INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 2 de septiembre de 2020 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica), presidenta.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

2. Que expide la Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana, suscrita por los diputados María Lucero Saldaña Pérez, Fernando Galindo Favela y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

3. Que reforma los artículos 211 Bis 2 y 225 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

4. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

5. Que adiciona un artículo 31 Ter a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Seguridad Social, para dictamen, y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para opinión.

6. Que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de Registro Nacional de Deudores Alimenticios Morosos, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

7. Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a fin de garantizar los derechos laborales de los periodistas, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

8. Que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

9. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de garantizar los derechos de los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisiones Unidas de Igualdad de Género, y de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para opinión.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, para celebrar una Sesión Solemne con motivo del 50 Aniversario de la muerte del General Lázaro Cárdenas del Río, el 19 de octubre de 1970, en la Ciudad de México, a cargo del diputado Hirepan Maya Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Junta de Coordinación Política para su atención.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la UNAM, a habilitar una opción en línea para trámites de expedición de certificados de estudios y títulos profesionales y al Conacyt, a garantizar a los estudiantes que han tramitado el certificado de estudios y/o título profesional ante la DGAE, la postulación y el acceso de becas nacionales para realizar estudios de posgrado, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, así como a diversas secretarías de Estado y a los 32 poderes ejecutivos de las entidades federativas, a llevar a cabo acciones en territorio nacional e internacional para conmemorar el 10 Aniversario del reconocimiento internacional de la importancia de la gastronomía mexicana, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, mismo que data del 16 de noviembre de 2010, a cargo de la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE, a cancelar el registro actual de los partidos políticos a los que se les vincule con la obtención de recursos en dinero o en especie de manera ilegal y que sean sancionados, conforme a lo procedente por ley, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales, estatales y municipales, a investigar la mortandad de peces en la laguna El Carpintero y en el Canal de la Cortadura en Tampico, Tamaulipas, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Pesca, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de San Luis Potosí, a exhortar a la Auditoría Superior del estado, a realizar una investigación, pública y transparente sobre el proceso de licitación pública nacional No. MSLP-OM-LPN-05-2020, suscrito por el diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SHCP y a la SCT, a que en coordinación con el Gobierno de Jalisco, lleven a cabo las acciones necesarias para reactivar las obras federales en materia de infraestructura carretera en los municipios de Cihuatlán y la Huerta, específicamente en los tramos de la carretera 200 que van de El Tuito-Melaque, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Infraestructura, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud federal y estatales, a crear y promover campañas de prevención y programas de atención del suicidio dirigidas a los jóvenes, a cargo de la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave, a proporcionar el apoyo material y económico, al sector de transporte en sus diversas modalidades para la seguridad de operadores y usuarios, a fin de contar con los insumos indispensables para tomar las medidas necesarias tendientes a evitar el incremento y propiciar la disminución de contagios por covid-19, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la SSCP, a emitir un plan estratégico que garantice el pleno ejercicio de todos los derechos, seguridad e integridad a las niñas y niños que viven con sus madres en centros penitenciarios; y a las niñas, niños y adolescentes que asisten a visitas en estos Centros del Sistema Penitenciario Mexicano, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a sancionar a los planteles educativos privados que retengan cualquier tipo de documentación oficial original de los educandos, por falta de pago, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales, a legislar en materia de prohibición de venta, distribución, donación, exhibición o suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados con alto contenido calórico a menores de edad, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, a realizar los estudios y acciones preventivas para la construcción de los bordos de protección y corrientes del cauce de los ríos que existen en la Región Costa Sur de Jalisco, así como atender la falta de infraestructura y así prevenir afectaciones con motivo de los efectos devastadores ocasionados por la tormenta tropical Hernán, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil Oaxaca, emita la Declaratoria de Emergencia para los municipios afectados tras la presencia de fuertes lluvias en dicha entidad y que sean considerados en el Fondo para la Atención de Emergencias, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través del SAT, a abstenerse de realizar cobros retroactivos de derechos a maquilas, a fin de obligarlas a renovar su autorización en el esquema integral de certificación de empresas en comercio exterior y, a la Prodecon, a que actúe conforme a derecho y se pronuncie sobre la ilegalidad de tales cobros, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la SE, a impulsar el desarrollo nacional y el crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable, a través de la continuidad de los planes y programas de ampliación del puerto de Veracruz, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y a las autoridades municipales de las 32 entidades federativas, a publicar o en su caso, actualizar sus atlas locales de riesgo ante el cambio climático, y en consecuencia desarrollar y construir infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan gas metano a la atmósfera en centros urbanos de más de 50 mil habitantes, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH y al SIPINNA, a investigar y proponer una solución a la falta de información y de estadísticas federales relativos a la situación de vida y la cantidad de jóvenes que egresan de los Centros de Asistencia Social o casas hogar en México, a cargo de la diputada Susana Cano González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la STPS, a implementar un programa especial para que las dependencias del gobierno federal y los empleadores del sector público y privado, permitan que las madres trabajadoras continúen desarrollando su actividad laboral desde su hogar y puedan con ello, auxiliar a sus hijas e hijos en el desarrollo de su aprendizaje educativo en casa, a cargo de la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a instruir a Liconsa, a disminuir el precio del litro de leche en apoyo a la economía familiar, suscrito por la diputada María Ester Alonzo Morales y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SADER, a instruir a la Conapesca, a coordinarse con la Semar, para fortalecer la inspección y vigilancia en la entrada a muelle por parte de los barcos camaroneros en el Golfo de México, especialmente en Tampico, Tamaulipas, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Pesca, para dictamen.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS y a la SE, a analizar la situación de todos los integrantes de la industria textil y generar una propuesta, para la reactivación de dicho sector laboral en México, a cargo de la diputada Susana Cano González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al IMSS, a implementar las medidas sanitarias necesarias para proteger la salud de los enfermos renales crónicos, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales, a que dentro de las prioridades de la agenda legislativa se pueda incluir la legislación relativa al parlamento abierto, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a instruir a la SEP y a la SCT, a coordinarse para reforzar la estrategia para cerrar la brecha digital a través de suficiente inversión en recursos tecnológicos, con el fin de contribuir a que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan acceso al aprendizaje a distancia en educación básica, media superior y superior, especialmente en los grupos más vulnerables y marginados ante la contingencia sanitaria covid-19, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos municipales y a las alcaldías de las 32 entidades federativas, a diseñar e implementar cursos, capacitaciones y talleres de oficios y profesiones accesibles para la población en general, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a que instruya a la SHCP y a la Sader, a reforzar una estrategia con base en inversiones agrícolas sostenibles, tanto a nivel económico, como social y medioambiental, con el fin de contribuir a la mitigación y recuperación de los efectos de la actual pandemia y reconstruir sistemas alimentarios más resilientes, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

28. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a agilizar la implementación del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, en el que se incluya información de las 32 entidades federativas del país, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

29. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a que aceleren el proceso de certificación de quienes integran sus instituciones de seguridad pública, a fin de que todos sus elementos obtengan, en tiempo y forma, el Certificado Único Policial, a cargo de la diputada Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

30. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y a las 32 entidades federativas, a revisar y ampliar la oferta de actividad laboral y capacitación en los centros penitenciarios y celebren convenios con el sector privado para la comercialización de los productos y artesanías elaborados por las personas reclusas, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

31. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar y a sus homólogas en las entidades federativas, a promover programas de apoyo para personas en situación de calle y para quienes fueron desalojados de hoteles o viviendas derivado de la emergencia sanitaria por covid-19, así como habilitar y operar espacios públicos en función de albergues, refugios emergentes o centros de atención para la población en esta situación, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

32. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE y a los organismos públicos locales electorales de Hidalgo y Coahuila, a fortalecer y actualizar las medidas sanitarias para salvaguardar la salud de los trabajadores electorales, de ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla y de ciudadanos votantes que participarán en las elecciones de esas entidades, frente a la emergencia sanitaria por el virus del covid-19, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

33. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los organismos operadores de agua en las entidades federativas y municipios, a promover programas de descuentos, prórrogas, diferimientos de pagos y condonaciones en el pago por suministro de agua a la población, a fin de apoyar la economía y garantizar el servicio de abastecimiento del vital líquido, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

34. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua y a los organismos operadores de agua en las entidades federativas y municipios, a garantizar el suministro de agua potable de manera continua y suficiente a la población, como insumo vital para la subsistencia humana y para cumplir con las medidas de higiene ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

35. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al IMSS y a sus homólogas en las entidades federativas, a reactivar los programas y campañas de vacunación para la población infantil y adolescente, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

36. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, a tomar diversas medidas para que los vehículos de servicio a la comunidad que presten auxilio en situaciones de siniestro, emergencia o desastre, queden exentos del pago de peaje en las plazas de cobro, a cargo de la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

37. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las SSPC, a la Semar, a la Conapesca y al Gobierno de Baja California, a tomar medidas inmediatas de seguridad y de solución tras los conflictos y enfrentamientos recientes entre cooperativas pesqueras y la posible participación de la delincuencia organizada en dicho estado, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

38. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Profepa y a la Conafor, a implementar las medidas necesarias para salvaguardar el medio ambiente y la tala desmedida del Guayacan, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

39. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a tomar medidas para proteger al jaguar, derivado de la construcción del Tren Maya, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

40. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a investigar y en su caso sancionar los posibles hechos delictivos por la construcción del inmueble en el interior del Parque Nacional Tulum, así como la suspensión y clausura de la obra, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

41. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSPC, a instruir a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a que publique la declaratoria de emergencia en el DOF, a fin de que el estado de Guerrero pueda acceder a los insumos y recursos del Fonden y proteger la vida y la salud de la población damnificada debido a la presencia de la tormenta trópical Hernán, así como reestablecer las vías de comunicación y de los servicios básicos, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.

42. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo y a los congresos de las entidades federativas, a armonizar su legislación local, para establecer fiscalías especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición e instalar los consejos estatales ciudadanos en materia de búsqueda de personas, a cargo de la diputada Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

43. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SIPINNA, a fundar el Sistema Integrado de Estadísticas Sobre Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

44. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena, a mantener la coordinación con las autoridades del sector salud del municipio de Tecámac y con la autoridad encargada del Hospital Municipal Lic. César Camacho Quiroz, con la finalidad de seguir coadyuvando en la atención a personas con covid-19, a través del plan DN-III-E, a cargo de la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

45. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla, a adecuar su normatividad a fin de permitir a los trabajadores afiliados al ISSSTE, a hacer retiros parciales de su fondo de pensión, a cargo del diputado Fernando Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

46. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas, a través de las entidades de fiscalización local, a verificar el correcto ejercicio de los recursos públicos de origen estatal, por parte de los gobiernos municipales, en el marco de su autonomía, a cargo del diputado Fernando Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

47. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSPC, a coordinarse con sus homólogas de las 32 entidades federativas, a establecer acciones de prevención del delito urgentes y concretas para frenar la desaparición de jóvenes en el país, a cargo del diputado Edgar Guzmán Valdéz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

48. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno, a fortalecer sus mecanismos de coordinación para garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las y los periodistas, a cargo del diputado Edgar Guzmán Valdéz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

49. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que, a través de los titulares del Registro Civil de su competencia, adopten las medidas necesarias para agilizar los procesos de corrección de errores en la digitalización de actas de nacimiento, a cargo del diputado Edgar Guzmán Valdéz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

50. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al IMSS y al ISSSTE, a incluir la atención integral de cáncer de mama como un padecimiento prioritario dentro del Programa Sectorial de Salud y los Programas Institucionales de los Institutos de Seguridad Social, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

51. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Profepa, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del estado de Puebla, y a la Sedema del municipio de Amozoc, a hacer pública la información sobre el Parque Estatal Flor del Bosque, a cargo del diputado Edgar Guzmán Valdéz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

52. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y de las 32 entidades federativas, a fortalecer coordinadamente las estrategias y acciones para incentivar el consumo de leche en niñas, niños, adolescentes y jóvenes con la finalidad de nutrirlos con vitaminas, sales y minerales, a cargo del diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

53. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a los municipios y a las entidades federativas, a fin de impedir que las personas mayores de sesenta años de edad que laboran en el sector público sean despedidas de sus empleos, a cargo de la diputada Adriana Lozano Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY DE AGUAS NACIONALES

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 3o. y 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

José Martín López Cisneros, diputado federal por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX Bis al artículo 3 y se reforman las fracciones IX, X, XIII, XIV y XVI del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales

Planteamiento del Problema

En México la época de lluvias, huracanes y depresiones tropicales generalmente inicia en mayo y se prolonga hasta noviembre, periodo suficiente para mantener activa la temporada de huracanes y ciclones y con ello contabilizar una serie de daños a la infraestructura urbana, pérdidas materiales y lamentablemente decesos en la población.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), de acuerdo con los análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas proyectó para este 2020, que la temporada de huracanes y ciclones, sea la más activa en ambos océanos; es decir que habrá más fenómenos meteorológicos que el promedio y por ello, se espera:

Con independencia del citado pronóstico, en nuestro país se han presentado al menos tres fenómenos meteorológicos, de acuerdo con información del Sistema Meteorológico Nacional, de la Conagua en su portal web

De manera específica, el huracán Hanna dejó varios muertos, desaparecidos, inundaciones, desbordamiento de ríos, arroyos y canales, daños a la infraestructura urbana y miles de viviendas, así como cuantiosas pérdidas económicas en más de una veintena de municipios pertenecientes a las entidades federativas de Coahuila de Zaragoza, Nuevo León y Tamaulipas.

Por ello, cada uno de los gobernadores de los estados afectados solicitaron a la Comisión Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la correspondiente emisión de Declaratoria de Emergencia para los municipios de los estados afectados para poder acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN), mismos que se destinan para la atención de necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada, como a continuación se detalla:

Como puede observarse, todos los años y el actual no es la excepción, en que los fenómenos naturales adversos causan una serie de estragos y pérdidas económicas cuantiosas de recuperación lenta, independientemente de las acciones implementadas por los mandatarios estatales en materia de emisión de la Declaratoria de Emergencia y de acceso a los recursos federales del instrumento financiero FONDEN para responder de manera inmediata a las necesidades más apremiantes de la población, sin que hasta el momento de replantee una estrategia eficaz para la construcción de una sociedad resiliente en la materia.

De acuerdo con la Guía metodológica Estrategia municipal de gestión integral de riesgos de desastres, Un paso a paso desde la identificación de riesgos hasta la reconstrucción, Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), México, noviembre de 2019, página 23. “De los 2459 municipios de México, 2050 (83.4 por ciento) están mencionados en al menos una declaratoria de desastre por los fenómenos analizados entre 2000 y 2018. En números absolutos, los estados con mayor cantidad de municipios mencionados en al menos una declaratoria de desastre son Oaxaca (516), Puebla (188) y Veracruz (172), dado que tienen más municipios que otras entidades federativas. En términos relativos, los estados del sur del país, del Golfo y de la costa del Pacífico, así como Coahuila, Durango y Nuevo León son los más afectados. En estos estados, más del 90 por ciento -y muchas veces la totalidad- de los municipios de hasta 50 000 habitantes están mencionados en al menos una declaratoria de desastre”.

En este contexto, como habitante de uno de los estados más afectados en los últimos 10 años por los huracanes Gilberto, Emily, Erika, Alex y las tormentas tropicales Gabrielle y Hanna recientemente, que a su paso han destruido miles de viviendas, calles, avenidas, puentes, así como cientos de miles de damnificados y un permanente riesgo fiscal, considero urgente que la Cámara de Diputados, debe iniciar la discusión de una política de reducción del riesgo de desastres debido a la intensidad y alta frecuencia de fenómenos climatológicos extremos derivado de la problemática del cambio climático y los escasos 10 años que tenemos como sociedad para tratar de evitar consecuencias irreversibles, nos demanda un replanteamiento del enfoque reactivo para programar y construir obras hidráulicas federales; normar las obras de infraestructura hídrica; fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado; así como el saneamiento, tratamiento y reúso de aguas; el riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones, para sentar las bases de una política pública preventiva, estratégica y resiliente en materia de fenómenos naturales adversos como los hidrometeorológicos.

Por lo anterior, considero necesario adicionar una fracción XXIX Bis al Artículo 3 y reformar las fracciones IX, X, XIII, XIV Y XVI del Artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de reconocer expresamente, la gestión integral de riesgos como principio sine qua nonpara contribuir a reducir los daños que provocan las inundaciones y disminuir el riesgo fiscal sistemático de nuestro país por encontrarse geográficamente entre las regiones ciclogenéticas del Atlántico norte y el Pacífico nororiental.

Argumentos

La gestión integral de riesgos, en términos del artículo 2 fracción XXVIII de la Ley General de Protección Civil (LGPC) se reconoce como una serie de acciones que involucra a los tres órdenes de gobierno y a los sectores de la sociedad encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos por su origen multifactorial y un proceso permanente de construcción que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.

Asimismo, la gestión integral de riesgos en términos del artículo 7 fracción VII de la LGPC, es un principio con valor de política pública y una tarea transversal a cargo del ejecutivo Federal para realizar acciones de orden preventivo, con especial énfasis en aquellas que tienen relación directa con la salud, la educación, el ordenamiento territorial, la planeación urbano-regional, la conservación y empleo de los recursos naturales, la gobernabilidad y la seguridad.

En el ámbito internacional, la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas celebrada del 14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai Miyagi Japón, aprobó el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030,  misma que se traduce en una oportunidad única, a los países signantes para:

a) Aprobar un marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015 conciso, específico, preparado con visión de futuro y orientado a la acción;

b) Concluir la evaluación y el examen de la aplicación del Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la Resiliencia de las Naciones y las Comunidades ante los Desastres;

c) Examinar la experiencia adquirida mediante las estrategias, instituciones y planes regionales y nacionales para la reducción del riesgo de desastres y sus recomendaciones, así como los acuerdos regionales pertinentes para la aplicación del Marco de Acción de Hyogo;

d) Determinar las modalidades de cooperación basada en los compromisos para la aplicación de un marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015;

e) Determinar las modalidades para el examen periódico de la aplicación de un marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015

Respecto de las prioridades de acción, el Marco de Sendai establece que los Estados deben adoptar medidas específicas en todos los sectores, en los planos local, nacional, regional y mundial, a partir de cuatro esferas prioritarias:

Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres.

Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo.

Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia.

Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.

De manera específica, en las páginas 17 y 18 del citado documento, se establecen una serie de acciones contenidas en la Prioridad 2, como la necesidad de contar con claros objetivos, planes, competencia, directrices y coordinación en los sectores y entre ellos, así como con la participación de los actores pertinentes. Por lo tanto, el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres para la prevención, mitigación, preparación, respuesta, recuperación y rehabilitación es necesario y fomenta la colaboración y las alianzas entre mecanismos e instituciones en la aplicación de los instrumentos pertinentes para la reducción del riesgo de desastres y el desarrollo sostenible.

Para lograr lo anterior es importante:

...

...

...

i) Alentar a los legisladores a que apoyen la aplicación de medidas de reducción del riesgo de desastres mediante la elaboración de legislación nueva pertinente o la modificación de la existente y el establecimiento de asignaciones presupuestarias;

...

...

Aunado a lo anterior, en el marco de la reunión anual celebrada en París, Francia, el 12 de diciembre de 2015, la Conferencia de las Partes (COP21), analizó el nivel de avance del Marco de las Nacionales Unidas contra el Cambio Climático suscrito en 1992 en Rio de Janeiro, Brasil y 195 estados nacionales incluido México, suscribieron el Acuerdo de París (AP), integrado por 29 artículos, es el compromiso más grande en contra del cambio climático en favor del medio ambiente y el desarrollo sustentable a través de la intensificación de acciones e inversiones necesarias para garantizar un futuro sostenible y que ratificado por el Senado de la República el 14 de septiembre de 2016 y a partir de 2020, cada cinco años los países signantes revisarán y fortalecerán sus contribuciones nacionales.

Respecto a su contenido, resulta relevante destacar que el objetivo mundial del AP, es aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático con miras a contribuir al desarrollo sostenible y lograr una respuesta de adaptación adecuada como desafío mundial que incumbe a todos, con dimensiones locales, subnacionales, nacionales, regionales e internacionales, y que es un componente fundamental de la respuesta mundial a largo plazo frente al cambio climático y contribuye a esa respuesta, cuyo fin es proteger a las personas, los medios de vida y los ecosistemas, teniendo en cuenta las necesidades urgentes e inmediatas en países en desarrollo particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático y, por su parte, el apartado relativo a las Pérdidas y daños, previsto en el artículo 8, reconoce la importancia de evitar, reducir al mínimo y hacer frente a las pérdidas y los daños relacionados con los efectos adversos del cambio climático, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y los fenómenos de evolución lenta, y la contribución del desarrollo sostenible a la reducción del riesgo de pérdidas y daños.

Ahora bien, de conformidad con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, definida por 193 países como una hoja de ruta para erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los recursos para las futuras generaciones, es menester no perder de vista el objetivo 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles, en el que se reconoce la problemática que enfrentan la mayoría de las ciudades como la contaminación, la falta de servicios básicos para muchas personas y el deterioro de la infraestructura y que lo que se quiere es: lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles y por ende, como una de las metas, reducir de forma significativa el número de muertes por desastres y reducir las pérdidas económicas en relación con el producto interno bruto causadas por desastres.

En este contexto y en concordancia con los compromisos internacionales que México ha adquirido en la materia, considero urgente la incorporación del enfoque de gestión integral de riesgos en la Ley de Aguas Nacionales al programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales directamente o a través de contratos o concesiones con terceros, y realizar acciones que correspondan al ámbito federal para el aprovechamiento integral del agua, su regulación y control y la preservación de su cantidad y calidad, con la finalidad de reducir riesgos y fortalecer la resiliencia de la infraestructura de los 2459 municipios del país ante los desastres naturales.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6o. numeral 1 fracción 1, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX al artículo 3 y se reforman las fracciones IX, X, XIII, XIV y XVI de la Ley de Aguas Nacionales

Artículo Único. Se adiciona la fracción XXIX Bis del artículo 3 y se reforman las fracciones IX, X, XIII, XIV y XVI del Artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XXIX. ...

XXIX Bis.“ Gestión Integral de Riesgos” : conjunto de acciones en los términos de la Ley General de Protección Civil, referidas la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción de los bienes nacionales a los que se refiere el Artículo 113 de esta Ley;

XXX. a LXVI. ...

Artículo 9. “La Comisión” es un órgano administrativo desconcentrado de “la Secretaría”, que se regula conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior.

...

...

a. ...

b. ...

...

Son atribuciones de “la Comisión” en su Nivel Nacional, las siguientes:

I a VIII....

IX. Garantizar la gestión integral de riesgos al programar, estudiar, construir, operar, conservar y mantener las obras hidráulicas federales directamente o a través de contratos o concesiones con terceros, y realizar acciones que correspondan al ámbito federal para el aprovechamiento integral del agua, su regulación y control y la preservación de su cantidad y calidad, en los casos que correspondan o afecten a dos o más regiones hidrológico - administrativas, o que repercutan en tratados y acuerdos internacionales en cuencas transfronterizas, o cuando así lo disponga el Ejecutivo Federal, así como en los demás casos que establezca esta Ley o sus reglamentos, que queden reservados para la actuación directa de “la Comisión” en su nivel nacional;

X. Apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar con enfoque de gestión integral de riesgos, las obras de infraestructura hídrica que se realicen con recursos totales o parciales de la federación o con su aval o garantía, en coordinación con otras dependencias y entidades federales, con el gobierno del Distrito Federal, con gobiernos de los estados que correspondan y, por medio de éstos, con los gobiernos de los municipios beneficiados con dichas obras, en los casos establecidos en la fracción anterior;

XI a XII....

XIII. Fomentar y apoyar con enfoque de gestión integral de riesgos, los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso en el territorio nacional, para lo cual se coordinará en lo conducente con los Gobiernos de los estados, y a través de éstos, con los municipios. Esto no afectará las disposiciones, facultades y responsabilidades municipales y estatales, en la coordinación y prestación de los servicios referidos;

XIV. Fomentar y apoyar con enfoque de gestión integral de riesgos , el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado; los de saneamiento, tratamiento y reúso de aguas; los de riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones en los casos previstos en la fracción IX del presente Artículo; contratar, concesionar o descentralizar la prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convenga con los Gobiernos Estatales y, por conducto de éstos, con los Municipales, o con terceros;

XV....

XVI. Regular los servicios de riego en distritos y unidades de riego en el territorio nacional, e integrar, con el concurso de sus Organismos de Cuenca, con enfoque de gestión integral de riesgos los censos de infraestructura, los volúmenes entregados y aprovechados, así como los padrones de usuarios, el estado que guarda la infraestructura y los servicios. Esto no afectará los procesos de descentralización y desconcentración de atribuciones y actividades del ámbito federal, ni las disposiciones, facultades y responsabilidades estatales y municipales, así como de asociaciones, sociedades y otras organizaciones de usuarios de riego, en la coordinación y prestación de los servicios referidos;

XVII. a LIV....

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 2 de septiembre de 2020.– Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

EXPIDE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LA GASTRONOMÍA MEXICANA

«Iniciativa que expide la Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana, suscrita por los diputados María Lucero Saldaña Pérez y Fernando Galindo Favela e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

María Lucero Saldaña Pérez y Fernando Galindo Favela diputados federales e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 6, numeral 1, fracción I, artículo 77, numeral 1, artículo 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable Cámara, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Esta ley se centra en la gastronomía mexicana con un enfoque integral de derechos, hacía el desarrollo económico-productivo. De forma prioritaria, busca fomentar el empleo sin dejar de lado la equitativa distribución de la riqueza, misma que permitirá el pleno ejercicio de la libertad y los derechos fundamentales de las personas.

Al mismo tiempo, se incorporan elementos que permiten promover el valor cultural y turístico de la Gastronomía mexicana, teniendo siempre presente que a través de ella se realizan otros derechos vinculados a la educación, la salud, la diversidad cultural, el equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable, entre otros.

Lo anterior se fundamenta en el reconocimiento de que México es un país que cuenta con una gran tradición gastronómica cuyos productos básicos se utilizan desde hace más de ocho mil años, siendo los productos de la milpa los más representativos y utilizados para la elaboración de todo tipo de platillos al interior del territorio nacional.

Los platillos mexicanos han sido producto de una evolución milenaria que ha mezclado ingredientes, recursos, técnicas, costumbres, rituales, saberes y determinadas cosmovisiones, hasta alcanzar la gran cultura gastronómica que conocemos actualmente.

En este crisol cultural, a la riqueza prehispánica se han sumado y amalgamado las influencias de cocinas como la española, francesa, italiana, alemana, libanesa, china, japonesa, estadounidense y de América Latina.

La importancia de la Gastronomía Mexicana radica no solo en el valor culinario que posee, sino en la interrelación que guarda con elementos que nos dan identidad y nos diferencian del resto del mundo. La riqueza de nuestra gastronomía está ligada a recursos naturales, festividades, aspectos religiosos, sociales, económicos, culturales, hábitos, valores y conocimientos, que constituyen un patrimonio intangible cuyas raíces están arraigadas en la esencia de nuestro pueblo mexicano.

Nuestra gastronomía está conformada por tres elementos fundamentales: maíz, chile y frijol. Estos elementos básicos se mezclan perfectamente con la biodiversidad, conoci-mientos y rituales que giran en torno a su producción, elaboración, consumo y en los mecanismos de transmisión al interior del núcleo de las familias mexicanas. Existen gastronomías prestigiadas a nivel mundial, sin embargo la nuestra, incluye aspectos que rebasan los comportamientos en la mesa, ya que abarcan todo un patrimonio intangible compuesto de sistemas de conocimientos tradicionales estrechamente ligados con principios de desarrollo sostenible y con la autosuficiencia y seguridad alimentaria; es decir, la interacción constante entre elementos tangibles e intangibles que conforman todo un sistema de conocimiento, de producción y de cultura que se retroalimentan entre sí enriqueciendo constantemente sus procesos de interacción.

A pesar de la existencia de grandes cadenas de restaurantes, centros turísticos o empresas con mayor tecnología en su producción y elaboración de platillos mexicanos, es durante las celebraciones comunitarias y al interior de las cocinas de las familias mexicanas donde se puede observar con nitidez la vasta manifestación de la gastronomía mexicana.

El reconocimiento internacional de la importancia de la gastronomía mexicana, se hizo manifiesto cuando el 16 de noviembre de 2010 quedó inscrita la cocina tradicional mexicana en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, durante la Quinta Sesión del Comité Intergubernamental de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), en la ciudad de Nairobi, Kenia.

Esta distinción representó un parteaguas tanto para nuestro país, como para la propia UNESCO al reconocer una cocina que trasciende las maneras de comportarse en la mesa, es decir, hacer de lado los marcos limitados y apreciaciones estereotipadas sobre la forma en que se presenta un platillo.

El reconocimiento de la gastronomía mexicana en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad representa, en primera instancia, un logro de índole cultural en el que se plantea el reto de preservar la diversidad de tradiciones y costumbres íntimamente ligadas con las mesas mexicanas; por otro lado, es un desafío de desarrollo sustentable e innovación, es decir, una lucha constante entre la capacidad de producir y cocinar alimentos, versus un factor de desarrollo y crecimiento de una sociedad, cuyo sentido de existencia individual y colectivo está directamente ligado a la comida.

Alcanzar el logro del reconocimiento de la gastronomía mexicana ante la UNESCO fue resultado de la unión de voluntades para su rescate, salvaguardia, preservación y promoción de usos, costumbres, prácticas culturales, productos y saberes. La conjunción de estas acciones, permitieron el reconocimiento de todo el andamiaje que involucra la gastronomía nacional, particularmente de la labor de aquellos que participaron tanto directa como indirectamente y que actualmente son los máximos representantes de nuestra gastronomía.

Es de resaltar las cualidades de aquellas personas que dedican su vida a la elaboración de alimentos, las cocineras tradicionales y los profesionales de la industria; la mención de estas cualidades no hace referencia únicamente a las relacionadas con la organización, la limpieza, vestimenta, dominio de su lugar de trabajo, y control de estrés, sino a las de carácter social, económico y cultural que les permiten ser representantes de toda una sociedad. La importancia en el reconocimiento a la labor de estas personas recae particularmente en que simbolizan un cúmulo de intersecciones y sinergias de carácter económicas, sociales, históricas, culturales y políticas que dan identidad a una nación entera y que desempañan una gran cantidad de acciones que, a su vez, generan un círculo virtuoso en todos y cada uno de los procesos involucrados.

Es de particular mención la labor que realizó la iniciativa privada, la sociedad civil organizada y en especial el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana para alcanzar el reconocimiento otorgado por la UNESCO, ya que fue a través de estas que se materializó el impulso necesario para obtener el reconocimiento internacional.

De igual manera, es relevante destacar que el 23 de abril de 2013, la suscrita en su calidad de Senadora de la República presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhortó respetuosamente a las Secretarías de Estado, para definir políticas públicas de manera coordinada, a fin de que se consolidar la gastronomía mexicana como motor de desarrollo inclusivo, factor de crecimiento económico y como un sector estratégico a nivel nacional e internacional.

Al interior de la proposición se destacan aspectos relevantes de la industria restaurantera como una de las mayores empleadoras del país, así como su interrelación con actividades afines, que sitúan a la gastronomía como “parte fundamental de la economía y por ello la necesidad de que el Estado en coordinación con las actividades privadas promueva políticas públicas para su defensa, impulso y fortalecimiento.”

En el mismo orden de ideas, la proposición agrega: “La gastronomía genera eslabonamientos con otras industrias conexas como el transporte de alimentos, turismo, manufactura de utensilios y menaje, fabricación de sillas, mesas, manteles y las industrias del acero y la madera.”

Asimismo, se hace énfasis en la necesidad de implementar políticas públicas que den impulso a la industria en cuestión, así como a la formación y educación en esa materia considerando el incremento de empleos con este perfil para cumplir con la creciente demanda y exigencias propias de la misma industria.

En la misma fecha, se presentó otra Proposición con punto de acuerdo en el que se exhortaba a la Secretaría de Turismo a diseñar e implementar un programa de sabores mágicos para municipios y delegaciones del entonces Distrito Federal, con sus respectivas reglas de operación, a fin de que se impulsara a la gastronomía mexicana.

En dicho punto de acuerdo, se destaca a la gastronomía como una prioridad en el desarrollo económico y social de México, a la par de establecer bases mínimas de salvaguardia a la misma a través de políticas públicas patrimoniales:

“...En nuestro país es posible y viable fomentar un desarrollo económico inclusivo y sostenible a partir del impulso a la gastronomía, que tienda a la democratización de la productividad con beneficios para las familias, esto considerando que la gastronomía es un negocio de ‘personas’, tanto en términos de los que prestan como en los de quienes consumen la experiencia...”

Ambos puntos de acuerdo, en su momento, propusieron situar a la gastronomía como un motor de desarrollo integral, mediante la coordinación de los tres niveles de gobierno con el objetivo de servir como detonante del desarrollo económico y social de nuestro país.

Esta labor impulsada desde el Senado sentó un precedente directo para la formulación de la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional presentada en el mes de agosto de 2015 por el entonces presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto. Es al interior de esta política en donde se ubica a la gastronomía nacional como sector estratégico del desarrollo nacional en la que confluyen los esfuerzos de dependencias como la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores, principalmente, bajo la dirección y liderazgo de la Presidencia de la República.

Bajo este contexto, el 5 de agosto de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo mediante el cual se establecen los ejes estratégicos de la Política de Fomento a la Gastronomía Nacional, en el cual se especifica que el Estado debe proveer las condiciones favorables para su desarrollo productivo, mediante una política moderna de fomento económico enfocada a generar innovación y crecimiento en sectores estratégicos. Ante tal reto, la política señala al Comité Nacional de Productividad como un órgano clave en la ejecución de dicha política debido a su naturaleza y funciones.

El Comité Nacional de Productividad se creó por decreto como un órgano consultivo y auxiliar del Ejecutivo Federal cuyo principal objeto es el de proponer estrategias, políticas y acciones en materia de productividad y empleo, a fin de que sean consideradas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. El comité está integrado por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá; el Secretario de Economía; el Secretario de Educación Pública; el Secretario del Trabajo y Previsión Social; el Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; cinco representantes de organizaciones empresariales; cinco representantes de organizaciones sindicales de trabajadores; cuatro representantes de instituciones de educación superior; un representante de institución de educación técnica media superior; y, un representante de institución de capacitación para el trabajo.

Dicho comité identificó a la gastronomía nacional como uno de los sectores prioritarios para la formulación de políticas que permitan potenciar su desarrollo en materia de incremento sostenido de la productividad y competitividad. El señalamiento hecho por parte del comité a la gastronomía Nacional derivó de un diagnóstico para determinar los sectores de actividad claves para el crecimiento en México, en donde se colocó al sector gastronómico como uno que presentaba alto empleo y baja productividad, con actividades de comercio al por menor y estrechamente relacionado con el turismo.

En este sentido, la intervención del Comité para el cumplimiento de los objetivos del presente proyecto es fundamental si se toma en consideración sus prioritarios, mismos que atienden directamente los factores que hasta el momento han inhibido el incremento de la productividad en la economía nacional. De acuerdo con los subcomités que integran el Comité, los temas prioritarios al interior de este son: Formalización de la economía, Innovación en ciencia y tecnología, Capacitación y certificación de los trabajadores, Incentivos laborales para la productividad y la calidad en los centros de trabajo, y Apoyo a las PYMES y emprendedores.

Los temas prioritarios para el Comité Nacional de Produc-tividad, mencionados anteriormente, están directamente identificados con las necesidades de la industria gastro-nómica nacional, particularmente si consideramos que el Acuerdo mediante el cual se establecen los ejes estratégicos de la Política de Fomento a la Gastronomía, establece que dicha política deberá tener como objetivo desarrollar y potenciar la oferta gastronómica del país, como un medio para promover la riqueza natural y cultural de México; fortalecer la cadena de valor productiva de la gastronomía mexicana en las cocinas tradicionales de México, con énfasis en recursos, productos, platillos y regiones emblemáticas; y, promover integralmente la gastronomía mexicana como un atractivo turístico y cultural a nivel nacional e internacional.

Adicionalmente, el acuerdo citado establecía que el gabinete de turismo, las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal que tengan competencia en la materia, establecerán un Plan de Trabajo que permitan el cumplimiento de los objetivos y ejes estratégicos de la Política Nacional.

En complemento al Acuerdo citado, el día 2 de septiembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para instrumentar la Política Nacional, cuyo contenido establece las bases del Plan de Trabajo para que la Administración Pública Federal incremente la productividad, elimine las trabas que impidan alcanzar el máximo potencial a los distintos sectores e incentive a los actores de la actividad económica relacionados con la gastronomía nacional.

Asimismo, debe articular las acciones del Servicio Exterior Mexicano para facilitar la promoción de la cultura gastronómica mexicana, y coadyuvar a la difusión y posicionamiento de la marca de la gastronomía nacional, entre otras. En el mismo sentido, le corresponde, promover el acceso al crédito y servicios financieros del sector gastronómico y de los sectores productivos de la cadena de valor a través de la acción de la Banca de Desarrollo para incentivar el emprendimiento e incrementar la productividad, así como impulsar la inversión en innovación.

La Secretaría de Economía, entre otras cosas, deberá im-pulsar la generación de denominaciones de origen, marcas y sellos de calidad a través de la participación del público objetivo identificado en las convocatorias públicas del Fondo Nacional Emprendedor, además de proponer políticas en materia de distribución y comercialización de productos básicos y abastecimiento de estos a la población.

Como se advierte claramente de los puntos de acuerdo presentados en el Congreso y las Políticas Públicas emitidas por el Gobierno Federal, es necesario destacar que la gastronomía mexicana integra un aspecto fundamental que actualmente permea su evolución y desenvolvimiento: el económico a través de un enfoque integral. Este elemento de la gastronomía adquiere relevancia debido a que es un importante generador de empleos, y un gran detonador para el desarrollo regional, particularmente por la integración que presentan los subsectores que giran en torno a este quehacer en todo el país.

Subsecuentemente, el 26 de abril de 2016 la suscrita presentó Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana, la cual fue aprobada en el Senado de la República y turnada a la Cámara de Diputados el 28 de abril del mismo año.

Es de resaltar que en dicha Iniciativa se establecía un Consejo Consultivo presidido por la Secretaría de Turismo.

Sin embargo, dadas las modificaciones recientes a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), es menester presentar nuevamente la Iniciativa con las modificaciones que la hagan viable jurídicamente.

A mayor referencia, el 30 de noviembre del 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LOAPF, por el cual se facultó a la Secretaría de Economía para participar en el fomento a la cadena de valor productiva agroalimentaria, en los siguientes términos:

Artículo 34. A la Secretaria de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XIII. ...

IX. Participar con las Secretarías de Bienestar, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población; así como el fomento a la cadena de valor productiva agroalimentaria;

X. a XXXIII. ...

Bajo ese contexto, es por la cual la presente iniciativa propone que la Secretaría de Economía presida el Consejo Consultivo, y la Secretaría de Turismo presida la Secretaría Técnica de dicho Consejo, ya que el turismo es base fundamental para la realización del presente proyecto, de ahí que quien operará técnica y operativamente será la Secretaría Técnica a través de la Política Nacional de Fomento a la Gastronomía Mexicana, la cual tendrá sus funciones específicas en el reglamento que se dicté para tal efecto.

Desde el enfoque económico-productivo, esta industria se encuentra integrada prioritariamente por los sectores de agricultura, ganadería y pesca, mismos que fungen como los principales proveedores, sin embargo, también se incluyen sectores que participan activamente como es el caso del transporte, el acopio, la conservación, almacenaje, preparación y la comercialización de productos.

Al interior de la industria existen empresas de todos los tamaños, sin embargo, predominan pequeños y medianos productores, cuyos procesos son tradicionales, manuales, con tecnología mínima o escasa. En este sector perviven procesos productivos poco tecnificados y utilizando tecnología doméstica que se confunde a menudo con elementos artesanales.

Al respecto, por parte del Gobierno federal se reconoció la necesidad de impulsar al sector alimentario del país. Es necesario que se articule y fomente el desarrollo e innovación en los sectores “tradicionales” que integran la propia cadena de valor. 1

A efecto de generar un equilibrio en la industria gastronómica nacional, que impacte en forma directa en la cadena de valor, con el fin de materializar un desarrollo integral, es menester atender las particularidades presentes en cada integrante de dicha cadena. Por tal motivo, y con la intención de solventar dichas dificultades es necesario sustentar la injerencia en el tema, anteponiendo lo establecido en el párrafo primero del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que versa:

“...Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo...” (Énfasis añadido)

El artículo contempla en su párrafo primero, conceptos que nos permitirán obtener las condiciones propicias para promover el desarrollo integral de la industria gastronómica nacional a partir de los eslabones que componen su cadena de valor. Este proyecto encuentra uno de sus fundamentos principales bajo el argumento del fomento del crecimiento económico y el empleo, así como una justa distribución del ingreso y la riqueza como factores que favorecen el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas, en concordancia con desarrollo nacional integral y sustentable.

Bajo esta premisa, se hace énfasis en el artículo 1° Constitucional, párrafos primero y tercero de nuestra Carta Magna, en donde se establece el reconocimiento de los derechos humanos y principios, como la base fundamental bajo la cual debe descansar toda legislación, incluido el presente proyecto.

Sin lugar a duda, en virtud de que el Estado mexicano tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. De esta forma, la presente iniciativa, busca preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, de conformidad con lo previsto por el artículo segundo de la Constitución Federal, de ahí la importancia de la participación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Otro de los aspectos relevantes como base principal de este proyecto es aquel relativo al artículo tercero de la Carta Magna, esto debido a que se considera a la educación como un elemento detonante en el desarrollo integral que debe tener la industria gastronómica nacional, es decir, la capacitación, formación y profesionalización son elementos clave para alcanzar un desarrollo pleno e integral en todos y cada uno de los eslabones que componen la cadena de valor, en donde la productividad y la competitividad contribuirán en gran medida para alcanzar dicho desarrollo.

El artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones, disponen que la Secretaría de Educación Pública (SEP), por conducto de la Dirección General de Profesiones, tiene entre sus atribuciones la de vigilar, con el auxilio de las asociaciones de profesionistas, el correcto ejercicio de las profesiones.

Bajo este contexto, en sus funciones de carácter educativo, profesionalización, capacitación en el campo de la gastronomía, es menester la puesta en marcha de certifica-ciones de las cocineras y cocineros tradicionales en relación con los saberes y prácticas reconocidas como parte del patrimonio cultural intangible gastronómico, local y regional.

De igual manera, el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene elementos básicos que se consideraron al interior del presente proyecto, como el derecho a la alimentación (párrafo tercero), el derecho a la salud (párrafo cuarto), y el derecho al acceso a la cultura (párrafo décimo segundo).

En esta virtud, la Secretaría de Salud, es la encargada de atender los temas relacionados con la alimentación y nutrición, con la finalidad de garantizar la calidad en los alimentos.

Para dar cabal cumplimiento a los principios establecidos en el artículo 25 de la Constitución, es menester señalar que los derechos son considerados interdependientes, es decir, que debe darse igual atención y urgente consideración a la aplicación, promoción, y protección de estos; cuya finalidad es complementarse o reforzarse recíprocamente, asegurando que el avance de uno facilite el avance de los demás. Esto permite concebir a los derechos como aquellos que coexisten en un mismo entorno, mismo que permite alcanzar su plena realización.

Bajo el contexto anterior, es importante mencionar que es un aliado indispensable la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y alimentos condimentados, en virtud de que sus objetivos convergen con la presente iniciativa, ya que, entre otras líneas de acción de la Canirac se encuentran las siguientes:

• Contribuir y garantizar el cumplimiento de los protocolos que exige la UNESCO para salvaguardar la nominación de la cocina mexicana como patrimonio cultural inmaterial universal de la humanidad, armonizando todas las vertientes de interés institucional: cultural, económico y turístico.

• Acreditar la participación de la Canirac como organismo interesado en el desarrollo educativo de las profesiones especializadas a nivel universitario, artes y oficios y competencias laborales del sector restaurantero mexicano.

• Maximizar los programas públicos sectorizados de fomento económico.

• Maximizar la participación y el impacto de la industria restaurantera en el sector Turístico Nacional.

• Mayores espacios para la promoción del sector restaurantero en rutas y ferias turísticas nacionales.

• Dar dimensión al potencial de la industria restaurantera mexicana, aportando inteligencia, atención y gestión a su proceso, para maximizar sus posibilidades en la economía mexicana.

Las referencias anteriores han dado pauta para la conformación de este proyecto en cuanto a la responsabilidad que el Estado Mexicano tiene para cumplir los temas específicos al interior de cada artículo señalado. Sin embargo, en el ámbito internacional, el Estado Mexicano también adquiere obligaciones que se rigen bajo uno de los principios fundamentales del derecho internacional: el Pacta sunt servanda, que significa que los acuerdos o pactos entre partes deben cumplirse, es decir, lo que acordaron las partes contratantes, haciendo uso de la autonomía de su voluntad, debe cumplirse entre ellas como una obligación.

Considerando la reflexión anterior, es importante señalar que México ha ratificado diversas convenciones internacionales bajo los principios de voluntad de cooperación y ayuda mutua como contribución a la comunidad internacional. En este sentido, el 14 de diciembre de 2005, México ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrada en París en octubre de 2003.

De acuerdo con la UNESCO, dicha Convención retoma la importancia que reviste la profunda interdependencia que concurre entre el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio material cultural y natural, ante la voluntad universal y la preocupación internacional para salvaguardar tal riqueza de la humanidad. Dado de que la convención ratificada por nuestro país es un instrumento normativo multilateral de carácter vinculante de protección al patrimonio cultural inmaterial, México adquiere la obligación de atender las disposiciones vertidas al interior de la multicitada convención.

Por tal motivo, y ante el reconocimiento de la gastronomía mexicana como patrimonio cultural inmaterial, es necesario que el Estado Mexicano atienda puntualmente las disposiciones de la convención y considerar aspectos destacables como la definición de “patrimonio cultural inmaterial”, cuya descripción se encuentra el artículo 2 de la Convención:

“...Artículo 2: Definiciones

A los efectos de la presente Convención,

1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible...”

Por su parte, la misma Convención enlista en su capítulo 111 algunas medidas de protección del patrimonio cultural inmaterial por parte de los Estados Partes. Específicamente, en su artículo 11 se prevé la salvaguardia de este patrimonio:

“Artículo 11: Funciones de los Estados Partes

Incumbe a cada Estado Parte:

a) adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio;

b) entre las medidas de salvaguardia mencionadas en el párrafo 3 del Artículo 2, identificar y definir los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial presentes en su territorio, con participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes. “

Es evidente que por el contenido vertido en la Convención, los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano deben servir como base para realizar una legislación (ante la falta de una solicitud explícita de expedir una legislación específica en la materia para los estados parte), que aporte lineamientos que permitan ejecutar de manera coordinada y consistente el reconocimiento de la función que tiene el patrimonio inmaterial con la finalidad de salvaguardar, preservar, promover y garantizar los mecanismos para su adecuado funcionamiento y continua evolución.

Bajo este contexto y ante la necesidad de brindar certidumbre a lo establecido en el artículo 25 constitucional, debemos considerar aspectos que brinden un adecuado tratamiento de todo aquel entorno que sea benéfico para el fin que se persigue. Para el caso del presente proyecto, el vínculo prioritario es aquel que se establece entre el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales, ya que la dignidad es considerada el precedente de los valores políticos y jurídicos debido a que permite a las personas alcanzar su libre desarrollo en su actuación y personalidad.

De esta manera, respetar la dignidad humana asegura establecer las condiciones propicias para garantizar los derechos humanos, mismos que a su vez guardan una relación estrecha con el propósito de este proyecto de ley.

Otros principios fundamentales y aplicables a la presente iniciativa son los de progresividad y no regresividad, mismos que surgen en el derecho internacional y encuentra sus antecedentes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos (1969). Estos principios son interpretativos y establecen que los derechos no pueden disminuir, únicamente pueden aumentar, es decir, los derechos que ya han sido reconocidos nacional e internacionalmente no pueden ser desconocidos, ni disminuidos.

Cabe mencionar que, en materia de implementación, estos principios aplican por igual para derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, ya que siempre existe una base mínima que debe atenderse y sobre la cual los Estados deberán avanzar en su fortalecimiento. Es por ello por lo que los derechos humanos referidos en tratados internacionales son un piso mínimo, es decir, la progresión depende en todo momento de los Estados, de forma tal que las medidas que se adopten deben ser deliberadas, concretas, encaminadas hacia el cumplimiento de las obligaciones y estableciendo estándares mínimos que sirvan de indicadores de referencia para futuras evaluaciones.

Por lo mencionado anteriormente, el carácter interdependiente y progresivo de los derechos humanos, conduce al Estado mexicano a tomar medidas para hacer respetar cabal e integralmente los derechos fundamentales. La obligación en el actuar por parte del Estado mexicano debe estar a la altura de las exigencias de hacer respetar los derechos de la sociedad mexicana, por tal motivo, esas acciones deben contener mínimamente tales elementos.

En virtud de lo señalado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se expide la Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana, para quedar como sigue:

Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana

Título Primero Disposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en toda la República y tiene por objeto:

I. Fomentar el desarrollo de la gastronomía mexicana, como sector fundamental para el crecimiento económico y el empleo;

II. Fortalecer los elementos esenciales de la economía mexicana a través de la aplicación de la Política Nacional de Fomento a la Gastronomía Mexicana;

III. Contribuir a una alimentación adecuada: nutritiva, suficiente y de calidad, que coadyuve a la salud y bienestar de la población mexicana;

IV. Promover la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas relacionadas con la Gastronomía Mexicana;

V. Incentivar y fortalecer la inversión nacional en las regiones gastronómicas del país;

VI. Implementar mecanismos de colaboración para el acceso a programas económicos, sociales, turísticos y culturales en materia de gastronomía;

VII. Promover integralmente la Gastronomía Mexicana como elemento cultural de posicionamiento internacional, plataforma de productos nacionales y activo turístico, e

VIII. Identificar las necesidades de infraestructura pública en los sectores económico y turístico, a fin de facilitar las relaciones comerciales de dichos sectores con el gastronómico.

Artículo 2. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

I. Ley: La Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana;

II. Gastronomía Mexicana: Los componentes culturales, sociales e históricos que constituyen un atractivo turístico y que conllevan factores económicos alrededor de la comida de los mexicanos; los conocimientos y actividades que están relacionados con la alimentación, los ingre-dientes, recetas y técnicas de la tradición culinaria y su evolución histórica en la cocina tradicional así como la cocina contemporánea; los platillos endémicos de México que forman parte de las tradiciones nacionales, expre-siones locales y regionales, con elementos de calidad, valor, identidad y arraigo que le proporcionan carac-terísticas propias con presencia y reconocimiento nacional e internacional, que la distinguen e identifican del resto del mundo, , a los usos, costumbres, representaciones, expre-siones, conocimientos y técnicas, rituales, actos festivos, instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales relacionados con la producción alimentaria reconocidos como parte integrante del patrimonio cultural intangible inherente a comunidades y grupos de personas;

III. Cadena de Valor: Cadena de Valor de la Gastronomía Mexicana, entendida como los factores productivos, económicos, culturales y comerciales, en el que participan campesinos, pequeños productores, empresarios, coci-neros tradicionales y prestadores de servicios, vinculados a la producción, transformación, comercialización y pro-moción de productos y servicios, relacionados con la cocina tradicional mexicana, asimismo, al conjunto de procesos a implementarse para la elaboración de produc-tos perteneciente a la Gastronomía Mexicana, integrada por micro, pequeñas, medianas o grandes empresas:

a) Que produzcan bienes pertenecientes al sector pri-mario de la economía, relacionadas con la Gastrono-mía Mexicana;

b) Que brinden servicios de transporte, acopio, con-servación o distribución de bienes primarios utilizados en la elaboración de productos pertenecientes a la Gastronomía Mexicana;

c) Que produzca bienes o servicios alimentarios, de cualquier sector de la economía, relacionados con la Gastronomía Mexicana, destinados al consumidor final;

d) Dedicadas a la comercialización de productos o servicios pertenecientes a la Gastronomía Mexicana;

e) Que proporcionen servicios de difusión o promo-ción de productos pertenecientes a la Gastronomía Mexicana.

IV. Patrimonio Cultural Inmaterial: Los usos, representa-ciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comu-nidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Ley, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.

V. Salvaguardia: Las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, compren-didas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión -básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.

VI. Política Nacional: La Política Nacional de Fomento a la Gastronomía Mexicana, entendida como el conjunto de medidas y acciones implementadas para el mejoramiento y posicionamiento de la Gastronomía Mexicana a nivel nacional e internacional;

VI. Consejo Consultivo: El Consejo Consultivo de la Gastronomía Mexicana, al que hace referencia la presente Ley, y

VII. Secretaría Técnica: La Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la Gastronomía Mexicana;

Artículo 3. Los programas y acciones que se formulen e implementen como resultado de la aplicación de la Política Nacional, tendrán como propósito el fortalecimiento de los integrantes de la Cadena de Valor, así como el fomento, promoción y difusión de la Gastronomía Mexicana con enfoque integral para su posicionamiento a nivel nacional e internacional.

Artículo 4. Para efectos de esta ley, las autoridades del Estado podrán orientar sus acciones bajo los siguientes lineamientos:

I. Implementar políticas que articulen y fortalezcan la cadena de producción, distribución y comercialización, de insumos utilizados en la Gastronomía Mexicana;

II. Mejorar el acceso a financiamiento a todos los componentes de la Cadena de Valor;

III. Promover la aplicación de los estándares de calidad necesarios de los insumos, productos y servicios de la Gastronomía Mexicana;

IV. Impulsar la innovación y conocimiento del sector gastronómico mexicano con la plena inclusión de todos los sectores económicos, sociales y culturales;

V. Impulsar acciones y eventos de difusión, señalización y exposición de la Gastronomía Mexicana.

Artículo 5. Las acciones que se implementen con el objeto de desarrollar métodos de producción para los sujetos que conforman la Cadena de Valor, en todos los casos, tienen la obligación de mantener el equilibrio ecológico, la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Título Segundo De la Política Nacional de Fomento a la Gastronomía Mexicana

Capítulo I De su Naturaleza y Objeto

Artículo 6. La Política Nacional se instrumentará a partir de un proceso participativo, incluyente y transversal que involucre a los diversos organismos de los ámbitos social y privado, así como a los tres órdenes de gobierno, mediante la suscripción, en su caso, de bases, acuerdos o convenios de colaboración, según corresponda.

Artículo 7. La Política Nacional tendrá por objeto:

I. Fomentar el desarrollo económico local y regional, a través de la Gastronomía Mexicana y su Cadena de Valor;

II. Llevar a cabo acciones de colaboración interinstitu-cional e intergubernamental para la ejecución de programas gubernamentales, relacionados con la Cadena de Valor Productiva de la Gastronomía Mexicana;

III. Fomentar el consumo, distribución y producción de alimentos de calidad;

IV. Fomentar el desarrollo productivo local y regional, orientado al fortalecimiento de las capacidades productivas gastronómicas con un enfoque de inclusión social y productiva de los insumos locales, de forma particular, los generados por las comunidades, ejidos y pequeños productores;

V. Posicionar el concepto de la Gastronomía Mexicana como un elemento diferenciador a nivel nacional e internacional;

VI. Promover la Gastronomía Mexicana como actividad de desarrollo económico, turístico y cultural a nivel nacional e internacional;

VII. Fortalecer, a través de la educación, el vínculo entre la Gastronomía mexicana con elementos para favorecer la nutrición, la identidad y el reconocimiento del valor cultural de este patrimonio;

VIII. Promover la formación y capacitación especializada de personal involucrado en la preparación de alimentos que fortalezcan la Gastronomía mexicana;

IX. Promover el fortalecimiento de la Cadena de Valor en las cocinas tradicionales de México, con énfasis en recursos, productos, cocinas locales, platillos y regiones gastronómicas, considerando la participación social mexicana alrededor de sistemas efectivos de concertación, cooperación o asociación con los sectores social y privado.

X. Impulsar la diversidad local y regional, orientada a la articulación de acciones que difundan y enriquezcan la experiencia gastronómica, a partir del impulso y reconocimiento de los atractivos naturales, culturales e históricos presentes en las distintas regiones y localidades del país;

XI. Promover la aplicación de estándares de calidad necesarios para la elaboración de productos o servicios de la Gastronomía Mexicana;

XII. Implementar mecanismos de análisis, evaluación y previsión oportuna, del impacto que tengan las acciones emprendidas para el cumplimiento de la presente ley.

XIII. Impulsar mediante la adopción de prácticas económicas, la innovación, calidad y sustentabilidad, que incentiven la competitividad de los productos y servicios y fomenten el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y energéticos.

Artículo 8. Las líneas de acción, proyectos y programas, resultado de la aplicación de la Política Nacional, se sustentarán en un desarrollo integral en el ámbito económico, turístico, cultural, educativo, de salud, social y nutrición, de derechos humanos, con enfoque incluyente, de manera que pueda coadyuvar al cumplimiento de los objetivos planteados en la presente ley.

Título Tercero Del Consejo Consultivo de la Gastronomía Mexicana

Capítulo I De su Naturaleza y Facultades

Artículo 9. El Consejo Consultivo de la Gastronomía Mexicana, es el órgano de consulta, cuya finalidad es materializar de manera directa y constante al cumplimiento de los objetivos y ejes estratégicos de la Política Nacional.

El Consejo Consultivo tiene por objeto impulsar y promover la participación de las diversas instituciones y organismos del sector público y privado ya existentes, teniendo como principal premisa el fortalecimiento de la identidad gastronómica mexicana.

Artículo 10. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo Consultivo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Fomentar la incorporación de actores sociales y privados en el marco de la Política Nacional, cuya finalidad sea impulsar la promoción y difusión de las estrategias y acciones tomadas;

II. Impulsar acciones que faciliten la participación ciudadana en el fortalecimiento y desarrollo de la Cadena de Valor Productiva de la gastronomía mexicana;

III. Proponer acciones y estrategias que contribuyan al logro de los objetivos de la Política Nacional;

IV. Proponer mejoras o adecuaciones a proyectos incluidos en la Política Nacional, considerando actividades de fomento y promoción a la gastronomía mexicana en el sector público y privado;

V. Formular propuestas dirigidas a coordinar y armonizar las políticas públicas tendientes a optimizar los recursos asignados al impulso, promoción, desarrollo y fortalecimiento de la cadena de valor productiva de la gastronomía mexicana;

VI. Incentivar la generación de informes y estudios en materia gastronómica, así como procurar la evaluación de estos para fortalecer las estrategias de la Política Nacional;

VII. Emitir opinión o recomendación en aquellos asuntos relacionados al fortalecimiento de la cadena de valor productiva de la gastronomía mexicana y a las estrategias de la Política Nacional;

VIII. Aprobar y, en su caso, modificar sus reglas de organización y operación;

IX. Elaborar propuestas de formación, capacitación, profesionalización y certificación con la finalidad de desarrollar y posicionar a la gastronomía mexicana como un elemento diferenciador a nivel nacional e internacional;

X. Celebrar acuerdos o convenios con instituciones y organismos del sector público y privado, de la academia, así como con Organizaciones de la Sociedad Civil, en el ámbito nacional e internacional;

XI. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos y estrategias propuestos por la Política Nacional;

XII. Nombrar a un Secretario Técnico para dar cumplimiento a sus funciones;

XIII. Expedir su reglamento;

XIV. Las demás necesarias para lograr el objetivo del Consejo Consultivo de la Gastronomía Mexicana.

Capítulo II De la Integración del Consejo Consultivo de la Gastronomía Mexicana

Artículo 11. El Consejo Consultivo estará integrado de la siguiente forma:

I. Un presidente a cargo de la Secretaría de Economía, quien podrá ser representada por un subsecretario o su equivalente;

II. Un Secretario Técnico, a cargo de la Secretaría de Turismo, quien podrá ser representada por un subsecretario o su equivalente;

III. Un representante de las siguientes dependencias de la Administración Pública Federal:

A. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

B. Secretaría de Cultura;

C. Secretaría de Educación Pública;

D. Secretaría de Salud;

E. Secretaría de Bienestar;

F. Secretaría de Relaciones Exteriores;

G. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; y la

H. Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

IV. Dos representantes del Poder Legislativo Federal, uno por cada Cámara;

V. El Representante de la UNESCO en México;

VI. Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac);

VII. Un miembro del sector académico;

VIII. Un miembro de la Sociedad Civil;

IX. Una o un chef; y

X. Una cocinera o un cocinero tradicionales.

Los miembros del Consejo Consultivo durarán en el cargo tres años, debiendo ser ratificados en su nombramiento cada año.

Artículo 12. Los miembros que integran el Consejo Consultivo se reunirán en pleno o en comisiones las cuales podrán ser creadas de conformidad con lo establecido en su reglamento.

El pleno sesionará ordinariamente por lo menos dos veces por año, y en forma extraordinaria, cada que una situación así lo requiera; cuando sea convocado por su presidente o por las dos terceras partes integrantes del Consejo Consultivo.

Todos los miembros del Consejo Consultivo gozarán del derecho a voz y voto.

Artículo 13. Para que el Consejo Consultivo se considere instalado deberá contar con el quorum necesario según sea el caso:

I. El 50% de sus integrantes más uno, en caso de que la sesión sea de carácter ordinario.

II. Las dos terceras partes de sus integrantes, en caso de que la sesión sea de carácter extraordinario.

Para que las resoluciones tomadas durante las sesiones del Consejo Consultivo sean efectivas, deberán contar con la aprobación por mayoría simple de los votos emitidos por los miembros presentes.

Artículo 14. Podrán participar en las sesiones del Consejo Consultivo o de las Comisiones creadas por el mismo, con el carácter de invitados, representantes de organismos públicos, privados, académicos o de Organizaciones de la Sociedad Civil.

El Reglamento establecerá el mecanismo de invitación correspondiente.

Los invitados acudirán a las reuniones con derecho a voz, pero sin voto.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El reglamento del Consejo deberá emitirse dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su instalación.

Tercero. El gobierno federal deberá hacer las previsiones presupuestales progresivas necesarias para la operación de la presente Ley, para el siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor.

Cuarto. El Consejo Consultivo al que se refiere el artículo 11, deberá instalarse dentro de los sesenta días naturales a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

Notas

1 Hacienda ve baja productividad en sector gastronómico, El Economista, disponible en:

http://eleconomista. com. mxlindustrias/2015/08/09/hacienda-ve-baja-productividad-sector -gastronómico

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días del mes de septiembre de dos mil veinte.– Diputada y diputado: María Lucero Saldaña Pérez, Fernando Galindo Favela (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que reforma los artículos 211 Bis 2 y 225 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Rigoberto Mares Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6 numeral 1 fracción I, 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 211 Bis 2 y 225 del Código Penal Federal, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

La corrupción es una amenaza para la gobernanza, el desarrollo sustentable, los procesos democráticos y las prácticas corporativas justas, de ahí que sea imperativo para los gobiernos combatirla.

De acuerdo con datos de la organización Transparencia Mexicana, en 2019, México obtuvo una calificación de 29 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción, (en una escala donde 0 es mayor percepción y 100 menor percepción), colocándose en la posición 130 de 180 países evaluados por Transparencia Internacional.

Mientras que en la medición realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México sigue siendo el país peor evaluado al ocupar la posición 36 de 36 países miembros.

Por lo que hace al Índice de Estado de Derecho 2019, del World Justice Project, los tres rubros en los que México requiere poner mayor atención son la corrupción, orden y seguridad y justicia penal, tan sólo en el tema de corrupción, nuestro país se ubica en el lugar 117 de 126 en el Ranking global, en el lugar 29 de 30 en el Ranking en Latinoamérica y Caribe y en el lugar 38 de 38 en el Ranking de países de ingreso medio alto. 1

Estas y otras mediciones confirman que la corrupción en México ha sido durante muchos años uno de los principales problemas del país, el cual no sólo tiene un costo social, sino también un costo sustancial para la economía, pues de acuerdo con estimaciones de la OCDE, a nuestro país le cuesta entre 5 por ciento y 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Por lo que hace a las mediciones nacionales, cabe mencionar la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019, publicada por el INEGI el 21 de mayo del año en curso, de la que se desprende que la prevalencia de la corrupción a nivel nacional se incrementó de 14,635 víctimas por cada 100,000 habitantes en 2017 a 15,732 en 2019.

Al respecto, el documento ENCIG 2019: Radiografía de la desconfianza, la corrupción y el encarecimiento del soborno, 2 elaborado por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, menciona que desde 2011 la corrupción se coloca entre los tres problemas qu2 más nos preocupan a los mexicanos, y desde 2015 ocupa el segundo lugar en las menciones.

En dicho estudio se explica que, aunque entre 2017 y 2019, la preocupación por la corrupción cayó en 4.2 puntos porcentuales (de 57 por ciento a 52.8 por ciento), esto se debe a que la preocupación por la inseguridad y la delincuencia, se incrementó en esa misma medida (4.6 puntos, de 74 por ciento a 78.6 por ciento).

Estas cifras implican que no es que nos preocupe menos la corrupción, sino que nos preocupa más la inseguridad, y esta tendencia no ha cambiado desde la encuesta 2015.

En conclusión, según la ENCIG, la corrupción no disminuyó en 2019 pues la gente cree que hubo más corrupción en trámites y servicios del gobierno en comparación con 2017 y la tasa de victimización reportada aumentó.

De todo lo anterior se desprende que la supuesta lucha contra la corrupción tan anunciada por el actual gobierno federal no se ve reflejada en resultados tangibles, y hasta el momento sólo se ha quedado en el discurso.

El presidente López Obrador menciona a la corrupción al menos una vez, en 90 por ciento de sus discursos o intervenciones públicas desde su toma de posesión. Por ejemplo, en 599 intervenciones públicas entre el 4 de diciembre de 2018 y el 5 de marzo de 2020, AMLO mencionó 5,324 veces la palabra corrupción y sus derivadas (corruptelas, anticorrupción, etc.). Es decir, cada vez que AMLO mencionó la palabra corrupción lo hizo reiteradamente, en promedio 8.9 veces por intervención. 3

Sin embargo, nos queda claro que discurso sobre corrupción empieza a desgastarse entre la opinión pública, pues se queda en palabras y no ha mostrado ninguna solución ni responsables.

Y esta situación se ha reflejado en el deterioro de su imagen en los últimos dos años, pues a 14 meses del inicio de la administración de López Obrador, se contabilizaron más de una docena de grandes escándalos de corrupción en los que se implicó a funcionarios como Manuel Bartlett, Zoé Robledo, Irma Eréndira Sandoval, y más recientemente al hermano del presidente Pío López Obrador.

De todos estos casos que trascendieron a la prensa nacional, no existe evidencia de que se llevaran a cabo las investigaciones correspondientes y por ende no ha habido sanciones que denoten una verdadera lucha contra la corrupción.

De ahí que afirmemos que el presidente no combate con hechos a la corrupción, en Acción Nacional rechazamos el discurso ambiguo del presidente que por un lado representa impunidad para sus amigos y familiares y por otro se dirige a la persecución de los adversarios del régimen con fines claramente electorales para descalificar a la oposición.

Esto lo podemos observar claramente en el caso Lozoya, que es más una estrategia mediática del presidente para inculpar a diversos personajes que no forman parte de su gobierno, en la que no se respeta la legalidad, ni la constitución y que muy seguramente no terminará en las sentencias ni sanciones correspondientes.

Porque si al presidente le importara realmente el combate a la corrupción no fomentaría las filtraciones de información que debe reservarse en los asuntos en curso, sino que velaría por la constitucionalidad y legalidad de las investigaciones sin interferir en la administración de justicia ni atentar contra los principios de presunción de inocencia y debido proceso.

Por ello, esta iniciativa tiene como objeto abonar en las políticas de combate a la corrupción, a través del endurecimiento de las sanciones aplicables a los servidores públicos que divulguen a quienes no tengan derecho, documentos, constancias o información que obren en carpetas de investigación o en un proceso penal y que, por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales.

Y adicionalmente se inserta en las conductas previstas en el artículo 211 Bis 2, la divulgación de información contenida en cualquier sistema, equipo o medio de almacenamiento informáticos del Estado o de seguridad pública, considerando que ya existe en ese mismo artículo una agravante aplicable cuando dichas conductas obstruyan, entorpezcan, obstaculicen, limiten o imposibiliten la procuración o impartición de justicia, o recaigan sobre los registros relacionados con un procedimiento penal resguardados por las autoridades competentes.

Dado que las conductas en contra de la procuración de justicia ya se encuentran previstas en el Código Penal Federal, esta reforma se enfoca principalmente en incrementar las sanciones vigentes, a efecto de desincentivar la comisión de estos delitos, como una de las herramientas para que el combate a la corrupción se materialice en resultados y no sólo en discursos del presidente en las mañaneras o en ataques a los adversarios políticos.

En Acción Nacional reprobamos cualquier acto de corrupción, sin importar de quien se trate, pero estamos convencidos de que esta lucha se debe acompañar necesariamente con una impartición de justicia que se apegue a la Constitución y las leyes, sin vicios en los procedimientos, para que realmente se llegue a las sentencias y se termine con la impunidad.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 211 Bis 2, y la fracción XXVIII y el penúltimo párrafo del artículo 225, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 211 Bis 2. ...

Al que sin autorización conozca, copie o divulgue información contenida en sistemas o equipos de informática del Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión y de cien a trescientos días multa.

A quien sin autorización conozca, obtenga, copie, utilice o divulgue información contenida en cualquier sistema, equipo o medio de almacenamiento informáticos de seguridad pública, protegido por algún medio de seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Si el responsable es o hubiera sido servidor público en una institución de seguridad pública, se impondrá, además, destitución e inhabilitación de cuatro a diez años para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública.

...

Artículo 225. ...

I. ... a XXVII. ...

XXVIII. Dar a conocer o divulgar a quien o quienes no tengan derecho, documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que, por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales;

XXIX. ... a XXXVII. ...

...

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones IV, V, VI, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXV, XXXVI y XXXVII se le impondrá pena de prisión de ocho a diez años y de cien a ciento cincuenta días multa.

...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Índice de Competitividad Internacional 2019, México: Sueños sin oportunidad, IMCO, disponible para su consulta en:

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/ICI2019IMCO.pdf

2 Disponible para su consulta en:

https://contralacorrupcion.mx/encig-2019-corrupcion-desconfianza -soborno/

3 Entre el discurso de honestidad y la corrupción en México, Sofía Ramírez Aguilar, Mexicanos contra la corrupción, 2 de julio 2020, disponible para su consulta en:

https://contralacorrupcion.mx/entre-el-discurso-de-honestidad-y- la-corrupcion-en-mexico/

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, a 2 de septiembre de 2020.– Diputado José Rigoberto Mares Aguilar (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Martha Elena García Gómez, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de alerta de violencia de género, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Un tema recurrente, por doloroso, lo es la eficacia de la Alerta de Violencia de Género (AVG), donde se entre-mezclan todo tipo de situaciones que hasta ahora han apuntado a colocarse declarativamente en lo considerado políticamente correcto.

Esto, porque los crímenes de mujeres y niñas persisten en diversas zonas del país, pero también por las quejas que las víctimas indirectas de los hechos vierten, las ineficacias de los aparatos de seguridad y de investigación, las precariedades presupuestales, las pocas sentencias al respecto. En una palabra, en la impunidad estructural que socialmente se percibe.

Recientemente, la autoridad en sus diversos estamentos, ha alegado la necesidad de homogenizar el tipo penal, incluso ha planteado su redefinición a fin de evitar contrariedades en su aplicación, pero ello no constituye una opinión generalizada.

Sin embargo, lo cierto es que, con las herramientas institucionales, jurídicas y presupuestales vigentes, nada parece detener esa violencia extrema de la que tenemos noticias diarias.

Mientras los casos se acumulan pareciera que la autoridad responde solo a aquellos que detonan mediáticamente. En muchos de los casos, ni a esos.

Excusas van y vienen, en un círculo virtuoso de dolo e ineficacia. Al menos así se advierte en las comunidades, considerando que son ya más de dos docenas de entidades federativas con declaratoria de AVG.

Las cifras que los feminicidios, los delitos sexuales o de violencia familiar han alcanzado cifras realmente preocupantes. Lo anterior, en un contexto de inseguridad permanente que ha vulnerado irremediablemente el tejido y la tranquilidad social.

Acerca de la alerta de violencia de género, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) define —en el artículo 21 del Capítulo V—, que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Siendo aplicables, en caso de feminicidio, las sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal Federal. 1

En el artículo subsiguiente se estipula que por Alerta de violencia de género (AVG) debe entenderse al conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

La norma refiere que con la AVG se busca primordialmente garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia contra ellas.

Que por ello ha de crearse un grupo de trabajo interinstitucional y multidisciplinario de seguimiento de la AVG respectiva; implementarse acciones preventivas de seguridad y de justicia; elaborar reportes especiales sobre la incidencia territorial de la violencia; disponer de recursos presupuestales y hacer del conocimiento público el motivo de la declaratoria (artículo 23 LGAMVLV)

En tanto que en el artículo 24 se dispone que la AVG ha de emitirse cuando determinadas circunstancias se cumplan:

• Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame.

• Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres.

• Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.

Enseguida, se señala que corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificar la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate (artículo 25)

De ese modo, y ante la violencia feminicida el Estado mexicano resarcirá el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, considerando como reparación el derecho ala justicia pronta, expedita e imparcial, con la investigación de las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables;la rehabilitación, al garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas;la satisfacción, al tomar medidas que busquen una reparación orientada a la prevención de violaciones, tales como la aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo; la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad; el diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres, así como la verificación de los hechos y la publicidad de la verdad (artículo 26)

De suyo, el artículo 42 del mismo ordenamiento establece que corresponde a la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género.

La operatividad de la AVG está dictada en el Reglamento de la Ley General donde se dispone respecto a uno de los insumos básicos de apoyo a la toma de decisiones institucional, que toca a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional, en coordinación con las instancias locales, procesar aquella información concerniente a la incidencia de la Violencia contra las Mujeres que conlleven a posibles casos de alerta de violencia de género:

Artículo 27. La Secretaría Ejecutiva, con el apoyo de los Mecanismos para el adelanto de las mujeres, sistematizará, en términos del presente artículo, la información que se genere en la implementación del Modelo de Erradicación e informará al Sistema para impulsar la instrumentación de acciones en la materia.

La información que se procesará será la siguiente:

(...)

III. Los resultados del monitoreo de la incidencia de la Violencia contra las Mujeres que conlleven a posibles casos de alerta de violencia de género;

Mientras que el artículo 30 es reiterativo de los fines de la declaratoria de Alerta:

Título Tercero

Capítulo I

De la Alerta de Violencia de Género y Violencia Feminicida

Artículo 30. La declaratoria de alerta de violencia de género tendrá como finalidad detenerla y erradicarla, a través de acciones gubernamentales de emergencia, conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las entidades federativas y los municipios.

En este contexto, el artículo 32 precisa acerca de quienes podrán presentar la solicitud respectiva de AVG:

Artículo 32. La solicitud de la declaratoria de alerta de violencia de género podrá ser presentada por los organismos de derechos humanos internacionales, nacional o de las entidades federativas, así como las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas.

La solicitud se presentará por escrito directamente o bien, a través de correo, ante la Secretaría Ejecutiva, quien revisará que dicha solicitud contenga los requisitos previstos en el artículo siguiente y lo hará del conocimiento de la Comisión Nacional. 2

En consecuencia, en el artículo 33, se detallan los contenidos que toda solicitud debe cubrir:

Artículo 33. La solicitud de la declaratoria de alerta de violencia de género deberá contener lo siguiente:

I. Denominación o razón social de quién o quiénes promuevan o, en su caso, nombre de su representante legal;

II. Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas;

III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personalidad con la que promueve, así como la legal existencia del organismo o asociación que promueva;

IV. Narración de los hechos en que se basa para estimar que existen delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, que perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame, o que en dicho territorio existe un agravio comparado en términos del artículo 31 de este Reglamento, y

V. Tratándose de agravio comparado, señalar las leyes, reglamentos, políticas o disposiciones jurídicas que considera, agravian los Derechos Humanos de las Mujeres.

En el artículo 35 se estipulan las condiciones para el subsanamiento de las omisiones en la solicitud y de los plazos de admisión:

Artículo 35. Cuando la solicitud no contenga la totalidad de los requisitos citados en el artículo 33 del presente Reglamento, la Comisión Nacional por conducto de la Secretaría Ejecutiva, deberá prevenir al solicitante por escrito y, por una sola vez, para que subsane la omisión dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de su notificación. Transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención, se desechará el trámite. Una vez que la solicitud cumpla con los requisitos previstos en el presente Reglamento, la Comisión Nacional, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, resolverá sobre la admisión de la solicitud, en un plazo de tres días hábiles.

Luego, el 36, de la admisión de la solicitud y de sus efectos procedentes, y la necesaria creación del Grupo de Trabajo el cual se abocará a su estudio y análisis para determinar o no su procedencia:

Artículo 36. Admitida la solicitud, la Secretaría Ejecutiva lo hará del conocimiento del Sistema, y coordinará y realizará las acciones necesarias para la conformación de un grupo de trabajo a efecto de estudiar y analizar la situación que guarda el territorio sobre el que se señala que existe violación a los Derechos Humanos de las Mujeres, ya sea por violencia feminicida o agravio comparado, a fin de determinar si los hechos narrados en la solicitud actualizan alguno de los supuestos establecidos en el artículo 24 de la Ley.

Dicho grupo se reunirá en el término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de admitida la solicitud.

El grupo de trabajo se conformará de la siguiente manera:

I. Una persona representante del Instituto Nacional de las Mujeres, quien coordinará el grupo;

II. Una persona representante de la Comisión Nacional;

III. Una persona representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

IV. Dos personas representantes de una institución académica o de investigación especializada en Violencia contra las Mujeres ubicada en el territorio donde se señala la violencia feminicida o agravio comparado;

V. Dos personas representantes de una institución académica o de investigación de carácter nacional especializada en Violencia contra las Mujeres, y

VI. Una persona representante del Mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad de que se trate.

Para efectos de las fracciones III y VI del párrafo anterior deberá mediar la aceptación por escrito de dichos representantes para integrarse al grupo de trabajo.

Las instituciones académicas o de investigación referidas en las fracciones IV y V de este artículo, podrán ser públicas o privadas y deberán estar incorporadas a la Secretaría de Educación Pública o a alguna institución de educación superior pública, contar con conocimiento y trabajo relevante sobre el tema de Violencia contra las Mujeres, y con experiencia de por lo menos dos años en la atención y prevención de la Violencia contra las Mujeres en la entidad federativa de la que se trate.

El grupo de trabajo podrá invitar al organismo de protección de los derechos humanos de la entidad federativa que corresponda, así como a expertos independientes que por su experiencia puedan colaborar con el estudio, análisis y conclusiones.

Por acuerdo del grupo de trabajo se podrán invitar como observadores a organismos internacionales en materia de derechos humanos.

El 36 Bis, del plazo de realización del estudio y de las acciones a tomar para el análisis de la solicitud:

Artículo 36 Bis. Para la realización del estudio y análisis a que se refiere el artículo anterior, el grupo de trabajo contará con treinta días naturales contados a partir del día en que se reúnan por primera vez para integrar y elaborar las conclusiones correspondientes, para lo cual podrá:

I. Solicitar, a través de la Comisión Nacional, a las autoridades federales, locales y municipales todo tipo de información y documentación que tengan relación con los hechos de Violencia contra las Mujeres que se afirman en la solicitud;

II. Solicitar la colaboración de las personas físicas o morales, que resulten necesarias, a fin de que expongan los hechos o datos que les consten;

III. Solicitar a la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Comisión Nacional, para que en un plazo no mayor a tres días naturales analice la posibilidad de implementar, en coordinación con las autoridades federales, locales o municipales que corresponda, las medidas provisionales de seguridad y justicia necesarias que, en su caso procedan, a fin de evitar que se continúen dando actos de Violencia contra las Mujeres en un territorio determinado. Una vez aceptadas las medidas provisionales por parte de las autoridades correspondientes, la Comisión Nacional por conducto de la Secretaría Ejecutiva lo informará al solicitante;

IV. Realizar visitas en el lugar en donde se señale la existencia de los hechos de violencia, y

V. Realizar, en su caso, el estudio legislativo para determinar si existe agravio comparado, considerando los datos de procuración e impartición de justicia relacionados con la Violencia contra las Mujeres.

Artículo 36 Ter. Las decisiones del grupo de trabajo se tomarán por mayoría de voto de sus integrantes. En caso de empate, la persona coordinadora del grupo tendrá el voto de calidad. Las posiciones minoritarias deberán constar en un apartado del documento para conocimiento del público interesado.

Cuando el grupo de trabajo no encuentre elementos suficientes que le permitan presumir la existencia o la veracidad de los hechos que dieron lugar a la solicitud, lo hará del conocimiento de la Comisión Nacional, así como de la Secretaría Ejecutiva, para que ésta a su vez lo haga del conocimiento de las partes interesadas. No podrá presentarse una nueva solicitud por los mismos hechos, sin que hubieran transcurrido, por lo menos, tres meses.

La documentación y demás información que genere el grupo de trabajo observará lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y demás normativa aplicable.

El 37 Bis, del contenido del informe del Grupo de Trabajo que deberá remitirse a la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres (Conavim):

Artículo 37. El informe del grupo de trabajo deberá contener:

I. El contexto de Violencia contra las Mujeres en el lugar donde se solicita la alerta de violencia de género;

II. La metodología de análisis;

III. El análisis científico de los hechos e interpretación de la información, y

El 38 del curso que seguirá el Informe, de la remisión al Ejecutivo local, y del plazo para admitir o no las conclusiones del mismo. De aceptarse, por parte del Ejecutivo local, el plazo para satisfacer las conclusiones del estudio, la valoración de las medidas adoptadas y de su consecuencia:

Artículo 38. La coordinadora del grupo de trabajo remitirá el informe a que se refiere el artículo anterior a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional, para su análisis.

La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional, remitirá el informe del grupo de trabajo al titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente para su conocimiento.

El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá publicarse en las páginas web del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Comisión Nacional.

En caso de que el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente considere aceptar las conclusiones contenidas en el informe del grupo de trabajo, tendrá un plazo de quince días hábiles contados a partir del día en que las recibió para informar a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional, su aceptación.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, sin que la Comisión Nacional reciba dicha aceptación, o en su caso, reciba la negativa del Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Comisión Nacional, en términos del artículo 25 de la Ley, emitirá la declaratoria de alerta de violencia de género, en un plazo no mayor a cinco días naturales contados a partir del vencimiento del plazo referido en el párrafo anterior.

Para efectos del párrafo cuarto de este artículo, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional, solicitará al Titular del Poder Ejecutivo de la entidad de que se trate, en un plazo de seis meses siguientes a la aceptación, la información necesaria sobre las acciones que están llevando a cabo para implementar las propuestas contenidas en las conclusiones del informe del grupo de trabajo. Dicha información deberá remitirse dentro de los cinco días siguientes de haber recibido la solicitud.

Una vez recibida la información a que se refiere el párrafo anterior, el grupo de trabajo emitirá un dictamen sobre la implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones del informe, el cual se remitirá a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Comisión Nacional, determine si la entidad federativa implementó dichas propuestas.

La Comisión Nacional, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, notificará el dictamen del grupo de trabajo a que se refiere el párrafo anterior a la organización solicitante.

En caso de que el grupo de trabajo considere que no se implementaron las propuestas contenidas en las conclusiones del informe, la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Comisión Nacional, en términos del artículo 25 de la Ley, emitirá la declaratoria de alerta de violencia de género, en un plazo no mayor a diez días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación del dictamen.

El 38 Bis, de los contenidos de la declaratoria:

Artículo 38 Bis. La declaratoria de alerta de violencia de género deberá contener lo siguiente:

I. Las acciones preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida y, en su caso, el agravio comparado;

II. Las asignaciones de recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género, por parte de la entidad federativa;

III. Las medidas que deberán implementarse para dar cumplimiento a la reparación del daño previsto en el artículo 26 de la Ley;

IV. El territorio que abarcará las acciones y medidas a implementar, y

V. El motivo de la alerta de violencia de género.

No procederá la investigación de hechos relacionados con solicitudes previamente presentadas que ya hubieran dado lugar a informes por parte del grupo de trabajo.

Las solicitudes que se presenten por los mismos hechos se acumularán al expediente inicial para que la Secretaría Ejecutiva lo haga del conocimiento del grupo de trabajo.

De las atribuciones de la Segob:

Artículo 54. La Secretaría de Gobernación tendrá las siguientes atribuciones:

V. Difundir los resultados de la Política Nacional Integral, así como las declaratorias de alerta de violencia de género que se hayan emitido;

(...)

Visto lo anterior, y a la luz de los insatisfactorios resultados producidos a partir de las declaratorias de la AVG en numerosos estados de la República, es dable explorar la posibilidad de instituir una estrategia para el seguimiento y evaluación periódica de la alerta de género con el objeto que, desde la Ley General en la materia, se dispongan las bases mínimas de actuación de la autoridad, frente a una sociedad ávida de resultados.

La Estrategia para el Seguimiento y Evaluación de las AVG implicaría una interacción múltiple —según sea el caso—, entre poderes, órganos autónomos y organismos de la sociedad civil. Donde estarían involucrados los poderes ejecutivos y sus mecanismos para el adelanto de las mujeres, por un lado; por otro, las Fiscalías generales autónomas; el poder judicial y el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil

Actores a los que les toca desarrollar diversas medidas:

• A la Administración Pública, acciones preventivas y de reparación del daño.

• A las fiscalías generales, acciones referidas a la investigación de los casos y su consignación oportuna.

• Al Poder Judicial, estudio y valoración de los casos consignados y las sentencias que ameriten.

En este contexto, es factible que el Grupo de Trabajo de Seguimiento y a partir de la Estrategia diseñada y puesta en operación esté en posibilidades de evaluar los avances en las diferentes esferas de responsabilidad mediante un sistema de indicadores de orden cuantitativo-cualitativo en torno a la prevención, a la investigación de casos y su consignación ante la autoridad pertinente, las reparaciones del daño, así como las sanciones acreditadas.

Por otro lado, es notorio que el grupo de trabajo aludido en la fracción I del artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) ve su concreción estructural en el artículo 36 del Reglamento respectivo, en el cual se establece que formen parte del mismo, representantes del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; de instituciones académicas o de investigación nacional y local; del mecanismo para el adelanto de las mujeres local, pudiendo ser invitados un representante del organismo local de protección de derechos humanos, y expertos independientes, y observadores de organismos internacionales de derechos humanos.

En esa línea, en la presente iniciativa se propone integrar como invitados a representantes de las fiscalías generales, de la autoridad judicial, de organismos internacionales de defensa de los derechos de las mujeres y de organismos de la sociedad civil nacionales y locales.

La incorporación de nuevos integrantes no persigue hacer del grupo de trabajo un ente inoperante sino por contrario articularlo con los efectos informativos necesarios y dinamizar su operación al comprometer a los actores interesados y a las autoridades responsables de la atención de la emergencia.

En tal virtud, tengo a bien someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma la fracción I del artículo 23 ; se adicionan los artículos 25 Bis, 25 Ter y 26 Bis, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 23. (...)

I. Establecer un grupo interinstitucional y multidis-ciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo y evalúe de manera sistemática las acciones que las autoridades implementen;

II a V (...)

(...)

Artículo 25 Bis. Tratándose de violencia feminicida, una vez declarada la Alerta por Violencia de Género y publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia, la Secretaría Ejecutiva del Sistema local que corresponda, y el Grupo de Trabajo interinstitucional y multi-disciplinario, procederán al diseño y formulación de una Estrategia específica para el seguimiento y evaluación periódica de los avances de la implementación de la Alerta de Género en el territorio que se trate, la cual deberá contar con la aprobación de los integrantes de este último.

La estrategia referida deberá contener al menos aquellas acciones preventivas y de reparación del daño que correspondan a la Administración Pública; las acciones en torno a la investigación de los casos y su consignación oportuna concernientes a las fiscalías generales; los casos consignados, valorados y sentenciados en el ámbito judicial.

Asimismo, a efecto de evaluar los avances en las dife-rentes esferas de responsabilidad la Estrategia estará dotada de un sistema de indicadores de orden cuantita-tivo-cualitativo en torno a prevención, investigación y consignación de casos, sanciones y reparación del daño.

La Estrategia contará con un cronograma que delimitará el calendario de sesiones del Grupo de Trabajo donde las dependencias e instancias involucradas darán cuenta de los pormenores en los avances en materia de prevención, investigación y procesamiento judicial de los casos registrados.

La Estrategia referida dispondrá la máxima publicidad de los avances en la implementación de la AVG, conforme a las disposiciones vigentes en la materia.

El Grupo de Trabajo sesionará al menos una vez cada tres meses. El titular del Grupo de Trabajo podrá convocar, de ser el caso, a reuniones extraordinarias o a petición de cualquier integrante del mismo.

Las sesiones de trabajo serán públicas.

Artículo 25 Ter. Conforme a la situación vigente y los avances alcanzados, el Grupo de Trabajo ajustará el perfil de la emergencia por declaratoria de alerta de violencia de género de acuerdo a las siguientes etapas:

I. Alerta Máxima. Difusión masiva de condición de territorio riesgoso para niñas, adolescentes y mujeres adultas, con llamados dirigidos a la población a extremar precauciones.

II. Alerta Media. Cuando se constaten avances sólidos en la implementación medidas de prevención, investigación de casos y consignación respectiva, que incidan en una reducción importante de hechos.

III. Alerta Mínima. Ausencia sostenida de nuevos casos, consolidación en la implementación de acciones de prevención y avances sostenidos en consignaciones y sentencias de los casos.

Artículo 26 Bis. Al Grupo de Trabajo de Seguimiento y Evaluación de la Alerta de Género, previsto en la fracción I del artículo 23, podrán ser invitados, con derecho a voz, sin menoscabo de su condición y atribuciones, un representante de la fiscalía general local correspondiente, y un representante de la autoridad judicial. Asimismo, representantes de organismos internacionales relacionados con la defensa de los derechos de las mujeres, y representantes de organismos de la sociedad civil nacionales o locales interesados en el tema.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

2 Conavim. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

«Iniciativa que adiciona el artículo 31 Ter a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Nohemí Alemán Hernández, y las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 31 Ter de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de establecer de manera obligatoria la atención a los periodistas independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.

Exposición de Motivos

La libertad de expresión es un derecho de suma importancia para cualquier sociedad. La información que puede ser difundida a través de ésta, permitirá en la medida en que se ejercite, la toma de decisiones. Asimismo, el atentar contra ella, ya sea censurando, ocultando o manipulando la información, impactará directamente en el desarrollo y bienestar de dicha sociedad. i

No obstante, ejercer el periodismo en México conlleva riesgos, y en la mayoría de los casos afectación en sus derechos laborales, atrás de la publicación de una nota se esconden relaciones laborales perversas, traducidas en falta de contratos formales, simulación e incumplimiento impune de normas mínimas por parte de los patrones de medios de comunicación. ii

En nuestro país, generalmente se carece de prestaciones laborales, seguridad social y estabilidad en el empleo con dignidad. En cualquier momento al periodista se le despide y no pasa nada. No hay garantías de protección al periodista por las condiciones de trabajo que realiza. iii

No obstante, a pesar de no estar establecida en la legislación, la profesión de periodista tiene características específicas que requieren de protección especial. iv

De conformidad con la definición adoptada por los estándares internacionales desarrollados por el Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la ONU (2012), el periodista es aquella persona que observa, describe, documenta y analiza los acontecimientos y documenta y analiza declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos y análisis para informar a los sectores de la sociedad o a esta en su conjuntvo. v

Asimismo, en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se definen a éstos como:

“Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen.”

Cabe señalar que esta definición en general es retomada por algunas de las leyes que han emitido las entidades federativas al respecto, siendo vigentes 19 leyes estatales en la materia de protección a periodistas, no obstante, continúan constantes violaciones en sus derechos humanos.

Por lo que, para un mayor abundamiento y así poder contar con un panorama más amplio respecto al tema en que versa la presente Iniciativa, se considera pertinente mencionar la atención que algunos Estados de la Republica le han dado a esta problemática.

Baja California. Reconoce al periodista como sujeto de protección social. Crea un fideicomiso con cuatro fondos. Ley para el Desarrollo y Protección Social de los Periodistas del Estado de Baja California, contempla la definición de periodista, la creación de un fideicomiso de y para los periodistas del estado, el Consejo de periodistas del estado, un fondo para la promoción de la salud de los periodistas, un fondo educativo para formación profesional, un fondo de becas para hijos de periodistas, un fondo de apoyo para la protección social, acceso a la vivienda. vi

Guerrero. Ley núm. 463, para el Bienestar Integral de los Periodistas del Estado de Guerrero, contempla la definición de periodista, apoyo a la salud del periodista y su familia, capacitación y mejoramiento técnico profesional, estímulo a la educación para el periodista y su familia, vivienda y suelo urbano para los periodistas, fondo de apoyo, la participación de los periodistas en el comité interno de programación de radio y televisión del estado, fomento a las actividades sociales, culturales y recreativas para el periodista y su familia, apoyo jurídico y protección. vii

Colima. Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima, contempla la definición de periodista y colaborador periodístico, la cláusula de conciencia, acceso libre y preferente a fuentes informativas, el secreto profesional, capacitación, derechos de autoría y firmas, acceso a la salud. viii

Es entonces, que ante la problemática que viven los periodistas en México para el desempeño de su trabajo, en diversos Estados de la República como se mencionó anteriormente se han expedido Leyes encaminadas a la protección de los mismos, bajo dos vertientes pues en dicha legislación se puede establecer ?al igual que en la legislación federal?, mecanismos que se pueden activar cuando se encuentre en peligro o haya sido amenazado o amedrentado por el desarrollo de sus actividades y la segunda vertiente, también encaminada a la protección, pero en este caso, de la información y las fuentes de donde la obtuvo, protección social e integral de sus derechos. ix

Por lo que, velar por la integridad de los periodistas es labor obligatoria que como legisladores y representantes nos corresponde, esta visión de pugnar y promover los derechos humanos sociales y laborales de los comunicólogos y periodistas.

Los ataques a los reporteros son constantes y muchos de ellos ni siquiera son registrados ante el temor de que se cumplan las amenazas. No valen omisiones, ni el silencio, cuando la información por ley es un derecho para los ciudadanos; sin embargo, quienes son el vínculo entre información y sociedad se encuentran en un momento de inseguridad e incertidumbre, en caso de amenazas o presunto riesgo, los periodistas si llegara a ocurrirles un atentado o accidente derivado de su profesión de alto riesgo, los periodistas deben contar con la prestación de servicios médicos por parte del sistema nacional de salud.

El ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de imprenta, y el acceso libre a la información pública, no se pueden garantizar mientras carezcan de prestaciones laborales, seguridad social y estabilidad en el empleo, sin las debidas garantías de protección al periodista por las condiciones de trabajo que realiza. Y es que el periodista y los medios de comunicación son quienes cumplen las labores sociales de información, análisis de situaciones, denuncia ciudadana, evidencia, proyección y reflejo a los principales problemas sociales.

Es por lo anterior que la presente Iniciativa propone que se adicione un artículo 31 Ter de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el objeto de establecer que, para el Instituto, será obligatoria la atención médica de urgencia a periodistas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.

Los medios de comunicación y los periodistas son un canal indispensable de cohesión colectiva, que cumplen funciones sociales prioritarias: informar, comunicar, analizar, denunciar, evidenciar, proyectar, y reflejar los problemas sociales.

En Acción Nacional sabemos que las disposiciones antes mencionadas en los tratados internacionales en favor de los periodistas, establecen obligaciones específicas para el Estado mexicano, adaptándolas en todo momento a las normas que exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que México forma parte.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 31 Ter de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Único. Se adiciona un artículo 31 Ter de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 31 Ter. Para el Instituto, será obligatoria la aten-ción médica de urgencia a periodistas, independiente-mente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

i Claudia Gamboa Montejano, maestra investigadora parlamentaria, Libertad de expresión y protección a periodistas, Marco Teórico-Conceptual, Marco Jurídico, Derecho Comparado e Iniciativas presentadas en la materia, Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis de Política Interior, LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, Ciudad de México, junio, 2016.

ii Fuentes Muñiz, Manuel, Sin Derechos Laborales, Condiciones laborales de las y los periodistas en México, un acercamiento, Primera edición, Coedición CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer, AC y Fundación Friedrich Ebert, 2008.

iii Ibídem.

iv Fuentes Muñiz, Manuel, Sin Derechos Laborales, Condiciones laborales de las y los periodistas en México, un acercamiento, Primera edición, Coedición CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer, AC y Fundación Friedrich Ebert, 2008.

v Article19, Informe Especial sobre Periodistas Desaparecidos en México, febrero de 2016, Dirección en Internet: . Fecha de consulta 13 de abril de 2016.

vi Ley para el Desarrollo y Protección Social de los Periodistas del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial No. 45, Tomo CXIX, Sección II de fecha 5 de octubre de 2012. Contiene 33 artículos divididos en 10 capítulos.

vii Ley número 463, para el Bienestar Integral de los Periodistas del Estado de Guerrero, publicada el 17 de mayo de 2002. Contiene 27 artículos divididos en 9 capítulos.

viii Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima, aprobada mediante decreto No. 552 del 28 de julio de 2012. Contiene 31 artículos divididos en 7 capítulos.

ix Claudia Gamboa Montejano, maestra Investigadora Parlamentaria, Libertad de expresión y protección a periodistas, Marco Teórico-Conceptual, Marco Jurídico, Derecho Comparado e Iniciativas presentadas en la materia, Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis de Política Interior, LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, Ciudad de México, junio, 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen, y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para opinión.

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de Registro Nacional de Deudores Alimenticios Morosos, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las denominaciones del Título Sexto y de su Capítulo II, los artículos 309, 311 y 317, y se adicionan los artículos 309 Bis, 309 Ter, y 309 Quáter, todos del Código Civil Federal en materia de Registro Nacional de Deudores Alimenticios Morosos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la sociedad, la desintegración familiar, ocasiona que sus integrantes enfrenten diversas situaciones con mayor dificultad. Esta circunstancia afecta considerablemente el desarrollo de las hijas e hijos, los cuales pueden caer en conductas antisociales, así como afectaciones emocionales. Las causas que motivan la desintegración familiar no deben ser ajenas a la legislación, ya que en ocasiones sus causas se generan por el incumplimiento de obligaciones alimentarias. El derecho de alimentos es, 1 la facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista para exigir a otra lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, del matrimonio o del divorcio en determinados casos.

Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 3 de cada 4 hijas e hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia y el 67.5% de los hogares sostenidos por madres solteras, no reciben pensión alimenticia debido al incumplimiento por parte de los deudores alimentarios quienes evaden cumplir con su responsabilidad. 2 Este escenario se presenta, en razón a que actualmente no existe una armonización nacional en el marco jurídico en materia civil, a pesar de existir diversos mecanismos para asegurar el pago de alimentos, sin embargo, esto no es suficiente para que el deudor cumpla con su obligación.

Los alimentos son el deber jurídico que tiene una persona llamada deudor alimentario de proporcionar a otro denominado acreedor alimentario lo necesario para su subsistencia en el ámbito de las esferas que integran al ser humano. En tanto, el derecho a los alimentos, para Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otro deudor alimentario, lo necesario para vivir, como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y en determinados casos, del concubinato. 3 Por consiguiente, el deudor alimentario es aquella persona que haya dejado de cumplir por más de sesenta días, en forma consecutiva o intermitente, con sus obligaciones alimentarias ordenadas por los jueces y tribunales o establecidas por convenio judicial o como resultado de la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias que tengan calidad de cosa juzgada.

Ante esta situación la Convención sobre los Derechos del Niño, señala, la obligación de los Estados de tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan esa responsabilidad. 4

En nuestro país, la legislación civil, establece que están obligados al pago de alimentos las siguientes personas, los padres respecto de sus hijas e hijos; si estos no pudieren, recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estén más próximos en grado; las hijas o los hijos respecto de los padres o si no pudieren, están obligados los descendientes más próximos en grado; las hermanas y los hermanos y demás parientes colaterales respecto a los menores, mientras éstos llegan a la mayoría de edad; el adoptante y el adoptado, tal como lo deben hacer los padres y las hijas e hijos.

Asimismo, señala que los alimentos comprenden, la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, además, los gastos para la educación primaria, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. 5 Aunado a ello, se precisa que los alimentos pueden derivar del matrimonio, del concubinato, de un divorcio o de un testamento, entre otros. 6

La existencia de esta obligación tutela que con los alimentos se cubra todo aquello que se necesita para subsistir de una manera digna. 7 En lo que respecta a la fijación de la pensión, el poder Judicial, ha manifestado, que aunque la constitución establece a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, dicha unidad no es aplicable tratándose de la fijación de pensiones alimenticias, toda vez que el artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Carta Magna, señala la naturaleza del salario mínimo el cual es la de un ingreso destinado a satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, ámbito en el cual entran, sin lugar a dudas, sus propios alimentos y los de su familia. 8

Con respecto a su cumplimiento, en materia civil, se establece que estos se garantizaran a través de fianza, prenda, hipoteca, depósito o cualquier otro medio de garantía a juicio del juez. En este sentido, una de las vías para obtener el pago de alimentos, consiste en el descuento vía nómina que el patrón efectúa a un deudor alimentario, para posteriormente entregar dicha cantidad a los acreedores. Aunque para formalizar dicho mecanismo se requiere la existencia de un patrón y de una relación de trabajo.

Otro aspecto es cuando, los jueces calculan el importe de la pensión alimenticia, obligando al deudor a su pago mediante una orden judicial, y cuando esta no se cumple, los jueces proceden a embargar bienes del deudor alimentario con el fin de cubrir el adeudo. Sin embargo, la dificultad a la que se enfrentan los acreedores alimentarios en este supuesto, consiste en que, los deudores ocultan sus bienes o permiten el embargo de bienes cuyo valor es insuficiente.

De igual forma, existe el delito al incumplimiento de obligaciones alimentarias, empero, en este contexto, en razón a lo sinuoso que representa al acreedor alimenticio el presentar la denuncia penal y el posterior proceso penal, dejan de lado castigar penalmente este tipo de conductas.

Ante la falta de regulación para garantizar el efectivo pago de alimentos, los deudores alimenticios se han aprovechado de esta situación, motivo por el cual en ocasiones se observan fraudes a la ley, a través de una serie de artimañas para acreditar que tienen menos dinero del que realmente poseen o se desentienden de su obligación. El universo de juicios del orden familiar en materia de pensiones alimenticias que se realizan cada año, son solo una señal del problema ya que es recurrente el incumplimiento de la obligación alimenticia.

Ante la necesidad de imponer sanciones a quien sea deudor alimenticio, es necesario crear un mecanismo de información que se encuentre al alcance de todos, de forma sencilla y rápida. Para tal efecto es trascendental crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios con carácter público, dicho registro contara con una base de datos de las personas que no cumplen con sus obligaciones alimentarias. Siendo este instrumento un mecanismo para que los deudores alimenticios redimensionen el valor de sus obligaciones frente a sus acreedores alimentarios, así como frente a la sociedad, debido a que la información sobre su situación legal en materia de alimentos será utilizada como componente de coacción, ya que dependerá de los efectos negativos que genere para los deudores a causa de su conducta contraria a la ley.

Además de la creación del Registro Nacional de Deudores Alimenticios, la iniciativa que planteo establece que, una vez que el juez ordene la inscripción del deudor alimentario en el Registro Nacional, se solicitará al Registro Público de la Propiedad a que se proceda a efectuar una búsqueda de inmuebles para que, en caso de existir estos, se proceda a realizar una anotación preventiva en los registros de la propiedad, esta acción se realizara sin necesidad de solicitud de parte, a fin de asegurar el monto de la pensión alimenticia. Para que se proceda a la cancelación de la inscripción esta se ordenara una vez que se haya cubierto con el total del adeudo.

Con nuestra propuesta se encontrará una solución para evitar el incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias desde el ámbito judicial, mediante la imposición de diferentes sanciones legales, debido a que nuestra legislación civil carece de instrumentos necesarios para dotar a los jueces para hacer cumplir sus resoluciones referentes a fijar pensiones alimenticias. Consideramos que los tribunales civiles deben lograr la máxima protección del interés del menor considerándola como una cuestión de orden público. No podemos olvidar que la obligación de dar alimentos es la más esencial de cuantas obligaciones tiene todo padre con respecto a sus hijas e hijos.

Es oportuno señalar casos internacionales donde se ha legislado a favor de los acreedores alimenticios, por ejemplo, en Estados Unidos de América existe un Registro Central de Obligados a Aportes Alimentarios, así mismo, en Argentina, Colombia, Perú y Uruguay un Registro de Deudores Alimentarios Morosos. En el caso particular de Argentina, se establece la negación de las instituciones de dar curso a operaciones bancarias, de la obtención de créditos, tarjetas de crédito o apertura de cuenta corriente; el no otorgamiento o la no renovación de la licencia de conducir; la prohibición de ser proveedor de la administración pública y de participar en licitaciones. 9

En Francia, su Código de Seguridad Social señala que cuando un padre incumple la obligación alimentaria, el Estado a título de adelanto la paga para después cobrarla al deudor, así mismo, establece como requisito para la expedición del pasaporte, presentar una certificación de que no se adeuda pensión alimenticia. Con respecto a Suecia, Alemania, y Suiza, el Estado suple el pago de las cuotas alimentarias, estableciendo mecanismos de sanción contra el deudor alimentario. En España, la retención del sueldo y de devoluciones de impuestos; el embargo de cuentas bancarias y de bienes y la prisión en ciertos casos. 10

En nuestro país, la Ciudad de México contempla la existencia de un Registro de Deudores Alimentarios Morosos como un medio de protección ante el incumplimiento de la obligación alimenticia.

Ante lo mencionado, no debe dejarse de lado que la obligación de la prestación de alimentos se encuentra conexionada con el desarrollo de la personalidad, por lo que, se deduce que este derecho es irrenunciable, es intransmisible y no puede ser objeto de compensación. 11

Esta problemática que se presenta por el incumplimiento de la obligación alimentaria que se da, de los padres hacia las hijas y los hijos, y en razón de que ellos en su calidad de menores de edad son un grupo en condiciones de vulnerabilidad, en el momento de presentarse la ausencia de alguno de los padres y la privación de los alimentos, por tal motivo, la Iniciativa pretende reformar el Código Civil Federal, a fin de establecer la creación de un Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

El registro estará a cargo del Registro Civil, se inscribirán a quien sea considerado deudor alimentario, se reportará a las sociedades de información crediticia la información relativa a los deudores alimentarios morosos de menores de edad conforme lo establezca la ley de la materia y demás disposiciones que se emitan por las autoridades competentes; así mismo, se deberá informar a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para los fines legales conducentes, a fin de garantizar el interés superior de la niñez, plasmado en nuestra Carta Magna. Sólo se procederá a la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios por orden judicial o notificación de la autoridad estatal competente.

Es puntual remarcar que el supuesto de que un deudor alimentario se inscriba en la base de datos de una Sociedad de Información Crediticia por incumplir con sus obligaciones alimentarias, es con la finalidad de que asuma las consecuencias económicas y patrimoniales que esta situación conlleva. Esto en razón de que la obligación alimenticia no puede constituirse como una obligación genérica, debido a que en ella se entremezclan elementos económicos y personales, lo que sitúa a las hijas y a los hijos como principales acreedores de la deuda alimenticia. 12

Es preciso señalar que las diferentes legislaciones en materia civil consideran al parentesco como base principal de la obligación de proporcionar alimentos atendiendo al vínculo familiar, por lo que es suma importancia proteger y garantiza el cumplimiento de esta obligación por parte de los padres con respecto a las hijas e hijos, convirtiéndola en una cuestión de interés público. El Registro, este se convertirá en un instrumento útil para evitar situaciones de abandono o desamparo derivadas del incumplimiento de las obligaciones alimenticias por parte de los progenitores deudores.

Por todo lo anteriormente expresado, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados, el proyecto de

Decreto por el que se reforman las denominaciones del Título Sexto y de su Capítulo II, los artículos 309, 311 y 317, y se adicionan los artículos 309 Bis, 309 Ter, y 309 Quáter del Código Civil Federal

Artículo Único: Se reforman las denominaciones del Título sexto y de su capítulo II, los artículos 309, 311 y 317, y se adicionan los artículos 309 bis, 309 ter, y 309 Quáter; todos del Código Civil Federal, para quedar de la siguiente manera:

Título Sexto
Del Parentesco,
De los Alimentos y del Registro Nacional de Deudores Morosos, y de la Violencia Familiar.

Capítulo II
De los Alimentos y del Registro Nacional de Deudores Morosos

Artículo 309. El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión competente al acreedor alimentario o incorporándolo, a la familia. Si el acreedor se opone a ser incorporado, compete al juez, según las circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos. Así mismo, el juez apercibirá al cumplimiento de la obligación.

En el supuesto de que el obligado a dar alimentos incumpla con lo señalado en el párrafo anterior por un periodo de más de sesenta días, será considerado como deudor alimentario moroso. Para tal efecto, el Juez de lo Familiar, a instancia de parte ordenará al Registro Civil su inscripción en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos.

En el caso de que el deudor alimentario moroso acredite ante el Juez de lo Familiar, que ha pagado en su totalidad los adeudos, podrá solicitar su cancelación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, así como la constancia respectiva.

El Registro Civil, informará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la inscripción en el Registro Nacional de Deudores Alimenticios Morosos, de quien ha incumplido con la obligación de dar alimentos a menores de edad, a fin de que establezca criterios para garantizar el interés superior de la niñez, para tal efecto se coordinará con cada entidad federativa.

El Registro Civil sólo procederá a cancelar las inscripciones previa orden judicial.

Artículo 309 Bis. El Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, será el Sistema de información pública que contenga la identificación de deudores alimentarios que por cualquier causa incumplan con la obligación de dar alimentos, derivada de sentencia o convenio por más de sesenta días.

El Registro Civil estará a cargo del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, el cual contendrá al menos lo siguiente:

I. Nombre y Clave Única de Registro de Población del deudor alimentario;

II. Juez de lo Familiar que ordena la inscripción;

III. Identificación del expediente que deriva la inscripción;

IV. Monto y periodicidad de la obligación; y

V. Fecha del último pago de la obligación.

Artículo 309 Ter. En el caso de solicitud de matrimonio, el Juez del Registro Civil hará del conocimiento a los pretendientes, inmediatamente después de la presentación de la solicitud, si se encuentran inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Artículo 309 Quáter. La cancelación de la inscripción en el Registro, procede por vía incidental, ante el Juez de la causa, habida cuenta de la acreditación de la obligación.

Artículo 311. Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos. Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario mínimo diario vigente (en el Distrito Federal), salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente.

Artículo 317. El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito de cantidad bastante a cubrir los alimentos o cualesquiera otra forma de garantía suficiente a juicio del juez.

Para efectos de lo señalado en el artículo 309 bis del presente código, el Registro Civil, una vez hecha la inscripción al Registro Nacional de Deudores Alimenticios Morosos, formulará solicitud al Registro Público de la Propiedad a efecto de la anotación respectiva en los folios reales propiedad del deudor alimentario moroso. El Registro Público de la Propiedad informará al Registro Civil su cumplimentación, en el caso de cancelación de la inscripción emitirá la constancia respectiva en un plazo máximo de 72 horas, contadas a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud correspondiente.

Asimismo, el Registro Civil celebrará convenios con las sociedades de información crediticia a que se refiere la Ley de la materia, a fin de proporcionar la información del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

De igual manera, el Registro civil, dará aviso a las autoridades migratorias conforme a la Ley en la materia, de aquellas personas que, en su carácter de deudoras alimentarias hayan incumplido con la obligación de dar alimentos por un período mayor de sesenta días y estén inscritas en el Registro Nacional de Deudores Alimenticios Morosos, a fin de que no pueda salir libremente del territorio nacional.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, se deberán hacer las adecuaciones reglamentarias conducentes a cargo del Registro Civil, para la implementación del presente decreto.

Tercero. Los congresos locales deberán armonizar sus leyes en materia administrativa que resulten necesarias para la implementación del presente decreto, en un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1 Rojina Villegas, Rafael, Compendio de Derecho Civil. Introducción, Personas y Familia, Porrúa, México, 2007, p. 265.

2 Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Convoca CNDH a Estado y Sociedad civil a trabajar articuladamente para garantizar el pago de pensiones alimenticias”, Comunicado de Prensa CGCP/128/16, 8 de mayo de 2016, disponible

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Co m_2016_128.pdf

3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alimentos, 2010, Serie Temas Selectos de Derecho Familiar, núm. 1, p.7

4 Artículo 27. 1. Los estados parte reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño; 3. Los estados parte, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda; 4. Los estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el estado parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados. Organización de las Naciones Unidad, Convención sobre los Derechos del Niño, disponible

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc_SP.pdf

5 Artículo 308, del Código Civil Federal, señala que “Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales”. Disponible,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_090318.pdf

6 Alimentos. Convenio celebrado entre deudores alimentarios. (legislación del estado de Querétaro). Es cierto que de conformidad con el artículo 308 del Código Civil para el Estado de Querétaro, no es renunciable ni puede ser objeto de transacción el derecho a recibir alimentos, pero también lo es que ello debe entenderse en el sentido de que no se permite la transacción entre deudor y acreedor, pero nada refiere dicho ordenamiento en consulta sobre el convenio que celebren los deudores alimentarios para cubrir tal obligación en favor de sus hijos, por tanto, es válido que los deudores alimentistas, puedan transigir sobre la forma en que habrán de proporcionar alimentos a sus hijos, por lo que si en el caso la madre del quejoso y el tercero perjudicado decidieron cumplir con esa obligación a través de un convenio, mismo que el demandado cumplió en sus términos, no puede sostenerse que se haya violado algún precepto del código en mención, ya que el derecho a recibir alimentos por parte del quejoso se encuentra satisfecho. En tales condiciones, de conformidad con el artículo del ordenamiento legal en comento, es permisible que los deudores alimentarios puedan convenir sobre la forma en que deban cumplir con su obligación de proporcionar alimentos a sus hijos, ya que dicho precepto impide la transacción del derecho a recibir alimentos entre acreedor y deudor alimentario, no así entre deudores solamente. Tesis: XXII.3 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II, agosto de 1995, p. 459

7 La regla general es que la pensión alimenticia de los hijos menores de edad siempre se fije imperativamente, puesto que lo contrario implicaría liberar a un progenitor de su obligación de prestar los alimentos. Pérez Martín, Antonio Javier, Procedimiento contencioso: Separación, divorcio y nulidad. Aspectos sustantivos, Lex Nova, Madrid, 2013, p. 548.

8 Pensión alimenticia. Debe fijarse, en los casos que así proceda, tomando como base o referencia el salario mínimo y no la unidad de medida y actualización. El artículo 26, apartado B, penúltimo párrafo, de la Constitución General de la República establece a la Unidad de Medida y Actualización, como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Sin embargo, dicha unidad no es aplicable tratándose de la fijación de pensiones alimenticias, toda vez que acorde con el artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Carta Magna, la naturaleza del salario mínimo es la de un ingreso destinado a satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos (ámbito en el cual entran, sin lugar a dudas, sus propios alimentos y los de su familia), a más de que esa propia disposición señala específicamente que el salario mínimo puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines acordes a su naturaleza y, en esa tesitura, la base o referencia para establecer una pensión alimenticia, en los casos que así proceda, no es la Unidad de Medida y Actualización, sino el salario mínimo, pues éste, dado lo expuesto, va más acorde con la propia naturaleza y finalidad de dicha pensión. Tesis: VII.1o.C. J/17 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 61, diciembre 2018, Tomo II, p. 863

9 Montoya Pérez, María del Carmen, El registro de deudores alimentarios morosos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012, pp. 128 - 129, disponible

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3833 /9.pdf

10 Montoya Pérez, María del Carmen, “El registro de deudores alimentarios morosos,” Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2012, p. 127 disponible

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3833/9.pdf

11 Viladrich Bataller, Pedro Juan, Convenios reguladores de las crisis matrimoniales: Bases conceptuales y criterios judiciales, Instituto de Ciencias de la Familia, Universidad de Navarra, Pamplona, 1989, p. 44.

12 Yzquierdo Tolsada, Mariano, y Cuena Casas, Matilde, Tratado de derecho de la familia, Cizur Menor, Aranzadi, 2011, p. 208.

Ciudad de México, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Anilú Ingram Vallines (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a fin de garantizar los derechos laborales de los periodistas, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Nohemí Alemán Hernández, y las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo XVIII, y los artículos 353 Bis al 353 Bis 5, al Título Sexto de la Ley de Federal del Trabajo, a fin de garantizar los derechos laborales de los periodistas:

Exposición de Motivos

La libertad de expresión es un derecho de suma importancia para cualquier sociedad. La información que puede ser difundida a través de ésta, permitirá en la medida en que se ejercite, la toma de decisiones. Asimismo, el atentar contra ella, ya sea censurando, ocultando o manipulando la información, impactará directamente en el desarrollo y bienestar de dicha sociedad. i

No obstante, ejercer el periodismo en México conlleva riesgos, y en la mayoría de los casos afectación en sus derechos laborales, atrás de la publicación de una nota se esconden relaciones laborales perversas, traducidas en falta de contratos formales, simulación e incumplimiento impune de normas mínimas por parte de los patrones de medios de comunicación. ii

Así también, en el conversatorio Derecho a la Información y Protección a periodistas que se llevó a cabo en la Ciudad de México en mayo del año pasado, el director del Centro de Información para México, Cuba y República Dominicana (CINU) expresó que México es el segundo país más peligroso para los periodistas, después de Afganistán, un país desgarrado por más de treinta años de guerra. iii

Además del riesgo presente a sufrir agresiones, los periodistas se encuentran en situación de vulnerabilidad en el ejercicio de su labor debido a las condiciones en las que desempeñan su trabajo. La falta de respeto a sus derechos laborales, de inestabilidad en el empleo, de bajos salarios, carencia de seguridad social, es la realidad para miles de periodistas en nuestro país.

En nuestro país, generalmente se carece de prestaciones laborales, seguridad social y estabilidad en el empleo con dignidad. En cualquier momento al periodista se le despide y no pasa nada. No hay garantías de protección al periodista por las condiciones de trabajo que realiza. iv

Por lo que, la inestabilidad laboral es uno de los problemas que se enfrentan en el medio periodístico: perder el empleo es cosa de un instante sin que haya mecanismos adecuados para que se escuche al agraviado y sean valorados sus argumentos. v

Aun cuando la Ley laboral reconoce dieciocho profesiones que por la naturaleza de su trabajo requieren protección especial, la de periodista no está definida ni contemplada en la Ley Federal del Trabajo en nuestro país, simplemente no existe. vi

La legislación también incluye a trabajadores de confianza, buques, tripulaciones aeronáuticas, ferrocarrileros, autotransportes, maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal, campo, agentes de comercio y semejantes. Asimismo, incluye deportistas profesionales, actores y músicos; quienes realizan trabajos a domicilio, domésticos, en hoteles, bares y otros establecimientos análogos; de la industria familiar, médicos residentes en período de adiestramiento en una especialidad y en las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley. vii

Estas profesiones reconocidas en la Ley laboral gozan de condiciones particulares y conllevan una protección especial tales como la obligación del patrón, en algunos casos, de cubrir el pago de comida, dar alojamiento cuando el trabajo así lo requiera, incrementar el salario en caso de que se prolongue la jornada por causas de fuerza mayor, independientemente de las horas extraordinarias. viii

En el capítulo de “trabajos especiales” se considera también en otros casos otorgar más vacaciones que las previstas en la legislación cuando el trabajo que se realiza es de mayor tensión; se establecen mayores obligaciones especiales de los patrones para cuidar de la seguridad de sus trabajadores en relación con la naturaleza del trabajo. ix

No obstante, a pesar de no estar establecida en la legislación, la profesión de periodista tiene características específicas que requieren de protección especial. x

Es entonces que, en 1990 como producto de la presión de organizaciones civiles de periodistas, se logró que la profesión de Reportero quedara reconocida en la tabla de profesiones de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM). xi

No obstante, este avance, su inclusión no es suficiente para lograr la verdadera protección de los derechos laborales de los periodistas, ya que sólo tiene repercusiones exclusivas en la fijación del salario mínimo profesional. De esta manera, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) define como reportero aquel: xii

“...trabajador que obtiene información de interés general sobre eventos o temas de actualidad a través de la observación de los hechos, de entrevistas a personas vinculadas con los mismos, o a personas de interés de la comunidad. Esta información la ordena, estructura y transmite de manera clara y expedita a la empresa periodística para su revisión y, en su caso, redacción definitiva y publicación.”

Como podemos observar, este reconocimiento como profesión en la tabla de salarios mínimos es limitado porque no da garantías de protección al periodista por las condiciones de trabajo especiales que realiza. xiii

Es entonces, que cuando no se da un contrato de trabajo por escrito al trabajador, el patrón nunca reconoce que el pago hecho es por concepto de salario, generalmente se refiere a éste como una “ayuda económica” para evitar el pago de prestaciones o pagar éstas de manera incompleta, respecto de la jornada de trabajo, ésta no se respeta, haya o no contrato de trabajo por escrito. xiv

Es por lo anterior que la presente Iniciativa propone reformar y adiciona el Capítulo XVIII, y los artículos 353 Bis al 353 Bis 5, al Título Sexto de la Ley de Federal del Trabajo, con el objeto de garantizar los derechos laborales de los periodistas.

De conformidad con la definición adoptada por los estándares internacionales desarrollados por el Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la ONU (2012), el periodista es aquella persona que observa, describe, documenta y analiza los acontecimientos y documenta y analiza declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos y análisis para informar a los sectores de la sociedad o a esta en su conjunto. xv

Asimismo, en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se definen a éstos como:

“Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen.”

Cabe señalar que esta definición en general es retomada por algunas de las leyes que han emitido las entidades federativas al respecto, siendo vigentes 19 leyes estatales en la materia de protección a periodistas, no obstante, continúan constantes violaciones en sus derechos humanos.

Es entonces, que ante la problemática que viven los periodistas en México para el desempeño de su trabajo, en diversos Estados de la República como se mencionó anteriormente se han expedido Leyes encaminadas a la protección de los mismos, bajo dos vertientes pues en dicha legislación se puede establecer ?al igual que en la legislación federal?, mecanismos que se pueden activar cuando se encuentre en peligro o haya sido amenazado o amedrentado por el desarrollo de sus actividades y la segunda vertiente, también encaminada a la protección, pero en este caso, de la información y las fuentes de donde la obtuvo, protección social e integral de sus derechos. xvi

Sobre el particular se encuentra que: a nivel Constitucional son los Estados de: Chiapas, Chihuahua, Hidalgo y Veracruz, los que contemplan protección de los periodistas y su profesión, y en dos Estados se ha expedido legislación en materia de protección social de los periodistas: Baja California y Guerrero.

En el Estado de Baja California, en la en su artículo 19 se establece algunas de las prestaciones del Fondo de Apoyo a esta profesión: xvii

“ El Fondo de Apoyo para la Protección Social de los Periodistas de Baja California, se integrará por las siguientes prestaciones: I.- Créditos para la adquisición de bienes o elementos personales de trabajo, vinculados al desarrollo profesional de los periodistas de Baja california; II.- Derogado. Fracción Derogada III.- Créditos para la compra de materiales de construcción; IV.- Préstamos quirografarios para la atención de necesidades urgentes de la vida diaria; y V.- Derogado.”

En el Estado de Guerrero, en la, en el artículo 17 se establecen los beneficios del Fondo de Apoyo para esta profesión:

“ Articulo 17.- Para cumplir por lo previsto en el artículo que antecede, el Fondo de Apoyo a los Periodistas con sujeción a su Reglamento de Operación podrá contemplar el otorgamiento de los siguientes apoyos: I.- Seguro de vida para los periodistas que formen parte del mismo; II.- Préstamos para adquisición de elementos personales que permitan desarrollar mejor la actividad periodística; III.- Préstamos o en su caso, apoyo para gastos funerarios del periodista, su cónyuge, hijos o ascendientes; IV.- Préstamos para el financiamiento de cursos escolares, de capacitación o adiestramiento en beneficio del propio periodista; V.- Apoyo económico por enfermedad común o en caso de accidente; VI.- Apoyo económico por maternidad para las mujeres periodistas que están afiliadas al Fondo; y, VII.- Los demás que se establezcan por acuerdo del Comité Técnico o que sean logrados por el mismo.”

En el Estado de Colima, en la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima, contempla la definición de periodista y colaborador periodístico, la cláusula de conciencia, acceso libre y preferente a fuentes informativas, el secreto profesional, capacitación, derechos de autoría y firmas, acceso a la salud. xviii

A pesar de lo anterior, falta fortalecer la legislación porque la labor periodística se ve amenazada constantemente por las circunstancias que vive nuestro país, que no solo afecta a quienes se dedican a informar y buscar la noticia, sino que perjudica también a sus familias que pueden llegar a sentirse inseguras, atacadas y, más aun, sin contar con seguridad o estabilidad económica, es una de sus realidades que no podemos permitir.

Por lo que, velar por la integridad de los periodistas es labor obligatoria que como legisladores y representantes nos corresponde, esta visión de pugnar y promover los derechos humanos sociales y laborales de los comunicólogos y periodistas ya la tuvieron las entonces legisladoras Laura Nereida Plascencia Pacheco y Carmen Salinas Lozano, quienes también promovieron una serie de propuestas para atender los problemas de los periodistas y comunicólogos en cuanto al reconocimiento a sus derechos laborales y en virtud de que la problemática subsiste hoy en día, se destaca que son estos temas coincidentes con los que planteo en esta iniciativa. No valen omisiones, ni el silencio, cuando la información por ley es un derecho para los ciudadanos; sin embargo, quienes son el vínculo entre información y sociedad se encuentran en un momento de inseguridad e incertidumbre.

El ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de imprenta, y el acceso libre a la información pública, no se pueden garantizar mientras carezcan de prestaciones laborales, seguridad social y estabilidad en el empleo, sin las debidas garantías de protección al periodista por las condiciones de trabajo que realiza. Y es que el periodista y los medios de comunicación son quienes cumplen las labores sociales de información, análisis de situaciones, denuncia ciudadana, evidencia, proyección y reflejo a los principales problemas sociales.

Es por lo anterior que la presente Iniciativa propone que se adicione el artículo 353 Bis de la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de establecer que las disposiciones de ese capítulo se aplican a los trabajadores periodistas que en el ejercicio de su profesión desarrollen actividades de obtención, elaboración, tratamiento y difusión por cualquier medio de información de actualidad, en formato literario, gráfico, audiovisual o multimedia, con independencia del tipo de relación contractual que pueda mantener con una o varias empresas, instituciones o asociaciones.

Asimismo, se considera necesario adicionar el artículo 353 Bis 1, para que las relaciones de trabajo puedan ser por tiempo determinado o por tiempo indeterminado, para varias temporadas o para uno o varios trabajos periodísticos prestados que obtengan y elaboren información de actualidad.

Atendiendo al espíritu de brindar protección a los periodistas, se propone adicionar el artículo 353 Bis 2, para establecer que se debe entender por periodista a las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen.

La modificación artículo 353 Bis 3, tiene el propósito de establecer que el salario podrá estipularse por unidad de tiempo, para uno o varias notas periodistas o trabajos prestados que obtengan y elaboren información de actualidad.

Además, se adiciona el artículo 353 Bis 4, con el propósito de establecer que las remuneraciones o salarios se acordarán en los contratos que para tal efecto se celebren, con fundamento en lo dispuesto en esta ley. En ningún caso podrán ser menores al Salario Mínimo Profesional.

Por último se adiciona el artículo 353 Bis 5 de la misma ley, para que los patrones garanticen a los trabajadores periodistas el acceso a la seguridad social, y que en caso de riesgo a su seguridad e integridad física, el patrón estará obligado a colaborar con las autoridades y proporcionar las facilidades y condiciones necesarias para que se salvaguarde la integridad de los periodistas y comunicadores, de conformidad con la ley de la materia, sin que ello afecte negativamente sus condiciones de trabajo.

Los medios de comunicación y los periodistas son un canal indispensable de cohesión colectiva, que cumplen funciones sociales prioritarias: informar, comunicar, analizar, denun-ciar, evidenciar, proyectar, y reflejar los problemas sociales.

Los legisladores tenemos un compromiso pendiente para legislar en la materia, y así brindar mayor protección y certidumbre a quienes ejercen esta profesión.

En Acción Nacional sabemos que las disposiciones antes mencionadas en los tratados internacionales en materia laboral en favor de los periodistas, establecen obligaciones específicas para el Estado mexicano, adaptándolas en todo momento a las normas que exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que México forma parte.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo

ÚNICO. Se reforma y adiciona el Capítulo XVIII, y los artículos 353 Bis al 353 Bis 5, al Título Sexto de la Ley de Federal del Trabajo, para quedar en los siguientes términos:

Capítulo XVIII Del Trabajo de Periodistas

Artículo 353 Bis. Las disposiciones de este capítulo se aplican a los trabajadores periodistas que en el ejercicio de su profesión desarrollen actividades de obtención, elaboración, tratamiento y difusión por cualquier medio de información de actualidad, en formato literario, gráfico, audiovisual o multimedia, con independencia del tipo de relación contractual que pueda mantener con una o varias empresas, instituciones o asociaciones.

Artículo 353 Bis 1. Las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo determinado o por tiempo indeterminado, para varias temporadas o para uno o varios trabajos periodísticos prestados que obtengan y elaboren información de actualidad.

Artículo 353 Bis 2. Para los efectos de este Capítulo, se entiende por periodista a las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen.

Artículo 353 Bis 3.- El salario podrá estipularse por unidad de tiempo, para uno o varias notas periodistas o trabajos prestados que obtengan y elaboren información de actualidad.

Artículo 353 Bis 4. Las remuneraciones o salarios se acordarán en los contratos que para tal efecto se celebren, con fundamento en lo dispuesto en esta ley. En ningún caso podrán ser menores al Salario Mínimo Profesional.

Artículo 353 Bis 5. Los patrones garantizarán a los trabajadores periodistas y comunicadores el acceso a la seguridad social. En caso de riesgo a su seguridad e integridad física, el patrón estará obligado a colaborar con las autoridades y proporcionar las facilidades y condiciones necesarias para que se salvaguarde la integridad de los periodistas y comunicadores, de conformidad con la ley de la materia, sin que ello afecte negativamente sus condiciones de trabajo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

i Claudia Gamboa Montejano, Maestra. Investigadora Parlamentaria, Libertad de expresión y protección a periodistas, Marco Teórico-Conceptual, Marco Jurídico, Derecho Comparado e Iniciativas presentadas en la materia, Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis de Política Interior, LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, Ciudad de México, junio, 2016.

ii Fuentes Muñiz, Manuel, Sin Derechos Laborales, Condiciones laborales de las y los periodistas en México, un acercamiento, Primera edición, Coedición CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer, AC y Fundación Friedrich Ebert, 2008.

iii ONU Noticias México, Incremento de agresiones contra periodistas en México preocupa a ONU, disponible en: , consultado el 17 de junio de 2019.

iv Ibídem.

v Fuentes Muñiz, Manuel, Sin derechos laborales, condiciones laborales de las y los periodistas en México, un acercamiento, primera edición, coedición CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer, AC y Fundación Friedrich Ebert, 2008.

vi Ibídem.

vii Fuentes Muñiz, Manuel, Sin derechos laborales, condiciones laborales de las y los periodistas en México, un acercamiento, primera edición, coedición CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer, AC y Fundación Friedrich Ebert, 2008.

viii Ibídem.

ix Ibídem.

x Fuentes Muñiz, Manuel, Sin derechos laborales, condiciones laborales de las y los periodistas en México, un acercamiento, primera edición, coedición CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer, AC y Fundación Friedrich Ebert, 2008.

xi Ibídem.

xii Ibídem.

xiii Ibídem.

xiv Ibídem.

xv Article19, Informe especial sobre periodistas desaparecidos en México, febrero de 2016, Dirección en Internet: . Fecha de consulta 13 de abril de 2016.

xvi Claudia Gamboa Montejano, maestra investigadora parlamentaria, Libertad de expresión y protección a periodistas, Marco Teórico-Conceptual, Marco Jurídico, Derecho Comparado e Iniciativas presentadas en la materia, Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis de Política Interior, LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, Ciudad de México, junio, 2016.

xvii Página oficial de la Cámara de Diputados en

xviii Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima, aprobada mediante decreto No. 552 del 28 de julio de 2012. Contiene 31 artículos divididos en 7 capítulos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Frinné Azuara Yarzábal, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III Bis al artículo 58 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hace poco más de 6 meses surgió en China el coronavirus SARS-Cov-2, dando origen a la enfermedad denominada covid-19, misma que se ha extendido a lo largo y ancho de todo el mundo, afectando a 215 países, por lo que ha sido declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A partir de entonces la pandemia ha ido avanzando de manera alarmante y sostenida, registrando a nivel mundial al 22 de julio de este año 14.7 millones de casos confirmados, así como 612 mil lamentables defunciones, con una tasa de letalidad global del 4.1 por ciento. 1

En México, el primer contagio se presentó el 28 de febrero y al 22 de julio las cifras oficiales reportan 362 mil 274 casos confirmados, 87 mil 905 casos sospechosos y 41 mil 190 lamentables defunciones. 1 Del total de casos confirmados, el 28.24 por ciento requirió hospitalización y el 71.76 por ciento fue atendido de manera ambulatoria, estimándose que se han recuperado 231 mil 403 pacientes, es decir el 63.87 por ciento. 2

Esta pandemia, considerada por los expertos como una de las más graves que ha padecido la humanidad en la historia reciente, después de la influenza en 1918, ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestros sistemas no solo de salud sino también económico, político y social. Para ilustrar esta hipótesis cito algunos elementos destacados del análisis de Amnistía Internacional, 3 publicado recientemente.

A partir de que en marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia la propagación de la covid-19, la mayoría de los países ha impuesto algún tipo de restricción a la libertad de circulación y a otros derechos humanos para controlar la propagación del virus. Varios países no han llegado aún a lo peor de la pandemia. En este difícil momento, el personal sanitario y los trabajadores y trabajadoras que realizan labores esenciales desempeñan un papel extraordinario en la respuesta a la pandemia. En todos los países han arriesgado su salud y su bienestar, a menudo en circunstancias muy difíciles y con muy poca ayuda, para garantizar el acceso de la población a los servicios esenciales que necesita –como atención sanitaria, alimentos y otros suministros de nutrición– y a los servicios públicos de emergencia.

Pese a ello, en todo el mundo el personal sanitario y los trabajadores y trabajadoras esenciales afrontan enormes dificultades para hacer su trabajo y no cuentan con suficiente protección de los gobiernos. El análisis de Amnistía Internacional muestra que, durante la pandemia, más de 3.000 trabajadores y trabajadoras de la salud han perdido la vida a causa de la covid-19 –cifra probablemente muy inferior a la real debido a la ausencia de informes– y muchos otros trabajan en entornos peligrosos debido a la escasez de equipos de protección individual (EPI). Además, por exponer problemas de seguridad han sufrido represalias de las autoridades y de sus entidades empleadoras, incluidos despidos y detenciones, y en algunos casos han sido incluso objeto de violencia y estigma por parte de la población.

Debido a su trabajo, el personal sanitario y muchos otros trabajadores y trabajadoras que realizan labores esenciales suelen estar más expuestos a la covid-19 que la población general y, por tanto, corren mayor riesgo de sufrir la infección, enfermar de gravedad e incluso morir si no cuentan con la debida protección. Aunque en muchos países no se hace actualmente un seguimiento sistemático del número de trabajadores y trabajadoras de la salud y esenciales fallecidos tras contraer la covid-19, sí existen algunas estimaciones. Según el Consejo Internacional de Enfermeras, “más de 230.000 profesionales de la salud han contraído la enfermedad, y más de 600 enfermeros y enfermeras han muerto ya por el virus”. Sin embargo, Amnistía Internacional ha recopilado y analizado toda una serie de datos disponibles que muestran que han muerto al menos 3.000 trabajadores y trabajadoras de la salud tras haber contraído la covid-19 en 79 países del mundo. En Reino Unido, los datos muestran “tasas elevadas [de mortalidad] en determinadas profesiones sanitarias” en comparación con la población activa en general, como enfermeros y enfermeras, auxiliares y asistentes de enfermería varones, trabajadores y trabajadoras sociales y trabajadores de la salud varones.

Se denunció la escasez de EPI para el personal sanitario y los trabajadores y trabajadoras esenciales en casi la totalidad de los 63 países y territorios en los que Amnistía Internacional recabó información y, según una encuesta publicada en mayo de 2020 por Public Services International en 62 países, menos de una cuarta parte de los sindicatos informó de que contaban con equipos adecuados. En estas circunstancias, el personal sanitario y los trabajadores y trabajadoras esenciales han tenido que recurrir a diversos medios para protegerse, lo que puso en peligro su salud y su seguridad. En algunos países, el personal sanitario informó de que no se les había proporcionado EPI, por lo que tuvo que adquirirlos y pagarlos de su bolsillo. Otras personas denunciaron haber tenido que improvisar y reconvertir materiales como bolsas de basura y chubasqueros para tratar de protegerse. Desde que comenzó la pandemia, varios países han cambiado sus normas sobre importación y exportación de productos esenciales, incluidos los EPI, lo que podría haber agravado la situación para algunos países con dificultades para adquirir estos equipos en el mercado internacional.

Por otra parte, al mismo tiempo que aumentaba el volumen de trabajo del personal sanitario y sus riesgos laborales, en algunos países estos trabajadores y trabajadoras dijeron también que no recibían un salario equitativo ni una indemnización en caso de enfermedad profesional o incluso de fallecimiento. El aumento del volumen de trabajo y el posible aumento de la ansiedad y el estrés relacionados con el trabajo, sobre todo en estas difíciles circunstancias, pueden tener consecuencias negativas para la salud mental del personal sanitario. Una encuesta realizada a personal sanitario en Portugal publicada en abril de 2020, tras el comienzo de la pandemia de covid-19, indicaba que casi el 75 por ciento de las personas encuestadas consideraba que sus niveles de ansiedad eran “altos” o “muy altos”, y el 14,6 por ciento dijo que tenía niveles de depresión moderados o significativos. Un trabajador sanitario de Sudáfrica lo explicó así a Amnistía Internacional: “El gran problema para mí es el cansancio que tenemos de ir corriendo de un paciente a otro, lo que hace que muchos de nosotros nos toquemos sin querer la cara y nos expongamos al virus. También sudamos mucho y la pantalla de protección se llena de vaho. Estoy de baja por la covid-19 y soy médico interino, lo que significa que sólo me pagan cuando trabajo, así que estoy aún más estresado que antes”.

Ante estas condiciones, trabajadores y trabajadoras han denunciado a menudo la situación y, en muchos casos, han sufrido represalias, como el despido e incluso la detención. Amnistía Internacional vio informes de al menos 31 países donde el personal sanitario y los trabajadores y trabajadoras esenciales habían protestado públicamente por sus condiciones de trabajo, habían hecho huelga o habían amenazado con ir a la huelga. La organización halló que, en algunos países, los gobiernos o determinadas entidades empleadoras habían impuesto restricciones o impartido instrucciones para impedir que el personal sanitario y los trabajadores y trabajadoras esenciales hablasen públicamente de sus motivos de preocupación. En otros, sin embargo, a pesar de que no se han impuesto restricciones oficiales al personal sanitario y a los trabajadores y trabajadoras esenciales, muchos actuaban en contextos en los que la represión suele ser la respuesta a las críticas a las autoridades, y corrían el riesgo de sufrir represalias.

Además, al mismo tiempo que el personal sanitario ha visto una oleada sin precedentes de apoyo y solidaridad públicos en muchos países, en algunos de ellos, el personal sanitario y los trabajadores y trabajadoras esenciales también han sido estigmatizados –y, en algunos casos, incluso objeto de violencia– debido al trabajo que llevan a cabo en el contexto de la pandemia de covid-19. También han llegado informes de personal sanitario al que se niega el acceso a servicios esenciales, como la vivienda, porque hay gente que tiene miedo de que se hayan contagiado de covid-19 y propaguen la infección. En al menos diez países se han recibido informes de trabajadores y trabajadoras de la salud que han sido desalojados de su vivienda o han sufrido intentos de desalojo, han tenido dificultades para encontrar un lugar donde vivir o han sido estigmatizados en el lugar donde residen.

Amnistía Internacional ha registrado este tipo de casos en al menos 11 países, donde el personal sanitario y trabajadores y trabajadoras esenciales han sido incluso agredidos o han sido objeto de violencia cuando iban a trabajar, en su lugar de trabajo, así como a manos de su comunidad, en su barrio y en sus casas. Además, en mayo de 2020, 13 organizaciones médicas y humanitarias que representan a 30 millones de profesionales de la salud emitieron una declaración en la que condenaron “más de 200 incidentes de agresiones relacionadas con la covid-19 [contra personal sanitario], tendencia que pone en peligro a estas personas, que realizan una labor vital al intervenir en primera línea, y a las comunidades a las que atienden”.

Por ejemplo, en México, a fecha 28 de abril, la Secretaría de Gobernación había documentado al menos 47 casos de agresiones contra personal sanitario, el 70 por ciento de ellas contra mujeres. Entre ellos figura el caso de una enfermera a quien, según informes, arrojaron lejía cuando caminaba por la calle. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación informó de que, entre el 19 de marzo y el 8 de mayo, había recibido 265 quejas sobre discriminación a personal sanitario debido a la covid-19, 17 de personal médico, 8 de personal de enfermería y 31 de personal administrativo o de apoyo.

Los Estados tienen unas obligaciones claras en materia de derechos humanos en relación con la protección del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales en el contexto de la covid-19. Esto incluye sus derechos a la salud; a unas condiciones laborales justas y favorables; a la libertad de expresión y de reunión pacífica; a no ser objeto de discriminación ni violencia; y la obligación de todos los Estados de proporcionar cooperación y asistencia internacionales para la realización de los derechos humanos. La protección de los derechos del personal sanitario y los trabajadores y trabajadoras esenciales es fundamental para garantizar una respuesta a la pandemia más enérgica y respetuosa con los derechos. El personal sanitario es una valiosa fuente de información sobre la propagación y la magnitud de la pandemia de covid-19 y las respuestas del gobierno a ella. Garantizar la protección del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales es una medida significativa para garantizar la protección de toda la población.

Este informe se publica en un momento en el que la pandemia parece disminuir en algunos países e intensificarse en otros. Sin embargo, las lecciones y recomendaciones que contiene son universales. Los países que están experimentando lo peor de la pandemia ahora mismo deben implementar con urgencia sus recomendaciones para proteger los derechos del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales. Los países que podrían experimentarla con intensidad en el futuro y que aún no están afectados de gravedad deben emplear el tiempo de que disponen en garantizar que los sistemas de salud están preparados y que, cuando llegue la pandemia, cuentan con la infraestructura necesaria para proteger plenamente los derechos del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales. Y los países que acaban de vivir lo peor de la pandemia deben prepararse para posibles “ segundas oleadas”, además de hacer un seguimiento de los motivos de preocupación expuestos por el personal sanitario y los trabajadores y trabajadoras esenciales a fin de garantizar la rendición de cuentas en las situaciones en las que no se han protegido plenamente sus derechos.

Amnistía Internacional formula un completo conjunto de recomendaciones dirigidas a gobiernos de todo el mundo para garantizar la protección adecuada del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales durante la pandemia de covid-19. Entre ellas figuran las siguientes:

• Los Estados deberán garantizar que las entidades empleadoras –sean públicas o privadas– proporcionan al personal sanitario y a los trabajadores y trabajadoras esenciales equipos de protección individual (EPI) adecuados y suficientes para protegerse durante la pandemia de covid-19, con arreglo a las normas internacionales.

• Los Estados deberán reconocer la covid-19 como enfermedad profesional, y los trabajadores y trabajadoras que la contraigan como consecuencia de actividades relacionadas con su trabajo deberán tener derecho a una compensación en efectivo y a la atención médica y otros cuidados necesarios. Esto deberá incluir a la totalidad del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales con independencia de la naturaleza de su contrato, y abarcar a quienes pertenezcan a grupos que sufran discriminación estructural.

El relator especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos declaró: “Los valientes médicos, enfermeros, equipos de respuesta a emergencia y demás profesionales médicos que trabajan en primera línea de la lucha global contra la pandemia del coronavirus son unos héroes. Su incansable trabajo y su sacrifico personal muestran lo mejor del ser humano. Es nuestro deber protegerlos [...] No obstante, la intolerable escasez de equipos de protección básicos sigue suponiendo una grave preocupación en casi todos los países que luchan contra el coronavirus.

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) dijo: “Muchos profesionales sanitarios, que están realizando una labor heroica en primera línea para frenar la pandemia, se están infectando como resultado de las deficiencias en la indumentaria y los equipos de protección personal o de la escasez de estos [...] Puesto que constituyen la primera línea de respuesta a esta crisis, se ha de facilitar a todos los profesionales sanitarios la indumentaria y los equipos de protección adecuados para evitar el contagio. Asimismo, es esencial que los responsables de la toma de decisiones los consulten y presten la debida consideración a sus recomendaciones. Los profesionales sanitarios desempeñan un papel fundamental para la alerta temprana de la propagación de enfermedades como la covid -19 y la recomendación de medidas eficaces de prevención y tratamiento”.

Del mismo modo, el Comité Europeo de Derechos Sociales declaró: “Deben adoptarse todas las medidas posibles para garantizar que hay un número suficiente de profesionales de la salud y que sus condiciones de trabajo son saludables y seguras. Esto incluye la provisión del equipo de protección individual necesario”. El Grupo de Trabajo sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos pidió a los Estados Partes que “ garanticen que todo el personal médico de primera línea está protegido de la infección y que recibe una remuneración adecuada y a tiempo por sus servicios”. De modo similar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales señaló que los Estados “deben tomar como prioridad la integridad y bienestar de las personas profesionales de la salud frente a la pandemia, considerando asimismo fundamental que los Estados tomen medidas específicas para la protección y reconocimiento de las personas que asumen socialmente tareas de cuidado, formal o informalmente” y subrayó la importancia de unas “ medidas especiales para la protección y entrenamiento de las personas sanitarias, lo que incluye que dispongan de equipos de protección personal y para la desinfección de ambientes, así como la debida garantía de sus derechos laborales y de seguridad social”.

La prevención de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales es un aspecto fundamental del derecho a unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Según la Observación general número 23, los Estados deben “adoptar una política nacional para prevenir los accidentes y daños a la salud relacionados con el trabajo mediante la reducción al mínimo de los riesgos en el entorno de trabajo”. Las personas afectadas por un accidente laboral o enfermedad profesional prevenible deben tener derecho a una reparación, y los Estados deben velar por que“ los trabajadores que sufran un accidente o se vean afectados por una enfermedad y, cuando proceda, las personas a su cargo, reciban una indemnización adecuada que incluya los gastos de tratamiento, la pérdida de ingresos y otros gastos, y tengan acceso a servicios de rehabilitación”. Los trabajadores deberían poder vigilar las condiciones de trabajo sin temer represalias. La licencia por enfermedad con sueldo es fundamental para que los trabajadores y las trabajadoras con enfermedades agudas y crónicas puedan recibir tratamiento y para evitar el contagio de otros trabajadores.

Este informe ha expuesto los graves motivos de preocupación que afectan hoy al personal sanitario y a los trabajadores y trabajadoras esenciales, y los numerosos fallos de protección de todo el abanico de sus derechos humanos por parte de los gobiernos.

Basándose en la información anterior, Amnistía Internacional formula, entre otras, las siguientes recomendaciones para garantizar que se proteja adecuadamente al personal sanitario y a los trabajadores y trabajadoras esenciales durante la pandemia de covid-19:

• Las protecciones en materia de salud y seguridad en el trabajo, y las prestaciones asociadas a ser parte de la respuesta a la covid-19, deberán estar igualmente disponibles para todo el personal sanitario y los trabajadores y trabajadoras esenciales que participen en dicha respuesta, con independencia de la duración de su contrato (permanente o temporal), de que trabajen en el sector formal o en el informal, y de la antigüedad en su puesto.

• Los Estados deberán garantizar que la totalidad del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales reciben un salario equitativo que refleje el impacto de su labor en su salud y su seguridad, las dificultades específicas del trabajo y el impacto en su vida personal y familiar, con arreglo al derecho y las normas internacionales de derechos humanos. De manera particular destaca:

Los Estados deberán reconocer la covid-19 como enfermedad profesional, y los trabajadores y trabajadoras que la contraigan como consecuencia de actividades relacionadas con su trabajo deberán tener derecho a una compensación en efectivo y a la atención médica y otros cuidados necesarios. Esto deberá incluir a la totalidad del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales. Si un trabajador o trabajadora de la salud o esencial muere como consecuencia de haber contraído la covid-19 en el trabajo, su familia y personas dependientes deberán recibir una indemnización y otras formas de ayuda.

La problemática expuesta en el informe de Amnistía Internacional, 3 también la ha padecido México, pues además de lo que se ha mencionado en el propio informe, a lo largo del tiempo diversos medios e instancias han manifestado lo siguiente:

Desde que inició la pandemia de covid-19 en México, más del 21 por ciento de los contagios se han presentado entre trabajadores de la salud, un reflejo de la enorme vulnerabilidad con la que labora este gremio. 4

Según cifras de la Secretaría de Salud, hasta el pasado 28 de junio, cerca de 46,013 trabajadores de la salud se han contagiado de covid-19. Para ese mismo día, la cifra de casos confirmados a nivel nacional llegaba a los 216,852.

Las cifras del 28 de junio también muestran que, del total de contagios entre el personal de salud de nuestro país, 41 por ciento forman parte del personal de enfermería; 29 por ciento médicos; 27 por ciento otros trabajadores de la salud; 2 por ciento laboratoristas y 1 por ciento dentistas.

Con el 92 por ciento de ellos tratados de una forma ambulatoria; mientras que en 1,834 casos se requirió una hospitalización; en 1,693 fue de gravedad y en 234 fueron intubados.

Desde hace meses, han sido constantes las quejas de los trabajadores de la salud, quienes incluso han salido a las calles para protestar, por la falta de protocolos y materiales suficientes y adecuados para hacerle frente a la pandemia en México, la cual los expone principalmente a un mayor riesgo de contagio y a un desgaste físico y mental producto de las jornadas extenuantes de trabajo en el período de la emergencia.

Así como a la presión para dar respuesta a la demanda de servicios con insuficientes recursos de medicina crítica. Aunado a que también persiste su temor permanente del contagio o de llevar el virus a sus hogares.

Se sabe que una parte de los contagios y muertes por covid -19 entre el personal sanitario se debe a la exposición a una gran carga viral durante periodos largos, pero también se señala a la falta de insumos de protección, como son los cubrebocas N95, además de una deficiente capacitación e insuficiente entrenamiento para que el personal de salubridad sepa cómo cuidarse y prevenir el contagio. 4

Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud —que agrupa a trabajadores del IMSS, ISSSTE, SSA y Secretaría de Salud capitalina, reiteraron su llamado a médicos, enfermeras y personal de apoyo para manifestarse este primero de julio en sus ciudades, como una muestra de rechazo ante la incapacidad de las autoridades para garantizar las condiciones laborales y de seguridad sanitaria para el personal de salud, afirmó Rafael Soto Cruz, enfermero del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. 5

El Comité Internacional de la Cruz Roja, (CICR) identificó un total de 53 casos de agresiones en contra de personal de salud en México con 94 afectados directos en 20 estados de la República Mexicana entre el 23 de marzo al 20 de mayo. 6

El Sistema de las Naciones Unidas en México lamentó este jueves el aumento de agresiones contra el personal sanitario que combate la pandemia de covid-19 en el país norteamericano y destacó la importante labor que llevan a cabo. 7

En un comunicado de prensa, la ONU en México llama a toda la población a respetar el trabajo de los profesionales de la salud y condena “cualquier expresión de odio, intolerancia, estigmatización y discriminación en contra de quienes hoy están en la primera línea de respuesta a la pandemia”. 7

Por otra parte, amén de la problemática que se ha expuesto, los trabajadores de la salud que se han contagiado y que afortunadamente se han recuperado, ahora también tendrán que enfrentar las secuelas de la enfermedad.

Son varias las investigaciones que intentan arrojar cierta luz sobre el futuro incierto de aquellos que han conseguido vencer al coronavirus. Sus consecuencias perduran una vez se abandona el hospital, especialmente en los casos más graves, y son muchos los que se ven obligados a alargar los tratamientos. 8

La neumonía es uno de los efectos más comunes producidos por el nuevo coronavirus covid-19 en el cuerpo humano. Los pacientes que experimentan este tipo de infecciones de forma severa, junto a una inflamación prolongada y enfermedades crónicas subyacentes pueden tener más riesgo de padecer enfermedades futuras como ataques cardíacos, derrame cerebral y problemas renales.

Aunque todavía no hay investigaciones al respecto, las discapacidades derivadas de la covid-19 podrían ser similares a las que produce una neumonía severa. En sus estados más graves, estas infecciones pueden desembocar en un edema pulmonar, cuando el líquido se acumula en las numerosas bolsas de los pulmones y provocar problemas respiratorios a largo plazo.

Las estancias prolongadas en UCI pueden provocar problemas físicos y mentales a futuro, tal y como explica Dale Needham, médico de cuidados intensivos de la Universidad Johns Hopkins. Las infecciones respiratorias graves obligan a los afectados a pasar largos períodos de tiempo conectados a respiradores - hasta 2 semanas en ciertos casos de coronavirus-, provocando casos de atrofia muscular y debilidad ante la falta de movilidad.

A las secuelas físicas habría que sumar los efectos psicológicos que puede desencadenar el estrés generado por esta enfermedad en los pacientes recuperados. Los profesionales prevén un aumento importante de los problemas de salud mental una vez pase la crisis. Casos de ansiedad, depresión e incluso trastorno de estrés postraumático. Un estudio anterior, reveló que un tercio de las personas hospitalizadas por SARS habían desarrollado síntomas moderados o severos de depresión un año después de superar la enfermedad. 8

Las investigaciones posteriores de los pacientes recuperados de covid-19 deben ahora mostrar si han desarrollado fibrosis pulmonar en la que el tejido conectivo del pulmón se inflama. Esto lleva a una proliferación patológica del tejido conector entre los alvéolos y los vasos sanguíneos que los rodean. Esto dificulta que el oxígeno llegue a los vasos sanguíneos, endurece los pulmones y hace que la respiración sea superficial y rápida. Los trastornos respiratorios, la falta de aliento y la tos seca de pecho son las consecuencias, el rendimiento físico disminuye, incluso las actividades cotidianas se vuelven difíciles. Si se detecta a tiempo, la fibrosis pulmonar puede ser frenada. La fibrosis pulmonar es incurable, porque las cicatrices en el tejido pulmonar no desaparecen. Pero la progresión de la fibrosis pulmonar puede retrasarse y a veces incluso detenerse, si se detecta a tiempo. 9

Por otra parte, en un artículo publicado en la revista del Massachusetts General Hospital, se señala que la infección aguda es un desencadenante conocido de la cetoacidosis diabética. El covid-19 puede predisponer a los pacientes a una hiperglucemia y cetoacidosis graves como cualquier otra infección aguda o puede aumentar el riesgo de forma única. 10

Existe la hipótesis de que los coronavirus pueden causar una disfunción transitoria de las células beta, lo que conduce a una hiperglucemia aguda y a una deficiencia relativa de insulina. Esto está respaldado por un estudio de 39 pacientes con SARS sin antecedentes de diabetes. Veinte de ellos desarrollaron diabetes, todos menos dos de forma transitoria. Además, se ha identificado ECA2 en el páncreas de los pacientes con SARS.

Podría desarrollarse un círculo de retroalimentación en el que la infección por el SARS-Cov-2 provoca una hiperglucemia grave, lo que lleva a la elevación de la ECA2 en varios órganos, lo que provoca una mayor entrada del virus y una mayor inflamación. 10

El Dr. Douglas Villaroel de la International Diabetes Federation, opina que hay varios medicamentos que tienen efectos secundarios relacionados al aumento de los niveles de glucosa en sangre. La diabetes puede ser inducida por fármacos cuando se utiliza un medicamento específico que conduce al desarrollo de esta enfermedad. 11

En algunos casos, el desarrollo de diabetes puede ser reversible si se suspende el uso del medicamento, pero en otros casos la diabetes inducida por fármacos puede ser permanente.

La diabetes inducida por medicamentos es una forma de diabetes secundaria, en otras palabras, diabetes que es consecuencia de tener otros problemas de salud. Existen varios medicamentos que se han relacionado con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Como, por ejemplo: Corticosteroides, diuréticos tiazídicos, Beta-bloqueadores, antipsicóticos, estatinas. Resumiendo, es posible desarrollar diabetes secundaria a alguno de los medicamentos que podría haber recibido durante el covid-19. 11

Ante este panorama, es probable que una gran cantidad de trabajadores de la salud, que lograron vencer al coronavirus, estén imposibilitados para seguir laborando y se hayan quedado sin empleo, sobre todo si no contaban con algún tipo de contrato con seguridad social, por consiguiente, no tendrán posibilidades de acceder a la atención médica para enfrentar satisfactoriamente las secuelas de la enfermedad que les sean aplicables. Es una doble tragedia, pues por un lado se quedan sin empleo y por otro sin acceso a la atención médica para su rehabilitación y pronta reincorporación a la vida productiva.

En México laboran miles de trabajadores en el sector público de salud, distribuidos de la siguiente manera: 69 mil 896 médicos(as) generales y familiares, 94 mil 603 médicos(as) especialistas, 10 mil odontólogos(as), 26 mil 066 residentes, 144 mil 784 enfermeras(os) generales, 36 mil 602 enfermeras(os) especialistas, 104 mil 853 auxiliares de enfermería, entre otros como: laboratoristas, personal de intendencia, de mantenimiento, camilleros, paramédicos y choferes de ambulancia. 12

Se estima que al menos 87 mil trabajadores de la salud, están contratados bajo el régimen de honorarios, sin gozar de prestaciones de ley como la seguridad social y el fondo de pensiones, entre otros. 13

Lo anteriormente expuesto es una clara evidencia de que una parte del personal sanitario en muchas partes del mundo, y por supuesto también en México, enfrenta la peor pandemia de la historia reciente en condiciones deplorables, que se resumen en: carencia de equipo de protección individual adecuado, jornadas de trabajo extenuantes, desapego familiar, agresiones y estigmatización de la sociedad civil, represalias de patrones, salarios inequitativos, contratos laborales precarios sin seguridad social, ansiedad y estrés, pérdida del empleo, incapacidades sin posibilidad de rehabilitación, contagios, enfermedad y en algunos casos la muerte.

Por otro lado, en nuestro marco jurídico vigente se establece el derecho de las personas a un trabajo digno y a la seguridad social. Así tenemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 14 establece en su Artículo 123. “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. Y en su fracción XIV del apartado B “La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social”.

Asimismo, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 15 establece los beneficios de la seguridad social a los que tienen derecho todos los trabajadores en el sector público. Cito textualmente algunos de ellos:

Artículo 3. Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros: I. De salud, que comprende: a) Atención médica preventiva; b) Atención médica curativa y de maternidad, y c) Rehabilitación física y mental; II. De riesgos del trabajo; III. De retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y IV. De invalidez y vida.

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

XXIX. Trabajador, las personas a las que se refiere el artículo 1o. de esta Ley que presten sus servicios en las Dependencias o Entidades, mediante designación legal o nombramiento, o por estar incluidas en las listas de raya de los Trabajadores temporales, incluidas aquéllas que presten sus servicios mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa de acuerdo con las condiciones generales de trabajo y el contrato sea por un periodo mínimo de un año.

De igual manera la Ley General de Salud 16 contempla en su:

Artículo 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. Establecer y conducir la política nacional en materia de salud, en los términos de las leyes aplicables y de conformidad con lo dispuesto por el Ejecutivo Federal;

Si bien en el marco jurídico se establecen claramente los derechos al trabajo digno, los beneficios de la seguridad social y la competencia de la autoridad sanitaria para establecer y conducir la política nacional de salud; y dada la trascendencia de avanzar con acciones efectivas y eficaces para corregir la problemática que se ha expuesto, es necesario establecer explícitamente en la Ley General de Salud un apartado que establezca específicamente la competencia de la autoridad sanitaria para implementar acciones que aseguren las mejores condiciones laborales y de seguridad sanitaria para los trabajadores de la salud que laboran en la primera línea de respuesta contra las epidemias y pandemias que ponen en grave riesgo la salud de la población.

Con ello se persigue el propósito de que la Secretaria de Salud como autoridad sanitaria, cuente con todas las facultades y fuerza legal para emprender acciones que tiendan a garantizar las mejores condiciones para el personal de salud ante eventuales eventos catastróficos como la pandemia que hoy estamos enfrentando, acciones dirigidas fundamentalmente a gestionar mayores presupuestos para regularizar los contratos laborales del personal de salud sin seguridad social, para fortalecer la capacidad instalada de infraestructura en salud, para la adquisición de equipo médico, y especialmente para la adquisición oportuna de insumos, medicamentos y equipo de protección individual.

 La protección de los derechos del personal sanitario, y por ende de sus familias, es fundamental para asegurar una respuesta efectiva en el combate a la pandemia y, en consecuencia, para proteger a toda la población.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción I Bis al artículo 7o. de la Ley General de Salud

Único. Se adiciona la fracción I Bis al artículo séptimo de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I. Establecer y conducir la política nacional en materia de salud, en los términos de las leyes aplicables y de conformidad con lo dispuesto por el Ejecutivo Federal;

I Bis. Implementar las medidas necesarias para garan-tizar las mejores condiciones laborales y de seguridad sanitaria para los trabajadores sanitarios que laboran en la primera línea de respuesta a epidemias y/o pandemias que pongan en grave riesgo la salud de la población.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Comunicado Técnico Diario Nuevo Coronavirus en el Mundo (covid-19)

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/565066/Comunicado _Tecnico_Diario_covid-19_2020.07.22.pdf

2 Covid-19 Tablero México-CONACYT.

https://coronavirus.gob.mx/datos/

3 Amnistía Internacional. Informe “Deficiencias en la protección del personal sanitario y que realiza labores esenciales durante la pandemia de covid-19”

https://www.amnesty.org/download/Documents/POL4025722020SPANISH. PDF

4 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mas-de-46000-trabajado-res-de-la-salud -en-Mexico-se-han-contagiado-de-covid-19-20200702-0133.html

5 La Jornada.

https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/06/trabajado res-de-salud-siguen-protestas-por-falta-de-equipo-726.html

6 https://www.milenio.com/politica/coronavirus-53-agresiones-personal-salud-meses -cruz-roja

7 Organización de las Naciones Unidas.

https://news.un.org/es/story/2020/04/1473372

8 Redacción Médica. Sanitaria 2000 S.L. Coronavirus: secuelas físicas y mentales posteriores a superar la covid-19. Madrid España.

9 Licenciada Raquel Gutiérrez Montoya. Secuelas del coronavirus. Abril 2020. https://instituciones.sld.cu/ucmc/files/2020/04/hoja-informativa-abr-2020.pdf

10 Massachusetts General Hospital.

https://www.massgeneral.org/es/coronavirus/la-relacion-entre-la- diabetes-y-el-covid-19

11 International Diabetes Federation.

https://diabetesvoice.org/es/noticias-breves/covid-19-y- diabetes/

12 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-informacion- en-salud-dgis

13 https://www.animalpolitico.com/2020/01/amlo-insabi-diciembre-basificacion/

14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

15 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE_040619.pdf

16 Ley General de Salud.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_240120.pdf

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Frinné Azuara Yarzábal (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS Y LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Víctimas, y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de garantizar los derechos de los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que, se reforman los artículos 44 y 96, y se adicionan los artículos 8 bis y 8 Ter, de la Ley General de Victimas, y se adiciona el artículo 26 bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La situación de las mujeres en el país es preocupante, y es más alarmante la respuesta del Estado para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, ya que su actuar hasta el momento ha sido deficiente. Todos sabemos que el feminicidio es el asesinato de mujeres por el simple hecho de serlo, y este tipo penal se ha incrementado de manera alarmante.

La representante de la Organización de las Naciones Unidas en México, Belén Sanz Luque, manifestó que existe una mala e insuficiente aplicación de las leyes; baja inversión en prevención y servicios de calidad; impunidad a perpetradores de violencia y falta de acceso de justicia; inadecuados sistemas de seguimiento y evaluación, barreras que aún persisten en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. 1

De igual forma, el Comité CEDAW en sus observaciones dirigidas al Estado mexicano, manifiesta que se deben reforzar los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los feminicidios, desglosados por tipo de violencia y relación con los perpetradores, con ello, se tendrá información homologada que permita elaborar un diagnóstico sobre los feminicidios en todo el país para realizar las acciones necesarias. Una estrategia a la solución de esta problemática sería la elaboración de un Plan de Acción Nacional, en colaboración con organizaciones de mujeres de la sociedad civil, para garantizar la participación de las mujeres en la lucha contra la inseguridad, la violencia y la delincuencia organizada en el país. 2

Basta observar las cifras de feminicidio, en 2019, se registraron 976 feminicidios, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León y Puebla son las entidades que concentran el mayor número de muertes de mujeres.

En este sentido, de acuerdo con el documento “ La violencia contra las mujeres en México”, cada 24 horas, en promedio, quedan huérfanos 19 niñas, niños o jóvenes. Según proyecciones de la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, doctora Nadine Gasman Sylbermann, en nuestro país se estima que hay al menos 3,000 niños que están en situación de orfandad debido al asesinato de sus madres, aunque ese número podría ser mayor. reconoció que la situación de la niñez y adolescencia en condición de orfandad es “un problema de emergencia nacional y urgente”. 3

Asimismo, expresó que en este 2020 concluirán el primer padrón de las otras víctimas del feminicidio. Con la integración de este padrón de huérfanos por feminicidio, las instituciones estarán en posibilidad de visibilizar las pérdidas dramáticas de vidas de mujeres y también la magnitud del daño que se genera a víctimas indirectas. Este documento se está elaborando en colaboración con las fiscalías de justicia de los estados. 4

Actualmente, las hijas e hijos de las madres asesinadas son invisibles para el Estado mexicano, es preciso recordarle al gobierno federal que, un gran número de estas niñas y niños fueron testigos presenciales del asesinato de su mamá. Por ello, las instituciones encargadas de la atención a los familiares víctimas de feminicidio, cuenten con los protocolos en donde se establezca con claridad las atribuciones de las autoridades, así como los derechos de las huérfanas y huérfanos que está dejando la ola de feminicidios en México.

Es obligación del Estado de garantizar a las niñas y niños de ejercer sus derechos con el objetivo de continuar con plenitud su vida cotidiana y no se vean quebrantadas sus aspiraciones, en razón de no contar con las herramientas para cubrir sus necesidades a corto, mediano y largo plazo.

Las hijas e hijos de mujeres asesinadas posterior a observar el sepelio de sus madres, en la mayoría de los casos quedan al cuidado de algún familiar, los cuales, carecen de sustento económico y emocional para asumir la responsabilidad de los cuidados de las niñas y niños, ocasionando que algunas veces sean vistos como una carga, estando en estado de indefensión, desventaja, y presentan problemas sociales, emocionales y económicos.

Ante esta situación y en vista de que el marco jurídico no precisa ni plasma el derecho de acceder a un Programa de carácter social, en donde las y los huérfanos por feminicidio no reciban atención por parte del Estado mexicano como víctimas indirectas de la violencia, nuestra propuesta está encaminada a crear dicho programa. Para tal efecto es indispensable que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuente con un registro de huérfanos y huérfanas por feminicidio, con la finalidad de establecer la obligación del gobierno federal a otorgarles protección, responsabilizándose de su educación, además de brindarles tratamiento sicológico y apoyos necesarios para su adecuado desarrollo hasta la mayoría de edad.

Así mismo, se han observado casos donde los menores de edad en situación de orfandad a raíz del asesinado de su madre ante la falta de atención por parte de las autoridades gubernamentales, han presentado diversas quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), precisando que son ignorados y no respetados sus derechos, ante esta problemática, la CNDH emitió recomendación donde planteó la necesidad de crear un sistema de protección, en especial para infantes que perdieron a sus madres.

Por tal motivo, es imperante que el Estado mexicano asuma la responsabilidad de cumplir y garantizar los derechos humanos de las niñas y niños huérfanos. Como legisladores debemos exigir el cumplimiento de la ley y la implementación de políticas públicas encaminadas a la prevención y disminución de la incidencia de la violencia contra las mujeres. Que se garanticen los derechos de la infancia como una prioridad social.

Por último, recordemos que la Convención de los Derechos del Niño, señala que los Estados deben proporcionar asistencia y protección, especialmente a las personas menores de edad en condición de orfandad, el artículo 20, precisa que los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. 5

Por todo lo anteriormente expresado, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados, el proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Victimas, y de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de garantizar los derechos de los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio

Artículo Primero: Se reforman los artículos 44 y 96, y se adicionan los artículos 8 bis y 8 Ter, de la Ley General de Victimas, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 8 Bis. La Federación y las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán asignar recursos presupuestales necesarios para cubrir las medidas de ayuda inmediata, asistencia, y atención que estén destinadas a los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio que brindarán la Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas estatales. Para tal efecto la Cámara de Diputados y los Congresos estales aprobaran en los presupuestos una partida presupuestal para este fin, así como los mecanismos e instrumentos para dar seguimiento de su ejercicio efectivo.

Artículo 8 Ter. La Comisión Ejecutiva o las Comisiones de víctimas de las entidades federativas, atenderán y garantizarán la satisfacción de las necesidades de alimentación, educación, atención médica y psicológica de los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio conforme a las disposiciones de la presente Ley. Para tal efecto, utilizarán el padrón que se inscriba en el Registro de menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, que se elabore y conforme a los lineamientos y disposiciones de la presente Ley.

Las políticas, acciones y programas que ejecute la Comisión Ejecutiva o las comisiones de victimas estatales, para asegurar el acceso a la educación y su permanencia en el sistema educativo, de los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, tomarán las medidas necesarias para garantizar su inclusión social y la exención de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Artículo 44. La Comisión Ejecutiva como responsable de la creación y gestión del Registro Nacional de Víctimas y del Registro de menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, a que hace referencia el Título Séptimo de esta Ley garantizará que el acceso de las víctimas y de los menores de edad al Registro correspondiente se haga de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de permitirles disfrutar de las medidas de asistencia y atención establecidos en la presente Ley.

...

Artículo 96. El Registro Nacional de Víctimas y el Registro de menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, es el mecanismo administrativo y técnico que soporta todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema, creado en esta Ley.

El Registro Nacional de Víctimas y el Registro de menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral previstas en esta Ley.

El Registro Nacional de Víctimas y el Registro de menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, serán respectivamente una unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva.

Los Registros serán la unidad administrativa respectiva encargada de llevar y salvaguardar el padrón de víctimas y de los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, a nivel nacional, e inscribir los datos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos del orden federal, y por excepción del orden local en los casos a que se refiere el artículo 88 Bis de la presente Ley.

Las entidades federativas contarán con sus propios registros. La Federación, y las entidades federativas estarán obligadas a intercambiar, sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas del delito, de los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio y de violaciones a derechos humanos para la debida integración del Registro. La integración del registro federal estará a cargo de la Comisión Ejecutiva.

El Comisionado Ejecutivo dictará las medidas necesarias para la integración y preservación de la información administrada y sistematizada de los Registros a que hace referencia el presente artículo, incluida aquella contenida en el registro federal.

Los integrantes del Sistema estarán obligados a compartir la información en materia de víctimas que obren en sus bases de datos con el Registro Nacional de Víctimas y del Registro de menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio.

Artículo Segundo: Se adiciona el artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 26 Bis. El gobierno federal a través de la Secretaria de Gobernación, velará que, en el presupuesto de egresos de la federación, se asigne una partida presupuestal para la atención de los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, y promoverá que en los Congresos estales se incluyan recursos presupuestarios para el mismo efecto.

Asimismo, establecerá un grupo interinstitucional para la coordinación del programa o estrategia con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Comisiones Estatales de Atención Integral a Víctimas y de la Ciudad de México, a fin de garantizar y vigilar el cumplimiento de la satisfacción de las necesidades de alimentación, educación, atención médica y psicológica de los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio. Así como la conformación y actualización de un padrón a través de un Registro, conforme a las disposiciones de la ley en la materia.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Registro de menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio a que hace referencia el presente decreto, deberá estar conformado en un plazo de 90 días contados a partir de su entrada en vigor.

Notas

1 Romina Gándara, Sugeyry, La violencia contra las mujeres en México, alarma y hay barreras muy altas para vencerlas, dice ONU, Sin embargo, 25 de noviembre de 2019, disponible en

https://www.sinembargo.mx/25-11-2019/3684994

2 Romina Gándara, Sugeyry, La violencia contra las mujeres en México, alarma y hay barreras muy altas para vencerlas, dice ONU, Sin embargo, 25 de noviembre de 2019, disponible en

https://www.sinembargo.mx/25-11-2019/3684994

3 Arista, Lidia, Las otras víctimas del Feminicidio en México: 3000 huérfanos, Expansión Política, viernes 6 de diciembre de 2019, disponible en:

https://politica.expansion.mx/sociedad/2019/12/06/las-otras-vict imas-del-feminicidio-en-mexico-3-000-huerfanos

4 Arista, Lidia, Las otras víctimas del Feminicidio en México: 3000 huérfanos, Expansión Política, viernes 6 de diciembre de 2019, disponible en:

https://politica.expansion.mx/sociedad/2019/12/06/las-otras-vict imas-del-feminicidio-en-mexico-3-000-huerfanos

5 Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre los derechos del niño, disponible en

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx

Ciudad de México, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Anilú Ingram Vallines (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, y de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para opinión.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL 50 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO

«Proposición con punto de acuerdo, para celebrar una sesión solemne con motivo del 50 aniversario de la muerte del general Lázaro Cárdenas del Río, el 19 de octubre de 1970, en la Ciudad de México, a cargo del diputado Hirepan Maya Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

Hirepan Maya Martínez, diputado del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción 1, y artículo 79, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México entre 1934 y 1940, nació en Jiquilpan de Juárez, Michoacán, el 21 de mayo de 1895 y murió en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970. Militar, revolucionario, político y estadista mexicano, su mandato presidencial se destacó por profundizar los principios y la política social de la Revolución Mexicana, así como por ayudar a los más desfavorecidos, lo que le valió ser llamado popularmente “Tata Lázaro”. Llevó a cabo acciones de reconocido impacto social, entre ellas el reparto agrario y el fortalecimiento del ejido, la expropiación petrolera y la de los ferrocarriles, la unidad de organizaciones obreras y campesinas.

Su política exterior se distinguió por la defensa de la soberanía y por destacadas medidas de solidaridad internacional. Poco después de su paso por la Presidencia de la República, el general Cárdenas fue nombrado secretario de Defensa Nacional por el presidente Manuel Ávila Camacho, para encargarse de lo relativo a la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente dirigió la Comisión de Desarrollo de la Cuenca del Río Tepalcatepec y unos años después la del Río Balsas. Impulsó la fundación de la siderúrgica estatal Las Truchas y presidió su Consejo de Administración.

Segunda. Cuando apenas contaba 18 años, aún menor de edad, Lázaro Cárdenas del Río se incorporó a las fuerzas revolucionarias en Apatzingán con el grado de capitán segundo en el Arma de Caballería, bajo el mando del general Guillermo García Aragón, participando con éste en su primera acción militar: la toma de la plaza de Aguililla, Michoacán, en agosto de 1913. Combatió en esas fuerzas hasta que fueron emboscadas por las tropas de Victoriano Huerta, lo que hizo que su columna se disgregara. Se trasladó a Guadalajara y, a su regreso a Jiquilpan en 1914, se unió a las fuerzas del general José Morales Ibarra y más tarde pasó al Estado Mayor del general Eugenio Zúñiga. Estuvo en Teoloyucan durante la rendición del Ejército Federal a las fuerzas constitucionalistas. En agosto de 1914, con el ejército constitucionalista, marchó hacia Sonora en la columna del general Federico Morales. En Sonora se incorporó a las fuerzas del general Plutarco Elías Calles. En 1915 participó en la campaña contra Maytorena y en 1920 se unió al plan de Agua Prieta y fue comisionado para ir en pos de Venustiano Carranza. Cuando éste fue asesinado por Rodolfo Herrero, Cárdenas arrestó al magnicida y lo condujo a la Ciudad de México. A los 25 años se le concedió el grado de general brigadier.

Un año después, en 1921, fue nombrado Jefe de Operaciones Militares en el Istmo de Tehuantepec. Después en ese mismo año asumió el cargo de gobernador interino de Michoacán. En 1923 participo en Jalisco contra la rebelión delahuertista, donde fue herido en la batalla de Huejotitlán y hecho prisionero hasta la derrota de los rebeldes. En 1925 le fue otorgado el mando de la zona militar de Jalisco. En 1927 se le asignó la jefatura de operaciones militares en la zona en Tampico, donde a los 32 años obtuvo el grado de general de división.

Tercera. En enero de 1928 inició en Michoacán su campaña electoral para gobernador del estado. Ganador por amplia mayoría, tomó posesión del cargo el 15 de septiembre de ese año. Al año siguiente combatió nuevos brotes de levantamientos cristeros; en 1930 pidió licencia al congreso estatal para desempeñarse como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PNR (Partido Nacional Revolucionario). A principios de 1931 fue designado secretario de Gobernación, cargo al que renunció ante el presidente Pascual Ortiz Rubio el 14 de octubre.

De regresó en Michoacán concluyó su gestión como gobernador el 15 de septiembre de 1932. Días después contrajo matrimonio por lo civil en Tacámbaro, Michocán, con Amalia Solórzano con quien algunos años adelante procrearía a su hijo Cuauhtémoc. A partir del 2 de enero de 1933 ocupó el cargo de secretario de Guerra y Marina bajo la presidencia de Abelardo L. Rodríguez.

El 6 de diciembre de 1933, durante la segunda convención del PNR, se formuló el primer plan sexenal y se le postuló a él como candidato a la presidencia por ese partido. El resultado de las elecciones le acreditó el triunfo por un margen muy amplio frente a sus contrincantes. El 30 de noviembre de 1934, a los 38 años, tomó posesión como presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuarta. Quizá uno de los principales empeños del presidente Cárdenas fue en el ámbito legislativo, pues sobre la base de la legalidad y la reglamentación de las leyes consignadas en la Constitución de 1917 fue que llevó a cabo sus acciones de gobierno. Durante su periodo se propusieron, aprobaron y regularon, entre otras: la Ley de Amparo, la Ley del Indulto, la Ley del Crédito Agrícola, la Ley de Nacionalización de Bienes, la Ley de Expropiación, Ley de Asociaciones Agrícolas, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las reformas al artículo 27, al artículo 43 y 45 constitucionales, las reformas al artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo, reformas a la Ley de Cooperativas, reformas a la Ley del Trabajo, reformas a la Ley Agraria.

Quinta. El 18 de mayo de 1936 estalló una huelga ferrocarrilera. Esta fue declarada inexistente, los trabajadores entonces acataron el fallo. El 23 de junio de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas expropió los bienes de la compañía de Ferrocarriles Nacionales de México y el 25 expidió un decreto creando el Departamento Autónomo de Ferrocarriles. Al mismo tiempo se creó la empresa Líneas Férreas de México, que se encargaría de la construcción de algunas líneas que complementaran la red ferroviaria nacional. Se iniciaron los trabajos para la construcción de vías muy importantes para el país. El primero de mayo de 1938, se expidió una nueva ley que creaba la Administración Obrera de Ferrocarriles Nacionales de México, quedando la responsabilidad y la dirección de esa empresa en manos de los obreros ferrocarrileros.

Sexta. En agosto de 1936 el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) presentó un proyecto de contrato colectivo de trabajo, solicitando jornadas de 40 horas, aumento de salarios y prestaciones. Las negociaciones terminaron sin llegar a ningún acuerdo. El 27 de mayo de 1937 estalló la huelga. El gobierno nombró una comisión que estudiara el caso y el 9 de junio se levantó la huelga. El 18 de diciembre de 1937 los tribunales del trabajo emitieron su fallo, condenando a las empresas a pagar los salarios caídos. Las compañías no aceptaron el fallo y el 2 de enero de 1938 interpusieron una demanda de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación El primero de marzo de 1938 el laudo a favor de los trabajadores fue ratificado en los tribunales del trabajo y se notificó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que se cumpliera dicho laudo en un término de 72 horas.

La junta tuvo que declarar a las empresas en rebeldía ya que se negaron a acatar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 3 de marzo de 1938 la Suprema Corte de Justicia les negó el amparo a las trasnacionales, con lo que se verían obligadas a incrementar los salarios y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores petroleros. Lázaro Cárdenas participó en diversas reuniones con los directivos de las compañías, cuando menos los días 3, 6 y 7 de marzo de 1938, sin que se llegara a un acuerdo.

El 18 de marzo de 1938, a las ocho de la noche, por la radio en cadena nacional, leyó un mensaje a la nación dando a conocer el decreto de expropiación petrolera. La expropiación de los bienes de las compañías petroleras extranjeras ha sido una de las acciones de gobierno de mayor relevancia en la historia del país. Propuso, de hecho, una forma de establecer relaciones con las potencias globales y, sobre todo, de impulsar el desarrollo y la soberanía nacional.

Séptima. En materia internacional, Lázaro Cárdenas desarrolló una política de respeto a las leyes y a la soberanía de los países, así como de solidaridad a las causas antiimperialistas y antiintervencionistas. Los más relevantes eventos en este rubro fueron la defensa de Etiopía, en la Liga de las Naciones, ante la invasión italiana. México levantó su voz para protestar y no reconoció nunca la anexión realizada de facto. Asimismo, condenó la agresión soviética a Finlandia y la anexión de Austria por la Alemania nazi. Apoyó a la República Española cuando en 1936 ocurrió el golpe de estado franquista con el impulso de los regímenes nazi-fascistas de Alemania e Italia.

Se opuso con riesgo y firmeza a los constantes requerimientos de Estados Unidos de América a que se juzgara por tribunales internacionales la expropiación petrolera. A la caída de la República Española, México recibió a los refugiados, muchos de los cuales se establecieron definitivamente en el país y, en otra acción importante y de repercusión internacional, otorgó asilo a León Trotsky y a otros perseguidos políticos.

El general Lázaro Cárdenas del Río terminó su mandato como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el 1 de diciembre de 1940, siendo sucedido en el cargo por el general Manuel Ávila Camacho.

Octava. Desde 1936, el general Lázaro Cárdenas tuvo el propósito, diríase visionario, de crear un gran complejo de desarrollo basado en los recursos naturales de la región occidental, mismos que podrían contribuir poderosamente al desenvolvimiento económico de México. Esto había de hacerse no sólo activando la explotación de su potencial minero, principalmente de fierro, localizado en los cerros de Santa Clara y de Las Truchas, ubicados en la margen derecha del río del Carrizal, sino implantando una zona de crecimiento integral que incluía presas para el aprovechamiento de las aguas, generación eléctrica, zonas de riego y acondicionamiento de las playas para el turismo.

Había mandado realizar estudios de factibilidad para establecer una gran planta siderúrgica en México. Las características de Arteaga, con los potenciales mineros de Santa Clara y Las Truchas más el río Carrizal dibujaban el lugar idóneo para tan ambicioso proyecto. En este programa se contemplaba también los yacimientos ferríferos de plutón en Guerrero.

El proyecto y su viabilidad estaban claros, pero diversos factores lo fueron entorpeciendo durante años. Primero tuvo que llevarse a cabo un largo juicio contra la empresa Bethlehem Steel Corporation para incorporar al dominio de la nación los yacimientos mencionados, pero ya iniciados los trabajos, durante el sexenio del propio Cárdenas, tuvieron que ser interrumpidos después al estallar la Segunda Guerra Mundial, sobre todo porque no fue posible traer los altos hornos y demás maquinaria que ya se habían pedido al extranjero. Durante esta interrupción, en 1943, un grupo de mexicanos obtuvo la concesión de los yacimientos, pero no con el fin de explotarlos en beneficio de México, sino para traspasar los derechos a la misma empresa a la que le había sido retirada la concesión en 1936.

La propia empresa solicitó prórroga tras prórroga, pues no tenía la intención de explotar los yacimientos sino sólo de poseerlos y controlarlos con fines que el propio general Cárdenas en sus diarios calificó de “imperialistas”, a lo que agrega: “Pero aun en el caso de que fueran a explotarlos, más convendría al país mantenerlos como reservas para el desarrollo de su industria interna. (...) Este traspaso es ilegal: a) Porque no debe darse concesiones para que se negocie con ellas; y b) Porque las riquezas naturales del país no deben concesionarse a empresas extranjeras.”

El asunto empezaba a perfilarse como una más de las empresas de su vida. En 1945, aún como secretario de la Defensa Nacional, abogó ante el presidente Ávila Camacho porque se rescatarán esos yacimientos para la nación, a lo que el presidente le aseguró que se estaban haciendo los estudios del caso a fin de retirar las concesiones ilegales y devolver los yacimientos al dominio nacional. En abril de 1947, bajo el mandato del presidente Miguel Alemán, se dictó la cancelación de las concesiones con lo que los yacimientos volvieron a propiedad de la nación. Pero eso no bastaba. Todavía en noviembre de 1961 tuvo que insistir sobre el asunto ante el presidente López Mateos, quien le preguntó qué pasaría con la Comisión del Balsas a lo que respondió que esperaba sus indicaciones, pero le propuso, según refiere en sus diarios: “Invitar a todos los expresidentes a colaborar con el gobierno en puestos secundarios, subordinados a los titulares de las Secretarías de Estado y por mi parte estoy a sus órdenes desde luego y no precisamente para la Comisión del Balsas.” El presidente López Mateos aceptó la propuesta. Cárdenas añade en sus apuntes: “No insistí sobre el desarrollo siderúrgico de los minerales de Las Truchas, que podrá ser ya obra y realización de la Comisión del Balsas.” Finalmente, el 1 de julio de 1969 se constituyó la empresa de participación estatal Siderúrgica Las Truchas, SA, para la que fue designado presidente del Consejo de Administración el general Lázaro Cárdenas.

A partir de ese momento su actividad en Las Truchas siguió un ritmo vertiginoso, pues había mucho que hacer: Los estudios de ingeniería minera, conseguir los permisos oficiales para contar con el puerto que se proyectaba en la desembocadura del Balsas, electrificar utilizando la energía del propio río, habilitar como desarrollo turístico el balneario de Playa Azul (que por entonces sólo contaba con 40 familias de ejidatarios), la construcción de una carretera principal con diversos ramales y hacer ver al gobierno «la conveniencia de que se inicien las obras, ya que está justificada su realización por el movimiento de carga que registrará con la producción agrícola de exportación, la industria siderúrgica y todo el desarrollo que tendrá la región con los recursos naturales de que se dispone: minerales, agua, electricidad”.

Lamentablemente nunca vio inaugurada la siderúrgica que había concebido, estudiado minuciosamente y por la que había trabajado 34 años, lo que habla de su tenacidad y determinación. El 19 de octubre de 1970, el general Lázaro Cárdenas del Río falleció víctima de cáncer a los 85 años. La muerte lo halló trabajando por las causas que creyó justas y necesarias, como lo había hecho desde los 15 años. Sus restos se encuentran en el Monumento a la Revolución.

En aras de rendir justo homenaje y reconocimiento al estadista, presidente general Lázaro Cárdenas del Rio, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, acuerda celebrar sesión solemne con motivo del 50 aniversario del fallecimiento del general Lázaro Cárdenas del Rio, acaecido el 19 de octubre de 1970 en la Ciudad de México.

Segundo. La Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, extiende una invitación abierta a concurrir a la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional, a media asta, en la Plaza de la Constitución, en el centro de la Ciudad de México, en conmemoración de 50 aniversario del deceso del General Lázaro Cárdenas del Río; conforme lo dispone el artículo 18, fracción II, numeral 14, de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputado Hirepan Maya Martínez (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política para su atención.

OPCIÓN PARA TRAMITAR EN LÍNEA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y TÍTULOS PROFESIONALES, EN LA UNAM; Y GARANTÍA POR PARTE DEL CONACYT, PARA LA POSTULACIÓN Y ACCESO DE BECAS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la UNAM a establecer una opción en línea respecto a trámites de expedición de certificados de estudios y títulos profesionales; y al Conacyt, a garantizar a quienes han gestionado ese certificado o el título profesional ante la DGAE la postulación y el acceso de becas nacionales para posgrado, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Martín López Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la enfermedad sumamente contagiosa causada por el virus SARS-Cov-2 (covid-19), como una emergencia de salud pública de preocupación internacional.

2. El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que derivado del incremento en el número de casos existentes de covid-19 en los países que han confirmado los mismos, tal circunstancia se ha considerado como una emergencia de salud pública de relevancia internacional.

4. El 17 de marzo de 2020 la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de un comunicado publicado en la Gaceta Universitaria número 5,125, dio a conocer que con el propósito de continuar protegiendo a la comunidad y de disminuir el impacto de la situación por el covid-19 en las tareas sustantivas de la universidad —la docencia, la investigación y la difusión de la cultura—, decidió iniciar, la suspensión paulatina y ordenada de las clases en los diferentes campus, con vistas a la suspensión total de clases.

4. Adicionalmente, el 19 de marzo de 2020, en el marco de primera sesión extraordinaria, el pleno del Consejo de Salubridad General reconoció a la epidemia de enfermedad por el virus SARS-Cov-2, covid-19 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria y por ello, el 30 de marzo de 2020 el Consejo de Salubridad General, estableció como acción extraordinaria para atender la emergencia generada por el virus SARS-Cov-2, la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar su dispersión y transmisión en la comunidad, así como para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte en la población residente en el territorio nacional.

5. El actual contexto de suspensión de actividades en general y el retorno a la nueva normalidad como parte de la estrategia de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, a partir de un sistema de evaluación semanal de semáforos por riesgo epidemiológico, ha ocasionado que miles de estudiantes que concluyeron sus estudios de licenciatura en la UNAM y que iniciaron los trámites correspondientes de titulación y de expedición de certificados de estudios ante la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), continúen pendientes debido a que apenas el 3 de agosto del presente año inició el proceso especial de apoyo a dichos trámites y en otros casos, es demasiado tarde, ya que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) estableció plazos definitivos en las distintas convocatorias de becas nacionales para realizar estudios de posgrado.

6. La afectación directa a los estudiantes universitarios dio origen a un movimiento para exigir la entrega de este documento, pues la falta de él podría provocar que muchos de ellos pierdan becas, la oportunidad de realizar estudios de posgrado o de obtener un empleo, como detalla la periodista Laura Islas en un reportaje del 29 de julio de 2020 en <https://www.reporteindigo.com/reporte/unam-reprobada-en-titulacion-durante- la-pandemia-estudiantes-movimiento-derechos/en> donde sostiene:

“La pandemia por coronavirus ha sido el periodo de prueba más difícil para los egresados de la UNAM que están en proceso de titulación.

Durante cuatro meses, los trámites de la DGAE de la universidad han estado suspendidos debido a la contingencia sanitaria, lo que ha impedido a cientos de graduados obtener su título.

Aunque la UNAM anunció ayer por la tarde la reactivación de sus trámites de titulación y graduación, así como los correspondientes para presentar exámenes profesionales y de grado a partir del 3 de agosto, ya es demasiado tarde en algunos casos.

La falta de un título ha traído al menos cuatro graves consecuencias a quienes buscan continuar sus estudios, explican integrantes del movimiento estudiantil #MeQuieroTitularUNAM, que nació hace unos días y abandera esta causa

Les impide comenzar un posgrado en el extranjero; acceder a una beca o a un préstamo; beneficiarse de una beca nacional, e iniciar o mantenerse en un posgrado en el país.

Actualmente, la falta de este documento también pone en riesgo el futuro académico de egresados aceptados en maestrías o doctorados en universidades de Alemania, Bélgica, Malasia, Francia, Canadá, China, EUA, Inglaterra, Finlandia, Israel, Costa Rica, Países Bajos y Suiza, cuyo lugar está condicionado a la obtención del título.

De igual forma, hay graduados que han perdido oportunidades de empleo por carecer de este diploma.

Es grato para nosotros saber que hay un comunicado estableciendo una fecha, pero desafortunadamente no indica ningúnprocedimientoclaro, salvo enviar un correo a nuestras facultades.

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Ayer, la universidad publicó dos boletines. En uno decía que los trámites se reactivarían en los estados donde el semáforo por coronavirus estuviera en amarillo, aunque resultaba confuso porque también se mencionaba a lo largo del texto que sería en las entidades donde el semáforo estuviera en color anaranjado.

Sin embargo, a los pocos minutos la UNAM envió otro comunicado, pidió anular el primero y no hizo ninguna referencia al semáforo epidemiológico.

También habría que aclarar que los trámites de becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y préstamo Funed ya terminaron. O sea, no pudimos aplicar este año y las consecuencias son irreversibles

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Los universitarios aseguran que los coordinadores de las facultades y sus profesores hacen todo lo posible por ayudarlos, pero no es suficiente para obtener sus papeles.

7. Antela incertidumbre persistente que viven los estudiantes de la UNAM por la falta de claridad y celeridad en la expedición de certificados de estudios y de títulos profesionales, el futuro académico de los recién egresados de una de las mejores universidades de Latinoamérica no sólo está en riesgo sino anulado, debido a la falta de flexibilidad por el Conacyt para aplazar las fechas previstas en las distintas convocatorias de becas nacionales en las quesolicita los documentos oficiales mencionados a fin de tener derecho a postularse.

8. En este contexto, es urgente que la UNAM habilite una opción en línea de la DGAE, para que los estudiantes tengan acceso a la expedición de constancias de estudios y de títulos profesionales para quienes lo hayan acreditado, mismas que deberán contener códigos de seguridad para validar la autenticidad y legalidad de los mismos y evitar con ello, la violación de varios derechos fundamentales, previstos en los artículos 3o. y 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por parte de la autoridad educativa universitaria.

9. Asimismo, es necesario que el CONACYT garantice el derecho de postulación de estudiantes de la UNAM a las distintas convocatorias que por demora de la DGEA en la expedición de certificados de estudios y títulos profesionales no han podido cubrir dichos requisitos.

10. Por último, desde el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional hacemos un respetuoso llamado a la UNAM y al Conacyt para concertar acciones extraordinarias en medio de la pandemia por el covid-19 ante el escenario de deserción más alta que se tiene previsto en el país, por lo que se estima que sólo 3 de cada 10 estudiantes cursarán estudios de posgrado.

Por lo expuesto se proponen los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México a habilitar en el marco de sus atribuciones una opción en línea para trámites de expedición de certificados integrales de estudios y títulos profesionales para realizar en forma oportuna los trámites para becas de estudio nacionales y en el extranjero.

Segundo. Se exhorta a la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que, en el marco de sus atribuciones, garantice a los estudiantes que han tramitado el certificado de estudios, el título profesional o ambos ante la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM, el registro correspondiente para la postulación y el acceso de becas nacionales para realizar estudios de posgrado.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 2 de septiembre de 2020.– Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

CONMEMORAR EL 10 ANIVERSARIO DEL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE LA GASTRONOMÍA MEXICANA, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta tanto a los Ejecutivos federal y locales como a diversas secretarías de Estado a llevar a cabo en territorio nacional y en el exterior acciones conmemorativas del 10 aniversario del reconocimiento internacional de la importancia de la gastronomía mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que data del 16 de noviembre de 2010, a cargo de la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI

María Lucero Saldaña Pérez, diputada federal e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 6, numeral 1, fracción I, artículo 77, numeral 1, artículo 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, 116, 117 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 171 y 176 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, así como a diversas secretarías de estado del gobierno federal y a los titulares de los treinta y dos Poderes Ejecutivos de las entidades federativas de la República Mexicana, para que lleven a cabo acciones en territorio nacional e internacional para conmemorar el décimo aniversario del Reconocimiento Internacional de la Importancia de la Gastronomía Mexicana, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, mismo que data del 16 de noviembre de 2010, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El reconocimiento internacional de la importancia de la gastronomía mexicana se hizo manifiesto cuando el 16 de noviembre de 2010 quedó inscrita la cocina tradicional mexicana en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, durante la quinta sesión del Comité Intergubernamental de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), en la ciudad de Nairobi, Kenia.

Esta distinción representó un parteaguas tanto para nuestro país, como para la propia UNESCO al reconocer una cocina que trasciende las maneras de comportarse en la mesa, es decir, hacer de lado los marcos limitados y apreciaciones estereotipadas sobre la forma en que se presenta un platillo.

El reconocimiento de la gastronomía mexicana en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad representa, en primera instancia, un logro de índole cultural en el que se plantea el reto de preservar la diversidad de tradiciones y costumbres íntimamente ligadas con las mesas mexicanas; por otro lado, es un desafío de desarrollo sustentable e innovación, es decir, una lucha constante entre la capacidad de producir y cocinar alimentos, versus un factor de desarrollo y crecimiento de una sociedad, cuyo sentido de existencia individual y colectivo está directamente ligado a la comida.

Alcanzar el logro del reconocimiento de la gastronomía mexicana ante la UNESCO fue resultado de la unión de voluntades para su rescate, salvaguardia, preservación y promoción de usos, costumbres, prácticas culturales, productos y saberes. La conjunción de estas acciones, permitieron el reconocimiento de todo el andamiaje que involucra la gastronomía nacional, particularmente de la labor de aquellos que participaron tanto directa como indirectamente y que actualmente son los máximos representantes de nuestra gastronomía.

Es de resaltar las cualidades de aquellas personas que dedican su vida a la elaboración de alimentos, las cocineras tradicionales y los profesionales de la industria; la mención de estas cualidades no hace referencia únicamente a las relacionadas con la organización, la limpieza, vestimenta, dominio de su lugar de trabajo, y control de estrés, sino a las de carácter social, económico y cultural que les permiten ser representantes de toda una sociedad. La importancia en el reconocimiento a la labor de estas personas recae particularmente en que simbolizan un cúmulo de intersecciones y sinergias de carácter económicas, sociales, históricas, culturales y políticas que dan identidad a una nación entera y que desempañan una gran cantidad de acciones que, a su vez, generan un círculo virtuoso en todos y cada uno de los procesos involucrados.

Es de particular mención la labor que realizó la iniciativa privada, la sociedad civil organizada y en especial el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana para alcanzar el reconocimiento otorgado por la UNESCO, ya que fue a través de éstas que se materializó el impulso necesario para obtener el reconocimiento internacional.

Sin lugar a duda, la cocina tradicional mexicana es un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales.

Los elementos básicos del sistema son: el maíz, los fríjoles y el chile; métodos de cultivo únicos en su género, como la milpa (cultivo por rotación del maíz y otras plantas, con roza y quema del terreno) y la chinampa (islote artificial de cultivo en zonas lacustres); procedimientos de preparación culinaria como la nixtamalización (descascarillado del maíz con agua de cal para aumentar su valor nutritivo); y utensilios especiales como metates y morteros de piedra.

A los productos alimentarios básicos se añaden ingredientes autóctonos como tomates de variedades diversas, calabazas, aguacates, cacao y vainilla. El arte culinario mexicano es muy elaborado y está cargado de símbolos: las tortillas y los tamales consumidos diariamente forman también parte de las ofrendas realizadas el Día de Muertos. En el estado de Michoacán y en todo México se pueden encontrar agrupaciones de cocineras y de otras personas practicantes de las tradiciones culinarias que se dedican a la mejora de los cultivos y de la cocina tradicional. Sus conocimientos y técnicas son una expresión de la identidad comunitaria y permiten fortalecer los vínculos sociales y consolidar el sentimiento de identidad a nivel nacional, regional y local. 1

En este sentido, el 14 de diciembre de 2005, México ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrada en París en octubre de 2003.

De acuerdo con la UNESCO, dicha convención retoma la importancia que reviste la profunda interdependencia que concurre entre el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio material cultural y natural, ante la voluntad universal y la preocupación internacional para salvaguardar tal riqueza de la humanidad. Dado de que la convención ratificada por nuestro país es un instrumento normativo multilateral de carácter vinculante de protección al patrimonio cultural inmaterial, México adquiere la obligación de atender las disposiciones vertidas al interior de la multicitada convención.

Por tal motivo, y ante el reconocimiento de la gastronomía mexicana como patrimonio cultural inmaterial, es necesario que el Estado mexicano atienda puntualmente las disposiciones de la convención y considerar aspectos destacables como la definición de “patrimonio cultural inmaterial”, cuya descripción se encuentra en el artículo 2 de dicha convención.

“ Artículo 2.1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes— que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible. 2

Por su parte, el artículo 2.3 del mismo ordenamiento internacional prevé el concepto de “salvaguardia”, el cual lo describe de la siguiente forma:

Artículo 2.3. Se entiende por “salvaguardia” las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión —básicamente a través de la enseñanza formal y no formal— y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.

Bajo este contexto, el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir en forma integral, bajo los fundamentos internacionales descritos, salvaguardar la cocina mexicana; por tanto, cabe decir que un factor que incide en el desarrollo sustentable de la gastronomía mexicana es precisamente su preservación y conservación, no sólo en el territorio nacional, sino darle difusión en el ámbito internacional a través de celebrar y conmemorar el décimo aniversario de la comida mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

En el contexto nacional, será importante que las 32 entidades federativas se sumen al festejo para conmemorar el décimo aniversario de la comida mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Para tal efecto, es importante la participación de la UNESCO en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a través de las embajadas se difunda la gastronomía mexicana o lleve a cabo algún otro tipo de actividad con el fin de sumarse a la conmemoración y con ello preservar y conservar dicha gastronomía.

La participación de la ciudadanía a través de las orga-nizaciones de la sociedad civil, las cocineras y cocineros tradicionales, las y los chefs, así como la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), son aliados indispensables para conmemorar el décimo aniversario de la cocina mexicana, al respecto, la Canirac tiene contemplado dentro de sus líneas de acción contribuir y garantizar el cumplimiento de los protocolos que exige la UNESCO para salvaguardar la nominación de la cocina mexicana como patrimonio cultural inmaterial universal de la humanidad, armonizando todas las vertientes de interés institucional, tales como el sector cultural, económico y turístico.

Así, por ejemplo, la Canirac, en el marco del festejo para celebrar el décimo aniversario de la gastronomía mexicana, tiene contemplado algunas actividades, tales como:

• Tener como nombre principal del evento para conmemorar el décimo aniversario de la comida mexicana como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.“ Viva la comida mexicana”, para ello, se creará la plataforma en internet; llamada “ Viva la comida mexicana.com”.

• Tener como principal tema e ingrediente al maíz.

• Charlas, talleres y conferencias.

• Expos y ferias.

• Foros y simposios.

• Muestras gastronómicas

Por tal, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, y a las Secretarías de Estado como Turismo, Cultura, Educación y Economía para que lleven a cabo acciones en territorio nacional para conmemorar el décimo aniversario del reconocimiento internacional de la importancia de la gastronomía mexicana, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, mismo que data del 16 de noviembre de 2010.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a través de sus embajadas lleven a cabo acciones en el ámbito internacional para conmemorar el décimo aniversario del reconocimiento internacional de la importancia de la gastronomía mexicana, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, mismo que data del 16 de noviembre de 2010.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas de la República Mexicana, para que lleven a cabo acciones en el ámbito nacional para conmemorar el décimo aniversario del reconocimiento internacional de la importancia de la gastronomía mexicana, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, mismo que data del 16 de noviembre de 2010.

Notas

1 Recuperado de: https://ich.unesco.org/es/RL/la-cocina-tradicional-mexicana-cultura-comunitaria -ancestral-y-viva-el-paradigma-de-michoacan-00400.

2 Recuperado de: https://ich.unesco.org/es/convención

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada María Lucero Saldaña Pérez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

SE CANCELE EL REGISTRO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS VINCULADOS Y SANCIONADOS POR OBTENER RECURSOS DE MANERA ILEGAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al INE a cancelar el registro actual de los partidos políticos vinculados a la obtención ilegal de recursos en dinero o en especie y sancionarlos conforme a la ley, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, diputada federal por el estado de México a la LXIV Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 66 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El caso Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grandes de los últimos años, en la que una constructora, que lleva el mismo nombre de origen brasileño, fue acusada de sobornos a diversas autoridades de diversas naciones en la que destaca nuestro país.

La operación “Lava Jato” o autolavado por su traducción del portugués, fue una operación realizada por las autoridades de Brasil al empezar a descubrir cuantiosas cantidades monetarias transferidas a distintas cuentas bancarias pertenecientes a diversos altos funcionarios de diversas nacionalidades a cambio de grandes concesiones de infraestructura. 1

Se ha revelado que la empresa Odebrecht entregó sobornos millonarios durante los años 2010 y 2014 a distintas figuras de la administración pública y política, entre ellos Emilio Lozoya (exdirector de Pemex), Luis Videgaray (exsecretario de la SHCP) y otros más; se ha señalado que inclusive se financió la campaña electoral presidencial del entonces candidato Enrique Peña Nieto. 2

Funcionarios declararon en el 2017 que entregaron sobornos de hasta 10 millones de dólares a Emilio Lozoya cuando fungía como director de Petróleos Mexicanos (Pemex) para garantizar contratos con la empresa brasileña. Emilio Lozoya fue extraditado a nuestro país por el delito de lavado de dinero; éste ha presentado algunos videos en los que presuntamente se da la entrega de dinero en efectivo a Rafel Caraveo, exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República, y de Guillermo Gutiérrez Badillo, que es miembro de partido político de Acción Nacional (PAN) entre el 2013 y 2014, para sobornar a distintos legisladores para la aprobación de las reformas estructurales del entonces presidente Enrique Peña Nieto, por instrucciones del exsecretario Luis Videgaray. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido paladín de la justicia y desde su campaña electoral prometió acabar con la corrupción y, a su vez, enjuiciar a aquellos que han cometido delitos de corrupción que perjudicaron severamente a la nación y al pueblo.

En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo respalda fielmente este ideal, en la que primeramente debe existir austeridad donde no puede existir gobierno rico con pueblo pobre; seguidamente de acabar con la corrupción y no dejar impunes a aquellos que solo buscaron su beneficio personal a costa de los mexicanos

Para efectos de dar fortaleza a este punto de acuerdo, es pertinente señalar que la Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 54, numeral, 1 fracción d) que:

“1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

a) a c) (...)

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras”. 4

La misma ley establece en su artículo 55, numeral 1, que:

“Artículo 55.

1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas”. 5

Por ende, si se llevaran a cabo dichas acciones, además de la repercusión jurídica penal, sería proclive a la pérdida del registro del partido político como lo establece la Ley General de Partidos Políticos:

“Artículo 94. 1. Son causa de pérdida de registro de un partido político:

a) a d) (...)

e) Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto o de los organismos públicos locales, según sea el caso, las obligaciones que le señala la normatividad electoral”.

La impunidad y la injusticia no deben dejarse a un lado, se debe de aplicar el estricto orden de la ley a cualquier persona sin importar su condición política, social, económica, etcétera; vivimos en un Estado de derecho en la que nosotros como representantes del pueblo somos su voz, en la que nos exigen que se castigue con todo el peso de la ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional Electoral a cancelar el registro actual de los partidos políticos a los que se les vincule con la obtención de recursos en dinero o en especie de manera ilegal y que sean sancionados conforme a lo procedente por ley.

Notas

1 El Universal. Cronología del caso Odebrecht en AL y México. 5 de julio de 2019.

2 Ídem.

3 Quién. Video de funcionarios recibiendo presunto soborno. 18 de agosto de 2020. - que-debes-saber-del-video-de-funcionarios-recibiendo-presunto-soborno

4 Ley General de Partidos Políticos. 2020.

5 Ídem.

Dado en salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

SE INVESTIGUE LA MORTANDAD DE PECES EN LA LAGUNA EL CARPINTERO Y EN EL CANAL DE LA CORTADURA EN TAMPICO, TAMAULIPAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades federales, estatales y municipales a investigar la mortandad de peces en la laguna El Carpintero y el Canal de la Cortadura, en Tampico, Tamaulipas, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con Punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El 29 de agosto del presente año, se registró en la laguna El Carpintero una nueva oleada de mortandad de peces arrastrados del Canal de la Cortadura 1, la permanencia de los peces genera contaminación y malos olores provenientes del bagre y róbalo. Es consciente de la situación el titular del área de servicios públicos del municipio de Tampico. Sin embargo este acontecimiento no es un hecho aislado.

Segunda. El 24 de septiembre del 2019 2 ingresé una proposición con punto de acuerdo en la que refiero que los días 17 y 18 de septiembre, diversos medios de comunicación local y estatales registraron una cantidad superior a la tonelada de peces muertos, las especies de peces que se encontraron fueron bagre, mojarra plateada, róbalo, carpa y liza en el canal de la Cortadura y en la laguna El Carpintero.

Tercera. El registro de cantidad de peces muertos en la laguna El Carpintero tiene al menos tres años. Especialistas han señalado que  este fenómeno ocurre debido al cambio de la salinidad en el agua, otros señalan que se debe al alta temperatura que abate el oxígeno del agua 3. Para retirar las siete toneladas de peces muertos en la laguna se requirieron de 150 personas 4. La fetidez además de ocasionar daños ambientales puede provocar enfermedades respiratorias u otras enfermedades.

El canal de la Cortadura y la conexión con la laguna El Carpintero pue3e apreciarse en el siguiente mapa ilustrativo y la mortandad en la imagen anexa extraída de la página Jóvenes Ayudando con el Corazón 5:

Cuarta. En 2019, se señaló que la Subsecretaría de Operación Pesquera y Acuacultura de Tamaulipas estaba investigando, 6 al respecto en el portal oficial de la Dependencia y de su titular Raúl Manzur Manzur así como del gobierno de Tamaulipas, no hay información al respecto. Ni en orientación por temas, información de búsqueda del portal o notas relativas desde la secretaría se hacen mención de un estudio o investigación al respecto de las toneladas de peces muertos. En nota per5odística Manzur señaló “que es compromiso del gobierno estatal asumir con responsabilidad y objetividad cada uno de los problemas que se susciten en nuestra entidad y que provoquen la preocupación o el interés de los Tamaulipecos” y señaló que carecen de información técnica sustentada que permita esclarecer los sucesos.

Quinta. Al respecto, el inspector de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Manuel Mérida, el 18 de septiembre de 2019 reafirmó que en su dependencia se desconoce la causa de muerte. Señaló que se “puede levantar un acta con quien resultó responsable por daños ecológicos a la fauna marina, al ecosistema”, también señaló que se puede abrir una “investigación para ver si hay descargas, talleres que pueden desechar cualquier elemento químico ...son sustancias venenosas contaminantes” 7. Otras opciones según Paredes Legorreta, otro inspector de Profepa, puede ser producto de diesel, cloro, aceite quemado u otro.

Sexta. La ocurrencia del fenómeno en los más recientes tres años, deben involucrar a los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal para realizar las investigaciones necesarias para proteger el medio ambiente y conservar la biodiversidad acuática, e igualmente, prevenir enfermedades asociadas a la contaminación.

Con fecha del 30 de agosto del 2020, las autoridades inmediatas no han iniciado investigaciones y en consecuencia tampoco han solicitado el auxilio y apoyo de las autoridades de estatales y federales.

Al respecto considero que si hay proyectos de Nuevo Parque del Capintero, el cual fue aprobado un préstamo por el Congreso Local, debe coexistir la protección al medio ambiente y el cuidado de los seres vivos que habitan en la Laguna del Carpintero. Eso muestra el verdadero compromiso con el medio ambiente y con la sostenibilidad del municipio de Tampico.

Séptima. El artículo 28 de la Ley Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente establece que es facultad de la Secretaría establecer las condiciones a las que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar un desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las regulaciones para preservar los ecosistemas. Para cualquier obra que caiga en los supuestos del I al XIII deberá contar con la autorización de la Secretaría. En el supuesto XII se especifica aquellas actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias que puedan poner en peligro la preservación de una o más especies o causar daños a los ecosistemas. Es por lo tanto necesario la adecuada investigación con el objetivo de esclarecer las razones de la mortandad de peces.

Como representante popular del distrito 8 con cabecera en el municipio de Tampico y como orgullosa tampiqueña además de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía para que sea analizada y discutida la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del Gobierno de México para que pueda iniciar una investigación integral a efecto de proporcionar información técnica y científica sobre la causa de muerte de peces en el canal de la Cortadura y la laguna El Carpintero en el municipio de Tampico, Tamaulipas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de la entidad federativa, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Pesca y Acuacultura del estado de Tamaulipas para que instruya a la persona titular de la Subsecretaría de Operación Pesquera y Acuacultura a hacer públicos los resultados de las investigaciones técnicas o cualquier información con respecto a la mortandad de peces, realizadas en la laguna El Carpintero y el canal de La Cortadura en septiembre de 2019.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de la entidad federativa, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Pesca y Acuacultura del estado de Tamaulipas a la Secretaría de Servicios Públicos y la Subsecretaría de Ecología del municipio de Tampico, para que:

1. Informen a la ciudadanía sobre la mortandad de los peces en la laguna El Carpintero y el canal de La Cortadura, para que la ciudadanía tome las debidas precauciones.

2. Realicen las acciones de retiro de los peces para evitar el desarrollo de enfermedades, contaminación y desequilibrio ecológico.

3. Destinen los recursos humanos y técnicos para investigar la muerte de los peces en el mes de septiembre en años recientes.

Notas

1 Véase en:

https://www.elsoldetampico.com.mx/local/registran-la-cortadura-y -el-carpintero-mortandad-de-peces-5688796.html

2 Disponible en:

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/sep/20190924-VII.h tml#Proposicion5

3 Véase en:

https://www.elsoldetampico.com.mx/local/miles-de-peces-y-jaibas- mueren-en-la-laguna-del-carpintero-3756397.html

4 Véase en:

https://www.youtube.com/watch?v=5dtFKOzEEbc

5 Disponible en:

https://www.facebook.com/jovenesayudandoAC/photos/a.114241037583 9280/2439887102758261

6 Véase en:

https://www.elsoldetampico.com.mx/local/se-desconoce-aun-la-caus a-de-mortandad-en-peces-4242534.html

7 Véase en:

https://www.elsoldetampico.com.mx/local/video-desconocemos-la-ca usa-de-la-mortandad-de-peces-profepa-4196127.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

SE INVESTIGUE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. MSLP-OM-LPN-05-2020, POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSÍ

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de SLP a pedir a la Auditoría Superior estatal una investigación pública y transparente sobre el proceso de licitación pública nacional número MSLP-OM-LPN-05-2020, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben diputado Arturo Escobar y Vega, en representación de los siputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Erika Mariana Rosas Uribe del Grupo Parlamentario de Morena integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 numeral 1, fracción I; 65 numeral 4 y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde el mes de enero del presente año el presidente municipal del ayuntamiento de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios, anunció  la intención de llevar a cabo un proyecto de instalación de 50 mil luminarias en la zona metropolitana de San Luis Potosí. 1

Con fecha 27 de febrero se publicó por parte del H. ayuntamiento de San Luis Potosí la convocatoria a la licitación pública nacional No. MSLP-OM-LPN-05-2020 descrita como: renovación de alumbrado público en diferentes zonas del municipio de San Luis Potosí con volumen de la obra de 50,000 piezas y la siguiente calendarización:

Visita al sitio de los trabajos: jueves, 5 de marzo de 2020.

Junta de aclaraciones: viernes, 6 de marzo de 2020.

Presentación y apertura de propuestas: jueves, 19 de marzo de 2020.

Fecha de fallo: martes, 31 de marzo de 2020.

Firma de contrato: martes, 14 de abril de 2020.

Inicio y terminación de la obra: 15 de abril al 31 de diciembre de 2020.

Fuente de financiamiento: Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y con recursos propios. 2

De acuerdo a lo previsto, el 31 de marzo de 2020 se emitió el fallo de la referida licitación en la que resultó electa la empresa Trafficlight de México, S.A. de C.V celebrando el contrato por un monto de $395,500,059.32. (Trescientos Noventa y Cinco Millones Quinientos Mil Cincuenta y Nueve pesos 32/100 M.N.) 3

Desde el inicio del procedimiento, distintas voces incluidas entre ellas el vocero de nuestro partido en San Luis Potosí, Alejandro García Moreno, han denunciado irregularidades en la licitación ya que algunos proveedores se percataron de diversas anomalías, requisitos inducidos y han documentado que la licitación estuvo orientada para que el ganador fuera quien ofrecía luminarias de la marca Philips, lo cual no se menciona en las bases porque no es un requisito legal, pero por las especificaciones técnicas coinciden con ellas, para que de esta manera pudiera ser elegida la empresa Trafficlight de México, S.A. de C.V 4

Según se puede constatar con una simple búsqueda en internet, cada luminaria de las adquiridas tiene un costo de 3400 pesos, sin embargo el Ayuntamiento las está comprando casi tres veces más su valor, por lo que 170 millones de pesos habría sido el costo real de esta licitación pero, de acuerdo a la propia información proporcionada por el Ayuntamiento, el monto ascendió a casi a los 400 millones, 230 más de lo que debería. 5

En el mismo sentido, la organización civil, Ciudadanos Observando denunció irregularidades en la licitación de las luminarias del Ayuntamiento de San Luis Potosí, el vocero de la organización, Guadalupe González Covarrubias aseguró que se advierte un sobreprecio en el costo unitario por luminaria.

De acuerdo con su página de internet mediante la investigación “El lado oscuro de las luminarias” esta organización ha hecho pública las irregularidades detectadas mismas que se transcriben a continuación de manera literal: 6

El Ayuntamiento de San Luis que encabeza el alcalde Xavier Nava Palacios realizó la licitación pública nacional, número MSLP-OM-LPN-05-2020 para la renovación de alumbrado público en diferentes zonas del municipio de San Luis Potosí. Para fines de facturación, las luminarias existentes generan un cargo adicional de energía del 25% por el uso del balastro. Con esto, el consumo de un luminario con potencia nominal de 100 watts de vapor de sodio es facturado como 125 watts y el de un luminario de 150 watts de la misma tecnología es facturado como 187.5 watts.

Bajo este criterio simple, el ahorro de energía eléctrica generado por cada luminario LED debería ser del 68%. El alumbrado público de San Luis Potosí se compone principalmente de luminarias de tecnologías no eficientes, siendo la mayor parte de vapor de sodio de alta presión (luz amarilla) de 100 y 150 watts, teniendo estas una proporción aproximada de 75% de 100 watts y 25% de 150 watts.

El consumo promedio de energía eléctrica mensual del sistema completo de alumbrado de la capital potosina actualmente es de alrededor de 2, 550,000 kw?h, lo que representa aproximadamente 9.8 millones de pesos. Sin embargo al consultar al Ayuntamiento de San Luis menciona que el pago mensual a la Comisión Federal de Electricidad es de 12 millones de pesos.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, aseguró que entre el alumbrado actual y el nuevo, existirá un ahorro anual de 11,669 MW-hora anual y que el nuevo sistema tendrá un consumo de 20,917 MW-hora al año. Además sostiene que se tendrá un ahorro del 64%, que equivale a 94 millones de pesos anuales. Calculado al valor presente.

Pero veamos si estos datos son reales. Para obtener el %, se obtiene de dividir el nuevo ahorro  (11,669) con el actual (32,586), dando un resultado real del 35% de ahorro y no del 64% como asegura el ayuntamiento.

En relación al costo de instalación por luminaria, detectamos que se pudieron haber ahorrado 13.8 millones de pesos, ya que el precio expresado en la licitación está por encima del precio real.

Los requerimientos de la licitación, señalan que el volumen será de 50,000 luminarias, más la instalación, obra eléctrica, estructuras, obra civil y el censo y almacenamiento de información por un monto de $395,500, 059.00. Las luminarias deberán contar con al menos un IP65, que se refiere a la protección de polvo, lluvia y humedad y de un IK09, que es una prueba de impacto y resistencia.

¿Quién es Trafficligth de México?

 La empresa ganadora de la licitación fue Trafficligth de México S.A de C.V.  Fue inscrita el 27 de febrero de 2006 en Puebla. Los socios son Alberto Martínez Barrientos y Víctor Manuel Adrew Andrade. Es una empresa filial de Citelum México S.A de C.V de origen francés que ha obtenido contratos con el ayuntamiento de Puebla por 2 mil millones de pesos, durante las últimas cuatro administraciones.

De acuerdo a la información que publica Philips en su sitio oficial, señala que esta luminaria está compuesta de 4 componentes principales: Módulo Led, Sistema Óptico, Disipador de Temperatura y Controlador. La luminaria cuenta con un disipador de calor construido en el cuerpo de la luminaria, diseñado para asegurar alta eficacia, con un sistema de refrigeración estático en la parte superior de la luminaria el cual disipa el calor hacia arriba.

El desventaja de esta luminaria Philips, es que necesitan mucha potencia para dar el mismo resultado que otras de mayor vanguardia. Con otros equipos se puede obtener menos gasto de energía y la misma iluminación, generando al ayuntamiento un ahorro importante en los próximos cinco años.

Constructora y Urbanizadora Capellanía S.A. de C.V. con el dólar a $19.11 ganó la Licitación Pública Nacional LPN-MPN-022-VAM-2019 en el Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila por 3,600 luminarias en el Ayuntamiento de Piedras Negras, a un precio luminaria promedio de $5,269.00 sin IVA mientras que Trafficligth de México S.A. de C.V.  en marzo del 2020 con el dólar a $23.90 ganó la licitación Pública Nacional MSLP-0M-LPN-05-2020 en el Ayuntamiento de San Luis Potosí a un precio promedio por luminaria a $ 5,921.30 sin IVA, la diferencia se explica, considerando el incremento que tiene el dólar actual, por lo que el precio de la luminaria a esta fecha sería muy parecido.

Cuestionamientos.

La empresa Representaciones Parga S. A de C.V, solicitó se le indicaran los contratos máximos a evaluar o en los años máximos a acreditar, a lo que se contestó que sería una experiencia máxima de 10 años, avalado con 2 contratos por año y el número de contratos a evaluar sería de 20.

Por su parte Construcciones Vargas S.A de C.V indicó que la compra de las luminarias está dirigidas hacia los modelos de luminarias de LED de la marca Philips, lo cual puede constatarse al revisar las constancias de ahorro PAESE. La respuesta del ayuntamiento fue que ellos solicitan valores mínimos, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos y los licitantes pueden proponer los productos que satisfagan dichas características. La respuesta del ayuntamiento fue que ellos solicitan valores mínimos, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos y los licitantes pueden proponer los productos que satisfagan dichas características. El mismo participante insistió en solicitar el proyecto de iluminación para determinar la cantidad de luminarias de cada partida, porque a su juicio, pareciera que están intentando adquirir un lote  de luminarias que fue fabricado hace años para las concesiones de los municipios de Zapopan, Jalisco y Veracruz y que no fueron instaladas. Ante este duro cuestionamiento el ayuntamiento asegura que las luminarias son nuevas y se están fabricando en la planta de Philips en Camargo, Chihuahua y en su momento entregarán los documentos que lo avalen.

Comparativo contra luminaria Ray Hunters.

Si nos basamos en este hipotético comparativo, la diferencia en el costo de la luminaria RayHunters que fue contratada por el Ayuntamiento de Ciudad Valles contra la luminaria Philips es de 111 millones de pesos. Pero ya se mencionó que la empresa  decidió no participar en la licitación en San Luis Potosí. La empresa Cesty Construcciones S.A de C.V cuenta con una luminaria de la marca Ray Hunters  a un precio luminaria promedio de $ 3,431.00 sin IVA sin embargo decidió no participar en la licitación.

Trafficligth de México S.A. de C.V.  con el dólar a $23.90 ganó la licitación Pública Nacional MSLP-0M-LPN-05-2020 en el Ayuntamiento de San Luis Potosí a un precio promedio por luminaria de $ 5,650.00. La luminaria Ray Hunters anda en un promedio entre 140 y 150 lúmenes por watts mientras que la luminaria Philips Road Focus anda en un promedio de 100 lúmenes por watts.

Es precisamente en estos momentos difíciles cuando más cuidadosos debemos ser con los recursos públicos, y ser vigilantes que en todo momento el gasto se encuentre justificado.

También debe considerarse un elemento importante relacionado a la existencia de una relación real entre el precio comercial y el precio adquirido, pues ante operaciones que implican grandes volúmenes de compras no es una práctica común que se adquieran a un precio más elevado, sino al contrario es muy común que se acceda a un precio inferior al del mercado.

Bajo ese orden de ideas, existen suficientes elementos para solicitar que la compra de las luminarias se investigue por la Auditoria Superior del Estado de San Luis Potosí pues se puede advertir que en dicha operación existen diversas irregularidades que pueden derivar en posibles actos de corrupción en detrimento del erario público.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Ùnico. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de San Luis Potosí para que a su vez exhorte a la Auditoría Superior del Estado de San Luis a que realice una investigación exhaustiva, pública y transparente sobre el proceso de licitación No. MSLP-OM-LPN-05-2020 en la que se determine la justificación de la erogación del monto de $395, 500,059.32. (Trescientos Noventa y Cinco Millones Quinientos Mil Cincuenta y Nueve pesos 32/100 M.N.) a favor de la empresa Trafficlight de México, S.A. de C.V. En razón de que se han hecho públicas la existencia de posibles irregularidades en la referida operación por adquisición a sobreprecio.

Notas

1 Véase: El universal. Metrópoli. San Luis Potosí. Ayuntamiento publica prebases para licitación de luminarias en la capital. Disponible en:   Fecha de consulta: 27 de agosto de 2020

2 Véase: H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Oficialía mayor, licitación pública nacional No. MSLP-OM.-LPN-05-2020 Disponible en;   fecha de consulta: 27 de agosto de 2020.

3 Véase: H. Ayuntamiento de San Luis Potosí Administración 2018-2021, Oficialía Mayor, coordinación de costos y concursos de obra pública. Fallo de la Licitación Pública Nacional N. MSLP-OM-LPN.-05-2020 Disponible en:  Fecha de consulta: 27 de agosto de 2020.

4 Véase: Potosí Noticias, ASE debe revisar con lupa el caso de las luminarias en la capital: PVEM. Disponible en: Fecha de consulta: 27 de agosto de 2020.

5 Véase: Código San Luis periódico en línea. Denuncia Ricardo Gallardo corrupción de Xavier Nava en negocio de luminarias. Disponible en:  Fecha de consulta: 27 de agosto de 2020.

6 Véase: Ciudadanos Observando. El lado Oscuro de las luminarias. Disponible en:   Fecha de consulta: 27 de agosto de 2020.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputados y diputadas: Arturo Escobar y Vega, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Oscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, José Ricardo Gallardo Cardona, Zulma Espinoza Mata, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Erika Mariana Rosas Uribe, Héctor Serrano Cortés (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

SE REACTIVEN LAS OBRAS FEDERALES DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA, EN LOS TRAMOS QUE VAN DE “EL TUITO-MELAQUE”, EN LOS MUNICIPIOS DE CIHUATLÁN Y LA HUERTA, JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, la SHCP y la SCT a llevar a cabo con el gobierno de Jalisco acciones para reactivar las obras federales en materia de infraestructura carretera en Cihuatlán y La Huerta, específicamente en los tramos El Tuito-Melaque, de la carretera 200, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa la siguiente pproposición con punto de acuerdo que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto al Ejecutivo federal, al secretario de Hacienda y Crédito Público y al secretario de Comunicaciones y Transportes para que de forma coordinada con el estado de Jalisco, lleven a cabo las acciones necesarias para reactivar las obras federales en materia de infraestructura carretera en los municipios de Cihuatlán y La Huerta, específicamente en los tramos de la carretera 200 que van de El Tuito-Melaque, en consideración de la siguiente:

Exposición de Motivos

En México existe la Red Nacional de Caminos, al año 2019 ésta cuenta con una longitud total de 772,427.98 kilómetros (km) y se divide en 50 mil 519 km de carreteras federales, 101 mil 924 km son carreteras estatales, 20 mil 366 km municipales y/o particulares, tan sólo 10 mil 698 km son carreteras de cuota, 75 mil 305 km vialidades urbanas e infraestructura de enlace, 21 mil 735 km de veredas y lo que parecería más alarmante, de este gran total solamente 172 mil 809 km son carreteras pavimentadas, en contraste con los 502 mil 577 km caminos no pavimentados. 1

Cabe resaltar que la mayor longitud de carreteras y caminos, por entidad federativa, corresponde en orden decreciente a: Chihuahua, Sonora, Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Tamaulipas, Durango, y Guerrero, siendo estados que representan una gran cantidad de extensión territorialmente hablando, pero que no los vuelve menos relevantes en la inversión pública de infraestructura carretera.

El pasado 11 de junio, el diario El Informador de Jalisco realizó un reportaje sobre el avance de las obras federales en carreteras jaliscienses, en el que detalla una serie de anomalías en los avances de dichas obras, además de una confirmación de recorte presupuestal por parte del gobierno federal, con lo que se dejarían inconclusas obras que representan un importante medio de comunicación mismo que se traduce en desarrollo económico y empleos 2 además de haberse convertido en deudas históricas en materia de infraestructura carretera para los ciudadanos del estado.

De los proyectos que se verán afectados existen 2 que son de particular preocupación como lo es el caso de la carretera Villa Purificación-Autlán y el tramo El Tuito-Melaque que tiene un avance del 63.52 por ciento con una estimación de 3 mil 907 millones de pesos, pero con cero pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2020 y cero ejercidos en el mismo año, 3

En ese orden de ideas, la política pública en materia de infraestructura carretera debe ser prioritaria para la administración, sin embargo, se obtiene una gran muestra de la desatención de los caminos por parte del gobierno federal al encontrarse totalmente detenida la obra en materia presupuestal y por tanto física, cabe resaltar que estas obras generarían un importante desarrollo en las regiones aledañas al camino por tratarse de una zona altamente turística.

En ese sentido, es importante señalar que la derrama económica que deja al país la actividad turística en Jalisco es de más de 42 mil 89 millones de pesos, esto tan sólo en el año 2018 4, tan sólo en la zona sur de4costa alegre hubo una afluencia de total de 581 mil 940 personas recorriendo esta zona turística, esto según registros de la Secretaría de Turismo de Jalisco 5, dicha zona es donde se encuentran detenidas las obras en comento, esto nos da una clara muestra de la importancia que tiene el contar con carreteras terminadas y en óptimas condiciones para esta región del país.

Es por esto que resulta imperante que las obras federales en las carreteras del estado de Jalisco, particularmente las que corresponden a los municipios de Cihuatlán y La Huerta sean reactivadas a la brevedad, ya que representan una importante vía de comunicación que potenciaría el desarrollo regional y económico de dichas poblaciones que se encuentran en un rezago en materia de infraestructura muy grave.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de manera atenta y respetuosa exhorta al Ejecutivo federal, al secretario de Hacienda y Crédito Público y al secretario de Comunicaciones y Transportes para que, de forma coordinada con el estado de Jalisco, lleven a cabo las acciones necesarias para reactivar las obras federales en materia de infraestructura carretera en los municipios de Cihuatlán y La Huerta, específicamente en los tramos de la carretera 200 que van de El Tuito-Melaque.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/ Grfia MdoAmte/RNC2019.pdf

2 https://www.informador.mx/Recorte-federal-frena-cuatro-proyectos-en-carreteras- de-Jalisco-l202006110001.html

3 https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/ficha_opa #110 96340005

4 https://secturjal.jalisco.gob.mx/sites/secturjal.jalisco.gob.mx/files/u16/ anuario-2018.xlsx

5 https://secturjal.jalisco.gob.mx/sites/secturjal.jalisco.gob.mx/files/u16/ anuario-2018.xlsx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Mónica Almeida López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN DEL SUICIDIO DIRIGIDAS A LOS JÓVENES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y sus homólogas locales a crear y promover campañas de prevención y programas de atención del suicidio dirigidas a los jóvenes, a cargo de la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud federal y estatales, a crear y promover campañas de prevención y programas de atención del suicidio dirigidas a los jóvenes; al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En el día a día, el comportamiento de las y los adolescentes es uno de los indicadores del bienestar o, en su caso, del malestar que pudieran experimentar en la etapa de vida por la que transitan.

La tristeza, la falta de energía y el escaso interés por las actividades que desempeñan de manera cotidiana son algunas de las conductas que pueden identificar las personas adultas responsables de su crianza, cuidado y desarrollo.

En algunas ocasiones, los estados de ánimo nos dan señales de alerta que deben ser detectadas y atendidas para evitar su progresión hacia una posible afectación a la salud integral de las y los jóvenes.

El comportamiento suicida es una de las variables, reportadas por la evidencia científica, asociadas al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 1.

La Organización Mundial de la Salud ubica al comportamiento suicida en la tipología de violencia autoinfligida, que incluye pensamientos, intentos, actos suicidas y autolesiones. La presencia de cualquiera de estos indicadores debe considerarse como una señal de alto riesgo.

El suicidio es un acto violento que abarca desde la ideación, en sus diferentes expresiones, hasta el suicidio propiamente dicho, pasando por las amenazas, los gestos y los intentos.

Entre los factores que interactúan para conducir a una persona a un comportamiento suicida se cuentan los sociales, los psicológicos, los culturales y los biológicos. En algunos casos este acto se comete impulsivamente y, en tales circunstancias, el acceso fácil a medios tales como plaguicidas o armas de fuego puede marcar la diferencia entre la vida o la muerte de una persona.

Es importante señalar que debido a la estigmatización de los trastornos mentales y del suicidio, muchas personas consideran que no pueden pedir ayuda.

Los comportamientos suicidas adolescentes, a menudo involucran motivaciones complicadas, entre las cuales se encuentran la depresión, el abuso de sustancias y los problemas emocionales, conductuales y sociales.

La pérdida de relaciones románticas, la incapacidad de hacer frente a problemas académicos y tensiones de la vida, la baja autoestima y los conflictos de identidad sexual son también factores de suicidio en las y los jóvenes.

La vida familiar deteriorada y conflictiva, y hechos como el divorcio pueden provocar sentimientos de desesperanza y pérdida de control en la población juvenil.

En los adolescentes, el historial familiar de enfermedades psiquiátricas, los altos niveles de disfunción familiar, el rechazo por parte de la familia y el abandono o el abuso en la infancia podrían aumentar la posibilidad de suicidio.

Por otra parte, en población juvenil se ha documentado la organización del suicidio en grupo: personas de la misma edad se coordinan para intentar o llevar a cabo el suicidio, situación que se difunde en las redes sociales, como parte de los estilos de vida y la personalidad de los jóvenes.

El suicidio es un problema de salud pública cuya atención requiere de la colaboración de distintas disciplinas de estudio en diferentes niveles de intervención.

La Organización Mundial de la Salud emitió una serie de recomendaciones para atender esta problemática que se ha incrementado de manera alarmante entre la población juvenil; a pesar de las elevadas prevalencias entre los adultos mayores de 60 años, es la adolescencia la etapa en la que se registra el incremento de suicidios estadísticamente más significativo a nivel mundial y nacional.

Las señales de alerta 2 que se detectan en estos procesos preventivos con la población juvenil son los siguientes:

• Cambios repentinos en el estado de ánimo, pasar de la alegría a la tristeza o viceversa.

• Dejar de hablar sin causa aparente con familiares y amistades u otras personas con las que antes se tenía buena comunicación.

• Sentir desesperación a un grado tal que se experimentan malestares como ganas de vomitar, temblores, dificultad para respirar, palpitaciones sin razón aparente y sudoración excesiva.

• Amenazar con hacerse daño e incluso matarse.

• Buscar medios para suicidarse o hablar de un plan para hacerlo.

• Hablar o escribir sobre la muerte, señalar que sería mejor no vivir o que los demás estarían mejor sin él o ella.

• Autolesiones (cortarse, golpearse, involucrarse con facilidad en peleas, actividades riesgosas y temerarias).

• Consumir sin control alcohol u otras drogas.

• Manifestar desesperanza (creer que nada vale la pena y que los problemas seguirán).

• Sentimientos de ira o venganza.

• Involucrarse en conductas irresponsables o que implican riesgo innecesario.

• Expresar sentimientos de estar atrapado o de no ver una salida.

• Incrementar el uso de alcohol u otras drogas.

• Aislarse, retirarse o evitar el contacto con amistades, familia o entorno.

• Mostrar ansiedad o agitación.

• Presentar alteraciones del sueño, como no dormir o hacerlo todo el tiempo.

• Desprenderse de sus pertenencias o despedirse de familiares y amistades.

• Perder interés en actividades en las que antes participaban.

• Decir que no hay razones para vivir o que la vida no tiene sentido.

El suicidio es un problema de salud pública que se ha incrementado de manera muy preocupante en nuestro país y en el mundo entero. Es considerado por la Organización Mundial de la Salud 3 como un acto deliberado de quitarse la vida, y ha dejado de ser un problema aislado para convertirse en un problema serio de salud pública.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que, en la actualidad, cerca de 800 mil personas se suicidan al año. La reducción de muertes por esta causa se encuentra contemplada en la meta 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que busca reducir en el 2030, un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar. Uno de los indicadores utilizados para evaluar dicha meta es la tasa de mortalidad por suicidio.

La OMS reportó, en 2016, 804 mil muertes por suicidio, lo que representa una tasa anual mundial, ajustada según la edad, de 11.4 por cada 100 mil habitantes (15.0 entre hombres y 8.0 entre mujeres). La ingesta de plaguicidas, el ahorcamiento y el uso de armas de fuego se encuentran entre los medios más utilizados.

En los últimos 45 años las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial 4. El suicidio es una de las tres primeras causas de defunción entre las personas de 15 a 44 años en algunos países, y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años; estas cifras no incluyen las tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes que los casos de suicidio consumado.

En México, las estadísticas de mortalidad de 2017 reportan que, del total de fallecimientos, 6,494 fueron por lesiones autoinfligidas, lo que constituye 0.9% del total de muertes. Con ello, la tasa de suicidios 2017 es de 5.2 fallecimientos por cada 100 mil habitantes 5.

El  Consejo Nacional de Salud en México previó un incremento de la depresión y de las conductas suicidas a causa de la pandemia por coronavirus a principios del mes de agosto del 2020, situación que ahora fue confirmada por los Centros de Integración Juvenil.

La Dra. Carmen Fernández, Directora General de los Centros, reveló en el encuentro “Compromiso de la juventud por la acción mundial” que los jóvenes han sufrido un fuerte impacto durante la emergencia sanitaria y el encierro a causa del virus SARS-Cov-2, lo que ha acrecentado las crisis emocionales.

Confirmó que el riesgo suicida aumenta y esto desafortunadamente se ha complicado con la pandemia, por lo que el incremento de suicidios ha sido de un 43% de los jóvenes de entre 15 y 29 años 6.

Reportó que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años; mientras que para el rango de los 20 a los 24 años, la tasa de suicidios representa la más alta entre toda la población con un 9.3 por cada 100 mil habitantes.

Por otra parte, informó que entre las mujeres, el grupo con la tasa más alta de suicidios es el de 15 a 19 años, con un total de 4 por cada 100,000 habitantes. Para los hombres, el grupo de 20 a 24 años tiene una tasa de 15.1 por cada 100,000 habitantes.

Es por ello la importancia y la urgencia de que las Secretarías de Salud Federal y Estatales, creen y promuevan campañas de prevención y programas de atención del suicidio dirigidas a los jóvenes.

La Organización Mundial de la Salud ha instituido el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de fomentar compromisos y establecer lineamientos y medidas prácticas para evitar el sufrimiento y las pérdidas humanas.

Es una fecha importante para sumarse al mundo a realizar actividades en favor de los jóvenes para erradicar este doloroso problema para nuestros jóvenes y sus familias.

Con base a lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud federal y estatales, a crear y promover campañas de prevención y programas de atención del suicidio dirigidas a los jóvenes.

Notas:

1 Organización Mundial de la Salud [OMS], 2006; Pérez et al., 2010

2 Borges, G., Orozco, R., & Medina-Mora, M.E. (2012). Índice de riesgo para el intento suicida en México. Salud Pública de México, 54(6), 595-606

3 https://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/es/

4 https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suicideprevent/ es/

5 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/suicidios2019_ Nal.pdf

6 https://www.gob.mx/salud/cij/es/articulos/foro-el-compromiso-de-la-juventud-por -la-accion-mundial?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020– Diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE VERACRUZ A PROPORCIONAR APOYO AL SECTOR DE TRANSPORTE, A FIN DE EVITAR EL INCREMENTO DE CONTAGIOS POR COVID-19

«Proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave a proporcionar apoyo material y económico al sector de transporte en pro de la seguridad de operadores y usuarios, y contar así con insumos para tomar medidas tendentes a evitar el incremento y propiciar la disminución de contagios por covid-19, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al gobernador constitucional de Veracruz de Ignacio de la Llave a proporcionar el apoyo material y económico necesario y suficiente al sector del transporte en las diversas modalidades para la seguridad de operadores y usuarios, a fin de contar con los insumos indispensables para tomar las medidas necesarias tendentes a evitar el incremento y propiciar la disminución de contagios por covid-19 en Veracruz, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una pandemia puede describirse como un brote de enfermedad mundial. Dependiendo de las características de la enfermedad, puede propagarse fácilmente, hay poca o ninguna inmunidad a la enfermedad, no hay vacuna disponible, y hay una alta tasa de personas que se enferman y/o mueren. Las pandemias causan un ausentismo significativo, cambian los patrones de comercio, limitan las soluciones médicas inmediatas e interrumpen las cadenas de suministro.

Abordar los desafíos de la toma de decisiones en la respuesta a una pandemia en el contexto del transporte es una tarea multidimensional, que involucra no sólo a las organizaciones de transporte y tránsito sino, también, a las de salud, las agencias de gestión de urgencias y los puntos de comunicación. 1

Es indudable que en todo el país, y particularmente en Veracruz, el uso del transporte público y de carga, desde el inicio de la pandemia por covid-19 se redujo notoriamente por el ausentismo laboral, comercio reducido, miedo a la exposición a la infección en un entorno público y las directrices de la salud pública y/o de la gestión de emergencias.

Reducción que se fue incrementando conforme avanzaban los días y, con motivo de las instrucciones de las autoridades federales y locales de mantenerse en casa; así como las disposiciones para que las instituciones públicas, escuelas, iglesias, restaurantes, gimnasios, hoteles y muy diversos tipos de empresas, limitaren o suspendieran actividades, reducción que trajo consigo una gran afectación económica para los prestadores del servicio.

Conforme se fue generalizando el distanciamiento social para tratar de evitar conglomeración y el inherente asilamiento producto del trabajo a distancia; y siendo Veracruz un gran destino turístico, la drástica disminución de viajeros internos, nacionales e internacionales también influyó sobre manera para la disminución del transporte público. Como efecto de la disminución de actividades económicas, el transporte de carga también ha sufrido grave afectación.

En marzo comenzó a notarse un verdadero declive en el uso de transporte público para tratar de retrasar el contagio masivo del virus. La caída del uso del transporte de pasajeros y de carga se comenzó a percibir cotidianamente con sus consecuentes afectaciones económicas.

A finales de marzo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal emitió una guía rápida para afrontar una pandemia en el trasporte público dirigida a las organizaciones de transporte local - urbanos o suburbanos -de pasajeros. Dicha guía recomienda las acciones a seguir en este escenario y fue diseñada con base en el reporte de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de EUA Guía para la planificación y respuesta ante una pandemia en el transporte público (2014). 2

Entre las medidas recomendadas por la SCT para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas destacan éstas: 3

1. Aislar a las personas de la contaminación (por ejemplo, barreras de plexiglás para conductores y vendedores de boletos).

2. Capacitación del personal. Planes, políticas y procedimientos que articulan y hacen cumplir los medios para reducir la infección.

3. Guantes y mascarillas para protección respiratoria para reducir la exposición del personal.

4. Lavado de manos y desinfectante de manos sin agua (gel antibacterial) para el personal. Proveer gel antibacterial en estaciones y unidades del transporte público para los usuarios.

5. Limpieza (por ejemplo, limpieza con vapor, desinfectantes) de estaciones, vehículos y lugares de trabajo para minimizar la contaminación de superficies que participen como vector pasivo

6. Mantener un espacio adecuado de sana distancia entre las personas para minimizar la contaminación por aerosol y gotas (por ejemplo, por toser y estornudar).

7. Controlar la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado para reducir la propagación de la contaminación.

Otras recomendaciones para el transporte público, incluyendo el masivo y los servicios de taxis, son éstas: 4

1. Para la protección de los conductores de autobús, si no están protegidos por una mampara o cabina, los pasajeros no usarán la puerta delantera (salvo que el boleto o su cobro les haya de ser facilitado por el conductor).

2. La fila tras el asiento del conductor deberá mantenerse desocupada.

3. Desanimar al uso de dinero físico siempre que se pueda, en el pago a conductores u otros.

4. Taxis y vehículos por encargo con conductor: un pasajero como máximo, excepto en los casos en que es necesario acompañar a algún menor, enfermo o persona de edad avanzada.

5. Mantener permanentemente activos los protocolos para la revisión de los usuarios, la vigilancia de distancia y ocupación dentro de las unidades.

6. Las organizaciones de transporte deben tener una política de cuándo y cómo implementar actividades de limpieza extremas en respuesta a un brote de enfermedad de alta transmisibilidad.

Ahora bien, para mantener la seguridad en las estaciones y vehículos de transporte se determinó necesario limpiar y desinfectar rigurosamente las instalaciones y unidades del transporte público. Y se señaló que los componentes básicos de una gestión ambiental efectiva de las pandemias incluyen: 5

1. Disponer de una política y de protocolos apropiados de desinfectantes registrados por la autoridad competente, equipos de protección personal y protocolos de limpieza para vehículos, áreas públicas fijas y áreas de trabajo.

2. Realizar la limpieza de rutina con jabón o detergente en agua para eliminar la suciedad y la materia orgánica de las unidades e instalaciones, seguida del uso adecuado de productos químicos y de medidas que puedan reducir las posibilidades de transmisión de una enfermedad a las manos por el contacto físico con las personas y las superficies.

3. Capacitar y equipar a los trabajadores para que utilicen los desinfectantes de manera adecuada para su protección y seguridad, incluyendo protección respiratoria de los productos químicos utilizados en la desinfección. Mantener un lavado frecuente de las manos, el uso de limpiadores de manos sin agua (por ejemplo, gel antibacterial) y el uso de guantes.

4. Reducir la aerosolización de los microorganismos causantes de enfermedades durante el proceso de limpieza.

Cumplir todas estas recomendaciones para evitar la propagación de la enfermedad requiere no sólo de un gran esfuerzo para el personal del transporte, que no solo demanda tiempo y acción física, sino más aún, recursos económicos suficientes para estar en condiciones de adquirir y disponer de cubrebocas, guantes, caretas, gel desinfectante, mamparas divisorias, jabón, detergente, agua, desinfectantes ambientales, entre otros.

Finalmente, la SCT aclaró que en México, los servicios de transporte público son operados en cada Estado de manera diversa, por lo que la guía solo sintetiza las recomendaciones de manera general, las cuales pueden ser adaptadas al contexto local en cada ciudad. Cada estado a través de su autoridad en materia de transporte público deberá establecer sus propias acciones para hacer frente a las pandemias, tales como la actual del covid-19. 6

La organización de transporte deberá considerar todos los modos de transporte masivo con los que dispone, en la generación de estrategias específicas para cada uno de ellos, respetando las cláusulas establecidas en los títulos de concesión, o las que correspondan en caso de ser empresas del estado. Todas las acciones deben considerar su contexto político y social en el que se encuentre el sistema de transporte en el estado.

Por otro lado, como es sabido, Veracruz durante todo el desarrollo de la pandemia ha fluctuado entre los 5 primeros lugares entre las entidades con mayor número de casos confirmados de covid-19. Actualmente, ocupa el quinto lugar, con 26,192 casos confirmados y 3 mil 421 defunciones. 7

En tal virtud, en Acción Nacional nos preocupa el riesgo que enfrentan en el Estado de Veracruz tanto los operadores del transporte, como los pasajeros, y las precarias condiciones en que se encuentran como para poder atender todas y cada una de las recomendaciones hechas por la SCT. Por ello, estimamos indispensable la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador constitucional de Veracruz de Ignacio de la Llave a brindar el apoyo material y económico, necesario y suficientemente eficaz, al sector del transporte en sus diversas modalidades - taxistas; transporte público urbano y suburbano; y transporte de carga - para la seguridad de operadores y usuarios, a fin de contar con los insumos indispensables (cubrebocas, guantes, caretas, gel desinfectante, mamparas divisorias, jabón, detergente, agua, desinfectantes ambientales, entre otros) para tomar las medidas necesarias tendientes a evitar el incremento y propiciar la disminución de contagios por covid-19 en el estado, en esta etapa tan adversa para la economía de dicho sector.

Notas

1 https://imt.mx/images/files/GRAL/guia-rapida-transporte-publico.pdf

2 Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina 2014. Guía para la planificación y respuesta ante una pandemia en el transporte público. Washington, DC: The National Academies Press.

https://doi.org/10.17226/22414

3 https://imt.mx/images/files/GRAL/guia-rapida-transporte-publico.pdf

4 https://imt.mx/images/files/GRAL/guia-rapida-transporte-publico.pdf

5 Ídem.

6 https://imt.mx/images/files/GRAL/guia-rapida-transporte-publico.pdf

7 Información actualizada al 17 de agosto de 2020 y consultada en

https://coronavirus.gob.mx/datos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

PLAN QUE GARANTICE LOS DERECHOS, SEGURIDAD E INTEGRIDAD A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE VIVEN CON SUS MADRES Y A LOS QUE ASISTEN A VISITAS EN LOS CENTROS DEL SISTEMA PENITENCIARIO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y la SSCP a emitir un plan estratégico que garantice el pleno ejercicio de los derechos, la seguridad y la integridad tanto a los niños que viven con las madres en centros penitenciarios como a los menores y los adolescentes que asisten a visitas ahí, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que les confiere la fracción I del artículo 6, numeral 1; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponen a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la licenciada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, titular de la Secretaría de Gobernación y al licenciado Francisco Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que en el ámbito de sus funciones y atribuciones, emitan un plan estratégico que garantice el pleno ejercicio de todos los derechos, seguridad e integridad a las niñas y niños que viven con sus madres en centros de reclusión; y a las niñas, niños y adolescentes que asisten a visitas en estos centros del Sistema Penitenciario Mexicano, bajo los siguientes

Considerandos

La operación del Sistema Penitenciario Mexicano es una de las encomiendas más sensibles y de mayor impacto para el gobierno de México en todos sus ámbitos, en el camino de alcanzar la reconstrucción del tejido social para recuperar la paz y la justicia.

De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Seguridad de febrero de 2015, el Sistema Penitenciario Mexicano cuenta con 387 centros de reclusión y alberga a más 257 mil reclusos, de los que 81 por ciento están siendo o han sido juzgados en el fuero común y 19 por ciento en el fuero federal; 95 por ciento son hombres y 5 por ciento mujeres.

296 centros pertenecen a las administraciones de las entidades federativas y 74 son municipales; 17 de estos centros son operados por el gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estos centros tienen una capacidad instalada para recibir a 203 mil reclusos, lo que nos arroja una sobrepoblación que rebasa 25 por ciento de la capacidad del Estado mexicano.

Sólo en la Ciudad de México existen 13 centros penitenciarios de cuales 2 son femeniles y 11 varoniles, hasta el 26 de abril de 2020, suman una población de 26 mil 128 reclusos, de los cuales 24 mil 707 son hombres y sólo mil 421 son mujeres; 7 mil 282 están aún siendo procesados y 18 mil 846 ya fueron sentenciados.

Los reclusos que tienen una edad entre los 18 y 29 años, son 6 mil 56; de 30 a 39 años son 9 mil 721; de 40-49 años son 6 mil 753; de 50-59 años son 2 mil 745; más de 60 años son 853.

38.99 por ciento de los varones reportan como estado civil el de soltero con pareja en unión libre, y 17.79 por ciento se encuentran casados.

También con reportes del gobierno de la Ciudad de México, sólo en esta entidad se encuentran 32 niños y 26 niñas menores de 5 años que viven al lado de sus madres reclusas.

Ahora bien, también con datos de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, durante la visita semanal, en promedio se tiene un registro de 3 mil 99 personas que acuden a los centros penitenciarios a ver a sus familiares internos.

La población femenina en los reclusorios de nuestro país, es de más de 13 mil mujeres, distribuidas en 121 centros de 17 estados del país, entre mixtos y reclusorios exclusivos para mujeres. En 54 de esos centros hay 354 mujeres acompañadas de 362 niños.

La falta de recursos no sólo impide ajustar la plantilla laboral a las necesidades de la contingencia. La escasez de toallitas, pañuelos y servicios médicos es un reclamo de todas las convictas que acuden a la reunión.

En cuanto a los espacios para niñas y niños en los centros de reclusión, 34.6 por ciento de ellos no cuenta con áreas lúdicas para infantes, en 35.8 por ciento no existen espacios para que jueguen al aire libre y 51.4 por ciento carece de dormitorios específicos para mujeres madres.

Sólo 42.1 por ciento cuentan con un centro de desarrollo infantil (Cendi), y sólo en 9.3 por ciento de las prisiones existen comedores para niños.

Dentro de las prisiones, los niños viven situaciones de violencia muy variadas y altamente conculcantes de sus derechos más básicos, como escuchar lenguaje no adecuado, 71.1 por ciento; revisiones exhaustivas en cateos, 45.1 por ciento; 19.5 por ciento están en contacto con drogas; además 16 por ciento de las niñas y niños en contexto de visita han presenciado motines.

Asimismo, se ha solicitado que se habiliten espacios libres de violencia para niñas y niños dentro de los centros, así como centros de convivencia familiar con poca o nula respuesta de las autoridades penitenciarias.

También se hace indispensable desarrollar las estrategias necesarias para garantizar la gobernabilidad de los centros de reclusión y garantizar la satisfacción de las necesidades fundamentales de las niñas y niños que viven con sus padres y/o madres dentro de prisión para su bienestar integral.

A partir de estas cifras y como se puede concluir, la sobrepoblación penitenciaria es un grave problema, que no garantiza un digno cumplimiento de penas para los y las reclusas, pero el problema se agudiza para las niñas y niños menores de 6 años que fueron concebidos y/o nacidos dentro del centro penitenciario al no ser lugares apropiados para su sano desarrollo.

De igual forma son muy escasas las condiciones en centros penitenciarios que sean propicias para que los niños y niñas que acuden a las visitas acompañados de sus madres o familiares al encuentro de su madre o padre, lo puedan hacer en un entorno de protección de sus derechos, ya que en la mayoría de los casos las condiciones a que nos referimos en las áreas de visitas comunes, más bien se convierten en una vitrina que expone a los niñas y niños; además este problema es aún más grave cuando tienen que esperar por largo tiempo a cargo de otro u otros reclusos a que concluya la visita conyugal, ya que son largas esperas o de no ser así, algunas veces son expuestos a presenciar los encuentros íntimos de quienes los llevan a los centros de reclusión, esto porque no existen los espacios adecuados que garanticen su integridad.

Los niños y niñas que esperan a manos de otro recluso o solos se quedan expuestos a escuchar un lenguaje soez en el menor de los casos, a la hipersexualización, a la violencia, al abuso sexual, a la violación, pederastia, a la trata, prostitución, a la pornografía infantil, además de las secuelas físicas, psicológicas y de salud que esto conlleva.

Ahora bien, todas las políticas que se diseñan en la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada en coordinación con el Órgano Administrativo Descon-centrado Prevención y Readaptación Social en materia de operación de centros penitenciarios, deben estar orientadas a una eficaz consecución de la compurgación de penas, de quienes han sido o están en proceso de ser sentenciados por autoridad judicial; y a su vez a construir mecanismos que promuevan la reinserción social para restaurar la armonía de convivencia social en nuestro país.

Esta política debe siempre tener como eje transversal la protección y respeto a los derechos humanos de todos quienes, por una situación u otra, se ven inmersos en el contexto de tener que convivir en un entorno de sujeción carcelaria. Especialmente atendiendo a la prevalencia de la protección del interés superior de la infancia consagrado en el párrafo noveno del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para proveer de un mecanismo que salvaguarde los derechos de niñas, niños y adolescentes que acuden a visitas de sus familiares en centros penitenciarios.

En virtud de lo previamente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la licenciada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, titular de la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de sus funciones y atribuciones y con apoyo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas Niños y Adolescentes, así como al licenciado Francisco Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también en el ámbito de sus funciones y atribuciones y con apoyo de la Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada en coordinación con el Órgano Administrativo Desconcen-trado Prevención y Readaptación Social; emitan un plan estratégico que garantice el pleno ejercicio de todos los derechos; seguridad e integridad a las niñas y niños que viven con sus madres en centros de reclusión; y a las niñas, niños y adolescentes que asisten a visitas en los distintos centros del Sistema Penitenciario Mexicano.

Segundo. Se solicita que de manera inmediata se hagan las modificaciones estructurales necesarias para que los niños, niñas y adolescentes que van de visita a centros de reclusión del Sistema Penitenciario Mexicano, tengan un espacio digno y apropiado a su edad para la convivencia familiar y sano desarrollo.

Tercero. Se solicita que de manera inmediata integren los apoyos de personal capacitado que cubra con los mínimos necesarios para el cuidado y resguardo de los niños, niñas y adolescentes que van de visita y tienen que esperar por el tiempo que duran los encuentros conyugales.

Cuarto. Se solicita que de manera inmediata se integre a personal calificado en psicología con la finalidad de trabajar con los niños, niñas y adolescentes las consecuencias conductuales generados por el mismo ambiente adverso al que se enfrentan cada día que asisten a los centros penitenciarios, coadyuvando con esto a la prevención del futuro delito.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputados y diputadas: Alberto Brasil Acosta Peña, Ricardo Aguilar Castillo, María Alemán Muñoz Castillo, María Ester Alonzo Morales, Ivonne Liliana Álvarez García, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Frinné Azuara Yarzábal, Laura Barrera Fortoul, Lenin Nelson Campos Córdova, Juan José Canul Pérez, Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, Juan Francisco Espinoza Eguia, Margarita Flores Sánchez, Fernando Galindo Favela, Martha Hortencia Garay Cadena, Isaías Gónzalez Cuevas, Norma Guel Saldívar, Ismael Alfredo Hernández Deras, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Anilú Ingram Vallines, René Juárez Cisneros, Manuel Limón Hernández, Cynthia Iliana López Castro, Benito Medina Herrera, Luis Enrique Miranda Nava, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Ernesto Javier Nemer Álvarez, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, Enrique Ochoa Reza, Juan Ortiz Guarneros, Claudia Pastor Badilla, Carlos Pavón Campos, Soraya Pérez Munguía, Ximena Puente de la Mora, Cruz Juvenal Roa Sánchez, María Sara Rocha Medina, Mariana Rodríguez Mier y Terán, María Lucero Saldaña Pérez, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Dulce María Sauri Riancho, Pedro Pablo Treviño Villareal, Marcela Guillermina Velasco González, Alfredo Villegas Arreola, Héctor Yunes Landa, Eduardo Zarzosa Sánchez  (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

SE SANCIONE A LOS PLANTELES EDUCATIVOS PRIVADOS QUE RETENGAN DOCUMENTACIÓN OFICIAL ORIGINAL DE LOS EDUCANDOS, A FALTA DE PAGO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a sancionar a los planteles educativos privados que retengan por falta de pago cualquier tipo de documentación oficial de educandos, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, diputada federal por el estado de México a la LXIV Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 66 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Ante la pandemia internacional ocasionada por el virus del covid-19, se ha visto mermado diversos sectores, como el laboral que miles de personas fueron despedidas por el cierre de sus empleos ante la contingencia sanitaria. Además, entre ellos el educativo ha sido de igual manera uno de los que mayormente se ha visto afectado.

Ante el grave riesgo de exponer a millones de educandos, la Secretaría de Educación Pública ordenó la inmediata suspensión de actividades escolares presenciales para salvaguardar la vida y la salud de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran estudiando.

Aunque la medida implementada por las autoridades mexicanas y que de igual manera ha sido la misma que varias naciones en el mundo optaron, trajo consecuencias en la que la desigualdad económica afecta gravemente el poder garantizarse plenamente el derecho humano a la educación.

No existe una cifra exacta del número de alumnos que asistían a escuelas del sector privado pero por la crisis generada por el covid-19, tuvieron que migrar a escuelas del sector público, estimando que fueron aproximadamente dos millones de educandos en todo el país. De acuerdo con Alfredo Villar, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, esta crisis ha generado que cientos de instituciones educativas privadas se queden sin alumnos y, por ende, tuvieron que cerrar sus puertas. 1

La crisis está generando que varios padres de familia no puedan solventar los gastos de las colegiaturas de sus hijos, por ende, buscan la manera de inscribirlos en las escuelas públicas, pero durante esa transición se han estado presentando situaciones en la que las autoridades administrativas de algunas escuelas privadas, niegan el otorgamiento de los documentos de carácter oficial de los estudiantes, argumentando la falta de pagos.

A mi persona, como representante del pueblo mexicano, específicamente del Distrito 14 del estado de México, se me hizo llegar una petición a través de un oficio de una ciudadana que lucha para que su hijo pueda seguir estudiando. En dicho documento afirma que la escuela primaria privada con clave de la Secretaría de Educación Pública: 15PPR2153V, ubicada en el municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, ha retenido y negado la entrega de los documentos oficiales de su hijo que cursó y terminó satisfactoriamente el primer grado de primaria, por tener adeudo con dicha institución.

Este y muchos más casos se han presentado en todo el país, aunque es entendible que las escuelas privadas que son establecimientos mercantiles busquen que se les solventen los pagos requeridos, de ninguna manera pueden coartar el derecho a la educación y mucho menos se pueda condicionar la misma.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 3o, párrafo XII, fracción VI, que:

“Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo cuarto, y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refieren los párrafos décimo primero y décimo segundo; y

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley”. 2

Es decir, las escuelas privadas se someterán a ley y a su vez se basarán en los mismos principios rectores del derecho a la educación. Por lo que la Ley General de Educación en su Título décimo primero “De la educación impartida por particulares”, artículo 146 párrafo quinto:

“En ningún caso, con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra contraprestación, derivada de la educación que se imparta en términos de este artículo, se realizarán acciones que atenten contra la dignidad y los derechos de los educandos, de manera especial de las niñas y niños, incluyendo la retención de documentos personales y académicos”. 3

La ley establece que dichas instituciones no podrán retener documentación de los educandos por motivos del cobro de colegiaturas o análogas, ya que se cometería una infracción a lo dispuesto al artículo 170, fracción XXII:

“Artículo 170. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

I. a XXI. (...)

XXII. Retener documentos personales y académicos por falta de pago”. 4

La infracción mencionada será acreedor de una multa que se encuentra prevista en la misma ley en su artículo 171, fracción I, inciso b):

“b) Multa por el equivalente a un monto mínimo de mil y un, y hasta máximo de siete mil veces de la Unidad de Medida y Actualización, en la fecha en que se cometa la infracción, respecto a lo señalado en las fracciones XI, XII, XX, XXI, XXII, XXV y XXVI del artículo 170 de esta ley”. 5

El coartar el derecho humano a la educación es contravenir el artículo 3o. de nuestra norma suprema y el principio del interés superior del menor; por ello, en ninguna circunstancia se debe retener documentos o condicionar la entrega de los mismos, ya que ameritarán una sanción pecuniaria.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública a sancionar a los planteles educativos privados que retengan cualquier tipo de documentación oficial original de los educandos, por falta de pago, ya que se violenta el derecho humano a la educación, reconocido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas

1 Forbes México. Crisis por covid-19 golpea fuerte a las escuelas privadas en México. 24 de agosto de 2020.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2020.

3 Ley General de Educación. 2019.

4 Ibídem

5 Ibídem.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

EXHORTO A LOS CONGRESOS LOCALES, A LEGISLAR EN MATERIA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS ENVASADOS CON ALTO CONTENIDO CALÓRICO PARA VENTA A MENORES DE EDAD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a legislar en materia de prohibición de venta, distribución, donación, exhibición o suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados con alto contenido calórico a menores de edad, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada federal Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con Punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En términos del artículo cuarto constitucional, reforma en 2011, se establece que el Estado velará y cumplirá con garantizar los derechos de las niñas y niños, como son la salud, educación y el sano esparcimiento. El principio del interés superior a la niñez deberá ser el eje rector para diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas dirigidas a la niñez.

En la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 2, establece que para la protección de los derechos de la infancia, se deberá considerar de manera primordial el interés superior de la niñez.

En el artículo 50 de la citada ley se establece que los menores tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, por lo que deberán coordinarse las autoridades federales, estatales y municipales para combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria.

Segunda. México es el país con mayor cantidad de niñas y niños en situación de obesidad en el mundo, según la UNICEF. 1 De 39 millones de menores de edad, el 33 por ciento, en edades de 6 a 11 años, en 2016 tenían obesidad y sobrepeso, y el 35 por ciento, de 5 a 11 años, en 2018. Esto pareciera ir en contrapunto con respecto a las estadísticas de consumo de alimentos recomendables, donde, a mayor edad (más de 20 años) aumenta el consumo de carne y de verduras, a menor edad, lácteos y huevo son más 2 Sin embargo, al revisar las estadísticas sobre la población que más consume alimentos No recomendables, tenemos que, el grupo poblacional de 5 a 11 años, supera a los de 0-4 años, de 12 a 19, de 20 y más en los rubros de botanas, dulces y postres, cereales dulces, bebidas lácteas endulzadas, lo prende un foco de alarma.

Todavía más, en población infantil en edades 5 a 11 años que habita el área urbana tiene el 37 por ciento, sobrepeso u obesidad, mientras que menores de edad, habitantes en zona rural, tienen el 29 por ciento. Por género, se observa un aumento de mujeres con respecto a los hombres, de 41 frente a 35 por ciento, en edades en el rango de edad de 12 a 18 años. Estos datos nos permiten fortalecer la evidencia de que la infancia en México padece de obesidad y sobrepeso.

El sobrepeso y la obesidad en niñas, niños y adolescentes son producto de una dieta donde predominan principalmente el azúcar, alimentos con alto contenido calórico y grasa, además de que se presenta en países en desarrollo como el nuestro ya que las familias pobres no pueden adquirir comida sana al tener un precio al consumidor más alto, tanto la OMS, como la UNICEF constatan que la correcta alimentación puede prevenir problemas de sobrepeso, además del fomento del deporte y el ejercicio.

Tercera. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) tanto el sobrepeso como la obesidad infantil son producto de un cambio social y económico donde se presentan tanto un cambio en los hábitos alimenticios del entorno familiar en donde predomina el consumo de alimentos hipercalóricos altos en grasas y azúcares como se mencionó, así como la adopción de un estilo de vida sedentario. 3

Clara prueba de esto son los datos mostrados en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018. Al respecto, el 15 de febrero del mismo año, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) de la Secretaría de Salud emitió la Declaratoria de Emergencia Epidemiológica EE-5-2018, 4 para todas las entidades federativas de México, ante la magnitud y trascendencia de los casos de sobrepeso y obesidad, para fortalecer y apuntalar las acciones de la estrategia nacional para la prevención y el control de sobrepeso, obesidad y diabetes en sus pilares de salud pública, atención médica y regulación sanitaria, entre las que se incluyen la promoción de la salud, educación en salud, manejo clínico y control, para mitigar los efectos de la enfermedad en la población.

En el resolutivo tercero de la citada declaratoria se comunica que las autoridades sanitarias del sector salud deberán emitir medidas generales y específicas que se estimen pertinentes para el fortalecimiento de las acciones de promoción, prevención, diagnóstico oportuno y control de sobrepeso y obesidad.

Cuarta. De igual modo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) manifiesta que si una niña o niño padece obesidad o sobrepeso durante su infancia es probable que lo sufra para toda su vida y  tenga más riesgo de desarrollar enfermedades circulatorias, del corazón y/o riñones, diabetes, entre otras, por ello ante esta alarmante situación ha trabajado para promover iniciativas privadas y políticas públicas que aborden este problema de salud pública desde varios puntos de vista y sectores gubernamentales enfocadas en la salud, educación y desarrollo social que  tengan la finalidad de construir hábitos de consumo de alimentos saludables y de mayor actividad física entre niñas, niños y adolescentes, otorgar a las familias vulnerables el acceso a alimentos nutritivos suficientes, reducir el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultra procesados, altos en grasas y azúcares, y limitar la publicidad engañosa dirigida a niñas, niños y adolescentes. 5

Un informe del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, del Instituto Nacional de Salud Pública, publicado por la Organización Panamericana de Salud (OPS), señala que las bebidas que contienen azúcares añadidos (sacarosa, jarabe de maíz alto en fructuosa) se asocian con un mayor riesgo de aumentar el peso y por lo tanto, desarrollar sobrepeso y obesidad, así como otras enfermedades cardiovasculares, diabetes, síndrome metabólico e hipertensión, citado en el dictamen de la comisión permanente en el congreso local del estado de Oaxaca. 6 En México, 6 de cada 10 muertes se atribuyen al consumo de bebidas azucaradas en adultos menores de 45 años.

Si bien en nuestro país se han tomado medidas para poder enfrentar este problema como incrementar el impuesto a estos productos o el nuevo etiquetado de alimentos aprobado durante esta legislatura, en sesión del 1 de octubre de 2019. 7 Sin embargo, no ha sido suficiente ya que no podemos seguir permitiendo que la niñez y juventud mexicana sea la que más consume alimentos chatarra, por ello se deben tomar medidas apegadas al marco constitucional y soportadas en las medidas y prácticas de los congresos locales de Oaxaca y Tabasco que han aprobado la prohibición de comida chatarra y bebidas azucaradas en menores de edad.

Quinta. Una medida votada por la Comisión Permanente del Congreso de Oaxaca en su artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Oaxaca que prohíbe las actividades siguientes:

I) La distribución, donación, venta y suministro a menores de edad, de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en el Estado;

II) La distribución, donación, venta y suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y superior, y

III) La venta, distribución o exhibición de cualquiera de esos productos a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior.

Sin embargo el decreto aprobado también señala que “quedan exentas estas prohibiciones madres, padres o tutores legales, quedando bajo su responsabilidad el consumo de estos productos por los menores de edad.” De tal suerte que la prohibición es entendida desde un punto de vista integral, dieta y nutrición, alimentación bajo la vigilancia de los adultos.

Estas medidas adoptadas en el estado de Oaxaca y secundada por el Congreso de Tabasco 8 a través de una iniciativa de reforma a su Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual fue apoyada por la UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones civiles, y rechazada por comerciantes y empresarios quienes afirman será un duro golpe a la economía del estado. 9

A pesar de que se tome esta medida que deja a los padres y madres de familia decidir sobre la adquisición de estos productos para que sus hijos los consuman bajo su responsabilidad, se debe trabajar de igual manera para fomentar los hábitos alimenticios saludables y la actividad física entre la población mexicana, además de garantizar el acceso a los alimentos saludables y espacios de actividad física ya que no se descarta que el número de niñas, niños y adolescentes obesos en el país aumente debido a la pandemia causada por el covid-19.

Sexta. Es por ese motivo que se debe considerar la obesidad infantil como un problema prioritario y reforzar los servicios de medicina preventiva en primer nivel, detectar a todos los niños que padecen sobrepeso u obesidad y trabajar de manera integral en la familia, la escuela y los servicios médicos con tal de atenderla como mencionó el jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General de Zona del Instituto Mexicano del Seguro Social Arturo Flores Hernández. 10

Aunado a esto, también se debe cambiar la percepción que la población mexicana tiene sobre el sobrepeso y la obesidad, ya que en una investigación del Instituto Nacional de Salud Pública realizada en 2018 reveló que el 15 por ciento de las madres mexicanas observó que sus hijos padecen sobrepeso u obesidad, lo que indica que hay una percepción equivocada de estas condiciones vinculada a una falta de cultura nutricional, de ahí que se sigue considerando que los niños robustos y sonrojados son sanos aunque ya no sean bebés, otra conclusión a la que llegó este estudio es que el entorno familiar tiene un papel fundamental en el desarrollo del sobrepeso y la obesidad debido a que los niños que tienen padres o abuelos con estas dos condiciones tienen el doble de probabilidad de tener una dieta alta en azúcares y grasas que un niño que tiene familiares no obesos. 11

De lo anterior se desprende la importancia de que además de proponer reformas a la legislación y crear políticas públicas en la materia también se realicen campañas de intervención nutricional tanto en las escuelas como en el entorno familiar, esto como refuerzo a estas reformas y políticas con el objetivo de generar una cultura nutricional en la población mexicana y atender este problema de salud pública que aqueja a nuestro país.

De esa manera, con un objetivo de fortalecer las legislaciones locales para que puedan, a través de iniciativas de Ley, proteger a las niñas, niños y adolescentes, y fomentar una alimentación sana, equilibrada, que permita el desarrollo integral de los mismos es que solicito respetuosamente a los congresos locales de las 30 entidades federativas faltantes puedan legislar en materia de prohibición de compra, venta y distribución de alimentos chatarra.

Por todo lo anterior, someto a consideración del pleno de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas y a la división de poderes, exhorta de manera respetuosa a los Congresos locales para que legislen en materia de prohibición de venta, distribución, donación, exhibición o suministro de bebidas azucaradas y alimentos envasados con alto contenido calórico a menores de edad.

Notas

1 Informe Anual, 2017, disponible en:

https://www.unicef.org.mx/Informe2017/Informe-Anual-2017.pdf

2 Ensanut 2018, disponible en:

https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/en sanut_2018_presentacion_resultados.pdf

3 https://www.excelsior.com.mx/opinion/columnista-invitado-nacional/ 2017/11/11/1200559

4 http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/emergencias/ descargas/pdf/1371.pdf

5 https://www.unicef.org/mexico/sobrepeso-y-obesidad-en-ni%C3% B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes

6 https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/dictamen/1184.pdf

7 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/64/tabla2or1-15. php3 y http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/oct/20191001-III.pdf

8 https://congresotabasco.gob.mx/boletin/aprueba-lxiii-legislatura-elimi-nar-vent a-y-distribucion-de-comida-chatarra-y-bebidas-azucaradas-a-menores-de-edad/

9 https://politica.expansion.mx/estados/2020/08/05/el-congreso-de-oaxa-ca-prohibe -la-venta-de-comida-chatarra-a-menores

10 https://politica.expansion.mx/mexico/2020/06/18/el-imss-alerta-que-la-obesidad- infantil-aumentara-por-la-cuarentena

11 https://www.milenio.com/opinion/ignacio-cardona/consultorio-del-deportista/obes idad-infantil-emergencia-en-mexico

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

ESTUDIOS Y ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BORDOS DE PROTECCIÓN Y CORRIENTES DEL CAUCE DE LOS RÍOS DE LA REGIÓN COSTA SUR DE JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conagua a realizar estudios y acciones preventivas para construir los bordos de protección y corrientes del cauce de los ríos situados en la región Costa Sur de Jalisco, así como atender la falta de infraestructura y prevenir así afectaciones por la tormenta tropical Hernán, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa la siguiente proposición con punto de acuerdo que tiene por objeto exhortar de manera atenta y respetuosa al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a que realice los estudios y acciones preventivas para la construcción de los bordos de protección y corrientes del cauce de los ríos que existen en la región Costa Sur del Estado de Jalisco, con especial atención en los municipios de Cihuatlán, La Huerta, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, Autlán de Navarro, Tomatlán y Cabo Corrientes; para atender la falta de infraestructura y así prevenir afectaciones con motivo de las crecientes de los ríos ante los efectos devastadores ocasionados por la tormenta tropical Hernán, lo anterior con el objetivo de salvaguardar la seguridad e integridad de los habitantes de la región ante futuros fenómenos hidrometeorológicos en consideración de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley General de Protección Civil, en su artículo 2, inciso XXIV, define a un fenómeno hidrometeorológico como un agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados. 1

De acuerdo con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), un bordo de protección es “una estructura hecha por la humanidad, usualmente un terraplén de tierra o suelo compacto, diseñada para contener, controlar o desviar el flujo de agua a fin de proporcionar protección frente a inundaciones temporales”.

Por otro lado, la Conagua define a los bordos de protección como “estructuras de gran longitud, colocadas dentro del cauce, construidas normalmente con materiales arcillosos, de arena o materiales pétreos, cuya sección transversal es trapecial y el talud en contacto con la corriente del río es formado de manera similar a los recubrimientos marginales”. Se utilizan cuando se quiere formar una nueva orilla que permita encauzar al flujo en forma más adecuada o cuando se desea reducir el ancho del río (Conagua, 2011).

Los componentes de un bordo pueden generalizarse en los siguientes elementos:

• Terraplén: Estructura de tierra diseñada para retener o desviar el agua.

• Corona: Superficie en la parte superior del bordo, la cual es más estrecho que la bases.

• Pie del bordo: Lugar donde el talud del bordo se encuentra con el terreno natural.

• Talud exterior: Superficie plana con inclinación que limita al cuerpo del bordo, localizada del lado del cuerpo de agua a contener.

• Talud interior: Superficie plana con inclinación que limita al cuerpo del bordo, localizada del lado contrario al cuerpo del agua.

• Bordo libre: Espacio de agua entre la corona y el nivel de agua para controlar un nivel particular.

Entre los tipos de bordos de protección que comúnmente se construyen para reducir inundaciones causadas por los desbordamientos de los ríos se distinguen dos tipos: i) bordos longitudinales a lo largo de una o ambas márgenes de un río y ii) bordos perimetrales a poblaciones pequeñas o construcciones de importancia.

En días pasados en la región Costa Sur del Estado de Jalisco se presentó la tormenta tropical “Hernán” mismo que ha dejado daños en los municipios de Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Casimiro Castillo, Villa Purificación, Cabo Corrientes y Cuautitlán de García Barragán por lo que el Comité Estatal de Emergencias de Jalisco realizó la declaratoria de emergencia para los municipios mencionados, esto debido a las inundaciones causadas por las fuertes lluvias generadas por la tormenta tropical.

Para dar solución y seguridad a los habitantes de esta región ante las presentes y futuras afectaciones por este tipo de fenómenos naturales es indispensable que las obras de protección y encauzamiento de los ríos sean ejecutadas en estricto apego a los lineamientos técnicos que la Conagua pueda generar y con ello se eviten daños ocasionados por el desbordamiento de corrientes naturales, a las diferentes áreas productivas y centros poblacionales. De tal forma es indispensable contar con estudios topográficos, hidrológicos, fluviales y geotécnicos de las zonas por las cuales se pueda generar una afectación social.

Por otro lado, la Conagua cuenta con las facultades para tender dicho asunto tal como lo detalla el artículo 9, fracciones XL y XLIII de la Ley de Aguas Nacionales que a la letra dice lo siguiente:

“ Artículo 9. (...)

...

...

...

...

...

Son atribuciones de la Comisión en su nivel nacional, las siguientes:

...

XL. Participar en el sistema nacional de protección civil y apoyar en la aplicación de los planes y programas de carácter federal para prevenir y atender situaciones de emergencia, causadas por fenómenos hidrometeoro-lógicos extremos;

...

XLIII. Realizar las declaratorias de clasificación de zonas de alto riesgo por inundación y elaborar los atlas de riesgos conducentes;

...”

Es por ello que a través del presente punto de acuerdo promovemos se gire atento y respetuoso exhorto a la Conagua, a efecto de que en el ámbito de su competencia y responsabilidad realice estudios y acciones preventivas de los bordos de protección y corrientes del cauce de los ríos de la región Costa Sur, en el estado de Jalisco; con el objetivo de atender la falta de infraestructura para prevenir afectaciones con motivo de las crecientes de futuros fenómenos meteorológicos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera atenta y respetuosa al titular de la Comisión Nacional del Agua a que realice los estudios y acciones preventivas para la construcción de los bordos de protección y corrientes del cauce de los ríos que existen en la región Costa Sur del estado de Jalisco, con especial atención en los municipios de Cihuatlán, La Huerta, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, Autlán de Navarro, Tomatlán y Cabo Corrientes; para atender la falta de infraestructura y así prevenir afectaciones con motivo de las crecientes de los ríos ante los efectos devastadores ocasionados por la tormenta tropical Hernán, lo anterior con el objetivo de salvaguardar la seguridad e integridad de los habitantes de la región ante futuros fenómenos hidrometeorológicos.

Nota

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Mónica Almeida López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

DECLARATORIA DE EMERGENCIA PARA LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS EN OAXACA

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a emitir por la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca la declaratoria de emergencia respecto a los municipios afectados por las fuertes lluvias en la entidad y considerarlos en el Fondo para la Atención de Emergencias, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena

Por el que se la suscrita, María del Carmen Bautista Peláez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, a emitir la declaratoria de emergencia para los municipios afectados tras la presencia de fuertes lluvias en Oaxaca, y que sean considerados en el Fondo para la Atención de Emergencias, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En estos momentos varios municipios de Oaxaca, presentan graves afectaciones debido a las lluvias extremas y vientos fuertes de las ondas tropicales número 30 y 31, reportándose 236 viviendas afectadas y 94 tramos carreteros dañados en 50 municipios.

Al menos 120 viviendas de Palo Blanco y La Blanca que pertenecen al municipio de Santo Domingo Ingenio, en el Istmo de Tehuantepec, resultaron afectadas tras el desbordamiento del río Cazadero a consecuencia de las fuertes lluvias ocasionadas por la Onda Tropical número 30 en el sur del país. 1

Las precipitaciones provocaron que el afluente subiera su nivel y se desbordara, haciendo que el agua ingresara a las casas. Por lo que los habitantes tuvieron que ser llevados a un refugio temporal habilitado por las autoridades municipales.

Entre los principales daños hubo pérdida de bienes, muebles, electrodomésticos, así como animales de granja.

Además de ello la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) confirmó la localización del cuerpo sin vida de un hombre de 40 años de edad, arrastrado por la corriente del río en San Miguel Chimalapa, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Con ello se eleva a cinco el número de personas muertas durante la presente temporada de fuertes lluvias registradas en Oaxaca. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias continuarán, por lo que las autoridades pidieron a la ciudadanía tomar precauciones.

No obstante, resulta de suma importancia solicitar a la Secretaría de Gobernación, emitir la declaratoria de emergencia para los municipios afectados, entre los que se encuentran San Gabriel Mixtepec, San Pedro el Alto, Santa María Temaxcaltepec, Santa María Huatulco y Santos Reyes Nopala en la Costa; en la región Cuenca el municipio de San Juan Bautista Valle Nacional.

En el Istmo de Tehuantepec: San Dionisio del Mar, San Pedro Huamelula, Santiago Niltepec, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Ingenio y Santiago Astata; en la Sierra Sur los municipios de San Juan Ozolotepec, San Miguel Suchixtepec y Santo Domingo Ozolotepec, y de la Sierra Norte, Santa María Tepantlali. 2

Del mismo modo es importante solicitar a la Secretaría de Gobernación que los municipios afectados sean considerados en el Fondo para la Atención de Emergencias, con el objetivo de que se les proporcione insumos y recursos para la reconstrucción de las viviendas afectadas y los daños ocasionados por las lluvias extremas.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, a emitir la declaratoria de emergencia para los municipios afectados, tras la presencia de fuertes lluvias en Oaxaca.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación a que los municipios afectados sean considerados en el Fondo para la Atención de Emergencias.

Notas

1 https://laverdadnoticias.com/mexico/Danos-a-120-viviendas-por-fuer-tes-lluvias- en-Oaxaca-20200825-0009.html

2 https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-cinco-muertos-por-lluvias-en-oaxaca -solicitan-declaratoria-de-emergencia/1402596

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada María del Carmen Bautista Peláez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DEL SAT, A ABSTENERSE DE REALIZAR COBROS RETROACTIVOS DE DERECHOS A MAQUILAS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a abstenerse de realizar por el SAT cobros retroactivos de derechos a maquilas para obligarlas a renovar su autorización en el esquema integral de certificación de empresas en comercio exterior; y a la Prodecon, a actuar conforme a derecho y pronunciarse sobre la ilegalidad de tales cobros, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través del titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a abstenerse de realizar cobros retroactivos de derechos a maquilas, a fin de obligarlas a renovar su autorización en el esquema integral de certificación de empresas en comercio exterior; y a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a actuar conforme a derecho y pronunciarse sobre la ilegalidad de tales cobros, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Para tocar el tema que nos ocupa es necesario recordar algunos preceptos constitucionales, como el relativo al principio de irretroactividad de la ley, previsto en el artículo 14 de la Carta Magna, que establece: “ A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna” ; y el principio de legalidad, previsto en el artículo 16, que señala: “ Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento” . Estos dos principios son fundamentales para la certeza o seguridad jurídica.

“Los derechos de seguridad jurídica son tal vez los que más clara relación guardan con el concepto de Estado de derecho en sentido formal. El Estado de derecho en sentido formal puede entenderse como el conjunto de reglas del juego —de carácter fundamentalmente procedimental— que los órganos públicos deben respetar en su organización y funcionamiento internos y, lo que quizá sea todavía más importante para la materia de los derechos fundamentales, en su relación con los ciudadanos. Se trata del concepto formal de estado de derecho como Estado en el que las autoridades se encuentran sujetas a la ley...” (Carbonell, Miguel. Los derechos fundamentales en México, Porrúa/UNAM/CNDH, página 585.)

Habiendo recordado estos preceptos. Recordemos que el 9 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la “primera resolución de modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016 y sus anexos Glosarios de Definiciones y Acrónimos 1,4,10, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30 y 31”, en el que se especifica en el “título 7. Esquema Integral de Certificación”, los requisitos generales para la obtención del Registro en el Esquema de Certificación de Empresas, para los efectos de los artículos 28-A, primer párrafo, de la LIVA, 15-A, primer párrafo, de la LIEPS y 100-A de la ley.

Con dichas modificaciones se creó el esquema integral de Certificación de Empresas, a fin de prever facilidades fiscales y de operación aduanera para fomentar su competitividad, lo que permitirá solicitar la aplicación de un crédito fiscal por un monto equivalente a 100 por ciento de la cantidad que deba pagarse por concepto de los impuestos al valor agregado (IVA) y especial sobre producción y servicios (IEPS) que se causen con motivo de

• La importación temporal de mercancías para elaborar, transformar o reparar en programas de maquila o de exportación;

• Depósito fiscal para el proceso de ensamble y fabricación de vehículos;

• Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y;

• Recinto fiscalizado estratégico.

Actualmente el SAT está pidiendo el pago retroactivo de derechos a maquiladoras para renovar su autorización en el Esquema Integral de Certificación de Empresas en comercio exterior que les permite la devolución del IVA en menos de 20 días y la inscripción inmediata en el padrón de importadores y exportadores.

En la actual situación económica que vive nuestro país derivada de la pandemia por covid-19, es necesario incentivar a la industria nacional y privilegiar la creación de empleos, así como brindar certidumbre y certeza jurídica en el sector productivo.

El cobro referido indudablemente constituye una acto en contra las maquiladoras, basado en interpretaciones subjetivas de las reglas fiscales, carentes de fundamentación y motivación que afectan gravemente a las industria maquiladora de nuestro país y que atentan contra los principios de irretroactividad, legalidad y certeza jurídica referidos al principio.

La Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, a través de las Administración Central de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior, dependencias del SAT, dio a conocer las cuotas de los últimos seis años, derivadas de una interpretación astuta y perjudicial para los contribuyentes, en específico, de las empresas que accedieron al esquema integral de certificación de empresas en comercio exterior.

Con motivo del programa Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación las empresas en él inscritas no pagaban derechos por renovar su certificación y ahora el SAT pretende requerirles de manera retroactiva— lo cual, como hemos señalado, es violatorio del artículo 14 de la Carta Magna y atenta contra el principio de certeza jurídica— el pago de cuotas que van desde 24 mil 506 pesos correspondiente a 2015 hasta 29 mil 747 pesos para 2020, para las certificaciones en IVA, del IEPS, para la comercializadora e importadora, los operadores económicos autorizados y el socio comercial certificado, lo que claramente representa una afrenta contra este sector tan importante para la economía nacional, y más en estos tiempos tan apremiantes, con motivo de la afectación económica derivada de la pandemia, como ya hemos expuesto, y en el marco del Tratado Comercial México, Estados Unidos de América y Canadá, en los que se necesita certidumbre para el intercambio de mercancías, privilegiar las condiciones económicas para la inversión, la creación y no pérdidas de empleos, pero sobre todo, apoyar al sector productivo.

El SAT ha amenazado reiteradamente con que, de no pagar, las empresas perderán su registro y los beneficios de certificación que lograron para no ser afectadas con la reforma fiscal de 2014.

En Acción Nacional estimamos que el cobro de mérito constituye una medida recaudatoria arbitraria basada en una interpretación subjetiva por parte del SAT y por lo tanto, carente de fundamentación y motivación; que atenta contra los principios de irretroactividad de la ley, de legalidad, y de certeza jurídica; por lo que consideramos que la Prodecon debe intervenir de inmediato como instancia competente para pronunciarse al respecto al emitir una opinión colegiada que precise la actuación de la autoridad fiscal; a fin de evitar que la industria maquiladora pague estos cobros arbitrarios ya que cuando las empresas intenten renovar la autorización en el esquema integral de certificación de empresas en comercio exterior, el SAT les cuestionará injustificadamente por qué no se han pagado los derechos y les ordenará suspender operaciones, lo que afectará gravemente su participación en el comercio exterior.

Por lo descrito someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Servicio de Administración Tributaria a abstenerse de realizar cobros retroactivos por derechos a maquilas, basándose en interpretaciones subjetivas de la ley y de las normas fiscales para obligarlas a renovar su autorización en el esquema integral de certificación de empresas en comercio exterior, con la finalidad de recaudar de manera arbitraria.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a emitir en ejercicio de sus facultades y con la mayor la brevedad una opinión colegiada sobre el tema de cobros retroactivos por derechos a maquilas, que realiza el Servicio de Administración Tributaria basándose en interpretaciones subjetivas de la ley y de las normas fiscales, con la finalidad de obligarlas a renovar su autorización en el esquema integral de certificación de empresas en comercio exterior, con la finalidad de recaudar de manera arbitraria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

SE IMPULSE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO NACIONAL, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y la SE a impulsar el desarrollo nacional y el crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable a través de la continuidad de los planes y programas de ampliación del puerto de Veracruz, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del numeral 1 del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al gobierno de México a mantener la vigencia plena del estado de derecho, así como a impulsar el desarrollo nacional y regional a través del fortalecimiento del puerto de Veracruz.

Consideraciones

La figura de las Administraciones Portuarias Integrales (API), se creó con la Ley de Puertos publicada en 1993. Sus funciones son planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promoción, operación y desarrollo del puerto o grupo de ellos y terminales, a fin de lograr la mayor eficiencia y competitividad. Dentro de esas atribuciones, las API pueden usar, aprovechar y explotar los bienes del dominio público en los puertos o grupos de ellos y terminales.

También pueden construir, operar y explotar terminales, marinas e instalaciones portuarias por sí mismas o a través de terceros, mediante contrato de cesión parcial de derechos. 1 Actualmente hay 16 federales, de las cuales 14 corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y 2 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Administración Portuaria Integral de Veracruz, SA de CV (Apiver) 2

El primero de junio de 1991, con la requisa de las operaciones a los sindicatos portuarios por parte del gobierno federal, ya que existía un monopolio en las maniobras de carga y descarga de las mercancías, se empezó a gestar la Administración Portuaria Integral de Veracruz, SA de CV (Apiver).

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tomó el control administrativo y operacional de uno de los principales puertos del país, puerta de entrada y salida a las importaciones y exportaciones hacía Europa, el Sur de los Estados Unidos y Sudamérica.

El primero de agosto de 1991 inician actividades las primeras empresas privadas de maniobras, fomentando la libre competencia, el desarrollo y mejora de los servicios portuarios.

El 19 de julio de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Puertos con el objetivo de regular las terminales marítimas e instalaciones portuarias, su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación y otras formas de administración, así como los servicios portuarios.

Con una nueva Ley de Puertos se crea la figura de las Administraciones Portuarias Integrales (API) y el primero de febrero de 1994 nace la Administración Portuaria Integral de Veracruz, SA de CV.

Conforme a la Ley de Puertos, la Apiver se constituyó como una sociedad anónima de capital variable. El gobierno federal le otorgó una concesión por un periodo de 50 años, prorrogables a otros 50 años.

La Apiver adquirió facultades para administrar el recinto portuario, operar las terminales, instalaciones y servicios a través de terceros mediante contratos de cesión parcial de derechos, por medio de concursos públicos y contratos con base en lo establecido en el título de concesión, del Programa Maestro de Desarrollo y otras disposiciones de orden normativo.

Modelo Organizacional

• Sociedad mercantil

• Paga una contraprestación e impuestos al gobierno federal

• Opera con utilidades

• Mantiene una autonomía de gestión operativa y financiera

• Construye nuevas obras de infraestructura con recursos propios para atender la demanda de servicios

• Opera mediante un sistema de competencia y sinergia con otros puertos.

De acuerdo con el expediente 5183 del 6 de agosto de 2008, emitido por el notario 198, en el acta constitutiva de la API se indica que Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) tienen una acción y el resto le pertenece al gobierno federal (841 mil 974 acciones). 3

El Ejecutivo federal otorgó el título de Concesión con fecha 1 de febrero de 1994, para la Administración Portuaria Integral del Puerto de Veracruz, localizado en el estado de Veracruz que incluye:

I. El uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público de la federación, que integran el recinto portuario del puerto de Veracruz (...).

II. El uso, aprovechamiento y explotación de las obras e instalaciones del gobierno federal ubicadas en el recinto portuario (...).

III. La construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias en el recinto de que se trata y,

Como consecuencia de la Ampliación Natural del Puerto de Veracruz, el cual tiene una estimación de completarse en su totalidad en su totalidad en un plazo de 2030, y con la finalidad de fomentar y brindar las condiciones necesarias que generen certidumbre financiera y operativa de las empresas interesadas en invertir en la ampliación del Puerto de Veracruz en la amortización y recuperación de sus inversiones; la Apiver, mediante escrito D.G. VER/163/2017 de fecha 5 de abril de 2017, solicitó a la SCT la prórroga de la vigencia de la concesión, por un plazo igual al originalmente otorgado, en términos de lo establecido en los artículos 23 de la Ley de Puertos y 18 de su reglamento; presentando para ello, la justificación técnica y económica, en la que se incluye el costo-beneficio de la ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte.

Tomando en consideración que la concesionaria se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Título de Concesión, la SCT consideró pertinente otorgar la prórroga adicional de 50 años. 4

Actualmente el Puerto de Veracruz maneja siete segmentos de carga, que son contenedores, granel agrícola y mineral, carga general, autos, fluidos, petróleo y derivados, ya que posee características especiales frente a otras terminales del país; a nivel nacional ocupa el primer lugar en toneladas importadas y el tercero en toneladas exportadas; por tipo de carga en exportación se coloca en el primer lugar por graneles agrícolas y segundo en carga general contenerizada.

La población ocupada por actividades generadas en el Puerto de Veracruz asciende a 373 mil 934 personas, de las cuales, 270 mil 555 son trabajadores asalariados. El impacto de generación de empleo abarca los municipios de La Antigua, Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado.

Ampliación natural del puerto, iniciada en el año 2013, consiste en lo siguiente:

• Inversión de 31 mil millones de pesos (80 por ciento privado).

• Rompeolas poniente concluido al 100 por ciento.

• Se estima que la capacidad del puerto se quintuplicará hacia 2025 al pasar de 24 millones a 95 millones de toneladas.

• Entró en operaciones la primera etapa con el buque de francés con bandera de Malta, a la terminal de operaciones especializadas ICAVE.

• La inversión pública en Bahía Norte es del orden de los 10,752 millones de pesos y la inversión privada alrededor de 5,036 millones de pesos.

• En operación el desarrollo de Bahía Logística, con una inversión pública de 2,309.06 millones de pesos como un Recinto Fiscalizado Estratégico para darle valor agregado a las mercancías y como centro de distribución.

• Avanza la construcción de la nueva aduana y también el libramiento ferroviario a doble vía a Santa Fe.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, 5 se etiquetaron las siguientes obras:

• Libramiento ferroviario a Santa Fe (126 millones de pesos, mdp)

• Ampliación natural del puerto de Veracruz a la zona norte (804.8 mdp)

• Nueva aduana del Puerto de Veracruz (178.5 mdp)

• Sistemas de agua y saneamiento en la zona norte del puerto (12.6 mdp)

• Centro de atención logística al transporte (15 mdp)

• Distribuidor vial JT en el nuevo acceso a la zona portuaria (52.8 mdp)

• Programa de mantenimiento e infraestructura portuaria 2019-2021  (180 mdp)

• Según las proyecciones al terminar la segunda fase de Ampliación y Modernización en Bahía Norte, se generarán 140 mil empleos (40 mil directos y 100 mil indirectos).

• Proyectos asociados:

- IEnova. Terminal especializada en fluidos, con una inversión estimada de 3 mil 410 millones de pesos.

- Grupo Gramosa. Terminal especializada en Granel Agrícola, con una inversión estimada de mil 200 millones de pesos.

- Grupo Logra. Terminal para manejo de minerales, con una inversión estimada de 412 millones de pesos.

- PINFRA. Terminal Semiespecializada en Carga General Suelta y Contenerizada, con una inversión estimada de 2 mil 375.6 millones de pesos.

Por su parte, durante la conferencia matutina del 19 de agosto, el presidente indicó “que es una simulación que sea empresa del Estado”, “ ¿para qué se concesiona? no tendría ningún caso. Es privatización” . “Lo que llamaba la atención es que es una concesión única en el mundo, no creo que exista un contrato en donde se concesiona un puerto por 100 años, por un siglo, ni Porfirio Díaz se atrevió a eso”.

Puntualizó que revisará la manera en que se modificaron las leyes para poder otorgar en concesión 49 por ciento del puerto, “para que no se piense que es algo del sector público”. 6

El puerto de Veracruz se ha posicionado como motor y polo de desarrollo en la región al generar en Bahía Sur (puerto actual) diez mil empleos directos y más de 30 mil indirectos; según las proyecciones, al terminar la segunda fase de ampliación y modernización en Bahía Norte, se generarán 40 mil empleos directos y 100 mil indirectos; asimismo, mantiene una comunidad portuaria sólida y bien organizada a través de 21 operadores y cesionarios en el puerto que atienden a 27 líneas navieras con 54 rutas marítimas comerciales. 7

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21 Bis de la Ley de Planeación, los artículos 23 y 23 Bis, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 51, 53, 58 Bis de la Ley de Puertos; artículo 11 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, fracción II del artículo 26 de la Ley de Inversión Extranjera, presento al pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de Poderes exhorta a la Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Economía, en el ámbito de sus atribuciones a impulsar el desarrollo nacional y el crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable, a través de la continuidad de los planes y programas de ampliación del Puerto de Veracruz impulsando la productividad y la competitividad del país y del estado de Veracruz.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de Poderes exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a mantener la vigencia plena del estado de derecho bajo la observancia irrestricta de la Ley de Puertos, capítulo IV artículos 20 a 34 relativo a concesiones y permisos.

Notas

1 Fuente: internet. https://www.milenio.com/negocios/apiver-empresa-amlo-busca-quitar-concesion-ver acruz

2 Fuente: Internet.

https://www.puertodeveracruz.com.mx/wordpress/quienes-somos/hist oria/

3 Fuente: Internet.

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/20/el-dueno-de-la -polemica-concesion-del-puerto-de-veracruz-es-el-gobierno-federal-consta-en-el- acta-constitutiva/

4 Fuente: prórroga al título de concesión otorgado por el ejecutivo federal el 1° de febrero de 1994, en favor de “Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A de C.V”. Se puede consultar en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/389001/PR_RROGA_A PI_VERACRUZ.pdf

5 Fuente: internet.

http://www.puertodeveracruz.com.mx/wp-content/uploads/ 2019/08/PMDP%202016-2021%20(Aut.%20Oct%20%202018).pdf

6 Fuente: Internet

https://www.infobae.com/america/mexico/2020/08/20/el-dueno-de-la -polemica-concesion-del-puerto-de-veracruz-es-el-gobierno-federal-consta-en-el- acta-constitutiva/

7 Fuente: Internet.

http://www.puertodeveracruz.com.mx/wp-content/uploads/ 2019/08/PMDP%202016-2021%20(Aut.%20Oct%20%202018).pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Anilú Ingram Vallines (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

SE PUBLIQUEN O ACTUALICEN LOS ATLAS LOCALES DE RIESGO EN ESTADOS Y MUNICIPIOS, Y SE DESARROLLE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos estatales y municipales a publicar o, en su caso, actualizar los respectivos atlas de riesgo ante el cambio climático y, en consecuencia, desarrollar y construir infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan gas metano a la atmósfera en centros urbanos con más de 50 mil habitantes, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que el Acuerdo de París de 2015 que entró en vigor en 2020, en su artículo 2, establece que para el desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza, la temperatura en el mundo debe mantenerse por debajo de los 2 ºC, para reducir los riesgos del cambio climático, 1 cada nación deberá informar por periodos de 5 años, sobre sus acciones y avances.

2. Que el instrumento de alcance mundial, con 195 países firmantes, fue ratificado por el gobierno de México, en él, se reconoce el papel de los bosques, la transferencia de tecnología y el desarrollo sostenible. En 2019 2 México reitero su compromiso, con apoyo del sector privado y social para diseñar políticas a mediano y largo plazo con el fin de reducir 22 por ciento las emisiones de efecto invernadero y 51 por ciento el uso de carbón negro para 2020. Las acciones llevadas son diversas y amplias, la generación  del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático 3, en él se representan riesgos para las actividades agropecuarias y ganaderas, como para la población, a través de deslaves e inundaciones; los programas de enfermedades transmitidas por vectores del sector salud, las acciones de adaptación al cambio climático de Turismo, así como de las derivadas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y las mundiales como son, las ciudades resilientes que guardan un enfoque local, de la UNDRR 4.

3. Que más de 78 por ciento de las personas de nuestra población habitan en ciudades 5, y enfrentan problemas provenientes del crecimiento demográfico: presión sobre suelos, desplazamiento de los asentamientos humanos a las orillas, laderas, costas de las ciudades, escasa planificación urbana, extracción de recursos naturales, bajos recursos hídricos, alcantarillado y manejo de residuos sólidos afectan al desarrollo de ciudades resilientes y habitables. 6 Se estima que en México 68 por ciento de la población y el 71 por ciento del producto interno bruto están expuestos a los riesgos del cambio climático 7.

4. Que la Estrategia Nacional de Desarrollo se compone de ocho instrumentos de política climática, (Estrategia Nacional de Cambio Climático, Programa Especial de Cambio Climático (PECC), Política Nacional de Adaptación, Programas Subnacionales de Cambio Climático, Sistema de Comercio de Emisiones, Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, Estrategia de Medio Siglo 8). Del Programa Especial, designarán los objetivos, estrategias y acciones contra el cambio climático 9, en su versión anterior, 2014-2018, en su objetivo número dos, la conservación, restauración y manejo sustentable de los ecosistemas 10, se sitúa como una acción prioritaria la reforestación. Que será incluida en el PECC 2020-2024, es indudable. Sin embargo, aún no hay fecha tentativa para su publicación.

5. Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que 92 por ciento de las personas no respiran aire limpio en las ciudades, y al menos de 1 árbol por cada 3 personas, sin embargo, anualmente, se pierden 500 mil hectáreas de zonas forestales y bosques que afectan la calidad del aire 11, y convierten las olas de calor, en más fuertes. La temporada de la canícula de 2020, afectará principalmente a Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, estado de México, Morelos, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Ciudad de México 12.

6. Que el artículo 4o. de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; y el manejo integral del territorio puede garantizar dicho derecho. La Ley General de Cambio Climático en el artículo 7, XXII habla de la concurrencia en mitigación y adaptación del cambio climático, su artículo 8, corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones: I. Formular conducir y evaluar la política de la entidad federativa en materia de cambio climático en concordancia con la política nacional, así como III incorporar criterios de mitigación y en su artículo 9, los municipios, les corresponde concordar la política estatal y nacional, en la materia, en los incisos b y c, el ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano, y recursos naturales y protección al ambiente de su competencia.

7. Que los componentes de adaptación incluyen la prevención ante impactos negativos en los asentamientos humanos, la gestión de los recursos hídricos, la protección de infraestructura estratégica, la seguridad alimentaria y sistemas productivos resilientes, y la conservación, restauración y aprovechamiento de la biodiversidad. El artículo tercero transitorio de la Ley General de Cambio Climático de 2012, inciso I, A, se fija que en 2013, se deberá de integrar y publicar atlas de riesgo nacional, estatal y municipal, para que, I, C, con las entidades se puedan elaborar y publicar programas para enfrentar el cambio climático. Toda vez que se logre cumplir con las acciones de Adaptación, se deberá proceder a la Mitigación y al inciso B) que señala, “Para 2018, los municipios, en coordinación con las entidades federativas y demás instancias administrativas y financieras y con el apoyo técnico de la Secretaría de Desarrollo Social, desarrollarán y construirán la infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan metano a la atmósfera en centros urbanos de más de cincuenta mil habitantes, y cuando sea viable, implementarán la tecnología para la generación de energía eléctrica a partir de las emisiones de gas metano”.

La actual representación del mapa municipal de riesgos se anexa a continuación 13:

8. La política nacional ha establecido a través del Plan Nacional de Desarrollo 14 en su epílogo que, se preservará la flora y fauna y se habrá reforestado buena parte del territorio nacional. Como Política Social, se establece, 2.6, el programa Sembrando Vida, se recuperará la cobertura forestal de un millón de hectáreas. Como es de conocimiento público y no solo especializado, las se deben sembrar plantas que sean fáciles de adaptar a las zonas donde se introducen, para evitar la desaparición de la biodiversidad.

9. Que el artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, LII, define la reforestación como, establecimiento de especies forestales en terrenos forestales. Y los recursos forestales son uno de los objetivos de la ley (artículo 2), al tener por objetivo, conservar y restaurar el patrimonio natural. La reforestación no es solo una acción, sino un conjunto de medidas como son la planeación, la operación, el control y la supervisión en la plantación de árboles 15. En el artículo 13, X, de la citada Ley, se establecen las facultades de los municipios, para “Participar en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación, restauración de suelos y conservación de los bienes y servicios ambientales forestales, dentro de su ámbito territorial de competencia”.

Se establece que para la forestación y reforestación con fines de conservación y restauración se deberá sujetar sola y exclusivamente a las normas oficiales mexicanas (NOM), sin otro particular, como lo dicta el primer párrafo del artículo 127. El tercer párrafo señala que “Los tres órdenes de gobierno se coordinarán para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, instrumenten programas de restauración integral, así como para el monitoreo y seguimiento de los mismos. Se impulsará la reforestación con especies forestales preferentemente nativas.”

10. Que los cuadrantes sectoriales del PECC establecen como un rubro de interés el forestal, entre sus aristas de mayor impulso están: tasa cero de deforestación, plantaciones forestales sustentables, recuperación de áreas forestales y mejora en el manejo forestal. Estas medidas son importantes dado que algunos estados y municipios han preferido acciones tecnológicas que no sustituyen los aportes que brindan los árboles como parte de su política en materia ambiental. La reforestación, puede entenderse a partir de dos grandes bloques, la reforestación urbana y la reforestación rural, el primero, tienen importancia desde considerar su valor estético, pasando por la sombra que ofrece, hasta llegar a ser un protector de ruido y generar aire limpio; la segunda se refiere más el área de cultivo y producción.

Empresas como Biourban 16  que crearon un árbol artificial, que arroja aire limpio  de contaminación, no sustituyen los aportes de los árboles naturales en su conjunto, sus creadores, sostienen que serán para complementar las zonas donde es más difícil reforestar. Estos instrumentos tecnológicos a base de algas, se han instalado en las ciudades de Puebla, Tampico, Monterrey con un costo de 50 mil dólares, más de un millón de pesos 17  otros lo calculan en 650 mil pesos, son sistemas que funcionan a través de la energía eléctrica y se debe cambiar el sistema de algas cada seis meses.

Por las razones expuestas es que someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y a las autoridades municipales de las 32 entidades federativas, ha publicar o en su caso, actualizar sus atlas locales de riesgo ante el cambio climático, según lo dispuesto en el artículo tercero transitorio, I, a) de la Ley General de Cambio Climático reforma 2012, y en consecuencia, los municipios desarrollen y construyan infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan gas metano a la atmósfera en centros urbanos de más de 50 mil habitantes.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático para que publique a la brevedad el Programa Especial de Cambio Climático 2020-2024.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes exhorta respetuosamente a las autoridades estatales y municipales de las 32 entidades federativas para que fortalezcan las campañas de reforestación preferentemente de especies nativas con la finalidad de conservar y restaurar los ecosistemas.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta respetuosamente a las personas titulares del Poder Ejecutivo estatal y municipal en cuyos territorios se registran altas temperaturas, puedan diseñar a mediano y largo plazo campañas de reforestación que disminuyan los riesgos y enfermedades entre la población.

Notas

1 https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513665/Posiciona-miento_inicial_ Me_xico_VF.pdf

3 https://atlasvulnerabilidad.inecc.gob.mx/page/index.html#zoom=6& lat= 23.7351&lon=-98.2321&layers=1

4 https://www.unisdr.org/files/26462_manualparalideresdelosgobiernos locales.pdf

5 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/rur_urb.aspx?tema=P

6 https://www.unisdr.org/files/26462_manualparalideresdelosgobiernos-loca.pdf

7 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596232&fecha= 07/ 07/2020

8 http://iki-alliance.mx/wp-content/uploads/Yutsil-Sangines.pdf

9 https://twitter.com/inecc_gob_mx/status/1238228614648340481?s=20

10 https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/adaptacion-al-cam-bio-climatico-7 8748#:~: text=La%20Ley%20General%20de%20 Cambio%20Clim%C3%A1tico%20establece%2C%20entre%20otros%20aspectos,los%20sistema s%20naturales%20y%20humanos ;

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/42488/Programa_es pecial_de_cambio_climatico_2014-2018_vdifusion.pdf

11 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-importancia-de-la-reforestacion-201 90715-0134.html

12 https://www.mexicodesconocido.com.mx/canicula-2020.html

13 http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/cob-atlas-munici-pales.html

14 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha= 12/ 07/2019&print=true

15 https://www.conafor.gob.mx/BIBLIOTECA/MANUAL_PRACTI-CAS_ DE_REFORESTACION.PDF

16 https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/usaran-arboles-artificiales-combatir-con taminacion-del-aire-nid2278143

17 https://www.france24.com/es/20190816-mexico-arbol-artificial-purifi-ca-aire

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustenta-bilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

FALTA DE INFORMACIÓN Y DE ESTADÍSTICAS FEDERALES DE JÓVENES QUE EGRESAN DE LOS CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL O CASAS HOGAR EN MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH y el SIPINNA a investigar y proponer una solución a la falta de información y de estadísticas federales que aporten la situación de vida y la cantidad de jóvenes que egresan de los centros de asistencia social o casas hogar en México, a cargo de la diputada Susana Cano González, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada, Susana Cano González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto y señalado en los artículos 6, fracción I, artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para investigar y proponer una solución a la falta de información y de estadísticas federales que aporten la situación de vida y la cantidad de jóvenes que egresan de los Centros de Asistencia Social o casas hogar en México con base en las siguientes

Consideraciones

Recientemente la Red Latinoamericana de Egresados de Protección, con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), encontraron una falta de información y de estadísticas a nivel nacional, que aporten la situación de vida y la cantidad de jóvenes que egresan de los centros de asistencia social o casas hogar en México.

Conforme a la información otorgada, después de la implantación de los programas, “Más Derechos, Más Autonomía”, se pudo confirmar la inexistencia de muchos datos que ofrecen las bases, de centros dedicados a otorgar un hogar temporal a decenas de niños, pues hay expedientes incompletos y desconocimiento sobre las circunstancias de vida de los menores.

Conforme al ultimo censo realizado por el centro de asistencia social, en 2015, se comunicó que había 33 mil 118 niños y niñas institucionalizados y 879 centros, donde las instituciones privadas y de carácter religioso encabezaban dicho servicio, sin embargo, no ofrecen datos sobre las transiciones de los jóvenes en el proceso de egresos, conforme a la exposición de Martha Zanabria, de la Universidad Autónoma Metropolitana, el estudio revelo que existe una gran relación entre cada centro de asistencia social, especialmente en la forma de admisión, debido a que el modelo de implantación y recursos disponibles, reflejan condiciones del personal, con escasa capacitación y en la calidad del cuidado para las niñas y niños que integran los centros.

También debe enfatizarse en los graves problemas que se presentan respecto a interpretación en materia de los derechos los lugares dónde deben desarrollarse los infantes, debido a la amplia carencia, comenzando con los cuidados, el control y regulación de salidas y visitas, la salud sexual integral, así como las herramientas tecnológicas de comunicación y aprendizaje, por esa razón la deficiencia en cuanto a los materiales poco actualizados, repercuten ampliamente en las garantías de los derechos fundamentales, a los que constitucionalmente están comprometidos todos los ciudadanos mexicanos a respetar.

En palabras de Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, fraternizo en la necesidad para mejorar la legislación y política pública en la materia, así como tratar de unificar ciertos estándares en los centros de asistencia social.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para investigar y proponer una solución a la falta de información y de estadísticas federales que aporten la situación de vida y la cantidad de jóvenes que egresan de los centros de asistencia social o casas hogar en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Susana Cano González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

PROGRAMA PARA PERMITIR QUE LAS MADRES TRABAJADORAS CONTINÚEN DESARROLLANDO SU ACTIVIDAD LABORAL DESDE SU HOGAR

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a implantar por la STPS un programa especial para que las dependencias de la APF y los empleadores de los sectores público y privado, permitan que las trabajadoras continúen desarrollando su actividad laboral desde el hogar y puedan auxiliar así a los hijos en el desarrollo de su aprendizaje educativo en casa, a cargo de la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del PAN

Dulce Alejandra García Morlan, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a implantar a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un programa especial para que las dependencias del gobierno federal y los empleadores de los sectores público y privado permitan que las madres trabajadoras continúen desarrollando su actividad laboral desde el hogar y puedan con ello auxiliar a sus hijas e hijos en el desarrollo de su aprendizaje educativo en casa, al tenor de la siguiente

Antecedentes

En diciembre de 2019 se presentó en Wuhan, provincia de Hubei, de la República Popular China, un brote de neumonía de causa desconocida. Lo anterior derivó en una investigación por el país de tal forma que las autoridades de salud de Wuhan informaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto a la presencia de un conglomerado de 27 casos de síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida, estableciendo un posible vínculo con el mercado mayorista de mariscos de Huanan, el cual además vende animales vivos.

El 30 de enero de 2020, con más de 9 mil 700 casos confirmados de 2019-nCoV en la República Popular China y 106 casos confirmados en otros 19 países, el director general de la OMS declaró el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional, aceptando la recomendación del Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional. Siguiendo las mejores prácticas de la OMS para nombrar las nuevas enfermedades infecciosas humanas, en colaboración y consulta con la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la OMS ha denominado la enfermedad como covid-19, abreviatura de “enfermedad por coronavirus 2019” por sus siglas en inglés. (Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio decovid -19, gobierno de la república. Secretaría de Salud).

El pasado 11 de marzo, la OMS declaró esta propagación como una pandemia y ha llamado a los gobiernos de todo el orbe a tomar las medidas necesarias para contenerla y atenderla.

Esta pandemia repercutió en uno de los sectores más vulnerables de la sociedad mexicana: las niñas, los niños y los adolescentes. Esto es así porque, para su protección, la Secretaría de Educación Pública tomó la decisión de suspender las clases presenciales en todas las escuelas del país, lo que implicó que desde el 17 de marzo de 2020 los alumnos permanecieran en casa.

La propia Secretaría de Educación Pública ha anunciado que ninguna escuela del país podrá regresar a tener clases presenciales hasta que el semáforo epidemiológico, instaurado por la Secretaría de Salud, esté en verde.

Con base en lo anterior, se inició el ciclo escolar el pasado 24 de agosto con una cuestionada estrategia implementada por la Secretaría de Educación Pública que consiste en que los alumnos deberán tomar clases a distancia a través de contenidos que se difunden en las principales televisoras del país.

Esta estrategia hace necesariamente que las y los niños cuenten con una persona que pueda auxiliarles en el desarrollo de sus actividades académicas desde casa, labor que recae mayoritariamente en las madres de familia.

El pasado viernes 28 de agosto, la Secretaría de Salud del gobierno federal anunció que a partir del lunes 31 de agosto de 2020 Colima estará en semáforo rojo, 21 estados estarán en semáforo naranja y 10 pasan a semáforo amarillo.

Lo anterior significa que la gran mayoría de empresas y dependencias de gobierno federal, estatal o municipal, regresarán a laborar de manera inmediata.Esto representa un enorme dilema para las mujeres que desempeñan el papel de sostén económico del hogar y que cuentan con un trabajo, quienes tendrán que elegir entre ir a trabajar y obtener un ingreso económico para sus familiaso quedarse en casa para auxiliar a sus hijos e hijas en esta nueva etapa de enseñanza educativa a distancia.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que cerca de 15.8 millones de trabajadoras son madres. Ellas representan 73 por ciento de la población femenina económicamente activa en el país. De igual manera, el Inegi señala que 28.5 por ciento de los hogares en México tiene a una mujer como jefa de familia; es decir, 9 millones de hogares.

De las madres solteras en el país, 70.6 por ciento corresponde a trabajadoras formales, mientras que 46.7 de las divorciadas, separadas o viudas es empleado en algún sector.

Estos datos nos permiten ver con claridad la compleja situación a la que se enfrentarán millones de madres mexicanas, la nueva realidad nacional implica una urgente necesidad de que el gobierno pueda dar opciones viables de apoyo a los millones de mujeres en México que tendrán que decidir entre el trabajo o el cuidadoeducativo de sus hijos e hijas.

La propia Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia se han pronunciado al respecto y han señalado la necesidad de dar apoyos y facilidades a las y los trabajadores, han puesto especialatención en la coordinación que debe existir entre el estado y los empleadores del sector privado para presentar alguna solución integral a la situación.

Ante el problema inmenso que se presenta, es necesario que el estado mexicano presente propuestas viables de apoyo a las madres de familia en México, porque no hay lugar a dudas que las madres preferirán ir a trabajar para no perder el sustento de su familia, y con ello, las y los niños serán los más afectados al no contar con una persona que pueda auxiliarles en el desarrollo de sus programas educativos a distancia, lo que claro está violentaría el derecho a recibir una educación de calidad y violentaría también, nuestro principio constitucional del interés superior de la niñez.

Ante esta situación, el estado mexicanodebe implementar un programa para que las dependencias del gobierno federal y los empleadores del sector público y privado permitan que las madres trabajadoras continúen con su actividad laboral desde su hogar y así puedan auxiliar a sus hijas e hijos en el desarrollo de su aprendizaje educativo en casa.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal a implantar a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un programa especial para que las dependencias del gobierno federal y los empleadores de los sectores público y privado permitan que las madres trabajadoras continúen desarrollando su actividad laboral desde el hogar y puedan con ello auxiliar a sus hijas e hijos en el desarrollo de su aprendizaje educativo en casa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Dulce Alejandra García Morlan (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

SE INSTRUYA A LICONSA DISMINUIR EL PRECIO DEL LITRO DE LECHE, EN APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a Liconsa para que disminuya el precio de la leche en apoyo de la economía familiar, suscrita por la diputada María Ester Alonzo Morales e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada María Esther Alonzo Morales, en nombre propio y de diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguientes

Consideraciones

Liconsa está constituida como una empresa de participación estatal mayoritaria que industrializa y distribuye leche a precio subsidiado en apoyo a los mexicanos, principalmente, en los que se encuentran en condición de pobreza. Por sus características, atiende fundamentalmente mujeres en periodo de gestación o lactancia, niñas y niños, discapacitados y adultos de 60 años y más, entre otros.

Durante años, Liconsa ha beneficiado a miles de familias mexicanas, manteniendo precios accesibles e incrementado su padrón de beneficiarios; sin embargo, el pasado 25 de agosto, organizaciones de la sociedad dieron a conocer una serie de irregularidades que ponen en riesgo la salud e ingesta de leche de las familias mexicanas.

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que la auditoría número 01/20201 1 realizada por el Órgano Interno de Control de Liconsa, evidenció que al cierre del ejercicio 2019, se había atendido con leche subsidiada a 5 millones 871 mil 236 personas en condición de pobreza, pese a que la meta había sido alcanzar los 6 millones 350 mil beneficiarios; es decir, se dejó fuera a más de 478 mil mexicanos en esta situación.

Esta cifra posicionó la cobertura de 2019 como la más baja en una década, 2 circunstancia que debe atenderse de manera integral en beneficio de los mexicanos que se encuentran en una condición de desventaja social, más en estos momentos de crisis de salud y económica por el covid-19 y las malas decisiones que ha tomado el gobierno federal.

La revisión también arrojó que en 28 de los 34 centros de distribución Liconsa que hay en el país, se detectó un marcado rezago en el reparto de tarjetas. De un total de 3 millones 40 mil tarjetas entregadas a los centros de trabajo en 2019, se constató que sólo 695 mil 858 se dieron con estatus de finalización al corte de ese año, lo que representa 23 por ciento del total y 38 por ciento de tarjetas con retraso.

Conforme al acuerdo de la sesión ordinaria 352, 3 el consejo de administración de Liconsa aprobó eliminar 67 municipios con mayor marginación del país de su lista prioritaria de abasto de leche a precio preferencial, bajo el argumento de que no se justifica su incorporación dentro de esta lista. Por lo que de tener 616 municipios que se encuentran en extrema pobreza, ahora sólo estará integrado por 549.

Asimismo, durante esta sesión, se aprobó que a partir del 1 de julio de 2019 se incrementara el precio de la leche a los municipios con mayor marginación y pobreza del país, por lo que se elevó a 2.50 pesos, es decir un aumento de 150 por ciento. Esta decisión fue sustentada en que “Liconsa también debe buscar rentabilidad financiera...” aunque esto represente vulnerar el acceso a un bien básico para su alimentación y sano desarrollo, trasgrediendo derechos humanos y el interés superior de la niñez.

Es importante señalar que, durante su participación, la comisaria pública propietaria de la Secretaría de la Función Pública (SFP) expresó: “no alcanzo a vislumbrar elementos objetivos de por qué 2.50 pesos”. Por lo que dejó claro que no se realizó un estudio técnico que justificara con elementos precisos la decisión de este aumento en los precios.

Sin duda, este aumento de precios es incongruente con los objetivos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), el cual establece con carácter estratégico y prioritario el lema “por el bien de todos, primero los pobres” y sostiene que este lema “significa empezar el combate a la pobreza y la marginación por los sectores más indefensos de la población”. 4

Esta incongruencia está perjudicando a miles de mexicanos y a sus familias, por lo que se debe considerar que la búsqueda de la rentabilidad financiera, no debe ser a costa de la población más vulnerable del país, quienes de no contar con precios justos y preferenciales no podrían adquirir este alimento de la canasta básica.

En cuanto a la eliminación de 67 municipios pobres de su política de descuento, Liconsa tomó esta decisión basada en que “los miembros del consejo de administración en pleno, determinaron modificar la política de descuento para su implementación en solo 549 municipios con Índice de Desarrollo Humano Bajo (IDHB) según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”. 5

Sin embargo, al hacer una revisión de algunas entidades federativas de la lista de los municipios que integran esta política y, al compararla con el IDHB según el PNUD en el que se basa Liconsa, encontramos lo siguiente:

• Entidades como Campeche, Guanajuato, Tamaulipas, Tlaxcala y Querétaro presentan el menor número de municipios con venta preferencial de 2.50 pesos por litro de leche.

• Oaxaca, Puebla y Chiapas son las entidades con el mayor número de municipios dejados fuera de la lista de demarcaciones beneficiarias, a pesar de tener un índice desarrollo bajo.

• Los 67 municipios que se dejaron fuera de la lista de atención prioritaria tienen un índice de desarrollo humano bajo.

• No existe justificación institucional válida para sustentar la decisión de eliminarlos de la lista de prioritaria de abasto de leche a precio preferencial.

Destaca que en el Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, confluyen diversos objetivos generales, entre los que se encuentra apoyar a los hogares beneficiarios mediante el acceso al consumo de leche fortificada de calidad a bajo precio. Este objetivo general se hace operativo luego en objetivos específicos, la mejora nutricional de grupos particulares definidos como la población relevante.

El éxito de este programa depende de que se cumplan sus objetivos generales y particulares. Queda claro que al aumentar precios y reducir el número de beneficiarios, Liconsa incumple con sus objetivos generales y, por ende, no contribuye a los propósitos de la política social del Estado. En este sentido, los auditores del Órgano Interno de Control de Liconsa, concluyeron que el incumplimiento en las metas establecidas para 2019 en el programa de abasto social de leche se debió al “desapego a la normatividad en los procedimientos que desarrollan los centros de trabajo y debilidad en la supervisión por parte de la Dirección de Operaciones”.

Con base a lo anterior, se observa que el gobierno federal prioriza la pobreza dentro de sus políticas públicas sólo en documentos, pero en la realidad, implementa medidas que afectan a miles de mexicanos en condiciones de pobreza extrema. Hoy en día, la insuficiencia de ingresos no sólo afecta al salario mínimo, sino también, al promedio, que no alcanza para adquirir la canasta básica para una familia.

En este sentido, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) detalla que “si el precio de los alimentos de la canasta alimentaria aumenta más que el ingreso laboral, el poder adquisitivo de los trabajadores y por ende de las familias disminuye”. Aunado a esto, el impacto económico del covid-19 en México aumentará entre 4.9 y 8.5 por ciento el número de personas que viven en situación de pobreza extrema por ingresos, es decir, habrá entre 6.1 y 10.7 millones de personas, a las que tampoco su ingreso será suficiente para adquirir la canasta alimentaria. 6

Este aumento de precios por mínimo que parezca es perjudicial para muchas familias que al no contar con los ingresos suficientes para comprar todo lo necesario, se ven en la necesidad de sacrificar una cosa por la otra; generando que sus integrantes no puedan alimentarse adecuadamente y sufran desnutrición o una mala alimentación.

Resulta prioritario ampliar la cobertura de los municipios donde opera Liconsa, acorde a la realidad y abarcando a todos los municipios que se encuentran con un índice de desarrollo humano bajo, así como establecer la tarifa prioritaria de un “peso por litro” que se venía implementando con anterioridad.

Actualmente, México enfrenta la crisis de salud y económica más severa de su historia, la cual está impactando negativamente el bienestar de la mayoría de la población. Pese a ello, el gobierno federal está siendo omiso a esta grave situación. ¿Dónde quedó el compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador con los más pobres?

Ante este panorama poco halagüeño, es necesaria y urgente la implementación de políticas públicas efectivas orientadas a mitigar las consecuencias que ha traído consigo la pandemia del covid-19, que permitan restituir el nivel de calidad de vida de la mayoría de la población, en particular, de los grupos más vulnerables.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a Liconsa que disminuya el precio del litro de leche en apoyo a la economía familiar, en particular, de los sectores que se encuentran en situación de pobreza extrema.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que instruya a Liconsa a incorporar a todos los municipios que se encuentran con un índice de desarrollo humano bajo, sin excepción, a la lista prioritaria de abasto de leche a precio preferencial, a fin de asegurar su acceso e ingesta, en beneficio de su salud y apoyo de la economía familiar.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a Liconsa para que transparente el proceso de entrega de tarjetas de apoyo, actualice la lista de beneficiarios y, sobre todo, investigue y sancione la comisión de irregularidades durante su repartición, debido a que puede derivar en desvíos de recursos públicos, uso con fines distintos a los del programa y en afectaciones a las arcas públicas federales.

Notas

1 file:///C:/Users/Usuario/Desktop/EFEMERIDE/auditoria-lq.pdf

2 https://contralacorrupcion.mx/aumento-precio-leche-liconsa-2020/

3 http://repositorio.liconsa.gob.mx/files/UT/OG/SEGUNDO%20TRIM % 202019/ACTA.SESION.352.CONSEJO.ADMINISTRACION.LIC-ONSA.11.JUN.19.VF.pdf

4 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha= 12/07/2019

5 https://www.gob.mx/liconsa/documentos/politica-de-descuento-212 266

6 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Politica_ Social_covid-19.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada María Ester Alonzo Morales (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

SE FORTALEZCA LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS BARCOS CAMARONEROS EN EL GOLFO DE MÉXICO

Quien suscribe, diputada federal Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el Golfo de México, miles de familias se sostienen a través de la pesca, especialmente de la comercialización de camarón. En 2018, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informaba que México era el séptimo productor de camarón en el mundo, en 2016 la producción fue de 223 mil toneladas y siguió aumentado. 1

A través de la información dada a conocer por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la producción de camarón en México alcanzó al último reporte del gobierno de México, a 230 mil toneladas, lo que significa un 10 por ciento de la producción pesquera a nivel nacional. 2

En la última producción de pesca de camarón del 2019-2020 los 5 entidades con mayor producción en el país, son Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Nayarit y Baja California Sur 3 ha informado Conapesca.

La producción de camarón en el Golfo de México y el mar Caribe se puede dividirse en tres regiones, la zona más productiva es la zona norte que enlaza a Tamaulipas con la producción de Veracruz, y particularmente la de Tamaulipas es la que mayor impacto social y económico tiene en la región, al representar un 91 por ciento del total de la producción de camarón café; 4 las dos zonas restantes son Campeche y Tabasco; en el Caribe mexicano, en el estado de Quintana Roo.

Precisamente la actividad acuícola ha crecido en la última década razón por la cual se ha generado bienestar económico familiar, como también, ha generado un mercado de exportación además de que la actividad pesquera se realiza con apego a la sustentabilidad ambiental.

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable establece en su artículo 17, fracción I, que “el Estado mexicano reconoce que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación, que son sustento de seguridad nacional  y son prioridad para la planeación nacional del desarrollo y la gestión integral de los recursos pesqueros y acuícolas”.

La pesca genera fuentes de empleo directo e indirecto, tanto en altamar como en tierra, pues al trabajo de la tripulación es correspondido por quienes dan mantenimiento al barco, además del trabajo de despicar el camarón. La actividad camaronera se puede dividir en dos vertientes, la primera en los periodos de pesca, y la segunda, refiere a los periodos, de veda.

El periodo de veda, que se refiere al periodo en el cual queda prohibida la pesca, para favorecer la reproducción del camarón se hace por tipo de especie, así, para el norte del Golfo, se requiere que el altamar, se concentre en mar adentro, mientras que en Campeche y hasta el Caribe se busca enfatizar en el reclutamiento y crecimiento del camarón.

La veda permite administrar y tener un correcto manejo de los recursos pesqueros; en el caso de la zona norte, corresponde a la jurisdicción en los sistemas estatuarios que abarca la frontera con  EUA y baja hasta el río Coatzacoalcos, Veracruz y en las del Caribe, la franja costera de Campeche, Tabasco y también Quintana Roo.

La actual fecha es un momento adecuado para que Conapesca y la Semar establezcan mesas de trabajo para determinar acciones puntuales en materia de pesca y combate al guateo y otras prácticas de pesca ilegal en la zona sur de Tamaulipas, pues, en el acuerdo por el que se establecen las épocas y zonas de veda para la captura de todas las especies de camarón en aguas marinas y de los sistemas lagunarios estuarinos de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe para el 2020 5 se establece que el periodo de veda de camarón concluirá hasta el 15 de agosto, con fecha de inicio del 1 de mayo, para el primer bloque de la zona norte del Golfo; en el caso de las tres divisiones por zonas más, será del 1 de junio al 31 de octubre (Campeche, Tabasco y Contoy, Quintana Roo) y del 1 de mayo al 30 de septiembre para siete barbas, en Campeche y Tabasco.

Es importante señalar que en Tampico existen alrededor de 180 6 barcos camaroneros y producen cerca de 10 mil toneladas anuales, generan una derrama económica de 1,500 millones de pesos para la región. El camarón café se reproduce durante todo el año, pero tiene una reproducción masiva dos veces al año, el primer periodo se da en primavera y el segundo entrado el otoño, es el periodo de máxima reproducción. 7

Después de veda, los barcos camarones en altamar es de dos a tres semanas y conforme se realiza la actividad pesquera, pueden demorar mar adentro, entre uno y dos meses, para la pesa el camarón. En el barco tiene por lo regular, cinco tripulantes: un capitán, un cocinero, un motorista, pacotillero, el winchero. Su actividad es esencial puesto que son los responsable de la pesca camaronera. Su operación de desembarco es ágil, al regreso del río Pánuco, con el camarón congelado, enhielado, fresco o en cualquier otra forma de conservación, se quedan en tierra de dos a tres días, en lo que descargan y vuelven a zarpar.

Sin embargo, existen prácticas pesqueras que afectan a los armeros y camaroneros de la región, que no solo afectan la actividad pesquera, sino que es un ilícito. La actividad de guateo de camarón es una práctica reconocida por camaroneros en el Golfo de México. En el caso de Campeche, ha mencionado el titular de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Campeche, por guateo y pesca ilegal, hay  perdidas en torno al 40 por ciento de la producción. 8 El guateo sucede cuando un barco camaronero al retorno de altamar, se ve rodeado de lanchas de fibra que se acercan a la embarcación con fines de lucro; en consecuencia los tripulantes venden el camarón de manera indebida y esto genera pérdidas en la producción, afecta el precio de comercialización y de venta del camarón en el mercado.

Para los camaroneros y a los productores pesqueros del sur de Tamaulipas como de todo el Golfo y sector pesquero del país, enfrentan problemas del precio del diésel, de mantenimiento y de otros gastos; pero resulta más urgente poder implementar medidas de gobierno que brinden solución a la práctica conocida como guateo a la que se refiere al robo de camarón, en la entrada al puerto, como también en altamar y por la práctica del arrastre. Uno de los puntos de mayor interés del sector que causa la pesca ilegal es la insuficiente vigilancia por parte de Conapesca. 9

La seguridad y vigilancia del puerto es una facultad de Conapesca y a pesar de que hay sitio de denuncia SIDEPI 10 en la que se precisa la problemática a denunciar, las actividades ilícitas se siguen practicando sin que existan medidas sancionatorias adecuadas. En 2019 la Sader 11 comunicó que entraría una nueva estrategia de operación para vigilar al sector; la Dirección General de Inspección y Vigilancia cambió a ser la Dirección General de Prevención y Vigilancia, con énfasis en la prevención.

El artículo 9, fracción II de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable establece que “en el ámbito de su competencia llevar a cabo la inspección y vigilancia de las actividades pesqueras y acuícolas y coordinarse con la Secretaría o la Secretaría de Marina, de conformidad con las disposiciones legales aplicables”. Establece que Conapesca establecerá coordinación con Semar para la inspección y vigilancia de la actividad.

Para un actuar preventivo se sugiere que se contemplen cuatro puntos cardinales por parte de Conapesca y Semar: 1) que ninguna embarcación que se encuentre en el Golfo de México puede pescar sin que cuenta con permiso o concesión, 2)  aquellas embarcaciones que transporte un barco camaronero congelado o fresco y no sea camaronero, comete una ilegalidad, 3) una embarcación deberá estar debidamente matriculada para poder navegar en el mar y 4) las embarcaciones que se peguen a un barco camaronero solo lo podrán hacer  en una situación de emergencia.

Para cumplir con los objetivos de la ley, enunciados en el artículo 2, y en específico de las fracciones XIII y XIV, que establecen las acciones de inspección y vigilancia en materia de pesca, y establecer las infracciones y sanciones correspondientes por incumplimiento o violación a las disposiciones de la ley, como de los reglamentos, normas y demás aplicables.

Por su parte, con el ánimo de que la coordinación sea más firme, sobre todo por parte de aquella labor que incluye a pesqueros, el artículo 22 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, señala “a efecto de proponer programas de carácter regional, estatal y municipal para el manejo adecuado de cultivos y pesquerías que impulsen el desarrollo de la pesca y acuacultura, fortalecer las acciones de inspección y vigilancia, así como para la descentralización de programas, recursos y funciones, el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura se convertirá en un foro intersectorial de apoyo, coordinación, consulta, concertación y asesoría, que será convocado cuando menos una vez al año y será presidido por el titular de la Secretaría con la colaboración de Conapesca, que tendrá como objeto proponer las políticas, programas, proyectos e instrumentos tendientes al apoyo, fomento, productividad, regulación y control de las actividades pesqueras y acuícolas, así como a incrementar la competitividad de los sectores productivos.

El Consejo estará conformado por representantes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas con las atribuciones de la Secretaría, representantes de las organizaciones sociales y de productores de los sectores pesquero y acuícola, así como por los titulares de las dependencias competentes en estas materias de los gobiernos de las entidades federativas del país, y participará en el Comité Mixto del Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola”.

Por lo que establece que será Conapesca quien inspeccione y vigilen la actividad pesquera, sin embargo, dado que el guateo y las prácticas ilícitas de pesca se realizan hasta en altamar, resulta indispensable de una mayor coordinación con quien tiene gobierno sobre el mar y de esa manera, materializar los objetivos del artículo 2 de la citada ley.

Por lo anterior, se solicita la intervención de esta honorable soberanía de la Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que instruya a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para que se coordine con la Secretaría de Marina a fin de fortalecer la inspección y vigilancia en la entrada a muelle por parte de los barcos camaroneros en el Golfo de México, especialmente en Tampico, Tamaulipas, y cumpla con las disposiciones del artículo 2, fracciones XIII y XIV, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

Notas

1 https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/camaron-produccion-en-crecimiento

2 https://www.gob.mx/inapesca/prensa/publica-agricultura-fechas-y-zo-nas-de-veda- de-camaron-para-el-golfo-de-mexico-y-mar-caribe-241372

3 https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/04/16/temporada-de-captura-de- camaron-registro-47-mil-664-toneladas-9331.html

4 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/veda-de-camaron-inicia-hoy-1-m ayo-2020-en-el-golfo-de-mexico-y-mar-caribe/

5 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592547&fecha= 30/ 04/2020

6 https://www.elsoldetampico.com.mx/local/barcos-camaroneros-zarpa-ron-del-puerto -de-tampico-4112556.html

7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/481591/PMP_Cama-ron_cafe_tamps_v er.pdf

8 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/inicia-veda-camaron-campeche-y -tabasco/

9 Otras causas, véase a IMCO:

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/pescailegal_ppt.p df

10 https://sidepi.conapesca.gob.mx: 8443/?fbclid=IwAR1L_3nBKfX8Vr HUIBDpGgyu9libzaSrWm2ScZTPCkMEjc4s52lg10zAgxk

11 https://www.gob.mx/conapesca/articulos/operara-conapesca-nueva-estrategia-de-in speccion-y-vigilancia-en-el-pais-189803?idiom=es

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.–  Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

SE GENERE UNA PROPUESTA PARA LA REACTIVACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL

«Proposición conn punto de acuerdo, a fin de exhortar a la STPS y la SE a analizar la situación de los integrantes de la industria textil y generar una propuesta para reactivar ese sector laboral en México, a cargo de la diputada Susana Cano González, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada, Susana Cano González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto y señalado en los artículos 6, fracción I, artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se, exhorta a la Secretarías de Trabajo y Previsión Social y a la de Economía para que analicen la situación de todos los integrantes de la industria textil y generen una propuesta, para la reactivación de dicho sector laboral en México con base en las siguientes

Consideraciones

Las y los integrantes de la industria textil en nuestro país, ha sido un sector laboral invaluable, por mucho tiempo, pues gracias a su desempeño México crecido económicamente, al igual que generados millones de empleos, sin embargo, tras la crisis originada por la covid-19, se ha generado una situación en donde la producción de los materiales textiles, ha frenado por casi por completo, esto ha traído como consecuencia una tasa de desempleo considerable, para los trabajadores textiles.

Recientemente la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), aseveró que el porcentaje en que cayeron ventas y cobranzas, ascendió hasta 95 por ciento, lo cual es sumamente complicado y preocupante, pues en datos otorgados por Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la fabricación de prendas de vestir ha caído en 12.6 por ciento anual, en abril descendió hasta 77.9 y en junio disminuyó 57.4 respecto del mismo mes del año pasado.

Con la señal para entrar a semáforo naranja, sólo 30 por ciento de actividad laboral ha podido reactivarse en la industria textil, lo cuál tiene un elemento negativo más, pues diversas distribuidoras como tiendas continúan cerradas, el efecto se ha extendido a todas las entidades federativas del país, dónde muchas fabricas y comercios dónde se venden los productos textiles, nunca volverán ha abrir.

Por lo antes expuesto, es imperante que se atiende a priori, principalmente a los trabajadores afectados por el cierre de dicha área laboral, pues el capital de trabajo es totalmente carente en la actual situación, recordemos que la integración de este sector, tiene un total de un millón 200 mil personas, de las cuales 70 por ciento son mujeres, y representa 10 por ciento del empleo generado en el sector manufacturero formal, además, exporta materiales y productos por una cantidad de 6 mil 200 millones de dólares al año.

La realidad que vivimos, tiene múltiples consecuencias generadas en los sectores de la economía formal e informal, que repercuten principalmente en los trabajadores, y deben implantarse las acciones necesarias para ayudar a la reactivación de la estructura laboral del país. Iniciando por el respeto a la legalidad del Estado y sus garantías en distintas materias que permiten a la sociedad, alcanzar una vida digna y plena en su devenir cotidiano.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Economía para que analicen la situación de todos los integrantes de la industria textil y generen una propuesta, para la reactivación de dicho sector laboral en México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Susana Cano González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

SE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS SANITARIAS NECESARIAS PARA PROTEGER LA SALUD DE LOS ENFERMOS RENALES CRÓNICOS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y el IMSS a implantar medidas sanitarias para proteger la salud de los enfermos renales crónicos, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Ector Jaime Ramírez Barba e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al titular del Instituto Mexicano de Seguro Social a implantar las medidas sanitarias necesarias para proteger la salud de los enfermos renales crónicos, al tenor de los siguientes

Antecedentes

México enfrenta actualmente, igual que numerosos países de todo el mundo, una pandemia causada por el coronavirus SARS-Cov-2. La enfermedad que provoca, conocida como covid-19, es sumamente contagiosa y ha ocasionado que, en el país, al 15 de agosto, tras 4 meses y 12 días desde que el Consejo de Salubridad General la reconociera como grave y de atención prioritaria, se hayan confirmado 517 mil 714 casos y 56 mil 543 defunciones por covid-19, lo que implica una tasa de letalidad de 10.92 por ciento, significativamente superior a la global. 1

La enfermedad causada por este nuevo coronavirus se manifiesta como un padecimiento respiratorio agudo con neumonía intersticial y alveolar, pero según ha sido constatado a lo largo de estos últimos meses y derivado de las experiencias reportadas con otras cepas de coronavirus, la enfermedad puede afectar a múltiples órganos tales como el riñón, el corazón, el tracto digestivo, la sangre y el sistema nervioso.

En la atención de este padecimiento se han reconocido alrededor del mundo diversos grupos de personas que por sus características tienen más posibilidades de desarrollar sintomatología grave o morir a causa de ella. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico. 2

Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) forman parte de estos grupos de riesgo, en tanto que son sujetos más expuestos a padecer procesos infecciosos graves, sumado al hecho que este tipo de pacientes acostumbran a tener factores de morbilidad asociados a la ERC tales como la obesidad, el tabaquismo y la enfermedad pulmonar pre establecida, que pueden desencadenar en la existencia de un cuadro clínico de mayor riesgo. 3

Ante esta realidad, la protección de los pacientes en terapia de sustitución por enfermedad renal crónica es de suma relevancia, ya que además de la vulnerabilidad coyuntural de los mismos durante la pandemia de covid-19, esta enfermedad constituye uno de los más graves problemas de salud pública que tiene México. Lo anterior, derivado de su origen multifactorial y del hecho que la ERC está estrechamente asociada a algunas de las enfermedades crónicas de mayor prevalencia en el país, como la diabetes y la hipertensión, que juntas acumulan 85 por ciento de las principales causas de la ERC.

Consideraciones

México ostenta el 6to puesto de mortalidad derivada de la enfermedad renal crónica a escala mundial. 4 En 2017 se reportó una prevalencia de ERC de 12.2 por ciento y 51.4 muertes por cada 100 mil habitantes. 5 En cuanto a 5a atención médica de esta enfermedad, 85 por ciento de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad es atendido en el Instituto Mexicano de Seguro Social.

Las opciones de terapias de sustitución renal son la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante renal, este último es la mejor opción de tratamiento para la ERC, pero en nuestro país es muy poco viable por la falta de donantes, así como por el costo que representa inicialmente este procedimiento. En México por un tiempo predominó el uso de la diálisis peritoneal, pero en los últimos años se impulsó a la hemodiálisis. 6

La diálisis es un procedimiento por medio del cual se eliminan sustancias tóxicas presentes en la sangre. En la actualidad, existen dos tipos de procedimientos de diálisis: la hemodiálisis y la diálisis peritoneal.

El tratamiento de hemodiálisis (HD) consiste en dializar la sangre a través de una máquina que hace circular la sangre desde una arteria del paciente hacia el filtro de diálisis o dializador en el que las sustancias tóxicas de la sangre se difunden en el líquido de diálisis; la sangre libre de toxinas vuelve luego al organismo a través de una vena canulada. En este procedimiento la sangre pasa por un filtro a una máquina, que sustituye las funciones del riñón, donde es depurada. Esta técnica no sustituye algunas funciones importantes del riñón, como las endocrinas y metabólicas. La hemodiálisis se realiza en centros de tratamiento en instalaciones especiales dentro de hospitales. 7

La diálisis peritoneal, es una técnica que usa el recubrimiento del abdomen (llamado peritoneo) y una solución conocida como dializado. El dializado absorbe los deshechos y líquidos de la sangre, usando el peritoneo como un filtro. El líquido de la diálisis se introduce en la cavidad peritoneal a través de un catéter previamente implantado con una pequeña intervención quirúrgica, y se extrae una vez pasado un tiempo, en el que se ha producido el intercambio de solutos en la membrana. Se realiza una media de 3 a 5 intercambios al día dependiendo de las necesidades del paciente. Este procedimiento se realiza en un lugar adaptado de la casa del paciente, para lo cual son muy importantes la higiene y los cuidados de asepsia y antisepsia. 8

Si bien la diálisis representa una terapia de soporte de vida esencial, en el contexto de emergencia sanitaria actual, esta implica múltiples retos de seguridad tanto para los pacientes como para el personal sanitario involucrado en los procedimientos.

La mayoría de los pacientes que se encuentran en tratamiento de sustitución renal tienen un sistema inmunológico comprometido, por lo que son más propensos, incluso en circunstancias normales, a desarrollar infecciones más severas que el resto de la población. En el caso de la hemodiálisis, los pacientes se encuentran sobreexpuestos derivado de la inevitable proximidad al personal de salud durante las sesiones, así como a la frecuencia en la que deben acudir a sus centros de referencia. Además, esta sobreexposición puede generar entre los pacientes dudas acerca del costo-beneficio que implica el hecho de acudir a sus sesiones, y desencadenar en la cancelación de las mismas, generando así un perjuicio en el avance y estabilidad del tratamiento y la salud general del paciente.

De acuerdo con un estudio realizado por la Sociedad de Nefrología de España, de un total de 868 pacientes contagiados por covid-19 que se encontraban en algún tipo de tratamiento de sustitución renal, se desprende que 63 por ciento de los pacientes realizaban hemodiálisis en centro y el resto eran pacientes trasplantados o en diálisis peritoneal, 85 por ciento de los registrados tuvieron que ser hospitalizados y la tasa de mortalidad al momento de realizar el estudio alcanzaba 23 por ciento. 9 Al observar estos datos es preciso matizar que España destaca por el gran núm9ro de enfermos renales que tienen acceso al trasplante de riñón, mientras que en México prevalecen los pacientes en tratamiento de hemodiálisis, seguido de diálisis peritoneal, lo que sugiere que la prevalencia de contagios de enfermos renales en México pudiera ser significativamente mayor.

A raíz de esta situación, investigadores y comunidades científicas en diversos países han desarrollado lineamientos y recomendaciones para la correcta atención de los pacientes en tratamiento de sustitución renal, a fin de minimizar los riesgos para todas las partes implicadas. En el contexto de México se publicó el 24 de marzo del 2020 el artículo “Prevención y control de la infección por SARS-Cov-2 (covid-19) en unidades de hemodiálisis”, en la revista Salud Pública de México. 10 Entre las recomendaciones que recoge este artículo se encuentran las siguientes:

• 0Implantación de las medidas estándares de distanciamiento social;

• Establecimiento de salas de espera con espacios distanciados que permitan el aislamiento de sospechosos y contagiados por covid-19 así como áreas de escrutinio;

• Aplicación de la hemodiálisis en áreas aisladas por personal de salud que respete turnos específicos de covid-19 y no covid-19 y atienda a los mismos pacientes en cada tratamiento; y

• Hacer uso de máquinas de osmosis portátiles que permitan realizar el tratamiento al pie de la cama del paciente.

Otro de los recursos generados en el marco mexicano son las guías preventivas renales, que presentan recomenda-ciones relativas a la atención de los pacientes en terapia de sustitución renal en el contexto covid-19 y que fueron publicadas por el Proyecto NEF en el marco de la Alianza por la Salud Renal. Estos documentos se presentan como herramientas de orientación científica fruto de la colaboración entre especialistas nefrólogos mexicanos de distintos ámbitos de la ciencia y la medicina y que buscan promover atención de calidad y protocolos unificados para el sector salud.

Tomando en cuenta la realidad del sistema de salud mexicano, que está sufriendo una reestructuración derivada de las necesidades causadas por el covid-19, la sobresaturación de hospitales en algunos puntos y regiones del país, así como alta tasa de incidencia en los casos que se reportan diariamente de covid-19, se dificulta una correcta y estricta implementación de las recomendaciones dirigidas a pacientes en tratamiento de hemodiálisis para que se puedan evitar riesgos mayores. De ahí se desprende que la diálisis peritoneal en casa, debería ser considerada como opción de preferencia, empezando por los pacientes incidentes con necesidad urgente de ser dializados, cabe mencionar que 80 por ciento de los pacientes es elegible medicamente para el inicio en dicha opción de preferencia.

Esto, a su vez, está alineado con algunas recomendaciones internacionales como por ejemplo la de la British Renal Society, quienes consideran esencial que los pacientes en DP continúen de forma habitual el tratamiento en sus casas y que, en relación a aquellos pacientes con necesidad urgente de ser dializados, se considere la DP como opción de preferencia. 11

En la misma línea, el doctor Christopher Chan, jefe de la División de Nefrología en la Universidad Health Network, en Toronto, declaró lo siguiente:

Pacientes en la última etapa de la falla renal se encuentran relativamente inmunocomprometidos, y la práctica actual de diálisis hospitalaria no permite llevar a cabo el distanciamiento social. La diálisis en el hogar puede proveer de una terapia indispensable para la vida mientras se minimizan los riesgos por exposición.

En definitiva, la aplicación de DP en el hogar representa una reducción significativa de los riesgos a los que se enfrentan los pacientes con ERC en el contexto de covid-19 y el personal médico que atiende a tales pacientes, mientras se mantiene la posibilidad de dar seguimiento al tratamiento a través del monitoreo remoto por parte de personal sanitario, sin afectar en ningún modo a la función respiratoria de la persona en cuestión.

Por lo anterior y dada la realidad de que por el momento no se cuenta en el mundo con una vacuna para proteger a las personas de la posibilidad de contagio de covid-19, es de vital importancia que el gobierno de México, por medio de las autoridades de salud competentes en la materia, establezca lineamientos de protección y atención prioritaria, promueva las mejores prácticas aplicadas a escala internacional y tome en consideración las recomendaciones emitidas en la materia por la comunidad médico-científica, todo esto a fin de minimizar el riesgo de contagio por covid-19 de los pacientes que requieren algún tipo de terapia de sustitución por causa de la ERC, por lo cual se someten a consideración de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, en su calidad de autoridad coordinadora del Sistema Nacional de Salud de la Secretaría de Salud y al maestro Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano de Seguro Social, institución que atiende a más de 80 por ciento de los pacientes dializados del país, a implantar en el ámbito de sus competencias las medidas necesarias para reducir el riesgo de contagio por covid-19 y proteger a los pacientes con ERC que se encuentran en tratamiento sustitutivo con hemodiálisis.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a instaurar en el ámbito de su competencia y con la finalidad de proteger a los pacientes de ERC que estén por iniciar terapias de sustitución una política transversal a todo el sistema de salud para iniciar la terapia de sustitución con diálisis peritoneal, a efecto de reducir al mínimo el riesgo de contagio por covid-19.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a ordenar en el ámbito de su competencia la implantación generalizada en el sistema de salud de las recomendaciones emitidas por la comunidad médico-científica especialista en nefrología para reducir el riesgo de contagio por covid-19 de los pacientes de ERC que se encuentran en algún tipo de terapia de sustitución.

Notas

1 Gobierno de México, conferencia del 15 de agosto: comunicado técnico diario, 15 de agosto de 2020, disponible en

https://ggle.io/3KWQ [en línea].

2 Diario Oficial de la Federación, acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implantar a fin de mitigar y controlar los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-Cov-2 (covid-19), 24 de marzo de 2020, disponible en

https://bit.ly/2DFeUte [en línea].

3 Méndez Durán, A. Diálisis peritoneal y covid-19. Manejo de los pacientes en la pandemia emergente SARS-Cov-2, NEF-Fundación Mario Ossorio Robles, julio de 2020.

4 Agudelo-Botero M.; Valdez-Ortiz, R.; Giraldo Rodríguez, L.; y otros. Overview of the burden of chronic kidney disease in Mexico: secondary data analysis based on the Global Burden of Disease Study 2017. BMJ Open 2020; 10: e035285. doi: 10.1136/ bmjopen-2019-035285, 25 de marzo de 2020, disponible en

https://bit.ly/3kbEFlw [en línea].

5 Gobierno de México: Instituto Nacional de Salud Pública, La enfermedad renal crónica en México, 9 de julio de 2020, disponible en:

https://bit.ly/3i7UGHi [en línea].

6 Gobierno de México, Guía de referencia rápida Catálogo maestro de guías de práctica clínica: IMSS-727-14, Tratamiento sustitutivo de la función renal. Diálisis y hemodiálisis en la insuficiencia renal crónica en el segundo y tercer niveles de atención, septiembre de 2014, disponible en

https://bit.ly/31ksxpL [en línea].

7 Pereira-Rodríguez, J.; Boada-Morales, L.; Peñaranda-Flórez, D.; y Torrado-Navarro, Y. Diálisis y hemodiálisis. Una revisión actual según la evidencia, volumen 15, número 1, Sociedad Argentina de Nefrología, septiembre de 2017, disponible en

https://bit.ly/30vZikM [en línea].

8 Ibídem, página 7.

9 Sánchez-Álvarez, E.; Pérez Fontán, M.; Jiménez Martín, C.; Blasco Pelícano, M.; y otros. Nefrología, mayo-junio de 2020; 40(3): 272-278, 16 de abril de 2020, doi: 10.1016/j.nefro.2020.04.002, disponible en

https://bit.ly/3l6wqYy [en línea].

10 Vega-Vega, O.; Arvizu-Hernández, M.; Domínguez-Cherit, J.; Sierra-Madero, J.; y Correa-Rotter. “Prevención y control de la infección por coronavirus SARS-Cov-2 (covid-19) en unidades de hemodiálisis”, en Salud Pública de México, 8 de mayo de 2020, disponible en

https://bit.ly/3a0HBfW [en línea].

11 British Renal Society, covid-19: Checklist and guidance for management of peritoneal dialysis programmes, 30 de marzo de 2020, disponible en

https://bit.ly/33uZVwA [en línea].

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputado Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LOS CONGRESOS LOCALES, A PRIORIZAR LA LEGISLACIÓN RELATIVA AL PARLAMENTO ABIERTO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a incluir en las prioridades de la correspondiente agenda la legislación sobre parlamento abierto, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En un artículo clásico de la ciencia política, (2014) el estudioso Giovanni Sartori se preguntó, ¿a dónde va la ciencia política?.Con licencia del argumento del profesor italiano, se podría replantear la pregunta en términos del Poder Legislativo ¿a dónde va el Poder Legislativo?

El sistema parlamentario de origen inglés, nos legó la definición según la cual el parlamento es el espacio de representación de la voluntad popular. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión”. Los tres Poderes son: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La renovación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, está establecido se ejerce mediante “elecciones libres, auténticas y periódicas”. Khemvirg Puente ha sostenido que “las elecciones y la representación política han sido dos de los instrumentos más eficaces para incorporar a la ciudadanía en las decisiones colectivas, y resolver nuestras diferencias por medios pacíficos” 1.

Así entonces, el Poder Legislativo es la sede institucional de las voces del pueblo, que se renueva periódicamente y en la república mexicana, se compone por dos Cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, como lo dispone el artículo 50 de la Constitución. La primera consiste en 500 legisladoras y legisladores y la segunda de 128 legisladoras y legisladores.

El legislativo es el espacio para discutir los proyectos que conduzcan al desarrollo del país. El artículo 72 señala que cuando un asunto (proyecto de ley o decreto) no sea exclusivo de una de las Cámara, se discutirá en ambas, bajo un orden establecido previamente, a saber, presentación de algún asunto, discusión, posible modificación y aprobación en la Cámara de origen, posteriormente pasará el asunto al pleno de la discusión en la Cámara receptora. Está organización formaliza el ejercicio del Poder Legislativo, sede del diálogo, del debate y de la puesta en el centro de los argumentos a favor o en contra de los asuntos presentados.

La deliberación del Poder Legislativo no es exclusivo de la federación, en México existen 32 congresos locales cada uno con facultades de deliberación y de separación de poderes. Sin embargo, estas aseveraciones no han sido producto del azar.

La división de poderes manifiesta la construcción histórica del poder público, ante ello, es de vital importancia el trabajo de Catehrine Andrews 2 que realiza un análisis historiográfico —de las constituciones de 1824 a 1917— en el que sobresalen 1) las cuatro formas de organización propuestas para la Cámara y 2) el objetivo de la Cámara, así como los requisitos para ser un representante. En el debate sobre la creación del Senado en la segunda mitad del siglo XIX, respiraban dos propuestas, la primera era que el Senado limitaría el ímpetu de los diputados y sería el contrapeso de la Cámara de Diputados y la segunda, que sería una Cámara de contrapeso al Ejecutivo 3.

Subrayo el aspecto de la delimitación. El Poder Legislativo es una institución importante para la democracia, la división de poderes y la representación de las necesidades de la soberanía del pueblo.

En 2010, se dio un paso importante en la organización del Poder Legislativo al aprobarse los Reglamentos del Senado República y de la Cámara de Diputados, en ese orden temporal. En 2017 el Título Octavo, se reformó en su capítulo IV en la que incorpora la Diplomacia Parlamentaria, referida al trabajo a nivel internacional. Es importante señalarlo ya que actualmente existen diversas propuestas legislativas para expedir la Ley del Congreso General 4 en la que uno de sus objetivos es la incorporación del Parlamento Abierto, además de instrumentos acordes al desarrollo social, participativo y democrático de la ciudadanía en nuestro país.

La democracia se ha ido fortaleciendo en los procesos electorales más recientes, desde las minorías mayoritarIas del 2006 hasta la mayoría obtenida en 2018 5, para elevar el proceso de eficiencia y la dictaminación de los asuntos ingresados por las y los legisladores, se ha propuesto legislar en favor de la figura del parlamento abierto.

El 12 de marzo 6 la Junta de Coordinación Política celebró un acuerdo por el que se crea el Comité de Parlamento Abierto y Participación Ciudadana, que tiene sus bases en la Declaración de Lanzamiento de la Alianza para el Parla-mento Abierto de México, de 2014, que tiene diez principios entre los que se encuentran: máxima publicidad, transpa-rencia, derecho a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas, datos abiertos, accesibilidad y gobierno abierto, así como el esquema de participación ciudadana para que se logre el Parlamento Abierto. Lo anterior con la finalidad de que la sociedad civil participe en la construcción de las reformas y leyes, trascendentales.

En el acuerdo quedaron establecidas las funciones para implementar la figura del parlamento abierto, en el resolutivo primero inciso III se determina establecer criterios e instrumentos para la celebración de reuniones deliberativas entre las comisiones ordinarias con los actores privados, sociales, organizaciones y cualquier persona interesada en aportar al debate experiencia y conocimientos.

El 18 de febrero de 2020 7 establece que sustentado en el gobierno abierto es que logra comprender el parlamento abierto como un mecanismo de interacción entre sociedad y representantes, caracterizado por los procedimientos internos de participación, transparencia y justificación de las decisiones. Para tales fines se usarán plataformas digitales y se adoptaran estándares de ética y responsabilidad parlamentaria.

Según el acuerdo, el Parlamento Abierto es una “forma novedosa para atender los asuntos públicos” y que es una práctica reproducible en todo el mundo. En el resolutivo tercero del acuerdo se citan los cinco ejes sobre los cuales se deberán desarrollar los parlamentos: 1) para mejorar la práctica en la Cámara, 2) para impulsar propuestas de asignación de recursos para programas, políticas y acciones, 3) para promover mayor participación ciudadana, 4) para exhortar a las autoridades a fortalecer la rendición de cuentas, y 5) establecer mecanismos de participación ciudadana y de cooperación de la sociedad civil vía plataformas digitales.

Los anteriores ejes, enclavan a la perfección con lo dispuesto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que indica como los principios fundamentales de Parlamento Abierto los siguientes:

“1. Da máxima publicidad y acceso a la información parlamentaria y legislativa.

2. Publica información en formatos sencillos y cuenta con mecanismos de búsqueda simple.

3. Publica el análisis, deliberación y votación de los trabajos en comisiones y sesiones plenarias.

4. Garantiza el acceso y transmisión pública de las sesiones plenarias.

5. Publica información detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado.

6. Publica información detallada sobre los legisladores y funcionarios del cuerpo legislativo.

7. Cuenta con mecanismos y herramientas para un monitoreo y control ciudadano eficaz.

8. Asegura una participación ciudadana inclusiva en los proyectos legislativos.

9. Da preferencia a la utilización de formatos en datos abiertos, software libre y código abierto.

10. Promueve la legislación a favor de políticas de gobierno abierto. 8

Derivado de ello, esta figura ha tenido un uso frecuente en el pasado inmediato para discutir iniciativas y proyectos de reforma cuya importancia concuerda con los ejes enunciados. Algunos ejemplos son: la reforma para garantizar los derechos sociales del artículo cuarto constitucional, la ley de amnistía, la propuesta de reforma del artículo 21 ter y artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la propuesta del ingreso mínimo vital, la modificación a la Ley de Adquisiciones y otras más.

Así, este instrumento (el de Parlamento Abierto como una manera o forma de escuchar y considerar argumentos que no necesariamente son los legislativos), abre la pauta no sólo para robustecer el trabajo legislativo, sino para ampliar la legitimidad que resulte con la participación tanto de ciudadanos como de instituciones especializadas respecto a los temas de los que se trate con mayor pulcritud y probidad. Instrumento por demás que ofrece voz, pero no voto en lo que se delibera.

El encuentro que se propicia con esquemas de diálogo refuerza el trabajo de gestión y por tanto, de alianzas estratégicas que promueven una mayor calidad en los resultados expresados en el fin último del acto de legislar, sobre todo, con los actores involucrados en lo que concierne a la propia dinámica de la construcción o replanteamientos tanto de la ley, como del propio funcionamiento institucional al que toque la norma.

En lo concerniente al Congreso de la Unión y a la Cámara de Diputados existen proyectos de ley que permiten vislumbrar su pronta legislación, sin embargo, con sustento en el acuerdo del 18 de febrero de 2020, resolutivo segundo, es que es del máximo interés que los congresos locales puedan legislar en la materia, para poder implantar un gobierno abierto y un parlamento abierto que dote de veracidad, certeza, objetividad y publicidad los asuntos que se presentan en la agenda legislativa. Es un compromiso con la ciudadanía.

Para mayor claridad al respeto se presenta la siguiente compilación agrupada en un cuadro explicativo de las treinta y dos entidades federativas, sobre la inscripción del vocablo y concepto del parlamento abierto en sus ordenamientos legales 9:

Aguascalientes

Sí

Artículo 15 y 17 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. Se encuentran textualmente preceptos constitucionales relativos a “Parlamento Abierto”.

Baja California

No

No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a trans-parencia y acceso a la información pública, corres-pondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.

Baja California Sur

NO

No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a trans-parencia y acceso a la información pública, corres-pondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.

Campeche

NO

No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a trans-parencia y acceso a la información pública, corres-pondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.

Coahuila

NO

No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.

Colima

NO

No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a trans-parencia y acceso a la información pública, corres-pondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.

Chiapas

NO

No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a trans-parencia y acceso a la información pública, corres-pondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.

Chihuahua

Sí

Artículo 40 bis de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, Se encuentran textualmente preceptos constitucionales relativos a “Parlamento Abierto”.

Artículo 15 bis y artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, se encuentran dispo-siciones textuales relativas a transparencia y acceso a la información pública en el ámbito de Parlamento Abierto.

Ciudad de México

Sí

Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se encuentran textualmente preceptos constitucionales relativos a “Parlamento Abierto”.

Artículo 1 y 4 de la Ley Orgánica de la Ciudad de México,  se encuentran disposiciones textuales relativas a transparencia y acceso a la información pública en el ámbito de Parlamento Abierto.

Durango

NO

No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.

Guanajuato Sí

Artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, Se encuentran textualmente preceptos constitucionales relativos a “Parlamento Abierto”.

Artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, se encuentran disposiciones textuales relativas a transparencia y acceso a la información pública en el ámbito de Parlamento Abierto.

Guerrero NO

No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.

Hidalgo

NO

No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.

Jalisco

Sí

Se determinan preceptos amplios relativos a Ayuntamiento Abierto, Gobierno Abierto, Congreso Abierto y Justicia Abierta

Artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Jalisco

Artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

México

NO

No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.

Michoacán NO

No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.

Morelos

NO

No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.

Nayarit

NO

No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.

Nuevo León

NO

No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.

Oaxaca Sí

Congreso Abierto

Artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Se integra el  artículo que principalmente indica que el “Congreso Abierto” es el conjunto de mecanismos por medio del cual el Congreso promueve la participación ciudadana en asuntos legislativos, remitiendo a su Reglamento Interno, respecto del procedimiento para el desarrollo de dichos mecanismos.

Puebla

NO

No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.

Querétaro

NO

No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.

Quintana Roo

NO

No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.

San Luis Potosí

NO

No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.

Sinaloa

NO

No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.

Sonora

NO

No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.

Tabasco

NO

No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.

Tamaulipas

NO

No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.

Tlaxcala

NO

No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.

Veracruz

Sí

Artículo 39 y 72 de la Ley Número 72 , Orgánica  del Poder Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se encuentran disposiciones textuales relativas a transparencia y acceso a la información pública en el ámbito de Parlamento Abierto.

Yucatán

NO

No se encuentran disposiciones constitucionales que se refieran textualmente a “Parlamento Abierto”, sin embargo, cuenta con las disposiciones relativas a transparencia y acceso a la información pública, correspondientes de las leyes orgánicas o reglamentos internos de los órganos legislativos.

Zacatecas

Sí

Artículo 11, 12 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, Se encuentran disposiciones textuales relativas a transparencia y acceso a la información pública en el ámbito de Parlamento Abierto.Dado el interés de reformar la ley para dar cabida a un concepto sobre el cual se establecen otros, como es el derecho a la información, la transparencia, el fomento a la participación, información presupuestal, datos abiertos, accesibilidad entre otros, de igual forma, diversas de las iniciativas constitucionales, así como de propuestas de genuino interés público, debido a su trascendencia y por su impacto presupuestal, es que los congresos locales faltantes debiesen legislar, ya sea en la Constitución o en leyes secundarias, en favor del parlamento abierto y con ello, posibilitar su ejercicio ciudadano.

Se entiende por modelo de Parlamento Abierto a “la promoción de la implementación de dichas normas, orientado en los principios de transparencia de la información, rendición de cuentas, evaluación del desempeño legislativo, participación ciudadana y uso de tecnologías de la información, y de apertura institucional para que la ciudadanía pueda involucrarse de manera pacífica y organizada en los trabajos legislativos” 10.

Los especialistas de las universidades, centros de investigación, especialistas de la sociedad civil, ciudadanos interesados, así como la sociedad o los grupos que directa o indirectamente son participes de una propuesta de ley, pueden y deben ejercer su derecho a la libre expresión de las y a la participación en la construcción de la democracia.

Por lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta respetuosa-mente a los congresos locales, para que dentro de las prioridades de la agenda legislativa se pueda incluir la legislación relativa al Parlamento Abierto y los principios que constituyen el modelo de Parlamento Abierto, en armonía con lo dispuesto por la Alianza para el Parlamento Abierto por México.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta respetuosamente a los congresos locales para incentivar y fortalecer la discusión de los asuntos de interés público en parlamentos abiertos, foros, mesas o reuniones de trabajo, accesibles y disponibles para cualquier persona con el fin de fortalecer el gobierno abierto.

Notas

1 https://www.animalpolitico.com/res-publica/para-que-un-parlamento-abierto/

2 Andrews, (2017) De Cádiz a Querétaro, FCE, México, 156.

3 Andrews, (2017) De Cádiz a Querétaro, FCE, México, 158.

4 Entre ellas, de Porfirio Muñoz Ledo:

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/ene/20200115-VII.h tml#Iniciativa10

5 La distribución de minorías ha sido: 2006: PAN 206, PRD, 127, PRI 106. 2009: PRI 242, PAN 142, PRD 63. 2012: PRI 212, PAN 114, PRD 109. 2015: PRI 205, PAN 109, PRD 54. 2018: Morena 247, PAN 80, PRI, 47.

6 Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión:

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/mar/20190312-X.pdf

7 Acuerdo de la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos:

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/feb/20200218-VIII.pdf

8 Cámara de Diputados. Dirección General de servicios, información y análisis “Disposiciones relativas a Transparencia y Acceso a la Información Pública, de las Entidades Federativas” p 8, disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-15-19.pdf

9 Cámara de Diputados. Dirección General de servicios, información y análisis “Disposiciones relativas a Transparencia y Acceso a la Información Pública, de las Entidades Federativas” p 14 y siguientes, disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-15-19.pdf

10 Cámara de Diputados. Dirección General de servicios, información y análisis “Disposiciones relativas a Transparencia y Acceso a la Información Pública, de las Entidades Federativas” p 173, disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-15-19.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

REFORZAR LA ESTRATEGIA PARA CERRAR LA BRECHA DIGITAL, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL ACCESO Y APRENDIZAJE A DISTANCIA EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

«Proposición con punto de acuerdo, donde se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a la SEP y la SCT a efecto de que se coordinen y refuercen la estrategia de cierre de la brecha digital a través de suficiente inversión en recursos tecnológicos para contribuir a que niños, adolescentes y jóvenes tengan acceso al aprendizaje a distancia en educación básica, media superior y superior, especialmente en los grupos más vulnerables y marginados ante la contingencia sanitaria por el covid-19, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Uno de los principales riesgos del covid-19 sobre las condiciones de la salud pública es la aceleración del contagio entre personas, lo que ha provocado una rápida trasmisión del coronavirus a nivel internacional. Desde el 30 de diciembre de 2019, cuando la República de China reportó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los casos de neumonía, la propagación del covid-19 se dio rápidamente dentro de ese país y en otros de Asia, Europa y América . 1

La primera persona con covid-19 en México se detectó el 27 de febrero de 2020. Al 18 de marzo se habían confirmado 118 casos, se habían descartado 787 y se tenían 314 bajo estudio; asimismo, se notificó la primera defunción. 2

En América Latina y el Caribe, como mínimo 13 millones de niños no pueden acceder al aprendizaje remoto; en África, 121 millones; en Asia oriental y el Pacífico, 80 millones; en Oriente Medio, 37 millones; y en Europa del este Asia Central, 25 millones. 3

Uno de cada tres niños en el mundo no puede acceder a clases a distancia si su escuela cierra, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) asegura que es necesario cerrar la brecha digital que hace que millones de niños ahora mismo se estén perdiendo de la educación básica y fundamental para su crecimiento. 4

De acuerdo con el informe de UNICEF, al menos un tercio de los niños en edad escolar no tuvieron acceso a clases virtuales u otro tipo de aprendizaje remoto a través de la televisión o la radio cuando el covid-19 cerró sus escuelas. 5

Asimismo, de acuerdo con la directora de UNICEF, Henrietta Fore, “para al menos 463 millones de niños cuyas escuelas cerraron, no existía el aprendizaje a distancia. La gran cantidad de niños cuya educación se vio completamente interrumpida durante meses es una emergencia educativa mundial y las repercusiones podrían sentirse en las economías y sociedades durante las próximas décadas”. 6

En el punto máximo de cierres de escuelas a nivel nacional y local, casi 1500 millones de estudiantes se vieron afectados. El informe Accesibilidad del aprendizaje remoto describe las limitaciones de esta herramienta y expone profundas desigualdades en el acceso. 7

De acuerdo con el informe, los estudiantes de los hogares más pobres y los que viven en áreas rurales son los más propensos a perder su educación durante los cierres. A nivel mundial, 72 por ciento de los escolares que no pueden acceder al aprendizaje a distancia viven en los hogares más pobres de sus países. En los países de ingresos medio altos, los alumnos de los hogares más pobres representan hasta 86 por ciento de los estudiantes que no pueden acceder al aprendizaje a distancia. A nivel mundial,  tres cuartas partes de los escolares sin acceso viven en zonas rurales. 8

El informe también señala diferentes tasas de acceso entre los grupos de edad, y es más probable que los estudiantes más jóvenes se pierdan el aprendizaje remoto durante sus años más críticos de aprendizaje y desarrollo. 9

Por ejemplo, no tienen acceso alrededor de 70 por ciento de los escolares en edad preescolar (120 millones de niños), en gran parte debido a los desafíos y las limitaciones del aprendizaje en línea para los niños pequeños, la falta de programas de aprendizaje a distancia para esta categoría de educación y la falta de recursos en el hogar para aprendizaje remoto.

Asimismo, 29 por ciento de los niños de educación primaria (217 millones de estudiantes) no tienen acceso a este tipo de clases, así como al menos alrededor de 24 por ciento de los alumnos de secundaria inferior (78 millones de estudiantes) no fueron atendidos.

Los niños y jóvenes en la escuela secundaria superior son los que tienen menos probabilidades de perder su educación, pero aún así al menos 18 por ciento (48 millones de niños en edad escolar) no tienen los recursos tecnológicos para acceder al aprendizaje a distancia.

De acuerdo con la UNICEF, cuando la reapertura no sea posible, se insta a los gobiernos a incorporar el aprendizaje compensatorio por el tiempo de instrucción perdido en la continuidad escolar y los planes de reapertura.

Además, de acuerdo con el informe del Fondo de la ONU, las políticas y prácticas de apertura escolar deben incluir la ampliación del acceso a la educación, incluido el aprendizaje a distancia, especialmente para los grupos marginados. Los sistemas educativos también deben adaptarse y construirse para resistir crisis futuras.

Como parte de su campaña Reimagine que tiene como objetivo evitar que la pandemia de covid-19 agrave una crisis duradera para los niños, especialmente los más pobres y vulnerables, UNICEF pide una inversión urgente para cerrar la brecha digital, llegar a todos los niños con el aprendizaje remoto y, lo más crítico, priorizar la reapertura segura de escuelas. 10

Es por ello, que presento el presente exhorto para que se refuerce una estrategia con base en invertir en recursos tecnológicos para cerrar la brecha digital y llegar a todos los estudiantes con el aprendizaje remoto, con el fin de contribuir al acceso al aprendizaje a distancia de la educación básica y fundamental para su desarrollo, especialmente para los grupos más vulnerables y marginados ante la contingencia sanitaria covid-19.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se invierta responsablemente en agricultura y sistemas alimentarios, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que se coordinen para reforzar la estrategia para cerrar la brecha digital a través de suficiente inversión en recursos tecnológicos, con el fin de contribuir a que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan acceso al aprendizaje a distancia en educación básica, media superior y superior, especialmente en los grupos más vulnerables y marginados ante la contingencia sanitaria covid-19.

Notas

1 Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Legislatura LXIV, 20-Marzo-2020.

2 Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Legislatura LXIV, 20-Marzo-2020.

3 Naciones Unidas, Uno de cada tres niños en el mundo no puede acceder a clases a distancia si su escuela cierra, Noticias ONU, Bienvenido a las Naciones Unidas, Cultura y educación, consultado por última vez el 28 de agosto de 2020 en

https://news.un.org/es/story/2020/08/1479572

4 Ibídem.

5 Naciones Unidas, Uno de cada tres niños en el mundo no puede acceder a clases a distancia si su escuela cierra, Noticias ONU, Bienvenido a las Naciones Unidas, Cultura y educación, consultado por última vez el 28 de agosto de 2020 en

https://news.un.org/es/story/2020/08/1479572

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 Ibídem.

10 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

CURSOS, CAPACITACIONES Y TALLERES DE OFICIOS Y PROFESIONES PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos municipales y de las alcaldías a diseñar e implantar cursos, capacitaciones y talleres de oficios y profesiones asequibles para la población en general, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada federal Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En una entrevista del año 2015, el economista francés Thomas Piketty 1 señalaba que la mayor desigualdad la produce el desempleo. Los gobiernos que por situaciones de crisis o desafortunadamente por decisiones equivocadas más han padecido el desempleo han heredado desigualdad.

La desigualdad no es un sinónimo de pobreza. El exmiembro del Banco Mundial, Martin Ravallion, 2 señaló en el año 2019 que si bien es cierto, el concepto de pobreza domina los debates en el campo de las ciencias sociales, es un término más comprensible por su nivel de apropiación estadístico en cambio, la desigualdad no está definido a partir de la presentación de cifras, sino que propone una explicación de las causas y estructuras sociales que permitan la acción con fines democráticos.

En su oportunidad señala que la pobreza debe ser un combate frontal, directo, para que se reduzca a cero, la desigualdad debe ser gestionable, a tal grado que sea estable, sin que se anquilose en grupos poblacionales, porque entonces se traduce en marginación, rezago, si hay una desigualdad controlada se pueden alimentar las oportunidades. Cuando existen oportunidades se puede generar desarrollo, distribución y bienestar. La trama se encuentra en hacer que la economía funcione para todas y todos, sin excepción de nadie.

Esto es relevante dado que en el espacio práctico el primer punto del cual hago referencia se puede visualizar en los indicadores del empleo y el segundo punto, la falta oportunidades es porque el diseño de políticas públicas sigue siendo un pendiente.

Las cifras del IMSS sobre el desempleo en su serie de 25 años muestra cuatro contracciones de distinta magnitud, la emergencia sanitaria por fuerza mayor del 2020, ha superado la pérdida del empleo formal de la crisis del año 2002, cuando se perdieron 330 mil empleo, la contingencia por el virus H1N1, en 2009, donde la pérdida del empleo reportado fue de 601 mil empleos; actualmente, al mes de junio, se registran 869 mil, cifra aún separada de la reportada en el año 1995. A continuación la ejemplificación: 3

En el caso de la enfermedad covid-19 causada por el virus SARS-Cov-2, de marzo a junio se reportan en el IMSS la pérdida de 1, 113 mil empleos formales, 4 pero al dividirse mensualmente existe una apreciación distinta, en marzo hubo una pérdida de 130 mil empleos, pero el momento más álgido se produjo en abril, cuando se perdieron 555 mil empleos, en mayo 344 mil y en junio 83 mil.

Esto se debe entre otras cosas por la fecha de cierre de las actividades no esenciales acordado en el Diario Oficial de la Federación, fecha 31 de marzo y la implementación de la Jornada de la Sana Distancia que inició el 23 de marzo y se prolongó hasta el 31 de mayo para dar paso a la semaforización semanal de la Nueva Normalidad. A continuación se ejemplifica:

En el marco de la Nueva Normalidad las actividades que se incorporaron a labores están determinadas por los principios rectores que dispone el acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades, del día 29 de mayo, 5 que es el privilegio de la salud y la vida, la solidaridad y no discriminación, la economía moral y eficiencia productiva, la responsabilidad compartida, (pública, privada y social).

Dichos ejes rectores deben de ser los soportes del regreso a la Nueva Normalidad. Las actividades que el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-Cov-2, del 31 de marzo, 6 enunciados por el Consejo de Salubridad General son las relacionadas a la atención de la emergencia sanitaria (paramédicos, rama administrativa, rama médica) farmacias, atención de residuos biológico-infecciosos, las tareas en labores de seguridad pública y protección ciudadana, la actividad legislativa, la impartición de justicia, los sectores fundamentales de la economía, como son financieros, recaudación, energía, gasolina, gas, agua, alimentos, bebidas no alcohólicas, supermercados, tiendas de servicio, tiendas de abarrotes, transporte, industria agrícola, químico, limpieza, ferreterías, estancias infantiles, asilos, refugios para mujeres, telecomunicaciones, medios de comunicación, funerarias, logística y aquellos necesarios de procesos irreversibles; así como mantenimiento, infraestructura, servicios públicos, más los que puedan añadirse.

A esas actividades, el acuerdo del 29 de mayo, añade la industria de la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte, al que se han sumado la apertura de restaurantes y actividad hotelera. El primero está afectado a niveles sin precedentes, y también, en palabras del secretario de Hacienda Arturo Herrera, 7 del día 24 de junio, que es la construcción es una actividad al aire libre, el riesgo de contagio es menor, y se recuperarán el 60 y 70 por ciento de los empleos a diciembre de este año.

Por otra parte, en la ENOE del Inegi se informa que la economía informal representa a 31.3 millones de personas, que representa al 56 por ciento de la población económica activa, mayores de 15 años. 8 Subd8vidiendo el total de empleos de la economía informal en las condiciones de laborales informales, como son el autoempleo en la agricultura, el empleo no remunerado, la carencia de seguridad social, en el que se registran 16 millones. En la ETOE en su corte del mes de junio, 1.9 millones de personas se sumaron al sector informal.

Con esta consideración el subgobernador del Banco de México Jonathan Heat en un estudio con valores de quince años a la fecha del cuarto mes del año 2020, la tasa de informalidad pasó de 60 por ciento a niveles de 55 por ciento antes de la emergencia sanitaria del 2020, en dicho estudio se precisa la caída y la inicial recuperación del empleo en el sector informal, esto resulta importante dado que es población que por su situación laboral no puede hacer efectivos los derechos laborales y es susceptible de ser despido, a continuación se muestra la gráfica:9

En este orden de ideas resultan aclaratorias las mediciones de la ETOE (en vez de ser ENOE, dado que son encuestas telefónicas, implementadas en función de las medidas de la Jornada de Sana Distancia), más reciente, 10 puntualiza que son 34.4 millones de personas al mes de mayo que manifestaron la necesidad de empleo, mismo que se compone de 1.9 millones de personas que están buscando empleo, 19.4 millones están disponibles para trabajar y 13 millones están en subocupación.

La fuerza laboral de México ha aumentado su necesidad de trabajo, la brecha laboral en el mes de mayo se triplicó con respecto al mes de marzo, que reportó un total de 12.7 millones de personas con necesidad de empleo.

Es así que el contexto nos señala:

1) El empleo formal e informal ha disminuido debido a la emergencia sanitaria, su magnitud es mayor en comparación con otras crisis,

2) Los efectos de la cuarentena se reflejan en la actividad económica del segundo trimestre,

3) El empleo en cualquiera de sus variantes enfrenta una situación compleja, que exista una quiebra de establecimientos y que no pueda recuperar las ventas de manera pronta y expedita.

Por lo anterior, el espectro del trabajo amerita acciones que disminuyan las condiciones de desigualdad y de pobreza entre la población mexicana en la etapa postcovid-19. Aunque las variables macroeconómicas pueden ser abstractos se concretan a nivel local, hay municipios que, por el cierre de plantas industriales automotrices, se ven severamente afectados, otros por la falta de llegada de turistas, cada entidad y municipio sabe cuáles son sus motores inmediatos. Esto es necesario señalarlo pues la desigualdad podrá generar otro tipo de problemas sociales regionales como nacionales, entre algunos de ellos se cuentan el aumento de la inseguridad, la pobreza alimentaria y la ruptura del tejido social.

La economía de México está relacionada con la de EUA, misma que registró una tasa de desempleo en el mes de abril del 14.7 por ciento y que en junio ha disminuido al 11.1 por ciento. El seguro de desempleo en EUA fue solicitado por 25 millones de estadounidenses en mayo y no ha bajado de 20 millones en el posterior. Esto ha ocasionado el brote de otras manifestaciones sociales como la confrontación racial, el hurto y robo, entre los más visibles que expresa la desigualdad de la sociedad.

En el nuevo diseño institucional de la Nueva Normalidad los dos motores de la economía dicho por el Secretario de Hacienda y Crédito Público son la construcción, de la misma se han distribuido los créditos de Fovisste 11 Fonacot, Infonavit, para construir, remodelar u otra actividad sobre las viviendas y que implica la actividad económica de diferentes trabajos y oficios; de igual forma, el otro motor económico del T-MEC tiene un nuevo marco laboral, 12 no son, claro está, los únicos.

La situación económica que las y los mexicanos estamos pasando, en mayor o menor medida, nos obliga a reconsiderar las condiciones estructurales que ocasionan la desigualdad y la pobreza y que han profundizado en esta crisis. Aún más dado que la actividad económica está entrelazada con la situación laboral, con el trabajo.

Se podrá señalar que son insuficientes los apoyos para todos los sectores económicos y para todas las actividades, sin embargo, es preciso señalar que la economía debe responder a criterios de estabilidad y contener potenciales impactos mayores al sistema sanitario y al sistema económico.

Por diversos medios de comunicación se ha difundido el argumento de que las líneas de crédito son la única medida para superar la crisis sin embargo son temporales dado que hay se requieren ingresos de las y los contribuyentes, en el reconocimiento de que son importantes y necesarias como aparecen en el portal de las medidas económicos hasta el momento emitidas (crédito solidario a la palabra, apoyo solidario, apoyo a la empresa, tandas para el bienestar, mercado solidario), 13 no pueden operar en el largo plazo, lo importante es planear medidas que sean paliativas pero respondan a las necesidades económicas en tiempos post-crisis.

Adicionalmente, la CEPAL en el observatorio covid-19 en América Latina y el Caribe, impacto económico y social, presentó el día 15 de julio un estudio en el que señala las medidas de crédito, México ha destinado el 2.6 por ciento en términos porcentuales del PIB 14 en créditos para amortiguar la caída de las empresas.

Es por lo anterior que el punto estratégico de esta propuesta con punto de acuerdo está orientado en generar alternativas de trabajo para las personas que corren el riesgo de perder sus ingresos o bien aquellos cuyos oficios se encuentran en la imposibilidad de ejercerse dada la emergencia sanitaria.

El trabajo está definido en el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, como “toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficios”.

En ese amplio espectro el oficio, es considerado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como Trabajadores por cuenta propia, que es una persona ocupada, que desempeña su oficio solo o asociado con otros, no tiene trabajadores remunerados  a su cargo, pero puede disponer de trabajadores, (familiares o no familiares) sin pago alguno. 15

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123, A. VI, reformado en 2016, establece que el salario mínimo que deberán disfrutar los trabajadores, y especifica que se “aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesión, oficios o trabajos especiales”. Con base en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, segundo párrafo, el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Actualmente, como se ha observado, los oficios corresponden al sector informal y tener una estimación puntual resulta complejo. Un oficio como lo establece la RAE, es una ocupación habitual.

El Conasami establece un glosario completo de los oficios, profesiones y trabajos especiales. 16 Los salarios vigentes desde el 1 de enero del 2020 fijan un monto en la zona libre de la frontera norte de 185 pesos y de 123 pesos en el resto, lo cual, con respecto al año anterior inmediato significa un aumento del 5 y 20 por ciento, respectivamente.

En el tabulado de salarios se establecen 59 profesionales mismos que refieren a los oficios, 17 algunos de ellos son, carpintero, cerrajero, mecánico, escultor, albañil, soldador, sastre, electricista, paletero, zapatero, tapicero y otros más.

Justamente, para quienes se encuentran en una situación de clara emergencia, resultará necesario poder establecer opciones para tener ingresos, según el Inegi, en 2015, había casi 34 millones de hogares, por lo regular habitado por cuatro personas, incluyendo a los padres. Esto es relevante porque independientemente de la situación de emergencia, quienes trabajan y aportan ingresos deben hacerlo para alimentar, brindar sustento y proteger a los dependientes.

La situación se agrava si revisamos las condiciones de pobreza de la población en el mapa interactivo geoespacial de covid-19 que proporciona el Coneval. 18

Es en ese marco de ideas, el registro de la pobreza de los municipios en México, hace necesario que se diseñen acciones tendientes a resolver la falta de ingresos, el trabajo y con ello, disminuya la desigualdad y la pobreza.

Sin descuidar la salud, misma que en los municipios más pobres es mayor la tasa de letalidad. 19 Debemos buscar acciones coordinadas para evitar el riesgo de agudizar los problemas sociales.

Acciones como la capacitación oportuna, la apertura de espacios en los centros de cultura o en las oficinas de los municipios pueden generar alternativas de trabajo, de capacitación en el desempleo puede abrir nuevas oportunidades para quienes así lo deseen, en un simil del empoderamiento de las mujeres, las capacitaciones para el empleo a través de la impartición de talleres y de oficios puede beneficiar a la población que por motivos de covid-19 ha perdido sus fuentes de ingreso o que, en otras circunstancias, se encuentran en el desempleo.

La semejanza y los casos de Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha permitido a 1 millón 435 mil menores de 29 años, capacitarse para el empleo es muestra de que las oportunidades pueden significar ingresos y ser fuente de recuperación del tejido social e impulso económico.

Hay quienes se han especializado en actividades agropecuarias, pesca, fabricación de muñecas, modelado de barro, entre otras más. 20

Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los municipios tendrán una organización política y administrativa libre y democrática. Asimismo la fracción IV, en su último párrafo, se establece que los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos de forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley.

Dado lo anterior y en virtus de que los municipios administran libremente su hacienda se propone que éstos puedan generar cursos, talleres, capacitaciones u otras actividades para que las personas aprendan un oficio para poder generar ingresos en los hogares, y sean estos, oportunidades para acceder a un régimen de vida, próspero y justo.

Por lo anteriormente expuesto, se someta a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las personas titulares de los gobiernos municipales y de las alcaldías de las 32 entidades federativas para que:

a) Diseñen e ofrezcan cursos, capacitaciones y talleres de oficios y profesiones accesibles para la población en general, conforme a las necesidades de cada municipio, cada alcaldías y cada demarcación territorial, con el fin de abrir nuevas oportunidades de trabajo, generar ingresos en los hogares y contribuir en la económica local.

b) Los cursos, capacitaciones y talleres de oficios y profesiones sean difundidos por el área de comunicación social y lleguen a la mayor cantidad de habitantes en los municipios, alcaldías y demarcaciones territoriales, e igualmente sean ofrecidos gratuitamente a las personas en situación de desempleo, se realicen en inmuebles públicos que cuenten con los instrumentos adecuados y se cumplan con los lineamientos dispuestos por las autoridades sanitarias.

c) Las Secretarías de Gobierno a través del área de comunicación social realicen acciones y campañas de comunicación tendientes a fomentar la dignificación de los oficios y profesiones que desempeñan las y los trabajadores por cuenta propia.

Notas

1 https://elpais.com/economia/2015/01/09/actualidad/1420836043_696 183.html

2 https://elpais.com/economia/2019/08/02/actualidad/1564739067_996 880.html

3 https://twitter.com/David_S_Kaplan/status/1282393854252023809/ photo/1; existe una variación a partir de la metodología, Cómo vamos, por ejemplo, fija, el desempleo en 921 mil,

https://twitter.com/MexicoComoVamos/status/1282366169257656322?s =20 y

4 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/covid-19-deja-saldo-de-un-millon-113-m il-empleos-formales-perdidos-al-primer-semestre-de-2020-imss

5 http://dof.gob.mx/2020/SALUD/Acuerdo_Salud_290520_VES.pdf

6 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha= 31/ 03/2020&print=true

7 https://www.youtube.com/watch?v=sZBPCD-pL0Y

8 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/ trabajoNal.pdf

9 https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/presentaciones/ %7B03A31AC2-D1CD-C0CA-955B-B8AEFE71AFAB%7D.pdf

10 Publicada el 30 de junio:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/ enoe_ie/ETOE2020_06.pdf

11 http://inscripciontucasateespera.fovissste.gob.mx/ ,

https://www.gob.mx/covid19medidaseconomicas/acciones-y-programas /creditos-infonavit

12 https://www.youtube.com/watch?v=sZBPCD-pL0Y

13 https://www.gob.mx/covid19medidaseconomicas

14 Enfrentar los efectos cada vez mayores del covid-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones, CEPAL.

15 http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/Glosario/glosario.htm

16 http://www.conasami.gob.mx/def_prof_ofi_trab_esp_T.html

17 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/525061/Tabla_de_ salarios_m_nmos_vigentes_apartir_del_01_de_enero_de_2020.pdf

18 https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Visor_Geoespa-cial_ Pobreza_covid-19.aspx

19 https://politica.expansion.mx/voces/2020/07/15/los-pobres-primero-pero-al-pante on

20 https://www.gob.mx/stps/prensa/historias-de-jovenes-construyendo-el-futuro-insp iran-serie-documental

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

ESTRATEGIA CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA RECUPERACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA Y RECONSTRUIR SISTEMAS ALIMENTARIOS MÁS RESILIENTES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la SHCP y la Sader sobre el refuerzo de una estrategia con base en inversiones agrícolas sostenibles en los planos económico, social y ambiental, a fin de contribuir a la mitigación y recuperación de los efectos de la actual pandemia y reconstruir sistemas alimentarios más resilientes, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes

Consideraciones

Uno de los principales riesgos del covid-19 sobre las condiciones de la salud pública es la aceleración del contagio entre personas, lo que ha provocado una rápida trasmisión del coronavirus a nivel internacional. Desde el 30 de diciembre de 2019, cuando la República de China reportó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los casos de neumonía, la propagación del covid-19 se dio rápidamente dentro de ese país y en otros de Asia, Europa y América. 1

La primera persona con covid-19 en México se detectó el 27 de febrero de 2020. Al 18 de marzo se habían confirmado 118 casos, se habían descartado 787 y se tenían 314 bajo estudio; asimismo, se notificó la primera defunción. 2

“En América Latina y el Caribe se espera la mayor crisis económica y social del último siglo con motivo de la pandemia del covid-19, previéndose una caída del producto interno bruto regional en un -9.1 por ciento en 2020”, informaron los organismos.

Aunado a lo anterior, a través de la declaración conjunta sobre el aumento de la inversión responsable en agricultura y sistemas alimentarios ante la crisis por covid-19, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), hicieron un llamado a que los países inviertan responsablemente en agricultura y sistemas alimentarios. 3

Lo anterior tendrá repercusiones negativas en la seguridad alimentaria y el estado nutricional de la población, derivado del desempleo y otras consecuencias de la pandemia.

Asimismo, se prevé que habrá 45 millones de personas más en situación de pobreza en la región de América Latina y el Caribe, llegando a un total de 230 millones de personas. La pobreza extrema también aumentará, con 28 millones de personas más en esta condición, para llegar a un total de 96 millones de personas. En este contexto de pobreza, en el que las personas no tienen los recursos para adquirir alimentos o adquieren aquellos más baratos y de menor valor nutricional, el riesgo de que aumenten los índices de desnutrición y malnutrición es inminente. 4

Por ello, tanto la FAO como el Parlatino han exhortado a los países a contribuir a la mitigación y recuperación de los efectos de la actual pandemia y reconstruir sistemas alimentarios más resilientes, promueven una recuperación “inclusiva y transformativa post-covid-19”, a través de inversiones agrícolas sostenibles, tanto a nivel económico, como social y medioambiental. 5

El presidente de Parlatino,  Jorge Pizarro, destacó que la crisis del covid-19 se ha convertido en una oportunidad para “replantear la manera en que funciona nuestra agricultura y sistemas alimentarios, a fin de adoptar medidas de recuperación que permitan reconstruir con igualdad las economías de todos los países de la región”. Además destacó que es necesario construir un modelo de desarrollo más participativo y más humano, construir sociedades más inclusivas, donde se garantice dignidad y calidad de vida. 6

En este sentido, la declaración dada a conocer por la FAO y el Parlatino tiene como base diez principios para asegurar una inversión responsable en agricultura y sistemas alimentarios, es decir, los Principios CSA-IAR.

Estos principios fueron creados por la plataforma internacional Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), y son aplicables a todo tipo de inversión agrícola, sin importar su tamaño.

“Dada la relevancia del sector agroalimentario para la economía, la generación de empleo y la seguridad alimentaria, es urgente aumentar inversiones que respondan a la crisis derivada del covid-19 y fortalezcan dicho sector”. 7

“El desarrollo inclusivo y sostenible, contribuyendo a reconstruir con igualdad las economías de todos los países de la región, apoyando la capacidad de resiliencia de las comunidades y manteniendo operativa la producción de alimentos y sus cadenas de suministro”. 8

La FAO y el Parlatino externaron sus recomendaciones hacia el fortalecimiento de la agricultura y los sistemas alimentarios en la región. Entre ellas se encuentra el mantener un entorno normativo, jurídico, reglamentario e institucional propicio para impulsar inversiones agrícolas públicas y privadas. 9

También pidieron no dejar de lado a los más vulnerables y desarrollar protección social y servicios de salud para garantizar el acceso a la salud a las familias rurales en pobreza.

Recomiendan fortalecer la inversión y tener un financia-miento responsable hacia políticas públicas de asistencia técnica y promoción de sistemas comunitarios de agua y saneamiento. Además, instan a promover el acceso a los mercados, la infraestructura y los mecanismos innovadores de distribución de alimentos.

Los agricultores son los principales inversores del sector agrícola, y dado que están particularmente expuestos a los efectos de la pandemia debido a las restricciones de movimiento, es urgente tomar medidas para evitar su descapitalización.

Es por ello que presento el presente exhorto para que se refuerce una estrategia con base en inversiones agrícolas sostenibles, tanto a nivel económico, como social y medioambiental, con el fin de contribuir a la mitigación y recuperación de los efectos de la actual pandemia y reconstruir sistemas alimentarios más resilientes.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se invierta responsablemente en agricultura y sistemas alimentarios, por lo que me permito proponer, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a que refuercen una estrategia con base en inversiones agrícolas sostenibles, tanto a nivel económico, como social y medioambiental, con el fin de contribuir a la mitigación y recuperación de los efectos de la actual pandemia y reconstruir sistemas alimentarios más resilientes.

Notas

1 Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Legislatura LXIV, 20-Marzo-2020.

2 Martínez Soria, Jesuswaldo, Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del covid-19, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Legislatura LXIV, 20-Marzo-2020.

3 Para salir de la crisis, hay que invertir en agricultura, México Social La Cuestión Social en México, consultado por última vez el 26 de agosto de 2020 en

www.mexicosocial.org/para-salir-de-la-crisis-hay-que-invertir-en -agricultura/

4 Ibídem.

5 Para salir de la crisis, hay que invertir en agricultura, México Social La Cuestión Social en México, consultado por última vez el 26 de agosto de 2020 en

www.mexicosocial.org/para-salir-de-la-crisis-hay-que-invertir-en -agricultura/

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

SE AGILICE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONDICIÓN DE ORFANDAD POR FEMINICIDIO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a agilizar la implantación del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, con información de las 32 entidades federativas, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las violencias hacia la mujer inadmisiblemente ha sido una constante histórica humana, esta se hace presente para las mujeres en sus diferentes modalidades y manifestaciones, no distingue condición social o económica, ni tampoco edades o características étnico raciales.

La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. 1 Al respecto, los siete supuestos del feminicidio expresan puntualmente el ejercicio de la violencia cometida contra una mujer.

Esta acción atroz, es una problemática humillante para las personas, una de las expresiones más denigrantes de la dignidad humana y una de las variables que constituyen la seguridad humana y la paz pública de los países. Hablar de feminicidio es aterrizar en un terreno histórico que está en constante actualización estadística y que involucra a diferentes poderes y a los tres órdenes de gobierno para inhibir, combatir y erradicar dicho delito.

El feminicidio en México recibió la atención pública a partir de los crímenes ocurridos en la década de los años 90 en la frontera norte, Ciudad Juárez, Chihuahua, la aparición de decenas de cuerpos de mujeres estremeció al país y al mundo entero, no obstante, desde hace 30 años, no solo en esa entidad, sino en otras entidades de México, las investigaciones abiertas por este delito han ido en aumento.

La impunidad y la falta de protección a las mujeres por parte de las autoridades en el poder judicial ha derivado en una mayor exigencia pública para contar con personal especializado, debidamente capacitado y comprometido con la igualdad de género y con la justicia. Actualmente y de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo, en promedio son asesinadas entre 10 y 11 mujeres cada 24 horas. 2

Existe un enorme desafío para las autoridades en la materia, a continuación se representa la curva ascendente que prevalece en los registros que proporcionan las Fiscalías y Procuradurías locales y que se incorporan a la estadística nacional a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las cifras revelan el número de carpetas de investigación de cinco años anteriores a la fecha, es decir, de 2015 a 2020, ya que es el periodo de tiempo que la institución reporta. En los gráficos puede visualizarse que el número de delitos por feminicidio en el país aumentaron a más del doble, en un lustro, así como entidades con más incidencia y rangos de edad.

La misma fuente de información menciona al corte del mes de junio de 2020 el acumulado nacional es de un total de 473 presuntos delitos de feminicidio, siendo las entidades: estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León, Puebla, Jalisco y Morelos. 3 Las más peligrosas para las mujeres en la actualidad.

En este gráfico anterior se muestra que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero de 2015 a mayo de 2020, la mayoría de las víctimas de feminicidio tenían más de 18 años encontrándose en edad reproductiva, lo cual nos lleva a cuestionarnos: ¿Cuántas de esas mujeres asesinadas pudieron dejar en orfandad y vulnerabilidad a sus hijos? No hay números concretos que den respuesta a esta pregunta.

En la mayoría de las ocasiones el feminicidio supone una doble tragedia, ya que no solo se trata de la pérdida de una mujer sino el hecho doloroso de una cantidad incierta de menores desamparados sin las protecciones mínimas del Estado para continuar con su desarrollo.

Ante esta ola de asesinatos y feminicidios de mujeres por condición de género, es evidente que las medidas que se han tomado desde los gobiernos anteriores, son ineficaces, las alertas de género no están cumpliendo su objetivo aunado a que es de gran importancia visibilizar el aumento exponencial de los feminicidios ocurridos en todo el país, pero también de las víctimas indirectas de este fenómeno.

El actual gobierno de México se encuentra bajo el escrutinio ante este fenómeno de antecedentes trágicos y dolorosos para las familias, no obstante, la diferencia ante un problema que prevalece hasta nuestros días radica en la forma en que se realicen las políticas públicas, se diseñan programas para su atención y se diseñe un plan interinstitucional.

Los huérfanos por crimen organizado y feminicidio han estado excluidos de las protección social y humana del Estado, ante la situación que se vive actualmente, nuestra niñez mexicana requiere del apoyo de las instituciones, al encontrarse en estado de vulnerabilidad y padece diversas carencias.

Ante esta emergencia nacional, el gobierno federal en coordinación con diferentes instituciones, y a fin de garantizar los derechos de la infancia, el pasado 20 de julio, del presente año, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), presentaron el avance del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio (PNNAOF), el cual busca garantizar el acceso a la justicia a las víctimas a través  de la prestación de servicios diferenciados y especializados de ayuda inmediata, asistencia y atención por parte de las instituciones que tienen ese mandato legal”. 4

En la presentación se mencionó que el protocolo incluye el derecho a la protección, a la ayuda, a la asistencia, la atención, la restitución integral y el acceso a la justicia.

En el comunicado oficial del gobierno de México se informó que en el protocolo solo se incluyeron 976 casos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio ocurridos en 2019, asimismo que únicamente 26 entidades federativas aportaron información relacionada con el estatus de la niñez en orfandad, a pesar de que esta problemática en México data de la década de los noventa en Ciudad Juárez, Chihuahua 5.

Sin duda la presentación de este protocolo representa un gran avance ante el abandono de menores en situación de orfandad por feminicidio por más de dos  décadas, y como menciona la persona titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, “este protocolo nos ha servido para conocer lo que necesitan las niñas y los niños huérfanos por feminicidio, y cómo nuestras instituciones se pueden transformar de tal manera que puedan dar una respuesta.” 6

Pero es necesario trabajar en una base de datos nacional con la cantidad total de las víctimas indirectas, es decir los menores que se han quedado en situación de orfandad, y que contenga información por cada una de las 32 entidades federativas.

Y aunque en 2019 el presidente de la República anunció qué para mayo de 2020, sería presentado un registro de victimas indirectas, particularmente menores de edad que eran dependientes de mujeres asesinadas, actualmente es un pendiente que no debe demorar, es de máxima importancia que se presente una versión actualizada para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es apremiante que sea recabada la información total de manera integral a fin de presentar un protocolo acorde a las necesidades de todos esos menores en orfandad y lo más pronto posible, significa un rezago institucional el que las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia, contengan exclusivamente información de cinco años atrás, y de 26 de 32 entidades federativas. Todos los menores que no están contabilizados merecen ser atendidos como víctimas de la violencia, es parte de la nueva política humana que busca el gobierno de la cuarta transformación.

Es fundamental su colaboración pues una de las principales problemáticas parte de que no existe una ley que obligue a los estados a llevar un registro de niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio, por lo que cada entidad tiene la facultad de establecer sus reglas de aplicación, decidir cómo trabajarán sus comisiones y realizar los registros que crean pertinentes, sin embrago esto no es una justificación para no tener un registro actualizado en la materia y contribuir a la construcción  de un registro general.

Es deber del Estado hacer valer lo establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que menciona que el Estado velará un cumplirá con el interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, otorgando facilidades a los particulares para que contribuyan al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Como integrantes de la legislatura de la paridad de género, reafirmamos nuestro compromiso con la niñez mexicana valorando la importancia de apostar a una vida digna hacia este sector, ya que las niñas, niños y adolescentes significan el futuro de nuestro país. Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación del gobierno de México a agilizar la implementación del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio en el que se incluya información de las 32 entidades federativas del país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación del gobierno de México a incluir en el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio el padrón completo de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio.

Notas

1 https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-el-feminicidio-y-como-identificarlo ?idiom=es

2 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/hay-entre-10-y-11-femini-cidios-cada-24-h oras-en-mexico-pese-contingencia#:~: text=Especiales-,Hay%20entre%2010%20y%2011%20feminicidios%20cada,en%20M%C3%A9xi co%20pese%20a%20contingencia

3 https://drive.google.com/file/d/1wG6qya31zzz4m1YUgowZWSSH0z-748HDt/view

4 https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/07/20/en-2019-identifican-796- casos-de-menores-en-orfandad-por-feminicidio-1631.html

5 https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202007251092211288-mexico-lanza-pr otocolo-para-huerfanos-por-feminicidio-sin-consultar-a-las-familias/

6 https://www.gob.mx/inmujeres/prensa/las-ninas-ninos-y-adolescentes-en-orfandad- a-causa-del-feminicidio-estaran-protegidas-y-protegidos-por-el-estado-mexicano? idiom=es

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

SE ACELERE EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE QUIENES INTEGRAN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA REPÚBLICA

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los 32 gobiernos locales a acelerar el proceso de certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública para que todos obtengan en tiempo y forma el certificado único policial, a cargo de la diputada Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Irma María Terán Villalobos, diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Certificado Único Policial  (CUP) es el documento que acredita a los policías y oficiales de guarda y custodia del sistema penitenciario aptos para ingresar o permanecer en las instituciones de seguridad pública y que cuentan con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo. 1

El CUP es una herramienta establecida en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los artículos  41, fracción V, 85, fracción II y 88, inciso B, fracción II, conforme a los cuales para el ingreso y permanencia en las instituciones policiales, los aspirantes e integrantes deberán obtener y mantener actualizado su CUP.

Para obtener el CUP, los policías deben contar con resultado aprobatorio y vigente en los siguientes cuatro componentes:

1. Evaluación de control de confianza

2. Evaluación de competencias básicas o profesionales

3. Evaluación del desempeño o del desempeño académico

4. Formación inicial o equivalente

El CUP permite certificar que el personal que integra las instituciones de seguridad pública tenga el perfil, los conocimientos, la experiencia, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de sus funciones.

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en cumplimiento al acuerdo CNSP 13/XXXIX/15, en su cuadragésima sesión ordinaria, celebrada el 30 de agosto de 2016, aprobó los lineamientos para la emisión, desarrollo e implementación del Certificado Único Policial y acordó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) los publicara en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anterior, el 9 de diciembre de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos para la emisión del Certificado Único Policial, en cuyo artículo tercero transitorio se dispuso que las instituciones de seguridad pública, en un plazo de tres años, contados a partir de la entrada en vigor de los presentes lineamientos, deberán cumplir los requisitos para que sus integrantes obtengan el CUP, por parte de los Centros de Evaluación y Control de Confianza.

El plazo de tres años vencía en septiembre de 2019. Sin embargo, al 30 de junio del mismo año, sólo 33.16 por ciento (equivalente a 36,436) de elementos de las entidades federativas estaban en posibilidad de obtener el CUP. 2 La falta de CUP daría lugar a la separación del cargo.

Ante la falta de obtención del CUP por el 100 por ciento de los policías y oficiales de guarda y custodia del sistema penitenciario de las entidades federativas, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en su cuadragésima cuarta sesión ordinaria, celebrada el 8 de julio de 2019,  aprobó el acuerdo 08/XLIV/19 con el cual se autorizó la prórroga de plazo de vigencia de las evaluaciones de control de confianza, instruyendo al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que, por conducto del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, llevara a cabo la reforma correspondiente al artículo tercero transitorio de los lineamientos para la emisión del Certificado Único Policial, a fin de modificar el plazo establecido para que las instituciones de seguridad pública cumplan los requisitos para la expedición del CUP a todos sus integrantes, debiéndose ampliar el término a dieciocho meses contados a partir del 10 de septiembre de 2019 y se publique en el DOF.

Dicha publicación se llevó a cabo el 17 de julio de 2019 3 y con la prórroga de 18 meses el plazo para que las instituciones de seguridad pública cumplan los requisitos para que sus integrantes obtengan el CUP, vence en marzo de 2021.

La emisión del CUP otorga a la sociedad la certeza de que los elementos de sus instituciones policiales fueron capacitados y evaluados, conforme a las competencias requeridas para desempeñar su función de acuerdo con estándares de calidad que demanda la sociedad.

En virtud de que el CUP acredita que el servidor público resultó aprobado para ingresar o permanecer en las instituciones policiales y que cuenta con las competencias necesarias para el desempeño de su cargo, resulta preocupante que al 31 de diciembre de 2019, sólo: 56 mil 206 (43.43 por ciento) elementos estaban en posibilidad de obtener el CUP, según datos del SESNSP. 4

A cerca de un año de que se autorizó la prórroga para que todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública obtuvieran el CUP, sólo el estado de Querétaro ha cumplido al 100 por ciento con la certificación de sus elementos dentro del límite establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Colima está cerca de lograrlo, ya que el 98 por ciento de su plantilla obtuvo certificado. Les siguen Campeche con 93 por ciento aprobatorio, Durango con 88 por ciento y Aguascalientes con 86 por ciento, aunque algunas otras entidades federativas están mucho más atrasadas. 5

De acuerdo con información disponible del total de policías estatales solo el 50.48 por ciento tiene el CUP. Es decir, que de un universo de 124 mil 767 elementos, solo 62 mil 975 cuentan con las aptitudes elementales para realizar su labor. 6

El estado con más atraso en su certificación policial es Baja California Sur, pues solo el 16 por ciento de sus elementos tiene el CUP. Le siguen Puebla y Ciudad de México con 24 por ciento, Tamaulipas con 32 por ciento y Zacatecas con 38 por ciento.

A ocho meses de que venza el plazo establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, resulta urgente que las policías estatales aceleren el proceso para certificar a sus policías y poder dar cumplimiento a la prórroga establecida.

Algunos gobiernos estatales como Baja California Sur, Puebla, Ciudad de México, Tamaulipas y Zacatecas deben reconocer que tienen un severo retraso en la certificación de sus policías.

El CUP tiene como objetivo garantizar que las mexicanos y mexicanos cuenten con policías confiables, preparadas y preparados con profesionalismo y honradez.

La certificación de los elementos de las instituciones de seguridad pública es un mandato constitucional, desde el 18 de junio de 2008, fecha en que se reformó el artículo 21 constitucional para establecer que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas, entre ellas, la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

El CUP es requisito de ingreso y permanencia para los integrantes de las instituciones policiales, donde las evaluaciones de control de confianza, de competencias básicas y del desempeño son fundamentales para garantizar la formación de elementos competentes, que desempeñen su función de seguridad pública, de acuerdo a los más altos estándares de actuación profesional.

Las y los mexicanos necesitamos contar con policías profesionalizados y confiables que cumplan en primera instancia con lo dispuesto por la Constitución Federal y las leyes aplicables, pues son quienes atienden las necesidades de seguridad de la población.

La seguridad pública es una condición necesaria para garantizar la calidad de vida y prosperidad económica del país y dentro del estado la policía es el principal organismo encargado de proveerla.

En este sentido, contar con policías certificados en todas las entidades federativas ayudará a que la sociedad confíe en sus gobiernos al contar con elementos policíacos que tengan los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.

Ante la grave realidad de que del total de policías estatales del país, solo el 50.48 por ciento tiene el CUP, se propone exhortar respetuosamente a las personas titulares de los gobiernos de las 32 entidades federativas para que aceleren el proceso de certificación de quienes integran sus instituciones de seguridad pública, a fin de que todos sus elementos obtenga, en tiempo y forma, el Certificado Único Policial, de conformidad con el artículo tercero transitorio de los lineamientos para la emisión del Certificado Único Policial.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al sistema federal, exhorta a las personas titulares del poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas para que aceleren el proceso de certificación de quienes integran sus instituciones de seguridad pública, a fin de que todos sus elementos obtengan, en tiempo y forma, el Certificado Único Policial, de conformidad con el artículo tercero transitorio de los lineamientos para la emisión del Certificado Único Policial.

Notas

1Artículo 1 de los lineamientos para la emisión del Certificado Único Policial.

2 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/MOFP_30_junio_2019.pdf

3 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565946&fecha= 17/07/2019

4 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/doc/MOFP_31_diciembre_2019. pdf

5 https://www.reporteindigo.com/reporte/certificacion-de-policias-a-paso-lento-si stema-seguridad-violencia-delincuencia/

6 https://www.reporteindigo.com/reporte/certificacion-de-policias-a-paso-lento-si stema-seguridad-violencia-delincuencia/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Irma María Terán Villalobos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

SE REVISE Y AMPLÍE LA OFERTA DE ACTIVIDAD LABORAL Y CAPACITACIÓN EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS Y SE CELEBREN CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos federal y estatales a revisar y ampliar la oferta de actividad laboral y capacitación en los centros penitenciarios y celebrar convenios con el sector privado para comercializar los productos y las artesanías elaborados por reclusos, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada Nayeli Salvatori Bojalil, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2017, dan a conocer las cifras de aquel momento, señalan que en México existían 267 establecimientos penitenciarios estatales registrados al cierre de 2016, mismos que estaban distribuidos de la siguiente manera: 92 recintos para hombres, 17 femeniles, 157 mixtos y un centro de alta seguridad para delitos de alto impacto, albergando a 188 mil 262 personas privadas de su libertad. Para 2018 el Censo referido muestra que existen 255 establecimientos penitenciarios a los cuales ingresaron 99 mil 445 personas.

Por su parte, el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional reporta que hasta el mes de junio de 2020 existen 295 establecimientos penitenciarios, de los cuales 263 pertenecen a los gobiernos estatales, 13 al gobierno de la Ciudad de México y 19 al gobierno federal, en cuanto a la población privada de su libertad reporta que 198 mil 971 hombres y 11 mil 316 mujeres ingresaron a algún establecimiento penitenciario, es decir un total de 210 mil 287 personas.

Cabe destacar que el principal objetivo de estos centros penitenciarios es la reinserción social de la persona sentenciada mediante el trabajo, la capacitación, la educación, la salud, el deporte y el respeto a sus derechos fundamentales.

Muestra de ello es el análisis realizado por el Inegi titulado “Estadísticas del sistema penitenciario estatal en México”, donde se señala que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advierte que invertir en la reinserción social ayuda a reducir el número de personas que vuelven a delinquir, incrementando los niveles de seguridad en los países. Razón por la cual, es fundamental poner especial atención en los planes y estrategias de reinserción social de los sistemas penitenciarios.

De acuerdo con los resultados del análisis realizado por el Inegi, se muestra que en promedio histórico, 51 por ciento de las personas privadas de la libertad, ejercieron una actividad ocupacional. Mientras que sólo 29 por ciento estudió o recibió alguna capacitación. Y de 2011 a 2016, realizar alguna actividad ocupacional fue la principal elección de las personas internas 1.

A pesar de que la capacitación para el trabajo pretende brindar a las personas internas la posibilidad de obtener conocimientos y “tiene como propósito prepararlas para su integración o reintegración al mercado laboral una vez obtenida su libertad”, ya que por ley en México las modalidades existentes son: el autoempleo, las actividades productivas no remuneradas para fines del sistema de reinserción y las actividades productivas realizadas a cuenta de terceros, las cuales en ningún momento deben ser consideradas como medidas o correctivas o que atenten contra la dignidad de los reclusos, la realidad es que en los centros penitenciarios de nuestro país no se brinda a las personas internas una capacitación para el trabajo.

Una clara prueba de esto es lo reportado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2019 donde muestra que 66.67 por ciento de los Centros Estatales visitados, así como 13 de los 17 centros federales y las 3 prisiones militares tienen insuficiencias o carencias en lo que respecta a actividades laborales y de capacitación.

De acuerdo con el Censo del Inegi, en 2016, 97 por ciento de los centros penitenciarios estatales tenían espacios deportivos, 88 por ciento contaban con espacios físicos para impartir y o recibir talleres, 82 por ciento contaban con aulas escolares y 71 por ciento disponían de un espacio designado como biblioteca, como se muestra en la siguiente gráfica:

Como se observa, los espacios deportivos son los que más presencia tienen en las cárceles por lo que en consecuencia es previsible que las actividades que se impartan ahí dependan y se basen principalmente en la infraestructura disponible en ellas.

En este sentido, a partir de los resultados presentados por el Inegi y la CNDH luego del censo y diagnóstico en comento, se deduce que algunas de las causas por la que las personas reclusas no se interesen en la misma proporción por la capacitación laboral sean por la carencia de espacios para actividades relacionadas con la capacitación para el trabajo y que no se proporciona a la población reclusa una oferta de actividades que consideren útil para su futura vida en libertad. Razón por la cual es fundamental fomentar la creación de estos espacios lo cual ayudaría directamente a fomentar una reintegración social exitosa luego del cumplimiento de la pena de cada recluso.

En consecuencia, una reintegración exitosa, disminuirá que las y los delincuentes vuelvan a prisión y con ello, que crezca la población en las cárceles de nuestro país. De tal modo que una estrategia integral que incluya educación, capacitación laboral y un enfoque para la venta y distribución de las artesanías y artículos que se generen en las cárceles y centros penitenciarios provocará que no solo se incida en el aumento de la seguridad, sino que también se contribuya en la disminución del costo del sistema penitenciario 2

En este sentido, como legisladora, mujer y madre, es que me permito presentar esta proposición con punto de acuerdo, porque si bien, las mujeres no representan una mayoría en la población penitenciaria, sí configuran un grupo vulnerable dentro de la misma, ya que aún cuando estas mujeres hayan sido privadas de su libertad, y tengan restricciones a algunos derechos como por ejemplo el libre tránsito, y a votar y ser votadas en elecciones populares; es deber del estado garantizarles otros como lo son la salud, la educación, el deporte y el trabajo.

Como representantes populares debemos asegurar que existan mayores posibilidades de educación y de capacitación laboral para las personas privadas de su libertad que las ayuden a recuperar su autoestima y las hagan conscientes de que son capaces de salir delante por una vía legal.

En nuestro país, la Carta Magna establece que la finalidad de la pena privativa de libertad es la reinserción social a través del trabajo, la capacitación para el mismo, educación, salud, deporte y respeto a los derechos humanos, y a su vez, la Ley Nacional de Ejecución Penal regula, las bases de la reinserción social las cuales deberán contemplarse en el Plan de Actividades diseñado para las personas reclusas, en la cual se hace referencia a que durante la estancia de estos en las cárceles y centros penitenciarios, las personas tendrán acceso a actividades físicas y deportivas tienen el propósito de servir como esparcimiento y ocupación.

De igual forma, se menciona que respecto a la impartición de las actividades educativas, estas deben ser gratuitas, laicas, y en caso de ser indígena, se debe impartir la educación bilingüe, para que quienes sean partícipes de las mismas, puedan obtener grados académicos.

Desgraciadamente, en cifras presentadas por el Inegi, en 2016, se percibió que las actividades relacionadas con la certificación de habilidades laborales fueron de las que en menos centros impartieron a las personas recluidas: es decir, sólo 43 por ciento de los centros penitenciarios las ofrecieron certificación de habilidades laborales, y en menor grado, sólo el 33 por ciento, implementaron campañas de empleo. 3

En nuestro país, el artículo 18 de la Constitución, prevé en su segundo párrafo que “el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. 4

En cuanto a la regulación de los tratados internacionales México ha suscrito diversos instrumentos que se refieren a los derechos de las y los presidiarios, entre los que se encuentran:

- La Declaración Universal de los Derechos Humanos,

- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

- La Convención Americana sobre Derechos Humanos; y

- Los Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (ONU 1998);

- Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos.

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente celebrado en Ginebra en 1955. Que fueron posteriormente revisadas y actualmente conocidas como las “Reglas de Nelson Mandela” las cuales, establecen en la regla 106 que:

“Las mujeres privadas de su libertad constituyen un grupo particularmente vulnerable al aislamiento y a la desintegración familiar; en comparación con los hombres que cumplen una pena privativa ya que estos tienen visitas más frecuentes que las mujeres lo que lleva a perder paulatinamente el contacto con sus hijos y con el resto de sus familiares con las consecuencias sociales que esto representa. 5”

En el PES, estamos convencidos de que una correcta reinserción social de cualquier persona y con especial énfasis en las mujeres privadas de su libertad, es de suma importancia para la reconstrucción de los lazos familiares, a través de la formación educativa y el trabajo.

Además consideramos que no solo se debe garantizar una correcta reinserción social, sino que esta debe ser integral y debemos darle continuidad a la labor que ya se realiza en algunos de los centros penitenciarios, donde las y los reclusos realizan principalmente actividades relacionadas con carpintería, electricidad y artesanías, pero las cuales no son comercializadas en el exterior.

 Falta apoyar a que estas personas reclusas también puedan vender los productos que realizan durante su estancia en los centros penitenciarios de nuestro país. Con esto, estaríamos haciendo lo socialmente correcto y ayudando a que estas personas privadas de su libertad, estén en condiciones de generar ingresos propios que les permitan solventar sus necesidades básicas y las de sus familias.

Es urgente la búsqueda y creación convenios de colaboración entre el sector público y privado que ofrezcan alternativas de mercado para los productos elaborados por las personas reclusas y con ello, ayudarlas a recuperar la confianza en sí mismas, con una base de respeto y dignidad como seres humanos.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta a las personas titulares de los Poderes Ejecutivos de la federación y de las 32 entidades federativas, para que a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y sus homologas en las entidades federativas encargadas de los sistemas penitenciarios, con el fin de garantizar la reinserción social de las personas sentenciadas, a que:

a) Revisen y amplíen la oferta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo en los centros penitenciarios de su competencia.

b) Destinen recursos para dotar de la infraestructura necesaria a los centros penitenciarios, para que las personas reclusas puedan realizar dignamente actividades laborales y de capacitación para el trabajo.

c) Incentiven a las personas reclusas a participar en actividades laborales y de capacitación para el trabajo, poniendo énfasis en las mujeres.

En el ámbito de su competencia, celebren convenios de colaboración con el sector privado para ofrecer alternativas de mercado para la comercialización de los productos elaborados por las mujeres reclusas, a fin de estimularlas a recuperar la confianza en sí mismas, como forma de respeto a su dignidad.

Notas

1 http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wpcontent/uploads/2018/01/ en_numeros2.pdf

2 http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-content/uploads/2018/ 01/en_numeros2.pdf

3 http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-content/uploads/2018/01 /en_numeros2.pdf

4 https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de -los-estados-unidos-mexicanos

5 Comisión Estatal de Derechos Humanos, Nuevo León; “Estudio sobre la situación de las mujeres privadas de la libertad en Nuevo León”. Disponible en:

https://www.cedhnl.org.mx/imagenes/publicacionesespeciales/estud io_mujeres_privadas_de_la_libertad.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Nayeli Salvatori Bojalil (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

PROGRAMAS DE APOYO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE Y DESALOJADAS DE HOTELES O VIVIENDAS, DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar y sus homólogas locales a promover programas de apoyo para personas en situación de calle y las desalojadas de hoteles o viviendas debido a la emergencia sanitaria por covid-19; y acondicionar y operar espacios públicos como albergues, refugios urgentes o centros de atención de dicho grupo poblacional, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Claudia Báez Ruiz, diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La pandemia por el virus SARS-Cov-2 produjo problemas sanitarios, humanitarios y económicos a nivel mundial. Cada país impulsó medidas para evitar la expansión del covid-19 y para proteger su economía.

Sin embargo, la situación económica en México implica que cierta parte de la población pueda confinarse y seguir trabajando desde casa. Para otras, representa tener que salir, arriesgarse y seguir trabajando en sus comercios o empresas; en un panorama desalentador, hay personas que les disminuyeron el sueldo, perdieron empleo y cerraron negocios.

Segunda. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que el covid-19 hará que la tasa de desempleo en nuestro país alcance hasta 7.5 por ciento al cierre del año. Es decir, equivaldrá a 4.26 millones de desempleados mexicanos. Cifra mayor a la registrada en 2019. 1

Esta enorme cantidad trae consigo miles de posibilidades de que la gente modifique bruscamente su condición de vida. Prueba de ello, es la población se queda sin hogar derivado de la situación económica por el confinamiento.

Tercera. De la misma suerte las personas que se encuentran en situación de calle han sido un sector impactado por la pandemia. No obstante, lo anterior las autoridades no han puesto atención en este sector.

Cuarta.  La Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México  señaló en 2017 que 6 mil 754 personas  forman parte de la población callejera en la capital. 2 Sin embargo, estos datos no están actualizados a la situación que se vive en el país.

Esto implica un desfase atroz de la realidad con los datos de las dependencias gubernamentales. En otras palabras, existen personas de toda la República Mexicana que se quedaron sin trabajo y perdieron su vivienda derivado de la situación que atraviesa el país por la contingencia sanitaria y que se omiten dentro de las estadísticas oficiales.

Quinta.  De la misma forma es necesario poner atención de la situación que atraviesan las personas que se vieron forzados a abandonar su hogar o bien el lugar donde pernoctaban por la crisis económica que produjo la contingencia nacional.

Un ejemplo claro es el trabajo de campo que realizó la asociación civil “El Caracol” que encontró que por lo menos 150 personas que pagaban al día un hotel, posada o cuarto, se quedaron sin esta posibilidad porque el hospedaje cerró o porque se quedaron sin ingresos para la renta y no tuvieron opción más que irse a vivir a las calles. Se estima que solo en la capital del país hay una población de más de 7 mil personas que se quedaron sin hogar por esta situación, sumándole todas a aquellas que perdieron su techo al interior de la República. 3

Si bien hay lugares como albergues para estos efectos, en estos momentos ya resultan insuficientes, además que no se han impulsado ningún tipo de apoyo o programa para estas personas.

Información oficial arroja que, en los programas y acciones institucionales emergentes por la emergencia sanitaria, se ha destinado presupuesto a nivel federal y local entre las diversas instancias. Se trata de apoyos a micro empresas, personas de bajos recursos, comerciantes informales, beneficiarios de otros programas sociales, estudiantes, entre otros. Pero ningún tipo de apoyo para las personas en situación de calle o para quienes tuvieron que abandonar hoteles, viviendas o lugares donde pernoctaban.

Por lo expuesto, la suscrita somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar federal, y a sus homólogas en las entidades federativas, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, promuevan programas de apoyo para personas en situación de calle y para quienes fueron desalojados de hoteles o viviendas derivado de la emergencia sanitaria del virus SARS-Cov-2, así como para que habilite y opere espacios públicos en función de albergues, refugios emergentes o centros de atención para la población en esta situación.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar federal, y a sus homologas en las entidades federativas para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente medidas precautorias tendientes a impedir que se propague el virus SARS-Cov-2, así como salvaguardar el estado físico de la población que se encuentre alojada en albergues y refugios.

Notas

1 El Heraldo de México. (2020, 7 julio). covid-19 dejará más de 2.2 millones de desempleados en México: OCDE.

https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/covid-19-dejara-mas-de-2- 2-millones-desempleados-mexico-ocde-crisis-empleo-mercado-laboral/

2 Montañez, R. (2020, 19 julio). ¿Cómo es perder la casa y empleo en México por covid? El Diario de Yucatán.

https://www.yucatan.com.mx/mexico/como-es-perder-la-casa-y-emple o-en-mexico-por-covid

3 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/de-61-progra-mas-por-covid-19-e n-cdmx-ninguno-es-para-indigentes-5270394.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

SE FORTALEZCAN LAS MEDIDAS SANITARIAS PARA SALVAGUARDAR LA SALUD DE LOS TRABAJADORES ELECTORALES EN HIDALGO Y COAHUILA

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INE y los organismos públicos locales electorales de Hidalgo y Coahuila a fortalecer y actualizar las medidas sanitarias para salvaguardar la salud de los trabajadores, de ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla y de votantes en los respectivos comicios frente a la emergencia sanitaria por el covid-19, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Claudia Báez Ruiz, diputada de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario Encuentro Social con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 30 de julio el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las elecciones de Hidalgo y Coahuila, previstas para el 7 de junio, pospuestas por un repunte del covid-19, se celebrarán el domingo 18 de octubre. 1

Las elecciones que se realizarán en Hidalgo y Coahuila conllevan una gran responsabilidad frente a la pandemia en razón que se deben de garantizar dos derechos e manera primigenia a la salud y los derechos político electorales.

Estos procesos electorales servirán como, antecedente para las elecciones que se realizarán en 2021, en razón que, como lo han señalado las autoridades sanitarias, la pandemia se alargara durante un periodo más amplio de lo que se esperaba.

Las elecciones de Hidalgo y Coahuila serán parteaguas para futuras elecciones en donde tengamos un escenario con problemas similares al que vivimos actualmente.

Las autoridades electorales federal y locales deben de como prioridad salvaguardar la integridad y la salud de los trabajadores electorales, funcionarios de casilla y los ciudadanos votantes. En ese contexto se deben de cuidar los protocolos sanitarios de principio a fin, desde los actos preparatorios de los procesos electorales hasta el día de la jornada electoral.

Las autoridades electorales deberán emplear una estrategia que vaya más allá de la convencional para que el proceso electoral se llevé a cabo sin contratiempos.

El Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales deberán de promover cualquier tipo de herramientas que hagan del conocimiento de los protocolos de medidas sanitarias que se implantaran en esas elecciones, desde el uso de redes sociales, hasta la capacitación online, con el fin de evitar en lo posible el contacto físico, entre quienes participan en este proceso electoral.

Con el fin de evitar rebrotes y ayudar a incrementar el número de contagios, se deben seguir todos los protocolos y medidas sanitarias que dicten las autoridades de salud.

Los procesos electorales que se desarrollan en México, implican una serie de actos que en esencia pudieran poner en riesgo la salud de quienes participan en ellos. Las reuniones de los órganos colegiados es un claro ejemplo, de un punto vulnerable en el cual existe la posibilidad de generarse algún contagio, la concurrencia en lugares cerrados de un número de personas sin las condiciones suficientes de seguridad podría dar lugar a la propagación entre los asistentes, por lo que resulta necesario que dichas reuniones se realicen en espacios abiertos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un comunicado reconociendo que la transmisión aérea del coronavirus es posible, principalmente en “ciertos lugares cerrados, tales como restaurantes, clubes nocturnos, lugares de rezo u oración, zonas de trabajo donde la gente estaba gritando, hablando o cantando”. Inclusive, (por sus términos en inglés, refiriéndose a las “Tres concentraciones”) para denotar lugares y situaciones de alto riesgo. Closed spaces (espacios cerrados), crowded places (lugares con mucha gente) y close-contact settings (situaciones con contactos cercanos). La suma de dos de esas C (espacios cerrados más lugares con mucha gente) reflejan la aerotransmisión viral. 2

Por ello, el uso de cubre bocas, caretas, guantes, gel antibacterial, lavado de manos, sana distancia, sanitización de casillas y entre otras son protocolos que han ayudado en países como Mali, Singapur, República Dominicana, algunos estados de Estados Unidos, Corea, Francia o Polonia. 3

En Corea del Sur se llevaron elecciones legislativas este año en medio de la pandemia y entre las medidas de prevención de contagios, el día de la jornada electoral, temperatura se midió en la entrada de los colegios electorales para todos los votantes que también debían usar una máscara. Las personas con fiebre iban a una cabina de votación especial que se desinfectaba después de cada uso. Los votantes también debían ponerse guantes de plástico después de frotarse las manos con gel hidro-alcohólico y no debían pararse a menos de un metro de los demás. 4

Otro ejemplo es República Dominicana, que eligió presidente. Las elecciones habían sido pospuestas desde el 17 de mayo hasta el 5 de julio, justo el día en que el país registró una cifra récord de casos de contagio diarios con mil 241. Las medidas fueron la obligación de portar mascarilla, higienización de manos a la entrada de los recintos electorales, distanciamiento de dos metros marcado en el piso, y la desinfección de las superficies y los lápices. 5

Si bien el Instituto Nacional Electoral ha emitido algunos protocolos de medidas sanitarias para las elecciones próximas, ha habido pronunciamientos de la OMS que reconoció que existe “evidencia emergente” de la posible transmisión del coronavirus por aire, luego de que un grupo de científicos pidió al organismo a actualizar sus guías respecto a cómo se transmite la enfermedad. Además, la institución alertó que la pandemia está lejos de terminarse. “No se puede descartar la posibilidad de una transmisión por vía aérea en lugares públicos, sobre todo en condiciones muy específicas de lugares abarrotados, cerrados y mal ventilados que han sido descritos. No obstante, se tienen que reunir las pruebas e interpretarlas”, señaló en una conferencia Benedetta Allegranzi, jefa técnica de prevención y control de enfermedades de la OMS. 6

De todo lo anterior resulta necesario actualizar y fortalecer los protocolos de seguridad sanitaria para trabajadores electorales, funcionarios de casilla y personas que votaran en la elección próxima.

Por ello, se proponer exhortar al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales electorales para fortalecer y actualizar los protocolos sanitarios para el proceso electoral de 2020 y que servirá como referencia para 2021 y así salvaguardar los derechos político electorales y de salud de quienes participen en el proceso electoral de dichas entidades.

Por lo expuesto, la suscrita somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos locales electorales de los estados de Hidalgo y Coahuila, para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan y actualicen los protocolos y las medidas sanitarias para salvaguardar la salud de los trabajadores electorales, ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla y ciudadanos votantes que participarán en las elecciones de esas entidades, frente a la emergencia sanitaria por el virus del covid-19.

Notas

1 https://www.milenio.com/politica/ine-martin-faz-elecciones-coahuila-hidalgo

2 https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/08/12/ covid-19-estrategias-de-ventilacion-y-desinfeccion-de-lugares-cerrados-para-evi tar-contagios/

3 https://politica.expansion.mx/voces/2020/08/03/la-emergencia-sanita-ria-y-el-de recho-al-voto-elecciones-en-coahuila-e-hidalgo

4 https://www.dw.com/es/surcoreanos-votan-en-legislativas-bajo-dr%C3 %A1sticas-medidas-sanitarias/a-53127986

5 https://www.latercera.com/mundo/noticia/elecciones-en-pandemia-las-medidas-que- toman-los-paises/MMUS2FFU2JAMZLASS 23MMELXP4/

6 https://latinus.us/2020/07/07/hay-evidencia-covid-se-transmite-por-aire-oms/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

PROGRAMAS DE DESCUENTOS, PRÓRROGAS, DIFERIMIENTOS DE PAGOS Y CONDONACIONES POR SUMINISTRO DE AGUA

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los organismos operadores de agua en los estados y municipios a promover programas de descuentos, prórrogas y diferimiento y condonaciones en el pago por suministro a la población para apoyar la economía y garantizar el abastecimiento, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Claudia Báez Ruiz, diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Por ello, su suministro y abastecimiento del agua es de suma importancia para la población y así garantizar su salud.

Por lo expuesto, la suscrita somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo en los siguientes términos:

La pandemia que ha azotado al mundo ha generado estragos en la actividad económica que han impactado de manera importante el ámbito económico, laboral y familiar.

Las medidas sanitarias que se impulsaron en el primer trimestre del año y que tuvieron como fin el aislamiento en casa de las personas trabajadores ocasionaron aproximadamente la  pérdida de 12.5 millones de empleos.

Encuesta realizada por la empresa consultora Gabinete de Comunicación Estratégica señala que por lo menos siete de cada 10 mexicanos consideran que la emergencia sanitaria debido a la pandemia del coronavirus covid-19 afectó ya su economía familiar.

De estas afectaciones económicas, el 86.5 por ciento está relacionado con cuestiones laborales (26.2 por ciento), menores ingresos (24.9 por ciento), situación económica general (18.6 por ciento), incremento de precios (9.1 por ciento) y reducción de ventas en comercios (7.7 por ciento). 1

De igual manera la UNICEF ha señalado que los hogares con niños y adolescentes en México vieron sus ingresos reducidos en 73.5 por ciento de febrero a mayo de este año mientras que los hogares sin niños en 57.9 por ciento. Sólo 3 de cada 10 hogares con niñas, niños o adolescentes reciben apoyo de algún programa gubernamental de bienestar. Christian Skoog, funcionario de la UNICEF, ha señalado la preocupación que en un contexto en el que los ingresos familiares en general se están viendo afectados negativamente a lo largo y ancho de México, las familias con menores de edad sean las más perjudicadas debido al alto nivel de vulnerabilidad tanto en lo referente a alimentación como a salud y seguridad que ya padecían millones de niños, niñas y adolescentes en el país antes de la pandemia y que podrían agravarse si no se actúa con rapidez y eficacia inmediatas. 2

Si bien el gobierno federal ha impulsado algunas medidas para paliar el impacto económico en los bolsillos de las familias, estos no han sido suficientes. No obstante, lo anterior, es de señalar que los gobiernos locales y municipales también pueden participar de manera activa para apoyar y evitar aminorar la economía de las personas, esto es, a través de programas y apoyos para las familias mediante los cuales se puedan realizar descuento o en su caso la condonación del pago por suministro de agua, a fin de mantener de manera constante el servicio.

Aunado a lo anterior, ONU-Hábitat ha señalado que el acceso a servicios de agua potable y saneamiento es fundamental para detener la propagación y reducir el impacto de covid-19 en entornos urbanos. Las necesidades de agua, saneamiento e higiene de las personas que viven en asentamientos informales y barrios marginales requieren atención específica. 3

De la misma manera es indispensable maximizar el acceso al agua potable, especialmente para las comunidades vulnerables. Mantener, cuando sea posible, la continuidad del servicio de agua, el tratamiento adecuado y la consideración de accesibilidad para todos, asegurando que la asequibilidad nunca sea una barrera. Para áreas no atendidas, se pueden tomar medidas temporales para facilitar el acceso al agua potable o para facilitar el tratamiento del agua en el hogar. Sin acceso a agua potable, las personas corren un mayor riesgo de contraer otras enfermedades transmitidas por el agua y, por lo tanto, son más susceptibles a enfermarse gravemente si se infectan con covid-19. 4

En tal contexto, con la presente propuesta, se pretende exhortar a los organismos operadores de agua en las entidades federativas y municipios, a fin de impulsar y promover programas de descuentos, prorrogas, diferimientos de pagos y condonaciones en el pago del servicio por suministro de agua.

Con estas acciones se pretende enfrentar dos de las problemáticas que aquejan a una gran parte de las familias, el garantizar el suministro de agua y el de aminorar el impacto en detrimento de la economía de las familias.

Es necesario que desde el gobierno se envíen mensajes positivos para ampliar los programas y apoyos de protección social y bienestar para los hogares mexicanos, con la finalidad de garantizar el acceso a los servicios, así como para dar incentivos a las familias y que tengan la capacidad de hacer frente a la problemática que atraviesa el país.

Por lo expuesto, la suscrita somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo en los siguientes términos:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los organismos operadores de agua en las entidades federativas y municipios para que, en el ámbito de sus competencias, promuevan programas de descuentos, prorrogas y diferimientos de pagos y condonaciones en el pago por suministro de agua a la población, a fin de apoyar la economía y garantizar el servicio de abastecimiento del vital líquido.

Notas

1 https://politica.expansion.mx/mexico/2020/04/15/7-de-cada-10-mexi-canos-dicen-q ue-el-covid-19-ya-afecto-su-economia

2 https://coronavirus.onu.org.mx/unicef-covid-19-impacta-mas-a-hoga-res-con-ninos -y-adolescentes

3 https://onuhabitat.org.mx/index.php/agua-saneamiento-y-covid19

4 https://onuhabitat.org.mx/index.php/agua-saneamiento-y-covid19

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

SE GARANTICE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE MANERA CONTINUA Y SUFICIENTE

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conagua y los respectivos organismos operadores en los estados y municipios a garantizar a la población el suministro continuo y suficiente de agua potable, como insumo vital para la subsistencia humana y cumplir así las medidas de higiene ante la contingencia sanitaria por el SARS-Cov-2, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Claudia Báez Ruiz, diputada de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario Encuentro Social con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 28 de julio de 2010, a través de la , la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para garantizar los derechos humanos. La resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. 1

El abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico. Estos usos incluyen de forma general el agua de beber, el saneamiento personal, el agua para realizar la colada, la preparación de alimentos, la limpieza del hogar y la higiene personal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para garantizar que se cubren las necesidades más básicas y surgen pocas preocupaciones en materia de salud. 2

El 8 febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma mediante la cual se elevó a rango constitucional el derecho humano de acceso al agua, el artículo 4to constitucional en su parte conducente señala que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Ante la contingencia sanitaria declarada en marzo del presente año, y la cual fue provocada por el coronavirus, el acceso al agua se volvió vital, en razón que una de las medidas indispensables para inhibir los contagios es la higiene personal, y así evitar la propagación del virus.

Expertos de la ONU han señalado que lavarse las manos con jabón y agua limpia es vital en la lucha contra el covid-19, los gobiernos de todo el mundo deben proporcionar un acceso continuo a suficiente agua a las poblaciones que viven en las condiciones más vulnerables. De la misma forma señalaron que la lucha mundial contra la pandemia tiene pocas posibilidades de éxito si la higiene personal, la principal medida para prevenir el contagio, no está al alcance de los 2 mil 200 millones de personas que no tienen acceso a servicios de agua potable. 3

La Conagua ha reconocido que el agua fue un elemento fundamental para combatir las pandemias de cólera en 1992, la de influenza AH1N1 de 2009 y también juega un papel central para enfrentar al coronavirus.

En México entre las recomendaciones que ha emitido la Secretaría de Salud para evitar el contagio del covid-19 son: lavado de manos con jabón durante al menos 20 segundos, no tocar tus ojos, nariz o boca si tus manos no están limpias, cuando se tosa o estornude, tapar la nariz y la boca con el brazo o un pañuelo desechable, que deberá ser colocado en la basura o en una bolsa de plástico y mantener una sana distancia con las demás personas. 4

No obstante, esta recomendación es imposible llevarse a cabo si hay zonas en donde el carente suministro de agua es innegable. Para ejemplificar, aproximadamente un millón de mexicanos enfrentan la pandemia sin acceso a agua potable. Itzhuauhtli Zamora, investigador de la UNAM, plantea, que esa cantidad de personas es 15 por ciento de la población de la Ciudad de México. 5

Esto se traduce, a un sector vulnerable que por el escaso suministro de agua es susceptible ante los contagios del coronavirus por una posible falta de sanidad en consecuencia de ausencia del agua.

De igual manera La pandemia de covid-19  evidenció que, aunque México elevó a rango constitucional el derecho humano al agua en 2012, más de 10 millones de personas de bajos ingresos carecen de acceso al líquido que  resulta un elemento central para garantizar el lavado constante de manos. En el informe  “Reflexiones derivadas del coronavirus”, elaborado por el Programa Hidrológico Internacional-Sección México, que es encabezado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se enfatiza que el elemento central para evitar la propagación de la pandemia, es la higiene personal y el lavado constante de manos con agua y jabón. 6

El informe señala que más de 10 millones de personas  de bajos ingresos carecen de acceso a sistemas mejorados de agua y son, en su mayoría, habitantes del medio rural y de zonas periurbanas.

Derivado de todo lo anterior, la intención del presente punto de acuerdo es que el acceso y suministro de agua como derecho humano, sea continuo y suficiente para la salud y bienestar de todas y todos los mexicanos. Es necesario impulsar medidas que garanticen el suministro del vital líquido y que esté al alcance de todas y todos.

Así en esta pandemia, contar con el agua como primordial elemento para la salubridad ante la cuarenta.

Resultando así, una oportunidad para proteger y amparar la salud de cada familia que se encuentra en una situación de insuficiencia de agua.

Por ello, su suministro y abastecimiento del agua es de suma importancia para la población y así garantizar su salud.

Por lo expuesto, la suscrita somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua y a los organismos operadores de agua en las entidades federativas y municipios, para que, en el ámbito de sus competencias, garanticen el suministro de agua potable de manera continua y suficiente a la población, como insumo vital para la subsistencia humana y para cumplir con las medidas de higiene para prevenir enfermedades ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-Cov-2 .

Notas

1 https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_ water. shtml

2 Ídem.

3 https://www.onu.org.mx/no-se-podra-parar-el-covid-19-sin-propor-cionar-agua-a-l as-personas-en-situacion-de-vulnerabilidad-dicen-expertos-de-la-onu/

4 https://coronavirus.gob.mx/informacion-accesible/

5 https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/07/28/un-millon-de-capitalinos- enfrentan-pandemia-sin-agua-potable-3701.html

6 https://aristeguinoticias.com/2904/mexico/brechas-en-el-acceso-al-agua-obstacul izan-combate-a-covid-19/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

SE REACTIVEN LOS PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN PARA LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, el IMSS y sus homólogos locales a reactivar los programas y las campañas de vacunación para infantes y adolescentes, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Claudia Báez Ruiz, diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En su artículo 24, la    dispone que los Estados parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud, así como a combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente. 1

Segunda. De la misma manera el artículo 4o. constitucional establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, a fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. 2

Tercera. Como se observa el derecho a la salud está garantizado en ordenamientos internacionales y nacionales, y es una de las garantías a las que se les debe de dar mayor prioridad. No obstante, lo anterior, la pandemia por coronavirus en México ha hecho que el sector salud del país se centre especialmente en la atención a los pacientes con covid-19.

A pesar de que se han implementado estrategias para quienes necesitan atención médica en general,  varios aspectos de la salud pública se han visto afectados como es el caso de los esquemas de vacunación infantil. 3

Cuarta. En una estimación, cerca de 700 mil niños en el país han visto retrasado su esquema de vacunación, con lo cual se pone en riesgo su salud, a consecuencia de no contar con los insumos inmunológicos básicos que requiere el organismo de un menor de edad y que se encuentran considerados dentro de los programas de vacunación con los que cuenta el sector salud.

Quinta. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la   señalaron que hay una disminución alarmante en el número de niños en el mundo que reciben vacunas esenciales debido a las disrupciones causadas por la pandemia de covid-19.

Asimismo ha señalado que números preliminares para los primeros cuatro meses de 2020 apuntan a una caída sustancial en el número de niños que completan tres dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina. Se trata de la primera vez en 28 años que el mundo podría ver una reducción en la cobertura de esa inmunización. 4

Sexta. El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus señala que inmunización es uno de los instrumentos de prevención de enfermedades más importantes y esenciales en la historia de la salud pública, y que la interrupción de los programas de vacunación debida a la pandemia de covid-19  amenaza con deshacer décadas de progreso contra enfermedades prevenibles  por vacunación como el sarampión. 5

Por todo lo anterior, se exhorta a la a la Secretaría de Salud federal, al Instituto Mexicanos del Seguro Social y a sus homologada en las entidades federativas a reactivar los programas y campañas de vacunación en la población infantil y adolescente, a fin de garantizar el derecho a la protección de la salud de nuestras niñas, niños y jóvenes.

Por lo expuesto, la suscrita somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal, al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sus homologas en las entidades federativas, a fin de reactivar los programas y campañas de vacunación para la población infantil y adolescente.

Notas

1 http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/derecho-humano-la-salud-de-los-ninos-nina s-y-adolescentes#:~: text=En%20su%20art%C3% ADculo%2024%2C%20la,la%20rehabilitaci%C3%B3n%20de%20la%20salud.

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_ Politica.pdf

3 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/28/coronavirus-en-mexico-retraso -700-mil-vacunas-para-ninos/

4 https://news.un.org/es/story/2020/07/1477491

5 https://news.un.org/es/story/2020/05/1474912

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE EXENTE DEL PAGO DE PEAJE EN LAS PLAZAS DE COBRO, A LOS VEHÍCULOS QUE PRESTEN AUXILIO EN SITUACIONES DE SINIESTRO, EMERGENCIA O DESASTRE

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a tomar medidas para que los vehículos de servicio comunitario que presten auxilio en siniestros, urgencias o desastres queden exentos de peaje, a cargo de la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, diputada de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario Encuentro Social con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Ley General de Protección Civil define el auxilio como la “respuesta de ayuda a las personas en riesgo o las víctimas de un siniestro, emergencia o desastre, por parte de grupos especializados públicos o privados, o por las unidades internas de protección civil, así como las acciones para salvaguardar los demás agentes afectables” 1.

El auxilio en primera instancia es brindado por parte de los grupos especializados locales (bomberos, grupos de rescate, servicios médicos, entre otros), sin embargo cuando la magnitud del siniestro, emergencia o desastre rebasa la capacidad de respuesta de los grupos locales, la autoridad de protección civil solicita el apoyo de los municipios y o entidades federativas adyacentes al lugar del siniestro para que contribuyan en las labores auxilio. Como ejemplo de lo anterior se encuentran en los siguientes siniestros:

- Incendio de la Central de Abasto de Oaxaca, 28 de mayo de 2020. Los cuerpos de bomberos de los municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, Tlalixtac de Cabrera, Santa Lucía del Camino y San Jacinto Amilpas apoyaron al Heroico Cuerpo de Bomberos del municipio de Oaxaca de Juárez 2.

Explosión de polvorín en el municipio de Tultepec, estado de México, 5 de julio de 2018. Cuerpos de Bomberos de los municipios de Tlalnepantla, Naucalpan de Juárez, Ecatepec y Melchor Ocampo brindaron apoyo a los bomberos de Tultepec 3

- Fuga en gasoducto de Pemex  en el municipio de Nextlalpan, estado de México, 2 de agosto de 2019. Bomberos de Zumpango y de Pemex provenientes de la Ciudad de México apoyaron a los bomberos de Nextlalpan 4.

- Choque múltiple en el kilómetro 52 de la autopista Monterrey-Saltillo, 31 de diciembre de 2019. Elementos de Protección Civil del estado de Nuevo León y de los municipios de Monterrey, Santa Catarina y de Ramos Arizpe del estado de Coahuila acuden a prestar auxilio 5.

- Explosión en toma clandestina en ducto de Pémex en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, 19 de enero de 2019. Cuerpos de Bomberos y de rescate de diversos municipios del estado de los estados de Hidalgo, México y de la Ciudad de México, acudieron en apoyo a las autoridades del municipio de Tlahuelilpan.

El desplazamiento de un municipio a otro o de una entidad federativa a otra, requiere que se haga en el menor tiempo posible a fin de prestar auxilio de manera inmediata a quien lo requiera, por lo que los grupos de emergencia y atención (especializados), deben utilizar las autopistas de cuota concesionadas o a cargo de Capufe, pasando por las plazas de cobro.

Si bien es cierto que el inciso a) fracción II del artículo 91 del Compendio Operativo para Plazas de Cobro de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, determina que se otorgará el cruce libre de pago en todas las autopistas y puentes del Fideicomiso, sin restricción de horario y fecha a los Vehículos al Servicio de la Comunidad 6, esto no siempre se cumple6

En razón de lo anterior, resulta fundamental que las plazas de cobro a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) cumplan con lo establecido en la normatividad antes mencionada, la cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2016, a fin de que los Vehículos al Servicio de la Comunidad no paguen la tarifa correspondiente por cruzar dichas plazas de cobro.

Por lo expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emita oficio a los administradores de plaza de cobro a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que den cumplimiento a lo establecido en el inciso a) fracción II del artículo 91 del Compendio Operativo para Plazas de Cobro de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que instruya a los administradores de plaza de cobro a cargo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a instalar lonas en cada cabina de cobro en donde se transcribe lo establecido en el inciso a) fracción II del artículo 91 del Compendio Operativo para Plazas de Cobro de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que gire oficios a los titulares de las Coordinaciones Estatales y/o Secretarías de Protección Civil de las 32 entidades federativas en donde se les informe que los vehículos de Servicio a la Comunidad de conformidad con lo establecido en el inciso a) fracción II del artículo 91 del Compendio Operativo para Plazas de Cobro de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se encuentran exentos del pago de la tarifa.

Notas

1 Artículo 2, fracción V, Ley General de Protección Civil.

2 https://www.eluniversal.com.mx/estados/fuego-sollozos-y-reclamos-devoran-centra l-de-abasto-en-oaxaca

3 https://lasillarota.com/tultepec-explosion-pirotecnia-muertos-lesio-nados/23340 6

4 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Desalojan-a-habitan-tes-de-Nextlalpan- por-fuga-en-gasoducto-de-Pemex-20190802-0055.html

5 https://www.informador.mx/mexico/Accidente-deja-varios-heridos-en-la-autopista- Monterrey-Saltillo-20191231-0073.html

6 Se considerados Vehículos al Servicio de la Comunidad (VSC) los siguientes:

1. Ambulancias: Cruz Roja, Cruz Verde, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, DIF, Pemex, Protección Civil, Capufe u Operador.

2. Semefo: Servicio Médico Forense plenamente identificable.

3. Bomberos: Sin importar la localidad a la que pertenezca.

4. Policía Federal: Sólo vehículos oficiales.

5. Policía Local: Únicamente patrullas.

6. Fuerzas Armadas Nacionales: Sólo vehículos oficiales de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Fuerza Aérea Nacional en cualquier tarifa

7. Ángeles Verdes: Vehículos de apoyo en carreteras de la Secretaría de Turismo.

8. Grúas del Operador.

9. Transporte de indocumentados: Aquellos vehículos debidamente acreditados, por la autoridad correspondiente, para tal efecto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

SE TOMEN MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DE SOLUCIÓN TRAS LOS CONFLICTOS Y ENFRENTAMIENTOS ENTRE COOPERATIVAS PESQUERAS, EN BAJA CALIFORNIA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SSC, la Semar, la Conapesca y el gobierno de BC a tomar medidas inmediatas de seguridad y solución tras los conflictos y enfrentamientos recientes entre cooperativas pesqueras y la posible participación de la delincuencia organizada en el estado, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, María del Carmen Cabrera Lagunas, diputada integrante de la LXIV Legislatura por el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El gobierno del estado de Baja California se encuentra nuevamente en el centro del debate por la falta de atención y de solución a conflictos que ponen en riesgo la gobernabilidad en el estado, aunado al distanciamiento con las clases populares que confiaron en las urnas y se pronunciaron por un gobierno honesto, transparente y comprometido con las causas populares.

Desde el inicio de su mandato, el gobernador ha asumido una postura insultante para la democracia y para el anhelo de la sociedad de contar con un gobierno diferente en el que se termine con la histórica corrupción que empaña el ejercicio del poder y donde imperan los intereses de distintos grupos que basan su poderío político y económico en el influyentismo y el abuso de poder.

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la entidad es la inseguridad que se detonó en las últimas administraciones del PRI y que ha tenido un crecimiento exponencial en todas las administraciones encabezadas por el Partido Acción Nacional. Tan sólo en 2019 el Estado se colocó como una de las entidades más inseguras del país ocupando el nada deseable quinto lugar en nivel de inseguridad sólo superado por el estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato. Para nadie es un secreto que los niveles de violencia en el estado fronterizo están ligados principalmente a las actividades relacionadas con el narcotráfico donde los homicidios alcanzaron según cifras oficiales un total de tres mil cincuenta y nueve homicidios.

Es claro que la estrategia en materia de seguridad de las administraciones del PAN resultaron un fracaso rotundo en el estado, sin embargo, en la gestión del actual gobernador, el panorama no es nada alentador pues en lo que va de su administración, ha crecido la tasa de homicidios de manera alarmante.

Una de las principales preocupaciones de la sociedad baja californiana es que en la administración del gobernador Jaime Bonilla, se ha colocado en puestos clave a funcionarios que han sido duramente cuestionados por sus posibles nexos con grupos delictivos de la zona y que mantienen la red de privilegios, corrupción y protección a grupos de la delincuencia organizada que generan zozobra y miedo en los habitantes del estado.

Entre todos los conflictos que ahora se presentan en Baja California, se suman las recientes agresiones y enfrentamientos entre cooperativas pesqueras, suscitados desde hace varios meses y que han desencadenado una serie de disputas entre pescadores que legalmente ejercen su actividad en campos pesqueros y otros aglutinados en ciertos grupos de choque que, de manera ilegal, pretenden apoderarse las zonas sin contar con las autorizaciones correspondientes emitidas por la Conapesca quien es la dependencia encargada de otorgar las concesiones para la pesca legal de varias especies, entre las que destaca la langosta, cuya importancia gastronómica representa una fuente de sustento para cientos de pescadores de la zona.

La explotación de este recurso natural se ha visto afectado por la depredación de varios grupos que de manera ilegal buscan explotarla para la comercialización principalmente ilegal, lo que ha dado paso a un conflicto donde los principales afectados han sido las comunidades pesqueras.

Hace más de cuatro meses, la que suscribe solicitó la intervención del Secretario de Seguridad Ciudadana, Dr. Francisco Alfonso Durazo Montaño y la del gobernador del Estado, tras las agresiones, extorsiones y amenazas de muerte de un grupo auto proclamado como parte de “la mafia” que desplazó de manera violenta a legítimos pescadores de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC). Este grupo manifiesta pertenecer a una empresa de seguridad privada denominada “crecimiento Jalisco” y estar bajo las ordenes de la Sociedad Cooperativa Ensenada, quiénes haciendo uso de violencia ingresaron al campo pesquero de San Carlos donde se encuentra la empresa Kachigi S.P.R. de R.I. así como al Campo Nuevo donde se halla la Mortera de Leyva, destruyendo equipos, materiales, mobiliario y cámaras de seguridad.

Lo inaudito de este caso es que la supuesta empresa de seguridad privada condicione a los trabajadores a adherirse mediante un contrato a la Sociedad Cooperativa Ensenada para poder realizar sus actividades, manifestando contar con el respaldo del gobierno del estado, de la fiscalía y de la policía municipal y estatal.

No obstante la petición realizada ante el secretario de Seguridad Ciudadana y al gobernador Jaime Bonilla de garantizar la seguridad de los pescadores, el pasado 5 de agosto, arribaron al campo pesquero ubicado en Punta San Carlos, delegación de El Rosario, Baja California, personas fuertemente armadas quiénes realizaron detonaciones reclamando el campo pesquero como propiedad de la cooperativa Ensenada. Todo esto ha sido formalmente denunciado ante las instancias correspondientes además de que han circulado videos en los que se demuestra la acción de este grupo armado y del riesgo que corrieron mujeres y niños que se encontraban en el lugar.

Ante estos hechos, es inconcebible que, ante las amenazas y actos violentos en contra de los pescadores, el gobierno del estado de Baja California actúe de manera facciosa beneficiando a grupos que deben ser investigados por el uso de armas de fuego de distintos calibres, algunas de ellas presumiblemente de alto poder y de uso exclusivo del ejército. Es condenable que una empresa de seguridad privada utilice este tipo de armamento para amedrentar y disparar en un campo pesquero en el que se encuentran decenas de mujeres y niños. Es de extrañarse esa actitud del gobierno frente a los hechos, sobre todo porque la cooperativa Ensenada estuvo ligada a las administraciones panistas, actuó siempre bajo su amparo y ahora hacen gala de los recursos y diversos apoyos que dicen haber entregado a la campaña del actual gobernador, lo que les hace actuar de manera impune violentando el estado de derecho.

Es claro que los actos de violencia pretenden generar un ambiente de miedo entre la comunidad pesquera y obligarlos a desplazarse de su zona de trabajo a pesar de contar con los permisos otorgados por la Conapesca, por esa razón y, ante estos hechos, solicito del gobierno del estado sea congruente con las políticas del gobierno federal y atienda de inmediato este conflicto conforme a derecho corresponda y no bajo la consigna de“ pagar” favores de campaña beneficiando a quiénes sostienen estar bajo su amparo. De lo contrario aumentarán los enfrentamientos entre las cooperativas lo que abre paso a la posibilidad de que se cumplan las amenazas de muerte. En mi carácter de diputada federal, exhorto al gobierno del estado para que realice las gestiones necesarias para instaurar una mesa de diálogo entre las partes involucradas y las dependencias ligadas al sector como la Conapesca para que se evite a toda costa elevar el nivel de conflicto y se lleguen a lamentar la pérdida de vidas humanas. Un gobierno emanado de la 4T está obligado a garantizar  la gobernabilidad y la estabilidad social de la región.

Como pueden constatar esta situación es alarmante para todos, es sumamente grave la violencia que prevalece y que se haya amenazado de muerte a los pescadores si daban aviso a las autoridades, como suele ser una práctica común en este tipo de extorsiones, pero más preocupante aún es el hecho de que las autoridades del estado protejan a grupos delictivos que no cuentan con autorización alguna para realizar la actividad pesquera.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Marina, Comisión Nacional de Pesca y al gobierno del estado de Baja California a tomar medidas inmediatas de seguridad y de solución derivado de los conflictos y enfrentamientos acontecidos en los últimos meses entre cooperativas pesqueras ante las amenazas de grupos autodefinidos como parte de la delincuencia organizada en el estado de Baja California.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

MEDIDAS PARA SALVAGUARDAR EL MEDIO AMBIENTE Y LA TALA DESMEDIDA DEL GUAYACAN

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat, la Profepa y la Conafor a implantar medidas para salvaguardar el ambiente y la tala desmedida del guayacán, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, Profepa y a Conafor para que implementen las medidas necesarias para salvaguardar el medio ambiente y la tala desmedida del guayacán, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario Encuentro Social

La que suscribe, diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Cada primavera el guayacán se convierte en todo un espectáculo para observar; las hojas verdes se esconden y en su lugar resaltan las flores azul púrpura que adornan el árbol durante aproximadamente dos meses en Hermosillo, la tala desmesurada, así como la recolección de su flor para ornamentas, han puesto al árbol en estado de vulnerabilidad.

Además de que está protegida, tiene diversos usos y el más tradicional es la medicina herbolaria del tronco del guayacán, que es una madera muy dura y que produce una goma muy parecida a la del mezquite.

Esta goma ha sido utilizada durante muchos años por etnias sonorenses como un producto natural para tratar artritis, problemas respiratorios, diuréticos, como tónico laxante, lo preocupante es que hay un impacto muy severo sobre su madera y la colecta de plantas pequeñas con fines ornamentales porque tiene una flor muy bonita y cabe señalar que el guayacán exclusivamente se da en el estado de Sonora.

Al día de hoy no existe un monitoreo exacto que determine cuántos ejemplares de guayacán existen en Sonora, pero sí se sabe que en el casco urbano de la capital sonorense el número es reducido y se localiza en puntos específicos sobre algunos camellones, cerros o terrenos privados.

La especie que tenemos en Sonora tiene su límite de distribución norteña en el estado y en el desierto de Sonora, a pesar de que es una planta subtropical porque vive en el desierto, mientras que las otras se distribuyen en la zona de la selva baja, bosques.

La tasa de recuperación de un guayacán en el ecosistema es muy baja, algo que suma a la poca cantidad de este árbol en la entidad, se tienen estimaciones de que el número de ejemplares en un lugar determinado; es la densidad y otras especificaciones para determinar que tipo qué especies de flora deben ser protegidas.

Cabe señalar que la densidad es el número de ejemplares por unidad de espacio. Y de acuerdo con la norma NOM-059 es la que determina si está sujeta a protección especial, si está amenazada, si es vulnerable o si está en peligro de extinción.

Según datos del ecólogo Francisco Javier Higuera Martínez, integrante de Ser Natura Fundación Verde y de ProFauna A.C., señala que la tasa de recuperación de un guayacán en el ecosistema es muy baja, algo que suma a la poca cantidad de este árbol en la entidad, por lo que no se produce con tanta frecuencia ni en viveros oficiales ni en viveros particulares, por lo que hay poca disponibilidad de la especie para reforestaciones urbanas.

Se desconoce un estudio que se haya hecho respecto a cuántos individuos de esta especie hay en la ciudad, pero comparando con otras especies como mezquite y palo fierro, no es significativa su presencia, toda vez que  los recientes incendios han afectado de gran manera las poblaciones de flora que existen en Sonora y el guayacán no ha sido la excepción, pues en los últimos incidentes registrados, se perdieron guayacanes, palo fierro y mezquites.

En ese sentido, es importante tomar conciencia de este tipo de talas exageradas para beneficio de unos cuantos, pero desafortunadamente nuestro ecosistema cada día va perdiendo terreno a los impulsos de los humanos, esto implica que debemos de tomar conciencia de ello y procurar un poco más de cariño, adoptarla en camellones, en reforestaciones, el hogar, en espacios públicos, seguramente con la demanda se comenzarán a producir, inclusive desde casa también es fácil producirlos

Solo es cuestión de tener un poco más allá de una cultura y ver por nuestro planeta que día a día lo estamos acabando, por ello debemos de colectar la semilla solo cuando esté madura, con un tono amarillo o casi naranja, la secamos un poco y la ponemos en remojo de 24 a 48 horas; después de ese tiempo, ya la podemos pasar a algún sustrato.

Por otra parte según un estudio de la Comisión Nacional Forestal “Inventario Estatal Forestal y de Suelos” en 2014, en las 8.9 millones de hectáreas de superficie árida y semiárida que existen en Sonora, el guayacán ocupa apenas una proporción del 5.8 por ciento, por ello debemos de tomar conciencia.

Qué pasaría si se extingue el guayacán en los próximos años ? El impacto al ecosistema sería ineludible, dado que cada especie desarrolla una función específica con su existencia.

En Sonora habita el guayacán guaiacum coulteri, que alberga una especie de mariposa que deposita sus huevecillos solo en las hojas de este tipo de árbol; si escasea o desaparece el guayacán, se generará un impacto ecológico en la población de esta mariposa, afectando a un gran número de  poblaciones de otros animales polinizadores que llegan a estos ejemplares, como los murciélagos.

Desgraciadamente siempre hemos visto cómo son arrancados estos guayacanes de raíz en plena floración por las máquinas de las constructoras, y es muy frustrante y triste no poder ni tener los medios para impedir tal atropello y lo peor de todo es que estos no son reubicados en otra parte tales como camellones por ser un árbol tan hermoso, por otro lado se encuentra también el árbol llamado palo blanco qué florece al mismos tiempo que este árbol, da una flor blanca muy hermosa y grande, florece al mismo tiempo que el guayacán.

Derivado de lo anterior, es necesario combatir la tala desmedida de esta especie que se encuentra en peligro de extinguirse si no actuamos razonablemente

En mérito de lo expuesto, someto a consideración la presente proposición con:

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional Forestal, para que en el ámbito de sus atribuciones fortalezcan sus políticas públicas, así como su labor de vigilancia e inspección a fin de evitar la tala ilegal del guayacán.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Fiscalía General de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones, investiguen la posible comisión de delitos y en su caso sancione a los responsables por la tala del guayacán.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 2 de septiembre de 2020.– Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustenta-bilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

MEDIDAS PARA PROTEGER AL JAGUAR, DERIVADO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a tomar medidas para proteger al jaguar, derivado de la construcción del Tren Maya, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II; del Reglamento de la Cámara de Diputados,  someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Hago un enérgico exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y que derivado de la construcción del tren maya un total de dos mil jaguares, de los cuales mil habitan en la reserva de la biósfera de Calakmul, se encuentran en riesgo por la construcción de este proyecto. Es por ello que la planeación del proyecto, bajo ninguna circunstancia deberá impactar las zonas núcleo y de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas de la península de Yucatán.

La Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, externan su preocupación respecto a que el proyecto no cumple con la legislación ambiental debido al trazo original propuesto y que atraviesa la reserva de la biósfera de Calakmul, no cumple con el impacto ambiental y el trazo no respeta los límites de las áreas naturales protegidas federales, estatales y municipales, tal y como está pasando con el Parque Nacional Tulum (Quintana Roo), las reservas de la Biosfera Yum Balam y Sian Ka’an (Quintana Roo) y Calakmul (Campeche), y las áreas naturales protegidas estatales de Balam-Ku y Balam-Kin (Campeche), entre otras. Bajo ninguna circunstancia deberán impactarse las zonas núcleo y de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas.

Si bien es cierto, que, en los últimos 12 años, se ha logrado el incremento de la población del jaguar a nivel nacional, que pasó de 4 mil a 4 mil 800 del 2010 a la fecha de acuerdo con los dos censos que han realizado en ese ínter y gracias al trabajo conjunto con instituciones como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Semarnat, Conabio, la Alianza WWF — Fundación Telmex/Telcel y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza.

Por otro lado, todo estudio de impacto ambiental debe ser especialmente riguroso para verificar la factibilidad de cada proyecto, toda vez que la reserva de la biósfera de Calakmul, el hábitat natural del jaguar, es uno de los tres macizos forestales más importantes que le quedan al país, por lo que es fundamental llevar a cabo los pasos de fauna, eso es lo que importa el paso de fauna como puentes naturales.

Es importante señalar que la reserva de la biósfera de Calakmul es casi dos veces mayor que la de Chimalapas, y dos veces y media mayor que la selva Lacandona, son las áreas forestales del país más importantes y Calakmul es una de las 20 selvas más extensas que quedan en el planeta y el trabajo de conservación que se ha venido haciendo y este proyecto es preocupante.

En ese sentido, es sumamente importante consolidar la conservación del jaguar, las áreas naturales protegidas y las selvas de la región, así como impulsar un desarrollo sostenible regional para la conservación del jaguar y su hábitat”.

Por ello exhorto a la Semarnat, Conanp y Profepa, a considerar la planeación del proyecto del Tren Maya, y que este cuente con todos los estudios ambientales necesarios para determinar su factibilidad ambiental, debiendo acatar plenamente la legislación ambiental vigente en materia de impacto ambiental, forestal, vida silvestre y aguas nacionales.

Como legisladores es fundamental que podamos evaluar todos y cada uno de los impactos relativos a la protección del jaguar, así como a la diversidad biológica regional y determinar las medidas de mitigación y conservación en las zonas que aún conservan selvas extensas y que no se encuentran en alguna área natural protegida, los cuales funcionan como corredores biológicos para el jaguar y otras especies animales.

Por otro lado, las características del tren maya, deberán determinar el número y ubicación de pasos de fauna elevados a lo largo del trazo del tren, para fauna mayor como jaguares y tapires. Además, deberán adecuarse los viaductos, obras de drenaje y pasos para que funcionen como pasos de fauna de especies de menor tamaño como ocelotes y osos hormigueros.

De igual forma, se deberá evaluar cómo consolidar las áreas naturales protegidas de la región con un adecuado diseño del tren, así como su correcta evaluación lo que puede representar una valiosa oportunidad para ordenar el desarrollo que ocurre en la periferia de las áreas naturales protegidas como Calakmul y Tulum.

Por último, es necesario priorizar los esquemas de manejo sustentables bajo diferentes modalidades de conservación para ampliar en la región donde se encuentran las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC), las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y el pago por servicios ambientales de Conafor, siguiendo al pie de la letra los tratados nacionales e internacionales vigentes, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Derivado de lo anterior, el Tren Maya se convierte en una barrera física de introducción genética dentro del hábitat del jaguar y una solución podría ser a través de los Pasos de Fauna para proteger a más de 2,000 jaguares en México por la construcción del Tren Maya.

Es decir, puentes que pueden superar los 40 metros de ancho, pues este tipo de jaguar necesita un rango hogareño entre 30 y 50 kilómetros que les pueda permitir algunas actividades como cazar presas, reproducirse o cuidar a sus crías.

Por lo que es convenientes realizar entre 12 o 15 pasos de fauna a lo largo de la vía, para que los jaguares no tengan miedo al cruce, y así los costos de un solo paso de fauna cuesta más de medio millón de dólares, pero que en una obra de esa magnitud no debería representar un problema.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, en el ámbito de sus atribuciones, emitan la Manifestación de Impacto Ambiental por la construcción del Tren Maya.

Segundo.  La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen y hagan pública una opinión y recomendación respecto a la construcción del Tren Maya.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan y vigilen la protección de las especies que habitan en el lugar de la construcción del Tren Maya, en especial la del jaguar.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustenta-bilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

SE INVESTIGUEN Y EN SU CASO SANCIONEN LOS POSIBLES HECHOS DELICTIVOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE EN EL INTERIOR DEL PARQUE NACIONAL TULUM

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a investigar y, en su caso, sancionar los posibles hechos delictivos por la construcción del inmueble en el parque nacional Tulum, así como suspender y clausurar la obra, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II; del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Hago un enérgico exhorto a estas autoridades, por permitir la construcción de un inmueble el cual se encuentra en un  Área Natural Protegida  y forma parte del patrimonio de la nación, particulares construyeron una mansión dentro del Parque Nacional Tulum, toda vez que la misma  rodea la zona de monumentos arqueológicos de dicho parque,  dicha vivienda, se encuentra  en un predio de alrededor de ocho hectáreas, la cual fue construida sin ningún tipo de permiso, violando todas las normas y programas vigentes.

En ese sentido es importante mencionar que todo tipo de obras de construcción se requiere del permiso correspondiente y más aún que estas obras fueron hechas clandestinamente, es una vergüenza que  las obras de construcción fueran detectadas por el mes de noviembre pasado, cuando aún estaban en etapa de cimentación, ante estos hechos la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente   (Profepa) debió de haber clausurado y emitido las sanciones correspondientes a los particulares por este daño ambiental, es inconcebible  que a pesar de ser un área de difícil acceso, las autoridades dieron cuenta hasta este mes de mayo y eso por motivo de la esperada temporada de  anidación de tortugas marinas.

Ante estos hechos vergonzosos y que, después del niño ahogado quieren tapar el sol con un dedo, mencionar que, a través de una caminata, se percataron que la obra ya estaba concluida y, que, además, es vigilada por sujetos armados y lo peor del caso es que esta zona forma parte de la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano y es una zona prioritaria para la anidación de  tortugas marinas, especies en peligro de extinción y protegidas por la Norma Oficial Mexicana 159-SEMARNAT-2010.

Por otra parte el Programa de Manejo de la Reserva de la Biósfera del Caribe Mexicano  prohíbe colocar cualquier tipo de infraestructura  en zona de reserva por lo que esta construcción invade la franja de Zona Federal Marítimo Terrestre, destinada para su gestión a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas  (CONANP), con fines de preservación. ¿Que han hecho las autoridades en esta situación?, nada absolutamente nada, tal pareciera como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, la pandemia les quedo como anillo al dedo para dar por terminada esta construcción que violentaron los derechos de las especien marítimas.

Ahora bien, ante estos hechos han quedado atrás como fieles testigos los documentos de la Nacionalización de 1981 y la sentencia de la propia corte, donde establece que los terrenos del Parque Nacional Tulum fueron nacionalizados para fines de conservación desde 1981, cuando se emitió el decreto como Área Natural Protegida. Sin embargo,  posterior a ello se comercializaron lotes en la línea de costa y por ende la venta posterior a la expropiación la cual se encuentra inmersa en una disputa legal entre la Conanp y los habitantes de esta edificación  por el despojo del parque nacional.

Cabe destacar que en 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una  controversia constitucional  con respecto a los alcances del municipio en el polígono, en la cual se determina que el   único propietario y poseedor de esos terrenos es la Federación a través de la supervisión de la Conanp.

Y ante todo esto, por obvias razones el único propietario y poseedor legítimo del área natural protegida es la Federación, y por tratarse de un bien de dominio público de la nación expropiado para uso público y conservación de sus recursos naturales, es inalienable e imprescriptible, por lo que los  particulares no pueden adquirir válidamente derechos sobre él, pero sobre todo este tipo de hechos por demás vergonzoso, las leyes salen sobrando para ellos.

Tan es así, que de conformidad a la sentencia de la SCJN, el  ayuntamiento de Tulum está impedido para otorgar cualquier tipo de licencia  de construcción en el interior del Área Protegida y tal parece que existe de nueva cuenta el influyentísimo en los tiempos del partido que gobernó durante más de 71 años, y así digan personajes que como todos sabemos y conocemos su historia en la política (sic)... el empresario  Roberto Palazuelos, dueño del hotel Diamante K que se encuentra también dentro del Parque Nacional, afirmó que todo el  conflicto legal se debió a la mala gestión que hizo la Conanp  desde el inicio, pues señala que no se delimitaron los predios correctamente ni se afectaron ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, lo que permitió a sus dueños originales seguirlos comercializando esto por si no lo saben es una burla para nosotros los mexicanos y que estamos conscientes de este delito, así pues este empresario manifiesta que él es el  único posesionario que cuenta con un amparo  que exime a su terreno del decreto de expropiación y reconoce que los predios que fueron expropiados es debido a la omisión de la Conanp por no hacer los registros correspondientes.

Más allá de lo que manifieste este empresario habría que analizar conforme a lo que establece la Ley  y ver si dichas obras de construcción fueron detectadas y siguieron laborando para finalizar dicho inmueble desde noviembre pasado, cuando aún estaban en etapa de cimentación, es inaudito que la propia autoridad Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), haya permitido y hacer caso omiso de este tipo de irregularidades, que quede claro que nosotros como diputados debemos y tenemos que salvaguardar los terrenos de la nación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Primero.  La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Fiscalía General de la República para que en el ámbito de su competencia investigue y en su caso sancione los posibles hechos delictivos por la construcción del inmueble en el interior del Parque Nacional Tulum.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en el ámbito de sus atribuciones suspenda y clausure la construcción del inmueble en el interior del Parque Nacional Tulum.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Áreas Protegidas para que en el ámbito de sus facultades emita una opinión respecto a la construcción del inmueble en el interior del Parque Nacional Tulum.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 2 de septiembre de 2020.– Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustenta-bilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

SE PUBLIQUE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA A FIN DE QUE EL ESTADO DE GUERRERO ACCEDA A RECURSOS DEL FONDEN

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC a instruir a la CNPC con objeto de que publique la declaratoria de emergencia en el DOF para que el Guerrero pueda tener acceso a los insumos y recursos del Fonden, y proteger así la vida y salud de los damnificados por la tormenta tropical Hernán, así como restablecer las vías de comunicación y los servicios básicos, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, María del Carmen Cabrera Lagunas, diputada integrante del Grupo Parlamentario Encuentro Social, de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 27 de agosto del 2020, el estado de Guerrero se vio envuelto por la noche del jueves, por la tormenta tropical Hernán, la cual presentó una gran extensión de nubosidad y lluvias a su paso por Guerrero, la misma dejo  decenas de árboles y espectaculares derribados, deslaves carreteros tales como Santa Rosa de Lima a el Parotal, daños en la comunidad el Palomar donde se destruyó por completo la carretera, así como también San Luis, San Pedro-Bajitos de la Laguna de Tecpan, el tramo carretero de Petatlán, Ocote de Peregrino, así como los Municipios de Petatlán, Zihuatanejo, Tecpan de Galena Atoyac y San Jerónimo y el peor municipio fue Petatlán con daños a más de 100 casas.

Así mismo se registraron daños en 18 municipios del Estado, una persona desaparecida, tres viviendas con daño estructural, 102 casas inundadas, 35 derrumbes, la caída de 36 árboles, seis deslizamientos de rocas, el colapso de un puente, el corte de una carretera, los desbordamientos de 10 ríos que dejaron 211 personas evacuadas y trasladadas a seis refugios temporales, en la Costa Grande, en Tecpan 30 personas fueron evacuadas y trasladadas a un refugio temporal y 100 resultaron viviendas inundadas a consecuencia del desbordamiento de un río; las lluvias causaron un corte carretero.

En el caso de Atoyac de Álvarez, las lluvias causaron el desbordamiento de tres ríos, que dejaron una persona desaparecida, deslizamiento de rocas y 10 derrumbes,  Zihuatanejo se desbordó un río y hubo 10 derrumbes y 13 árboles caídos, en Benito Juárez se cayó un árbol y el desbordamiento de un río, en Petatlán, se desbordaron dos ríos; y la caída de cuatro árboles.

Por otra parte en Coyuca de Benítez hubo desbordamiento de un río; quedando viviendas inundadas.

En La Montaña, en el municipio de Malinaltepec una vivienda resultó con daño estructural y hubo ocho derrumbes, mientras que en Tlacoapa fueron dos viviendas con daños en sus estructuras, en San Jerónimo, y las regiones de Acapulco y Costa Grande son las más afectadas por las lluvias de la onda tropical 31, las cuales, contabilizan unas 900 casas afectadas, principalmente por inundación ocasionada por el desborde de ríos.

La mayor cantidad de daños se presentó en el municipio de Benito Juárez, en la comunidad de Hacienda de Cabañas, donde unas 400 viviendas fueron afectadas por inundación causada por la creciente del río Atoyac, donde el agua alcanzó hasta 1.20 metros de altura.

Así también en carreteras, se registraron 17 derrumbes y cinco deslaves, en la colonia Emiliano Zapata de Acapulco, una casa se incendió tras caerle un rayo, las lluvias ocasionaron que los afluentes crecieran vertiginosamente y estuvieran a punto de desbordarse, en Coyuca de Benítez, en la región Costa Grande, cuatro personas y un perro que también intentaban cruzar un río fueron rescatados por marinos y en el municipio de San Marcos, en la región Costa Chica, un vehículo quedó en medio de la creciente de un arroyo y tuvieron que ser evacuados sus ocupantes.

Al día de hoy se encuentran evaluando los daños en su mayoría en los municipios de Petatlan, Benito Juárez, Zihuatanejo los cuales fueron los más dañados por las inundaciones y cortes en las carreteras fueron algunas de las afectaciones que sufrió la región de la Costa Chica, en Guerrero, tras el paso de la lluvia tropical HERNAN ya se trabaja en conjunto con instancias federales, estatales y municipales, así como elementos de la  Secretaría de la Defensa Nacional  (Sedena) y la  Secretaría de Marina  (Semar).

En ese sentido, solicito que a partir de la solicitud de la declaratoria de emergencia se proporcione ayuda a la población, de tal manera que la población reciba los insumos de ayuda.

Esto debido a que las lluvias, en los caminos y tramos  carreteros se encuentran severamente dañados con deslaves y sin acceso por el momento de vehículos para la entrega de víveres para los habitantes de Costa Chica  donde se encuentran viviendas que se anegaron y se tuvo que recurrir a  refugios temporales, mientras se normaliza la situación.

Las lluvias torrenciales que afectaron los municipios guerrerenses traen consigo acumulados de hasta 300 mm cúbicos, los cuales se han venido registrando en  Oaxaca  y  Guerrero  este fin de semana.

Al día de hoy, la tormenta tropical interacciona con el meteoro que recorre el sureste del país la cual se  encuentra muy cerca de la costa centro de  Sinaloa  con vientos sostenidos de entre 75 km/h, teniéndose previsto que siga moviéndose muy cerca de dicho estado, donde tocaría tierra e incluso, continuará con su desplazamiento.

El pronóstico de lluvias mantiene acumulados dentro de las próximas 24-48 horas de 25-50 mm  en promedio sobre Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit y Jalisco por efectos de la circulación de Hernán, siendo probables puntuales de 100-200 mm en zonas montañosas de dichos estados y en costas de Sinaloa, manteniendo la probabilidad de efectos negativos mencionados. Por lo anterior es muy importante estar al pendiente de las actualizaciones y atender recomendaciones de las autoridades locales y evacuar en caso de ser necesario. Asimismo, la población que habita cerca de ríos, arroyos y barrancos debe revisar constantemente el nivel del agua.

Los estados de Oaxaca y Guerrero solicitaron la declaratoria de emergencia por el fenómeno climático, así como la suspensión de clases en Guerrero, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Michoacán, dejando rezago en viviendas puentes y caminos rurales principalmente en estado de indefensión para los habitantes toda vez que los ríos se desbordaron y no hay camino, al día de hoy que permita el acceso de automóviles y autobuses, por lo que los alimentos y comestibles están a merced de unos cuantos.

En ese sentido y de acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), destaca que las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento durante las tormentas. Además de  incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos,  deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Es por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente Proposición con

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que instruya a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que se publique la Declaratoria de Emergencia en el Diario Oficial de la Federación debido a la presencia de la lluvia tropical Hernán a fin de que el estado de Guerrero pueda acceder a los insumos y recursos del Fondo de Atención de Emergencias, Fonden y proteger la vida y la salud de la población damnificada, así como reestablecer las vías de comunicación y de los servicios básicos.

Dado en el Palacio Legislativo, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.

ESTABLECIMIENTO DE FISCALÍAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS DE DESAPARICIÓN, E INSTALACIÓN DE LOS CONSEJOS ESTATALES CIUDADANOS EN MATERIA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo y los congresos estatales a armonizar su legislación, establecer fiscalías especializadas para investigar y perseguir los delitos de desaparición e instalar los respectivos consejos ciudadanos en materia de búsqueda de personas, a cargo de la diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

El 17 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley General), y entró en vigor el 16 de enero de 2018.

De acuerdo con su artículo 2 esta Ley General tiene por objeto:

I. Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece esta Ley;

II. Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como otros delitos vinculados y sus sanciones;

III. Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;

IV. Crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de comisiones locales de búsqueda en las entidades federativas;

V. Garantizar la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable;

VI. Crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y

VII. Establecer la forma de participación de los Familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y no localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias.

Esta Ley General es muy importante, pues durante muchos años, nuestro país ha enfrentado un grave problema en materia de desaparición de personas, por lo que diversos mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recomendaron a México adoptar una Ley General para prevenir y sancionar las desapariciones

Asimismo, este ordenamiento legal es producto de las demandas de la sociedad civil que por muchos años pidieron la expedición de una ley general ante la lamentable desaparición de familiares y amigos. Por ello, preocupa que a la fecha varias entidades federativas del país:

1) No hayan armonizado su legislación local con la Ley General.

2) No cuenten con Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición.

3) Carezcan de Consejos Estatales Ciudadanos en materia de búsqueda de personas.

Conforme al artículo Noveno del Decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud publicado en el DOF el 17 de noviembre de 2017(DECRETO), las entidades federativas deberán emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.

El DECRETO entró el vigor el 16 de enero de 2018 (60 días después de su publicación) y el plazo para que las entidades federativas armonizaran su legislación conforme a la Ley General, venció el 16 de julio de 2018.

A poco más de 2 años de que venciera el plazo para que las entidades federativas armonizaran su legislación en materia de desaparición de personas, en 15 se ha aprobado una ley en la materia, en 8 hay una iniciativa en discusión y en 9 no hay armonización de acuerdo con información del Observatorio Ciudadano de Derecho de las Víctimas.

Entre los estados que no han armonizado su legislación se encuentran los siguientes: Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Morelos, Campeche y Yucatán.

Las entidades en las cuales está pendiente el proceso legislativo para su aprobación se encuentran: Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Quintana Roo.

De acuerdo con un criterio del Poder Judicial de la Federación cuando hay un mandato constitucional o legal que obligue a una autoridad a expedir una disposición de carácter general;  y éste no se ha ejecutado, se incurre en omisión legislativa. Por lo que las entidades federativas señaladas han incurrido a todas luces en flagrante omisión legislativa.

En otro aspecto, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley General, la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) y las  Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas; deben contar con Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, las que deberán coordinarse y dar impulso permanente a la búsqueda de Personas Desaparecidas.

Conforme al Artículo Tercero del DECRETO, las Fiscalías Especializadas debieron entrar en funcionamiento dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigor del DECRETO.

A pesar de que este plazo de 30 días venció el 15 de febrero de 2018, a más de 2 años 6 meses, en Sonora, Durango, San Luis Potosí, Oaxaca y Yucatán no se cuenta con esta Fiscalía Especializada, según información del Observatorio Ciudadano de Derecho de las Víctimas.

Lo que resulta altamente preocupante pues las Fiscalías Especializadas deben contar con los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y multidisciplinarios y una unidad de análisis de contexto que se requieran para su efectiva operación, entre los que deberá contar con personal sustantivo ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial.

A las Fiscalías Especializadas les corresponde la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, no contar con ellas incrementa la impunidad, lo que da lugar a  tres efectos: primero, quien comete un acto ilícito y no recibe el castigo no duda en repetir su acción; segundo, quien observa un ilícito no sancionado tiende a imitar ese hecho, y el más grave es el tercero, pues las víctimas de los ilícitos no castigados recurren a hacerse justicia por propia mano, de acuerdo con el jurista Raúl Cervantes Ahumada.

Por su parte,  el último párrafo del artículo 62 de la Ley General, dispone que las Entidades Federativas deberán crear consejos estatales ciudadanos que funjan como órganos de consulta de las Comisiones Locales de Búsqueda.

Estos Consejos Estatales Ciudadanos se deben integrar como el Consejo Nacional Ciudadano,  por familiares de personas desaparecidas, especialistas de reconocido prestigio en la materia y representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas, en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Durango , Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Chiapas, Campeche, Tabasco y Yucatán no hay información disponible sobre los Consejos Estatales Ciudadanos en materia de búsqueda de personas y en Jalisco y Michoacán no existen estos Consejos.

Las funciones que desempeñan las Comisiones Locales  de Búsqueda, en el ámbito de sus competencias, son análogas a las previstas para la Comisión Nacional de Búsqueda, con la cual deben coordinarse, entre sus funciones destacan: informar sobre el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda y diseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboración con las demás autoridades, a efecto de llevar a cabo las acciones en la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas.

Al ser los Consejos Estatales Ciudadanos en materia de búsqueda de personas órganos de consulta de la Comisiones Locales de Búsqueda, resulta fundamental su creación pues los familiares de personas desaparecidas, especialistas de reconocido prestigio en la materia y representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos que los integran, cuentan con los elementos necesarios para enriquecer el trabajo de las Comisiones Locales de Búsqueda de las personas desaparecidas.

La falta de cumplimiento por las entidades federativas señaladas a lo dispuesto por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, pone en riesgo el esclarecimiento de los hechos; la prevención, investigación, sanción y erradicación de los delitos en materia de desaparición y la localización de las víctimas.

Esta falta de cumplimiento afecta a familiares y amigos que sufren por la ausencia de sus seres queridos y que piden a las autoridades su búsqueda, justicia y reparación del daño ante un total de 73 mil 218 personas desaparecidas o no localizadas en el país, de las cuales 27,871 fueron reportadas del 1 de diciembre de 2018 a la fecha.

Tal es la importancia de la correcta aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que en enero de este año, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó “al Estado mexicano a redoblar los esfuerzos para avanzar en su implementación efectiva, asegurando en todo momento la participación real de las familias de personas desaparecidas”.

ONU-DH destacó que a dos años de la entrada en vigor de esta Ley General, aún es necesario continuar impulsando la armonización legislativa y la consolidación institucional, debido a que faltan 23 entidades federativas por aprobar su legislación local armonizada con la Ley General; 28 no cuentan con ley armonizada de declaración especial de ausencia; siete aún deben conformar su fiscalía especializada en delitos de desaparición y tres tienen pendiente crear su comisión local.

La falta de implementación de las autoridades estatales de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, pone en riesgo el compromiso del Gobierno Federal con las familias de víctimas en su búsqueda, localización e identificación y la sanción a los responsables de los delitos.

El 4 de febrero de 2019 el Gobierno Federal anunció su Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, el cual consta de 11 puntos:

1. Reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB)

2. Nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

3. Comisiones locales de búsqueda.

4. Presupuesto

5. Protocolo de Investigación y de Búsqueda.

6. Coordinación y Células de Búsqueda en Vida.

7. Atención a Víctimas.

8. Instituto Nacional de Identificación Forense.

9. Sistema Único de Información Tecnológica e Informática (SUITI).

10. Asistencia Técnica Internacional.

11. Justicia y Tipificación del Delito.

Este Plan no podrá aplicarse al 100 por ciento, si las entidades federativas no implementan a cabalidad la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Es innegable que el Estado Mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho de búsqueda de las personas desaparecidas, sancionar a los responsables y erradicar los delitos de desapariciones.

Por lo anterior, las entidades federativas señaladas en este Punto de Acuerdo deben a la brevedad:

1) Armonizar su legislación local con la Ley General,

2) Contar con Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición y

3) Instalar los Consejos Estatales Ciudadanos en materia de búsqueda de personas.

Es urgente que las autoridades estatales tengan presente que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, fue producto de la reiterada exigencia y la participación de las familias de las víctimas, con el objetivo de contar con las bases legales necesarias para poner fin a la desaparición de personas en el país y que su falta de implementación en sus ámbitos territoriales viola los derechos humanos de madres, padres, hijas e hijas que sufren por la ausencia de sus seres queridos.

Para Encuentro Social, lo socialmente correcto es tratar a las víctimas de personas desaparecidas o no localizadas con respeto y con dignidad; para ello, es imprescindible que las autoridades estatales cumplan cabalmente con sus obligaciones legales, para hacer efectivo su derecho humano de acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño. Es una motivación necesaria para recuperar la convivencia social y garantizar el desarrollo humano de las personas.

El Grupo Parlamentario de Encuentro social se solidariza con la dolorosa búsqueda y localización de más de 73 mil esposas, esposos, madres, padres, hijas e hijos en el país y por ello presenta este Punto de Acuerdo, para solicitar a las autoridades acciones que coadyuven en el logro de resultados efectivos a nivel estatal que repercutan favorablemente en la población.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a su soberanía, exhorta a los Congresos de los Estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Guerrero, Morelos, Campeche, Yucatán, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Quintana Roo para que en ejercicio de sus atribuciones, implementen de manera urgente las acciones correspondientes para armonizar su legislación local con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017, con la finalidad de garantizar el derecho humano de acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño en favor de las víctimas, así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición en su ámbito territorial.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a su soberanía, a los Congresos de los Estados de Sonora, Durango, San Luis Potosí, Oaxaca y Yucatán para que lleven a cabo las modificaciones legales necesarias para que sus Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia  cuenten con Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, a fin de dar cumplimiento a los artículos 68 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a su soberanía, a las personas titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Durango , Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Chiapas, Campeche, Tabasco y Yucatán para que hagan pública la información sobre la creación, organización y funcionamiento de los Consejos Estatales Ciudadanos en materia de búsqueda de personas,  a fin de garantizar el derecho constitucional de acceso a la información, atendiendo al principio de máxima publicidad.

Cuarto. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a su soberanía, exhorta a las personas titulares del Poder Ejecutivo de los Estados de Jalisco y Michoacán, para que adopten las medidas legales que sean necesarias para que se constituyan los Consejos Estatales Ciudadanos en materia de búsqueda de personas, a fin de dar cumplimiento al artículo 62 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

SISTEMA INTEGRADO DE ESTADÍSTICAS SOBRE VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al SIPINNA a fundar el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, diputada a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia contra niñas, niños y adolescentes (NNA) se ha incrementado en el país, en los últimos años y meses, ya no sólo se comete en el hogar, también abarca entornos como la escuela, el trabajo, la comunidad, el entorno digital y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Lo que más preocupa es que la violencia contra la niñez ha escalado, atentando contra su vida, pues se registran al menos cuatro homicidios de niñas y niños al día de acuerdo con datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 1

Según la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en su informe anual 2019 Infancia y adolescencia en México, entre la invisibilidad y violencia, señala que desde el año 2000 al 2019 hay cerca de 21 mil niñas, niños y jóvenes víctimas de homicidio doloso y más de 7 mil casos de niñez desaparecida.

La forma como se violenta a niñas y niños es variada, los datos de 2016 del Sistema de Justicia Penal muestran que alrededor de 50 por ciento de los delitos cometidos contra NNA se relacionan con actos que atentan contra su integridad física (lesiones, abusos sexuales, violaciones, homicidios) y patrimonial (robos simples o en la vía pública). Al observar las diferencias por sexo, las mujeres fueron preponderantemente víctimas de abuso sexual, amenazas y violación; los hombres de lesiones, robos y homicidio. Entre 2010 y 2015 se cuantificaron 68 mil 211 lesiones intencionales contra NNA a causa de actos de violencia. 57 por ciento de las lesiones fueron dirigidas contra mujeres y 43 por ciento contra hombres. 2

Conforme al Informe Anual México 2019 de la UNICEF 3 en el país hay 39.8 millones de NNA, de los cuales 63 por ciento de entre 1 y 14 años de edad hay sufrido algún tipo de violencia en el hogar; 6 de cada 10 niñas y niños de 1 a 14 años han sufrido alguna agresión psicológica o castigo físico por algún miembro del hogar; 32.8 por ciento de las adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido alguna forma violencia sexual en su comunidad; 4 de cada 10 probables violaciones sexuales sucedieron en sus entornos más cercanos; 4 niñas, niños y adolescentes son asesinados diariamente en el país; 2 de cada 10 personas desaparecidas en el país son NNA, de los cuales 80 por ciento son adolescentes entre 12 y 17 años.

Según el estudio Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México 2019 de la UNICEF, sobre la “violencia en el hogar” destaca que las formas más comunes de violencia están asociadas a prácticas disciplinarias violentas, descuidos y maltratos psicológicos, con respecto al “entorno escolar”, las formas de violencia más cotidianas son agresiones psicológicas (discriminación, exclusión o acoso) y daños patrimoniales (ocultamiento o robos sin violencia), sobre la “violencia en la comunidad”, los datos sugieren que los principales agravios contra NNA son de tipo físico (golpes, lesiones intencionales, abusos sexuales, violaciones y homicidios) y patrimonial (robos sin y con violencia).

La violencia tiene consecuencias graves en el futuro de NNA y es resultado de la descomposición social que se vive en el país, por ello debemos adoptar todas las acciones que sean necesarias para combatirla. Es necesario proteger a nuestras niñas y niños.

Miles de niños, niñas y adolescentes en México, crecen en un contexto de violencia cotidiana que deja secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos. Gran parte de esta violencia, que incluye violencia física, sexual, psicológica, discriminación y abandono, permanece oculta y en ocasiones, es aprobada socialmente. 4

De acuerdo con el estudio Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México 2019 de la UNICEF los datos sobre violencia contra NNA son escasos, incompletos o se encuentran fragmentados entre las distintas instituciones encargadas de recogerlos.

Señala el estudio que con excepción de las mujeres de entre 15 y 17 años, los datos o estimaciones que dan cuenta del número y/o porcentaje de personas que son víctimas de diversos tipos de violencia entre los 0 y 17 años son prácticamente inexistentes, sobre todo en las encuestas.

La ausencia de un sistema veraz y fiable de información sobre las formas en que se ejerce la violencia contra la infancia y las consecuencias de ésta, dificulta la tarea de hacerla visible, desnaturalizarla y contar con respuestas adecuadas de política pública para su prevención y erradicación. 5

En consecuencia, no podemos permanecer pasivos ante la dolorosa violencia que sufren nuestros NNA. Urge que desde los Poderes de la Unión adoptemos acciones para protegerlos.

El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño 6 dispone que los estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

De acuerdo con los artículos 6o. y 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) es un principio rector “el acceso a una vida libre de violencia” y es un derecho de los niños, niñas y adolescentes el “Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal”.

En términos del artículo 125 de la LGDNNA para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se creó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Conforme al artículo 125, fracción XIV de la LGDNN, el SIPINNA tiene como atribución “conformar un sistema de información a nivel nacional, con el objeto de contar con datos desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos. Este sistema de información se coordinará y compartirá con otros sistemas nacionales, en términos de los convenios de coordinación que al efecto se celebren, de conformidad con las disposiciones aplicables”.

De acuerdo con el Reglamento de la LGDNNA, el Sistema Nacional de Información (SIN) se encargará de recopilar datos sobre características sociodemográficas y condiciones de vulnerabilidad, violencia familiar, escolar y comunitaria, discapacidad, así como la información pertinente para monitorear y evaluar la implementación del Programa Nacional de Protección de NNA y sus respectivos indicadores.

En el mismo SNI se recabará información estadística que provenga de los registros coordinados por la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes acerca de las NNA susceptibles de adopción, bajo custodia, en centros de asistencia social, migrantes y el registro de profesionales involucrados en procesos de adopción. El SNI se integrará tanto por datos de carácter cualitativo como cuantitativo, con desagregación nacional, estatal y municipal, así como por sexo, edad, lugar de residencia, origen étnico, entre otros.

Es necesario contar con información veraz sobre las formas en que se ejerce violencia contra la infancia, su ausencia dificulta la tarea de hacerla visible y contar con respuestas adecuadas de política pública para su prevención y erradicación.

Por ello, con el presente punto de acuerdo se propone exhortar al SIPINNA para que dentro del Sistema Nacional de Información de Niñas, Niños y Adolescentes (Infosipinna) se cree el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra NNA, atendiendo a la recomendación de UNICEF.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que dentro del Sistema Nacional de Información de Niñas, Niños y Adolescentes (Infosipinna) se funde el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, atendiendo a la recomendación del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Notas

1 México registra cuatro homicidios de niños al día, alertó la UNICEF,

https://www.infobae.com/america/mexico/2019/07/11/mexico-registr a-cuatro-homicidios-de-ninos-al-dia-alerto-la-unicef/

2 https://www.unicef.org/mexico/media/1731/file/UNICEF%20Pano- ramaEstadistico.pdf

3 https://www.unicef.org/mexico/sites/unicef.org.mexico/files/2020-07/UNICEF%20Me %CC%81xico_Informe2019%20FINAL.pdf

4 https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6932.htm

5 https://www.unicef.org/mexico/spanish/17045.html

6 Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Ratificada por México el 21 de septiembre de 1990.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

EXHORTO A LA SEDENA, A SEGUIR COADYUVANDO EN LA ATENCIÓN A PERSONAS CON COVID-19, EN TECÁMAC, ESTADO DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sedena a mantener coordinación con las autoridades del sector salud de Tecámac y las encargadas del hospital municipal licenciado César Camacho Quiroz para seguir colaborando en la atención de personas con covid-19 a través del plan DN-III-E, a cargo de la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 después de diversas evaluaciones, de manera permanentes del brote del virus SARS-Cov-2, declaró que la epidemia del virus fue una emergencia de salud pública de importancia internacional; y cuya expansión mundial ha provocado una pandemia.

En marzo de 2020, la OMS indicaba que ya existían 118 mil casos notificados en 114 países; sin embargo, aproxima-damente 90 por ciento de los casos se concentraban en sólo cuatro países. La propagación del virus se desató en muy poco tiempo en diversos países, a pesar de que se consideraba como controlable. Ante esta situación, la OMS realizó de manera inmediata un llamado a tomar medidas urgentes, que permitan frenar la propagación del virus, en todos los países.

La covid-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, éste es parte de una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos.

En los humanos, puede causar infecciones respiratorias, que van desde un resfriado común hasta síntomas y complicaciones más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). 2

De acuerdo con la OMS, algunos de los síntomas más habituales de la covid-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio; aunque hay síntomas menos frecuentes que afectan a algunas personas como molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, dolor de garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato y erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de la mano y los pies. 3

Cualquier persona puede contraer la covid-19 y caer gravemente enferma; alrededor de 80 por ciento de personas se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario, y 1 de cada 5 personas presenta un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores, las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. 4

Con base en las cifras de la OMS, el número de muertes hasta principios de agosto de 2020 es aproximadamente de 750 mil, por lo que el director general 5 señaló la importancia de que los mandatarios o autoridades tomen las riendas de la pandemia; es decir, la aplicación rápida de medidas específicas y centrar las medidas de control en los lugares que más se requiere de atención.

En México, el 28 de febrero se anunció de tres caos de la covid-19 e inmediatamente la Secretaría de Salud implementó las medidas para combatirlo de acuerdo al protocolo de Fase 1, que se refiere a los casos de contagio importado. El 24 de marzo de 2020, se declaró la Fase 2, que son contagios locales; en esta fase se previeron las medidas de jornada de sana distancia; cierre temporal de las escuelas; suspensión de eventos masivos; suspensión de actividades laborales que no fueran de primera necesidad y la aplicación del Plan DN-III de la Secretaría de la Defensa Nacional. El pasado 21 de abril, el gobierno federal declaró la entrada a la Fase 3, debido a que la epidemia alcanzó a miles de personas en amplia zonas geográficas del país. 6

El Plan DN-III-E es el instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para realizar actividades de auxilio a la población afectada por desastres de origen natural o humano, optimizando el empleo de los recursos humanos y materiales para su atención oportuna, eficaz y eficiente; apoyando además, en la preservación de sus bienes y entorno. 7

En el momento que se activó el Plan DN-III-E, el secretario de Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval González, informó que esa institución contaba con cinco hospitales de alta especialidad, 36 hospitales y 272 clínicas; con una capacidad de hospitalización de 2 mil 523 camas, 50 camas de terapia intensiva y 23 cuartos para aislamiento. Asimismo, el Ejército cuenta con mil 738 médicos cirujanos: mil 727 enfermeras; 884 oficiales de sanidad; 649 cirujanos dentistas, así como 3 mil 600 militares que brindan apoyo constante a partir de la declaración de esta pandemia.

También la Secretaría de la Defensa Nacional puso a disposición 100 ambulancias de terapia intensiva; 470 ambulancias de traslado; aproximadamente 2 mil 337 vehículos de carga y 34 aeronaves, para el traslado de pacientes de todo el país. 8

El plan militar contra la propagación de la covid-19 se sumó al plan de atención a enfermos de la Secretaría de Salud, coadyuvando con las autoridades y coordinándose con los municipios y los estados para enfrentar la pandemia que sufren los mexicanos, a través de tres Fases del Plan DN-III contra la covid-19. 9

- Fase de prevención: coordinación con autoridades y distribución de equipo, personal y medicamentos.

- Fase de auxilio: activación y empleo de las instalaciones, compra y distribución de medicamentos, equipo e insumos.

- Fase de recuperación: limpieza y desinfección de instalaciones, vehículos y equipo, autoevaluación e informe final.

La Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan de Contingencia covid-19, en el que complementa las capacidades del Sistema Nacional de Salud para atender la contingencia provocada por la covid-19; además, firmó con las autoridades correspondientes del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) un convenio de colaboración en el que se establecieron los recursos económicos destinados a las instalaciones sanitarias destinadas a atender covid-19, así como personal médico para la atención de los personas con padecimientos de covid-19.

A partir del inicio de la contingencia, la Secretaría de la Defensa Nacional ha estado informando de la situación que guardan la instalaciones que habilitaron para atender pacientes con covid-19, cuántas personas han atendido en casos graves, leves y recuperación de los enfermos; asimismo, se encargó de operar 32 hospitales del Insabi . 10 Igualmente, elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos han trasportado vía aérea y terrestre a mil 244 toneladas de equipo e insumos médicos para hospitales del Sector Salud federal y para instalaciones militares empeñadas en atender esta pandemia en todo el país.

Los trabajos que se han realizado por parte de las autoridades correspondientes para enfrentar a la covid-19 ha sido constante y celebro que la Sedena, Semar, Insabi, Secretarías de Salud estatal y municipales, sobre todo el gobierno mexicano se han mantenido en coordinación para fortalecer a los estados y municipios que han presentado mayor contagio del virus.

La Zona Metropolitana Cuautitlán-Texcoco está conformada por 59 municipios, en la que habitan 12 millones 656 mil 686 personas. Tecámac se sitúa en esta zona con un total de 489 mil 70 habitantes de los cuales 238 mil 685 son hombres y 250 mil 385 son mujeres. 11 El estado de México ha sido uno de los estados más afectados por la covid-19, manteniéndose en semáforo naranja por lo que se debe mantener el apoyo, coordinación y servicio entre todas las instancias autorizadas de los tres órdenes de gobierno de todas los insumos médico, personal y todo aquello que se necesita para brindar un servicio a las personas que adquieran el virus.

Actualmente, en el estado de México, el décimo lugar de casos positivos de covid-19, lo ocupa el municipio de Tecámac con mil 594 personas y 206 muertes, 12 a pesar de las acciones que se emprendieron en el marco de las disposiciones estatales y federal al cierre de espacios públicos y el uso obligatorio de cubrebocas; asimismo, se implementó la suspensión de puestos ambulantes de alimentos, cuidados de agua potable, clausura de restaurantes con comensales al interior, impulsó de campañas de información a través de vídeos interactivos.

El hospital municipal de Tecámac Licenciado César Camacho Quiroz, ante el aumento de contagios en la zona, requiere de mayor apoyo en insumos médicos, equipo y personal médico, para enfrentar y atender a los ciudadanos tecamaquenses; asimismo, ha impulsado campañas de información sobre la covid-19, sus síntomas y qué hacer cuando se presenta el virus.

Lamentablemente, el hospital municipal no cuenta con los insumos suficientes, en infraestructura, ni personal médico y carece de medicamentos para atender a los pacientes que sufren de covid-19; además de ser el único nosocomio en la zona y fue designado para la atención de enfermos con el virus.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Defensa Nacional, a mantener la coordinación con las autoridades del sector salud del municipio de Tecámac, estado de México; asimismo, con la autoridad encargada del hospital general Licenciado César Camacho Quiroz, con la finalidad de seguir coadyuvando en la atención a personas con covid-19 a través del Plan DN-III-E.

Notas

1 https://www.who.int/es/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19

2 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/ advice-for-public/q-a-coronaviruses

3 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 advice-for-public/q-a-coronaviruses

4 Idem

5 https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remark s-at-the-media-briefing-on-covid-19---10-august-2020

6 https://noticieros.televisa.com/historia/coronavirus-cuales-son-fases-covid19-m exico/

7 https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/que-es-el-plan-dn-iii-e

8 https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/03/24/en-que-consiste-el-plan-dn -iii-e-contra-el-coronavirus

9 https://www.gob.mx/sedena/acciones-y-programas/fases-del-plan-dn-iii-e

10 https://coronavirus.gob.mx/2020/05/17/estrategia-contra-covid-19-inicia-insabi- distribucion-de-1226-camas-para-hospitales/

11 https://coespo.edomex.gob.mx/zonas_metropolitanas

12 http://iapem.edomex.gob.mx/sites/iapem.edomex.gob.mx/files/files/ Acciones%20covid-19%20MUNICIPIOS_25_05_2020.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE PUEBLA, A ADECUAR SU NORMATIVIDAD A FIN DE PERMITIR A LOS TRABAJADORES AFILIADOS AL ISSSTE, HACER RETIROS PARCIALES DE SU FONDO DE PENSIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Puebla a adecuar su normativa para permitir a los trabajadores afiliados al ISSSTE hacer retiros parciales del fondo de pensión, a cargo del diputado Fernando Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Fernando Luis Manzanilla Prieto, diputado federal del Grupo Parlamentario de Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las consecuencias más grandes que ha provocado la pandemia en nuestro país es el desempleo. En junio el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la tasa de desempleo en México alcanzó casi el 25 por ciento de la población, a través de una encuesta telefónica de ocupación y empleo. En el estado de Puebla se reportaron cerca de 40 mil pérdidas laborales, 1 a principios de agosto; y a pesar de que la tasa de ocupación tiene una tendencia de recuperación, el escenario deja claros aprendizajes a tomar en cuenta en las normativas del estado.

A pesar de que se prevé la superación de la crisis sanitaria en el corto plazo, la contracción económica del país será un tema que acompañará a los mexicanos al menos un año más. El Fondo Monetario Internacional (FMI) vaticinó que 170 países experimentarían crecimiento negativo este año, y que la recuperación económica en 2021 será parcial. 2

La misma institución internacional proyectó una contracción en la economía mexicana del 10.5 por ciento en el producto interno bruto (PIB) para el 2020, pronosticando la caída más drástica dentro de los países de América Latina. 3 Dichas proyecciones se complementan con el pronóstico que hizo el Banco de México (Banxico), donde se expone una contracción de hasta el 8.8 por ciento en el 2020, con una insuficiente recuperación de 4.1 por ciento para 2021. 4

Ante este desafortunado escenario las y los mexicanos que se encontraban, o se encuentran, en situación de desempleo han recurrido a diversos mecanismos que les permitan subsistir. Ejemplo de ello ha sido el retiro anticipado y parcial de los fondos para el 3etiro, por parte de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Dicho retiro anticipado está contemplado dentro de los derechos velados por la Ley del Seguro Social, donde en su artículo 191 señala que “durante el tiempo en que el trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral, tendrá derecho a retirar parcialmente por situación de desempleo los recursos de la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez”.

Los requisitos que se solicitan para ser beneficiario de esto son: i) tener 46 días naturales de estar desempleado; ii) haber estado registrado al menos durante tres años con una Afore; iii) tener dos o más años cotizados en el Seguro Social; y iv) no haber efectuado retiros de su cuenta individual en los últimos cinco años.

Una vez cumplidos los requisitos, lo único que hay que hacer es presentarse en la Afore y solicitar la realización del trámite; hecho esto, la Afore validará que efectivamente se cumpla con las condiciones del trámite y el IMSS validará y certificará en su caso el derecho al Retiro Parcial por Desempleo.

La disposición parcial de los recursos de la cuenta individual se podrá realizar con base en dos modalidades: en la primera, si la cuenta individual tiene al menos tres años de haber sido abierta y la persona tiene un mínimo de dos años de cotización al IMSS, entonces se puede retirar un monto equivalente a 30 días del último salario base de cotización registrado con un límite de 10 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La segunda modalidad es aplicable cuando la cuenta individual tiene más de cinco años de haber sido abierta; en estos casos, el monto a retirar corresponde a lo que resulte menor entre el importe correspondiente a 90 días del salario base de cotización de las últimas 250 semanas o el 11.5 por ciento de los recursos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV).

Así, en julio, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) registró la cantidad de 10 mil 562 millones de pesos en retiros de estos fondos, una cifra record e histórica que proyecta la difícil situación que han enfrentado los mexicanos. Si bien existen claros menoscabos en la pensión de una persona al retirar anticipadamente dinero de su Afore, no cabe duda que fue un mecanismo que ayudó a sobrellevar la crisis y el confinamiento.

Por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también existe un mecanismo de protección. En este se permite que si un afiliado queda desempleado puede retirar parcialmente recursos de su cuenta individual, a partir del día 46 del desempleo; la cantidad que se puede retirar es de hasta 75 días de su último sueldo básico o el 10 por ciento del saldo registrado en tu subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 5

Dicho beneficio está estipulado en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que en su artículo 77 establece que:

Artículo 77. Durante el tiempo en que el trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral, éste tendrá derecho a:

I...

II. Retirar de su subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, la cantidad que resulte menor entre setenta y cinco días de su propio sueldo básico de los últimos cinco años, o el diez por ciento del saldo de la propia subcuenta, a partir del cuadragésimo sexto día natural contado desde el día en que quedó desempleado.

El derecho consignado en esta fracción, sólo podrán ejercerlo los trabajadores, que acrediten con los estados de cuenta correspondientes, no haber efectuado retiros durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha citada. El trabajador deberá presentar la solicitud correspondiente.

De tal manera que las y  los afiliados de esta institución podrán tener la tranquilidad de sobrellevar un tiempo de crisis en lo que inician un nuevo camino laboral, o son reinstalados en sus centros de trabajo.

Sin embargo, a nivel estatal existe poca certidumbre respecto a este tipo de mecanismos. Ejemplo de ello, es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), en la cual no existen mecanismos de protección en caso de que un afiliado quede desempleado temporal o definitivamente.

En el artículo 12 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla se establece lo siguiente:

Artículo 12. Se establecen con carácter obligatorio las siguientes prestaciones:

I. Servicios médicos:

1. Medicina preventiva.

2. Atención de enfermedades en general y maternidad.

3. Atención de riesgos de trabajo.

II. Socioeconómicas:

1. Pensiones por:

a) Jubilación.

b) Retiro por edad y tiempo de servicio.

c) Inhabilitación.

d) Fallecimiento.

- Viudez.

- Orfandad.

- Ascendencia en primer grado.

2. Pago póstumo.

3. Reintegro del valor de sus aportaciones al fondo de pensiones por separación.

4. Créditos a corto, mediano y largo plazo.

5. Estancias infantiles.

Dentro de dichas prestaciones, no se considera un retiro anticipado y parcial por desempleo, ni se contempla un seguro de desempleo que proteja a los trabajadores que se separen de su función.

En lugar de ello, el capítulo V de la mencionada ley establece que:

Artículo 122. El trabajador que sin tener derecho a ser pensionado se separe definitivamente del servicio por cualquier causa, podrá solicitar la devolución de su aportación al fondo de pensiones.

Artículo 123. Esta devolución será cubierta por el instituto dentro de los primeros 30 días siguientes a la fecha de la solicitud respectiva. Al realizarse el pago correspondiente se extinguirán los derechos y obligaciones del trabajador y del instituto consignados en esta ley.

Artículo 124. Sólo podrán efectuarse descuentos a la cantidad correspondiente cuando el servidor público tenga algún adeudo con el instituto.

Artículo 125. En el caso de que el trabajador que hubiere retirado su aportación al fondo de pensión, en términos de los artículos anteriores y reingrese al servicio público, podrá solicitar que el tiempo durante el que laboró con anterioridad se le compute, para efectos de esta ley, como tiempo efectivo de servicios, para lo cual deberá de reintegrar al instituto, dentro del primer año de su reingreso, el monto recibido por este concepto más los intereses correspondientes, cuya tasa porcentual conforme a la cual se calculen, será determinada por la Junta Directiva.

En los anteriores supuestos, se deja en vulnerabilidad económica al trabajador, ya que sólo tienen la opción de retirar la totalidad de los recursos en caso de separarse de sus funciones, obligándolos a reintegrar la totalidad del ahorro (más los intereses) si regresaran a laborar en una entidad de orden público del estado de Puebla.

Analizando las leyes del IMSS y del ISSSTE, en comparación con la normativa del ISSSTEP, se hace evidente la necesidad de incorporar disposiciones claras en torno a situaciones de desempleo para los afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla.

Dichas disposiciones pueden ser similares a las del ISSSTE y el IMSS, estableciendo mecanismos para crear un seguro de desempleo o para asegurar la disposición de recursos por parte del trabajador que se encontrare en situación de desempleo. Lo anterior, con la finalidad de que la persona separada de su función, pueda optar por el componente dado en el capítulo V de la ley del ISSSTEP o, en su caso, hacer los retiros parciales correspondientes, que no le obliguen a regresar el monto total de sus ahorros.

Bajo estos mecanismos de protección, el estado de Puebla tiene la oportunidad de fortalecer la previsión social y el trabajo libre, derecho humano protegido por la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece que:

Artículo 23.

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2...

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

Ante el escenario que se encuentran las y los mexicanos como resultado de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-Cov-2, es necesario que el Estado mexicano por medio de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno implemente mecanismos que sirvan como apoyo para la población y, con ellos, puedan hacer frente a los efectos negativos que tendrá esta pandemia en la economía de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al honorable Congreso del estado de Puebla, para que en el ámbito de sus atribuciones, realice las reformas necesarias a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, para garantizar la protección contra el desempleo en los trabajadores al servicio de los poderes del estado, tomando en consideración los siguientes puntos:

A. Implementar un mecanismo que sirva como seguro de desempleo a las personas que hayan sido separadas de su cargo, sin que sea necesario el retiro de la totalidad de los ahorros resguardados en su fondo de pensión.

B. Establecer las disposiciones necesarias para que se incorpore la posibilidad de disponer de recursos económicos, por parte del trabajador, de su fondo de pensión en caso de encontrarse en situación de desempleo.

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 32 Congresos de las entidades federativas, y a las y los titulares del Poder Ejecutivo estatal, a analizar y, en su caso, realizar las reformas necesarias a las leyes de seguridad social aplicables a las y los trabajadores de las entidades federativas, a fin de impulsar mecanismos de seguridad ante el desempleo, así como la posibilidad de realizar disposiciones emergentes de recursos en sus fondos de pensiones y ahorro, sin afectar o comprometer los derechos de la planta laboral.

Notas

1 Violeta García Rojas. Puebla perdió 40 mil empleos a causa de la pandemia por covid-19. Fecha: 7 de agosto de 2020, consultado en:

http://retodiario.com/noticia/GOBIERNO/Puebla-perdio-40-mil-empl eos-a-causa-de-la-pandemia-por-covid-19/192751

2 BBC Mundo. Coronavirus: las oscuras proyecciones del FMI sobre la economía mundial por los efectos del coronavirus. Fecha: 9 de abril de 2020 consultado en:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52225918

3 Leticia Hernández. Economía mexicana será de las más golpeadas del mundo por covid-19, según el FMI. Fecha: 24 de junio de 2020, consultado en:

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fmi-hunde-pronostico-de -economia-de-mexico-en-2020-proyecta-caida-de-10-5

4 Informe Trimestral de Banco de México. (Enero-marzo)

5 Página Oficial del Gobierno de México. Consultado en:

https://www.gob.mx/consar/articulos/retiro-por-desempleo-para-tr abajadores-issste

Dado en el Palacio Legislativo del honorable Congreso de la Unión, a 2 de septiembre de 2020.– Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

EXHORTO A LOS CONGRESOS LOCALES, A TRAVÉS DE LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN, A VERIFICAR EL EJERCICIO CORRECTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE ORIGEN ESTATAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a verificar por las entidades de fiscalización correspondientes el correcto ejercicio de los recursos públicos de origen estatal por los ayuntamientos, en el marco de su autonomía, a cargo del diputado Fernando Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Fernando Luis Manzanilla Prieto, diputado del Grupo Parlamentario de Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El municipio en México tiene un papel de suma importancia en el funcionamiento de la federación. Los presidentes municipales a través de los ayuntamientos son los que gobiernan a estas entidades. De acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), éstos cuentan con atribuciones específicas, como es la atención de temas como el agua potable, drenaje, alumbrado público, calles y parques, entre otras.

Resulta evidente que los municipios padecen de escasez crónica, dependencia política y financiera, subordinación excesiva a diferentes instancias gubernamentales locales y nacionales o excesiva centralización, además de atraso o disparidad social. 1 Incluso, a diferencia de la federación o de los gobiernos estatales, los municipios tienen un presupuesto que llega a ser bastante reducido.

Las autoridades municipales, al ser las más cercanas a la población, deberían ser más receptivas a las necesidades de los ciudadanos. Las decisiones de los ayuntamientos afectan o benefician a las mexicanas y mexicanos de manera más directa. Sin embargo, en ocasiones se llega a desatender las demandas de la población y las autoridades municipales no invierten el presupuesto municipal en aquello que deberían conforme a la CPEUM y las Constituciones locales.

Aunque en el Diagnóstico de la implementación y operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del desempeño se identificó que, en promedio, los municipios mostraron un avance tan sólo de 39.3 por ciento. Es decir, no hay un buen progreso en la capacidad institucional del ciclo presupuestario en materias de planeación, programación, presupuesto, ejercicio y control, seguimiento y rendición de cuentas en los municipios del país. 2

Para conseguir que los ayuntamientos en los gobiernos municipales hagan un ejercicio adecuado de los recursos, existen distintos mecanismos. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) está facultada para fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público-privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones, así como la verificación de que las operaciones sean conforme a la Ley de Ingresos y la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación. 3

A nivel local, los gobiernos de las entidades federativas cuentan con diversas leyes que permiten vigilar y supervisar el adecuado uso de los recursos públicos de los municipios. Por ejemplo, en las Leyes Orgánicas de la Administración Pública Estatales se señalan cómo se deben manejar los recursos de procedencia federal y estatal bajo las autoridades municipales. Otro ejemplo son las Leyes de Contaduría Mayor de Glosa o de Hacienda de los estados que se encargan de vigilar el presupuesto otorgado a los municipios.

En el caso de los cabildos, los Comités de Planeación para el Desarrollo municipal y Consejos de Desarrollo Municipal, son los encargados de supervisar a los municipios, para que ejerzan de manera correcta el presupuesto. 4

En este sentido, el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, (Imco) y el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, en 2013 realizaron el estudio Auditorías Superiores Locales en México: evaluación de su normatividad, prácticas y transparenci 5, con la finalidad mostrar el estado de los sistemas de fiscalización superior en las entidades federativas en México.

En este estudio la calificación promedio (escala de 0 a 100) de las entidades federativas respecto a la calidad de su ordenamiento jurídico en materia de fiscalización y rendición de cuentas fue de 78.3, siendo Colima la entidad con mayor puntaje respecto a la calidad de su ordenamiento jurídico, obteniendo 98.0, y Tamaulipas se posicionó como la entidad con menor puntaje obteniendo 60.5. En cuanto al Estado de Puebla su puntaje se encontró por debajo de la media nacional obteniendo un puntaje de 73.5. 6

Una de las razones principales para la elaboración de dicho estudio fueron los constantes escándalos de endeudamiento y malversación de fondos en las entidades federativas, los cuales evidencian la necesidad de fortalecer las instituciones responsables de vigilar el ejercicio de los recursos públicos, ejemplo de esto son las manifestaciones ciudadanas en el municipio de Cañada Morelos en el Estado de Puebla, donde se denuncia la inactividad de obras públicas y gastos en festividades que no benefician a todos  los habitantes.

El Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 del Estado de Puebla mostró que, en 15 de las 32 regiones del Estado, el 70 por ciento de los habitantes viven en condiciones precarias, lo cual se ve acentuado en los municipios de la Sierra Norte de Puebla y los municipios que pertenecen al denominado Triángulo Rojo. 7

Uno de los municipios que se encuentran en esta región es Cañada Morelos, el cual además de ser considerado zona de atención prioritaria debido a los altos índices de carencia en materia de vivienda, salud, servicios de drenaje y rezago educativo 8, también se enfrenta a una alta tasa de incidencia delictiva de 731 por cada 100 mil habitantes. 9

Debido a la precaria situación en la que se encuentran algunos municipios, resulta necesario hacer énfasis en que los ayuntamientos son el orden de gobierno más cercano a los ciudadanos, estos representan un componente fundamental del grado de gobernabilidad del país, por eso los recursos asignados y recaudados por estos deberían ser utilizados en todo momento en beneficio de la ciudadanía, no en beneficio de pocos.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los gobiernos municipales para que, en el contexto de las restricciones de movilidad y las medidas sanitarias de confinamiento, procuren el cumplimiento de los servicios públicos básicos establecidos en la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los honorables Congresos de las entidades federativas, para que, a través de las entidades de fiscalización local, verifiquen el correcto ejercicio de los recursos públicos de origen estatal, por parte de los gobiernos municipales, en el marco de su autonomía constitucional.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al honorable Congreso del estado de Puebla para que, a través de la Auditoría Superior del Estado, verifique que los 217 municipios de la entidad garanticen el debido cumplimiento de los servicios públicos básicos establecidos en la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se verifique el correcto ejercicio de los recursos públicos de origen estatal.

Notas

1 Municipios, enfrentan problemas graves. (10 de noviembre de 2014). Alcaldes de México. Disponible en:

https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/municipios-en frentan-problemas-graves-anac/

2 Cancún, primer lugar nacional en transparencia y eficacia en manejo presupuestal. (12 de mayo de 2020). El Universal. Disponible en:

https://www.eluniversal.com.mx/estados/cancun-primer-lugar-nacio nal-en-transparencia-y-eficacia-en-manejo-presupuestal

3 Artículo 1 de la Ley de Fiscalización y de Rendición de Cuentas de la Federación, disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf

4 Ugalde, L. La rendición de cuentas en los gobiernos estatales y municipales. Disponible en:

https://www.asf.gob.mx/uploads/63_Serie_de_Rendicion_de_Cuentas/ Rc4.pdf

5 Auditorías Superiores Locales en México: Evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia, Instituto Mexicano para la Competitividad, AC (Imco) y el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, fecha: 2013, fecha de consulta: 12 de junio de 2020, disponible en:

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/5/resumen_ ejecutivo_imco_udg.pdf

6 Ídem.

7 “Pobreza de Puebla se concentra en Triángulo Rojo y Sierra Norte”, fecha: noviembre 2019, fecha de consulta: 12 de junio de 2020, disponible en:

http://www.poderes.mx/2019/11/29/pobreza-de-puebla-se-concentra- en-triangulo-rojo-y-sierra-norte/

8 “Informa anual sobre la situación de pobreza y rezago social, 2017”, Sedesol, fecha: 2017, fecha de consulta: 12 de junio de 2020, disponible en:

http://diariooficial.gob.mx/SEDESOL/2017/Puebla_099.pdf

9 “Pobreza de Puebla se concentra en Triángulo Rojo y Sierra Norte”, fecha: noviembre 2019, fecha de consulta: 12 de junio de 2020, disponible en:

http://www.poderes.mx/2019/11/29/pobreza-de-puebla-se concentra-en-triangulo-rojo-y-sierra-norte/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrup-ción, para dictamen.

ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO PARA FRENAR LA DESAPARICIÓN DE JÓVENES

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC a coordinarse con sus 32 homólogas locales y establecer acciones preventivas del delito urgentes y concretas para frenar la desaparición de jóvenes en el país, a cargo del diputado Édgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Édgar Guzmán Valdez, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que en coordinación con sus homologas de las 32 entidades federativas establezcan acciones de prevención del delito urgentes y concretas para frenar la desaparición de jóvenes en el país, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Un hecho que conmocionó a México en el año 2014 fue la desaparición de los 43 estudiantes en el municipio de Iguala, Estado de Guerrero. Al paso de la historia reciente la situación de los jóvenes desaparecidos puede ser valorada a partir de ampliar el marco contextual, social y político de México, solo así, se logra comprender que existen casos e historias de las y los jóvenes cuyo paradero desconocido afecta a las familias y comunidades del país.

La cifra de personas desaparecidas en México no se detiene, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Gobernación más reciente, desde el primer caso registrado en la década de 1964, a la fecha suman 177 mil 863 desapariciones, de los cuales 73 mil 201 permanecen en calidad de víctimas o no localizadas, no obstante las cifras también demuestran que el repunte de estas desapariciones se dio a partir del año 2006, 1 como se puede apreciar en la siguiente gráfica elaborada por el Registro Nacional de Personas Desparecidas.

En estas cifras también se incluyen a los migrantes que han desparecido en México, la mayoría centroamericanos en su tránsito hacia los Estados Unidos.

De los 73 mil 201 desaparecidos, el 75% tiene entre 15 y 30 años de edad. Se trata de una cifra alarmante.

 “La juventud se está desapareciendo”, dijo la comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBP), Karla Quintana en entrevista con la periodista Denise Maerker.

Ante esta situación nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué están ocurriendo estas desapariciones?

La interpretación de este fenómeno es multifactorial, las autoridades apuntan a vínculos con el crimen organizado, la condición de género, región del país en la que habitan, estratos sociales en los que se desarrollan los jóvenes o simplemente por encontrarse en el momento y en el lugar menos indicado.

En efecto, no existe una razón comprobada del por qué están desapareciendo los jóvenes en ese rango de edad, sin embargo lo que si nos dicen las cifras es que, actualmente son un grupo poblacional con un alto grado de vulnerabilidad.

En México ser joven es peligroso y resulta muy usual que las propias autoridades revictimicen a los desaparecidos al asegurar que estos están involucrados en alguna actividad ilegal.

El mismo reporte histórico de personas desaparecidas, de este mes de julio, en conferencia de prensa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas aseguró que durante el primer semestre de 2020 hubo una disminución en el número de denuncias por desaparición en comparación con el mismo periodo del año pasado. 2

En contraste Tania Reneaum Panszi, quien es presidenta de Amnistía Internacional en México, menciona que “en el contexto de la pandemia, hoy la cifra negra podría ser más elevada que antes , las fiscalías no están en condiciones de recibir las denuncias como antes o las familias no tienen las condiciones para poder salir a denunciar”. 3

En dicho informe también se aclaró que entidades como Guanajuato, Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Sonora, Tlaxcala, Durango y Campeche, no habían reportado el total de su información.

Lo cierto es que esfuerzos para combatir este fenómeno de desapariciones de jóvenes y de la población de general no han sido menores, pues en 2017 se publicó la Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, esta ley federal ordena la creación de las fiscalías especializadas en la materia, se instaló también, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y se han articulado análisis y diseñado protocolos de homologación, entre otras acciones, por lo que en el presente inmediato se necesita poner en práctica todo ese andamiaje jurídico y con ello lograr conocer el paradero de miles de personas a lo largo y ancho del país.

Sabemos que para esclarecer la verdad y la justicia se requiere de una mayor cooperación entre familiares de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil, los poderes ejecutivo y legislativo, así como de los gobiernos estatales para que ante esta grave problemática se logre alcanzar el objetivo fundamental que es el de encontrar a las víctimas y hacer justicia.

Por su parte los colectivos enfocados a la búsqueda de personas han formado una red muy importante a lo largo del país, teniendo una función muy significativa: “Desde hace más de 3 años el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, una plataforma de víctimas que agrupa actualmente 59 colectivos de familiares de personas desaparecidas de 20 entidades del país y tres naciones Centroamericanas, así como organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, ha trabajado intensamente para establecer condiciones de verdad y justicia que permitan la localización de nuestros seres queridos y a la erradicación de la desaparición en México” 4 estos colectivos, se han convertido en piezas claves en los casos de desaparición.

Dichos colectivos de personas desaparecidas consideran que una de las principales razones por las que las cifras de desaparecidos van en aumento es porque existe un alto grado de impunidad.

Es de vital importancia para el país, erradicar cualquier tipo de violencia hacia los jóvenes, pues estos representan un recurso humano indispensable, económico y de cambio social para nuestro país.

El Estado mexicano se encuentra ante un gran reto, ya que no solo consiste en la localización de los jóvenes y de cualquier persona desaparecida, pues se debe garantizar el derecho a la justicia a través del esclarecimiento de los hechos y así evitar que estos actos se repitan, y queden impunes.

Las herramientas de búsqueda por parte del Gobierno federal también resultan fundamentales para avanzar en la búsqueda de las y los miles de jóvenes desaparecidos en el país. Al respecto el pasado 13 de julio del presente año, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en conjunto con la Secretaría de Gobernación dieron a conocer la versión pública de Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas, representado un avance en la integración de información de las fiscalías locales y federales así como la posibilidad de que los particulares avisen de manera anónima la desaparición de una persona sin la necesidad de realizar una denuncia ante la autoridad ministerial.

Al respecto de esta presentación, existe una exigencia de parte de los familiares y los colectivos de búsqueda, al considerar que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas debe realizar ajustes en la plataforma ya que hay áreas de oportunidad en el manejo de la información y cuidado de los datos personales, por citar un caso ejemplificador, las bases de datos pueden mejorar sus restricciones para la consulta ciudadana y de las personas familiares de las víctimas, en la actual búsqueda no es posible localizar la información con filtros de referencia, como son: por fecha, ubicación (estado, municipio, localidad y colonia), sexo, nacionalidad e incluso por delito, además de que dicha plataforma no permite conocer la metodología de la obtención de los datos que se manejan, ya que no es lo mismo: personas no localizadas y personas desaparecidas.

 “Tenemos el derecho a acceder a esta información que es de relevancia pública y que permite corroborar lo que están publicando, lo que están mencionando en las conferencias, por ejemplo, están diciendo que las denuncias de personas desaparecidas disminuyeron, bueno cómo podemos confirmar esto, cómo podemos comprobarlo (...) es como la forma que tenemos de escrutar el trabajo y los compromisos a los que se están adscribiendo” mencionó Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica, una organización civil especializada en el análisis de datos. 5

La base de datos anterior del Registro Nacional de Personas Desaparecidas si permitía realizar esta búsqueda, sin embargo la última información se actualizó en el mes de abril de 2018.

Son necesarias también las investigaciones que involucren en conjunto a la academia, el gobierno y la saciedad civil, así como los familiares de las personas desaparecidas, de lo contrario las hipótesis sobre las personas desaparecidas no podrán ser esclarecidas con puntualidad, quiero subrayar que, en las investigaciones, todos los grupos poblacionales son importantes, y por ello, la necesidad de mencionar el procedimiento general. Sin embargo, el grave daño hacia los jóvenes hace que enfatice de manera particular sobre dicho grupo.

Ante estas desapariciones que permean en todo el país, resulta indispensable tomar medidas que garanticen seguridad y justicia para todos esos jóvenes víctimas de desaparición y es por ello que a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social se somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y a su autonomía, exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en coordinación con las Fiscalías o Procuradurías de Justicia de las 32 entidades federativas, se establezca un plan de trabajo para agilizar las acciones de búsqueda, la investigación y persecución de los casos de desaparición de jóvenes en México, debido a que de los 73 mil 201 desaparecidos, el 75 por ciento tiene entre 15 y 30 años de edad, a fin de garantizar el derecho humano de acceso a la verdad y a la justicia.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y a su autonomía, exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que en coordinación con sus homólogas de las 32 entidades federativas establezcan, en el ámbito de su competencia, acciones de prevenciones del delito urgentes y concretas para frenar la desaparición de jóvenes en el país.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas haga pública y accesible a la ciudadanía, la base de datos y metodología para recabar la información del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas .

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobernadores de las entidades federativas de Guanajuato, Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Sonora, Tlaxcala, Durango y Campeche para que completen su información de búsqueda, localización e identificación de personas, en la base de datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Notas

1 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/15/mas-de-73000-personas-han-des aparecido-y-la-mayoria-son-jovenes-de-entre-15-y-30-anos/

2 https://www.forbes.com.mx/politica-mexico-73000-personas-desapare-cidas-segob/

3 https://www.forbes.com.mx/actualidad-nueva-normalidad-oportuni-dadfortalecer-bu squeda-desaparecidos/

4 https://movndmx.org/movimiento-desaparecidos-en-mexico-saluda-plan-busqueda-loc alizacion-personas-desaparecidas-anunciado-gobierno-federal/

5 https://www.proceso.com.mx/638157/presentan-plataforma-de-perso-nas-desaparecid as-pero-no-abren-datos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputado Édgar Guzmán Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA GARANTIZAR LA VIDA, SEGURIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL DE PERIODISTAS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los tres órdenes de gobierno a fortalecer sus mecanismos de coordinación para garantizar la vida, seguridad e integridad personal de los periodistas, a cargo del diputado Édgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Édgar Guzmán Valdez, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La libertad de expresión es un derecho humano que, además, guarda estrecha relación con los derechos colectivos, en cuanto al derecho de la sociedad, en general, a recibir información y opiniones sobre diversos temas políticos, sociales, culturales, del comercio o publicitarios.

La libertad de expresión y su ejercicio permiten a los ciudadanos comprender los asuntos de relevancia política y participar ampliamente en la construcción de cualquier sistema democrático y permite desarrollar el esencial principio democrático de la rendición de cuentas, hacer visibles los actos del gobierno y discutir sobre las mejores alternativas en materia de políticas públicas. 1

La libertad de prensa es fundamental para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión y es un elemento esencial de toda democracia. Su ejercicio requiere de medios de comunicación libres de censura y del control estatal. Sin ella, la posibilidad de contar con ciudadanos informados para la discusión de los asuntos públicos es nula. En este contexto, es importante garantizar condiciones adecuadas para su práctica. 2

Desafortunadamente México es de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras en el país no se ha logrado detener la espiral de violencia contra los periodistas ni poner fin a la impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra ellos. 3

Los periodistas mexicanos realizan su trabajo entre amenazas y agresiones sin la protección adecuada del Estado. En 2019 fueron privados de la vida 10 periodistas y según el informe anual 2019 “Disonancia: Voces en disputa” de Artículo 19, durante el año pasado se registraron 609 agresiones contra periodistas. 4 54 por ciento de las agresiones al gremio se dio por cubrir información relacionada con la corrupción y la política del país.

De 2018 a 2019 las agresiones contra la prensa pasaron de 544 a 609, mientras que los homicidios aumentaron de nueve a diez.

Este año no ha sido mejor para quienes ejercen el periodismo, con el asesinato del periodista Jorge Miguel Armenta Ávalos, dueño de los periódicos Tiempo y Medios Obson, en Ciudad Obregón, Sonora, ya suman seis periodistas y trabajadores de los medios de comunicación asesinados en lo que va de 2020 y 159 de 2000 a la fecha. 5

De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil durante la contingencia sanitaria por la pandemia de covid-19, las agresiones contra periodistas no han cesado en México, incluso se han incrementado.

El Director del Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, ha señalado que, desde el inicio de la emergencia sanitaria, dicho organismo ha identificado que al menos 44 comunicadores han sido amenazados o agredidos. 6 

Las agresiones en perjuicio de periodistas y comunicadores en nuestro país son preocupantes, no sólo porque se trata de agravios a la integridad y vida de personas, sino porque también se lesiona a toda la sociedad, al vulnerarse el derecho a la información.

En México, existen disposiciones legales que garantizan la libertad de prensa y la protección a los periodistas.

El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos prevé la libertad de expresión al señalar que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

El artículo 6° constitucional, párrafo primero, reconoce como un derecho humano la libre manifestación de las ideas y que ésta no será objeto de inquisición judicial o administrativa; asimismo, en el artículo 7o., primer párrafo, prevé la inviolabilidad de la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, por lo que ninguna ley o autoridad pueden establecer la previa censura, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tiene por objeto establecer la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Las autoridades se encuentran obligadas a prevenir las situaciones en las cuales se cometan violaciones a los derechos humanos de los periodistas y, en caso de que éstas se actualicen, debe investigarlas, con la finalidad de identificar a los responsables, imponer las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima la adecuada reparación del daño.

El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, detectó tres grandes problemas para el ejercicio periodístico en el país: ineficacia de las instituciones para resolver ataques a los periodistas; la persistencia y crecimiento del número de agresiones; y la ampliación de las zonas de silencio, donde los medios de comunicación ya no reportan informaciones de inseguridad, derechos humanos y violencia por miedo a represalias. 7

Al Grupo Parlamentario de Encuentro Social le preocupa la integridad de quienes ejercen el periodismo y pedimos a las y los titulares del poder ejecutivo de los tres órdenes de gobierno fortalezcan sus mecanismos de coordinación para garantizar su vida, seguridad e integridad personal, pues dichas agresiones ponen en riego el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión en nuestro país.

Asimismo, con la presente proposición se propone exhortar respetuosamente al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y a sus homólogos en las 32 entidades federativas para que fortalezcan las acciones de prevención del delito, a fin de disuadir las agresiones contra los integrantes del sector periodístico, a efecto de evitar un mayor incremento en los homicidios y desapariciones de periodistas, así como de los atentados cometidos contra instalaciones de medios de comunicación.

También se considera necesario exhortar a las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas para que realicen una investigación exhaustiva de los homicidios perpetrados contra periodistas y trabajadores de la comunicación para dar con los responsables, presentarlos ante la justicia y reciban el castigo que en derecho corresponda, para que los homicidios no queden impunes.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes y al sistema federal, exhorta al titular del Ejecutivo federal y a las y los gobernadores de las 32 entidades federativas a que, a través de la Secretaría de Gobernación, fortalezcan sus mecanismos de coordinación para garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las y los periodistas, pues dichas agresiones ponen en riego el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión en nuestro país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a su autonomía, exhorta al fiscal general de la República y a las Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia de las 32 entidades federativas a que realicen una investigación exhaustiva de los homicidios perpetrados contra periodistas para dar con los responsables, presentarlos ante la justicia y reciban la sanción que en derecho corresponda, para que los homicidios no queden impunes.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes y al sistema federal, exhorta a las y a los titulares del Ejecutivo de los tres órdenes de gobierno, para que, a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y sus homólogos en las 32 entidades federativas, fortalezcan las acciones de prevención del delito, a fin de disuadir las agresiones contra los integrantes del sector periodístico, a efecto de evitar un mayor incremento en los homicidios y desapariciones de periodistas, así como de los atentados cometidos contra instalaciones de medios de comunicación.

Notas

1 https://www.centrocarbonell.mx/la-libertad-de-expresion-en-la-demo-cracia-const itucional/

2 https://www.milenio.com/opinion/gabriel-corona/paideia-politica/ li-bertad-de-prensa-y-democracia-en-mexico

3 https://www.rsf-es.org/news/clasificacion-2020-el-horizonte-se-oscu-rece-para-l a-libertad-de-prensa-en-america-latina/

4 https://www.informador.mx/mexico/Agresiones-contra-periodistas-persisten-en-Mex ico-20200526-0100.html

5 https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/05/17/van-seis-periodistas-ase sinados-en-mexico-en-2020-442.html

6 https://www.jornada.com.mx/2020/05/21/politica/009n2pol

7 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/el-75-de-perio-distas-del-pais -se-sienten-vulnerables-ante-ataques-encuesta-4222190.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputado Édgar Guzmán Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

SE AGILICEN LOS PROCESOS DE CORRECCIÓN DE ERRORES EN LA DIGITALIZACIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO EN LOS REGISTROS CIVILES

«Proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta a los 32 gobiernos locales a adoptar por los titulares del Registro Civil de su competencia medidas para agilizar los procesos de corrección de errores en la digitalización de actas de nacimiento, a cargo del diputado Édgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputado federal Édgar Guzmán Valdez, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Saber con precisión cuantas personas viven sin documentos de identidad en nuestro país es muy complicado, ya que no aparecen en ninguna estadística o base de datos. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar, es la magnitud del problema. En 2014, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, presentó un trabajo en el cual se muestra que en México existen alrededor de 14 millones de personas sin acta de nacimiento. 1

Situación que resulta sumamente alarmante si recordamos que fue desde 1857 durante el mandato del presidente, el C. Ignacio Comonfort, cuando se decretó la Ley Orgánica del Registro Civil. En la cual, se estableció por primera vez la obligatoriedad de todos los habitantes de la República mexicana a inscribirse en el Registro Civil.

El Registro Civil, es la instancia que se encarga de dar fe mediante actas, de todos los nacimientos, la adopción y arrogación de personas, los matrimonios, los votos religiosos y los fallecimientos; y ponía las bases para la expedición de las actas correspondientes que debían estar a cargo de un oficial del estado civil.

Posteriormente, el 28 de julio de 1859, bajo el mandato del presidente Benito Juárez, subrayó la idea de separar el Estado de la Iglesia, delimitando el papel que le corresponde a cada uno y reafirmando las tareas que son inherentes al Estado como la más alta organización de la sociedad. Y estableciendo, por lo tanto, el derecho humano a la identidad individual, al nombre, al estado civil de las personas y a la seguridad jurídica.

En años más recientes, el UNICEF ha señalado que el acta de nacimiento es además un documento fundamental para dar fe de la identidad ciudadana y jurídica de las personas, el ejercicio de sus derechos y obligaciones y, por lo tanto, un instrumento de protección de la ésta. 2

Posteriormente, el 17 de julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional por la cual se adicionó un párrafo octavo al artículo cuarto de nuestra Carta Magna, que en sí dice qué:

“Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Que el Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. Y que la autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.”

A su vez, el Código Civil Federal, señala que el padre y la madre, cualquiera de ellos, o ante su ausencia, los abuelos paternos o los maternos, deberán declarar el nacimiento de cualquier menor, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que este ocurriera.

Ante esto, dependencias del gobierno federal, entre ellas, la Secretaria de Gobernación (SEGOB), han tomado diversas acciones, con el objetivo de facilitar el trámite del acta de nacimiento, evitar filas y agilizar su expedición. Por lo que las autoridades federales y estatales encargadas del registro de población han aplicado a nivel nacional el Programa de Expedición de Actas de Nacimiento por Internet, a través de su página de internet 3 la cual también cuenta con el programa: Expedición d3 la copia certificada del acta de nacimiento en línea.

En esta página se señala que, para tramitar la copia certificada del acta de nacimiento en línea, se requieren los siguientes datos: CURP, nombre completo fecha de nacimiento, entidad de registro, sexo, nombre completo de madre o padre, y el pago en línea, que se puede realizar mediante tarjeta de crédito o débito o contar con impresora para imprimir el formato de pago.

Este documento, adquirido vía internet es válido en todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal.

Por otro lado, se llega a dar el caso que en algunas ocasiones las actas presenten algún error en la digitalización en el documento, y en estos casos, los Registros Civiles de las 32 Entidades Federativas son las encargadas de hacer las modificaciones pertinentes.

Para ello, es necesario enviar un correo al enlace correspondiente donde la persona fue registrada colocando en el asunto el título “corrección de acta” y en el cuerpo del correo, la o el interesado debe proporcionar los siguientes datos:

CURP

Nombre completo (nombre(s), primer apellido, segundo apellido)

Sexo (femenino/masculino)

Fecha de nacimiento

Entidad de registro

Municipio de registro

Oficialía de registro

Número de acta

Libro

Imagen escaneada del acta de nacimiento

Breve descripción de la corrección que se debe hacer

En la misma página de Segob, se publican los datos de contacto 4 de los enlaces da cada Entidad Federativa. Pero de no ser el caso o de no tener la posibilidad de realizarlo vía remota, se puede acudir a las oficinas de los Registros Civiles correspondientes. 5

En México, de acuerdo al artículo 94 de la Ley General de Población, se establece que: “Las autoridades de la Federación, de los estados y de los municipios, serán auxiliares de la Secretaría de Gobernación en las funciones que a ésta correspondan en materia de registro de población”.

Por lo que, en la misma página de internet, se señala que, el proceso que toma la corrección en la digitalización de las actas depende del Registro Civil de la entidad federativa donde se hizo el registro, por lo que los tiempos pueden variar.

En este sentido, y derivado de la pandemia causada por covid-19, la duración de estos trámites ha aumentado considerablemente, haciendo que cientos de ciudadanos se queden en una incertidumbre importante con respecto a este proceso.

En Encuentro Social, somos conscientes del derecho humano que representa tener todos tus documentos de identidad en orden y sin ningún error. Ya que estos resultan fundamentales para poder realizar cualquier otro trámite de carácter legal.

Por lo anterior, es que me permito mediante este punto de acuerdo, exhortar respetuosamente a los enlaces de los Registros Civiles de las 32 Entidades Federativas a que, en el ámbito de sus posibilidades, den celeridad al trámite de corrección de las actas de nacimiento de las y los mexicanos.

Es nuestro deber propiciar que toda la población mexicana cuente con todos sus documentos oficiales vigentes y en orden. El derecho a la identidad es el segundo derecho más importante, solamente después de la vida; ya que este es la llave que abre al resto de los derechos humanos. “Sin éste no existes, eres un mexicano invisible”. 6

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta a las personas titulares del poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas, para que a través de las personas titulares del Registro Civil de su competencia:

Adopten todas las medidas que sean necesarias, para agilizar los procesos de corrección de errores en la digitalización de actas de nacimiento, por ser un documento fundamental para el ejercicio de otros derechos.

Los enlaces encargados de correcciones en la digitalización de las actas de nacimiento por entidad federativa redoblen los esfuerzos en esta tarea, cumpliendo con las medidas sanitarias necesarias e indispensables acordadas por el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud.

Notas

1 https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/06/22/ sin-acta-14-millones-de-mexicanos-0

2 https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6991.htm

3 https://www.gob.mx/tramites/ficha/expedicion-de-la-copia-certificada- de l-acta-de-nacimiento-en-linea/RENAPO187

4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/569360/Directorio_d e_enlaces_de_correcciones__Registros_Civiles_11-08-2020.pdf

5 https://www.gob.mx/actas/articulos/digitalizacion-y-correccion-de-actas

6 https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/06/22/ sin-acta-14-millones-de-mexicanos-0

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputado Édgar Guzmán Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

SE INCLUYA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE CÁNCER DE MAMA COMO UN PADECIMIENTO PRIORITARIO DENTRO DEL PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, el IMSS y el ISSSTE a incluir la atención integral de cáncer de mama como un padecimiento prioritario en el Programa Sectorial de Salud y los ejecutados por los institutos de seguridad social, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, y las suscritas, Adriana Lozano Rodríguez, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, Claudia Báez Ruiz, Nayeli Salvatori Bojalil, María del Carmen Cabrera Lagunas, y Carolina García Aguilar, diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 65, 76, numeral 1, fracción II, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que el cáncer más frecuente entre las mujeres es el de mama. A nivel mundial representa 16% de todos los cánceres femeninos 1 y se estima que cada año se detectan 1.38 millones de nuevos casos. 2

2. En América Latina, el Cáncer de Mama (CaMa) es también la principal causa de muerte por un tumor maligno en la mujer, con 43,208 defunciones y una tasa de mortalidad promedio de 13 en la región, que varía de 5.0 en Guatemala a 22.6 defunciones, por cada 100,000 mujeres, en Uruguay. 3

3. En México, el cáncer de mama ha tenido un incremento constante tanto en su incidencia como mortalidad en las últimas tres décadas. Acorde al reporte del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, la incidencia se incrementó entre 2000 y 2013 llegando de 10.76 casos por 100,000 habitantes a 26.1 por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años, estimando 23,873 nuevos casos en 2013. 4

4. De acuerdo con la Tarjeta Temática: Morbilidad y Mortalidad, que forma parte del Sistema de Indicadores de Género del Instituto de las Mujeres, en México, en el año 2018 ocurrieron 7,311 defunciones de mujeres por tumor maligno de mama en México, de los cuales, en 54 casos fueron hombres los que fallecieron. 5

5. Según el Consenso Mexicano de sobre diagnóstico y tratamiento de cáncer mamario en su versión del año 2019, el cáncer de mama en México se diagnostica a una media de edad de 52.5 años, una década inferior a la población de América del Norte y Europa occidental, la incidencia aumenta proporcionalmente al incremento en la edad, lo que nos hace prever que solamente por el envejecimiento de la población, habrá también un aumento sustancial en el número de casos de cáncer de mama en los próximos años.

6. El Instituto Nacional de Salud Pública calculo? que cada mujer que muere por cáncer de mama equivale a 21 años de Vida Saludable Perdida (AVISAP), lo que representa un costo económico significativo para el país, sin tomar en cuenta el impacto familiar y social de la falta de una madre con hijos habitualmente adolescentes o jóvenes.

7. De acuerdo con los expertos médicos, se ha determinado que el estilo de vida influye directamente en la incidencia de cáncer de mama. La adopción de la vida urbana donde las mujeres en general logran niveles de escolaridad más altos, con independencia económica, también optan por mayor ingesta de grasas animales, tabaco y alcohol, sedentarismo y sobrepeso, así como el retraso en el primer embarazo (mayores de 30 años), la baja práctica de la lactancia materna y el uso de agentes hormonales en la menopausia, aumenta la aparición de casos.

8. Es importante destacar que en las comunidades rurales donde la dieta de las mujeres es baja en grasas animales y realizan trabajos físicos, además de tener hijos a temprana edad y amamantados por periodos prolongados, el cáncer de mama es menos frecuente, sin embargo, paradójicamente la falta de información y el acceso a métodos de prevención secundaria y diagnóstico, ocasiona que el padecimiento sea identificado de manera más avanzada y eso abona a que la mortalidad sea más elevada.

9. El pasado 23 de julio de 2020, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Dr. Hugo López-Gatell señaló la preocupación que existe alrededor de la epidemia de obesidad y los padecimientos relacionados en nuestro país, y su impacto en la salud, 6 por ello es importante destacar que en el Consenso se ha señalado que:

El factor de riesgo más importante relacionado con el estilo de vida es la obesidad y, dado que en México esta condición está presente en un porcentaje muy elevado de la población, esto representa un serio problema de salud pública con alto impacto en la sociedad.

Adicionalmente, las supervivientes de cáncer de mama que desarrollan obesidad tienen un mayor riesgo de recurrencia o de segundos primarios.

10. La mayoría de las muertes se producen en los países de ingresos bajos y medios, donde la mayoría de las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en estadios avanzados, debido a la falta de sensibilización sobre la detección temprana y los obstáculos al acceso a los servicios de salud. 7

11. Cuando el cáncer de mama se detecta de manera tardía difícilmente se puede ofrecer un tratamiento curativo, es por ello que se considera de relevancia la atención integral que incluya prevención secundaria, detección oportuna, tratamiento adecuado, acompañamiento emocional, reconstrucción mamaria, tratamiento del linfedema y, en su caso, cuidados paliativos.

12. Dentro de los esfuerzos de esta administración, se ha incluido en el Programa Nacional de Normalización 2020 la revisión de la Norma Oficial Mexicana de la materia, en cuyo Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana para la prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, calidad de la atención, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de cuello uterino y cáncer de mama 8 se determinó la importancia de considerar que las pacientes sean informadas de las técnicas y posibilidades de reconstrucción mamaria, además de los tiempos en los que se puede realizar el procedimiento como parte de su derecho a la información y al consentimiento informado.

13. Las distintas instituciones de seguridad social en nuestro país han llevado acciones muy relevantes para combatir el cáncer de mama. El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con diez Unidades de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama ubicadas en Ciudad de México, Baja California, Coahuila, Jalisco, Estado de México, Veracruz y Yucatán, mientras que el Instituto de Servicios y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anualmente diagnostica a más de 6 mil 800 mujeres, de las cuales 79.4 por ciento son mayores de 50 años.

14. En el año 2019, durante el evento con motivo del Mes de Sensibilización sobre Cáncer de Mama, el Director IMSS, el Maestro Zoé Robledo, señaló que en hospitales rurales y clínicas del Instituto se realizan más de 5.6 millones de exploraciones anuales para prevenir esta enfermedad, afirmando que:

“Datos del IMSS indican que, gracias a la cobertura en detección y tratamiento oportuno para cáncer de mama, el riesgo de muerte por esta enfermedad se redujo en 23 por ciento en los últimos 20 años en las derechohabientes del Instituto.

Además, la tasa de mortalidad ha disminuido de 21.5 a 16.7 por ciento entre 1998 y 2017, en comparación con la población no derechohabiente donde se ha incrementado entre 15.6 a 22.6 casos por cada 100 mil personas.” 9

15. El ISSSTE por su parte, el 21 de octubre de 2019, mediante su Director Normativo de Supervisión y Calidad, Sergio Barragán Padilla, señaló que para atender el cáncer de mama se han implementado las siguientes acciones institucionales:

Para dar mayor accesibilidad a las mujeres a las pruebas de tamizaje de cáncer de mama el Instituto implementó el Sistema de Cita Telefónica para Mastografía (SCITMA), a la cual se accede a través de ISSSTETEL marcando al 4000 1000 sin costo, opción 1 para programar una cita médica y posteriormente opción 2 para programar cita para mastografía.

La programación de cita para mastografía está vigente en 34 unidades médicas del país donde se cuenta con mastógrafos de alta productividad en el Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos”; 16 hospitales generales, 12 clínicas hospitales, 2 clínicas de especialidades, 2 clínicas de medicina familiar y un centro de atención diagnóstica. Con presencia en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

En regiones donde no es posible acceder este servicio mediante cita programada, las derechohabientes pueden solicitar en su clínica su referencia a las unidades médicas que cuenten con el servicio diagnóstico. 10

Considerandos

Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4º establece el derecho a la protección de la salud, del cual debe gozar toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna; texto constitucional que en su parte conducente es del tenor siguiente:

“Artículo 4º. ...

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá? un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.”

Segundo. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo octavo señala que:

“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”

Tercero. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido con el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 6o., numeral 1, fracción I; mismo que señala:

“ Artículo 6.

1. Serán derechos de los diputados y diputadas:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante la Cámara;

...”

Cuarto. Que el ordenamiento antes señalado precisa en el artículo 79 numeral 1, fracción II lo siguiente:

“Artículo 79.

1. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, a través de:

I...

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los poderes de la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios, y

1. a 3. ...”

Quinto. Que la presente proposición con Punto de Acuerdo da cumplimiento a lo señalado por la fracción I del numeral 2 del artículo 79, y se sujetará a lo previsto por las fracciones II y V del numeral 2 del mismo artículo:

“Artículo 79.

1. ...

1. Las proposiciones con punto de acuerdo se sujetarán a lo siguiente:

I. Deberán presentarse a través de un escrito fundado, con una propuesta clara de resolutivo y firmadas por sus autores;

II. Las proposiciones presentadas por las diputadas y los diputados y las que se registren a nombre de Grupo, pasarán a comisión;

III. a IV. ...

V. Las proposiciones que la Junta no considere proponer ante el Pleno con el carácter de urgente u obvia resolución, se tramitarán conforme al artículo 62, numeral 3 de este Reglamento;

VI. a VII. ...

3. ...”

Sexto. Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Salud es materia de salubridad general:

“Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a X. ...

XI. Educación para la salud;

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XIII. a XV. ...

XVI.. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes;

XVI. a XXVIII. ... “

Séptimo. Que el Capítulo II “Educación para la Salud” de la Ley en cita señala que:

“Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.”

Octavo. Que de conformidad con el Título VIII Prevención y Control de enfermedades, en su Capítulo III Enfermedades No Transmisibles del mismo ordenamiento, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de prevención y control de las enfermedades no transmisibles que las propias autoridades sanitarias determinen, así como las acciones necesarias para la prevención, tratamiento y control de los padecimientos que se presenten en la población.

Noveno. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) en su apartado No dejar a nadie atrás no dejar a nadie fuera señala que el Gobierno de México propugna por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, incluyendo el acceso a los servicios básicos que brinda el Estado, así como la igualdad efectiva de derechos como lo es el acceso a la protección de la salud.

Décimo. Que el presente exhorto se encuentra en correspondencia al apartado dedicado al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar del PND, donde se señala que se priorizarán las acciones encaminadas a la prevención de enfermedades mediante campañas de concientización e inserción en programas escolares de temas de nutrición, hábitos saludables y salud sexual y reproductiva, siendo el cáncer de mama parte de las estrategias de las autoridades encargadas de salud sexual y reproductiva.

Décimo Primero. Que el objetivo del presente documento se encuentra colaborar en el cumplimiento del Programa Institucional 2020-2024 del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su Objetivo prioritario 1. Coordinar y promover la implementación de la Política Nacional en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres para contribuir al bienestar, la justicia y a una vida libre de violencia para mujeres y niñas, establece como en la Estrategia Prioritaria 1.2 Promover vínculos de colaboración con los poderes de la unión, órdenes de gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y academia para fomentar el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, incluye como Acción Puntual: Promover iniciativas ante el Senado de la República y la Cámara de Diputados para legislar con perspectiva de género e interculturalidad.

Décimo Segundo. Que el Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2020-2024 11  menciona que el cáncer de mama forma parte de las enfermedades que tienen un impacto negativo relevante en la economía del país por su alto costo en tratamiento, además de la afectación a la calidad de vida de las personas, implicando una carga significativa para el Sistema Nacional de Salud y para la productividad laboral, en ese mismo sentido menciona que:

Para tomar decisiones de cómo atender estos problemas de salud se deben buscar las causas de los mismos. Cuantificar la pérdida de salud provocada por las enfermedades y lesio-nes, así como los determinantes sociales, ambientales y facto-res de riesgo, colectivos e individuales, permitirá planear las acciones para mejorar la salud y eliminar desigualdades.

Por lo tanto, el principal reto de los servicios de salud es evitar que la población enferme y, cuando aparezca alguna enfermedad, contribuir a que se restablezca su salud en el menor tiempo posible.

Décimo Tercero. Que el Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 12 establece la Estrategia prioritaria 1.6 Transitar hacia un modelo de atención de la salud oportuno, seguro, accesible, equitativo e incluyente que privilegie la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la rehabilitación; por lo que es necesario que dichos objetivos se plasmen en un Programa de atención derivado del mismo con objetivos e indicadores propios.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a que dentro de los programas derivados del programa sectorial de salud se contemple la atención integral de cáncer de mama como un padecimiento prioritario, así como la inclusión de la reconstrucción mamaria como parte del tratamiento integral.

Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social a que dentro de los programas derivados de su programa institucional se contemple la atención integral de cáncer de mama como un padecimiento prioritario, así como la inclusión de la reconstrucción mamaria como parte del tratamiento integral.

Tercero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a que dentro de los programas derivados de su programa institucional se contemple la atención integral de cáncer de mama como un padecimiento prioritario, así como la inclusión de la reconstrucción mamaria como parte del tratamiento integral.

Notas

1 Cáncer de mama: prevención y tratamiento, OMS.

2 Octubre: Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, OMS.

3 Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013-2018, Secretaría de Salud. Consulta aquí

4 Consenso Mexicano de sobre diagnóstico y tratamiento de cáncer mamario 2019. Colima, México. Consulta aquí

5 Tarjeta Temática: Morbilidad y Mortalidad. Sistema de Indicadores de Género, Instituto de las Mujeres. 2019. Consulte aquí?

6 Versión estenográfica. Conferencia de prensa. Informe diario sobre coronavirus covid-19 en México. 23 de julio 2020. Consulta aquí

7 OMS. (2019). “Octubre: Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama”. Disponible en: . Consultado el 26 de agosto de 2019.

8  Consultar Anteproyecto aquí

9 Más de 5.6 millones de exploraciones anuales para prevenir cáncer de mama se realizan en el IMSS: Zoé Robledo. Comunicado de Prensa No. 397/2019. Consulta aquí

10 Con diagnóstico oportuno es posible evitar que diariamente mueran 17 mujeres por cáncer de mama en México: el ISSSTE. Comunicado de Prensa. 21 de octubre de 2019. Consulta aquí

11 Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2020-2024. Consulta aquí

12 Programa Institucional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 2020-2024. Consulta aquí

Dado en el salón de sesiones del recinto legislativo de San Lázaro, a los 2 días del mes de septiembre del año 2020.– Diputadas: Olga Patricia Sosa Ruiz, Adriana Lozano Rodríguez, Laura Érika Garza Gutiérrez, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, Claudia Báez Ruiz, Nayeli Salvatori Bojalil, María del Carmen Cabrera Lagunas, Carolina García Águila (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE HAGA PÚBLICA LA INFORMACIÓN SOBRE EL PARQUE ESTATAL FLOR DEL BOSQUE, EN AMOZOC, PUEBLA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, la Profepa, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla y la Sedema de Amozoc a informar sobre el parque estatal Flor del Bosque, a cargo del diputado Édgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Édgar Guzmán Valdez, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fracción I, del numeral 1, del artículo 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la  proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Secretaria de Medio Ambiente del Estado de Puebla y a las autoridades del municipio de Amozoc a informar sobre el parque Flor del Bosque al tenor de las siguientes

Consideraciones

La actual administración dentro del Primer Informe de Gobierno 2019 hace mención que el alcanzar el desarrollo sostenible con equidad y justicia a nivel nacional, es imperativo e indispensable para alcanzar el bienestar.

“El crecimiento económico debe considerar los efectos ecológicos y el impacto ambiental, ... y no se debe poner en riesgo la disponibilidad de recursos para las futuras generaciones” 1

Por otro lado, derivado de este Primer Informe, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) realizó inspecciones, operativos y recorridos, teniendo como principales reportes de diciembre de 2018 y junio de 2019, los siguientes:

1. En materia de prevención y contención de la tala ilegal, donde se aseguraron 380 metros cúbicos de madera, además de la imposición de 52 multas por 2.8 millones de pesos.

2. En materia de vida silvestre y se aseguraron 744 ejemplares de flora silvestre, 2,254 ejemplares de fauna silvestre y 15,882 productos y subproductos de vida silvestre, además de remitir a siete personas ante el MPF. 2

Esto es importante de resaltar ya que aún hay bosques y reservas que siguen arrastrando conflictos que llevan años.

Como es el caso del Parque Ecológico Lázaro Cárdenas, mejor conocido como Flor del Bosque ubicado en la Ex Hacienda San Bartolo Flor del Bosque, Col. Casa Blanca, Amozoc de Mota del Estado de Puebla, el cual fue adquirido en una subasta de gobierno, alrededor del año 1933 por el ingeniero Ernesto Kurt Feldman, quien era administrador de la Hacienda de Amalucan y se encargó de la reforestación. 3

De acuerdo con datos históricos la reforestación del parque atrajo a grandes de la época como el expresidente Lázaro Cárdenas y de Miguel Ángel de Quevedo, quien era un fuerte promotor forestal, inauguraron en 1935 el Día del Árbol para todo el país.

Fue hasta 1987 que la familia Kurt Petersen, donó al gobierno del estado de Puebla, cerca de la mitad de la superficie del bosque, con la promesa de construir un Museo de Ecología y Arqueología Regional dadas todas las piezas halladas en la zona.

Pasaron muchos años sin atenderse este bosque, es hasta el mandatario de José Antonio Gali Fayad, con la puntual pretensión de construir un desarrollo inmobiliario, pero dadas las obligaciones como el pago de impuestos la enajenación registrada el 1 de septiembre de 2018, que no se concretó.

Para 2019, el Parque Flor del Bosque se cuenta con un polígono cercano a las 700 hectáreas de bosque, con más de un centenar de especies de fauna y flora en peligro de extinción, se tenía un recuento de los siguientes ejemplares:

Cabe señalar que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) lo ha considerado como el espacio público de educación ambiental con mayor importancia en México, además de ser un pulmón para el Estado de Puebla.

Si bien el actual Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, ha solicitado a la Semarnat, hacer que la Flor del Bosque sea una Reserva Natural Protegida, es necesario puntualizar que el ayuntamiento de Amozoc ha realizado cambios en el uso de suelo.

Razón por la cual tanto residentes como asociaciones ambientalistas han buscado interponer un amparo para frenar el proceso de lotificación de la reserva ecológica.

Entrevista con Enrique Hernández Álamos, quien es vecino de Haras, mencionó que “el cambio de uso de suelo autorizado por el gobierno de Amozoc forma parte de un entramado que también tiene que ver con la permuta de las 42 hectáreas que el gobierno de José Antonio Gali Fayad entregaría a Haghenbeck”. 4

Un dato relevante es que el pasado 1 de julio, el gobierno de Puebla Luis Miguel Barbosa Huerta emitió un Decreto que echó abajo la permuta de tierras que beneficiarían a Carlos Haghenbeck, dado que todo el mal manejo inverosímil se desarrolló por el anterior gobierno.

Si bien, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Zona Sur del Municipio de Amozoc, Haras Flor del Bosque, avalado el pasado 12 de octubre de 2018, contempla 42 hectáreas para ser vendidas, las cuales fueron adquiridas por el empresario inmobiliario Carlos Haghenbeck, no se realizó acorde a los términos legales ni con las licencias emitidas por las autoridades como lo es Semarnat y Profepa.

La Flor del Bosque representa una gran riqueza de biodiversidad, pero no cuenta con un plan de protección ni de desarrollo ecológico, esto complica su situación ante los graves efectos de lotificación también ante la atención de los incendios forestales.

Del gasto federal 2019, no se contempla una asignación al rubro de Áreas Naturales Protegidas, Forestal y de Medio ambiente, esto es relevante ya que no habría suficientes recursos para hacer frente a los incendios forestales.

No se pueden predecir los desastres naturales, pero con un plan de protección se pueden preservar las áreas protegidas.

Por ello, es necesario contar con el reporte de las autoridades y del municipio sobre el avance del programa de educación ambiental y de cuidado de las zonas forestales, así como la licencia de uso de suelo con opinión favorable en materia de Impacto Ambiental emitido por la dependencia correspondiente y la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales emitida por la SEMARNAT. Además de la publicación sobre el proceso de consulta pública, sin estos los procesos que se lleven a cabo carecerán de validez.

Dada la importancia de la Flor del Bosque, el Punto de Acuerdo que se propone, es con el objetivo de exhortar a las autoridades ambientales estatales y municipales a actualizar su Programa de Ordenamiento Ecológico, ya que sólo se considera el polígono a los criterios urbanos, esta importante área ecológica tarde o temprano será devastadas, aunado a que es necesario contar con un Plan de Protección.

Dada la pertinencia del tema, se presenta un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado y la Dirección de Ecología de Amozoc para que informen a esta Honorable Asamblea el expediente que contenga el avance del programa de educación ambiental y de cuidado de las zonas forestales, así como la licencia de uso de suelo con opinión favorable en materia de Impacto Ambiental emitido por la dependencia correspondiente, con las autorización de cambio de uso de suelo emitida por la Semarnat, así como la consulta pública y el Plan de Protección Ambiental de la Flor del Boque.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado y como representante popular del Distrito 7 del Estado de Puebla, en el que se incluye el municipio de Amozoc es que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea y con la finalidad de que sea analizada y discutida, la presente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en la esfera de su competencia hagan públicos los avances en el expediente y licencias de cambio de uso de suelo que corresponde al Parque Flor del Bosque en el municipio de Amozoc, el Estado de Puebla.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa, a la Secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado Libre y Soberano de Pueblo y a la Dirección de Ecología del Municipio de Amozoc para hacer público el expediente de Impacto Ambiental y el Plan de Protección Ambiental del Parque Flor del Bosque, en el municipio de Amozoc, el Estado de Puebla, con la finalidad de conservar y proteger el bosque.

Notas

1 Primer Informe de Gobierno 2019.

2 IDEM

3 Flor del Bosque, historia de casi un siglo en Puebla, 11 de julio del 2020

4 “Autoriza Programa de Desarrollo Urbano de Amozoc fraccionar Flor del Bosque”; “Favorece al inmobiliario Haghenbeck”, La Jornada de Oriente, 10 de agosto 2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputado Édgar Guzmán Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustenta-bilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para dictamen.

SE INCENTIVE EL CONSUMO DE LECHE EN NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON LA FINALIDAD DE NUTRIRLOS CON VITAMINAS, SALES Y MINERALES

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades federales y de los 32 estados a fortalecer coordinadamente las estrategias y acciones para incentivar el consumo de leche entre niños, adolescentes y jóvenes a efecto de nutrirlos con vitaminas, sales y minerales, a cargo del diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación conmemora cada 1 de junio el Día Mundial de la Leche, con la finalidad de incentivar el consumo de leche en el mundo.

La misma organización, conmemora el Día Mundial de la Leche Escolar el último miércoles de septiembre de cada año y agrupa países de todo el mundo que reafirman los beneficios del consumo de leche.

Segunda. La leche fortalece el metabolismo al producir energía, crecimiento de músculos y tejidos del cuerpo, además fortalece la función cerebral y visual; contiene propiedades antioxidantes y evita el desgaste de huesos y órganos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, señala que la alimentación en la niñez es clave para crecer sano, además de coadyuvar para prevenir padecimientos como anemia, deficiencia de vitamina A, yodo, problemas de crecimiento, déficit de atención en clase, falta de energía para hacer actividades recreativas y deportivas, estudiar.

Tercera. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes es fundamental que ingieran leche debido a la gran cantidad de nutrientes y vitaminas que son necesarias incorporar en la alimentación diaria para que esta sea sana y de calidad. Por lo que, es importante trabajar coordinadamente en estrategias y acciones para incentivar el consumo de leche en la etapa escolar para que adquieran hábitos saludables y les permita fortalecer su sistema inmunológico.

Cuarta. MSD Salud Animal en México, refiere que, un vaso de leche aporta 300 mg de calcio; las proteínas que aporta la leche son necesarias para la formación de tejidos y mantenimiento del organismo; 80 por ciento de la composición de la leche corresponde a agua, mientras que el 20.0 por ciento restante a lactosa, vitamina A, D, B1, B2 y sales minerales. Antes de 1964, la leche era distribuida en botellas de vidrio; aproximadamente 80 por ciento de los productos lácteos en el mundo están hechos de leche de vaca.

Quinta. Indica que, en promedio las familias mexicanas compran leche 87 veces al año, una vez cada cuatro días. Las mexicanas y los mexicanos consumen cerca de 147 litros al año, donde 2 de cada 100 toneladas de leche que se producen en el mundo son de origen mexicano. Refiere que, en México se produjeron 12 mil millones de litros de leche en 2018.

Sexta. Al respecto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, señaló que al tercer trimestre de 2019, México ocupa la octava posición en la producción mundial de leche de bovino, siendo los principales productores nacionales, Jalisco con 20.3 por ciento, Coahuila 11.3 por ciento y Durango 10.2 por ciento.

Séptima. EL Grupo Parlamentario del PES, tiene el compromiso con la salud, la nutrición y la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país, por ello, vemos la necesidad de solicitar a las autoridades correspondientes y a las 32 entidades federativas a que fortalezcan coordinadamente las estrategias y acciones para incentivar el consumo el consumo de leche que contiene vitaminas A, D, B1, B2, sales y minerales, las cuales son necesarias para su desarrollo físico y mental.

Por lo expuesto, fundado y motivado se propone ante esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, Salud, y Educación Pública, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas para que en el ámbito de sus competencias fortalezcan coordinadamente las estrategias y acciones para incentivar el consumo de leche en niñas, niños, adolescentes y jóvenes con la finalidad de nutrirlos con vitaminas A, D, B1, B2, sales y minerales, las cuales son necesarias para su desarrollo físico y mental.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A FIN DE IMPEDIR QUE LAS PERSONAS MAYORES DE SESENTA AÑOS QUE LABORAN EN EL SECTOR PÚBLICO SEAN DESPEDIDAS DE SUS EMPLEOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades, los ayuntamientos y los gobiernos locales a impedir que las personas mayores de 60 años que laboran en el sector público sean despedidas, a cargo de la diputada Adriana Lozano Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Adriana Lozano Rodríguez, diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pandemia derivada del SARS Cov-2, además de la crisis sanitaria, ha traído consigo una crisis laboral y económica sin precedente, la cual afecta de manera particular a los sectores más vulnerables de la población, como es el de las personas adultas mayores, fundamentalmente porque constituyen uno de los grupos de mayor riesgo de contagio al coronavirus cuyas consecuencias resultan más graves por su edad y comorbilidades asociadas, así como porque son quienes mayor precariedad económica presentan en comparación con el resto de los grupos etarios.

Riesgos los anteriores que han sido señalados de manera enfática por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por las Organización Panamericana de la Salud, entre otros organismos internacionales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 del Inegi, en México residen 15.4 millones de personas de 60 años o más, de las cuales 1.7 millones viven solas; únicamente el 41.4 por ciento son económicamente activas, y 69.4 por ciento presentan algún tipo de discapacidad; el 36.7 por ciento de las personas adultas mayores adultos mayores que viven solas reciben jubilación o pensión; 21.7 por ciento están ocupadas, pero no reciben prestaciones, el 15.7 por ciento reciben aguinaldo y sólo 13.4 por ciento tiene vacaciones con goce de sueldo.

Desafortunadamente la realidad anterior ha llevado a muchas personas adultas mayores a vender productos en la calle para sobrevivir, por lo que no pueden mantener el confinamiento para evitar el contagio del covid-19, lo cual las coloca en un riesgo mayúsculo.

Además, para muchas familias la presencia de una persona mayor es vivida como una carga, de ahí que los índices de violencia en el hogar también han aumentado considerablemente las personas de la tercera edad, violencia que generalmente es invisibilizada.

Por otro lado, quienes tienen la posibilidad de quedarse en sus casas, atraviesan por una serie de problemas derivados del confinamiento que afecta severamente su salud física y emocional, ya que pasan prácticamente todo el día recluidos en sus habitaciones, camas o sillones con nula o escasa movilidad, prisioneros del miedo a contagiarse y condenados al olvido de sus familias. No podemos soslayar que mayoritariamente no son receptores de muchos de los beneficios de las nuevas tecnologías, lo que les impide comunicarse o realizar diversas actividades básicas y fundamentales como pagos o compras a distancia, de ahí que el estrés, la depresión y la ansiedad actúan sobre las personas adultas mayores con mayor fuerza y crudeza.

Hace algunas semanas, el Coneval subrayó que el mayor cambio porcentual de pérdida de empleos durante la pandemia se observó en los grupos etarios de jóvenes y adultos mayores, situación que evidentemente se vislumbra mucho más crítica para los segundos, ya que sus posibilidades de tener un empleo son mucho menores que para una persona joven, lo cual los coloca como grupo poblacional en una situación de altísima vulnerabilidad, lo que debe ser atendido de manera integral por el estado.

Bajo el anterior orden de ideas, resulta altamente preocupante que, a lo largo y ancho del país, cada vez son más las personas mayores de 60 años que laboran en el sector público, ya sea en el ámbito municipal o estatal, que están siendo despedidas, se les ha disminuido el sueldo o no están siendo recontratadas, colocándolas en un estado de absoluta indefensión: sin empleo, sin salario y sin posibilidades de subsistencia, lo que pone en riesgo su alimentación, salud y vivienda, y en muchos casos también la de sus parejas.

El argumento generalizado para los despidos es que no pueden acudir físicamente a los lugares laborales por su edad o condición de salud y que requieren de personal que sí pueda laborar en in situ, que no están haciendo el uso adecuado de las nuevas tecnologías de la comunicación o de la información, o bien, que es necesario un recorte de personal. Es decir, lo que tanto se ha condenado y criticado en el sector privado, hoy está sucediendo en el ámbito público.

Cabe precisar que las solicitudes de apoyo y denuncias que me han llegado como representante popular, me exigen hacerlo del conocimiento de esta soberanía, para que, desde el ámbito de nuestra competencia, realicemos lo necesario para detener esta inaceptable situación.

Más allá de filiaciones políticas, es fundamental que respondamos de manera solidaria y humana a esta problemática, la cual no debe tomar sesgos partidistas o derivar en señalamientos políticos, sino en acciones contundentes y efectivas que contribuyan a dar solución a la problemática de los hombres y mujeres mayores de 60 años a quienes representamos, y quienes con su esfuerzo, dedicación, talento y experiencia han servido a la sociedad desde sus áreas laborales durante una gran parte de su vida.

En tal virtud, someto a consideración de esta soberanía con la finalidad de que le otorguemos a esta proposición el tratamiento necesario para ser discutido de forma responsable y se vote en favor de la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores de la Administración Pública Federal y a las dependencias homologas de las 32 entidades federativas del país, para que de manera conjunta y coordinada realicen de forma inmediata las acciones necesarias a efecto de salvaguardar los empleos y derechos de las personas mayores de 60 años de edad que laboran en las distintas dependencias y organismos de las administraciones públicas de las entidades federativas y municipios del país, así como para que quienes hayan sido despedidas puedan volver a sus empleos lo antes posible, a efecto de evitar que durante la crisis sanitaria y económica derivada del SARS-CoV-2 caigan en la vulnerabilidad extrema.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 32 entidades federativas y municipios del país para que con responsabilidad social y de manera solidaria propinen un trato respetuoso y humano a las personas mayores de 60 años que laboran en las distintas dependencias y organismos, garantizándoles con ello la conservación de sus empleos, salario y prestaciones laborales, así como la seguridad de que permanezcan en sus casas hasta en tanto las autoridades sanitarias con motivo del SARS-CoV-2 no determinen lo contrario, salvaguardando con ello los derechos fundamentales y prerrogativas que le son intrínsecos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2020.– Diputada Adriana Lozano Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.