ASISTENCIA

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Señora presidenta, se tienen registrados 460 diputados y diputadas, por lo tanto, hay quórum.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (a las 11: 54 horas): Se abre la sesión semipresencial del jueves 10 de diciembre de 2020.

Proceda la Secretaría a dar lectura a las medidas de prevención.

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Medidas de prevención en caso de emergencia. Identificar las salidas y acceso a las rutas de evacuación. Seguir las indicaciones del personal brigadista, quienes señalarán las zonas de menor riesgo y puntos de reunión externos.

Como medidas de control y prevención ante el contagio de covid-19, se recomienda utilizar cubrebocas, mantener la sana distancia, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, utilizar los contenedores de base de alcohol en gel. Evitar tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. No saludar de mano o beso en cara.

ORDEN DEL DÍA

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: En votación económica se consulta si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

Orden del día

Jueves 10 de diciembre de 2020.

Acta de la sesión anterior

Comunicaciones oficiales

Del Gobierno del Estado de Campeche

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para establecer un convenio entre la SHCP y el ISSSTE, y regularizar el pago de las cuotas y aportaciones pendientes.

Del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Remite oficio por el que comunica la página electrónica en la que se encuentran las fichas iniciales de monitoreo y evaluación 2019-2020, así como la posición institucional de diversos programas presupuestarios.

Propuesta de acuerdo de los órganos de gobierno

Efeméride

Con motivo del “Día de los Derechos Humanos”, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Minuta

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que se devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

Declaratoria de publicidad de dictámenes

De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia, y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal.

De la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular.

Iniciativas

Que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por la diputada Sarai Núñez Cerón y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, a cargo de la diputada María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de la Comisión de la Verdad sobre la Atención a la Pandemia de Covid-19, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 45 Bis a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Janet Melanie Murillo Chávez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 20 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 72 y 103 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por la diputada Mónica Bautista Rodríguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 419 Ter al Código Penal Federal, suscrita por la diputada Mónica Bautista Rodríguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Adolfo Torres Ramírez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De decreto por el que se declara el 16 de noviembre de cada año como Día Nacional de los Dulces Típicos Mexicanos, suscrita por el diputado Adolfo Torres Ramírez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para garantizar la vacunación gratuita a toda la población contra el virus SARS-CoV2, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de la diputada Yolanda Guerrero Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Fernando Torres Graciano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo del diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Trabajo.

Que reforma y adiciona el artículo 14 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley General del Espacio Público, Paisaje, Imagen y Publicidad Exterior, a cargo de la diputada Yolanda Guerrero Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 18 de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Huerta Hernández, del Grupo Parlamentario del Trabajo.

Que reforma los artículos 55 y 58 de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo relativo a atender la problemática de la comunidad indígena de Ayotitlán ubicada en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, suscrito por las diputadas Laura Imelda Pérez Segura e Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Lotería Nacional, a emitir un billete conmemorativo referente al personal médico nacional, donde los ingresos derivados del sorteo sean destinados para el otorgamiento de estímulos al personal médico, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sader, a transparentar las acciones emprendidas a fin de solventar las irregularidades identificadas en la adquisición y distribución de apoyos del programa Crédito Ganadero a la Palabra, debido a que se han denunciado presuntos desvíos de recursos públicos, compras simuladas y entrega de ganado que no cumple con las reglas de operación, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al CFE, a hacer público un informe detallado sobre el estado actual que guarda la Central Eléctrica “Plutarco Elías Calles” de Petacalco, Guerrero, a cargo del diputado Jacobo David Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a la SCT y al Gobierno de Michoacán de Ocampo, para considerar un puerto seco en la ciudad de Lázaro Cárdenas, a cargo del diputado Agustín García Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a garantizar y transparentar el mecanismo de entrega a los apoyos establecidos para atender los daños por inundaciones en Tabasco, del extinto fideicomiso, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IMSS, a suspender las retenciones en exceso a lo permitido por la ley, en la nómina del personal de confianza y jubilados del Instituto y a explorar la solución financiera integral a través del Banco de Bienestar, en su carácter de Banca Social, a cargo de la diputada Yolanda Guerrero Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Salud y al Conacyt, a aumentar la inversión en investigación y el desarrollo de actividades relacionadas con temas epidemiológicos, derivado del consenso internacional sobre la aparición de nuevas pandemias en el futuro cercano y la necesidad de evitar su propagación en nuestras localidades ante los catastróficos efectos que ha demostrado la pandemia del Covid-19, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se solicita una auditoria a la Secretaría de Salud de San Luis Potosí y se exhorta al Gobierno de la entidad, a investigar los motivos y causas que ocasionan la falta de pago del salario a los trabajadores de salud y los presuntos actos irregulares y desvío de recursos públicos en la contratación de servicios de salud, a cargo del diputado José Ricardo Delsol Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio Postal Mexicano, a emitir un timbre postal conmemorativo del personal médico nacional, donde los ingresos derivados de su venta sean destinados para el otorgamiento de estímulos al personal médico, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a incluir en sus planes de estudio, educación con perspectiva de género para atender la problemática presentada por la violencia de género, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a desplegar espacios de reflexión y concienciación en torno a la contingencia sanitaria dirigida a propiciar la participación de niños, niñas y adolescentes en el marco de la educación a distancia, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sader, a implementar reglas de operación de proyectos productivos dirigido capacitar y financiar a los pescadores, con la finalidad de mejorar la calidad en las técnicas de pesca artesanal, mantener el equilibrio ecológico e incrementar sus inversiones y de esa manera ayudar a combatir la necesidad económica extrema en que se encuentran por la pandemia, a cargo del diputado Ricardo García Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Efemérides

Con motivo del 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos, a cargo del Grupo Parlamentario de Morena.

Con motivo del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Consulte la Secretaría a la asamblea, con fundamento en el artículo 96 del Reglamento, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: En votación económica, se consulta si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión semipresencial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles nueve de diciembre de dos mil veinte, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la sexagésima cuarta legislatura.

Presidencia de la diputada Dulce María Sauri Riancho

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos sesenta y nueve diputadas y diputados, a las once horas con cuarenta y cuatro minutos del miércoles nueve de diciembre de dos mil veinte, la Presidencia declara abierta la sesión.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a las medidas de prevención en caso de contingencia.

La Presidencia informa a la Asamblea que el Orden del Día de la presente sesión, se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de las curules, mismo que contiene los asuntos a tratar el día de hoy.

La Presidencia, de conformidad a lo establecido en el artículo noventa y seis del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye a la Secretaría consultar a la Asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica, se dispensa su lectura y no habiendo oradores registrados, de la misma manera, se aprueba.

Desde su curul, intervienen la diputada y el diputado: María Roselia Jiménez Pérez, para manifestar lo siguiente: “Con fecha dos de diciembre se entregó a la Junta de Coordinación Política, documento con proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, aprobada por la Comisión de Pueblos Indígenas, para exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a efecto de promover medidas administrativas tendientes a eliminar y desterrar la discriminación y el racismo que se padece en los aeropuertos; yo, pido por favor que se tome en cuenta y que se pase al Pleno, porque es una situación nacional no solamente lo que yo viví en el aeropuerto, sino que se debe tratar este tema porque mucha gente se queda llorando, es lo que yo estoy pidiendo por favor que se toque este tema en el pleno; ya salió en Gaceta, el día de ayer”; y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo, para informar que, el día de ayer martes ocho de diciembre, se cumplieron treinta años del Partido del Trabajo, así como para referir que también, se cumplieron cuarenta años del asesinato John Lennon, por lo que solicita que ambas cosas queden asentadas en el acta de la presente sesión. La Presidencia precisa que, toda vez que ha concluido el momento procesal, no es posible, sin embargo, quedará asentado en la versión estenográfica y en el Diario de los Debates del día de hoy.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, por la que informa que se realizó modificación de turno a la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, que devuelve la honorable Cámara de Senadores, para los efectos de la fracción E, del artículo setenta y dos constitucional, el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. De conformidad con lo que establecen los artículos setenta y tres, y setenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno de la iniciativa para quedar como sigue: se turna a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, y de Justicia, para dictamen. Actualícense los registros parlamentarios.

Desde su curul, interviene el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, de Movimiento Ciudadano, para solicitar a la Presidencia, se precise a que minuta se le modificó el turno. La Presidencia instruye a la Secretaría, dar lectura a la minuta, así como a la modificación de turno correspondiente.

b) De las diputadas y los diputados: Alejandro Carbajal Hidalgo, Arturo Escobar y Vega, Geraldina Herrera Vega, Jorge Arturo Argüelles Victorero, Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez y Reyna Celeste Ascencio Ortega, por la que solicitan el retiro de iniciativas con proyecto de decreto y de proposiciones con punto de acuerdo, las cuales se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) Del Gobierno de la Ciudad de México, por la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres niveles de gobierno, así como los organismos autónomos federales y estatales, para que promuevan e implanten mobiliario urbano para el estacionamiento de bicicletas en los edificios públicos, que ocupen. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y al Gobierno de la Ciudad de México, para asegurar el cumplimiento, en la práctica de las normas nacionales e internacionales, el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Se turna a la Comisión de Pueblos Indígenas, para su conocimiento.

d) De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:

• Por la que remite la recomendación cuarenta y tres, sobre “Violación al Acceso a la Justicia e Insuficiencia en la Aplicación de Políticas Públicas en la Prevención, Atención, Sanción y Reparación Integral del Daño a Personas Víctimas Directas e Indirectas de Feminicidios y Otras Violencias”. Se turna a las Comisiones de Igualdad de Género, de Derechos de la Niñez y Adolescencia, de Derechos Humanos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y atención.

• Por la que remite la recomendación cincuenta y siete sobre “El caso de las violaciones a los Derechos Humanos al saneamiento del agua y a un medio ambiente sano, en relación con la contaminación del Río Atoyac y sus tributarios, por la inadecuada gestión de los residuos sólidos urbanos y por descargas de aguas residuales municipales no controladas, en agravio de los habitantes de diversos municipios del estado de Oaxaca”. Se turna a las Comisiones de Federalismo y Desarrollo Municipal, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento y atención.

e) Del Congreso del estado de Baja California, por la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo treinta y seis bis de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

f) Del Congreso del estado de Veracruz, por la que remite iniciativas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforma el artículo treinta de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

• Por el que se reforma el artículo cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Por el que se reforma el artículo diecinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión Puntos Constitucionales, para dictamen.

La Secretaría informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en los monitores de las curules, el dictamen con proyecto de decreto:

• De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

En términos del artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con el requisito de declaratoria de publicidad, por consiguiente, la Presidencia instruye a la Secretaría consultar a la Asamblea si se autoriza que el dictamen antes referido se someta a discusión y votación de inmediato. En votación económica, se autoriza.

En consecuencia, el siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

La Presidencia, en términos del artículo trece, numeral uno, inciso b) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, concede el uso de la palabra, para fundamentar el dictamen, en nombre de la Comisión, a la diputada Patricia Terrazas Baca.

Se concede el uso de la palabra, para presentar moción suspensiva, al diputado:

• Jorge Casarrubias Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática, misma que, en votación económica, no se toma en consideración y se desecha.

Para fijar la postura de sus respectivos grupos parlamentarios y, de conformidad a lo que establece el artículo trece, numeral uno, inciso c) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, intervienen las diputadas y los diputados: Zulma Espinoza Mata, del Partido Verde Ecologista de México; Antonio Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, de Encuentro Social; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, de Movimiento Ciudadano; Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo; Pedro Pablo Treviño Villarreal, del Partido Revolucionario Institucional; José Rigoberto Mares Aguilar, del Partido Acción Nacional; y Pablo Gómez Álvarez, de Morena.

La Presidencia informa a la Asamblea que, con la intervención del diputado Pablo Gómez Álvarez, ha terminado el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión.

Se somete a discusión en lo general y de conformidad con lo dispuesto en el artículo trece, numeral uno, inciso d) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, para tal efecto, la Presidencia enfatiza de conformidad con el precitado numeral lo siguiente: “Solo se admitirán, concluida la primera ronda inicial de seis oradoras y oradores en contra y seis a favor, solo se admitirán hasta dos rondas de tres oradores en contra y a favor, si es que la asamblea considera que el asunto aún no se encuentra suficientemente discutido. Hago esta puntualización porque hay un número importante de diputadas y de diputados que desean hacer uso de la palabra, y esta Mesa tiene la responsabilidad, de concluido el primer tramo de seis en contra y seis a favor, hacer la consulta a la asamblea. Tiene la palabra, el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen”

En consecuencia, intervienen las diputadas y los diputados para hablar: en contra José Guadalupe Aguilera Rojas, del Partido de la Revolución Democrática; en pro Carol Antonio Altamirano, de Morena; en contra Jorge Arturo Espadas Galván, del Partido Acción Nacional; en pro Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional; en contra Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática; en pro José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo; Zaira Ochoa Valdivia, de Morena; Norma Adela Guel Saldívar, del Partido Revolucionario Institucional; Mary Carmen Bernal Martínez, del Partido del Trabajo. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general.

Desde su curul y para rectificación de hechos, intervienen las diputadas y los diputados: Rubén Cayetano García, Alejandro Carvajal Hidalgo y Marco Antonio Andrade Zavala, todos de Morena; María Guadalupe Almaguer Pardo, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Javier Lamarque Cano, de manera telemática, a través de la plataforma digital Zoom, Oscar Rafael Novella Macías, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, todos de Morena.

La Presidencia informa a la Asamblea que de conformidad con lo dispuesto en el artículo trece, numeral uno, inciso e) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, se han reservado para su discusión en lo particular: de la Ley del Seguro Social, los artículos artículos ciento treinta y nueve, ciento cuarenta y uno, ciento cincuenta y cuatro, ciento cincuenta y siete, ciento cincuenta y ocho; ciento cincuenta y nueve, ciento sesenta y dos, ciento sesenta y cuatro, ciento sesenta y cinco, ciento sesenta y ocho, ciento setenta; ciento noventa, y ciento noventa y dos; de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, el artículo treinta y siete; y los artículossegundo, tercero, cuarto y séptimo transitorios del proyecto de decreto.

En consecuencia, la Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo dieciocho, numeral uno, inciso b) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, y ciento cuarenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye a la Secretaría abrir la plataforma digital para el registro de votación hasta por cinco minutos para que las diputadas y diputados presentes en el Salón de Sesiones y los que concurran de manera telemática, a través de la plataforma digital Zoom, procedan a la votación, en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados.

La Presidencia informa a la Asamblea que, debido a problemas técnicos durante la votación, ampliará el plazo más para concluir la misma.

De manera telemática, a través de la plataforma digital Zoom, intervienen los diputados: Éctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional, y José Francisco Esquitin Alonso, de Encuentro Social, para solicitar que se registre el sentido de su voto a favor del presente dictamen. La Presidencia informa que se computará el voto manifestado por los legisladores.

En votación nominal, por cuatrocientos cuarenta y un votos a favor, trece en contra, y seis abstenciones, se aprueban, en lo general y en lo particular, los artículos no reservados.

Se someten a discusión en lo particular los artículos reservados, y se concede el uso de la palabra, para presentar propuestas de modificación al artículo primero del decreto, Ley del Seguro Social, a las diputadas y a los diputados:

• José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, al artículo ciento treinta y nueve del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; quien, durante el uso de la palabra, solicita a la Presidencia que su propuesta de modificación, sea retirada.

Desde su curul, interviene el diputado Rubén Cayetano García, de Morena, para solicitar a la Presidencia se precise el resultado de la votación, toda vez que él registró dos votos menos. La Presidencia hace aclaraciones.

• Mirna Zabeida Maldonado Tapia, en nombre propio y de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, ambas de Morena, al artículo ciento cincuenta y uno del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, se desecha y se reserva el artículo para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Lidia García Anaya, de Morena, al artículo ciento cincuenta y cuatro del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, se desecha y se reserva el artículo para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Alfredo Villegas Arreola, del Partido Revolucionario Institucional, de manera telemática, a través de la plataforma digital Zoom, a los artículos ciento cincuenta y cuatro, y ciento sesenta y dos del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, mismas que, en votación económica, no se admiten a discusión, se desechan y se reservan los artículos para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• María Guadalupe Almaguer Pardo, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos ciento cincuenta y cuatro, y ciento sesenta y dos del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, mismas que, en votación económica, no se admiten a discusión, se desechan y se reservan los artículos para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Hildelisa González Morales, en nombre propio y del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo, al artículo ciento cincuenta y siete del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, se desecha y se reserva el artículo para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• José Mario Osuna Medina, en nombre propio y del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo, al artículo ciento cincuenta y ocho del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, se desecha y se reserva el artículo para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Ana Karina Rojo Pimentel, en nombre propio y del diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo, al artículo ciento cincuenta y nueve del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, quien, durante el uso de la palabra, solicita a la Presidencia que su propuesta de modificación sea retirada.

• José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, a los artículos ciento sesenta y cuatro, ciento sesenta y cinco, ciento noventa, y ciento noventa y tres del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, quien, durante el uso de la palabra, solicita a la Presidencia que sus propuestas de modificación sean retiradas.

• Mary Carmen Bernal Martínez, del Partido del Trabajo, a los artículos ciento sesenta y cinco, ciento sesenta y ocho, y ciento setenta, del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, mismas que, en votación económica, no se admiten a discusión, se desechan y se reservan los artículos para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• María Guadalupe Almaguer Pardo, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo ciento sesenta y ocho del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, se desecha y se reserva el artículo para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos ciento sesenta y ocho, y ciento setenta del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, mismas que, en votación económica, no se admiten a discusión, se desechan y se reservan los artículos para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Carlos Pavón Campos, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo ciento setenta del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, se desecha y se reserva el artículo para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Margarita García García, del Partido del Trabajo, al artículo ciento noventa y dos del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, quien, durante el uso de la palabra, solicita a la Presidencia que su propuesta de modificación, sea retirada.

• Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo ciento setenta del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, se desecha y se reserva el artículo para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Soraya Pérez Munguía, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo ciento sesenta y ocho del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, se desecha y se reserva el artículo para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Jorge Casarrubias Vázquez, del Partido de la Revolución Democrática, por la que se propone la adición de un artículo, del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, se desecha y se reserva el artículo para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

La Presidencia hace del conocimiento a la Asamblea que se continúa con la presentación de reservas relativas al Artículo Segundo del decreto correspondiente a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

• Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo treinta y siete del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Desde su curul, intervienen los diputados: Enrique Ochoa Reza, del Partido Revolucionario Institucional, para responder alusiones personales; José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, y Rubén Cayetano García, de Morena, para realizar moción de procedimiento. La Presidencia hace aclaraciones.

En votación económica, no se admite a discusión, se desecha y se reserva el artículo para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Soraya Pérez Munguía, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo treinta y siete del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, se desecha y se reserva el artículo para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Desde su curul, interviene el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, para realizar moción de procedimiento. La Presidencia hace aclaraciones.

• Antonio Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo treinta y siete del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Desde su curul y para responder alusiones personales, interviene el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo.

En votación económica, no se admite a discusión, se desecha y se reserva el artículo para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Fernando Torres Graciano, en nombre propio y de la diputada Patricia Terrazas Baca, ambos del Partido Acción Nacional, al artículo treinta y siete del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, se desecha y se reserva el artículo para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• José Guadalupe Aguilera Rojas, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo treinta y siete del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, se desecha y se reserva el artículo para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Edelmiro Santiago Santos Díaz, de Morena, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como la propuesta de adición de un artículo transitorio, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, se desecha y se reserva el artículo para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

La Presidencia hace del conocimiento a la Asamblea que se continúa con la presentación de reservas relativas a los artículos transitorios del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

• Mary Carmen Bernal Martínez, del Partido del Trabajo, a los artículos segundo, tercero y cuarto transitorios del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, mismas que, en votación económica, no se admiten a discusión, se desechan y se reservan los artículos para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos segundo, tercero y cuarto transitorios del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, mismas que, en votación económica, no se admiten a discusión, se desechan y se reservan los artículos para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Edelmiro Santiago Santos Díaz, de Morena, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, se desecha y se reserva el artículo para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Lidia García Anaya, de Morena, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, se desecha y se reserva el artículo para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Soraya Pérez Munguía, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, se desecha y se reserva el artículo para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• José Guadalupe Aguilera Rojas, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo séptimo transitorio al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, se desecha y se reserva el artículo para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

• Carlos Pavón Campos, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, misma que, en votación económica, no se admite a discusión, se desecha y se reserva el artículo para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Desde su curul, interviene el diputado Rubén Cayetano García, de Morena, para solicitar a la Presidencia, guardar un minuto de silencio, en memoria de Gregorio Ruano Alcaráz, maestro egresado de la Escuela Rural de Ayotzinapa, y quien fuera su suplente como diputado federal. La Presidencia obsequia su solicitud e invita a la Asamblea ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en su memoria.

La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo dieciocho, numeral uno, inciso b) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, y ciento cuarenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye a la Secretaría abrir la plataforma digital para el registro de votación hasta por cinco minutos, para que las diputadas y diputados presentes en el Salón de Sesiones y los que concurran de manera telemática, a través de la plataforma digital Zoom, procedan a la votación de la Ley del Seguro Social, los artículos ciento treinta y nueve, ciento cuarenta y uno, ciento cincuenta y cuatro, ciento cincuenta y siete, ciento cincuenta y ocho, ciento cincuenta y nueve, ciento sesenta y dos, ciento sesenta y cuatro, ciento sesenta y cinco, ciento sesenta y ocho, ciento setenta, ciento noventa, y ciento noventa y dos, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro el artículo treinta y siete, y los artículos segundo, tercero, cuarto y séptimo transitorios, en términos del dictamen.

Desde su curul, interviene la diputada Martha Estela Romo Cuéllar, del Partido Acción Nacional, para solicitar el registro de su voto en contra del presente dictamen. La Presidencia informa que se computará el voto manifestado por la legisladora.

En votación nominal, por trescientos treinta y cinco votos a favor, ciento veintitrés en contra, y tres abstenciones, se aprueba, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social, y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

La Presidencia informa a la Asamblea que, de conformidad con el artículo once, numeral dos, del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, no se admitirán intervenciones al final de la sesión desde curul de asuntos no registrados en el Orden del Día, con la finalidad de no extender la duración de la sesión más allá de lo necesario y reducir el riesgo de posibles contagios.

La Presidencia informa a la Asamblea que en términos de los artículos cien y ciento dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo, contenidas en el Orden del Día, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

La Presidencia levanta la sesión a las diecisiete horas con once minutos y cita para la próxima que tendrá lugar, el día de mañana jueves diez de diciembre de dos mil veinte, a las once horas, en modalidad semipresencial, informando que el registro de asistencia se realizará a partir de las ocho horas, por medio de la aplicación instalada en los teléfonos móviles de las diputadas y los diputados.»

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta.

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba el acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobada el acta.

COMUNICACIONES OFICIALES

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continúe la Secretaría.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: «Gobierno de Campeche

Diputada Julieta Macías Rábago, secretaria de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.– Presente.

En relación a su atento oficio D.G.P.L. 64-II-1-2171, mediante el cual nos hace el exhorto para establecer un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a efecto de reconocer adeudos y regularizar el pago de las cuotas y aportaciones pendientes de cubrir por parte de esta entidad federativa tanto de ejercicios anteriores como del ejercicio fiscal 2019, por este medio me permito señalar que el Poder Ejecutivo del estado de Campeche se encuentra registrado ante el ISSSTE con el número de ramo - 04951 y número de pagaduría - 04002; en lo referente a los puntos 2 y 4 plasmados en la proposición con punto de acuerdo emitido por la Comisión de Seguridad Social de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con número de expediente 4402, en el cual señala que los gobiernos de los estados deberán pagar sus cuotas en tiempo y que el adeudo más alto al ISSSTE proviene de las cuotas individuales de retiro cesantía y vejez, le informo que el Ejecutivo del estado de Campeche no presenta el adeudo en el rubro de retiro citado, en razón que el convenio suscrito con dicha institución no lo contempla y solamente son cubiertos los seguros de enfermedades no profesionales, de maternidad, de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales a los trabajadores de la educación del Estado, cuya situación guardada a la presente fecha es sin adeudo alguno.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

San Francisco de Campeche, Campeche, a 23 de octubre de 2020.– Ingeniero Gustavo Manuel Ortiz González (rúbrica), secretario de Administración e Innovación Gubernamental.»

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se turna a la Comisión de Seguridad Social para su conocimiento.

–––––––– o ––––––––

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez:«Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En cumplimiento a los dispuesto en el numeral 35 del Programa Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios y Políticas Públicas de la Administración Federal para el Ejercicio Fiscal 2020, así como el cronograma de ejecución, me permito adjuntar las fichas iniciales de monitoreo y evaluación 2019-2020, así como la posición institucional de los siguientes programas presupuestarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

E- 003 Investigación científica, desarrollo e innovación

S-190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad

S-191 Sistema Nacional de Investigadores

S-192 Fortalecimiento Sectorial de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación

S-278 Fomento Regional a las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación

Los citados documentos están disponibles en la siguiente liga:

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/ evaluacion-de-programas-conacyt

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2020.– Maestro Carlo Andrés Altamirano Allende (rúbrica), director.»

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Ciencia, Tecnología e Innovación, para su conocimiento.

EFEMÉRIDES

DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del Día de los Derechos Humanos a cargo de los grupos parlamentarios. Se concederá el uso de la palabra a las y los oradores inscritos, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra la diputada Zulma Espinoza Mata, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Zulma Espinoza Mata:“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad”. Nelson Mandela.

Con la venia de la presidencia. La importancia de los derechos humanos reside en su finalidad, proteger la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad, la integridad física y, entre otros, la propiedad de cada persona.

Indudablemente, uno de los más grandes avances de la humanidad ha sido el reconocimiento de los derechos humanos, su inclusión tanto en declaraciones y pactos internacionales, así como en nuestra legislación, desde nuestra Carta Magna hasta los marcos normativos que buscan garantizar el ejercicio pleno de estos.

No obstante, hoy seguimos siendo testimonio de un sinfín de muestras que evidencian que, a pesar de contar con una regulación progresista en esta materia, aún observamos la violación constante de ellos. Los derechos humanos son elementos esenciales en la vida de cualquier persona, pues fomentan su pleno desarrollo otorgándonos herramientas y garantías ante la injusticia y los actos que atentan contra nuestra libertad e igualdad de vivir en un ambiente sano, solidario y en paz.

En función de ello, y ante la realidad innegable que muestra que aún tenemos muchos pendientes por lograr un efectivo ejercicio de los derechos fundamentales, la creación de instituciones y leyes especialmente diseñadas para su defensa se ha convertido en una triste necesidad, pues más allá de continuar fortaleciendo e incrementado los derechos garantizados, el quehacer gubernamental se ha centrado en el diseño de estrategias que permitan proteger al menos los derechos más fundamentales de las personas.

La defensa de los derechos humanos se ha convertido en una tarea diaria de generación de conciencia para erradicar cualquier acto que los transgreda. En atención a ello, debemos adoptar esta conmemoración como la oportunidad para reafirmar su importancia para transformar a nuestro país en la nación que queremos que sea.

Hoy, más que nunca, se necesita de la solidaridad para cumplir con el llamado internacional, para defender los derechos humanos en cumplimiento de un objetivo común, para que el público en general participe en la recuperación y el fomento de sociedades más resilientes y justas.

En este año, el tema del Día de los Derechos Humanos está relacionado con la pandemia de la covid-19, centrando sus esfuerzos en la necesidad de reconstruir para mejorar, asegurándose de que estos derechos sean la base para los esfuerzos de recuperación.

Compañeras y compañeros diputados, solo alcanzaremos nuestros objetivos si somos capaces de crear igualdad para todos, atender las áreas de oportunidad que la pandemia ha dejado en evidencia y aplicar las normas para hacer frente a las desigualdades la exclusión y la discriminación, arraigadas y sistemáticas.

Como legisladores, está en nuestras manos hacer algo más que un simple reconocimiento a esta fecha. Generemos los esfuerzos conjuntos para impulsar y aprobar todas aquellas leyes que sean necesarias para fortalecer lo que se ha hecho, lo que se ha hecho bien y mejorar lo que no ha funcionado.

Que no baste la simple remembranza de la existencia de estos derechos. Trabajemos hasta que su defensa sea innecesaria por habernos convertido en un país comprometido y respetuoso de los derechos humanos. Muchas gracias. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Espinoza Mata. Tiene la palabra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. En principio, reconocer a esta soberanía porque el día de hoy en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos aprobaremos también el dictamen que prohíbe el maltrato infantil y que contribuirá a que las niñas, niños y adolescentes puedan vivir un mundo, una vida sin violencia. Y, por otra parte, también que podamos abordar el que tiene que ver para tipificar como delito el odio racial.

Hoy, a casi un año de vivir en medio de una pandemia que ha asolado al mundo como ninguna otra en los últimos 70 años, con una crisis económica que dejará en el mundo y en nuestro país a millones de personas en situación de pobreza y al límite de la sobrevivencia, conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, obligándonos a reflexionar respecto al papel fundamental que deben tomar los Estados como protagonistas en la lucha en contra de la violencia y para garantizar la violencia plena y el absoluto respeto de los derechos básicos y las libertades fundamentales. Esas libertades fundamentales que nos son inherentes a todas y todos, derechos inalienables porque cada una y cada uno hemos nacido libres y con la misma dignidad.

La Declaración signada por 48 de los 58 Estados que integraban la Asamblea General de la ONU en 1948, tuvo por objeto restablecer las condiciones de convivencia pacífica entre los países que habían participado de la Segunda Guerra Mundial, en medio de la muerte, el empobrecimiento y la ruina de las condiciones de vida de las personas. En medio de países arrasados por la guerra, minados en sus economías y con víctimas mortales, que se contaron por millones.

Ese escenario no se ha vuelto a repetir a nivel mundial. Sin embargo, podemos observar pequeños puntos del orbe en los que la violencia se ensaña con las personas, en donde las niñas y niños son víctimas de la delincuencia, en donde vejan y asesinan a las mujeres por el único hecho de existir. México es uno de esos lugares.

Hoy en el mundo nos asechan nuevas amenazas de todo tipo, desde el cambio climático que se cierne con mayor furia en contra de los países con menor desarrollo humano hasta la pandemia que ha azotado a las naciones, cuyos líderes no atinan a entender una simple premisa. Usar el cubrebocas reduce los contagios, y con irresponsabilidad invitan a la población, con el pretexto de una reactivación económica que no termina de llegar, a salir a comprar, a consumir.

Esta situación ha provocado que sean las personas más vulnerables las que se encuentran en situación de pobreza, las mujeres jefas de familia, las y los adultos mayores, quienes recienten con mayor brutalidad sus efectos y tengan mayor número de víctimas mortales por covid.

México es uno de estos lugares, y por ello nos vemos obligados a señalar que en nuestro país la crisis económica, agravada por la pandemia, la crisis sanitaria y la de violencia nos conducen inevitablemente a una crisis humanitaria sin precedentes.

115 mil muertes oficialmente reconocidas por covid, mientras cifras extraoficiales dicen que superamos los 300 mil muertos, que son más allá de las cifras. Historias de vida coartadas, padres, madres, hijas e hijos, que murieron en la soledad impuesta por el covid. A pesar de las llamadas urgentes, ninguna medida sanitaria fue implementada con perspectiva de género.

Las mujeres constituyen el sector poblacional más ignorado por este gobierno, que se dice feminista y que se encomienda a los santos para protegerse. Las y los mexicanos somos víctimas de un gobierno que ignora todas las recomendaciones de los organismos internacionales, cuyo origen se sitúa precisamente en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, producto de la Declaración Universal que hoy conmemoramos, como sucedió en el caso de la prisión preventiva oficiosa, la militarización de la seguridad pública y la recomendación de poder otorgar un ingreso mínimo vital, entre otras.

México es uno de esos lugares en donde 63 mil 400 personas han sido víctimas mortales de la violencia delincuencial. Hemos superado los 100 mil asesinatos diarios, 11 de ellos son feminicidios y uno es un feminicidio infantil. Siete niñas y niños desaparecen cada día y más mueren por víctimas de la violencia que se ensaña con ellos.

Esta cartografía de horror se complementa con los más de 73 mil desaparecidos, de los cuales desgraciadamente pueden encontrarse en los más de 2 mil cuerpos que han sido exhumados de las mil 257 fosas clandestinas localizadas en los últimos dos años. México es uno de esos lugares en los que hacer periodismo y defender derechos humanos constituye un peligro para la vida y la integridad de las y los comunicadores y las y los defensores.

México es uno de esos lugares en donde los derechos humanos, que hoy conmemoramos, se encuentran en mayor riesgo de sufrir violaciones graves. México —termino, presidenta— es uno de esos lugares en los que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la consciencia de la humanidad, que pretendía evitar esta declaración.

Las y los mexicanos aspiramos a que, en nuestro país, la libertad, la justicia y la paz sean la base para el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables, de todas y de todos, como preámbulo al advenimiento de un país en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfrutemos de las libertades que nos concede nuestra condición humana. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Juárez Piña. Tiene la palabra la diputada Esmeralda Moreno Medina, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hoy es un día muy importante para todos nosotros y para México, porque conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Sí, un día como hoy, pero en el año 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Este año, la conmemoración guarda un significado especial por las vidas humanas que hemos visto partir. Hemos visto cómo miles de personas han dejado de estar con nosotros a causa de la covid. Este año han perdido la vida buenas personas, personas de buen corazón, y también es una conmemoración que como humanidad nos alerta de los conflictos entre comunidades del alarmante incremento de las agresiones, pero principalmente, las situaciones de violencia familiar y, sobre todo, actos de discriminación que han brotado ante el estrés del confinamiento.

Esta pandemia con la que hemos luchado durante más de ocho meses, nos han demostrado con hechos que todas y todos somos iguales, independientemente de la raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otras índoles, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Bajo esos supuestos es que me permito hacer un llamado para que utilicemos este día para reflexionar y, sobre todo, reconstruir nuestra unidad social y mejorar nuestra tolerancia y el respeto a todas las opiniones de las personas.

Tengamos en cuenta que el fortalecimiento de los derechos humanos va a ser la base fundamental de la empatía y la solidaridad. Solo esto hará posible una recuperación anímica, cultural y económica. Solo logaremos una mejor sociedad hasta que entendamos que todos los seres humanos somos iguales y que así como la covid-19 nos ha demostrado que todas y todos somos indefensos y, sobre todo, vulnerables, nosotros entendamos que de la misma manera todas y todos debemos gozar de los mismos derechos sin distinción alguna.

Como bien se ha dicho, desde las Naciones Unidas, que este 10 de diciembre sea oportunidad para construir de nuevo el mundo que queremos. Nos urge crear conciencia de la necesidad de solidaridad mundial, la interconexión comunicativa y la humanidad que compartimos como seres humanos.

En el PES siempre hemos pugnado por hacer lo socialmente correcto, y esto pasa por reconocer y aceptar las diferencias para construir un México mejor y un mejor planeta. No olvidemos que todos estamos juntos en esto, en esta pandemia, por eso los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil y todas las personas debemos demostrar unidad y respeto a todos los derechos humanos.

Todo el mundo tiene una función en el resurgimiento del mundo, una reconstrucción más justa, igualitaria y generosa. Trabajemos en favor de políticas públicas que fomenten los valores, la educación universal, la inclusión labora, las libertades y, sobre todo, el respeto por los demás. Está en nosotros alcanzar la sociedad con la que soñamos y que siempre hemos querido construir. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Moreno Medina. Tiene la palabra la diputada Kehila Abigail Ku Escalante, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Realizará su participación vía la plataforma Zoom.

La diputada Kehila Abigail Ku Escalante(vía telemática): Gracias, presidenta; con su venia. “Los derechos humanos están inscritos en los corazones de las personas, estaban ahí mucho antes de que los legisladores inscribiesen su primera proclamación”. Mary Robinson.

La celebración de los días internacionales, de acuerdo con la ONU, nos da la oportunidad de sensibilizar al público en general acerca de temas relacionados con cuestiones de interés, al mismo tiempo pretenden llamar la atención de los medios de comunicación para que señalen a la opinión pública que existe un problema sin resolver. Las Naciones Unidas hacen hincapié en que el objetivo de conmemorar los días es doble, por un lado, que los gobiernos tomen medidas y por otro que los ciudadanos conozcan mejor la problemática y exijan a sus representantes que actúen.

Hoy, hace 72 años, se proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ella se estipulan los derechos inalienables e inherentes a todos los seres humanos, sin importar raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, ni ninguna otra condición. Esta declaración se ha traducido a 500 idiomas y conjunta contextos jurídicos y culturales de todo el mundo. Además, expone valores universales y un ideal común para todos los pueblos y naciones.

Nuestra Carta Magna consagra los derechos humanos de las y los mexicanos. Todas y todos tenemos derecho a que se respete nuestra vida. Queda prohibida la discriminación, exclusión o títulos de nobleza. Todas y todos los mexicanos somos libres porque no existe esclavitud, y toda extranjera que llegue a este país puede recobrar su libertad. También tenemos consagrados nuestros derechos laborales, siempre y cuando sean lícitos. Tenemos también libertad de pensamiento y expresión, y nadie nos puede restringir ese derecho, ni el Estado ni particulares.

Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos agrupa los mismos de la siguiente manera: los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; derechos relativos al programa contra la trata de personas; derechos relativos al programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos; derechos relacionados con la desaparición de personas; derechos de las personas migrantes; derechos de los pueblos y comunidades indígenas; derecho a la protección de la salud; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; y, por supuesto, también el derecho de las personas adultas mayores. El gran reto hoy en día es lograr que se defiendan y se respeten con precisión.

Un derecho humano que pocas veces se visibiliza y en muchas otras es violentado es el derecho a libertad religiosa, ese derecho que nos permite adoptar, profesar, divulgar o seguir la creencia religiosa o filosófica que más nos agrade o deseemos; o bien, a no adoptar ninguna de ellas. Es también el mismo derecho que nos permite practicar libremente las ceremonias, devociones, ritos, enseñanzas o demás actos de culto, ya sea en forma individual o colectiva tanto en público como en privado; o bien, no practicar ninguno de ellos.

Investigadores de la UNAM recalcan que es preocupante que en México aún persista la discriminación por motivos religiosos, a pesar de que las religiones tienen manifestaciones sociales de influencia innegable en el bien temporal. Existen estudios de especialistas que conocen de las graves violaciones de derechos humanos cometidos en diversos centros escolares en contra de niños, niñas y profesores que profesan religiones distintas. Por ejemplo, al no participar en la ceremonia de honores a la Bandera, como se los dicta su religión, entre otros más.

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que el Día de los Derechos Humanos brinda la oportunidad de renovar nuestro compromiso con la larga lucha de la humanidad por los derechos y la dignidad. Nuestro compromiso de movilizarnos contra viejos desafíos, que aún se presentan en forma de pobreza, desigualdad, violencia, exclusión y discriminación.

Aprovecho esta tribuna para felicitar a la ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos, la doctora Rosa María Álvarez González. Porque ella, como muchos mexicanos y muchas mexicanas, hacen todo para que en el país se respeten y se atiendan los derechos humanos. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ku Escalante. Tiene la palabra la diputada Elba Lorena Torres Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Elba Lorena Torres Díaz:Con el permiso del pueblo de México. “Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad”. Nelson Mandela.

Como mujer y médico, desde esta tribuna exijo justicia para la doctora y compañera médico internista Azucena Calvillo, originaria de mi vecino estado de Zacatecas. Porque así como a ella, en un sinfín de ocasiones el sector médico es violentado en sus derechos humanos, y quien menos nos defiende es nuestro propio sindicato. Esto debe cambiar y es una de las causas por las que estamos trabajando en este cambio de gobierno.

Hoy, 10 de diciembre de 2020, es el tercer aniversario de los derechos humanos que pasamos juntos como integrantes de una de las dos Cámaras del honorable Congreso de la Unión. Puedo decir sin vacilar que estoy orgullosa y honrada de estar al frente de esta alta responsabilidad que me han conferido en las históricas elecciones del día primero de julio de 2018.

Esta responsabilidad va acompañada de un actuar ético, profesional, pues este momento tan adverso de la historia contemporánea y de nuestro tan querido país, como de nuestro planeta, nos obliga a plantearnos nuevas formas de buscar reparar el tejido social reto por años de políticas equivocadas, así como de violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidos por gobiernos indolentes, gobiernos que lamentablemente, como el caso de la señora Ernestina Ascencio Rosario, quien fue presuntamente violentada por miembros del Ejército Mexicano, la mujer náhuatl de 73 años de edad que vivía en Tetlatzinga, Veracruz, lugar donde fue violada por un grupo de soldados y, consecuencia de esto, falleció la madrugada del día siguiente.

Este caso evidenció en otras cosas el lamentable manejo de la justicia por parte del gobierno federal encabezada por Felipe Calderón y por el gobernador de la entidad, Fidel Herrera. Un crimen de Estado que no fue sino hasta 2012 que se inició un proceso en contra del Estado. El día de hoy felicito a las autoridades encargadas de reabrir este caso, a nuestro gobierno, nuestro señor presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Como diputada integrante del Partido del Trabajo, quiero señalar la oportunidad histórica conquistada en las urnas para poner en el centro del debate la importancia de reconocer constitucionalmente la intangibilidad de la dignidad humana, la cual debe ser el faro que guíe nuestro actuar frente a la sociedad mexicana.

Pueblo de México, compañeras y compañeros diputados, no dejemos pasar que los derechos humanos parten del concepto de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Bajo esta premisa que ha buscado evitar actos de barbarie y por la que hemos adoptado la Declaración Universal compuesta por 30 artículos que recogen los derechos universales de los que toda persona debiera disfrutar por el mero hecho de nacer, como diputada integrante del Partido del Trabajo seguiremos reivindicando la vigencia plena de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos de las minorías y de los pueblos indios, acordados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de los Derechos de la Mujer de 1975, 1985 y 1995, de los Derechos en Favor de la Infancia de 1990 y en el Tratado de Roma.

Como diputada del Partido del Trabajo seguiremos de cerca su observancia, su defensa, ya que su promoción es tarea fundamental y debe ser parte de nuestra cultura, en donde se pregone con los hechos y el ejemplo. Es cuanto. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Lorena Torres Díaz. Tiene la palabra la diputada Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada María Lucero Saldaña Pérez:Muchas gracias, presidenta. 10 de diciembre, la comunidad internacional conmemora esta fecha en unas condiciones adversas a nivel global. Sin lugar a duda, la pandemia de la crisis de salud, la crisis económica y las crisis sociales, por sus impactos y efectos nos llevan a analizar que es la salud pública la que nos da esos derechos básicos para que todas y todos podamos tener acceso al derecho a la salud.

La agenda de derechos humanos debe llevar el tema de los medicamentos elementales disponibles. En México, hemos pugnado porque haya empatía ante estas realidades en todo lo que conllevan los diferentes sectores de la población. Hemos fortalecido, sí, un marco legal en las últimas décadas. Hoy, todas las personas gozan de derechos humanos reconocidos en la Constitución de conformidad con tratados internacionales, convenciones, pactos.

Pero, ahora preocupa que niñas, niños, mujeres con cáncer, enfrenten barreras para acceder plenamente a su derecho a la salud. Miles de jóvenes no pueden asistir a la escuela, la población migrante no solo sufre los estragos de la inseguridad, sino también, de las malas prácticas, además de decenas de periodistas y defensores de derechos humanos son amenazados e incluso asesinados.

México cayó tres posiciones en el ranking global del Índice de Estado de Derecho, de este mismo 2020, que realiza la organización civil World Justice Project. Nuestro país, se colocó en el lugar 104 de una lista de 128 naciones y jurisdicciones a escala mundial. Es importante tomar medidas para cerrar las brechas de desigualdad y promover los derechos humanos con la finalidad de garantizar una plena recuperación y la reconstrucción de un mundo mejor, más resiliente, justo y sostenible.

Medidas que son recomendables según las instituciones mundiales son: erradicar cualquier tipo de discriminación, afrontar la pandemia y sus efectos desiguales, promover e impulsar la participación de la ciudadanía con el gobierno, la iniciativa privada, la ciencia, la tecnología, la academia. Fomentar el desarrollo sostenible, proteger los derechos de autonomía de las instituciones, sobre todo, las que tutelan los derechos humanos. La soberanía de las naciones es la suma de la autonomía de los poderes.

Es importante velar por su progresividad y no regresividad de los derechos humanos. Sin dignidad humana, simplemente tendríamos la posibilidad de no poder impulsar un desarrollo sostenible. En las redactadas circunstancias, los derechos humanos hoy más que nunca deben ser la base para la recuperación, ya que el respeto de todos los derechos, inclusive los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, políticos jugarán un papel importante para el éxito de las respuestas a la salud pública.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución, una de este año, hace un llamado y recomienda a todos los integrantes el que tengan la igualdad y la no discriminación como principio, la perspectiva de género, la diversidad e interseccionalidad, la inclusión, la rendición de cuentas, el Estado de derecho y la cooperación entre los Estados.

La crisis que enfrentamos amerita tener una visión no cortoplacista, sino de largo alcance. Es importante que sigamos alzando la voz, es importante que continuemos actuando en favor de la prevención, el combate a toda forma de discriminación y, sobre todo, contra la violación a los derechos humanos. La perspectiva del futuro por los problemas comunes globales debe de ser esta, la inclusión, no discriminación por la igualdad y también la fraternidad y la sororidad. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Saldaña Pérez. Tiene la palabra la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván:Con su permiso, diputada presidente.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante.

La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván: El día de hoy conmemoramos la fecha que en que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos a través de los tratados internacionales, pero también de la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 1990.

Compañeros y compañeras, ¿para qué sirven los derechos humanos? Sirven para que tu vida cotidiana y la de las personas sea mejor, para que puedas vivir en libertad, con respeto, con tolerancia, con dignidad, sin daños a terceros. Durante décadas ciudadanos, partidos políticos y gobiernos luchamos juntos por una comisión imparcial, con autonomía, cuyo titular gozara de la interdependencia y de legitimidad. Institución que se construyó desde la pluralidad.

Y, por cierto, ustedes también ayudaron a construirla. Claro, la mayoría estaba en otros partidos, pero también ayudaron. Cuando la izquierda, la derecha, el gobierno, la sociedad pueden coincidir, tender puentes, dialogar, entonces suceden cosas extraordinarias.

Hoy, lamentamos que este esfuerzo histórico, con profundas bases de pluralismo, transparencia y tolerancia se haya tirado a la borda. Que se haya nombrado a una persona incondicional con lealtad ciega al presidente de la República, O sea, a una persona, no a los millones de mexicanos y mexicanas. ¿Y qué ha hecho este gobierno? Ha sido desbarrancar, destrozar, desmantelar todo aquello que nos pueda enseñar a vivir en libertad.

Lamentamos la situación en la que se encuentra una comisión que no ve, que no escucha, que no atiende y que no entiende el valor de la presencia en el Estado mexicano. Una comisión que ante la muerte de más de 100 mil personas no ha expresado nada. Una comisión a la que no le ha importado que el gobierno no proteja uno de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, el derecho a la salud, que, por cierto, estamos sin medicamentos.

Una comisión que ha pasado por alto la negligencia de un gobierno, que en lugar de combatir la impunidad la refuerza y la valida, enterrando las aspiraciones de ciudadanos, de un México más justo y de una autoridad más humana.

Una comisión que ha sido omisa ante la destrucción ambiental generada por los megaproyectos, el tren Maya, la refinería Dos Bocas, el tren Transístmico. ¿Y qué decir de la quema del combustóleo, para generar energía a través de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad? Combustóleo que, por cierto, no se puede vender en el extranjero porque es altamente contaminante y ahí, en esos países sí cuidan a sus ciudadanos.

Durante esta pandemia hemos visto un gobierno que no actúa en materia de salud, en materia económica, en materia ambiental. Un gobierno que no se conmueve ante la muerte, ante el dolor de las familias que han perdido un ser querido. Hemos visto que problemas que ya venían incrementándose en la pandemia se han agudizado: secuestros, feminicidios, desapariciones de personas, abuso de autoridad, degradación de los ecosistemas y siguen al alza.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no aparece por ningún lado. ¿Y qué ocurre con los derechos humanos de las mujeres? Mujeres que día tras día vemos cómo la impunidad deja el camino libre a convertirse en víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

Seguimos en esta Cámara de Diputados conmemorando todo. Hoy toca el Día Internacional de los Derechos Humanos, nosotros no podemos hablar de derechos humanos como un proceso de conmemoración, debemos entender que la libertad plena y el ejercicio de nuestros derechos humanos tienen que estar protegidos y respaldados por el gobierno, por el Estado mexicano, tal como está plasmado en el artículo 1o. constitucional.

Condenamos el actuar del gobierno y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que lejos de ayudar a combatir la impunidad, la refuerza y la validan. Tenemos un presidente que todos los días se encarga de ponernos a pelear. Los liberales contra los conservadores, los fifi contra los no fifi, esta es una falta de respeto a los derechos humanos, en la convivencia y la paz. Las aspiraciones ciudadanas de un México más justo y de una autoridad más humana, se desvanecen cada día.

Hoy es tiempo de que unamos esfuerzos para combatir las violaciones a los derechos humanos, en donde quiera que ocurran, no basta con reconocerlos en el marco jurídico. Por su parte, el gobierno debe reconocer sus errores, liberarse de los atavismos autoritarios que delinean un actuar negligente y discriminatorio.

2021 será un año muy importante en el que se definirá el rumbo democrático. Ante la ausencia de un organismo realmente autónomo del Estado, ante la carencia de una visión amplia por parte del gobierno en materia de derechos humanos, hacemos un llamado a todos los ciudadanos a ser vigilantes y a denunciar toda acción o actitud que violenten las libertades de los derechos de las personas.

Termino, presidenta. Acción Nacional junto a la sociedad, como siempre, seguirá luchando por un México que extienda sus brazos a la dignidad de todos y todas y al respeto de unos a otros. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Garza Galván. Tiene la palabra la diputada Érika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra:Con su venia, presidenta. Hoy la bancada de Morena reivindicamos el sentido de los derechos humanos, a través de los hechos realizados por primera vez en esta legislatura, a dos años de una revolución pacífica y que constituye lo más importante y prioritario de la razón de su existencia, darle su lugar a los empobrecidos de la patria, meta última de los derechos humanos: garantizar la dignidad humana.

Así lo demuestran algunas de nuestras iniciativas que promueven derechos humanos específicos: asegurar mediante régimen obligatorio a los trabajadores estacionales o eventuales del campo, establecer la prestación gratuita del servicio de salud, medicamentos y demás insumos asociados que requiera la población que no cuente con seguridad social, otorgar becas para jóvenes, niños y niñas, pensión universal, el declarar el 5 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Mujer Indígena, el proyecto para la creación de un sistema nacional de salud para el bienestar que garantizará la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la población que no cuente con seguridad, la protección del medioambiente, el patrimonio histórico y cultural de las comunidades, los pueblos indígenas y afromexicanos, así como la promoción de una mejor educación y el desarrollo integral de la juventud marginada, entre otros.

Nada menos que el primero de octubre recién pasado entró en vigor en México el nuevo etiquetado frontal de advertencia en bebidas y alimentos ultraprocesados, considerado por organismos internacionales como la regulación más avanzada en el mundo de la materia.

El premio que se leyó, se sumó al respaldo que han dado al etiquetado las principales organizaciones nacionales e internacionales de profesionales en nutrición y salud pública, organismos de las Naciones Unidas, además de institutos nacionales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instituciones académicas, como el Instituto Nacional de Salud Pública, la UNAM y el Politécnico.

La iniciativa presentada por Morena retomó 56 propuestas de las iniciativas sobre prevención y combate al sobrepeso y obesidad que se presentaron en la LXII y en la LXIII Legislaturas, dominadas por los partidos del pacto contra México, mismas que no culminaron el proceso legislativo, quedando como pendientes en comisiones o fueron desechadas por acuerdo en la mayoría de los casos.

No hay mejor salud... al Aniversario de la Declaración de Derechos Humanos que reconocer y apoyar la decisión de la Secretaría de Salud, Economía y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Antes de la pandemia covid-19, en México ya se tenía una epidemia por obesidad y diabetes, factores de riesgo que actualmente hacen que la población mexicana tenga mayores complicaciones y probabilidades de muerte al contraer la enfermedad por SARS-CoV-2.

El panorama de salud pública podría haber sido diferente si los legisladores y funcionarios públicos de los seis sexenios neoliberales hubieran actuado a tiempo a favor de la población mayoritaria y no de intereses privados. Desde el 2006, la OMS recomendaba limitar el consumo de azúcares libres, los azúcares añadidos al 10 por ciento de las calorías totales al día, ni el gobierno de la alternancia a cargo de un extrabajador de la Coca Cola ni sus sucesores lo tomaron enserio.

Demostraron que la población estaba consumiendo altas cantidades de azúcares en un factor de riesgo importante. El nuevo etiquetado de advertencia derivado del proyecto legislativo de Morena basado en rigurosa evidencia científica libre de conflicto de interés y en las mejores prácticas internacionales, es de celebrarlo en este día de protección de los derechos humanos de la infancia, tales como el derecho a la información, la alimentación nutritiva y la salud.

Ante la fuerza de lo hecho, la conciencia de culpa de los responsables de generar la crisis y no contenerla, no culminarla, aún en el reconocimiento y propósito de enmienda, sino en una ciega y feroz diatriba continua como si los dos primeros años de una revolución pacífica pudiéramos revertir dicha tragedia.

Por lo tanto, en esta fecha reconocida como Día Internacional de los Derechos Humanos, afirmamos de cara a la comunidad internacional que se comprometió hace 72 años a no permitir nunca más el sufrimiento, el dolor y la muerte de las atrocidades sucedidas en las guerras y ante los desafíos de la situación de derechos humanos incubada a lo largo de seis sexenios que redoblaremos el paso por mantenernos el brío y la voluntad democrática, aún tenemos tiempo para la esperanza y la reconstrucción de este país. No es suficiente, pero tampoco es insignificante. Por el bien de todos, primero los pobres.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Del Castillo Ibarra.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia, y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, para tipificar como delito el odio racial.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Toda vez que se cumplió con el requisito de la declaratoria de publicidad, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si autoriza que se sometan a discusión y votación de inmediato.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: En votación económica, se consulta si se autoriza que los dictámenes mencionados se sometan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se autoriza.

DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Damos paso a la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, para tipificar como delito el odio racial.

En términos del artículo 13, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, tiene la palabra vía Zoom para fundamentar el dictamen, la diputada María del Pilar Ortega Martínez, hasta por cinco minutos.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez(vía telemática): Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, establece en su artículo 7o., que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de esa ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración, y contra toda provocación a tal discriminación.

De este modo, el artículo 19 del citado instrumento señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, y también recibir informaciones y opiniones, difundirlas sin limitación de fronteras. Tal declaración, al igual que los principios, lineamientos, estándares y recomendaciones no tienen poder vinculante, pero sí fuerza moral y proporcionan guías prácticas para la conducta de los Estados.

Por otra parte, a lo que hace a las convenciones, estatutos y protocolos, sí tienen un efecto vinculante para aquellos Estados que los ratificaron, pues no fue hasta 1966 que, por medio del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Estados se comprometen a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentran en su territorio y están sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el pacto, y a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido violados puedan interponer un recurso efectivo.

La reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos constituye un congruente argumento para que nuestro país reconozca una mayor jerarquía y relevancia a los tratados internacionales sobre derechos humanos, pues nuestra Constitución, en su artículo 1o., señala que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades de las personas.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 9o., fracción XV, y 17, considera que es discriminación promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación, así como incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución y la exclusión. Lo anterior pone de manifiesto que la adopción de un sistema internacional de derechos humanos es fundamental para alcanzar los fines de un Estado, en aras de constituirse o afianzarse en un Estado democrático de derecho.

Es así, pues, que la construcción de normas internacionales es producto de la colaboración entre Estados que inquieren los mecanismos más convenientes. Es así como el Estado mexicano debe garantizar el trato igualitario y el respeto a todas las personas, ideas que deben permear entre todos los mexicanos, evitando la difusión de ideas de odio, humillación, agresiones, violencia, rechazo, marginación o vulnerabilidad. Tales circunstancias complementarán el combate a la discriminación racial al prevenir una de las causas que dan lugar a ella.

El día de hoy sometemos a consideración de esta asamblea la introducción de varios tipos penales, que lo que persiguen justamente es poner visibles este tipo de discriminación de orden racial. Tal prohibición también debe alcanzar a la actuación de los servidores públicos, ya que no se deben utilizar las instituciones para promover este tipo de ideas discriminatorias y de odio.

Reitero, en este tenor, desde marzo de 1975 nuestro país es Estado en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, y en marzo de 2002 reconoció la competencia del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial como el órgano que verifica el cumplimiento e interpreta las disposiciones contenidas en dicha Convención.

Por lo que el referido Comité ha emitido una recomendación a nuestro país para que tipifique como delito la difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial en toda la incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia con motivación racial, así como su financiamiento ante la ausencia de regulación en disposiciones penales.

Este Comité, hay que decirlo, recomienda al Estado mexicano intensificar sus esfuerzos a adoptar una ley especifica que tipifique como acto punible las distintas manifestaciones de discriminación racial, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 4o. de la Convención.

En este tenor, el 14 de julio de 2017 la asociación civil Zafiro pro Derechos Humanos, Asociación Civil, por medio de su representante legal, reclamó la omisión legislativa en la que incurrieron como autoridades responsables el Congreso de la Unión, el titular del Ejecutivo y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el sentido de que dichas autoridades han sido omisas para tipificar como delito las conductas señaladas en el artículo 4o., incisos a) y b), de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Expresión de Discriminación Racial.

Debemos tener en cuenta que las normas que contengan derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, sino que en su conjunto constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.

En otro aspecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido entre omisiones legislativas y relativas. Las primeras, es decir las absolutas, se presentan cuando el órgano legislativo no ha ejercido su competencia de crear leyes en ningún sentido ni ha externado normativamente ninguna voluntad de hacerlo, y las omisiones legislativas relativas ocurren cuando el órgano legislativo ha ejercido su competencia, pero, de manera parcial, o simplemente no realizándola de manera completa.

Bajo esta tesitura es menester señalar que producto de la reforma constitucional en materia de amparo de 2011, la fracción I del artículo 103 constitucional establece con toda claridad, que los tribunales de la federación conocerán de toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos.

Por ello, ante la petición de amparo que ha hecho esta organización hoy nos encontramos ya bajo un mandato judicial que nos ordena como Congreso de la Unión, emitir la legislación penal para tipificar los delitos de odio racial, a través de un dictamen que se fue generando desde hace meses y con la participación y observación de las y los legisladores de la Comisión de Justicia.

El día de ayer finalmente pudimos aprobar este importante dictamen. Esta iniciativa que surge de varias propuestas de reforma de distintos legisladores pretende que, en un estricto apego a las determinaciones del órgano de control constitucional, dar cabal cumplimiento a la tipificación de la discriminación, el odio y la violencia por motivos raciales en la legislación penal sustantiva.

Considero que tal como se expresa en la propuesta, el tipo penal debe ser extensivo a todas las formas de discriminación previstas en el artículo 1o. constitucional, de tal manera que hoy ponemos a consideración de ustedes esta importante reforma que será histórica no solo en la consecución de reconocer los derechos humanos de todas y de todos los mexicanos, sino también en visibilizar algo que nos lastima como mexicanos; estas diferencias fuertes que todavía son muy agudas en nuestro territorio nacional, en donde hay una profunda discriminación entre nosotros.

Esto ayudará, compañeras, compañeros, a ponerlo, a visibilizarlo, pero, también que lo que es más importante, a sancionar conductas de discriminación racial que siguen vigentes en nuestro país, y hoy adecuamos el marco penal para establecer estos tipos penales. Por lo cual, les solicito a nombre de la Comisión de Justicia, aprobar este dictamen en un entorno muy importante en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ortega Martínez.

De conformidad con el artículo 13, numeral 1, inciso c), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura, hasta por cinco minutos.

Tiene la palabra la diputada Zulma Espinoza Mata, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Zulma Espinoza Mata:Con la venia de la Presidencia. Si algo nos ha enseñado en repetidas ocasiones la historia de la humanidad, es que las palabras importan, mueven, lastiman y convencen a quienes las escuchan, hasta el punto de llevarlos a cometer actos inimaginables y crueles.

Para nadie es secreto que los episodios más atroces y vergonzosos de nuestro pasado universal, han comenzado a través de los discursos de odio de mítines masivos donde los oyentes eran bombardeados con mensajes xenofóbicos, de tal magnitud, que fueron incapaces de comprender la catástrofe de violencia hacia la cual estaban siendo encaminados.

El dictamen que la Comisión de Justicia nos pone hoy a consideración contempla la adición de un nuevo tipo penal para sancionar, hasta con cuatro años de prisión, a aquella persona o grupo de personas que promuevan el odio racional, partiendo de la superioridad de una raza sobre otra.

Celebro que, por fin, estemos discutiendo este tema porque, a decir verdad, nuestro país se había retrasado en el cumplimiento de las obligaciones internacionales apegadas al principio de igualdad que exige a los Estados adoptar medidas especiales para eliminar las condiciones que causan, propician o continúan actos discriminatorios.

La prohibición de la discriminación racial ha quedado consagrada desde hace décadas en todos los instrumentos internacionales básicos de derechos humanos. Esos instrumentos imponen a los Estados obligaciones con el objetivo de erradicar la discriminación en las esferas pública y privada, entre ellas la de sancionar cualquier doctrina que promueva el establecimiento de las... diferencias entre los seres humanos. Las ideologías basadas en el odio violan los derechos más fundamentales y ponen en peligro las relaciones entre los pueblos, la cooperación entre las naciones, la paz y la seguridad internacional.

Decir que en nuestro país estamos exentos de la discriminación basada en el odio racial es negarse a reconocer no solo nuestra realidad actual, sino también parte de nuestra historia. Para muestra de lo anterior, basta con recordar la matanza de chinos ocurrida en Torreón, el 15 de mayo de 1911, donde la reproducción de estereotipos negativos y odio contra la población proveniente de China, radicada en la ciudad, desató una ola de violencias que tuvo como consecuencia el brutal asesinato de 303 personas.

Ideas como las anteriores llegaron incluso a estar plasmadas en leyes locales, es el caso de Sonora, donde el Congreso estatal de la época decretó leyes que prohibía el matrimonio entre mexicanas y chinos y ordenaban el confinamiento en zonas especiales de ciudadanos de este origen.

Mediante la aprobación de este dictamen, hacemos más acorde nuestro marco jurídico con el artículo 1o. constitucional, el cual establece que en México todas las personas gozarán de los mismos derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el país sea parte. La indiferencia y el silencio frente a la discriminación y los discursos de odio pueden también convertirse en complicidad.

En el Partido Verde estamos comprometidos con la construcción de una sociedad empática, abierta, igualitaria y tolerante, creemos en la libre expresión de ideas, pero siempre y cuando esta no vulnere el derecho de alguien más.

Los actos discriminatorios fundados en el origen racial de las personas enferman no solo a sus víctimas, sino a sociedades enteras. En razón de lo anterior, mi grupo parlamentario votará a favor de la presente propuesta. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Espinoza Mata. Tiene la palabra la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Mónica Bautista Rodríguez:Con su venia, diputada presidenta. El dictamen que la Comisión de Justicia pone hoy a consideración de esta asamblea reviste de una importancia fundamental para la consolidación de la democracia mexicana, al establecer límites específicos a la libertad de expresión de las personas que cometen acciones basadas en el odio racial, para generar desequilibrios en la sana convivencia social.

Debemos señalar que hoy que conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, la aprobación de este dictamen constituye un paso en la dirección correcta para llamar la atención a quien, desde el púlpito presidencial día con día estigmatiza y señala con dedo flamígero a los que no concuerdan con él, promoviendo la división y la confrontación entre las y los mexicanos.

Es importante señalar que el discurso de odio engloba todas aquellas expresiones peligrosas para la estabilidad del sistema democrático, entre las que encontramos ofensas, insultos y expresiones que discriminan a colectivos por condición de clase, género, color de piel, orientación sexual o etnia.

En el siglo XXI las expresiones de odio se presentan, en la gran mayoría de los casos, como la capa superficial de un conflicto más profundo, reflejo de las diferencias religiosas, políticas o étnicas.

En estas circunstancias de conflicto el odio tiene un cierto grado de comprensión social, debido a la importancia que han adquirido los fanatismos religiosos y políticos. Y, es por ello, que las autoridades enfrentan el dilema de limitar o no la libertad de expresión de quienes prefieran expresiones de odio, por lo que la necesidad de delimitar los márgenes entre lo inaceptable y lo intolerable, en una sociedad democrática, se vuelve una premisa fundamental.

Por otro lado, se ha sostenido la existencia de un ámbito que no puede ser regulado por el Estado, en el que las personas tienen la posibilidad de manifestarse con toda libertad. El derecho a la libre manifestación y a la expresión de ideas y opiniones resulta consecuentemente un fundamento básico de cualquier sociedad que se aprecie de llamarse democrática.

Tener plena libertad de expresar, difundir y publicar ideas es imprescindible, no solamente para poder ejercer plenamente otros derechos fundamentales como el de asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, el derecho de votar y ser votado. Sino que constituye, además, un elemento funcional de esencial importancia en la dinámica de una democracia para garantizar el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial determina en los incisos a) y b) del artículo 4o., que requiere que se prevea en la legislación penal lo que generalmente se ha denominado como discursos de odio.

La Convención señala a la letra que los países miembros declararán como acto punible, conforme a la ley, toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiación, entre otras.

Debemos recordar que, no obstante, la obligación internacional atribuida por la ratificación de esta Convención desde hace 54 años, nos encontramos en esta discusión por deber impuesto por una sentencia de amparo emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que como legisladores llegamos tarde nuevamente.

Como una sociedad democrática no podemos consentir que el discurso de odio permee los cimientos mismos de nuestra sociedad, provengan de donde provengan. Es nuestra responsabilidad como representantes populares atajar las conductas antisociales, cuyo origen mismo es el odio, para contribuir en la construcción de una humanidad más responsable, más fraterna, comprometida con la paz y la solidaridad, en un mundo que hoy enfrenta uno de los mayores retos que se le han impuesto enfrente, una pandemia que no cede y gobiernos que no entienden. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Bautista Rodríguez. Tiene la palabra el diputado Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, quien realizará su intervención vía la plataforma Zoom.

El diputado Ricardo de la Peña Marshall(vía telemática): Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, a lo largo de la historia de la humanidad, de la sociedad, se ha empeñado en situar a determinados grupos humanos por encima de otros o en odiar al... incurriendo en la discriminación racial, la cual se produce cuando alguien siente odio hacia otra persona o grupo de personas por el hecho de tener cualidades o características distintas, como: su raza, color de piel, origen étnico o su lengua, lo que le impide el goce de sus derechos humanos.

En la Nueva España, en el periodo virreinal, tuvimos ejemplo claro de esta situación. Es evidente que no existe un elemento más arbitrario para argumentar superioridad o merecimiento de privilegios, el color de la piel o las características raciales. Sin embargo, millones en nuestro país, incluidos los casi 25 millones de personas que se reconocen como indígenas y los 450 mil afromexicanos ... y rechazo por su experiencia... persiste en nuestra sociedad. Solo basta recordar el uso de expresiones como: Hay que mejorar la raza, cuando andamos en búsqueda de una pareja, o que trabajaste como negro, cuando vuelves y se te pide que no seas indio.

La lista de frases y dichos racistas es amplia y en todo esto se manifiesta un hecho ineludible, el estigma de ser llamado indio, o de ser llamado negro y el daño emocional que...

El concep... ninguna evidencia... que lo respalde ... pero engloba más la historia, la cultura, el origen, la lengua y la moral para justificar falsa superioridad y la denominación de unas perso... y la dominación de unas personas sobre otras. Incluso en la época... existió una... para definir quiénes eran maleantes y quiénes no lo eran.

Tras un proceso doloroso... de denuncia social, el país se ha puesto poco a poco frente al espejo del racismo y hoy, con el dictamen a discusión, vamos a dar un gran paso en la dirección correcta al tipificar como delito el odio racial, para sancionar penalmente a quien por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, o por motivos racistas incite a cometer cualquier acto de violencia en contra de una persona determinada o en contra de algún grupo de personas.

No podemos negar que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y tenemos la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar que cualquier sociedad.

Con las reformas y adiciones al Código Penal Federal estaremos dando cumplimiento a un mandato de nuestro máximo órgano jurisdiccional quien, en el año 2019, en un... de revisión sostuvo que el marco normativo federal es insuficiente para tener por cumplidas las obligaciones que derivan del artículo 4o. de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas... para la eliminación de la discriminación racial recomendó a nuestro país tipificar como delito la difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial.

La incitación a la discriminación racial, así como cualquier acto de violencia con motivación racial y su financiamiento de la ausencia de... en las disposiciones penales de nuestro país.

En Encuentro Social estamos convencidos que lo socialmente correcto es que todos contribuyamos a la erradicación del racismo, del discurso de odio y los crímenes de odio a fin de construir una sociedad más justa, inclusiva, que reconozca la pluralidad de la adversidad.

Agradezco también, de manera muy en especial, a la Comisión de Justicia por incluir una de mis iniciativas en este dictamen. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado De la Peña Marshall. Tiene la palabra la diputada Fabiola Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, quien realizará su participación vía la plataforma Zoom.

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández(vía telemática): Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, en la actualidad el Estado mexicano se encuentra obligado por nuestra Constitución Política, así como por diversos tratados internacionales a garantizar el respecto... de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas y todos, sin excepción alguna.

En este sentido, las y los mexicanos tenemos el derecho a la protección contra todo tipo de discriminación, así como toda práctica de segregación en cualquiera de sus formas. En ese sentido, la discriminación racial y la incitación al odio racial, atentan contra la dignidad de las personas, erosionan la coexistencia social, socavan el diálogo intercultural y ponen en riesgo la paz.

En la historia de la humanidad encontramos innumerables ejemplos de cómo la discriminación racial ha representado un grave atentado contra los derechos humanos. Lamentablemente, aun cómo testigos de graves afrentas contra la dignidad de las personas, motivadas por ideas de la superioridad racial.

Cabe mencionar, como ya lo mencionaron los compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, México ratificó desde 1975 la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación Racial que representan instrumento internacional más importante en la materia.

Si bien nuestro país cuenta con legislación encaminada a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación, quedaba a deber en cuanto a la sanción de conductas graves como la difusión de superioridad racial, la incitación de la discriminación racial, cometer actos de violencia contra personas de origen étnico, la asistencia, financiamiento de actividades racistas, así como la prohibición expresa de organizaciones que la promuevan.

Dicha omisión en nuestra legislación fue incluso señalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero de 2019, a partir de un recurso presentado por una asociación civil que incluyó que no es su país quien incumpliría con la convención por la falta de sanción penal para dichos actos, ordenando al Congreso de la Unión su discusión y aprobación.

Por tal motivo, reconozco que en este Día de los Derechos Humanos estemos discutiendo un dictamen que incluya una iniciativa de una servidora, por el cual se sancionan actos que laceran a las y los mexicanos por una razón tan absurda como lo es el color de la piel, mediante esta reforma, que atiende la omisión presente en nuestra legislación penal ante la falta de sanciones contra el odio racial, y se da cumplimiento a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Sin embargo, también hay que decirlo y reconocerlo, aún falta un largo camino que recorrer para erradicar la discriminación racial, la cual está muy arraigada en nuestra sociedad e impide que las y los mexicanos por su color de piel ejerzamos plenamente nuestros derechos humanos.

El racismo en México está tan naturalizado que no está visibilizado del todo, e incluso se considera un mito, el cual muchas veces se confunde con clasismo, según la Conapred.

Sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Discriminación del Inegi, la apariencia es la principal razón por la cual se discrimina a una persona en nuestro país.

Con la aprobación de este dictamen quiero decirles, compañeros y compañeras, que sirva también para construir un país en el que se respete a todos y a todas las mexicanas. Empezando desde la misma Presidencia de la República, en nada abona a una sociedad inclusiva, que desde las conferencias matutinas se fomente la discriminación dividiendo al país con absurdas etiquetas, fifis y chairos. Esperemos que esto acabe y que no sea la Suprema Corte quien tenga que emitir una resolución al respecto.

Compañeras y compañeros, esencialmente toda discriminación es un proceso de negación de derechos, lo que da pie a la construcción de barreras que generan brechas de desigualdad en el ejercicio de los derechos humanos. Por ello, uno de los principales retos que tenemos es el de seguir generando construcciones para lograr un México más incisivo, donde además deba reconocerse los derechos en el ámbito normativo.

Que exista en la práctica la implementación de acciones afirmativas para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida para todos por igual, sin exclusiones, sin insultos, y con respeto a las diferencias que enriquecen la diversidad de nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchísimas gracias, diputada Loya Hernández. Tiene la palabra la diputada María Roselia Jiménez Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada María Roselia Jiménez Pérez:(Habla en lengua originaria). Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, solicito muy respetuosamente a la Mesa Directiva la proposición con punto de acuerdo, que sea tomada en cuenta, para tratar el tema de discriminación en los aeropuertos, y que pueda pasar al pleno, ya que es un tema de interés nacional, porque mucha gente es afectada en los aeropuertos, en las líneas aéreas.

Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para expresar nuestro apoyo al dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de odio racial.

En principio quiero señalar que, conforme a lo que se dispone en el artículo 1o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, entre otras.

Además, el artículo 2o. de la propia Constitución establece, en su primer párrafo, que la nación mexicana tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, sus pueblos originarios. Los pueblos originarios, hombres y mujeres de México no somos de ahorita, tenemos un pasado milenario, glorioso, grande, diverso, y es en donde late el corazón de México. Somos el rostro de México. Me siento, como tojolabal, muy orgullosa de ser descendiente de ese gran pueblo que ha aportado mucho a la historia de nuestro país, a nuestro presente, con esa gran sabiduría. Debemos sentirnos orgullosos hombres y mujeres indígenas de México, de que somos hablantes de la diversidad cultural y lingüística de nuestro México.

Adicionalmente, el Estado mexicano ha firmado distintos tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, en donde México se compromete a combatir y erradicar todas las formas de discriminación.

Sin embargo, en muchos aspectos de la vida nacional la sociedad mexicana sigue manejando actitudes de discriminación hacia los grupos vulnerables, mujeres indígenas, personas que enfrentan alguna discapacidad, a quienes son morenos o bajos de estatura e incluso hay grupos elitistas que miran con desprecio a quienes les son diferentes. Yo misma, siendo diputada federal, he padecido discriminación en las aerolíneas comerciales de este país. Recientemente en Aeroméxico.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de que el derecho penal y la pena, como tal, debe ser la razón para desalentar conductas delictivas. Apostamos más por la educación de la sociedad mexicana incluyente, pues a partir de esto adoptaremos prácticas de inclusión, tolerancia y de respeto. Desde luego, de todas las personas.

Sin embargo, el neoliberalismo nos dejó como sociedad un gran vacío en el tema de educación y en el trato con nuestros semejantes. Aunque no se quiere reconocer, si hubieron prácticas discriminatorias contra sectores de la población. Y cito el caso de las agresiones de las que el personal médico fue víctima al ser golpeados, agredidos con agua hirviendo, cloro y agresiones en sus domicilios y en su patrimonio.

Eso es lo que vemos, por lo que no vemos o no queremos ver, quizás porque ya es cotidiano. Es la actitud de discriminación hacia las personas de color, indígenas, mujeres o quienes tienen una preferencia sexual diferente a la que para las buenas conciencias debe ser la normal o adecuada socialmente.

Por ello, apoyamos la reforma al artículo 149 del Código Penal, mismas que tienen el propósito de establecer claramente la sanción punitiva y pecuniaria a quienes practiquen o promuevan la superioridad o el odio ración.

Repito: apoyamos la reforma al artículo 149 del Código Penal Federal, misma que tiene el propósito de establecer claramente la sanción punitiva y pecuniaria a quienes practiquen o promuevan la superioridad o el odio racial.

Como diputada federal, mujer e indígena que he sufrido en carne propia actos de discriminación, me complace en este día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, aprobemos este dictamen, máxima que debemos tener presente que el Día Mundial de los Derechos Humanos surge a partir de las gravísimas violaciones de derechos de los que fueron objeto varios pueblos en las décadas de los 30 y 40 del siglo pasado.

Compañeras y compañeros legisladores, los exhorto a que todos promovamos en los ámbitos de vida en los que nos desenvolvemos, el respeto a los derechos humanos de toda persona, porque de nada nos servirá que haya disposiciones legales que prohíban el odio racial y la discriminación hacia otras personas, si día a día nosotros lo promovemos o somos complacientes con quienes practican estas conductas.

También debemos eliminar los estereotipos clasistas de los programas televisivos, en donde la sirviente es la señora o muchachita morena e indígena, y el malo de la película o la serie siempre es el chaparro prietito. Los medios de comunicación deben jugar un papel importante dejando de practicar esos estereotipos.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputada, su tiempo se ha agotado sobradamente.

La diputada María Roselia Jiménez Pérez: Por las condiciones antes expuestas, las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor del presente dictamen. Vivamos hermanados y en el respeto a nuestra diversidad cultural en México. No más discriminación. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Jiménez Pérez. Tiene la palabra la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán:Con su venia, diputada presidenta. “Busco el día en el que la gente no sea juzgada por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter”. Martin Luther King.

Compañeras y compañeros, buenos días, buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradezco mucho a los integrantes de la Comisión de Justicia el respaldo al dictamen por el que se adicionan estas disposiciones en el Código Penal, dictamen que comprende la iniciativa presentada por la diputada presidenta Dulce María Sauri y el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, el diputado René Juárez Cisneros.

La tipificación del odio racial tiene la intención de dar cumplimiento a la sentencia emitida por el juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, quien mandató al Congreso de la Unión adecuar el marco normativo conforme a la pactado en el artículo 4o., incisos a) y b), de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y en consecuencia iniciar el proceso legislativo, cuya fecha límite venció el pasado 2 de agosto de 2020.

Celebro que sea hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando por fin se lleve a cabo esta aprobación por esta Cámara de Diputados. Los iniciantes han sostenido que en las declaraciones, pactos y convenciones que se han elaborado en la ONU, los Estados han aceptado que todos los miembros de la familia humana tienen derechos iguales e inalienables, y se han comprometido a defender y garantizar esos derechos.

En la declaración citada, se establecieron cuatro aspectos principales, que cualquier doctrina que mantenga la diferenciación o superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable, injusta y peligrosa. Que la discriminación racial y las políticas públicas basadas en el odio racial violan los derechos humanos y ponen en peligro las relaciones entre los pueblos. El perjuicio causado por actos discriminatorios fundados en la raza, no solo perjudican a quien los recibe, sino también, a quien los comete y la consecución de una sociedad universal, libre de todas las formas de segregación y discriminación raciales que son factores de odio y división.

Por lo que la aprobación de este dictamen no solo nos permite cumplir con obligaciones internacionales y nacionales, nos permite contribuir a la construcción de un México más justo, más incluyente, más solidario y en paz. Pero, este es solo el primer paso, uno fundamental, pues lo que no se nombra no existe y la discriminación racial, así debemos decirlo, es una lamentable realidad en nuestro país.

Sigue pendiente el reto que implica un cambio cultural que nos permita respetar a todas y todos los mexicanos. Por supuesto, requerimos de predicar con el ejemplo y se debe dejar de lado el lenguaje excluyente, el discurso de odio y el que nos separa y nos coloca en grupos antagónicos. Ya se ha señalado aquí que este gobierno ha utilizado particularmente estos calificativos para segregar y para separarnos en diversas clases o grupos de mexicanos y debe ser eliminado.

Todas y todos somos mexicanos con iguales derechos y obligaciones y, en estos tiempos tan complicados que nos toca vivir, debemos trabajar en conjunto para lograr superar los problemas y los retos que hoy nos aquejan. La aprobación de este dictamen abona en este sentido a la unidad. Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por supuesto votará a favor y los invito, compañeras y compañeros, a hacer lo propio. Muchísimas gracias por su atención. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rodríguez Mier y Terán. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Carlos Alberto Valenzuela González:Con su venia, compañera presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, para Acción Nacional un pilar fundamental de nuestra doctrina es el respeto a la dignidad de la persona humana, eso implica que nuestra plataforma política y nuestra agenda deben guiarse por este principio rector.

Hoy, el dictamen que discutimos y que presenta la Comisión de Justicia para su aprobación integró las visiones de todas las corrientes políticas y propone tipificar y sancionar penalmente los actos de difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial, a incitación a la discriminación racial, los actos de violencia, la incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico. Así como también la asistencia a actividades racistas, incluido su financiamiento.

Esta reforma permitirá al Poder Judicial y a todo el Estado mexicano, castigar de manera efectiva las acciones de discriminación racial, con el objetivo de erradicar estas prácticas en todo el país. Ya no queremos más lores, ya no queremos más ladies. Si bien, castigar un delito no garantiza que esto desaparezca, sí permite construir los principios de convivencia pacífica y respeto mutuo. Esta disposición debe estar acompañada de un respaldo institucional en la impartición de justicia.

Acción Nacional ha defendido todo proyecto legislativo que garantice los derechos humanos, que permita a cada persona desarrollarse plenamente en la esfera individual, así como en la vida pública. Defendemos el derecho de toda persona a desarrollarse en sus múltiples identidades, sin menoscabo de la libertad de expresión.

Reconocemos el derecho de todos a expresar sus opiniones en libertad. Pero no avalamos que las ideas inciten al odio y que esto se traduzca en discursos y acciones de violencia por razones de exclusión, como el origen racial o de otra índole. Por eso, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional siempre buscaremos el respeto de cada ser humano. La protección de sus derechos valorando y reconociendo la riqueza de nuestra diversidad.

El día de hoy quiero dejar constancia de este trabajo encabezado por la presidenta de la comisión, nuestra compañera, la diputada Pilar. Iniciado por nuestra presidenta de la Mesa Directiva junto con el coordinador del Revolucionario Institucional y acompañado por todas las fuerzas políticas. Es con dictámenes, es con acciones como estas donde hacemos al país un poco mejor.

Quiero dejar constancia ante la sociedad, pero, sobre todo, quiero dejar constancia ante mis hijos, ante Juan Pablo y ante Carlos, que, a pesar de las diferencias de pensamiento entre todos los partidos políticos a la hora de construir una patria mejor, a la hora de construir un México mejor, siempre encontraremos coincidencias y siempre habrá convergencia, para poder dejarle una patria ordenada y generosa a nuestros hijos, para que el día de mañana nuestros hijos y los hijos de sus hijos puedan vivir en un México tolerante, un México respetuoso y una patria moderna. Es cuanto, compañera presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Valenzuela González. Tiene la palabra la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro:Con su permiso, presidenta. Diputadas y diputados, me enorgullece que la Comisión de Justicia haya considerado procedente dictaminar, junto con otras iniciativas, la que presenté a esta soberanía, con el objeto de tipificar el discurso de odio. Agradezco a la presidenta de la comisión, diputada Pilar Ortega, y a cada una de las y los integrantes de esta importante comisión, el trabajo, la sensibilidad y el esfuerzo para perfeccionar la ley e impulsar una sociedad más justa e incluyente.

En 2001 se publicó la reforma al artículo 1o. de la Constitución, en la cual se incluyó un párrafo relativo a la prohibición de toda discriminación. Dentro de los argumentos que motivaron en ese entonces la reforma constitucional, destacó el alarmante incremento de actos de racismo, intolerancia, violencia, xenofobia, exclusión, marginación y discriminación, en contra de minorías étnicas, lingüísticas, sexuales, refugiados, desplazados, migrantes, inmigrantes y grupos expuestos entre la sociedad, así como los actos de violencia e intimidación cometidos en contra de quienes ejercen su libertad de opinión y de expresión, actos que atentan contra la paz social, la libertad, la democracia y los derechos humanos.

A casi dos décadas de haber consignado en la Norma Suprema la prohibición de toda forma de discriminación, es necesario ir más allá para asegurar que su mandato no sea letra muerta y cobre plena vigencia. La realidad actual así lo exige.

Es momento de poner alto al odio, a la intolerancia y a cualquier manifestación que presuponga la superioridad de una persona sobre otra. Hacerlo significa que la igualdad no solo es una noción política, sino también ética, que debe ser observada cotidianamente. El discurso de odio a menudo se ampara en la libertad de expresión, una libertad que no es absoluta, ya que encuentra su límite en el conjunto de libertades y derechos de otras personas.

El derecho al honor y la dignidad de la persona no puede ser soslayado en una sociedad moderna, democrática, justa, solidaria, incluyente y que tiene en su centro de interés al ser humano. Resulta inadmisible e intolerable que en nuestros días hagamos oídos sordos y ojos ciegos a la animadversión y hostilidad hacia las personas o hacia los colectivos en los que se integran, por motivos raciales, étnicos, ideológicos, de género, preferencias u orientación sexual, credo o lengua.

Ningún ser humano es superior a otro. Todas las personas sin distinción alguna debemos ser respetadas y valoradas. Estos no son tiempos de exclusión, este es el tiempo de la pluralidad y la diversidad, es el tiempo de cerrar el paso al odio para celebrar la riqueza de las diferencias. De ahí que resulta fundamental atender lo establecido en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y los señalamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a este Poder Legislativo, a efecto de incluir en el Código Penal Federal la tipificación del delito de odio racial, al que hace referencia el artículo 4o. de dicha convención.

Con este dictamen estamos dando cumplimiento a estos mandatos y estamos dando cumplimiento a la responsabilidad que asumimos frente al pueblo de México. Para que nadie se quede atrás y nadie se quede fuera, es preciso erradicar el odio, la discriminación y la violencia.

Celebro que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya enviado a la colegisladora una iniciativa para cumplir el mandato de la Corte, porque ello significa que los tres Poderes del Estado avanzamos en la misma ruta y trabajamos por el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Una ruta que la sociedad, sus sectores, los medios de comunicación, las instituciones políticas y cada uno de nosotros debemos retomar, si queremos alcanzar la paz.

Para dar paso a la verdad, a la honestidad y a la construcción de una cultura de responsabilidad social, en donde todos seamos incluidos y valorados, es necesario dejar atrás el descrédito, el insulto y la discriminación, dejar atrás el odio para abrir las puertas a la diferencia, al respeto y a la solidaridad social. Por todo lo anterior, les pido su voto a favor de este dictamen y qué mejor ocasión que aprobarlo en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchísimas gracias, diputada Valles Sampedro. Con esta intervención se cierra el plazo para registrar reservas.

Está a discusión en lo general. Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Medina Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro del dictamen.

El diputado Marco Antonio Medina Pérez:Con su venia, diputada presidente. Como lo han dicho varias y varios de mis compañeras y compañeros diputados, es particularmente grato subir a esta tribuna el día de hoy en que conmemoramos el Día de los Derechos Humanos, para hablar a favor de este dictamen.

El discurso de odio representa un peligro para los propios valores democráticos, así como para la estabilidad y la paz social de los países. El discurso de odio por razones de superioridad o discriminación raciales es el que más daño ha hecho a la humanidad a lo largo de la historia.

La discriminación atiza las tensiones sociales en detrimento de grupos marginados, elimina otros derechos como el de opinión y participación política y se traduce en actos violentos y en muchas muertes alrededor del mundo. Apoyaremos la presente iniciativa porque esta se enmarca dentro del reconocimiento de los derechos humanos recogidos en los tratados internacionales por México.

En segundo lugar, porque la propuesta legislativa se enmarca dentro de la interpretación de las normas relativas a derechos humanos bajo el principio pro persona. Y, en tercer lugar, porque la propuesta legislativa también se enmarca dentro de las obligaciones propias de un Estado de derecho de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Pero, además, porque este dictamen se inscribe en el marco de lo que busca la cuarta transformación, que es erradicar las desigualdades y lograr un equilibrio entre todas las clases sociales. Esto se ve reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-24, en su eje central denominado Bienestar.

En este eje es en el que se plantea, entre sus objetivos principales, garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con énfasis en la reducción de las brechas de desigualdad. También se busca garantizar la atención de todas las condiciones de vulnerabilidad y discriminación en poblaciones y territorios, y precisamente es el Estado en el ámbito de sus competencias quien tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El gobierno de México rechaza categóricamente cualquier forma de discriminación. No obstante, estos esfuerzos, es innegable que esta persiste en el país y afecta de muchas maneras el libre desarrollo de las y los mexicanos. Por ello, lo que hoy nos plantea el dictamen presentado por la Comisión de Justicia, es un paso más para alcanzar los objetivos diseñados para erradicar la discriminación. Debemos aspirar a que esta forma de discriminación se elimine y por eso se tipifica y se sanciona de esta manera en el Código Penal.

Como promovente de una de las iniciativas contempladas en este dictamen, quiero señalar que el tema no se agota con esta aprobación, es necesario seguir trabajando para tipificar de igual forma el discurso de odio por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, lengua, género, sexo, preferencia sexual, identidad de género, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, preferencia religiosa, opiniones políticas o de cualquier índole. Ya están los derechos, falta tipificar la discriminación por estos conceptos de igual manera.

Debemos aspirar a que, así como nuestra Constitución establece que todo esclavo que pise suelo nacional, por ese solo hecho, será libre. Debemos lograr que cualquier persona que llegue a nuestro país, no sea discriminado por su color de piel ni pertenencia a ninguna raza. Y que este derecho se garantice a todas y todos los mexicanos. Que, como hoy lo establecemos, se castigue a cualquier que incite al odio por razones de diferenciación racial y que reciba un castigo ejemplar. En esto seguimos y seguiremos trabajando. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Medina Pérez. Tiene la palabra el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.

El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la discriminación y el odio racial son problemas que continúan siendo un grave problema en diversos países del mundo, incluido México. Lo que genera no solo importantes violaciones a los derechos humanos de las personas, sino que incluso llegan a poner en riesgo la vida e integridad física de las víctimas.

En una sociedad cada vez más globalizada, en la que interactuamos todos los días con personas de diferentes orígenes, religiones y costumbres, la discriminación y la animadversión hacia lo diferente y lo ajeno están a la orden del día. Y esto se ha exacerbado por las crisis económicas y sociales, que han aumentado a niveles preocupantes el desgaste y la división social.

Para colmo, en los últimos años han surgido líderes políticos y sociales que se han aprovechado de este contexto para difundir los discursos racistas y de odio hacia las poblaciones minoritarias y vulnerables, basándose únicamente en argumentos sin sustento, como el origen étnico y nacional, o por la situación económica de estos grupos poblacionales, haciéndolos más vulnerables a ataques de diversa índole.

Y aquí en nuestro país no somos la excepción. A diario desde Palacio Nacional se increpan voces que lo único que hacen es dividir a los mexicanos, dividirnos entre los conservadores y no conservadores, entre los chairos y los fifís. Y esto, sin duda alguna, también divide a nuestro país y también es un discurso de odio racial.

Para la ONU, el racismo y la discriminación constituyen un ataque directo a la dignidad de las personas, dividen a la sociedad, siembran el odio, atentan contra los derechos humanos y destruyen vidas. Por ello, es importante implementar acciones que tengan como objetivo prevenir, combatir y erradicar el odio social.

En México, la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 refiere que el 20.2 por ciento de la población de 18 años y más declaró haber sido discriminada por alguna característica o condición personal. Entre los motivos que destacan se encuentra el tono de piel y el origen étnico.

También es importante destacar que el 40.3 por ciento de la población indígena declaró haber sido discriminada debido a su condición étnica. Este, sin lugar a dudas, es un dato muy grave si tomamos en cuenta que vivimos en un país multicultural, en el que habitan al menos 68 diferentes pueblos indígenas y cuya población representa aproximadamente el 20 por ciento de los mexicanos.

No nos olvidemos que hace apenas unos meses, el año pasado, para ser precisos, estuvimos aquí en esta tribuna muchos diputados defendiendo un caso también de odio racial, el que se generó hacia la compañera Yalitzia Aparicio, quien fue llamada de una manera racial, como india. En nuestra población el color de piel, sin duda, continúa siendo uno de los principales motivos de discriminación y violencia, siendo las poblaciones indígenas y afrodescendientes las más destacadas.

Hace apenas unos días un partido de futbol de la Champion League se tuvo que suspender. ¿Por qué? Porque un árbitro le llamó negro a un jugador. Ese es el tipo de odio racial que aún existe en nuestro mundo.

De acuerdo con el Conapred, los pueblos y las comunidades indígenas de nuestro país enfrentan diariamente formas sistemáticas, estructurales e históricas de discriminación, que restringe el ejercicio de sus derechos y el acceso a oportunidades en igualdad de circunstancias, lo que se traduce en mayores niveles de exclusión, marginación, pobreza y violencia.

Además, en la era de la información y el conocimiento de estas expresiones de odio racial también migran hacia el plano virtual. En 2015 Conapred advirtió sobre el aumento de las expresiones de odio a través de las redes sociales. En un monitoreo de solo cuatro meses en Twitter el organismo detectó 3 millones de palabras o frases racistas o clasistas, que incitan a la animadversión, fobia y desprecio, principalmente contra mujeres indígenas migrantes y pobres.

La población afromexicana se encuentra en similares condiciones, siendo una población de más de 1.3 millones de personas, cifra que representa el 1.2 por ciento de la población, sufren de discriminación y segregación que se traduce en altos niveles de analfabetismo, rezago educativo, falta de acceso a servicios de salud, vivienda y falta de oportunidades laborales. Un indicador representativo para poner en perspectiva la discriminación hacia la población afromexicana es la educación. Se estima que 1 de cada 6 afrodescendientes es analfabeta, lo que representa el triple de la tasa a nivel nacional.

Compañeras y compañeros legisladores, la discriminación y el odio racial representa un lastre para nuestra sociedad, que vulnera los derechos humanos de los mexicanos, lo cual limita su pleno desarrollo en condiciones de respeto y dignidad. No podemos permitir que la discriminación y el odio racial continúen dividiendo y agrediendo a nuestra sociedad.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de la necesidad y urgencia de impulsar políticas tendientes a erradicar estos graves comportamientos a fin de construir una sociedad más justa e inclusiva, que reconozca la pluralidad y la valía de la diversidad. Por ello, votaremos a favor de esta importante iniciativa. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Zarzosa Sánchez. Tiene la palabra la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Dionicia Vázquez García:Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta máxima tribuna para hablar a favor del dictamen de la Comisión de Justicia, por el que se nos propone reformar el artículo 149 del Código Penal Federal, en materia de sanción de prácticas discriminatorias y de odio racial.

El artículo 149, materia de las adiciones que se contienen en el dictamen, forma parte del Título Tercero Bis, Delitos Contra la Dignidad de las Personas. En ello, de origen se pretendió sancionar las prácticas de discriminación que se realizan en contra de cualquier persona o grupo social.

Como resultado de la adopción de distintos instrumentos internacionales suscritos por México como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Recomendación General número 28, relativa al artículo 2o. de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

En este, el Estado mexicano, se ha comprometido a la instrumentación de políticas públicas cuyo propósito es erradicar la discriminación, por ello, es imperativo que legislemos en materia de odio racial o motivos racistas que se traducen en actos de violencia contra persona determinada o grupos de personas, máxime que existe mandamiento judicial que nos obliga a legislar en esta materia.

El odio racial se expresa mediante prácticas de discriminación hacia quienes son diferentes étnicamente de quien realiza estas prácticas. Muchas veces, ello deriva de roles preestablecidos en la sociedad mexicana en donde las personas de tez morena u origen indígena están predeterminadas, según estos roles, a desempeñar las tareas que menos preparación académica requieren: sirvientas, trabajadoras de la industria de la construcción, obreros, trabajadores en maquiladoras, etcétera.

Y, no solo se emiten comentarios con claros tintes discriminatorios, sino actos de violencia física en los que integrantes de las minorías étnicas son agredidos. En México y no obstante tener una composición pluriétnica, algunos grupos sociales se creen diferentes y superiores hacia otros grupos y, por ello, propagan ideas de superioridad racial que no tienen cabida en la sociedad democrática que todos pretendemos construir.

Compañeras y compañeros legisladores, no debemos pasar por alto que las ficticias ideas de la presunta superioridad de una raza sobre otra, condujeron en el siglo pasado a una guerra que dejó millones de muertos y gran sufrimiento en el mundo. Por ello, es muy importante que en nuestro país establezcamos una prohibición absoluta de la práctica de esas visiones equivocadas y que, quienes las cometan sepan que sus conductas contrarias a la ley, serán sancionadas.

Todas las mujeres y hombres nacemos libres e iguales. Lo que debe posibilitar el ascenso social, no es un color de piel o de ojos, sino la formación profesional con la que se cuente y la capacidad de ser solidarios con nuestros semejantes.

En el Partido del Trabajo, como partido político de izquierda, aspiramos a la construcción de una sociedad justa e igualitaria en donde mujeres y hombres tienen plenitud total para desarrollar su potencia. Por ello, nos reconocemos con los mismos derechos y las mismas oportunidades y en donde el compromiso y solidaridad social deben ser determinantes y en la búsqueda de una sociedad justa.

Por estas consideraciones, apoyamos en sus términos la propuesta contenida en el dictamen, porque para muchos podrá ser juego practicar la discriminación o emitir mensajes de odio, pero, como lo dije antes, esas prácticas han producido mucho dolor en el mundo.

Por tal virtud votaremos a favor del dictamen que se nos presenta y concluyo diciendo que los derechos humanos no se predican, se practican cotidianamente para construir un México justo e igualitario. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Vázquez García. Tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro del dictamen.

El diputado Rubén Cayetano García:Con su venia, presidenta. La derecha, el Prian, y Movimiento Ciudadano siguen en campaña contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ya no solo le atribuyen atentados a la libertad de expresión desde Palacio Nacional, a raíz de esta histórica reforma que se discute, estos bárbaros acomodan al presidente hasta la discriminación y odio racial desde las conferencias matutinas. Están políticamente desfasados, no se hagan víctimas, no se tiren al piso, decirles corruptos es una verdad, no es una discriminación.

Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy les presentamos, desde la Comisión de Justicia a esta honorable Cámara de Diputados, el cual busca tipificar el delito, como delito el odio racial, es oportuno y congruente con el artículo 4o. de la Convención Internacional sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación Racial de la que México es parte.

Dicha convención insta a que los Estados implementen e integren en sus leyes y normas la condena a toda organización, o bien, cualquier actividad y/o propaganda que promueve o incite la discriminación racial. Estas actividades denominadas discursos de odio racial, bien sabemos atentan directamente contra la dignidad e integridad humana. El odio racial existe e incide dolosamente en las relaciones humanas y puede estar presente en instituciones gubernamentales, organizaciones, empresas y sociedad civil.

El odio racial mantiene naturalmente la genética de exclusión de los derechos y de las libertades y aquellas formas de pensamiento racial y xenófobo tienen objetivos claros que buscan denigrar a las personas por su color de piel, nacionalidad u origen étnico. En suma, el racismo promueve la desigualdad y evoca una supuesta supremacía, a través de la anulación o menoscabo de los derechos de las personas.

En lo particular, proviniendo de una región con población indígena y afromexicana, donde dolorosamente, pinche indio o pinche negro son recurrentes oprobios que ofenden la dignidad humana en el marco del Día de los Derechos Humanos. En la costa chica de Guerrero celebramos esta reforma actual, vanguardista, pero, sobre todo, justa.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del presente dictamen, por considerarlo un engranaje fundamental para combatir el odio racial y sancionar penalmente a quienes lo promuevan. Erradiquemos el odio racial que impide el progreso y el desarrollo humano. Construyamos juntos, desde este espacio legislativo, una sociedad justa e igualitaria, con leyes claras que provengan de esta deleznable conducta, que sancionen esta deleznable conducta. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cayetano García. Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Adame, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen. Lo hará mediante la plataforma Zoom.

El diputado Marco Antonio Adame Castillo(vía telemática): Muchas gracias, presidenta. Expreso a nombre propio y de los legisladores del Partido Acción Nacional nuestra posición irrestricta, indubitable a favor de los derechos humanos.

En ocasión de la reciente efeméride, en ocasión de este dictamen, es preciso dejar claro que la defensa de los derechos humanos y el rechazo a toda forma de discriminación, como lo sostiene el presente dictamen, no es solo una declaración, no debe ser una oposición retórica, sino una oposición política y un estilo de vida, para rechazar juntos cualquier forma de discriminación.

Por ello es que cuando se advierte cualquier intento de manipulación en el discurso, a favor de la persona humana o la instrumentación del pueblo como mecanismo para sostener posiciones ideológicas, políticas, o el sustento a decisiones de política pública, se hace inaceptable, porque persona y pueblo no tienen una connotación solamente teórica. Tiene que ver con la identidad de cada persona, hombre o mujer, en cualquier circunstancia, y con la posición de políticas públicas que deben promover el desarrollo, que deben promover el crecimiento pleno de las personas y de las comunidades sobre la base del respeto a su dignidad.

Por supuesto que es reprobable cualquier posición cercana, incluso, en la expresión a la discriminación por motivos raciales, por el color de la piel, por la posición económica o por las creencias. Es una ocasión adecuada para que hoy ratifiquemos el respeto a la dignidad humana. Para poder decir, como lo sostenemos en Acción Nacional, que no importa de dónde vengas o a dónde vas, me basta saber que persona eres para entregarte el respeto que mereces y mi amistad, para poder verte a los ojos y tomarte la mano sin reserva. Este debería ser un código ético que sustente las políticas de desarrollo social y el propio desarrollo del país sobre la base del respeto irrestricto a la dignidad humana. Por ello, nuestra posición es a favor. Es cuanto, diputada presidenta. Compañeras, compañeros diputados.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Adame Castillo. Agotada la lista de oradoras y de oradores, y en virtud de que en términos del artículo 13, numeral 1, inciso e), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, no se tiene registrada reserva alguna para su discusión en lo particular. Consulte la Secretaría, en votación económica, si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: En votación económica, se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Tiene la palabra, para hechos, el diputado David Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, desde su curul y por un minuto.

El diputado Jacobo David Cheja Alfaro(desde la curul): Gracias, compañera presidenta. Sí, únicamente para señalar categóricamente que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano rechaza categóricamente las imputaciones hechas desde tribuna hace unos momentos por el diputado Cayetano. Le motivamos, le pedimos, por favor, que ponga más atención a lo que declara nuestra fracción parlamentaria en tribuna. Que ponga más atención al debate, porque no aceptamos las declaraciones que hizo hace unos momentos. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Cheja Alfaro. ¿Con qué objeto, diputado Cayetano García?

El diputado Rubén Cayetano García(desde la curul): Por alusiones, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, diputado.

El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Muchas gracias. Quien deben poner atención en el debate son los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, yo he estado aquí de manera permanente, cumpliendo con mi función legislativa.

Y fue una integrante de su grupo parlamentario, de quien no recuerdo su nombre, pero debe estar inscrita en el debate, en los nombres del debate, quien hizo los señalamientos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que desde la matutina o entrevista matutina, desde sus conferencias, promueve y lleva a cabo la discriminación y el odio racial.

En todo caso, me sometería a la revisión, incluso, del Diario de los Debates, porque ahí se encuentra asentado seguramente esta afirmación. De ahí que quien debe de poner atención pues son los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Yo he estado aquí cumpliendo, atendiendo, revisando, visibilizando los discursos de todas y todos quienes se han integrado al debate de este asunto. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico y la plataforma digital hasta...

El diputado Jacobo David Cheja Alfaro (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Con qué objeto, diputado Cheja?

El diputado Jacobo David Cheja Alfaro (desde la curul): Para hechos.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado Cheja Alfaro, nuestra normatividad interna indica que para hechos solo es posible hacer el uso de la voz en una ocasión. No es posible concedérselo.

Se instruye a la Secretaría que abra el sistema electrónico y la plataforma digital, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y 18, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema de votación electrónico y la plataforma digital para el registro de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

A las y los diputados que faltan de emitir su voto les recordamos que falta un minuto para cerrar el sistema electrónico de votaciones.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene el uso de la palabra, para emitir su voto de viva voz, el diputado Carlos Alberto Valenzuela, que no fue posible resolver el problema técnico que registra su teléfono celular.

El diputado Carlos Alberto Valenzuela González (desde la curul): Gracias, presidenta. Carlos Valenzuela, a favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Pido a la Secretaría que ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital, para dar cuenta con el resultado.

La secretaria diputada Mónica Bautista Rodríguez: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Diputada presidenta, se emitieron 460 votos en pro, 1 en contra y 0 abstenciones.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado, en lo general y en lo particular, por 460 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

MINUTAS

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Dé cuenta la Secretaría con la recepción de minutas.

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.

Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2020.– Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Defensa Nacional, para dictamen, y a la Comisión de Relaciones Exteriores, para opinión.

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Dos...

El diputado Enrique Ochoa Reza(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, secretaria. ¿Con qué objeto, diputado Enrique Ochoa?

El diputado Enrique Ochoa Reza (desde la curul): Presidenta, poner a consideración de la Mesa si la Comisión de Justicia puede ser apuntada para opinión de esta importante iniciativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado, ponderamos las distintas opciones y decidimos que, por la naturaleza de la minuta, era conveniente que fueran comisiones unidas tal como lo expresé, para dictaminar, y opinión la Comisión de Relaciones Exteriores. En todo caso, si es a juicio de la comisión conveniente la ampliación de turno para opinión, por favor, por el canal conducente, que nos haga llegar su mesa directiva la solicitud y la procesaremos en la Mesa Directiva. Continúe la Secretaría.

LEY DEL BANCO DE MÉXICO

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.

Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20 y 34, y se adicionan los artículos 20 Bis, 20 Ter y 20 Quáter de la Ley del Banco de México, en materia de captación de divisas, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2020.– Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

COMUNICACIONES OFICIALES

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Secretaría de Gobernación.– Unidad de Enlace.

Diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.– Presente.

Por este medio me permito comunicar a usted que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que confiere al titular del Ejecutivo Federal la facultad para nombrar a los empleados superiores de Hacienda; el Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador en términos del artículo 74, fracción III de la Carta Magna, somete a ratificación de ese órgano legislativo el nombramiento de la ciudadana María Elvira Concheiro Bórquez coma tesorera de la Federación.

En términos de lo previsto por el artículo 27 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, anexo al presente la comunicación original suscrita por el titular del Ejecutivo Federal, así como la carpeta que contiene la documentación de la ciudadana María Elvira Concheiro Bórquez.

Los documentos que se anexan al presente oficio se remiten exclusivamente para el ejercicio de las facultades propias, compatibles o análogas de la autoridad que las recibe y únicamente para la finalidad que motiva su transferencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, fracción II de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 117, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2020.– Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Presidencia de la República.

Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.– Presente.

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral,mediante el cual, por la importancia de las funciones que desempeña la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el constituyente permanente determinó que fuera la Cámara de Diputados el órgano legislativo quien ratificara el nombramiento que el Ejecutivo Federal a mi cargo hiciera del titular de dicha dependencia, así como de los demás empleados superiores de la misma.

Las reformas relativas a la designación en comento entraron en vigor el 1o. de diciembre de 2018, y según lo establecido en el artículo décimo segundo transitorio del decreto mencionado, en relación con los artículos 74, fracción III y 89, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Presidente de la República nombrar con la ratificación de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los empleados superiores de Hacienda.

En virtud de lo anterior, es indispensable que los servidores públicos encargados de las atribuciones encomendadas legalmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Servicio de Administración Tributaria, cuenten con capacidad, experiencia y profesionalismo suficientes pare llevar a cabo las tareas encomendadas.

En este sentido, el 13 de noviembre de 2018, esa honorable Cámara de Diputados aprobó el “Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la ratificación de los empleados superiores de Hacienda nombrados por el Ejecutivo Federal”, mediante el cual se establece que serán empleados superiores de Hacienda, sujetos a ratificación por parte de ese dicho órgano legislativo entre otros, el tesorero de la Federación.

Por lo anterior, el titular del Ejecutivo Federal a mi cargo, somete a ratificación de esa Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el nombramiento de la ciudadana María Elvira Concheiro Bórquez como tesorera de la Federación.

La ciudadana María Elvira Concheiro Bórquez es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra y doctora en Sociología por ésa misma Universidad.

En el ámbito profesional, actualmente se desempeña como investigadora definitiva titular “B” y profesora de asignatura “B” en la Universidad Nacional Autónoma de México (a partir de 1981), así como investigadora nacional, nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores (a partir de 2008), fue investigadora nacional, nivel 1, del Sistema Nacional de Investigación (1998 a 2008); profesora en diversas instituciones, dentro de las que destacan: Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (2005); profesora en el Programa de Doctorado en la Facultad de Economía (2001), en el Posgrado de Estudios Latinoamericanos (2007 a 2015) y en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarios y Humanidades (a partir de 2009) todos en la Universidad Nacional Autónoma de México, y en el Chercheur associé en el Centre d` Histoire Sociale du XXe Siècle Panthèon-Sorbonne, Université de Paris (1996 a 1997 y 2002 a 2003).

Ha realizado múltiples publicaciones de ensayos y en revistas, dentro de los que destacan: “La Revolución de Portugal”, en la revista Informa número 14, FE/UNAM, México 1966; “Conservar lo importante. Las acciones de la banca”, en la revista Momento Económico, número 2 IIEc/IUNAM, México, 1984; “Régimen Pluripartidista” en la revista “Así es” número 175, agosto de 1986; “ Crisis and new power in México: the limits of an agreement” . Journal of Science, Politics and Culture.Estados Unidos de América, “Liderazgo y Democracia”. Memoria-CEMOS (México. Impresa), 1999; “ A century after his death: F. Engels and the concept of Political Parties” . Science & Society,New York, N.Y., 1998; “Los Empresarios, el Estado y la Modernización”. Memoria. Boletín, México, 1992, y “Algo de lo nuevo en la conducta empresarial”. Momento Económico, México, 1990.

Asimismo, ha publicado diversos libros en materia social, política y económica dentro de los que destacan: “Antología del Pensamiento Crítico Mexicano”, CLACSO/CEIICH, México, 2018; “El Tiempo y la Economía”. El tiempo en las Ciencias Sociales/México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009; “La democracia hoy en América Latina”. América Latina, Mosaico Cultural; “Ideología y poder en las políticas neoliberales. El Pensamiento Único: Fundamentos Teóricos y Políticas económicas”, México; “Privatización y Recomposición del Poder Económico en México”. México: Pasado, Presente y Futuro. Del Proteccionismo a la Integración, apertura y crisis de la economía, México, UNAM, 1996, El Programa Modernizador de los Empresarios”. La Economía Mexicana en el Umbral del Siglo XXI. Antología/María Luisa González y Lucía Álvarez, México, UNAM, y “Empresarios y Modernización de México”. Memoria del Seminario de Economía Mexicana, 1991, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM 1992.

Igualmente, cuenta con diversos reconocimientos por su trayectoria profesional y académica, dentro de los que destacan: el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y primer lugar en el concurso internacional Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño, CLACSO, en Buenos Aires, Argentina.

Como puede apreciarse y corroborarse con la documentación que se anexa al presente, la ciudadana María Elvira Concheiro Bórquez cuenta con conocimientos y experiencia en materia económica y social, por lo que el Ejecutivo Federal a mi cargo, considera que es la candidata idónea para ser tesorera de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En ese sentido, someto a ratificación de ese órgano legislativo, el nombramiento de la ciudadana María Elvira Concheiro Bórquez, como tesorera de la Federación, estando cierto que dicha designación està orientada por criterios de capacidad, probidad y experiencia, por lo que tengo la firme convicción que, en caso de contar con su ratificación, dicha persona llevará a cabo el desempeño de las funciones encomendadas con responsabilidad y dedicación, lo que se traducirá en un beneficio para nuestro país.

Reitero a usted, ciudadano presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2020.– El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador (rúbrica).»

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continuamos con la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Tiene la palabra para fundamentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, la diputada Rosalba Valencia Cruz, hasta por cinco minutos.

La diputada Rosalba Valencia Cruz:Con su permiso, señora presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. A nombre de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, me presento ante ustedes para fundamentar la minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que fue dictaminada en Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia, y Justicia, para prohibir el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario a niños, niñas y adolescentes.

Hoy en día el castigo corporal es una de las formas y tratos que a lo largo de nuestras generaciones ha subsistido como un método de corrección para niñas, niños y adolescentes, sin embargo, se tiene que visibilizar que la normalización de ello son una forma de violencia que atentan contra la dignidad, integridad y bienestar que trae consigo daños y consecuencias en el desarrollo de estos mismos.

En México, la prevalencia del castigo corporal y humillante como una forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes es preocupantemente alta, de acuerdo con cifras presentadas por la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres, de entre las cuales destaca la siguiente: 63 por ciento de niñas, niños y adolescentes entre 1 y 14 años, sujetos a agresión psicológica y/o castigo corporal en su hogar en el mes previo a la encuesta; 38 por ciento niñas, niños y adolescentes fueron objeto de castigo corporal en el mes previo a la encuesta; 6 por ciento fueron objeto de castigos corporales severos. Solo 31 por ciento experimentaron forma de disciplina no violenta.

De lo anterior, consideramos a criterio de ambas comisiones, que es el momento de corregir el camino, de poner el mejor de nuestros empeños con la única finalidad de salvaguardar el interés superior de la niñez. De aquí la importancia de aprobar dicho tema.

Dichas propuestas consisten, en primer término, en adicionar la fracción VIII del artículo 47 de la Ley General de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, para que las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por castigo corporal y humillante.

Con esta reforma se busca obligar a los tres órdenes de gobierno a que tomen las medidas necesarias para erradicar el castigo corporal y los tratos humillantes. Es necesario dotar de las condiciones necesarias para que niñas, niños y adolescentes se desarrollen de manera óptima, pero, sobre todo que se cumpla de manera efectiva su derecho a una vida libre de violencia.

Asimismo, se busca sancionar a quien realice cualquier tipo de violencia que atente contra la salud, integridad y seguridad de niñas, niños y adolescentes, de manera específica, en los centros escolares con independencia de las infracciones que puedan cometer los docentes. Esto beneficia para poder ampliar el campo de protección y salvaguardar su derecho humano a una vida libre de violencia de nuestra niñez y adolescencia.

Además, busca brindar la orientación, educación, cuidado y crianza de su madre, su padre o de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda custodia, así como de los encargados y el personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, asistencia social y de cualquier índole que brinde asistencia a niñas, niños y adolescentes.

Esta reforma es de manera integral, ya que como lo hemos mencionado, busca que estos mismos tengan el conocimiento y la protección garantizada del Estado para poder salvaguardar su integridad física y de sano esparcimiento en todas y cada una de sus formas.

La segunda de las propuestas consiste en reformar la fracción IV del artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, consistente en que las leyes y de las entidades federativas dispongan lo necesario para que en términos de lo dispuesto en la ley de la materia y en el ámbito de sus respectivas competencias, se dé cumplimiento a que quede prohibido que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes ejerzan cualquier tipo de violencia en su contra, en manera particular, el castigo corporal y humillante.

Esta reforma busca ampliar el campo de protección de niñas, niños y adolescentes. Es necesario realizar esta reforma. Nuestra obligación como representantes sociales es buscar el bienestar de nuestra niñez y adolescencia en armonía con los estándares internacionales.

La última de las propuestas consiste en buscar la protección desde el núcleo familiar a que se respete su integridad emocional, desde la prohibición desde que la familia utiliza el castigo corporal o cualquier tipo de trato y castigo humillante como forma de corrección o disciplina de niñas, niños o adolescentes, como sabemos uno de los ambientes donde más se presentan los signos de violencia es el seno familiar.

Por eso la importancia y necesidad de poder prohibir desde el primer vínculo social donde niñas, niños y adolescentes se desarrollan buscando la prevención y prohibición de estos malos tratos que han lacerado a nuestra niñez y adolescencia a lo largo de la historia. Compañeros, nos exhorto a hacer un voto de conciencia buscando que nuestras futuras generaciones se desarrollen de la mejor manera posible. Buscamos transformar culturalmente la forma en que se nos ha enseñado a criar a nuestros hijos e hijas, es su derecho y nuestra responsabilidad garantizarles una crianza con ternura, es decir, sin violencia.

No hay duda, amigas y amigos legisladores, que estas reformas contribuyen a la construcción y bienestar de nuestra niñez y adolescencia mexicana, la prohibición del castigo corporal y humillante contra las niñas, niños y adolescentes es un paso histórico del Estado mexicano en el camino hacia la construcción de la paz. Por ello, solicito a todas las fuerzas políticas representadas en este pleno, que apoyemos decididamente este dictamen votando a favor para juntos construir un país justo, solidario y pacífico. Es necesario recordar que infancia es destino.

Muchas gracias a todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política por habernos dado la oportunidad del día de hoy presentar este dictamen y a la presidenta de la Mesa Directiva, muchas gracias por otorgarme el tiempo necesario. Gracias a todas y a todos.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Valencia Cruz. Tiene la palabra, vía Zoom, para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, la diputada María del Pilar Ortega Martínez, hasta por cinco minutos.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez(vía telemática): Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que habremos de someter a votación en unos momentos y que presentan las Comisiones Unidas de Niñez y de Justicia contiene una reforma legislativa que tiene la vocación de transformar decisivamente la realidad cotidiana de las mexicanas y de los mexicanos. No solo en el futuro inmediato sino señaladamente para generaciones futuras.

Es imposible comenzar esta discusión sin hacer mención a que muchas y muchos de quienes hoy somos legisladores crecimos formados en una sociedad que inconscientemente había normalizado la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, que estaba escondida en una comprensión equivocada de los conceptos de disciplina y educación.

Diversos estudios científicos recientes han comprobado cómo los castigos corporales y los tratos humillantes son el germen inicial para desarrollar una sociedad violenta. No hay insulto pequeño ni golpe suave. La violencia es una sola y cuando se normaliza desde edades tempranas, por supuesto que se convierte en una conducta aceptable para las personas en el largo plazo.

Quizá esa es una de las múltiples respuestas para la pregunta sobre las causas de la terrible crisis de violencia exacerbada que vivimos como sociedad y como país. Violencia que, sin duda, se ha visto exacerbada todavía más por la pandemia en la que estamos hoy inmersos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres del Instituto Nacional de Salud Pública y la Unicef, el 63 por ciento de las personas menores de 14 años han sido objeto de agresión psicológica y de castigo corporal en su hogar.

De este porcentaje, el 38 por ciento sufrió castigo corporal y el 6 por ciento fue víctima de castigo físico severo, mientras que solo el 31 por ciento del total de los encuestados no experimentaron formas de violencia.

Por otra parte, datos que comparte la Secretaría de Salud nos muestran que de enero a octubre de 2020 se registraron 11 mil 937 casos de lesiones por violencia contra niños, niñas y adolescentes, 517 por abandono o negligencia, 174 por violencia económica, 3 mi 447 por violencia física, 4 mil 218 por violencia psicológica y 3 mil 581 por violencia sexual.

Por esto, la propuesta de prohibir castigos corporales y tratos humillantes resulta un primer paso en la dirección correcta. Como legisladoras y legisladores, somos conscientes de que hay todavía un largo camino entre la promulgación de una norma y el logro de los efectos que puede provocar en una sociedad, pero la transformación de una nación no puede lograrse sin la fuerza que trae consigo el imperativo contenido en las normas que regulan el actuar de la ciudadanía.

Por esta razón tampoco omito mencionar que, en el largo trayecto que conlleva la implementación de una nueva norma, es indispensable el acompañamiento que se dé por parte del Congreso de la Unión para vigilar que el Poder Ejecutivo, encargado de su ejecución, le dé una correcta aplicación a esta norma que hoy entregamos. Pero también es importante dar seguimiento a las entidades federativas, a los Congresos locales, para su armonización en el ámbito local, donde resultan más inmediatos los efectos de esta reforma.

Esta reforma deberá detonar un cambio significativo en el modelo de educación de niñas, niños y adolescentes. Esta reforma también es ejemplo de cómo se pueden establecer modelos prohibitivos y restrictivos sin llegar a la utilización del monopolio del uso de la violencia que se ejerce a través del derecho penal.

Por ello, desde la Comisión de Justicia, celebramos el consenso en torno a este proyecto que contempla el establecimiento de un modelo de disciplina, basado en la crianza afectiva y con ternura. Estamos conscientes que hay un largo camino por recorrer, para posicionar la importancia de la prevención de la violencia y para concientizar a nuestra sociedad en la relevancia de cortar la cadena de violencia que nos lacera como nación.

Hoy ponemos a consideración de este pleno estas reformas a la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes y al Código Civil Federal, para establecer, entre otras cosas y de manera más contundente, la prohibición de los castigos corporales y tratos humillantes a niños y niñas.

Y, por ello, también estamos convenidos en que es el momento de ponerle fin, desde su etapa más temprana, a aquella que afecta con severidad a nuestras niñas, niños y adolescentes, esa violencia que es marcadamente más dolorosa cuando la sufrimos como un efecto ya común en nuestra sociedad y que hoy estamos invitados a erradicar y a dar por terminada.

Con esta reforma, compañeros, compañeras, estaremos dando un primer gran paso. Esta es una gran reforma que también se enmarca en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y los invitamos, desde la Comisión de Justicia, a votar a favor de la misma. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Ortega Martínez.

De conformidad con el artículo 13, numeral 1, inciso c), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura, hasta por cinco minutos.

Tiene la palabra la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz:Con su venia, presidenta. México ocupa el alarmante y reprochable primer lugar a nivel mundial en violencia física y homicidio de niñas y niños menores de 14 años, de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de la Niñez y Adolescencia. Es preocupante que en México el castigo corporal y humillante sigue siendo visto como una normalidad, justificándole con fines pseudoeducativos, algo que no puede ser más alejado de la realidad y que no puede seguir siendo tolerado.

De acuerdo con las cifras reportadas por la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres en México, seis de cada diez niñas y niños y adolescentes son sujetos de agresión psicológica y/o castigo corporal en su hogar. Cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes son objeto de castigo corporal y cerca de uno de cada diez menores han sido objeto de castigo corporal severo.

Lo más triste y desalentador de esta cruel realidad es que al día de hoy es frecuente encontrar comentarios como: Antes sí se educaba bien. Como si los modelos de maltrato y humillación debieran permanecer hasta nuestros días, haciendo caso omiso a los múltiples estudios y voces de especialistas que señalan la urgencia de dejar de replicar modelos arcaicos de violencia, que más que educar dejan heridas y cicatrices, tanto físicas como de autoestima en los niños que, al ser víctimas de violencia desde sus hogares, aprenden a normalizarla y les es difícil distinguirla en su vida adulta.

En este sentido, quiero ser empática y decir desde esta alta tribuna que la violencia no es justificable y no debe ser tolerada en ninguna de sus modalidades. Pero, menos aún, sobre nuestros niños.

Por lo anterior, se tiene que garantizar que las autoridades competentes puedan intervenir implementando medidas educativas, psicológicas y de trabajo social, que acompañen a madres, padres y cuidadores de niñas, niños y adolescentes, a desarrollar y practicar modelos de crianza desde un enfoque de derechos basados en el respeto y en estado emocional efectivo.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde siempre hemos promovido y apoyado reformas que garanticen el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia, como lo es en esta ocasión el derecho a una vida libre de violencia, por lo que votaremos a favor del presente dictamen.

Sin embargo, aunque reconocemos su contribución, es importante ver el panorama general y entender que es un pequeño paso de los muchos que nos falta dar para conseguir garantizarle a la niñez mexicana, que el hogar sea su primer refugio, donde su autoestima y bienestar físico estén garantizados y protegidos, y que no sea el núcleo familiar el primer encuentro que tengan con una cadena de violencia que acabe normalizándose y replicando en la vida adulta. Necesitamos dejar de normalizar la violencia. A los niños no se les humilla y no se les maltrata. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Gómez Ordaz. Tiene la palabra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña:Con su permiso, presidenta. En principio reconocer el trabajo de las presidentas de las dos comisiones, de la Comisión de Justicia, encabezada por la diputada Pilar Ortega y, por supuesto, por el esfuerzo y el compromiso que ha tenido desde siempre quien preside la Comisión de los Derechos de la Niñez, la diputada Rosalba Valencia.

El dictamen que hoy discutimos versa sobre la minuta enviada por el Senado de la República, cuyo objeto es la transformación de normas de educación infantil para la erradicación de actitudes y comportamientos de violencia familiar en contra de niñas, niños y adolescentes, logrando con ello implementar estrategias de promoción, de relaciones domésticas más armoniosas y no violentas, que supriman el uso del castigo físico como correctivo, en contra de la niñez y la adolescencia en el ámbito familiar, garantizando con ello su derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia, resguardando su integridad personal con el fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

Y aunque ya estaba establecido, está establecido en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es una obligación el protegerlos de cualquier tipo de violencia y de maltrato, sin lugar a dudas el dictamen que hoy se presenta es un paso enorme, que es la prohibición: varazos, reglazos, chancladas, nalgadas, pellizcos, bofetadas, jalones de pelo, jaloneos, encadenamiento, quemaduras de cigarros, baños de agua fría o caliente, borradorazos, falta de alimento, canchazos, jalones oreja, mandarlos bajo el sol, trabajos forzados, cinturonazos, quemaduras en manos y pies, entre otros que ustedes seguramente conocen, quedarán ahora prohibidos para quien ejercen la patria potestad, cuidadoras y cuidadores, docentes y todas aquellas personas que los tengan bajo su cuidado.

Este no pretende ser un proyecto de corte penal sino preventivo, buscando ser un detonante para la intervención pública temprana en la prevención y atención de este tipo de violencias que en casos extremos pudiera conllevar la pérdida de este derecho. El castigo corporal para corregir y disciplinar a las niñas, los niños y adolescentes es una práctica extendida en el mundo, que tiene como consecuencia el daño físico y psicológico para la persona que lo sufre. Tal como se consta en el Estudio Mundial sobre Violencia, convirtiendo a la familia y al hogar en los lugares más peligrosos para las niñas, los niños y los adolescentes, como hemos podido constatar durante el periodo de confinamiento, provocado por la pandemia en este último año.

En este sentido, es importante mencionar que las cifras proporcionadas por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México señalan que de enero a noviembre se registraron alrededor de 4 mil 383 llamadas al 911, por adolescentes de 12 a 17 años de edad, en las que el 21 por ciento fueron problemas de violencia familiar, sin que existiera también un registro respecto a las víctimas de estas violaciones que tienen menos de 12 años o aquellos que, por su edad, no tienen la posibilidad de solicitar auxilio.

Durante la primera década de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño, su comité ha declarado de forma insistente en que persisten la aceptación legal y social al castigo corporal, lo cual resulta incompatible con la convención, en la que se exige a los Estados parte proteger a las niñas y los niños de todas las formas de violencia física y mental, incluyendo el cuidado de padres y madres y otras personas, dicha obligación establece en su artículo 19, el cual fue ratificado por nuestro país en 1990.

Por ello, el comité ha recomendado que todos los Estados parte de todos los continentes, incluyendo nuestro país, lleven a cabo las reformas legales para abolir todo el castigo corporal y una campaña de educación pública para promover formas positivas y no violentas de disciplinas en familias, escuelas y otras instituciones, incluyendo los sistemas penales.

Por lo anterior, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del presente dictamen, toda vez que consideramos que los castigos físicos y humillantes contra niñas, niños y adolescentes configuran una violación a sus derechos fundamentales, que debemos de garantizar la protección contra todas formas de violencia y el respeto a su integridad física y dignidad humana, obligándonos a combatir y eliminar su prevalencia y a disminuir la incidencia de los actos de violencia contra ellas y ellos, promoviendo todos los derechos que como personas en desarrollo, que como personas sujetas de derechos han sido consagrados en la Constitución, en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en los instrumentos internacionales que nuestro país ha ratificado, generando un ambiente social en donde la vigencia de sus derechos fundamentales, el respeto de su dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención y erradicación de toda forma de violencia sea finalmente una realidad en nuestro país.

Por la prohibición de maltratos contra niñas y niños. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Juárez Piña. Tiene la palabra el diputado Édgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado Edgar Guzmán Valdez:Con el permiso de la Presidencia. El gran escritor español Carlos Ruiz Zafón acertadamente escribió: “Ciertas imágenes de la infancia se quedan grabadas en el álbum de la mente como fotografías. Como escenarios a los que no importa el tiempo que pase, uno siempre vuelve y recuerda”.

Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy nos encontramos ante la discusión de una reforma muy sensible y tan importante, como lo es la que involucra a nuestra niñez. El Grupo Parlamentario de Encuentro Social se congratula con la aprobación de este dictamen, ya que se ha dado un paso muy relevante que permitiría visibilizar una problemática actual de nuestro país, al reconocer que las formas de crianza y disciplinas sustentadas en la violencia afectan las diferentes dimensiones y entornos en los que se desarrollan nuestras niñas, niños y adolescentes de México.

Al realizar las adecuaciones a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Civil Federal, se busca desincentivar a que la madre, padre o cualquier persona que ejerza la patria potestad, tutela, guarda, custodia y crianza de un menor de edad utilice humillaciones, golpes, castigos corporales como forma de una disciplina, dando con lo anterior cumplimiento a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada y ratificada por el Estado mexicano, y la Observación General número Ocho: El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes.

Estas formas de educación y disciplina prevalecen como un acto de normalidad en los que las niñas, niños y adolescentes crecen, conviven y se desarrollan. Sin embargo, hoy podemos darnos cuenta de que estos métodos no son los correctos y vulneran los derechos de la niñez, al intentar educar a un menor, pues con estas prácticas tan solo se genera una propagación de violencia, ya que los menores tienden a reproducir en la edad adulta lo que recibieron en la niñez.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres, el 63 por ciento de las personas menores de 14 años han sido objeto de agresión psicológica y castigo corporal en su hogar. De este porcentaje el 38 por ciento sufrió castigo corporal; 6 el por ciento fue víctima de castigo físico severo, mientras que solo el 31 por ciento del total experimentaron formas de disciplina no violenta.

Lo cierto es que se ignoran las consecuencias físicas, cognitivas, emocionales y de conducta a corto y largo plazo que un menor puede experimentar al vivir en un ambiente de violencia. Hoy más que nunca y frente a la situación de confinamiento que vivimos por la pandemia de covid-19, en donde resulta paradójico, pero los menores se encuentran en una mayor exposición de violencia en el ámbito familiar, es que se deben evitar esas equivocadas prácticas de nuestro tejido social.

Sin duda, con el acompañamiento de esta reforma las y los diputados que conformamos esta legislatura, esta cuarta transformación, estaríamos avanzando hacia el camino de la cultura de la paz, al asegurar el reconocimiento de que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho de vivir y convivir en una sociedad que los respete y los proteja; en un ambiente de diálogo, respeto y amor.

La erradicación de la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes permitirá proteger el bienestar de los menores que con nuestro presente deben tener un mejor futuro. Con estas reformas, el Congreso de la Unión cumple con los derechos de las niñas, niños y fomenta una cultura de convivencia, de respeto y de paz.

Por lo anteriormente expuesto es que el Grupo Parlamentario de Encuentro Social votará a favor de este dictamen, no sin antes también felicitar a las presidentas de ambas comisiones por el trabajo realizado. Muchas gracias, diputadas presidente. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Guzmán Valdez. Tiene la palabra la diputada Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Lourdes Celenia Contreras González:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, cuántas historias dolorosas conocemos de niños humillados, castigados o violentados, lamentablemente, en ocasiones con consecuencias físicas o psicológicas difíciles de remediar.

Castigos que aplican padres de familia, maestros o instructores, con la excusa de corregir un mal comportamiento o una actitud, sin darse cuenta que con esas agresiones destruyen el amor propio de los niños y les causan traumas profundos. En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano estamos a favor del dictamen, porque concluye con aquellas prácticas que humillan, castigan o denigran a niñas, niños y adolescentes.

La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se promulgó hace seis años y es hasta ahora que se le incorpora la prohibición expresa de los tratos humillantes y los castigos corporales contra nuestras niñas y niños.

También se reforma el Código Civil Federal, para establecer que se acabó la práctica de corregir a niñas, niños y adolescentes con golpes, castigos corporales o acciones que los exhiben, los ridiculizan y los humillan.

Ni siquiera las buenas intenciones de los padres son suficientes para tolerar los castigos corporales contra nuestros niños, porque está demostrado que estos métodos no los hacen mejores personas, sino que les causan graves daños en su autoestima y su personalidad.

El fenómeno del castigo corporal y los tratos humillantes con el pretexto de disciplinar a nuestras niñas, niños y adolescentes es mucho más grande de lo que creemos. Como se trata de una práctica de padres o maestros, llegamos a pensar que se tenía derecho a castigar a sus hijos o sus alumnos, pero, ya es momento de abrir los ojos, porque en México el 63 por ciento de las niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de agresiones psicológicas y de algún castigo corporal.

El dato es verdaderamente dramático. Dos de cada tres niños han recibido castigos corporales y tratos humillantes. Tal vez muchos o la mayoría de los que aquí estamos presentes ya lo hemos experimentado y todavía se considera más condenable que el 6 por ciento de nuestras niñas, niños y adolescentes han sufrido castigos corporales, especialmente, severos, que causan daños físicos y emocionales más profundos y, en ocasiones, hasta irreparables.

Además, de que más de la mitad de niñas, niños y adolescentes han experimentado tratos humillantes, han sido objeto de burlas y han sido expuestos por parte de sus propios padres o maestros, según, para que corrijan sus conductas.

Insisto, esto debe acabarse y con esta reformar, yo estoy convencida que estaremos dando un paso importante, no se trata tampoco de estigmatizar, mucho menos de criminalizar a los padres o a los maestros, porque sabemos que en muchas ocasiones pueden acreditarse, pues que ellos actúan de buena fe, pero, tampoco, debemos darnos el lujo de seguir permitiendo estos malos tratos que son una verdadera tortura para las niñas, niños y adolescentes, porque lo invito a que reflexionemos solo un momento en los daños que les podemos causar, daños físicos, directos e indirectos como dolores de cabeza, estómago, principios de colitis, incontinencia urinaria, pesadillas y otros problemas como es en el sueño, también algunos problemas de atención, retención, alteraciones en la memoria, afectación en sus posibilidades de desempeño escolar.

Por eso, como lo comenté, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano estamos a favor del dictamen, pues queremos niñas, niños y adolescentes bien cuidados y amados para que mañana sean las mujeres y los hombres que nuestro país necesita. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchísimas gracias, diputada Contreras González. Tiene la palabra la diputada Martha Huerta Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Martha Huerta Hernández:Con su venia, presidente. Con el permiso del pueblo de México acudo a esta tribuna para fijar posición a favor en el nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo al dictamen de las Comisiones Unidas de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

El objetivo principal del presente dictamen es prohibir el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario a niñas, niños y adolescentes. Siempre he pensado que la institución más importante y capaz de cambiar el destino de un país es la familia, aquí es donde se forja el presente y el mañana, aquí se forman a los ciudadanos responsables y preocupados por su entorno. Por ello, es necesario que se eduque con paciencia, respeto y amor.

El dictamen va en la ruta de ir eliminando la problemática de la violencia de nuestro país, ya que de acuerdo a una encuesta realizada por el Unicef el 63 por ciento de niñas, niños y adolescentes mencionan haber sufrido violencia física y psicológica en sus hogares, y el 6 por ciento comentó haber sido víctima de violencia severa, con lo que no podemos observar que solamente el 37 por ciento de niñas, niños y adolescentes de nuestro país no ha pasado por este tipo de violencias que dañan y laceran su vida para siempre.

Este tipo de actos en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes genera consecuencias negativas para su desarrollo social como personal, ya que tienden a tener problemas de baja autoestima, comienzan a normalizar el comportamiento agresivo, tienden a ser más agresivos e, inclusive, llegará a provocar depresión, ansiedad o hasta el suicidio. Estas afectaciones dejan en claro que el golpear e insultar no son los caminos para formar mejores seres humanos sino todo lo contrario, son caminos que derivan en un daño al niño afectado por esta violencia.

Este maltrato a los menores, principalmente se da en los hogares, por los valores y costumbres que por generaciones se han realizado. Se tiende a creer que las niñas y los niños son propiedad de sus padres y que ellos no tienen autonomía ni conciencia propia. Por ello, es necesario que se acabe con esta práctica.

Creo en la frase del psicoanalista Sigmund Freud, que infancia es destino. En esta etapa la niña y el niño deben ser tratados con amor, con paciencia, con respeto, cultivándoles los mejores valores.

Estoy convencida que podemos eliminar la violencia por la que estamos atravesando, reforzando los valores en la familia para evitar la violencia física y psicológica, dando un giro de 180 grados. Estos cambios que se dan en el ámbito del derecho civil, realizando las modificaciones al Código Civil Federal y en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, son para salvaguardar, en todo momento, su integridad física y su seguridad emocional.

Por ello, celebramos las reformas propuestas a esta ley, ya que con la adición de una fracción VIII al artículo 47, en donde se define al castigo corporal como la acción cometida en contra de las niñas, niños y adolescentes, en el que se utilice la fuerza física con el fin de causar dolor o malestar, aunque sea leve.

Como castigo humillante se entenderá trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador o que menosprecie a una niña, niño y adolescente, así como cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, molestia o humillación.

Se plantea, en el artículo 105 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, prohibir que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes no puedan ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, particularmente el castigo corporal y humillante. Se propone reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Civil, con el objetivo de que las y los integrantes de las familias respeten la integridad física, psíquica y emocional de las niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, se adiciona el artículo 323 Ter, con el fin de prohibir a las madres y padres o cualquier otro miembro de la familia, utilizar el castigo corporal y humillante como forma de corrección o disciplina de nuestras niñas, niños y adolescentes.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen, ya que nosotros hemos sido los principales impulsores en el sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes y ellos son el futuro de nuestro país. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Huerta Hernández. Tiene la palabra la diputada Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Laura Barrera Fortoul:Muy buenas tardes. Con su permiso, presidenta. Con el permiso de mis compañeras integrantes de la Comisión de Niñez, de su presidenta. Muy estimadas compañeras y compañeros diputados, hoy en el Día Internacional de los Derechos Humanos cobra un sentido muy especial el que abordemos un tema tan importante como la protección de los derechos fundamentales de las niñas y niños mexicanos.

Según datos de Unicef, en nuestro país viven casi 40 millones de niñas y niños, es decir, 1 de cada 3 residentes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de los Niño, Niñas y Mujeres en México, el 63 por ciento de menores de 14 años experimentan agresiones psicológicas o castigo físico como método de crianza o educación dentro del seno familiar o en los espacios escolares y comunitarios.

Se estima que más de 29 mil niños, niñas y adolescentes viven en condiciones de orfandad en albergues, estando al cuidado de alguien más, siendo aún más propensos a sufrir violencia. Y cerca de 5 millones mexicanos están en riesgo de perder el cuidado de sus familias por causas como pobreza, adicciones, violencia intrafamiliar y procesos judiciales. Es terrible que al menos dos niños menores de 14 años mueran cada día a causa de la violencia familiar.

Hoy damos un gran paso al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, en particular a la protección sobre castigos corporales y otras formas de castigo crueles y degradantes. Se entiende por castigo humillante cualquier trato ofensivo, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador, o que menosprecie a una niña, niño y adolescente, así como cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, molestia o humillación.

Es decir, esta minuta que se aprueba el día de hoy blinda y protegen estas condiciones de vulnerabilidad a nuestra niñez, particularmente en un contexto en el cual los casos de violencia, como aquí se ha mencionado, han aumentado derivado de las medidas de confinamiento provocadas por la pandemia.

Es muy importante dejar en claro que esta prohibición al castigo corporal no busca, bajo ninguna circunstancia, criminalizar a madres y padres, sino fortalecer las relaciones afectivas, sanas y la crianza respetuosa, para que niñas y niños crezcan y se desarrollen mejor, en entornos seguros y afectivos, sentando las bases para la reconstrucción del tejido social, basado en una cultura de paz, que tanta falta le hace a nuestro México.

De acuerdo al reciente análisis realizado por el Unicef, en 17 países de la región las niñas y niños expuestos a castigo corporal severo tienen 300 por ciento menos probabilidades de tener un desarrollo adecuado en la primera infancia, etapa que como hemos hecho énfasis en diversas oportunidades es fundamental para el desarrollo de los seres humanos.

A nivel mundial, apenas en el 2019, el año pasado, en Francia, se aprobó por ley la prohibición de los castigos físicos hacia los niños, convirtiéndose en el país número 56 del mundo, que se suma a esta prohibición. Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, son los únicos 10 países de Latinoamérica que tienen una legislación específica para prohibir el castigo corporal en todos los ámbitos.

Hoy México se convierte en el país número 57, dando un paso trascendental en la protección la niñez, poniéndonos en otro nivel de consciencia de trato a la infancia. Celebro profundamente la unión de criterios y el trabajo conjunto, poniendo en el centro a nuestras niñas y niños como sujetos de derecho. Claros de que no hay nada más importante que su pleno desarrollo, al proporcionar una pauta jurídica propicia para promover políticas públicas dirigidas al cambio de actitudes y de prácticas sociales hacia formas de crianza, no violentas, basadas en el respeto y en el amor.

Si todos, si todos fuéramos conscientes de que en la infancia se definen la salud mental de un adulto, pensaríamos dos veces antes de corromper el alma de un niño con palabras y acciones hirientes. Muchas gracias por su atención.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Barrera Fortoul. Tiene la palabra la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez:Con el permiso de la Presidencia. Buena tarde, compañeros y compañeras diputadas y diputados. Un agradecimiento especial a los integrantes de estas dos comisiones que tuvieron a bien o que tuvimos a bien aprobar este dictamen.

Las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia y de Justicia presentan a esta soberanía, para su discusión y votación, el dictamen que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes y el Código Civil Federal para prohibir el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario para niños, niñas y adolescentes.

El objeto del dictamen es atender lo establecido en el artículo 4o. párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece, en todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez garantizando de manera plena sus derechos, a fin de satisfacer las necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para el desarrollo integral de los niños y las niñas.

La misma Constitución señala que los ascendientes, tutores o custodios, tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios donde el Estado otorgará las facilidades a las instituciones públicas y privadas para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de los niños con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y garantizar el pleno ejercicio de respeto, protección y promoción de sus derechos humanos.

Las comisiones dictaminadoras reconocemos que en nuestro país el castigo corporal y humillante continúa siendo una de las formas de crianza y disciplina que prevalecen en los diversos entornos, en donde las niñas, niños y adolescentes crecen, conviven y se desarrollan, y que genera en ellos efectos adversos en las dimensiones físicas, cognitivas, emocionales y conductuales, incluso de forma permanente y con consecuencias en el entorno familiar, escolar y social. Y su servidora, como docente, reconoce la violencia existente y presente y esta afectación en los educandos, generando un círculo nocivo para el desarrollo integral de nuestros niños y niñas.

El dictamen es claro en señalar las lamentables cifras emitidas por diversas instancias de seguridad, salud, asistencia social, que muestran que la violencia corporal ejercida existe y continúa en aumento, siendo una obligación urgente que debe de ser atendida a través de políticas públicas claras y eficientes en los tres ámbitos de gobierno.

La presente minuta tiene la finalidad de visibilizar e implementar medidas para su prevención y la sanción. Pero, sobre todo, garantizar en los niños el derecho a recibir orientación, educación, cuidado y crianza de sus progenitores o quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de los encargados y el personal de las instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social y de cualquier otra índole que brinde asistencia a los niños sin que. Que en modo alguno se autorice a ellos al uso del castigo corporal, ni el castigo humillante como forma de corrección o disciplina de niños, niñas y adolescentes; por el contrario, con respeto, dignidad e integridad humana.

Los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del PAN votaremos a favor de este presente dictamen, al coincidir con su contenido y con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Hay que reconocer el trabajo previo que en las legislaturas LXIII y LXI se trabajó sobre el tema, y que en el mes de noviembre, como portadora de una iniciativa, fue aprobada. Legislativamente, compañeros diputados, aún nos falta mucho por hacer a favor del interés superior de la niñez en México. Como sociedad, necesitamos cambiar la cultura de un golpe por un diálogo abierto.

Hoy no más castigo corporal. Hoy no más a la humillación degradante. Hoy no más a la violencia física de niños y niñas. Hoy es el tiempo de decir sí al interés que nos lleve a favorecer en los derechos humanos y de protección de nuestros niños y niñas, que son el presente y el futuro de México. Por respeto y por amor a nuestros niños y niñas, votemos a favor. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Gutiérrez Valdez. Tiene la palabra la diputada Graciela Sánchez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Graciela Sánchez Ortiz:Con la venia de la presidenta. “Es más fácil criar niños fuertes que reparar hombres rotos”. Frederick Marshall.

Compañeras y compañeros diputados, la Convención de los Derechos del Niño y el artículo 4o. de la Constitución consignan el interés superior de la niñez y reconocen que niñas, niños y adolescentes deben ser sujetos de derechos de protección y cuidados especiales. De ahí que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establezca un marco legal orientado a promover, proteger y garantizar sus derechos. Entre estos derechos sobresale el derecho al ascenso a una vida libre de violencia y a la dignidad y a la integridad personal.

Sin embargo, diariamente en todo el país niñas, niños y adolescentes sufren diversas formas de castigo corporal y humillante, que vulneran de manera profunda y, en ocasiones, de manera permanente su desarrollo personal.

Daños y afectaciones que se manifiestan en diversas dimensiones de la vida de las personas menores de edad, como en su dimensión física con lesiones corporales, dolores de cabeza, estómago, colitis, incontinencia urinaria, pesadillas y problemas de sueño. En su dimensión cognitiva, mediante problemas de atención, alteraciones de la memoria y un pobre desempeño escolar. En su dimensión emocional, mediante hiperactividad, miedo, hostilidad, agresividad, ansiedad, angustia y trastornos depresivos. En su dimensión conductual, con relaciones interpersonales violentas, baja autoestima, agresividad, ausentismo, alcoholismo, consumo de drogas, sensualización o tendencias suicidas.

La Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres de 2015 reveló que la tasa de agresión psicológica y de castigo corporal ejercido en el hogar en contra de niñas, niños y adolescentes de 1 a 14 años fue de 73 por ciento. Además, la referida encuesta arrojó que 38 por ciento sufrió castigo corporal en el mes previo a la encuesta. Que 6 por ciento fue objeto de castigos corporales severos y que tan solo 31 por ciento experimentan forma de disciplina no violenta, situación que, lejos de disminuir se ha intensificado a consecuencia de la crisis y confinamiento al que están sometidos las niñas, niños y adolescentes con motivo de la pandemia por la covid-19.

Actualmente, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil Federal no hacen mención expresa al castigo corporal y humillante, entendido como una forma de violencia que atenta gravemente contra la dignidad e integridad personal de la niñez.

Por eso, es necesario incorporar este concepto y erradicar el uso del castigo corporal y humillante como método disciplinario de niñas, niños y adolescentes. Solo mediante criterios objetivos que permitan determinar qué acciones o conductas constituyen castigos corporales y humillantes las autoridades podrán defender a nuestra niñez, brindarle atención y apoyo cuando sean víctimas de violencia. Además, la prohibición de provocar dolor, amenaza, molestia o humillación en contra de niñas, niños y adolescentes coadyuvará a romper el círculo de la violencia familiar que tanto daña a la sociedad.

La presente propuesta permitirá desarrollar un cambio de actitudes y prácticas con un enfoque de derechos humanos, respeto y afecto, con medidas educativas, psicológicas y de trabajo social que acompañen a madres y padres educadores y cuidadores, sin menoscabo de sus derechos educativos.

En el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor del dictamen, porque este es un problema que debe ser atendido con un enfoque preventivo y propositivo, porque en Morena estamos comprometidos con el bienestar y el pleno desarrollo de la niñez en México. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Sánchez Ortiz.

Con esta intervención se cierra el plazo para registrar reservas. Está a discusión en lo general. Tiene la palabra la diputada Laura Martínez González, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro del dictamen.

La diputada Laura Martínez González:Con permiso de la Presidencia. Buenas tardes a todas y a todos. Compañeras y compañeros legisladores, el castigo corporal, también conocido como disciplina física, es toda sanción y corrección que incluye el uso de la fuerza física con la intención de causar cierto grado de dolor o malestar en el individuo, por leve que sea.

Este proceso de crianza incide fuertemente en la construcción de la personalidad, en la estructura psíquica del infante a largo plazo. En nuestra cultura representa un acto que se acompaña generalmente de violencia, la cual limita las potencialidades del desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.

La exposición prolongada a un estrés tóxico puede alterar el desarrollo físico del cerebro y repercutir así al crecimiento físico, cognitivo, emocional y social del niño. Por ello, existen diversas razones para reflexionar sobre el castigo corporal como método de corrección en la niñez.

De estas resaltan las más evidentes, como las de orden psicológico y el sentido de la felicidad en la vida presente y futura del infante. Las jurídicas, vinculadas con el pleno reconocimiento de la dignidad humana, el interés superior de la niñez, y las sociales, que nos remiten al tipo de sociedad al que aspiramos.

La vida en la niñez y sus condiciones y su bienestar tienen valor por sí mismo. Por ello, los patrones de crianza que trasmitimos de generación en generación incide el futuro de desarrollo de niñas, niños y adolescentes, sobre todo si hablamos de forma en relación cargada de violencia, sin embargo, los métodos de disciplina violentos son extremadamente comunes a pesar del impacto negativo y prolongado que tiene sobre la infancia.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 4 de cada 5 niños entre 2 y 14 años, alrededor del mundo son víctimas de algún tipo de práctica disciplinaria violenta en casa. En México, la prevalencia de esta práctica contra niñas, niños y adolescentes también son alarmantes. Por esta razón, el dictamen que hoy se encuentra en discusión busca establecer la prohibición expresa al castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario.

En el Grupo Parlamentario de Morena estamos comprometidos con la impostergable tarea de salvaguardar los derechos de la infancia, por ello mi voto será a favor. Continuamos en transformación de México. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Martínez González. Tiene la palabra la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán:Con su venia, diputada presidenta. Celebro, como ya aquí se ha dicho, la aprobación de este dictamen por parte de las Comisiones Unidas de Niñez y Adolescencia, y de Justicia. También celebro el ejercicio de parlamento abierto que se realizó para el enriquecimiento y el fortalecimiento de este dictamen, que sin duda contribuirá al fortalecimiento de las familias, del tejido social y como resultado a la recuperación de la seguridad y, por supuesto, a lograr un México en paz.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la violencia perpetúa la violencia. Los niños que crecen rodeados de violencia tienen más probabilidades de emplearla cuando son adultos y también la violencia, como aquí ya se ha expuesto, tiene consecuencias de por vida. El estrés tóxico, asociado a una exposición reiterada a la violencia en la primera infancia, puede interferir en el desarrollo sano del cerebro y llevar a comportamientos agresivos y antisociales, abuso de sustancias, comportamientos sexuales peligrosos y actividades delictivas.

El ejercicio de la violencia es multicausal y multidimensional y es resultado del impacto psicológico y la afectación del tejido social causado también por una serie de variables como la inseguridad, la debilidad institucional y la ausencia de políticas públicas eficientes, transversales y equitativas.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sostenemos que lo más importante que tenemos en nuestro país es, por supuesto, nuestra infancia y nuestra niñez. Y, para que puedan lograr un pleno desarrollo y puedan llegar a ser personas de bien que contribuyan a fortalecer a nuestro país y a fortalecer estos caminos que requerimos, ahora más institucionales, más equitativos y más incluyentes, necesitamos cuidarlos y protegerlos desde la primera infancia.

Como aquí ya bien se ha dicho, esto representa un cambio cultural porque se han venido ejerciendo ciertas prácticas a través de estos castigos corporales, estos castigos humillantes a través del tiempo, que este es el momento exacto de erradicarlos.

Y, ¿cuál es el primer paso para lograrlo? Pues por supuesto tener la prohibición en la ley, que como bien se dice, no busca criminalizar a los padres, a las madres, al revés, perdón, a las madres o a los padres de familia, y por supuesto que tampoco a las personas que están encargadas de cuidar a las niñas y a los niños. Lo que se busca es crear conciencia que estos castigos no son tolerables, que estos castigos traen unas consecuencias que pueden llevar a los niños a sufrir repercusiones durante toda su vida.

Es por eso que nosotros apoyaremos este dictamen, por supuesto, desde el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, pero también lo apoyamos porque estamos muy conscientes de que esta visión de tratar a los niños como sujetos de derechos y ya no como objetos, es lo que está pretendiendo la ONU a través de todos los tratados y de todas las convenciones en las cuales se establecen los derechos de la infancia.

Por lo cual consideramos es un dictamen integral, es un dictamen positivo y celebro que sea un tema de Estado que nos una a todas las fuerzas políticas y que todas y todos estemos interesados en velar por el interés superior de nuestra infancia. Muchísimas gracias por su atención. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rodríguez Mier y Terán. Tiene la palabra la diputada Claudia López Rayón, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro del dictamen.

La diputada Claudia López Rayón:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, a que se resguarde su integridad personal y su dignidad, a fin de garantizar su pleno desarrollo físico, emocional y social.

Es por ello que hoy estamos a favor de este dictamen que tiene como principal objetivo prohibir cualquier forma de castigo corporal y humillante a niñas, niños y adolescentes, porque somos conscientes de los efectos nocivos que estas conductas tienen en su vida y porque incrementan la probabilidad de reproducir el círculo de violencia cuando son adultos.

El castigo corporal y humillante, ejercido durante la niñez y adolescencia, tiene como graves consecuencias, la reproducción de este tipo de conductas violentas en los diferentes entornos de convivencia ya sea en la familia, en la escuela o en la comunidad. Por lo que no solamente se afecta el núcleo familiar, sino que esta violencia impacta de manera transversal a la sociedad, dañando el tejido social.

En este sentido, otra de las virtudes de la presente reforma es que se reconoce, dentro de la violencia familiar, el castigo corporal y humillante en contra de niñas, niños y adolescentes, ejercido por algún integrante de la familia. Recordemos que actualmente ya se contempla la violencia familiar en distintos ordenamientos jurídicos. Sin embargo, no se visibilizaba la violencia ejercida en contra de las niñas, niños y adolescentes en forma de castigo corporal como método correctivo o disciplinario.

En consecuencia, quienes integramos el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor del presente dictamen, con ello reiteramos nuestro compromiso con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, su protección y desarrollo con un elemento imprescindible para lograr una sociedad próspera y pacífica.

Votaremos siempre a favor de propuestas como esta, que garanticen el interés superior de la niñez, como lo establece el artículo 4o. de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada López Rayón. Tiene la palabra el diputado José Luis García Duque, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro del dictamen.

El diputado José Luis García Duque:“Ríe, payaso, aunque por dentro llores. Los adultos no debemos descargar las frustraciones con los niños, niñas y adolescentes”. Frase payaso Joker, adoptada por el payaso Pipo, de Monterrey, Nuevo León.

Con el permiso de la Presidencia. Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de Niñez y Adolescencia y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Recordemos que el 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescente, con la finalidad de establecer un marco legal que proteja y garantice los derechos de este conjunto de personas. Esta ley tiene grandes méritos, ya que reconoce que las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y garantiza su pleno su pleno ejercicio.

Con la entrada en vigor de esta ley se dio acceso a la conformación de la estructura institucional y cultural de respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Por ello, al reformar el cuerpo del presente dictamen, es de gran relevancia para la sociedad mexicana, ya que se plantea prohibir el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario a niñas, niños y adolescentes.

En el dictamen a discusión se plantea, las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a recibir orientación, la educación, cuidado, crianza sin el uso de castigo físico ni el trato humillante de su madre, padre o quienes ejerzan la patria potestad, tutela, guarda o custodia, incluidas las personas que desempeñan alguna función dentro de las instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social, de cuidado, de readaptación social, o de cualquier otra índole.

Según datos del Unicef, México reconoce que seis de cada diez niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 14 años, han sufrido alguna vez algún método de disciplina correctiva, que implica el castigo corporal. En ese sentido, también es importante recalcar que ese tipo de castigo corporal y humillante afecta en gran sentido el pleno desarrollo de las niñas, los niños o adolescentes, ya que provoca ansiedad, trastornos, depresión e inclusive llegar a pensar en el suicidio.

La prohibición del castigo corporal y humillante es un paso importante y necesario en nuestro país. Con esto se plantea lograr una vida libre de violencia en nuestras niñas, niños y adolescentes y pueden lograr al máximo su desarrollo personal.

Las y los diputados del Partido del Trabajo seguiremos defendiendo el bien más preciado que tiene el país para nosotros. Las niñas, niños y adolescentes no son nuestro futuro, son nuestro presente. Unidad nacional. Todo el poder al pueblo. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado García Duque. Tiene la palabra la diputada Leticia Díaz Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro del dictamen.

La diputada Leticia Díaz Aguilar:Con la venia de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados, decirles que la pandemia por covid-19 ha tenido impactos en la niñez, uno de ellos es exponerlos a un posible aumento de violencia, abuso y explotación. El aumento de los niveles de estrés, la inseguridad económica y alimentaria y las restricciones de movimiento debilitan los factores de protección que contribuyen al incremento de la violencia doméstica.

A esto, debemos sumar que las niñas, niños y adolescentes tienen limitados posibilidades de acceder a ayudas sociales y educativas. Destaco que los actos violentos contra infantes y adolescentes son una violación de sus derechos humanos y que en nuestro país, seis de cada 10 menores de entre 1 y 14 años, han sufrido algún tipo de disciplina violenta en sus hogares, una acción que provoca graves consecuencias en su desarrollo.

Estudios del Unicef demuestran que los niños y adolescentes que padecen castigos corporales, rigurosos, tienen 2.4 por ciento menos probabilidades de alcanzar un pleno desarrollo adecuado, además aquellos que tuvieron algún tipo de indisciplina tienen 1.6 por ciento más probabilidades de volverse violentos.

La necesidad imperativa desde la perspectiva de los derechos humanos, de prohibir y eliminar el castigo corporal y demás formas degradantes de sancionar a los niños, se funda en las premisas de que todas las personas tienen derecho a que su dignidad humana e integridad física, sean respetadas y de que las leyes deban proteger a todos por igual.

Una condición necesaria para que la prohibición del castigo corporal sea efectiva consiste en que se encuentre enmarcada en las leyes. Por eso, hoy celebro que demos un paso adelante. Con este dictamen se visibiliza y atiende un problema presente en la cotidianidad de la vida social de nuestro país, que pese a tener efectos nocivos para niños, niñas y adolescentes, se manifiesten dimensiones físicas y cognitivas, emocionales y conductuales de su desarrollo. El cual, lamentablemente, tiende a no ser visualizado.

Hoy se hace justicia a una cuestión, que no siendo novedosa en el desarrollo histórico de los derechos humanos, ha quedado relegada por los patrones tradicionales de la crianza patriarcal, asumidos históricamente por nuestra sociedad. Tenemos que ver los derechos de las niñas, niños y adolescentes que son el presente de nuestro país.

Por eso, en el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor. Los golpes y castigos no enseñan, solo generan miedo e inseguridad en la niñez, eduquemos a través del diálogo, el respeto y el ejemplo y los valores. Es cuanto, diputada. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Díaz Aguilar.

Agotada la lista de oradoras y oradores, y en virtud de que en términos del artículo 13, numeral1, inciso e), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, no se tiene registrada reserva alguna para su discusión en lo particular, consulte la Secretaría, en votación económica, si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: En votación económica, se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se instruye a la Secretaría que abra el sistema electrónico y la plataforma digital, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y 18, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital para el registro de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

A las diputadas y a los diputados que falten de emitir su voto les recordamos que queda un minuto para poder hacerlo.

Presidencia del diputado Xavier Azuara Zúñiga

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Tiene la palabra la diputada Tatiana Clouthier para votar de viva voz, ya que no se ha resuelto el incidente técnico en su dispositivo.

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo (desde la curul): Para decir nada más mi voto en aprobado, por favor. No pude entrar en el sistema.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se registra, diputada. De la misma forma, el diputado Carlos Alberto Valenzuela. Adelante, diputado. Sonido en la curul del diputado Carlos Alberto Valenzuela. Adelante.

El diputado Carlos Alberto Valenzuela González (desde la curul): Gracias, presidente. Carlos Valenzuela, Acción Nacional, a favor.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Gracias, diputado. ¿Algún incidente extra? Le pido a la Secretaría que ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital, para dar cuenta con el resultado.

La secretaria diputada María Guadalupe Díaz Avilez: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Se informa a la Presidencia que se emitieron 446 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Aprobado, en lo general y en lo particular, por 446 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Continuamos con la discusión del dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

En términos del artículo 13, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, tiene la palabra para fundamentar el dictamen el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, hasta por cinco minutos.

El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz:Buenas tardes. Con su venia, diputado presidente.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputado.

El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz: Compañeros diputados, compañeras diputadas, a nombre de todos los integrantes que conformamos la Comisión de Comunicaciones y Transportes, acudo a presentar el dictamen por el que se crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

Este dictamen considera las tres iniciativas de los diputados Mario Delgado Carrillo, Manuel Gómez Ventura y el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que versa principalmente sobre crear un padrón de las líneas de telefonía móvil, cuyo objetivo es el de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia para combatir la comisión de delitos, como la extorsión y el secuestro.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por mes se cometen 70 secuestros y 677 extorsiones a nivel nacional. Asimismo, el monto económico de afectación por la comisión del delito de extorsión alcanzó un máximo histórico de 12 mil millones de pesos en el año 2018.

Para la dictaminación de estas iniciativas se llevó a cabo un foro donde participaron diversos especialistas, conformado por funcionarios de la administración pública federal, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, concesionarios, asociaciones empresariales y civiles. El objetivo fue reunir a los principales actores para la operación y manejo de una base de datos que incluya un padrón de todas aquellas personas usuarias de los servicios de telecomunicaciones, en específico de la telefonía móvil.

Como resultado de este foro se concluyó lo siguiente. Hay una alta preocupación por la posible invasión a la privacidad, la falta de mecanismos de protección de datos personales y una posible violación a derechos humanos por el debido proceso y la presunción de inocencia.

En esto, no me dejarán mentir todos los compañeros de la comisión, fue una parte importante para fundamentar el dictamen y que la iniciativa del diputado con licencia, Mario Delgado, pudiera avanzar. De no haber sido así no estaríamos en estos momentos dándole mayor formalidad a este dictamen en este pleno.

¿Por qué les digo esto? Porque precisamente todos merecemos una segunda oportunidad en el afán, siempre y cuando en el afán de brindarle una herramienta a la sociedad que procure su mayor seguridad en temas como se los he dicho anteriormente, que es la extorsión y el secuestro.

Así, creo que nos merecemos esta segunda oportunidad y la sociedad lo merece. Lo comento como una segunda oportunidad porque existe el antecedente, y saben a qué me refiero, al famoso oscuro y malversado Renaut, y lo debemos reconocer por las violaciones de protección de datos personales y los deficientes mecanismos de consulta, y es precisamente a lo que no queremos llegar.

Sin embargo, esperamos que la implementación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil se desarrolle de manera transparente, con total apego a los derechos humanos, a la protección de datos personales y al debido proceso. Esa sí que en este dictamen se contempla la implementación de datos biométricos, lo cual coadyuvará a la validación de los registros de las líneas de telefonía móvil al momento de suscripción.

Además, se establece que el Instituto, en colaboración con los concesionarios, deberán otorgar todas las facilidades tecnológicas para que los usuarios se incorporen a dicho padrón.

También, dentro del dictamen se otorga la facultad al IFT para instalar, operar, regular y mantener el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, y además para expedir los lineamientos para su debida operación y con ello permitir una implementación certera y útil.

De igual forma, se limita la consulta para cualquier persona física o moral exclusivamente a los números telefónicos que estén asociados. Asimismo, las autoridades de seguridad, de procuración y administración de justicia, contarán con la facultad para requerir al Instituto los datos del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil por escrito, fundado y motivado, siendo esta también parte fundamental y esencial del dictamen, para respetar las garantías constitucionales establecidas en nuestra Carta Magna.

A través de la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil se busca inhibir delitos de alto impacto que afectan a la ciudadanía, que día a día van en aumento, dando un voto de confianza a las autoridades para que su uso no sea desvirtuado del origen que motivó a esta propuesta.

Agradezco la apertura de diversos puntos de vista y visión constructiva y de respeto a los diputados integrantes de los diferentes grupos parlamentarios, en donde se privilegió el respeto a las garantías constitucionales en lugar de los intereses políticos. Por todo lo anterior, pido su voto a favor de este dictamen, con lo cual lograremos brindar certeza y seguridad jurídica, dando oportunidad sin prejuicios por antecedentes fallidos. Muchas gracias.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: De conformidad con el artículo 13, numeral 1, inciso c), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura, hasta por cinco minutos.

En consecuencia, tiene la palabra la diputada Érika Mariana Rosas Uribe.

La diputada Érika Mariana Rosas Uribe:Con la venia de la Presidencia.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputada.

La diputada Erika Mariana Rosas Uribe: Los beneficios que ofrecen los teléfonos celulares hoy en día, no solo para comunicarnos y entretenernos, sino para trabajar y acceder a múltiples servicios e incluso derechos relacionados con el ámbito digital son muchos y muy valiosos.

No obstante, la telefonía celular móvil también ha multiplicado las posibilidades para que los criminales se aprovechen de las personas y cometan diversos ilícitos, en otras palabras, existen delincuentes para quienes el celular representa una herramienta que les ayuda a lograr más fácilmente sus nefastos fines.

Por lo anterior, con el propósito de ayudar a prevenir el uso ilegal de los teléfonos celulares, países como Perú, Argentina, Brasil, España y Japón han implementado mecanismos para obligar a los operadores y concesionarios de telefonía móvil a verificar la identidad de los usuarios de manera previa a la venta de un equipo, aunque este sea de prepago, mediante la presentación de algún documento para acreditar su identidad, entre otras medidas.

La implementación de este tipo de registros para identificar a los usuarios de telefonía móvil ha seguido una lógica muy simple en donde se ha puesto en marcha al considerar que siempre será mejor prevenir que lamentar. En este sentido, el espíritu que inspira la adopción de estas alternativas es contribuir a disminuir los altos índices registrados en la comisión de delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, el robo de identidad, el fraude, el ciberacoso, el sexting y el grooming, cuya comisión está relacionada en muchas ocasiones con la utilización de teléfonos celulares como medio.

No se debe soslayar que nuestro país ya había operado un mecanismo con los fines y las características que señalé, me refiero al extinto Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el Renaut, que operó hasta 2011 y cuya base de datos fue destruida a petición del Instituto Federal de Acceso a la Información por haberse demostrado que esta había sido robada y era ofrecida al mejor postor por parte de la delincuencia.

Además de los riesgos y la vulnerabilidad a los que fueron expuestos quienes se encontraban inscritos en el Renaut, su mal diseño resultó en una implementación ineficaz que de muy poco sirvió a los objetivos en torno a los cuales fue concebido, principalmente, el combate a las actividades ilícitas que involucraban el uso de teléfonos celulares.

Más aún, el Renaut implicaba la existencia de incentivos para el robo de datos personales y dejaba abierta la posibilidad de inculpar de manera injusta a alguien por la participación o la comisión de un delito a través de la utilización fraudulenta o falsificación de los datos inscritos en el registro, o bien, mediante el robo de aparatos con el único fin de ser utilizados en ilícitos, como sucede con los coches y las motocicletas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se han presentado diversas iniciativas con objeto de crear un instrumento que venga a sustituir al ya desaparecido Renaut, pero, con un diseño que permita corregir las fallas que se presentó, pues a fin de cuentas persiste el problema que buscaba contribuir a solucionar, es decir, los altos índices de criminalidad y su relación con el uso de telefonía móvil.

Bajo esta lógica, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que se busca crear será una base de datos con información de los titulares de cada línea telefónica móvil, con el fin de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia por la comisión de delitos, la instalación, operación, regulación y mantenimiento del padrón, así como el intercambio de información con las autoridades policiales y jurisdiccionales quedará a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Asimismo, el registro del número de una línea telefónica móvil en el padrón será obligatorio para el usuario, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos. Se establecen también sanciones para los concesionarios de telecomunicaciones que incurran en infracciones relativas a las acciones encaminadas a la operación y buen funcionamiento del padrón.

Con lo anterior, se pretende optimizar el diseño del registro anterior, atendiendo sus deficiencias y así garantizar que este sirva de mejor manera a los fines para los cuales está siendo creado. Es por este motivo que votaré a favor de la aprobación del dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Tiene la palabra la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, a través de la plataforma Zoom, hasta por cinco minutos.

La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora(vía telemática): Muchas gracias, con su venia, diputado presidente. Muy buenas tardes.

El presidente diputado Xavier Azuara Zúñiga: Adelante, diputada.

La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (vía telemática): Gracias. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. La reforma que está a consideración de este pleno propone la creación de un registro de usuarios de telefonía móvil, estableciendo un catálogo de infracciones y sanciones contra el uso para fines ilícitos de los equipos telefónicos.

El Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen, pero también se presentarán reservas de aquellos aspectos que a juicio de las y los diputados perredistas van en contra de los derechos humanos.

Debido a los avances tecnológicos, los equipos de telefonía celular se conocen en la actualidad en la forma de smartphone, teléfonos inteligentes que incorporan la identificación de llamadas, fotografía y video. Y también prestan servicios de conexión a internet y a redes sociales, entre muchas otras prestaciones.

El número de usuarios de teléfonos móviles en México se estima en aproximadamente 80.9 millones. Se prevé que el número de usuarios de estos dispositivos móviles supere los 95 millones en el 2025. El desorden prevaleciente permite anchos márgenes de acción a personas que delinquen, mediante llamadas de extorsión, amenazas, chantajes y otras acciones vinculadas a conductas criminales, sin que el Estado haya sido capaz de limitarlas mediante su persecución y consignación.

Los intentos que en el pasado se han llevado a cabo para que el Estado cuente con un registro de equipos y de líneas telefónicas móviles se han malogrado desde que en el año 2009 se intentó poner en marcha el tristemente célebre Renaut, Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el que terminó en un completo fracaso.

Ahora se propone este nuevo proyecto, que en el dictamen se denomina Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, pero lamentamos que ni los iniciadores ni la dictaminadora haya realizado el estudio obligatorio de impacto presupuestal, de manera que lo que se dispondrá en las leyes con nuevas funciones de las autoridades en la creación y actualización permanente de este registro, no cuente con los recursos necesarios para sufragar los gastos de nómina y de operación requeridos para tan grande tarea como esta.

Sin tales previsiones el registro de usuarios de telefonía móvil... la lista de fracasos en la materia. Para que no suceda así, que la aprobación de esta reforma permita a la actual administración realizar un ordenamiento institucional de los datos del mercado de telefonía móvil, de manera que este ordenamiento coadyuve a un más efectivo combate al crimen organizado, a la erradicación de delitos que agravian a la ciudadanía.

Es con base en tal expectativa que las y los diputados perredistas hemos apoyado el dictamen y lo votaremos a favor. No queremos más pretextos, no aceptamos que el actual gobierno siga echando las culpas a las administraciones anteriores. Queremos que tenga más instrumentos necesarios para garantizar la seguridad de las y los mexicanos, y por esa razón nuestro voto será aprobatorio.

No omito decir que nos preocupan algunas particularidades contenidas en el dictamen, que constituyen o podrían constituir violaciones a los derechos humanos de los usuarios, particularmente en lo referido a la protección de los datos personales y a la presunción de inocencia. Es por ello que también presentaremos reservas en lo particular. Muchas gracias. Es cuanto.

Presidencia de la diputada Dulce María Sauri Riancho

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rodríguez Zamora. Tiene la palabra la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala:Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy nos reunimos para discutir un proyecto de amplia relevancia en materia de comunicaciones.

Es un proyecto que contempla la creación del registro de usuarios de telefonía móvil, el cual tiene como principal objetivo brindar seguridad a la población, reduciendo delitos que afectan al patrimonio y bienestar de la población, como es el delito de extorsión. El proyecto contempla las reformas necesarias para normar el funcionamiento del registro, así como regular la compra de tarjetas SIM de prepago, con el fin de conocer quiénes son los dueños de la línea que se está utilizando.

Podemos dimensionar el impacto del beneficio de esta reforma a través de un dato de suma relevancia y es que en México existen cerca de 140 millones de líneas telefónicas, de las cuales 122 son móviles. Esto quiere decir que del 100 por ciento de la población que tiene acceso a una línea telefónica, más del 80 por ciento utiliza una línea por medio de un aparato móvil.

Este es un dictamen que contribuye a la seguridad de toda la ciudadanía y yo les pregunto a ustedes, compañeras y compañeros, ¿cuántas personas y cuántos de nosotros hemos sido víctimas de alguna llamada cuyo fin sea cometer un fraude o, peor aún, una extorsión?

Este tipo de actividades se debe erradicar, por lo que resulta necesario desarrollar un padrón de usuarios que permita tener mayor control por parte de las autoridades. El delito de extorsión es el segundo más común que padecen las y los mexicanos. En la cuarta transformación estamos tomando acciones integrales que contribuyan a inhibir este tipo de actividades y, con ello, evitar que se vulneren los derechos de la ciudadanía.

De acuerdo con la información del Envipe, presentados hace un par de horas, nos presentan la cifra negra del 92 por ciento de los delitos cometidos en nuestro país. En concreto, en el caso del delito de extorsión, de cada 10 extorsiones, 9 se realizan vía telefónica. Compañeras y compañeros legisladores, este tipo de actividades ilícitas deben ser erradicadas. No podemos permitir que se continúe vulnerando la seguridad, el bienestar y el patrimonio de millones de mexicanos.

Con este proyecto se mejorará el antecedente inmediato, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que, en el 2009, a través de esta soberanía, se implementó como un mecanismo de registro obligatorio de los dispositivos llamados Tarjeta SIM. Este esquema obligaba a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones a llevar un registro de sus usuarios, tanto en la modalidad de prepago, pospago o de plan tarifario.

Sin embargo, este registro tuvo poca efectividad y, por ello, estamos a favor de derogar dichas disposiciones, en su lugar se establecieron nuevos y diversos mecanismos que obligaban a los concesionarios o permisionarios a colaborar con las autoridades judiciales. Ahora, gracias a esta reforma se tendrá un mayor control sobre las líneas de telefonía, algo que era necesario desde hace tiempo.

El registro contará con información como el número de la línea, el número de identificación de la tarjeta SIM, la fecha y la hora de activación, el nombre completo o razón social del usuario, sus datos de identificación oficial, CURP, domicilio y entre otros más, todo regulado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Compañeras y compañeros, como podemos apreciar, a través de las reformas a la Ley Federal de Comunicaciones y Radiodifusión, estaremos haciendo lo socialmente correcto, pues gracias a este nuevo registro de usuarios, las y los mexicanos estaremos más seguros, y por esto, en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, votaremos este dictamen a favor. Es todo, presidenta, muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Teissier Zavala. Tiene la palabra el diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Higinio del Toro Pérez:Buenas tardes compañeros legisladores. A la gente que nos ve por el Canal del Congreso, y también a través de las redes sociales, subo a la tribuna a fijar la postura sobre este importante dictamen, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y quisiera empezar entendiendo cuál es el contexto, porque creo que se ha malentendido lo que aquí se va a votar.

Y este dictamen, quisiera explicar acerca del Instituto Federal de Telecomunicaciones, porque es un organismo que es fundamental para que esto que se está proponiendo finalmente suceda. Y entender que este Instituto es un órgano autónomo, que entre otras cosas, se encarga de regular el espectro radioeléctrico, las redes, la prestación de los servicios públicos de radiodifusión y también de Telecomunicaciones.

Pero también es responsable de garantizar el acceso equitativo y de otros insumos esenciales para las tecnologías de información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos la banda ancha de internet. Y menciono lo anterior, porque el dictamen que hoy nos ocupa contiene la propuesta de crear un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil que sería regulado por este instituto.

Pero, ¿qué se va a registrar? Bueno, vamos a registrar la línea telefónica móvil, el número de serie, el identificador de la tarjeta SIM, la fecha y la hora de activación, el nombre completo o razón social de la empresa, el número de identificación oficial con fotografía, la clave única de población, el domicilio del concesionario, el código de identidad de fabricación y características del teléfono, si es prepago o pospago, vigencia y todas las actualizaciones que pudieran ocurrirse, pero dejo para el final lo siguiente. Este dato es importante, el registro contempla la recolección y el almacenamiento de los datos biométricos con la justificación de evitar la usurpación de identidad y por tanto también, la comisión de delitos.

¿Servirá o no tener un registro de usuarios de telefonía móvil? Aquí hay gente que sube a tribuna y siempre hablan del pasado y señalan una y otra vez. Recordemos que este registro ya se había utilizado en el gobierno de Felipe Calderón y estaba de secretario de Seguridad Pública el propio Genaro García Luna, que fue quien promovió el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones, el Renaut. Se acuerdan. Un registro que para nada sirvió y que al término de la aplicación del programa, fíjense bien, el delito de extorsión aumentó 40 por ciento y el de secuestro 8 por ciento. No sirve registrar a los usuarios de telefonía móvil, si no va acompañada de una estrategia y una política de seguridad.

¿Cuál fue el final del Renaut? En el 2011, el Senado derogó este mecanismo de registro porque evidentemente no funcionó. Y en junio del 2012, fíjense bien lo que pasó, la Secretaría de Gobernación destruyó la base de datos que previamente —todo mundo lo conocemos— pudo adquirirse en el mercado negro.

La propuesta que hoy se discute integra como uno de sus principales argumentos el hecho que en las prisiones del país no existe un control efectivo sobre el acceso de dispositivos móviles, y se tiene la creencia que así se reducirá la incidencia delictiva dentro de las cárceles. Este sistema de registro ya existe en otros países; sin embargo, ninguno que se precie de garantizar los derechos humanos.

El registro, por ejemplo, de telefonía fue cancelado en los propios Estados Unidos, en el Reino Unido y también en Canadá, porque se consideran que atentan contra los principios de presunción de inocencia y porque se ha demostrado que su aplicación no ha disminuido el tema de las extorsiones.

Pensar que con el registro de los usuarios de telefonía móvil acaba la extorsión es no entender lo que sucede en este país. Existen muchos mecanismos para clonar la tarjeta así, y que evidentemente quienes intentan usurpar esta medida lo van a poder hacer. Y eso pues no necesariamente va a llevar a la disminución de los delitos. Pensar que solo con eso acabaremos con la extorsión es francamente una falacia.

Pero no es lo único. Necesitamos pensar que esto no se hace con legislaciones. La forma de evitar la extorsión telefónica es a través del uso de la tecnología. Y el dictamen no contempla un solo apartado para entender cómo es que se va a hacer ese bloqueo. Y vamos más allá. Al hacer un registro específico de todas las personas con estos datos que ya mencioné, eventualmente se les estará considerando como potenciales cometedores de un delito, cuando en la propia Constitución está consagrado el principio de inocencia.

Con esto no podemos llegar a ningún lado. Por eso desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano proponemos que este dictamen, en su momento, que debió haber sido revisado a punto, no contempla la conservación o los principios de inocencia ni preserva también la defensa de los derechos humanos. Por lo que en su votación, en lo general y en lo particular, nuestro grupo parlamentario irá en contra. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Del Toro Pérez. Tiene la palabra el diputado José Mario Osuna Medina, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado José Mario Osuna Medina:Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Desafortunadamente, en México el delito de extorsión telefónica sigue a la alza cada día, ya que la delincuencia organizada utiliza este método con mayor frecuencia mediante llamadas y mensajes, debido a los medios de fácil acceso para llevarlo a cabo. Entre los métodos de extorsión telefónica más empleados tenemos que el delincuente obtiene información mediante engaños.

Por ejemplo, se hace pasar como un pariente que viene desde el extranjero, como un empleado de una empresa que le hace saber a la víctima que ha sido ganadora de un premio, supuestos integrantes de organizaciones criminales, amenaza de secuestro o muerte, dueño o patrón en problemas. Y ahora el que dice ser empleado bancario, quien les hace creer que ha detectado una compra sospechosa con su tarjeta de crédito y que si quiere evitar que le hagan un cargo tiene que proporcionarle datos personales.

Es importante mencionar que la mayoría de las llamadas para extorsión son de teléfonos celulares. Los equipos móviles se han vuelto herramienta fundamental para la realización de ilícitos. La iniciativa que hoy se presenta tiene como objetivo fundamental la elaboración de un registro que tiene como finalidad la identificación plena y certera de los titulares de las líneas de comunicación.

A través de ella se busca crear un registro de aproximadamente 124 millones de líneas de telefonía móvil que hay en el país. Se pretende que el registro sea una base de datos integrada por la información que de cada línea telefónica proporcionen los concesionarios de telecomunicaciones y será operada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

La base de datos contendrá número de línea telefónica, número de serie o identificador único de la tarjeta SIM, la fecha y hora de la activación de la línea telefónica, el nombre completo o razón social del usuario de la línea, el tipo de modalidad contratada, tarifario o prepago, entre otros.

La iniciativa considera la creación de mecanismos de seguridad y técnicos sumamente estrictos para todas aquellas personas que se verán involucradas en el proceso de elaboración del registro, además de las sanciones que conllevarían a las propias concesionarias y empleados, estos por un mal tratamiento de la posesión de datos personales.

Para aquellos que digan que este registro generaría un costo, que está en el erario mexicano, les decimos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones cuenta con la capacidad y la estructura para manejar y operar el registro de usuarios de telefonía móvil.

Muchos señalan que lo que se quiere es revivir un viejo proyecto como lo fue el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones, Renaut, creado en 2009 y eliminado en 2011, después de que su base de datos fue vulnerada y puesta a la venta en el mercado negro.

No se equivoquen, nosotros no somos iguales. Nosotros sí protegeremos la información personal de las y los mexicanos, y el registro de usuarios de telefonía móvil será una herramienta en el combate a la delincuencia, delincuencia que ustedes dejaron crecer cual hiedra venenosa. Sin duda, esta iniciativa va a ser algo muy favorable para el combate a la delincuencia organizada.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo celebramos la aprobación de este tema que forma parte de nuestra agenda política, al ser una de las grandes demandas del pueblo de México. Con esta reforma se combatirá frontalmente las extorsiones que millones de mexicanos reciben todos los días y que son hechas desde los propios penales.

Estas medidas no atentan contra la libertad individual, pero sí buscan generar certeza de que el Estado cuenta con las herramientas necesarias para generar paz y tranquilidad a las familias mexicanas. Es cuanto. Unidad nacional a todo el pueblo de México.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Osuna Medina. Tiene la palabra el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez:Buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta. Muchas gracias. Compañeras, compañeros diputados, como nos hemos dado cuenta, en esta época el teléfono celular se ha convertido en una herramienta de trabajo, y qué mejor ejemplo que es aquí mismo en la Cámara de Diputados donde los teléfonos celulares tienen una función muy importante. Ya pasamos lista, ya votamos, y eso hace que el trabajo a distancia se pueda ir fortaleciendo.

Hoy en día contar con dispositivos móviles, como son estos celulares, es indispensable para evitar un aislamiento de comunicación. En México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones revela que por cada 100 habitantes hay 96 que utilizan teléfono celular, esto quiere decir que hay aproximadamente 120 millones de teléfonos celulares aquí en México.

Y, con estas cantidades tan impresionantes, es de reflexión el que no exista un padrón nacional de usuarios de esta telefonía celular ni las disposiciones administrativas para su operación. Es así que, la mexicana o el mexicano que desea comprar un chip, un teléfono, lo hace de manera muy pública sin la necesidad de poder tener algún antecedente o, mejor dicho, tener la necesidad de generar documentación alguna para poder ser beneficiario de la adquisición de este teléfono celular.

Por eso es que mucho tiene que ver la utilización de los teléfonos celulares por parte de la delincuencia organizada porque cometen fraudes, extorsiones, secuestros y eso genera verdaderamente un problema, genera un verdadero problema en la seguridad de las y de los mexicanos.

Es momento de actualizar nuestro marco legal para contar con todas las herramientas jurídicas que permitan regular las nuevas relaciones que surgen con este vertiginoso cambio tecnológico.

Por ello, las reformas y adiciones a las diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se propone este presente dictamen resultan de la mayor importancia. La reforma propuesta consiste:

1.Otorgar al Instituto Federal de Telecomunicaciones la potestad de operar, vigilar y mantener el registro de los usuarios de telefonía móvil.

2. El intercambio de información con otras autoridades competentes y esta información debe ser solicitada, fundada y motivada.

3. Se propone que exista un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, registro de usuarios que contendrá información relacionada con esta línea telefónica. Uno, debe tener el número de teléfono. Dos, el número de identificación único de la tarjeta SIM. Tres, la fecha y hora de activación. Cuatro, el nombre completo o razón social del usuario. Cinco, los datos de su identificación o CURP, un comprobante domiciliario y los datos biométricos.

Con esta reforma se prevé una serie de medidas que permiten delimitar la obtención, trámite y ejecución del registro, bajo un esquema de fácil aplicación que al mismo tiempo garantiza la reserva de los datos personales aportados. Esta información consideramos que debe ser reservada conforme a los establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es momento de impulsar reformas que permitan brindar mayor seguridad a los usuarios de la telefonía celular y eviten conductas en contra del patrimonio e incluso de la intimidad.

Por ello, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acompañaremos estas modificaciones que estamos seguros serán de gran beneficio para los usuarios, fundamentalmente, con el tema de seguridad. Por eso es que exhortamos para que compañeras, compañeros diputados este dictamen pueda ser votado a favor. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Alcántara Núñez. Tiene la palabra el diputado Carlos Elhier Cinta Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Carlos Elhier Cinta Rodríguez:Con su venia, señora presidenta. Estimadas diputadas y diputados. El anonimato y la opacidad son grandes aliados de la delincuencia, es inaudito que varios delitos que cotidianamente lastiman a las familias mexicanas se cometan a través de los servicios públicos concesionados de telefonía, sin que nada se pueda hacer al respecto, esto en la cara de las autoridades, los delincuentes compran teléfonos celulares, muchos de estos desechables o en planes de prepago que tienen como característica el que no se queda el registro del usuario.

Esta situación absurda genera el sufrimiento de miles de familias y debe de ser enfrentado con una política pública que incorpore controles, mínimo respetando los derechos de privacidad y desarrollando procesos que respeten el debido proceso y la operatividad de las empresas concesionarias.

En este orden de ideas se rehabilita el registro de usuarios de telefonía celular móvil, ahora con mecanismos que aportan certidumbre a la identificación. El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil obligará a cada usuario de dicho servicio a registrarse con identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos.

Toda la información técnica y operativa correrá a cargo de las concesionarias de telecomunicaciones, quienes coadyuvarán en esta tarea vital para el reforzamiento de la seguridad de las familias. La reforma se realiza con apego a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

Al posicionarnos a favor de este dictamen hemos advertido la importancia y la necesidad de que este registro se utilice solamente para temas de seguridad. En el Partido Acción Nacional desarrollaremos un esquema de exigencia de rendición de cuentas de la forma en que se utiliza la información que se recaba por parte del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Si encontráramos o si hay desvíos... como vemos que va a llegar a ocurrir, como en este gobierno, exigiremos la imposición de las sanciones más ejemplares. Compañeras y compañeros, con el voto favorable de este dictamen, el PAN da un paso al frente a favor de la seguridad y tranquilidad de las familias mexicanas. Ya basta que las agresiones y delitos que se cometan a plena luz del día y a la vista de todos con total impunidad.

Ya basta que nuestras familias sean agredidas en su intimidad, en el ámbito sagrado de sus domicilios, en sus hogares, en sus casas por vía de la telefonía celular. Por esas razones y con las consideraciones ya expresadas, votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cinta Rodríguez. Tiene la palabra la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores, hoy nos encontramos frente a un dictamen de fundamental importancia para combatir uno de los grandes males que aquejan a la sociedad, hablo de la inseguridad.

Esta es una propuesta que nuestro compañero Mario Delgado promovió desde hace ya varios meses y, afortunadamente, hoy estamos viendo su posible camino. Las demandas de los ciudadanos ya no pueden seguir quedando en saco roto.

Hemos vivido en tiempos de profunda descomposición social. Tuvimos un régimen antes que no ofreció la atención necesaria a los problemas que originan la inseguridad. Un régimen que privilegió la fratricida lucha contra la delincuencia, fratricida, sanguinaria, en vez de quitarle los recursos y los insumos a la delincuencia, como ahora nosotros sí lo estamos haciendo.

La inseguridad, sí es cierto que es resultado de muchas causas. La falta de cohesión social, pero, sobre todo, la desigualdad económica, que también fue ignorada por los gobiernos anteriores. Pero lo que hoy importa es que nosotros ya no vamos a dejar de lado la posibilidad de hacer todo, todo lo que se necesite para ahora sí luchar de manera seria contra la delincuencia.

En la cuarta transformación reconocemos que es muy necesario hacernos de los instrumentos suficientes para combatir el crimen en todas sus diferentes dimensiones. Hay los inhibidores de señales para celulares, por ejemplo, instalamos para evitar el robo de las mercancías en las carreteras, también un tema similar en las cárceles. Estamos en esta transformación actuando, decía, en todos los rubros posibles, para un combate real y fehaciente a la delincuencia.

Están los programas sociales que ayudan también a la gente a tener mejores condiciones de vida. Desde enero de 2019 al 2020 más de 100 mil mexicanos, fíjense qué cifra, más de 100 mil mexicanos denunciaron algún tipo de extorsión. Se convierte la extorsión por ello en el segundo delito del foro local más recuente en este país, después del robo o el asalto en la calle o en el transporte público.

Los teléfonos celulares, entonces, en manos de la delincuencia también son y han sido herramientas para la realización de múltiples y gravísimo ilícitos, como el secuestro, la extorsión, el robo exprés, etcétera, etcétera. Cosas que nosotros sabemos que afectan gravemente a la sociedad.

Por ello los diputados de esta cuarta transformación estamos proponiendo la elaboración de este Registro de Usuarios de Telefonía para quienes son propietarios de una línea. Pero a diferencia de lo ya mencionado aquí del otro registro, que en realidad estuvo en manos de corruptos y además se puso al mercado nuestros datos de manera absolutamente impune y terrible, a diferencia de eso nosotros estamos proponiendo un padrón verdaderamente serio y bien hecho, con responsables muy bien definidos.

Así que no hay que temer, los diputados del régimen anterior, algunos que se han subido aquí, expresan críticas que francamente no me parece que tengan ningún sustento. Nosotros estamos trabajando y tratando de establecer que en este padrón haya todas las seguridades necesarias para que no aparezcan los riesgos que sí hubo en los anteriores padrones.

No podemos negar de ninguna manera que la propuesta de crear este registro de usuarios en los términos en los que hoy lo estamos haciendo se diferencia absolutamente de lo que hicieron anteriormente, que estuvo efectivamente lleno de corrupción e ineficacia, no solamente el padrón, sino muchas de las cosas que se hicieron en los gobiernos anteriores.

Y aquí nos dice alguien que fracasó. Pues sí, fracasó por culpa de la corrupción que había, porque lo intentaron y lo convirtieron en un negocio y después lo pusieron en manos de un genocida y después lo vendieron como una base de datos, que a lo mejor todavía se puede encontrar en Tepito.

Una pena, una pena haber estado en manos de quienes esto hicieron tan mal. Pero lo que nos queda como tranquilidad a todos, es que ahora sí vamos a tener un padrón y un registro absolutamente confiable, en este gobierno de la transformación, que como eso y muchas otras cosas, nos estará garantizando eficacia en su implementación y desarrollo.

Y vamos a tener un registro como sucede en muchos países del mundo, Alemania, España, Francia, Perú. Es momento de poner orden y en ello estamos en esta transformación. Es cuanto, presidenta, gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Huerta del Río. Con esta intervención se cierra el plazo para el registro de reservas. Está a discusión en lo general.

Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra. Lo hará mediante la plataforma Zoom.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez(vía telemática): Gracias, presidenta. Pues nadie puede negar que hay un problema de extorsiones telefónicas en México. Sin embargo, es importante decir que, con esta propuesta, no solamente se da una salida en falso, sino que además se corre el riesgo de generar un problema mayor.

Es una salida en falso porque ya ha quedado demostrado en el pasado que este tipo de registros simple y sencillamente no funcionan en México y que incluso, en otros países con mejores tecnologías no han querido implementar, y que por eso es totalmente falaz lo que argumentan los diputados de la mayoría en el sentido de que ahora harán mejor el registro cuando ni siquiera le han querido presupuestar recursos.

Y, por otra parte, no solamente se quedan con los datos que ya se expusieron de manera ilegal en la vez pasada, sino que ahora también pondrán a disposición los datos biométricos de las personas, lo que sin duda genera un problema mayor.

Por eso, y es muy importante escuchar lo que dicen los especialistas, porque me parece que en las prisas que estamos a fines de este período legislativo no se han dedicado a escuchar qué es lo que están argumentando, desde la sociedad civil organizada y quienes se dedican a estudiar y trabajar con estos temas.

Por eso quiero traer aquí algunos de los argumentos que han puesto justamente a discusión parte de las organizaciones. Por parte de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la Amedi, comenta que la iniciativa es grave y desproporcionada porque viola derechos fundamentales, cancelaría el servicio móvil a usuarios de prepago que no se registre.

Las autoridades judiciales tendrían acceso a datos personales sin orden judicial. Habría un control sobre personas usuarias y tecnologías móviles. La propuesta permitiría a las autoridades de seguridad y de procuración de justicia, el libre ejercicio de mecanismos de control sobre las personas usuarias de los servicios móviles mediante el acceso a sus datos personales.

Dichas autoridades tendrían acceso a la información del registro sin orden judicial, aun cuando ya pueden actuar por mandato de ley de acuerdo a los artículos 189 y 190 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La razón de la iniciativa supuestamente es frenar los delitos de extorsión y secuestros que se cometen, por ejemplo, desde los centros penitenciarios a través de teléfonos celulares. Sin embargo, no se deberían afectar los derechos fundamentales de la población con una medida como el registro de usuarios que en el pasado ha demostrado no ser efectiva para el fin que se percibe.

Por otra parte, la Red en Defensa de los Derechos Digitales condena la aprobación del dictamen de esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear un padrón nacional de telefonía móvil, y da siete razones por las cuales es una falacia esta reforma.

Uno. No existe evidencia de que los registros de tarjeta SIM contribuyan a la reducción de delitos como la extorsión. El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es, en términos generales, una revisión del fallido Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones, promovido por el gobierno de Felipe Calderón y el entonces secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna.

Durante la operación de Renaut el delito de extorsión aumentó 40 por ciento y el de secuestro 8 por ciento. Igualmente, estudios como el informe de la Asociación Mundial de Operadores de Telefonía sobre el registro obligatorio de tarjetas SIM indican que no existe evidencia de que el registro obligatorio de tarjeta SIM reduzca el crimen. Es por ello que países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y muchos otros han rechazado implementar este tipo de medidas.

2. El padrón sería fácil de evadir por la delincuencia, y ya lo vimos con el anterior registro. El padrón atenta contra la presunción de inocencia, porque efectivamente no va a estar claramente identificado quién es el poseedor de ese número telefónico.

4. La autoridad ya cuenta con múltiples herramientas para investigar delitos como la extorsión y en eso coinciden con la Amedi. Por ejemplo, los artículos 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones establecen la posibilidad de realizar la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación móvil.

5. El padrón viola derechos humanos y pone en riesgo la seguridad de las personas usuarias de telefonía móvil.

6. La recolección y almacenamiento de datos biométricos, como parte del padrón, puede violar el derecho a la privacidad de manera irreversible.

7. El padrón desperdicia recursos indispensables para combatir la brecha digital.

En resumen, el padrón nacional de usuarios de telefonía propuesto no contribuirá a la reducción del delito, no impedirá a extorsionadores continuar haciendo llamadas desde números no asociados a su identidad, provocará que autoridades persigan miles de investigaciones inútiles o que conduzcan a la asociación de inocentes, y es muy necesario, dado que existen múltiples herramientas para investigar y combatir delitos como la extorsión, como la localización geográfica. Pone en riesgo la privacidad y seguridad de la población, dada la alta probabilidad de que la base de datos sea vulnerable.

Por eso es que en Movimiento Ciudadano votaremos en contra de esta reforma. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Tagle Martínez. Tiene la palabra el diputado Manuel Gómez Ventura, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro del dictamen.

El diputado Manuel Gómez Ventura:Con su venia, diputada presidenta. Sin duda alguna los avances tecnológicos en materia de comunicación han impactado la vida de los seres humanos, misma que nos permite estar en contacto en diversos temas, tanto comerciales como familiares, desde cualquier parte del mundo. Pero también tenemos que reconocer que ha causado grandes estragos en la vida de muchos.

Digo esto porque en los últimos años una de las prácticas más usuales de los delincuentes ha sido el secuestro y la extorsión a través de la telefonía móvil, práctica que consiste en utilizar la intimidación a través de la extorsión a las víctimas, simulando secuestros, cobro de piso, vaya, hasta ofreciendo una protección por cuidar de su persona o negocio, entre otras. O peor aún, como el rescate de personas secuestradas, exigiendo millonarias sumas de dinero para poner en libertad a sus víctimas. Y en ocasiones, lamentablemente, terminan cobrando el rescate y asesinándolas.

Lo anterior ha sido debido al auge masivo mundial de la telefonía celular, sin control o registro alguno en la adquisición del mismo o la venta de los SMS telefónicos, permitiendo a los delincuentes hacer llamadas múltiples desde diferentes números, sin que puedan ser identificados.

La extorsión, que es la más común, al principio estaba más enfocada a los ciudadanos con familiares en el extranjero. Para ello hacían uso de los directorios telefónicos. Y lo peor es que dichas llamas provenían o provienen desde los reclusorios, usando diversos chips telefónicos para evitar ser identificados.

Hoy día, por el efecto del combate a la corrupción, práctica de los delincuentes de cuello blanco de diferentes niveles de gobierno, en su desesperación, y al ver mermados sus ingresos mal habidos, también aprovechan el vacío legal por la venta sin control de los chips para dedicarse a la extorsión o al secuestro exprés, operando al amparo del poder público contra grandes empresarios y pequeños comerciantes, simulando ser funcionarios de ciertas dependencias para exigirles el pago de protección o de piso, en unas cuantas horas de operatividad ilícita.

¿Por qué hago toda esta narración? Porque, aunado a la laguna legal, dentro de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que regule la venta indiscriminada de los chips telefónicos, existe el descuido de los ciudadanos al contestar llamadas de números desconocidos o no identificados, además del miedo de denunciar el delito. Y más aún, la complicidad de ciertas autoridades coludidas con las bandas delincuenciales.

Sin embargo, sabiendo que en esta LXIV Legislatura muchos mexicanos ya están atentos al Canal del Congreso, en lo particular los veracruzanos, en especial los ciudadanos del Distrito 20 de Cosoleacaque, desde aquí les digo: su diputado Ventura, junto con las y los legisladores de la cuarta transformación, y más que eso, estamos comprometidos. Y más que eso, obligados a dar resultados en materia de seguridad nacional, sin caer en acciones coercitivas.

Por ello, el día de hoy, desde esta máxima tribuna, de donde emanan las grandes decisiones que norman la vida pública de nuestra patria, discutimos el presente dictamen, que busca darle un mayor control y herramientas a la autoridad correspondiente, para que los chips telefónicos sean vendidos bajo nuevas medidas que permitan la identificación de los adquirentes, proponiendo la creación de un padrón de usuarios de telefonía móvil que evitará el uso indebido de la línea telefónica, contando con la información del solicitante para saber quién es el propietario.

Y como dijera el dicho: el que persevera alcanza. Por segunda ocasión presenté esta iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su artículo 15, pero la intención propuesta hoy la podríamos ver reflejada en el artículo 180 Ter de la ley en comento.

Finalmente, les digo: la tarea del combate a la inseguridad no es tarea de un solo hombre, como así lo hacen ver o creer los adversarios conservadores. Es tarea de todos, de gobiernos, legisladores, funcionarios de todos los niveles encargados de la seguridad pública nacional y de ciudadanos en general.

Por ello, es necesario que todos los ciudadanos mexicanos y no mexicanos que radican en nuestro país cumplamos estas medidas, para que juntos podamos disminuir el alto índice de secuestro y extorsión, que tantos estragos han causado a muchas familias y también a la economía de los mexicanos.

Compañeros legisladores, los invito a que aprobemos el presente dictamen. No como un acto heroico de este pleno, sino como una necesidad palpable en la mente de millones de mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Gómez Ventura. Tiene la palabra el diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra.

El diputado Higinio del Toro Pérez:Con su venia, presidenta. Acudo nuevamente abusando del tiempo de esta tribuna a pesar de que posicioné a nombre de mi grupo parlamentario, porque creo que en el momento en que sube uno a posicionar una postura del grupo intenta uno argumentar con técnica jurídica, técnica legislativa lo que aquí se está discutiendo, y a veces no puede uno redondear la idea principal que era el motivo de por qué en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano queremos votar en contra.

Creo que el anterior diputado que me antecedió en el uso de la voz me da la razón, y quiero expresar desde esta tribuna que no se vaya a creer que, desde nuestro grupo parlamentario, que desde Movimiento Ciudadano no estamos a favor de que se elimine la extorsión. Hemos sabido ser una oposición responsable y hemos dado muestras claras de ello en el acontecer de las diversas iniciativas que le hemos aprobado al presidente, y quiero hacer un recuento muy simple.

Aquí le aprobamos la Guardia Nacional, nosotros estuvimos a favor de la Guardia Nacional, claro, acotando el tema de un mando civil. Fuimos a favor de ampliar el catálogo de delitos que merecen la prisión preventiva oficiosa, y hoy, delitos como el huachicoleo, como el crimen doloso, hasta los delitos electorales ya merecen este castigo. Y así les podría decir. Hace unos días discutimos la pertinencia que la Marina se haga cargo de la seguridad de los puertos, y a través de una minuta que escuchamos hace rato que viene del Senado, podríamos discutir aquí una ley de seguridad. Y hemos dado muestras claramente que estamos a favor de acabar con la impunidad y todos estos delitos que han lastimado a nuestro país.

Pero no podemos ir en esta, porque es muy claro que, con lo que se pretende hacer, está demostrado que en el pasado nunca sirvió para acabar con el delito, y aquí los propios diputados que me antecedieron en el uso de la voz han hablado muy claramente que este registro en la administración calderonista terminó por no servir, y al último inclusive la Secretaría de Gobernación tuvo que destruir el padrón que se había construido en ese registro.

Todavía más allá. Volteemos a ver qué están haciendo en los otros países. Ni en Estados Unidos ni en al Gran Bretaña ni en Canadá se ha autorizado este registro, porque conlleva serias violaciones a los derechos humanos. Miren les quiero poner un solo ejemplo de lo que este dictamen está proponiendo. El artículo 180 Bis, ojalá tengan oportunidad de revisarlo. Leo textual, insisto, porque es preocupante.

Dice: Se presume, salvo prueba lo contrario, que los actos jurídicos realizados desde una línea telefónica corresponden a la persona que se encuentra asociada al mismo en el padrón. ¿A qué equivale esto, diputados? A que hoy, si nosotros registramos nuestra línea telefónica con nuestros datos, independientemente de cuál haya sido el destino final de ese aparato celular, si fue robo, si por alguna razón lo perdimos y con él se presupone que se hizo un delito, automáticamente, como dice el texto, se encuentra asociado a este mismo padrón, los actos jurídicos que se realizaron con esa línea será responsabilidad nuestra.

Automáticamente estamos violando el principio de presunción de inocencia, solo por haber participado con el registro del padrón. Por eso, no podemos ir a favor. Ahora, si estamos hablando de esta legislatura que ha construido toda una agenda legislativa con derecho a favor de las mujeres, yo les quiero preguntar a mis compañeras legisladoras si están seguras que hoy sus datos estén en este registro, con datos como domicilio, con sus datos biométricos, esto es, las puedan identificar en cualquier lado con sus datos biométricos.

Un registro de este tipo no puede ir hacia allá con lo que hemos legislado a favor del derecho de prevenir la violencia contra las mujeres y muchos delitos que aquí hemos legislado para que cada vez las condiciones de vida de las mujeres puedan ser mejor.

Un registro de este tipo no favorece esa agenda legislativa a favor de las mujeres que ya habíamos tenido. Por eso, hay un motivo de reflexión, hay un par de reservas que se presentarán, pero que ninguna, al menos en el texto que se proponen ahí, están haciendo figuras cosméticas nada más, cambiar los nombres del padrón, cambia la palabra obligatorio por podría ser, pero, ninguna está previniendo lo que puede pasar en materia de violación de derechos humanos, pero, sobre todo, en el principio de la presunción de inocencia.

Por eso, compañeros diputados, los exhorto a que podamos hacer un análisis aquí, es cierto, estamos por terminar el periodo legislativo y constantemente nos llegan dictámenes de este tipo, pero que como ya se dijo, creo que más allá de contribuir a la eliminación de un delito que les duele a todos los mexicanos, no estará ayudando.

Y les doy un dato final nada más, se calculan 110 millones de usuarios de telefonía celular en este país, el 80 por ciento...

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, diputado Del Toro.

El diputado Higinio del Toro Pérez: Con gusto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho:¿Con qué objeto, diputado Javier Hidalgo? Sonido a la curul del diputado Javier Hidalgo, por favor.

El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce(desde la curul): Gracias, perdón. Presidente, pedirle si le puede preguntar al diputado Higinio del Toro si me permite hacerle una pregunta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Diputado Del Toro, ¿acepta usted una pregunta del diputado?

El diputado Higinio del Toro Pérez: Sí, con gusto, con gusto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, diputado.

El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): Sí, estaba escuchando con mucho interés su planteamiento sobre el tema de la seguridad en caso de la pérdida del teléfono, que pueda generarse una culpabilidad hacia la persona que lo perdió o fue robado. Es la misma circunstancia que sucede con los automóviles, si es robado o es perdido, pues se puede señalar al propietario como causante de un delito. Sin embargo, con el automóvil sí está muy bien referenciado a un nombre de una persona.

No considera que sería la misma circunstancia y nos ayudaría mucho tener este dato, donde además la mayoría de los mexicanos somos responsables y queremos tener el teléfono a nuestro nombre y eso es algo que hacemos y lo que evitaría entonces es este manejo delincuencial de un teléfono al mantener el anonimato. Es como si aceptáramos que todos los carros pudieran ser anónimos y no tener una persona detrás de este aparato, en este caso un automóvil. Gracias, por su respuesta, diputado.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, diputado Del Toro.

El diputado Higinio del Toro Pérez: Gracias. Al contrario, a usted diputado, por la pregunta. Efectivamente, creo que esto abona a la discusión, sin embargo, como ya estamos aquí aprobando tendríamos que entender que a lo mejor esto se debió haber planteado en las propias comisiones cuando se recibió la propuesta.

Pero, mire, abonaría con lo que dice usted que esto no se resuelve con técnica legislativa y coincido con usted, el asunto de la extorsión y del registro de los teléfonos para evitar que eventualmente con ellos se cometa el delito de extorsión no es una solución legislativa, aquí podremos legislar, y vuelvo a citar el ejemplo de lo que ya sucedió en la administración calderonista: el registro no funcionó.

La solución es tecnológica y el dictamen no plantea ninguna solución tecnológica, el dictamen plantea únicamente el registro como medida preventiva para evitar el registro de extorsión cuando, por eso, cuando posicioné hace rato hablé demasiado del Instituto Federal de Telecomunicaciones porque es el órgano responsable de garantizar la forma en que se regula la telefonía en este país y es ahí donde se podría fácilmente contactar y evitar el delito de extorsión. Ellos pueden hacer muchísimas maneras, ya lo sabemos, en los penales están bloqueadas las señales, hay muchas formas de evitarlo y creo que no es con el dictamen, con este como se evitaría.

Coincido, sí, con usted, que el ejemplo puede ser como muy general, pero que en lo particular, efectivamente, a veces quizá por el valor del celular comparado con el valor de un auto minimizamos el ejercicio de denuncia ante una pérdida o un robo del celular, pero que, eventualmente, que si queda como queda ahorita, pues sí, si queda registrado nuestro nombre se pierde y con él se comete un delito, tal y como lo señala el artículo 180 Bis, serían los propios propietarios del celular quienes estarían siendo señalados como el delito. Son de las cosas que tendríamos que empezar a regular, una vez que si es que eventualmente se aprueba, que todos registraran el celular y que estuviéramos al pendiente de cualquier cambio jurídico en la posesión del celular. Es cuanto, presidenta, sobre esta pregunta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Permítame un momento, nuevamente, diputado Del Toro. ¿Con qué objeto, diputado Enrique Ochoa?

El diputado Enrique Ochoa Reza(desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Solicitarle que le pregunte al orador si me permite hacerle una pregunta, por favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Acepta usted una pregunta del diputado Enrique Ochoa?

El diputado Higinio del Toro Pérez: Por supuesto. Con mucho gusto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, diputado Ochoa.

El diputado Enrique Ochoa Reza (desde la curul): Muchas gracias, diputado. ¿En esta iniciativa considera usted que se está poniendo en consideración la cantidad de recursos adicionales que se requerirían para llevar a cabo este registro nacional? ¿Y si el Congreso está dotando de estos recursos para cumplir lo que la letra de la ley dice? ¿O si considera usted que esta reflexión en cuanto a cuánto cuesta y los recursos necesarios, ameritaría tener una discusión adicional? Gracias.

El diputado Higinio del Toro Pérez: Con su venia, presidenta. Doy respuesta puntual al planteamiento del diputado Ochoa Reza. Sí, efectivamente, parte de lo que posicionaba hace rato, que insisto, no pude redondear, es efectivamente el impacto presupuestal y a mí me sorprende que, en este tipo de dictámenes, el primer filtro siempre, los que estamos en la Comisión de Hacienda, aunque no se llegue a dictaminar ahí, siempre hay un filtro presupuestal.

Y señalaba yo, en la parte del posicionamiento, que esta cantidad de dinero que se está invirtiendo en este registro, pues más bien se podría invertir en lo que señalé hace un momento, en que el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones se blinde y tenga las herramientas tecnológicas para que ellos mismos puedan localizar y que puedan, a través de lo que ellos hacen, blindar el asunto de evitar muchos delitos, entre ellos el delito de extorsión telefónica.

Yo creo que el dinero que se va a gastar aquí, esperemos que no, uno siempre le apuesta a que a este país le vaya bien. Pero eventualmente, con lo que sucedió en el pasado y con lo que sucede en otros países, quiero pensar que va a ser un registro que, los números lo dicen, como el anterior, lejos de evitar la disminución de la práctica de estos delitos, pues terminan por aumentarlos. Aumentó la extorsión, aumentaron otros tipos de delitos relacionados con la telefonía.

Sí creo importante el análisis que haces, diputado. Yo creo que también debió haber sido visto sobre la perspectiva del impacto presupuestal y que el dictamen, insisto, no contempla esto. Está concentrado exclusivamente en el registro de los usuarios y que eso conlleva a que no entendamos que también esto cuesta dinero y que eventualmente no sabemos si en el propio presupuesto está contemplado.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continúe, por favor diputado.

El diputado Higinio del Toro Pérez: Termino, ya rápido, presidenta, con el asunto de invitar a la reflexión. Aquí ya se plantearon dos cosas: el impacto presupuestal, el propio registro, lo que conllevará con la eventual comisión de delitos, por lo que desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano reiteramos por qué no podemos ir en contra.

Es claro que queremos evitar los delitos en este país. Es claro que queremos ir hacia un país de derecho. Ya hice un resumen de todo lo que nuestra bancada ha votado a favor para ir hacia allá, pero creo que, en este particular, en esta iniciativa, lejos de disminuir los delitos por extorsión, estaríamos favoreciendo otro tipo de conductas que van en detrimento de los derechos humanos, la protección de los datos y la presunción de inocencia. Por esto nuestro voto tendrá que ser en contra. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Del Toro Pérez. Tiene la palabra el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván:Muchas gracias, presidenta, con su permiso. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Primero quiero hacer un reconocimiento a la comisión dictaminadora, la Comisión de Transporte de esta legislatura, que ha tenido a bien dictaminar a favor tres iniciativas que tienen que ver con la materia del padrón o el registro de los teléfonos celulares, concretamente de los chips electrónicos.

Esta comisión impulsó también la reforma al artículo 19 constitucional, para establecer la prisión preventiva en el tema de robo a autotransporte de carga. Esta comisión también promovió el uso de los inhibidores de señal y en unos minutos más tarde, si se respetan los acuerdos, estaremos discutiendo y votando lo que tiene que ver con un tipo penal modificado relativo a los ataques de las vías de comunicación, concretamente la toma de las casetas con fines de lucro.

Entonces, es un trabajo importante que ha hecho esta comisión, este dictamen, los otros ejemplos que pongo. Y que esta comisión la encabeza el diputado Víctor Pérez y a quien reconozco, Víctor, y a través de ti a todas las diputadas y los diputados que integran esta comisión, como el diputado Elhier, que han tenido a bien emitir dictámenes que buscan favorecer la seguridad en las vías generales de comunicación de las y los mexicanos.

Dicho esto, debo señalar que he escuchado con atención el debate que estamos teniendo sobre esta reforma y quiero hacer unas precisiones muy sencillas. Para solucionar un problema lo que primero tenemos que hacer es reconocer el problema, si yo no reconozco que existe un problema no tengo manera de solucionarlo, y me refiero a la inseguridad, no teníamos inseguridad. Hoy tenemos inseguridad. Teníamos sí, pero también tenemos. Tenemos inseguridad.

¿Ha ido la inseguridad incrementando a lo largo de los años en México? La respuesta es sí, se ha ido incrementando. Si no reconocemos que el problema se está haciendo cada vez más grande y no damos soluciones como estas, que no lo van a resolver por sí solas, porque no son una varita mágica, pero sí son herramientas que coadyuvan a combatir al crimen, si no reconocemos que hoy hay crimen, que sigue incrementándose, que la delincuencia nos lleva un paso adelante al Estado mexicano, a las entidades federativas y a los municipios, gobernados por todos los colores. Si no reconocemos esto, ¿qué vamos a solucionar?

Si nosotros creemos a ciegas que a partir del primero de diciembre la inseguridad en este país se acabó, estamos bien equivocados. Y hay que ver el número de víctimas fatales. ¿Sí empezó hace muchos años? Sí, la criminalidad viene de mano con la historia de la humanidad, pero el incremento grave se ha venido dando de manera paulatina y cada vez es mayor. Por eso tenemos la obligación de combatirlo con más y mejores herramientas.

¿Este padrón que se está estableciendo el día de hoy va a resolver el problema de la extorsión? No, no lo va a resolver, pues si no es una varita mágica, es un insumo para que las autoridades encargadas de la investigación puedan contar con mejores datos para hacer la investigación más efectiva, o efectiva, si queremos decir que no son efectivas. Son insumos para que las autoridades puedan perseguir de mejor manera el delito.

Nadie, creo, que puede pensar que en virtud de esta reforma se va a acabar la criminalidad en materia de extorsión, de llamadas relativas al secuestro. No, no se va a acabar, pero son herramientas que permiten ir mejorando, que nos permiten dar a la Fiscalía mejores elementos para hacer su labor.

Quien crea que este dictamen busca acabar con la criminalidad, pues en esencia sí, no se logra por el propio dictamen o por la propia reforma, sino que nos da elementos para que tengamos mejores herramientas de combate al crimen.

Esta Comisión de Transporte formuló diversas modificaciones a las iniciativas. Debo decir que dos de ellas han sido presentadas por el PAN, pero no importa quién las presentó, son dos diputados de Morena, una tercera de un servidor, pero no importa el autor, porque de nada serviría si este pleno no lo aprueba y si la Comisión de Transporte no hace su trabajo y pone candados, por ejemplo, en lo que decía hace un momento el compañero que me antecedió en el uso de la palabra. Candados que tienen que ver con la protección de datos personales, que son importantísimos para todas las personas, mujeres y hombres de este país.

Tenemos que apostarle a generar insumos que ayuden a la Fiscalía General de la República, a las Fiscalías de los estados a hacer su trabajo, que esto no resuelve, pero puede ayudar. Y en Acción Nacional le apostamos a este pequeño avance que puede constituir un punto mejor de partida para una investigación. Por eso estamos a favor de esta reforma, por eso estamos a favor de este dictamen, y ojalá la veamos con total apertura, con total apertura porque es un paso más en busca de combatir la delincuencia, y fundamentalmente la delincuencia organizada de este país.

Y desde aquí reiterar nuestro respaldo a la Fiscalía General de la República, que no la hemos podido apoyar presupuestalmente porque no lo ha decidido así la mayoría, y para que esta reforma funcione y funcione bien, requiere, sin duda, de una fortaleza presupuestal. Ojalá, compañeras y compañeros, trabajemos para eso. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, compañeros.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Espadas Galván. Tiene la palabra la diputada Juana Carrillo Luna, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro del dictamen.

La diputada Juana Carrillo Luna:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en nuestro país, combatir el crimen es un deber impostergable. Hoy por hoy es prioritario crear los instrumentos que le permitan al Estado mexicano contar con los elementos necesarios para luchar contra este cáncer.

Por el creciente uso de los medios móviles y su accesibilidad, el delito de extorsión telefónica en México sigue a la alza día tras día. Los delincuentes emplean medios para obtener beneficios económicos, en ocasiones eligen números telefónicos al azar y consiguen enganchar a sus víctimas a través de la violencia psicológica.

Por ello, el dictamen que estamos discutiendo tiene por finalidad la elaboración de un registro de los usuarios que son prioritarios de una línea telefónica móvil para contar con la identificación plena y certera de los titulares de las líneas de comunicación. La creación de esta base de datos que incluye la información biométrica de los usuarios, les permitirá a las autoridades competentes tener más elementos normativos para identificar la comisión de un delito a través de equipos móviles.

Sin embargo, si bien no es menor la preocupación que subyace sobre la protección de los datos personales en posesión de los particulares, en ningún momento se viola la privacidad de los usuarios. No confundamos, la propuesta contempla mecanismos de seguridad y técnicas sumamente estrictas para todas aquellas personas que se vean involucradas en el proceso de la elaboración del registro. Los avances tecnológicos han vuelto más accesibles las nuevas herramientas de información y comunicaciones, ello también incrementa la capacidad de los gobiernos, las empresas y las personas, en general, de llevar a cabo actividades de vigilancia, intercepción y recopilación de datos.

No debemos ignorar las herramientas que tenemos a nuestro alcance, siempre que tengamos la prioridad de preservar y proteger los datos personales en posesión de un tercero. En suma, se imponen severas sanciones por el mal uso de los datos personales por parte de las concesionarias y sus empleados, siguiendo las leyes en materia.

En el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor de esta propuesta, ya que reconocemos la urgencia de contar con herramientas que nos brinden mayor seguridad pública, sin que por ello se vulnere la privacidad de los usuarios y protegiendo en todo momento la autodeterminación informativa de las personas.

En la Comisión de Comunicaciones y Transportes coincidimos en que todo es perfectible y perfeccionable. No obstante, lo que sí debemos hacer es, buscar dar protección a los ciudadanos de este país y empezar por algo. Todo lo podemos perfeccionar y todo lo podemos avanzar, pero lo que no podemos dejar es de hacer nuestro trabajo en favor de los ciudadanos de este país. Es cuanto. Gracias, compañeros.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Carrillo Luna. Tiene la palabra el diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro del dictamen.

El diputado Emilio Manzanilla Téllez:Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para hablar en favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La telefonía móvil es uno de los medios de comunicación más utilizados en todo el mundo, debido a su fácil acceso e interacción entre las personas. Sin embargo, los teléfonos celulares se han vuelto una de las principales herramientas utilizadas por la delincuencia para cometer delitos, como secuestros, extorsiones telefónicas. Es muy fácil adquirir una tarjeta SIM prepago de cualquier compañía y mantener el anonimato.

El Centro Nacional de Información (CNI) señaló que en 2019 se han utilizado poco más de 10 mil números telefónicos para realizar ese tipo de delitos de extorsión telefónica. Ubicó 11 mil 960 números telefónicos desde los que realizaron 18 mil 885 llamadas de intimidación, en su mayoría desde teléfonos celulares y en al menos 18 entidades del país.

Por su parte, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia señaló en 2019 que, a escala nacional, se reportan alrededor de 5.7 millones de delitos que involucran fraude y extorsión al año, de los cuales 92 por ciento son vía telefónica. Se señala que, en promedio, el daño patrimonial por fraude es de 8 mil 400 a 8 mil 500 pesos. Pero hay algunos que han llegado hasta los 100 dólares. Y, en contraparte, otros son de mil o mil 500 pesos. De ese tamaño es el problema de inseguridad que se ha heredado de administraciones pasadas.

Con este proyecto de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones se prevé enfrentar en parte a la inseguridad y delincuencia organizada, quienes realizan gran parte de la labor de extorsión mediante dispositivos móviles y con números desechables. Por lo que prevé la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, para evitar el uso indebido de chips en delitos.

El registro estará bajo cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La información que contará el registro será la siguiente: el número telefónico y el identificador de la SIM o chip, el nombre de la personas o su razón social, nacionalidad, identificación con fotografía y clave única de población, datos biométricos del usuario y representante legal, domicilio, datos del concesionario, así como esquema de contratación de la línea telefónica, ya sea pago o prepago. La información de este registro será accesible para las autoridades de seguridad y procuración de justicia.

Es de señalar que la iniciativa incluye un apartado sobre el tratamiento de los datos personales, en relación con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el fin de evitar cualquier vulneración a la privacidad y a los datos personales de cada uno de los ciudadanos. Cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes, ya sea en materia administrativa o penal.

En el dictamen también se prevé el robo y extravío de los dispositivos móviles, contando con mecanismos de suspensión de servicio telefónico, así como del bloqueo inmediato de las líneas de comunicación. Asimismo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe mantener un registro actualizado de los números y SIM de los celulares reportados como extraviados o robados. Asimismo, se recalca la responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones en la seguridad de los usuarios.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hemos trabajado con el objeto de establecer la obligatoriedad para que las compañías de teléfonos celulares lleven el registro de quiénes adquieren un chip para su dispositivo.

Sabemos que las acciones delictivas que se realizan de manera telefónica dañan la seguridad de las y los mexicanos. Por ello, votaremos a favor del presente dictamen, ya que el registro de usuarios de telefonía móvil será una herramienta en el combate a la delincuencia organizada. Con esta reforma se avanza hacia la construcción de un México con seguridad y tranquilidad. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Manzanilla Téllez. Tiene la palabra la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro del dictamen.

La diputada Flora Tania Cruz Santos:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que estamos discutiendo es una muestra del compromiso que tenemos las y los diputados del grupo mayoritario, por atender la situación de inseguridad que heredamos en nuestro país.

El objetivo principal de este dictamen es inhibir uno de los peores delitos que aquejan y que roban la tranquilidad de miles de familias mexicanas, la extorsión. Como represente de Coatzacoalcos, Veracruz, municipio puntero en la percepción de inseguridad, me queda claro que tenemos la responsabilidad de dar las herramientas necesarias a las instituciones para fortalecer la estrategia de seguridad.

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del Inegi, desde 2018 y hasta 2020, un promedio superior al 12 por ciento de los entrevistados respondieron haber sido víctimas de extorsión. Los perpetradores solo requieren un teléfono celular y una línea que no esté ligado a ninguna persona. También se considera urgente poder vincular a quienes cometen estas acciones para facilitar el proceso de atender las denuncias de los ciudadanos, mejorando la confianza en las instituciones y el Estado de derecho.

Muestra de la desconfianza es que en la publicación de la Encuesta Sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019, la extorsión fuera el delito con la cifra negra más alta, del 97.9 por ciento, lo que implica que solo el 2.1 por ciento denuncia estas acciones.

Las modificaciones propuestas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se plantea la creación del Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, mismo que estará a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Se establece que para cada línea, chip o tarjeta Sim se cuente con el nombre del propietario, datos de vivienda, datos biométricos, nacionalidad, entre otros, del propietario de la línea. La información será protegida por lo establecido en la Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pero, será una herramienta fundamental para quienes hagan mal uso de un número.

Habrá resistencias para su implementación por parte de algunos sectores. Los exhorto, a todos ellos, desde esta máxima tribuna de la nación a que respondan a la siguiente pregunta antes de descalificar el dictamen: ¿qué es más caro, contar con registro de este tipo o tener que vivir con el miedo y la incertidumbre que generan estas extorciones telefónicas? El miedo y la incertidumbre no pueden supeditarse al costo de un registro.

Para cambiar esta lacerante realidad, en el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor del presente dictamen. Invito a todas las compañeras y compañeros legisladores a sumarse y votar en unidad. Llego la hora de la ciudadanía, de la tranquilidad y de la paz social. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Cruz Santos. Tiene la palabra el diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro del dictamen.

Agotada la lista de oradores y de oradoras, consulte la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: En votación económica, se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general.

Tiene la palabra la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, para rectificación de hechos, por un minuto y desde su curul.

La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo(desde la curul): Gracias, presidenta. A nombre de mi grupo parlamentario y en razón de que la reserva presentada por Morena no resuelve los problemas que anunciamos en nuestra participación y los señalamientos de nuestra propia reserva leída por la diputada Azucena Rodríguez, que son los siguientes:

Que la reforma no protege debidamente los datos personales de los usuarios de telefonía móvil y que las autoridades de seguridad tendrán acceso a los datos personales sin necesidad previa de orden judicial, lo que atenta contra la presunción de inocencia y violenta los derechos humanos. En razón de eso, presidenta, el voto del Grupo Parlamentario del PRD será en contra. Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Almaguer Pardo. En términos del artículo 13, numeral 1, inciso e), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, esta Presidencia informa a la asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintus, 180 Séptimus, 190, 307 Bis y los artículos transitorios primeo, tercero, cuarto, quinto y sexto.

Se instruye a la Secretaría abra el sistema electrónico y la plataforma digital, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación de proyecto de decreto en lo general, y en lo particular de los artículos no reservados.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y 18, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital para el registro de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

A las diputadas y los diputados que faltan de emitir su voto, les recordamos que falta un minuto para cerrar el sistema electrónico de votaciones.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra para emitir su voto de viva voz la diputada Karla Yuritzi Almazán, dado que no fue posible resolver el tema tecnológico. Adelante, diputada.

La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (desde la curul): Gracias, presidenta. Karla Almazán, a favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias. Y también tiene la palabra el diputado Verastegui, por Zoom, porque tampoco puede emitir su voto mediante la plataforma. Adelante.

El diputado Vicente Javier Verastegui Ostos (vía telemática): Diputada presidenta, buenas tardes. A favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital para dar cuenta con el resultado.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital.

El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Con qué objeto compañero Hidalgo? La plataforma digital lamentablemente ya está cerrada. Continúe la Secretaría.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Señora presidenta, se emitieron 392 votos a favor, 44 en contra y 9 abstenciones.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 392 votos.

Pasamos a la discusión en lo particular.

Tiene la palabra la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar reservas sobre los artículos 180 Ter, 180 Quáter y 180 Séptimus. Realizará su participación mediante la plataforma Zoom.

La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora(vía telemática): Muchas gracias, diputada presidenta, con su venia. La creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, tan necesaria para ordenar el mercado de equipos y líneas telefónicas móviles no puede pasar por encima de los derechos humanos de las y los mexicanos.

Es por ello que a nombre del Grupo Parlamentario del PRD registré reservas a diversos artículos del decreto de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, particularmente respecto de los artículos 180 Ter, 180 Quáter y 180 Séptimus.

La pretensión de crear este padrón de usuarios de telefonía móvil no debe implicar una carga adicional ni para los usuarios ni para las empresas proveedoras de este mercado, tampoco para las finanzas públicas. El nuevo padrón nacional de usuarios de telefonía móvil debe considerarse como parte del sistema de registros de la población, que comprende la expedición de identificaciones oficiales, como el pasaporte, la cédula de registro único de población, la cartilla del servicio militar, la cédula profesional, la credencial de elector, entre otras, que expiden diferentes dependencias y que recaban datos personales y biométricos de las y los mexicanos en la forma prevista por las leyes respectivas.

Para efectos de identificación plena de la persona dueña de un equipo y usuaria de una línea telefónica móvil, el nuevo padrón debe requerir solamente la copia de una identificación oficial y no hacer un nuevo levantamiento de datos biométricos, pues las personas ya aportaron estos al momento de tramitar su identificación oficial. Por ello, he presentado propuestas de modificación a los artículos 180 Ter y 180 Quáter.

Por otro lado, el derecho a la justicia y a la presunción de inocencia se vulnera cuando se otorgan plenos poderes para acceder a los datos personales incorporados al nuevo padrón. A las autoridades de seguridad, entre las que podemos contar a las policías municipales, estatales, federales, a la Guardia Nacional, al Ejército y la Marina y hasta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Igual atribución se pretende otorgar a las autoridades de impartición de justicia, procuradurías y ministerios públicos de todos los niveles. La garantía constitucional establece que solo con orden judicial previa y fundada en cada caso, las autoridades de seguridad pública e impartición de justicia pueden acceder al ámbito de la intimidad de las personas, como su domicilio y sus bienes y solo con orden judicial las autoridades pueden acceder a los datos personales que deben estar especialmente protegidos.

Es por ello que proponemos con la reserva al artículo 180 Septimus, que las autoridades de seguridad y administración de justicia podrán acceder a la información contenida en el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, pero requiriéndose en cada caso previa orden judicial. Es cuanto, diputada.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Rodríguez Zamora. Consulte la Secretaría a la asamblea, si se admite a discusión las reservas presentadas por la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admiten las reservas presentadas por la diputada Rodríguez Zamora. Se desechan y se reservan para su votación en los términos del dictamen.

Tiene la palabra la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reservas a los artículos 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintus, 180 Séptimus, 190, 307 Bis, transitorio primero, tercero, cuarto, quinto y sexto.

La diputada Juanita Guerra Mena:Con su anuencia, presidenta. Honorable asamblea, el dictamen que discutimos contiene diversas disposiciones en materia del registro de datos que los concesionarios de telecomunicaciones deben cumplir, a fin de que se establezcan mecanismos eficaces y coadyuvantes en la colaboración de las autoridades sin vulnerar los derechos a la privacidad de las personas.

La creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil tiene que ver con el hartazgo de la sociedad que diariamente reciben una llamada, un mensaje o un aviso, ya sea para amenazarlos, extorsionarlos o defraudarlos. Estamos aquí, como parte del Estado mexicano, cumpliendo con la obligación de brindar seguridad a las y los ciudadanos.

En el artículo 180 Bis proponemos, como modificación, que el Instituto emita las disposiciones alternativas de carácter general, en lugar del término lineamientos. Ello, a fin de precisar la naturaleza del instrumento normativo que debe expedir.

Asimismo, propone como mecanismo de colaboración se realice la base a las propias disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones, se propone en la fracción VI del artículo 180 Ter. En lo que respecta 180 Quáter se sugiere modificar en la nomenclatura alineadas al texto de la ley. Y del artículo 180 Quintus, se propone que en lugar de hacer referencia al registro, se nombre como instrumento al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en correcta aplicación a la técnica legislativa.

Aunque muchas de las adecuaciones que consisten en los cambios para armonizar el lenguaje técnico, en especialistas a que se utilicen diversos artículos de la norma vigente como son las modificaciones del artículo 180 Séptimus, al artículo 190 del capítulo II Bis del artículo 307 Bis.

Finalmente, en lo que respecta al régimen transitorio. Se propone establecer un plazo para los concesionarios para realizar una campaña de información a los clientes de telefonía, a fin de que cumplan con su obligación y registrar, en su caso, de incumplimiento, el concesionario tendrá la obligación de cancelar la prestación del servicio.

También proponemos que en caso de que no se emitan las disposiciones de carácter general en el plazo de los 180 días naturales, dará motivo a la responsabilidad administrativa para los integrantes del órgano de gobierno del instituto.

Asimismo, se establece que los concesionarios de telecomunicaciones deberán realizar los registros, a los seis meses en que el instituto emita las disposiciones administrativas de carácter general.

Se trata de modificaciones que permiten ajustar y perfeccionar el lenguaje normativo, a partir de visión de expertos en la materia, quienes serán los aplicadores de la norma. Por lo tanto, consideramos que estos ajustes abonan a la construcción de una reforma más sólida, ajustada a la realidad técnico-operativo de los concesionarios, sin descuidar un aspecto fundamental, que la ley debe ser general, abstracta y accesible para todas y todos, en este caso, los ciudadanos, los concesionarios, pero más aún, de nosotros como Estado mexicano que estamos obligados a construir la paz para todos los mexicanos. Es cuanto, ciudadana presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Guerra Mena. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por la diputada Juanita Guerra Mena.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se admite a discusión.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si la propuesta de modificación se considera suficientemente discutida, dado que no hubo inscripción de oradoras, ni oradores.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: En votación económica, se pregunta si se encuentra suficientemente discutida la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutida.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aceptan las propuestas de modificación.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Por instrucciones de la Presidencia, y en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se acepta y se reserva para su votación nominal en conjunto, con la modificación aceptada por la asamblea.

Agotada la lista de oradoras y oradores, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico y la plataforma digital hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen, y de los artículos reservados con las modificaciones aceptadas por la asamblea. Estos son los artículos: 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quinquies, 180 Septies, 190, 307 Bis, y los artículos transitorios primero, tercero, cuarto, quinto y sexto.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y 18, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital hasta por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen, y de los artículos reservados con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

(Votación)

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Si es tan amable la Secretaría de recordar el tiempo que falta para emitir voto.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: A las diputadas y a los diputados que faltan de emitir su voto les recordamos que faltan 30 segundos para cerrar el sistema electrónico de votaciones.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito a la Secretaría que ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital, para dar cuenta con el resultado.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 390 votos a favor, 6 abstenciones y 43 votos en contra.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobados, por 390 votos, los artículos reservados, en términos del dictamen y los artículos reservados con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

Aprobado, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES

LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictamen.

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Dictamen de la Comisión de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Toda vez que se cumplió con el requisito de la declaratoria de publicidad, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: En votación económica, se consulta si se autoriza que el dictamen mencionado se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se autoriza.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla(desde la curul): Señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Con qué objeto, diputado Tonatiuh Bravo?

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Solamente una pregunta, diputada presidenta. Estamos votando la inclusión de un dictamen en el orden del día y no escuché que se tuviera por escrito la petición de la Junta de Coordinación Política.

Sé que se trató en la Junta de Coordinación Política y que todos estuvimos de acuerdo, solamente pregunto si ya se tiene el escrito, y si no se tiene, nada más para que se sustancie y se cumplimente para que quede de la manera debida.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tomamos en cuenta su observación, diputado Tonatiuh Bravo, y ahora Servicios Parlamentarios estará en posibilidad de cumplimentar este trámite, que como bien señala usted, verbalmente en la Junta de Coordinación Política se expresó, pero la Mesa Directiva, en su reunión previa de esta mañana, señaló e incluyó en el orden del día la posibilidad inminente de recibir el dictamen. Es en declaratoria de publicidad de dictamen, el número 4.

DISCUSIÓN DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En consecuencia, procederemos a la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular.

Tiene la palabra para fundamentar el dictamen, la diputada Rocío Barrera Badillo, hasta por cinco minutos.

La diputada Rocío Barrera Badillo:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, para esta comisión la ampliación y total claridad de los derechos fundamentales de las personas, así como garantizar la congruencia y vigencia de nuestro orden jurídico, han sido criterios rectores de nuestra actividad.

Asimismo, consideramos prioritario establecer los mecanismos que permitan el ejercicio efectivo de los derechos políticos de la ciudadanía, que forman parte del catálogo de derechos humanos que nuestra Constitución y múltiples instrumentos internacionales reconocen y garantizan. Por eso, acudo ante ustedes a presentar el dictamen con de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular.

Como saben, es una ley reglamentaria de la fracción VIII del artículo 35 constitucional, que fue expedida el 14 de marzo de 2014, sin que desde su entrada en vigor haya sido modificada hasta el día de hoy.

Es importante señalar que se trata de una propuesta marcada por la pluralidad, pues el dictamen considera un total de ocho iniciativas presentadas por las diputadas y diputados: Pablo Gómez Álvarez, Jorge Arturo Espadas Galván, Julieta Macías Rábago, Frida Alejandra Esparza Márquez, José del Carmen Gómez Quej, Carlos Iván Ayala Bobadilla, Javier Ariel Hidalgo Ponce y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Así, la comisión precedió a un estudio amplio que resultó en la modificación de 35 de los 65 artículos con que cuenta actualmente la Ley Federal de Consulta Popular. La primer y más evidente aportación es la armonización del texto legal, que ya no guarda congruencia con el texto constitucional a consecuencia de las reformas publicadas el 20 de diciembre de 2019.

Además, como consecuencia de la desvinculación de las consultas populares del proceso electoral federal, se instrumenta el derecho a celebrar consultas anuales el primer domingo de agosto, subsanando la disparidad de fechas y ajustando los mecanismos y los procedimientos de consulta.

Desde el año pasado, nuestra Constitución declaró la posibilidad de organizar consultas regionales respecto de temas de competencias de la federación, las que con las reformas que se contienen en el dictamen se podrán organizar con reglas claras para su procedencia.

De igual forma, se amplían las causas por las que no proceden las consultas populares, destacando la referencia a la permanencia o continuidad en el cargo de personas servidoras públicas de elección popular.

Respecto del procedimiento de consultas, las y los promoventes sugirieron diversas modificaciones, las que en algunos casos eran coincidentes respecto de las fechas para la presentación de los avisos de intención, tema en el que se consideró procedente ampliarlas al menos a noviembre de cada año.

Con la reforma se agiliza el proceso de recolección de firmas, al establecerse que los formatos tanto de aviso de intención, como el correspondiente a su recolección, siempre deben de estar actualizados y disponibles en formato impreso y en electrónico, eliminado con ello la práctica de que cada vez que exista un aviso de intención las Cámaras tengan que establecer el formato, lo que implicaba una pérdida de tiempo valioso en la obtención de firmas. Se establece además que la pregunta contenida en la consulta sea accesible y, en su caso, traducida a lenguas indígenas.

Respecto del trámite parlamentario se incorporan plazos específicos para la aprobación de los dictámenes ante cada una de las Cámaras y se perfecciona el contenido de los dictámenes, abonando al cumplimiento del principio de certeza jurídica.

La digitalización es también un tema de la reforma, al incorporarse la participación en la consulta a través de medios digitales tanto en la obtención de las firmas como en la votación, cuestión que será en su caso instrumentada por el Instituto Nacional Electoral.

Es necesario dejar claro que las presentes reformas no serán aplicables a los procesos de consulta en desarrollo, los que deberán proseguir su implementación conforme al régimen que al día de hoy se encuentran vigentes.

En suma, este dictamen aclara, agiliza, actualiza y moderniza el proceso de consulta popular en beneficio de la ciudadanía de México, razón por la cual los invito a votar a favor. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Barrera Badillo.

Para fijar su postura, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra, hasta por cinco minutos. Tiene la palabra la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo:Con su permiso, diputada presidenta. La consulta ciudadana es un mecanismo de participación que sirve para ejercer el derecho constitucional, para votar en torno a temas de trascendencia nacional. Este instrumento democrático es el vehículo para que la sociedad, la ciudadanía puedan incidir en el debate y en las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado.

El dictamen que se pone a consideración de este pleno propone realizar diversas adecuaciones normativas a la ley reglamentaria, con el objeto de no dejar al arbitrio de las autoridades, en la realización de la consulta popular, la interpretación del texto constitucional o el resolver posibles contradicciones entre los textos normativos, porque hacerlo de esta manera pondría en riesgo la seguridad jurídica de las personas que participen.

Mediante la reforma constitucional del 9 de agosto del 2012 se introdujeron mecanismos directos de participación ciudadana, entre los que figuran la iniciativa ciudadana y la consulta popular, insertas en el artículo 35, fracciones VII y VIII de la Constitución federal, respectivamente.

La regulación de la consulta popular se llevó a cabo hasta el 14 de marzo del 2014, es decir, existía un vacío legal de casi 2 años. A través de la creación de la Ley Federal de Consulta Popular, normativa que desde su nacimiento ya se encontraba desactualizada, a la fecha, únicamente han existido cinco intentos por iniciar una consulta popular. Sin embargo, todos han sido instrumentados desde los partidos políticos y el gobierno.

Lo anterior nos muestra que la consulta popular en México no ha resultado exitosa, pues lejos de servir como un instrumento de participación ciudadana, ha sido utilizada para marcar la agenda de los partidos políticos, por lo que se debe erradicar la contaminación de este instrumento de participación ciudadana con una ley que no permita el uso electoral del mismo, que erradique la intervención del gobierno y la politización de los resultados, establecer límites insalvables para que no se convierta en una herramienta propagandística, o bien, como artilugio de manipulación para que la consulta popular sea eso, una consulta popular y no un espacio para el encono, la confrontación, la desacreditación entre los distintos actores políticos y la administración pública federal.

En el Partido de la Revolución Democrática hemos luchado históricamente por garantizar y promover y proteger los derechos de la sociedad mexicana, a ser consultados para la toma de decisiones sobre asuntos de trascendencia nacional.

En los distintos niveles de las representaciones legislativas de nuestro instituto político, siempre hemos trabajado para establecer las normas y principios que regulen la consulta popular y la iniciativa ciudadana, con el objetivo de promover y fortalecer la participación democrática de la ciudadanía. Es por ello que acompañamos el ejercicio legislativo que hoy debatimos y estamos convencidos, convencidas que debemos ampliar la reglamentación que cuide y preserve el derecho de la ciudadanía.

Las consultas ciudadanas no deben ser un instrumento para posicionarse como defensores de una causa que se escuche muy fuerte en este pleno y que llegue hasta Palacio Nacional. Las consultas ciudadanas no deben ser una herramienta de propaganda ni un medio para la difusión de doctrinas y promesas, mucho menos un medio para generar afinidad y apego de la ciudadanía como cálculo o rumbo a los procesos electorales.

Nuestro grupo parlamentario, el PRD, para nosotros resulta imprescindible que la consulta popular se convierta en un genuino mecanismo de empoderamiento ciudadano, para fomentar la transición de la participación electoral a la participación política activa y continua en los asuntos públicos de trascendencia social. Por ende, es necesario erradicar la injerencia de los partidos políticos y de la Presidencia de la República, se debe ciudadanizar la consulta popular a partir de la limitación de los actores políticos y del gobierno. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Almaguer Pardo.

El diputado Francisco Javier Saldívar Camacho, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, solicitó la inserción íntegra del texto que había preparado para fundamentar la posición de su grupo parlamentario en el Diario de los Debates. Así será.

Tiene la palabra la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Julieta Macías Rábago:Gracias, presidenta. Quiero iniciar reconociendo el trabajo de la Comisión de Gobernación y Población y su presidenta, la diputada Rocío Badillo, y el empeño de mi compañera Martha Tagle, por concretar este dictamen con disposición para encontrar consensos y atender los pendientes en un ordenamiento fundamental, como lo es la consulta popular.

Particularmente celebro la incorporación de la obligación de que la pregunta sea traducida a lenguas indígenas y sea planteada con accesibilidad para personas con discapacidad cuando así resulte necesario, Pues ello constituye un paso más en el camino de la inclusión, al generar las condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer efectivamente su derecho de participación en condiciones de equidad y sin obstáculos.

Nuestros pueblos indígenas y las personas con discapacidad, hoy tan olvidados y relegados en las prioridades presupuestarias, se encuentran entre los grupos que enfrentan una mayor vulnerabilidad en la sociedad, por lo que tenemos la responsabilidad de incorporar al marco jurídico las acciones informativas necesarias para acabar con las profundas inequidades que por décadas han minado su desarrollo en todos los ámbitos de su vida.

Celebro también que estemos por aprobar reformas para la eventual incorporación de mecanismos de voto electrónico que Movimiento Ciudadano ha venido impulsando desde la anterior legislatura, mismos que permitirán efectuar los procesos de consulta popular con importantes ahorros en los recursos humanos, financieros y materiales que se requieren en una consulta nacional y, además, con la posibilidad de conocer los resultados preliminares en forma prácticamente inmediata a la conclusión de la jornada.

La incorporación de consultas regionales también es un avance en el sentido correcto, pues ello permitirá fortalecer la participación ciudadana para propuestas que incidan en regiones específicas del país, lo cual incentivará a la ciudadanía a la participación al percibir que su ámbito de incidencia en las decisiones se amplía y se fortalece.

Y es que no solamente resultaba necesario armonizar la Ley Federal de Consulta Popular con la reforma constitucional de 2019, con la cual se concretó el objetivo de que la consulta popular como instrumento de participación ciudadana no vea pervertida su naturaleza al ser mal empleada como mecanismo de simulación para incidir legalmente en los procesos electorales, circunstancia que se corrige con el cambio de fecha y a pesar de las presiones desde el Ejecutivo.

El dictamen también elimina otro de los usos indebidos que la presente administración le dio a los procesos de consulta popular, al impedir que esta sea utilizada para validar las decisiones de interrumpir obras de infraestructura y en ejecución, como ha sucedido por ejemplo con el aeropuerto, a un altísimo costo para el erario y minando la confianza de inversionistas que ven con preocupación el nulo respecto al Estado de derecho y la certeza jurídica que se ha demostrado en los últimos dos años.

Otro aspecto relevante es la posibilidad de valerse de mecanismos digitales para la recolección de firmas, lo cual además de facilitar a la ciudadanía su participación en las consultas, también ayudará a detectar con mayor certeza y celeridad los intentos por seguir empleando métodos corruptos en la obtención de firmas, como penosamente se hizo evidente en la revisión de las firmas presentadas para la consulta popular que se llevará a cabo en próximas fechas, en las que el INE encontró todo tipo de irregularidades e inconsistencias que van desde credenciales invalidas, 120 mil firmas repetidas, firmas de personas fallecidas, e incluso, firmas de personas que manifiestan no haber otorgado su apoyo.

Si bien los avances son importantes, aún tenemos un importante pendiente que consiste en delimitar con mayor precisión los elementos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe verificar en materia de constitucionalidad de la consulta, de forma tal que el Tribunal Constitucional cuente con mejores condiciones de certeza para cumplir con su tarea de analizar y resolver si la materia cumple con los mandatos de ley, descartando los intentos de someter a consulta materias estériles, como es el caso de la procuración de justicia, que es obligación de las autoridades y cuya consulta pone en riesgo derechos y constituye, como bien lo expresó el ministro Luis María Aguilar, un concierto de inconstitucionalidades.

Por lo que además de votar a favor, en Movimiento Ciudadano seguiremos impulsando propuestas que fortalezcan la participación ciudadana, como parte del nuevo trato democrático que creemos es fundamental en la evolución mexicana que planteamos para México, porque el futuro será de la mano de la ciudadanía o no será. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias diputada Macías Rábago. Tiene la palabra la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Realizará su intervención vía la plataforma Zoom.

La diputada Maribel Martínez Ruiz(vía telemática): Gracias, diputada Sauri. Compañeras y compañeros diputados, la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre temas de trascendencia a nivel nacional o regional.

En el año 2012 cuando esta figura fue incorporada a la Constitución, la mayoría del PRI y su siempre aliados del PAN, le pusieron una serie de candados para restringir su objetivo, era impedir que la reforma energética de Peña Nieto fuera sometida a consulta y lo lograron. Hoy ya todo México saber por qué, porque su reforma fue elaborada para favorecer a los grandes capitales y fue a base de sobornos, corruptelas y complicidades. Sabían muy bien que el pueblo de México lo rechazaría.

Pero en esta cuarta transformación reformamos la consulta popular para quitarle esos candados y que sea verdaderamente una herramienta para empoderar a las y los ciudadanos. Todo el poder al pueblo.

La Constitución establece que votar en las consultas populares es un derecho de las y los ciudadanos, no es una graciosa concesión que el gobierno otorga al pueblo, es un hecho. Por eso la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes del neoliberalismo, no es una... (fallas de la vía telemática) como presidentes se dieron del cargo en beneficio propio y de sus cómplices. Los abusos, los excesos y los delitos cometidos por los presidentes cuando estuvieron en el cargo, son conocidos por todas y todos los mexicanos, porque el pueblo no es tonto, aunque la derecha crea que sí.

Nosotras y nosotros hemos defendido los mecanismos de participación directa, entre ellas la consulta popular y la revocación de mandato, como herramientas indispensables para potenciar los derechos de las y los ciudadanos, y para fomentar su participación en los asuntos públicos y las consultas llegaron para quedarse.

Debemos fortalecerlas y seguir avanzando en los mecanismos de participación ciudadana. La Constitución... de la soberanía nacional y el poder público dimana de él. Los regímenes autoritarios de la posrevolución... anularon estos principios fundacionales. Pero en la 4T los reivindicamos y los hacemos efectivos.

El sistema de democracia representativa tiene bondades, pero es claro que el México de hoy exige mayor participación directa de la ciudanía. Por eso apoyaremos este dictamen que abona a dar certeza jurídica y, sobre todo, a clarificar todas aquellas discordancias entre la Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular, que surgieron en este ejercicio de solicitud de consulta.

En el Partido del Trabajo no le tenemos miedo a la voluntad popular y por eso seguiremos impulsando los mecanismos de democracia participativa. Seguiremos impulsando, de la mano de la ciudadanía, consultas populares en los temas que sean de trascendencia nacional y de mayor interés para el pueblo de México, como es el caso de la consulta popular para que investigue y enjuicie a los expresidentes.

No tenemos duda de que la consulta popular del próximo año será un momento histórico, y que el pueblo de México alzará la voz para que se castigue a los expresidentes del PRI y del PAN, que tanto daño le hicieron a la gente, que tanto daño le hicieron a México. Es cuanto. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Martínez Ruiz. Tiene la palabra la diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien realizará su intervención vía la plataforma Zoom.

La diputada Claudia Pastor Badilla(vía telemática): Muchas gracias. Gracias, presidenta. Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. En el Grupo Parlamentario del PRI agradecemos la disposición de la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación y Población, especialmente a su presidenta, Rocío Barrera, al haber incorporado algunas de las observaciones que dictamos.

En mi grupo parlamentario, sin duda, coincidimos con la dictaminadora en la necesidad de retomar esta ley para adecuarla a la reforma constitucional aprobada, que fue publicada el 20 de diciembre del año pasado. Hay elementos importantes que definitivamente requieren de nuestra atención, como la fecha de la consulta de aquellas materias que por disposición constitucional no pueden ser sometidas a las decisiones mayoritarias.

A primera vista, pareciera que con este dictamen solo se pretende modificar la ley para su adecuación al orden constitucional. Sin embargo, el dictamen contiene disposiciones que generan dudas en los alcances de su aplicación, y en este aspecto quiero ser muy puntual. Habría sido deseable que, en el contexto de un parlamento abierto, al cual también hemos convocado en otros asuntos, contáramos con las opiniones, posturas y retroalimentación del Instituto Nacional Electoral, órgano que, a final de cuentas, será quien se encargue de llevar a la práctica lo que ahora discutimos. Es absurdo legislar sin atender a la experiencia de quienes organizan los comicios y aplicarán las consultas.

Las prisas para legislar nunca han sido buenas. Tenemos infinidad de casos en los hemos tenido que modificar lo aprobado por no darnos el tiempo necesario para analizar los temas. Los procedimientos de consulta popular no son un asunto menor. Está de por medio la credibilidad que la ciudadanía se forjará ante la primera muestra de democracia participativa con respaldo constitucional. Por ello, quiero aprovechar esta oportunidad para expresar las siguientes observaciones.

Nos preocupa la modificación al artículo 13. Como ustedes saben, la redacción vigente permite que se presenten peticiones de consulta popular a partir del primero de septiembre del segundo año de ejercicio de cada legislatura y hasta el 15 de septiembre. En el dictamen se abre la puerta para que se puedan presentar peticiones de consulta popular en cualquier año, sin ningún límite.

Compañeras y compañeros, para nadie es desconocida la crisis económica que enfrenta el país. Tampoco debe ser desconocido para ustedes que cada consulta popular puede llegar a costar hasta mil 500 millones de pesos, y que los procedimientos de verificación de firmas que realice el INE implica gastar otros 28 millones de pesos por cada petición. ¿De verdad esas son nuestras prioridades para destinar los recursos públicos en medio de una crisis económica sin precedentes y una pandemia global?

Peor aún, ni siquiera se han destinado los recursos para llevar a cabo la consulta ya aprobada ¿y ustedes proponen hacerlas cada año? ¿No tendríamos que reflexionar si es más pertinente que primero se declare la procedencia de la consulta ante la Corte antes de verificar las firmas, a efecto de ahorrar recursos? ¿No tendríamos que estar haciendo este tipo de reflexiones?

Otra de nuestras observaciones está vinculada con la posibilidad de que el INE lleve a cabo las consultas con las herramientas informáticas. Me refiero a los artículos 43, 53, 56 y 58. Al respecto, nuestras observaciones son de forma y de fondo.

Primero, debemos tener presente que las herramientas tecnológicas pueden ser utilizadas como mecanismos para facilitar el proceso de voto, pero también como elementos para ejercer el voto por sí mismo. Es decir, se puede votar a través de un dispositivo electrónico, sea una urna, o directamente a través de internet. Esto no está precisado en el dictamen y genera indefinición para el INE.

Además, la sola utilización de las herramientas tecnológicas no garantiza por sí misma la observancia de los principios que rigen la emisión del voto, como la universalidad, la secrecía, la autenticidad, la libertad, entre otros.

Consideramos que tales aspectos deben al menos tener trazos generales que delimiten el ámbito de aplicación para el INE. En el contexto de la selección de los funcionarios de mesas directivas de casilla, tarea en la cual se tiene mucha experiencia en el INE, el artículo 48 indica que el Instituto procurará que las mesas directivas estén integradas por ciudadanos designados de entre quienes las conformaron en la última jornada electoral.

Es cierto que esta propuesta tiene sentido si la elección federal se lleva a cabo el primer domingo de junio y la consulta se realiza el primer domingo de agosto del mismo año. No obstante, la razonabilidad se pierde cuando se presentan consultas populares alejadas de la última jornada electoral federal.

En esos casos consideramos que debería privilegiarse el principio de aleatoriedad en la designación de los funcionarios de las casillas, para evitar la conformación de padrones previos contrarios a los principios electorales. Hagamos las precisiones que se requieren.

En cuanto a la propuesta de incorporar a la abstención como una nueva clasificación de los votos, tampoco encontramos justificación racional. Como ustedes ya lo saben, en las elecciones constitucionales los votos en blanco depositados en las urnas son contados como nulos ante la imposibilidad para conocer el sentido de la voluntad del electoral.

¿Qué acaso no ocurre lo mismo con la abstención? ¿Cómo vamos a definir esa intención? ¿Piensan agregar esa opción a la compleja cantidad de información de las boletas? Este también es un tema ambiguo. Corrijamos.

Finalmente, en el artículo 58 se propone que los cómputos distritales inicien a partir del término legal de la jornada de la consulta popular, es decir el mismo domingo y de forma ininterrumpida. Nosotros advertimos a la comisión dictaminadora que esto es materialmente imposible, porque el tiempo que se requiere para trasladar los paquetes electorales a los consejos distritales no permite que el cómputo inicie el mismo día.

Si bien puede presentarse la posibilidad de que se implemente el uso de herramientas tecnológicas, también debe preverse la recepción tradicional. Hay que precisarlo. Compañeras diputadas y compañeros diputados, ojalá se encuentren abiertos a escuchar nuestras preocupaciones y podamos lograr los consensos necesarios para aprobar un dictamen tan relevante como este, con el respaldo de todas las fuerzas políticas.

Concluyo, presidenta, solicitándole que el conjunto de reservas que se inscribieron en el Grupo Parlamentario del PRI se les dé el trámite que corresponda y queden registradas en el Diario de los Debates. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Pastor Badilla. Tiene la palabra la diputada Karen Michel González Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Karen Michel González Márquez:Con el permiso de la Presidencia. La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados en su LXIV Legislatura, presenta a esta soberanía para su discusión y votación el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, para otorgar mayor certeza y seguridad jurídica al procedimiento de consulta popular.

Esto anterior es motivado por varias iniciativas presentadas de distintos grupos parlamentarios, con la finalidad de actualizar la Ley Federal de Consulta Popular, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014. Entre estas, considerada la iniciativa de mi amigo y compañero de bancada, Jorge Espadas.

La Ley Federal de Consulta Popular es reglamentaria de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece y protege el derecho ciudadano de votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional que pueden ser competencia de la federación.

Su objeto es regular el procedimiento para la convocatoria como la organización, el desarrollo, el cómputo y la declaración de resultados de la consulta popular, esta misma entendida como el mecanismo de participación por el cual las y los ciudadanos ejercen su derecho a través de un voto emitido, mediante el cual expresan su opinión respecto a uno o varios temas de trascendencia nacional, y de esta forma, promover la participación ciudadana.

El dictamen contiene diversas modificaciones de carácter formal como es actualizar la denominación del Instituto Federal Electoral por el Instituto Nacional Electoral. Por otra parte, también contiene modificaciones de carácter de fondo, esto derivado de la reforma constitucional contenida en el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019.

Entre estas modificaciones de fondo, podemos señalar las siguientes:

1.Se fortalece y protege el derecho de los mexicanos que residan en el extranjero.

2. Se da claridad sobre qué se entenderá por temas de trascendencia nacional y regional que sean competencia de la federación.

3. Se actualiza la Ley Federal de Consulta Popular en cuanto a la fecha de su realización. Esto significa que establece que la consulta podrá ser anual y se realizará el primer domingo de agosto de cada año y no cada tres como está en el texto vigente, que aún lo hace coincidir con la jornada electoral.

4. Se amplían los temas en los que no procede la consulta popular, esto quiere decir que no podrán ser objeto la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución, la permanencia o continuidad en el cargo de las personas servidoras públicas de elección popular. La materia electoral. El sistema financiero y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Las obras de infraestructura en ejecución. La seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente.

5. Se fija el porcentaje requerido de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista de electores de los municipios y/o de los estados involucrados para solicitar una consulta popular. Asimismo, la fecha límite para presentar la solicitud respectiva.

6. Se establece que se suspenderá la propaganda gubernamental que tenga como objetivo promover la consulta popular.

7. Que el sistema de medios de impugnación para resolver las controversias que se susciten será el mismo que el instaurado para los procesos electorales.

8. Se prohíbe cualquier modificación a la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Como puede observarse, el dictamen contiene bondades para que las y los ciudadanos ejerzan su derecho de solicitar y participar en la realización de la consulta popular, estableciendo obviamente, obligaciones y restricciones para diversas autoridades.

Y, es por ello que las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen, al considerar que es necesario proteger el derecho ciudadano contemplado en el artículo 35, fracción VIII de la Constitución Política.

Sobre todo, ante los embates de un gobierno federal y del partido político de Morena que tiene como finalidad el desvirtuar la esencia de este derecho para obtener intereses particulares y electorales.

Es necesario que este órgano legislativo vigile que la actuación de las autoridades involucradas en el procedimiento de la consulta popular se ajuste a nuestro marco constitucional y legal, para que denuncie cualquier incumplimiento de sus obligaciones y atribuciones en la materia y, especialmente, aquellas que tengan como motivaciones no acatar el principio de separación de poderes y atender los intereses particulares, especialmente, los del titular del Ejecutivo federal. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada González Márquez. Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Pablo Gómez Álvarez:Ciudadanas y ciudadanos legisladores, se consulta a la asamblea una reforma de la Ley Federal de Consultas Populares. Esta ley, reglamentaria del derecho del pueblo a decidir de manera directa los asuntos del país y de las regiones, en materia federal o en asuntos federales, es indispensable porque la Constitución fue modificada, como todos sabemos, y la ley quedó en concordancia, estaba en concordancia con el viejo texto de la Constitución.

De la reforma constitucional retomo un elemento que me parece muy importante, que es que la consulta popular se puede hacer cada año y no cada tres años, como estaba antes en la Constitución y como sigue en la ley actual, por eso la vamos a reformar, entre otras cosas. Pero se cometió un error presionado por las oposiciones en el Senado, que condicionaron su voto a que las consultas populares no se realizaran el día de las elecciones.

Este es un error muy grande. No por el costo. No por el chilloteo de algunos consejeros electorales, que ellos siempre lo van a hacer y siempre van a seguir con lo mismo, eso ni me preocupa, sino porque es ilógico que se vote en una elección y unos tres meses o cuatro después vayamos a decidir sobre leyes o sobre políticas públicas.

No tiene caso estar yendo tan seguido, cuando podemos, en el mismo acto electoral, proceder a hacer las consultas que hayan sido autorizadas o más bien, convocadas por el Congreso de la Unión. Yo espero que nuestras muy respetables oposiciones, como decían los priistas en sus tiempos en que eran mayoría, reflexionen. Tenemos todavía tiempo para hacer en febrero una reforma constitucional que restablezca el día de la consulta coincidente con un día electoral. Claro, en los otros años ya no coincidiría porque no habría elecciones, pero eso ya, pues, no tiene remedio.

Ahora bien, hay una objeción de que el pueblo pueda votar a favor, en contra o abstención, como nosotros. Nosotros aquí a la hora de votar las leyes podemos votar a favor, en contra o abstención. La abstención quiere decir algo. Pero no solo por eso, aunque también por eso.

La manera como hacemos la ley es la manera como el pueblo hace las leyes, votando a favor, en contra o abstención del proyecto. Sino porque votar en las consultas es obligatorio y al ser obligatorio mucha gente tendría que sentirse obligada a asistir, a concurrir, aunque no esté ni por el sí ni por el no, sino por algo definido como abstención, pero concurrir, cumplir con la obligación política como ciudadano de ir a las urnas en la consulta y expresar un planteamiento.

Es por ello que no podemos no poner en la boleta el cuadro de abstención, tanto porque es obligatorio que la gente debe ir y no necesariamente a decir sí o no, como porque así es como se votan las disposiciones de carácter general. Y lo que se vota en las consultas es algo vinculante para los poderes públicos, o sea, son obligatorios los resultados de la consulta.

Por lo tanto, debe haber las tres opciones, por lo demás el voto electrónico está incluido. Yo no soy partidario del voto electrónico, pero si acaso se llegara a crear el sistema de voto electrónico se podría, según esta ley, también votar en las consultas mediante el sistema electrónico. Muchas gracias por su atención.

Pedimos un apoyo a esta reforma, porque creemos en la consulta popular, porque vamos a impulsar las consultas populares, porque la democracia directa tiene que ser inaugurada, próximamente lo será y, a partir de ahí, nos iremos para adelante. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Gómez Álvarez. Con esta intervención se cierra el plazo para el registro de reservas.

Está a discusión en lo general. Tiene la palabra el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro del dictamen.

El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en lo que va de esta legislatura hemos impulsado y apoyado reformas trascendentales para el desarrollo democrático de nuestra nación. En este caso, la reforma va encaminada a robustecer la consulta popular, herramienta constitucional de democracia directa, que faculta al pueblo de México a participar en la toma de decisiones de sus autoridades gubernamentales.

Se propone una serie de modificaciones a la normatividad secundaria, con el objetivo de dotar de mayor certeza a la ciudadanía sobre qué parámetros se tomarán en consideración para las consultas populares. Por ejemplo, se indica que la consulta podrá realizarse de manera anual y teniendo como fecha de celebración el primer domingo de agosto de cada año y no cada tres, como lo indicaba el texto vigente.

Con lo anterior, que la consulta no se empate con las jornadas electorales y que el resultado de la consulta sea la verdadera expresión de la voluntad del pueblo de México. Asimismo, en concordancia con el texto constitucional, se establece expresamente que las consultas populares podrán versar sobre asuntos de carácter regional y que sean de la competencia de la federación.

En este orden de ideas, buscamos salvaguardar la voz y el voto de cada mexicano y mexicana. Toda región será escuchada en la toma de decisiones de los poderes públicos. Es de resaltar que con la intención de hacer más eficiente el acceso a la ciudadanía el ejercicio del derecho de petición de la consulta popular, se concederá el uso de instrumentos tecnológicos que permitan obtener las firmas ciudadanas para tal solicitud.

Compañeras y compañeros, ahora sí, la consulta popular es una realidad. Se acabaron aquellos tiempos donde las comunidades alejadas, las zonas indígenas, las zonas marginadas, la población en general era ignorada, silenciada y sometida a decisiones hostiles por parte de las autoridades federales en turno.

Que la consulta popular sea el mecanismo de participación ciudadana, donde el pueblo de México exprese su opinión, se involucre, analice, aporte y participe en la toma de decisiones sobre temas de vital importancia y trascendencia en la vida de nuestra nación.

Los tiempos políticos, sociales, actuales exigen de una sociedad activa, participativa y políticamente inmersa en la vida pública con voz. Hoy, podemos hablar de una verdadera democracia participativa en nuestra nación, una democracia donde exista colaboración y participación ciudadana. Todos los que estamos aquí llegamos por la voluntad popular, llegamos por la decisión del pueblo en nuestras respectivas demarcaciones y distritos, lo más leal es darle voz.

En Morena siempre vamos a pugnar por la lealtad con nuestro pueblo, por luchar para que la voz, la participación y las consultas populares sean el verdadero instrumento de lucha de nuestra nación, es su pueblo que muchas se mantuvo olvidado y marginado.

Nunca más gobiernos con pueblos que no sean escuchados. Que la voz de México se mantenga firme y decidida y que vayamos gobernando juntos con quienes nos dan la oportunidad de estar aquí, la máxima representatividad de nuestra nación es su sociedad, es su pueblo. Y hoy, con esta consulta popular le damos fortaleza, fuerza a nuestra sociedad.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena está totalmente convencido e invita a votar a favor de esta consulta. Sumemos esfuerzos en este gran cambio nacional, en esta actuación actual que requiere nuestro querido México y, por lo tanto, compañeras y compañeros legisladores, votemos a favor de este gran dictamen. Es cuanto, presidenta. Muchísimas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Pérez Bernabe. Tiene la palabra la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar en pro del dictamen.

La diputada Ana Karina Rojo Pimentel:Compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen de la Comisión de Gobernación y Población con proyecto de decreto que reforma y adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular.

En principio quiero señalar que el Partido del Trabajo ha sido firme impulsor de que las figuras de democracia participativa se incluyan en el texto constitucional, con el firme propósito de dotar al pueblo de los instrumentos jurídicos que le permitan el control de la acción política pública de nuestros gobernantes. Desde la LXIV Legislatura hemos presentado diversas iniciativas en este sentido y lo continuaremos haciendo en todo aquello que tenga el propósito de darle poder al pueblo. En esta ocasión conocemos el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Consulta Popular, con el propósito de hacer más operativo este mecanismo de democracia participativa para que la población pueda acceder.

Quiero destacar que la coalición Juntos Haremos Historia y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, somos respetuosos de las disposiciones de la Constitución Política, y debemos recordar que en la fecha 20 de diciembre del 2019 se reformó el artículo 35, fracción VII, numeral 5, para establecer que la consulta popular se llevara a cabo el primer domingo de agosto del año en que se realicen las elecciones federales.

Con esta armonización de la ley a la Constitución se comprueba que los dichos de la oposición son mentiras, porque el presidente de la República no aparece en la boleta electoral. Entendemos que la crítica tendenciosa de la oposición corresponde a que, a que por primera vez en la historia del país los mexicanos decidirán si los órganos competentes del Estado mexicano ejercen acción penal en contra de todos los servidores públicos que durante el periodo neoliberal traicionaron la confianza ciudadana. Por eso están temerosos, porque intuyen en qué forma se expresará el pueblo de México.

¿Qué creen? Las y los mexicanos podrán decidir si encarcelan o no a los expresidentes que se encargaron de privatizar, de robar gran parte de los recursos naturales de nuestro país. El pueblo mexicano no olvida. Escuchen: el pueblo mexicano no olvida el dolor que causaron las administraciones federales del PAN y del PRI. No olvidamos la gran oleada de privatización a empresas del Estado del gobierno de Salinas. No olvidamos la crisis de 1994, provocada por el Fobaproa, con Zedillo. Mucho menos olvidamos la famosa empresa de los hijos de Martita, esposa entonces del presidente Vicente Fox.

Ni tampoco la desgarradora guerra contra el narco y las diversas masacres encabezadas por Felipe Calderón. Menos nos podemos olvidar de la famosa casa blanca, la estafa maestra, la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El pueblo de México no olvida. Estos funcionarios sinvergüenzas merecen estar en prisión. Y no tengo la menor duda de que las y los mexicanos lo deseamos y lo confirmaremos en la próxima consulta popular.

Nosotros, el Partido del Trabajo, somos orgullosamente de izquierda. Velaremos por el bienestar de la sociedad. Ya lo decía el profesor guerrillero Lucio Cabañas: “Lo más importante es ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo”. Unidad nacional. Todo el poder al pueblo. Es cuanto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Rojo Pimentel. Tiene la palabra la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar en pro del dictamen.

El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: ¿Con qué objeto, diputado Cayetano García?

El diputado Rubén Cayetano García (desde la curul): Para inscribirme por hechos, presidenta, si fuera tan gentil, al final del debate.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Cómo no. Lo inscribo, diputado.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez:Gracias, presidenta. Aunque sin duda nos tenemos que sumar a los reconocimientos al trabajo realizado en la Comisión de Gobernación, que sin duda es una de las comisiones más productivas y con capacidad de diálogo, y acepta las observaciones que hacemos de diferentes grupos parlamentarios, no podemos dejar de señalar que esta ley, esta reforma a la Ley Federal de Consulta llega tarde.

Llega tarde porque debió haberse aprobado desde abril de este año. Debió aprobarse antes de que se iniciara el proceso de consulta popular por parte del presidente. Debió aprobarse antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijera si era o no constitucional. Y debió aprobarse antes de que discutiéramos en esta tribuna en dos ocasiones la convocatoria para la consulta popular. Ahora se busca cubrir una suplir una omisión legislativa con esta reforma que, insisto, llega tarde.

Desde la década de los noventa se han venido impulsando en México diferentes mecanismos de participación ciudadana como una respuesta al alejamiento de la política de las necesidades e intereses de las y los gobernados, a fin de que la ciudadanía incidiera en las decisiones públicas. Estos mecanismos van desde la configuración de órganos autónomos, iniciativa ciudadana, presupuestos participativos, consultar decisiones públicas mediante plebiscito y/o referéndum; las candidaturas independientes y recientemente para la revocación, y revocación de mandato.

Cada uno tiene su propia historia, pero la experiencia señala que cuando son diseñados desde una óptica del control político los mecanismos ciudadanos se pervierten y terminan sirviendo al poder político o, simplemente, dejan de funcionar. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que la consulta popular debe ser una herramienta útil para ejercer la democracia directa. La pregunta es: ¿qué falta a hacer para que la ciudadanía se apropie de ella y realmente la utilice?

En esta reforma se establece realizar una consulta cada año, así como realizar consultas a nivel estatal, abarcando una o más entidades de acuerdo a los temas de trascendencia local. También se establece que la pregunta contenida en la consulta, además de lo previsto en la ley, sea accesible y, en su caso, traducida a lenguas indígenas.

La consulta popular, además, se refiere a los procesos de plebiscito y referéndum que fueron incluidos en la reforma constitucional de 2014 y reformada recientemente a finales de 2019. Ahora estas reformas a la Ley Federal de Consulta Popular buscan armonizar la reforma constitucional que será sobre temas de trascendencia nacional y deberá ser solicitada por al menos el 2 por ciento de ciudadanos inscritos en la lista nominal, alrededor de 1.8 millones de personas.

Se introdujeron restricciones de temas que no podrán ser objeto de la consulta, la permanencia o continuidad en el cargo de elección popular en clara referencia a la Ley Bonilla. No se podrán hacer consultas sobre obras de infraestructura para no repetir la cancelación de obras como el aeropuerto, y se confirma que será la Suprema Corte de Justicia quien resolverá sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.

Además, le dieron al INE la responsabilidad de organizar, difundir y promover las consultas para garantizar su imparcialidad. Sin embargo, no importan las reglas que tenga esta Ley Federal de Consulta, si esta herramienta realmente no es útil para las y los ciudadanos y sigue siendo una herramienta política, con fines electorales del Ejecutivo en turno. La democracia participativa debe estar en manos de la ciudadanía, ese es el reto mayor.

Mientras que el sistema de partidos políticos sufre una grave crisis de representatividad, hay un hartazgo que provoca recelo respecto al uso de estos instrumentos ciudadanos que terminan sirviendo a intereses de partido o de gobiernos. El gran pendiente es, pues, el fortalecimiento y la construcción de una ciudadanía crítica que utilice estas herramientas.

Recordemos que un Estado que respete y funcione a través de mecanismos de democracia deliberativa requiere de herramientas que garanticen una participación directa del pueblo, para que las determinaciones gubernamentales sean el resultado del proceso de consulta, participación y debate, donde habrán de equilibrarse los diversos pensamientos a fin de concluir en una decisión común en beneficio de la sociedad o la comunidad. Mientras tanto, esta herramienta de participación ciudadana no es más que un instrumento electorero al servicio del poder. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Tagle Martínez. Tiene la palabra el diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en pro del dictamen.

El diputado César Agustín Hernández Pérez:Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, con la reforma que hoy discutimos y que desde este momento anticipo nuestro voto, en el Grupo Parlamentario de Morena será a favor.

Lo que hacemos es establecer reglas claras para el ejercicio de la consulta popular. Esta, debemos entenderla como el mecanismo por el que se adquiere la opinión de la ciudadanía sobre temas de competencia de la federación y que son de trascendencia nacional o regional, salvaguardando, en todo momento, los derechos humanos.

Este instrumento de la democracia participativa permite a la ciudadanía formar parte de la toma de decisiones, entre otros temas, en lo referente a la permanencia o continuidad en el cargo de personas servidoras públicas de elección popular.

Como corresponde a una república, los asuntos públicos son cosa de todas y todos sin exclusión alguna. En la cuarta transformación tenemos claro que democracia significa el poder del pueblo, por ello, además de la participación de la ciudadanía en la consulta popular que radicamos en nuestro país, ahora contaremos con la opinión de nuestros conciudadanos que viven en el exterior, quienes podrán votar desde sus lugares de residencia, al igual que como lo hacen en caso de elecciones.

La democracia es incluyente, no admite parcialidades, por ende, requiere de consensos para arribar a acuerdos que permitan la toma de decisiones donde todas las voces sean escuchadas y atendidas.

Con esta reforma, en lo sucesivo los migrantes mexicanos residentes en el extranjero podrán participar en cualquiera de las consultas convocadas y no solo cuando coincida en la elección del presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Así, quienes por razones de trabajo o estudio han tenido que emigrar a otro país, pueden seguir ejerciendo su derecho constitucional a participar de los asuntos públicos desde el exterior.

Estoy seguro que, con una mayor participación, lograremos una mejor legitimidad. Necesitamos ser la voz del pueblo y nuestra tarea es empoderar al pueblo. Con reformas como esta, así el gobierno tomará decisiones de la mano de la gente. Solicitamos su valioso apoyo y su valioso respaldo a todas las fuerzas políticas acompañando esta reforma. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Hernández Pérez. Agotada la lista de oradoras y oradores, consulta la Secretaría, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: En votación económica, se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido en lo general.

Para hechos tiene la palabra el diputado Rubén Cayetano García, desde su curul y por un minuto. Adelante, diputado.

El diputado Rubén Cayetano García(desde la curul): En el plano politizador del pueblo de México, en el ámbito concientizador y avispamiento ciudadano en el país, estas reformas a la Ley Federal de Consulta Popular son sencillamente magníficas, más allá de la apuesta de judicialización, nuestra convicción materializa lo que el pueblo quiere, que se le tome en cuenta.

Toda norma que promueva la participación ciudadana en la toma de decisiones es bienvenida en una nación democrática como la nuestra. Celebremos la concordante armonización con la norma, con la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2019, para dar certeza y seguridad jurídica al proceso de consulta. Enhorabuena. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias, presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Cayetano García. En términos del artículo 13, numeral 1, inciso e), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria se informa a la asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos 13, 16, 28, 53 y 58.

Se instruye a la Secretaría, abra el sistema electrónico y la plataforma digital, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y 18, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital para el registro de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados.

(Votación)

A las diputadas y los diputados que faltan por emitir su voto se les recuerda que les queda un minuto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Solicito a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital, para dar cuenta con el resultado.

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 386 votos a favor, 42 votos en contra y 3 abstenciones.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobados, en lo general y en lo particular, los artículos no reservados, por 386 votos.

Pasamos a la discusión en lo particular. Hago una corrección. Por favor, ¿la Secretaría puede dar nuevamente el resultado del cómputo?

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Señora presidenta, se emitieron 388 votos a favor, 42 votos en contra y 3 abstenciones.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobados, en lo general y en lo particular, los artículos no reservados por 388 votos.

Pasamos a la discusión en lo particular.

Tiene la palabra la diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del PRI, quien ha solicitado que sus reservas a los artículos 13, 16, 28 y 58, sean en su exposición insertadas íntegras en el Diario de los Debates y puestas a consideración de la asamblea, para preguntar si se admiten a discusión.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por la diputada Claudia Pastor Badilla.

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admiten a discusión las reservas presentadas por la diputada Claudia Pastor Badilla. Se desechan y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.

Tiene la palabra el diputado Enrique Ochoa Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar reserva sobre el artículo 53.

El diputado Enrique Ochoa Reza:A lo largo del día de hoy he tenido muy interesantes conversaciones sobre la reserva que voy a presentar al artículo 53 de esta ley. Es sobre el tema de incorporar como opción de votación los votos emitidos en abstención. La reserva que estoy presentando es eliminar este agregado que se pone como un Frankenstein a la legislación de la consulta popular, el voto emitido en abstención.

He escuchado algunos argumentos interesantes, aquí en el pleno, donde dice que esta reforma tiene como objetivo dar certeza y seguridad jurídica, lo escuché de un importante legislador, aquí, del Grupo Parlamentario de Morena. Y yo estoy de acuerdo, efectivamente debemos reformar las leyes para dar certeza y seguridad jurídica.

Por otro lado, he escuchado argumentos de que se le debe dar opción al ciudadano para emitir el sentido de su voto, porque si participa más del 40 por ciento de la ciudadanía, el resultado de la consulta obliga a las instituciones del Estado mexicano a acatar lo que la ciudadanía dice. Coincido, si participa el 40 por ciento o más, de la ciudadanía, hay una obligatoriedad a las instituciones del Estado mexicano, sobre el sentido de su voto.

Y entonces, por qué vamos a poner la opción de abstención. Eso no da certeza y seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir? Que la ciudadanía en su mayoría se abstuvo. Qué deben de hacer las autoridades responsables a quienes se dirige la consulta, si 40 por ciento de la población nada más participa y la mayoría de esa población vota en abstención.

¿Qué mensaje está dando? Y el mensaje que está dando es negativo, es rechazar el contenido de la consulta. Se abstuvo, por lo tanto, nada obliga —de la consulta— a las instituciones del Estado mexicano. Es decir, para efectos es el mismo voto que en contra.

Igual también, si los votos son nulos. Si la mayor parte de la votación de la consulta es nula, que es la otra alternativa que tiene aquí la ley, por lo tanto tienes tres alternativas de resultado negativo en la consulta. La ciudadanía pueda votar a favor y puede votar en contra, puede abstenerse o puede emitir un voto nulo. Una opción positiva, tres opciones negativas.

De nueva cuenta me parece que el grupo mayoritario lo que quiere es que la consulta tenga como resultado un negativo. Le están poniendo tres opciones negativas a la ciudadanía: opción en contra, emitidos en abstención y votos nulos.

Y antes de que hicieran esta reforma o esta propuesta de reforma, ustedes no tenían emitidos en abstención, y ahora lo quieren agregar porque dicen que aquí en el parlamento se puede votar en abstención. Sí, aquí también se puede hablar para hechos, como lo hace un diputado cada vez que puede. Lo puede pedir en alusiones personales, aunque no haya alusiones sobre alusiones; también se puede pedir procedimiento. Pero eso no existe allá afuera. Oigan, lleven también esos elementos parlamentarios a las discusiones familiares y sociales, donde haya alusiones personales y un minuto para hechos, la hora del aficionado, todo eso. Pues no, no es argumento suficiente el decir que porque aquí en el Parlamento se aplica la votación en abstención es que en todas las legislaciones donde hay participación ciudadana debe haber un voto en abstención. Eso no aplica.

Es nada más un elemento adicional de confusión a la población, porque ustedes quieren que la consulta fracase. Por eso han cambiado la entrada en vigor de la vigencia de la legislación correspondiente y de la convocatoria para tener la consulta. Por eso, a lo mejor podrían agregar, como opción el artículo 53, que la ciudadanía vote a favor, vote en contra, emita en abstención, haya votos nulos o que la gente conteste: no entendía la pregunta. Y entonces podemos tener una quinta opción negativa que favorezca al resultado que efectivamente quieren de la consulta, que es confundir a la población con opciones negativas.

Una consulta debe tener dos opciones, positiva y negativa, a favor o en contra, y cuando quien revisa la votación no puede identificar si el voto es a favor o en contra, ahí cae en el cajón de los votos nulos. Así está nuestra legislación electoral.

Pero ustedes quieren confundir la legislación electoral y llevar los elementos parlamentarios de abstención para crear una opción adicional negativa y tener tres negativas y una respuesta positiva. Ustedes lo que quieren es que la consulta arroje un resultado negativo, sí. La participación arriba del 40 por ciento, pero tres resultados negativos, que sumados puedan ser el resultado de su consulta. Qué lamentable.

La reserva que se propone lo que aspira es a dejar que sea simple y sencilla la participación ciudadana en la consulta, que se diga a favor, que se diga en contra. Y que cuando no se pueda discernir si fue a favor o en contra, eso sea un voto nulo. No debe haber una opción de voto en abstención. Para alusiones personales. Gracias.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Ochoa Reza. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por el diputado Enrique Ochoa Reza.

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en los términos del dictamen.

Agotada la lista de oradores y oradoras, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico y la plataforma digital, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación de los artículos reservados, en términos del dictamen.

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y 18, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen.

(Votación)

A las diputadas y diputados que no han emitido su voto se les recuerda que tienen menos de un minuto para poderlo hacer.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: El diputado Carlos Alberto Valenzuela, vía Zoom, emitirá su voto.

El diputado Carlos Alberto Valenzuela González (vía telemática): A favor, presidenta. Carlos Valenzuela, Acción Nacional, a favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Valenzuela.

Solicito a la Secretaría ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital, para dar cuenta con el resultado.

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora presidenta, a favor 385, 386, rectifico, 58 en contra y 4 abstenciones.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobados por 386 votos los artículos reservados, en términos del dictamen. Aprobado, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular.

MINUTAS

LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continúe la Secretaría con la recepción de minuta.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.

Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.“”

Atentamente

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2020.– Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Consulte la Secretaría a la asamblea, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: En términos del artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se les dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.

En consecuencia, está a discusión la minuta devuelta por la Cámara de Senadores.

Dé cuente la Secretaría el comparativo de la modificación, distinguiendo la columna “dice” de la columna “debe decir”.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Dice: Transitorios. Cuarto. La Cámara de Diputados homologará y armonizará la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados a fin de permitir la recepción, por medios electrónicos, de las denuncias a que se refiere la presente ley dentro del plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Debe decir: Cuarto. El Congreso de la Unión homologará y armonizará la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Cámara de Diputados hará lo conducente respecto al Reglamento de la Cámara de Diputados a fin de permitir la recepción, por medios electrónicos, de las denuncias a que se refiere la presente ley, dentro del plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tal como establece la fracción E del artículo 72 constitucional, la discusión de la minuta únicamente versará sobre las reformas o adiciones que la colegisladora haya realizado, sin poder alterarse de manera alguna los artículos aprobados por ambas Cámaras, que en este caso corresponde a la modificación del artículo cuarto transitorio del proyecto de decreto.

En virtud de que no se han registrado oradora u orador para su discusión, consulte la Secretaría en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutida en lo general y en lo particular.

Se instruye a la Secretaría, abra el sistema electrónico y la plataforma digital, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del artículo cuarto transitorio del proyecto de decreto modificado por la Cámara de Senadores.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Háganse los avisos a que se refieren los artículos 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y 18, numeral 1, inciso b), del Reglamento para la Contingencia Sanitaria. Ábrase el sistema electrónico de votación y la plataforma digital para el registro de votación, hasta por cinco minutos, para que las y los diputados procedan a la votación del artículo cuarto transitorio del proyecto de decreto modificado por la Cámara de Senadores.

(Votación)

A las diputadas y los diputados que faltan de emitir su voto, les recordamos que queda menos de un minuto para cerrar el sistema electrónico de votaciones.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Al no haber podido resolver los incidentes de su teléfono para emitir su voto, tiene la palabra para hacerlo de viva voz, la diputada María de los Ángeles Ayala, mediante la plataforma Zoom.

La diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (vía telemática): Gracias, presidenta. Mi voto es a favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputada Ayala. También el diputado Carlos Alberto Valenzuela, por la misma plataforma Zoom.

El diputado Carlos Alberto Valenzuela González (vía telemática): Gracias, presidenta. Carlos Valenzuela, a favor.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, diputado Valenzuela. Solicito a la Secretaría, ordene el cierre del sistema electrónico de votación y de la plataforma digital, para dar cuenta con el resultado.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señora presidenta, se emitieron 448 votos a favor, 0 abstenciones y 1 voto en contra.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobado el artículo cuarto transitorio del proyecto de decreto, por 448 votos. Aprobado, en lo general y en lo particular, por 448 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Pasa al Ejecutivo federal, para sus efectos constitucionales.

COMUNICACIONES OFICIALES

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a darle lectura.

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Diputados.– LXIV Legislatura.– Junta de Coordinación Política.

Diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.– Presente.

Con fundamento en el artículo 64, párrafo uno, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos coordinadores de los grupos parlamentarios, integrantes de la Junta de Coordinación Política, les solicitamos atentamente que consulte al pleno si es de aprobarse la inclusión de la presente sesión ordinaria en el rubro correspondiente de los siguientes asuntos y se les dé declaratoria de publicidad.

• De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación.

• De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II, del inciso A), del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad.

• De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad privada.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, 10 de diciembre 2020.– Diputado Moisés Ignacio Mier Velazco (rúbrica), presidente y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado René Juárez Cisneros (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, secretaria. De conformidad con el artículo 65, numeral 2, del Reglamento, consulte la Secretaría, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: En votación económica, se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se autoriza.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En consecuencia, continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad de dictámenes.

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos del artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

MINUTA

SE EXPIDE LA LEY PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continúe la Secretaría con la minuta que remite el Senado de la República.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.

Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Educación Superior y se abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.“”

Atentamente

Ciudad de México, a 9 de diciembre de 2020.– Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Túrnese a la Comisión de Educación, para dictamen, y a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para opinión.

COMUNICACIONES OFICIALES

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Se recibió comunicación de la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Proceda la Secretaría a darle lectura.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: «Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.– Presente.

Por instrucciones del señor ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, me permito informarle que tomando en cuenta la situación derivada de la emergencia sanitaria ocasionada por el grave riesgo que implica la enfermedad del coronavirus Covid-19, así como la necesidad de que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cuente con el tiempo necesario para ejercer sus atribuciones, en sesión privada celebrada el día hoy, por unanimidad de 11 votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó extender la prórroga del plazo establecido en el artículo 107, fracción II, párrafo tercero constitucional, respecto de la Declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, otorgada originalmente al Congreso de la Unión por el Tribunal pleno, el 29 de octubre de 2019, la cual vencerá el último día del período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que transcurrirá el primero de febrero al 30 de abril de 2021, con el objeto de que al concluir dicho plazo, el Congreso de la Unión haya aprobado la legislación correspondiente.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2020.– Licenciado Rafael Coello Cetina (rúbrica), secretario general de acuerdos.»

Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: La asamblea ha quedado enterada.

–––––––– o ––––––––

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continúe la Secretaría con la comunicación de la Junta de Coordinación Política.

La secretaria diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Se recibieron comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones, que se encuentran disponibles en las pantallas de las curules.

En votación económica, se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Aprobados y comuníquense.

MENSAJES DE LA PRESIDENCIA

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Continúe la Secretaría con la lectura del comunicado.

La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Presidencia de la Mesa Directiva.

Diputadas y diputados, toda vez que en la sesión del día lunes 14 de diciembre se abordarán reformas que por disposición constitucional requieren de la aprobación de dos terceras partes de los miembros presentes de la asamblea y, en virtud de que nuestro marco jurídico no contempla posibilidad de realizar sesiones semipresenciales en este tipo de asuntos, dicha sesión se realizará de manera presencial.

Por ello, y atendiendo al aumento en el número de contagios y hospitalizaciones a causa del coronavirus, covid-19, que provocaron que, desde el pasado viernes 4 de diciembre, el gobierno de la Ciudad de México suspendiera la atención al público y el funcionamiento de sus instituciones del 7 de diciembre de 2020 al 15 de enero de 2021, esta Presidencia estima importante hacer siguiente llamado:

Se exhorta a las y los diputados a que durante el desarrollo de la sesión presencial se respeten las medidas de salud y los procedimientos establecidos en las resoluciones de los órganos de gobierno, relativas al desarrollo de las sesiones presenciales durante la contingencia sanitaria, particularmente aquellas referentes al número de diputadas y diputados que podrán estar presentes en el salón de sesiones, que en ningún momento podrá ser mayor a 129.

Se exhorta a las y los legisladores a que durante su estancia en el pleno utilicen de manera permanente el cubrebocas, guarden sana distancia y respeten los espacios de las curules, evitando generar aglomeraciones en los pasillos del pleno.

Se exhorta a las y los legisladores a permanecer en sus oficinas durante el desarrollo de la sesión, así como acudir al pleno únicamente cuando les corresponda votar.

Se exhorta a los grupos parlamentarios a reducir al máximo el número de personal que acudirá a la sesión presencial.

Se exhorta a diputadas, diputados, funcionarias y funcionarios públicos y demás personal de esta soberanía a evitar acudir a laborar si presentan alguno de estos síntomas: tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, escalofríos, pérdida del sentido del olfato y/o del sentido del gusto, así como si habita con alguna persona diagnosticada con covid-19.

Se exhorta a que las y los legisladores que estarán presentes en la sesión del lunes 14 de diciembre se realicen las pruebas covid correspondientes, de manera obligatoria y previa a la sesión, con la finalidad de que cuenten con el resultado de la prueba de manera oportuna, evitando presentarse en caso de que este sea positivo.

Durante el desarrollo de la sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva y la Secretaría de Servicios Parlamentarios revisarán constantemente que se cumplan, sin excepciones, las medidas aplicables durante la contingencia sanitaria. Es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, secretaria.

Se informa a la asamblea que, con fundamento en el artículo 11, numeral 2, del Reglamento para la Contingencia Sanitaria, que la Cámara de Diputados aplicará en las sesiones ordinarias y extraordinarias durante el tercer año legislativo de la LXIV Legislatura, no se admitirán intervenciones al final de sesión desde curul de asuntos no registrados en el orden del día. Esto con el fin de no extender la duración de la sesión más allá de lo necesario, y reducir el riesgo de posibles contagios.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITA

La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho (a las 20: 00 horas): Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar el lunes 14 de diciembre de 2020, a las 11 horas, en modalidad presencial. El registro de asistencia estará disponible desde las 9 horas.

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