunicación y radiodifusión en las comunidades indígenas, la presente iniciativa de ley propone adiciones y reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el fin de:

1. Mejorar las condiciones de acceso a las concesiones comunitarias e indígenas para aumentar los beneficios de la formalidad para los pueblos indígenas. Para ello, se propone la incorporación de “dos modelos de licencia alternativos y un modelo de licencia de experimentación de uso social para radiodifusión” que, en forma exclusiva y excluyente a los demás tipos de concesión única, facilite el acceso de las radios comunitarias e indígenas al espectro radioeléctrico.

Deberá tenerse presente, entonces, que el cambio legal se fundamenta en la experiencia recogida en el estudio realizado por la UNESCO y que pone de manifiesto que a las radios comunitarias e indígenas no les resulta favorable la concesión única establecida en el artículo 66 de la LFTR y definida en la fracción XII del cuerpo legal precitado, toda vez que dicha concesión no considera las características propias y los contextos sociales en los que se desarrolla este tipo de proyectos. “En estos casos, el régimen de concesión no aporta beneficios o incentivos suficientes que superen los costos que implica para los pueblos incorporarse a la legalidad como está prevista en el marco jurídico actual.”

Consecuencialmente, “una de las problemáticas que presenta el actual modelo de concesiona miento es que los requisitos formales que se solicitan muchas veces desincentivan o complican la entrada de ciertos actores que son legítimos, porque no cuentan con las capacidades técnicas, administrativas o jurídicas, sin embargo son ineficientes para evitar la entrada de agentes que no cuentan con las características de estas tipos de radios (es decir, que no son radios comunitarias e indígenas, pero que si cuentan con la capacidad de cumplir los requisitos meramente formales) ocasionando que se otorgue espectro que debería de ser de los pueblos, comunidades y asociaciones a organizaciones políticas, religiosas o con fines de lucro.”

En atención a lo anterior, es importante tener en cuenta que el artículo 54 de la LFTR prescribe que “El espectro radioeléctrico y los recursos orbitales son bienes del dominio público de la Nación, cuya titularidad y administración corresponden al Estado.” Aunando su párrafo 2° que “Dicha administración se ejercerá por el Instituto en el ejercicio de sus funciones según lo dispuesto por la Constitución...”, entre éstas la norma contenida en el artículo 2 que reconoce la pluralidad cultural indígena de México. Asimismo, el párrafo 4° de este artículo obliga que “Al administrar el espectro, el Instituto perseguirá los siguientes objetivos generales en beneficio de los usuarios:” fracción III. “La competencia efectiva en los mercados convergentes de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión;”.

Bajo este imperativo jurídico, el esquema de concesión única contenida en el artículo 66 y siguientes de la LFTR resulta, en la práctica, inoperante pues no propicia ni permite la competencia efectiva de los mercados convergentes en los términos del artículo 54 del mismo cuerpo normativo.

Entonces ¿es posible incorporar variantes a la concesión única definida en el artículo 3, fracción XII y artículos 66 y siguientes de la LFTR con el objeto de permitir y promover la competencia efectiva en la materia? Entendiendo que la actual legislación no prohíbe la coexistencia de otro tipo de concesiones y que el artículo 60 de la LFTR, referido a los criterios que debe asegurar el Plan Anual de Uso y Aprovechamiento de Banda de Frecuencia, ordena en su fracción II “Propiciar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, el beneficio del público usuario, el desarrollo de la competencia y la diversidad e introducción de nuevos servicios de telecomunicaciones y radiodifusión...” es posible afirmar que sí, es posible y justifica, en el hecho, la modificación legal propuesta, ya que bajo el amparo del “uso eficiente del espectro radioeléctrico” resulta legalmente posible establecer un mecanismo de concesión flexible, en cuanto a los requisitos de procedencia (formularios de postulación) y período de extensión de la concesión, diversos a los actualmente vigente para las radios sociales, comunitarias e indígenas, que rompa con la actual sinergia de desincentivos en el acceso y en la sostenibilidad de los proyectos en la materia.

Para estos efectos, se propone considerar tres modificaciones al tipo de concesiones únicas contemplados en la fracción IV de artículo 67 de la LFTR, modelos que se ajustan a la realidad que viven las radios comunitarias e indígenas en pro de satisfacer las necesidades que estos agentes presentan al momento de solicitar la concesión como de mantener los proyectos de radiodifusión vigentes:

a. Concesión simple: “Prevista para comunidades o pueblos indígenas que pretendan acceder a la concesión para una radio de baja potencia (de 20 a 300 watts), en una localidad específica en la que no existen estaciones de uso comercial operando o en la que, existiendo, no compiten dentro del mismo mercado.”

Se sugiere que el Instituto Federal de Telecomunicaciones solicite, previo inicio de operaciones, una autorización con un formato sencillo que podrá ser llenado electrónicamente o enviado por correo. La autorización estará sujeta a la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en dicho anexo y que corresponden, en lo esencial, a la descripción e indicación de: la comunidad o comunidades solicitantes; sus coordenadas de localidad geográfica; la frecuencia que desea ocupar; la potencia de transmisión; signo distintivo; el tipo de radio que se trata (comunitaria o indígena); datos de contacto de una persona o grupo encargada del trámite de concesión; y adjuntar una propuesta de comunicación (barra programática).

Para asegurar el cumplimiento del objeto de la modificación planteada, se sugiere que este tipo de concesiones esté continuamente sujeta a verificación en cuanto a la transmisión de sus contenidos y que cuente con un mecanismo efectivo de recepción de quejas de audiencia.

Se deja constancia que “este tipo de concesiones han sido instauradas de manera muy exitosa en Canadá.”

b.- Concesión que permita el uso de espectro compartido: en este caso se propone “asignar un segmento espectral para radios indígenas que se regule como bien común. Este segmento espectral podrá ser asignado a una asociación civil con respaldo de las comunidades indígenas o directamente a una comunidad o pueblo indígena que lo solicite y que lo administre.”

Se plantea que esta concesión debería estar sujeta a los siguientes requisitos:

• “Los requisitos generales para acceso a la concesión única de uso social (comunitario o indígena, según sea el caso) y para el acceso de la concesión de espectro previstos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

• Identificar el segmento espectral al que quiere tener acceso, de acuerdo con el Programa Anual de Bandas de Frecuencia del año en curso.

• Comprobar, mediante un documento adecuado y de manera fehaciente, que cuenta con el respaldo de las comunidades o pueblos indígenas.

• Comprobar que tiene la capacidad administrativa para la operación y asignación del segmento.

• Es necesario que los interesados establezcan un mecanismo de gobernanza del segmento espectral. Para esto, el grupo interesado presentará al Instituto las reglas mínimas con las que operará el segmento espectral. Estas tienen que incluir, como mínimo, las reglas de entrada que se establecerán para los interesados en el segmento, las reglas de operación de este y los mecanismos que se emplearan en caso de existir controversia entre los interesados.”

Se propone que estos requisitos sean validados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

c.- Concesión experimental para uso social: con el objeto de evitar el otorgamiento de concesiones por períodos de tiempo extensos a proyectos que, en la práctica, no logran perpetuarse, se propone que se pueda solicitar, cumplimentando de manera sencilla un formulario de postulación en el que se indiquen: la comunidad o comunidades solicitantes; sus coordenadas de localidad geográfica; la frecuencia que desea ocupar; la potencia de transmisión; signo distintivo; el tipo de radio que se trata (comunitaria o indígena); datos de contacto de una persona o grupo encargada del trámite de concesión; período deseado de experimentación; y adjuntar una propuesta de comunicación -barra programática- una concesión de experimentación, la que ha de presuponer un proyecto radiofónico ya diseñado. De esta suerte, la licencia sólo deberá ser autorizada para la operación misma del proyecto. Se propone que el tiempo de experimentación de la concesión, sea por el transcurso de dos años. Transcurrido dicho plazo, los grupos interesados en el proyecto deberán optar por: 1) pedir la concesión formal establecida en la LFTR o 2) dejar de operar el proyecto radiofónico por resultar éste inviable en la praxis.

2. Fortalecer el sistema de monitoreo por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con el objeto de que el uso del espectro radioeléctrico sea eficiente y se realice de acuerdo con lo mandatado por la LFTR. Una de las conclusiones a las que arriba el documento de la UNESCO es que “la revisión meramente formal o documental de los requisitos para acceder a concesiones de tipo comunitarias e indígenas permite la entrada de agentes que no cuentan con las características de este tipo de radios. Por otro lado, estos requisitos desincentivan o complican la entrada de agentes que sí son de naturaleza comunitaria o indígena, pero que no tienen suficiente capacidad administrativa para hacerlas valer ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones.”

De allí que la presente iniciativa proponga fortalecer el sistema de monitoreo de contenidos, una vez otorgada la concesión, de conformidad a lo prescrito en el artículo 15, fracción XXVII de la LFTR, en cuanto ésta obliga al Instituto Federal de Telecomunicaciones a “Vigilar el cumplimiento a lo dispuesto en los títulos de concesión otorgados en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y ejercer facultades de supervisión y verificación, a fin de garantizar que la prestación de los servicios se realice con apego a esta Ley y a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, a los títulos de concesión y a las resoluciones expedidas por el propio Instituto;”.

Así, se propone que se modifique el artículo 298, inciso B), fracción III, para que contemple “un régimen sancionatorio específico para las concesiones de uso social indígena en el que, en un primer momento, exista un acompañamiento a las estaciones que no están actuando de mala fe y, en un segundo momento, una sanción que se adecue a sus posibilidades reales de pago, dándole mayor discrecionalidad al regulador para evaluar caso por caso.”

3. Propiciar la sostenibilidad de las radios comunitarias e indígenas. De las dinámicas desarrolladas en el taller efectuado por la UNESCO fue posible concluir que los principales problemas para la sostenibilidad de las radios comunitarias e indígenas, que se materializa en la falta de recursos económicos y técnicos, se presentan a raíz del acceso al 1% de la publicidad oficial y al hecho que no puedan vender publicidad.

Al efectuar un análisis costo-beneficio y costo-oportunidad, es posible concluir que la reducción de los obstáculos al acceso al 1% de la publicidad oficial y el hecho de permitir la venta de publicidad en las radios comunitarias e indígenas, bajo ciertas y determinadas condiciones, es una solución sustancialmente más barata y efectiva para propiciar la sostenibilidad de las radios comunitarias e indígenas, en comparación con otras posibles alternativas que pudieran depender de la voluntad política o de la existencia de fondos gubernamentales.

Respecto a la venta de publicidad oficial como una fuente de recursos para las radios comunitarias e indígenas, los problemas de operatividad de la norma contenida en la fracción III del artículo 89 de la LFTR puede ser abordada a través de una política pública por parte de la Presidencia de la República, no obstante lo cual, se propone modificar la fracción III, inciso B, del artículo 237 de la LFTR, referido a la regulación del tiempo de transmisión por hora de publicidad oficial, con el fin que el límite de catorce por ciento sea considerado respecto a cada hora de transmisión y no al tiempo total de transmisión por cada canal de programación.

En relación con la venta de publicidad comercial “es fundamental posibilitar a las radios comunitarias e indígenas la generación de recursos propios para la sustentabilidad y autosuficiencia económica”, de esta forma podrán ser “valorada en su comunidad como un agente fortalecedor de las economías locales.”

La experiencia internacional, principalmente representada por las radios comunitarias e indígenas canadienses, pueden ser consideradas como un exitoso ejemplo en la materia. Desde 1990, la legislación de ese país permite la venta de este tipo de publicidad, con la restricción de tiempo equivalente a “4 minutos de anuncios por cada hora de transmisión (es decir, poco menos de 7% del tiempo transmitido) y no más de 6 minutos en ninguna hora. En junio de 2001, se removieron las restricciones de tiempo de transmisión de publicidad, de tal forma que las radiodifusoras indígenas pueden transmitir toda la publicidad que consideren pertinente y necesaria. Esta decisión se justificó en permitir a este tipo de radios competir en igualdad de condiciones que las radios con otro tipo de concesión y en que, en los hechos, algunas de las estaciones han decidido no emitir publicidad o no logran vender la suficiente para exceder el límite permitido (Public Notice CRTC 2001-70).”

De esta forma, se propone modificar la fracción III del artículo 89 de la LFTR, con el objeto de permitir la venta limitada de publicidad en radios comunitarias e indígenas “siempre y cuando ésta sea pertinente al contexto de la radio y potencie el desarrollo de la economía local. La venta de espacios publicitarios, además de posibilitar el mantenimiento de un proyecto radiofónico o comunitario, también genera que la radio comunitaria o indígena sea valorada en la comunidad al ser un agente fortalecedor de las economías locales.”

Del mismo modo, se plantea adicionar un inciso a la fracción III del artículo 237 de la LFTR, con el fin de establecer los límites permitidos de publicidad comercial. “En este sentido, se propone considerar el parámetro establecido en la legislación canadiense antes de 2001 y se permita la venta de hasta 10% del tiempo total de transmisión (aproximadamente 6 minutos por hora de transmisión), sin que el tiempo de transmisión pueda exceder los 8 minutos por hora. Este límite permitirá la autosuficiencia económica de las radios, sin caer en la mercantilización.”

Finalmente, a través del siguiente cuadro comparativo se hace constar en qué consiste la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión:

En razón a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo prescrito en el párrafo primero, del artículo 71, fracción II y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Artículo Único. Se adiciona un cuarto párrafo a la fracción IV, del artículo 67; un segundo párrafo a la fracción III, del inciso B), del artículo298. Se reforma el artículo 66; fracción III, del artículo 89; inciso b), de la fracción III, del artículo 237, todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 66. Se requerirá concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión , a excepción de los servicios de uso social comunitaria e indígena que podrán acceder a este tipo de concesión bajo modalidades especiales en atención a la naturaleza de sus servicios y a la condición de sus operadores.

Artículo 67....

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

...

...

Las concesiones para uso social comunitaria e indígena se podrán adquirir bajo una modalidad simple, tratándose de radios de baja potencia (de 20 a 300 watts), que corresponda a una localidad específica en la que no existan estaciones de uso comercial operando o, existiendo, no compitan dentro del mismo mercado; o de uso compartido del espectro, tratándose de asociaciones civiles con respaldo de comunidades indígenas o directamente de dos o más comunidades indígenas; o bien de uso experimental, en cuyo caso la concesión será otorgada hasta por dos años, transcurridos los cuales él o los operadores podrán solicitar la concesión tradicional establecida en los párrafos anteriores.

Artículo 89....

I. ...

II. ...

III. Venta de productos, contenidos propios previamente transmitidos de conformidad con su fin y objeto o servicios, acordes con su capacidad tanto legal como operativa, comprendida la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad siempre y cuando ésta sea pertinente al contexto social de la radioemisora y que fomente la economía local de la comunidad, incluida la publicidad contenida en la fracción VII del presente artículo;

IV. al VII. ...

...

...

...

Artículo 237....

I. ...

a) ...

b) ...

...

II. ...

a) ...

b) ...

III. ...

a) ...

b) En estaciones de radio, destinado a venta de publicidad para los entes públicos federales y, en su caso, los de las Entidades Federativas y Municipios, no excederá catorce por ciento por cada hora de transmisión por cada canal de programación. Tratándose de venta de publicidad comercial, no excederá de diez por ciento del tiempo total de transmisión por cada canal de programación y en ningún caso más de 13% por cada hora de transmisión (8 minutos por hora).

...

Artículo 298....

A) ...

I. ...

II. ...

III. ...

...

...

B) Con multa por el equivalente de 1% hasta 3% de los ingresos del concesionario o autorizado por:

I. ...

II. ...

III. ...

Tratándose de concesiones de uso social comunitarias o indígenas, en tanto se trate de un primer incumplimiento y no haya sido efectuado de mala fe, el Instituto podrá aplicar una multa inferior al 1% o una sanción de carácter no pecuniario, y procurará arbitrar las medidas de acompañamiento necesarias para corregir la causal de éste.

I. ...

A) ...

I. a VI. ...

D) ...

I. a VII. ...

E) ...

I. y II. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Diario Oficial de la Federación, 12/07/2019, disponible en

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fech a=12/07/2019

2 Presentación del Año Internacional de las Lenguas Indígenas 2019, 25/01/2019, disponible en

https://es.unesco.org/news/presentacion-del-ano-internacional-l enguas-indigenas-2019

3 Documento elaborado a partir de las conclusiones arribas en el taller “Radios comunitarias e indígenas en México: Acceso a frecuencias de radio y medios de sostenibilidad” llevado por la UNESCO México, el día 24 de mayo de 2019, disponible en

https://www.flickr.com/photos/142810306@N07/albums/721577088387 72002

4 Información disponible en

https://crtc.gc.ca/eng/archive/1990/pb90-89.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2020.— Diputadas y diputados: Sandra Simey Olvera Bautista, Emmanuel Reyes Carmona, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, María Marivel Solís Barrera, Maximino Alejandro Candelaria, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Ulises García Soto (rúbricas).»