INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 25 de noviembre de 2020 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2020.– Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica), presidenta.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de apoyo a las entidades federativas ubicadas en la frontera sur del país, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

2. Que reforma y adiciona los artículos 6o. y 7o. de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisione de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

3. Que reforma el artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada  Ma. Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

4. De decreto por el que se declara el 16 de enero de cada año como Día Nacional Contra el Feminicidio, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

5. Que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, a cargo del diputado José Francisco Esquitin Alonso, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen, y a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para opinión.

6. De Decreto por el que se declara el año 2021, Año del Bicentenario de la Marina-Armada de México, suscrita por la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Morena y del Trabajo.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

7. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

8. Que reforma y adiciona los artículos 170 y 994 de la Ley Federal de Trabajo, a cargo de la diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

9. De decreto por el que se ordena la construcción del monumento Héroes Nacionales, en memoria de los médicos, enfermeras y personal de la salud, que han fallecido en la lucha contra la pandemia por covid-19 y en homenaje a quienes continúan arriesgando su vida, a cargo del diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen, y a la Comisión de Salud, para opinión.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la protección y restauración de los valles Guaymas-Empalme, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a llevar a cabo las investigaciones pertinentes, a fin de esclarecer los hechos en torno al secuestro y asesinato de Florisel Ríos Delfín, Alcaldesa de Jamapa, suscrito por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, a realizar una auditoría a los programas Mibici y Mi Transporte, aplicados en la zona metropolitana de Jalisco, para descartar irregularidades tanto financieras como administrativas, así como también anomalías u omisiones que puedan ser vinculantes con actos de corrupción, en las asignaciones de contratos a terceros o sus licitaciones, a cargo de la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a hacer público el avance en la elaboración e implementación de los programas de atención al cáncer derivados del Programa Sectorial de Salud, que incluyan el tratamiento integral de cáncer de mama, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener y CFE, a hacer pública la información sobre los avances de la consulta ciudadana y estudios en donde se indique el costo beneficio, la inversión inicial y fechas probables para el inicio de la construcción de la planta nuclear en de Baja California, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes a establecer acciones para prevenir, combatir y castigar el abuso sexual contra las niñas, niños y adolescentes en México, a cargo de la diputada Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de los Impuestos al Valor Agregado, Sobre la Renta, y Especial sobre Producción y Servicios, en materia de apoyo a las entidades federativas de la frontera sur, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Soraya Pérez Munguía, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto sobre la Renta, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en materia de apoyo a las entidades federativas ubicadas en la frontera sur del país.

Exposición de Motivos

El pasado 31 de diciembre de 2018, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de estímulos fiscales de la región fronteriza norte, firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dicho decreto, otorga los siguientes incentivos fiscales a las personas morales y físicas residentes en distintos municipios de la región fronteriza norte: 1) una reducción del Impuesto sobre la Renta (ISR) del 30% al 20%, 2) un recorte en la tasa de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que pagan los contribuyentes del 16% al 8 por ciento, 3) la homologación del precio de la gasolina, el diésel, el gas y la luz con los precios de Estados Unidos y 4) un aumento al doble del salario mínimo.

Dichos estímulos, a consideración del Ejecutivo Federal, fueron establecidos a fin de aumentar las inversiones, fortalecer la economía, fomentar la productividad de las cadenas de valor y contribuir a la creación de empleos bien remunerados en una región que se ha visto severamente afectada, principalmente, por los altos índices de violencia y la entrada de competidores externos de la industria manufacturera; mismas afectaciones que han derivado en una caída en la producción y, por ende, en la creación y el mantenimiento de empleos.

El decreto señala que en 2016 “México estuvo clasificado en el segundo lugar a nivel mundial como “zona de conflicto mortal” (International Institute for Strategic Studies, 2017) después de Siria, en particular, la zona norte del país, ya que ha sido fuertemente afectada por los elevados niveles de violencia y actividad del crimen organizado y por una pérdida de dinamismo en la actividad económica, en virtud de que hay una relación entre la violencia y la baja actividad en ambas direcciones, por lo que en los municipios fronterizos se ha generado un círculo vicioso entre estos factores, lo que justifica el apoyo gubernamental en distintos frentes”.

Por otro lado, el Ejecutivo consideró que dichos estímulos eran necesarios para los municipios de la frontera norte debido a la cercanía que estos tenían con Estados Unidos; misma que, según el decreto, ha ocasionado que exista una competencia directa que ha derivado en una dependencia del dólar como moneda utilizada en los municipios de la región norte como valor de intercambio.

Según el decreto, lo que se busca es “mejorar la competitividad frente al mercado de los Estados Unidos de América y así retener al consumidor en el comercio mexicano; reactivar la economía doméstica regional y de esta manera, elevar los ingresos por mayor actividad, generando empleos, mayor bienestar general de la población y por ende, mayor recaudación fiscal, además de atraer al turismo al ofrecer mayor diversidad de atractivos y mejores productos; crear condiciones y medios efectivos para atraer la inversión y con ello generar riqueza y bienestar para la población; dar respuesta a la alta inmigración a la región fronteriza norte desarrollando una nueva política económica para la frontera y el resto del país, con visión de futuro basada en lograr una economía con fundamento en el conocimiento”.

En este sentido, es de notar que las entidades federativas ubicadas en la frontera sur del país, específicamente Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, no han sido ajenas a estos problemas. La crisis migratoria y el incremento de migrantes de países primordialmente centroamericanos han tenido efectos negativos en el mantenimiento de la seguridad, en la estabilidad económica y en el crecimiento del comercio.

De acuerdo con cifras del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al segundo trimestre de 2020 la región sur-sureste del país tuvo un decrecimiento estimado de casi el 15% en comparación con el mismo periodo del año anterior, con el mayor declive proviniendo de las actividades terciarias.

Por su parte, según datos del IMSS, tan sólo entre enero y septiembre de este año, en conjunto entre los estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Tabasco, se han perdido más de 125 mil empleos formales; lo que representa una caída de significativa respecto al mismo lapso del año pasado.

Aunado a esto, hay que mencionar que, derivado de la pandemia del covid-19, uno de los sectores más afectados ha sido el turismo; actividad que se constituye como una de las más esenciales para el desarrollo económico de los estados de la frontera sur. Según el último “Reporte sobre las Economías Regionales” publicado por el Banco de México; mismo que comprende el periodo entre abril y junio de 2020, al segundo trimestre de 2020 la contracción en la actividad económica que se deriva del turismo en la región sur fue de más del 96.6%, siendo la región más afectada en el marco de este indicador.

Finalmente, también es de notar que, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en promedio, el porcentaje de personas que se encuentran en situación de pobreza en las entidades de la frontera sur es de aproximadamente 50.9%, cifra que es mayor en casi 10 puntos porcentuales a la media nacional y 25 puntos porcentuales al promedio registrado en las entidades federativas que componen la frontera norte.

El presidente López Obrador aseguró que su principal compromiso, además de erradicar la corrupción, era eliminar las grandes desigualdades existentes en nuestro país; sin embargo, estas cifras muestran la enorme desigualdad que aún existe entre los estados del norte y los del sur. Por ello, el objeto de esta iniciativa es impulsar estímulos fiscales, similares a los de la frontera norte, en las entidades federativas que componen la frontera sur; mismos que compensarán los efectos negativos causados por la crisis migratoria y, a su vez, permitirán un mayor desarrollo de la región.

Asimismo, es necesario señalar que lo más importante que se busca con esta iniciativa es que se otorguen dichos beneficios fiscales a todos los municipios de las entidades federativas ubicadas en la frontera sur del país y no exclusivamente a los municipios fronterizos, ya que, de lo contrario, el eliminar las brechas de desigualdad previamente mencionadas será muy difícil.

Como economista, estoy convencida que un recorte en la tasa del IVA que pagan los contribuyentes del 16% al 8%, no sólo fomentará la reactivación del mercado interno en estas entidades, sino que también permitirá que los ciudadanos dispongan de una mayor capacidad de gasto, fortalecerá las cadenas de suministro a través de medidas para la reactivación y ofrecerá mayor liquidez para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Locales.

Asimismo, estoy convencida que una reducción del ISR del 30% al 20%, generará un sinnúmero de beneficios para las empresas locales de la región, empezando por el fomento de la competitividad entre éstas y las empresas extranjeras, la captación de nuevas y mayores inversiones, así como un incremento en la creación de empleos bien remunerados.

En medio de la peor crisis económica que hemos vivido, será complicado recuperar el crecimiento que tanto necesitamos sin medidas fiscales suficientes. Por ello, presento la siguiente iniciativa a las Leyes del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto sobre la Renta, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, conforme al siguiente cuadro comparativo.

Que en virtud de lo anterior y tomando en cuenta que el Honorable Congreso de la Unión, está facultado para legislar en la materia que nos ocupa en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II, 72 apartado H, y 73, fracciones XXIX, XXXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente me permito someter a la consideración del pleno el presente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto sobre la Renta, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en materia de apoyo a las entidades federativas ubicadas en la frontera sur del país

Artículo Primero. Se reforma el párrafo segundo del artículo 1o. y se adiciona el artículo 2o. a la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Artículo 1o. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

I. Enajenen bienes.

II. Presten servicios independientes.

III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes.

IV. Importen bienes o servicios.

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%, a excepción de las entidades federativas ubicadas en la frontera sur del país, cuya tasa será del 8%, según lo establezca el artículo 2o. de esta Ley. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.

Artículo 2o. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 8% a los valores que señala esta ley, cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto, se realicen en las entidades federativas ubicadas en la frontera sur del país y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en dichas entidades.

El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer los requisitos que deberán cumplir las personas que apliquen lo dispuesto en los párrafos anteriores respecto de la expedición de los comprobantes fiscales digitales por internet y los registros y asientos contables que correspondan a dichas actividades.

...

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 9o. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%, salvo en las entidades federativas ubicadas en la frontera sur del país, donde se aplicará una tasa del 20%.

...

Artículo Tercero. Se reforma el inciso D) del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

A) (...)

B) (...)

C) (...)

D) Combustibles automotrices:

1. Combustibles fósiles cuota unidad de medida

e. Gasolina menor a 91 octanos 4.95 pesos por litro.

f. Gasolina mayor o igual a 91 octanos 4.18 pesos por litro

g. Diésel 5.44 pesos por litro

h. Combustibles no fósiles 4.18 pesos por litro

Tratándose de fracciones de las unidades de medida, la cuota se aplicará en la proporción en que corresponda a dichas fracciones respecto de la unidad de medida.

Dichas cuotas podrán ser exceptuadas o reducidas, para aquellas entidades federativas ubicadas en la frontera sur del país con el propósito de hacer más competitivas sus actividades económicas, sin detrimento de los contribuyentes.

Las cantidades señaladas en el presente inciso, se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año, así como la cuota actualizada, misma que se expresará hasta el diezmilésimo.

Cuando los bienes a que se refiere este inciso estén mezclados, la cuota se calculará conforme a la cantidad que en la mezcla tenga cada combustible. Tratándose de la importación o enajenación de dichas mezclas, los contribuyentes deberán consignar la cantidad de cada uno de los combustibles que se contengan en la mezcla en el pedimento de importación o en el comprobante fiscal, según corresponda.

E) (...)

F) (...)

G) (...)

H) (...)

I) (...)

J) (...)

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se considera como entidades federativas ubicadas en la frontera sur del país a todos los municipios que forman parte de la delimitación territorial de los estados de Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Tabasco.

Artículo Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de noviembre de 2020.– Diputada Soraya Pérez Munguía (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DE TRANSPARENCIA Y DE FOMENTO A LA COMPETENCIA EN EL CRÉDITO GARANTIZADO

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 6o. y 7o. de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Nohemí Alemán Hernández, diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un octavo párrafo al artículo 6 y se reforma el primer párrafo del artículo 7 de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, a fin de garantizar la independencia del profesional de la valuación, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La importancia de un valuador de la rama que sea, suele ser tan importante como la de un notario público, ellos son para el público “el señor licenciado” pero, en cambio los valuadores por experiencia propia se tiene que al parecer solo se nos consideran unos llenadores de formatos y es pasmosa la falta de respeto cuando los clientes ofrecen “para el refresco” en agradecimiento porque se hizo la visita de inspección, lo cual resulta ser insultante, debido a que su ejercicio anteriormente y hoy en día ha requerido de una preparación profesional. i

La importancia de los avalúos trasciende a los intereses de los particulares, ya que no sólo otorga seguridad jurídica, sino que sirve también de base para determinar la tributación que le corresponde al Estado.

La tierra es la única generadora de riqueza de valor, mucha de ella está en los bienes inmuebles, la magnitud de la misma creo la necesidad de determinar su valor como soporte para la toma de decisiones sobre esos bienes. ii

El primer reconocimiento legal, expreso a la propiedad privada de bienes raíces, del México Independiente se encuentra en el artículo 27 de la Constitución de 1857, y el texto constitucional lo denomina simplemente como “la propiedad”. Este significado se vuelve explícito en el segundo párrafo del mismo artículo. iii

En sus principios la valuación solo fue simples opiniones de valor expresadas por comerciante, por los propietarios o administradores de los bienes, con el tiempo, con la evolución de las disciplinas, con el desenvolvimiento de los sistemas político-sociales y claramente en el sistema capitalista esta simples apreciaciones se convirtieron en verdaderos estudios de valor, y en consecuencia tos valuadores llegaron a un nivel de profesionalizaron muy alto, los métodos y sistemas avanzaron y en la actualidad son técnicas analíticas, de cálculo, la experiencia del valuador, permiten llegar a conclusiones precisas. iv

El Sistema Financiero Mexicano se instituyó formalmente mediante la promulgación del a Ley General de Instituciones de Crédito, el 19 de marzo de 1897. El artículo 113 de esa Ley atribuyó a la Secretaría de Hacienda la facultad de vigilar a todas las instituciones de crédito por medio de interventores que designaba para cada banco o institución. En esta facultad se fundó la primera normatividad de la valuación inmobiliaria en México. v

Actualmente la valuación se define “como la acción y efecto de estimar, establecer o determinar en su juste medida monetaria el valor de las cosas mediante un procedimiento técnico y metodológico que toma en cuenta la investigación física, económica, social, jurídica y de mercado para fines determinados”. vi

Pero no solo estos sistemas evolucionaron, también los valuadores tomaron una posición propia y se diversificaron las ramas de la valuación de una manera muy amplia ahora existen valuadores inmobiliarios, para terrenos y construcciones, valuadores para maquinaria y equipo, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de transporte, de intangibles, marcas, patentes, diseños industriales, cartera de clientes, propiedades literarias, bibliotecas, filmotecas, composiciones, trabajos literarios, en donde para desarrollar estos avalúos se necesita de una preparación adecuada. vii

No obstante, la valuación en México desde hace 10 años ha entrado en un proceso de cambio constante, se puede recordar que dejo de ser la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el ente regulador y controlador de los valuadores, esta Comisión dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgaba los registros, y no era necesaria una cédula profesional. viii

Hace cosa de veinticinco se tuvo la esperanza de que mediante un registro ante la entonces Comisión Nacional Bancaria obtendríamos un reconocimiento que permitiera distinguir al valuador como profesional. También buscamos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgará el fiat de valuador, reconociéndole como notario del valor y haciéndole responsable fiscal, civil y penalmente de la certeza de los dictámenes de valor. ix

De haberse logrado lo convenido con Hacienda el profesional habría respondido hasta el límite de su patrimonio por la calidad de sus valuaciones, pero habría sido el único responsable de su trabajo en, ante y para la sociedad. Lamentablemente no supimos o no pudimos asumir ese compromiso.

Lo que sí se logró, con los efectos y defectos que muchos aún recordamos, fue el registro de la CNB, después Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, que estableció el cobro trienal por la renovación de la credencial y luego Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que agregó la cuota por inspección y vigilancia y los exámenes para la renovación, hasta que un despistado solicitó amparo porque la CNBV no le concedía el registro y el Juez falló en sentido de que la referida Comisión carecía de facultades para regular y registrar a los valuadores, con lo cual se acabó el control que pretendía ejercer sobre el gremio. Sin embargo, quedó la costumbre de que los avalúos deben ser certificados y los valuadores registrados, sólo que esas dos funciones se trasladaron a las instituciones bancarias. x

Y claro, como no bastaba la sola firma del valuador para que una valuación fuese válida, no tardaron otras entidades en reclamar también la facultad de certificar los trabajos de los valuadores. Así, las dependencias fiscales, catastrales y de hacienda de los estados y municipios se sintieron capacitadas para validar o certificar las valuaciones realizadas para determinar la base de impuestos estatales o municipales, con las consecuencias que ahora conocemos.

El término de perito valuador se deriva de la primera mitad del siglo pasado cuando, como no había profesionales dedicados a la valuación, se nombraba a cualquier persona a quien se juzgara con “pericia” en conocer el valor de los bienes por valuar.

En México, 16 universidades han establecido programas de estudio de postgrado a niveles de especialidades, maestrías y doctorado. Asimismo, hay normas jurídicas que exigen que los avalúos los practiquen personas con cédula profesional de valuador, como es el caso del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en su artículo cuarto, y de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales.

Actualmente, el solicitante debe elegir entre la lista que le presente la entidad a un “perito valuador”, convirtiéndose en juez y parte.

La aquí comentada es una ley de transparencia y, como tal, debe fomentarla, respetarla y hacerla respetar; no debe la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) permitir la discrecionalidad de la “entidad” para presentar las listas de peritos valuadores. xi

El perito valuador, hoy valuador profesional queda en un estado de dependencia directa de la “entidad”, al buscar pertenecer a su padrón, provocando así dependencia de ésta y obligación de representar sus intereses, haciendo a un lado la transparencia que debe prevalecer.

Es una ley de competencia y, como tal, debe fomentarla, de ninguna manera dirigirla. No habría competencia para valuar los inmuebles financiados por la “entidad” cuando ésta selecciona sus listas de peritos valuadores y obliga al acreditado a elegir en la lista limitada que le presentan.

No procedería la supuesta desconfianza que la entidad pudiera argumentar respecto a los avalúos, pues se cuenta con los registros de la SHF y —además existe el “seguro contra daños” con que cuenta la unidad de valuación.

Validar oficialmente un avalúo por quienes cuentan sólo con el registro de la SHF ante cualquier “entidad financiera” permitirá competencia y transparencia.

Queda claro que hay más de un legislador, que entiende la necesidad y conveniencia fiscal, bancaria, social y práctica, de responsabilizar solamente al profesional de la valuación de su trabajo.

En tanto se siga imponiendo la dependencia del Valuador frente a la Entidad, entiéndase “unidad de valuación” independiente o ligada a un banco o sofol, se está imponiendo al valuador la innoble función de, usando las palabras del doctor Eduardo Magnou, “ser hoy muchas veces un mero convalidador de dudosas maniobras bancarias.” xii

Más temprano que tarde hemos de lograr replantear el papel del Valuador en el sistema crediticio actual, dándole el protagonismo del que actualmente carece, pero que sabemos le corresponde por poseer la preparación y formación académica que le permite cumplir con la función de establecer el valor más probable de un bien.

Es por lo anterior que la presente Iniciativa propone que se adicione un octavo párrafo al artículo 6 de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el crédito garantizado, con el objeto de que se incorpore en la ley que las entidades no podrán realizar avalúos de los inmuebles que constituyan la garantía hipotecaria de los créditos que otorguen.

Asimismo, se considera necesario reformar el primer párrafo del artículo 7 de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el crédito garantizado, para establecer que el acreditado tendrá el derecho a escoger al valuador profesional que intervenga en la operación de entre los valuadores profesionales con registro en la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC.

Es por ello, que esta Iniciativa tiene por objeto garantizar que se deje la valuación a cargo de valuadores individuales autorizados por Sociedad Hipotecaria Federal, no se menciona intermediario alguno, evitar que el valuador profesional quede en un estado de dependencia directa de la “entidad”, al buscar pertenecer a su padrón, provocando así dependencia de ésta y obligación de representar sus intereses, haciendo a un lado la transparencia que debe prevalecer.

La aquí comentada es una ley de transparencia y, como tal, debe fomentarla, respetarla y hacerla respetar; no debe la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) permitir la discrecionalidad de la “entidad” para presentar las listas de peritos valuadores.

Validar oficialmente un avalúo por quienes cuentan sólo con el registro de la SHF ante cualquier “entidad financiera” permitirá competencia y transparencia.

En el Grupo Parlamentario de Morena, sabemos que el impulso a la transparencia y el combate a la corrupción, son parte del proyecto de la nación, para transformarse en un estilo y forma de vida de la sociedad y su gobierno. En el marco de esta transparencia, la actividad profesional de la valuación de los bienes, debe respaldarse para que se fortalezca y se actúe de manera profesional, honesta, ética, imparcial, independiente y justa.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputada Federal del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un octavo párrafo al artículo 6 y se reforma el primer párrafo del artículo 7 de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado

Único. Se adiciona un octavo párrafo al artículo 6 y se reforma el primer párrafo del artículo 7 de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el crédito garantizado, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 6. ...

...

...

I. a VIII. ...

...

...

...

...

Las entidades no podrán realizar avalúos de los inmuebles que constituyan la garantía hipotecaria de los créditos que otorguen.

Artículo 7. Los avalúos de los bienes inmuebles objeto de Créditos Garantizados a la Vivienda deberán realizarse por peritos valuadores autorizados al efecto por la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC. El acreditado tendrá el derecho a escoger al valuador profesional que intervenga en la operación de entre los valuadores profesionales con registro en la Sociedad Hipotecaria Federal, SNC.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

i Arquitecto Jaime Carlos Tirado Cabal, “Criterios legales y comerciales de la valuación en México, una propuesta para apoyar la función de los valuadores profesionales”, México, D.F, Instituto Tecnológico de la Construcción, julio 2008.

ii Ibídem.

iii Cárdenas Castañeda Alejandro, Rango de Variación de Factores de Homologación para elaborar avalúos comerciales en la Ciudad de México, Instituto Tecnológico de la Construcción, Maestría en Valuación Inmobiliaria e Industrial, México, D.F, noviembre de 2005.

iv Ibídem.

v Cárdenas Castañeda Alejandro, Rango de Variación de Factores de Homologación para elaborar avalúos comerciales en la Ciudad de México, Instituto Tecnológico de la Construcción, Maestría en Valuación Inmobiliaria e Industrial, México, D.F, noviembre de 2005.

vi Ibídem.

vii Ibídem.

viii Ibídem.

ix Revista Valuador Profesional, Independencia del valuador, Federación de Colegios, Instituciones y Sociedades de Valuadores de la República Mexicana, A.C, México, Fecisval, año 5, 1er trimestre, 2008.

x Ibídem.

xi Revista Valuador Profesional, Independencia del valuador, Federación de Colegios, Instituciones y Sociedades de Valuadores de la República Mexicana, A.C, México, Fecisval, año 5, primer trimestre, 2008.

xii Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2020.– Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisione de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

«Iniciativa que reforma el artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, María Sara Rocha Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El acceso a información pública veraz, útil y oportuna representa un derecho fundamental que permite además de conocer los asuntos, participar de manera informada y monitorear las acciones del gobierno; también identificar, prevenir y atender factores de riesgo en la vida cotidiana que pueden derivar en la trasgresión de derechos humanos, tal como la violencia en cualquiera de sus manifestaciones hacia las mujeres.

Los datos asequibles son clave para el ejercicio pleno de derechos económicos, sociales y culturales. Su reconocimiento puede mitigar detonantes de ilícitos y asegurar mejoras relevantes en los programas, acciones o políticas públicas para la protección de libertades para niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores en poblaciones urbanas y rurales de nuestro país.

Este precepto constitucional en el mundo ha evolucionado, situación que nos exige emprender procesos de modernización a nuestro marco jurídico con la finalidad de que la información disponible sea útil en la toma de decisiones y elaboración de estrategias para la atención focalizada, tomando en cuenta que fenómenos como la violencia contra las mujeres presentasus propias particularidades.

El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, considerado en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 1 carece de estadísticas sobre población rural y urbana, lo que deriva en muchos de los casos, en una revictimización y falta de mecanismos pertinentes para garantizar justicia, el debido proceso y la reparación del daño.

Según el sitio oficial, se consideran sólo variables como tipo de violencia, modalidad, victimarios, orígenes de protección o delincuencia organizada, pero faltan aspectos sociodemográficos o por población rural y urbana, hecho que restringe o invisibiliza estos fenómenos en el campo, núcleos agrarios y pequeñas localidades.

Tiene documentado un total de733 mil 883 casos registrados, en donde 528 mil 305 fueron hombres los agresores y 24 mil 885 mujeres, de los cuales se ha expedido 92 mil 966 órdenes de protección. 2

Pese a constituir una herramienta que permite al gobierno federal, conocer el perfil de las mujeres víctimas de violencia y las personas agresoras para delinear políticas a nivel federal, estatal y municipal para su eliminación, no está completa, ya que de contar con un perfil de población se tendría un mayor contexto de los agresores y su relación con el aspecto rural.

Si no se incorporan estos elementos, difícilmente cumplirá su objetivo de creación, vinculado a elaborar estadísticas y diagnósticos de violencia con miras a conocer sistemáticamente lascaracterísticas y patrones de este fenómeno, para enfrentar la violencia contra las mujeres. 3

Al carecer de información precisa, se desconoce la gravedad real del problema e impide la atención por parte de las autoridades correspondientes, pero a la vez, de manera indirecta hace posible que estos acontecimientos se sigan dando junto con otros como la falta de acceso a la titularidad de predios, la poca participación en los órganos de toma de decisiones comunitarias y la carencia de medios para el ejercicio de derechos básicos como salud reproductiva, vivienda, educación y capacitación para la vida y el trabajo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) asume que el número de habitantes que tiene una población define si se trata de una rural o urbana, en particular considera rural si tiene menos de 2 mil 500 habitantes y urbana si viven más personas de ese número en dicha circunscripción.

El último Censo de Población y Vivienda arrojó que 78 por ciento de la población radicaba en zonas urbanas y 22 en el medio rural con mayor prevalencia en entidades federativa como Oaxaca, Chiapas y Tabasco —en el sur— y —en la zona centro— Hidalgo y San Luis Potosí.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, con datos del Inegi, sostiene que para 2025 al menos 21.40 de la población en México vivirá en el medio rural y para 2050 será de poco más de 11.92. 4

Ser mujer y habitar en el medio rural puede representar un doble peligroque ahora no se mide y, por tanto, se desconoce su magnitud. Esta falta de numeraria, su origen y tendencias paraliza a las instituciones de impartición y procuración de justicia para investigar, evitar y sancionar estos actos contrarios a la ley.

Es limitada la información con la que se cuenta, ya que a decir de las autoridades la prevalencia de violencia a lo largo de la vida reportada por las mujeres que hablan una lengua indígena es de 46 por ciento y para las mujeres rurales este número asciende a 39 por ciento, 5 pero se desconocen otros datos sociodemográficos como edad, género, empleo, lugar de residencia y nivel de ingresos, entre otros, que generarían unpanorama más completo.

Al desconocer el número de violaciones, su tipo, lugar y circunstancias es complicado establecer estrategias concretas para su contención y tratamiento de acuerdo con el tipo de población, en el que puede influir, incluso, costumbres y tradiciones.

Con el objetivo de subsanar estas deficiencias, propongo reformar la fracción X del Artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que en su texto se incorpore la garantía de información sociodemográfica general y estadística por población rural y urbana.

Al aprobarse esta iniciativa se actualizará la Ley en sintonía con buenas prácticas internaciones, protocolos de actuación previstos en tratados internacionales y, sobre todo, permitirá una acción más efectiva para erradicar la violencia en el medio rural, con base en información completa y actualizada.

Homologar las leyes no es sólo nuestra responsabilidad como legisladores federales sino un asunto que el Grupo Parlamentario del PRI considera toral en la lucha contra la violencia, la marginación y exclusión de las mujeres, particularmente de las que habitan en el medio rural.

Para tener mayores resultados, la instrumentación de esta reforma tiene que verse acompañada del fortalecimiento a la cultura de la denuncia que actualmente por miedo, presiones o amenazas no se realiza; así como de la aprobación presupuestal que dote de recursos económicos, humanos y de infraestructura suficientes.

Desconocer al panorama que viven las mujeres en la población rural y urbana tiene costos e implicaciones en la vida y desarrollo nacional; por tanto, con la presente iniciativa se verán favorecidas para contribuir a la promoción de una vida libre de violencia.

El acceso a información útil y oportuna tiene importantes implicaciones en el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y en la autodeterminación individual o colectiva de las comunidades, concretarlo ampliará las oportun-idadesde igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, quienes independientemente de su condición económica, geográfica y de cualquier tipo deben tener asegurados sus garantías y libertades.

El derecho a la información en estos momentos, en donde la crisis del coronavirus covid-19 continuará provocando repercusiones, muchas de ellas irreversibles, tiene una naturaleza instrumental para el ejercicio de otros derechos, entre ellos, es el procurar una vida libre de violencia.

Para quienes se encuentran en una condición de vulnerabilidad, la aprobación de estas modificaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia simboliza la diferencia del respeto a sus derechos, inclusive, en la salvaguarda y protección de su integridad.

Estoy convencida de que sólo mediante el conocimiento de los delitos, su magnitud y origen sociodemográfico se puede acceder efectivamente a su pleno goce y disfrute en el medio rural, de ahí la relevancia de la presente propuesta en favor de las víctimas y de las niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores del medio urbano y rural.

Por todo lo anterior, la presente iniciativa considera necesario realizar los siguientes cambios a la fracción X del artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia:

En atención de lo expuesto someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Único. Se reforma la fracción X del artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 38. ...

X. Publicar semestralmente la información sociodemográfica generalyestadística por población rural y urbana sobre los casos de violencia contra las mujeres para integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Congreso de la Unión (última reforma DOF, 13 de abril de 2020). Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 23 de noviembre de 2020, de Diario Oficial de la Federación. Sitio web:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130420.pdf

2 Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. (2020). 23/11/2020. 23/11/2020, de BANAVIM Sitio web:

https://banavim.segob.gob.mx/Banavim/Informacion_Publica/Informa cion_Publica.aspx

3 Secretaría de Gobernación (2019). Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, herramienta para el diseño de políticas públicas, 23 de noviembre de 2020, de gobierno de México. Sitio web:

https://www.gob.mx/segob/prensa/banco-nacional-de-datos-e-inform acion-sobre-casos-de-violencia-contra-las-mujeres-herramienta-para-el-diseno-de -politicas-publicas?state=published

4 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (2020). Población urbana y rural (rural en menos de 15 mil habitantes). Escenario 2 (distribución porcentual), 23 de noviembre de 2020, de Conabio. Sitio web:

http://www.conabio.gob.mx/2ep/images/e/e0/Proyecciones_mex_pob_u rbana_rural_15000II.pdf

5 Instituto Nacional de las Mujeres (2020). Día Internacional de las Mujeres Rurales, 23 de noviembre de 2020, de gobierno de México. Sitio web:

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/dia-internacional-de-las- mujeres-254795?idiom=es

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2020.– Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

SE DECLARA EL 16 DE ENERO DE CADA AÑO COMO DÍA NACIONAL CONTRA EL FEMINICIDIO

«Iniciativa de decreto, por el que se declara el 16 de enero como Día Nacional contra el Feminicidio, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputada Julieta Macías Rábago, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Regla-mento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 16 de enero de cada año como Día Nacional contra el Feminicidio, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.” 1

La violencia contra las mujeres es una problemática mundial que en las últimas décadas ha tenido un crecimiento exponencial. De acuerdo con la misma Organización de las Naciones Unidas, en el mundo una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Además, señala que:

• 71 por ciento de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual.

• Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina.

• Sólo 52 por ciento de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual.

• La violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer y es una causa de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados.” 2

La violencia contra las mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo. Las mujeres desde su infancia sufren diversos tipos de violencia bajo múltiples manifestaciones y en prácticamente todos los ámbitos de su vida: en sus hoga-res, en la escuela, en el trabajo, en las redes sociales, en el de-porte, en la política, en las instituciones del Estado, entre otros.

“El feminicidio está en el extremo de un continuum de terrorismo anti-mujeres, que incluye una variedad de abuso verbal y físico, como la violación, la tortura, la esclavitud sexual (particularmente en la prostitución), el abuso sexual infantil incestuoso y extra familiar, el mal-trato físico y emocional, el acoso sexual (en el teléfono, en las calles, en la oficina, en el salón), la mutilación genital (clitoridectomías, escisiones, infibulaciones), las opera-ciones ginecológicas innecesarias, la heterosexualidad forzada, la esterilización forzada, la maternidad forzada (criminalizando la anticoncepción y el aborto), la psico-cirugía, la privación de comida para las mujeres en ciertas culturas, la cirugía cosmética, y otras mutilaciones hechas en el nombre de la belleza. Cuando estas formas de terro-rismo resultan en la muerte, se vuelven feminicidios.” 3

En el caso de México, las cifras demuestran que es una problemática alarmante para nuestro país debido a la alta incidencia y al nivel de crueldad y violencia que ocurren en cada caso. Se estima que al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia; 41.3 por ciento de las mujeres han sido víctimas de violencia sexual y lo más alarmante es que, al menos, diez mujeres son asesinadas al día. 4

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) revela que “de las mujeres mayores de 15 años, (34 por ciento) han sufrido algún incidente de agresión física, (49 por ciento) emocional, (29 por ciento) económica y (64 por ciento) sexual, y lo han sufrido a manos de agresores conocidos o desconocidos, tanto en el espacio privado como en el público.” 5

Ante tales hechos, en 2007 nuestro país adoptó un nuevo marco normativo para garantizar el derecho a una vida libre de violencia y discriminación de las mujeres, mediante la entrada en vigor de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, ni la violencia ni los feminicidios han disminuido, por el contrario, se han incrementado a niveles críticos.

México ocupa el lugar 16 en incidencia de homicidios contra las mujeres a nivel mundial. De acuerdo a ONU Mujeres, “los casos de feminicidio en el país han registrado un aumento sostenido desde al año 2007, año que había registrado el menor número de feminicidios desde 1985, pero que para el año 2009 ya había rebasado la cifra de 1985 por cerca de 25 por ciento.” 6

La organización Data Cívica identificó que, entre 2007 y 2017, “los asesinatos de mujeres registraron un cambio fundamental en los patrones de victimización y en los perfiles de las víctimas debido, precisamente, a que la violencia en el espacio público superó por primera vez en décadas a la violencia que tradicionalmente vivimos en espacios privados y porque, si bien los asesinatos de mujeres crecieron para todos los grupos etarios, la tasa de mujeres jóvenes asesinadas de entre 20 y 35 años se triplicó.” 7

De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el primer año de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (2019), fue uno de los más violentos que se tenga registro, con al menos 1,010 feminicidios.

Asimismo, en lo que va de 2020, al corte del mes de septiembre, 724 mujeres han sido víctimas de feminicidio en todo el país, principalmente en el estado de México (106); Veracruz (69) y la Ciudad de México (58), señala el informe sobre violencia contra las mujeres del SESNSP. 8

Casos como los de Fátima Aldrighetti de siete años, quien apareció envuelta en una bolsa de plástico, con signos de tortura y huellas de violación; el de Ingrid Escamilla de 25 años, quien murió desollada a manos de su pareja o el de Joselín Baltierra Valenzuela, joven de 18 años encontrada sin vida en una carnicería de Ecatepec, son muestra de cómo sin importar edad o condición social, las mujeres son asesinadas en México día con día y en el país no pasa nada.

Por si no fuera poco, las mujeres no sólo tenemos que enfrentar las diversas formas de violencia, además las víctimas y sus familiares tienen que soportar la impunidad y la violencia estructural que ejerce el Estado mexicano.

“México carece de una política integral institucionalizada que garantice el acceso a la justicia para las mujeres, pre-sentando fallas a lo largo de todas las etapas del proceso penal. En la etapa de investigación, las mujeres se en-frentan con retrasos injustificados, falta de realización de pruebas periciales clave para la investigación e intro-misiones injustificadas en su vida privada, así como la culpabilización y descalificación por parte de las autoridades.” 9

Son evidentes las deficiencias en el proceso, muchas de las veces no se investigan estos delitos con perspectiva de género y son tipificados como homicidios, existen problemas estructurales en cuanto a las competencias de las autoridades, hay dilación, negligencia y ocultamiento de información, además de que no se ejecutan con prontitud las medidas de protección hacia las víctimas de violencia de género.

Uno de los casos donde se ejemplifica la gran mayoría de estas omisiones del Estado, lo representa el caso de María de Jesús Jaime Zamudio de 19 años, quien fue asesinada al ser lanzada desde un quinto piso por un profesor del IPN identificado como Julio Iván Ruiz Guerrero y otro estudiante de nombre Gabriel Galván.

El 15 de enero de 2016, “Marichuy” se reunió con un grupo de compañeros universitarios, al que se sumó un profesor que la acosaba de manera insistente. Horas después ocurrió su caída del edificio, la cual dejó a la joven en coma durante una semana, para después fallecer.

“A pesar de que su madre, Yesenia Zamudio, alertó la presencia del profesor acosador en el lugar donde ocurrió la caída de su hija, las autoridades establecieron que Marichuy se había suicidado y quisieron cerrar el caso. Indignada, Yesenia decidió buscar justicia, logrando en el transcurso de estos años aportar pruebas para que el supuesto suicidio fuera reconsiderado primero como homicidio doloso y luego como feminicidio.” 10 Reclasificación que ocurrió hasta septiembre de 2019.

Yesenia, ahora como activista junto a otras mujeres igual-mente agraviadas, busca justicia para su hija, así como tam-bién para otras víctimas y sus familias, pues junto al caso de Marichuy, existen miles que continúan impunes en todo el país. Su caso ha servido para ejemplificar los problemas que enfrentan miles de mujeres en todo el país, que luchan para encontrar justicia en cada uno de los casos. Yesenia no ha callado frente a la adversidad, ha señalado con valentía lo que miles de mujeres víctimas y sus familias pasan a diario “Me siento cansada, pues es como una loza muy grande que he estado cargando prácticamente yo sola (...) si veía yo que se pedía justicia por unas y por otras, pero parece que aquí en México hay familias de primera y familias de segunda, donde solamente se atienden ciertos casos y el resto queda en el olvido. Tuvimos que romper y rayar monumentos para que voltearan a vernos, porque aquí en México no les importamos. En un país donde asesinan a diez mujeres al día, pedir justicia por una es como arriesgar tu vida.” 11

Ante la urgente necesidad de controlar la violencia que enfrentan las mujeres en el mundo, entre otras acciones se han declarado días conmemorativos y de combate en la materia, como es el caso del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que se lleva a cabo el 25 de noviembre, así como también el Día Naranja, que sucede el día 25 de cada mes como mecanismo para mantener la visibilidad de su objeto durante todo el año.

Así, la presente iniciativa propone declarar el 16 de enero de cada año, día en que Marichuy fue víctima de feminicidio, como el Día Nacional contra el Feminicidio, con el propósito de evidenciar la urgente necesidad de que todas y todos, ciudadanía, sociedad organizada, medios de comunicación y Estado, sumemos esfuerzos para poner fin a la violencia que diariamente acaba con la vida de diez mujeres en nuestro país.

La violencia de género es un problema sistémico y estructural que requerirá tiempo, compromiso y esfuerzo para ser erradicado, y tenemos la responsabilidad de combatirlo hasta que ninguna mujer deba vivir con miedo y hasta que ninguna mujer viva en riesgo.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se declara el 16 de enero de cada año como Día Nacional contra el Feminicidio

Único. El honorable Congreso de la Unión declara el 16 de enero de cada año como Día Nacional contra el Feminicidio.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Violencia contra la mujer. Organización Mundial de la Salud. Consultado el 12 de noviembre de 2020. Recuperado de:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-aga inst-women

2 Violencia contra las mujeres. Organización de las Naciones Unidas. Consultado el 12 de noviembre de 2020. Recuperado de:

https://www.un.org/es/events/endviolenceday/

3 Diana E.H. Russell & Jane Caputi, “Femicide: Sexist Terrorism against Women”, Femicide: The Politics of Woman Killing, Jill Radford y Diana E.H. Russell (eds.), Twayne Publishers, 1992, p. 15. Recuperado de:

https://datacivica.org/assets/pdf/claves-para-entender-y-preveni r-los-asesinatos-de-mujeres-en-mexico.pdf

4 La violencia contra las mujeres no es normal ni tolerable. Garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas es trabajo de todas y de todos. ONU Mujeres México, Consultado el 12 de noviembre de 2020. Recuperado de:

https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/ 11/violencia-contra-las-mujeres

5 Violencia de género y feminicidios en México: los datos hablan. Letras Libres. Consultado el 12 de noviembre de 2020. Recuperado de:

https://www.letraslibres.com/mexico/politica/violencia-genero-y- feminicidios-en-mexico-los-datos-hablan

6 Feminicidio e impunidad en México: Un contexto de violencia estructural y generalizada. Informe presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDA, 17 de julio 2012. Consultado el  12 de noviembre de 2020. Recuperado de:

http://cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-feminicidio-e-impunid ad-en-mexico-un-contexto-de-violencia-estructural-y-generalizada.pdf

7 Violencia de género y feminicidios en México: los datos hablan. Letras Libres. Consultado el 12 de noviembre de 2020. Recuperado de:

https://www.letraslibres.com/mexico/politica/violencia-genero-y- feminicidios-en-mexico-los-datos-hablan

8 De enero a septiembre se contabilizan 724 feminicidios en México. Maritza Pérez, el Economista. Consultado el 12 de noviembre de 2020. Recuperado de:

https://www.eleconomista.com.mx/politica/De-enero-a-septiembre-s e-contabilizan-724-feminicidios-en-Mexico-20201026-0026.html

9 Andión Ximena, “Entre dos fuegos: La impunidad sistémica de la violencia contra las mujeres en México”, en Superar la Impunidad: Hacia una estrategia para asegurar el acceso a la justicia. Coord. Mariclaire Acosta. CIDE. Pp 34. Recuperado de:

http://cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-feminicidio-e-impunid ad-en-mexico-un-contexto-de-violencia-estructural-y-generalizada.pdf

10 La mamá de “Marichuy”. Diego Enrique Osorno. Milenio, 09 de septiembre de 2020. Consultado el 12 de noviembre de 2020. Recuperado de:

https://www.milenio.com/opinion/diego-enrique-osorno/detective/l a-mama-de-marichuy

11 https://www.milenio.com/politica/comunidad/yesenia-zamudio-pide-justicia-femini cidio-hija-historia

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2020.– Diputada Julieta Macías Rábago (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

LEY DE FOMENTO A LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, a cargo del diputado José Francisco Esquitin Alonso, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe , José Francisco Esquitin Alonso, diputado integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos  71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 5 de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, con base en la siguiente

Exposición de motivos

El vino es una bebida obtenida de la uva ( Vitis vinifera), mediante la fermentación alcohólica de su mosto o zumo. Dicha fermentación se produce por la acción metabólica de levaduras, que transforman los azúcares del fruto en etanol y el gas en dióxido de carbono. De este modo, el azúcar y los ácidos que posee la fruta son suficientes para el desarrollo de la fermentación. No obstante, el vino es una suma de factores ambientales: clima, latitud, altitud, horas de luz y temperatura, entre otros más. 1

El vino contiene más de mil sustancias nutritivas, entre vitaminas, minerales y antioxidantes que provienen de la uva; el grado alcohólico se produce a partir de la fermentación del azúcar, es decir, no se incorpora alcohol, y tampoco se agrega agua, lo que significa que todo el contenido de una botella de vino es el jugo de la uva. 2

El sector vitivinícola tiene una gran importancia debido a su valor económico, social, cultural y medioambiental, México cuenta con más de 32 mil hectáreas de viñedo en todo su extenso territorio; sin embargo, solo 6 mil 474 de ellas son de vitis vinífera, la uva utilizada para la elaboración de vino.

El vino se produce en 12 estados de la República Mexicana, la región más importante para su producción está ubicada en el estado de Baja California que concentra cerca del 75 por ciento de la producción de vino a nivel nacional, seguido de Coahuila, Querétaro y Aguascalientes, además otros estados tienen una producción menor como lo son Zacatecas, Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí, Puebla, Sonora y Nuevo León.

En Baja California se produce en los municipios como Valle de Guadalupe, Santo Tomás, Tecate, Ojos Negros y San Vicente. En tan sólo esos municipios se encuentran cerca de 80 productores que reúnen unas 400 marcas.

  3

De acuerdo con un informe elaborado por la Secretaría de Agricultura en 2010, la industria mexicana ofrece 200 diferentes tipos de vino, entre tintos, blancos, rosados y espumosos, elaborados con la más moderna tecnología y con la mano experta de enólogos profesionales.

Según datos del Consejo Mexicano Vitivinícola, hay aproximadamente 230 bodegas y empresas comercializadoras de vino en el territorio nacional. Las mismas que cuentan con alrededor de 400 etiquetas de vino provenientes de las 6 mil 745 hectáreas plantadas con viña de producción de uva de vino. 4

En cinco años, el consumo promedio per cápita de la bebida se duplicó en el país al pasar de 450 mililitros en 2012 a 960 mililitros en 2018, de acuerdo con las últimas cifras disponibles por el Consejo Mexicano Vitivinícola.

México tiene muy buenos vinos, pero hay muy poca superficie de cultivo destinado a la vid, con lo recolectado solo se logra satisfacer el 30 por ciento de lo exigido por el mercado. Esto quiere decir que la mayor parte de los vinos consumidos en México, son importaciones.

Es por esto que el vino mexicano se consume principalmente en México; sin embargo, en Estados Unidos y algunos países de Europa se comienza a consumir cada vez más del vino nacional; con el propósito de aumentar la producción de vino en México, una meta importante sería aumentar los niveles de exportación.

En la actualidad, las exportaciones de vino mexicano ya resultan una opción atractiva para los productores, éstas se han duplicado desde 2007 y su tendencia es ir en aumento.

De acuerdo con cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la exportación de vinos mexicanos creció 7.9 por ciento en 2019 respecto del año pasado. La cifra corresponde a los periodos de enero a noviembre de ambos años: mientras que en 2018 se registraron ventas por 6 millones 403 mil dólares, el año siguiente fueron de 6 millones 485 mil 425 dólares. 5

El mercado mundial de la exportación de vinos embotellados está atravesando un proceso de transformación estructural que se caracteriza por un aumento en los términos de intercambios mundiales, la modificación en los hábitos de consumo, la aparición de nuevos consumidores y el surgimiento de un grupo de países productores muy competitivos.

Este escenario brinda importantes oportunidades que México no puede ni debe desaprovechar por sus altos beneficios económicos.

El Consejo Mexicano Vitivinícola estima que el cultivo de la vid para vino, junto con la uva de mesa, dan apoyo a más de 500 mil jornaleros agrícolas en todo el país.

En concreto, cuando el consumidor elige un vino mexicano, comienza una cadena que beneficia a cada una de las partes involucradas en su proceso, que va desde la producción hasta la venta en centros de consumo; restauranteros, distribuidores, productores y un número importante de personas juegan parte de esta evolución, donde cada vez se cuidan más las prácticas y la calidad del producto final. Esta directriz ha logrado que la producción de vino creciera cuatro veces del año 2000 a la fecha.

Es momento de incentivar la industria de producción del vino mexicano, su calidad ha merecido reconocimiento mundial, numerosas compañías nacionales han obtenido premios para sus vinos, tan sólo en 2020, 97 vinos mexicanos fueron premiados con medallas en concursos internacionales, entre ellos, en el prestigiado Concours Mondial de Bruxelles. 6

Por otro lado, un aumento en la producción de vino mexicano permitirá aumentar su exportación. De acuerdo, con el Plan Rector 2018 del Comité Nacional del Sistema Producto Vid que integra a productores y autoridades, contempla aumentar de 6 mil 474 hectáreas de vid plantada actualmente en los 14 estados vitivinícolas, a 20 mil hectáreas para 2025. 7

La exportación del vino mexicano tendrá un efecto multiplicador en el crecimiento económico, la productividad y el empleo del país.

Además de que las exportaciones son una fuente de crecimiento y consolidación de cualquier empresa si es que los mercados internos son extremadamente competitivos; posibilitan obtener precios más rentables debido a la mayor apreciación del producto y de los ingresos de la población en los mercados a los cuales se exporta; alargan el ciclo de vida de un producto; mejoran la programación de la producción; permiten equilibrarse respecto a la entrada de nuevos competidores en el mercado interno, entre otros. 8

Por lo expuesto, con la presente iniciativa se propone reformar la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, la cual tiene por objeto impulsar, fomentar, promover y difundir las actividades relacionadas al sector vinícola, vitícola y vitivinícola mexicano.

La propuesta consiste en establecer, como una de las líneas estratégicas de acción para el cumplimiento del objeto de esta Ley, la estimulación de la exportación del vino mexicano, el cual lo define la Ley como el vino producido con el 100 por ciento de uvas de origen mexicano y que además su contenido total es fermentado y envasado en territorio nacional.

La reforma propuesta se plantea en el siguiente cuadro comparativo:

Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola

Por lo expuesto, y con base en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quien suscribe somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman las fracciones V y VI del artículo 5 y se adiciona una fracción VII al artículo 5 de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola.

Artículo Único. Se reforman las fracciones V y VI del artículo 5 y se adiciona una fracción VI al artículo 5, todas de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, para quedar como sigue:

“Artículo 5. ...

I. a IV. ...

V. Fomentar el uso y conocimiento en el público consumidor de distintivos relacionados con la calidad del Vino Mexicano;

VI. Fomentar campañas y/o actividades de promoción nacional e internacional orientadas a aumentar un mayor conocimiento y consumo de Vino Mexicano; y

VII. Estimular la exportación del Vino Mexicano.”

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://mexico.infoagro.com/oportunidades-para-mexico-en-el-merca-do-mundial-de -vino/

2 https://uvayvino.org.mx/2020/03/20/cuales-son-los-retos-de-la-indus-tria-del-vi no-en-mexico/

3 https://medialab.up.edu.mx/noticias/el-vino-en-mexico-su-historia-e-importancia -en-la-actualidad/

4 https://www.forbes.com.mx/forbes-life/vinos-mexicanos-que-ofrecen-la-mejor-rela cion-entre-calidad-y-precio/

5 https://goula.lat/esto-es-lo-que-la-industria-vinicola-mexicana-necesi-ta-para crecer/#:~: text=De%20acuerdo%20a%20cifras%20del,2019%20 respecto%20del%20a%C3%B1o%20pasado.

6 https://www.uncorkmexico.com/es/blog/vinos-mexicanos-premiados-2020/

7 https://uvayvino.org.mx/2020/03/20/cuales-son-los-retos-de-la-indus-tria-del-vi no-en-mexico/

8 http://www.contactopyme.gob.mx/guiasempresariales/guias.asp?s=10&g=5&sg =32

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 25 de noviembre de 2020.– Diputado José Francisco Esquitin Alonso (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen, y a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para opinión.

SE DECLARA EL AÑO 2021, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA MARINA-ARMADA DE MÉXICO

«Iniciativa de decreto, por el que se declara 2021 Año del Bicentenario de la Marina-Armada de México, suscrita por la diputada Mónica Almeida López, del PRD, e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI, Morena y PT

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 1, fracción I, del artículo 6; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; los que suscriben, diputados Mónica Almeida López, Mariana Dunyaska García Rojas, Juan Ortiz Guarneros, María del Rosario Guzmán Avilés, Julio Carranza Aréas, José Mario Osuna Medina, todos integrantes de diversos grupos parlamentarios, se permiten poner a consideración de esta asamblea legislativa, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el año “2021, Año del Bicentenario de la Marina-Armada de México”, de acuerdo con la siguiente

Exposición de motivos

México es un país eminentemente marítimo, ya que tiene acceso directo a dos grandes océanos y sus recursos. De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar) se cuenta con 4 mil 111 islas, islotes, arrecifes y bajos. La superficie marítima, de más de tres millones de kilómetros cuadrados, equivale a una y media veces la superficie terrestre del país. Las zonas marinas mexicanas comprenden: aguas marinas interiores, mar territorial (12 millas náuticas a partir de la costa), zona contigua (12 millas náuticas a partir del mar territorial) y zona económica exclusiva (200 millas náuticas a partir de la costa).

La Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país. Para cumplir con esta encomienda, la Armada desempeña dos roles fundamentales:

• Como Marina de Guerra, se enfoca en la defensa marítima del territorio, para garantizar la independencia, soberanía y la integridad del territorio nacional.

• Como Guardia Costera, se enfoca en mantener el estado de derecho en las zonas marina mexicanas y la salvaguarda de la vida humana en el mar.

La Armada de México es responsable de ejercer el Poder Naval de la Federación, esta institución militar nacional, de carácter permanente, busca contribuir en todo momento con el desarrollo marítimo del país, al velar por la seguridad en nuestros mares.

El próximo 4 de octubre del año 2021, se conmemorará el bicentenario de la Marina-Armada de México, la cual tiene sus orígenes después de la firma del Acta de Independencia de México del 28 de septiembre de 1821. La Soberana Junta Gubernativa y la Regencia, encabezado por el general Agustín de Iturbide, ordenaron la creación del Ministerio de Guerra con encargo de la Marina el 4 de octubre del mismo año, como parte del despacho de Guerra y Marina, con el objetivo de defender la soberanía, siendo la primera línea de defensa de nuestra nación.

La historia naval de nuestro país tiene sus bases en el heroico esfuerzo de los guardianes de la patria instalados en los litorales y costas de la República, quienes, divididos en 7 regiones navales, 13 zonas navales, 14 sectores navales y un cuartel general, protegen nuestras riquezas, mantienen la paz, la seguridad, el bienestar, y prestan auxilió a toda la población ante los desastres naturales, en más de 200 millas de mar patrimonial.

Diversos hechos históricos han enarbolado la grandeza y tradición de la Marina-Armada de México, mismos que han dado forma a nuestra patria, siempre en defensa de la soberanía de aguas, costas e islas nacionales, y el mantenimiento del orden constitucional, entre los cuales podemos nombrar los siguientes: 1

• El 4 de octubre de 1821, tras conseguir nuestra Independencia se crea el primer Ministerio de Guerra y Marina, bajo el mando del teniente de navío Antonio de Medina Miranda.

• Año de 1822. Se crea el primer Batallón de Marina, para la defensa de nuestros litorales marítimos, el cual nace junto con el proceso de consolidación de la Independencia Nacional.

• 23 de noviembre de 1825. La corona española se negaba a reconocer la Independencia de México, por lo que la recién creada Armada Nacional, tuvo la encomienda de consolidar la libertad del pueblo mexicano, adquiriendo embarcaciones que fueron comandadas por el capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda y Borreyro, estableciendo un bloqueo naval en la fortaleza de San Juan de Ulúa, Veracruz; donde estuvieron atrincheradas tropas españolas, logrando hacer efectiva su rendición, asegurando la soberanía nacional.

Cabe hacer mención que, en recuerdo a este memorable hecho histórico, se estableció mediante decreto presidencial 2 que, a partir del 23 de noviembre de 1991, esta fecha se considerara como el “Día de la Armada de México”.

• 1832-1847. La Armada mexicana constituye la primera línea de defensa de la nación, cuando las agresiones del exterior han llegado a través del mar. Nuestra Marina de Guerra defendió la soberanía nacional y luchó por evitar la fragmentación territorial durante el siglo XIX, lo que hizo acorde a sus propias circunstancias y desarrollo. De esta manera combatió a la Armada de Texas en sus intentos separatistas; enfrentó a la flota del contralmirante Charles Baudin en la guerra con Francia; mientras que, en la guerra con Estados Unidos de América, la Armada Nacional dificultó el avance de la invasión estadounidense en el Golfo de México.

• 15 de abril de 1914. El estado de Sinaloa es testigo de la batalla aeronaval de Topolobampo, uno de los primeros combates aeronavales en el mundo, cuando el cañonero Tampico y el biplano Sonora, se enfrentaron bajo la bandera de la Revolución.

• 21 de abril de 1914. El fracaso del régimen del presidente Victoriano Huerta se debió a múltiples factores. En materia de seguridad interna enfrentó el levantamiento armado de zapatistas, villistas y carrancistas, grupos que no lo reconocieron y que acabaron por derrocarlo. En el terreno internacional, enfrentó el creciente desafío impuesto por Washington. A inicios de febrero de 1914, el periodo de “espera vigilante” había llegado a su fin. La sospecha de invasión se reforzó con el incidente de Tampico ocurrido el 9 de abril, lo que desembocó finalmente en la invasión al puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914. La defensa del puerto de Veracruz quedó a cargo de los cadetes y personal de la Escuela Naval Militar bajo el liderazgo del comodoro Manuel Azueta Perillos, arengó a los cadetes de la Escuela Naval con “¡A las armas muchachos, la patria está en peligro!”, el grupo de voluntarios civiles, y la población en general hombres, mujeres y niños dieron la vida en defensa de su patria, defendieron en esta gesta heroica el puerto de Veracruz.

• 5 de febrero de 1917. Nacionalización de la Marina, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 32 indica que para pertenecer a la Marina Nacional se requiere ser mexicano por nacimiento.

A partir de la promulgación de esta Constitución, para poder pertenecer a la Marina de Guerra o Mercante, se debía cumplir con el requisito de la nacionalidad mexicana. El 1 de junio de 1917 se materializó el artículo 32, cuando el buque mercante Tabasco fue el primero que navegó con tripulación mexicana.

En razón de lo anterior, mediante decreto presidencial 3 se decretó que cada 1 de junio se conmemorara el “Día de la Marina”, por haber sido ese día, pero de 1917, cuando entró en vigor el artículo 32 constitucional en el puerto de Veracruz.

• 31 de diciembre de 1940. Se crea la Secretaría de Marina, al reformarse la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado, con el propósito general de organizar, administrar y preparar la Armada de México.

• 9 de enero de 1966. Se pone en ejercicio por primera vez el Plan Marina. La Comandancia General de la Armada emite mandos navales el denominado Plan de Emergencias y Desastres. Así la institución naval participa y lleva a cabo acciones para apoyar a la población en situaciones de desastre.

• El 4 de noviembre de 1975, el presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, envió al Congreso dos iniciativas que a la postre transformarían el territorio nacional y la Marina-Armada jugó un papel muy importante. La primera fue un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de febrero de 1976, donde se adicionaba con un octavo párrafo el artículo 27 constitucional, para establecer la zona económica exclusiva de 200 millas náuticas, medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. 4

La segunda fue una ley reglamentaria al párrafo octavo del artículo 27 constitucional, estableciendo el proyecto de Convención sobre el Derecho del Mar.

Con esta acción el territorio nacional alcanzó una superficie aproximada de 2 millones 400 mil kilómetros cuadrados. También se logró establecer los derechos de soberanía de la nación sobre los recursos naturales renovables y no renovables en toda la extensión del Golfo de California. Este fue una de las acciones más relevantes de finales de los años setenta, pues se estableció de manera clara que ningún extranjero podía realizar actividades de exploración o explotación pesquera o aprovechamiento de ningún recurso renovable o no renovable, ni estudios para este u otro fin, sin autorización expresa de las autoridades correspondientes, lo que represento para la Armada, un mayor un incremento en su responsabilidad en la vigilancia y resguardo del territorio nacional.

• 29 de julio de 1982. El Buque Escuela Velero ARM Cuauhtémoc BE-01 fue entregado a su primera tripulación y abanderado el 25 de septiembre del mismo año, en el Puerto de Veracruz.

• 3 de septiembre de 2007, con antecedentes desde 1954. Esta institución naval es nombrada la única autoridad a nivel nacional, ejecutora de los convenios internacionales en materia de protección marítima y búsqueda y rescate, entre otros.

• 17 de junio de 2017. Le es conferido a la Secretaría de Marina ejercer la autoridad marítima nacional, por tratarse de la institución que cuenta con el personal y la capacidad operativa necesarios para que México se encuentre a la altura de los retos actuales en materia de protección y seguridad marítima.

Como es de apreciarse la historia de la Armada de México, es base del México actual, teniendo la misión permanente de la defensa de la soberanía nacional y la salvaguarda de la seguridad interior, reafirmando el compromiso con la sociedad mexicana, en el mar, en la tierra y en el aire.

Entre las tareas que tiene asignadas la Marina-Armada está la de brindar protección a los mares que proporcionan a México grandes riquezas marítimas que impactan en materia ecológica, social, económica y geopolítica, tal es el caso del Océano Pacífico, el Golfo de California, el Golfo de México y el Mar Caribe, en ellos se llevan a cabo actividades fundamentales para el desarrollo del país, tales como la extracción de hidrocarburos, el turismo, el transporte marítimo, la industria y los sectores acuícola y pesquero, son resguardadas por esta institución; a esto se suman las instalaciones estratégicas como lo son las de Petróleos Mexicanos y las hidroeléctricas, los 102 puertos y 15 terminales marítimas fuera de puerto. En este sentido, la Armada de México, genera las condiciones de seguridad, estabilidad y tranquilidad que permiten aprovechar la abundante riqueza marina y el potencial de nuestros litorales, en beneficio de las y los mexicanos.

La Armada de México, como Marina de Guerra, se conforma por dos Fuerzas Navales, que constituyen la primera línea de defensa marítima en alta mar en ambos litorales, con capacidad de ejecutar diversos tipos de operaciones anfibias, de superficie y aeronavales.

En su conjunto tienen como misión garantizar la soberanía nacional, a través de operaciones navales, a fin de salvaguardar los intereses marítimos del país; para lograrlo, efectúan:

• Presencia y disuasión;

• Protección de instalaciones estratégicas;

• Protección del tráfico marítimo y control de sus rutas principales; y

• Ayuda humanitaria internacional.

Ahora bien, la Armada de México en funciones de guardia costera, tiene presencia en el mar territorial y zona económica exclusiva, al realizar operaciones diferentes a las de guerra, utilizando medios navales para el mantenimiento del estado de derecho y el cumplimiento del orden jurídico nacional en zonas marinas, costas y recintos portuarios. Las operaciones anteriores, incluyen, pero no se limitan a:

• La búsqueda y rescate.

• Protección del tráfico marítimo y al medio marino.

• Acciones de vigilancia, verificación, visita e inspección a las embarcaciones tanto nacionales como extranjeras en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios.

• Auxilio a la población en zonas de desastre y ayuda humanitaria.

Para el cumplimiento de sus funciones, cada mando naval cuenta con unidades operativas adecuadas, entre las que podemos destacar las siguientes:

• Buques de patrulla oceánica, de patrulla costera y patrullas interceptoras.

• Aeronaves de patrulla aérea marítima.

• Helicópteros de búsqueda y rescate, intercepción y apoyo a operaciones terrestres.

• Estaciones navales de búsqueda, rescate y vigilancia marítima.

• Batallones de Infantería de Marina.

• Unidades de Protección Marítima y Portuaria.

Para cumplir con su misión, la Armada de México distribuye sus unidades operativas a lo largo de las zonas marinas mexicanas, optimizando sus capacidades, para buscar el control, la protección y seguridad efectiva de los mares, costas y puertos nacionales. Esta institución cuenta con personal capaz de realizar tareas de inspección y aseguramiento de posibles infractores, para preservar la integridad del territorio y mantener el orden constitucional del Estado mexicano. Además, brinda apoyo a las autoridades de los tres niveles de gobierno, en cuanto a la seguridad interior del país.

Las regiones navales en funciones de Guardia Costera desarrollan operaciones de manera permanente en la Zona Costera (10 kilómetros tierra adentro a partir de la costa) y en el Mar Territorial (12 millas náuticas a partir de la costa), a fin de mantener mayor presencia, control y vigilancia de las actividades marítimas y portuarias de nuestro país.

En la zona económica exclusiva realizan operaciones con aeronaves de patrulla marítima de gran autonomía, buques, helicópteros y patrullas embarcadas, con el fin de salvaguardar la vida humana en el mar, mantener la vigilancia del tráfico marítimo y proteger nuestros recursos naturales. Por su parte, las Fuerzas Navales operan en alta mar, es decir más allá de las 200 millas náuticas, cuando es necesario, principalmente en misiones de búsqueda y rescate, así como para ofrecer ayuda humanitaria internacional.

La condición bioceánica de nuestro país permite registrar actividades como la pesca, la investigación oceanográfica, el turismo náutico, el comercio marítimo, la exploración y producción petrolera, y la generación de energía eléctrica; de tal forma que un elemento indispensable para el desarrollo marítimo nacional descansa en la Armada de México, la cual contribuye brindando protección y seguridad marítima y portuaria, impulsando la industria naval, la investigación científica marina y la protección al medio marino.

Es de destacarse también la actividad permanente huma-nitaria que desarrolla esta institución. La Armada de México, históricamente ha estado vinculada a labores de búsqueda, rescate y salvamento de la vida humana en la mar, actividad que con el transcurrir de los años evolucionó hasta con-vertirse en el Plan Marina, para auxiliar a la población en casos y zonas de emergencia o desastre, tanto en el mar como en la tierra, del cual podemos destacar algunos momentos históricos:

• A mediados de la década de 1950 se aplicó el Plan de Auxilio a la población civil, cuando el huracán “Hilda” afecto a la población del sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz que generó grandes inundaciones y 11 mil 400 damnificados. Ante estos hechos, la Armada de México rescató a más de 1000 personas de áreas inundadas y de embarcaciones naufragadas, además distribuyó víveres y agua a los afectados. El 9 de enero de 1966 la Coman-dancia General de la Armada de México emitió a los Mandos Navales el denominado Plan para Emergencias y Desastres, el cual puso en operación, cuando en octubre de ese mismo año el huracán “Inés” afectó a los estados de Tamaulipas y Veracruz, que dejó a 80 mil personas sin hogar y requirió la evacuación de casi 30 mil damnificados.

• El 19 de septiembre de 1985, un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió la Ciudad de México del que provocó la muerte de 6 mil personas y 20 mil heridos, además de 500 edificios derrumbados o dañados. Debido a los daños del sismo, la Brigada de Rescate y Salvamento de la Armada de México se dio a la tarea de realizar las labores de rescate de personas, recuperación de cadáveres, suministro de alimentos, agua potable y apoyo en la reconstrucción.

• En 1995 un sismo de gran magnitud sacudió el puerto de Manzanillo, Colima, que provocó la muerte a 49 personas y miles de damnificados; por otro lado, un tsunami de 5 metros de altura afectó las costas de Jalisco y Colima. Por estas circunstancias la Armada de México, a través del Mando de la Región Naval, destinó personal para la integración de brigadas de búsqueda y rescate de personas en los edificios colapsados.

• En 1997 el huracán “Paulina” afectó el puerto de Aca-pulco, Guerrero, que dejó 350 muertos 300 mil damni-ficados, por lo que la institución destinó helicópteros para asistir a la población afectada, así como víveres, agua potable y atención médica en los albergues con damnificados.

• En 2005 durante el paso del huracán “Wilma”, en Quintana Roo.

• En 2013, los fenómenos hidrometeorológicos “Manuel” e “Ingrid” afectaron 23 estados de la República Mexicana, por lo que la Secretaría de Marina desplegó 4 mil 993 efectivos, evacuó a 15 mil 300 personas a sitios seguros y se distribuyeron 45 mil despensas, así como 150 mil litros de agua.

• En 2014, el huracán “Odile” afectó la parte sur de la península de Baja California, por lo que se desplegaron 2 mil efectivos, se transportó 153 vehículos en apoyo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), asimismo, a 5 mil 900 personas a zonas seguras; además se distribuyeron 45 mil despensas y más de 100 toneladas de agua a los damnificados.

• En 2015, la Armada de México implementó el Plan Marina en el Hospital Materno Infantil, ubicado en Cuajimalpa, Ciudad de México, que fue afectado por una explosión que provocó una pipa al suministrar combustible en el área de cocina del nosocomio.

• En 2015, el huracán “Patricia” devastó las costas de Colima y Jalisco.

• En 2017 los fenómenos hidrometeorológicos “Norma”, “Katia” y “Max”, además de los terremotos, uno de 8.2 y otro de 7.1 grados que afectaron a los estados de Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Morelos, Puebla y la Ciudad de México, provocó que la Armada de México aplicara el Plan Marina, el cual desplegó 14 mil 90 efectivos, estableció puentes aéreos y marítimos, evacuó a 690 personas de las áreas afectadas, transportó y distribuyó 10 mil 282 despensas y 100 mil litros de agua, además de desplegar 13 cocinas móviles. Asimismo, brindó atención médica, transporte, limpieza de casas y calles, además de incluir el retiro de escombros. En cuanto a la Ciudad de México, la Secretaría de Marina lideró, junto con otras dependencias de gobierno, el rescate de 115 personas. Durante estos hechos, “Frida” como parte del binomio canino de la Armada de México, entró en acción en las labores de rescate. Cabe mencionar que este elemento canino ha desempeñado acciones fuera del país, como Haití y Ecuador; además cuenta con 53 localizaciones en estructuras colapsadas y deslaves: 12 han sido personas vivas y 41 cuerpos.

• 28 de febrero de 2020. Se activa el Plan Marina, en su fase de prevención, con la finalidad de reforzar la estrategia para enfrentar la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad denominada covid-19.

• A nivel internacional podemos mencionar la ayuda humanitaria que en el año 2010 realizaron en el país de Haití, tras el sismo producido que devasto a este país; así como la ayuda que zarpo a bordo de buque “Zapoteco” y el “Papaloapan” ante la afectación del huracán “Katrina” que devastó a Estados Unidos de América y la ayuda humanitaria a Indonesia.

Los diferentes hechos históricos, así como las proezas realizadas por la Marina-Armada de México, son dignos de reconocerse, ante esto se propone declarar al 2021, año del Bicentenario de la Marina-Armada de México, con lo cual este reconocimiento sea insertado en toda la documentación oficial del orden federal, así como proponer a las entidades federativas y sus municipios, en estricto apego al principio de distribución de competencias que se unan a este reconocimiento y hagan lo propio con su documentación oficial.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 1, fracción 1, del artículo 6; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se declara al 2021 como “Año del Bicentenario de la Marina-Armada de México”

Artículo Primero. El honorable Congreso de la Unión declara al 2021 como “Año del Bicentenario de la Marina-Armada de México”.

Artículo Segundo. Se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal para que, durante el año 2021, en toda la documentación oficial se inscriba la leyenda: “2021, Año del Bicentenario de la Marina-Armada de México”.

En estricto apego al principio de distribución de competencias, se invita a los demás Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos, entidades federativas y municipios, a adherirse al presente decreto.

Artículo Tercero. El Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Marina, en coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial federales, y los órganos públicos autónomos, establecerán un programa de actividades para conmemorar el bicentenario de la Marina-Armada de México.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2021 y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año.

Notas

1 Semar. (7 de octubre de 2020). Periódico naval. Obtenido de:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/590134/_Periodico _OCTUBRE_compressed.pdf

2 Segob. (s.f.). Diario Oficial de la Federación. Obtenido de

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4760499&fecha= 22/11/1991

3 Segob. (s.f.). Diario Oficial de la Federación. Publicado el 30 de abril de 1942. Obtenido de:

http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4515840&fech a=30/04/1942&cod_diario=192307

4 Cámara de Diputados. (Mayo de 2020). Reformas constitucionales por artículo. Obtenido de

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_083_06 feb76_ima.pdf

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020.– Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.– Diputadas y diputados: Mónica Almeida López, Mariana Dunyaska García Rojas, Juan Ortiz Guarneros, María del Rosario Guzmán Avilés, Julio Carranza Aréas, José Mario Osuna Medina (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a los artículos 3, 27, 138, 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, con base en lo siguiente:

Planteamiento del problema

El suministro básico del servicio eléctrico es una de las necesidades básicas de la sociedad contemporánea ya que de él depende la viabilidad misma de la vida cotidiana, no sólo en los hogares sino también en los comercios, en la industria, en las actividades agropecuarias y en la prestación de innumerables servicios públicos y privados de los que depende la sociedad.

Al dotar de este servicio, las autoridades federales deben considerar las condiciones climatológicas estacionales que prevalecen en diversas regiones del país, principalmente en el verano y el invierno, cuando los consumos de energía se incrementan ya que requieren de sistemas de enfriamiento/calefacción que consumen grandes cantidades de electricidad.

El consumo en exceso de electricidad en estos periodos del año debido al uso de dichos sistemas no debe considerarse como un lujo sino como una necesidad para hacer más viable la vida cotidiana de tal suerte que en la definición de las tarifas eléctricas deben considerarse tarifas especiales a regiones por situaciones climatológicas extremas, entendidas como aquellas zonas del territorio nacional que presentan condiciones del tiempo atmosférico en grados superiores o inferiores en promedio a la media nacional estacional de verano e invierno.

Descrita la problemática que sustenta la presente iniciativa, me permito explicar la siguiente:

Argumentación

En las regiones del país con altas temperaturas durante la estación veraniega y muy bajas temperaturas en la estación invernal el consumo de electricidad en los hogares es mayor por el uso de aparatos electrodomésticos para mitigar el calor o frío, de manera distinta a aquellas regiones con un promedio medio en ambas estaciones y regiones.

Las sensaciones del tiempo, a pesar de la marcación de grados centígrados en dichas regiones, comúnmente es mayor, principalmente en aquellas con mayor humedad/sequedad, según la temporada del año. Es decir, si en una localidad la temperatura llegase a marcar 35 grados centígrados, la sensación podría ser hasta de 45 grados centígrados.

Lo mismo ocurre en épocas donde el termómetro pueda bajar a los 0ºC pude tener una sensación de -5ºC. Lo anterior llega a disminuir las capacidades humanas en un ambiente que debiera ser confortable.

Por ello, se hace indispensable que las autoridades eléctricas del país reconozcan la aplicación de tarifas de verano y tarifas de invierno como tarifas bajo condiciones especiales aplicables a localidades del territorio nacional que presentan condiciones del tiempo atmosférico en grados superiores o inferiores en promedio a la media nacional estacional de verano e invierno.

En función de lo anterior, es razonable que esta iniciativa prevea que dentro de las condiciones generales para la prestación del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica que expida la CRE consideren dentro del objeto definido en el artículo 27 de la Ley de la Industria Eléctrica, por lo que toca a la determinación de los derechos y obligaciones del prestador del servicio y del usuario, deban contener por lo mínimo las tarifas aplicables pero que consideren aquellas de tipo especial aplicables a regiones por situaciones climatológicas extremas, mismas que deberán ser menores a aquellas que, mediante la metodología aplicable, defina la autoridad competente, de acuerdo a lo que establece el artículo 138 de la ley mencionada.

Esta iniciativa también prevé que el Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE, incluida la aplicación de tarifas de verano y tarifas de invierno.

En consecuencia, me permito someter a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a los artículos 3, 27, 138, 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica

Artículo Único. Se adicionan las fracciones LII Bis y LII Ter del artículo 3; se reforma la fracción I del artículo 27; se adiciona un último párrafo al artículo 138; se reforma el artículo 139; y se adiciona la fracción II bis y se reforma la fracción III del artículo 140, todos de la Ley de la Industria Eléctrica para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

I. a LI. ...

LII Bis. Tarifas de verano: las tarifas especiales aplicables a localidades del territorio nacional en donde se presentan temperaturas superiores a la media nacional durante los meses del año más calurosos en promedio;

LII Ter. Tarifas de invierno: las tarifas especiales aplicables a localidades del territorio nacional en donde se presentan temperaturas inferiores a la media nacional durante los meses del año más fríos en promedio;

LIII. a LVII. ...

Artículo 27. ....

I. Las tarifas aplicables considerando, en su caso, las disposiciones contenidas en el artículo 138 por lo que se refiere a las tarifas de verano y de invierno;

II. a VII. ...

...

Artículo 138. ....

I. a V. ...

...

...

...

La determinación de las tarifas del Suministro Básico deberá considerar la aplicación de tarifas de verano y tarifas de invierno, mismas que deberán ser menores a aquellas que, mediante la metodología aplicable, defina la autoridad competente.

Artículo 139. La CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico, considerando las disposiciones establecidas en el último párrafo del artículo anterior. La CRE publicará las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios.

El Ejecutivo Federal podrá determinar, mediante Acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere determinado la CRE, incluida la aplicación de tarifas de verano y tarifas de invierno.

Artículo 140. ...

I. a II. ...

II Bis. Determinar tarifas de verano y las tarifas de invierno;

III. Determinar Tarifas Reguladas para los Suminis-tradores de Servicios Básicos que permitirán obtener el ingreso estimado necesario para recuperar los costos eficientes de operación, mantenimiento, financiamiento y depreciación, los impuestos aplicables y una rentabilidad razonable, misma que no estará garantizada. Esta disposición incluirá la aplicación de tarifas de verano y tarifas de invierno.

IV a VI...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil veinte.– Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 170 y 994 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Martha Tagle Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV, adiciona una fracción IV Bis al artículo 170 y se reforma la fracción III del artículo 994 de la Ley Federal de Trabajo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La razón de ser de este órgano legislativo es representar los intereses de la ciudadanía, en ese sentido, en un ejercicio de escucha y en ánimo de darles voz a las necesidades que nos manifiestan las personas que enfrentan obstáculos para el ejercicio pleno de sus derechos presento esta iniciativa de modificación a la Ley Federal del Trabajo en materia de lactancia materna que hemos elaborado de manera coordinada con la maestra Recursos Humanos y Derecho, Yesenia Rodríguez Zavala.

La protección de la maternidad es clave para facilitar la lactancia materna y empoderar a las madres y los padres para que apliquen eficazmente las prácticas recomendadas de lactancia materna. 1

La leche materna es el mejor alimento y la opción más segura para garantizar la buena salud y el crecimiento de los niños pequeños. 2

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el inicio de la lactancia materna dentro de la hora que sigue al nacimiento, la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida, y la continuación de la lactancia materna hasta los dos años o más, acompañada de alimentos complementarios, nutricionalmente adecuados e inocuos.

Las mujeres que amamantan a sus bebés tienen un riesgo menor de desarrollar cáncer de mama y de ovarios, logran un mejor espaciamiento de los nacimientos, y podrían tener un riesgo menor de diabetes y de sobrepeso u obesidad. La lactancia materna protege a niñas y niños contra la morbilidad y la mortalidad debidas a las enfermedades infecciosas.

Además, los niños y niñas amamantados tienen un riesgo menor de oclusión dental defectuosa y alcanzan mayores puntajes en las pruebas de inteligencia, en comparación con quienes son amamantados por periodos más cortos o que no fueron amamantados.

En una escala de nivel casi universal la lactancia materna, de conformidad con lo que recomiendan las mejores prácticas, podría evitar 823 mil muertes anuales en menores de 5 años y 20 mil muertes anuales en mujeres a causa del cáncer de mama. 3

Con la finalidad de apoyar la lactancia materna, tanto la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como la OMS recomiendan que los empleadores implementen políticas de protección, entre ellas, la de licencia de maternidad remunerada, horario flexible o reducido para las madres que amamantan, pausas remuneradas del trabajo para amamantar y una sala especial en el lugar de trabajo para las madres que amamantan, que sea privada y cumpla con las condiciones adecuadas de higiene además adaptada a la nueva realidad.

De igual forma la OMS recomienda que los gobiernos también aprueben leyes de protección a la maternidad y medidas relacionadas. 4

En los últimos años, los avances en el estudio de la epigenómica, han demostrado que la alimentación con leche humana hasta avanzado el segundo año de vida, consigue modificar la expresión de genes, por lo tanto, la pro-gramación genética de los lactantes para prevenir la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, hipercolesterolemia e incluso algunos tipos de cáncer. 5

Derivado de los innumerables beneficios que otorga la lactancia y los riesgos a los que se expone a las infancias con alimentación artificial, es fundamental favorecer la alimentación correcta particularmente en aquéllos más vulnerables como son las y los recién nacidos prematuros, enfermos o de bajo peso.

La fracción II del artículo 64 de la Ley General de Salud señala que las “Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado...”.

Las legislaciones locales señalan cosas similares en sus leyes estatales de salud, por mencionar un ejemplo el artículo 54, fracción II, de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, dispone que las autoridades sanitarias establecerán las acciones de orientación, seguimiento y vigilancia institucional, fomento a la lactancia materna exclusiva y amamantamiento, haciendo énfasis en las ventajas y beneficios que aporta al menor, a fin de promover que éste sea su alimento exclusivo durante seis meses, y principal hasta avanzado el segundo año de vida; así como la promoción de su práctica en espacios públicos, bajo un entorno de respeto; además de orientación durante el embarazo sobre el manejo y uso de alimentos con alto valor nutricional y bajo contenido calórico, resaltando su importancia durante la etapa gestacional y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil.

Derivado de la nueva realidad a la que nos enfrenta la enfermedad covid-19 causada por el virus denominado SARS-CoV-2  y que nos coloca en esta emergencia sanitaria, debe ser prioritario, proteger y salvaguardar el derecho fundamental alimentario de los y las menores lactantes, así como salvaguardar la salud de las madres lactantes en virtud de formar parte de un grupo vulnerable ante el covid-19.

La Organización Mundial de la Salud ha recomendado a los gobiernos, implantar mecanismos sólidos y sostenibles de vigilancia y control de la aplicación del cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna; cuyo objetivo es contribuir a proporcionar a las y los lactantes una nutrición segura y suficiente, protegiendo y promoviendo la lactancia natural y asegurando el uso correcto de los sucedáneos de la leche materna, cuando éstos sean necesarios, sobre la base de información adecuada y mediante métodos apropiados de comercialización y distribución.

Que la mayor duración de la lactancia materna también contribuye a la salud y el bienestar de las madres, pues reduce el riesgo de cáncer de ovarios, de mama y ayuda a espaciar los embarazos.

Asimismo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud indica que en las comunidades donde la covid-19 es frecuente deben las madres amamantar a sus hijos ya que, en todos los entornos socioeconómicos, la lactancia materna mejora la supervivencia de los neonatos y lactantes, y les proporciona beneficios para la salud y el desarrollo que duran toda la vida.

La lactancia materna también mejora la salud de las madres. En cambio, no se ha detectado la transmisión del virus de la covid-19 a través de la leche materna ni el amamantamiento. Por tanto, no existen motivos para evitar la lactancia materna ni interrumpirla.

“Sin lugar a dudas, la lactancia materna reduce la mortalidad de los neonatos y lactantes, y les proporciona numerosos beneficios para la salud y el desarrollo cerebral que duran toda la vida. Se recomienda que las madres con síntomas de covid-19 utilicen una mascarilla médica, pero incluso aunque esto no sea posible se debe mantener la lactancia materna. Es importante aplicar el resto de las medidas de prevención de infecciones, como lavarse las manos, limpiar las superficies, y cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo al estornudar o toser.” 6

Las madres que trabajan fuera de su hogar deben regresar a sus puestos de trabajo antes de que sus hijos cumplan los tres meses de vida. Dicha reinserción laboral es una de las principales causas por la que suspenden la lactancia antes de los seis meses de edad del bebé.

Además, otro número importante de mujeres se han visto obligadas a dejar sus trabajos remunerados para no descuidar la responsabilidad que involucra la decisión de ser madres y alimentar con leche materna a sus hijas e hijos. 7

En el caso de las madres trabajadoras que han decidido alimentar a sus hijas/os con leche materna se ven obligadas a extraerla en ambientes del centro de trabajo que no reúnen las condiciones apropiadas para la extracción y conservación de la leche materna, tales como los baños, almacenes, oficina o lugares inadecuados, lo cual ante la emergencia sanitaria resulta una práctica que debe ser erradicada, pues de igual forma como se pide a la sociedad adaptarse a la nueva normalidad, deben los centros de trabajo adaptarse, visualizando la importancia de adecuar los centros de trabajo y la implementación de salas de lactancia para una extracción de lecha materna segura y confiable.

El acceso a la lactancia materna y la adecuada nutrición es un derecho humano fundamental y la primera medida de seguridad alimentaria hacia un bebé, por lo cual existen leyes y recomendaciones que definen claramente la mejor forma de realizar y apoyar la lactancia materna fuera y dentro de las empresas.

Por lo tanto, para una madre la reincorporación al trabajo una vez concluida la licencia por maternidad, no debe ser motivo para abandonar la lactancia materna y mucho menos un riesgo de pérdida de empleo.

La lactancia materna es la respuesta vital en emergencias, catástrofes, crisis económicas, terrorismo y pandemias, el covid-19 no es la excepción. Amamantar brinda protección inmunológica única y sobre todo salva vidas.

En México existen dos antecedentes de leyes que buscan proteger la lactancia materna así tenemos Ley para la protección, apoyo y promoción a  la lactancia materna del Estado de México, publicada en la Gaceta Oficial del Estado en diciembre de 2014 y Ley para la Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna del Estado de Nuevo León publicada en enero de 2016, Ambas leyes constituyeron un ejercicio por reconocer los derechos de las trabajadoras a amamantar a sus hijos e hijas y de estos a recibir una alimentación adecuada por el tiempo marcado por los estándares internacionales que es avanzados los dos años de edad.

Particularmente en el caso de la ley de protección a la lactancia materna del estado de México se contempla en el artículo 10 que son derechos de las madres, los siguientes:

“I. Ejercer la lactancia plenamente en cualquier ámbito, incluido su centro de trabajo público o privado, en las mejores condiciones.

II. Disfrutar de licencia temporal por lactancia, posterior a la licencia por maternidad, con las opciones siguientes:

a) Por tres meses, con goce de medio sueldo.

b) Por seis meses, sin goce de sueldo.

Para gozar de la licencia temporal, posterior a la licencia por maternidad, la trabajadora debe acreditar la práctica de la lactancia materna efectiva, mediante certificado expedido por la institución pública de salud correspondiente, que presentará a su centro de trabajo cada mes.

Para favorecer el ejercicio de la licencia temporal, la Secretaría deberá promover la celebración de convenios con el sector público y privado con el objetivo de garantizar o gozar de los derechos contenidos en este artículo.”

Como se puede observar pese a que nuestra Ley General de Salud establece que las autoridades sanitarias competentes establecerán acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna esto dista mucho de la realidad, impidiendo así el pleno ejercicio de derechos para las mujeres y por su puesto en un obstáculo más para alcanzar la igualdad sustantiva. La Cámara de Diputados debe evaluar y proponer iniciativas que permitan generar un marco institucional que reconozca la desigualdad estructural que persiste entre mujeres y hombres y fortalezca un marco jurídico que garantice el ejercicio pleno de derechos a las mujeres tanto en los ámbitos productivo como reproductivo, es decir, desarrollar medidas que prevengan la discriminación de las mujeres en los lugares de trabajo. Aunado a esto, es fundamental vincular al sector empresarial, gobierno, madres, padres y redes de apoyo.

También, es importante erradicar, en la medida de lo posible, la práctica de alimentar con fórmula, ya que ésta aumenta riesgos de enfermedades e incrementa el costo del cuidado de la salud. Es importante desarrollar en el sector salud un mejor sistema de vigilancia y control para la venta de fórmulas y que éstas no se ofrezcan de manera gratuita.

De igual manera, es necesario que México cumpla con una de las metas plasmadas en los objetivos del Desarrollo Sostenible: poner fin al hambre y asegurar el acceso a alimentación sana, nutritiva y suficiente durante toda la vida incluida, la etapa lactante.

Finalmente, lo que esta iniciativa busca es un acto de justicia para las mujeres, ya que la realidad que viven en sus centros de trabajo habla de la urgencia de contar con políticas públicas que contemplen la posibilidad de amamantar a sus hijos e hijas y garantizar una adecuada lactancia que es vital para el posterior desarrollo de las niñas y niños. Facilitando las condiciones de tiempo suficiente; lugares higiénicos adecuados para que puedan recolectar y almacenar leche, además de contar con la licencia por lactancia en forma remunerada los primeros tres meses después de terminado el periodo de descanso por maternidad y hasta por seis meses sin goce de sueldo para no afectar la productividad laboral pero lo más importante, sin riesgo de perder el empleo. Condición indispensable para generar condiciones de igualdad en el ámbito laboral.

A razón de los motivos expuestos, se proponen las siguientes modificaciones:

Ley Federal del Trabajo

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita diputada federal integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción IV, adiciona una fracción IV Bis al artículo 170 y se reforma la fracción III del artículo 994 de la Ley Federal de Trabajo

Artículo Único. Se reforma la fracción IV, se adiciona una fracción IV Bis al artículo 170 y se reforma la fracción III del artículo 994 de la Ley Federal de Trabajo.

Artículo 170. ... Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. a III. ...

IV. El periodo de lactancia será por el término de seis meses hasta los dos años, tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para que amamanten a sus hijos e hijas o extraigan y conserven adecuadamente su leche durante su jornada laboral, en lugar adecuado, digno, privado, higiénico y accesible, que designe la empresa.

Asimismo, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el periodo de seis meses. Al patrón que incumpla la presente fracción se le impondrán las multas señaladas en la fracción III del artículo 994 de la presente ley.

IV Bis. De manera opcional la madre trabajadora lactante podrá disfrutar de licencia temporal por lactancia, posterior a la licencia por maternidad:

a) Hasta por tres meses, con cincuenta por ciento de su salario.

b) Hasta por seis meses, sin goce de sueldo.

Para gozar de la licencia temporal por lactancia, posterior a la licencia por maternidad, la trabajadora deberá acreditar la práctica de la lactancia materna efectiva, mediante certificado expedido por la institución pública de salud correspondiente, que presentará a su centro de trabajo cada mes.

Artículo 994. Se impondrá multa, por el equivalente a:

I. a II. ...

III. De 50 a 1500 Unidades de Medida y Actualización al patrón que no cumpla las obligaciones señaladas en el artículo 132, fracciones IV, VII, VIII, IX, X, XII, XIV y XXII y 170, fracción IV;

IV. a VIII. ...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Seminario Virtual: Protejamos la lactancia materna en el lugar de trabajo. Organización Panamericana de Salud. Fecha de consulta: 10 de noviembre del 2020. Disponible en:

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_jem&view=event&id=322: webinar-semana-lactancia-materna-2019&lang=es

2 Semana Mundial de la Lactancia Materna. Gobierno de México. Fecha de consulta: 10 de noviembre del 2020. Disponible en:

https://www.gob.mx/salud%7Cseguropopular/articulos/semana-mundia l-de-la-lactancia-materna-211494

3 Lactancia Materna. Revista The Lancet. Fecha de consulta: 10 de noviembre del 2020. Disponible en:

https://www.paho.org/gut/index.php?option=com_docman&view=do wnload&alias=811-serie-lancet-lactancia-materna&category_ slug=publicaciones&Itemid=518

4 OPS insta a implementar leyes para proteger la maternidad y apoyar a las mujeres a amamantar en el lugar de trabajo. Organización Panamericana de Salud. Fecha de consulta: 10 de noviembre del 2020. Disponible en:

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=ar ticle&id=15346: maternity-protection-laws-must-be-implemented-throughout-the-americas-to-protec t-breastfeeding-mothers-in-the-workplace&Itemid=1926&lang=es

5 Niveles de adiponectina en leche materna de madres con sobrepeso/obesidad y con peso normal del área metropolitana de Monterrey, México. Revista electrónica Scielo. Fecha de consulta: 10 de noviembre del 2020. Disponible en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S 1665-11462015000400242

6 OMS, Preguntas frecuentes: Lactancia materna y covid-19. Para trabajadores de la salud, 12 de mayo de 2020, Documento PDF:

www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-breastfe eding

7 Fomento de una cultura de lactancia materna en los centros de trabajo. Gobierno de México. Fecha de consulta: 10 de noviembre del 2020. Disponible en:

https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org.lac/files/2019-11/Gu ia%20de%20Lactancia%202018.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2020.– Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

SE ORDENA LA CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO HÉROES NACIONALES, EN MEMORIA DE LOS MÉDICOS, ENFERMERAS Y PERSONAL DE LA SALUD, QUE HAN FALLECIDO EN LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA POR COVID-19 Y EN HOMENAJE A QUIENES CONTINÚAN ARRIESGANDO SU VIDA

«Iniciativa de decreto, por el que se ordena construir el monumento Héroes Nacionales, en memoria de médicos, enfermeras y personal de la salud fallecidos en la lucha contra la pandemia por covid-19 y en homenaje a quienes continúan arriesgando la vida, a cargo del diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal, doctor Edelmiro Santiago Santos Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en esta LXIV Legislatura, con fundamento en los dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que por el que se ordena la construcción del monumento “Héroes Nacionales”, en memoria de los médicos, enfermeras y personal de la salud, que han caído en el combate contra el covid-19 y en homenaje a quienes continúan arriesgando su vida, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

La pandemia del SARS-CoV-2, covid-19, ha dejado una huella profunda en la vida de las personas a nivel mundial y ha marcado un precedente histórico en relación a la salud Pública y al cuidado de las personas.

El personal médico y de la salud ha hecho frente a esta emergencia sanitaria y vemos con insondable sentimiento la pérdida de vidas valiosas para esta nación, por ello es necesario reconocerles su labor, para que su esfuerzo trascienda en el paso del tiempo y evitar que el misma caiga en el olvido.

En el mes de octubre del año 2019, ocurrieron los primeros casos de la enfermedad por coronavirus (covid-19) en hospitales de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, China, con un diagnóstico de Neumonía desconocida. Rápidamente el virus covid-19, se extendió por todo el mundo, cuestión por la cual, hoy nos encontramos ante una pandemia y casi un año aún no existe un tratamiento para dicho virus.

El pasado mes de marzo, en México, se hizo la declaratoria de emergencia sanitaria, siendo este el parteaguas de la nueva normalidad, que es necesaria para prevenir el aumento en los contagios. Mientras la sociedad acataba las medidas decretadas por el Gobierno de México, hubo quienes tenían la obligación de seguir saliendo a realizar sus labores cotidianas, entre ellos nuestros médicos, enfermeras y personal del sector salud que desde el comienzo de la pandemia se han mantenido activos y en pie de lucha contra esta emergencia sanitaria.

Aun conscientes del riesgo que corren a diario, se levantan y acuden a sus labores que las necesidades del servicio requieren, convirtiéndose así, en la primera barrera de combate contra la pandemia, así como la última esperanza de miles de pacientes infectados del virus covid-19, trabajando incansablemente durante jornadas laborales excesivas.

El personal de salud a diario enfrenta diversas adversidades, al estar en constante contacto con pacientes contagiados del virus, atendiendo a los mismos con una limitación en sus recursos, con estrés, en contacto con el sufrimiento humano y arriesgando su propia vida, entregándose a su labor con gran amor y pasión hacia la humanidad y los mexicanos, pasión misma que no les permite doblegarse ante tan extremadamente dura situación.

En muchas ocasiones en la historia los médicos han logrado sacar adelante la supervivencia de la raza humana, como lo ha sido en incontables pandemias que se han presentado en el transcurso de la historia y es en estas circunstancias cuando brota con más fuerza su vocación, cuando con total orgullo se dedica a una labor tan altruista, a servir y ayudar a los demás.

La huella que esta crisis sanitaria dejará en los profesionales de la salud será imborrable.

Estadísticas

Los trabajadores de la salud en México con covid-19, tienen una tasa de mortalidad de 3.8 por ciento, a principios de septiembre la Secretaría de Salud (SSA) reportó las siguientes cifras:

• Contagios. -  1,426 profesionales de la salud

• Defunciones:

- 707 médicos

- 261 enfermeras y enfermeros

- 30 laboratoristas

- 428 trabajadores de las instituciones sanitarias.

Para el 5 de octubre, 1,646 trabajadores de la salud fallecieron en México, de los cuales 49% eran médicos, y 122,041 contrajeron la enfermedad (26% doctores).

Muchos profesionales de la salud se enfrentan a la pandemia en condiciones no óptimas y se han vuelto un colectivo que presenta altos índices de vulnerabilidad en la actualidad. Por tal motivo, en homenaje al personal de la salud que sigue luchando y en memoria a quienes dieron su vida por los mexicanos, la presente iniciativa propone la creación del mo-numento “Héroes Nacionales” para reconocer el extremado y duro esfuerzo de quienes han caído en el combate contra el covid-19, y de quienes siguen luchando día con día.

Por nuestros médicos, enfermeras y personal de salud que conforman nuestra primera línea de combate ante el virus covid-19 y para que jamás se olvide a los héroes que han dado su vida en la lucha contra la pandemia por SARS-CoV-2.

Especificaciones

• El monumento tendrá su lugar en el Zócalo de la Ciudad de México, al tratarse de una locación estratégica, por ser de relevancia nacional, de fácil acceso y constante visibilidad.

• La construcción, cuidado y mantenimiento, quedará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto del Ejército Mexicano, lo que permitirá evitar el impacto presupuestal.

• El monumento será en forma de placa, y deberá contener los nombres de los médicos, enfermeras/os y personal de la Salud que haya fallecido a causa de SARS CoV 2, covid-19, debiendo dejar un espacio libre para actualizar constantemente agregando los nombres de los nuevos fallecidos.

• La Secretaría de Salud, deberá proporcionar la información de los médicos y personal de la Salud que haya fallecido a causa de SARS-CoV-2, covid-19.

• Deberá contener el nombre del monumento “Héroes Nacionales” y las palabras “En memoria de quienes han caído en el combate contra el covid-19 y en homenaje a quienes continúan arriesgando su vida”.

Decreto por el que se ordena la construcción del monumento “Héroes Nacionales”, en memoria de los médicos, enfermeras y personal de la salud, que han fallecido en la lucha contra la pandemia por covid-19 y en homenaje a quienes continúan arriesgando su vida.

Único. El honorable Congreso de la Unión ordena la construcción del monumento “Héroes Nacionales”, que tendrá lugar en el zócalo de la Ciudad de México, con las especificaciones precisadas.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Segundo. Se instruye a la Secretaría de Salud, a fin de que proporcione la información respectiva de los médicos y personal de la salud, que han fallecido por causa del covid-19.

Tercero. Se instruye a la Secretaría de Defensa Nacional, para que procedan a la construcción en la locación especificada, así como para dar cuidado y mantenimiento al mismo.

Ciudad de México, a 25 de noviembre del 2020.– Diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen, y a la Comisión de Salud, para opinión.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

EXHORTO A LA SEMARNAT, A LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS VALLES GUAYMAS-EMPALME

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a proteger y restaurar los valles Guaymas-Empalme, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario de Morena

Lorenia Iveth Valles Sampedro, diputada federal, integrante del grupo parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Semarnat a la Protección y Restauración de los Valles Guaymas-Empalme, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Primero. Que el acuífero de los valles de Guaymas-Empalme sufre de extracciones anuales muy superiores a su recarga natural; pérdida de miles de hectáreas por la intrusión salina; erosión de suelos; deforestación; pérdida de pozos agrícolas por el agua salobre; contaminación del aire; sequias; inundaciones catastróficas por ciclones y fenómenos meteorológicos. Todos ellos han sido los factores que se han conjugado para que la región de los valles de Guaymas y Empalme se encuentre en condiciones para que se cometa un auténtico ecocidio.

Segundo. Que el acuífero Guaymas-Empalme, ubicado en la cuenca del Río Mátape, corresponde al Distrito de riego 084, administrado por la Conagua. Es en la actualidad el acuífero más sobreexplotado de Sonora y del país.

Tercero. Que, según datos del último estudio publicado por la Conagua, con información 2002-2015, la extracción y recarga anual del acuífero ascendía a 117 y 100 millones de metros cúbicos anuales, respectivamente. Asimismo, de acuerdo con datos de expertos investigadores en hidrología de la Universidad de Sonora la extracción actual supera los 125 millones de metros cúbicos anuales y su recarga difícilmente alcanza los 50 millones de metros cúbicos.

Cuarto. Que el acuífero concesionado para la agricultura y otros usos, con un volumen anual de 103 millones de metros cúbicos, de continuar con el ritmo de sobreexplotación actual, difícilmente alcanzará una vida de una década más. El acuífero da vida a los municipios de Guaymas y Empalme y a un sector productivo de 15 ejidos y cerca de un centenar de empresarios agrícolas en el sector de la horticultura.

Quinto. Que el inminente riesgo de convertir el aún productivo valle en un desierto sin opciones de sobrevivencia, acelerará la migración de la población rural, como ya se advierte. La voracidad de algunos empresarios agrícolas cuyo único fin es mantener e incrementar su producción, sin importarles la sustentabilidad del acuífero y el futuro del valle y sus generaciones venideras.

Sexto. Que dentro de los indicadores del daño irreversible al acuífero del valle de Guaymas-Empalme en la cuenca del río Mátape, se encuentran los siguientes:

• Abatimiento del acuífero en aproximadamente 60 metros durante las dos últimas décadas, comprometiendo la calidad del agua, su disponibilidad e incrementando su costo de extracción;

• Avance de la intrusión salina de la costa hacia el continente en aproximadamente 25 km en una franja de otros 25 km, degradando miles de hectáreas y convirtiéndolas en improductivas. En los últimos 40 años se ha reducido la superficie agrícola de cultivo en 70% pasando de 50 mil a 15 mil hectáreas.

• El avance de la salinidad ha dejado igualmente improductivos y fuera de servicio a 35 pozos de riego; el 25 % de la totalidad.

• La sobreexplotación irracional del acuífero ha provocado daños irreversibles, aún no cuantificables, en materia de erosión y perdida de suelos, deforestación y contaminación del aire.

• Finalmente, hace 22 años existían 157 pozos agrícolas. El 80% propiedad de los ejidos del sector social y el 20% del sector privado. Hoy día, 2020, la ecuación se ha revertido.

Séptimo. Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece en su artículo 78 que “En aquellas áreas que presenten procesos de degradación o desertificación, o graves desequilibrios ecológicos, la Secretaría deberá formular y ejecutar programas de restauración ecológica, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban. En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, la Secretaría deberá promover la participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales, y demás personas interesadas.”

Octavo. Que en la misma ley se señala en el artículo 78 Bis lo siguiente:

“Artículo 78 Bis. En aquéllos casos en que se estén produciendo procesos acelerados de desertificación o degradación que impliquen la pérdida de recursos de muy difícil regeneración, recuperación o restablecimiento, o afectaciones irreversibles a los ecosistemas o sus elementos, la Secretaría, promoverá ante el Ejecutivo Federal la expedición de declaratorias para el establecimiento de zonas de restauración ecológica. Para tal efecto, elaborará previamente, los estudios que las justifiquen.

Las declaratorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y serán inscritas en el Registro Público de la Propiedad correspondiente.

Las declaratorias podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de propiedad, y expresarán:

I. La delimitación de la zona sujeta a restauración ecológica, precisando superficie, ubicación y deslinde;

II. Las acciones necesarias para regenerar, recuperar o restablecer las condiciones naturales de la zona;

III. Las condiciones a que se sujetarán, dentro de la zona, los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales, la flora y la fauna, así como la realización de cualquier tipo de obra o actividad;

IV. Los lineamientos para la elaboración y ejecución del programa de restauración ecológica correspondiente, así como para la participación en dichas actividades de propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales y demás personas interesadas, y

V. Los plazos para la ejecución del programa de restauración ecológica respectivo.”

Noveno. Que la Semarnat ha anunciado la realización del Plan Nacional de Restauración de Cuencas, iniciando con la región de Tula, Hidalgo y que se extenderá el modelo instaurado a las regiones de la cuenca Lerma-Santiago en Jalisco; a las cuencas Independencia, en Guanajuato; al río Zahuapan, en Tlaxcala; al río Atoyac, en Puebla, y a las regiones sur y norte de Veracruz, que tienen zonas muy contaminadas. Por ello, es importante que también se incluya en dicho plan a la región de los valles Guaymas-Empalme, en el Estado de Sonora.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a iniciar los estudios para que, con base en las disposiciones de los artículos 78 y 78 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, declare como zona de restauración ecológica a los Valles de Guaymas-Empalme e incluya a esta zona dentro del Plan Nacional de Restauración de Cuencas, mediante la elaboración del programa de restauración respectivo para dicha zona.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil veinte.– Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustenta-bilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS EN TORNO AL SECUESTRO Y ASESINATO DE FLORISEL RÍOS DELFÍN, ALCALDESA DE JAMAPA, VERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de Veracruz de Ignacio de la Llave a llevar a cabo las investigaciones conducentes a esclarecer los hechos en torno al secuestro y asesinato de Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, suscrita por la diputada Mariana Dunyaska García Rojas e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, a nombre propio y de los diputados Jesús Guzmán Avilés, María de los Ángeles Ayala Díaz, Hernán Salinas Wolberg, Martha Elisa González Estrada, Mario Mata Carrasco, Verónica María Sobrado Rodríguez, Miguel Alonso Riggs Baeza, María Marcela Torres Peimbert, Absalón García Ochoa, Óscar Martínez Terrazas, Vicente Javier Verástegui Ostos, Annia Gómez Cárdenas, Jorge Arturo Espadas Galván, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Dulce Alejandra García Morlán, Gloria Romero León, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Isabel Margarita Guerra Villareal, Ana Paola López Birlain, María del Pilar Ortega Martínez, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Felipe Fernando Macías Olvera, Adriana Dávila Fernández, Éctor Jaime Ramírez Barba, Xavier Azuara Zúñiga, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Saraí Núñez Cerón, Jaquelina Martínez Juárez, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Rosario Guzmán Avilés, José Salvador Rosas Quintanilla, Carlos Eliher Cinta Rodríguez, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Marco Antonio Adame Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta Soberanía, proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de la Llave, para llevar a cabo las investigaciones pertinentes a fin de esclarecer los hechos en torno al secuestro y asesinato de Florisel Ríos Delfín Alcaldesa de Jamapa, Veracruz, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En medio de la crisis sanitaria y económica que se padece, continúa creciendo la violencia en el Estado de Veracruz, particularmente en contra de las mujeres. Hoy se trata del asesinato de Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, Veracruz por el PAN-PRD, quien fuere secuestrada por un comando armado, privada de la vida y cuyo cuerpo fue encontrado la mañana del miércoles 11 de noviembre en un camino del poblado Ixcoalco, en el Municipio de Medellín tras un operativo implementados por elementos de seguridad pública, estatales y federales.

Cabe señalar que se trata de la segunda alcaldesa asesinada durante la administración del Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. La primera fue en abril de 2019, Maricela Vallejo Orea, Alcaldesa de Mixtla de Altamirano, quien además se encontraba embarazada.

Ante estos muy lamentables acontecimientos, el representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila, exigió al Gobernador Cuitláhuac García y a su Secretario de Gobierno que “en lugar de estar asediando y amenazando a los alcaldes de oposición cumplan con su función constitucional de brindar seguridad a los habitantes del estado de Veracruz. Hoy pedimos justicia por nuestra presidenta municipal y exigimos castigo a los responsables intelectuales y materiales. En Veracruz el crimen organizado ha rebasado al gobierno Estatal, pedimos que se garantice la seguridad de los alcaldes y alcaldesas de todo el estado, así como de sus ciudadanos”. 1 Así mismo, exigió el cese de los crímenes en contra de la oposición.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) encabezada por Hugo Gutiérrez Maldonado, confirmó que la hoy occisa fue levantada por un comando armado la mañana del 11 de noviembre del año en curso, y asesinada minutos después antes de llegar a la comunidad de El Chicle. A través de un comunicado, se dice que, de manera conjunta con fuerzas de los tres órdenes de gobierno, se han desplegad o acciones operativas en el municipio de Jamapa y sus alrededores, por los hechos en los que fue privada de la vida la presidente municipal Florisel Ríos Delfín, realizando trabajos de vigilancia por aire y tierra; bajo estricto apego a los protocolos establecidos, estableciendo filtros de revisión en diversos puntos carreteros, así como de la cabecera municipal. 2

En Acción Nacional expresamos nuestra profunda consternación, total desaprobación por el secuestro y asesinato de la Alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, quien al parecer ya había recibido amenazas, y exigimos a las autoridades competentes llevar a cabo las investigaciones pertinentes a fin de esclarecer los hechos referidos, identificar, detener y consignar a los responsables de tales delitos, cuya comisión agravia no solamente a la víctima y a sus familiares, sino a todos los mexicanos y, particularmente, a la sociedad Veracruzana.

Resulta urgente y prioritario en estos tiempos y en estas circunstancias garantizar la seguridad, la vida y la tranquilidad de la sociedad veracruzana, y ello solo será posible cuando se acabe la impunidad prevaleciente en la actual administración. Por lo anteriormente descrito, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXIV Legislatura condena el secuestro y homicidio de Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, estado de Veracruz, ocurrido el pasado once de noviembre de dos mil veinte.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXIV Legislatura exhorta a la titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, para que realice las investigaciones pertinentes a fin de esclarecer los hechos en torno al secuestro y homicidio de Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, estado de Veracruz, y se identifique, detenga y consigne ante las autoridades correspondientes a los responsables intelectuales y materiales de tan artero crimen.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXIV Legislatura exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, para que en el ámbito de sus atribuciones disponga la investigación correspondiente ante la posible responsabilidad, por acción u omisión, de los titulares de las Secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública de ese estado que tuvieron como consecuencia el secuestro y homicidio de Florisel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, estado de Veracruz.

Notas

1 Información consultada el 11 de noviembre de 2020 en:

https://www.xeu.mx/nota.cfm?id=1130145

2 Información consultada el 11 de noviembre de 2020 en:

https://plumaslibres.com.mx/2020/11/11/confirma-ssp-asesinado-de -alcaldesa-de-jamapa-por-el-pan-prd-florisel-rios-delfin/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2020.– Diputadas y diputados: Mariana Dunyaska García Rojas, Jesús Guzmán Avilés, María de los Ángeles Ayala Díaz, Hernán Salinas Wolberg, Martha Elisa González Estrada, Mario Mata Carrasco, Verónica María Sobrado Rodríguez, Miguel Alonso Riggs Baeza, María Marcela Torres Peimbert, Absalón García Ochoa, Óscar Martínez Terrazas, Vicente Javier Verástegui Ostos, Annia Gómez Cárdenas, Jorge Arturo Espadas Galván, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Dulce Alejandra García Morlán, Gloria Romero León, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Isabel Margarita Guerra Villareal, Ana Paola López Birlain, María del Pilar Ortega Martínez, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Felipe Fernando Macías Olvera, Adriana Dávila Fernández, Éctor Jaime Ramírez Barba, Xavier Azuara Zúñiga, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Saraí Núñez Cerón, Jaquelina Martínez Juárez, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Rosario Guzmán Avilés, José Salvador Rosas Quintanilla, Carlos Eliher Cinta Rodríguez, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Marco Antonio Adame Castillo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

EXHORTO A LA ASF, A REALIZAR UNA AUDITORÍA A LOS PROGRAMAS MIBICI Y MI TRANSPORTE, APLICADOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la ASF a revisar los programas Mi Bici y Mi Transporte, aplicados en la zona metropolitana de Jalisco, para descartar irregularidades financieras y administrativas, así como anomalías u omisiones vinculantes con actos de corrupción en las asignaciones de contratos a terceros o sus licitaciones, a cargo de la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a revisar los programas Mi Bici y Mi Transporte, aplicados en la zona metropolitana de Jalisco, para descartar irregularidades financieras y administrativas, así como anomalías u omisiones que puedan ser vinculantes con actos de corrupción, en las asignaciones de contratos a terceros o sus licitaciones, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hoy, el concepto movilidad en todo el territorio pasó de ser novedad a prioridad.

Ya no se trata de un tema de moda, ni de coyuntura, ni mucho menos de discurso propagandístico; en la actualidad las condiciones y opcionesde transporte, de interconectividad, así como también de tiempos de traslado, saturación de transporte público, seguridad pública en los medios de traslados y las desmedidas emisiones contaminantes del sector, son materia de urgencia.

A tal grado que se han visto obligados los gobiernos en sus tres niveles, a trabajar a marchas forzadas y destinar recursos significativos, para llevar a cabo la práctica y el desarrollo efectivo del traslado sustentable en todas sus vertientes.

Al menos así lo fue, hasta el sexenio pasado, a escala federal.

Privilegiando por supuesto, que la eficiente gestión de movilidad humana urbana y rural, es decir: “el transporte público eficiente” es una responsabilidad compartida entre el Gobierno Federal y las administraciones locales. Así quedó demostrado tanto en la operación como en la gestión durante el sexenio pasado, cuando desde la Presidencia de la República se gestionaron los proyectos de movilidad urbana más importantes para Jalisco y Nuevo León de los últimos 10 años.

Aquello, aunque insuficiente por la gran deuda que se tiene en la materia, fue un gran paso que logramos avanzar como país, no sólo los estados directamente beneficiados; hacia un México menos motorizado, más eficiente y más conectado.

Sin embargo, ahora mismo, esa responsabilidad compartida está rota. Los estados y la federación olvidaron su responsabilidad frente a una sociedad que está en movilidad permanente. Centran sus esfuerzos en discusiones que, en muchos de los casos, son más relevantes para la vida política del país y sus interesados particulares, que para la población en su conjunto y el ciudadano de a pie.

Y nuevamente llegamos al puntode inmovilidad, del que habíamos logrado tomar ventaja.

Sin duda alguna, mal y de malas en este y otros muchos temas, por la incapacidad del actual gobierno federal de advertir que ya agotamos en exceso, el modelo de movilidad por medio del automotor.

Y peor aún, por aferrarse a él, ya sea en su utilización y permanencia o incluso, en el desarrollo de infraestructura que lo motiva o inversión pública que lo alienta como la obstinada construcción de más refinerías que nos suministren gasolina más cara y más, sumamente contaminante.

Todo ello en franca posición de desdén a todos los efectos negativos y graves consecuencias que ya padecemos peligrosamente en nuestro desarrollo, economía e incluso, salud pública.

Se ha exterminado nuestra movilidad y también a la par, nuestra seguridad vial y peatonal; somos el séptimo lugar mundial y el tercero en Latinoamérica, en número de muertes por siniestros viales y la primera causa de muerte, entre nuestros jóvenes; y tristemente seguimos en la ruta de franco ascenso en la estadística. 1

Llegamos a la desproporción de teneren circulación diaria, a más de 31.6 millones de automóviles, 11.3 millones de camiones de carga y 400 mil camiones de pasajeros. 2

Un número de automotores inquietante y a la vez, causa y efecto del problema actual que todos sin importar el medio de transporte que sea de nuestra elección, padecemos.

Tenemos infinidad de vehículos circulando diariamente con un solo ocupante o bien, camiones de autotransporte de carga y de pasajeros, atiborrados, inseguros y además obsoletos física y mecánicamente; y, en contraparte, escasa o nula alternativa de movilidad a través de infraestructura para el desplazamiento sustentablepor ejemplo, en bicicleta o peatonal, y peor aún, sin políticas públicas de cultura vial.

Por eso en el país privan ciudades con innumerables muertes por atropellamiento de peatones o ciclistas, con caos vial, nula planeación urbana y un crecimiento desordenado.

Los ejemplos son muchos, pero basta mencionar la Ciudad de México o la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco; catalogadas como unas de las urbes más congestionadas y con el peor tráfico del mundo.

Ante todo esto, el compromiso de quienes integramos esta Soberanía de proponer, impulsar y apoyar todo aquello que ofrezca alternativas de movilidad, eficientes, y sustentables; debe de serdeterminante e incondicional.

Como también debe de ser nuestro compromiso por la revisión y aplicación correcta de todos los recursos que, en cualquier región del país, se destinen a proyectos de movilidad, a fin de evitar actos de corrupción o bien, el desvío de fondos públicos o la malversación de éstos en estos programas de suma importancia para el presente y el futuro de todos.

Y en este propósito, no hay jurisdicciones que se puedan apelar, ya que es de todos, el problema y debe de ser de todos, la solución.

Y más aún, si como hemos visto últimamente con franca razón y derecho, se invoca por parte de algunos gobernadores de diversos Estados de la República, un trato federalista en materia de asignación de recursos, más justo, equitativo, redistributivo y concordante con la realidad nacional.

Desde mi perspectiva personal, son válidos los razona-mientos de los gobernadores que así lo piden, porque creo firmemente que no podemos perder en materia de federalismo, nuestra capacidad de ponernos de acuerdo y de trabajar juntos, ni tampoco la de adaptarnos, mejorar y evolucionar, porque a fin de cuentas nos estamos refiriendo al dinero de todos y el beneficio común.

Pero también creo que a la par, que no podemos caer en la posición de querer redistribuir riqueza que todavía no tenemos y peor aún, a que en este llamado de conciencia federalista que diversos gobernadores han aclamado, se omita poner sobre la mesa, la contraparte obligada.

El federalismo no solo implica la exigencia de los derechos invocados, sino también conlleva a la par y bajo la misma importancia, la atención de las obligaciones y la responsabilidad adquirida.

Y en este nuevo pacto federalista que se está llamando a conformar, omitir la parte de las responsabilidades y de las obligaciones propias como la transparencia y la fiscalización de recursos, seria condenara la simulación, el engaño y la demagogia, esa justa demanda.

No podemos permitir que eso suceda, en ninguna de las partes involucradas; tanto en la federal, como en las estatales.

Por ese motivo considero que cualquier recurso público asignado a la movilidad en nuestro país, en nuestros estados y municipios, no es menor ni intrascendente, por el contrario, ante una política a nivel federal de desdén hacia éstos temas, estos recursos que en los estados se destinan, se vuelven imprescindibles y en muchos casos, determinantes.

En este orden de ideas y como jalisciense, comparto con la población de mi estado y la asumo como una demanda propia, la necesidad de tener la plena claridad y certidumbre de que los recursos que hayan sido destinados a programas en materia de movilidad en todo Jalisco, sean aplicados y ejercidos de manera correcta, eficaz, legal y también, transparente.

Para que regiones como la zona metropolitana de Guadalajara, o todo el Estado en sí mismo, esté a la altura de la atención de las necesidades de desarrollo que se requieren y por tanto, siga teniendo la capacidad de continuar aportando substancialmente a la economía local y nacional.

Así debe de ser en Jalisco, así debe de ser en todos los estados de nuestro país.

Por eso considero pertinente hacer una revisión imparcial y apegada a la ley, sobre algunos programas estatales que actualmente y de manera condenable, se encuentran inmiscuidos en la duda social y también en algunos casos, en la duda legalidad, sobre el manejo de sus recursos o bien, en la asignación de sus contratos y licitaciones.

Tal es el caso del programa Mi Bici que, de acuerdo con información oficial que se brinda, es un sistema de transporte público situado en el área metropolitana de Guadalajara, basado en la renta de bicicletas y operado, a su vez, por el Programa de Infraestructura para la Movilidad Activa. 3

Este programa no es menor, está coordinado por la Agencia Metropolitana de Servicios de infraestructura para la Mo-vilidad, creada como parte de la coordinación metropolitana entre los municipios que integran el Área Metropolitana de Guadalajara y el gobierno de Jalisco en 2019, siendo ésta además un organismo descentralizado intermunicipal. 4

Pero a pesar de su importancia y su transcendencia en materia de movilidad en más de 10 municipios altamente habitados de Jalisco, desafortunadamente este programase encuentra suspendido y con ello afectando en primera instancia a más de 86 mil usuarios que se transportaban de manera sustentable y eficiente, a través del servicio de bicicletas que ofrecía.

Todo ello, por enfrentar un recurso jurídico-administrativo interpuesto, ante la presunción de irregularidades, tráfico de influencias y conflicto de intereses en la licitación de renovación de su contrato.

Una situación lamentable, injustificable e inaceptable, que debe de ser investigada y sobre todo castigada sin importar el nivel que tengan los responsables de los actos de corrupción que sean probados.

El siguiente programa que considero se debe fiscalizar y dejar libre de cualquier duda o sombra de corrupción, tráfico de influencias o de intereses, es el denominado, Mi Transporte.

Mi Transporte es un programa coadyuvante junto con Mi Bici, y forma parte central de un nuevo modelo integrado de movilidad que el gobierno de Jalisco lleva a cabo a fin de garantizar el transporte público de calidad en la zona metropolitana de Guadalajara y otros municipios más del estado como parte fundamental y muestra de los alcances de su interconexión. 5

Este programa es sumamente ambicioso y sin duda alguna, si logramos que se aplique de manera honesta, fiscalizada y transparente; representará un significativo avance en materia de movilidad para el estado de Jalisco y una gran parte de su población, porque de acuerdo a la informaciónoficial proporcionada, no solo conlleva la recuperación de la rectoría y el ordenamiento del transporte de esa zona del estado, sino también el reordenamiento técnico de rutas de transporte, la actualización de sus sistema de pago, y la renovación de unidades de transporte público con tecnologías limpias. 6

Como se aprecia, estamos refiriéndonos a dos programas sumamente importantes en materia de movilidad para todo un estado y por ende a toda su población, programas cuyo reto es grande, la tarea significativa y la urgencia, preferente.

Programas centrados en proveernos las soluciones urgentes que requerimos como la disposición, fomento y el uso de medios alternativos de movilidad como la bicicleta, o transporte público con el uso de tecnologías limpias, y a la vez, empezar a garantizar la infraestructura adecuada que se requiere en el hoy y el mañana.

Programas que desafortunadamente se han visto salpicados de dudas en materia de corrupción, o bien, de asignación de contratos a terceras personas con evidentes problemas como el conflicto de intereses, quizás desde los más altos niveles del gobierno estatal; situación que desde ésta soberanía y quienes la integramos, no podemos permitir y estamos obligados a aclarar por el beneficio de todos, tanto gobierno como sociedad.

Ente este escenario, no podemos omitir la garantía de trans-parencia y fiscalización de los recursos públicos que las en-tidades disponen para la atención de sus necesidades, dinero de todos que no debe parar en los bolsillos de solo algunos.

Por ello, mayor vigencia recobra lo anterior, si sobre la mesa tenemos ecuánimes demandas de contribuciones de la federación hacia los estados, más justas y equitativas.

Ante eso, no podemos perder de vista o ignorar, que; el primer argumento y sustento de la exigencia de un mejor, eficiente y generoso federalismo, es demostrar y garantizar que lo poco que han recibido los gobernadores, lo han aprovechado en beneficio común, lo han utilizado de manera legal y trasparente, y lo han protegido de prácticas corruptas, deshonestas y sujetas a conflictos de intereses o tráfico de influencias, para hacersede manera mal habida, de ese dinero para su beneficio personal.

En materia de movilidad, tenemos que recordar el mensaje que las actuales generaciones han exclamado con justa razón; el mismo mensaje, que, sin duda alguna, al no hacer nada en el presente, las futuras generaciones nos reclamaran; es momento de entender y hacer algo contundente para quemar menosgasolina y quemar más calorías.

Por eso, exhorto en este punto de acuerdo a que la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a los programas Mi Bici y Mi Transporte, aplicados en la Zona Metropolitana del Estado de Jalisco, para descartar irregularidades tanto financieras como administrativas, así como también anomalías u omisiones que puedan ser vinculantes con actos de corrupción, en las asignaciones de contratos a terceros o sus licitaciones.

Porque antes de pedir más, debemos de dar la certidumbre de que lo poco que se tiene actualmente, se cuida al margen de la ley.

No hacerlo así, nos trasmuta en demagogos; no exigirlo así, nos convierte en cómplices.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a revidar los programas Mi Bici y Mi Transporte, aplicados en la zona metropolitana de Jalisco para descartar irregularidades financieras y administrativas, así como anomalías u omisiones que puedan ser vinculantes con actos de corrupción, en las asignaciones de contratos a terceros o sus licitaciones.

Notas

1 Instituto Nacional de Salud Pública, 2017.

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

3 mibici.net

4 mibici.net

5 mimovilidad.jalisco.gob.mx

6 mimovilidad.jalisco.gob.mx

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2020.– Diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

SE HAGA PÚBLICO EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE INCLUYAN EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE CÁNCER DE MAMA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a hacer público el avance en la elaboración e implantación de los programas de atención del cáncer derivados del Programa Sectorial de Salud que incluyan el tratamiento integral de cáncer de mama, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2; 65, 76, numeral 1, fracción II; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. De acuerdo con el sitio infocancer.org.mx del Instituto Nacional de Cancerología (Incan) se estima que en el año 2018 la carga del cáncer ascendió a 18 millones de casos nuevos y 9.6 millones de muertes. 1

2. Dos de los principales factores para el aumento de la incidencia de cánceres son: el crecimiento poblacional y el envejecimiento; la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para el 2030 los casos nuevos sobrepasarán los 20 millones anuales, pero el organismo internacional también hace énfasis en señalar que esas cifras podrían reducirse significativamente con la implementación de políticas públicas y acciones de los gobiernos, pues se calcula que entre 30 por ciento y 50 por ciento de ellos son prevenibles mediante la promoción en la población de hábitos saludables, vacunación y diagnósticos y tratamientos oportunos. 2

3. En México, hasta el año 2019, el cáncer era la tercera causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, siendo los cánceres de mama, de próstata, cervicouterino, colon y de pulmón los más recurrentes en la población. 3

4. Desafortunadamente, en nuestro país se cuenta con altas tasas de letalidad en la mayoría de los tipos de cáncer, ya que según datos del Incan, la detección se da en etapas avanzadas en 60 por ciento de los casos, cuando las posibilidades de realizar tratamientos conservadores, de bajo costo y mayor efectividad es menos probable. Lo anterior hace al cáncer una enfermedad de alto costo para el Sistema Nacional de Salud y para aquellos que la padecen.

5. Es por lo anterior que resulta fundamental lograr ampliar la cobertura en salud que incluya acciones preventivas para la detección oportuna y tratamiento adecuado de todos los tipos de cáncer presentes en nuestro país, enfatizando las acciones en aquellos que generan más muertes en nuestro país.

6. Durante la presente administración se ha llevado a cabo el planteamiento de políticas públicas y programas nacionales que permitan atender de mejor manera el tema, es por esto que se presentó el Programa de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, 4 a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), que señala que:

“...es una estrategia para diagnosticar oportunamente la enfermedad en niñas, niños y adolescentes, con la intención de brindar un tratamiento anticipado, que repercuta en la mortalidad.”

Lo anterior, señala la propuesta, lograría que en un esquema similar a países desarrollados, al menos 80 por ciento de los pacientes diagnosticados lograran curarse.

7. En el caso del cáncer de mama, la OMS afirma que el cáncer más frecuente entre las mujeres es el de mama. A nivel mundial representa 16 por ciento de todos los cánceres femeninos 5 y se estima que cada año se detectan 1.38 millones de nuevos casos. 6

8. En México, el cáncer de mama ha tenido un incremento constante tanto en su incidencia como mortalidad en las últimas tres décadas. Acorde al reporte del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, la incidencia se incrementó entre 2000 y 2013 llegando de 10.76 casos por 100 mil habitantes a 26.1 por cada 100 mil mujeres mayores de 25 años, estimando 23 mil 873 nuevos casos en 2013. 7

9. De acuerdo con la Tarjeta temática: morbilidad y mortalidad, que forma parte del Sistema de Indicadores de Género del Instituto de las Mujeres,en México, en el año 2018 ocurrieron 7 mil 311 defunciones de mujeres por tumor maligno de mama en México, de los cuales, en 54 casos fueron hombres los que fallecieron. 8

10. La propia Secretaría de Salud ha señalado que las acciones de detección oportuna son costo efectivas para lograr mayor sobrevivencia en mujeres diagnosticadas y por ello es importante implementar un Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer en México, como se señaló en el Blog oficial 9:

“En México, en las últimas décadas, el control de esta enfermedad crónico degenerativa tiene grandes avances en la calidad de años que el paciente vive con la enfermedad; en el caso del cáncer de mama, la mastografía resulta una estrategia costo-efectiva en el diagnóstico oportuno en 80 por ciento de los casos detectados en mujeres.

Dado que el cáncer es un padecimiento que tiene un alto impacto psicológico, social y económico entre la población económicamente activa, es preciso que las políticas públicas permitan un adecuado control de los programas como el Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer en México, para la detección temprana, el tratamiento, los cuidados paliativos y la rehabilitación del paciente.”

11. En este sentido, el doctor Abelardo Meneses, director general del Incan 10 ha señalado que:

“...en México, el acceso a programas de prevención y detección temprana es muy limitado. Los esfuerzos en estas importantes áreas están poco organizados y en general, carecen de presupuesto para lograr su funcionamiento óptimo”.

El doctor señala que el Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer en México (PIPCCM), busca mejorar aspectos preventivos y de detección temprana y los sistemas de atención, para que los pacientes en etapas avanzadas puedan recibir tratamiento paliativo con el fin de mejorar su calidad de vida, es importante señalar que el programa incluye la vertiente del fortalecimiento de infraestructura para el diagnóstico y tratamiento.

12. El 23 de octubre de 2014, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, instruyó a la Secretaría de Salud el desarrollo de un Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer en México (PIPCCM) que fue implementado por el Incan, para unificar planes de diagnóstico y tratamiento de los pacientes con cáncer en el país. De acuerdo con la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 11:

“El diseño del PIPCCM incluyó el análisis riguroso de la situación epidemiológica en nuestro país, desde los factores de riesgo para este grupo de enfermedades hasta la mortalidad por cáncer. Asimismo, identifica las necesidades que existen entre el personal y la infraestructura con que se cuenta, y la situación ideal de éstos para hacer frente a la enfermedad a nivel nacional”.

13. El Programa Sectorial de Salud 2019-2024 (Prosesa) publicado el 17 de agosto de 2020, se señala como parte de importante de la integración de los objetivos prioritarios la atención a enfermedades crónicas no transmisibles, como es el cáncer, como el principal reto para el sistema de salud tanto por su magnitud como el gran impacto en mortalidad prematura y deterioro de la calidad de vida y los costos de atención de sus complicaciones. 12

Considerandos

Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4o. establece el derecho a la protección de la salud, del cual debe gozar toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna; texto constitucional que en su parte conducente es del tenor siguiente:

“Artículo 4o. ...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.”

Segundo. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo octavo señala que:

“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”

Tercero. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido con el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 6o., numeral 1, fracción I; mismo que señala:

“Artículo 6.

1. Serán derechos de los diputados y diputadas:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante la Cámara;

...”

Cuarto. Que el ordenamiento antes señalado precisa en el artículo 79, numeral 1, fracción II, lo siguiente:

“Artículo 79.

1. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, a través de:

I. ...

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los poderes de la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios, y

2. a 3. ...”

Quinto. Que la presente proposición con punto de acuerdo da cumplimiento a lo señalado por la fracción I del numeral 2 del artículo 79, y se sujetará a lo previsto por las fracciones II y V del numeral 2 del mismo artículo:

“Artículo 79.

1. ...

2. Las proposiciones con punto de acuerdo se sujetarán a lo siguiente:

I. Deberán presentarse a través de un escrito fundado, con una propuesta clara de resolutivo y firmadas por sus autores;

II. Las proposiciones presentadas por las diputadas y los diputados y las que se registren a nombre de Grupo, pasarán a comisión;

III. a IV. ...

V. Las proposiciones que la Junta no considere proponer ante el Pleno con el carácter de urgente u obvia resolución, se tramitarán conforme al artículo 62, numeral 3 de este Reglamento;

VI. a VII. ...

3. ...”

Sexto. Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Salud es materia de salubridad general:

“Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I. a X. ...

XI. Educación para la salud;

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XIII. a XV. ...

XVI. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes;

XVI. a XXVIII. ...”

Séptimo. Que el capítulo II Educación para la Salud de la Ley en cita señala que:

“Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.”

Noveno. Que la ley citada en el considerando anterior en su artículo 39 fracción VI, manifiesta que corresponde a la Secretaría de Salud:

VI. Planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer la adecuada participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud. Asimismo, propiciará y coordinará la participación de los sectores social y privado en dicho sistema y determinará las políticas y acciones de concertación entre los diferentes subsistemas del sector público;

Décimo. Que el presente exhorto se encuentra en correspondencia al apartado dedicado al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar del PND, donde se señala que se priorizarán las acciones encaminadas a la prevención de enfermedades mediante campañas de concientización e inserción en programas escolares de temas de nutrición, hábitos saludables y salud sexual y reproductiva, siendo el cáncer de mama parte de las estrategias de las autoridades encargadas de salud sexual y reproductiva.

Undécimo. Que el objetivo del presente documento se encuentra alineado a lo establecido en el Prosesa para la disminución del impacto de las enfermedades no transmisibles (ENT) entre las que se encuentra el cáncer, en el cumplimiento del objetivo prioritario 5. Mejorar la protección de la salud bajo un enfoque integral que priorice la prevención y sensibilización de los riesgos para la salud y el oportuno tratamiento y control de enfermedades, especialmente, las que representan el mayor impacto en la mortalidad de la población y la Estrategia prioritaria 5.1 Mejorar la cobertura, el acceso equitativo y la calidad en servicios de salud para el diagnóstico y tratamiento oportuno de las ENT para reducir su incidencia en la población, especialmente en los grupos históricamente discriminados o en condición de vulnerabilidad, ya que en su Acción Específica 5.1.5 señala:

“5.1.5 Instrumentar estrategias y programas nacionales para la prevención y control de las ENT, con mayor impacto en la salud de la población bajo un enfoque de curso de vida y perspectiva de género.”

Duodécimo. Es importante señalar que en materia de cáncer de mama, el Prosesa en el apartado referido en el considerando anterior en la Estrategia prioritaria 5.5 Fortalecer los servicios de salud y asistencia social brindados a mujeres para promover el goce pleno de la salud durante todo el ciclo de vida, bajo un enfoque integral y diferenciado, con perspectiva de género y pertinencia cultural, señala como acciones específicas 13:

...

5.5.3 Mejorar la detección y tratamiento del cáncer cérvico uterino y de mama, para disminuir los efectos negativos derivados de estos padecimientos.

5.5.4 Fomentar el acceso de las mujeres a los servicios de salud, bajo un enfoque integral más allá de la salud sexual y reproductiva y sensible a las particularidades de su ciclo de vida.

5.5.5 Promover campañas que procuren, estilos de vida saludables y la prevención en padecimientos que predominan y afectan a las mujeres, través de la coordinación interinstitucional y un modelo integral, bajo un enfoque multicultural y territorial.

...

Durante todo mi desempeño legislativo, me he compro-metido a trabajar de manera coordinada con el gobierno de México para hacer visibles las necesidades y generar acciones que mejoren las condiciones y calidad de atención de los más vulnerables, por lo que estoy convencida de la necesidad de llevar a cabo acciones coordinadas que atiendan las principales causas de muerte entre los mexicanos. Plasmar en un programa nacional las acciones concretas para atender los cánceres, haciendo énfasis en aquellos que aquejan a las mujeres permite mejorar las condiciones de tratamiento y mejorar el desenlace de los padecimientos.

Miles de familias mexicanas enfrentan año con año la atención para uno de sus miembros por cáncer. En el caso de las mujeres mexicanas, el cáncer de mama la diferencia entre la vida y la muerte se logra a través de protocolos adecuados que permitan el acceso a diagnósticos oportunos, acompañamiento emocional profesional, tratamientos adecuados y reconstrucción mamaria, para que el diagnóstico no signifique que la vida está por terminarse, sino que una nueva etapa de transformación comienza.

El contar con un programa nacional de cáncer, permitirá que todas las mujeres que enfrenten el cáncer de mama hoy día y en el futuro, puedan estar seguras de que existe un plan para su atención, presupuesto asignado, infraestructura, planes de capacitación a personal médico y paramédico, con la finalidad de que accedan a las mejores condiciones de atención posible, que ninguna se quede sin tratamiento o la posibilidad de reconstruirse por personal especializado y recursos financieros públicos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que haga públicos los avances que han tenido el Centro Nacional de Programas Preventivos y la Comisión Coordina-dora de Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad en la elaboración e implementación de los programas de atención de cáncer derivados del Programa Sectorial de Salud 2019-2020, del mismo modo solicitar que incluyan estrategias para lograr el tratamiento integral de cáncer de mama desde diagnóstico oportuno, acompaña-miento emocional, tratamiento adecuado, reconstrucción mamaria, tratamiento de linfedema y, en caso necesario, cuidados paliativos.

Notas

1 El Cáncer en el Mundo y en México. Instituto Nacional de Cancerología. México. 2020. Fuente:

https://www.infocancer.org.mx/?c=conocer-el-cancer&a=estadis -ticas-mundiales-y-locales Consultado el 20 de noviembre 2020.

2 Prevención y Diagnóstico Oportuno de Cáncer. Sociedad Mexicana de Oncología. 2016. Fuente:

https://www.smeo.org.mx/descargables/COPREDOC_GUIA.pdf Consultado el 20 de noviembre 2020.

3 Cáncer en México: cifras, tipos de padecimientos y cómo evitarlos. Blog Informativo. Universidad Tecnológica de México- UNITEC. 2019. Fuente:

https://blogs.unitec.mx/salud-2/tiposcancer Consultado el 20 de noviembre 2020.

4 Programa de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Secretaría de Salud, México. 16 de abril 2019. Fuente:

https://www.gob.mx/salud/censia/acciones-y-programas/programa-ca ncer-en-la-infancia-y-la-adolescencia. Consultado 20 de noviembre 2020.

5 Cáncer de mama: prevención y tratamiento, OMS.

http://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index1.html

6 Octubre: Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, OMS.

http://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/es/

7 Consenso Mexicano de sobre diagnóstico y tratamiento de cáncer mamario 2019. Colima, México. Consulta aquí

8 Tarjeta Temática: Morbilidad y Mortalidad. Sistema de Indicadores de Género, Instituto de las Mujeres. 2019. Consulte aquí?

9 038. “El cáncer es prevenible en cuatro de cada diez casos”. Blog. Secretaría de Salud. 05 de febrero 2019. Disponible en

https://www.gob.mx/salud/articulos/avances-en-la-prevencion-y-co ntrol-del-cancer?idiom=es . Consultado el 13 de oct. de 20 20.

10 “Programa Integral de Prevención y Control del Cáncer en México”. Revista Líderes Médicos. México. Septiembre 2015. Fuente:

http://www.lideresmedicos.com/wp-content/uploads/2015/ 02/REVISTAINCANSEPTIEMBRE-WEB.pdf Consultado 20 de noviembre 202

11 El Incan, encargado de ejecutar el programa integral de prevención y control de cáncer en México. Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, Secretaría de Salud. México. 24 de agosto 2016. Fuente:

https://www.gob.mx/insalud/articulos/el-incan-encargado-de-ejecu tar-el-programa-integral-de-prevencion-y-control-de-cancer-en-mexico?idiom=es Consultado 20 de noviembre 2020.

12 Programa Sectorial de Salud 2019-2024, Secretaría de Salud. México 17 de agosto 2020. Fuente:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598474&fecha=17/0 8/2020 Consultado 20 de noviembre 2020.

13 Programa Sectorial de Salud 2019-2024, Secretaría de Salud. México 17 de agosto 2020. Fuente:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598474&fecha=17/0 8/2020 Consultado 20 de noviembre 2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2020.– Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE HAGA PÚBLICA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES DE LA CONSULTA CIUDADANA PARA EL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA NUCLEAR EN BAJA CALIFORNIA

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener y la CFE a hacer pública la información sobre los avances de la consulta ciudadana y estudios donde se indiquen costo-beneficio, inversión inicial y fechas probables para comenzar la construcción de la planta nuclear en BC, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, María del Carmen Cabrera Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que en el ámbito de sus competencias, haga pública la información sobre los avances de la consulta ciudadana y estudios, en donde se indique el costo-beneficio, la inversión inicial y fechas probables para el inicio de la construcción de la planta nuclear en el estado de Baja California con base en lo siguiente

Planteamiento del problema

México es un país que cuenta abundantes recursos hidráulicos, eólicos y geotérmicos, además de grandes yacimientos de metales y no metales, por ejemplo, el litio. Un factor relevante es que el país cuenta con cerca de cinco regiones que tienen una considerable radiación solar, y con ello las posibilidades de prosperar en este mercado es amplio.

Grafica 1 Consumo de energía para la generación eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional, Nucleoenergía-Combustible. (Petajoules)

Como se observa de acuerdo con el Sistema de Información Energética, en los últimos 18 años no se ha potenciado la energía nuclear, misma que puede tener un impacto positivo para el país, por otro lado, en ese mismo periodo de tiempo la energía eléctrica a base de combustóleo ha tendido a la baja.

En ese tenor, el pasado 26 de octubre del año en curso, dentro de la Cámara de Senadores, la titular de la Secretaría de Energía (Sener) Rocío Nahle afirmo que “es tiempo de que se hable de energía nuclear, una micro planta en la península de Baja California podría ser una realidad”, en esa ocasión también informo que los estudios y consultas para la construcción de la micro planta en el norte del país están a cargo de la CFE.

Si bien, en México la única planta de energía nucleoeléctrica es la Laguna Verde ubicada en el estado de Veracruz, la cual con su renovación de licencia operara hasta el 2050, desde 2019 el titular de la CFE, Manuel Barlett, indicaron su interés por construir cuatro reactores más en el país.

Sin embargo, la CFE aun no informa sobre los avances de los estudios, ubicación y costos de la micro planta nuclear que se pretende construir en Baja California, así como tampoco se ha informado sobre las consultas a la población del estado.

De acuerdo con la revista Forbes el costo por cada reactor nuclear con una capacidad instalada de 1,400 megawatts (MW) sería de 7,000 millones de dólares (mdd), aproximadamente para una vida de 60 años, considerando que cada megawatt de capacidad instalada cuesta 5 mdd, según estimaciones de la empresa productiva del Estado . 1

Por otro lado, los mini-reactores han tenido un auge en todo el mundo, es decir que por un lado abonan a la generación de energía nuclear y a la vez minimizan los riesgos de malos procedimientos que pueden provocar desastres de seguridad, tal es el caso que al día de hoy Nuscale en Estados Unidos y Rolls-Royce en Reino Unido trabajan en desarrollos pequeños reactores modulares, los cuales trabajan con núcleos de menor tamaño, lo que ayuda a evitar el sobrecalentamiento. 2

Si bien, como toda central nuclear, se generan residuos que necesitan un tratamiento adecuado, así como planes para su administración, pero debido a su naturaleza de estar libres de carbono, cada vez hay más voces que les apoyan.

De acuerdo con el análisis que se realizó el pasado 10 de agosto en la revista Energía a Debate 3, se sustenta y concluye:

La energía nuclear es la fuente de generación eléctrica con el factor de capacidad más alto, alrededor de 95 por ciento, mientras que el factor de capacidad de plantas conven-cionales que utilizan gas natural o combustóleo es aproxi-madamente de 50 por ciento, y el de las plantas de energía eólica y fotovoltaica alcanzan 35 y 20 por ciento, respectivamente.

En meses recientes, se ha presentado un fuerte debate entre el gobierno federal y la industria privada del sector energético, en torno a las nuevas estrategias en la política energética y a los costos indirectos asociados a las energías renovables, en concreto, la fotovoltaica y la eólica por su naturaleza, son energías con alta intermitencia y por lo tanto requieren de capacidades de respaldo capaces de entrar en operación de forma rápida y confiable cuando las intermitentes no sean capaces de producir. Además, por su ubicación en zonas alejadas de los centros de consumo, se requieren inversiones en líneas de transmisión.

Por otra parte, es importante señalar que el beneficio ecológico que se busca con las energías renovables se ve mermado por la inevitable afectación a los ecosistemas es decir que desafortunadamente, la generación de electricidad con energía nuclear ha sido y sigue siendo objeto de grandes controversias, muchas de ellas producto de la desinformación. Pero la industria nuclear ha demostrado claramente sus beneficios tales como:

• Los costos de generación de la energía nuclear son significativamente más bajos que los costos de las energías renovables intermitentes, incluyendo los costos asociados con el manejo y almacenamiento de residuos.

• La energía nuclear es la fuente de generación eléctrica más segura.

• En términos ambientales, la energía nuclear tiene un muy bajo impacto y utiliza significativamente menos materiales para producir la misma cantidad de energía que otras fuentes de generación convencional o renovable.

• En lo referente al manejo de los residuos, la industria nuclear es la única industria del sector que internaliza los costos del manejo de sus residuos y está sujeta a normas internacionales para el manejo de desperdicios. Contradictoriamente, a pesar del creciente número de proyectos fotovoltaicos, en México aún no existe un centro para el manejo de materiales de desecho de las plantas fotovoltaicas (muchos de estos altamente tóxicos como el plomo, cadmio o selenio).

Es importante mencionar que el desarrollo y el crecimiento económico van asociados a un mayor consumo energético. Para el futuro, el hidrógeno se ve como una alternativa sumamente atractiva, pero se requeriría de grandes cantidades de energía para poder obtener este elemento, como lo es la energía nuclear la cual necesita de fuentes complementarias con menores costos de inversión inicial y menor complejidad técnica. La energía nuclear puede y debe ser un componente importante de nuestra matriz energética, por lo que es importante retomar este tema con seriedad, a la luz de los grandes retos en materia energética y los compromisos para el cuidado del medio ambiente.

Por lo que esta es una creencia que confunde a algunas personas que carecen de información acerca de las centrales nucleares y es la principal causa de temor, “Es imposible que un reactor nuclear explote como una bomba atómica, porque no pueden conjuntarse las distintas condiciones que se requieren para que la explosión tenga lugar. Una explosión en una bomba es el resultado de una reacción en cadena sin control y se produce con uranio altamente enriquecido en un porcentaje superior a 95 por ciento, el uranio del reactor contiene sólo 4 por ciento de dicho material”, 4 esto explica lo que se ha mencionado antes.

Sobre las posibilidades planteadas en México ante la posibilidad de llevar adelante la instalación de otros cuatro reactores nucleares, con una vida útil de 60 años y un costo superior a los 7.000 millones de dólares cada uno de ellos y con una capacidad instalada de 1,400 MegaWatts, donde cada MW de capacidad instalada equivale a 5 millones de dólares, según los anuncios realizados por la CFE.

Aunque siempre se ha hablado que la inversión inicial es alta para este tipo de plantas, el mantenimiento y costos operativos no resultan tan onerosos, por lo que las cifras reflejadas a principios de año establecían una media inferior a un dólar por cada gigajoules generado en una central nucleoeléctrica, mientras que puede alcanzar entre tres y cuatro dólares en una planta de ciclo combinado de gas natural y vapor, y ni hablar del diésel donde llega a 20. 5

El crecimiento y la confianza en esta tecnología se lleva adelante a nivel mundial con la construcción de 55 reactores tomando en cuenta que a la fecha 11 por ciento de la electricidad proviene de esta tecnología, la cual cuenta en más de 30 países con unos 450 reactores en funcionamiento, datos suministrados por el Organismos Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas. 6

Derivado de lo anterior, es importante que estas dependencias den información clara y precisa de los estudios previos a la construcción de la micro planta nuclear en Baja California, que aún se tiene como un proyecto y que al tratarse de recursos públicos debe informarse a la brevedad sobre el costo de la inversión inicial.

Por lo antes expuesto, pongo a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, para que, en el ámbito de sus competencias, haga pública la información sobre los avances de la consulta ciudadana y estudios, en donde se indique el costo-beneficio, la inversión inicial y fechas probables para el inicio de la construcción de la planta nuclear en el estado de Baja California.

Notas

1 26 octubre; CFE analiza construir una planta nuclear en Baja California,

https://www.forbes.com.mx/negocios-cfe-planta-nuclear-baja-calif ornia/

2 27 de octubre; Gobierno Federal va por planta nuclear en Baja California: CFE será la encargada de construirla si se aprueba,

https://www.xataka.com.mx/energia/gobierno-federal-va-planta-nuc lear-baja-california-cfe-sera-encargada-construirla-se-aprueba

3 10 de agosto: Energía nuclear en México: un logro poco valorado,

https://www.energiaadebate.com/energia-limpia/energia-nuclear-en -mexico-un-logro-poco-valorado/

4 Central Nucleoeléctrica Laguna Verde;

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/pere/

5 28 de octubre; México Apuesta Por Una Nueva Planta Nuclear,

http://reporteenergia.com/v2/?p=13662

6 Ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2020.– Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

ACCIONES PARA PREVENIR, COMBATIR Y CASTIGAR EL ABUSO SEXUAL CONTRA LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las autoridades correspondientes a establecer acciones para prevenir, combatir y castigar el abuso sexual contra niños y adolescentes en México, a cargo de la diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada federal Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El abuso sexual infantil es considerado un tipo de maltrato, siendo uno de los problemas de salud pública más graves que pueden afrontar las niñas, niños y adolescentes en la sociedad.

La Organización Mundial de la Salud define al abuso sexual infantil como “los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder” 1

Save the Children define que “el abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia que conlleva a efectos devastadores en la vida de los niños y niñas que lo sufren,” 2 al vulnerar no solo el desarrollo físico, sino psicológico de una manera irreversible en un menor.

Esta aberrante práctica en contra de los menores supone la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una persona (un adulto u otro menor de edad), realizado en un contexto de desigualdad a través del engaño, la fuerza, la mentira o la manipulación.

Cuando un o una menor de edad es víctima de abuso sexual, no solo se erosiona su salud física y mental, sino que pone en riesgo su bienestar a futuro, al provocarles afecciones irreparables en su vida futura. Las mujeres que sufrieron abusos tempranos tienen dos veces más probabilidad de suicidio que las que no los sufrieron.

Igualmente, las personas que padecieron estos abusos tienen cuatro veces más probabilidad de sufrir desórdenes psiquiátricos y tres veces más de consumir substancias, en comparación con quienes no los experimentaron (Domínguez, Nelke, Perry 2002). Cabe resaltar que las consecuencias por haber sufrido abuso sexual no solo las sufren las víctimas y a sus familias, sino que también acaban repercutiendo a toda la sociedad en su conjunto.

La Organización Mundial de la Salud sostiene que una de cada 5 niñas y uno de cada 13 niños es víctima de abuso sexual intrafamiliar (OMS, 2016).

Para el caso de nuestro país, la Asociación Aldeas Digitales SOS afirmó que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año . Aparte de ocupar el primer lugar en este delito, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia Unicef, menciona que nuestro país tiene los presupuestos más bajos para combatir este flagelo, ya que sólo el 1 por ciento de los recursos para la infancia está destinado a la prevención y protección del abuso sexual y la explotación.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil que se celebra el 19 de noviembre de cada año, el Inegi reporta que es alarmante al decir que “de mil casos de abuso, sólo se denuncian ante la justicia 100, de esos, sólo 10 van a juicio y de ahí, solo uno llega a condena. Es decir, la impunidad es de 99 por ciento y la cifra negra, aún mayor”. 3

Por su parte, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México afirma que los principales agresores sexuales de menores de edad son los propios familiares seguido de maestros y sacerdotes.

A pesar de estar regulado en nuestro país como un delito a través del Código Penal Federal, en sus artículos 261o. y 262o., en donde se señala que a quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor alcanzaran un máximo de 13 años si no hay violencia, en caso de existir indicios de violencia la pena alcanza un máximo de 20 años en prisión, estos actos persisten.

Es lamentable que frente a la contingencia sanitaria que atraviesa nuestro país, y que, como estrategia de contención las autoridades sanitarias decretaron medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio en los hogares, se ha dado un alarmante aumento de casos de abuso sexual en contra de menores. Las fuentes que han documentado, que la mayoría de los incidentes de abuso sexual en contra de menores y suceden en la propia casa de la víctima a manos de los familiares.

Las circunstancias actuales, están obligados a permanecer tiempo completo a víctima y victimario. Resulta paradójico que mientras las autoridades han hecho todo los posible por protegernos del enemigo invisible de covid-19, se están dejando de lado a otros enemigos que sí son visibles dentro de los propios hogares dejando graves alteraciones en el desarrollo físico y emocional de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

El coordinador nacional de Protección Infantil de Aldeas Infantiles SOS México afirma que tras la pandemia, aunque no existen datos exactos, en el aumento de casos de abuso sexual, el parámetro con el que se mide el posible impacto de la problemática son   las “más de 115 mil llamadas de emergencia de incidente contra mujeres, niñas, niños, como abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja o abuso sexual y violencia familiar”. 4

Por su parte, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2019, se refleja que 10 de las 32 entidades federativas concentraron el 86 por ciento de la denuncia de violencia sexual contra menores: estado de México, Puebla, Baja California, Nuevo León, Ciudad de México, Chihuahua, Oaxaca, Campeche, Coahuila y Zacatecas, por su parte, Tlaxcala, Tamaulipas, Jalisco e Hidalgo no reportaron ningún caso de violación equiparada en 2019, sin embargo, esto no quiere decir que en dichas entidades no se haya presentado ningún caso sino que no fueron denunciados o las fiscalías no elaboraron las carpetas de investigación en tiempo y forma, para presentar cifras al respecto. 5

Un dato que vale la pena destacar en esta problemática, es que en México los delitos sexuales, que llegan a ser denunciados, no se castigan de la misma forma, la legislación en la materia carece de una homologación en sus códigos penales, por lo que cada entidad federativa define a su criterio en su código penal la sanción a este tipo de delito.

Al realizar una revisión de los códigos penales de las 32 entidades federativas, se encontró que se utilizan términos diferentes para referirse a la figura de abuso sexual infantil resaltando que: en Aguascalientes el delito de abuso sexual infantil se encuentra tipificado como “hostigamiento sexual”, en Nayarit el abuso sexual infantil se tipifica como “atentados al pudor” y al tratarse de términos distintos, las sanciones legales son diferentes.

El abuso sexual infantil es un problema que afecta a toda la sociedad. Hoy en día se requieren medidas urgentes para detener y castigar el abuso sexual en contra las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, a través de la generación del entorno de convivencia seguros, así como normas jurídicas homogéneas que protejan la integridad de las niñas, niños y adolescentes del país aunado al fomento de la cultura de la denuncia.

Atendido a lo establecido en el capítulo octavo de la Ley General de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes en donde se establece el derecho de acceso a una vida libre de violencia y a la integridad personal de los menores, y frente a esta situación de posible aumento de los casos de abuso sexual de menores en el seno familiar, es importante que tanto autoridades federales, como las autoridades de las entidades federativas actúen bajo las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos de abuso sexual. Es por lo anteriormente expuesto que se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta a los Congresos locales de las 32 entidades federativas para que tipifiquen el abuso sexual infantil armonizándolo con el tipo penal previsto en el Código Penal Federal vigente.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de Unión, de manera respetuosa, exhorta a las Fiscalías y Procuradurías estatales de las 32 entidades federativas a dar un seguimiento puntal a las carpetas de investigación por el delito de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, ante el aumento de los casos en este delito.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de Unión de manera respetuosa, exhorta a la Secretaría de Gobernación del gobierno federal para que a través de campañas informativas en los medios de comunicación se fortalezca la cultura de la denuncia ante cualquier acto de violencia en contra de la niñez mexicana.

Notas

1 https://www.who.int/topics/child_abuse/es/#:~: text=El%20maltrato% 20infantil%20se%20define,salud%2C%20desarrollo%20o%20dignidad%20del

2 https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/violencia_ sexual_contra_losninosylasninas.pdf

3 https://www.elheraldodesaltillo.mx/2020/11/19/mexico-primer-lugar-en-pederastia -99-de-los-casos-son-impunes-reinserta/

4 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/12/el-confinamien-to-por-la-pand emia-de-covid-19-agudizo-el-abuso-sexual-infantil-en-mexico/

5 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/es-2019-el-ano-con-mas-ata-ques-sexuales- menores

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2020.– Diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.