INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 12, numeral 2, del Reglamento de la Contingencia Sanitaria, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a una iniciativa con proyecto de decreto y diversas proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 9 de noviembre de 2021 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.–  Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (rúbrica), presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Leticia Zepeda Martínez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SIPINNA, a publicar las cifras estadísticas referentes al matrimonio infantil y venta de menores en nuestro país, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la SHCP, a realizar una mesa de diálogo con la FND, en conjunto con ejidatarios y pequeños propietarios de diversos municipios de Sonora, a fin de resolver la problemática de créditos vencidos ante dicha institución, a cargo del diputado Jesús Fernando Morales Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a emprender acciones que brinden a las personas con discapacidad visual la posibilidad de acceder a un mejor control, identificación y almacenamiento de los medicamentos que usan a través de la inclusión del sistema braille en sus empaques, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conagua, a establecer una campaña permanente a nivel nacional de fomento a la captación de agua pluvial, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Semarnat, a establecer una campaña permanente a nivel nacional de advertencia a la población, respecto a los daños que el asbesto y sus variantes pueden provocar en la salud y en el medio ambiente, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, a emprender acciones que permitan limitar la circulación de las unidades de autotransporte de carga de doble remolque o semirremolque, como medida de seguridad para los usuarios de todas las carreteras del país, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Leticia Zepeda Martínez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Leticia Zepeda Martínez, a nombre de las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

Uno de los temas que ha cobrado mayor importancia en nuestros días es el relativo a las finanzas de los gobiernos estatales y municipales, ya que dependen, en buena medida, de los recursos transferidos año con año por el gobierno federal. Esta dependencia se ha ido consolidado en detrimento de la capacidad institucional de los gobiernos municipales para generar y administrar, de mejor manera, sus propios recursos, todo ello a pesar de las reformas dirigidas a fortalecer la autonomía municipal que se han dado.

Lo anterior cobra mayor importancia, ya que el municipio es la instancia de gobierno más cercana a los ciudadanos y que, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 115 de nuestra Carta Magna, tiene a su cargo la prestación de servicios de primera necesidad como el agua potable; el alumbrado público; la recolección y disposición de la basura; el cuidado y equipamiento de las calles, parques y jardines, así como la seguridad pública, entre otros.

Es preciso recordar que, con la reforma al artículo 115 constitucional que se dio a finales de 1999, mediante la cual el ayuntamiento era reconocido como órgano de gobierno y no como un sistema de administración, se buscó ampliar las facultades de los municipios y con ello un fortalecimiento de su autonomía. Sin embargo esta misma reforma confirmaría la imposición de la Federación sobre el municipio al establecer la exención del pago del impuesto predial a los inmuebles públicos, ya sean federales, de los estados o municipales.

En este orden de ideas, según la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), entre 1999 y 2020 el porcentaje de ingresos propios de los municipios generados mediante el cobro de impuestos se ha mantenido prácticamente estancado, al pasar de un 9.3 por ciento en el año 2000 al 13.3 por ciento en 2020, es decir, que mientras la dependencia del gasto federalizado va en aumento, la capacidad recaudatoria de los municipios no se ha visto incrementada a lo largo de ese tiempo, afirmando que de cada peso que ingresa a los municipios alrededor de 70 centavos provienen de la federación y de las aportaciones de los estados, en contraste, los impuestos municipales son equivalentes a 13 centavos por cada peso de los ingresos municipales.

Así, en los municipios del país, los ingresos obtenidos por aprovechamientos, el cobro de derechos por la prestación de servicios o por el uso, goce y aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público representan menos del 8 por ciento de los ingresos municipales, mientras que el predial es el que mayor recaudación registra de entre todos los impuestos, lo cual significa que el predial cuenta con un mayor potencial para que los municipios generen sus propios ingresos.

La misma ANAC sostiene que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 fueron recaudados, a nivel nacional, poco más de 61 mil 302 millones de pesos en impuestos. De entre los impuestos sobre los ingresos, la producción, consumo y transacciones, los impuestos sobre el patrimonio aportaron 74 centavos de cada peso recaudado. Entre estos impuestos sobre el patrimonio, el impuesto predial por sí mismo representa un valor de 43 centavos por cada peso recaudado al registrar un monto de 26 mil 274 millones 754 mil 5 pesos, por lo que podemos advertir que el predial es la principal fuente de ingresos propios de los municipios.

En México, de acuerdo con el estudio “Impuesto Predial, análisis y alternativas para mejorar la capacidad recaudatoria en los municipios de México”, elaborado por LMM Consulting, 1 la suma de las recaudaciones del impuesto predial en el nivel local representa tan solo el 0.2 por ciento del PIB, mientras que en América Latina y Estados Unidos equivale a 1.7 por ciento y 3.2 por ciento del mismo indicador, respectivamente. Esta situación ha sido consistente desde hace más de cinco décadas.

Por su parte, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 2 la recaudación tributaria como porcentaje del PIB de nuestro país en 2019 fue de 16.5 por ciento, ubicándose 6.5 puntos porcentuales por debajo del promedio de los países que conforman la región de América Latina y el Caribe y por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE, el cual fue de 33.8 por ciento.

No podemos dejar de advertir que la recaudación de ingresos propios es uno de los factores que aumenta la eficacia de las administraciones municipales debido a que les permite manejar libremente estos recursos, ya que los provenientes de la federación se encuentran etiquetados, por lo que su uso se restringe únicamente para lo cual fueron aprobados y destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Así, los municipios en nuestro país presentan grandes debilidades en sus finanzas públicas debido a una elevada dependencia de sus ingresos respecto de los recursos federales, así como por una escasa recaudación propia en materia de impuestos, principalmente del impuesto predial, ya que éste se constituye como el impuesto local por excelencia y el de mayor potencial para generar ingresos propios en los municipios de México.

El impuesto predial es un gravamen sobre la propiedad o posesión inmobiliaria y debe ser pagado por todos los propietarios de un inmueble, ya sea vivienda, oficina, edificio, local comercial o predio; cuya  base administrativa y legal es el catastro municipal, el cual, además de servir para el cobro del costo de proveer servicios básicos según el uso del suelo.

Como se mencionó anteriormente, la recaudación del impuesto predial presenta diversas problemáticas para su cobro, desde dificultades técnicas y operativas hasta implicaciones políticas, sin embargo, como se hizo referencia en párrafos anteriores, la reforma constitucional de 1999 trajo consigo un problema estructural, ya que se dio una imposición de la Federación sobre el municipio al establecer la exención del pago del impuesto predial a los inmuebles públicos, ya sean federales, de los estados o municipales, por lo que, desde entonces, existen exenciones en materia de impuesto predial para los inmuebles que pertenecen a las administraciones públicas federal, estatales y municipales, como edificios de gobierno, hospitales, escuelas, entre otros, así como para obras de infraestructura como aeropuertos y autopistas, lo que genera fugas en la recaudación total de los municipios.

Es por ello que diversos especialistas recomiendan, entre otras cosas, para incrementar la recaudación del impuesto predial y, con ello, mejorar la capacidad financiera de los municipios, la eliminación gradual de las exenciones al cobro de impuesto predial a inmuebles de gobierno. Es decir, que la totalidad de las dependencias federales y de los organismos públicos federales cubran el pago de sus impuestos, así como las concesiones como los aeropuertos en sus áreas comerciales y administrativas, pero manteniendo la excepción a instituciones educativas y de servicios de salud.

Esta medida, sin duda fortalecerá la capacidad de los gobiernos municipales de hacer frente a sus obligaciones financieras, así como para poder destinar mayores recursos a los servicios que deben prestar a la ciudadanía, ello sin que implique un impacto en la economía de las familias.

Nuestro deber como representantes de la ciudadanía nos debe llevar a voltear a ver las necesidades de los municipios, ya que los servicios que prestan a la sociedad son los servicios básicos, sin los cuales, ninguna nación podrá aspirar a una vida mejor y más digna.

Así la presente iniciativa propone eliminar, desde nuestra Constitución Política, la exención que imposibilita a los municipios cobrar el impuesto predial a los inmuebles públicos, ya sean federales, de los estados o municipales.

En vista de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo dispuesto en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. a la III. ...

IV. ...

a) a la c) ...

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los municipios que sean utilizados con fines educativos o para la atención de la salud pública.

...

...

...

V. a la X. ...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 LMM Consulting,  “Impuesto Predial, análisis y alternativas para mejorar la capacidad recaudatoria en los municipios de México”, consultado en:

https://www.cefp.gob.mx/transp/CEFP-CEFP-70-41-C-Estudio0009-010 617.pdf

2 OCDE, “Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2021 — México”, consultado en:

https://www.oecd.org/tax/tax-policy/estadisticas-tributarias-ame rica-latina-caribe-mexico.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.– Diputada Leticia Zepeda Martínez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

SE PUBLIQUEN LAS CIFRAS ESTADÍSTICAS REFERENTES AL MATRIMONIO INFANTIL Y VENTA DE MENORES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Sipinna a publicar las estadísticas de matrimonio infantil y venta de menores en el país, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Diversos medios de comunicación dieron a conocer el pasado sábado 9 de octubre de 2021, la privación ilegal de la libertad que sufrió la ciudadana Concepción y sus cuatro hijas menores de edad, quienes pertenecen a una comunidad indígena de Dos Ríos, municipio de Cochoapa el Grande, en el estado de Guerrero, privación realizada por parte de policías comunitarios del municipio anteriormente señalado, siendo el origen del conflicto, la venta de una adolescente menor de edad, misma que fue vendida a un adolescente menor de edad de la comunidad, el cual por diversas situaciones decidió emigrar a los Estados Unidos de América, razón por la cual, la mujer adolescente menor de edad vivía con su suegro, sin embargo, decidió escapar del lugar donde vivía, ya que su suegro intentó abusar de ella en cuatro ocasiones, sin tener éxito. 1

En ese sentido, su suegro exigía 210 mil pesos por la restitución del pago que había realizado por la menor, ya que esta se negaba a regresar, por lo que la policía comunitaria decidió intervenir, privando ilegalmente de la libertad a la ciudadana concepción, así como a sus cuatro hijas menores de edad, siendo una de ellas la mujer adolescente que fue “entregada” por el dinero que señala su suegro, lo cual de acuerdo con las autoridades, no se podía poner en libertad a la madre y a sus hijas hasta que se restituyera el pago realizado por la menor de edad. 2

Por lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil y redes defensoras de derechos humanos de las mujeres, realizaron un pronunciamiento en contra de la violación a los derechos humanos de niñas y mujeres indígenas en dicha comunidad, exigiendo la pronta liberación y refugio a Concepción Ventura Aguilar y sus cuatro menores hijas de forma inmediata, así como castigo a los responsables, y la adopción de medidas de protección, de no repetición y de reparación integral del daño a las víctimas, desde una perspectiva basada en el marco de los derechos humanos de las niñas y las mujeres indígenas, la perspectiva de género, interseccional e intercultural.” 3

Asimismo, los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, se pronunciaron en contra de estos lamentables hechos, y el lunes 18 de octubre de 2021, presentaron una proposición con punto de acuerdo, en la que la Cámara de Diputados condenaba los hechos ocurridos en el municipio de Cochoapa el Grande, en el estado de Guerrero, y exhortaba a la Fiscalía General del estado de Guerrero para que, en coordinación con autoridades estatales y municipales, realizaran las investigaciones para determinar las responsabilidades penales en contra de las autoridades que violentaron los derechos humanos de las niñas y mujeres indígenas, y de esta manera garantizar justicia y una reparación integral a las víctimas. 4

Cabe destacar que diversas autoridades como la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se ha pronunciado en contra de los matrimonios infantiles, señalando que son una problemática común en estas comunidades. 5

De conformidad con el Censo de Población y Vivienda 2010 y 2020 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se puede observar que el matrimonio infantil en nuestro país es grave y afecta a grupos poblacionales históricamente vulnerables. 6

Tan solo en el último en el último año se registró que en nuestro país hay 5.4 por ciento de las niñas y niños de 3 a 14 años que hablan alguna lengua indígena, y 1.7 por ciento de los menores de 15 años de edad son afro mexicanos o afrodescendientes; de estos se registra que la cifra de matrimonios infantiles a nivel nacional es de 6 por cada 1 mil habitantes, sin embargo, esta cifra se duplica a 12 por cada 1 mil habitantes, cuando se trata de personas de habla indígena, y cifra de matrimonio infantil de niñas y niños afrodescendientes es de 8 por cada 1 mil habitantes. 7

Por su parte, Save the Children, ha informado que cada 7 segundos se casa una niña menor de 15 años en el mundo, y en nuestro país 1 de cada 5 mujeres se casa antes de los 18 años, el 73 por ciento de las niñas casadas dejan o son obligadas a abandonar sus estudios para dedicarse al hogar y que niñas casadas sufren 49 por ciento más violencia física y 68 por ciento más violencia sexual. 8

En el 2015, se registró que el 42.8 por ciento de las adolescentes mujeres que están casadas (edad entre 12 y 17 años), cuentan con un hijo o hija como mínimo, y en ese mismo año se registraron 75 mil 446 adolescentes de entre 12 y 17 años que estaban casados, de los cuales el 72.4 por ciento de estos, no asistieron a la escuela, siendo la población más afectada, las mujeres las cuales representan el 77.3 por ciento, en comparación con el 56.1 por ciento los hombres. 9

Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el matrimonio infantil es el resultado de una arraigada desigualdad de género, lo cual afecta a las niñas de manera desproporcionada, las despoja de su infancia, y pone su vida y su salud en peligro, ya que aquellas niñas que contraen matrimonio antes de cumplir los 18 años corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica y tienen menos probabilidades de seguir asistiendo a la escuela. La calidad de vida de estas niñas es peor que la calidad de vida de las de las niñas que no se casan; asimismo se pone en peligro la vida de las niñas casadas que quedan embarazadas durante la adolescencia, ya que incrementa el riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo. 10

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce las costumbres y tradiciones indígenas, 11 y nosotros como mexicanos nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, sin embargo, esto no es motivo para permitir conductas que vulneran principios constitucionales en materia de derechos humanos, tales como la libertad, el principio del interés superior de la niñez, y cualquier tipo de violencia en contra de la niñez, la adolescencia o de las mujeres, derechos reconocidos no solo en nuestra Constitución, sino también en distintos Tratados Internacionales en materia de garantía de derechos humanos, de los cuales el estado mexicano es parte, y por lo tanto se obliga al cumplimiento de lo establecido en estos instrumentos jurídicos como el “Estatuto de Roma”, de la Corte Penal Internacional, firmado el 7 de septiembre de 2000; 12 la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará), firmada por nuestro país en 1995; 13 y las leyes secundarias que deben ser seguidas por las 32 entidades federativas de nuestro país, tal como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los tipos de violencia contra las mujeres, 14 y el Código Penal Federal.

El poder judicial de la federación, representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se pronunció en contra del matrimonio infantil, aun en casos graves ya que los derechos de la niñez deben ser protegidos. 15

Aunado a esto, el 11 de enero de 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Código Civil Federal en materia de prohibición del matrimonio infantil; 16 sin embargo, a pesar de todo lo anterior, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia de prensa en Chilpancingo de los Bravos, minimizó los casos de prostitución o ventas de niñas en comunidades por usos y costumbres en Guerrero y en otras entidades, señalando que se trata de una campaña que se genera por aquellos que no conocen las comunidades ni culturas de los pueblos, ya que en estos hay muchos valores culturales. 17

Por lo anterior, es fundamental visibilizar que el matrimonio infantil representa una violación grave a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, 18 que pone en peligro su vida y libertad, derechos ya consagrados, reconocidos y garantizados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los cuales México es parte, y en las leyes federales, obligatorias para las 32 entidades federativas de nuestro país; En ese sentido es indispensable que el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), como la autoridad en materia de protección de la niñez y adolescencia, publique las cifras de matrimonio infantil en nuestro país, y las consecuencias que genera; Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo federal, con base en estas cifras, deberá realizar las acciones necesarias para combatir y erradicar estas prácticas, por tal motivo someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) a publicar las cifras estadísticas referentes al matrimonio infantil y venta de menores en nuestro país, los principales motivos que generan esta práctica, las consecuencias en las comunidades indígenas; así como las acciones implementadas por dicho sistema desde su creación enfocadas en erradicar esta práctica que vulnera los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

Segundo - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a realizar las acciones pertinentes para combatir y erradicar las prácticas de matrimonio infantil en nuestro país, priorizando las comunidades indígenas.

Notas

1 Formularios de Google. pronunciamiento de organizaciones de la sociedad civil y redes de defensoras de derechos humanos de las mujeres, por la violación a derechos humanos de niñas y mujeres indígenas en la comunidad de Dos Ríos, municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero, perpetrada el pasado 9 de octubre de 2021. Disponible en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelW3itvhe-hlrcihOb97MG G9fghFYJyjhUpgTVdwwz41ffhg/viewform (consultado el lunes 11 de octubre de 2021).

2 Ídem.

3 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelW3itvhe-hlrcihOb97 MGG9fghFYJyjhUpgTVdwwz41ffhg/viewform

4 Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria. Disponible en:

http://gaceta.diputados.gob.mx/ (consultado el lunes 18 de octubre de 2021).

5 Expansión. Los límites de autoridades impiden acabar con el matrimonio infantil. Disponible en:

https://mujeres.expansion.mx/actualidad/2021/09/24/los-limites-d e-autoridades-impiden-acabar-con-el-matrimonio-infantil (consultado el lunes 11 de octubre de 2021).

6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/ EAP_Nino21.pdf

7 Códice Informativo. Matrimonio y trabajo infantil siguen siendo retos en el México de 2021, Disponible en:

https://codiceinformativo.com/2021/04/matrimonio-y-trabajo-infan til-siguen-siendo-retos-en-el-mexico-de-2021/

8 Save The Children. Queremos niñas con sueños, no esposas. Tu apoyo nos permite seguir luchando contra el matrimonio infantil en México, Disponible en:

https://apoyo.savethechildren.mx/matrimonio-infantil-en-mexico?u tm_term=&utm_campaign=DSA_Anuncios+din%C3%A1micos&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=1848732810&hsa_cam=1062194825&hsa_grp=5247 2791859&hsa_ad=251914748768&hsa_src=g&hsa_tgt=dsa-19959388920&h sa_kw= &hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjwh5qLBhALEiwAi oods2Qo8B2urjv36h_RPaEozPwmEsAt73R4NOtbWSoWEYIw2DTL5TwslBoCYaMQAvD_BwE

9 Save The Children. Matrimonio infantil, Disponible en:

https://www.savethechildren.mx/sci-mx/media/ima/matrimonio_ infantil_25jun.jpg

10 Ídem.

11 Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Pol itica.pdf

12 Corte Penal Internacional. Estatuto de Roma. Disponible en:

https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute( s). pdf  (consultado el lunes 11 de octubre de 2021).

13 Secretaría de Gobernación (Segob). Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará). Disponible en:

http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/comision/interna cional/1_13.%20Convencion%20de%20Belem%20Do%20Para.pdf (consultado el lunes 11 de octubre de 2021).

14 Cámara de Diputados. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_010621.pdf  (consultado el lunes 11 de octubre de 2021).

15 Suprema Corte de Justicia de la Nación. SCJN valida eliminación de dispensas para que menores de edad contraigan matrimonio en Aguascalientes. Disponible en:

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp? id=5843 (consultado el lunes 11 de octubre de 2021).

16 Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Código Civil Federal, Disponible en:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609666&fecha= 11/01/2021

17 Latinus. AMLO minimiza casos de ventas y prostitución de niñas en Guerrero: “Eso no es la regla en las comunidades”, afirma. Disponible en:

https://latinus.us/2021/10/24/amlo-minimiza-casos-ventas-prostit ucion-ninas-guerrero-no-es-regla-comunidades-afirma/

18 Save The Children. Matrimonios infantiles en México, Disponible en:

https://www.savethechildren.mx/que-hacemos/incidencia-politica/m atrimonioinfantil

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 4 de noviembre de 2021.– Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica).»

Se turna a la  Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SHCP, A REALIZAR UNA MESA DE DIÁLOGO A FIN DE RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DE CRÉDITOS VENCIDOS ANTE DICHA INSTITUCIÓN, EN SONORA

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a realizar por la SHCP una mesa de diálogo con la FND, ejidatarios y pequeños propietarios sonorenses para resolver la problemática de créditos vencidos ante la institución, a cargo del diputado Jesús Fernando Morales Flores, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Jesús Fernando Morales Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) es un organismo descentralizado de la administración pública federal, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Banca de Desarrollo), con personalidad jurídica y patrimonio propio, que impulsa el desarrollo del medio rural a través de financiamiento incluyente para productores y micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

La financiera tiene como objetivo coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como mejorar el nivel de vida de su población.

La institución, en el ejercicio de su objeto está facultada para:

• Otorgar crédito de manera sustentable y prestar otros servicios financieros a los productores e intermediarios financieros rurales, procurando su mejor organización y mejora continua.

• Ejecutar los programas que en materia de financiamiento rural se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

• Promover ante instituciones nacionales e internacionales orientadas a la inversión y al financiamiento, proyectos productivos que impulsen el desarrollo rural.

• Operar con los gobiernos federal, estatales y municipales, los programas que se celebren con las instituciones mencionadas.

• Apoyar actividades de capacitación y asesoría a los productores para la mejor utilización de sus recursos crediticios, así como para aquellos que decidan constituirse como intermediarios financieros rurales.

• Fomentar el desarrollo integral del sector rural, para lo cual la financiera coadyuvará al mejoramiento del sector financiero del país vinculado a las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y del medio rural, tal y como se define en el artículo 3o. fracciones I, II y artículo 116, en lo que corresponda, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

• Preservar y mantener los recursos de su patrimonio destinados al otorgamiento de créditos y manejar sus recursos de manera prudente, eficiente y transparente.

• Señalar el número, ubicación y estructura de las coordinaciones regionales, las cuales contarán con un titular designado por el consejo directivo, a propuesta del director general. Las agencias tendrán carácter permanente y, para su establecimiento, se considerará la demanda crediticia de las zonas geográficas productivas en el medio rural.

• Instalar módulos de manera temporal, en las zonas geográficas productivas cuya demanda crediticia lo requiera en determinada época del año.

En las regiones de Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huepac y Banamichi en el río Sonora, hay grupos de ejidatarios y pequeños productores que como muchos en el país han tenido acceso a los créditos otorgados por la Institución Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, sin embargo, por la crisis generada, primeramente en 2014 cuando sucedió un derrame de sulfato de cobre que se vertió a los ríos Bacanuchi y Sonora, lo que causó un daño directo a los pobladores, productores y ejidatarios de estas regiones y que hasta la fecha la economía de las mismas no han podido recuperarse.

Asimismo, el impacto ocasionado por la crisis sanitaria del virus del SARS-CoV-2 ha sido muy significativo. La actividad económica en el país se desaceleró significativamente como resultado de la decisión de suspender todas aquellas actividades consideradas como no esenciales. Esta decisión inevitablemente afectó a los ejidatarios y productores del río Sonora quienes se atrasaron en los pagos de sus créditos. Sin embargo, buscan llegar a un acuerdo con la institución a fin de sanear la situación.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realice una mesa de diálogo con Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, en conjunto con ejidatarios, así como con pequeños propietarios de los municipios de Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huepac y Banamichi, Sonora, con la finalidad de resolver la problemática generada ante la imposibilidad de pago de créditos vencidos ante dicha institución ocasionados por la difícil condición económica que vive la población del río Sonora, ocasionada hace años por el desastre ecológico y actualmente por la crisis sanitaria generada por el virus del SARS-CoV-2.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.– Diputado Jesús Fernando Morales Flores (rúbrica).»

Se turna a la  Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD, A APOYAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL PARA QUE EN LOS EMPAQUES DE MEDICAMENTOS SE INCLUYA EL SISTEMA BRAILLE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a emprender acciones que brinden a las personas con discapacidad visual la posibilidad de tener acceso a un mejor control, identificación y almacenamiento de los medicamentos con la inclusión del sistema braille en los empaques, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hoy más que nunca y derivado de la pandemia por la emergencia sanitaria motivada por el Covid-19, todo lo referente a la atención y los servicios de salud, clínicos y hospitalarios ha cobrado una muy especial relevancia tanto para nuestro gobierno como también para la población en su conjunto.

Esta pandemia y las emergencias médicas derivadas del contagio por Covid-19 pusieron sobre los escritorios la necesidad de mantener una revisión integral del sistema de salud pública y privada, de la capacidad real instalada tanto en infraestructura como también en capital humano, la solvencia para el abasto tanto de medicamentos como de insumos médicos y clínicos, la cobertura de los servicios de salud, su capacidad de atención, las condiciones de las instalaciones, equipo médico y hospitalario, así como la preparación, capacitación y cuidado de todo nuestro personal sanitario.

Asimismo, esta pandemia y las emergencias derivadas del contagio por Covid-19 hicieron necesario que en los hogares se supiera con qué sistema de salud se contaba en caso de ser requerido, la capacidad económica de la cual se disponía en caso de ser necesario sufragar gastos extra y qué lugares de atención medica se tenían disponibles y al alcance en caso de tener que recurrir a ellos.

Esta pandemia nos obligó no solo a resguardarnos, sino también a informarnos, investigar y conocer la disposición y ubicación de hospitales, centros de salud, kioscos médicos, centros de elaboración de pruebas de contagio, expendios de oxígeno medicinal, laboratorios de análisis clínicos y hasta de las farmacias y consultorios del barrio. A través de lo anterior revaloramos tanto su función y disponibilidad como también su importancia.

Experimentamos no solo el miedo al contagio de una enfermedad todavía desconocida y sin cura, sino también a las consecuencias de la automedicación, del desabasto de medicamentos, de no tener en casa al menos lo básico en caso de emergencia.

Nos volvimos expertos en la medición de la temperatura corporal y la medición de la saturación del oxígeno en nuestro cuerpo.

Junto a todo esto, tanto en los hospitales, clínicas, consultorios de barrio, centros de alta especialidad, ya sea públicos o privados, y en todos los hogares del país se volvió a colocar en nuestra conciencia la importancia del cuidado, responsabilidad, manejo y almacenamiento de los medicamentos con los que se cuenta.

Todo lo anterior es parte de la experiencia que nos está dejando la pandemia por el Covid-19.

Esta pandemia no llegó a enseñarnos cosas nuevas respecto a medidas sanitarias, cuidados médicos, medidas de protección, o bien, en el manejo y disposición de medicamentos. Todo eso ya lo sabíamos, solo que lo habíamos olvidado o tal vez pensábamos que eso era exclusivo del personal hospitalario y que el repaso de todas esas medidas se daba solo en los quirófanos y quizás en las aulas donde se forma al nuevo personal de salud.

Sin embargo, no es así y todos por igual debemos estar familiarizados con lo relativo al cuidado de nuestra salud.

En lo que va de estos ya casi dos años de pandemia, con sus medidas sanitarias de protección, responsabilidad ciudadana y distanciamiento social, nos dimos cuenta de lo caro que nos salió el error de delegar el conocimiento de todo lo anterior únicamente a los profesionales de la salud.

Toda la sociedad y todo el gobierno debemos siempre actuar en concordancia, atención y corresponsabilidad con nuestros profesionales de la salud y estar al pendiente del desarrollo los servicios de salud pública.

La lección, al no haberlo hecho así, fue muy dura. El descuido de nuestro sistema de salud nos ha costado mucho y ha implicado grandes pérdidas en términos económicos y sociales y, lamentablemente, también de una gran cantidad de vidas humanas. De ahí la relevante vigencia que cobró lo establecido en nuestra Constitución en su artículo 4o., el cual dice lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”. 1

Asumir lo establecido en el artículo 4o. constitucional, aplicarlo e involucrarnos todos en ello, fue la única vía que nos permitió mitigar un poco los efectos devastadores del Covid-19 en la salud pública y espero, en un futuro no muy lejano, también nos permita salir adelante.

En este tenor, considero que no podemos ni debemos nuevamente estar ni desprotegidos ni desprevenidos, hay que estar preparados para las próximas pandemias y para las enfermedades recurrentes. En este propósito no hay esfuerzo ni labor menor, o bien, medida que no valga la pena, más aún si nos referimos a algo sumamente importante para mantener o recuperar la salud, es decir, todo lo concerniente a los medicamentos.

Hay que reconocer que aprendimos a ser vigilantes y corresponsables en lo que a su abasto se refiere, así como también a su costo, el acceso a ellos y disponibilidad. Igualmente, hemos estado atentos en cuanto a su comercialización, a los lugares y medios para ello y hasta a las medidas de seguridad tanto en la prescripción como en la medicación.

Hemos hecho la tarea tanto sociedad y gobierno, no hay duda, pero nos falta por aún mucho por hacer.

Lo logrado no lo es todo, nos hace falta algo elemental en lo que a nuestros medicamentos concierne y con esto me refiero a su almacenamiento y manejo en los hogares.

Si bien combatimos eficiente y determinadamente la automedicación en la que incurre cerca del 80% de nuestra población 2 y, a la vez, establecimos una regulación acertada y pertinente en cuanto a la prescripción y venta de antibióticos, también debemos reconocer que hemos dejado vacíos importantes y hasta discriminatorios en cuanto respecta al manejo de las medicinas disponibles en casa.

Hay que recordar que, si bien la venta de antibióticos se realiza únicamente bajo prescripción médica y presentando la receta correspondiente, existe una amplia y extensa gama de medicamentos de toda índole que son de libre venta, es decir, no se requiere de receta para comprarlos, es más, ni siquiera son de venta exclusiva en las farmacias. Estos medicamentos los podemos comprar en cualquier tienda, los podemos adquirir en cualquier vitrina o estante de indeterminado establecimiento, ya sea el de la esquina de la casa o uno departamental.

Por ello, junto a la venta, prescripción y medicación o consumo de las medicinas en nuestro país, es de la misma importancia cuidar, procurar y regular el manejo y almacenamiento de éstos en nuestros hogares.

Lo anterior es no solo un pendiente por atender, sino también es un derecho de todas y todos por igual en el cual nadie debe quedar exento o fuera del alcance y disfrute del mismo.

La automedicación sigue siendo un peligro latente y muy común, las sobredosis por medicamentos siguen siendo recurrentes y amenazantes e incluso el error inconsciente en el consumo de medicamentos es un riesgo real que la venta libre de los mismos potencializa.

En este punto en específico, la adecuada, clara y correcta regulación sobre la inclusión en los empaques de los medicamentos de la fecha de caducidad es imprescindible no solo para evitar lamentables accidentes, sino también considerando que somos un país en el cual de manera desafortunada, 6 de cada 10 medicinas que se ofrecen para su venta y consumo en lugares no regulados por la autoridad, aunque muy visitados por la población en general, son falsificadas, están caducas, son robadas, o bien, fabricadas clandestinamente sin los controles de calidad correspondientes. 3

Como se puede ver, estamos ante un problema preocupante y un pendiente por atender urgente y sumamente considerable.

La solución de este problema nos compete a todos por igual y atañe a la sociedad en su conjunto, sin embargo, no nos damos cuenta que estamos dejando fuera a personas con discapacidad visual, con lo cual estamos permitiendo que se desplace y con ello se discrimine a un importante sector de nuestra sociedad.

La población con discapacidad visual es en muchos casos completamente dependiente de un tercero, si es que cuenta con él. En este sentido, para saber qué medicina se está tomando, para asegurarse de que sea la adecuada, o bien, que no esté caduca, las personas con discapacidad visual requieren de la asistencia de alguien más. Lo anterior no solo es penoso como sociedad, sino también inadmisible en la actualidad, pues un elemento importante para proteger los derechos de las personas con discapacidad es promover su independencia.

Estamos negando la posibilidad a las personas con discapacidad visual de tener el control por sí mismas de sus medicamentos y del almacenamiento de los mismos por no tener la capacidad de entender que ellos también cuentan, también valen, también lo merecen y también tienen derechos.

Estamos limitando, al menos, al 4% de nuestra población que se tiene contabilizado padece algún grado o tipo de discapacidad visual. 4

Omitimos deliberadamente que la discapacidad visual total es la segunda discapacidad más presente entre nuestra población. Nos desentendemos del hecho de que la discapacidad visual afecta a población de todas las edades, no importa que estén en edad escolar o laboral, o bien, sean adultos mayores.

Basta señalar que, en nuestro país, al menos, el 18% de personas con discapacidad visual está entre los 6 y los 30 años de edad, el otro 35% de esa población tiene entre 31 y 60 años y, finalmente, el 47% que resta de esa población tiene más de 60 años de edad. 5

Como se puede apreciar, la discapacidad visual no atiende ni género ni mucho menos edad y todos nosotros como sociedad, al negarnos por razonamientos meramente económicos en materia de costo-utilidad a brindarles herramientas accesibles y fáciles que ya existen para apoyarlos en la identificación, manejo y almacenamiento de algo tan imprescindible para la salud como lo son los medicamentos, los estamos excluyendo, invisibilizando y discriminando.

Con el esfuerzo elemental de establecer que todo empaque de medicamentos que se venda en nuestro país deberá contener la fecha de caducidad mediante el sistema de escritura Braille estaremos dando un enorme paso hacia adelante en materia de disfrute del derecho a la salud de las personas con discapacidad. Al mismo tiempo, estaremos sentando un precedente muy valioso en materia de inclusión. En este sentido, estaríamos atendiendo una deuda pendiente con las personas con discapacidad visual.

Hay que señalar que aún tenemos muchos pendientes importantes y urgentes para beneficio de nuestra población con capacidades diferentes y en particular con nuestra población con discapacidad visual, aún nos quedan muchas cosas por hacer para erradicar las diferentes formas de discriminación que padecen y sufren.

Las personas con discapacidad visual sufren discriminación social, educativa, laboral o familiar, además de discriminación en materia de acceso a servicios de salud y procuración de la misma, lo cual no puede seguirse tolerando.

Más de 2 millones de mexicanas y mexicanos identificados y contabilizados con deficiencias visuales diagnosticadas y casi un millón de personas con ceguera en nuestro país requieren de nuestro apoyo y ayuda para acceder de manera efectiva a su derecho a la salud. A la cifra señalada aún hace falta agregar aquellas personas que no se encuentran diagnosticadas y están en el olvido o abandono en sus propios hogares y por su propia familia. 6

Por todo lo anterior resulta urgente que quienes integramos esta Asamblea unamos esfuerzos para dar un paso hacia adelante en materia de apoyo y ayuda a nuestras personas con discapacidad visual para que accedan en mejores condiciones al pleno disfrute de su derecho a tener el control de sus medicamentos, su manejo y almacenamiento.

No podemos ni debemos quedarnos con los brazos cruzados ante esta deuda pendiente con las personas con discapacidad visual en nuestro país.

Por todo lo aquí expuesto, la que suscribe somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a emprender acciones concretas que brinden a las personas con discapacidad visual de nuestro país la posibilidad de acceder a un mejor control, identificación y almacenamiento de los medicamentos que usan a través de la inclusión del sistema braille en sus empaques.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4o.

2 Secretaría de Salud.

3 Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica.

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía

6 Atlas de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.– Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

CAMPAÑA PERMANENTE DE FOMENTO A LA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y la Conagua a establecer una campaña nacional permanente para fomentar la captación de agua pluvial, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hoy más que nunca, es de suma y vital importancia que se atienda, tanto por el gobierno como por la sociedad en corresponsabilidad, lo mandatado en el artículo 4o. de nuestra Constitución Política, el cual establece lo siguiente: “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. 1

Lo anterior porque en lo que respecta al cuidado y preservación de nuestro medio ambiente y disposición de recursos naturales nos encontramos en una emergencia que afecta ya nuestra supervivencia.

Por parte de la sociedad civil organizada y algunos sectores de la población en general la emergencia ha sido comprendida y debidamente dimensionada y han tratado desde sus alcances y posibilidades no solo atender el problema, sino que también han intentado forjar una conciencia adecuada entre la población sobre este pendiente.

No obstante a lo anterior, estos valiosos esfuerzos no han permeado como se desea ni mucho menos como se requiere porque la mayoría de los gobiernos han quedado mucho a deber en esta materia, pues no tomaron medidas concretas ni decididas para atender el problema, lo único que hicieron fue seguir sujetando a nuestro medio ambiente y recursos naturales a la explotación irracional y con ello ir heredando de administración en administración los pendientes graves que poco a poco, pero de manera intensa y sostenida, se fueron convirtiendo en sumamente peligrosos y en muchos casos hasta irreversibles.

Esta lamentable situación heredada nos obliga más que nunca a asumir verdaderamente el reto que ello implica para atender, aminorar y, si es posible, revertir el daño causado a nuestro medio ambiente.

En este propósito vale la pena resaltar que ningún esfuerzo puede menospreciarse, ni asumirse como menor.

Más aún si nos referimos en específico al cuidado y aprovechamiento del agua para el consumo y sustento de todas nuestras actividades, iniciando por las más básicas, las de supervivencia.

Al respecto, ha habido avances significativos e importantes en materia de cuidado, manejo y preservación del agua en nuestro país, pero estos han sido sin duda alguna, insuficientes.

Lo anterior porque las amenazas que hay sobre la disposición de agua apta para el consumo humano son mayores cada vez y que se combinan con las amenazas resultantes de la contaminación y del calentamiento global, que ya ha derivado en un incremento de la temperatura mundial que, en estudios oficiales desde hace ya varios años se estima en 0.8 grados centígrados. 2

Un incremento que se ha advertido y ha demostrado ser no solo amenazante sino también peligroso en el corto, mediano y largo plazo; lo cual ya ha desencadenado desabasto de alimentos, sequías desproporcionadas, aumento amenazante del nivel del mar, eventos meteorológicos excesivos y un gran desplazamiento de población a nivel mundial causado, ya sea por inundaciones, sequías o extinción de especies de flora y fauna, misma que, cabe señalar, llega a poco más del 30% del total de las especies. 3

En síntesis, podemos resumir y cuantificar las consecuencias del daño ambiental en al menos un 20% del PIB mundial. 4

En nuestro país, los efectos del descuido a nuestro medio ambiente y el desperdicio de nuestros recursos naturales, así como nuestros elevados índices de contaminación ya se han dejado sentir con fuerza.

A pesar de lo anterior, los gobiernos pasados nada o muy poco hicieron, así lo demuestran los elevados registros de nuestras emisiones de gases contaminantes durante el decenio comprendido entre el año 2000 al 2010, gracias a los cuales, fuimos el primer lugar en toda América Latina en volumen de emisiones de gases altamente contaminantes. 5

El mismo balance se presenta, si nos referimos a nuestros recursos naturales, ya que, en 5 años, en el periodo comprendido entre el 2005 y el 2010, destruimos irreversiblemente poco más de 160 mil hectáreas de nuestros bosques. 6

En lo que respecta al cuidado, disposición y sustentabilidad de nuestra agua, el balance es nuevamente desafortunado, de inicio, basta señalar que poco más del 30% de toda el agua de la cual disponemos para nuestro consumo no se obtiene de manera sustentable, es decir, sin la más mínima tasa de retorno o recuperación, en otras palabras, un consumo voraz y desenfrenado.

Aunado a lo anterior, aproximadamente el 60% del agua para nuestro consumo la tomamos de fuentes no obligatoriamente renovables y en muchos casos altamente contaminadas, como lo son los pocos ríos, lagos y arroyos que nos quedan. Asimismo, un 35% del agua total que consumimos la tomamos de fuentes subterráneas, siendo muchas de ellas tomas ilegales y, por ende, carentes de supervisiones y manejo sustentable; únicamente el 5% de toda el agua que utilizamos diariamente proviene de fuentes renovables como lo son mantos acuíferos reabastecidos por filtraciones de agua de lluvia. 7

Lo anterior nos ayuda a comprender por qué nuestro país ostenta a nivel mundial una de las peores y más bajas tasas de recolección de agua pluvial. 8

Las alternativas de recolección de agua pluvial en nuestro país y entre nuestra sociedad son prácticamente nulas.

Esto no solo es penoso y desafortunado, sino que también es preocupante, porque la combinación de los efectos del calentamiento global, los daños a nuestro medio ambiente, el desastroso manejo de nuestros recursos naturales y la inconciencia que priva en el cuidado, consumo y disposición de agua en nuestro país nos ha llevado ya a un serio y grave problema de suministro de agua en todo el territorio nacional.

Las estadísticas así nos lo demuestran, basta señalar que, de acuerdo con cifras oficiales, poco más de 13 millones de personas ya padecen un desabasto grave y permanente de agua y, paralelamente, poco más de 4 millones de hogares mexicanos ni siquiera cuentan o tienen el servicio de agua potable. 9

A pesar de estas estadísticas desalentadoras, la atención a este histórico problema se ha estado posponiendo por parte las autoridades correspondientes.

Las medidas pertinentes o aconsejables que en diferentes momentos han sido propuestas, tristemente han sido desechadas, bajo un simple enfoque de gasto-utilidad, cuando en realidad deben de ser asumidas como una valiosa inversión impostergable para beneficio de nuestro presente y también de nuestro futuro.

Por ejemplo, la propuesta de instalar infraestructura con el propósito específico de captar agua pluvial para destinarla a diferentes usos en inmuebles con una superficie considerable ha sido desechada por asumirse como un gasto elevado, a pesar de que las bondades, eficiencia y eficacia de esta medida han sido demostradas y contundentemente probadas.

Cabe señalar que la recolección de agua pluvial, ha probado ser una alternativa a largo plazo de bajo y financiable costo, lo cual la hace sustentable, con de un alto beneficio ambiental inmediato y permanente.

Lo anterior está sustentado en un valioso y preponderante factor que nuestra disposición geográfica nos ha obsequiado, en nuestro territorio se reciben poco más de 1,500 millones de metros cúbicos anuales de lluvia en el peor de los casos, porque de unos años a la fecha, debido al cambio climático y sus efectos colaterales, las lluvias han incrementado súbitamente su intensidad en ciertas partes de nuestro país. 10

Pero si solo tomamos en cuenta la cantidad de lluvia promedio registrada de manera cotidiana en una temporada regular, fácilmente un hogar con un sistema básico de captación de agua pluvial debidamente instalado podría captar como mínimo el 15% del total de agua que consume en labores cotidianas de riego o limpieza. 11

Así de grande y determinante es el beneficio en una casa promedio de nuestro país, el cual se obtiene con la instalación de un sistema básico de captación de agua pluvial, es decir, canaletas de recolección o captación, filtro de escombros, tubos de PVC para guiar el agua y un depósito destinado para su almacenamiento e inmediata utilización. 12

De hecho, se tiene calculado que, en nuestro país, con base en los promedios de lluvia registrados comúnmente, cada metro cuadrado de superficie de techo utilizable tiene la capacidad de captar, al menos, 800 litros de agua de lluvia apta para diversas labores domésticas o de riego y si es debidamente tratada puede, incluso, ser potable. 13

Este argumento sustenta la viabilidad de dotar con sistemas de captación de agua pluvial a construcciones con superficies de techo mayores como las que poseen por ejemplo la mayoría de inmuebles departamentales o comerciales que tenemos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, lo cual es el objeto de la presente iniciativa.

Con esta medida, en ese tipo de construcciones, cada vez más presentes en nuestro entorno, estaríamos obteniendo un volumen de agua sumamente significativo que se podría destinar a actividades de riego o limpieza; liberando y preservando con ello en la misma proporción el agua que actualmente destinamos para esas actividades sin la debida sustentabilidad y en un acto de franco derroche.

En este orden de ideas, se vuelve imprescindible insistir en el uso y aplicación de alternativas eficientes y probadas para la preservación y cuidado del agua destinada para nuestro uso, como lo es la instalación de sistemas de captación de agua pluvial.

Con la instalación de estos sistemas de captación de agua pluvial en los inmuebles comerciales y departamentales estaríamos dando un paso importante y sentando un antecedente muy valioso en la atención y solución de la escasez de agua que actualmente padecemos y que, en muy poco tiempo, si seguimos sin hacer nada en el corto plazo, será todavía peor, insostenible y quizás hasta amenazante.

No solo estaríamos dándole un respiro a nuestras sobreexplotadas y cada vez menores fuentes de agua de las que actualmente disponemos para nuestro consumo, sino también estaríamos evitando que se desaprovechen y se pierdan todos esos miles de litros de agua pluvial que la naturaleza generosamente nos provee y que hasta la fecha no utilizamos de manera óptima.

Con la aplicación de esta medida, las construcciones referidas dispondrían de agua fácilmente recolectada y debidamente almacenada, la cual se puede aprovechar en actividades como riego, es decir, en el mantenimiento, preservación o incremento de áreas verdes, que también nos hacen mucha falta, o bien, para la limpieza o el servicio sanitario de sus instalaciones. Ganaríamos todos porque liberaríamos en la misma proporción agua apta para nuestro consumo, aminorando con ello los niveles de sobreexplotación en los que actualmente incurrimos en todo el país.

Sin duda alguna, sería un esfuerzo valioso que las generaciones presentes y futuras no solo agradecerán, sino también tendrían siempre presente como un antecedente obligado de nuestro compromiso como sociedad por atender y solucionar el problema amenazante que representa el desabasto y la escasez de agua en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua a establecer una campaña permanente a nivel nacional de fomento a la captación de agua pluvial y de difusión de las ventajas y beneficios de la instalación en los inmuebles de sistemas de captación de agua de lluvia como parte de una cultura del cuidado y aprovechamiento del agua.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4o.

2 Aeronáutica Nacional y Administración Espacial. NASA. Reporte 2014.

3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano.

4 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano.

5 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Semarnat.

6 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Semarnat.

7 Estadísticas del Agua. Conagua.

8 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. PNUMA

9 Censo de Población y Vivienda. Inegi.

10 Dirección General de Geografía. Cartas de Tipos de Clima. Inegi:

11 Guía del Agua y la Construcción Sustentable. Agua.org

12 Lineamientos Técnicos: Sistema de Captación de Agua de Lluvia con fines de abasto de agua potable a nivel vivienda. Conagua.

13 Lineamientos Técnicos: Sistema de Captación de Agua de Lluvia con fines de abasto de agua potable a nivel vivienda. Conagua.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.– Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

CAMPAÑA PERMANENTE DE ADVERTENCIA A LA POBLACIÓN, RESPECTO A LOS DAÑOS QUE OCASIONA EL ASBESTO A LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y la Semarnat a establecer una campaña nacional permanente de advertencia respecto a los daños que el asbesto y sus variantes pueden provocar en la salud y el ambiente, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde siempre, tanto en los hogares de manera particular como en la sociedad en su conjunto, de manera generalizada atravesar por una enfermedad de prolongado tratamiento y, si es el caso, de permanencia hospitalaria representa una gran preocupación, reto y gasto, muchas veces imprevisto, para las finanzas familiares.

Lamentablemente, el abanico de este tipo de padecimientos es grande y sumamente diverso. Son muchas las enfermedades que nos remiten a esta condición, al igual que las lesiones que nos pueden llevar a ello.

En lo que se refiere a las enfermedades, son, de igual manera, muy diversificados los detonantes y los factores de riesgo que las crean, las motivan o las favorecen.

Por ejemplo, tenemos las cuestiones genético-hereditarias y, por otro lado, los hábitos de alimentación, cuidados y procuración de la salud, además de cuestiones como la contaminación o hasta los niveles de preocupación o estrés a los que nos sometemos.

Como podemos darnos cuenta, algunos detonantes de estas enfermedades los podemos controlar, evitar y quizás hasta erradicar, otros, desafortunadamente, están fuera de nuestras manos.

La humanidad ha dado atención y seguimiento a este tipo de enfermedades, es decir, a su diagnóstico, identificación, prevención y tratamiento, y, al mismo tiempo, a los factores de riesgo o detonantes de las mismas.

A la par de lo anterior, hemos puesto mucho empeño en desarrollar, consolidar y contar con una infraestructura médica y hospitalaria adecuada para coadyuvar en esta tarea.

De entre todas estas enfermedades de tratamiento prolongado y devastadoras emocionalmente tenemos una en particular que es sumamente alarmante: el cáncer.

Esta enfermedad, hasta hace no mucho tiempo, la asumíamos como poco frecuente, es decir, no eran muchos los casos presentes entre nuestra población y generalmente se presentaba en población de edad adulta o adulta mayor, o al menos esa era la percepción.

No obstante, hoy tanto la situación real como la percepción de esta enfermedad han cambiado radicalmente.

Esta enfermedad es definida por la academia médica como un padecimiento que se desarrolla a partir de un “rápido y desordenado crecimiento de células anormales”. 1

Condición médica de la cual, desafortunadamente, y a pesar de todo el avance tecnológico en materia de salud con el cual contamos, no hemos podido ni curar ni prevenir del todo.

Su diagnóstico preciso muchas veces es complicado y en algunas ocasiones es hasta tardío, derivado de que los síntomas que nos alertan sobre su padecimiento aparecen cuando la enfermedad ya ha avanzado notoriamente en nuestro organismo.

Es cierto que los chequeos habituales del estado general de salud con una periodicidad anual nos alertarían de la probable presencia o desarrollo temprano de una condición así, pero la realidad es que somos un país con una población sin una cultura y muy probablemente también sin los medios y recursos necesarios para realizarse esos chequeos médicos y de prevención de la salud de manera regular.

De hecho, autoridades en materia de salud señalan que 7 de cada 10 mexicanos no se realizan estudios preventivos ni chequeos de su condición y estado de salud. 2

Ante ello, la presencia del cáncer entre nuestra población, de todas las edades y sin importar género, es cada vez mayor. Lo anterior es muy preocupante en materia de salud pública.

Se trata de un reto mayor de muchos vértices por atender; por un lado, tenemos pendientes en lo que respecta al diagnóstico oportuno, como también al tratamiento correcto y accesible y, por otro, está la prevención del padecimiento.

A nivel mundial han sido notables los esfuerzos por hacerle frente a esta enfermedad, se ha avanzado significativamente al grado de que su padecimiento ya no es una sentencia segura de muerte. Pero, a pesar de todos los adelantos en materia de tecnología, no hemos podido aún descubrir su cura.

Por eso sigue siendo todavía elevada su mortalidad y, por supuesto, un factor de alta preocupación entre las familias que tienen algún integrante con esta condición, lo que convierte cualquier esfuerzo por avanzar en prevenirlo e identificarlo en un muy valioso propósito.

Así lo es para todos en general y más aún para las familias de los poco más de 8.8 millones de personas que pierden la vida a nivel mundial cada año, por consecuencia directa del cáncer. 3

En nuestro país, el panorama es igual de preocupante y en algunos casos, muy desalentador.

Cada año nuestras autoridades en materia de salud reportan y dan cuenta de que en promedio se registran 191 mil casos nuevos de cáncer entre la población de diferentes edades cada año. 4

Asimismo, señalan nuestras autoridades que el cáncer es ya la tercera principal causa de muerte entre nuestra población y que, de seguir la misma tendencia y estadística en cuanto a casos, se estima que para el año 2026 el diagnóstico de tumores cancerígenos se incrementará en al menos 50 por ciento. 5

En otras palabras, hoy en día 14 defunciones de cada 100 que se registran en México son a causa del cáncer. 6

Desafortunadamente, para nuestro país, como se mencionó anteriormente, el número de defunciones se ve favorecido al alza porque la identificación del cáncer se realiza en etapas tardías, cuando ya ha avanzado demasiado, o bien, se ha diseminado a más partes y órganos del cuerpo, lo cual complica y, en ocasiones, anula definitivamente la posibilidad de combatirlo. 7

En nuestro país, se registran poco más de 84 mil muertes por cáncer cada año, siendo los principales tipos el cáncer de mama, de próstata, de colon, de tiroides, cérvico-uterino y de pulmón. 8

Asimismo, vale la pena resaltar que 30 por ciento de los distintos tipos de cáncer que se diagnostican entre nuestra población se deben directamente al tabaquismo, el consumo de alcohol, hábitos alimenticios, contaminación ambiental y sedentarismo; en otras palabras, se trata de padecimientos que pueden prevenidos. 9

El cáncer reduce drásticamente la expectativa de vida de quienes lo padecen, aun identificándolo en sus etapas iniciales. De acuerdo con estudios al respecto, se sabe que la expectativa de vida de los pacientes con cáncer puede llegar a reducirse hasta los 63 años.

Con todo lo anterior, quienes integramos la presente Legislatura nos podemos dar cuenta del enorme reto pendiente que tenemos respecto a la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer entre nuestra población.

Por ello, es sumamente relevante que coadyuvemos en todas las etapas, en el esfuerzo por combatirlo y con ello ayudar a quienes lo padecen y proteger a la población para que no lo desarrolle.

Lo anterior implica que estemos atentos y pendientes para dotar a nuestro país de la infraestructura necesaria para hacerle frente a este mal, asimismo, el tener y mantener el suficiente capital humano de servicios de salud para su correcto tratamiento y, a la par, garantizar los medicamentos e insumos suficientes para combatirlo.

En este sentido, no podemos omitir atender o desentendernos de la prevención y la eliminación de los factores que lo detonan o desarrollan.

Cualquier estrategia pública para mitigar la incidencia del cáncer entre la población estaría incompleta si no se atienden los detonantes y factores de riesgo.

En este propósito especialmente preponderante, hay un material que sigue siendo ampliamente usado en nuestro país y que, precisamente, es objeto de la presente iniciativa. Este material ha sido identificado mundialmente como una sustancia alta y peligrosamente cancerígena y también mortalmente contaminante, me refiero al asbesto.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el asbesto, también llamado amianto, es un mineral con destacadas cualidades de resistencia a la fricción, el desgaste natural, el calor y con un costo muy accesible. 10

Esas cualidades han permitido que el asbesto sea muy demandado y ampliamente utilizado para producir un sinnúmero de objetos y productos tanto industriales como de uso cotidiano y permanente en nuestros hogares, que pueden ser desde tubería para agua y drenaje hasta pisos, láminas, tinacos, techos, aditivos para plásticos, envases y autopartes, entre muchos productos más.

Desde 1977 se identificó que el asbesto era un material altamente cancerígeno y que la inhalación de sus fibras provoca cáncer pleural, cáncer del peritoneo, de faringe, de ovarios y pulmonar. 11

Igualmente, para 1986, el asbesto fue declarado por la OMS como elemento cancerígeno con una ventana de 20 años para la manifestación de su impacto en la salud. 12

A la par, desde ese entonces se reconoció y se alertó mundialmente a la población y a los gobiernos que no hay un nivel mínimo seguro de exposición a cualquier tipo de asbestos o sus variantes. 13

Por ello, se tiene el registro de que a nivel mundial más de 50 países ya han prohibido determinante y absolutamente su uso, o bien, el uso de sus variantes.

En nuestro país el asbesto no está prohibido, por mucho tiempo se ha debatido demasiado al respecto, pero desafortunadamente los intereses económicos de particulares se han impuesto o han sometido al interés supremo de la salud pública, de la salud de la población que los gobiernos están obligados a atender, preservar y garantizar.

Irónicamente el asbesto y su amplio uso o aplicación es defendido por parte de la industria, dado su bajo costo, a pesar de que todo el asbesto utilizado en nuestro país es importado, porque nosotros no contamos con minas para su extracción. 14

Todo esto, muy a pesar de los significativos casos registrados desde ese entonces y hasta la fecha de cáncer en las cercanías de las empresas que lo utilizan, así como también de los casos identificados por la exposición directa o indirecta a productos hechos con este material, o bien, por el contacto con agua contaminada por pasar a través de tuberías hechas de asbesto o por almacenarla en tinacos para agua de uso doméstico.

De hecho, todavía existen muchos hogares en todo el país, tanto en ambientes urbanos como rurales, que siguen usando láminas de asbesto para techar sus habitaciones.

Basta señalar que, de acuerdo al último censo de población y vivienda de nuestro país, de los más de 35 millones de viviendas particulares que hay en nuestro territorio, al menos el 17 por ciento de estos tienen techo de lámina. 15

Y el principal material con el que están hechas las láminas con las que millones de personas techan sus hogares es el asbesto.

Con este simple dato nos podemos dar cuenta de la magnitud del problema, del enorme tamaño de esa fuente cancerígena para quienes habitan esos hogares y además para toda la población porque el asbesto genera residuos que se convierten en un mortal contaminante para todo el medio ambiente. Así de preocupante es el problema que hemos dejado crecer, así de colosal es esta condenable situación de salud pública.

Si lo anterior no fuera suficiente, todavía tenemos otra presencia sumamente peligrosa del asbesto en nuestras vidas, en nuestro ambiente. Peligrosamente, la gran mayoría de extensión de la red hidráulica de agua para uso doméstico en muchas ciudades del país está compuesta por tubería de asbesto.

En otras palabras, en nuestros hogares estamos recibiendo y utilizando agua potencialmente contaminada por las características que posee el asbesto en función de la erosión y el paso del tiempo. Lo mismo pasa con la mayoría de la tubería de nuestros drenajes.

Por ello, no sólo estamos ante un problema mayúsculo en materia de salud pública, no sólo estamos ante un material altamente tóxico y cancerígeno, sino también ante un contaminante sumamente peligroso y letal.

Al haber tantos hogares techados con láminas de asbesto y con una gran red hidráulica de agua para uso doméstico, el aire que respiramos y el agua que consumimos podrían estar peligrosamente contaminados con este material cancerígeno. Lamentablemente, por mucho tiempo no hemos querido o hemos omitido hacer algo al respecto, o bien, hemos cedido al argumento de la industria la cual afirma que no hay material para sustituirlo.

Lo anterior representa un argumento falso porque sí hay sustitutos disponibles e igualmente accesibles en cuanto a su costo. Tenemos sustitutos del asbesto que han probado no representar un riesgo para la salud, además de ser materiales sustentables, como algunas fibras sintéticas e incluso fibras vegetales que ya están disponibles.

En realidad, el verdadero argumento o motivo por el que la industria se rehúsa a dejar de utilizar el asbesto, es por interés económico, por cuestiones de utilidad, de ganancia.

El hecho de que se privilegie la ganancia y el lucro económico de los particulares por encima de la vida de los seres humanos es algo intolerable, es algo que ya no podemos permitir más.

Esta soberanía debe asumir la responsabilidad que le corresponde desde sus facultades e insistir en la atención adecuada de este problema para que las autoridades correspondientes informen, avisen y notifiquen a la población mediante campañas nacionales de la peligrosidad cancerígena y altamente contaminante del asbesto.

Tenemos que ser insistentes sobre la necesidad de informar debidamente a la población respecto a este tema que dañando irreparablemente la salud de toda nuestra población, que ha arrebatado la vida a un sinnúmero de personas y que ha contaminado letalmente nuestro medio ambiente y nuestra agua disponible.

Se requieren campañas nacionales de información sobre la peligrosidad en el uso del asbesto con el propósito de proteger la vida y la salud de nuestra población.

Estas campañas son urgentes ya que en nuestro país el cáncer de pulmón es el tumor más letal entre nuestra población y aunque por su número de casos no está entre los primeros tipos de cáncer, sí es el cáncer que ocupa el primer lugar en muertes causadas.

Además, en promedio 85 por ciento de los casos de cáncer de pulmón que se presentan entre nuestra población se encuentran relacionados directamente con el tabaquismo, o bien, con la contaminación del medio ambiente. En lo anterior el asbesto tiene un papel preponderante.

En virtud lo anterior, es momento de que esta soberanía cumpla adecuadamente sus funciones y la encomienda constitucional que todos quienes la integramos asumimos al tomar protesta como diputados federales, lo cual nos obliga a defender la vida de toda nuestra población y proteger la salud de todos, así como nuestro medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal a establecer una campaña permanente a nivel nacional de advertencia a la población en general respecto a los graves daños que el asbesto y sus variantes pueden provocar en la salud de las personas y en el medio ambiente.

Notas

1 Mortalidad por cáncer. Bustamante. 2012.

2 Secretaría de Salud.

3 Organización Mundial de la Salud.

4 Secretaría de Salud. 2020.

5 Secretaría de Salud. 2021.

6 Secretaría de Salud. 2020

7 Instituto Nacional de Cancerología.

8 Secretaría de Salud. 2020.

9 Secretaría de Salud. 2020.

10 OMS.

11 OMS y Agencia Internacional de Investigación del Cáncer.

12 OMS.

13 OMS.

14 Secretaría de Economía. México

15 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.– Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LIMITAR LA CIRCULACIÓN DE LAS UNIDADES DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA DE DOBLE REMOLQUE O SEMIRREMOLQUE EN LAS CARRETERAS DEL PAÍS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a emprender acciones que permitan limitar la circulación de las unidades de autotransporte de carga de doble remolque o semirremolque, como medida de seguridad para los usuarios de las carreteras, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sin duda alguna resulta imprescindible para todas las economías a nivel mundial la correcta sincronía y armonización entre los requerimientos técnicos, la infraes-tructura y los servicios necesarios para la distribución de productos e insumos dirigidos a la satisfacción de las demandas. La evolución de las sociedades acompañada de la interconexión en las economías exige contar con estrategias adecuadas para un correcto funcionamiento en los métodos de distribución y transporte a fin de disminuir significativamente el riesgo de retrasos y pérdidas económicas. Por ello, contar con una infraestructura sólida y desarrollada acompañada de inversiones constantes se vuelve uno de los retos más importantes tanto para los gobiernos como para la sociedad en su conjunto.

Aunado a lo anterior, resulta fundamental poseer la capacidad suficiente y adecuada para la distribución y disposición de bienes, servicios e insumos los cuales valiéndose de la infraestructura instalada y disponible coadyuven correctamente en el proceso económico, en este sentido, dada la importancia de contar con servicios de autotransporte adecuados y su relevancia en la cadena productiva, cualquier esfuerzo por perfeccionarlos resulta sumamente valioso.

Es importante resaltar que la existencia de fallas en el subsistema de autotransporte impacta directamente en los procesos productivos trayendo consigo repercusiones negativas en términos económicos las cuales pueden llegar a impactar en el corto y largo plazo generando crisis y estancamientos en el crecimiento.

Derivado de lo antes señalado resulta fundamental cuidar todos y cada uno de los factores que intervienen y forman parte del desarrollo económico, en nuestro país este tema no debe ser la excepción y debemos centrar nuestra atención en la formulación de estrategias, políticas y acciones encaminadas al fortalecimiento de las infraestructuras de autotransporte y servicios de logística.

En este orden de ideas, resulta fundamental destacar la importancia del subsector de autotransporte como parte del proceso productivo, el cual ha sido pieza clave en el desarrollo y crecimiento de nuestra economía, sin embargo, vale la pena resaltar las prácticas negativas existentes a su alrededor, mismas que van desde malos manejos, falta de inversión y capacitación, sin dejar de lado el conjunto de situaciones de inseguridad en las que se ha visto involucrado.

Para nuestra economía es indiscutible el aporte y relevancia de dicho subsector como factor estratégico en el desarrollo de la productividad y búsqueda de mayor competitividad, además de ser un modo de integración nacional, por ello, es necesario implementar procesos continuos de vigilancia, planeación y ajustes acordes a las demandas económicas y necesidades de la sociedad.

Es importante señalar que a pesar de las diversas problemáticas existentes en torno al subsector antes mencionado se han logrado vencer las dificultades permitiendo consolidarse como pieza fundamental dentro del proceso productivo nacional. Como muestra de lo anterior se puede resaltar el crecimiento registrado por las empresas prestadoras de sus servicios a tasas anuales mayores a 10 por ciento, 1 incluso en esta época de pandemia, en dicho comportamiento destaca el crecimiento de 13.3 por ciento entre 2016 y 2017 alcanzando un total de 25 mil 720 empresas prestando servicios de autotransporte. 2

Las cifras anteriores dan muestra de la capacidad nacional para movilizar, tanto al interior como al exterior, las más de 600 mil toneladas de productos y mercancías de las que se tiene registro, sosteniendo con ello tasas de crecimiento constantes de al menos 2 por ciento en materia de capacidad de transporte y movilización para todo el territorio. 3

Lo anterior ha sido posible gracias a la disponibilidad efectiva de por lo menos 463 mil 016 vehículos motrices, 453 mil 916 vehículos de arrastre y 449 grúas industriales, 4 en otras palabras, hacemos referencia a un sector imprescindible compuesto por un total de 917 mil 381 vehículos disponibles para el servicio del autotransporte de carga de productos y mercancías a lo largo del territorio nacional, parque vehicular que, es preciso destacar, presenta tasas sostenidas de crecimiento las cuales alcanzan 6 por ciento anual. 5

Otro elemento para resaltar es el relacionado con el porcentaje de carga nacional movilizado a través del subsector de autotransporte, mismo que alcanza 56 por ciento de toda la carga transportada vía terrestre. Particularmente, el subsector de autotransporte contribuye con 83 por ciento en el sector transporte. 6

A su vez, y derivado de todo el dinamismo anteriormente descrito, nuestro subsector de autotransporte genera un número importante de empleos directos en nuestro país para beneficio de la sociedad y de la economía nacional, alcanzando aproximadamente 2 millones de ellos. 7

Como se ha señalado con anterioridad, a pesar de la relevancia del subsector del autotransporte de carga para la economía de nuestro país, a lo largo del tiempo ha padecido importantes carencias y pendientes, algunos hasta históricos, los cuales por lamentables intereses sórdidos no han sido atendidos adecuadamente, o bien, han sido pospuestos, pero que irremediablemente se han convertido en prioridad.

De entre todas estas omisiones señaladas, existe especialmente una que ha creado no sólo controversia o expectativa, sino también ha generado accidentes desafortunados e incluso mortales, me refiero a las consecuencias causadas por el consentimiento o tolerancia de la circulación a lo largo y ancho de nuestras vías generales de comunicación de vehículos de autotransporte de carga con dos o más remolques o semirremolques.

El tema del doble remolque en nuestro país se ha convertido en un grave problema descaradamente evadido gracias al desinterés de las autoridades, el cual se ha convertido en una problemática de seguridad pública con dos aristas bien definidas.

Por un lado, encontramos las implicaciones en materia de inseguridad para los operadores de estas unidades vehiculares con doble remolque y a la vez de las mercancías o productos trasladados.

Se tiene el registro que en nuestro país circulan por lo menos de manera debidamente autorizada, es decir sin considerar todos los casos de vehículos de doble remolque operando y prestando sus servicios de manera ilegal y clandestina, poco más de 40 mil unidades, por lo menos 8 por ciento del total del parque vehicular del sector. 8

A pesar de estar frente a un número significativo y creciente de vehículos de doble remolque circulando en el país, multiplicando en sí mismo los factores de riesgo, el problema más grave y urgente radica en que nos referimos a unidades obsoletas o en malas condiciones, tanto físicas como mecánicas. De acuerdo con cifras oficiales, aproximadamente 60 por ciento de los vehículos utilizados para el autotransporte de carga en nuestro país son calificados y considerados como obsoletos. 9

Lo anterior es de por sí ya preocupante, pero destaca el hecho de que México es uno de los países donde se permiten los mayores límites máximos de carga, de acuerdo con lo establecido en la NOM-012. 10 Cabe destacar que al peso autorizado de la carga transportada es necesario sumarle el peso de la unidad vehicular, en ese sentido, en nuestro país tenemos circulando vehículos de doble remolque con un peso aproximado de 113 toneladas, asumiendo que las empresas respeten la carga máxima permitida.

Derivado de lo antes expuesto, contamos con la suficiente evidencia para determinar que el autotransporte de carga de doble remolque, así como las condiciones en las que opera es generador de diversos accidentes, colocando el tema como un serio problema de seguridad.

Ahora bien, a la excesiva carga máxima permitida, las deplorables condiciones físico-mecánicas de las unidades y un parque vehicular obsoleto debemos agregarle el factor humano, el cual resulta determinante en la operación cotidiana de las unidades, generando importantes accidentes viales causando con ellos la pérdida lamentable de vidas humanas.

En este sentido, resulta fundamental recalcar que por un lado tenemos la presencia latente del error humano en la conducción de las unidades el cual se ve potencializado por situaciones como la nula o escasa capacitación de los operadores, desgastantes jornadas de conducción sin un adecuado tiempo para el descanso y recuperación, acompañado del consumo habitual de sustancias prohibidas durante las horas laborales, poniendo en riesgo no sólo la vida de los operadores y la integridad de las mercancías transportadas, sino también aumentando el peligro latente a la vida de los usuarios cercanos a las unidades de doble remolque.

Derivado de lo antes expuesto, se desprende que los esfuerzos por mejorar las reglamentaciones dirigidas a la certificación de las condiciones físico-mecánicas del doble remolque, la significativa reducción de sus límites de velocidad o el establecimiento de mayores requerimientos en cuanto al equipamiento de las unidades han sido insuficientes o, más bien, ineficaces.

Por ello, resulta evidente que, aunque cambiemos todo el parque vehicular del doble remolque por unidades completamente nuevas, se certifique adecuadamente a los conductores, o bien, se disminuya la carga máxima permitida, la circulación de transporte de carga de doble remolque siempre representará una amenaza latente.

La única medida real, concreta y determinante para terminar con esta grave problemática es prohibir su circulación por completo favoreciendo el uso de alternativas más viables y seguras como el ferrocarril.

Mientras no contemos con la suficiente decisión y capacidad para entender y asumir que el doble remolque debe salir de circulación en todo nuestro país vamos a seguir presentando lamentablemente por lo menos 20 mil accidentes anuales donde se vean involucradas unidades de autotransporte de carga, 11 así como también los 5 mil accidentes que se registran directamente generados por una unidad de doble remolque en nuestras carreteras. 12

Quienes integramos la presente soberanía no podemos ni debemos evadir la responsabilidad que tenemos para ofrecer las mejores y mayores condiciones de seguridad para todos los ciudadanos en todas las carreteras del país. Tampoco debemos ser omisos en la responsabilidad de generar las condiciones necesarias para que el sector de autotransporte de carga sea seguro y al mismo tiempo competitivo y rentable.

En este panorama, las unidades de doble remolque no pueden seguir circulando en las carreteras del país.

En este sentido, debemos ser insistentes y exhortar a las autoridades correspondientes a que asuman con determinación su compromiso de brindar las condiciones de seguridad para todos quienes transitamos en las carreteras del país y a la vez a nuestro sector autotransporte de carga.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a emprender las acciones necesarias que permitan limitar a la brevedad posible la circulación de las unidades de autotransporte de carga de doble remolque o semirremolque, como medida de seguridad para los usuarios de todas las carreteras del país y, a la vez, tome acciones concretas para promover y facilitar el uso del ferrocarril como medio alternativo de transporte a gran escala de productos y/o mercancías.

Notas

1 Estadística Básica del Autotransporte Federal 2019. Disponible en:

https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/EST_BASI CA/EST_BASICA_2019/Estad%C3%ADstica_B%C3%A1sica_del_Autotransporte_Federal_2019 _.pdf

2 Ibídem

3 Ibídem

4 Ibídem

5 Ibídem

6 Ibídem

7 Ibídem

8 Parque Vehicular del Autotransporte de Carga. SCT.

9 Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. (ANPACT)

10 SCT. Norma Oficial Mexicana NOM-012. Disponible en:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508944&fecha= 26/12/2017

11 Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI)

12 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.– Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.