INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 3 de febrero de 2021 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica), presidenta.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que expide la Ley Federal que Regula la Disposición de las Instituciones de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Defensa Nacional, para dictamen, y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Justicia, para opinión.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a realizar un protocolo de manejo masivo de cadáveres que desahogue la difícil situación que se ha detectado a raíz del incremento de muertes por covid-19 en el país, a cargo de la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, al Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y al Ejecutivo federal, a emprender un plan integral de rescate para las MiPyMEs, consistente en apoyos económico, estímulos fiscales y un programa de apoyo e inducción a plataformas digitales, a cargo de la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a replantear diversas disposiciones de la política nacional de vacunación contra el virus SARS-Cov-2, así como a convocar a sesión al Conava y a transparentar toda la información relativa a la vacuna contra el covid-19 en México, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a aplicar la vacuna a los 48, 000 mil supervisores y capacitadores asistentes electorales que estarán en el proceso electoral 2021, a cargo del diputado José Mario Osuna Medina, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CRE, a la Profeco, a la Cofece, a los congresos estatales y ayuntamientos de las entidades federativas, a mejorar las condiciones del mercado del gas licuado de petróleo, a fin de que éste logre disminuir su precio, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a remover al titular de la Secretaría de Salud, así como al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a cargo del diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Segob, a elaborar y difundir material informativo sobre los principales síntomas y signos de cáncer infantil con las características necesarias para poder ser transmitidos por radio y televisión durante todo el mes de febrero en el marco del mes nacional para la concientización, prevención, detección y tratamiento oportuno del cáncer infantil, suscrito por el diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades con mayor número de decesos por covid-19, a realizar una campaña informativa sobre el protocolo de manejo masivo de cuerpos ante el aumento de fallecimientos por coronavirus y los servicios públicos disponibles de cremación e inhumación, con la finalidad de agilizar el destino final de los cuerpos, a cargo de la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las dependencias correspondientes, a instruir a la instalación de centros de recarga gratuita de oxígeno y garantice el suministro de este insumo esencial para las personas que, por su condición médica, así lo requieran, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo General del INE, así como a los consejos generales de los distintos organismos públicos locales electorales que tendrán elecciones en este año 2021, a implementar lineamientos generales en el ámbito de sus competencias y facultades para que los candidatos a los diversos puestos de elección que se elegirán en este año, se ciñan a una conducta que no permita la propagación del covid-19, a cargo de la diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas, a intensificar las acciones para evitar la escasez, así como prevenir y sancionar los abusos y conductas delictivas que se han venido dando por la necesidad ciudadana de adquirir oxígeno para combatir el covid-19, suscrito por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, en coordinación con las 32 entidades federativas, en el marco del Año Internacional contra el Trabajo Infantil, decretado por la ONU, a hacer pública la información sobre las acciones emprendidas en la erradicación del trabajo infantil, a cargo de la diputada Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofepris, a transparentar de manera adecuada el proceso de aprobación de la vacuna rusa SPUTNIK-V, a cargo del diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, a realizar de forma inmediata el reordenamiento sustentable del agua en Baja California, a cargo del diputado Jesús Salvador Minor Mora, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud, a incluir en la primera etapa de vacunación del virus SARS-Cov-2 (covid-19) a los periodistas, reporteros, fotógrafos y camarógrafos de todos los medios de comunicación, tanto independientes como los contratados por una empresa y quienes trabajan en oficinas de prensa de instituciones oficiales, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a liberar y enviar a las entidades federativas los recursos para el pago del salario que se adeuda a las y los docentes incorporados al programa escuelas de tiempo completo de todo el territorio nacional, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2020, a cargo de la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través del ISSSTE, a revisar la situación jurídica del inmueble del hospital general Dr. Gonzalo Castañeda Escobar, y se contemple su construcción a la brevedad, por ser una obra prioritaria de beneficio social, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas y con los gobiernos municipales, a fortalecer las medidas de protección de la salud en las unidades de transporte público a través de la entrega de gel anti bacterial y cubrebocas a los conductores y establecer la capacidad máxima del transporte público para mantener la sana distancia, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Michoacán de Ocampo, a fortalecer las estrategias del plan de seguridad estatal para detener la violencia que se ha venido incrementando en los últimos meses, a cargo de la diputada Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la SHCP, a que el turismo sea considerado un sector prioritario en la economía mexicana, a cargo del diputado Sergio Fernando Ascencio Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Turismo, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y al IMSS de esta entidad, a hacer públicos todos los contratos celebrados con la constructora CM del Golfo SA de CV para la adquisición de medicinas y material hospitalario, así como a las autoridades correspondientes a realizar una revisión de los mismos para detectar la incidencia de corrupción o influyentismo, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones públicas de salud, a analizar la viabilidad de otorgar un incremento salarial al personal médico y de enfermería asignado a la atención de pacientes infectados con covid-19, suscrito por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, en coordinación con la Secretaría de Salud, a incluir en el Plan Nacional de Vacunación todas aquellas personas que laboran en las centrales de abasto, mercados minoristas, tianguis y demás establecimientos del comercio tradicional de alimentos del país como grupo poblacional que por su trabajo ameritan recibir la primera dosis de vacuna contra el virus SARS-Cov-2, a cargo de la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar y a la SHCP, a implementar programas de becas para apoyar a niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido la pérdida de su madre y/o padre a causa del covid-19, a cargo del diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a esclarecer el feminicidio de la pasante de medicina Mariana Sánchez Dávalos; y a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a asegurar que las y los estudiantes de medicina, durante su servicio social, cuenten con las herramientas y apoyos necesarios para que realicen sus actividades en condiciones dignas y seguras, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP y a la STPS, a investigar e intervenir en las irregularidades presentadas en las oficinas de la Coordinación del Servicio Nacional de Empleo de Oaxaca, ubicada en el Municipio de Tlalixtac de Cabrera, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco y a la Secretaría de Salud, en coordinación con las 32 entidades federativas, a considerar la creación de un registro nacional de venta y recarga de oxigeno medicinal autorizado, a cargo de la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

28. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, a destinar apoyos para garantizar disponibilidad y accesibilidad de oxígeno medicinal para tratamiento de urgencia y emergencia para las personas con covid-19, a cargo de la diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

29. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a planificar y presupuestar oportunamente la compra de vacunas contra el SARS-Cov-2 para el año 2022; así como a fortalecer la infraestructura necesaria para su aplicación, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

30. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, a la SCT y a la Secretaría de Salud, a fortalecer y aumentar los controles migratorios a fin de blindar las fronteras de nuestro país contra la nueva cepa B117 del virus SARS-Cov-2, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

31. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP y a diversas autoridades de Tlaxcala, a hacer público el informe dentro de los principios de disciplina financiera, al contravenir los principios de austeridad, racionalidad, transparencia, eficiencia, legalidad, honestidad y economía en la asignación presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2021, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

32. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la colegisladora, a aprobar la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a permitir la reincorporación de los agentes del ministerio público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales a sus centros de trabajo, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

33. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del Estado de Baja California, a fin de que reforme su Constitución y la armonice en materia de movilidad y seguridad vial, a cargo de la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, para dictamen.

34. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a realizar los convenios, acuerdos, y todos los actos jurídicos que se requieran, para que las personas defraudadas por la caja de ahorro y prestamos denominada Serfir, Sociedad Cooperativa de R.L de C.V en Chiapas, puedan recuperar sus ahorros, a cargo de la diputada Maricruz Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

35. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, a otorgar, como puntos adicionales, el 10% del puntaje total del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas de 2021, 2022 y 2023 a los médicos internos de pregrado, pasantes en servicio social o estudiantes de medicina que hayan apoyado a las comisiones de personal de salud en el combate a la pandemia provocada por el SARS-Cov-2, como forma de agradecimiento a su coraje y valentía mostrados en dicha crisis sanitaria, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

36. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Universidad Autónoma de Chiapas, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, a suscribir acuerdos de colaboración que garanticen la integridad física y la seguridad de las y los médicos pasantes, en especial en unidades médicas o centros de salud con antecedentes de violencia de género, a cargo del diputado Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

37. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE y a los institutos electorales locales, a implementar los mecanismos que permitan el voto digital, electrónico o telematico de acuerdo a la voluntad ciudadana en estas próximas elecciones 2021 por casos extraordinarios como desastres naturales o emergencia sanitaria de acuerdo al color del semáforo epidemiológico, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

38. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE, a reclasificar las tarifas eléctricas, y a la Conagua, a realizar un estudio sobre las estaciones meteorológicas para la obtención de la medición de la temperatura exacta que se presenta en Veracruz de Ignacio de la Llave, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

39. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política, a la creación de una Comisión Especial para la atención de víctimas directas o indirectas con motivo de la epidemia ocasionada por el covid-19, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

EXPIDE LA LEY FEDERAL QUE REGULA LA DISPOSICIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA

«Iniciativa que expide la Ley Federal que regula la Disposición de las Instituciones de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD

Los suscritos, diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal que Regula la Colaboración de las Instituciones de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. La seguridad pública en México es una de las asignaturas pendientes de mayor importancia. Nuestro país atraviesa por el periodo de mayor violencia para la historia de un país en el que no se presenta un conflicto armado interno. Las razones de la inseguridad y la violencia son multifactoriales. Dentro de ellas se encuentra la persistencia de la desigualdad, la falta de oportunidades, nuestra vecindad con los Estados Unidos de Norteamérica y la existencia en ese país de un mercado consumidor de sustancias estupe-facientes, así como una gran disponibilidad de armas de fuego y de asalto que son traficadas hacia nuestro territorio. Aunado a lo anterior, la violencia se alimenta de prácticas endémicas de corrupción y debilidad estructural de las fuerzas de policía de los tres órdenes de gobierno.

Al respecto se considera que la tarea urgente que debe ser impulsada desde los órganos del poder público es una gran reforma policial definitiva en virtud de la cual se puedan remontar de una vez por todas los desafíos institucionales, organizativos, de formación, capacitación y de una verdadera carrera policial para los tres niveles de gobierno.

Sin embargo, la situación de apremio que se vive en el país nos obliga a proponer la presente iniciativa que regule las condiciones excepcionales que deben ser satisfechas para que el Titular del Ejecutivo proceda a disponer de las Fuerza Armada regular en tareas de seguridad pública. Ante la insuficiencia humana, operativa y logística de la recientemente creada Guardia Nacional, el titular del Ejecutivo ha formalizado un acuerdo en virtud del cual se pretende aprovechar una disposición de carácter transitorio de la reforma constitucional de Guardia Nacional, que tenía como objetivo primigenio el permitir el suplemento de efectivos de la Fuerza Armada Permanente hacia la Guardia Nacional en sus primeros meses de creación.

Considerando que el acuerdo emitido es insuficiente y no se cumplen con el orden convencional y constitucional en la materia, es que la representación popular en la Cámara de los Diputados se debe abocar a generar la legislación que pueda dar las bases de regulación democrática para posibilitar la misión de coadyuvar en tareas de seguridad pública por parte de los miembros de la Fuerza Armada Permanente.

En el transitorio quinto del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional se establece lo siguiente:

Quinto. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la presentación del informe a que se hace referencia en la fracción IV del artículo 76.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunció respecto a este tema, realizando un exhorto al H. Congreso de la Unión para que:

“...a la brevedad posible, sean definidos y desarrollados en la legislación secundaria correspondiente, los términos referidos en el Artículo Quinto Transitorio señalados, con objeto de brindar certeza jurídica, respecto a la manera en cómo deberá disponerse de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública y los parámetros de su actuación.” 1

Tanto el transitorio quinto como la recomendación de la CNDH manifiestan que el objetivo es regular a las fuerzas armadas que realicen “ tareas de seguridad pública”, y no regular la participación de fuerzas armadas en Guardia Nacional, consecuentemente las tareas de seguridad pública de fuerzas armadas no pueden legislarse a partir de Ley de Guardia Nacional como “legislación secundaria” sino que es preciso expedir una ley propia en la materia. Esto puede reafirmarse considerando que, aunque la CNDH refiere que:

“...en la Ley de la Guardia Nacional no se definió ni estableció los elementos concretos y definitorios relativos a la subordinación y complementación de la actuación de la Fuerza Armada permanente, cuando apoye a las labores de seguridad pública...” 2

Debemos señalar que la Ley de Guardia Nacional tiene como objetivo crear:

Artículo 4. La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría.

Artículo 5. El objeto de la Guardia Nacional es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios.

Es decir, la Ley de Guardia Nacional no contiene los elementos de un marco jurídico que permita regular la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ya que los ámbitos de operación de ambas instituciones son opuestos, siendo la primera de carácter civil para seguridad pública y la segunda de carácter militar para seguridad nacional, lo cual reafirma el que no pueda considerarse la Ley de Guardia Nacional como el eje regulatorio respecto al objeto jurídico en cuestión.

Seguridad pública y seguridad nacional

II. Para que un Estado pueda desarrollarse de manera exitosa se ha recurrido históricamente a la defensa de dos de sus elementos primordiales: la nación (como el conjunto poblacional y el territorio que comparten) y el ciudadano (en lo individual). Ambas misiones recaen en dos organismos que comparten un fin común, aunque desde ejes opuestos.

La seguridad pública, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo segundo, es una función concurrente a cargo de los tres niveles de gobierno, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y comprende la prevención de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado. La seguridad pública tiene como objeto la protección del individuo.

La seguridad nacional tiene como objetivo la defensa del Estado, a través de acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, tanto en su vertiente de seguridad interior como de defensa exterior, cuya preservación corresponde al Presidente de la República, por ello el artículo 89, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le faculta para disponer de las fuerzas armadas. La seguridad nacional tiene como objeto la protección de la nación.

Asimismo es preciso señalar que, conceptualmente la seguridad nacional y la pública no comparten espacios de realización, ya que la expresión nacional como connotación propia de la seguridad como función del estado, está relacionada a eventos que por su naturaleza amenazan la integridad del estado, siendo estos tanto internos como externos, sin embargo, la seguridad pública aunque se garantiza en el ámbito interno de una nación, está destinada a proteger al individuo por instituciones civiles que tiene como presupuesto el salvar vidas y no el exterminio de la amenaza, como labor ejecutada por el estamento militar al garantizar la seguridad de la nación.

Es por ello que la seguridad pública cuenta con un marco normativo propio e independiente de la facultad constitucional del Ejecutivo, esto implica que, para incorporar al militar a la seguridad pública debe modificarse el modelo y reglamento de la actuación militar, y no solo al policial. Cuando la existencia misma de la nación se ve comprometida se puede hablar de escenarios donde sea preciso el sacrificio personal, como lo indica la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea:

“Artículo 1 Bis. El servicio de las armas exige que el militar lleve el cumplimiento del deber hasta el sacrificio y que anteponga al interés personal, el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía de la Nación, la lealtad a las instituciones y el honor del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.”

Lo anterior se traduce en que el militar pierde su derecho a la vida asumiendo que dicho sacrificio representa un bien mayor para el resto de los ciudadanos.

Dicha interpretación es completamente opuesta a los derechos humanos, patentes en el marco jurídico policial para la defensa del ciudadano. Por lo tanto, no es posible simplemente ordenar al militar ejercer el papel de policía, sino que se debe delimitar su actuación a esta esfera jurídica, lejos de su formación y auto conceptualización en donde hay vidas que pueden ser sacrificadas por un bien mayor, haciendo que los derechos humanos sean secundarios bajo el casus belli en el que descansa el derecho militar.

En tal sentido la presente iniciativa establece la reglamentación conducente para que la colaboración de militares en tareas de seguridad pública sea efectivamente en apego a los objetivos de la seguridad pública propiamente, sin dejar de considerar que existe un impacto indirecto en la seguridad nacional.

Derechos humanos y fuerza pública

III. A lo largo del siglo XX, México fue partícipe de diversos foros internacionales donde se abordó el tema de los Derechos Humanos. Como resultado tenemos, hoy en día, 76 tratados (13 de ellos emanados de la Organización de las Naciones Unidas) y 31 declaraciones internacionales en la materia. 3 Los derechos humanos son claramente una prioridad para nuestra nación. La autoridad del Estado debe emanar no solo del respeto a los derechos humanos sino a su efectiva vigencia, protección y restablecimiento.

Asimismo, el Estado es también depositario del uso legítimo de la violencia estructural, con el único y exclusivo objetivo de garantizar los derechos en cuestión. En este sentido, el uso legítimo de la fuerza debe ser a favor de los derechos humanos, por lo que, en el momento que esta los viola deja de ser legítima.

Por tal razón, dicha responsabilidad trajo como consecuencia que México promulgara la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, y precisamente lo que se establece en los artículos 5, 16, 21, 30, 35 y 40 es la obligatoriedad de garantizar derechos humanos cuando se haga uso de la fuerza.

Bajo esta premisa debemos señalar que, en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional se establece, en el transitorio cuarto, fracción III, párrafo 1 que se promulgaría una Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza con la previsión de:

1. La finalidad, alcance y definición del uso de la fuerza pública;

Por tal razón, se entiende que en la esfera pública el alcance de esta ley es exclusivamente para policías, no obstante, el Código de Justicia Militar, en su artículo 434, fracción I establece:

Artículo 434. Para los efectos de este Libro Segundo se entenderá:

I. Por ejército, la fuerza pública de diversas milicias, armas y cuerpos que sirven a la Nación para hacer la guerra en defensa de su independencia, integridad y decoro y para asegurar el orden constitucional y la paz interior;

Es decir, las fuerzas armadas de México forman también parte de la fuerza pública, y por lo tanto deben estar sujetas a la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, sus objetivos, alcances, reglas y sanciones, pero, al estar dentro de un objetivo administrativo distinto a las policías se debe además precisar regulación desde la perspectiva del marco internacional sobre derechos humanos suscrito por México, incluyendo de manera detallada la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó en el Caso Alvarado Espinoza y otros vs México, en cuyo párrafo 182 establece lo siguiente:

“cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la colaboración de las fuerzas armadas debe ser:

a) Extraordinaria, de manera que toda colaboración se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso;

b) Subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial;

c) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y

d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. 4

La sentencia considera además que:

183. Asimismo, la Corte reitera su jurisprudencia en el sentido que el Estado debe brindar recursos sencillos y expeditos para denunciar la violación de los derechos humanos, así como que tales denuncias deben ser ventiladas ante la jurisdicción ordinaria y no militar, las cuales deberán ser efectivamente investigadas y, en su caso, sancionados los responsables. 5

De manera tal que la remisión a la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza no sería suficiente regulación para el objetivo, ya que en sus Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló que dicho documento no contiene reglas claras sobre garantías al uso de la fuerza letal,

20. ...

“En particular, al Comité le preocupa que dicha Ley no establece criterios claros sobre los supuestos en que está permitido el uso de la fuerza letal; no establece un registro sobre los casos en que se ha utilizado la fuerza y mecanismos adecuados de transparencia y rendición de cuentas para el uso de la fuerza; y restringe la protección contra el uso de armas en el contexto de manifestaciones o reuniones públicas a aquellas que tengan objeto lícito (arts. 6, 7 y 21).” 6

Lo que se traduce en la necesidad explícita de regular el uso de la fuerza letal y la rendición de cuentas por parte de las fuerzas armadas en un marco propio y acorde a su formación particular.

Por ello se propone en la presente iniciativa la inclusión de cada una de las recomendaciones para satisfacer las conclusiones del ya mencionado caso Alvarado y cumplir de manera efectiva las obligaciones internacionales de México.

IV. Guardia Nacional y Fuerzas Armadas

Tratar de regular la colaboración de fuerzas armadas desde la jurisdicción de Guardia Nacional impediría el cumplimiento de los preceptos contenidos en el Quinto Transitorio del decreto de reforma que da origen a dicha institución.

1) Del carácter extraordinario.

Intentar legislar las condiciones, modalidades y análisis que permita concluir que se cumplan los principios de estricta necesidad y excepcionalidad de la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública generaría un conflicto ontológico respecto a las funciones de los agentes de Guardia Nacional con relación a lo señalado en el Art. 4

“La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil...”

El carácter extraordinario se otorga con la finalidad de realizar el ejercicio de una tarea para la que no está jurídicamente capacitado, por lo tanto, debe regularse desde su función en el ámbito militar y no desde el civil.

2) De la regulación.

Para hacer efectiva la regulación en materia de seguridad pública se tendría que desvincular al personal de fuerzas armadas de su marco normativo, esto implica la consecuente, necesaria e inmediata reforma de las leyes militares.

3) De la fiscalización.

En su comunicado la CNDH señala el ya citado párrafo 182 de la Sentencia del Caso Alvarado Espinoza y Otros vs. México, dónde se precisa que la fiscalización de la participación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública debe llevarse a cabo por:

“por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces”

Es inviable la creación de esta figura dentro de la Ley de Guardia Nacional dado que se trata de una institución de carácter civil que no se encuentra sujeta a dicha sentencia.

4) De la subordinación

La subordinación a la que se refiere la sentencia mencionada no es solo respecto a la institución que tiene la autoridad, sino a las leyes que regulan las tareas de seguridad pública objeto de la participación de fuerzas armadas, por lo tanto, es preciso subordinar estas últimas al marco jurídico y responsabilidad concerniente en materia de seguridad pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

5) De la complementariedad

Al igual que el inciso anterior se encuentra contenida en el ya citado párrafo 182 de la Sentencia Alvarado Espinoza y Otros vs México, fundamentado a su vez en la Sentencia del Caso Cabrera García y Montiel Flores vs México, 7 dónde se indica lo siguiente:

86. Al respecto, la Corte considera que, en algunos contextos y circunstancias, la alta presencia militar acompañada de intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, puede implicar la introducción de un riesgo para los derechos humanos.

Así, por ejemplo, organismos internacionales que han analizado las implicaciones de permitir que cuerpos militares realicen funciones de policía judicial, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, han manifestado su preocupación por el hecho de que los militares ejerzan funciones de investigación, arresto, detención e interrogatorio de civiles, y han indicado que “[l]as funciones de la policía judicial deberían estar exclusivamente a cargo de una entidad civil. [...] De esta forma se respetaría la independencia de las investigaciones y se mejoraría mucho el acceso a la justicia por parte de las víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos, cuyas denuncias suelen ser investigadas actualmente por las mismas instituciones a las que acusan de perpetrar esas violaciones”

Por lo que debe entenderse que la complementariedad requerida trata solo describir el ejercicio de las tareas de seguridad pública, sino que tiene como objetivo generar un marco regulatorio que impida al personal de fuerzas armadas tomar atribuciones que no corresponden a su despliegue en operativos de carácter civil.

Naciones Unidas y Fuerzas Armadas

V. El pasado 13 de mayo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se pronunció respecto al reciente Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, indicando que no cumple con los requisitos para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. 8  Por ello la presente iniciativa incluye las recomendaciones internacionales para que la colaboración de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública tenga como objetivo el fortalecimiento de la seguridad pública de la nación y no exclusivamente de una de sus instituciones, atendiendo de manera directa las sentencias y recomendaciones citadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En dicho comunicado se hace énfasis:

Si bien la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública está prevista –bajo ciertas circunstancias– en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, el Acuerdo publicado no contiene información ni disposiciones que permitan evaluar su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en la materia.

La sola mención al carácter extraordinario de la participación de las Fuerzas Armadas sin la información sobre las condiciones, modalidades y análisis que permita concluir que se cumple con un principio de estricta necesidad y excepcionalidad de la medida, es insuficiente. La temporalidad prevista en el Acuerdo se extiende mientras la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, hasta el límite máximo permitido por la propia reforma constitucional, sin otra salvaguarda y sin la definición de un plan de fortalecimiento de las capacidades de la corporación creada en 2019.

Contrario a la obligación de que el papel de las Fuerzas Armadas se supedite a las autoridades civiles, el Acuerdo establece una relación de coordinación entre las autoridades civiles y militares. Asimismo, el Acuerdo dispone que las Fuerzas Armadas podrán llevar a cabo funciones propias de las etapas iniciales de la investigación del delito, como la preservación de indicios y el registro de personas detenidas, así como funciones de apoyo en centros de supervisión y control migratorio. Según el principio de subordinación y complementariedad las funciones de las Fuerzas Armadas no deberían extenderse a aquellas propias de las instituciones policiales, pues la participación del personal militar en estas funciones podría invadir sus competencias, afectar su naturaleza civil y trastocar el debido proceso. 9

En sus Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México 10 se hace énfasis en el retiro de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

18. ...el Comité está preocupado por el carácter militarizado de las fuerzas del orden en general, incluyendo la Guardia Nacional, y por la falta de un calendario claro sobre el retiro de la fuerza militar en las tareas de seguridad ciudadana (arts. 2, 6, 7, 9 y 14).

19. El Estado parte debe alejarse de un enfoque militarizado de las fuerzas del orden y avanzar en el proceso de formación de la Guardia Nacional como institución civil y establecer un plan que garantice el retiro gradual y ordenado de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad ciudadana. En este sentido, el Estado parte debe asegurar que la colaboración de las fuerzas armadas esté restricta a circunstancias excepcionales y con una duración limitada, conforme a protocolos claros y previamente establecidos, bajo mecanismos de control civiles y esquemas de rendición de cuentas.

Dichas observaciones han sido consideradas para la elaboración de la presente iniciativa, procurando clarificar los límites operacionales de las fuerzas armadas para el auxilio de las instituciones de seguridad pública del país, respetando la atribución del Titular del Ejecutivo para disponer de las fuerzas armadas contenida en el artículo 89 fracción VI de la Constitución.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I a V...

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

Contenido de la Iniciativa

VI. La propuesta legislativa que presentamos ante esta Soberanía tiene como objeto regular los principios, procedimientos, límites, responsabilidades y sanciones en cuanto a la disposición de los integrantes de la Fuerza Armada permanente, esto es integrantes de las Secretarías de la Defensa y Fuerza Aérea y Marina, en tareas de seguridad pública.

Lo anterior, sujeto a las siguientes premisas: 1) con pleno respeto y protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; 2) con apego a los principios de excepcionalidad, debido proceso, complementariedad, excepcionalidad, mínima intervención, temporalidad, territorialidad, garantía de derechos humanos, subordinación al mando civil y fiscalización; 3) con la premisa de que su participación no suplirá la obligación de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública; y, 4) actuando con apego a diversas disposiciones legales como son la Constitución Política, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y las Leyes Nacionales del Registro de Detenciones y sobre Uso de la Fuerza, entre otras.

Por otra parte, en la presente iniciativa se señalan las tareas en materia de seguridad pública que los integrantes de la Fuerza Armada permanente podrán realizar en apoyo subsidiario de las autoridades de seguridad pública. Entre ellas, podemos señalar la prevención de delitos que determine la legislación aplicable. Asimismo, salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio y garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social.

En su actuación deberán aplicar diversas normativas y protocolos procedimentales para prevalecer el debido proceso y se garantice la debida actuación de las autoridades tanto civiles como militares. Al respecto se establece que aquellos integrantes de la Fuerza Armada permanente que participen en tareas de seguridad pública deberán informar al detenido sobre los derechos que nuestro marco jurídico establece, cumplir con los procedimientos y registro de su detención y preservar y poner los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo a disposición de la autoridad correspondiente.

Adicionalmente, se le asignan las tareas como participar en operativos conjuntos en los tres niveles de gobierno a solicitud de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;  vigilar, supervisar y custodiar las instalaciones de los centros federales de detención, reclusión y reinserción social;  colaborar, a solicitud de las autoridades competentes, con los servicios de protección civil de acuerdo a la legislación aplicable.

Entre los límites a dicha actuación, los promoventes de la presente iniciativa proponemos que los integrantes de la Fuerza Armada permanente sólo podrán realizar actos de molestia a particulares como son inspecciones, controles preventivos provisionales y diligencias que recaigan sobre propiedades y posesiones, por orden expresa y directa de la superioridad civil y bajo la dirección del Ministerio Público o en cumplimiento de órdenes judiciales y por ningún motivo y bajo ninguna circunstancias, no podrán participar como medio de contención a la seguridad pública derivado del derecho a la manifestación pública y se excluye en todo momento la realización de labores de investigación para la prevención de delitos.

En cuanto al procedimiento, se propone que la actuación de los integrantes de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública se derive de un Acuerdo de disposición debidamente fundado y motivado realizado por el o la titular del Ejecutivo Federal a solicitud que realicen de manera conjunta el gobernador de una entidad federativa en el ámbito territorial que le corresponda o los titulares de la Secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana por lo que corresponda al ámbito federal.

En cuanto a la fundamentación y motivación del Acuerdo de disposición, se propone que contenga las principales razones: descripción de las condiciones de seguridad; razones de la insuficiencia de la capacidad de las autoridades de seguridad pública federal, estatal o municipal; descripción de aspectos cuantitativos y cualitativos de la incidencia delictiva y los fenómenos criminales; área geográfica, entre otras, destacando el plan de retiro de la Fuerza Armada permanente y las condiciones para que el Acuerdo de disposición se termine, amplié o sea sujeto a una prórroga.

Con motivo de la transparencia y rendición de cuentas, se obligará a los integrantes de la Fuerza Armada permanente a rendir un informe sobre sus actividades derivadas del Acuerdo de disposición tanto a las Secretarías de Gobernación y Seguridad y Protección Ciudadana como a cada una de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión.

Para el cumplimiento de sus tareas ya mencionadas, a la Fuerza Armada permanente se le podrá asignar la cantidad suficiente de integrantes, vehículos, equipamiento y armamento bajo la responsabilidad de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y adicionalmente su utilización estará sujeta a los principios establecidos en la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza.

En esta propuesta se establecen las acciones que debe realizar la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana como responsable de programar la operación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Al efecto, en el Capítulo III se establecen las acciones a realizar, como lo son el programar la puesta en marcha del acuerdo en que se apruebe dicha participación, así como el retiro del personal militar una vez concluidas las condiciones que motivaron su participación.  Así mismo, se clarifica que los gastos derivados de las actividades de seguridad pública que impliquen la realización de las actividades del personal de las instituciones de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública serán cubiertos por la Federación, en tanto que también se establece la obligación de las Entidades Federativas a destinar todos los recursos federales y estatales destinados a la seguridad pública para el fortalecimiento de las instituciones en la materia.

Con la finalidad de dar claridad y regular conforme a las disposiciones jurídicas en la materia la conducta de los miembros de las fuerzas armadas que participen en tareas de seguridad pública, se establece claramente que el ejercicio de dichas acciones será estrictamente como complemento al ejercicio de las funciones, objetivos y obligaciones previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que deberán ajustar su actuar a lo previsto en dicha ley, así como a lo dispuesto en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, La Ley Nacional del Registro de Detenciones, La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, el Código Nacional de Procedimientos Penales y los Tratados Internacionales de derechos humanos y resoluciones correspondientes de los que México sea parte, además de que éstos deberán portar los distintivos necesarios y suficientes que los acredite como miembros de las fuerzas armadas permanentes y para diferenciarlos del resto de los miembros de las instituciones de seguridad pública.

En aras de observar los elementos dictados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la fiscalización de la participación de las fuerzas armadas ocupa un apartado importante en la presente propuesta, estableciendo que todas las actuaciones de sus miembros deberán ser capturadas en medios electrónicos, de manera que se pueda vigilar el cumplimiento de la legislación nacional e internacional en la materia y en la protección de los derechos humanos, desde la planeación de las acciones y operativos hasta su ejecución final, incluyendo la visita de los lugares en los que se desarrollarán, intercambio con las autoridades que los lleven a cabo, acompañamiento durante el desarrollo del operativo y acceso a toda la información en materia de seguridad pública, incluyendo la reservada, conforme a los requisitos que, para el efecto, fije la autoridad.

En atención a las directrices fijadas por la Corte Interamericana, respecto a que la fiscalización debe ser realizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces, se propone que ésta sea desarrollada por los organismos públicos de derechos humanos nacional y estatales, mismos que podrán convocar a participar en esta tarea a las organizaciones de la sociedad civil o instituciones de educación superior públicas o privadas, estableciéndose además la forma en que se realizará la participación de éstas últimas.

Aunado a lo anterior, en la presente ley se establecen disposiciones tendientes a evaluar las labores de las fuerzas armadas permanentes, entendida ésta como el proceso de valoración sistemática del diseño, implementación y resultados de su intervención, en la que podrán participar la sociedad civil y las instituciones de educación superior públicas o privadas, mismas que tendrán acceso a la información necesaria para realizar dicha función y sus informes deberán ser entregados a los Consejos Nacional y Estatales de Seguridad Pública, los cuales estarán obligados a tomar en consideración esta información para el rediseño o para redireccionar las acciones en la materia.

Asimismo, a efecto de garantizar que la actuación de los miembros de las fuerzas armadas que participen en labores de seguridad pública se ajusten a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, en el Capítulo IX se propone que éstos deberán contar con la debida certificación que le permita acreditar el cumplimiento de los requisitos de permanencia en dichas funciones. El certificado deberá ser expedido por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, el cual determinará las normas y procedimientos para la evaluación, así como emitirá los requisitos para la validez del certificado, vigencia y su renovación. Para tales efectos, se prevé en las disposiciones transitorias que dicho Centro deberá emitir los lineamientos correspondientes dentro de los sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Dicha certificación constituirá un mecanismo que permitirá asegurar, por un lado, la idoneidad e integridad en el servicio de cada miembro de las FF. AA. y por el otro, el generar mecanismos de información indispensables e idóneos para salvaguardar que nuestras corporaciones inhiban y excluyan riesgos de influencia indebida de parte de quienes incurren en conductas de quebrantamiento de la ley.

Por último, en la ley se prevé un capítulo específico relativo a las faltas y delitos en el que se establecen la bases aplicables en caso de que un militar cometa alguna infracción o falta administrativa a esta Ley o a los protocolos correspondientes para la colaboración de militares en tareas de seguridad pública, disponiéndose que deberá conocer de ella la dependencia  a la que pertenezcan debiéndose informar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el cumplimiento de la sanción correspondiente; y se establecen las bases para garantizar la seguridad e integridad personal de aquel militar que llegue a ser considerado responsable de la conducta atribuida.

Por lo que respecta a las disposiciones transitorias, en estas se prevé la entrada en vigor de la Ley al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; se establece el procedimiento a seguir en caso de que se necesite extender la colaboración de las acciones de seguridad pública, así como las bases a seguir tratándose de las acciones vigentes en las que se encuentran participando miembros de las fuerzas armadas, en donde las autoridades correspondientes deberán ajustarse al procedimiento previsto en esta Ley.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley Federal que Regula la Disposición de las Instituciones de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública

Único. Que expide la Ley Federal que Regula la Disposición de las Instituciones de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional; tienen como fin regular la disposición de Las instituciones de la Fuerza Armada Permanente cuando actúen como auxiliares en tareas de seguridad pública.

La disposición de las Instituciones de la Fuerza Armada permanente para los efectos señalados en la presente Ley, no suplirá la obligación de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública.

Artículo 2. La presente Ley tiene como objeto:

I. Establecer los principios mínimos para la disposición de Las instituciones de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública;

II. Establecer el procedimiento y las condiciones para solicitar la colaboración del personal de Las instituciones de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública.

III. Regular la actuación del personal de Las instituciones de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública;

IV. Establecer los límites en los que Las instituciones de la Fuerza Armada Permanente pueden actuar en tareas de seguridad pública; y

V. Establecer los supuestos en caso de imposición de sanciones correspondientes a la actuación del personal de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Artículo 3. La disposición de integrantes de la Fuerza Armada permanente para realizar tareas de seguridad pública se realizará bajo los principios de excepcionalidad, debido proceso, complementariedad, excepcionalidad, mínima intervención, temporalidad, territorialidad, garantía de derechos humanos, subordinación al mando civil y fiscalización.

Artículo 4. Las tareas de seguridad pública que podrán realizar las instituciones de la Fuerza Armada Permanente en apoyo subsidiario de la seguridad pública son las siguientes:

I. Prevenir la comisión de delitos que determine la legislación aplicable en materia de seguridad pública, excluyendo labores de investigación para la prevención;

II. Salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos en la demarcación territorial o instalaciones a las que sean asignados para realizar tareas de seguridad pública;

III. Informar a la persona, al momento de su detención, sobre los derechos que en su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Intervenir en la detención de personas y el aseguramiento de bienes relacionados con hechos delictivos, siempre en apoyo directo al mando civil cuando medie orden de aprehensión o de cateo según sea el caso

V. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora, a personas y bienes en los casos en que, por motivo de sus funciones, practique alguna detención o lleve a cabo algún aseguramiento de bienes, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos establecidos en las disposiciones constitucionales y legales que resulten aplicables;

VI. Efectuar las detenciones conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales;

VII. Realizar el registro inmediato de la detención de las personas, en los términos señalados en la Ley de la materia;

VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, la integridad de los indicios, huellas o vestigios, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, dando aviso de inmediato al Ministerio Público. Al efecto, el Grupo de Tarea destacada a tareas de seguridad pública contarán con unidades facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales y los protocolos correspondientes;

IX. Colaborar, cuando sea formalmente requerida su participación, de conformidad con los ordenamientos constitucionales, legales y convenios aplicables, con las autoridades locales y municipales competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente; prevenir la comisión de delitos, así como garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden públicos;

X. Participar, a solicitud de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en operativos conjuntos en los tres niveles de gobierno que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación relativa al Sistema Nacional de Seguridad Pública;

XI. Vigilar, supervisar y custodiar, a solicitud de la autoridad competente, las instalaciones de los centros federales de detención, reclusión y reinserción social, con estricto apego a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XII. Colaborar, a solicitud de las autoridades competentes, con los servicios de protección civil en casos de calamidades, situaciones de alto riesgo o desastres por causas naturales; y

XIII. Integrar al Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública los datos que se recaben para identificar a las personas.

Las instituciones de la Fuerza Armada Permanente no podrán dirigir o coordinar operativos de restauración del orden público tanto civil como al interior de centros penitenciarios sino exclusivamente para brindar atención médica y evacuación de emergencia a quien así lo requiera.

En el desempeño de funciones preventivas de los delitos señalados en esta Ley consistirá en funciones de proximidad, reacción en caso de flagrancia, llamados de auxilio y apoyo a autoridades policiacas del orden civil.

Los integrantes de la Fuerza Armada Permanente solo realizarán actos de molestia a particulares como inspecciones, controles preventivos provisionales y diligencias que recaigan sobre propiedades y posesiones, mediante directrices de apoyo derivados de la orden expresa y directa de la superioridad civil y bajo la dirección del Ministerio Público o en cumplimiento de órdenes judiciales. En estos supuestos se dispondrá únicamente de la participación de los efectivos que cuenten con el certificado correspondiente señalado en el capítulo IX de la presente ley.

La participación de la Fuerza Armada Permanente sólo se limitará a atender los fenómenos delictivos que motivaron el Acuerdo de disposición. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancias, podrán participar como medio de contención a la seguridad pública derivado del derecho a la manifestación pública.

De igual manera, esta disposición no incluirá el despliegue de efectivos militares o navales en funciones, comisiones, trabajos, encomiendas o misiones diversas, tales como la realización de obras pública civil no castrense y servicios públicos o administrativos propios de autoridades, permisionarios o concesionarios no castrenses.

Artículo 5. Actuación como primer respondiente. Los integrantes del Grupo de Tarea podrán actuar con el carácter de primer respondiente en el lugar de los hechos, de acuerdo con la legislación de uso de la fuerza y protocolos aplicables, privilegiando en todo momento las instrucciones de la superioridad civil y la preservación de la vida de las personas involucradas.

En caso de existir detenido, se deberá informar sus derechos y ponerlo de inmediato a disposición del Ministerio Público correspondiente o la autoridad civil que se presente en el momento, para que este a su vez lo conduzca ante el Ministerio Público, aplicándose en todo caso lo establecido en la Ley Nacional del Registro de Detenciones.

Artículo 6. Prohibiciones y restricciones. En ningún caso los integrantes de el Grupo de Tarea realizarán labores de investigación para la prevención del delito que supongan actos de molestia a particulares ni de investigación del delito.

Artículo 7. Obligación de rendir testimonio. Cualquier miembro del Grupo de Tarea podrá ser citado en calidad de testigo en la investigación de delitos en sede ministerial o en procesos judiciales.

Capítulo II Del Carácter Excepcional de la Disposición y la Subordinación

Artículo 8. Las instituciones de la Fuerza Armada Permanente solo podrán realizar las tareas de seguridad pública señaladas en los artículos 4 y 5 conforme al procedimiento que se previene en la presente ley.

Artículo 9. Acuerdo de disposición. La disposición que realice el o la titular del Ejecutivo Federal de cualquier Unidad de Tarea de la Fuerza Armada permanente se realizará mediante el Acuerdo de disposición que emita, previa solicitud que realice alguno de los titulares del Poder Ejecutivo de entidad federativa en el ámbito de su territorio o, en el ámbito federal, previa solicitud realizada de manera conjunta los titulares de la Secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana.

A efecto de valorar la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la disposición del Grupo de Tarea en el ámbito federal se deberá acreditar que las instituciones civiles municipales, estatales o federales de seguridad pública requieren ser complementada y en qué términos deberá realizarse dicha complementación.

Artículo 10. Responsabilidad de la Disposición.

La designación de los integrantes, vehículos, equipamiento y armamento que habrán de conformar las Unidades de Tarea que se acuerde en cada caso será responsabilidad de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, respectivamente, y conforme se señale en la reglamentación correspondiente.

Procedencia del acuerdo de disposición.

a) A petición del titular del Ejecutivo de una Entidad Federativa para la realización de funciones inherentes de seguridad pública, en el ámbito de sus atribuciones, en que se justifique la necesidad del despliegue solicitado y que sea aprobada por la mayoría simple del Congreso de la entidad federativa o del órgano que la represente en periodos de receso. A las solicitudes presentadas por el Titular del Ejecutivo serán resueltas de manera expedita según corresponda.

En este caso el o la titular del Ejecutivo de la Entidad Federativa procederá a la realización de los acuerdos correspondientes.

b) En el ámbito territorial o material que corresponda a la Federación, el Acuerdo de disposición procederá a petición conjunta de los o las titulares de la Secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, debidamente fundada y motivada.

Dicha petición será sometida a la consideración del Fiscal General de la República a fin de que manifieste lo que al efecto corresponda dentro de las setenta y dos horas siguientes a su recepción.

La petición deberá ser remitida a las Comisiones de Seguridad de las cámaras del Congreso de la Unión a efecto de que en formato de Conferencia emitan la opinión sobre su procedencia en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a su recepción. Al efecto y en caso de que así sea necesario, la Conferencia de Comisiones de Seguridad de las Cámaras del Congreso podrá sesionar de manera remota utilizando las tecnologías de información pertinentes.

Una vez atendidos los comentarios de la Conferencia de Comisiones de Seguridad de las Cámaras del Congreso y del Fiscal General de la República, la petición será sometida a la consideración del presidente de la República para la expedición del Acuerdo de Disposición.

En caso de que la Conferencia de Comisiones de Seguridad de las Cámaras del Congreso no emitiese la opinión sobre la procedencia del Acuerdo de disposición, el o la titular del Ejecutivo Federal procederá a acordar lo conducente.

Artículo 11. Requisitos de la solicitud del Acuerdo de disposición. La solicitud del Acuerdo de disposición deberá estar fundada y motivada, explicitando las condiciones de excepcionalidad en que habrá de disponerse del Grupo de Tarea.

Artículo 12. Fundamentación y Motivación. En el apartado correspondiente a la motivación se señalarán las razones que justifiquen la disposición del Grupo de Tarea mediante la expresión de:

I. Descripción de las condiciones de seguridad en el ámbito en que se requiera el Grupo de Tarea;

II. Razones de la insuficiencia de la capacidad de la fuerza civil correspondiente, federal de la entidad federativa o municipal;

III. Descripción de aspectos cuantitativos y cualitativos de la incidencia delictiva y los fenómenos criminales que justifican la solicitud del Acuerdo de disposición.

IV. Área geográfica, sector poblacional y en su caso, instituciones públicas o entidades sociales o privadas vulneradas;

V. Deficiencias operativas, técnicas y logísticas para enfrentar los hechos identificados;

VI. El compromiso de contribuir a la atención de los hechos antisociales y delictivos;

VII. Las acciones de fortalecimiento de seguridad pública que deberá llevar a cabo la entidad federativa;

VIII. El Plan de retiro de la fuerza armada permanente;

IX. El Plan de mitigación de las condiciones que dieron lugar a la solicitud de despliegue en términos de esta ley, pormenorizando las acciones de fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública de naturaleza civil; y

IX. La demás información que se considere relevante para justificar la procedencia del acuerdo.

Artículo 13. Ámbito territorial. En la solicitud del Acuerdo de disposición se deberá señalar la territorialidad en que actuará el Grupo de Tarea. La delimitación correspondiente se podrá realizar a través del señalamiento de límites reconocidos entre entidades federativas, municipios o cualquiera otro que aporte certeza en el ámbito geográfico.

Artículo 14. Ámbito material de actuación. Se podrá solicitar el despliegue de una Unidad de Tarea en términos de la presente Ley a efecto de atender fenómenos o hechos relacionados con riesgos a la seguridad pública que requieran atención específica.

Los fenómenos antisociales que justificarán la disposición de la Fuerza Armada permanente serán exclusivamente aquellos en que exista información objetiva para acreditar hechos relacionados con los delitos señalados en el artículo 19 constitucional y los delitos contenidos en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, salvo defraudación fiscal, sin que sea preciso que se cometan bajo dicha forma organizativa.

Artículo 15. Ámbito temporal de actuación. La vigencia del Acuerdo de Disposición será de dieciocho meses, como plazo máximo. En caso de que persistan las razones de la necesidad del despliegue del Grupo de Tarea, se deberá realizar una nueva solicitud, actualizando los información señalada en esta ley.

Artículo 16. Acuerdo de disposición. El acuerdo que emita el Ejecutivo y que recaiga a cada solicitud deberá señalar las condiciones indicadas en la solicitud. Se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación una versión pública del acuerdo de disposición correspondiente.

De ser conducente se podrán se podrán acumular dos o más solicitudes en un solo acuerdo de disposición.

Artículo 17. La subordinación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública se realizará bajo las siguientes modalidades:

I. Cuando se complemente a las instituciones de seguridad pública estatales o municipales, el mando recaerá en el titular del ejecutivo de la entidad federativa;

II. Cuando se complemente a las instituciones de seguridad pública federales, el mando corresponderá en el titular del ejecutivo federal.

Los acuerdos de disposición y los convenios que se deberán suscribir al efecto definirán los mecanismos de asignación de responsabilidades operativas en la actuación de las instituciones en el campo.

Artículo 18. En casos de extrema urgencia se podrá disponer la participación de alguna unidad de tarea sin que se necesario agotar el procedimiento descrito. En este supuesto la intervención tendrá una duración máxima de cuarenta y ocho horas. En caso de que sea necesario extender la presencia de las unidades de la Fuera Armada se deberá realizar el procedimiento descrito en este capítulo.

Artículo 19. Son casos de extrema urgencia:

I. Los enfrentamientos armados de alto riesgo, en este caso el mando civil otorgará la función relevante al militar con mayor rango presente, quién deberá considerar a los agentes en todo momento con la misma disciplina, respeto y consideración que a sus elementos ante una situación de dicho riesgo.

En ambos casos el mando hará un informe pormenorizado de las circunstancias que dieron origen a la colaboración extraordinaria, el personal involucrado, indicando dependencia de origen y resultados. Dicho informe será remitido a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la dependencia de origen del mando.

Artículo 20. Las instituciones de la Fuerza Armada Permanente deberán remitir informe de sus actividades derivadas del acuerdo, que realice en tareas de seguridad pública a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y esta a su vez lo remitirá a las comisiones de seguridad de las cámaras de diputados y de senadores del honorable Congreso de la Unión.

El informe deberá contener:

I. Fecha y responsable de la solicitud de colaboración por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;

II. Descripción de la solicitud;

III. Ubicación y duración del operativo;

IV. Nombre y cargo del militar a cargo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina;

V. Número de militares asignados al operativo;

VI. Recursos materiales asignados al operativo;

VII. Informes policiales generados;

VIII. Resultados; y

IX. Recomendaciones a la institución que recibió el apoyo, en caso de existir o de considerarse necesarias.

Artículo 21. Terminación. El Acuerdo de disposición podrá terminarse por anticipado únicamente por aceptación expresa de los solicitantes y del titular del Poder Ejecutivo, Federal justificándose con la realización de los objetivos establecidos en el mismo.

Artículo 22. Prórroga. El Acuerdo de disposición podrá prorrogarse en una sola ocasión, hasta por un año previa solicitud de quien requirió su expedición, sin que sea necesaria la justificación de dicha prórroga.

Artículo 23. Ampliación. El Acuerdo de disposición podrá ampliarse durante su vigencia en las estipulaciones contenidas en él referidas al ámbito territorial, temporal o material de actuación, con las justificaciones correspondientes, de conformidad con los artículos 6 y 7 de la presente ley.

Capítulo III De la operación de la disposición de las dependencias de la Fuera Armada Permanente

Artículo 24. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana será responsable de programar:

I. La puesta en marcha del acuerdo de colaboración aprobado por el titular del ejecutivo federal, previa instrucción que surta el titular del Ejecutivo a o los titulares de las instituciones de la Fuerza Armada correspondiente.

II. El retiro gradual y generalizado del personal militar en tareas de seguridad pública una vez concluidas las condiciones extraordinarias que dieron origen a la solicitud de colaboración.

Artículo 25. Los gastos derivados de las actividades de seguridad pública de Las instituciones de la Fuerza Armada Permanente serán solventados por la Federación.

Las entidades federativas destinarán todos los recursos destinados a la seguridad pública contenidos en los ramos 33 y 36 así como cualquier otro que tenga origen federal o estatal, al cumplimiento de lo establecido en los convenios para el fortalecimiento de las instituciones estatales de seguridad pública.

Capítulo IV De la Complementariedad

Artículo 26. El ejercicio de las funciones de los militares para el cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley será estrictamente como complemento al ejercicio de las funciones, objetivos y obligaciones previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la legislación en la materia.

Capítulo V De la Regulación

Artículo 27. Para el desarrollo de las acciones, los militares deberán en todo momento actuar, además de lo establecido en la presente Ley, conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, La Ley Nacional del Registro de Detenciones, La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, el Código Nacional de Procedimientos Penales y los Tratados Internacionales de derechos humanos y resoluciones correspondientes de los que México sea parte.

Artículo 28. Para el ejercicio de tareas de seguridad pública los militares deberán portar un brazalete e insignias correspondiente y usar el balizamiento que identifique dicha función de manera clara a la ciudadanía.

Artículo 29. Toda actuación de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública deberá ser capturada por medios electrónicos, para los efectos de la fiscalización y responsabilidades.

Los mecanismos necesarios para la realización y uso de esta forma de registro se dispondrá en la normatividad que corresponda.

En todo caso el registro que hagan los particulares no será objeto de censura o requisa.

Artículo 30. Los militares deberán llenar y entregar, siguiendo el protocolo de seguridad pública, el Informe Policía Homologado y el Registro Nacional de Detenciones correspondiente a los hechos que motivaron su actuación.

Artículo 31. Los integrantes de fuerzas armadas mantendrán a salvo todos sus derechos en la dependencia de origen por todo el tiempo que dure la colaboración que se señala en esta Ley y conforme a la legislación aplicable.

Capítulo VI Sección Primera. De la Fiscalización en Materia de Derechos Humanos

Artículo 32. Por fiscalización en materia de derechos humanos se entienden las acciones desarrolladas para vigilar el cumplimiento, de la legislación estatal, federal, nacional e internacional en materia de protección de los derechos humanos, por parte de las fuerzas armadas cuando desarrollen labores de seguridad pública.

Las acciones de fiscalización en materia de derechos humanos comprenden la observación, desde la planeación de las acciones y operativos hasta su ejecución final, incluyendo la visita de los lugares en los que se desarrollarán, intercambio con las autoridades que los lleven a cabo, acompañamiento durante el desarrollo del operativo y acceso a toda la información en materia de seguridad pública, incluyendo la reservada, conforme a los requisitos que, para el efecto, fije la autoridad.

Las autoridades garantizarán la seguridad e integridad personales de las personas que participen en estas labores de fiscalización en materia de derechos humanos.

La fiscalización en materia de derechos humanos será encomendada a los organismos públicos de derechos humanos nacional y estatales, mismos que podrán convocar a participar en esta tarea a las organizaciones de la sociedad civil o instituciones de educación superior públicas o privadas, las cuales deberán registrar sus proyectos de fiscalización ante el organismo, una vez que se haya firmado el convenio de colaboración entre las autoridades estatales y federales a que hace referencia el artículo 20 de esta Ley.

La participación de las organizaciones de la sociedad civil o instituciones de educación pública o privada será de carácter honorífico.

Los organismos públicos de derechos humanos estatales y nacional emitirán la convocatoria correspondiente y vigilarán el cumplimiento de los proyectos de fiscalización en materia de derechos humanos.

Artículo 33. En el caso de que las y los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil o las instituciones de educación superior adviertan que se está cometiendo una violación de derechos humanos de las personas en virtud de las acciones en materia de seguridad pública desarrolladas por las Fuerzas Armadas, deberán comunicarlo, de inmediato, a los organismos públicos en materia de derechos humanos, los cuales deberán emitir las medidas cautelares correspondientes a efecto de evitar la violación inmediata de los derechos humanos y, posteriormente y a la brevedad, recomendará las acciones correctivas respecto de las acciones a desarrollarse.

Capítulo VII Sección Segunda. De la Evaluación de las Labores de la Fuerza Armada Permanente en funciones de Seguridad Pública

Artículo 34. Por evaluación de las labores de las fuerzas armadas en seguridad pública se entiende el proceso de valoración sistemática del diseño, implementación y resultados de esta intervención, que permitan su continuación, rediseño o redireccionamiento.

Artículo 35. Las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de educación superior, públicas o privadas, podrán participar en la evaluación del diseño, implementación e impacto de las acciones de las Fuerzas Armadas en seguridad pública.

Artículo 36. Las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de educación superior deberán registrar sus proyectos de evaluación ante el Consejo Nacional o Estatal de Seguridad Pública que corresponda.

Las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de educación superior que participen en el proceso de evaluación de las políticas públicas podrán:

I. Evaluar las acciones implementadas por las fuerzas armadas en materia de seguridad pública;

II. Validar los indicadores de gestión en esta materia;

III. Evaluar el impacto de las políticas públicas en la materia;

IV. Evaluar la letalidad en la intervención de la Fuerza Armada Permanente en cada caso;

V. Publicar los resultados; y

VI. En su caso, proponer el rediseño o redireccionamiento de las acciones de que se trate para elevar su efectividad.

Dichos informes deberán ser entregados a los Consejos Nacional y Estatales de Seguridad Pública, los cuales estarán obligados a tomar en consideración esta información para el rediseño o redireccionamiento de las acciones en la materia.

Artículo 37. Las instituciones de educación superior y las organizaciones de la sociedad civil que participen en el proceso de evaluación de las instituciones de seguridad pública, estatales y municipales, podrán:

I. Evaluar el desempeño de todos sus integrantes;

II. Participar en la validación de la currícula para los programas de capacitación y profesionalización;

III. Realizar evaluación técnico-operativa de su actuación;

IV. Realizar evaluación técnico-jurídica de su actuación; y

V. Evaluar la calidad del servicio prestado.

Artículo 38. Las instituciones de educación superior y las organizaciones de la sociedad civil que realicen funciones de evaluación, podrán acceder a toda la información necesaria para la realización de estos trabajos. Cuando se trate de información reservada, la institución de seguridad pública establecerá los mecanismos para su consulta.

El mal uso de la información reservada que hagan los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil o de las instituciones de educación superior, será sancionada en los términos de la legislación correspondiente.

Capítulo VIII Sección Tercera. De la Fiscalización de los Recursos Federales

Artículo 39. Los recursos federales en materia de seguridad pública que se entreguen a las entidades federativas que, en virtud de lo establecido en esta Ley, firmen un convenio para que las Fuerzas Armadas desarrollen labores de seguridad pública en su territorio, deberán ser auditados por el órgano superior de fiscalización, en términos de lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Capítulo IX De la Certificación

Artículo 40. De la certificación de los integrantes del Grupo de Tarea. Los integrantes del Grupo de Tarea en términos de esta Ley deberán contar con el certificado correspondiente para la realización de sus funciones, de conformidad con la fracción XV del artículo 40 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 41. Expedición. Para la realización de las evaluaciones correspondientes para la obtención de los certificados el Centro Nacional de Certificación y Acreditación determinará las normas y procedimientos para la evaluación de los integrantes de la Fuerza Armada Permanente en términos de esta ley, considerando la naturaleza y criterios de reclutamiento originales, así como las funciones que dichos miembros realizarán.

El Centro Nacional de Certificación y Acreditación emitirá los requisitos para la evaluación, la validez del certificado, vigencia y renovación y determinará cuáles serán los centros autorizados para la realización de las evaluaciones señaladas en esta Ley.

Capítulo X Procedimiento en caso de Comisión de Infracciones y Delitos

42. Cuando exista reporte de un militar que cometa alguna infracción o falta administrativa a la presente Ley y los protocolos correspondientes para la colaboración de militares en tareas de seguridad pública, esta deberá sancionarse de acuerdo al régimen correspondiente la dependencia a la que pertenezcan, informando a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el cumplimiento de la sanción correspondiente.

Artículo 43. Los integrantes de fuerzas armadas estarán suspendidos de la sujeción al fuero militar durante todo el tiempo en que duren las encomiendas respectivas en el acuerdo de colaboración.

Cualquier miembro de Las instituciones de la Fuerza Armada Permanente que sea parte del acuerdo de colaboración podrá ser citado en calidad de testigo en la investigación de delitos en sede ministerial o en procesos judiciales.

En tanto se emite resolución del juicio el militar en cuestión deberá permanecer en custodia de la dependencia de origen sin que esto implique perder sus derechos y obligaciones del fuero militar, con la única excepción de la inamovilidad del lugar dónde el juez establezca el procedimiento durante el tiempo que dure el mismo.

Artículo 44. Cuando un juez civil determine la responsabilidad y establezca pena privativa de la libertad para un militar la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina, según corresponda, determinará la prisión dónde el militar en cuestión cumplirá dicha sentencia, esto para garantizar la seguridad e integridad personal de los militares ante los eventuales riesgos de confinamiento en una prisión civil, dando prioridad al centro de reclusión más cercano al domicilio particular declarado por el propio militar.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En caso de considerarse necesario extender, respecto de los acuerdos específicos la colaboración de las instituciones de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana deberá remitir por escrito y caso por caso un informe al titular del Poder Ejecutivo conteniendo el análisis que justifique dicha solicitud, el titular del Poder Ejecutivo deberá informar al Poder Legislativo su decisión respecto a la solicitud de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana siguiendo la normatividad establecida en la presente Ley, sin que estas excepciones superen 6 meses.

Tercero. Las labores de seguridad pública que, actualmente, se encuentran desarrollando las instituciones de la Fuerza Armada permanente no serán suspendidas, pero deberán sujetarse al procedimiento establecido en la presente Ley. Las y los gobernadores contarán con el plazo improrrogable de quince días posteriores al de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar la solicitud a que hace referencia esta Ley.

Cuarto. El Centro Nacional de Evaluación y Certificación emitirá los lineamientos a que se hace referencia en esta ley dentro de los sesenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Notas

1 Comunicado de Prensa DG/185/2020. 21 de junio de 2020. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pág. 3

2 Ídem, Pág. 2

3 Comisión Estatal de derechos Humanos en Jalisco, recuperado de:

http://cedhj.org.mx/tratados_y_convenios.asp. Recuperado el 15 de junio de 2020.

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México. Sentencia de 28 de noviembre de 2018.

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_370_esp.pd f. Recuperado el 15 de junio de 2020.

5 Ídem

6 Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México. Noviembre 2019. Comité de Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Recuperado desde

https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/ObservacionesFinales_Comi teDHONU_MX_2019.pdf el 11 de julio de 2020.

7 Caso Cabrera García y Montiel Flores vs México. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuperado el 23 de junio desde el portal de la CNDH México en

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-01/1 %5B1%5D.pdf

8 Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, México, recuperado de:

https://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1446: preocupa-a-la-onu-dh-acuerdo-que-dispone-de-las-fuerzas-armadas-para-tareas-de- seguridad-publica&Itemid=265

9 Ídem

10 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México. 4 de diciembre de 2019. Recuperado desde

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Down load.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fMEX%2fCO%2f6&Lang=en

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 3 de febrero de 2021.— Diputadas y diputados: Laura Angélica Rojas Hernández, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Juan Carlos Romero Hicks, René Juárez Cisneros, Verónica Beatriz Juárez Piña, Mariana Rodríguez Mier y Terán (rúbricas).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, y de Defensa Nacional, para dictamen, y a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Justicia, para opinión.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

PROTOCOLO DE MANEJO MASIVO DE CADÁVERES QUE DESAHOGUE LA DIFÍCIL SITUACIÓN QUE SE HA DETECTADO A RAÍZ DEL INCREMENTO DE MUERTES POR COVID-19

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y los 32 gobiernos locales a realizar un protocolo de manejo masivo de cadáveres que desahogue la difícil situación detectada a raíz del incremento de muertes por covid-19 en el país, a cargo de la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundmento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud, a los gobiernos de las entidades federativas y  de la ciudad de México a realizar un protocolo de manejo de cadáveres que desahogue la difícil situación que se ha detectado a raíz del incremento de muertes por covid-19 en el país, al tiempo que las autoridades de las entidades federativas evaluen y planeen la construcción de hornos crematorios públicos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 31 de diciembre de 2019, fue notificada la Organización Mundial de la Salud (OMS), acerca del actual brote de enfermedad por coronavirus (covid-19) que fue registrada por primera vez en Wuhan (China), a partir de ese momento los Gobiernos y la OMS han trabajado en ampliar los conocimientos científicos sobre el nuevo virus, rastreando su propagación y virulencia.

Al mismo tiempo, en los primeros meses de 2020 se emitieron las medidas para proteger la salud y prevenir la propagación del virus: resguardo familiar en casa, sana distancia (1.5 metros), protección y cuidado de personas adultas mayores, uso de cubre bocas, ventilación en lugares cerrados y saludo a distancia.

Al 24 de enero de 2021, a nivel mundial se ha reportado 97 millones 464 mil 94 casos confirmados (577 mil 301 casos nuevos) y 2 millones 112 mil 689 defunciones (13 mil 688 nuevas defunciones). La tasa global es de 2.2 por ciento, de acuerdo con la OMS, aunado a esto la distribución de casos por regiones es:

Fuente: Secretaría de Salud. Comunicado técnico diario- covid-19, fecha 24 de enero de 2021.

En el caso de México, se han confirmado 1 millón 763 mil 219 casos totales y 149 mil 614 defunciones totales por covid-19 1. En cuanto a los casos acumulados por entidad de residencia, son 10 las entidades que acumulan el mayor número de casos: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, nuevo León, Jalisco, Sonora, Puebla, Coahuila, Tabasco y Veracruz, que en conjunto representan el 67 por ciento de todos los casos acumulados en el País.

Sin embargo, la Ciudad de México registra la mayor parte de los casos acumulados del país y representa por si sola 25 por ciento de todos los casos registrados por entidad de residencia.

En concordancia con los contagios, la información sobre defunciones totales es alarmante, al 24 de enero de 2021, se registran 149 mil 614 defunciones sospechosas de covid-19, en las que se destaca el predominio de muerte en hombres (63 por ciento), la mediana de edad en los decesos es de 64 años.

Otro dato importante es que las defunciones por covid-19, se registran en mayor número en las entidades de: Ciudad de México (26 mil 920), Estado de México (17 mil 226), Jalisco (7 mil 807), Veracruz (6 mil 807), Puebla (6 mil 739), Guanajuato (6 mil 649), Baja California (6 mil 488), Nuevo León (6 mil 231), Sonora (5 mil 163) y Coahuila (5 mil 34). Cabe destacar que la Ciudad de México, por si misma acumula 18 por ciento de todas las defunciones a nivel nacional.

En el caso de los fallecimientos por covid-19 en México y en especial en la Ciudad de México, por concentrar un porcentaje importante de muertes por coronavirus, hacen necesario trabajar de acuerdo con los Lineamientos de manejo general y masivo de cadáveres por covid-19 (SARS-Cov-2) en México 2, los cuales establecen que, si bien es cierto la muerte es una etapa natural del ciclo de vida, las condiciones en que se presentan determinan el impacto de los deudos, del mismo que involucran diversos factores sociales, culturales y económicos.

Algunos datos que ilustran la tendencia registrada los últimos años sobre el destino de los restos de personas fallecidas en la Ciudad de México, es que, durante el mes de septiembre del 2020, en la Ciudad de México se llevaron a cabo 1 mil 979 inhumaciones de las cuales 1 mil 693 se realizaron en panteones vecinales, generales y de alcaldías y 286 en concesionados, en tanto que en hornos crematorios concesionados por el Gobierno de la Ciudad se registraron 1 mil 917 servicios. 3

En la situación de Emergencia Sanitaria por covid-19, el fallecimiento por coronavirus se da en una situación peculiar de mayor restricción, por el alto grado de contagio, de tal forma que hay restricciones de acceso a hospitales y acompañamiento de los familiares, tardanza en la entrega del cuerpo y saturación de los servicios funerarios.

Ante una situación de incremento de muertes por coronavirus, la orientación del personal de salud o del trabajador social para guiar a los deudos y facilitar el proceso de recepción y entrega de cadáveres de manera oportuna, queda desdibujada. Aun más la atención por las funerarias.

La Ley General de Salud, en su capítulo V, establece que:

Artículo 346. Los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración.

Este artículo de la Ley General de Salud se ve vulnerado por el aumento de muertes derivadas de la pandemia por coronavirus, por lo que su tratamiento se dificulta. Por otra parte, en cuanto al destino final del cadáver, el artículo 348 de la ley establece que:

Artículo 348. La inhumación, cremación o desintegración de cadáveres sólo podrá realizarse con la autorización del oficial del Registro Civil que corresponda, quien exigirá la presentación del certificado de defunción.

Los cadáveres deberán inhumarse, cremarse, desintegrarse, embalsamarse y/o conservarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la muerte, salvo autorización específica de la autoridad sanitaria competente o por disposición del Ministerio Público, o de la autoridad judicial. Para el caso de cadáveres de personas no identificadas se estará a lo dispuesto en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

La inhumación, cremación, embalsamamiento o la aplicación de cualquier otro proceso, sea químico o biológico, para la conservación o disposición final de cadáveres sólo podrá realizarse en lugares permitidos por las autoridades sanitarias competentes.

Sin embargo, este proceso, con todo y sus plazos, nuevamente se ve trastocado por la difícil situación que se vive actualmente. Por ello en abril de 2020, el gobierno de México y la Secretaría de Salud emitieron los Lineamientos de manejo general y masivo de cadáveres por covid-19 (SARS-Cov-2) en Méxicolos cuales, entre aspectos, establecen que :

- Evitar la potencial saturación de los sistemas de manejo de cadáveres, mediante estrategias de gestión administrativa para prontitud en la expedición de certificado de defunción y el envío de cuerpos a su destino final.

- Planeación para una fase acelerada que permita un manejo masivo de cuerpos en caso de requerirse. 4

En este sentido, lo que se ha vivido en la Ciudad de México, estado de México, Chihuahua, Guanajuato, es un colapso del sistema funerario, dado que la infraestructura para atender esa situación rebaza la infraestructura actual que ya de por sí es escaza y en la cual no se había planeado pese al incremento de la pandemia por coronavirus en el país y principalmente en las entidades con mayor número de casos de contagio y fallecimiento.

Desde los últimos días de diciembre de 2020, los representantes de velatorios alertaron del incremento en los servicios funerarios y de las complicaciones que estaban viviendo:

“Se viene otra ola de esta pandemia del coronavirus o peor, pues vamos a colapsar en cremaciones, peor que en mayo (2020) ...”. Esta no solo es una declaración. Es un hecho. “En días pasados, sobre todo en mayo, no había espacios, horarios, había veces que teníamos que esperar cinco o seis días para poder cremar” 5

En ese mismo sentido, el presidente de la Asociación de Propietarios de Funerarias y Embalsamadores de la Ciudad de México, David Vélez, dio cuenta de que no hay suficientes hornos crematorios, y declara:

“Lamentablemente un cuerpo tarda de dos a tres horas en cremarse, entonces los espacios por horno son de alrededor de seis cuerpos que entran a la cámara de combustión y en la Ciudad de México contamos con 24 hornos crematorios, entonces sería insuficiente”. 6

Y destaca que hay ciudades con menos capacidad instalada en materia de hornos crematorios, como por ejemplo Guadalajara y Monterrey y la Ciudad de México, situación que hace que se trasladen a otros estados o ciudades a cremar. Cabe recordar que el funcionamiento de los hornos crematorios, deben cumplir con permisos, estudios de impacto ambiental y garantía de un mantenimiento preventivo y correctivo, lo anterior de acuerdo con la norma NADF-017-AIRE-2017 7

En Pachuca, un trabajador de la empresa Protecto Deco, indicó que si antes recibían dos o tres cuerpos para cremación ahora la cifra subió a 10 o 15, diariamente.

“Tenemos que colocar los cuerpos en lista de espera porque se van incinerando, así como van llegando y el proceso se tarda, el crematorio está encendido todo el día y la noche.” 8

De acuerdo con las empresas funerarias, “para atender una crisis se requieren más crematorios y para instalar más crematorios la autoridad requiere dar esos permisos con mayor agilidad” 9.

Por tal motivo, esta proposición con punto de acuerdo plantea emitir estos respetuosos exhortos para que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades con mayor número de defunciones, prioricen la difusión de los protocolos que permitan atender de manera humana el mayor número de casos de fallecimiento, de manera especial en la Ciudad de México, al representar la entidad con mayor número de casos.

Además de considerar, para las autoridades de los estados con mayor numero de fallecimientos por covid-19 en México, evaluar y planear la posibilidad de impulsar la construcción de hornos crematorios en aquellos lugares en donde no hay ninguno.

Por lo expuesto, someto el presente instrumento parlamentario, de urgente resolución, a consideración de la Cámara de Diputados, con los siguientes resolutivos:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosa-mente a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas y Ciudad de México, que registran un mayor índice de fallecimientos por covid-19, a que realicen un protocolo claro que permita un manejo masivo de cadáveres, reduciendo el tiempo de su llegada al destino final y cuidando siempre su trato digno.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados y a la Ciudad de México, a que evalúen y planeen la construcción de hornos de cremación públicos en municipios y alcaldías en donde no existen estos instrumentos.

Notas

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/608510/Comunicado_ Tecnico_Diario_COVID-19_2021.01.24.pdf

2 http://www.pudh.unam.mx/perseo/lineamientos-de-manejo-general-y-masivo-de-cadav eres-por-covid-19-sars-cov-2-en-mexico/

3 https://www.consejeria.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/cremaciones- e-inhumaciones-en-la-cdmx-se-distribuyeron-por-mitad-en-septiembre

4 http://www.pudh.unam.mx/perseo/lineamientos-de-manejo-general-y-masivo-de-cadav eres-por-covid-19-sars-cov-2-en-mexico/

5 https://www.milenio.com/politica/muertes-covid-faltan-crematorios-ciudades-mexi co

6 https://www.milenio.com/politica/muertes-covid-faltan-crematorios-ciudades-mexi co

7 http://data.sedema.cdmx.gob.mx/padla/index.php?option=com_con-tent&view=art icle&id=333: nadf017aire2017&catid=53: normas-ambientales-del-distrito-federal&Itemid=87

8 https://www.excelsior.com.mx/nacional/pandemia-asfixia-servicios-funerarios-sat uracion-y-retrasos-el-panorama-en-el-pais/1428837

9 https://www.milenio.com/politica/muertes-covid-faltan-crematorios-ciudades-mexi co

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

PLAN INTEGRAL DE RESCATE PARA LAS MIPYMES

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SE; el Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; y el Ejecutivo federal a emprender un plan integral de rescate de las Mipyme consistente en estímulos económicos y fiscales y un programa de apoyo e inducción a plataformas digitales, a cargo de la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Economía, al Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y al titular del Ejecutivo federal, a emprender un plan integral de rescate para las micros, pequeñas y medianas empresas consistente en apoyos económicos, estímulos fiscales y un programa de apoyo e inducción a plataformas digitales.

Antecedentes

1. En diciembre del año 2019, en Wuhan China, tuvo origen una de las pandemias con mayor afectaciones en los últimos años. Esta pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov-2 o mejor conocida como covid-19, arribó a México a principios del año 2020 y con ella llegaron afectaciones en la salud pública y economía mundial y nacional.

2. La pandemia por el covid-19 ha afectado a la economía mundial, sin embargo, la economía mexicana ha sido de las más afectadas. Estimaciones del producto interno bruto (PIB) dicen que el PIB de 2020 será de -9.8 por ciento. Sumado a ello, el peso se depreció frente al dólar 10 por ciento. Se registró una caída de 14 por ciento en 2020 del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores. 1

3. En torno al desempleo, la pandemia ocasionada por el covid-19 ha generado que la tasa de desempleo alcance 11.7 por ciento, lo que significa más de 6 millones de empleos perdidos, aunado a lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señaló que aparte de esos, más de 6 millones de empleos perdidos, se estima que alrededor de 44 por ciento 2 de esas personas que conservaron su empleo, sufrieron una reducción sustancial en sus salarios.

4. Las Mipymes han sido uno de los sectores más afectados en el país pues con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2019 se registraron 4.9 millones de Mipymes, y para finales de 2020, se registran 3.85 millones de Mipymes. Esto significa que se cerraron un millón 10 mil 857 Mipymes, 3 lo que equivale a 20.81 por ciento del total de estas micro, pequeñas y medianas empresas. Estas Mipymes cerradas implican alrededor de 4 millones de empleos perdidos, lo que significa más del 66 por ciento de la pérdida total de empleos en el país.

5. La encuesta sobre el impacto generado por el covid-19 en las empresas (ECovid-IE) arroja que únicamente 5.9 por ciento de las Mipymes recibieron apoyo gubernamental. Esto quiere decir que el 94.1 por ciento de las Mipymes no recibieron ningún tipo de apoyo gubernamental para poder continuar con sus actividades ante las afectaciones que ocasionó la pandemia covid-19 a la economía mundial y a la nacional. Esta misma encuesta arroja que el mayor apoyo que las Mipymes pueden tener, según el 61.3 por ciento 4 es el apoyo fiscal. Asimismo, 34.4 por ciento de estas Mipymes en la encuesta arrojan que necesitan transfe-rencias de dinero y 40 por ciento mencionó que requieren nuevos créditos y aplazamiento de pagos a créditos y servicios.

Consideraciones

Las pequeñas y medianas empresas, mejor conocidas como Mipymes, son empresas que se componen por un número pequeño de trabajadores y un volumen moderado de ventas y con ellos de facturación.

Las Mipymes son de gran relevancia en el país, pues estas permiten una mejor distribución de la riqueza, distribución de bienes y servicios, forman estructura productiva e impulsan el desarrollo económico.

Las Mipymes generan 72 por ciento 5 de la fuerza laboral en el país y representan por su importancia 52 por ciento 6 del producto interno bruto (PIB) del país.

Se ha señalado a las Mipymes como la columna vertebral del sector productivo, pues estas realizan productos individualizados y permiten el auxilio de grandes empresas para realizar servicios u operaciones y con ellos un funcionamiento productivo.

La Mipymes son las mayores generadoras de empleos en el país, pues con los datos señalados, estas han alcanzado a generar hasta 81 por ciento 7 de empleos en el país, esta generación de empleos se da en todos los sectores desde la manufactura hasta los servicios.

A pesar de la importancia de las Mipymes, han sido de los sectores más castigados y que cuentan con menores facilidades de apoyo para su mantenimiento, pues entre sus desventajas podemos mencionar:

• Dificultad para encontrar financiamiento.

• Dificultad para encontrar mano de obra especializada.

• No se pueden dedicar fondos a la investigación, por su pequeño volumen de beneficios.

• Complicación para incursión en nuevos mercados.

• Limitaciones de innovación y tecnología.

Con la pandemia de covid-19, como se señaló en los antecedentes, las Mipymes han sido uno de los sectores más afectados, lo que trae consigo la quiebra de estas empresas y una gran pérdida de trabajos.

Los gobiernos federal y el de las entidades federativas han iniciados planes y programas para la recuperación de las empresas, pero estos se encuentran lejos de beneficiar a todas las empresas, pues como sabemos sólo 5.9 por ciento han sido beneficiarias de estas.

En la actualidad lo que han optado las empresas, es en empezar a mudar sus servicios, y ofrecer sus bienes  a través de plataformas digitales, para poder seguir trabajando cuando se decreta los cierres de negocios por el semáforo epidemiológico.

La digitalización de las Mipymes promueve la participación de su industria o servicios en los lugares no físicos y la posibilidad de venta en cualquier lugar del país, sin la necesidad de incurrir en una tienda física, la cual se pone en riesgo su abertura ante el semáforo epidemiológico.

Es por ello que se busca mediante la presente proposición de punto de acuerdo que se den alternativas y apoyos dirigidas a las Mipymes, en beneficio de su crecimiento, mantenimiento y creación de empleos, y productividad del país.

Lo que se requiere es un programa integral de recuperación y estabilidad para las Mipymes, así como el otorgamiento de estímulos fiscales y la creación de una política pública que permita a las Mipymes ofrecer sus bienes y servicios en plataformas digitales, con la orientación y facilidades que de la autoridad, en beneficio del mantenimiento y crecimiento de las empresas, la creación de empleos y productividad del país.

La Secretaría de Economía debe promover y coordinar las acciones para el desarrollo de la competitividad de las Mipymes, conforme a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

La Secretaría tendrá en materia de coordinación y desarrollo de la competitividad de las Mipymes...

I. La Secretaría promoverá ante las instancias competentes que los programas y apoyos previstos en esta ley a favor de las Mipymes, sean canalizados a las mismas, para lo cual tomará las medidas necesarias conforme al Reglamento;

II. Impulsar un entorno favorable para la creación, desarrollo y crecimiento con calidad de las Mipymes (artículo 12 LDCMIPyMES).

Por lo anteriormente expuesto es que se somete a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Economía, al Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y al titular del Ejecutivo federal a emprender un plan integral de rescate para las micros, pequeñas y medianas empresas, consistente en apoyos económicos, estímulos fiscales y un programa de apoyo e inducción a plataformas digitales para las empresas que permitan su mantenimiento y crecimiento en favor a la generación de empleos, así como la competitividad y desarrollo económico en el país.

Notas

1 Cfr.

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-economia-y-las-finanz as-en-Mexico-durante-la-pandemia-20201106-0031.html (consultado el 18 de enero de 2021)

2 https://www.forbes.com.mx/economia-tasa-de-desempleo-mexico-llegar-11-7-fin-de- anio-oit/ (Consultado el 18 de enero de 2021).

3 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mas-de-un-millon-de-pymes-bajaron-las- cortinas-de-manera-definitiva-por-el-covid-inegi (consultado el 18 de enero de 2021).

4 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mas-de-un-millon-de-mipymes-cierran-de finitivamente-por-la-pandemia-INEGI-20201202-0089.html y https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mas-de-un-millon-de-pymes-bajaron-las- cortinas-de-manera-definitiva-por-el-covid-inegi (Consultado el 18 de enero de 2021).

5 https://www.ccpm.org.mx/avisos/22112010empresa.pdf (Consultado el 18 de enero de 2021)

6 Ibídem

7 https://expansion.mx/mi-carrera/2013/01/14/pymes-generan-81-del-empleo-en-mexic o (consultado el 19 de enero de 2021)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

REPLANTEAR LA POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2, CONVOCAR A SESIÓN AL CONAVA Y TRANSPARENTAR LA INFORMACIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a replantear diversas disposiciones de la política nacional de inmunización contra el SARS-Cov-2, convocar a sesión al Conava y transparentar toda la información sobre la vacuna respectiva en México, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Soraya Pérez Munguía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 8 de diciembre de 2020, la Secretaría de Salud del gobierno federal anunció la manera en la que se llevaría a cabo la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov-2, que detalla el procedimiento de recepción, distribución y aplicación de la vacuna contra el covid-19. En lo expuesto, el secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, junto al subsecretario doctor Hugo López-Gatell Ramírez, señalaron que dicha política consta de 5 etapas, las cuales definen las fechas de aplicación de la vacuna por grupo de población. 1

Según lo detallaron, las etapas mencionadas serían las siguientes:

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que la aplicación de la vacuna contra el covid-19 se llevaría a cabo en los 10 mil centros del bienestar instaurados a lo largo del territorio nacional, es decir, donde actualmente se entregan los apoyos por la Secretaría del Bienestar para todos aquellos beneficiados por los programas sociales del gobierno federal. 2

Asimismo, el mandatario señaló que, para entregar y administrar la vacuna en los centros integradores, el gobierno federal ordenaría el despliegue de brigadas de vacunación, en las que participarán 120 mil personas integrantes de la Secretaría de Salud, la Sedena, la Semar, la Guardia Nacional y la Secretaría del Bienestar; específicamente 4 promotores sociales de los programas de bienestar, 2 profesionales del sector salud, 4 elementos de las Fuerzas Armadas y 2 personas voluntarias por brigada. 3

Finalmente, el titular del Ejecutivo detalló que la segunda etapa, misma que dará inicio en el mes de febrero y donde se preveé vacunar a más de 12 millones 450 mil adultos mayores, comenzaría los procesos de vacunación en las zonas más alejadas, luego seguría en ciudades de densidad media y, posteriormente, a las grandes zonas urbanas. 4

Ante dicho panorama, expertos en la materia han manifestado varias preocupaciones, mismas que van desde la estrategia de atender primero a la población ubicada en las zonas más alejadas, hasta la composición de las brigadas de salud y las condiciones en las cuales se encuentran los centros integradores previo a la recepción de la vacuna; es decir, si estos se encuentran adecuadamente equipados para el almacenamiento y la conservación de la vacuna.

Entre dichos expertos se encuentra Roselyn Lemus-Martin, doctora en Biología Molecular de la Universidad de Oxford, la cual consideró que el plan del presidente de atender, en primera instancia, a la población de las zonas alejadas era incorrecto y que lo que se tendría que hacer es atender primero a la población en zonas urbanas donde hay mayor transmisión del virus hasta el momento. Asimismo, consideró que la política nacional de vacunación no está tomando en cuenta a las personas que sufren de comorbilidades y que, si bien la estructura de las etapas planteadas por el gobierno federal pretende atender a la población más vulnerable primero, es necesario replantearla para que las personas que sufren de diabetes, hipertensión, obsesidad y otras enfermedades crónicas puedan ser atendidas con prioridad. 5

Por otro lado, Lía Limón García, consultora y directora de Lima Diversidad e Inclusión, señaló que otros puntos de alarma se centran en la integración de las brigadas de vacunación y en que la distribución de la vacuna se lleve a cabo en base a los padrones de quienes reciben apoyos de los programas de bienestar.

Según lo expuesto por la ex diputada federal, es sumamente preocupante que, de las 12 personas que integrarían las brigadas de vacunación, sólo 2 sean especialistas del sector salud, especialmente si consideramos que normalmente estas estaban compuestas por enfermeras y voluntarios. 6 Asimismo señaló que en el Presupuesto de Egresos de 2021 se observó una reducción de los recursos destinados para el capítulo 4000 en el rubro de contratación de personal de vacunación vía el seguro popular, resultando en que ahora la aplicación de la vacuna del covid-19 no será administrada por personal capacitado. 7

En este mismo sentido, cabe mencionar que el Consejo Nacional de Vacunación en el que participan todas las instituciones de salud, representantes de las entidades federativas y expertos, es el órgano encargado de definr la política y protocolos en materia de vacunación, así como de emitir los lineamientos para la aplicación de estas. No obstante, éste no ha sido convocado a sesionar y, a su vez determinar, cuál debe ser la composición adecuada de las brigadas mencionadas. 8

De igual manera, la estrategia de distribuir la vacuna en los centros del bienestar en lugar de en los centros de salud ha sido fuertemente criticada, ya que, según los expertos, estos no están diseñados para la correcta aplicación de la vacuna, ni cuentan con la infraestructura necesaria para su almacenamiento; especialmente si consideramos la cadena de frío que resulta indispensable para la conservación de ésta.

Hasta el momento, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios sólo ha aprobado el uso de emergencia de las vacunas de Pfizer BioNTech, que requiere de una refrigeración aproximada de -70 grados Celsius para su conservación por lo que se necesitaría instalar refrigeradores industriales de alta capacidad en dichos centros integradores, ya que, de lo contrario, se puede perder la efectividad de la vacuna 9 y la de Oxford/AstraZeneca la cual no ha llegado a territorio mexicano.

Finalmente, no podemos olvidar que México se ha posicionado como uno de los países con el peor desempeño en relación los procesos de adquisición, distribución y aplicación de la vacuna del covid-19. Según datos de la Universidad de Oxford, México ocupa el lugar 32 de 33 países en términos de personas vacunadas por cada millón de habitantes, sólo habiendo atendido a 0.03 por ciento de la población, mientras que países como Israel y Baréin han logrado vacunar a 13.5 y 3.8 de sus poblaciones, respectivamente. 10

En medio de la peor crisis sanitaria que ha azotado a nuestro país, la información sobre la vacuna resulta ser un tema fundamental y de alto interés público y, por ende, es necesario que el Gobierno Federal actúe con total transparencia revelando toda la información, no sólo sobre los contratos alcanzados para la compra de las vacunas, sino sobre los protocolos que serán implementados para la recepción de la vacuna en los centros del bienestar, los padrones que serán utilizados para la entrega de estas así como de las partidas presupuesales utilizadas para financiar la compra de las vacunas y la adecuación de los centros del bienestar para funcionar como centros de vacunación. Por todo lo anteriormente expuesto, se procede a emitir los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, a replantear la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov-2 para que la vacuna contra el covid-19 sea distribuida de acuerdo con donde hay una mayor incidencia de contagios, comenzando por las grandes zonas urbanas con mayor densidad poblacional, seguido de las ciudades de densidad media y, finalmente, las zonas más alejadas en el territorio nacional.

Segundo. Se exhorta al secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, a replantear la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov-2 para que, conforme a los protocolos establecidos, la vacuna contra el covid-19 sea distribuida y administrada en los centros de salud del territorio nacional y no en los centros del bienestar que no cuentan con las condiciones o la infraestructura necesaria para la conservación y mantenimiento de la vacuna.

Tercero. Se exhorta al secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, a replantear la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov-2 para que las personas que sufren de comorbilidades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad, entre otras, puedan recibir la vacuna contra el covid-19 de manera prioritaria.

Cuarto. Se exhorta al secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, para que convoque al Consejo Nacional de Vacunación y que éste determine los protocolos por implantar con relación a la vacuna contra el covid-19, así como la formación adecuada de las brigadas de vacunación que serán las responsables de su aplicación.

Quinto. Se exhorta al secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela, a hacer pública la información relativa a 1. Los laboratorios a que el gobierno mexicano ha comprado vacunas, el número de unidades adquiridas en cada caso y la razón por la cual se optó por esos fabricantes; 2. La diferencia y el grado de efectividad entre cada una de las vacunas adquiridas, así como los efectos secundarios que provocan; 3. Los montos ejercidos en la compra de la vacuna contra el covid-19 y en infraestructura para adecuar los centros del bienestar; y 4. Los padrones específicos que serán utilizados para la entrega de las vacunas, así como el número de personas vacunadas por municipio.

Notas

1 https://www.animalpolitico.com/2020/12/medicos-y-personas-ma-yores-asi-sera-el- plan-de-vacunacion-contra-la-covid-en-mexico/

2 https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/30/politica/habra-10-mil-centros-para- aplicar-la-vacuna-anti-covid/

3 https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/10/mexico-inicia-la-vacunacion-mas iva-contra-covid-19-este-12-de-enero

4 https://www.animalpolitico.com/2021/01/plan-vacunas-covid-adul-tos-mayores/

5 https://www.imagenradio.com.mx/pascal-beltran-del-rio/vacuna-de-cansino-no-se-d ebe-usar-para-vacunar-adultos-mayores-roselyn-lemus

6 https://www.eluniversal.com.mx/opinion/lia-limon-garcia/el-uso-electoral-de-la- vacuna

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2021_301120.-pdf

8 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4701135&fecha=24/01/ 1991#:~: text=DOF%20%2D%20Diario%20Oficial%20de%20la%20Federaci%C3%B3n&text=DECRETO% 20por%20el%20que%20se%20crea%20el%20Consejo%20Nacional%20de%20Vacunaci%C3%B3n.&text=Que%20el%20Plan%20Nacional%20de,los%20programas%20de%20vacunaci%C3%B3n %20existentes

9 https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/ la-vacuna-de-la-covid-19-podria-revolucionar-la-refrigeracion-en

10 https://elqueretano.info/trafico/mexico-penultimo-lugar-en-aplica-cion-de-vacun a-contra-covid-19/

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 3 de febrero de 2021.— Diputada Soraya Pérez Munguía (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE APLIQUE LA VACUNA A LOS SUPERVISORES Y CAPACITADORES ASISTENTES ELECTORALES QUE ESTARÁN EN EL PROCESO ELECTORAL 2021

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a aplicar la vacuna a los 48 mil supervisores y capacitadores asistentes electorales que estarán en los comicios de 2021, a cargo del diputado José Mario Osuna Medina, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, José Mario Osuna Medina, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Desde diciembre del 2019, nuestras vidas cambiaron radicalmente, nadie imaginaba el daño que causaría el virus que se estaba desarrollando en Wuhan, China y que los laboratorios confirmarían como covid-19 el 7 de enero del 2020.

Los mismos laboratorios chinos, confirmaron que dicha enfermedad se transmitía de persona a persona. Así que conforme fueron pasando los días el virus se propagó por toda Asía, América, África, Europa y Oceanía.

Sin embargo, fue hasta el 11 de marzo del 2020 que la Organización Mundial de la Salud declaró al nuevo coronavirus o covid-19 como una pandemia mundial, por lo que dicha organización exhortó e hizo un llamado a todos los gobiernos para que tomarán medidas urgentes y agresivas a fin de detener la propagación del virus. Algunas de estas medidas fueron:

– Activar y ampliar los mecanismos de respuesta a emergencias;

– Comunicarse con las personas sobre los riesgos y como pueden protegerse;

– Encontrar, aislar, probar y tratar cada caso de covid-19, así como rastrear a las personas con las que haya estado en contacto.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, dio a conocer medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus o covid-19, las cuales son:

– Lavarse las manos frecuentemente;

– Adoptar medidas de higiene respiratoria;

– Mantener el distanciamiento social;

– Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca;

– Solicitar atención médica a tiempo si se presentan síntomas de fiebre, tos seca, dolor de articulaciones y dificultad para respirar.

En nuestro país los primeros casos se dieron a finales de febrero del 2020, tras estar varios meses en “cuarentena” se pudo contener la pandemia.

Sin embargo, en el pasado mes de diciembre por las fiestas de decembrinas los contagios se incrementaron de manera sorprendente, aun y cuando el gobierno federal tomó las medidas correctas de contención y aislamiento de la población.

El miércoles 23 de diciembre del 2020, México se convirtió en el primer país de Latinoamérica y uno de los primeros 10 en contar con un antídoto o vacuna contra el covid-19.

El gobierno federal ha dado a conocer a través del vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, que México recibirá alrededor de 198 millones de vacunas contra covid-19 en este 2021.

Ya que el gobierno federal ha firmado acuerdos con Pfizer, Astra Zeneca, Cansino, Covax y recientemente con Rusia, para así cumplir y garantizar la vacuna contra covid-19 para todas y todos los mexicanos.

El pasado 8 de enero del año en curso en el Diario Oficial de la Federación se publicó el “acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la política nacional de vacunación contra el virus SARS-Cov-2 para la prevención de la covid-19 en México”

En este sentido se dio a conocer que el esquema de aplicación será el siguiente:

– Primera etapa: diciembre 2020 – febrero 2021, para personal de salud de primera línea de control de covid-19.

– Segunda Etapa: febrero – abril 2021, dedicada a vacunar a personal de salud restante y personas de 60 años y más.

– Tercera Etapa: abril – mayo 2021, enfocada a personas de 50 a 59 años.

– Cuarta Etapa: mayo – junio 2021, destinada a vacunar contra coronavirus a personas de 40 a 49 años.

– Quinta Etapa: junio – marzo 2022, asignada para el resto de la población.

En este 2021, tendremos elecciones las cuáles serán las más grandes en la historia del país y tendremos que adaptarnos a la “nueva normalidad” que vivimos.

El proceso electoral 2021, inició en septiembre del 2020 en el cual contenderán un total de 10 partidos políticos: Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Partido Acción Nacional (PAN); Partido Revolucionario Institucional (PRI); Partido del Trabajo (PT); Movimiento Ciudadano (MC), Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Partido Encuentro Solidario (PES); Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas (RSP).

Estos partidos políticos buscarán ganar en las 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 300 por mayoría relativa y 200 por la vía plurinominal, 30 Congresos locales con un total de 1,063 diputaciones locales y 1,926 ayuntamientos y juntas municipales que estarán en disputa en el actual proceso electoral.

Por ello, en el artículo 303 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales nos dice que “los consejos distritales, con la vigilancia de los representantes de los partidos políticos, designarán en el mes de enero del año de la elección, a un número suficiente de supervisores y capacitadores asistentes electorales...”

Para este proceso electoral 2021, se han seleccionado 48 mil supervisores y capacitadores Asistentes Electorales para las 164 mil 550 casillas electoras en todo el país y se espera que alrededor de 95 millones de mexicanos voten, por ello, repito, son las elecciones más grandes en la historia de México.

El mismo artículo 303 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su numeral 2, nos dice cuáles son las funciones de estos supervisores y capacitadores, asistentes electorales, en las que se encuentran:

a) Visita, notificación y capacitación de los ciudadanos para integrar las mesas directivas de casillas;

b) Identificación de lugares para la ubicación de las mesas directivas de casillas;

c) Recepción y distribución de la documentación y materiales electorales en los días previos a la elección;

d) Verificación de la instalación y clausura de las mesas directivas de casilla;

e) Información sobre los incidentes ocurridos durante la jornada electoral;

f) Traslado de los paquetes electorales apoyando a los funcionarios de mesa directiva de casilla;

g) Realización de los cómputos distritales, sobre todo en casos de recuentos totales o parciales.

Como podemos observar, este personal estará en constante contacto con documentos y personas, por lo que es necesario cuidar de ellos y de los aproximadamente 95 millones de mexicanos que votarán el próximo 6 de julio del año en curso.

Por las consideraciones antes expuestas someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal para que dentro de sus atribuciones se les aplique la vacuna a los 48 mil supervisores y capacitadores asistentes electorales que estarán en el proceso electoral 2021.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputado José Mario Osuna Medina (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

MEJORAR LAS CONDICIONES DEL MERCADO DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO, A FIN DE QUE LOGRE DISMINUIR SU PRECIO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CRE, la Profeco, la Cofece, los congresos estatales y los ayuntamientos a mejorar las condiciones del mercado del gas licuado de petróleo para disminuir el precio, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Fernando Luis Manzanilla Prieto, diputado federal del Grupo Parlamentario de Encuentro Social a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 29 de enero de 2021 se dio a conocer de manera oficial que el Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país se contrajo un 8.5%, sumando tres años seguidos de desplome en nuestra economía. Si bien esta contracción se debe a la situación vivida en el mundo por la pandemia del SARS-Cov-2, no se puede dejar de lado el enorme daño que esta crisis está generando a las familias. 1 En ese contexto, como legisladores debemos analizar los frentes de ayuda para la ciudadanía, a través de diferentes mecanismos que brinden la posibilidad a las familias mexicanas de disminuir los gastos y no verse más afectadas por esta situación.

Bajo esta realidad, la comunicación y rendición de cuentas ha sido fundamental en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y ejemplo de ello es la manifestación pública que hacen las diferentes instancias gubernamentales, a través de las conferencias de prensa matutinas, de cómo va el país en diferentes ámbitos.

El 21 de diciembre de 2020, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), durante una de estas conferencias, mostró cuales eran las empresas que daban más caro el gas licuado de petróleo (Gas LP), analizados del 12 al 18 de diciembre. Este ejercicio de transparencia puso en la agenda pública el tema de los precios del gas, pero no es la primera vez que en el sector gubernamental se trata este tema tan sentido por la ciudadanía.

A inicios de este año las quejas por el aumento del gas no se hicieron esperar, diversos medios de comunicación comenzaron a indagar al respecto, recabando cifras de diferentes ámbitos del sector público.

De acuerdo con el periodista, Israel Rodríguez, “En un año, el precio al público del gas licuado de petróleo (LP), el combustible de mayor utilización en los hogares, registró un incremento de 9.5 por ciento, de acuerdo con estadísticas preliminares de Petróleos Mexicanos (Pemex)”. 2

Las fluctuaciones en el precio del gas obedecen a la reforma energética establecida en 2016, mediante la cual se ha permitido la importación de gas licuado de petróleo de cualquier agente económico, lo que ha provocado un aumento significativo de las importaciones, y la participación de particulares en el monopolio estatal original es más relevante. 3

Actualmente, es el mercado el que determina los precios del Gas LP, por lo cual compete a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asegurar que las condiciones del mercado sean adecuadas para la libre competencia, a la PROFECO el respeto a los derechos de consumo en torno a este hidrocarburo, y a las entidades federativas, determinar armonizaciones normativas que faciliten un mercado más diversificado.

El Ejecutivo Federal solo podría, en su caso, fomentar un programa de apoyo focalizado a los consumidores de Gas LP (Transitorio vigésimo noveno de la Ley Federal de Competencia Económica), pero este no solucionaría un problema de competitividad económica en el mercado de este producto, provocando que los precios siguieran incrementando.

En ese tenor, se observa que son las condiciones del mercado las que han hecho posible que el Gas LP aumente, por lo cual es necesario retomar los estudios del organismo autónomo encargado en la materia.

La Cofece realizó en 2018 un estudio llamado “ Transición hacia Mercados Competidos de Energía: Gas LP”, en este se analizó toda la cadena de valor del Gas LP, la cual conlleva producción e importación, comercialización, transporte, almacenamiento y distribución; para cada una de ellas se hicieron recomendaciones en específico, las cuales buscan que el mercado de este hidrocarburo sea más competitivo, y por consiguiente, baje su precio a los usuarios finales.

A continuación, se presenta un resumen de la problemática y las recomendaciones que la Cofece hizo en el mencionado estudio:

Recomendaciones en producción e importación

Problemática: ausencia de información sobre precios en el punto de importación en un contexto donde las importaciones han aumentado significativamente.

Recomendación dirigida a la CRE:

• Recopilar datos acerca del movimiento de precios en el punto de internación con base en los datos recopilados en las aduanas, con el objetivo de medir el impacto de la apertura a las importaciones.

Recomendaciones en comercialización

Problemática: agentes integrados verticalmente no han pedido opinión favorable de la Cofece.

Recomendación dirigida a la CRE:

• Imponer sanciones, no dar o, en su caso, retirar permisos a aquellos agentes que estén verticalmente integrados (participación cruzada) y no soliciten la opinión favorable de la Cofece en términos del artículo 83 de la Ley de Hidrocarburos.

Recomendaciones en transporte

Problemática: subutilización en sistemas de transporte por ductos.

Recomendaciones dirigidas a la CRE:

• Garantizar el acceso abierto a los ductos (propiedad de Pemex y de privados) a todo el que lo requiera, siempre que sea técnica y económicamente viable, en términos de lo que establece la Ley de Hidrocarburos. Se deben identificar y castigar negativas injustificadas al acceso abierto.

• Hacer cumplir la obligación de Pemex y particulares de publicar la información sobre capacidad efectivamente utilizada en cada sistema de ductos y terminal de almacenamiento para facilitar la identificación de problemas de subutilización y/o restricción artificial. De no hacerlo, aplicar las sanciones correspondientes.

• Revisar los casos en los que proceda realizar Temporadas Abiertas para asignar la capacidad no utilizada y el funcionamiento de los mecanismos de cesión de la capacidad contratada y no utilizada.

• Garantizar la transparencia del diseño (metodología, datos, cálculos) y ejecución de las Temporadas Abiertas para asignar la capacidad de transporte por ductos de la infraestructura propiedad de Pemex o de privados, siendo Pemex el actor más relevante debido a su importancia en términos de propiedad de sistemas de ductos.

Recomendaciones en almacenamiento

Problemática: capacidad utilizada de forma ineficiente (subutilización del promedio nacional de infraestructura y saturación en algunos sistemas de almacenamiento) y falta de regulación (y enforcement) que haga exigibles las obligaciones de acceso abierto.

Recomendaciones dirigidas a la CRE:

• Hacer cumplir la obligación de Pemex y particulares sobre la publicación de información sobre la capacidad efectivamente utilizada en cada terminal de almacenamiento para la identificación de problemas de subutilización y/o restricción artificial.

• Imponer, mediante la emisión de Disposiciones Administrativas de Carácter General, regulación para los almacenistas privados de Gas LP, homologando las obligaciones de acceso abierto a las que existen en transporte por medio de ductos. Ö Revisar los casos en los que proceda asignación de capacidad mediante Temporadas Abiertas y promover la cesión de capacidad transparente de los contratos de capacidad no utilizada, tanto para Pemex como para privados.

• Garantizar la transparencia del diseño (metodología, datos, cálculos) y ejecución de las Temporadas Abiertas para asignar la capacidad de almacenamiento de la infraestructura propiedad de Pemex y de particulares.

• Crear una plataforma de información única con el fin de hacer comparativos de la información sobre subutilización de la infraestructura de almacenamiento para identificar cuellos de botella (punto de saturación) para detectar oportunidades de inversión.

Recomendaciones en distribución y expendio al público

Problemática: existen barreras de entrada para nuevos agentes que quieren participar.

Recomendaciones dirigidas a la CRE:

• Vigilar la aplicación efectiva de las obligaciones de acceso no indebidamente discriminatorio a las TAR de Pemex.

• Hacer cumplir la obligación para permisionarios de distribución y expendio al público de reportar a la CRE información sobre precios y cantidades vendidas a nivel municipal.

• Expedir la regulación necesaria para que las nuevas modalidades de distribución puedan empezar a operar, en particular la distribución de Gas LP por medio de auto tanque, asegurando que no sea demasiado restrictiva y que la carga regulatoria no se vuelva una barrera de entrada. Es necesario que dicha regulación solo verse sobre temas de seguridad estrictamente necesarios.

• Verificar si plantas de distribución con capacidad mayor o igual a 500,000 (las comparables a una terminal de almacenamiento) no estén siendo usadas para realizar funciones de almacenamiento en lugar de distribución, evitando así tener el permiso correspondiente, y por tanto las obligaciones de acceso abierto.

• Imponer a los distribuidores que contraten o tengan vínculos comerciales con comisionistas la obligación de reportar precios y cantidades vendidas a través de estos agentes económicos.

Recomendación dirigida a Diconsa:

• Realizar estudios de factibilidad de escalamiento del plan piloto para la venta de Gas LP en las tiendas de Diconsa.

• Implementar dicho escalamiento, bajo la figura de licitación pública con alcance regional para elegir al suministrador de Gas LP de sus almacenes, para asegurar las mejores condiciones de precio y servicio en esas tiendas. Dicha licitación deberá tener la opinión favorable de la Cofece e incorporar las medidas promotoras de la competencia que se señalen.

Recomendación dirigida a las autoridades competentes, gobiernos y legislaturas locales:

• Eliminar barreras a la entrada incluidas en las legislaciones locales, tales como requisitos excesivos o poca claridad establecida en los criterios para el otorgamiento de permisos. 4

No obstante, a la fecha la Cofece no ha indagado sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones, y solo se tiene registro de la conformación de un grupo de trabajo que daría seguimiento a estas. El grupo de trabajo se conformó por iniciativa del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, pero a la fecha no se le ha dado mayor publicidad a los avances.

Resulta pertinente que la Cofece haga uso de su facultad conferida por el artículo 12, fracción IV, de la Ley Federal de Competencia Económica, que establece lo siguiente:

Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

...

IV. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con las Autoridades Públicas para el combate y prevención de monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas, barreras a la libre concurrencia y la competencia económica y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados; 5

Contrario a los objetivos que tenía este estudio, se observa que el mercado del Gas LP no es solamente poco competitivo, sino que sigue representando costos considerables a la ciudadanía, los cuales se exhiben en los precios al público del Gas LP reportados por los distribuidores a la CRE.

Un ejemplo de ellos es la tendencia exponencial expresadas en los precios promedio al público de Gas LP reportados por los distribuidores y publicado mensualmente, hasta dos veces al mes, por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Véase gráfica 1).

Gráfica 1. Historial de precios promedio al público de gas LP reportados por los distribuidores 2020. 6

Elaboración propia con datos de: CRE. “Historial de precios promedio al público de gas LP reportados por los distribuidores”. Fecha de actualización: diciembre 2020.

La gráfica anterior nos muestra que dentro de los 23 recuentos que se hicieron en el 2020, el costo promedio nacional de Gas LP, fue de 10.05 pesos por litro, alcanzando su máximo valor en el mes de diciembre, con 10.81 pesos el litro; su menor costo fue 9.39, el 15 de abril de 2020. 7

En una perspectiva más amplia, se observa que la tendencia del precio del Gas LP ha ido en aumento desde que existe dicho historial la CRE, por lo cual no se puede argumentar que el año 2020 es un caso atípico de aumento; ya que desde enero de 2017 (fecha donde salió el primer estudio de medición de los precios de los distribuidores) se observa una tendencia a la alza en el precio del Gas LP (véase gráfica 2). 8

Gráfica 2: Aumento de precios de Gas LP Ene 2017 - Dic 2018. 9

Elaboración propia con datos de: CRE. “Historial de precios promedio al público de gas LP reportados por los distribuidores”. Fecha de actualización: diciembre 2020.

Se observa que de los 90 recuentos que se tienen registrados desde la existencia de dicho historial (2017–2020), el precio del gas promedio ha sido de 9.70 pesos por litro, donde su mínimo histórico se ha posicionado en 8.10 pesos por litro, y su máximo en 10.85 (15 de octubre de 2018). 10

En el corte de diciembre de 2020 el precio promedio nacional del Gas LP se encuentra en 10.81, estamos a punto de llegar e incluso superar el máximo histórico de los precios del gas. Todo lo anterior, en un panorama de crisis económica y sanitaria que tiene a las familias mexicanas en apuros históricos.

Ante estas cifras, se hace evidente que el mercado del gas licuado de petróleo aún carece de una sana competencia y no se ha abierto eficazmente el mercado; sin embargo, tal como lo estipuló la Cofece, esto se debe a la falta de armonización de reglamentos municipales y adecuaciones a las normativas locales que permitan que los permisionarios desarrollen expendios para la comercialización y distribución.

Aunado a ello, la baja de precios del gas dependerá en gran medida de las exigencias ciudadanas. Desafortunadamente, las tendencias del aumento en los precios del Gas LP suelen no exponerse en medios de comunicación ni en los canales comunicativos de las diferentes instancias gubernamentales de manera regular y accesible.

Por lo anterior, se considera pertinente exhortar a las autoridades locales (Congresos Estatales y Ayuntamientos) para que adecuen su normativa y permitan una competencia más eficaz entre los permisionarios. También se deberá exhortar a la PROFECO, para que dé máxima publicidad de sus estudios realizados en el sector, como es el caso del micrositio “ Quién es Quién en los combustibles”, con dirección electrónica https://combustibles.profeco.gob.mx/, a fin de brindar información actualizada sobre las variaciones en los precios de Gas LP en todo el territorio nacional.

Lo anterior con fundamento al artículo 8 de la Ley Federal de Protección al Consumidor que a la letra dice lo siguiente:

Artículo 8. La Procuraduría verificará que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes

Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas establecidas conforme al párrafo anterior.

La Ley de Hidrocarburos establece que el precio del Gas LP es determinado conforme a las condiciones del mercado (Artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos); sin embargo, las cifras mostradas con anterioridad demuestran que no ha habido una competencia efectiva en este sector, por lo cual es necesario que la Cofece no solo emita una declaratoria al respecto, sino que trabaje en conjunto con la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y los Permisionarios para que se logren los precios justos para la ciudadanía:

Artículo 82. La Comisión Reguladora de Energía expedirá disposiciones de aplicación general para la regulación de las actividades a que se refiere esta Ley, en el ámbito de su competencia, incluyendo los términos y condiciones a los que deberán sujetarse la prestación de los servicios; al igual que la determinación de las contraprestaciones, precios y tarifas aplicables, entre otros.

La regulación de contraprestaciones, precios y tarifas que establezca la Comisión Reguladora de Energía, con excepción de las actividades de Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, gasolinas y diésel, cuyos precios se determinarán conforme a las condiciones de mercado, se sujetará a lo siguiente:

I. La regulación para cada actividad en particular será aplicable salvo que, a juicio de la Comisión Federal de Competencia Económica, existan condiciones de competencia efectiva en dicha actividad, en cuyo caso las contraprestaciones, precios o tarifas correspondientes se determinarán por las condiciones de mercado;

II. La regulación, además de contemplar los impuestos que determinen las leyes aplicables, considerará que:

a) Las contraprestaciones, precios y tarifas, de los bienes y servicios susceptibles de comercializarse internacionalmente se fijarán considerando el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad prevalecientes en el mercado internacional de estos productos, libres de impuestos, contribuciones o gravámenes, y

b) Para aquellos bienes o servicios que no sean susceptibles de comercializarse en el mercado internacional, las contraprestaciones, precios y tarifas se fijarán de acuerdo a las metodologías de aplicación general para su cálculo que para tal efecto emita la Comisión Reguladora de Energía, considerando la estimación de costos eficientes para producir el bien o prestar el servicio, así como la obtención de una rentabilidad razonable que refleje el costo de oportunidad del capital invertido, el costo estimado de financiamiento y los riesgos inherentes del proyecto, entre otros.

La Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía o los Permisionarios podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica que evalúe la existencia de condiciones de competencia efectiva y, en su caso, que emita la declaratoria correspondiente. 11

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía, para que en el ámbito de sus atribuciones, dé máxima publicidad a los precios vigentes del gas licuado de petróleo, reportados por los permisionarios. Asimismo, se exhorta a que publiciten de manera amplia y por regiones, cualquier cambio que realicen los permisionarios en los precios de venta al público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley de Hidrocarburos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía para que en el ámbito de sus atribuciones, dé máxima publicidad de los resultados regulatorios y las medidas que se han tomado en contra de aquellos agentes económicos, permisionarios o particulares dedicados al transporte y almacenamiento del gas licuado de petróleo que no estén informando de manera oportuna su capacidad de almacenamiento o no estén garantizando el acceso abierto a los ductos, en los términos que establece la Ley de Hidrocarburos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en el ámbito de sus atribuciones, dé máxima difusión al micrositio “ Quién es Quién en los combustibles”, con dirección electrónica https://combustibles.profeco.gob.mx/, a fin de brindar información actualizada sobre las variaciones en los precios de Gas   LP en todo el territorio nacional, para que no se vulneren los derechos de los consumidores de este hidrocarburo.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, para que en el ámbito de sus atribuciones, establezca los acuerdos y convenios necesarios con las autoridades públicas correspondientes, a fin de que se combata eficazmente la insuficiencia competitiva en el mercado del gas licuado de petróleo y se hagan cumplir las recomendaciones hechas en el análisis “Transición hacia Mercados Competidos de Energía: Gas LP”.

Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Honorables Congresos Estatales de toda la República mexicana para que en el ámbito de sus atribuciones, adecuen su normatividad vigente y eliminen las barreras al establecimiento de expendios de gas licuado de petróleo, con el fin de beneficiar a los consumidores de este hidrocarburo.

Sexto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a todos los Ayuntamientos de cada una de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen un estudio pormeno-rizado para que se pueda modificar su normatividad y se puedan eliminar barreras al establecimiento de expendios de gas licuado de petróleo, con el fin de beneficiar a los consumidores de este hidrocarburo.

Notas

1 Inegi. “Estimación oportuna”. Fecha de publicación: 29 de enero de 2021. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/temas/pibo/  [Fecha de consulta: 1 de febrero de 2021].

2 Israel Rodríguez. “En un año el precio del gas LP aumentó 9.5% en promedio”. La Jornada. Fecha de publicación: 22 de enero de 2021. Disponible en:

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/22/economia/en-un-ano-e l-precio-del-gas-lp-aumento-9-5-en-promedio/#:~: text=En%20un%20a%C3%B1o%20el%20precio%20del%20gas%20LP%20aument%C3%B3%209.5%25% 20en%20promedio,-Israel%20Rodr%C3%ADguez%20Tiempo&text=Entre%20noviembre%20 de%202019%20y,a%2020.01%20pesos%2C%20en%20promedio  [Fecha de consulta: 29 de enero de 2021].

3 Ibídem.

4 Cofece. “Transición hacia Mercados Competidos de Energía: Gas LP”. Fecha de publicación: 2018. Disponible en:

https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2018/06/libro-gaslp_web .pdf [Fecha de consulta: 29 de enero de 2021].

5 Ley Federal de Competencia Económica. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE_270117.pdf [Fecha de consulta: 29 de enero de 2021].

6 CRE. “Historial de precios promedio al público de gas LP reportados por los distribuidores”. Fecha de actualización: diciembre 2020. Disponible en:

https://www.gob.mx/cre/documentos/historial-de-precios-pro-medio -al-publico-de-gas-lp-reportados-por-los-distribuidores?-state=published [Fecha de consulta: 29 de enero de 2021].

7 CRE. “Historial de precios promedio al público de gas LP reportados por los distribuidores”. Fecha de actualización: diciembre 2020. Disponible en:

https://www.gob.mx/cre/documentos/historial-de-precios-promedio- al-publico-de-gas-lp-reportados-por-los-distribuidores? state=published [Fecha de consulta: 29 de enero de 2021].

8 Ibídem.

9 CRE. “Historial de precios promedio al público de gas LP reportados por los distribuidores”. Fecha de actualización: diciembre 2020. Disponible en:

https://www.gob.mx/cre/documentos/historial-de-precios-promedio- al-publico-de-gas-lp-reportados-por-los-distribuidores?state=published [Fecha de consulta: 29 de enero de 2021].

10 Ibídem.

11 Ley de Hidrocarburos. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lhidro.htm [Fecha de consulta: 29 de enero de 2021].

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días de febrero de 2021.— Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

REMOVER AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, ASÍ COMO AL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a remover al titular de la Ssa y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a cargo del diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En una democracia, el funcionamiento de un gobierno debe estar sometido al escrutinio, evaluando las medidas adoptadas en el tratamiento de los problemas que forman parte de la agenda nacional.

De esta forma, se abre la posibilidad de formular planteamientos en torno a la viabilidad de las diversas políticas aplicadas, creando condiciones que posibiliten modificaciones en el caso de que los resultados no cumplan las expectativas.

En este marco, al poder Legislativo le corresponde una trascendental e ineludible responsabilidad, consistente en revisar el desempeño de las dependencias del gobierno federal, entre otras tareas, como un medio que alerte y detecte oportunamente, las probables inconsistencias y/o deficiencias surgidas en la actuación de éstas.

En este contexto, nos referiremos a la estrategia instrumentada por el gobierno federal, a fin de atender la emergencia sanitaria originada por la presencia del Covid en nuestro país.

Cuando está por cumplirse un año de la estrategia diseñada por el gobierno federal, a través de la secretaría de Salud, para enfrentar la pandemia generada por este nuevo padecimiento, los resultados son sumamente preocupantes.

La ubicación mundial de México en el sitio número 13 en lo que se refiere al total de casos comprobados, y el número 3 en lo que concierne al total de decesos, exigen una respuesta que revierta los resultados adversos.

El incremento de contagios, las personas en situación crítica que requieren hospitalización, así como los efectos igualmente devastadores, desde la vertiente económica, demandan un replanteamiento de las medidas adoptadas.

La cerrazón mostrada por el gobierno federal en el tema, manifestada en el empecinamiento de decisiones centralizadas en un funcionario, sin la disposición a escuchar y mucho menos atender otros planteamientos, requieren la intervención de otras instancias y actores.

La conducción de la estrategia, motivada más por intereses políticos que por fundamentaciones científicas, no puede sostenerse más, pues los riesgos del incremento de contagios y fallecimientos, como ha sucedido hasta la fecha, se erigen como una enorme amenaza sobre la salud de la población.

Si a ello agregamos la errática conducción de los programas de vacunación, tanto en proceso como en los que habrán de llevarse a cabo, cuya población objetivo y plazos no se ha definido con precisión, generan un escenario sumamente complicado.

No es posible que en medio de una crisis sanitaria de la magnitud que aqueja al país, existan dichas indefiniciones y su consecuente falta de certeza en todos los órdenes.

La situación demanda medidas certeras  que despejen, de una buena vez, la desafortunada reiteración de planteamientos equivocados que han provocado una pérdida de control en lo que respecta al manejo de la pandemia.

Si bien es facultad del titular del Ejecutivo el nombramiento de los titulares de despacho de las secretarías de la administración pública federal, es necesario, como lo hemos mencionado, el realizar una evaluación de la estrategia seguida en la materia que nos ocupa.

De esta forma, con base en diversas opiniones, provenientes, tanto de especialistas como académicos, diversas organizaciones nacionales e internacionales, entre otras voces que han enviado señales de alerta, proponemos la remoción del titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal, así como del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la misma dependencia.

Las condiciones son alarmantes, pues ya no hay lugar para improvisaciones, contradicciones y experimentos, como ha ocurrido desafortunadamente.

Lo que se requiere es un cambio de rumbo decisivo, fundamentado en principios científicos y avalados por un grupo de expertos. De esta manera se reducirá significativamente, la reiteración de errores que han conducido al país a una situación fuera de control.

Con base en lo anteriormente planteado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita al titular del Ejecutivo federal, la remoción del secretario de Salud, así como del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, del gobierno federal, debido al fracaso de la estrategia diseñada para el control del Covid.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE INFORME SOBRE LOS PRINCIPALES SÍNTOMAS Y SIGNOS DE CÁNCER INFANTIL EN RADIO Y TELEVISIÓN, DURANTE FEBRERO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y la Segob a elaborar material informativo sobre los principales síntomas y signos de cáncer infantil a efecto de transmitirlo por radio y televisión durante febrero, mes nacional para la concientización, prevención, detección y tratamiento oportuno, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputado Arturo Escobar y Vega, en representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cáncer infantil es una enfermedad que lamentablemente no se puede prevenir. Según las últimas estimaciones hechas en 2018 por Globocan (Global Cancer Observatory), cada año se diagnostican aproximadamente 18 millones de casos nuevos en todo el mundo, de los cuales, más de 200 mil ocurren en niños y adolescentes. 1

En México los datos sobre este padecimiento son desoladores, pues se estima que cada año se diagnostican a más de 5 mil menores con algún tipo de cáncer y la incidencia muestra una tendencia al incremento en la última década. 2

A diferencia del cáncer en los adultos, la ciencia no ha logrado determinar factores de riesgo provenientes de hábitos o estilos de vida cuya modificación podría disminuir la posibilidad de padecer cáncer infantil. Al no existir medidas preventivas que se puedan tomar, la estrategia más eficiente para garantizar la sobrevida de los menores diagnosticados con la enfermedad es la detección temprana seguida del tratamiento oportuno.

Lamentablemente, en México 65 por ciento de los casos se diagnostica en etapas avanzadas. De acuerdo con datos aportados por el Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes, la sobrevida nacional en menores diagnosticados y tratados en el país es de 57 por ciento, mientras que en los países de ingresos altos la probabilidad de que una niña, niño o adolescente con cáncer sobreviva es de 90 por ciento. 3

Por lo anterior, el hecho de que la población en general conozca los síntomas de cáncer infantil se vuelve la mejor herramienta para hacer frente a este problema de salud pública.

Saber que el cáncer infantil es una enfermedad que no se puede prevenir y que no distingue a quien la padece, permite crear conciencia sobre la importancia de estar alerta para detectar los signos y síntomas de sospecha. Asimismo, lo anterior hace visible la urgencia de promover el acceso efectivo a una red de servicios de salud donde el personal de primer contacto posea las competencias necesarias para la detección y referencia oportunas de los menores con sospecha de cáncer a alguno de los centros especializados en el tratamiento de la enfermedad.

Existen señales de alarma que son fáciles de identificar por cualquier individuo, aun cuando no tenga una formación médica. Entre más amplia sea la red de personas cercanas a los niños, niñas y adolescentes que conozcan los principales síntomas y signos de la enfermedad, mayores serán las posibilidades de que un posible caso de cáncer infantil sea detectado y atendido a tiempo.

Por ejemplo, entre las señales de alerta más comunes se encuentran:

1. Dolor continúo en huesos y estómago.

2. Fiebre sin explicación por más de una semana.

3. Moretones o sangrado de nariz o encías.

4. Crecimiento anormal de bolitas en cualquier parte del cuerpo.

5. Picazón en el cuerpo sin lesiones en la piel.

6. Cansancio fácil, palidez y desnutrición.

7. Pérdida de peso.

8. Sudoración excesiva sin causa alguna.

9. Estómago que crece rápidamente.

10. Infección que no mejora.

11. Dolor de cabeza y vómitos por la mañana durante varios días.

12. Mancha blanca en el ojo cuando le da la luz.

13. Puntos rojos o morados en la piel (petequias)

14. Crecimiento anormal en cualquier parte del cuerpo.

15. Desviación de mirada o aumento de volumen en uno o ambos ojos.

16. Cambios de la conducta o alteraciones neurológicas (mareos, movimiento involuntario, convulsiones, hormigueo, pérdida del equilibrio, alteraciones al caminar y/o pérdida de sensibilidad).

El 15 de febrero se conmemora alrededor del mundo el Día Internacional del Cáncer Infantil, cuyo objetivo es precisamente el de concientizar sobre esta enfermedad y la necesidad de que todos los niños y adolescentes con cáncer tengan las mismas oportunidades para acceder a un diagnóstico y tratamiento adecuados, mientras que en nuestro país se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2020 el decreto que declara al mes de febrero como Mes Nacional para la concientización, prevención, detección y tratamiento oportuno del cáncer infantil. 4

Desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos que ahora más que nunca es necesario redoblar esfuerzos para proteger a nuestra infancia y adolescencia, tutelando adecuadamente el derecho de los menores a la salud y a una vida digna.

Entre las actividades principales para lograr los objetivos trazados encontramos como una de las más importantes la difusión de los síntomas y signos de cáncer infantil, tomando como punto de partida las herramientas que la misma legislación pone a nuestro alcance, como lo son el uso de los tiempos oficiales de transmisión con los que cuenta el Estado mexicano.

De acuerdo con los artículos 251 y 252 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR), los tiempos oficiales son espacios de transmisión para uso del Estado mexicano en las estaciones de radio y canales de televisión abierta con el objetivo de difundir temas educativos, culturales y de interés social a través de mensajes de 30 segundos y programas de cinco y diez minutos.

La misma normatividad señala que tienen acceso a los tiempos oficiales los organismos federales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos tales como el Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros.

Asimismo, de conformidad con el artículo 254 de la LFTyR, todas las estaciones de radio y canales de televisión del país están obligadas a transmitir gratuitamente y de manera preferencial:

- Boletines relacionados con la seguridad del territorio nacional, conservación del orden público o con medidas para prever o remediar cualquier emergencia;

- Información relevante en materia de seguridad, salubridad o protección civil; y

- Mensajes o avisos relacionados con embarcaciones o aeronaves en peligro, que soliciten auxilio.

Por su parte, los artículos 217, fracción II, y 255 de la LFTyR ordenan a las emisoras de radio y televisión a encadenarse cuando se trate de transmitir información de trascendencia para la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación.

La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía es la unidad administrativa encargada de ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentos le confieren a la Secretaría de Gobernación en materia de radio, televisión y cinematografía. Entre sus facultades, se encuentran las de supervisar los contenidos de radio, televisión y cinematografía para su clasificación, transmisión, comercialización, distribución y exhibición, según sea el caso, así como la de coordinar y vigilar técnicamente la transmisión, enlace y distribución de los programas oficiales en medios electrónicos y de los encadenamientos de las estaciones de radio y televisión en el país.

Por su parte, de acuerdo con la Ley General de Salud, le corresponden a la Secretaría de Salud las siguientes atribuciones:

- Determinar la periodicidad y características de la información que deberán proporcionar las dependencias y entidades del sector salud, con sujeción a las disposiciones generales aplicables; y

- Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud.

En el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil y del Mes Nacional de Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer Infantil, desde nuestro Grupo Parlamentario consideramos conveniente exhortar a la Secretaría de Salud para que durante el mes de febrero del año 2021 elabore y difunda material informativo de fácil comprensión sobre los principales síntomas y signos del cáncer infantil y para que, a su vez, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, por medio de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, se realicen cápsulas informativas y/o programas especializados donde se transmita la información generada usando los tiempos destinados para uso oficial del Estado.

Lo anterior con el propósito de que esta información llegue a toda la República Mexicana de manera efectiva y repetitiva y se logre el impacto deseado en la población.

Por lo antes expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en ejercicio de sus atribuciones y facultades, elabore material informativo de fácil comprensión sobre los principales síntomas y signos de cáncer infantil con las características necesarias para poder ser transmitidos por radio y televisión a través de cápsulas informativas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en coordinación con la Secretaría de Salud, realice durante todo el mes de febrero de 2021 una campaña de concientización sobre los signos y síntomas de cáncer infantil y difunda el material preparado con estos fines en los tiempos oficiales de los que dispone el Estado en radio y televisión.

Notas

1 Véase, Cáncer Infantil en México, Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, 15 de abril de 2019. Disponible en:

https://www.gob.mx/salud%7Ccensia/articulos/cancer-infantil-en-m exico-130956

2 Véase, Jaime Shalkow, Cáncer Infantil en México. Situación actual y retos, Washington D.C., febrero de 2017. Disponible en:

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/Cancer-infantil-en-MEXI CO.pdf

3 Véase, Cáncer Infantil en México, Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, op. cit.

4 Véase, decreto por el que se declara el mes de febrero de cada año, como el Mes Nacional para la Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer Infantil, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2020. Disponible en:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607127&fecha=09/1 2/2020

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputados y diputadas: Arturo Escobar y Vega, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE EL PROTOCOLO DE MANEJO MASIVO DE CUERPOS ANTE EL AUMENTO DE FALLECIMIENTOS POR CORONAVIRUS, A FIN DE AGILIZAR SU DESTINO FINAL

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y los gobiernos de las entidades con más decesos por covid-19 a realizar una campaña informativa sobre el protocolo de manejo masivo de cuerpos ante el aumento de fallecimientos y los servicios públicos disponibles de cremación e inhumación para agilizar su destino, a cargo de la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento  en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, para exhortar a la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades con mayor número de decesos por covid-19, a realizar una campaña informativa sobre el protocolo de manejo masivo de cuerpos ante el aumento de fallecimientos por coronavirus y los servicios públicos disponibles de cremación e inhumación, con la finalidad de agilizar el destino final de los cuerpos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México está en el décimo mes de haber iniciado las medidas contra el covid-19, y las cifras de los contagios y fallecimientos por causa del nuevo coronavirus SARS-Cov-2 se incrementan. Una tragedia que supera por mucho la pandemia de AH1N1 de 2009 y que no se había visto desde la mal llamada “Gripe Española” de los años 1918-1919. 1

De acuerdo con el seguimiento diario del virus en México, al 26 de enero de 2021 las autoridades de la Secretaría de Salud reportaron 152 mil 016 muertes por covid-19, con un millón 778 mil 905 casos de contagios confirmados de coronavirus. 2

Los fallecimientos por coronavirus se han disparado y van en aumento, algo que el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington estimó que México alcanzaría, para marzo de 2021, 152 mil muertes por covid-19, si relajaban las medidas sanitarias. Hoy esta cifra está por superarse durante el primer mes del año 3.

Sin duda la cifra es importante, pero debemos recordar que estás cifras representan personas ausentes en núcleos familiares mexicanos, en donde el proceso de duelo es aún más complicado que la muerte por cualquier otra enfermedad.

Debido a las características del virus, entre ellas su alto grado de contagio, en abril el gobierno de México a través de la Secretaría de Salud dio a conocer la Guía de manejo de cadáveres covid-19, en la que estableció que:

A) Traslado al mortuorio de la unidad hospitalaria

1. Ante la ocurrencia de la muerte, se deberá notificar a los deudos, así como al equipo encargado del manejo del cadáver para su preparación y traslado a la morgue.

2. Se debe realizar la plena identificación del cuerpo de acuerdo con los lineamientos de las instituciones de salud (al menos con identificaciones oficiales del occiso y familiar responsable), notificando al camillero para su transporte al mortuorio lo más pronto posible.

3. El cadáver debe ser transferido lo antes posible a la morgue de la unidad hospitalaria después del fallecimiento, siguiendo las recomendaciones de bioseguridad de acuerdo con el procedimiento que se realice (Tabla 1).

4. El personal de salud deberá seguir las precauciones de protección para contacto y gotas (lavado de manos con agua y jabón, uso de guantes, mascarilla quirúrgica, bata impermeable con manga larga y protección ocular de preferencia con careta, para retirar todos los dispositivos que tenga el paciente para disminuir riesgos de contaminación por derrame de secreciones).

5. Para cadáveres plenamente identificados, antes de realizar su traslado a la morgue de la unidad hospitalaria, puede permitirse el acceso solo a dos familiares y/o amigos más próximos y cercanos, quienes deberán de utilizar precauciones de contacto y gotas, supervisada por personal de salud; se les otorgará los EPP necesario y se dará la recomendación de no establecer contacto físico con el cadáver (no tocar ni besar el cuerpo), ni con las superficies u otros fómites de su entorno que pudiera estar contaminados.

6. El cadáver debe introducirse en una bolsa de traslado para cadáver biodegradable, que reúna las características técnicas sanitarias de resistencia a la presión de los gases en su interior e impermeabilidad. La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación. Una vez que el cadáver esté adecuadamente empacado en la bolsa, se recomienda la desinfección externa de la bolsa con solución de hipoclorito 0.1 por ciento (1000 ppm). (Anexo 1)

7. La camilla de traslado se deberá desinfectar con soluciones con hipoclorito 0.1 por ciento (1000 ppm) posterior a dejar el cuerpo en la morgue, de acuerdo con los lineamientos de manejo de RPBI (NOM-087-ECOL-SSA1-2002), limpieza y desinfección. (Anexo 1)

8. En el área hospitalaria donde ocurrió el deceso, el personal del aseo debe realizar la limpieza y desinfección de toda la zona y elementos (cama, equipos de la cabecera, colchonetas, puertas, cerraduras, etcétera) siguiendo la técnica del triple balde (Anexo 1) conforme a los lineamientos de prevención y control de infecciones.

9. A la entrega del cadáver por parte del personal de la institución de salud, la familia debe contar ya con un plan de disposición del cuerpo y con los servicios funerarios contratados. Se recomienda no abrir el ataúd.

10. La autoridad hospitalaria, deberá dar aviso a los enlaces establecidos para recibir información sobre las defunciones ocurridas con sospecha o confirmación por covid-19 así como para que se pueda actualizar la plataforma de registro epidemiológico en este rubro.

11. Es necesario que cada unidad hospitalaria verifique la capacidad y funcionamiento de su morgue, lo que deberá de reportar a sus autoridades correspondientes. 4

Más adelante, se establece que:

La disposición final del cadáver será de forma inmediata mediante cremación o inhumación, según disponibilidad, solo para los cuerpos identificados y reclamados, respetando siempre que sea posible la decisión de los familiares más próximos; la cremación puede considerarse, si y solo si se cumplen con las siguientes premisas:

• Que el cuerpo está plenamente identificado y reclamado.

• Que familia ha sido informada y está de acuerdo con la decisión de cremación

• Que no se trate de una muerte violenta o en investigación judicial (ej. Homicidio, suicidio, muerte en custodia).

Reforzando el proceso por inhumación, la guía señala:

Con la finalidad de limitar el riesgo de contagio por la concentración de personas en áreas pequeñas, la velación del cuerpo debe evitarse siempre que sea posible y se solicitará a la familia el realizar la disposición final en forma inmediata, en los términos ya referidos. En caso de realizarse, ésta deberá de ser menor a cuatro horas, y con no más de 20 personas, mantener el ataúd cerrado y garantizar las medidas higiénico -sanitarias y de sana distancia en la sala donde se lleve a cabo la ceremonia, esto según lo recomendado por las autoridades de salud.

De este modo, el procedimiento, suele ser el siguiente:

Aún más, la Guía de manejo de cadáveres covid-19señala:

Se debe realizar la preparación para un incremento súbito de muertes por covid-19, ya que es posible que no se cuente con espacios y servicios funerarios suficientes para la disposición final del cadáver en un tiempo razonable.

Ante la presencia de este riesgo, se deben realizar las gestiones correspondientes considerando que se pudiesen requerir en un corto tiempo de un mayor número de espacios para resguardo y disposición final de los cadáveres, como cámaras frías, crematorios y espacios para inhumación, que en caso de no estar disponibles provocaría mayor tiempo de resguardo de los cuerpos, afectación a la familia y riesgo biológico para las personas encargadas del manejo del cadáver en las unidades de salud, servicios forenses y funerarias.

Otros factores que se deberán de considerar en planes de manejo masivo de cadáveres consistirían en agilizar aquellos trámites administrativos y autorizaciones de cremación y/o inhumación acotadas a los horarios rutinarios, que podría retrasar la disposición final de los cuerpos. Finalmente, considerar que algunas familias pudiesen no contar con los recursos para los servicios funerarios, por lo que será necesario considerar apoyos sociales para evitar el abandono del cuerpo.

Pese a lo que establece la Guía, en situaciones reales persiste un clima de que la disposición final del cuerpo debe ser la cremación. Lo que ha incrementado la solicitud de este servicio y ha colapsado los sistemas de cremación disponible.

En la actualidad se vive un incremento exponencial de los casos de fallecimiento por covid-19 y los sistemas funerarios han declarado estar colapsados, debido a que en los hospitales y en las funerarias se les dice a los familiares de la persona que fallece que la única opción es la cremación, lo que dificulta la atención pronta.

En este sentido, un periódico de circulación nacional registra el siguiente hecho:

“La pregunta es tajante: ¿causa de muerte? Si la respuesta es por covid-19, la única opción es la cremación directa, sin velación, además de que por saturación en el servicio en las agencias funerarias el cuerpo debe permanecer en fila entre 48 y 72 horas y, en algunos casos, el costo se incrementa hasta en 6 mil pesos”. 5

En otros sitios, parte del gobierno, la situación no cambia:

En los velatorios del ISSSTE, en Tlalpan, la disponibilidad en el servicio es hasta la tarde del domingo o el lunes, porque estamos saturados en cremación, mencionó un empleado que prefirió omitir su nombre, mientras el costo para una persona que no es derechohabiente es de 7 mil 500 pesos.

En los velatorios del IMSS, en la colonia Doctores, se informó que todos los servicios, sin importar la causa del fallecimiento, son para cremación directa sin posibilidad de velación, con costo de 8 mil pesos, y el servicio se puede concretar hasta el próximo lunes. 6

Esta situación se había reportado en mayo de 2020, ahora en enero de 2021 con un incremento de casos de fallecimiento por covid-19, la situación es aún mayor, los crematorios (vistos como única opción) esperan entre cuatro y cinco días para una incineración.

El testimonio, recogido por una plataforma digital, señala:

“Está reventado esto, hay que estar esperando días”, dice desesperado Juan Torres, que desde hace 50 años trabaja en una funeraria a espaldas del Hospital General. “Estos quieren cremar pero no, va a estar en chino”, dice en referencia a un par de personas que acaban de dejar su local.

“Yo les doy la opción de que mejor sepulten, pero el problema es que la gente se aferra”, según el funerario, la necesidad de incinerar a los fallecidos por covid-19 es una invención de muchas funerarias. “Es que eso es mentira, la gente les vende eso, las autoridades venden eso. Pero es que no hay dónde cremar, ahorita lo que se debe hacer es sepultar, así salen del problema, sin tanto rollo”. 7

Ante esta situación, es necesario informar adecuadamente a la población sobre las posibilidades de destino final de los cuerpos que padecieron covid-19 (cremación o inhumación), hacer o reforzar la campaña sobre el protocolo de manejo masivo de cuerpos y evaluar la entrada en vigor de la implementación de un Centro Temporal para el manejo Masivo de Cadáveres por covid-19, como lo establecen los Lineamientos de manejo general y masivo de cadáveres por covid-19 SARS-Cov-2 en México. 8

A partir de los planteamientos anteriores, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidasdes con mayor número de decesos por covid-19, a realizar una campaña informativa sobre el protocolo de manejo masivo de cuerpos ante el aumento de fallecimientos por coronavirus y los servicios públicos disponibles de cremación e inhumación, lo anterior con la finalidad de agilizar el destino final de los cuerpos.

Notas

1 http://ciencia.unam.mx/leer/1075/a-un-ano-de-la-covid-19-lo-que-aprendimos-y-lo -que-nos-falta-del-coronavirus

2 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/coronavirus-26-de-enero-mexico-s uma-152016-muertes-por-covid-y-un-millon-778-mil

3 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/mexico-un-paso-de-superar-proyec cion-de-muertes-por-covid-para-marzo

4 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web &cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimxv7W1rzuAhVCS6wKHeugAWYQFjAAeg QIAxAC&url=https%3A%2F%2Fcoronavirus.gob.mx%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2 F04%2FGuia_Manejo_ Cadaveres_COVID-19.pdf&usg=AOvVaw2adPuJ_6dzT3 w1pV4rQML2

5 https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2020/05/09/hasta-72-horas-la-espera- para-cremaciones-en-la-capital-del-pais-7806.html

6 Íbidem.

7 https://piedepagina.mx/con-crematorios-llenos-por-covid-los-cuer-pos-esperan-ha sta-cinco-dias/

8 http://www.pudh.unam.mx/perseo/lineamientos-de-manejo-general-y-masivo-de-cadav eres-por-covid-19-sars-cov-2-en-mexico/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE INSTRUYA LA INSTALACIÓN DE CENTROS DE RECARGA GRATUITA DE OXÍGENO Y SE GARANTICE EL SUMINISTRO DE ESTE INSUMO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a instruir por las dependencias correspondientes sobre la instalación de centros de recarga gratuita de oxígeno y garantizar el suministro de éste a quienes lo requieran por su condición médica, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

Laura Angélica Rojas Hernández, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., numeral I, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de las dependencias correspondientes, instruya la instalación de centros de recarga gratuita de oxígeno y garantice el suministro de este insumo esencial para las personas que, por su condición médica, así lo requieran, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla en su artículo 4o. el derecho de acceso a la salud “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... ”. Este derecho humano ha tomado relevancia en el último año con el fenómeno mundial de la Pandemia por covid-19.

En febrero de 2020 se dio el primer caso de enfermedad por coronavirus en México, posteriormente, el 24 de marzo las autoridades sanitarias del país implementaron una serie de medidas de prevención y control con la finalidad de disminuir los contagios por covid-19. En estas acciones se contempló el confinamiento de las personas y la suspensión de actividades no esenciales para la sociedad.

El virus se ha propagado por todo el mundo desde su descubrimiento en diciembre de 2019. Actualmente, a nivel mundial, se han reportado 102, 083, 344 casos confirmados de personas contagiadas y 2, 209, 195 defunciones a causa del coronavirus. 1 Lo que demuestra una tasa de letalidad de 2.2 por ciento, de acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por otro lado, la Secretaría de Salud, informa que nuestro país cuenta con 1, 864,260 casos confirmados de personas contagiadas por covid-19 y 158,536 defunciones causadas por el virus. 2  Por lo cual, México se coloca como el tercer país en el mundo con más muertes por covid-19, sólo detrás de Brasil y Estados Unidos de América (EUA). 3

Este lugar, en el que México desgraciadamente se encuentra, no se debe sólo a la propagación del virus, sino a que el Sistema de Salud en nuestro país se ha visto rebasado por la demanda de condiciones dignas y suficientes para atender a personas enfermas de covid-19.

No sólo la saturación en los hospitales, para brindar atención médica a las personas contagiadas de covid-19, es el punto crítico del sistema de salud en México. También la falta de personal médico, insumos de protección para el personal como mascarillas, gafas de seguridad, respiradores N-95, guantes y batas impermeables, así como omisiones en la implementación de medidas de higiene en las unidades de salud, son las quejas que presentan los profesionales de la salud y sobre las que adjudican contagios de sus compañeros.

Aunado a ello, ahora se suma la escasez de oxígeno. Un elemento indispensable para el tratamiento y rehabilitación de las personas enfermas por coronavirus. De conformidad con lo publicado por varios medios de información nacional, familiares de personas enfermas que requieren de oxígeno para tratar su rehabilitación han enfrentado grandes dificultades para conseguirlo, inclusive, hay quienes no lo han logrado.

PATH, una organización internacional sin fines de lucro que ayuda a varios gobiernos a responder a la pandemia, informó que la demanda de oxígeno aumento dramáticamente durante 2020, debido a la afluencia de pacientes con hipoxemia a causa del coronavirus, es decir, bajo nivel de oxígeno en la sangre.

De acuerdo con esta organización, se necesitan cerca de 1.5 millones de cilindros de oxígeno al día, para los países de ingresos bajos y medianos, para hacer frente a la demanda adicional generada por la pandemia. 4

Brasil ha manifestado uno de los aumentos más drásticos en la demanda de oxígeno para el tratamiento de personas enfermas por coronavirus, requiriendo aproximadamente 340 mil cilindros adicionales al día, para tratar casos de covid-19. 5 Lo anterior, cobra relevancia si se toma en cuenta que este país, ocupa el segundo lugar en defunciones por covid-19 en el mundo. La pandemia ha puesto de relieve el papel del oxígeno médico como terapia que salva la vida de los pacientes contagiados por el virus. A medida que aumenta la demanda de oxígeno en medio de la pandemia, es necesaria una respuesta equitativa que incluya planificación de suministro urgente y adecuado que satisfaga el requerimiento de dicho insumo.

Resulta necesario fortalecer los sistemas de salud para que soporten la demanda actual de oxígeno y demás menesteres propios del tratamiento de personas enfermas por covid-19.

Es en este escenario que el gobierno federal publicó, el 22 de enero de este año en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general en todo el territorio nacional, que la producción y distribución de oxígeno medicinal para consumo humano es de carácter prioritario, 6 mediante el cual propone establecer la producción y distribución de oxígeno medicinal como tema prioritario para las empresas, así como la vigilancia en los precios de dicho producto.

Sin embargo, estas medidas son insuficientes para garantizar el derecho a la salud que consagra el pacto federal, ya que, aparejado con la escasez de oxígeno, se ha presentado otro obstáculo que ha permeado en diversos sectores de la sociedad, dejando en estado de indefensión a algunos: la crisis económica.

La pandemia provocó una fuerte caída de las actividades cotidianas de las personas, lo que trajo consigo un deterioro del mercado laboral en México. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de desocupación se situó en 4.4 por ciento, equivalente a 2.4 millones de la población económicamente activa (PEA). 7

Es importante mencionar este escenario de desempleo para comprender la situación por la que atraviesan las familias mexicanas, cuyos integrantes han perdido su empleo o visto mermados sus ingresos, y deben enfrentar gastos no contemplados en el tratamiento de sus familiares contagiados con covid-19.

De acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la recarga de un cilindro portátil de 682 litros de oxígeno es de 208 pesos, mientras que un cilindro grande de 10 mil litros cuesta 895 pesos, considerando que el aumento del insumo, durante el 2020, fue de 4.5 por ciento. 8

También es necesario tomar en cuenta que los cilindros requieren de, al menos, dos recargas de oxígeno al día, ya que una recarga dura, aproximadamente cinco horas y las personas enfermas por coronavirus que se encuentran en rehabilitación lo requieren prácticamente todo el día.

La dificultad para que una familia que ha perdido total o parcialmente sus ingresos económicos a causa de la pandemia, tenga la solvencia económica para enfrentar estos gastos es grande. Por ello, de acuerdo con lo documentado por diversos medios de comunicación, ante esta problemática, los familiares han improvisado concentradores de oxígeno caseros, agravando la salud de la persona enferma.

Es por ello que se considera fundamental el apoyo del Estado para los mexicanos que se encuentran en esta situación. Como lo mandata el artículo 4o. de la norma fundamental, el Estado debe garantizar la protección de la salud y al caso concreto el suministro gratuito de oxígeno para personas que, por su situación médica, lo requieran.

El oxígeno médico ha demostrado cuán esencial es en el tratamiento de pacientes Covid, puede significar la diferencia entre la vida o la muerte en países donde la vacuna no ha llegado o se encuentra en proceso de adquisición, como es el caso de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de las dependencias correspondientes, instruya la instalación de centros de recarga gratuita de oxígeno y garantice el suministro de este insumo esencial para las personas que, por su condición médica, así lo requieran.

Notas

1 OMS, Panel de la OMS sobre la enfermedad por coronavirus, [en línea] 31.01.2021, WHO, dirección URL:

https://covid19.who.int/ [Consulta: 31 de enero de 2021].

2 Secretaría de Salud, Comunicado Técnico Diario Nuevo Coronavirus en el Mundo (COVID-19) [en línea] 31.01.2021, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, dirección URL:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/610967/Comunicado _Tecnico_Diario_COVID-19_2021.01.31.pdf [Consulta: 31 de enero de 2021].

3 Forbes, México, de nuevo el tercer país del mundo con más muertes por covid-19, [en línea] 29.01.2021, dirección URL:

https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-tercer-pais-mundo-mas- muertes-covid-19-2/ [Consulta: 31 de enero de 2021]

4 Uchoa Pablo, Coronavirus: cómo la covid-19 está causando una “crisis de oxígeno” en América Latina y algunos países en desarrollo, [en línea] 29.01.2021, BBC World Service, dirección URL:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55841858 [Consulta: 31 de enero de 2021].

5 Path, covid-19 Oxygen Needs Tracker, [en línea] herramienta con dinámica de mercado, dirección URL:

https://www.path.org/programs/market-dynamics/covid-19-oxygen-ne eds-tracker/ [Consulta: 31 de enero de 2021].

6 Secretaría de Gobernación, Acuerdo por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general en todo el territorio nacional, que la producción y distribución de oxígeno medicinal para consumo humano es de carácter prioritario, [en línea] 22.01.2021, dirección URL:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610265&fecha =22/01/2021 [Consulta: 31 de enero de 2021].

7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, [en línea] Comunicado de Prensa 660/20, 24.12.2020, dirección URL:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/ iooe/iooe2020_12.pdf [Consulta: 31 de enero de 2021].

8 Procuraduría Federal del Consumidor, Verifica Profeco abasto de oxígeno, [en línea] 05.01.2021, dirección URL:

https://www.gob.mx/profeco/prensa/verifica-profeco-abasto-de-oxi geno [Consulta: 31 de enero de 2021].

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO AL CONSEJO GENERAL DEL INE A IMPLEMENTAR LINEAMIENTOS GENERALES PARA QUE LOS CANDIDATOS SE CIÑAN A UNA CONDUCTA QUE NO PERMITA LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los Consejos Generales del INE y de los organismos públicos electorales de los estados donde habrá procesos en 2021 a implantar lineamientos generales dirigidos a que los respectivos candidatos observen una conducta que no permita la propagación del covid-19, a cargo de la diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Adela Guel Saldívar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta tanto a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral como a los de los consejos generales de los organismos públicos locales electorales a dictar en el ámbito de sus facultades y competencias lineamientos de actuación a todos los partidos políticos y candidatos que habrán de participar en las elecciones a realizar este año en el país, para que durante la campaña se establezcan protocolos de actuación que eviten aumentar los contagios por el covid-19, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La presente proposición con punto de acuerdo tiene como finalidad proteger la salud y seguridad de todos los ciudadanos que habrán de recibir las propuestas de campaña de todos aquellos candidatos que participarán en los procesos de elección de este año en todo el territorio nacional.

Segunda. Este año, el país tendrá elecciones en todos los estados. En las elecciones federales se elegirán 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa y 200 diputaciones por representación proporcional.

Mientras que en las elecciones locales se elegirán 21 mil 383 cargos, de las cuales 15 son gubernaturas, así como la renovación de 30 congresos locales, es decir, mil 63 diputados estatales, además de mil 926 ayuntamientos y juntas municipales, igual en 30 entidades; para lo cual deberán contratarse más de 50 mil supervisores y capacitadores estatales.

Aunado a lo anterior, el Instituto Nacional Electoral prevé la participación de 94 millones 800 mil ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral y con ello será necesaria la instalación de 161 mil casillas de votación.

Esto se divide por estado de la siguiente manera:

Aguascalientes: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 38.

Baja California: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 31.

Baja California Sur: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 27.

Campeche: Gubernaturas, Diputaciones, Ayuntamientos y Cargos Auxiliares. Total de cargos: 71.

Chiapas: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 163.

Chihuahua: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 101.

Ciudad de México: Diputaciones y alcaldías. Total de cargos: 82.

Coahuila: Ayuntamientos. Total de cargos: 38.

Colima: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 36.

Durango: Diputaciones. Total de cargos: 25.

Estado de México: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 82.

Guanajuato: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 127.

Guerrero: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 30.

Hidalgo: Diputaciones. Total de cargos: 163.

Jalisco: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 200.

Michoacán: Gubernatura, diputaciones y ayunta-mientos. Total de cargos: 153.

Morelos: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 56.

Nayarit: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 51.

Nuevo León: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 94.

Oaxaca: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 195.

Puebla: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 258.

Querétaro: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 44.

Quintana Roo: Ayuntamientos. Total de cargos: 11.

San Luis Potosí: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 86.

Sinaloa: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 59.

Sonora: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 106.

Tabasco: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 52.

Tamaulipas: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 79.

Tlaxcala: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 86.

Veracruz: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 262.

Yucatán: Diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 131.

Zacatecas: Gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Total de cargos: 89.

Tercero. En los últimos días se registran alrededor de 20 mil 523 casos positivos y mil 219 defunciones adicionales cada 24 horas (cifra tomada de la página web coronaviros.gob.mx al día 17 de enero de 2021). Diez entidades estarán en semáforo rojo por las próximas dos semanas, incluidos los estados con las más grandes urbes, que son Ciudad de México, estado de México, Jalisco y Nuevo León.

En cifras generales, la República Mexicana supera 1.5 millones de positivos acovid-19, virus que ya cobró la vida de más de 140 mil personas, según las cifras más recientemente presentadas por la misma Secretaría de Salud del Gobierno de México, correspondientes al corte del sábado 16 de enero de 2021.

La tasa de letalidad es de 8.6 por ciento, muy por encima de la media mundial reportada por la Organización Mundial de la Salud, correspondiente a 2.2.

En casos acumulados confirmados, la República Mexicana registra 1 millón 630 mil 258 positivos, 20 mil 523 más que lo anunciado ayer. De dichos casos, 111 mil 884 son considerados como activos estimados, es decir, representan a la población actualmente enferma por covid-19, que es de mayor peligro de contagio para terceros.

Todos estos datos, sin duda, se incrementarán en próximas fechas al arrancar las campañas políticas electorales en todo el territorio nacional. Por ello es de suma importancia que las autoridades electorales definan protocolos y mecanismos de actuación, tanto de candidatos y personal que se suma a las tareas de la preparación y ejecución de las próximas elecciones.

Ingenuo es pensar que las cosas volverán a ser iguales que unos años atrás, la autoridad electoral debe velar también por la salud de todos los mexicanos y es su deber generar claros y específicos protocolos de actuación que impidan la propagación del contagio de esta enfermedad.

Las condiciones de salud actuales obligan actuar con responsabilidad en este rubro, por lo que estas medidas deben ser tomadas y publicadas lo antes posibles, pues a la fecha ya estamos en etapa de precampañas. Una de las medidas a adoptar, sin duda, debe ser el exigir a todo candidato se realice de manera periódica (semanalmente) pruebas de covid-19 y hacer público su resultado a efecto de que las autoridades y la ciudadanía en general tengan la certeza de quienes recibirán con su propuesta de campaña están libres de dicha enfermedad y así evitar más contagios.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los integrantes tanto del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como a los integrantes de los Consejos Generales de los Organismos Públicos Locales Electorales a que en el ámbito de sus facultades y competencia, dicten protocolos actuación durante campaña y jornada electoral, a todos los partidos políticos y candidatos que habrán de participar en las elecciones a realizar este año en nuestro país, en los que se prevea el evitarlos aumentos de contagios por el covid-19 y en los que se incluya, que todo candidato a cargo de elección popular se realice de manera semanal la prueba de covid-19 y haga públicos sus resultados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputada Norma Adela Guel Saldívar (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

PREVENIR Y SANCIONAR LOS ABUSOS Y CONDUCTAS DELICTIVAS QUE SE HAN DADO POR LA NECESIDAD DE ADQUIRIR OXÍGENO PARA COMBATIR EL COVID-19

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos federal y locales a intensificar las acciones dirigidas a evitar escasez, y prevenir y sancionar los abusos y las conductas delictivas suscitados por la necesidad ciudadana de adquirir oxígeno para combatir el covid-19, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del PT a la LXIV Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 62, numeral 3, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pandemia generada por el virus SARS-Cov-2 (covid-19), sigue siendo una lastimosa realidad en nuestro país.

A casi un año de la declaratoria de emergencia sanitaria expedida por el Consejo de Salubridad General, México registra más de un millón de personas contagiadas y más de 150 mil muertes. Cierto es que esta cifra nos indica que son muchas más las personas que han logrado recuperarse, pero ello no minimiza las muertes registradas y el dolor de miles de personas que han perdido a un ser querido.

El pueblo de México ha demostrado una y otra vez su fortaleza y solidaridad frente a situaciones de emergencia, tales como sismos, huracanes o incendios, por mencionar algunos ejemplos; la actual emergencia sanitaria no es la excepción y no tenemos duda que saldremos adelante. Sin embargo, lamentablemente, nunca faltan personas oportunistas que buscan lucrar y aprovecharse de este tipo de situaciones para obtener un beneficio indebido y reprobable.

En semanas recientes, ante el nuevo repunte en el número contagios en diversas entidades del país, se registró una inusitada demanda de tanques de oxígeno, lo que ha generado escasez, así como el alza colosal de sus precios. En muchos lugares se han registrado largas filas para poder adquirir o reabastecer tanques, rompiendo la sana distancia y aumentando así el riesgo de contagios.

Ante la alta demanda algunos negocios han abusado en el alza de los precios, pero también la delincuencia ha hecho de las suyas; en Michoacán ser registró un robo de 25 tanques de oxígeno. En Coahuila se reportaron tanques contaminados con acetileno. Por otro lado, se han llevado a cabo fraudes y estafas a través de redes sociales; por ejemplo, en Guanajuato hubo un caso de un tanque entregado a una familia que en lugar de oxígeno contenía helio, o muchos otros reportes de personas que realizan el pago y no reciben los tanques, para después descubrir que el vendedor contactado en redes simplemente desaparece.

Ante el lastimoso aumento de estas conductas delictivas, que son mucho más lastimosas en un contexto de emergencia sanitaria, es urgente que los tres niveles de gobierno, sin distingos partidistas, coordinen acciones y esfuerzos para prevenir y castigar esas deleznables acciones.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas para que, de manera coordinada, intensifiquen acciones para evitar la escasez, así como prevenir y sancionar los abusos y conductas delictivas que se han venido dando por la necesidad ciudadana de adquirir oxígeno para combatir el Covid.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a tres de febrero de dos mil veintiuno.— Diputado y diputada: Benjamín Robles Montoya, Maribel Martínez Ruiz (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

EN EL MARCO DEL AÑO INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL, DECRETADO POR LA ONU, HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS EN SU ERRADICACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a hacer pública con los 32 locales, en el marco del Año Internacional contra el Trabajo Infantil, la información sobre las acciones emprendidas para erradicarlo, a cargo de la diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El trabajo infantil significa una grave violación a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, al poner el riesgo su desarrollo físico y mental.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), considera trabajo infantil a toda aquella actividad o trabajo que priva a los niños de su infancia, su potencial, dignidad y es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.

 Por tanto, las características del trabajo infantil son las siguientes:

• Es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño;

• Interfiere con su escolarización puesto que:

• Les priva de la posibilidad de asistir a clases;

• Les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o

• Les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) a través de su Informe de avance sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, dieron a conocer que México es el segundo país de América Latina y el Caribe con mayor prevalencia de trabajo infantil por debajo de Brasil y arriba de Perú.

Frente a la pandemia por covid-19 y los estragos económicos que esta situación ocasionará a un lago plazo, será que alrededor de 177,000 menores tengan que trabajar para contribuir al ingreso familiar, así lo afirmó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

En cuanto a las acciones emprendidas por los organismos internacionales en la erradicación del trabajo infantil, desde julio de 2019 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acordaron declarar al 2021 como el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, en dicho a acuerdo se decidió subrayar el compromiso de los Estados miembros para “Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud, la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.” 1

Al ser México parte de dicho tratado debe estar ejecutando acciones en sus distintos niveles de gobiernos.

Siguiendo con los instrumentos internacionales para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que incluyen la erradicación del trabajo infantil, y que el Estado mexicano ha celebrado, se destaca uno muy importante: La Convención sobre los Derechos del Niño que contiene “una serie de normas y obligaciones irrevocables aceptadas universalmente, que ofrecen protección y apoyo a los derechos de la infancia” 2

Desde su creación a la fecha, el protocolo cuenta con tres versiones, al última fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 19 de diciembre de 2011, en donde veinte Estados firmaron durante la ceremonia: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Chile, Costa Rica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Italia, Luxemburgo, las Maldivas, Mali, Marruecos, Montenegro, Perú, Portugal, Serbia y Uruguay. 3 Por su parte, México solo ha ratificado tan importante protocolo en dos ocasiones, encontrándose en proceso la ratificación de la tercera versión de dicho documento.

Este instrumento es una valiosa herramienta para el reconocimiento de la niñez como sujetos de derechos además de ser un medio a través del el cual se promueven y garantizan los derechos de la niñez en todos los aspectos de la vida, de modo que a través de este instrumento el organismo internacional podría llamar la atención a cualquier Estado miembro, al comprometerlo a solucionar los problemas que aquejan a este sector de la sociedad, a través de políticas públicas en beneficio de la infancia mexicana o incluso a través de la modificación o promulgación de nuevos ordenamientos en garantía del interés superior de niñez, tal sería el caso de la eliminación del trabajo infantil en nuestro país.

De ahí radica la importancia tanto de generar acciones como de ratificar compromisos hacia la erradicación de cualquier trasgresión de las normas y derechos de un sector tan vulnerable como lo son las niñas, niños y adolescentes, que se están viendo obligados a realizar actividades laborales a una edad no permitida, tanto por las leyes nacionales como por los tratados y convenciones internacionales de las que México es parte.

Es a estacar que el trabajo infantil ha sido una realidad que nos ha acompañado a lo largo del tiempo, sin embargo actualmente la crisis económica, el traslado de la escuela a la casa, la falta de oportunidades y la crisis de salud en el país, agravaran la deuda histórica en la garantía de sus derechos fundamentales, como lo es la eliminación del trabajo infantil.

Y aunque se reconoce que nuestro país cuenta con leyes en la materia como lo es el artículo 123, apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se establece que 15 años es la edad mínima para que un menor pueda trabajar. Sin embargo los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentados en 2020, reflejan que para el último bimestre del año 2019, cerca de 3.3 millones de niños y adolescentes estaban en situación de trabajo infantil en México. 4

Además México aprobó en el año 2014 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual reconoce expresamente en el segundo párrafo de su artículo 39 estableciendo que: las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas especiales para prevenir, atender y erradicar la Discriminación Múltiple de la que son objeto niñas, niños y adolescentes en situación de exclusión social, en situación de calle, afrodescendientes, peores formas de trabajo infantil o cualquiera otra condición de marginalidad.

El mismo ordenamiento en su Artículo 31. Menciona que: Tratándose de adopción internacional, la legislación aplicable deberá disponer lo necesario para asegurar que los derechos de niñas, niños y adolescentes que sean adoptados sean garantizados en todo momento y se ajusten el interés superior de la niñez, así como garantizar que esta adopción no sea realizada para fines de venta, sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, explotación, las peores formas de trabajo infantil o cualquier ilícito en contra de los mismos

Frente a la pandemia originada por el virus de covid-19 es de vital importancia que las instancias encargadas del cuidado y protección de los derechos de las niñas niños y adolescentes, sumen esfuerzos en conjunto para visibilizar las distintas problemáticas a las que se encuentran enfrentados los menores, tal es el caso del trabajo infantil.

Queda totalmente claro que la cooperación la aplicación de las leyes y tratados ya existentes serán el motor que fortalezca los compromisos adquiridos, por lo que resulta fundamental solicitar información relativa a las acciones que las autoridades a nivel federal y local se encuentran realizando, a propósito de que el 2021 es el año internacional contra el trabajo infantil, decretado por la Organización de la Naciones Unidas para la erradicación del trabajo infantil y del que México es parte, asimismo resulta imprescindible que el estado mexicano ratifique los compromisos internacionales en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

Las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social estamos conscientes que apostar por una infancia sana, abonará en un futuro próximo al desarrollo de pleno de toda una sociedad.

Por lo anteriormente expuesto es que someto a esta consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de Unión, con pleno respeto en la división de poderes, exhorta al Gobierno Federal para que, en coordinación con las 32 entidades federativas del país y en el marco del año internacional contra el trabajo infantil, decretado por la Organización de la Naciones Unidas, se hagan pública la información, sobre las acciones emprendidas en la erradicación del trabajo infantil.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de Unión, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que de acuerdo con las facultades que la legislación federal le confiere, sea ratificado el Tercer Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Notas

1 De los cndh.org.mx/noticia/ano-internacional-para-la-eliminacion-del-trabajo-infantil# :~: text=El%2025%20de%20julio%20de,la%20 Eliminación%20del%20Trabajo%20Infantil.

2 https://www.unicef.org/spanish/crc/index_protocols.html

3 https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/ 6165_0.pdf

4 https://expansion.mx/economia/2020/12/07/3-3-millones-ninos-jovenes-realizaban- trabajo-infantil-2019

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2020.— Diputada Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

SE TRANSPARENTE EL PROCESO DE APROBACIÓN DE LA VACUNA RUSA SPUTNIK-V

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Cofepris a transparentar adecuadamente el proceso de aprobación de la vacuna rusa Sputnik-V, a cargo del diputado Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Antonio Ortega Martínez, diputado de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

1. En México existe una situación compleja y preocúpate, ya que desde el inicio de la emergencia sanitaria producida por el virus del covid-19 se ha mantenido una tendencia a la alza de los casos de personas contagiadas así como de los fallecimientos ocasionados por este virus, esto sin contar con el severo impacto económico y social que ha dejado la pandemia, existe cierta confusión en la población de nuestro país respecto de las medidas aplicadas para contener y contrarrestar la crisis sanitaria esto debido en gran medida a los diversos mensajes y discursos contradictorios que surgen desde el gobierno federal referentes a estas.

Durante las últimas semanas, hemos presenciado las consecuencias de un manejo errático y confuso de la pandemia. Mientras que el gobierno federal defiende la idea de que, está llevando una conducción basada en la opinión de expertos y de que, lo que se está haciendo en nuestro país supera por mucho lo que se hace en otros países para contener la pandemia, la realidad una o otra vez nos demuestra lo contrario, al mismo tiempo que se ha venido ocultando o interpretando la información disponible de manera poco clara y coherente por parte del gobierno federal.

Frente al discurso del vamos “requetebién” y “nos cayó como anillo al dedo” 1, la pandemia sigue resistiéndose a negar las visiones oficialistas para limitar actividades cotidianas, pero fundamentalmente exhibir la improvisación del gobierno federal, que insiste en ocultar que no estuvieron están y estarán, preparados para afrontar una crisis como la actual, ni sus consecuencias de manera eficiente.

La ausencia de una respuesta adecuada a la pandemia se encuentra ligada a varios aspectos, por un lado, a la centralización que se dio del sistema de salud con la desaparición del seguro popular y las consecuentes ausencia de leyes y reglamentos de operación derivados de la iniciativa de ley que dio origen al Insabi, pero también a que el presidente López Obrador no ha permitido el debido funcionamiento de los mecanismos legales cuya función principal son las tareas específicas direccionadas a la resolución de problemas relacionados con la Salud y particularmente la atención de situaciones extraordinarias como lo es la actual crisis sanitaria.

2. La situación revelada por los datos oficiales ha causado llamados de atención por parte de organismos internacionales como lo sostuvo el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, quien en videoconferencia en noviembre señaló que, en el caso de los contagios, en la semana del 12 de octubre de 2020 en México se acumularon 30 mil casos positivos, mientras que en la del 23 de noviembre la triste estadística de nuestro país superó más de 60 mil.

Por su parte, el director del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan, aseguró que el escenario sanitario de nuestro país “es preocupante” y que la transmisión comunitaria continúa muy extendida. 2

La situación en México no ha mejorado, por el contrario, ha ido en decrimento, la pandemia de covid-19 sigue acumulando casos positivos. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, hasta el momento se han registrado 2 millones 641 mil 109 casos estimados acumulados por covid-19, mientras que las muertes por esta causa han sido 159 mil. Estos datos revelan el fracaso en cuanto al manejo que las autoridades han hecho de la emergencia sanitaria.

3. El pasado 8 de diciembre la Secretaría de Salud anunció cómo y cuándo se aplicará la vacuna a toda la población. Las vacunas en México comenzarán con los trabajadores de salud prioritariamente porque atienden directamente a las personas infectadas con covid-19. El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell explicó que el siguiente grupo depende del riesgo de contraer Covid, como la edad, la diabetes, la hipertensión arterial, el tabaquismo y otras comorbilidades, continuando con las personas de la tercera edad y de manera descendente por rangos de edad.

La primera etapa se plateo abarcaría desde diciembre hasta febrero de 2021, se comenzaría con los trabajadores de la salud de primera línea de control de la pandemia, ya para febrero a 2021 se continuaría con el personal de la salud restante y personas mayores de 60 años.

En la siguiente etapa, que va de abril a mayo de 2021, se continuará con las personas de 50 a 59 años. De mayo a junio del mismo año, con personas de 40 a 49 años y desde junio a marzo del 2022 con el resto de la población.

La realidad ha sido muy distante del plan presentado en diciembre de 2020, pues de inicio La autoridad sanitaria encargada de certificar las vacunas en México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sólo ha autorizado la aplicación de dos vacunas: la de Pfizer y AstraZeneca. De la primera han llegado pocas dosis que se han utilizado para inocular a médicos, enfermeros y personal encargado de atender a los pacientes con coronavirus. De la segunda, todavía no se cuenta con dosis, ya que la vacuna está en proceso de producción.

4. En conferencia de prensa el 18 de enero del presente año, en Palacio Nacional, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, presentó el informe de avance del programa nacional de vacunación Covid, en el que se registra que 464 mil 224 personas han recibido el esquema de una dosis de la vacuna y 3 mil 484 el esquema completo de dos dosis del medicamento de Pfizer.

Lo anterior justo antes del anuncio sobre la reprogramación de los embarques de la vacuna de Pfizer contra covid-19. Entre enero y febrero México recibirá millón 688 mil 213 dosis menos de los tres millones 264 mil 300 programadas, debido a una reducción de entregas acordada con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó el 18 de Enero de 2021 que debido a la reestructura de entregas no se recibirán dosis al menos hasta el 15 de febrero. Es decir, al finalizar enero sumarán 766 mil 350 biológicos para aplicar un esquema completo a 383 mil 175 trabajadores de salud, cuando el plan era inmunizar a casi un millón en la primera fase. Sin embargo, hasta el día anterior sólo 485 mil 983 personas habían recibido la primera dosis, mientras que seis mil 546 ya habían completado el esquema. 3

Hasta el último día de enero, México debía recibir un millón 420 mil 575 de dosis, de acuerdo con el calendario de entregas de Pfizer, compartido por la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, situación que se ha visto rebasada pues, el pasado 30 de enero 631 mil 298 personas han recibido al menos su primer dosis de la vacuna disponible en nuestro país, por lo que solo el 6 por ciento de los trabajadores de salud ya recibieron la segunda dosis, esto es 39 mil 009 integrantes del personal de salud de primera línea de atención a la epidemia. 4

5. Frente a la situación antes descrita y la serie de dificultades expresadas en la planeación e implementación de la estrategia de vacunación, el gobierno federal ha buscado súbitamente la aprobación de cuando menos otras tres vacunas, la autoridad sanitaria encargada de certificar las vacunas en México, la Cofepris sólo ha autorizado la aplicación de dos vacunas: la de Pfizer y AstraZeneca.

Aunque aún no tiene aval de la Cofepris, y a pesar de que no se conocen resultados preliminares de los estudios de la fase 3, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya adelantó que llegarán a México al menos 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

Esta vacuna, también llamada Gam-Covid-Vac, fue desarrollada por el Instituto de Investigación Gamaleya, que forma parte del Ministerio de Salud de Rusia. Tiene el antecedente del escepticismo y críticas sobre una aprobación apresurada en Rusia, siendo el primer país en el mundo en iniciar las aplicaciones, el 5 de diciembre.

Sputnik V, cuyos desarrolladores han indicado que tiene una eficacia de hasta 91.5 por ciento con dos dosis, no ha sido aprobada por Estados Unidos y no se ha informado que la tenga bajo análisis.

El 12 de enero el subsecretario de Salud informó que se tuvo una reunión sumamente productiva, en menos de tres horas, desde que empezó la sesión de trabajo, se había identificado varios elementos de gran interés: la enorme similitud que tenemos respecto a la estructura de nuestro plan de respuesta a la epidemia con los componentes de contención, mitigación y reconversión hospitalaria. Asimismo, el papel que juega la vacunación en este momento como elemento central del control epidémico y los grupos de atención prioritaria personal de salud, adultos mayores y en las escuelas”, subrayó que gracias a la intervención del gobierno argentino pudo tener acceso a la información privilegiada sobre la vacuna rusa, ya que en esta parte del mundo se habían tenido dificultades de acceso a la información sobre el fármaco y, por tanto, la inquietud en torno a la seguridad y eficacia del biológico.

Indicó que pudo checar todo el expediente científico y técnico del medicamento, el cual incluye los resultados de la fase 3; así como los documentos de verificación de buenas prácticas de manufactura y otros requisitos que son indispensables para el proceso de regulación sanitaria.

El director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, aseguró que la próxima semana llegarán las primeras 200 mil dosis del inmunizante Sputnik V, de un total de 24 millones que comprará México. Señaló, incluso, que “está por firmarse el contrato para la compra de la vacuna rusa”, así como establecer la fecha para hacer el pago, a fin de que en una semana lleguen las vacunas a territorio nacional.

El funcionario participó el 26 de Enero en la conferencia matutina en Palacio Nacional, donde reconoció que está pendiente la autorización de la Cofepris. Agregó que con el biológico ruso se podrá ampliar la cobertura de vacunación y conforme lleguen más dosis se incluirá a los diferentes sectores de la población de acuerdo con su edad. 5

Ferrer subrayó que la cobertura de la vacuna anti-Covid será universal. Más tarde, López-Gatell confirmó que el Comité de Moléculas Nuevas dio su visto bueno y el proceso continúa.

5. La Cofepris, como órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Salud, con autonomía administrativa, técnica y operativa, la cual tiene entre sus atribuciones la responsabilidad de autorizar insumos para la salud, tales como medicamentos y vacunas.

Conclusiones:

La prisa por aprobar la vacuna representa la aceleración de procesos fundamentales y de técnica muy rigorosos que pondrían en riesgo la salud de millones de Mexicanas y mexicanos, entendemos que el desarrollo de una vacuna que será posteriormente usa en la población de nuestro país debe estar debidamente probada, y debe seguir sus procesos de prueba y análisis en tiempo y forma, entes de ser utilizada en la población, es por esto que es necesario que subsecretario de salud Hugo López-Gatell haga publica los resultados de la fase 3 del ensayo sobre la vacuna Sputnik V.

Además de que la Cofepris debe cumplir con sus facultades primordiales como lo son el brindar protección a la población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios e insumos para la salud, en este contexto de incertidumbre acerca de la viabilidad de las vacunas que se están creando para contrarrestar la pandemia generada por el covid-19 es importante que se revise a detalle cada uno de los procedimientos que se ocuparon para su creación con la finalidad de salvaguardar la salud e integridad de tos los mexicanos y mexicanas.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que en cumplimiento de sus facultades transparente el proceso de aprobación de la vacuna rusa Sputnik-V

Notas

1 Redacción AN/AL(11 de abril 2020) “Esto nos vino como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación: López Obrador/Entérate” Aristegui noticias, recuperado de:

https://aristeguinoticias.com/0204/mexico/esto-nos-vino-como-ani llo-al-dedo-para-afianzar-el-proposito-de-la-transformacion-lopez-obrador-enter ate/

2 Naciones Unidas, Departamento de Información Pública, La OMS alerta de un problema serio en México por el aumento de casos y muertes de covid-19, Salud 30 de noviembre 2020,

https://news.un.org/es/story/2020/11/1484882

3 Carvajal Otilia 19/enero/2021, Falta de vacunas rompe plan: sólo alcanza para 38 por ciento del millón a inmunizar, La razón, recuperado de:

https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/temas-de-primera-pla na-190121/

4 Miranda Fanny, 30/enero/2021, Sólo 6 por ciento de personal de salud ha recibido segunda dosis de vacuna contra covid, Milenio, recuperado de:

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/vacuna-covid-6-ciento-me dicos-recibido-dosis

5 Cruz Martínez Ángeles 27/enero/2021, Acelera Cofepris el visto bueno a la vacuna Sputnik V, La Jornada, recuperado de:

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/27/politica/acelera-cof epris-el-visto-bueno-a-la-vacuna-sputnik-v/

Palacio Legislativo, a 3 de febrero de 2021.— Diputado Antonio Ortega Martínez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LA CONAGUA, A REALIZAR EL REORDENAMIENTO SUSTENTABLE DEL AGUA EN BAJA CALIFORNIA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua al inmediato reordenamiento sustentable del agua en BC, a cargo del diputado Jesús Salvador Minor Mora, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Jesús Salvador Minor Mora, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolució n, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La situación hídrica en Baja California, es grave en todos sus usos, pero es más riesgoso que no se dé el debido seguimiento a los planes integrales hídricos existentes en el Estado, siendo rebasados estos planes por el tiempo, quedando todo en buenas intenciones y aumentando el riesgo de una catástrofe hídrica a corto tiempo.

Habría que analizar la confiabilidad de los números oficiales sobre la disponibilidad del agua en el Estado, así como revisar la integración de los usuarios del agua en esta problemática, la realidad es que no han obtenido en forma accesible la información de la situación hídrica en el Estado, considerando punto que desde ahí estamos mal.

Es importante que los mismos responsables de administrar el agua estén conscientes de la vital responsabilidad que tienen en la operación de ésta, la transparencia en la administración del agua debe ser rigurosa, ya que estamos en un presente hídrico incierto y por lo mismo debemos de proceder sin contemplación alguna en cuidar cada gota.

Se equivocan quienes aseguran que sobra agua en Baja California, ya que vivimos en una zona árida con las precipitaciones pluviales más bajas en el país (79 mm promedio anual), después del Estado de Baja California Sur.

Los 2 mil 581 millones de metros cúbicos anuales provenientes del Río Colorado y de los acuíferos 210 Valle de Mexicali y 2 mil 601 Valle de San Luis Río Colorado, más la suma de los 47 acuíferos del resto del Estado por un volumen de 430 millones de metros cúbicos anuales, sumaría un total de 3,011 millones de metros cúbicos anuales en el Estado, estos volúmenes no son tan seguros como se menciona erróneamente. Y está comprobado que todas las fuentes van a la baja y la demanda hacia arriba sin control alguno.

Destacan como principales debilidades las siguientes:

1. Los acuíferos antes mencionados de acuerdo con el Diario Oficial de fecha 20 de agosto 2020, presentan la siguiente disponibilidad deficitaria:

Acuífero                        Disponibilidad en millones    de metros cúbicos anuales

210 Valle de Mexicali                                   -257.95

2601 Valle de San Luis Río Colorado              -93.35

Acuíferos del resto del estado                        -168.64

Total                                                          -519.94

Nota. Este saldo negativo es derivado únicamente por sobre-concesiones otorgadas por las autoridades federales, por la disminución de la recarga, así como por incluir, en el caso del acuífero 210, agua que se extrae para uso industrial a profundidades de más de 1500 metros (Geotérmica-Comisión Federal de Electricidad) volumen equivalente a 189 millones de metros cúbicos anuales.

2. La sobreexplotación de los pozos, es decir el volumen que se extrae sobre lo autorizado, de lo concesionado, no está cuantificado, pero es un volumen que impacta a la fuente subterránea.

3. Con el revestimiento del “Canal Todo Americano” hecho por nuestros vecinos del norte, se considera recuperar por infiltraciones hacia el lado mexicano, un volumen de 80 millones de metros cúbicos de agua, a la fecha se estima que la afectación ha disminuido la recarga del acuífero 210, en más de 30 millones de metros cúbicos anuales.

4. Con relación a la fuente del agua proveniente del Río Colorado, la amenaza constante de nuestros vecinos del norte de disminuirnos volúmenes de agua por los cambios climáticos es una incertidumbre para los usuarios del agua, en todos los usos.

Las autoridades norteamericanas anunciaron una reducción de 55 millones de metros cúbicos anuales para 2020. Lo cual no se concretó afortunadamente, sin embargo, no deja de ser una amenaza constante, por lo que tiene que considerarse la posibilidad de esta contingencia hídrica.

5. El auxilio de agua para las ciudades de la zona costa del estado, a la cual se les envió más de 70 millones de metros cúbicos de agua, en 2020, con crecimiento del auxilio de acuerdo con la demanda, agua que corresponde a los agricultores del Valle de Mexicali. Esta agua no ofrece ninguna certidumbre a los usuarios de la costa, porque depende de la decisión de los derechosos. Además, este punto depende en gran parte del punto 4.

6. De los 1 mil 850 millones de metros cúbicos agua superficial anual, que provienen de la fuente del Río Colorado, se consideran 430 millones como pérdidas en evaporación y en conducción en el Distrito de Riego 014, lo que me da a suponer que de este volumen una parte se infiltra a los acuíferos 210 y 2601, si es así, entonces no se trata de una pérdida, sino de una recarga indirecta del acuífero que posteriormente se extraen de los mismos acuíferos.

Ahora bien, se destacan como fortaleza los siguientes puntos:

1. Son más de 200 millones de aguas residuales, que cada año se desechan en el estado, con tratamientos previos a la descarga sanitaria que se podrían utilizar en los distintos usos, lo cual se sumaría a la demanda de agua.

2. Se tiene las condiciones para desalar agua del mar, como de hecho lo están haciendo en las ciudades de Ensenada y San Quintín para consumo humano e inclusive para la agricultura. De igual manera esto se sumaría a las fortalezas.

Las debilidades y fortalezas requieren de inversión, dinero que no se tiene en este momento. No obstante, existen acciones que se pueden llevar a cabo con un mínimo costo, pero con voluntad política de los niveles de gobierno y de los mismos usuarios.

Un ejemplo real es la ciudad de Mexicali, misma que resolvió su problema sin costo alguno, simplemente con visión y acción: la ciudad de Mexicali no se encuentra con déficit como las ciudades de la costa del estado, debido a que se aplicó el artículo 153 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del estado de Baja California el 6 de noviembre de 1998, lo cual ha generado una reserva de 63 millones de metros cúbicos anuales, que ha impactado positivamente en la calidad de vida de más de un 1 millón de habitantes. El espíritu de la exposición de motivos de esta reforma, fue para obligar a las autoridades tanto Municipales como estatales y fraccionadores residenciales, comerciales e industriales, a buscar la sustentabilidad hídrica a futuro, quienes tuvieron a bien aplicar la citada Reforma, como es el caso de la ciudad de Mexicali, tienen la fortuna que 23 años después, no tienen problema alguno, muy al contrario, cuentan con un superávit hídrico, que les permite suministrar agua a los residentes de la ciudad las 24 hora del día por los 365 días del año, se dice fácil pero es una realidad que se logró sin necesidad de inversión alguna.

Las autoridades municipales y comisiones estatales de servicios públicos de agua potable de la zona costa de Baja California, en el incumplimiento de sus obligaciones, no aplicaron el artículo 153. Les resultó más fácil recibir el auxilio del agua insegura del Valle de Mexicali que aplicar la Ley. No se puede comprometer agua que no se tiene y menos para consumo humano, el agua que viene de Mexicali como auxilio, es de los agricultores del Valle de Mexicali o Valle de San Luis Rio Colorado, que en cualquier momento pueden encontrar opciones de cultivos rentables y decidan destinarla para sus siembras. Los efectos de la contingencia hídrica (punto 4) podría ser otro motivo del porque no enviar agua a la costa.

Por otro lado, es prioritario que se defina el alto consumo de agua que utiliza la Geotérmica para su uso industrial por un volumen de 189 millones 791 mil 726 metros cúbicos anuales y que la Comisión Nacional del Agua lo contempla como concesionario del acuífero 210 valle de Mexicali, esta situación implica que, por la profundidad de extracción de más de mil metros cúbicos anuales, no debería incluirse este volumen como parte de la recarga del acuífero.

Además, es relevante insistir en lo que ya conocemos sobre el uso eficiente del agua y la necesaria medición por su consumo agua en todos los usos.

Cabe señalar que en todo lo anterior, únicamente estoy contemplando lo relacionado con las fuentes de agua que tenemos actualmente en Baja California, cuya tendencia va a la baja en forma estrepitosa, por la mano del hombre o por la misma naturaleza y que, no contemplo el crecimiento de la demanda, ya que esto es parte de otra tarea donde los usuarios juegan un papel preponderante.

Finalmente, me queda claro es que no debemos permanecer estáticos ante una eminente crisis hídrica en Baja California en sus distintos grados, que inicio hace algunos años y que depende de nosotros el controlarla para bien de las presentes y futuras generaciones.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Comisión Nacional del Agua a que realice de forma inmediata el reordenamiento sustentable del agua en el estado de Baja California

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputado Jesús Salvador Minor Mora (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

SE INCLUYA EN LA PRIMERA ETAPA DE VACUNACIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 A LOS PERIODISTAS, REPORTEROS, FOTÓGRAFOS Y CAMARÓGRAFOS DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la Ssa a incluir en la primera etapa de vacunación contra el SARS-Cov-2 a periodistas, reporteros, fotógrafos y camarógrafos de todos los medios de comunicación, independientes, contratados por una empresa y adscritos a oficinas de prensa de instituciones oficiales, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN

Raúl Gracia Guzmán, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Salud, a incluir en la primera etapa de vacunación del virus SARS-Cov-2 (covid-19) a los periodistas, reporteros, fotógrafos y camarógrafos de todos los medios de comunicación, tanto independientes como los contratados por una empresa y quienes trabajan en oficinas de prensa de instituciones oficiales.

Exposición de Motivos

1. El viernes 28 de febrero de 2020, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, informó en la conferencia matutina que se detectó el primer caso de covid-19 en México. De acuerdo a la información proporcionada por el subsecretario, la cual fue difundida en todos los medios de comunicación, se trató de un hombre de 35 años, residente de la Ciudad de México, quien viajó a Italia y tuvo contacto directo con una persona sospechosa de tener el virus, le hicieron una toma de muestra que dio positivo, las autoridades contactaron a la familia y en consecuencia cinco miembros fueron puestos en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

A partir de la fecha en referencia, todos los periodistas, reporteros, fotógrafos y camarógrafos de los medios de comunicación, han desempeñado un papel fundamental a lo largo de la pandemia. Su trabajo es de suma importancia para informar a la población de los riesgos, peligros y consecuencias del virus SARS-Cov-2 (covid-19), también difunden la información que los gobiernos tanto el federal como los locales quieren hacer del conocimiento de la ciudadanía.

2. La labor de los comunicadores, contribuye a develar el curso de la pandemia, favorece la construcción del antecedente histórico que dará cuenta en un futuro de cómo se vivió, qué medidas se tomaron y de qué forma se afrontó la pandemia. La tarea que han desempeñado, es vital para entender el contexto que se vive y para hacer llegar información a toda la ciudadanía de qué y cómo se debe actuar ante la propagación del covid-19.

3. A pesar de su importante contribución a la atención de la pandemia, muchos de los periodistas, reporteros, fotógrafos y camarógrafos, no cuentan con seguridad social, en algunas ocasiones se han contagiado de covid-19 y algunos han perdido la vida.

La organización suiza Press Emblem Campaign (PEC), dio a conocer a través de un comunicado de prensa de fecha 5 de enero de 2021, que, más de 600 periodistas murieron por covid-19 en diez meses en 2020. El comunicado detalla:

De los 602 periodistas que han muerto por covid-19 desde el 1 de marzo de 2020, América Latina lidera con más de la mitad de las víctimas, o 303 muertes. Le sigue Asia con 145 muertos, por delante de Europa 94, América del Norte 32 y África 28. 1

Asimismo, especifica cómo la labor de los comunicadores es de alto riesgo, se realiza en campo recabando información que se traduce en testimonios muchas veces de personas infectadas o que se encuentran expuestas al covid-19. También se puntualiza, el número de  víctimas por países:

Perú sigue siendo el país con el mayor número de muertos, con 93 trabajadores de los medios que han muerto por el coronavirus desde marzo (según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú). Brasil ocupa el segundo lugar con 55 víctimas, por delante de India (53 muertos) y México (45 muertos).

Le sigue Ecuador con 42 muertos y Bangladesh 41. Italia es el país europeo más desconsolado con 37 periodistas muertos de covid-19.

En los Estados Unidos de América (EUA), 31 víctimas de covid-19 se han contabilizado entre los medios. Pakistán viene después con 22 muertos, seguido de Turquía 17, Gran Bretaña 13, Panamá 11 y Bolivia 9 muertes.

Afganistán, República Dominicana, Nigeria y Rusia tienen 8 víctimas cada uno, seguidos de Argentina, Colombia, Honduras 7 muertes en cada país. En Nicaragua, España y Venezuela, seis periodistas han muerto en cada país. En Francia, cinco muertes de covid-19.

4. En México, la organización independiente Artículo 19 México y Centroamérica, publicó a través de su portal de internet y redes sociales el reportaje: donde se detallan las historias de periodistas que han perdido la vida, historias que deben ser contadas y difundidas. El reportaje en referencia elaborado por Melva Frutos, expone las condiciones en las cuales los periodistas, reporteros, fotógrafos y camarógrafos han laborado a lo largo de la pandemia:

Existe evidencia en las publicaciones de periodistas de todo el país, que, en medio de la pandemia, una gran cantidad de empresas, además exigir a sus empleados estar en la primera línea de cobertura sin haberles dado herramientas de protección, han aplicado recortes salariales y despidos injustificados, lo que se suma a sus ya precarias condiciones.

Para los empresarios y directivos de medios, así como de dependencias públicas, la tarea es que los reporteros, fotógrafos y camarógrafos cumplan con la cuota de artículos encomendados. Para ellos, los empleados comunicadores, el reto es sobrevivir sin el menor apoyo. 2

El artículo muestra la cifra de comunicadores fallecidos en México, con la última actualización del 18 de enero de 2021, se detalla el nombre, la fecha, el estado o municipio y el trabajo que desempeñaban los comunicadores, llegando a la preocupante cifra de 85 personas que lamentablemente perdieron la vida.

Considerandos

I. Como diputado federal, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz de quien no la tiene, para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

II. Es indispensable, incluir y considerar a los periodistas, reporteros, fotógrafos y camarógrafos de todos los medios de comunicación, tanto independientes como los contratados por una empresa y quienes trabajan en oficinas de prensa de instituciones oficiales, en la primera etapa de vacunación del virus SARS-Cov-2 (covid-19). Su trabajo es de suma importancia para crear y difundir información que puede salvar vidas.

III. Los comunicadores han desempeñado un papel de gran importancia en todo el periodo de la pandemia, nunca dejaron de trabajar y a pesar de poner en riesgo sus vidas no renunciaron a su profesión, muchos de ellos no tienen acceso a seguridad social o servicios médicos que les pueda garantizar el derecho a la salud. Es alarmante la cantidad de periodistas que han perdido la vida. El gobierno federal tiene que poner especial y pronta atención a su situación, en México era un trabajo de alto riesgo antes de la llegada de la pandemia y con la emergencia sanitaria su contexto laboral y las condiciones en las cuales se desempeñan los coloca en una posición de vulnerabilidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Salud, a incluir en la primera etapa de vacunación del virus SARS-Cov-2 (covid-19) a los periodistas, reporteros, fotógrafos y camarógrafos de todos los medios de comunicación, tanto independientes como los contratados por una empresa y quienes trabajan en oficinas de prensa de instituciones oficiales.

Notas

1 Press Emblem Campaign (PEC), Comunicado de prensa Más de 600 periodistas murieron por covid-19 en diez meses en 2020 recuperado de:

https://www.pressemblem.ch/pec-news revisión hecha el 27 de enero de 2021.

2 Frutos Melva Periodistas mexicanos ante el COVID-19 recuperado de:

https://articulo19.org/COVID-19/PERIODISTAS-MEXICANOS-ANTE-EL-CO VID-19/ revisión hecha el 27 de enero de 2021.

Fuentes consultadas

Campaign, P. E. (5 de enero de 2021). Comunicado de prensa Más de 600 periodistas murieron por covid-19 en diez meses en 2020. Obtenido de

https://www.pressemblem.ch/pec-news

Melva, F. (18 de enero de 2021). Periodistas mexicanos ante el COVID-19. Obtenido de

https://articulo19.org/covid-19/Periodistas-mexicanos-ante-el-co vid-19/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputado Raúl Gracia Guzmán (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE ENVÍEN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS LOS RECURSOS PARA EL PAGO DEL SALARIO QUE SE ADEUDA A DOCENTES DEL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP a liberar y enviar a los gobiernos locales los recursos para pagar el salario adeudado a los docentes incorporados al programa Escuelas de Tiempo Completo correspondiente al periodo septiembre-diciembre de 2020, a cargo de la diputada María Ester Alonso Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

María Ester Alonzo Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El programa escuelas de tiempo completo comenzó su operación en el año escolar 2007-2008, orientado al fortalecimiento de la educación que se enmarca en lo establecido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este programa es de cobertura nacional y pueden participar las escuelas públicas de educación básica de las 32 entidades federativas.

Las escuelas de tiempo completo, brinda un servicio educativo en los mismos 200 días lectivos que las demás escuelas, pero atiende a los alumnos durante ocho horas para ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos, poniendo énfasis en aquello niños, niñas y adolescentes que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad y que no consiguen progresar según el ritmo esperado. De esta manera, las escuelas de tiempo completo contribuyen a mejorar los resultados educativos; desarrollar y fortalecer el currículo nacional; propiciar el logro de aprendizajes con calidad en un marco de equidad y, atienden las dificultades y necesidades de todos los alumnos.

A nivel nacional son un total de 27 mil escuelas de tiempo completo, las cuales atienden a 3.6 millones de alumnos y, desde su implementación han dado resultados palpables. De acuerdo a la más reciente evaluación de impacto del programa realizada por el Coneval (https://www.coneval. org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Exploratorio_Impacto_PETC.pdf), analizó los resultados obtenidos por los alumnos en la prueba Planea respecto al aprendizaje de matemáticas y lengua, y concluyó que las escuelas integradas al programa lograron mejorar el nivel de aprendizaje y disminuir el número de estudiantes en rezago, observándose que las poblaciones vulnerables fueron las más beneficiadas.

Para lograr estos buenos resultados, se ha requerido del esfuerzo, dedicación y labor de miles de docentes en todo el territorio nacional, los cuales se han comprometido en lograr el mayor beneficio educativo y mejoramiento en el aprendizaje de millones de estudiantes. Aun con las afectaciones y cambios que ha traído la pandemia, los docentes no han dejado de atender a los alumnos de las escuelas de tiempo completo, incluso, han invertido horas adicionales a su horario laboral para que los niños, niñas y adolescentes continúen con su aprendizaje.

A pesar del esfuerzo y trabajo de estos docentes, el gobierno federal ha violentado los derechos laborales de aproximadamente 160 mil docentes de todo el país, los cuales no han percibido su salario en el periodo de septiembre a diciembre de 2020; en el caso específico de Yucatán se les ha dejado sin pago a cerca de 4 mil 700 docentes quienes a pesar de la pandemia y de la falta de pago han continuado con su labor.

El solo actor de dejar sin pago a miles de docentes que cumplen con su labor día a día es ya negligente, dejarlos sin salario en estos tiempos de pandemia es inconcebible. Ante ello, es urgente que el gobierno federal actúe y cumpla el pago que se les adeuda, dinero que estaba etiqueta en el PEF 2020.

No sólo son docentes, son padres y madres de familia que trabajan para llevar un sustento a sus hogares, son mexicanos y mexicanas que día a día cumplen con su labor y que lo único que esperan es que el gobierno federal retribuya su trabajo y esfuerzo con el salario pactado.

Por ello solicito a la Secretaria de Hacienda, a liberar con premura, los recursos necesarios para que se les realice el pago de los salarios que se adeuda a estos miles de docentes en todo el territorio nacional.

Por lo expuesto me permito someter a consideración del pleno de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público para que con la mayor brevedad libere y envíe a las entidades federativas los recursos para el pago del salario que se adeuda a las y los docentes incorporados al programa escuelas de tiempo completo de todo el territorio nacional, correspondiente al periodo de septiembre a diciembre de 2020.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Educación Pública, a gestionar con premura el recurso para el pago del salario que se adeuda a las y los docentes incorporados al programa escuelas de tiempo completo, así como a responder por el inconcebible atraso de dicho pago.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 3 de febrero de 2021.— Diputada María Ester Alonzo Morales (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

SE REVISE LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE DEL HOSPITAL GENERAL DR. GONZALO CASTAÑEDA ESCOBAR, Y SE CONTEMPLE SU CONSTRUCCIÓN A LA BREVEDAD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a revisar por el ISSSTE la situación jurídica del inmueble del hospital general Doctor Gonzalo Castañeda Escobar, y considerar su construcción inmediata, pues es una obra prioritaria de beneficio social, a cargo de la diputada María Rosete Sánchez, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada María Rosete Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta soberanía para su resolución, proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El hospital general Dr. Gonzalo Castañeda Escobar, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), fue inaugurado en 1964 para atender temas de salud relacionados únicamente con la gineco-obstetricia, llegando a contar en su infraestructura con 150 camas censables, y con los servicios de diagnóstico y tratamiento.

Este hospital pertenece a la delegación norte del ISSSTE, se encuentra ubicado en un predio propiedad del mismo instituto localizado en la avenida Manuel González 198, en la colonia Unidad Nonoalco Tlatelolco, alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

En 1976, esta unidad se transformó en hospital general y amplió sus servicios médicos para atender a un mayor número de derechohabientes, incorporando las cuatro especialidades básicas para convertirse en una unidad de segundo nivel.

Existen tres niveles de atención en salud, los cuales consisten en:

Primer nivel o atención primaria. Es el primer contacto que tiene el médico con los pacientes, y de aquí parte la canalización a otras atenciones médicas especializadas en caso de requerirse. La infraestructura con que cuenta este servicio incluye unidades médicas ambulatorias, consultorios, laboratorios y estudios de imagen. Su objetivo es trabajar en la prevención, educación, protección y detección temprana de enfermedades.

Segundo nivel. Se compone de una red de hospitales generales que dan atención a la mayoría de los padecimientos cuando es necesaria la hospitalización o atención de urgencias.

Las cuatro especialidades principales que brinda son: cirugía general, medicina interna, pediatría y gineco-obstetricia.

Tercer nivel. Integra los hospitales de alta especialidad y se atienden problemas de salud que requieren un mayor conocimiento o tecnología específica, la atención de enfermedades de alto riesgo o complejas.

Gracias a esa determinación, el hospital general Dr. Gonzalo Castañeda Escobar, pudo dar mayor cobertura a los derechohabientes, sobre todo de un área que cuenta con una importante población, como es la unidad habitacional de Tlatelolco.

Sin embargo, en 1983 suspendió sus servicios médicos para llevar a cabo obras de remodelación y de ampliación, y se programó su reapertura en 1985 pero, debido a los sismos ocurrido en la Ciudad de México en ese año, el edificio “A” sufrió severas afectaciones en su estructura, por lo que fue reabierto el siguiente año.

Las obras realizadas no fueron suficientes, ya que el espacio que ocupa no pudo extenderse ante una creciente demanda de servicios.

Desafortunadamente, la prestación de servicios en el hospital general Dr. Gonzalo Castañeda Escobar, se fue deteriorando y decayendo, y las instalaciones no cumplían con los requerimientos básicos, por lo que empezaron a ser obsoletas.

Debido a estas graves circunstancias, en 2007 se integró un grupo de trabajo en el Instituto para analizar la grave situación de este hospital, lo que dio origen a la elaboración de un Plan Maestro de Reordenamiento y Rehabilitación del Hospital con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), para la rehabilitación del edificio.

En 2008, la UAM presentó un anteproyecto de rehabilitación del edificio en general, instalaciones, estructura y movimiento de algunos espacios arquitectónicos, pero con las reservas de no poder garantizar el buen funcionamiento del hospital, debido a las malas condiciones del inmueble.

Por estas circunstancias, en 2010 la Subdirección de Obras y Contratación de la Dirección de Administración del ISSSTE, desarrolló un proyecto ejecutivo que contempló la demolición del edificio existente y la construcción de uno nuevo, mediante el esquema de obra pública.

El 15 de agosto de 2011, por solicitud del ISSSTE, la Dirección General de Prevención, adscrita a la Subsecretaría de Coordinación de Planes y Programas Preventivos de la Secretaría de Protección Civil del entonces gobierno del Distrito Federal, realizó una supervisión ocular de las instalaciones para proteger y garantizar la integridad física de las personas, usuarios y empleados ante cualquier contingencia, y concluyó lo siguiente: “La condición actual de la instalación eléctrica, el abuso en el consumo de electricidad, producto de la demanda de energía, la situación de la instalación de gas L. P., que se encuentra ahogada en pisos, los movimientos de los diferentes cuerpos del hospital, que generan “choque” entre sí, aunque imperceptibles, la carencia de mantenimiento estructural y el no contar con Programa Interno de Protección Civil actualizado, colocan al hospital en situación de riesgo inminente”.

Al respecto, la Comisión de Vigilancia del ISSSTE envió un oficio el 12 de septiembre de 2011 a la secretaría general del instituto para proponer como punto de acuerdo ante la junta directiva, el informe de suspensión de actividades y servicios del hospital general “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”, en el que se adicionaron como motivos para suspender actividades del hospital, los reportes de la dirección de Administración del ISSSTE, que señalaban que: “...el problema principal radica por el nivel freático existente en la zona, por la rotura de tuberías y por las filtraciones de agua pluvial... (esto) propicia que, de forma constante, se estén llenando las celdas de cimentación, lo que ha provocado el debilitamiento del concreto y la corrosión del acero, existiendo un riesgo inminente de que la estructura pueda colapsarse...”

Entonces, se dictaminó que el hospital, además de presentar hacinamiento de pacientes, el edificio presentaba graves daños estructurales y el espacio era insuficiente para adaptar su distribución interior y exterior, además de correr el riesgo de colapsar por las filtraciones de agua en las celdas de cimentación.

Ante estas advertencias, el hospital cerró y suspendió sus actividades el 9 de septiembre de 2011, dejándose sin atender 96 camas y 27 especialidades, y 172 médicos especialistas, 19 médicos generales, tres odontólogos y demás personal serían reubicados.

Como propuestas para sustituir este hospital, se planteó construir un nuevo hospital adjunto a la clínica de Medicina Familiar Tlalnepantla, en el estado de México; en la reserva territorial del edificio ubicado en la colonia Buenavista de la Ciudad de México; adecuar el edificio de Banobras como unidad hospitalaria, o el edificio del Hotel Plaza. Ninguna de estas propuestas fue aprobada por diversas razones técnicas, por lo que se optó por desmantelar y demoler el edificio y construir uno nuevo, con capacidad para 120 camas.

De acuerdo con información oficial, se desarrolló el proyecto ejecutivo de demolición y obra nueva del HG120 Dr. Gonzalo Castañeda, para sustituir el actual HG104, con apego en las acciones de obra indicadas en el plan de infraestructura física para la salud 2007/2012, que ratifica su prioridad como ´Indispensable´”.

Para este fin, las autoridades del ISSSTE determinaron desarrollar un proyecto de asociación público-privada, mediante un contrato de servicios de largo plazo para la demolición y construcción del nuevo hospital general, el cual fue autorizado en agosto de 2013 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con recursos presupuestales para 2014.

El 10 de agosto de 2014, la Dirección de Finanzas del ISSSTE envió el proyecto de “sustitución del hospital general Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”, señalando que el proyecto se realizaría mediante la asociación pública privada (APP), con 50 por ciento de capital privado y 50 por ciento público.

Este proyecto se licitó en septiembre de 2014 y fue adjudicado al consorcio constituido por las empresas Tradeco Infraestructura y Grupo Industrial IGSA, con una propuesta con valor de 8 mil 68 millones 663 mil 811 pesos, sin IVA, y un pago anual por 343 millones 347 mil 396 pesos, obligaciones establecidas en el contrato de fecha 17 de octubre de 2014.

El objetivo principal del proyecto era garantizar la atención de salud en segundo nivel a 990 mil 705 derechohabientes de la zona correspondiente al hospital general Dr. Gonzalo Castañeda Escobar.

Debido a que el terreno es propiedad del instituto, no se tendrían costos por la compra del terreno o pagos de derechos de expropiación.

De acuerdo con el plazo del contrato para la realización de las actividades previas y la ejecución del proyecto, se considerarían los siguientes plazos:

• Cuatro meses para la demolición del hospital actual.

• Seis meses para el desarrollo y revisión del proyecto ejecutivo.

• 14 meses para la construcción y equipamiento del nuevo hospital.

• Cuatro meses para el periodo preoperativo.

• 280 meses para la prestación de los servicios.

De esta forma, se tiene que el periodo de demolición, desarrollo del proyecto ejecutivo, la construcción y equipamiento, así como las actividades del periodo preoperativo tendrán una duración total de 28 meses (dos años y cuatro meses).

Con respecto al periodo para la prestación del servicio de 280 meses, equivale a 23 años y cuatro meses, por lo que la duración total del contrato sería de 25 años.

Debido a que es un proyecto de infraestructura social para prestar servicios públicos de atención médica, no se considerarían cobros por la prestación de la atención médica a los derechohabientes del ISSSTE.

Pero en octubre de 2015, el ISSSTE canceló el contrato de 8 mil 68 millones 663 mil 811 pesos que se firmó un año antes con Tradeco IGSA, debido a los retrasos en los trabajos de demolición del hospital donde se construiría el nuevo inmueble. Además, el ISSSTE demandó a ese consorcio el pago de la garantía de 150 millones de pesos por el incumplimiento de contrato.

Este asunto se complicó porque Tradeco subcontrató a otra empresa y hubo un entrecruzamiento de demandas legales.

El hospital general abandonado se convirtió es un foco rojo y de infección, ya que alberga a personas en situación de calle que viven bajo condiciones insalubres y precarias, además de convertirse en refugio de delincuentes.

A un costado del hospital general Dr. Gonzalo Castañeda Escobar, se encuentra el hospital general de zona número 27, que pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que sí está en operaciones.

En esas instalaciones existe gran preocupación entre el personal y los pacientes por las condiciones insalubres en que se encuentra el hospital general adjunto del ISSSTE, ya que existe el riesgo de verse afectado por fauna nociva o la delincuencia que se desplacen.

Así pues, la pérdida del hospital general Dr. Gonzalo Castañeda Escobar, generó la disminución en la oferta de los servicios médicos en su zona; se perdió una unidad médica de segundo nivel de atención en la zona norte de la Ciudad de México; se alteró la dinámica estructural y funcional de la prestación de servicios a los derechohabientes; los pacientes se ven en la necesidad de desplazarse hacia hospitales lejos de sus domicilios, lo que ocasiona hacinamiento, mayor demanda de atención y déficit de calidad; saturación de los servicios de hospitalización y urgencias; incremento en los tiempos de espera en la prestación de los servicios, entre otros.

Tras permanecer cerrado y en condición de abandono por muchos años, durante el inicio del gobierno de la cuarta transformación se planteó la urgente necesidad y demanda de rehabilitar el hospital general Dr. Gonzalo Castañeda Escobar.

Desde su campaña presidencial, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se comprometió con la salud para no solo construir hospitales, sino concluir obras y darle continuidad a proyectos abandonados, como es el caso del hospital general Dr. Gonzalo Castañeda Escobar.

Es por ello, la necesidad de exhortar al Ejecutivo federal para que se retome la construcción del nuevo hospital general Dr. Gonzalo Castañeda Escobar, en la Ciudad de México, ya que con su operación se atenderá a un mayor número de pacientes, la calidad del servicio mejorará en otros hospitales al desahogar en gran medida la saturación de citas, reducirá los tiempos de espera, favorecerá a la comunidad de esa zona, entre otros beneficios.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía sea aprobado los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se revise la situación jurídica del contrato que se firmó con el consorcio constituido por las empresas Tradeco Infraestructura y Grupo Industrial IGSA, para la construcción del nuevo hospital general Dr. Gonzalo Castañeda Escobar, a fin de evitar complicaciones legales en la continuación de la obra.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se contemple la construcción del nuevo hospital general Dr. Gonzalo Castañeda Escobar, en el mismo predio, a la brevedad, por ser una obra prioritaria de beneficio social.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 3 de febrero de 2021.— Diputada María Rosete Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a fortalecer con sus 32 homólogas locales y los ayuntamientos las normas protectoras de la salud en el transporte público mediante la entrega de gel antibacterial y cubrebocas a los conductores y establecer la capacidad máxima de las unidades para la sana distancia, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Olga Patricia Sosa Ruiz, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. La Organización Mundial de la Salud declaró en febrero del año 2020 el covid-19 como una pandemia mundial, por ello, hizo un llamado a las naciones para que adopten medidas tendientes en evitar su rápida expansión. Las características del coronavirus lo hacen un virus de fácil propagación entre las personas, razón por la cual, se detectaron velozmente brotes importados y casos autóctonos en los países aledaños al origen de la pandemia y posteriormente en los países europeos y del continente americano.

México no fue la excepción, pues, el lunes 30 de marzo del 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-Cov-2 (covid-19). 1 Desde marzo y actualmente, enero del 2021, vivimos una contingencia extraordinaria que ha ameritado diversas acciones por parte de los gobiernos y de las autoridades sanitarias.

Segundo. En dicho acuerdo, el Consejo de Salubridad estableció que la Secretaría de Salud determinó acciones necesarias para atender la pandemia por el virus SARS-Cov-2, así, se establecieron medidas sanitarias como es la suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social; reuniones no mayores a 50 personas; quedarse en casa con especial atención a las personas más vulnerables y con alguna comorbilidad, entre otras. 2

Por otro lado, se difundió y estableció el uso del cubrebocas, el lavado correcto de manos, filtros de higiene y seguridad biosanitaria para entrar a un establecimiento y un semáforo que muestra a la población mexicana el riesgo epidemiológico que existe por cada entidad federativa para saber qué actividades se pueden hacer, qué acciones se deben tomar para disminuir la movilidad y con ello, evitar la propagación del virus.

Actualmente, el semáforo epidemiológico del 18 al 31 de enero del 2021 expone 10 estados en rojo, en donde hay actividades económicas esenciales, 19 en naranja, con actividades económicas esenciales y no esenciales con el 30% del personal, 2 en amarillo con todas las actividades laborales, pero cuidando a las personas con mayor riesgo y finalmente 1 en verde que incluye todas las actividades. 

Tercero. El estado de Tamaulipas se encuentra en color naranja, es decir en riesgo alto, teniendo un total de 45,073 casos positivos y 3737 defunciones. Para el caso de Tampico, hay un registro de 7591 casos positivos y 570 defunciones. 3

Aunado lo anterior, el viernes 15 de enero de 2021, se publicó en el periódico oficial del estado un acuerdo obligatorio y de aplicación en el que determinó que se encuentran en fase II los municipios de Altamira, Ciudad Madero, El Mante, González, Güémez, Hidalgo, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Ocampo, Padilla, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso, Victoria y Xicoténcatl. Por otro lado, en fase III los municipios de Abasolo, Aldama, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Camargo, Casas, Cruillas, Gómez Farías, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Méndez, Mier, Miquihuana, Nuevo Morelos, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Tula y Villagrán. En la publicación del estado determinó el cierre de los negocios no esenciales y recortó los horarios de comercios, restaurantes y del transporte público.

Las restricciones sanitarias establecidas buscan evitar la propagación del covid-19, sin embargo, han sido intermitentes y han originado serios problemas económicos para quienes subsisten y dependen de las actividades restringidas.

En el caso particular del transporte público se redujo la capacidad del vehículo al 50%, los servicios de lunes a viernes hasta las 10: 00 p.m. y los sábados y domingos hasta las 8: 00 p.m. 4 El panorama para aquellos que dependen económicamente del transporte público es complicado porque su fuente de ingresos está viéndose impactada en relación a la proporción con el límite de horario de operación, reducción de personal de trabajo y de aforo. Ellos no cuentan con un salario fijo por lo que se convierten en un sector vulnerable en economía y salud.

En Tampico, 10 rutas de transporte público seguirán circulando en rutas alternas, ya que se limita la entrada del transporte público a ciertos puntos con la finalidad de reducir el flujo vial y la movilidad de personas.

Ante ello, propongo que a través de la subsecretaría de Transporte Público pueda apoyar al transporte con insumos que contribuyan a la protección de la salud y en su caso, puedan emitir subsidios para aminorar las afectaciones en los transportistas.

Además, ante el alza de nuevos casos y recientemente la nueva cepa de covid-19, se debe de determinar protocolos que reviertan la recisión económica a efecto de proteger la economía de las personas que dependan del transporte público, al mismo tiempo, se deben cumplir con los protocolos sanitarios para operadores y para usuarios.

Cuarto. Habiendo escrito lo anterior, con esta proposición con punto de acuerdo se estima que los órganos de gobierno local y federal puntualicen acciones tendientes a la incorporación de manera escalonada en el transporte público para que sea una herramienta con el objetivo de lograr salvaguardar la economía de las familias que dependan y laboren en ese grupo, así como poder evitar que las unidades de transporte público puedan ser espacios de contagio del virus SARS-Cov-2.

Bajo el mismo criterio, se busca que se establezcan protocolos para que los operadores y usuarios del transporte público cumplan con las medidas sanitarias con el fin de reducir la propagación del covid-19.

Es por lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a las soberanías, exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal para que en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas y con los gobiernos municipales puedan fortalecer las medidas de protección de la salud en las unidades de transporte público a través de la entrega de gel antibacterial y cubrebocas a los conductores y establecer la capacidad máxima del transporte público para mantener la sana distancia.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a las soberanías, exhorta respetuosamente, a la Subsecretaría de Transporte Público del Estado de Tamaulipas, para que, en el uso de sus atribuciones establezca protocolos de operación para el transporte público como son horarios escalonados, capacidad máxima de transporte para guardar las medidas sanitarias y en su caso, emitir subsidios para los conductores que han visto disminuido sus ingresos durante la contingencia sanitaria por covid-19.

Notas

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha= 30/03/2020

2 https://coronavirus.gob.mx/medidas-de-seguridad-sanitaria/

3 https://coronavirus.tamaulipas.gob.mx/situacion-geografica-del-coronavirus/

4 https://po.tamaulipas.gob.mx/archivo/?mes=1&a%C3%B1o=2021

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE MICHOACÁN, A FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE SEGURIDAD PARA DETENER LA VIOLENCIA

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno michoacano a fortalecer las estrategias del plan de seguridad estatal para detener la violencia, incrementada en los últimos meses, a cargo de la diputada Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Federal Anita Sánchez Castro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 2020 fue el mayor año de violencia de la historia reciente en el Estado de Michoacán de Ocampo.

El documento “Victimas del Fuero Común 2020” publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, enumera que la cifra total de personas que perdieron la vida por homicidio en Michoacán fue 3 mil 491 en el 2020, de los que 2 mil 433 corresponden a víctimas de homicidio doloso, mientras que 1 mil 058 radican en el homicidio culposo, también conocido comúnmente como “homicidio imprudencial”.

En cuanto a homicidio doloso, el repunte es de un 15 por ciento respecto al año anterior y en cifras duras implica un aumento de 384 casos.

Se detalló que más de un 80 por ciento de los homicidios dolosos fueron ejecutados con arma de fuego, mientras que el 20 por ciento restante corresponden a cometidos con arma blanca.

El mismo documento también precisa que en Michoacán se registraron 23 feminicidios a lo largo del 2020, en contraste con los 13 hechos tipificados así en 2019.

Ahora que ya inició el 2021, en el estado se incrementó aún más la violencia; sólo en la primera semana de enero 30 personas fueron asesinadas, a pesar del operativo de seguridad que el gobierno estatal había lanzado a finales de 2020.

Durante los primeros 5 días del año, 1 la violencia generalizada y asesinato como máximo exponente de la inseguridad superaron la tendencia de meses pasados.

Al 8 de enero de 2021, ya había 30 carpetas de investigación por este delito, pese a las declaraciones del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, de que se están fortaleciendo las acciones para acabar con la inseguridad.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, Israel Patrón Reyes, declaró que este análisis es prematuro ya que se tienen que analizar los datos de todo el mes de enero para considerar un incremento.

Las cifras computadas a finales de 2020 en materia de homicidios revelan incremento respecto a otros años. De enero a noviembre de 2020 en Michoacán se han abierto mil 802 carpetas de investigación por homicidio, mientras que, en 2015, se registraron 777, es decir en cinco años los casos casi se triplicaron, de acuerdo con las cifras oficiales, por lo que una cifra atípica en nuestra entidad sería que el asesinato fuera a la baja y no viceversa, como apunta el titular de la SSP.

La realidad es que las estrategias establecidas por el gobierno de Michoacán has fracasado y se puede comprobar con las cifras que presentan las ciudades de Morelia, Zamora, Jacona y Uruapan, en donde se concentraron el 70 por ciento de los casos de homicidios dolosos.

Iniciando el año, el 8 de enero de 2021, 2 el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que en Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Colima se disparó la violencia debido a la acción del crimen organizado, a la par del incremento de homicidios dolosos.

En su gira por Michoacán, en donde inauguró un cuartel de la Guardia Nacional en Maravatío, AMLO señaló en los últimos días se han registrado más enfrentamientos y se ha desbordado más la incidencia delictiva”.

El 15 de enero de 2021, 3 fueron encontrados 8 cadáveres en un canal de aguas negras del municipio de Álvaro Obregón. La Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen encontró los cuerpos de una mujer y siete hombres cuya edad oscilaba entre los 25 y 45 años.

En otra jornada de violencia durante el 17 y 18 de enero fueron hallados los cadáveres de nueve víctimas más en la comunidad indígena de Donaciano Ojeda, en el municipio de Zitácuaro. Algunos de los cuerpos estaban atados a un árbol, reportó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán. Indicios señalan que fueron ultimados en distintos puntos de la región mazahua; versiones preliminares hablan de un presunto enfrentamiento por disputas por los límites de tierras con vecinos de las comunidades de Francisco Serrato y Crescencio Morales.

Michoacán ocupó en el 2020 el sexto lugar del país en homicidios dolosos, pero ahora en 2021 escaló al segundo lugar, sólo detrás de Guanajuato, señaló Ricardo Mejía, Subsecretario de Seguridad Pública, en la mañanera del 20 de enero de 2021.

El Subsecretario señaló que en los primeros 20 días de enero, Michoacán ya acumula 125 homicidios, lo que coloca al estado como el segundo con más asesinatos, y presentó el cuadro siguiente:

El gobernador Silvano Aureoles atribuyó este incremento a la violencia que desatan los grupos criminales en su disputa por el control de territorio para la venta de drogas.

También dijo que la violencia e inseguridad son una problemática social relacionada con el crecimiento de las adicciones, pues de los homicidios registrados, 80 por ciento de las víctimas dan positivo a drogas.

Entre los homicidios perpetrados en lo que va de enero está el de un exalcalde de Aquila y su hijo de 18 años, el pasado 5 de enero, o un triple homicidio en Cotija el 16 de enero.

Cuerpos calnados, decapitados y desmembrados cierran la cuenta de hechos de extrema violencia perpetrados en lo que va del mes.

En el ámbito nacional, de los 2 mil 465 municipios de México, 15 concentran el 27.5 por ciento de los delitos de homicidio doloso cometidos en los últimos dos años, y entre ellos está Morelia, que se coloca en la decimotercera posición.

Con 629 homicidios registrados entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020, Morelia está por detrás de municipios como Celaya, Irapuato o Chihuahua en la incidencia de homicidios.

Gráfica del 16 de diciembre de 2020.

Es sumamente urgente que el gobierno estatal revise y coordine de nuevo las estrategias que presentaron para reducir la inseguridad en diciembre de 2020, y que podemos concluir con los hechos, que no están dando los resultados esperados.

Por lo anteriormente señalado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo, con carácter de urgente y de obvia resolución, como sigue:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo estatal de Michoacán de Ocampo, a que fortalezca las estrategias del Plan de Seguridad Estatal para detener la violencia que se ha incrementado indiscriminadamente en los últimos tres meses.

Notas

1 La Voz de Michoacán, Arturo Molina, “Sigue espiral de violencia en Michoacán: 2021 inicia con más asesinatos que otros años” 8 enero 2021. 7: 00 horas

2 Por: Sun, 8 de enero de 2021 - 16: 12

3 La Voz de Michoacán, 20 enero 2021. 13: 18 horas

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero del 2021.— Diputada Anita Sánchez Castro (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

EXHORTO A QUE EL TURISMO SEA CONSIDERADO UN SECTOR PRIORITARIO EN LA ECONOMÍA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y la SHCP a considerar el turismo sector prioritario en la economía, a cargo del diputado Sergio Fernando Ascencio Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Sergio Fernando Ascencio Barba, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II; y numeral 2, fracción I, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

En la actualidad, el mundo está pasando por una de las peores crisis sanitarias y económicas de las que se tenga memoria en los últimos 100 años. El virus denominado SARS-Cov-2 provoca la enfermedad del covid-19, este virus tiene un alto nivel de propagación, inicio en la provincia de Hubei en la ciudad de Wuhan China, a finales de diciembre de 2019. El virus se fue propagando de manera exponencial, hasta afectar seriamente a todos los países a nivel mundial.

Al día de hoy (28 de enero del 2021), el covid-19 ha causado la infección de 101 millones 371 mil 256 personas infectadas y la muerte de 2 millones 187 mil 659 personas en el mundo. 1

Al mismo tiempo, en México la situación es preocupante y dramática, ya que, la enfermedad se encuentra en la fase más crítica con 1 millón, 806 mil 849 personas infectadas y 156 mil 639 decesos, 2 esta emergencia sanitaria ha tenido efectos que ya son visibles en la salud de la población y fuertes impactos en la economía del país.

Uno de los sectores más impactados es el turismo, donde los viajes y todo tipo de actividades afines han tenido que ser suspendidas o moderadas, afectando a hoteles, agencias de viaje, prestadores de servicios de todos los tamaños y, por supuesto, a los viajeros.

El turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos con mayor crecimiento a nivel mundial y su evolución, en las últimas décadas, ha sido caracterizada por su continua expansión y diversificación, llegándose a convertir en la actividad económica más importante del mundo. Su expansión y crecimiento ha hecho que muchos países entre ellos México, han reconocido en las últimas décadas los beneficios que puede aportar a la economía y al desarrollo nacional, sintetizados en los 17 objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), de la Agenda 2030 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 3

En la última década (del 2009 al 2019), el crecimiento del turismo ha sido exorbitante ya que se han incrementado en un 69 por ciento los turistas internacionales.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de Turismo (OMT), el turismo mundial cerró en el año 2019, con mil 500 millones de llegadas de turistas internacionales, un 4 por ciento más que en el año 2018. 4

Durante el año 2018 el turismo internacional generó 5 mil millones de dólares al día, según reveló la OMT en el informe “Panorama de Turismo Internacional”, cifra que obtuvo al sumar los ingresos por turismo extranjero en cada país y el coste del transporte de los pasajeros. 5

Es importante destacar que, la actividad turística representa el 10.4 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial. El PIB del planeta suma poco más de 80.7 billones de dólares, de los cuales el PIB turístico participa con 8.4 billones de dólares; casi dos veces todo el PIB de Japón o el PIB de Francia y Alemania juntas, así como 8 veces el PIB de México. 6 Asimismo, se encarga de generar 1 de cada 10 empleos, poco más de 313 millones de empleos directos, más los indirectos. En este sentido, casi 800 millones de trabajadores dependen de esta actividad.

México se encuentra entre los 10 países de viaje preferidos por los turistas. Durante el año 2019, llegaron 45 millones 23 mil 665 turistas internacionales, dejando una derrama económica de 24 mil 562.6 millones de dólares, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), además de que el sector turismo representa el 8.7 por ciento del PIB de México y genero 2.3 millones de puestos de trabajo.

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y el Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac (Cicotur), publicaron un documento en el que expresan lo siguiente: 7

Nuestro país cuenta con más de 400 municipios de vocación turística, incluyendo las localidades de los 132 Pueblos Mágicos (11 de reciente creación), 35 sitios patrimonio de la humanidad y lugares de sol y playa en todos los litorales de México que suman más de 11 mil 100 km. 8 Por ello es que este sector representa mucha importancia para nuestro país y, por ende, debería considerarse un sector prioritario.

Incluso esto fue considerado el pasado 9 de junio de 2020 por el secretario de Turismo, Miguel Torruco, quien en una reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), señaló, estando presente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que el turismo sea considerado como una actividad económica esencial y prioritaria. 9 Por lo que desde los altos representantes de este sector, han hecho presente su preocupación por darle la importancia necesaria y hacer del turismo, un sector prioritario para la economía de nuestro país.

Así mismo, el secretario de la Sectur argumentó en dicha reunión, que el PIB turístico participa con el casi 9.0 por ciento del PIB, genera alrededor de 11 millones de empleos directos e indirectos. En el 2019 genero casi 24.6 miles de millones de dólares del turismo internacional, con poco más de 45 millones de turistas internacionales y un superávit de 14.7 miles de millones de dólares. De esta actividad dependen más de 30 mil familias, lo que no sólo significa un sector importante que genera ingresos para la economía mexicana, sino que además es el sostén económico de muchas familias mexicanas.

Entre los principales destinos turísticos de nuestro país están los siguientes: 10

Baja California Sur: Cabo San Lucas, San José del Cabo y La Paz

Quintana Roo: Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum, Riviera Maya, Isla Mujeres e Isla Holbox

Ciudad de México

Jalisco: Guadalajara, Puerto Vallarta, Chapala y Ajijic

Nayarit: Riviera Nayarit, Punta Mita, Nuevo Vallarta, Santa Maria del Oro y Xalisco

Guanajuato: Guanajuato y San Miguel de Allende

Yucatán: Chichen Itzá, Mérida, Uxmal y Valladolid

Puebla: Ciudad de Puebla

Chiapas: Palenque, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez

Baja California: Ensenada, Rosarito y Tijuana

Oaxaca: Ciudad de Oaxaca y Huatulco

Campeche: Ciudad de Campeche

Querétaro: Santiago de Querétaro

Coahuila: Piedras Negras y Ciudad Acuna

Los principales destinos turísticos de México  como Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta y Ciudad de México, quedaron exentos de la máxima alerta de viaje que realizó Estados Unidos. Estos cinco destinos representan 80% de los viajes de turistas extranjeros a México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (SECTUR).

Cabe destacar que México cuenta con una gran riqueza cultural y natural turística que también aporta a que nuestro país sea un centro de destino importante, reflejando desde los bellos paisajes naturales hasta los grandes centros culturales que reflejan nuestra historia.

De los principales destinos turísticos naturales que más concurridos son, se encuentran los siguientes:

• Santuario Mariposa Monarca (Michoacán): La Mariposa Monarca (Danaus plexippus) es conocida y admirada por realizar una fantástica migración (la más larga que cualquier insecto pueda efectuar en un año); viaja casi 5,000 kilómetros desde la zona sur de Canadá y el norte de Estados Unidos hasta sus áreas de invernación en los bosques de pino y oyamel del Estado de México y Michoacán.

• Pantanos de Centla (Tabasco): Es el humedal más extenso de Norteamérica. Esta Reserva, con más de 500 especies de plantas, es un importante museo vivo de flora y fauna acuática. Posee 302,706 hectáreas en las que se protegen extensos territorios bajos e inundables, con incontables lagunas y los deltas de los ríos Grijalva y Usumacinta.

• Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro: Se considera el segundo mayor atolón del planeta con 70 kilómetros de largo por 25 de ancho; semeja un cinturón coralino oval, que en su interior alberga una enorme laguna poco profunda y forma parte de la segunda barrera arrecifal más grande del mundo. Por encontrarse en mitad del océano, posee las formaciones coralinas mejor conservadas de México, con sólo tres islas: Cayo Norte, Cayo Centro y Cayo Lobos, que son habitadas temporalmente por pescadores.

• Valle de los Cirios (Península de Baja California): Es hermoso e imponente por su extensión y fisonomía, donde la planta endémica, que la da nombre al área, el cirio (Fouquieria  columnaris) se ve por doquier, en todos los tamaños, pero los que más impresionan son los que llegan a medir hasta 20 metros. Un paisaje al que no estamos acostumbrados a ver en el seco y semicálido ambiente del centro de la Península de Baja California

• Las islas Rasa y Tiburón (Mar de Cortés): Su belleza es inigualable, pero su importancia radica en que son refugio y hogar de numerosas poblaciones de aves. El Mar de Cortés posee cerca de 900 islas e islotes, de las cuales 244 son más grandes e importantes. Tiburón es la mayor de México (administrativamente pertenece al estado de Sonora) y Rasa se destaca porque en ella anida 95 por ciento de la población mundial del charrán elegante y la gaviota ploma.

• Sótano de las Golondrinas (San Luis Potosí): Se trata del abismo natural más espectacular de México. El Sótano es una oquedad vertical de origen kárstico, formada por la erosión del agua durante millones de años en este suelo calizo. La abertura es de 60 metros de diámetro y de ahí baja hasta 512 metros de profundidad, de los cuales 376 son de una sola caída vertical, y llega al fondo que tiene un diámetro de casi 300 metros. El lugar destaca por ser refugio natural de varias especies de aves, principalmente de vencejos (Apus apus), que son confundidos con golondrinas (de ahí su nombre); también habitan loros o cotorras de cueva (Aratinga holochlora) y murciélagos. Ambas especies crean un bello espectáculo con su salida en espiral al amanecer y entrada al anochecer.

Por mencionar algunos pero también se encuentran muchos destinos turísticos de esta índole, como los Prismas Basálticos de Hidalgo, las Barrancas del Cobre en Chihuahua y una infinidad de cascadas, volcanes y cenotes desde el norte hasta el sur de nuestro país.

Por su parte, los estados que más destinos turísticos culturales ofrecen, se encuentran Guadalajara, Michoacán, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo, debido a los hermosos centros con arquitectura del siglo XVIII, así como las diversas muestras de las culturas prehispánicas mexicanas expresadas en centros ceremoniales o pirámides.

Lamentablemente, las estimaciones de la Organización Mundial del Turismo establecen que durante 2020, en el peor escenario, la contracción en el flujo turístico mundial fue de hasta el 78 por ciento en el año. Esto significaría una pérdida de más de mil millones de viajes internacionales, más de 1.2 billones de dólares y la puesta en riesgo de entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo.

La reducción estimada en el consumo turístico para 2020 en México es de 1.6 billones de pesos, esto es una contracción estimada en 49.3 por ciento con relación al año previo. Dicha cantidad es equivalente al 25 por ciento de todo el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020.

El PIB Turístico se redujo a una participación estimada en el PIB nacional de 4.9 por ciento, siendo que en 2018 la participación fue del 8.7 por ciento. De esta manera, la caída en el PIB Turístico, por sí solo, trajo como consecuencia una reducción de 3.7 puntos del PIB nacional en 2020. Es decir, en un entorno en que las estimaciones de reducción del PIB nacional se encuentran alrededor del 7.0 por ciento, la mayor parte de la contracción se explicaría por el derrumbe del sector turístico.

Se estimó una pérdida del 27 por ciento del empleo turístico, es decir, poco más de un millón de personas perdieron su empleo derivado de la contingencia.

Así mismo la revista Forbes, en un artículo que publicó, señaló que de acuerdo con Cicotur, la suspensión de actividades por las medidas de distanciamiento para prevenir contagios de covid-19, causaron pérdidas diarias en el turismo nacional por 4 mil 100 millones de dólares durante buena parte de 2020, las cuales se pueden traducir en la reducción del consumo turístico a casi la mitad en comparación con 2019.

Además, destaca que la recaudación del gobierno al sector turístico será menor en 101.5 mil millones de pesos, por menores ingresos de ISR, IVA y Derechos de No Residentes (DNR). 11

Durante el mes de abril de 2020, la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo por sus siglas en inglés), estimó pérdidas de la industria internacional en 252 mil millones de dólares, con niveles de reservaciones al 50 por ciento en marzo y abril y mayo al 40 por ciento. Además de haberse cancelado más de 2 millones de vuelos hasta el mes de junio, como consecuencia de la pandemia originada por el SARS Cov-2, siendo difícil imaginar que las líneas aéreas mexicanas sean capaces de enfrentar sus compromisos, financieros y de otras índoles, en un entorno en el que el Turismo representa una parte fundamental. 12

A principios del mes de junio del año 2020, ya con varios meses de contingencia, La Asociación Internacional de Transporte Aéreo asegura que las aerolíneas perdieron 84 mil 300 millones de dólares en 2020, lo que supone una caída del beneficio neto del 20,1 por ciento, mientras que los ingresos caerán un 50 por ciento, hasta los 419 mil millones de dólares. En 2021, se espera que las pérdidas se reduzcan en 15 mil 800 millones de dólares, a medida que los ingresos aumenten hasta los 598 mil millones de dólares. 13

“Financieramente, el año 2020 fue el peor año en la historia de la aviación”, asegura Alexandre de Juniac, director general y CEO de IATA. “Según una estimación de 2 mil 200 millones de pasajeros este año, las aerolíneas perdieron 37,5 dólares por pasajero. Es por eso que el alivio financiero de los gobiernos fue y sigue siendo crucial a medida que las aerolíneas gastan efectivo”, explica Juniac. Hay indicios de que el tráfico está mejorando lentamente. No obstante, se espera que los niveles de tráfico en 2020 disminuyeron en un 54,7 por ciento en comparación con 2019. El número de pasajeros se redujo a la mitad, hasta los 2 mil 250 millones, aproximadamente igual a los niveles de 2006. Sin embargo, la capacidad no puede ajustarse lo suficientemente rápido con una disminución del 40,4 por ciento esperada para el año. 14

La IATA estima que los ingresos por pasajeros cayeron un 18 por ciento en el año 2020, lo que contribuye a una disminución de 241 mil millones de dólares. Por su parte, la carga trajo cierto alivio con un incremento de precios del 30 por ciento.

Ante tal panorama, diversas entidades federativas pusieron en marcha medidas fiscales para mitigar el impacto en el sector a través del impuesto al hospedaje, que representa una fuente de ingresos propios para los gobiernos estatales y la mayor fuente de financiamiento de promoción e infraestructura turística en los estados. Es el caso de Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca y Puebla, quienes subsidiarán el impuesto sobre hospedaje; mientras que Coahuila, Colima, Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala, diferirán el pago de este impuesto.

Además, para reducir el impacto de la contingencia sanitaria, 18 gobernadores, secretarios de Turismo estatales y empresarios conformaron la Alianza Nacional Emergente por el Turismo a través de la cual pidieron campañas de promoción, mercadotecnia, relaciones públicas, así como implementar una apertura económica turística responsable.

Cabe mencionar que para México son igual de importantes el turismo internacional y el turismo nacional, ahora bien, durante al año 2018, el turismo internacional generó 22 mil 510 millones de dólares y su balanza es superavitaria fue de más de 11 mil millones de dólares, es importante resaltar estos datos ya que, en términos de la balanza comercial de mercancías cuyo déficit es de más de 13 mil millones de dólares y la cuenta corriente de la balanza de pagos superó los 21 mil millones de dólares, el alto superávit del turismo da mucha tranquilidad a la estabilidad financiera de nuestro país. 15

En este sentido hay dos segmentos de la actividad turística que se caracterizan por su amplio dinamismo y crecimiento en México, uno corresponde al turismo de salud y el otro al turismo de reuniones. Cada año, miles de personas salen de los Estados Unidos, Canadá y países de Europa en busca de tratamientos médicos especializados, cuyos costos suelen ser muy altos en sus países de origen. En los últimos dos lustros México se ha colocado como uno de los países preferidos por las personas que demandan estos y otros segmentos del turismo. Su crecimiento es y sigue siendo muy importante. Esto se ha logrado gracias a que nuestro país cuenta con una larga tradición en la formación de profesionales de la medicina y de instituciones de salud. 16

Sin embargo en esta época de transición epidemiológica con enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, trasplantes, cáncer, traumatologías, entre otras, los tratamientos cada vez son más frecuentes y costosos.

Otros tratamientos como odontológicos, oftalmológicos, ortopédicos, cosméticos también muestran su tendencia al alza. El reto es como hacer frente a toda esta demanda, con la oferta que actualmente tenemos en México. Las proyecciones más recientes indican que en el corto plazo el Turismo Médico representará entre 3 y 4 por ciento de la población mundial que realizará viajes internacionales para recibir tratamientos relacionados con la salud. 17

Otro segmento muy importante de la actividad turística es el que se denomina de reuniones y/o negocios. Este segmento el turismo de negocios va encaminado a la línea del turismo de eventos, ya que  lleva a cabo la organización de congresos y convenciones. Esta tipología de turismo, también es conocida como MICE (por sus siglas en ingles Meeting, Incentives, Congresses y Exhibitions).

La Industria de Reuniones, de acuerdo con el secretario de Turismo, Miguel Torruco, tiene una especial relevancia para México. Se estima una derrama anual es de alrededor de 25 mil millones de dólares, equivalentes a casi 2 puntos porcentuales del PIB total. Se estima que el Turismo de Reuniones genera más de un millón de empleos y ocupa 29 millones de cuartos-noche al año, cifra que representa el 21 por ciento de los cuartos-noche ocupados en la República Mexicana, dijo el secretario. 18

Hoy en día se comienza a hablar de un regreso a las actividades, se avizora que habrá una recuperación parcial de la actividad con limitaciones de aforo en restaurantes, aviones, hoteles, prohibición de congresos masivos de empresas, cierres de fronteras o limitación de viajes desde ciertos países.

México es de los países con una de las mejores perspectivas de desarrollo en el siglo XXI, gracias al desarrollo de sectores altamente competitivos que constituyen importantes motores de crecimiento económico, además es reconocido mundialmente por la apertura comercial, posición geográfica y factores demográficos positivos, también gozamos de un envidiable acervo cultural, variedades de ecosistemas y un clima generoso.

La actividad turística incide directamente en el dinamismo de otros sectores como lo es la construcción, el transporte, las telecomunicaciones y todos los bienes y servicios que demandan los turistas durante sus viajes, siendo esta una de las principales razones por las cuales ha cobrado gran relevancia y trascendencia no solo en México, sino que también a nivel global. 19

En los últimos años el turismo ha experimentado un continuo crecimiento, por lo que se ha convertido en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez ya que, guarda una estrecha relación con el desarrollo de las comunidades, convirtiéndose en un motor clave de progreso económico.

Sin embargo, a causa de la crisis económica por la que estamos pasando es casi imposible solventar los gastos que eroga el sector, por lo que se debe generar estabilidad, pero sobre todo prioridad del sector y considerarlo como sector prioritario de la economía; para que los mexicanos que dependen de ellas puedan conservar sus empleos. Para lograrlo es importante considerar que, a diferencia de crisis anteriores, esta es una crisis global, y todos los países con destinos turísticos competirán por el mercado.

Como se expresa anteriormente, existen varios elementos del turismo que se encuentran en peligro por lo que es necesario incrementar el financiamiento para la recuperación económica de un país como México que enfrentará un largo periodo de reducidas tasas de crecimiento, creciente desempleo y una estructura turística paralizada por la crisis de covid-19, que se refleja en los crecientes niveles de déficit de la cuenta corriente, tasa de interés doméstica por encima de sus contrapartes internacionales y tipos de cambios sobrevaluados; los cuales, a su vez, limitan el mercado interno.

Tenemos que el principal reto que afronta el sector turismo es la caída de la actividad y por tanto la falta de financiamiento, no obstante, se agrega un elemento a la crisis y es que, las cancelaciones se extendieron a la par del covid-19.

Ante la crítica situación de los establecimientos cerrados, y falta de ingresos por inexistencia de actividad turística, si a ello se le agrega la obligación de las empresas de efectuar desembolsos de dinero por el aluvión de cancelaciones, la situación claramente se vuelve imposible de sobrellevar para muchas de ellas.

Debido a la declaración de emergencia sanitaria y todo lo que conlleva, tenemos una suspensión de actividades económicas del sector turístico que deja sin ingresos a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Se tiene que seguir haciendo frente a los pagos, pero con un futuro incierto que puede producir problemas de liquidez o no tener dinero para hacerles frente. En función de la duración de la suspensión de actividades puede derivar en destrucción del tejido productivo y quiebras. Es por ello la urgencia y necesidad de ayudar de forma masiva la liquidez suficiente para que puedan soportar en esa situación y ayudar en la mediación entre empresas y consumidores como una medida de defensa del turismo como motor de la actividad económica. Sin el turismo, el nivel de prosperidad económica se verá altamente afectado.

Los presupuestos aprobados por la Cámara de Diputados en el Ramo 21 Turismo han venido a la baja desde el 2015. En términos reales, se observa un comportamiento positivo hasta el 2013. En el 2016 se observa una fuerte caída de 30.5 por ciento. En el 2017 de 27 por ciento y en 2018 de 7 por ciento. Valores nominales (corrientes) también se observan estas disminuciones. Para el 2018 el presupuesto del Ramo 21 Turismo es semejante el aprobado en el 2010. Sin embargo, este presupuesto apenas representa no más del 0.20 por ciento del presupuesto programable, aunque en el 2018 se ubicó en 0.10 por ciento.

Es importante señalar la importancia de este sector tan noble, que aporta a la economía mexicana en términos de producto interno bruto (PIB) el 8.7 por ciento en promedio. Esto quiere decir que el turismo genera poco menos de 2 billones de pesos, además de ser el sector que ocupa el tercer lugar en generación de divisas, solo superado por la inversión extranjera directa y las remesas. Lo anterior es importante señalarlo porque es el sector de mayor productividad de la economía nacional en términos de peso erogado.

Este sector en el 2010, por cada peso del aprobado generó arriba de 200 pesos. Todavía más, en el 2017 la cantidad por peso invertido (o gastado o ambos) la cantidad resultante fue de 438 pesos; se estima que para el 2018 llegue a casi 490 pesos. Esto quiere decir que pese muchas veces al poco reconocimiento que se hace al Turismo, el esfuerzo, trabajo y productividad de este sector sale a flote. Es importante tenerlo presente y tener argumentos sólidos y datos para estar en condiciones objetivas a la hora de defenderlo.

En términos de participación, el turismo representa entre el 8.5 por ciento y el 9 por ciento, como se muestra a continuación, por lo que podemos comprender que el turismo es un sector importante.

*Estimado

**Inegi Tercer Trimestre PIB

***Se proyecta una participación de 9 por ciento del PIB para 2019

****Criterios Generales de Política Económica 2019.

Como se ha expresado anteriormente, la presencia del sector turístico muestra una gran representación, de tal modo que en cada peso invertido se obtiene una ganancia del 250 por ciento como se muestra a continuación.

En 2019, se había designado 8 mil 785 millones de pesos para el turismo pero para 2020 se designó tan sólo 5 mil 034 millones de pesos; por lo que se había quitado un total de 3 mil 751 millones de pesos, 20 esto quizás un lamentable error que nos ha llevado a comprender porque hoy el turismo se encuentra en una terrible crisis económica.

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, se busca proteger al sector turismo con la intención de minimizar el impacto ante la presente crisis económica por la pandemia a causa del covid-19, de tal suerte que el sector turismo sea considerado como una prioridad para la futura recuperación económica del país. Es por ello que se busca incon-dicionalmente que el sector turístico se reconozca como un sector prioritario de la economía mexicana, con la finalidad de contribuir, con la recuperación económica futura.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, para que el turismo sea considerado como y una actividad económica esencial y prioritaria en la República Mexicana.

Notas

1 https://news.google.com/covid19/map?hl=es419&gl=US&ceid=US: es-419

2 https://news.google.com/covid19/map?hl=es419&gl=US&ceid=US% 3Aes-419&mid=%2Fm%2F0b90_r

3 https://www.unwto.org/es/turismo-agenda-2030

4 https://www.dinero.com/economia/articulo/cuales-son-las-cifras-del-turismo-mund ial/280881

5 Idem.

6 http://www.nexotur.com/noticia/101605/NEXOTUR/El-Turismo-representa-el-104-del- PIB-mundial.html

7 https://www.anahuac.mx/mexico/cicotur/sites/default/files/2020-05/Doc14_Cicotur _Estimacion_afectaciones_turismo__mexicano_Covid19.pdf

8 https://www.paratodomexico.com/geografia-de-mexico/litorales-de-mexico

9 https://www.gob.mx/segob/prensa/analiza-el-gobierno-federal-declarar-al-turismo -actividad-esencial?idiom=es

10 https://www.forbes.com.mx/principales-destinos-turisticos-de-mexico-exentos-de- alerta-de-viaje/

11 Idem.

12 https://www.iata.org/contentassets/a686ff624550453e8bf0c9b3f7f0 ab26/2020-04-13-mexico-sp.pdf

13 https://actualidadaeroespacial.com/las-perdidas-del-sector-aereo-superaran-los- 84-000-millones-de-dolares-en-2020/

14 Idem.

15 https://www.anahuac.mx/mexico/EscuelasyFacultades/turismo/ noticias/se-presenta-propuesta-de-politica-turistica-para-el-nuevo-gobierno

16 http://www.aept.org/archivos/documentos/ostelea_informe_medico.pdf

17 Idem.

18 https://revistas.elpoli.edu.co/index.php/int/article/view/786

19 https://www.revistacomercioexterior.com/articulo.php?id=113&t= el-turismo-como-motor-de-crecimientoeconomico

20 https://www.forbes.com.mx/el-gobierno-destinara-42-menospresu-puesto-al-turismo -en-2020/

Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputado Sergio Fernando Ascencio Barba (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

EXHORTO A PUBLICAR Y REVISAR LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LA CONSTRUCTORA CM DEL GOLFO SA DE CV PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS Y MATERIAL HOSPITALARIO EN TABASCO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al ISSET y el IMSS de Tabasco a hacer públicos los contratos celebrados con CM del Golfo, S.A. de C.V., para adquirir medicinas y material hospitalario; y a las autoridades correspondientes, a revisarlos a efecto de detectar la incidencia de corrupción o influyentismo, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Soraya Pérez Munguía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que el 29 de enero de 2020, un reportaje del medio Latinusreveló que el gobierno local, a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), adquirió material hospitalario y medicinas por más de 110 millones de pesos a través de contratos celebrados con la constructora CM del Golfo, S.A. de C.V., propiedad de José Rubén Ferrer del Río, primo del director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer. 1

Según lo reportado, dichos contratos fueron otorgados por adjudicación directa, por lo que no fueron sometidos a concurso o licitación, y firmados por el titular del ISSET, Fernado Enrique Mayans Canabal, y José Rubén Ferrer del Río.

Específicamente, la investigación realizada por Latinusreveló que entre abril y octubre de 2020, el ISSET adjudicó a la empresa referida 7 contratos, por un total de 48 milllones de pesos, en los que se incluyen más de 90 mil batas quirúrgicas, 57 mil cubrebocas, 12 mil overoles desechables, sábanas, guantes, caretas, termómetros y medicamentos.

Asimismo, el medio señaló que, por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social delegación Tabasco hizo la entrega directa de 23 contratos a CM del Golfo, S.A. de C.V., con un monto de 15 millones de pesos, en los cuales se incluyeron la dotación de insumos similares a los entregados al ISSET.

Finalmente, se destacó que, en la mayoría de los casos, no hubo testigos en la firma de dichos contratos y que, a su vez, estos se autorizaron de forma rápida, pues sólo duraron de entre 15 y 30 minutos en ser aprobados.

Segunda. Que el gobernador, Adán Augusto López Hernández, señaló que su gobierno, y particularmente la Secretaría de Salud, no ha celebrado ningún contrato con la empresa CM del Golfo, S.A. de C.V., para adquirir medicamentos o equipo médico, precisando que el ISSET es un organismo desconcentrado con personalidad jurídica y patrimonio propio. 2

No obstante, según el artículo 13 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco es un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Planeación y Finanzas; misma que depende de la administración estatal. 3

Tercera. Que el 13 de junio de 2019, en el marco de su conferencia de prensa, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio la instrucción a los secretarios del gobierno federal, a los directores de empresas y de organismos paraestatales y a los servidores públicos en general de “no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentísimo, el amiguismo o el nepotismo”, señalando que bajo ninguna circunstancia miembros de sus familias podían hacer gestiones, trámites o llevar a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados. 4

En consecuencia, resulta de vital importancia contar con la totalidad de contratos que fueron adjudicados, tanto por el ISSET como por el IMSS delegación Tabasco a la empresa CM del Golfo, S.A. de C.V., en aras de corroborar que los funcionarios responsables se han atenido a la instrucción de no permitir la corrupción o el influyentísimo realizada por el presidente.

Cuarta. Que el artículo 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco establece que corresponde a la Secretaría “revisar y vigilar, directamente o a través de los órganos de control interno en las dependencias y entidades de la administración pública, que se cumplan las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro, contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, alta y baja de bienes y demás activos de recursos materiales, así como su almacenaje”, 5 por lo que es importante que ésta realice una investigación sobre las condiciones en las cuáles dichos contratos fueron adjudicados, revelando la información sobre el estudio de precios y de mercado, así como las razones por las cuáles se optó por adjudicar directamente dichos contratos en lugar de someterlos a un proceso de licitación pública.

Asimismo, es importante que dicha investigación se haga de la mano de la Secretaría de la Función Pública que entre sus obligaciones, establecidas en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiene el “vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal” . 6

Por todo lo expuesto se procede a emitir los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y al Instituto Mexicano del Seguro Social a hacer públicos todos los contratos que hayan celebrado con la constructora CM del Golfo, S.A. de C.V., para la adquisición de medicinas y material hospitalario.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo de Tabasco y a la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal a realizar una investigación sobre el cumplimiento de la normatividad en la adjudicación directa de los contratos celebrados entre la constructora CM del Golfo, S.A. de C.V., el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y el Instituto Mexicano del Seguro Social para la adquisición de medicinas y material hospitalario, haciendo pública la información sobre las condiciones que llevaron a su adjudicación, entre ellas el estudio de precios y de mercado.

Notas

1 https://latinus.us/2021/01/30/documentos-comprueban-isset-entre-go-contratos-pr imo-director-insabi/

2 https://www.xevt.com/politica/revira-aalh-a-loret-de-mola-sobre-reportaje-de-co ntratos-a-la-empresa-del-primo-del-director-de-insabi/135324

3 https://congresotabasco.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2019/07/ Ley-de-Seguridad-Social-del-Estado-de-Tabasco.pdf

4 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-da-conocer-memorandum-contr a-el-influyentismo-y-la-corrupcion

5 https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/1/936

6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_110121.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 3 de febrero de 2021.— Diputada Soraya Pérez Munguía (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

ANALIZAR LA VIABILIDAD DE OTORGAR UN INCREMENTO SALARIAL AL PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA ASIGNADO A LA ATENCIÓN DE PACIENTES INFECTADOS CON COVID-19

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las instituciones públicas de salud a analizar la viabilidad de otorgar un incremento salarial al personal médico y de enfermería asignado a atender pacientes con covid-19, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruíz, integrantes del Grupo Parlamentario del PT a la LXIV Legislatura, de conformidad con lo establecido por los artículos 62, numeral 3, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que la pandemia generada por el virus SARS-Cov-2, (covid-19), es uno de los mayores retos que nuestro país y el mundo entero han enfrentado en el aún joven siglo XXI.

Según las cifras oficiales, a la fecha de la presentación de esta iniciativa, nuestro país reporta un millón 788 mil contagios y 152 mil 16 muertes por este maligno virus.

La actuación del gobierno del presidente López Obrador para atender la emergencia sanitaria y sus efectos económicos ha sido digna de reconocerse.

El 30 de marzo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus Sars-Cov-2 (covid-19)”. Desde entonces, incluso desde antes, el gobierno definió acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, se anunciaron una serie de medidas económicas, entre otras acciones; así también, la Secretaría de Salud realiza diariamente conferencias de prensa para informar a la población sobre los avances de la epidemia en el país, así como la fase en la que nos encontramos.

Pero no cabe duda que el mayor reconocimiento es para las y los trabajadores de la salud que han estado en la primera línea de batalla contra el virus, ofrendando su vida al servicio de la salud de las y los mexicanos.

Las y los médicos, las y los enfermeros, en México y en todo el mundo, han dado a la humanidad un ejemplo de vocación, compromiso y valentía, al exponer su propia salud y su vida en aras del cumplimiento de su noble deber.

En nuestro país, como parte de ese reconocimiento se han llevado a cabo acciones como el otorgamiento de los llamados bonos covid a profesionales de la salud.

Por otro lado, vale la pena recordar que apenas en octubre pasado, esta Cámara de Diputados reformó el Código Penal Federal, la Ley General de Salud y la Ley Federal para prevenir y erradicar la Discriminación, a fin de sancionar los actos de agresión y discriminación que se cometan contra el personal del sistema nacional de salud. Así también, reformamos el Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, con la finalidad de otorgar la presea de manera excepcional al personal médico que ha prestado sus labores para atender a las personas que han padecido el virus SARS-Cov-2 (covid-19).

Bajo esa misma lógica de reconocimiento, pero también de apoyo al personal médico y de enfermería que atiende a personas infectadas por coronavirus, planteamos la presente proposición con punto de acuerdo, con la finalidad de exhortar a las instituciones públicas de salud a valorar la pertinencia y viabilidad de realizar un incremento salarial a las y los profesionales de la salud que se encuentran atendiendo a las y los pacientes infectados con covid-19, atendiendo a las particularidades financieras de cada institución y a su presupuesto asignado para el ejercicio fiscal de 2021.

Cabe aclarar que dicho incremento se otorgaría sin perjuicio de las prestaciones y estímulos a que tenga derecho la o el trabajador de la salud conforme a la legislación, los contratos colectivos de trabajo y demás disposiciones aplicables.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresamos nuestro reconocimiento y gratitud a todas y todos los médicos y enfermeros que han hecho frente a este terrible virus, pero también somos conscientes de que eso no es suficiente. Estas y estos profesionales de la salud no viven del aplauso y el reconocimiento público; tenemos que apoyarlos de verdad.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las instituciones públicas de salud a analizar la viabilidad de otorgar un incremento salarial al personal médico y de enfermería asignado a la atención de pacientes infectados con SARS-Cov-2 (covid-19).

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a tres de febrero de dos mil veintiuno.— Diputado y diputada: Benjamín Robles Montoya, Maribel Martínez Ruiz (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

INCLUIR EN EL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARS-COV-2, A LAS PERSONAS QUE LABORAN EN EL COMERCIO DE ALIMENTOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a incluir con la Ssa en el Plan Nacional de Vacunación a quienes laboran en centrales de abasto, mercados minoristas, tianguis y demás establecimientos del comercio tradicional de alimentos del país como grupo poblacional que amerita recibir la primera dosis de inmunización contra el SARS-Cov-2, a cargo de la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Carolina García Aguilar, diputada del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás legislaciones aplicables, somete a consideración de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nos encontramos ante una pandemia que está afectando al mundo entero, de la cual, nuestro país no está exento, a lo largo de prácticamente 11 meses está contingencia inédita nos ha dejado secuelas dolorosas como es la pérdida de vidas humanas y una compleja situación económica.

El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública de preocupación internacional del SARS-Cov-2 (covid-19) previendo que tal emergencia amenazaba con escalar a una pandemia extendida en varios países, continentes o todas las regiones el mundo, y que afectaría a un importante número de personas. 1

En poco menos de un mes se identificó el primer caso positivo que arribó a nuestro país y en un lapso pequeño de tiempo se registró el primer caso autóctono de contagio en suelo nacional que ameritó a que se tomaran medidas precautorias en favor de la salud de las y los mexicanos.

A partir del 31 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del país declaró que ante la situación de riesgo en toda la población, se tomarían medidas extraordinarias en todo el territorio nacional a través de la suspensión inmediata de actividades no esenciales, reducir la movilidad y mitigar la dispersión y transmisión del virus.

Desde finales del mes de marzo de 2020 a la fecha, el confinamiento como estrategia de contención de la enfermedad se ha extendido en gran parte de país. No obstante, en la estrategia sanitaria de contención de la pandemia a nivel nacional, se han dispuesto medidas diferentes para las actividades esenciales. Una de las actividades que merecen una mayor atención es la referente a la distribución y comercialización de productos básicos para la alimentación de las personas, puesto que este sector es el garante de asegurar la alimentación de la población, aún cuando es uno de los más golpeados por los contagios y decesos de personas.

Entre las actividades esenciales que no se detuvieron, por supuesto están la producción, acopio, transporte, almacenamiento, conservación, comercialización y distribución de los alimentos a través de las Centrales y Mercados de Abasto, Mercados Públicos y Municipales, Tianguis, y en general todos los formatos del Comercio Tradicional que están distribuidos en todo el país.

Al respecto, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera menciona que:

A través de las Centrales de Abasto y de los Mercados de Abasto, ambos con vocación mayorista y medio mayorista, se distribuye el 70% de la producción agropecuaria y pesquera nacional. Al promover una mayor vinculación con los productores primarios, hacen llegar los alimentos a más de un millón 350 mil establecimientos minoristas y lugares donde se prepara y vende comida, garantizando productos frescos para una alimentación suficiente, sana, variada y a precios bajos.

Dan valor agregado a los productos a través del acopio, limpieza, selección, empaque, etiquetado, transporte, conservación y comercialización. En ellas operan aproximadamente 52 mil comerciantes que generan alrededor de un millón 850 mil empleos directos, además de los temporales e indirectos. 2

Esto quiere decir que la distribución y comercialización de alimentos es una actividad esencial considerada en la estrategia de contención y propagación de la pandemia producida por el virus SARS-Cov-2 (covid-19), y que además es una palanca de desarrollo de la economía mexicana, tan golpeada por la pandemia y por las medidas de cierre de diseño adoptadas para romper con la cadena de contagios.

Por otra parte, la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto es la organización cúpula de las Centrales de Abasto de México, encargadas de surtir a los mercados minoristas de alimentos, restaurantes, escuelas, instituciones civiles y militares, hoteles, hospitales, fondas, verdulerías, recauderías, tianguis y familias alrededor del país. De acuerdo con dicha organización, únicamente la Central de Abasto de la Ciudad de México realiza operaciones por un valor cercano a los 12 mil millones de dólares al año, siendo el segundo centro de negocios en importancia de México, sólo después de la Bolsa Mexicana de Valores.

Esta Central de Abasto cuenta con 3 mil 700 bodegas y locales comerciales, así como mercados complementarios de Flores y Hortalizas, Aves y Cárnicos y Pescados y Mariscos, registra un aforo peatonal de más de 450 mil personas diarias y es el principal centro de distribución de alimentos de la Ciudad de México, del país y de Latinoamérica. 3

Por su parte, en el Estado de México, entidad que cuenta con la mayor parte de Centrales de Abasto del país (5 y una en construcción), se han establecido una serie de medidas para frenar los contagios, sin embargo las actividades siguen de manera normal, como lo afirmó el director General de Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Juan Pedrozo.

El funcionario estatal precisó que las nuevas disposiciones oficiales por el semáforo en rojo, debido al incremento del índice de contagios por el virus SARS-Cov-2 (covid-19), no aplican para las Centrales de Abasto, pues en ellas se comercializan, en su mayoría, productos básicos y esenciales. Indicó que en las instalaciones de estos espacios se aplican los protocolos de sanidad establecidos a fin de resguardar la salud de quienes trabajan y acuden a realizar sus compras desde su apertura, y hasta que concluyen su venta.

En ese sentido, puntualizó que a través de las Centrales de Abasto que se encuentran en Toluca, Ecatepec, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, San Vicente Chicoloapan y próximamente en Tecámac, se mueven miles de toneladas de alimentos y productos esenciales para abastecer a los 650 mercados públicos municipales de la entidad.

Por último, Juan Pedrozo puntualizó que por medio del trabajo conjunto entre autoridades y locatarios representados por Arturo Fernández Martínez, presidente Ejecutivo de la Confederación Nacional de Agrupaciones Comerciantes de Centros de Abasto, y quien ha sido invitado para formar parte de la Unión Mundial de Mercados Mayoristas (WUMM), para representar a México y a la región de las Américas, se ha podido trabajar para innovar en prácticas de distribución de productos, de atención a los consumidores y de ejecución de protocolos de salud. 4

Ante esta situación y el compromiso de las Centrales de Abasto, Mercados y Tianguis de todo el país de seguir trabajando de manera normal, con las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de salud, todas las personas involucradas en esta actividad corren un riesgo mayor de contagiarse con el virus SARS-Cov-2- (covid-19).

Una vez que está avanzando el desarrollo de las vacunas, se abre la gran posibilidad de combatir la pandemia. El 22 de diciembre de 2020, en la conferencia de prensa matutina, el canciller Marcelo Ebrard anunció que las primeras vacunas de la farmacéutica Pfizer, con 1.4 millones de dosis, embarcarían en Bélgica y llegarán a partir del 23 de diciembre.

En la misma conferencia de prensa, el presidente de México agregó que la vacuna sería universal, gratuita y de fácil acceso para la población.

Hoy, la vacuna es una realidad en nuestro país, y se está aplicando conforme a la priorización de grupos poblacionales a vacunar en cinco etapas, basadas en las características asociadas con un mayor riesgo adquirir la enfermedad y de morir por covid-19

El Plan Nacional de Vacunación contra covid-19 que se aplicará en México consta de 5 etapas, las cuales definen fechas de aplicación de la vacuna contra coronavirus por grupos de población. 5

1. Trabajadores de la salud

2. Personas 60 años y más

3. Personas de 50 a 59 años

4. Personas de 40 a 49 años

5. Resto de la población.

De acuerdo con el calendario establecido por la Secretaría de Salud, en estos momentos México se encuentra en la primera etapa de vacunación, siendo los siguientes grupos prioritarios los que están recibiendo las primeras dosis de acuerdo con la política nacional de vacunación contra el covid-19 implantada por el Gobierno Federal:

1. Personal de salud en la primera línea de control del covid-19 (aplicación de la vacuna a partir de la última semana de diciembre de 2020).

- Trabajadores de salud del sector público con atención directa de pacientes covid.

2. Resto del personal de salud (aplicación a partir del segundo bimestre de 2021)

- Personal que opera ambulancias y servicios paramédicos.

- Personal voluntario o de otras instituciones asignado a la vacunación.

- Personal administrativo en las unidades médicas en contacto con pacientes.

- Personal de los programas de salud pública: vacunadores, brigadistas, personal de campo.

- Personal que trabaje en casas de atención a personas adultas mayores o guarderías. - Farmacéuticos y técnicos de farmacia.

- Personal de servicios fúnebres.

3. Personas con mayor riesgo a sufrir complicaciones graves o muerte por covid-19 (aplicación a partir del segundo bimestre de 2021)

- Personas adultas mayores.

- Personas que viven con enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades respiratorias, asma, cáncer, VIH/sida, que reciben tratamiento que debilita el sistema inmunológico, etcétera. 6

Derivado de la revisión de los esquemas en donde se describe a los grupos prioritarios que recibirán la vacuna, se puede apreciar la falta de inclusión de un sector tan esencial como el conformado por los comerciantes, directivos y trabajadores que diariamente asumen la responsabilidad de hacer llegar los alimentos a la población, al no dimensionar que ellos también corren un alto riesgo de contagio por la interacción diaria con los proveedores distribuidores y clientes en las Centrales de Abasto, Mercados, Tianguis y todos los formatos del Comercio Tradicional de Alimentos.

A partir de las medidas de sana distancia tomadas ante la pandemia, las Centrales de Abasto, mercados y tianguis del país, han visto disminuir sus ventas, no tanto por una caída de las compras por parte de las familias, sino por las que venían haciendo los pequeños negocios, restaurantes y hoteles. Sin embargo, al ser una actividad tan indispensable no es posible cerrar el flujo de la actividad, menos con la importancia que conlleva esta actividad esencial.

Lo cierto y verdaderamente preocupante es que ante la segunda ola de contagios que se ha presentado en diversas entidades federativas, estos lugares se debaten entre seguir cumpliendo con el compromiso social de llevar los alimentos a la población y seguir enfrentando el creciente riesgo de morir por el contagio y la enfermedad. Sin duda, se trata de una decisión difícil de tomar y de asumir las consecuencias.

A ello se suma la falta de equipo para evitar el contacto; por ejemplo, la mayoría del transporte dentro de las Centrales de Abastos, mercados y tianguis, se realiza mediante los llamados diablitos de carga.

En las Centrales de Abasto y los canales minoristas del país, aproximadamente un millón y medio de personas están relacionados con el acopio, transporte, conservación, distribución y comercialización de alimentos a la población, actividad que ha permanecido durante la pandemia como actividad esencial pero sin ser tomada en cuenta para la aplicación de las primeras dosis de las vacunas.

Por ello, las personas que se dedican a esta actividad han estado corriendo graves riesgos de contagiarse con el virus SARS-Cov-2 (covid-19) enfermar y fallecer. Para ellas, el contacto diario con un sinnúmero de personas es inevitable.

De ahí, la importancia de que todos los actores del Sector Abasto Alimentario sean considerados como grupo poblacional prioritario en la Política Nacional de Vacunación contra el covid-19. Proteger a quienes permiten garantizar la disponibilidad alimentaria, distribución y comercialización de los alimentos para que lleguen a todos los hogares mexicanos, es hacer lo socialmente correcto.

Anteriormente se han realizado exhortos en el sentido de demandar la inclusión de las Centrales de Abasto, Mercados Minoristas, Tianguis y todos los formatos del Comercio Tradicional de Alimentos, así como de los locatarios, comerciantes, directivos y demás trabajadores que hacen de su trabajo una actividad fundamental para la alimentación de la población y la economía local.

Es por lo anteriormente expuesto que somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal para que en coordinación con la Secretaría de Salud sean incluidas en el Plan Nacional de Vacunación todas aquellas personas que laboran en las centrales de abasto, mercados minoristas, tianguis y demás establecimientos del comercio tradicional de alimentos del país como grupo poblacional que por su trabajo ameritan recibir la primera dosis de vacuna contra el virus SARS-Cov-2, covid-19 en el mismo segmentos que las personas adultas mayores.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, 2020, (Visible en:

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=ar ticle&id=15756: who-characterizes-covid-19-as-a-pandemic&Itemid=1926&lang=es), consulta 24/01/2020

2 Servicio de Información Alimentaria Y Pesquera, Gobierno de México, 2016, (Visible en:

https://www.gob.mx/siap/articulos/las-centrales-de-abasto-y-los- mercados-mayoristas-en-mexico), consulta 24/01/2021

3 Las Centrales de Abasto deben entrar en cuarentena? Economentes, Jorge Zavaleta, 2020, (Visible en:

https://sites.google.com/view/economentes/inicio/aldair/las-cent rales-de-abasto-deben-de-entrar-en-cuarentena), consulta 24/01/2021

4 Comunicado, Mexiquense, 2020, (Visible en:

https://radioytvmexiquense.mx/index.php/2020/12/26/impulsan-en-c entrales-de-abasto-venta-de-productos-en-temporada-decembrina/), consulta25/01/2021

5 https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_Covid_ 11Ene2021.pdf

6 Política nacional de vacunación contra el virus SARS-Cov-2, para la prevención de la covid-19 en México, Gobierno de México, 2021, (Visible en:

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/PolVx_ Covid_-11Ene2021.pdf), consulta 25/01/2021

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputada Carolina García Aguilar (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

PROGRAMAS DE BECAS PARA APOYAR A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE HAYAN SUFRIDO LA PÉRDIDA DE SU MADRE Y/O PADRE A CAUSA DEL COVID-19

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar y la SHCP a implantar programas de becas para niños y adolescentes huérfanos a causa del covid-19, a cargo del diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, del Grupo Parlamentario de Morena

Hugo Rafael Ruiz Lustre, del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con el objetivo de implementar programas de becas para apoyar a niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido la pérdida de su madre y/o su padre a causa del covid-19 al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) está teniendo una afectación sin precedente para la mayoría de las personas. En todo el mundo, el brote del virus se está llevando la vida y el sustento de muchas personas a medida que se sobrecargan los sistemas de salud, se cierran las escuelas y las familias luchan para mantenerse, afectando en todos los niveles económicos y sociales.

Las comunidades de todo el mundo están asumiendo el desafío: desde los profesionales sanitarios y los trabajadores sociales, que están poniendo sus vidas en juego para proteger a los más vulnerables, hasta los jóvenes que están inventando formas innovadoras de difundir mensajes sobre la salud pública.

Sin embargo, algo que está sucediendo y que requiere también de toda la atención del Estado Mexicano, es apoyar a aquellas personas menores de edad que han perdido a sus padres por el tema de la pandemia, ya que ellos representan el futuro de nuestra nación y es de vital importancia que se tomen las medidas pertinentes para el apoyo a esta gran necesidad que lamentablemente está perjudicando a este segmento de nuestra población, y que con esto los niños, niñas, jóvenes y adolescentes puedan ser protegidos para poder seguir sus estudios y poder contar con una mejor calidad de vida, ya que por la pandemia estos niños han sido gravemente afectados por la cuestión de perder la vida de sus padres y quedar en total estado de indefensión y vulnerabilidad; y como consecuencia de ello no se vayan aprovechar de ellos la delincuencia organizada o la criminalidad.

Si no se toman medidas urgentes, esta crisis de salud amenaza con convertirse en una crisis de los derechos de los niños. Los trastornos que ha provocado en la sociedad tienen una profunda repercusión sobre los niños: sobre su seguridad, su bienestar y su futuro. La cooperación multilateral es la única forma de lograr que millones de niñas y niños (incluidos los que han debido abandonar sus hogares a causa de un conflicto, los que padecen una discapacidad y las niñas que están expuestas a diversos peligros) permanezcan sanos, protegidos y sigan recibiendo una educación.

UNICEF hace un llamamiento mundial para

Los esfuerzos internacionales para fortalecer los sistemas de salud (como garantizar que los suministros y los equipos de protección lleguen a las comunidades afectadas y formar a los profesionales sanitarios para prevenir, diagnosticar y tratar la enfermedad por coronavirus) servirán de gran ayuda para la

lucha contra el virus. Sin embargo, los sobrecargados sistemas de la salud no amenazan solamente a las personas que se enferman por covid-19.

La educación de toda una generación de niños ha quedado interrumpida. A medida que han ido cerrando las escuelas en todo el mundo para prevenir la transmisión de la covid-19, las familias, los cuidadores y los educadores han ido respondiendo con calma, buscando nuevas formas de ayudar a los niños a seguir estudiando. Sin embargo, no todas las niñas ni todos los niños tienen acceso a internet, libros y materiales escolares. Además, el cierre de las escuelas ha dejado a aquellos que dependen de los programas escolares de nutrición sin los alimentos que necesitan para aprender y prosperar.

Es por esta circunstancia que la enfermedad está afectando en demasía a muchas personas y entre estas personas están los niños, niñas y jóvenes que por causas de esta terrible pandemia están perdiendo a sus padres que mueren a causa de esta terrible enfermedad que es el covid-19.

Según dio a conocer el subsecretario de Salud mexicano, Hugo López-Gatell, en el país hay confirmadas 1 millón 771 mil casos confirmados y un total de 150 mil muertes.

Esto quiere decir que el número oficial de decesos reportados en el país a aumentado notoriamente desde que inicio la pandemia

Sin embargo, el gobierno insiste en que las cifras reportadas en sus conferencias diarias corresponden solo a los nuevos casos que se han detectado y a la lamentable cifra de muertes que se están registrando

Datos revelados por la UNICEF, señala que los niños de entre 6 y 11 años suelen ser niños que pueden estar muy ansiosos por obtener explicaciones de los motivos del porque sus padres murieron por la enfermedad que es el coronavirus y otros cuantos son capaces de comprender qué es lo que ha causado los enormes trastornos que confrontan o la muerte de esa persona a la que quieren. Nosotros a veces podemos darles la respuesta que buscan, y otras veces simplemente no la tenemos; y para ellos, eso puede ser cruelísimo”.

Por lo anterior, es de suma importancia que el gobierno federal pueda implementar un apoyo que podría ser a través de una beca para los niños, niñas y adolescentes que han perdido a sus padres por causas de la pandemia que es el coronavirus.

Asimismo, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, lamentó la muerte de padres de familia por covid-19 en México y envió sus condolencias a familiares de las personas fallecidas por la enfermedad,

Un claro ejemplo de apoyo, lo está otorgando el gobierno de la Ciudad de México, el cual esta implementado distintos apoyos mediante becas a niños, niños adolescentes y jóvenes de entre cero y 17 años once meses de edad, que hayan perdido a sus padres a causa del covid-19, para que ellos puedan contar con un apoyo económico mensual, por parte del gobierno capitalino.

En un comunicado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la capital del país, explicó los distintos mecanismos de que se trata el apoyo por parte del gobierno a los jóvenes que perdieron a sus padres por causa de la pandemia, que esta constará de la cantidad de 832 pesos, que se otorgarán a través de la beca “Leona Vicario” a los menores de edad, cuya madre o padre hayan fallecido por el coronavirus (SARS-coV-2).

De acuerdo con el reporte más reciente del Gobierno de la Ciudad de México del total de casos confirmados y de decesos es por esto que con la ayuda de este programa lo que se pretende es poder ayudar a las niñas niños jóvenes y adolescentes que hayan perdido a sus padres por causas del coronavirus a que ellos puedan seguir estudiando y a la vez puedan contar con un apoyo para poder seguir adelante como lo que tenían antes que todo esto sucediera.

Lamentablemente, hasta la fecha llevamos más de 150, 000 (ciento cincuenta mil muertes) y las que se acumulen, por lo que las medidas que se hagan en favor de la población y en especial las niñas y los niños que no alcanzan a percibir el daño que han sufrido y el futuro que les depara; siempre van ayudar.

Lo anterior tiene fundamento, en los artículos 1, 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social

...

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes:

I. Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo;

VI. Derecho a no ser discriminado;

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;

IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;

X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;

XI. Derecho a la educación;

Ley General de Salud

Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades :

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud;

Si bien es necesario y comprensible tomar las medidas necesarias para la protección de la salud de los ciudadanos, también se debe tener extremo cuidado en proteger y garantizar que las niñas, niños y adolescentes que viven en nuestro país, no queden desprotegidos por el fallecimiento de su madre y padre, y se garanticen sus derechos humanos.

Con base a lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Bienestar y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, a tomar las medidas necesarias a fin de implementar programas becas con el objeto de apoyar a las niñas, niños y adolescentes, que por causas de la pandemia covid-19 perdieron a sus padres.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

EXHORTO A LA FISCALÍA GENERAL DE CHIAPAS, A ESCLARECER EL FEMINICIDIO DE LA PASANTE DE MEDICINA MARIANA SÁNCHEZ DÁVALOS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGE de Chiapas a esclarecer el feminicidio de la pasante de medicina Mariana Sánchez Dávalos; y a la Ssa y sus 32 homólogas locales, a asegurar que los estudiantes de la carrera tengan durante el servicio social herramientas y apoyos para realizar en condiciones dignas y seguras sus actividades, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, para exhortar respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a esclarecer el feminicidio de la pasante de medicina Mariana Sánchez Dávalos; y al titular del de la Secretaría de Salud federal y a sus homólogos en las 32 entidades federativas, a asegurar que las y los estudiantes de Medicina, durante su servicio social, cuenten con las herramientas y apoyos necesarios para que realicen sus actividades en condiciones dignas y seguras, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 28 de enero de 2021, se encontró sin vida a la médica pasante de medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Mariana Sánchez Dávalos, quien realizaba su servicio social en una clínica de la Secretaría de Salud en la comunidad de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, en Chiapas.

Información periodística señala que, de acuerdo con la agrupación Resistencia Feminista Balún Canán, de Chiapas, Mariana fue violada mientras realizaba su servicio social, por lo que presentó una denuncia por abuso sexual. No obstante, afirma, autoridades la ignoraron y no le permitieron hacer su servicio en otra comunidad. 1

De acuerdo con los testimonios compartidos en redes sociales, Mariana había denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas una agresión sexual que sufrió por parte de integrantes de la comunidad. Mariana también reportó el hecho a la Secretaría de Salud y a la Unach con la intención de que le permitieran cambiar el lugar donde realizaba su servicio social, sin embargo, las autoridades le dijeron que se tomara un mes de “vacaciones”, en el que no le fue entregado el apoyo de beca que le correspondía por sus servicios. Esperaba que al menos la cambiaran a otra comunidad, pero no lo logró, no quería regresar al sitio donde sufrió la agresión, al cuartucho de la clínica en donde tenía que vivir y en donde fue atacada.

Se ha señalado también que, la joven médica, no estuvo recibiendo su apoyo de la beca en este periodo que estuvo de “vacaciones”, tenía 10 días sin dinero; estaba angustiada, deprimida, sin apoyo emocional ni económico; sus compañeros denunciaron que ni el hospital donde realizaba su pasantía, ni la Secretaría de Salud ni la Unach atendieron la denuncia de la joven, ni le concedieron el cambio de locación, dejándola sola y sin apoyo en la comunidad en la que había sido agredida.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas ha informado que ha iniciado una carpeta de investigación por homicidio, bajo protocolo de feminicidio, para el caso de Mariana, quien fue encontrada sin vida en la colonia Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo.

El caso de Mariana indigna a la sociedad, por lo que debe esclarecerse y castigar a los responsables de la agresión sexual. Pero también debe revisarse y sancionarse el actuar de las autoridades de salud, principalmente del secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos; de la jefa de Distrito VI Palenque, María Elsa López González, y de la subdirectora de Educación en Salud, Mariana Lazos Salgado, quienes actuaron con evidente indiferencia y negligencia; además de que no aplicaron los protocolos de la alerta de género.

Por otro lado, debe servir para que la Secretaría de Salud federal, como responsable de la política de salud en el país, atienda la problemática que enfrenta el servicio social del área de la medicina, para que entre que, entre otras cosas establezca las condiciones necesarias para que los pasantes de las áreas de la salud realicen sus actividades en condiciones dignas y seguras.

La Secretaría de Salud federal reconoce que el servicio social de medicina tiene como propósito fundamental vincular al alumno con su entorno real y retribuir a la sociedad, en forma de acción social, lo que recibió durante su formación. Los médicos en servicio social son alumnos que cursan el último año de la carrera, es una etapa en la que el pasante debe adquirir conciencia de su nivel educacional, reafirme sus conocimientos y lo que es más importante, se replantee la relación que el médico tiene con los servicios de salud, con la propia comunidad y con los demás miembros del equipo de salud.

Por ello la participación de las instituciones educativas y las de salud es de suma importancia en la supervisión y evaluación de las acciones del servicio social, para valorar el cumplimiento a lo estipulado en un Programa Académico que responda a las expectativas de la Universidad, de la Institución de Salud y del propio alumno. Pero también se debe revisar que las actividades que se desarrollan durante el servicio social se realicen en condiciones adecuadas y seguras.

Es la Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES) y la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), quienes convocan a los directores de las Escuelas y Facultades de Medicina del país, para que propongan a los estudiantes de licenciatura que en su caso deseen realizar el servicio social en el Programa Nacional de Servicio Social en el Sistema Nacional de Salud.

La Ley General de Educación establece la obligatoriedad, a cargo de los beneficiados por la educación, como requisito previo para obtener el título o grado académico. La ley reglamentaria para el ejercicio de las profesiones define al servicio social, como el trabajo de carácter temporal y mediante retribución, que ejecutan y prestan los profesionales y estudiantes en interés de la sociedad; además de que es un requisito para la titulación y ejercicio de la profesión.

El servicio social tiene por objeto consolidar la formación académica y capacitación profesional del prestador del servicio social y fomentar una conciencia de solidaridad con la comunidad a la que pertenece, pero este debe realizarse en condiciones dignas.

Los pasantes que realizan su servicio social están enfrentando las políticas de austeridad en el gobierno del presidente López Obrador, se redujeron en 50 por ciento los recursos asignados al sector salud para el otorgamiento de becas destinadas a jóvenes que realizan su servicio social en el campo de la medicina, odontología, enfermería y carreras afines a salud, incluyendo la regulación sanitaria, con efectos a partir de agosto de 2019.

De acuerdo con oficios enviados a los gobiernos de las entidades federativas, por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud de la Secretaría de Salud federal, y firmados por el director de Educación en Salud, maestro Ricardo Morales Carmona y la directora de Enfermería, Claudia Lejía Hernández, se realizaron gestiones en diferentes unidades administrativas de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que no se afectara el recurso destinado para las becas de servicio social de todos los programas, lamentablemente no fue posible concretar el apoyo.

A lo anterior se suma también, el evidente abuso, maltrato, discriminación, acoso y hostigamiento que se genera dentro del campo de la medicina para los prestadores de servicio social. Diversos estudios han documentados el maltrato en programas de formación médica, entre los que destaca por su frecuencia el psicológico, seguido del académico y el físico; entre los principales responsables de estas conductas se encuentran principalmente los residentes de jerarquía superior, junto con los jefes de servicio.

Entre las consecuencias que generan sobre pasantes, internos y residentes, se encuentran el síndrome de Burnout, la depresión, el estrés, la ansiedad e incluso casos de suicidio, los cuales deterioran su desempeño profesional y calidad de vida. Por lo que la situación de los jóvenes que egresan de las universidades del campo de la medicina es preocupante.

Se calcula que cada año 16 mil 500 jóvenes egresan de la carrera de medicina o afines en alguna de las universidades del país y buscan realizar su servicio social, el cual en muchos casos, como el de Mariana Sánchez Dávalos, lo realizan sin los apoyos gubernamentales necesarios para ello y sin condiciones de seguridad mínimas.

Por todo lo anterior, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud federal y a sus homólogos en las 32 entidades federativas, a realizar una revisión exhaustiva del Programa Nacional de Servicio Social en Investigación en Salud y del Servicio Social Comunitario con Enfoque en Medicina Familiar, con la participación de universidades e instituciones de educación superior que corresponda, para asegurar que las y los estudiantes de Medicina, durante su servicio social, cuenten con las herramientas y apoyos necesarios para realizar sus actividades en condiciones dignas y seguras.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a esclarecer los hechos en torno al femenicidio de la pasante de medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Mariana Sánchez Dávalos, quien realizaba su servicio social en una clínica de la Secretaría de Salud en la comunidad de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, en Chiapas, y, en su caso, a castigar a los responsables.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente titular del Poder Ejecutivo del estado de Chiapas, a revisarse y sancionarse el actuar de las autoridades de salud, a los hechos que derivaron en el femenicidio de la pasante de medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Mariana Sánchez Dávalos, quien realizaba su servicio social en una clínica de la Secretaría de Salud en la comunidad de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, en Chiapas.

Nota

1 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/hallan-muerta-a-mariana- egresada-de-medicina-fiscalia-de-chiapas-investiga-el-caso

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

SE INVESTIGUE E INTERVENGA EN LAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE OAXACA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP y la STPS a investigar e intervenir en las irregularidades presentadas en las oficinas de la Coordinación del Servicio Nacional de Empleo de Oaxaca en Tlalixtac de Cabrera, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en el 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de la Función Pública y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que investiguen las irregularidades presentadas en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo ubicadas en el municipio de Tlalixtac de Cabrera del estado de Oaxaca, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) es una dependencia que forma parte del Poder Ejecutivo federal, la cual está regida por parte de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de la Ley Federal del Trabajo, además de otras leyes y tratados internacionales, así como reglamentos decretos, acuerdos y órdenes por parte de la presidencia.

Esta Secretaría desempeña sus actividades de manera programada conforme a los objetivos establecidos por el presidente en su Plan Nacional de Desarrollo, el programa sectorial y las políticas para el desahogo de asuntos establecidos por el Ejecutivo conforme al tema que corresponde. Como parte de su trabajo, esta Secretaría creó varios programas, como el Portal de Empleo, Servicio Nacional de Empleo (SNE), Agente Capacitador Externo, Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores, Portal de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral, Prolab, Asistencia técnico metodológico para Mipymes, Jóvenes Construyendo el Futuro, Ferias de Empleo, entre otros.

Para poder llegar a todo el país y dar acceso a la población para participar dentro de estos programas, la STyPS establece oficinas estatales, con representantes estatales para supervisar el funcionamiento de estos. Uno de los programas con mayor demanda es el SNE, el cual se volvió una instancia que atiende de manera gratuita y personalizada a la población buscadora de empleo, brindándole información y herramientas para facilitar su colocación en un puesto de trabajo.

El SNE se creó desde 1978 y presta un servicio de vinculación laboral, apoyos económicos o de capacitación,  autoempleo, movilidad laboral y apoyo a repatriados, opera de manera coordinada con los gobiernos estatales y cuenta con 168 oficinas en todo el país para poder acceder a todos los servicios y apoyos. Este sistema opera mediante el Portal del Empleo, ferias del empleo, Abriendo Espacios y un sistema de citas, dentro del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT) se contempla como una alternativa de ocupación temporal, ordenada, legal y segura para trabajadores agrícolas mexicanos en ese país con las garantía de pleno respeto de sus derechos humanos, laborales y de igualdad de condiciones a la de los trabajadores canadienses.

Las personas interesadas en trabajar en granjas agrícolas en Canadá deberán tener experiencia en alguna de estas actividades: cultivo, cosecha de verdura, frutas, cereales, tabaco, árboles y pasto, así como en labores de horticultura, apicultura y del sector pecuario; por lo que se deben presentar en las Oficinas del Servicio Nacional de Empleo cercana a su domicilio con los siguientes requisitos:

-Ser de nacionalidad mexicana y residir en el territorio nacional.

-Ser jornalero agrícola o campesino y vivir en zona rural.

-Tener hijos y de preferencia estar casado o vivir en unión libre.

-Saber leer y escribir y haber estudiado como máximo primero de preparatoria.

Este programa es uno de los más exitosos y que han permanecido a través de los diferentes sexenios debido al buen trato y el buen pago que reciben los agricultores que logran ir a trabajar a Canadá por el tiempo establecido en el convenio, tal es el caso que las estadísticas del Programa de Empleo de 2015 a 2019 muestra que han aumentado el número de plazas durante estos periodos, a saber:

*Tabla de creación propia con datos obtenidos de las Estadísticas laborales de los Programas de empleo del Sistema Nacional de Empleo

En el caso de la coordinación del SNE del estado de Oaxaca, se cuentan con cinco unidades regionales para atención, ubicadas en distintos municipios para que los programas que se manejan pueda llegar a una mayor parte de la población, las cuales se encuentran en: Tlalixtac de Cabrera, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, San Pedro Mixtepec Dto. 22,  Salina Cruz, y San Juan Bautista Tuxtepec.

El gobernador del estado de Oaxaca nombró a Leslie Jiménez Valencia como coordinadora del Servicio Nacional de Empleo en Oaxaca; con oficinas ubicadas en ciudad administrativa “Benemérito de las Américas” de Tlalixtac de Cabrera; y quien se encuentra envuelta en problemas legales al negarse a regresar una motocicleta que tomó de una casa que le rentaron en el fraccionamiento Loma de Sierra Juárez, en el municipio de San Andrés Huayápam, y por lo cual se encuentra abierta una carpeta de investigación con número 26743/FVCE/Oaxaca con fecha del 14 de agosto de 2020.

No solo en la vida personal esta servidora pública ha presentado irregularidades, ya que en su desempeño al frente de la coordinación del SNE en Oaxaca, su desempeño ha dejado una mala imagen debido a que existen quejas de corrupción sobre ella, por ejemplo se menciona que pide dinero para poder registrar a las personas que quieran inscribirse en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, cuando en la página principal de SNE se menciona que este es un trámite gratuito.

Los trabajadores a su cargo se quejaron sobre dicha situación, fueron despedidos sin justificación alguna, bajo el argumento de un recorte presupuestal al SNE debían dejar de laborar en esa dependencia, cuando el gobierno federal no ha emitido ninguna orden sobre un recorte. Cabe resaltar que de los cuatro trabajadores despedidos por denunciar estas irregularidades, tres son mujeres y una de ellas se encuentra dentro del grupo vulnerable de contagio de covid-19, estos trabajadores se vieron afectados en sus derechos básicos laborales, donde se está violentando la ley, ya que sus contratos se los están renovando cada tres meses, lo que evita que tengan garantía o seguridad en el empleo y por el tiempo que llevan laborando en esta dependencia, ya deberían tener un contrato permanente.

Lo anterior se contrapone con los ejes descritos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que establece la lucha para erradicar la corrupción por parte del gobierno federal en el punto de Política y Gobierno y bajo el principio de honradez y honestidad, por lo que los legisladores que pertenecemos a la 4T tenemos la responsabilidad de supervisar a los servidores públicos para que no se siga afectando al pueblo de México.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que realice las investigaciones necesarias por la denuncia de actos de corrupción dentro de la Oficina del Sistema Nacional de Empleo en el  municipio de Tlalixtac en el estado de Oaxaca, en donde se presume que se pide dinero a quienes se quieren inscribir en el padrón del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT).

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que reinstale a los cuatro trabajadores que fueron despedidos injustificadamente por denunciar irregularidades dentro de la Oficina del Sistema Nacional de Empleo en el municipio de Tlalixtac de Cabrera en el estado de Oaxaca en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT).

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat, a que reconsidere el nombramiento de Leslie Jiménez Valencia como coordinadora del Servicio Nacional de Empleo de Oaxaca y nombre a una persona que sirva con el ejemplo, rectitud pero sobre todo con honradez, para el bien del estado de Oaxaca

Bibliografía

-Página Oficial de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social

https://www.gob.mx/stps

-Página Oficial del Servicio Nacional de Empleo

https://www.empleo.gob.mx/SNE

-Página Oficial del Programa de Trabajadores Agrícolas

https://www.empleo.gob.mx/sne/programa-trabajadores-agricolas-te mporales-mexico-canada

-Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Presidencia de la República

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputada Margarita García García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

SE CONSIDERE LA CREACIÓN DE UN REGISTRO NACIONAL DE VENTA Y RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL AUTORIZADO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Profeco y la Ssa a considerar con los 32 gobiernos locales la creación de un registro nacional de venta y recarga de oxígeno medicinal autorizado, a cargo de la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, diputada integrante del Grupo Parlamentario  del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El oxígeno se ha convertido en un elemento esencial para tratar la enfermedad contraída por el virus de covid-19, de tal manera que, si vives o mueres depende de conseguir oxigeno medicinal o no.

Desde el mes de junio 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmaba que al ritmo de avance que llevaba la pandemia, los enfermos en estado grave y crítico de todo el mundo, necesitarían “unos 620 mil metros cúbicos de oxígeno al día, lo que equivale a unos 88 mil cilindros grandes”. 1 El mismo organismo afirmó que uno de cada cinco pacientes con covid-19 requeriría de oxígeno y que en casos severos esto aumentaría a tres de cada cinco pacientes.

Con la segunda ola de contagios en las grandes regiones del mundo, la estimación se ha rebasado y numerosos son los países que están teniendo dificultades para obtener el suministro de oxígeno.

En el caso de nuestro país, el repunte en el número de contagios por coronavirus ha llevado a México a una innegable crisis hospitalaria y de suministro de oxígeno, así como la elevación de su costo.

Con el trascurrir del tiempo la situación se ha ido recrudeciendo, ya que a pesar de que las autoridades sanitarias han decretado medidas de confinamiento en casi todas las entidades federativas desde el inicio de la pandemia, el semáforo de riesgo epidémico en color rojo, se ha mantenido intermitente en gran parte del país, tanto es así que el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, ha extendido 14 días más durante este mes de febrero, el semáforo de riesgo epidémico en alerta máxima, para 13 de las 32 entidades federativas del país: Ciudad de México, Nayarit, Colima, estado de México, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Hidalgo, Guerrero, Querétaro, Guanajuato, Puebla y Morelos 2 que cuentan con mayor número de casos activos de covid-19.

Por otro lado, de acuerdo con los datos del informe técnico de la Secretaría de Salud federal, los estados con mayor ocupación de camas de hospitalización general son la Ciudad de México con el 88 por ciento; el estado de México con 84 por ciento; Puebla con 80 por ciento; Hidalgo con 78 por ciento y Guanajuato con 76 por ciento. 3

La cantidad de contagiados no sólo ha llevado a la sobresaturación de los hospitales del sector salud público, sino al agotamiento de los medicamentos para sobrellevar la enfermedad sobre todo en las entidades que se encuentran en semáforo rojo.

Ante tal escenario no queda más que los pacientes tengan que acudir a clínicas del sector privado, o bien que tengan que ser atendidos por sus familiares en casa, corriendo con todos los gastos para la recuperación de los enfermos.

Uno de los gastos más fuertes que las familias se encuentra asumiendo es el costo del oxígeno medicinal, al ser un elemento indispensable para resistir al virus.

De lo anterior se desprende una gran preocupación ante las graves afectaciones hacia los enfermos por covid-19 y a la economía de sus familias.

Aunque hace algunos días el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general en todo el territorio nacional, que la producción y distribución de oxígeno medicinal para consumo humano es de carácter prioritario” 4 en el cual establece que ante la gravedad de la situación las autoridades competentes deberán garantizar la disponibilidad para todas las personas que lo requieran, asimismo se vigile que no se produzcan abusos en el precio del oxígeno.

Sin embargo, aun con la supervisión de las autoridades, ante la interminable crisis de salud por la que atraviesa nuestro país y la creciente demanda de oxígeno, han proliferado gran cantidad de expendios de recarga de cilindros portátiles, existiendo todo un mercado negro sin control que comercializa a un precio exageradamente alto.

Por su parte la “Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) elaboró un sondeo de los precios del mercado de la venta, renta y recarga de tanques de oxígeno y encontró una especulación que calificó como “criminal”, ya que asegura que los precios se han triplicado” 5 un tanque de 680 litros que se vendía en 2 mil 800 pesos ahora tiene un precio de 18 mil. Y, en el caso de los concentradores, antes se adquirían a 11 mil pesos y ahora son ofrecidos hasta en 60 mil.

Además de lo anterior, este insumo vital pronto se ha vuelto en México objetivo de los delincuentes que a través las diferentes plataformas digitales que solicitan datos personales y bancarios de las personas que se encuentran en búsqueda de un tanque de oxígeno medicinal, por lo que el responsable de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, anunció la toma de medidas a través la “suspensión de mil 200 perfiles de Facebook, así como 130 páginas de internet por presunto fraude en la venta de tanques de oxígeno” 6 es por lo anterior que resulta muy importante que las autoridades investiguen y apliquen todo el peso de la ley a quienes lucren con la necesidad de la población.

Aunado a las verificaciones que ya se encuentra realizando la Procuraduría Federal del Consumidor, resulta fundamental que las autoridades cuenten un registro a nivel nacional, con el nombre del establecimiento, dirección y teléfono de cada uno de los comercios que se encuentran vendiendo el oxígeno medicinal al público en general, y de esta manera evitar los miles de fraudes que se están dando en los establecimientos y a través de los diversos sitios web.

Ante la situación por la que atraviesa nuestro país, lucrar con el precio de este insumo, atenta contra la vida y la economía de miles de familias, por lo que urge tomar medidas concretas que detengan estos inaceptables actos.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, así como a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de sus competencias y en coordinación con las 32 entidades federativas del país, se considere la creación de un registro nacional de venta y recarga de oxígeno medicinal autorizado.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las fiscalías de las 32 entidades federativas, para que se investigue y se impongan todas las sanciones penales a quienes, frente a la crisis de salud por covid-19 que estamos viviendo, cometan actos de fraude en la venta de tanques y concentradores de oxígeno medicinal.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en coordinación con las 32 entidades federativas del país, en los municipios, y de manera especial, en el municipio de Tecámac, en el estado de México, se establezcan campañas de información para la adquisición segura de tanques y concentradores de oxígeno medicinal en todo el país.

Notas

1 https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-direc-tor-general-s -opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19—-24-june-2020

2 https://www.animalpolitico.com/2021/01/semaforo-riesgo-covid-campeche/

3 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/31/mapa-del-coronavirus-en-mexic o-31-de-enero-casi-1500-muertes-en-un-dia-cdmx-y-edomex-como-las-entidades-con- mas-casos-activos/

4 http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610265& fecha=22/01/2021

5 https://www.reporteindigo.com/reporte/lucrar-con-el-oxigeno-en-la-crisis-sanita ria-por-covid/

6 https://www.animalpolitico.com/2021/02/suspenden-sitios-paginas-facebook-estafa -oxigeno/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

SE GARANTICE DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE OXÍGENO MEDICINAL PARA TRATAMIENTO DE URGENCIA Y EMERGENCIA PARA LAS PERSONAS CON COVID-19

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos locales a destinar apoyos para garantizar disponibilidad y accesibilidad de oxígeno medicinal destinado al tratamiento de urgencia de personas con covid-19, a cargo de la diputada María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamentos en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible consideran fundamental garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos a cualquier edad. Es por ello, que buscan reforzar la capacidad de todos los países, en particular aquellas naciones que se encuentran en vías de desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. 1

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, reconoce el derecho humano que toda persona tiene a la protección de la salud y establece que, en caso de epidemias de carácter grave, la Secretaría de Salud en conjunto de las dependencias y entidades involucradas, tendrán obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables.

El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote del virus SARS-Cov-2 (covid-19) es una pandemia, derivado del incremento en el número de casos existentes en diversos países, por lo que consideró tal circunstancia como una emergencia de salud pública de relevancia internacional.

El 23 marzo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-Cov-2 (covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia. En ese acuerdo, además de reconocer la epidemia de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-Cov-2, el Gobierno de México hace un llamado a los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la reconversión hospitalaria y expansión inmediata de la capacidad instalada que garantice la atención oportuna de los casos de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-Cov-2.

Ante la pandemia, la OMS emitió la actualización de la estrategia frente a la covid-19, misma que es una guía que pretende ayudar a la sanidad pública a la covid-19 a nivel nacional y subnacional en atención médica. 2 La guía recomienda proporcionar atención médica y mantener los servicios sanitarios básicos para reducir la mortalidad los servicios sanitarios básicos para reducir la mortalidad ya que una de las características definitorias de la covid-19 es que los pacientes necesitan respiración asistida, es esencial la disponibilidad de equipos y de suministros cruciales como el oxígeno medicinal, respiradores y equipos de protección individual.

En México la pandemia por covid-19, supera las 150,000 muertes y 1 millón 771,740 casos de contagio. 3 Ante la necesidad de servicios hospitalarios, el Gobierno Mexicano adoptó la estrategia de Atención especializada covid en casa, tomando en cuenta que los enfermos pueden llevar la enfermedad en su casa sin necesidad de ir a un hospital teniendo oxígeno medicinal y atención de un especialista.

Ante esa estrategia de atención desde casa, se han generado abuso en los costos de tanques de oxigeno medicinal para el consumo humano. Francisco Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó que el aumento de precio del oxígeno medicinal en el 2020 fue de 4.5 por ciento, y que este año hubo una segunda alza, también de 4.5 por ciento. Asimismo, comentó que una recarga de oxígeno medicinal de 10, 000 litros cuestan 855 pesos, en toda la república, y la renta de un tanque grande, de esa misma capacidad, es costo es de 595 pesos. 4

El pasado 22 de enero del presente año, se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general en todo el territorio nacional, que la producción y distribución de oxígeno medicinal para consumo humano es de carácter prioritario. Dicho acuerdo establece una acción extraordinaria en materia de salubridad general para la producción y distribución del oxígeno medicinal para consumo humano, con la finalidad garantizar la disponibilidad de dicho producto a todas las personas que lo requieran en todo el territorio nacional.

De igual manera, dispuso que las autoridades competentes deben verificar y vigilar a las empresas productoras y distribuidoras de oxígeno medicinal para el consumo humano, incluyendo el sobreprecio del oxígeno medicinal, a efecto de que no se produzcan abusos en los costos del mismo.

Aunado a lo anterior, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en colaboración con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, y las empresas productoras y distribuidoras de oxígeno medicinal comenzaron la campaña “Devuelve tu tanque por amor a la vida”, 5  con la finalidad de contar con mayor número de tanques disponibles en el mercado para las personas que están requiriendo suministro de oxígeno en casa.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió las Directrices sobre la protección del Derecho a la Salud de las personas con covid-19, entre una de ellas, establece garantizar disponibilidad y accesibilidad de bienes esenciales y básicos para el tratamiento de urgencia y emergencia para las personas con covid-19.

Entre las medidas que propone la CIDH considera adoptar el incremento de adquisición o producción de oxígeno medicinal, medicación relacionada o respiradores mecánicos, insumos de cuidados paliativos, disponibilidad de ambulancias, suficiente personal de salud capacitado, así como el incremento de camas y espacios adecuados para la hospitalización. 6

Los esfuerzos del gobierno federal, ante la necesidad de contar con mayor disponibilidad de oxígeno medicinal, deben ser acompañados en conjunto con los gobiernos de las entidades federativas, como autoridades sanitarias, tal como lo señala la normatividad vigente.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las treinta y dos entidades federativas para que, en el ámbito de su competencia, destinen mayores recursos para garantizar disponibilidad y accesibilidad de oxígeno medicinal para el tratamiento de urgencia y emergencia para las personas con covid-19.

Notas

1 Naciones Unidas (2018), La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3), Santiago.

2 OMS(2020) Actualización de la estrategia frente a la covid-19.Disponible en el siguiente sitio web:

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/Covid-strat egy-update-14april2020_es.pdf

3 Conacyt (2021) covid-19, México. Disponible en el siguiente sitio web:

https://datos.covid-19.conacyt.mx/

4 Profeco(2021)Hay abasto suficiente de oxígeno medicinal: Profeco. Disponible en el siguiente sitio web:

https://www.gob.mx/profeco/prensa/hay-abasto-suficiente-de-oxige no-medicinal-profeco

5 Profeco (2021) Inicia campaña “Devuelve tu tanque. Por amor a la vida” para devolver tanques de oxígeno a la circulación. Disponible en el siguiente sitio web:

https://www.gob.mx/profeco/prensa/inicia-campana-devuelve-tu-tan que-por-amor-a-la-vida-para-devolver-tanques-de-oxigeno-a-la-circulacion

6 CIDH (2020) Derechos humanos de las personas con covid-19. Disponible en el siguiente sitio web:

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-4-20-es.pd f.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputada María Marivel Solís Barrera (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE PLANIFIQUE Y PRESUPUESTE OPORTUNAMENTE LA COMPRA DE VACUNAS CONTRA EL SARS-COV-2 PARA EL AÑO 2022

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a planificar y presupuestar oportunamente la compra de vacunas contra el SARS-Cov-2 para 2022 y fortalecer la infraestructura necesaria en su aplicación, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, y las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que planifique y presupueste oportunamente la compra de vacunas contra el SARS-Cov-2 para el año 2022; así como a fortalecer la infraestructura necesaria para su aplicación, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con la partición del virus SARS-CoV 2, que provoca la covid-19, la humanidad está enfrentado la peor de las pandemias. Su propagación mundial ha generado ya más de dos millones de muertes. Para detener esta pandemia es necesario utilizar todas las herramientas disponibles; entre ellas el desarrollo de vacunas se ha convertido en una gran esperanza para combatirlo y lograr su control en el corto plazo.

Por ello, vacunarse es una de las varias medidas que podemos tomar para protegernos y proteger a otras personas; protegerse es crucial porque, en el caso de algunas personas, la enfermedad puede ser grave e incluso ocasionar la muerte.

Las vacunas actúan junto al sistema inmunitario para que su organismo esté preparado para combatir el virus si se ve expuesto al mismo; otras medidas, como el uso de cubrebocas o mascarillas y el distanciamiento social, ayudan a reducir su riesgo de estar expuesto al virus y de propagarlo a otras personas. Pero, hasta ahora, la mejor protección contra el SARS-CoV 2, será vacunarse.

Cuando los gérmenes, como el SARS-Cov-2, que causa la covid-19, invaden nuestro organismo, atacan y se multiplican; esta invasión, llamada infección, es lo que causa la enfermedad. Afortunadamente, nuestro sistema inmunitario tiene diversas herramientas para combatir las infecciones, entre ellos linfocitos T, conocidos como células de memoria, que entran en acción rápidamente si el organismo se vuelve a encontrar con el mismo virus. Cuando se detectan los antígenos familiares, los linfocitos B producen anticuerpos para atacarlos.

Las vacunas contra la covid-19 ayudan a nuestro organismo a desarrollar inmunidad contra el virus que causa la covid-19 sin que para ello tengamos que contraer la enfermedad. Los diferentes tipos de vacunas actúan de diferentes formas para aportar protección, pero con todos los tipos de vacunas el organismo se queda con un suministro de linfocitos T de “memoria”, además de linfocitos B que recordarán cómo combatir ese virus en el futuro.

Sin embargo, aún no tenemos evidencia científica sobre cuánto tiempo podrán protegernos. Algunos estudios reportan datos respecto a que la inmunogenicidad, que es la capacidad de una sustancia de activar una respuesta inmune, puede durar hasta ocho meses o más; pero son datos que se encuentran en observación.

Por otro lado, se ha afirmado que con las vacunas que han recibido autorización para uso de emergencia, han aumentado las esperanzas de alcanzar la inmunidad de rebaño, si se vacuna al 70 u 80 por ciento de la población mundial se podría poner fin a su transmisión.

La inmunidad de rebaño se produce cuando los individuos de una población han desarrollado inmunidad suficiente para que, incluso en ausencia de intervenciones conductuales como el uso de mascarillas y el distanciamiento social, un nuevo caso promedio se transmita a menos de una persona y la transmisión ya no pueda sostenerse.

Sin embargo, aun contando con cantidades suficientes de vacuna es posible que no se alcance la inmunidad de rebaño para el próximo invierno, en cuyo caso la covid-19, podría convertirse en una enfermedad estacional que se produce cada año; no obstante, muchos factores serán determinantes, algunos ya bien entendidos y otros no. Pero ante ello, necesitamos cambiar nuestras expectativas.

En países de ingresos bajos y medianos, como es el caso de México, es probable que la escasez de suministro de vacunas impida alcanzar la inmunidad de rebaño en 2021. Algunos otros aspectos que podrían influir son: si la población duda en vacunarse se podría reducir a la mitad la cobertura; además, que la vacuna sólo está aprobada para adultos, por lo que no se cubriría al 17 por ciento de la población total.

Otro factor es el impacto protector de las vacunas, pues son eficaces para prevenir enfermedades graves, pero hay pruebas muy limitadas en cuanto a si previenen infecciones. En el modelo del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), estima que las vacunas son la mitad de eficaces para bloquear la infección que para prevenir enfermedades graves.

Otra variable importante a considerar es la propagación de nuevas variantes virales, como B.1.1.7 (identificada por primera vez en el Reino Unido) y B.1.351 (identificada por primera vez en Sudáfrica), cuya mayor transmisibilidad eleva el umbral necesario para alcanzar la inmunidad de rebaño. Adicionalmente a las variantes ya mencionadas, Brasil, Estados Unidos de América y Japón han notificado la detección de variantes cuyo alcance e importancia para la salud pública requieren más investigación epidemiológica y de laboratorio. Estas variantes pueden extender la actual oleada invernal hasta la primavera y hacer más difícil lograr la inmunidad de rebaño.

En síntesis, éstos y otros elementos sugieren una perspectiva real de que el SARS-Cov-2 se convierta en una enfermedad estacional crónica. Ante ello, es necesario considerar cambios de comportamiento más a largo plazo para amortiguar la transmisión, como el uso de cubrebocas cada invierno. Desde el gobierno federal, se debe planificar oportunamente para realizar una gestión eficaz para la disposición de vacuna contra el SARS-Cov-2, ante la imposibilidad real de lograr la inmunidad de rebaño a corto plazo.

Lo anterior nos obliga a tomar las previsiones necesarias, sobre todo porque el actual gobierno ha dado muestras de incapacidad para planear oportunamente; como ha sido el caso de las compras de medicamentos, vacunas y otros insumos para la salud originaron un gran desabasto en el Sistema Nacional de Salud.

Si bien, hoy el reto inmediato y urgente es alcanzar el objetivo de la política nacional rectora de vacunación contra el SARS-Cov-2 para la prevención de la covid-19 en México. Documento rector, de enero de 2021; también es necesario prever el futuro inmediato.

Actualmente, las vacunas que cuentan con autorización de uso de emergencia por parte de Cofepris son las desarrolladas por Pfizer BioNTech y AstraZeneca; dicha autorización posibilita su uso y aplicación dentro del Política Nacional de Vacunación del gobierno federal, misma que en la actualidad no contempla la coordinación con gobiernos locales o empresas para la aplicación de las vacunas.

La vacuna Pfizer–BioNTech recibió autorización el 2 de diciembre de 2020 de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) de Reino Unido, que se convirtió en la primera agencia regulatoria en otorgar la aprobación para su uso de la primera vacuna covid-19, El 11 de diciembre de 2020, la Cofepris y la FDA le otorgaron autorizan el uso de emergencia. El 31 de diciembre la OMS le otorga la autorización de uso de emergencia.

La vacuna AstraZeneca–Oxford recibió autorización de uso de emergencia el 30 de diciembre de 2020, de la MHRA MHRA de Reino Unido. El 4 enero 2021, la Cofepris autorizó el uso de emergencia de la vacuna.

De acuerdo con el último reporte de la OMS (26 enero 2021): 1 hay 236 vacunas en  desarrollo para covid-19, 63 en evaluación clínica y 22 de éstas en fase III.

Los objetivos de la fase III son:

-Demostrar la seguridad y eficacia del nuevo fármaco o vacuna en el paciente típico que vaya a utilizarlo.

-Confirmar los niveles de dosis efectiva.

-Identificar los efectos secundarios o motivos por los que el tratamiento no debería suministrarse a las personas que padecen una enfermedad en cuestión (lo que se conoce como contraindicaciones).

-Ampliar conocimientos sobre los beneficios del fármaco o vacuna y compararlos con los posibles riesgos.

-Comparar los resultados con los obtenidos con otros tratamientos existentes.

Las vacunas que actualmente están siendo aplicadas son las distribuidas por Pfizer-BioNTech, mientras que la aplicación de AstraZeneca se prevé para marzo del 2021. Por otro lado, las vacunas Curevac (Alemania) y Novavax (Estados Unidos) iniciaron, en enero, la fase 3 en México, mientras que la vacuna CanSinoBio (China) está pendiente de publicar sus hallazgos de la fase 3 que inició en octubre del 2020.

En síntesis, existen evidencias suficientes sobre la seguridad y eficacia de las vacunas con autorización y de las 22 que se encuentran en su Fase III de evaluación clínica, lo que genera certeza para comprometer adquisiciones para el futuro inmediato, desde hoy y estar en la primera línea de compras anticipadas que permitan asegurar el acceso oportuno a dichas vacunas; además de participar en convenios multilaterales con mayor ahínco como el método Covax.

Aun y cuando quedan muchas cuestiones científicas por resolver en relación con la eficacia de la vacuna y la duración de la inmunidad después de una infección natural, así como sobre lo que se considera como inmunidad duradera. Una de las enseñanzas más importantes que nos ha dejado esta pandemia, es que debemos prepararnos para enfrentar escenarios que pudieran complicarse.

Por ello resulta importante que nuestra máxima autoridad sanitaria empiece a tomar las medidas que permitan hacerle frente a la pandemia en el futuro inmediato, con base en las responsabilidades que la propia Ley General de Salud establece.

En el capítulo referido a la vacunación, la Ley General de Salud establece a la vacunación como una obligación y un derecho de todas las personas residentes en el territorio nacional; dicho derecho es responsabilidad del Estado mexicano. Establece que la vacunación contra enfermedades transmisibles, prevenibles por inmunización, es obligatoria en los términos que fije Secretaría de Salud.

Reconoce a la Secretaría de Salud como la principal autoridad, ejecutora y supervisora en la materia y a todas las instancias que conforman el Sistema Nacional de Salud, así como a los gobiernos de las entidades federativas, como facilitadores, colaboradores y operadores en el desarrollo de las actividades de vacunación.

En el artículo 157 Bis 4 y 5, se señala expresamente que, para efectos de la vacunación, la Secretaría de Salud debe definir, con la opinión del Consejo Nacional de Vacunación, las vacunas y los criterios y procedimientos para lograr el control, la eliminación o la erradicación de enfermedades prevenibles por vacunación.

Por ello, se debe convocar al Consejo Nacional de Vacunación para que dé su opinión y acompañe la adquisición de los bienes públicos mundiales como son las vacunas, como parte de una estrategia clave de la seguridad nacional en salud.

Respecto de las vacunas, la ley señala que todas las vacunas e insumos para su aplicación en seres humanos deberán ser de la mayor calidad disponible y cumplir con los requisitos sanitarios necesarios establecidos en las normas aplicables para salvaguardar la seguridad en su administración; mismas que deberán ser aplicadas por personal de salud capacitado.

Además, señala que el Estado mexicano procurará su abasto y distribución oportuna y gratuita; así como, la disponibilidad de los insumos necesarios para las acciones de vacunación; para lo cual la Cámara de Diputados asignará en cada ejercicio fiscal, los recursos presupuestarios suficientes para ese fin.

Por todo lo anterior, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se planifique y presupueste oportunamente la compra de vacunas contra el SARS-Cov-2 para el año 2022; así como a fortalecer la infraestructura necesaria para su aplicación.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud federal, convoque al Consejo Nacional de Vacunación para que, en términos de la Ley General de Salud, opine y acompañe la adquisición y aplicación de las vacunas contra el SARS-Cov-2.

Nota

1 https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-v accines

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE FORTALEZCAN Y AUMENTEN LOS CONTROLES MIGRATORIOS A FIN DE BLINDAR LAS FRONTERAS DE NUESTRO PAÍS CONTRA LA NUEVA CEPA B117 DEL VIRUS SARS-COV-2

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE, la SCT y la Ssa a fortalecer y aumentar los controles migratorios para blindar las fronteras del país contra la nueva cepa B117 del SARS-Cov-2, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, del Reglamento de Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con cifras de la Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EU), al 11 de enero de 2021, se han registrado 1 millón 959 mil 734 fallecimientos y 91 millones 539 mil 16 casos de contagio a escala global a causa de la pandemia del SARS-Cov-2. Entre los países con mayor índice de contagios y muertes, se encuentran Estados Unidos de América, con 22.8 millones de casos covid-19, y más de 380 mil muertes; seguido de India, con 10.5 millones de contagios y más de 151 mil fallecimientos; Brasil, con 8.13 millones de casos y 204 mil decesos; Rusia, con 3.39 millones de contagios, y 61 mil 389 muertes, así como Reino Unido, con 3.12 millones de personas contagiadas, y 81 mil 960 personas que perdieron la vida. 1

En México, la Secretaría de Salud federal, a través de la Dirección General de Epidemiología, informó que al 12 de enero de 2021, se han registrado 1 millón 556 mil 28 casos totales y 135 mil 682 decesos por covid-19. 2 Cabe destacar que en esta misma fecha se registró una de las cifras más altas por muertes a causa de la pandemia, con mil 314: la segunda cifra diaria más alta en defunciones después de que el 5 de octubre de 2020 se registrara un récord de 2 mil 789 muertes.

No obstante a las desalentadoras cifras que día con día aumentan, en septiembre de 2020, Reino Unido detectó una nueva variante de SARS-Cov-2 conocida como B117 o VUI-202012/01, misma que causó un aumento alarmante en el número de infectados de ese país. A finales de 2020, se estimaba que 6 de cada 10 casos correspondían a este nuevo tipo de virus. Los primeros análisis de esta variante indicaron que es mayormente transmisible que los anteriores virus en circulación y supone un aumento estimado de entre 40 por ciento y 70 por ciento en la transmisibilidad (lo que añade 0,4 al número básico de reproducción R0 y lo sitúa en un rango de 1,5 a 1,7). 3

Al conocer de la alta transmisibilidad del nuevo virus, las autoridades de Reino Unido anunciaron que las zonas afectadas quedarían sujetas a restricciones como la limitación de reuniones sociales, movilidad restringida, requerimientos para trabajar desde casa siempre que sea posible y el cierre de empresas que realicen actividades no esenciales.

La aparición de una nueva cepa de coronavirus obligó a más de 15 países a endurecer las medidas de movilidad internacional, principalmente en vuelos procedentes de Reino Unido. En Europa, países como Bélgica, Alemania, Italia, Francia y España cerraron totalmente sus fronteras a vuelos procedentes de este país europeo. En América Latina, países como Argentina, Colombia, Perú y Chile restringieron el acceso a su territorio. En el caso de los países integrantes de América del Norte, algunos impusieron medidas drásticas a fin de contener la propagación de la nueva cepa de covid-19; por su lado, Canadá, suspendió todos los vuelos procedentes de Reino Unido; y en Estados Unidos, se impusieron a todos los vuelos internacionales la obligatoriedad de mostrar una prueba negativa de covid-19, realizada tres días antes de tomar el vuelo hacia territorio estadounidense.

Por su parte, las autoridades mexicanas se negaron a imponer medidas extraordinarias relacionadas con el cierre de fronteras. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, argumentó que cerrar vuelos provenientes de este país europeo no contaría con ninguna atribución para reducir el riesgo de propagación, ya que, posiblemente, ésta ya se encuentra propagada por todo el mundo. En suma, la decisión del gobierno mexicano de mantener la apertura de las fronteras, se reforzó con el informe que presentó la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que desaconseja el cierre de vuelos provenientes de Reino Unido, al no existir evidencia alguna de que esto represente una amenaza adicional a la salud pública. 4

Sin embargo, el 10 de enero de 2021, la Secretaría de Salud de Tamaulipas informó que la cepa B117 fue hallada en un ciudadano de Reino Unido, quien es empleado de una empresa internacional. El viajero salió de Ámsterdam, Países Bajos, con destino a la Ciudad de México, para posteriormente viajar a Matamoros, Tamaulipas. El ciudadano británico presentó un considerable deterioro en su salud, por lo fue hospitalizado y posteriormente intubado.

Por consiguiente, si las prohibiciones a los viajes internacionales no pueden mantenerse indefinidamente, resulta necesario que los países, a escala local, redoblen esfuerzos e implementen mayores medidas de seguridad para reducir la propagación de la covid-19 dentro de sus fronteras. De ahí que, la obligación de las autoridades mexicanas con base en sus atribuciones, se centra en fortalecer y aumentar los controles migratorios, a fin de blindar las fronteras de nuestro país contra la nueva cepa B117 del SARS-Cov-2.

De manera que, ante los graves eventos suscitados por la pandemia, el gobierno de México cuenta con la obligación de proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo de las personas, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4o., párrafo cuarto, así como en la Ley General de Salud. Con base en lo anterior, las autoridades mexicanas deben aplicar medidas sanitarias que permitan que las y los ciudadanos mexicanos accedan de manera libre al ejercicio de sus derechos a través de la protección a la salud.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Secretaría de Salud para que, con base en sus atribuciones, fortalezcan y aumenten los controles migratorios a fin de blindar las fronteras de nuestro país contra la nueva cepa B117 del virus SARS-Cov-2.

Notas

1 https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda75947 40fd40299423467b48e9ecf6

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/605741/Comunicado_ Tecnico_Diario_COVID-19_2021.01.12.pdf

3 https://www.who.int/csr/don/21-december-2020-sars-cov2-variant-united-kingdom/e s/

4 https://news.un.org/es/story/2020/07/1478001

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero 2021.— Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

EXHORTO A LA SFP Y A DIVERSAS AUTORIDADES DE TLAXCALA, A INFORMAR RESPECTO A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP y diversas autoridades de Tlaxcala a hacer público el informe según los principios de disciplina financiera, dada la contravención de los principios de austeridad, racionalidad, transparencia, eficiencia, legalidad, honestidad y economía en la asignación presupuestal de 2021, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, María del Carmen Cabrera Lagunas, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita al Congreso del Estado de Tlaxcala, y a las autoridades responsables, rendir deta-lladamente un informe previo y justificado dentro de los principios de disciplina financiera al contravenir los principios de austeridad, racionalidad, transparencia, eficiencia, legalidad, honestidad y economía, en la asigna-ción presupuestal para el Ejercicio Fiscal de 2021 con base en el siguiente

I. Planteamiento del problema

La inconstitucionalidad de los artículos 37 y 106 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal de 2021, así como sus anexos ocho específicamente a la partida del Poder Legislativo en su capítulo 4000 denominado transferencias por un monto de $85,500,000.00 (ochenta y cinco millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.), específicamente en la distribución al fondo de obras y acciones para los municipios del estado por un monto de $450,000,000.00 (cuatrocientos cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.), respectivamente.

La contravención a los principios de disciplina financiera de eficiencia, economía, racionalidad y austeridad realizada al Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal de 2021, específicamente a la partida del Poder Legislativo en su capítulo 4000 denominado transferencias por un monto de $85,500,000.00 (ochenta y cinco millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.) y cincuenta y cuatro, específicamente en la distribución al fondo de obras y acciones para los municipios del estado por un monto de $450,000,000.00 (cuatrocientos cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.), respectivamente.

La planeación realizada al Presupuesto de Egresos de 2021 específicamente a la partida del Poder Legislativo en su capítulo 4000 denominado transferencias por un monto de $85,500,000.00 (ochenta y cinco millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.) así como a la planeación referente al fondo de obras y acciones para los municipios del estado por un monto de $450,000,000.00 (cuatrocientos cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.).

En ese sentido, existen antecedentes donde los presidentes municipales del estado de Tlaxcala, los cuales hacen valer bajo protesta de decir verdad y que sirven de apoyo, con fecha 28 de diciembre de 2020 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala el decreto 297 que contiene el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2021.

Cabe señalar que dicho decreto que contiene el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2021 es de orden público e interés general, aunado a que todos los ciudadanos contamos con un interés legítimo y general en que el estado administre los recursos económicos en términos del artículo 134, primer párrafo de la Constitución federal y demás ordenamientos aplicables, esto es que se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, por lo que el interés legítimo de los quejosos se actualiza en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracción I de la Constitución federal, en correlación con los artículos 1o., fracción I y 5, fracción I de la Ley de Amparo.

El cual establece que los ciudadanos contamos con un interés general en que el estado administre correctamente los recursos económicos paralela a que dicha función se ejerza de acuerdo con los principios de legalidad, transparencia y honradez y de conformidad al artículo 1o., tercer párrafo de la Constitución federal, señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley en su diverso 109 fracción III refiere:

Que todos aquellos servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

1. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones en donde la ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones así como el artículo 134 primer párrafo establece:

2. Que los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se manejarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer a lo que estén destinados de conformidad a lo que establece el artículo 1 párrafo segundo de la ley de disciplina financiera para las entidades federativas y municipios:

3. Todas las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la presente ley y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas

Por otro lado, el diverso 1 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal de 2021 tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control, información y evaluación del gasto público estatal para el Ejercicio Fiscal 2021 y por otro lado el artículo 273 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, señala el procedimiento que se debe de seguir para la elaboración del Presupuesto de Egresos, a saber:

4. El Presupuesto de Egresos se realizará con base en la formulación de presupuestos por programas con enfoque a resultados, en los que se señalen nombre del programa, descripción, justificación, objetivos estratégicos, metas calendarizadas y costo por programa-proyecto, así como las unidades responsables de  su ejecución, con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; el presupuesto deberá ser congruente con el plan estatal de desarrollo, plan municipal de desarrollo para el caso de los municipios, y los programas derivados de los mismos, según sea el caso, incluirá cuando meno lo siguiente:

5. El Presupuesto de Egresos será elaborado con perspectiva de género, debiendo ser ejercido y evaluado en función de sus logros en el bienestar de mujeres y hombres.

i. Objetivos anuales, estrategias y metas;

ii. Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los criterios generales de política económica, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los cuales sirven de base para la elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación,  las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable y abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes;

iii. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de deuda contingente, acompañados de propuestas de acción par a enfrentarlos;

iv. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos años para el caso de la estado y los tres últimos para el caso de los municipios, y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin, y

v. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada tres años para el caso del estado y cuatro para el caso de los municipios. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente.

vi. Deberá ser congruente con los criterios generales de política económica antes mencionados y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, así como aquellas transferencia del Estado, para el caso de los municipios.

Para el caso de los presupuesto de egresos de los municipios. Deberán ser congruentes con los planes estatal y municipal de desarrollo, y los programa derivados de los mismos, e incluirán cuando menos objetivos anuales, estrategias y metas.

Las proyecciones y resultados a que se refieren las fracciones ii y iv, respectivamente, comprenderán sólo un año para el caso de los municipios con una población menor a 200 mil habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Dichos municipios contarán con el apoyo técnico de la secretaría para cumplir lo previsto en este artículo.

Derivado de lo anterior, los integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, aprobaron el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2021 que el Ejecutivo del estado envió de conformidad con sus facultades y de acuerdo al artículo 37 de dicho Presupuesto de Egresos.

Establece que el presupuesto para el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala; importa la cantidad de $350,180,621.00, así como incluye la cantidad de $85,500,000.00 para apoyos sociales que están contemplados dentro del capítulo 4000 del Presupuesto para el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala se advierte lo siguiente:

Artículo 106. Las provisiones económicas que el gobierno del estado realice en el presente ejercicio fiscal tienen como propósito contribuir a la generación de un balance presupuestario positivo, controlar las ampliaciones y reducciones presupuestales tanto en el gasto como en el ingreso, así como establecer fondos de blindaje financiero específicos que permitan atenuar los efectos de situaciones adversas en las finanzas públicas del estado los montos de los fondos de blindaje financiero son por un total de $1,108,509,395.0. 0.

La función pública debe ejercerse de acuerdo con los principios de legalidad, transparencia y honradez que señala el artículo 109, fracciones I y II; y 134, primer párrafo de la Constitución federal, el principio de legalidad prescribe que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley permite.

En el caso concreto, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo se apartaron del marco constitucional y legal antes señalado, toda vez que no cumplieron los presupuestos normativos que exige la ley para el presupuesto de egresos, apartándose en todo momento del principio de racionalidad, específicamente para sustentar parcialmente el del artículo 37 y el 106 del ordenamiento multiseñalado, lo cual se traduce en un acto ilegal y por ende inconstitucional.

A mayor abundamiento, el artículo 36 de dicho presupuesto señala, que el Presupuesto por Concepto de Subsidios y Ayudas Sociales, estará sujeto a la autorización y suficiencia presupuestaria de la secretaría, por lo que pone de manifiesto que ya existe una partida para “ayudas sociales”, misma que es por un monto de $15,326,200.00 (quince millones trescientos veintiséis mil doscientos pesos 00/100 m.n.) situación que evidencia que el recurso económico asignado a la partida 4000 del poder legislativo por la cantidad de $85,500,000.00 (ochenta y cinco millones quinientos mil pesos 00/100 m.n.) para ayudas sociales (no económicas) carece de disciplina financiera al contravenir los principios de austeridad, racionalidad, transparencia, eficiencia, legalidad, honestidad y economía.

La misma suerte corre la planeación referente al fondo de obras y acciones para los municipios del estado por un monto de $450,000,000.00 (cuatrocientos cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.), el cual carece de disciplina financiera al contravenir los principios de austeridad, racionalidad, transparencia, eficiencia, legalidad, honestidad y economía. basta manifestar que el desarrollo social por jerarquía de bienes jurídicos y presupuestaría se encuentra supeditado al derecho humano de vida y salud, derechos que por su naturaleza son de primer orden, y éstos tienen que ser garantizados de forma integral toda vez que se ha establecido un monto mayor al desarrollo social que para el combate a la contingencia sanitaria y al desarrollo económico productivo.

Con base en lo anterior, resulta irracional el Presupuesto de Egresos de 2021, en lo que hoy se combate y por ende inconstitucional, por lo que solicito se conceda la suspensión provisional y en su momento la definitiva del acto reclamado a efecto de que la partida 4000 del presupuesto asignado al Poder Legislativo para el Ejercicio Fiscal de 2021 no se ejecute; de igual forma a efecto de que se suspenda el acto reclamado y no se celebren los convenios con los municipios a efecto de ejecutar el fondo de obras y acciones para los municipios del estado de Tlaxcala por un monto de $450,000,000.00 (cuatrocientos cincuenta millones de pesos 00/100 m.n.) y se garanticen de manera real otras necesidades prioritarias, como lo es el sector agrícola, considerando que existen 134 mil ejidatarios de acuerdo con cifras del Inegi, así como reforzar la atención médica, infraestructura hospitalaria, equipamiento que se canalicen para la atención de la emergencia SARS-Cov-2 (covid-19), estímulos a empresas afectadas, seguro de desempleo para, apoyo a emprendedores, comerciantes, etcétera.

Por lo que la suspensión es procedente al no seguir prejuicio al interés social ni contravenir disposiciones de orden público, aunado a que existe una partida para “ayudas sociales”, misma que es por un monto de $15,326,200.00 (quince millones trescientos veintiséis mil doscientos pesos 00/100 m.n.) de conformidad con el artículo 36 del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2021.

Documento público consistente en el decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, publicado el 28 de diciembre de 2020 mediante decreto 297 en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, así como sus respectivos anexos, documental que se encuentra en el portal web

http://periodico.tlaxcala.gob.mx/indices/ext28122020.pdf prueba con lo que se acredita la ilegalidad, irracionalidad e inconstitucionalidad de lo reclamado en el presente.

Por lo antes expuesto, pongo a consideración de este honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, y a la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala para que, en el ámbito de sus competencias, hagan público el informe sobre el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala correspondiente al ejercicio fiscal de 2021, al contravenir los principios de austeridad, racionalidad, transparencia, eficiencia, legalidad, honestidad y economía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

EXHORTO A QUE SE APRUEBE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XIII DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la colegisladora a aprobar la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la CPEUM, relativa a permitir la reincorporación de los agentes del MP, los peritos y los miembros de las instituciones policiales a sus centros de trabajo, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a aprobar la minuta que reforma y adiciona la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir la reincorporación de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la federación a sus centros de trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Diversos diputados de los diferentes grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados y un congreso local presentaron iniciativas para reformar en la fracción XIII del artículo 123 constitucional, entre los que se encuentran

La diputada María Gloria Hernández Madrid presentó la iniciativa el 29 de abril de 2016.

El Congreso de Jalisco presentó la iniciativa el 5 de julio de 2017.

La diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez presentó iniciativa el 14 de septiembre de 2017.

El diputado Waldo Fernández González presentó iniciativa el 10 de octubre de 2017.

Los diputados Víctor Manuel Sánchez Orozco y Macedonio Salomón Tamez Guajardo presentaron la iniciativa el 31 de octubre de 2017.

El diputado. Virgilio Mendoza Amezcua presentó iniciativa el 7 de noviembre de 2017.

El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa presentó iniciativa el 14 de diciembre de 2017.

El diputado José Hernán Cortés Berumen presentó iniciativa el 24 de abril de 2018.

Las diferentes iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados para su estudio y debida dictaminación, hecho lo anterior, el pleno la aprobó el 26 de abril de 2018 con 320 votos a favor y 1 en contra, en esa misma fecha fue remitida a la Cámara de Senadores para su discusión y dictamen, radicada que fue se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos Primera y Segunda, pero a la fecha no se ha emitido dictamen alguno.

El objetivo de la reforma al artículo 123 apartado B fracción XIII, es otorgarles a los agentes del ministerio público, a los peritos y a los miembros de las instituciones policiales de la federación, las entidades federativas y los municipios, la posibilidad de ser reintegrados a sus centros de trabajo cuando sean separados de sus funciones sin causa justificada ya que actualmente carecen de ese derecho, de ahí la importancia y necesidad de que la minuta sea aprobada por la colegisladora.

El dictamen que aprobó el pleno de la Cámara de Diputados fue debidamente fundamentado y motivado al considerar que la norma constitucional actualmente prohíbe la reincorporación de los agentes del ministerio público, peritos y policías con independencia del resultado del juicio, es decir, aun resolviendo que el cese fue injustificado es atentatoria del derecho humano al trabajo y a no ser privado del mismo sin causa justa.

Asimismo, se estimó que veda el principio de presunción de inocencia, en la medida que la norma constitucional, sentencia a priori a la no reincorporación, aun tomando en consideración que el resultado del juicio puede ser a favor del policía cesado, ya que no basta que el legislador haya previsto medios ordinarios y extraordinarios para combatir la remoción, cuando el efecto de la sentencia nunca puede ser la reincorporación, ya que a lo sumo al ser injustificada la baja, lo procedente es el pago de una indemnización.

El artículo 67, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece entre otros la obligación del presidente de la Cámara de Senadores a excitar a cualquiera de las comisiones a que presenten dictamen si han transcurrido 20 días hábiles después de aquel en que se les turne un asunto, para que lo presenten en un término de diez días; es decir, las comisiones cuentan con el término de treinta días para dictaminar, en el caso que nos ocupa no se ha dictaminado la minuta.

Artículo 67.

1. El presidente de la Mesa Directiva es el presidente de la Cámara y su representante jurídico; en él se expresa la unidad de la Cámara de Senadores. En su desempeño, deberá hacer prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo, para lo cual, además de las facultades específicas que se le atribuyen en el artículo anterior, tendrá las siguientes atribuciones:

g) Excitar a cualquiera de las comisiones, a nombre de la Cámara, a que presenten dictamen si han transcurrido veinte días hábiles después de aquél en que se les turne un asunto, para que lo presenten en un término de diez días; si no presentaren el dictamen dentro de ese término y no mediare causa justificada, el o los proponentes podrán solicitar que se turne a otra Comisión...

En virtud de que la minuta que reforma el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue turnada a la colegisladora el 26 de abril de 2018 y considerando que ha transcurrido suficiente tiempo y a la fecha no se ha pronunciado al respecto, debido a la importancia del tema, es necesario que se someta al pleno del senado para que se discuta en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales.

Por todo lo expuesto, y con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 62, numeral 3, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión a aprobar la minuta que reforma y adiciona la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a permitir la reincorporación de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la federación a sus centros de trabajo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

EXHORTO AL CONGRESO DE BAJA CALIFORNIA, A ARMONIZAR SU CONSTITUCIÓN EN MATERIA DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de BC a reformar su Constitución y armonizarla en materia de movilidad y seguridad vial, a cargo de la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Lizbeth Mata Lozano, diputada de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorgan los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta soberanía, punto de acuerdo por el que se exhorta a la XXIII Legislatura del Congreso del estado de Baja California, a fin de que reforme la Constitución Política del estado libre y soberano de Baja California y la armonice con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial; asimismo, en su caso, se deroguen las disposiciones contrarias a la misma; a efectos de que las facultades del transporte público regresen a los municipios de la entidad, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

A la movilidad se le considera un parámetro que mide la cantidad de desplazamientos que las personas o las mercancías efectúan en un determinado sistema o ámbito socioeconómico. A lo largo de la historia han existido cambios en los modelos urbanos y territoriales, lo cual ha generando grandes problemas de movilidad, entre estos problemas de movilidad se incluyen la congestión del tráfico, la mala circulación y el transporte.

Una parte fundamental de la movilidad es el transporte, ya que toda actuación que pretenda reorientar la movilidad hacia un enfoque sostenible pasa por dos objetivos, distintos pero complementarios y necesariamente simultáneos: disminución del uso del automóvil privado y fomento de los transportes públicos y no motorizados.

Es así que el transporte público entra en la movilidad como parte fundamental para los desarrollos urbanos y sociales de las comunidades. De este modo, la movilidad también regula el transporte público de nuestro país.

El pasado 14 de octubre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional en materia de movilidad y seguridad vial; en dicha reforma se modifican 3 artículos constitucionales: 4o., 73 y 115, con la intención de lo siguiente:

-Derecho a la movilidad y seguridad vial. Se reforma el artículo 4o. de la Constitución para incluir que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

-Facultad al Congreso para emitir Leyes en materia de movilidad y seguridad vial. Se modifica el artículo 73 de la Constitución, para el Congreso de la Unión pueda expedir leyes que establezcan la concurrencia entre el gobierno federal, entidades federativas y municipios (leyes generales) en materia de movilidad y seguridad vial.

-Municipios con facultades en materia de movilidad y seguridad vial. Se reforma al artículo 115 constitucional, para: 1) Agregar la facultad a los municipios en materia de planes para movilidad y seguridad vial; y 2) para que en zonas metropolitanas (que abarquen territorios municipales de dos o más entidades federativas), la federacion, las entidades y los municipios respectivos, planeen y regulen conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad y seguridad vial, con apego a las leyes federales.

-Consejo de Desarrollo Metropolitano. La reforma al artículo 122 constitucional agrega la facultad al Consejo de Desarrollo Metropolitano para coordinar en materia de movilidad y seguridad vial, dicho consejo deberá estar contemplado en la Ley General que se emita.

Para el 30 de octubre del mismo año, ya había sido aprobada por 17 legislaturas estatales, por lo que ya podría hacerse la declaratoria para su posterior publicación, sin embargo, la declaración se hizo hasta el 3 de diciembre pasado. Y dicha reforma quedó publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2020.

Es importante señalar que en los transitorios de la reforma mencionada señalan un tiempo para emitir legislación, que una vez publicadas las reformas, el Congreso tiene 180 días para emitir la Ley General en la materia, al igual que las reformas necesarias en la materia.

Desafortunadamente, en octubre 2019 el Congreso del estado de Baja California aprobó una reforma a la Constitución local a efectos de otorgarle las facultades en materia de movilidad al gobernador del estado de Baja California, hecho que actualmente es contradictorio a la reforma reciente de la Constitución federal. Posterior-mente, en marzo de 2020 se emitió la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, mediante la cual se establecen las bases con las que los municipios de la entidad le otorgan el control total del transporte público al gobernador del estado.

Por lo que en armonía con lo que la movilidad implica, la legislación en materia de movilidad que exista en nuestro país incluye la materia del transporte público y debe estar orientada y armonizada con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que actualmente establece que los municipios tendrán las facultades en materia de movilidad y seguridad vial.

Por esto, es indispensable que el Congreso del estado de Baja California actualice su legislación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y regrese al estatus en el que se encontraba la movilidad en general en Baja California, hasta antes de octubre de 2019, para que sean los municipios quienes tengan la facultad y manejo del transporte público que corresponda a los mismos.

De este modo, mediante el presente documento se expone proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al Congreso del estado de Baja California, a fin de que reforme la Constitución Política del estado libre y soberano de Baja California y la armonice con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial; asimismo, en su caso, se deroguen las disposiciones contrarias a la misma; a efectos de que las facultades del transporte público regresen a los municipios de la entidad.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión emite atento y respetuoso exhorto a la XXIII Legislatura del Congreso del estado de Baja California, a fin de que reforme la Constitución Política del estado libre y soberano de Baja California y la armonice con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial; asimismo, en su caso, se deroguen las disposiciones contrarias a la misma; a efectos de que las facultades del transporte público regresen a los municipios de la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputada Lizbeth Mata Lozano (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, para dictamen.

SE REALICE LO NECESARIO PARA QUE RECUPEREN SUS AHORROS LAS PERSONAS DEFRAUDADAS POR LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS SERFIR, SOCIEDAD COOPERATIVA DE R.L. DE C.V., EN CHIAPAS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP a realizar los convenios, acuerdos y actos jurídicos requeridos para que recuperen sus recursos los defraudados en Chiapas por la caja de ahorro y préstamos Serfir, Sociedad Cooperativa de RL de CV, a cargo de la diputada Maricruz Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Maricruz Roblero Gordillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que realice los convenios, acuerdos y todos los actos jurídicos que se requieran, para que las personas defraudadas por la caja de ahorro y préstamo denominada Serfir, Sociedad Cooperativa de RL de CV, en el estado de Chiapas, puedan recuperar sus ahorros.

Antecedentes

La caja de ahorro y préstamo Serfir, Sociedad Cooperativa de RL de CV, se constituyó con finalidad de servir a la población indígena y campesina de la sierra de Chiapas 1 debido a la falta de servicios financieros en la región. Esta institución gozaba de completa certidumbre entre los usuarios ya que incluso el gobierno estatal y el federal transferían los pagos de apoyos gubernamentales.

A principios de febrero del 2013 Serfir se declaró en quiebra, bajo el argumento de que ya no contaba con los recursos suficientes para seguir operando, sin embargo; los usuarios seguía depositando sus ahorros producto de varios años de trabajo, sin que se les explicara con claridad, la crisis financiera por la que estaba pasando la caja de ahorro.

De acuerdo el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, desde 2013 los defraudados solicitaron la intervención de los gobiernos estatal y federal, por lo que sostuvieron reuniones con servidores públicos de diversas instituciones, llegando a acuerdos que no han sido cumplidos o se concretaron parcialmente.

En 2014 se firmó una minuta en la que estipularon varios compromisos, 2 entre ellos, la firma de un convenio con el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago).

Es importante destacar que, el funcionamiento del Fipago se estableció en la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores en el año 2000, con el objetivo de subsanar el daño patrimonial provocado por los fraudes de entidades financieras no formales en aquella época; sin embargo, su labor permaneció hasta el año pasado, para apoyar el proceso de consolidación de este sector, y darle salida ordenada a las cooperativas que no lograron su autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Consideraciones

En octubre de 2020 se emprendieron una serie de reformas, derogaciones y abrogaciones de diversas disposiciones con el objetivo de combatir la opacidad y discrecionalidad con la que se manejaban los recursos de 109 fideicomisos, entre ellos se suprimió la Ley del Fipago. 3 Lo anterior generó mayor incertidumbre a los ahorradores defraudados por Serfir en los municipios de la sierra de Chiapas.

Sin embargo, al eliminarse el fideicomiso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) quedaría obligada a realizar la función de este ente. Lo anterior quedó plasmado en los transitorios quinto y vigésimo del Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de Protección Civil; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley Federal de Cinematografía; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Víctimas y se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de noviembre de 2020, (DOF, 2020); a la letra dicen:

“Quinto. Los ejecutores de gasto, por conducto de sus unidades responsables, deberán coordinarse con las instituciones que fungen como fiduciarias para llevar a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fideicomisos y dar por terminados los mandatos y análogos públicos a que se refieren las disposiciones que se reforman o derogan por virtud de este Decreto, con la finalidad de que durante el primer semestre del ejercicio 2021 se suscriban los convenios de extinción o terminación respectivamente, en términos de las disposiciones aplicables.

Los derechos y obligaciones derivados de los instrumentos jurídicos que por virtud del presente Decreto se extinguen o terminan, serán asumidos por los ejecutores de gasto correspondientes con cargo a su presupuesto autorizado, de conformidad con las disposiciones aplicables.

...”

“Vigésimo. Se faculta a la SHCP, para que en coordinación con la Fiduciaria establecida por la Ley del Fipago, en su caso, realice los convenios, acuerdos, y todos los actos jurídicos que sean necesarios, para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas y convenios en proceso de formalización al 20 de septiembre de 2020. Asimismo, se faculta a la SHCP para realizar los convenios, acuerdos, y todos los actos jurídicos que se requieran, en coordinación con las Entidades Federativas en las que se localizan las citadas cajas de ahorro, para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas y convenios en proceso de formalización que hayan sido reportados por la SHCP”.

En este sentido, la SHCP debe convocar a sesión del Comité Técnico del Fipago para acordar los términos en los que se da la extinción del fideicomiso, en el primer semestre del presente año; al paralelo de convenir los actos jurídicos necesarios para que en coordinación con el gobierno del estado de Chiapas, se dé certeza a las personas afectadas, pues se estarían corrigiendo las omisiones en garantizar justicia y la devolución de los recursos que tanto necesitan, ya que su condición de vulnerabilidad es muy alta.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que convoque a sesión al Comité Técnico del Fipago con la finalidad de que se suscriban los convenios de extinción o terminación del fideicomiso durante el primer semestre del ejercicio 2021.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que realice los convenios, acuerdos y todos los actos jurídicos que se requieran, para que las personas defraudadas por la caja de ahorro y préstamo denominada Serfir, Sociedad Cooperativa de RL de CV, en el estado de Chiapas, puedan recuperar sus ahorros.

Notas

1 Motozintla, El Porvenir, Huixtla y Siltepec, principalmente.

2 Otros acuerdos fueron que la SHCP contrataría un despacho contable para que hiciera la auditoría a SERFIR, a fin de integrar una base de datos para determinar el número de ahorradores, el saldo neto de ahorro y los montos de aportación. El gobierno del estado de Chiapas se comprometió con los municipios afectados a determinar el monto de su aportación de acuerdo con el convenio que se suscribiera con el Fideicomiso, a fin de resarcir el daño patrimonial. El único acuerdo que se ha cumplido de forma parcial es la auditoría contable a la caja de ahorro y Préstamo SEFIR, (Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, 2015).

3 Por citar un ejemplo, en el Informe General de la Cuenta Pública 2014, la Auditoria Superior de la Federación señala que el Fideicomiso erogaba recursos mensuales por concepto de honorarios, que eran ocupadas con la finalidad de apoyar a las labores del ente, sin embargo; al ser un fideicomiso no paraestatal, en teoría no debería tener estructura orgánica.

Fuentes consultadas

-Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, 2015. Familias Indígenas y campesinas defraudadas por caja de Ahorro y Préstamo Serfir en los municipios de Motozintla, El Porvenir, Huixtla y Siltepec. Disponible en:

https://digna1.rssing.com/chan-14307801/all_p4.html

- DOF, 2020. Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Hidrocarburos; de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de Protección Civil; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley Federal de Cinematografía; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Víctimas y se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604411&fecha =06/11/2020

-Informe General de la Cuenta Pública 2014, Auditoría Superior de la Federación. Disponible en:

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/feb/ASF_InfGral-20 160218.pdf

-Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. Disponible en:

https://leyco.org/mex/fed/190.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputada Maricruz Roblero Gordillo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

RESPECTO AL PUNTAJE DEL EXAMEN NACIONAL DE ASPIRANTES A RESIDENCIAS MÉDICAS DE 2021, 2022 Y 2023, QUE HAYAN APOYADO EN EL COMBATE A LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL SARS-COV-2

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a otorgar como puntos adicionales por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud 10 por ciento de los totales del “examen nacional de aspirantes a residencias médicas” de 2021 a 2023 a los médicos internos de pregrado, pasantes en servicio social o estudiantes de medicina que hayan apoyado a las comisiones de personal de salud en el combate de la pandemia provocada por el SARS-Cov-2, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, David Bautista Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Los coronavirus son una familia de virus que causan diversas infecciones; desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, tales como el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (Mers-Cov), o los síndromes respiratorios agudos severos covid-12 y covid-19. 1

El covid-19 es una enfermedad, que se propaga principalmente por contacto directo y presenta diversos síntomas como; fiebre, rinorrea, cansancio, dolor de cabeza y síntomas respiratorios. Algunas personas que contraen covid-19 acaban presentando un cuadro grave y experimentan dificultades para respirar, neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte. De momento, las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen un mayor riesgo de presentar una forma grave de la enfermedad. Sin embargo, cualquier persona puede contraer el virus y caer gravemente enferma.

Al día de hoy, la cepa SARS-Cov-2 ha cobrado la vida de más de 2 millones de personas en el mundo, y en razón de personas contagiadas, la cifra supera la barrera de los 99 millones. A escala nacional, los números son igual de alarmantes, casi 150 mil defunciones y más de 1.7 millones de contagios. 2

Fuente: https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&gl=US&ceid= US%3Aes-419

Por esto y debido a la dificultad para frenar la expansión de la epidemia, el gobierno federal ha emprendido múltiples acciones para proteger a población mexicana, entre ellas, implementar acciones en el sector salud, al mismo tiempo de orientar a la población a recluirse en sus casas, cerrar edificios públicos, empresas y comercios, además de limitar la movilidad general.

De ahí que el 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General decretara Emergencia Nacional Sanitaria por el nuevo coronavirus, por lo que el 31 de marzo se publicó en el Diario Oficial el acuerdo “Acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”, con las medidas para enfrentar la emergencia sanitaria generada por el SARS-Cov-2. 3

A partir de esta fecha se llevó a cabo la Jornada Nacional de Sana de Distancia de la Secretaría de Salud, basada en una serie de medidas no farmacéuticas destinadas a la contención de la pandemia y la suspensión inmediata de las actividades no esenciales. Además, el acuerdo establece que las personas deberán lavarse las manos frecuentemente; estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca con el antebrazo); no saludar de beso, de mano o abrazo (saludo a distancia); no se podrán realizar reuniones de más de 50 personas, y todas las demás medidas de sana distancia vigentes, emitidas por la Secretaría de Salud federal.

Sin embargo, estas medidas no han podido contener el aumento de contagios en el país y las hospitalizaciones siguen incrementándose, razón por la que se ha determinado endurecer algunas medidas; a nivel federal, se amplió el trabajo a distancia de los trabajadores de gobierno hasta el próximo 30 de abril, igualmente, se pospusieron las clases presenciales en entidades que se encuentran en verde en el semáforo epidemiológico hasta la vacunación, además, se anunciaron apoyos para gastos funerarios a personas que sufrieron la pérdida de un familiar por covid-19 y diversos créditos a la palabra para distintos sectores económicos.

A escala local, se implantaron diversos protocolos extraordinarios, y los que destacan son; el decreto del gobernador de Querétaro para el uso obligatorio de cubrebocas y ley seca los domingos; en Tabasco se anunció la restricción de operación de establecimientos no esenciales e igualmente, se redujo la venta de alcohol; en Chihuahua, todos los negocios de cualquier giro deberán permanecer cerrados los fines de semana; el Estado de México regresó a rojo en el semáforo epidemiológico y en la Ciudad de México se anunciaron 600 camas extras para la atención a pacientes y la contratación de nuevo personal de salud.

En materia de salud, aparte de las medidas extraordinarias de emergencia ya mencionadas, está el acuerdo entre el gobierno federal y hospitales privados para subcontratar servicios médicos a hospitales privados traducido en 3 mil 115 camas en abril pasado. Luego, en julio pasado, se anunciaron medidas para garantizar el suministro de agua en hospitales y áreas marginadas. Igualmente, se implementó el “semáforo epidemiológico” para determinar el nivel de confinamiento/apertura económica en cada estado del país.

Además, recientemente, se anunció un plan de vacunación que consta de 5 etapas, las cuales definen fechas de aplicación de la vacuna contra coronavirus por grupos de población, siendo la primera para personal de salud, seguidos de adultos mayores, para pasar a personas de 50 a 59 años, luego, la cuarta etapa es para personas de 40 a 49 años y la última, para el resto de la población.

Pero sobre todo se destaca el llamado de nuestro compañero y presidente Andrés Manuel López Obrador, a médicos retirados para que se integren a clínicas, hospitales y brigadas de salud para combatir la contingencia sanitaria provocada por el SARS-Cov-2.

En ese tenor, y ante el aumento de contagios, médicos internos de pregrado (MIP) y pasantes de servicio social también fueron convocados para agregarse al personal de salud que está combatiendo el virus. Destacar que este llamado fue un llamado a la formación, a la ética profesional, a los valores como personas, pero sobre todo como profesionales del área de la salud.

Los MIP son estudiantes de medicina que aún no han terminado la carrera ya que están en el último curso, justo antes del servicio social y los pasantes de servicio social son estudiantes cumpliendo con un año de servicio a la comunidad, generalmente en zonas rurales o en instituciones públicas con atención a personas de escasos recursos.

Volviendo al tema que nos ocupa, dicha convocatoria ha generado opiniones encontradas, por un lado, para los expertos, es una gran oportunidad para promover de manera profunda el humanismo de los estudiantes, perfeccionar prácticas hospitalarias y mejorar la certeza y seguridad en la praxis médica. Por otro lado, se considera que los estudiantes se encuentran en riesgo por contagio y que necesitan más capacitación, por lo que se ha criticado que se expongan a los estudiantes de medicina en la atención del covid-19.

Por esta situación, las universidades retiraron a sus estudiantes de medicina de los hospitales públicos determinando que no podrían estar en los servicios de urgencias, terapia intensiva o en la ruta de los pacientes con covid-19, “pensando justamente en salvaguardar la integridad de los estudiantes”. 4

De tal modo, las instituciones educativas capacitarán a sus estudiantes en covid-19 y esperarán a que haya un mejor suministro de materiales de protección, para después evaluar si pueden reincorporarlos. 5

Al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló: “[Como son estudiantes,] nos parece pertinente la medida de precaución de las universidades de retirarlos, son más vulnerables porque no han completado su capacitación. No queremos que estén en los espacios de atención de covid, pero nos pueden apoyar en áreas de menor riesgo para que nos podamos retirar personal de esas áreas y los estudiantes nos apoyen ahí”. 6

En consecuencia, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud, desplegó un comunicado donde anunció que los MIP y pasantes de servicio social de todas las carreras de la salud sin factores de riesgo para enfermedad grave por covid-19, deberán reincorporarse a las unidades en las que están adscritos. 7

En el caso de que estas hayan sido designadas para la atención de pacientes con coronavirus, serán reubicados en áreas de menor riesgo. Los SESA y los hospitales, en coordinación con las instituciones educativas, deberán supervisar y garantizar las medidas de protección para los estudiantes, así como dotarles de los insumos de protección personal de acuerdo al nivel de riesgo. 8

Este comunicado fue secundado por la Dirección Normativa de Salud del ISSSTE, la cual señaló que los estudiantes adscritos a hospitales de atención covid-19 podrán ser reubicados a unidades médicas, voluntariamente, para atender patologías diversas, en servicios que tengan bajo riesgo de contagio y con equipo de protección personal correspondiente de conformidad con las guías operativas que difundió el instituto en sus clínicas y hospitales. 9

Sin embargo, la saturación hospitalaria y el aumento de personal cansado o incapacitado por covid-19, en la Ciudad de México, propiciaron que el gobierno capitalino lanzara una convocatoria, con remuneración apropiada, abierta a especialistas y pasantes para sumarse a las filas de personal de salud que está atendiendo a pacientes contagiados con el virus. Donde se contará con el apoyo de brigadas provenientes desde los estados que actualmente se encuentran en semáforo epidemiológico verde.

Aunque esta fue una gran oportunidad de sumarse como apoyo a la primera línea de batalla contra el covid, incrementando el aprendizaje y la experiencia y, además, con un salario adecuado, la realidad es que sólo fueron 350 plazas disponibles, de modo que no se puede considerar que, con esta convocatoria o cualquiera similar, se reconozca a todo el sector estudiantil que está apoyando en esta crisis sanitaria.

En consecuencia, para lograr un reconocimiento a esta labor altruista, será necesario apuntar al común denominador de los estudiantes, y precisamente el “examen nacional para aspirantes a residencias médicas” (ENARM) cumple dicho objetivo. Y aunque los estudiantes que se enlistaron para apoyar en la atención de la contingencia sanitaria provocada por el SARS-Cov-2, al igual que los médicos que hayan realizado servicio social comunitario dentro del país en zonas de alta marginación entre los años 2015 y 2020 obtuvieron dos puntos adicionales en el puntaje total del ENARM de 2020, dicha situación fue un beneficio insuficiente en proporción al esfuerzo desplegado por dichos estudiantes de medicina.

El ENARM es una prueba aplicada anualmente y es regulada por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, la cual busca seleccionar a los médicos mejor preparados para realizar los cursos de especialización médica en las plazas disponibles dentro del territorio mexicano. Además, constituye la primera etapa del proceso para ingresar en el Sistema Nacional de Residencias Médicas y se realiza con un sistema de seguridad integral mediante acciones de evaluación en sus diferentes fases y dimensiones de trabajo para garantizar su integridad y calidad.

Específicamente, el ENARM mide los conocimientos médicos centrándose en salud pública, urgencias y medicina familiar; en el contexto de las cuatro troncales de especialidad: medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia y cirugía general; el examen incluye preguntas estructuradas en reactivos con formato de casos clínicos, conteniendo de una a tres preguntas por cada caso con respuestas de opción múltiple con una sola opción de respuesta correcta.

La convocatoria al ENARM, normalmente, se abre cada mes de marzo de todos los años y hasta el 2019 se ofertaban 9 mil plazas aproximadamente, pero para el último año, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se ampliará a casi 19 mil nuevas plazas, por lo que el número de especialistas de la salud aumentará.

De ahí que el titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que se invertirán más de 2,500 millones de pesos en la formación de médicas y médicos especialistas que realizarán una residencia médica.

Este aumento obedece a que, en materia de salud, se heredó un déficit de especialistas médicos ya que durante la época neoliberal no se formaron médicos ni especialistas porque se empeñaron en privatizar la educación con el pretexto de que no pasaba en el examen de admisión en las universidades públicas. 10

En conclusión, se debe reconocer y cuidar el trabajo de los médicos residentes e internos de pregrado que ayudan al combate del covid-19 en diversos hospitales de nuestro país, ya que son personal sumamente necesario en el sector salud. Igualmente, se les debe dar apoyo médico y psicológico debido al estrés que manejan por el alejamiento de sus familias, el miedo por el contagio, las elevadas horas de trabajo y el esfuerzo que ejercen.

Por ello es necesario crear requerimientos que permitan aprovechar ese tiempo en beneficio de la formación académica de los alumnos. Es decir, las instituciones educativas deben realizar una revisión académica que compense el tiempo invertido por los estudiantes que han contribuido de forma altruista a una situación sin precedentes, entregando todo el apoyo que está en sus manos y que, en muchos casos, obligados por la situación extrema, realizan acciones que no les corresponden, afrontando un virus mortal y desconocido.

Con esta proposición con punto de acuerdo, el Grupo Parlamentario de Morena agradece y reconoce a los médicos internos de pregrado, pasantes en servicio social y estudiantes de medicina por su valiente labor; asimismo, al remunerar este tipo de acciones, contribuimos al fortalecimiento del sistema de salud en nuestro país, ya que el aprendizaje que se obtiene en circunstancias tan adversas fortalece el desarrollo de nuestros médicos especializados.

Por último, los Diputados de MORENA, exhortamos a todo el personal de salud a continuar con su actuar altruista y loable, en esta situación tan desfavorable, en apego a su vocación profesional, por el beneficio de la sociedad mexicana.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, a otorgar como puntos adicionales, el 10 por ciento del puntaje total del “examen nacional de aspirantes a residencias médicas” de 2021, 2022 y 2023 a los médicos internos de pregrado, pasantes en servicio social o estudiantes de medicina que hayan apoyado a las comisiones de personal de salud en el combate de la pandemia provocada por el SARS-Cov-2, como forma de agradecimiento a su coraje y valentía mostrados en dicha crisis sanitaria.

Notas

1 Expansión. “Qué es un coronavirus” [en línea]. Fecha de consulta: 20 de enero de 2021. Disponible en

https://www.expansion.com/sociedad/2020/02/27/5e579e13e5fdea7c63 8b4619.html

2 Google News. “Coronavirus (covid-19)” [en línea]. Fecha de consulta: 25 de enero de 2021. Disponible en

https://news.google.com/covid19/map?hl=es-419&gl=US&ceid = US%3Aes-419

3 El País. “Acuerdos para la pandemia en México” [en línea]. Fecha de consulta: 10 de diciembre de 2020. Disponible en

https://elpais.com/elpais/2020/04/01/opinion/1585771477_294664.h tml

4 Animal Político. “La UNAM y el IPN retirarán a sus estudiantes de medicina de los hospitales públicos” [en línea]. Fecha de consulta: 22 de enero de 2021. Disponible en

https://www.animalpolitico.com/2020/04/unam-ipn-retirara-estudia ntes-medicina-hospitales-publicos-covid-19/

5 Ibídem.

6 Ídem.

7 Animal Político. “Estudiantes de medicina denuncian que los obligarán a volver a hospitales en plena fase 3 de covid-19” [en línea]. Fecha de consulta: 22 de enero de 2021. Disponible en

https://www.animalpolitico.com/2020/04/estudiantes-medicina-hosp itales-fase-3/

8 Ibídem.

9 ISSSTE. “Médicos internos de pregrado y pasantes de enfermería, sin factores de riesgo, podrán reincorporarse voluntariamente a unidades médicas” [en línea]. Fecha de consulta: 22 de enero de 2021. Disponible en

https://www.gob.mx/issste/prensa/medicos-internos-de-pregrado-y- pasantes-de-enfermeria-sin-factores-de-riesgo-podran-reincorporarse-voluntariam ente-a-unidades-medicas-issste?idiom=es

10 Reporte Índigo. “Anuncia AMLO nuevo examen de residencias médicas ante falta de especialistas” [en línea]. Fecha de consulta: 25 de enero de 2021. Disponible en

https://www.reporteindigo.com/reporte/anuncia-amlo-nuevo-examen- de-residencias-medicas-ante-falta-de-especialistas/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputado David Bautista Rivera (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

ACUERDOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS MÉDICOS PASANTES EN CHIAPAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar tanto a la Universidad Autónoma como a las Secretarías de Salud, y de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas a suscribir acuerdos de colaboración que garanticen la integridad física y la seguridad de los pasantes, en especial en unidades médicas o centros de salud con antecedentes de violencia de género, a cargo del diputado Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Ricardo Flores Suárez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral I, fracción II, y 79 numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Una vez más México a nivel mundial ratifica la ausencia de políticas públicas efectivas que garanticen la vida de las mujeres de cualquier edad. La lamentable muerte de la médico pasante Mariana Sánchez Dávalos nos confirma que, en este país una mujer valiente que se atreve a denunciar hostigamiento y violencia sexual como pocas lo hacen, tiene como recompensa su propia muerte.

2. El 28 de enero de 2021, el cuerpo de Mariana Sánchez Dávalos fue hallado en una puerta de los dormitorios del Centro de Salud en la Comunidad, Nueva Palestina perteneciente al municipio de Ocosingo, en el estado de Chiapas.

3. De acuerdo con versiones periodísticas, el infierno que vivió Mariana Sánchez Dávalos inició en agosto de 2020, cuando fue asignada al Centro de Salud de Nueva Palestina en Ocosingo, Chiapas, y al poco tiempo empezó a ser hostigada sexualmente por parte de un compañero de trabajo y algunos miembros de la comunidad referida.

4. Una noche de noviembre de 2020, el compañero del Centro de Salud en Nueva Palestina, en estado de ebriedad, forzó la puerta de la habitación de Mariana, para abusar sexualmente de ella. Pese al trauma, Mariana, como pocas mujeres en este país, se atrevió a denunciar el acoso y abuso sexual y acudió a diversas instancias como la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de Salud y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas, para denunciar lo ocurrido y solicitar el cambio de adscripción para poder concluir el servicio social.

5. La respuesta para Mariana se remitió a lo siguiente: 10 días de descanso sin goce de sueldo y sin la protección que solicitaba.

6. En cambio, las servidoras y servidores públicos universitarias, administrativas y de administración de justicia del estado de Chiapas sí garantizaron tiempo suficiente para que su agresor o agresores la privaran de la vida, al omitir la aplicación de protocolos vigentes para la asistencia de víctimas de violencia sexual y cancelar de manera inmediata su rotación de servicio social por violencia de género.

7. Afirmar que: ¡Gracias a Dios Mariana no sufrió, algo que es vil entre los humanos (como es) que alguien te obligue a hacer algo que tú no quieras (hacer) se habla mucho de feminicidio, pero se mueren muchos hombres también y para mí, también valen exactamente lo mismo! Es indignante y si la afirmación fue expresada por la directora de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, es repudiable y condenable.

8. Hoy, Chiapas y México tienen una deuda no sólo con la familia de Mariana, médico asesinada en Nueva Palestina, Ocosingo, sino con la comunidad universitaria que se ha declarado en paro indefinido de labores como muestra de solidaridad por la irreparable pérdida de la vida una mujer medico en tiempos de covid-19 y el hartazgo ante la indiferencia de mujeres y hombres que de manera sistemática todos los días aumenta la cifra en materia de feminicidios.

9. Ante los lamentables hechos, no basta con investigar el caso de Mariana con perspectiva de género; no es suficiente solicitar la destitución de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas y del secretario de Salud de la entidad; porque es un imperativo categórico cumplir y rendir cuentas. Es necesario, implementar acciones urgentes para garantizar la vida y la seguridad de las mujeres y hombres médicos que se encuentran en la primera línea para salvar nuestras vidas quienes, por las deficiencias propias de gobiernos arbitrarios, han sido víctimas de la delincuencia e impunidad persistentes.

Por lo expuesto, se propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al rector de la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas, al titular de la Secretaría de Salud y a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas para que, en el ámbito de sus atribuciones, suscriban acuerdos de colaboración que garanticen la integridad física y la seguridad de las y los médicos pasantes, en especial en unidades médicas o centros de salud con antecedentes de violencia de género.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputado Ricardo Flores Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

SE IMPLEMENTEN LOS MECANISMOS QUE PERMITAN EL VOTO DIGITAL, ELECTRÓNICO O TELEMÁTICO EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al INE y sus homólogos locales a implantar mecanismos que permitan el voto digital, electrónico o telemático según la voluntad ciudadana en los comicios de 2021 por casos extraordinarios, como desastres naturales o emergencia sanitaria conforme al color del semáforo epidemiológico, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Nuestro país es una república representativa, democrática y federal. Representativa se refiere cuando nuestro marco normativo se elabora por representantes electos por el voto popular de las y los ciudadanos. Democrática es que la soberanía recae esencial y originariamente en el pueblo y lo ejercerá a través de los Poderes de la Unión. Y federal es lo concerniente a la extensión territorial y por ende se divide en entidades federativas conocidas como estados.

El sufragio efectivo, que es la facultad de ejercer el voto activo y el voto pasivo, es decir, el primero es la capacidad de elección y el segundo es la capacidad de ser electo.

Se consideran como ciudadanos a los hombres y mujeres que cumplan la mayoría de edad, que son los 18 años, y que tengan un modo honesto de vivir. Conforme al artículo 35, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

“ Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley”. 1

Asimismo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece de manera más específica los requisitos para ejercer el voto:

“ Artículo 9.

1. Para el ejercicio del voto los ciudadanos deberán satisfacer, además de los que fija el artículo 34 de la Constitución, los siguientes requisitos:

a) Estar inscritos en el Registro Federal de Electores en los términos dispuestos por esta Ley, y

b) Contar con la credencial para votar.

2. En cada distrito electoral el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al domicilio del ciudadano, salvo en los casos de excepción expresamente señalados por esta Ley”. 2

Además de tener la mayoría de edad y tener un modo honesto de vivir, deberán tener una identificación o credencial para votar, y previamente estar inscritos en el padrón electoral.

La emergencia sanitaria provocada por el virus covid-19 trajo consigo que la sociedad mundial se acoplara a nuevo estilo de vida como por ejemplo la necesidad trabajar desde el hogar, el uso productos sanitarios, evitar aglomeraciones públicas entre otros. Pero también cabe recordar que las elecciones políticas son sumamente relevantes para la vida política de la nación.

Próximamente se realizarán elecciones federales, estatales y municipales en diversas entidades federativas, lo que implicaría que las personas que acudan a sus casillas correspondientes tengan que salir de casa y tener contacto con otra gente, provocando riesgos de la propagación del virus covid-19.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que habrá elecciones este año 2021 para la renovación de la Cámara de Diputados, 15 gobernaturas de los estados, 30 congresos locales, mil 900 ayuntamientos y juntas municipales, es decir, poco más de 20 mil cargos públicos. 3

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) está analizando si la pandemia persiste de manera altamente gradual se implementaría el voto electrónico o digital con el objetivo de disminuir riesgos de contagio. Asimismo, para brindar certeza a la ciudadanía y no generar desconfianza con este nuevo método se utilizaría de reconocimiento facial a través de los medios electrónicos comparando con la fotografía de la credencial para votar y así poder evitar así usurpación de la identidad. 4

Otra propuesta que es viable para realizar las votaciones y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho es a través de vía telemática, es decir, que el voto se realizaría en una plataforma de videollamada o de conferencias virtuales, en la cual el votante con credencial de elector en mano otorgue de viva voz su voto y mencione su clave de elector al representante del instituto electoral, dando seguridad y certeza al momento de la votación.

Un ejemplo de la votación telemática es el que se realiza actualmente en la Cámara de Diputados a raíz de la pandemia, en que las sesiones del pleno comenzaron a realizarse de modalidad semipresencial donde gran parte de los legisladores nos encontramos en un lugar ajeno al pleno, pero presentes en una conferencia virtual en la que ejercemos nuestro derecho al voto.

Cabe resaltar que promover el voto vía digital, electrónico o telemático son métodos que implicaría que la población no saliera de su hogar, evitando aglomeraciones en los centros de casillas electorales, además que personas con alguna discapacidad o adultas mayores les sea de una manera más optima para su salud y bienestar, evitando exponerlos a un posible peligro de contagio, y otorgando certeza y seguridad electoral.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se solicita respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y a los institutos electorales locales a implementar los mecanismos que permitan el voto digital, electrónico o telemático de acuerdo a la voluntad ciudadana en estas próximas elecciones 2021 por casos extraordinarios como desastres naturales o emergencia sanitaria de acuerdo al color del semáforo epidemiológico, cumpliendo con el derecho humano del sufragio universal.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2020.

2 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 2020.

3 Instituto Nacional Electoral. Elecciones 2021.

https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/elecciones-2021/

4 Forbes México. CDMX analiza voto electrónico en 2021si epidemia nocede.22/12/2020.

https://www.forbes.com.mx/politica-cdmx-voto-eletronico-2021/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

EXHORTO A LA CFE, A RECLASIFICAR LAS TARIFAS ELÉCTRICAS Y A LA CONAGUA, A REALIZAR UN ESTUDIO DE LA MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA EN VERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CFE a reclasificar las tarifas eléctricas; y a la Conagua, a realizar un estudio sobre las estaciones meteorológicas para obtener la medición de la temperatura exacta en Veracruz de Ignacio de la Llave, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Raquel Bonilla Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y la fracción III del numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Federal de electricidad (CFE) a reclasificar las tarifas eléctricas; y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a realizar un estudio sobre las estaciones meteorológicas para obtener la medición de la temperatura exacta que se presenta en Veracruz de Ignacio de la Llave, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En materia energética, la actual administración está enfocada a garantizar beneficios para la economía del país, mejores oportunidades de desarrollo y condiciones de vida para las mexicanas y mexicanos, especialmente a los grupos y regiones del país más vulnerables. Lamentablemente las políticas de las anteriores administraciones han tenido como resultado aumentos en los cobros por el servicio de energía eléctrica dañando la economía de las familias mexicanas.

Los altos cobros por el servicio de energía eléctrica, es considerado un problema social, originando un descontento generalizado que en ocasiones se han traducido en actos de resistencia civil, principalmente en las comunidades rurales, quienes exigen tarifas justas, causando prácticas en donde los ciudadanos decidan puentear los medidores de energía para evitar los cobros excesivos.

En Veracruz, las altas temperaturas que predominan en sus diversas regiones por sus características geográficas y climatológicas alcanzan los 40 grados centígrados, incidiendo directamente en el consumo de electricidad, en razón a estos escenarios de extremas temperaturas frio-calor, que se presentan en el estado de Veracruz, la población utiliza aparatos electrodomésticos para regular el clima y mantener la conservación de sus alimentos y, por tanto, el consumo de energía eléctrica representa un mayor consumo. 1

En los últimos años, a consecuencia del calentamiento global, en la entidad federativa se han registrado aumentos considerables en la temperatura en diversas regiones. En el Reporte del clima en México 2017, realizado por la Conagua, se manifiesta que las altas temperaturas fueron importantes en el incremento de la superficie nacional con sequía. Geográficamente, Veracruz es vulnerable a los efectos del cambio climático y a temperaturas extremas. 2

Desde hace varios años, la sociedad veracruzana ha exigido a las autoridades gubernamentales y a la CFE tarifas justas y de bajo costo. Asimismo, ha levantado la voz para evidenciar los cobros excesivos por el servicio de luz.

Es preciso recordar a la CFE que Veracruz es una entidad productora de energía, cuenta con una planta nucleoeléctrica que genera más de 35 por ciento de la producción de energía para todo el país, criterio suficiente para garantizar a los pobladores tarifas justas, por tal motivo resulta pertinente efectuar un análisis a fin de que el estado de Veracruz, cuente con condiciones tarifarias que tengan como objetivo beneficiar a su población.

Según la CFE, durante 2019 el monto de adeudos ascendió a 55 mil millones de pesos, lo cual significa un incremento de 22 por ciento respecto a 2018. De los adeudos, 87 por ciento se concentra en el estado de México, la Ciudad de México, Tabasco, Chihuahua, Guerrero, Chiapas y Veracruz. 3  Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Veracruz alcanza niveles de pobreza de 61.8. 4

El 23 de mayo de 2019, el gobierno de Tabasco suscribió convenio de colaboración con la Comisión Federal de Electricidad, a través del cual se acordó la implementación de mecanismos de colaboración para realizar acciones para controlar y reducir la cartera vencida de los usuarios domésticos por consumo del suministro de energía eléctrica. Dicho acuerdo deriva del programa estatal Adiós a tu Deuda, encaminado a regularizar la falta de pago del consumo de energía eléctrica. El convenio representó una condonación por 11 millones de pesos, además aplicar la tarifa 1F a los usuarios domésticos del suministro de energía eléctrica. 5

El 19 marzo de 2020, el gobierno de Campeche y la Comisión Federal de Electricidad suscribieron acuerdo para reclasificar la tarifa eléctrica 1C a 1F, siendo esta la más baja que cobra la CFE, en Palizada, Carmen y Candelaria, y subsidiar en 50 por ciento el consumo doméstico en el resto del estado que vaya del rango de 350 a 800 kilovatios/hora bimestralmente según el municipio que corresponda. 6 Con este acuerdo se beneficiará a las familias campechanas con la reducción de los cobros de energía eléctrica, lo cual generará ahorros en su economía.

Fuente: Poder Ejecutivo de Campeche. Apoyo tarifario a consumo. Disponible en https://www.campeche.gob.mx/noticias/3541-apoyo-tarifario-a-consumo

Es importante resaltar que la situación en Veracruz, es que, con los reportes realizados por parte de la Conagua, organismo encargado de la medición de las temperaturas a través de sus estaciones meteorológicas, ha conllevado a que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público , este basándose en los estudios de dicho organismo, siendo estos contrarios a la realidad climatológica, teniendo como consecuencia que la CFE cobre cuotas demasiado elevadas, esto es debido a que la Conagua toma en cuenta la temperatura ambiente y no así la sensación térmica que es un indicador más real de la intensidad del calor.

Por tal motivo, es trascendental la realización de estudios climáticos para determinar las tarifas eléctricas que estén enfocados en las mediciones de temperatura con estándares e instrumentos de última generación instalados en estaciones y hogares del estado de Veracruz para la obtención de reportes actualizados, con el objetivo de conseguir mediciones reales que se registran al interior de las casas habitación, las cuales requieren de un mayor uso de aire acondicionado, ventiladores y refrigeradores para obtener un grado de confort adecuado para sobrevivir y contrarrestar el clima extremo. Dicha investigación debe considerar la sensación térmica y no la ambiente para definir una clasificación de temperatura debido a las variaciones considerables entre estos criterios.

Es preocupante el ingreso familiar que destina una familia al pago del servicio de luz, en aquellas regiones de temperatura extrema, cuyas tarifas están sujetas a lo señalado en los termómetros empleados por la Conagua para el registro de las temperaturas, los cuales en ocasiones presentan fallas o se ubican en zonas rodeadas por diversos factores que influyen en las mediciones como son árboles o ríos.

A pesar de las acciones emprendidas por la sociedad veracruzana, las mediciones de la temperatura en el estado aún siguen arrojando datos que se apartan de la realidad. Por ejemplo, en Poza Rica, de acuerdo con las mediciones realizadas por la Conagua la temperatura promedio sigue estando por debajo de 33 grados Celsius, siendo que en ocasiones se rebasan los 40 y la sensación térmica ha sido de alrededor de 50.

Es pertinente hacer énfasis en la necesidad de verificar la ubicación adecuada y el correcto funcionamiento de los termómetros que miden la temperatura con la finalidad de reclasificar las tarifas eléctricas, logrando que las familias veracruzanas paguen menos por este servicio.

Es fundamental solicitar al gobierno federal y a la Comisión Federal de Electricidad a que implemente un Programa para la regularización de adeudos por consumo de energía eléctrica, así como de otorgamiento de tarifas eléctricas especiales y condonaciones destinado al estado de Veracruz a fin de que sus habitantes puedan acceder a los beneficios de reclasificación de las tarifas eléctricas y condonación de los adeudos.

Por todo lo anterior presento ante el pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto de los principios de división de poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a realizar en el marco de sus respectivas facultades y atribuciones un estudio de viabilidad para considerar la reclasificación de tarifas eléctricas que se aplica en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de que los veracruzanos puedan acceder a tarifas eléctricas justas.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto de los principios de división de poderes, exhorta a la Comisión Nacional de Agua a realizar un estudio climático para determinar las tarifas eléctricas en donde se proceda a efectuar un análisis respecto a la ubicación de los equipos instalados y utilizados en las estaciones meteorológicas ubicados en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de determinar si es necesaria su reubicación o se requiere la instalación de nuevos equipos, con el objetivo de garantizar que la medición interprete con mayor exactitud la temperatura basada en la sensación térmica.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto de los principios de división de poderes, solicita al titular del Ejecutivo federal que implante a través de la Comisión Federal de Electricidad en Veracruz de Ignacio de la Llave el programa Adiós a tu Deuda.

Notas

1 En el quinto informe Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático se advierte un incremento en la frecuencia y la intensidad de los eventos meteorológicos a raíz de los efectos del calentamiento global, en consecuencia las temperaturas de algunas regiones de México, obligan al consumo permanente de la energía eléctrica tanto para la conservación de los alimentos como por la imperiosa necesidad de refrescarse. Disponible en

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml y http://cambioclimaticoglobal.com/

2 Comisión Nacional del Agua. Reporte del clima en México, anual 2017, Servicio Meteorológico Nacional. Disponible en

https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Diagn%C3 %B3stico%20Atmosf%C3%A9rico/Reporte%20del%20Clima%20en%20M%C3%A9xico/Anual2017. pdf

3 Solís, Arturo. “Adeudos a CFE crecieron 22 por ciento durante 2019”, en Forbes México. Disponible en

https://www.forbes.com.mx/adeudos-a-cfe-se-dispararon-22-durante -2019/

4 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Informe de pobreza y evaluación 2020-Veracruz. Disponible en

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Info rmes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_Documentos/Informe_Veracruz_2020.pdf

5 Convenio de colaboración entre la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno de Tabasco. Disponible en

https://tabasco.gob.mx/sites/default/files/public_files/convenio s/cfe/CONVENIO%20DE%20COLABORACI%C3 %93N%20Y%20ANEXOS.pdf

6 Poder Ejecutivo de Campeche. Apoyo tarifario a consumo. Disponible en

https://www.campeche.gob.mx/noticias/3541-apoyo-tarifario-a-cons umo

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2021.— Diputada Raquel Bonilla Herrera (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DIRECTAS O INDIRECTAS CON MOTIVO DE LA EPIDEMIA OCASIONADA POR EL COVID-19

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Jucopo a crear una comisión especial para la atención de víctimas directas o indirectas de la epidemia ocasionada por el covid-19, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXIV Legislatura, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a la creación de una Comisión Especial para la atención de víctimas directas o indirectas con motivo de la epidemia ocasionada por el covid-19, en razón de las siguientes

Consideraciones

El día de hoy, México enfrenta la peor de las crisis sanitarias que se tengan registro debido a la pandemia ocasionada por el virus covid-19.

De acuerdo a cifras emitidas por el gobierno federal, al día de hoy se tiene una contabilidad de 159 mil 100 fallecidos y un acumulado de 1 millón 869 mil 708 casos positivos confirmados, ambos casos por covid-19.

Lo anterior, es sin considerar las cifras emitidas el pasado veintisiete de enero por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) quien registró, en el periodo de enero a agosto de dos mil veinte, la cifra de 108 mil 658 fallecimientos frente a los 64 mil 414 informados el treinta y uno de agosto de dos mil veinte por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud y vocero de la pandemia, Hugo López-Gatell.

Esto es, dicho órgano autónomo reportó que durante ese periodo se registró hasta 68.7 por ciento más fallecimientos por covid-19 evidenciando un subregistro de los casos informados por el gobierno federal a través del vocero antes mencionado.

Sin duda alguna, dicho subregistro es uno de varios ejemplos de la posible comisión de delitos o de violación de derechos humanos, en ambos casos por acción u omisión, atribuible a diversas instancias del gobierno federal.

En ese tenor, podemos señalar la implementación de un fallido Sistema Nacional del Vacunación emprendido el gobierno federal de forma unilateral y que no cuenta con consenso general y del cual únicamente se ha destacado la falta de vacunas suficientes incluso para el personal médico o para personas más vulnerables ante las consecuencias del covid-19 y que ha dejado ver las intenciones políticas y electorales del gobierno federal con motivo del Proceso Electoral 2020-2021 en el que se elegirán múltiples cargos de elección popular a nivel federal y local.

Otro ejemplo de la posible comisión de delitos o de violación de derechos humanos se presenta en el ámbito del sector salud el cual documenta que México tiene la tasa de mortalidad más alta en el personal médico a consecuencia del covid-19.

Asimismo, se ha documentado diversas deficiencias y negligencias atribuibles al Sistema Nacional de Salud, principalmente en el sector de entidades públicas que prestan servicios médicos como son el Instituto de Salud para el Bienestar y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

De igual forma, podemos debemos considerar como posible comisión de delitos o de violación de derechos humanos el recurrir a tratamientos o utilizar medicamentos en pacientes con covid-19 que no cuentan con el consenso general. Tal es el caso de la controversia que se suscita por la utilización de ivermectina y azitromicina por parte del Gobierno de la Ciudad de México y por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Las y los integrantes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXIV Legislatura nos encontramos obligados a la promoción, respeto, protección y emprender las acciones necesarias que garantizan los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución Política, así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte como es el acceso a la salud  y a la justicia, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Asimismo, es función de las legisladoras y legisladores establecer y fortalecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios públicos del gobierno federal ante la posible comisión de un delito o violación de los derechos humanos con motivo de la deficiente prevención, detección y atención de la emergencia sanitaria que se presenta en nuestro país con motivo del virus covid-19.

Es por ello que se plantea, con carácter de urgencia, la creación de una comisión especial con el objeto de brindar servicios de asesoría y gestión ante las instancias correspondientes a víctimas directas o indirectas con motivo de la epidemia ocasionada por el covid-19.

La finalidad es que se reconozcan y garanticen los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas, como son el acceso a la salud y a la justicia, ante la posible comisión de algún delito o violación de los derechos humanos ante las acciones u omisiones del gobierno federal en la prevención y atención de las consecuencias producidas por la emergencia sanitaria producida por el virus covid-19.

Para el cumplimiento de su objeto, la comisión especial podrá requerir información y documentación a las dependencias y entidades del gobierno federal en los términos señalados en el artículo 93, párrafo cuarto, de la Constitución.

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en su LXIV Legislatura sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXIV Legislatura exhorta a la Junta de Coordinación Política a la creación de una Comisión Especial para la atención de víctimas directas o indirectas con motivo de la epidemia ocasionada por el covid-19.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2021.— Diputados y diputadas: Juan Carlos Romero Hicks, Jorge Romero Herrera, Éctor Jaime Ramírez Barba, Patricia Terrazas Baca, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Jorge Espadas Galván Arturo, Josefina Salazar Báez, Laura Angélica Rojas Hernández, Marco Antonio Adame Castillo, Marcos Aguilar Vega, Nohemí Alemán Hernández, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Sergio Fernando Ascencio Barba, María de los Ángeles Ayala Díaz, Xavier Azuara Zúñiga, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, José Ramón Cambero Pérez, Carlos Carreón Mejía, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Carlos Elhier Cinta Rodríguez, Adriana Dávila Fernández, Antonia Natividad Díaz Jiménez, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Ricardo Flores Suárez, Ricardo García Escalante, Martha Elena García Gómez, Dulce Alejandra García Morlan, Absalón García Ochoa, Mariana Dunyaska García Rojas, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Silvia Guadalupe Garza Galván, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, José del Carmen Gómez Quej, Martha Elisa González Estrada, Karen Michel González Márquez, Raúl Gracia Guzmán, Isabel Margarita Guerra Villarreal, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, Jesús Guzmán Avilés, María del Rosario Guzmán Avilés, José Elías Lixa Abimerhi, Ana Paola López Birlain, José Martín López Cisneros, Francisco Javier Luévano Núñez, Felipe Fernando Macías Olvera, José Rigoberto Mares Aguilar, Jacquelina Martínez Juárez, Óscar Daniel Martínez Terrazas, Mata Carrasco Mario, Lizbeth Mata Lozano, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Janet Melanie Murillo Chávez, Sarai Núñez Cerón, María del Pilar Ortega Martínez, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Víctor Manuel Pérez Díaz, Mario Alberto Ramos Tamez, Miguel Alonso Riggs Baeza, Marcelino Rivera Hernández, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Sonia Rocha Acosta, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Gloria Romero León, Martha Estela Romo Cuéllar, Guadalupe Romo Romo, José Salvador Rosas Quintanilla, Ernesto Guillermo Ruffo Appel, Hernán Salinas Wolberg, María Liduvina Sandoval Mendoza, Verónica María Sobrado Rodríguez, Armando Tejeda Cid, Fernando Torres Graciano, María Marcela Torres Peimbert, Adolfo Torres Ramírez, José Isabel Trejo Reyes, Carlos Alberto Valenzuela González, Vicente Javier Verastegui Ostos, Ricardo Villarreal García (rúbricas).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.