«Iniciativa que reforma los artículos 169 y 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Martín Sandoval Soto, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Martín Sandoval Soto, diputado a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 169 y 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tenor de la siguiente:

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación es la máxima autoridad electoral en México. Se trata de un órgano jurisdiccional de gran relevancia para el Estado que se encarga de garantizar la constitucionalidad y convencionalidad de los actos jurídicos en la materia, 1 tales como resolver las distintas controversias de su competencia y proteger los derechos políticos-electorales de los ciudadanos, ello conforme a lo dispuesto por nuestros ordenamientos y los tratados internacionales.

Para dimensionar la importancia de este órgano dentro de nuestro sistema de justicia electoral, es imprescindible hacer un recorrido histórico sobre su evolución institucional en México, identificando no solo las diversas etapas de transformación de nuestro sistema mixto de calificación, sino también la constitución del Tribunal Electoral como un órgano dotado de plena competencia jurisdiccional para resolver los conflictos en la materia.

Es necesario iniciar señalando que, desde la promulgación de la primera Constitución como nación libre e independiente en 1824 y hasta 1987, las elecciones de los diputados y senadores eran autocalificadas al interior de cada una de sus Cámaras, las cuales se erigían respectivamente como Colegios Electorales; mientras que para la elección de Presidente de la República, correspondía a la Cámara de Diputados hacer dicha validación en Colegio Electoral, lo cual es conocido como heterocalificación.

Hay que hacer hincapié que entre 1857 y 1875 en México existió un Poder Legislativo unicameral, ya que se eliminó el Senado de la República por considerársele una Cámara de integración aristocrática y que limitaba la celeridad de la función legislativa; 2 aunque la Cámara de Diputados siguió calificando las elecciones de su competencia.

Además debe decirse que, con la introducción del juicio de amparo en la Constitución de 1857, se interpretó que el Poder Judicial podía conocer sobre diversos actos derivados de los comicios; por lo que en 1864, el ministro José María Iglesias perfeccionaría y promovería una tesis que le otorgaría competencias específicas al Poder Judicial; sin embargo, dicha interpretación fue revertida hacia el año de 1870, como producto del trabajo del insigne ministro y jurista, Ignacio Vallarta, quien consideró que el juicio de amparo no podía ser un recurso para impugnar actos electorales y que el Poder Judicial de la Federación no podía inmiscuirse en resoluciones de carácter político. 3

Fue hasta 1977, con la reforma política-electoral, que el artículo 97 de la Constitución Política estipuló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaría facultada para practicar, de oficio, las averiguaciones de los hechos que constituyeran la violación del voto público o que pusieran en duda la legalidad o el proceso de elección de los Poderes de la Unión. Desafortunadamente, la SCJN se encontró limitada debido a que los resultados de la investigación realizada por dicho órgano jurisdiccional únicamente se enviaban a los Colegios Electorales para su conocimiento, y eran éstos los que decidían en última instancia sobre su viabilidad.

Posteriormente, con las reformas constitucionales y legales que tuvieron lugar entre los años de 1986 a 1987, respectivamente, se consolidó el Tribunal de lo Contencioso y Electoral (Tricoel). Éste era un órgano autónomo sin plena jurisdicción, con facultades administrativas para resolver sobre las impugnaciones en las elecciones de diputados, senadores y del Presidente de la República. Lo cierto fue que a pesar de los esfuerzos por transitar hacia un nuevo modelo de justicia electoral, los Colegios Electorales seguían manteniendo una gran concentración política del poder, pudiendo modificar las resoluciones del Tricoel o declarar la nulidad de cualquier elección.

El fracaso de las primeras instituciones de justicia electoral fue evidente, ya que la calificación era un acto de carácter predominantemente político y las resoluciones del Tricoel no estaban siendo aceptadas por los miembros del Poder Legislativo que se constituían en Colegio Electoral. 4 Por ello que en 1990 se creó el Tribunal Federal Electoral (Trife), el cual fue un órgano jurisdiccional también con carácter autónomo, que tenía la competencia para conocer sobre las impugnaciones electorales con un mayor rigor técnico-jurídico en sus resoluciones; 5 aunque lo cierto es que en la práctica tuvo las mismas limitaciones que el órgano electoral que le antecedió.

Tres años después, con las reformas constitucionales de 1993, finalmente desaparece el sistema de autocalificación de los integrantes del Poder Legislativo y se robustece el funcionamiento del Trife; además se faculta al Instituto Federal Electoral para declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores. No obstante, por lo que respecta al Presidente de la República, su elección seguía siendo calificada por la Cámara de Diputados erigida en Colegio Electoral. 6

Las reformas constitucionales de 1996, marcaron una nueva etapa para el sistema de justicia electoral, al incorporar al Poder Judicial de la Federación al Tribunal Electoral. De este modo se crea un órgano plenamente jurisdiccional con competencia para resolver sobre las impugnaciones de las elecciones de los diputados, senadores y del Presidente de la República, además de decidir en última instancia en materia electoral y calificar la elección presidencial.

La Constitución reconoció al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), recién creado, el carácter de máxima autoridad en materia electoral y le otorgó el control de la constitucionalidad en la materia, con excepción de lo dispuesto por su artículo 105, fracción II. Además, se transformó la Sala de Segunda Instancia del Trife en la Sala Superior del TEPJF. 7

Años después, el Tribunal Electoral se consolidó ipso iure, como la máxima autoridad en materia electoral en 2007, contemplándose la facultad de dejar sin efecto las reglas electorales contrarias a la Constitución.

Como es posible apreciar, la transformación de la justicia electoral caminó de la mano con el fortalecimiento de la pluralidad ideológica y la apertura política al interior del Poder Legislativo Federal, lo cual fue producto de una intensa y larga lucha librada por la izquierda en México.

Y aunque pudiera creerse que nuestras instituciones de justicia electoral han acompañado al pueblo mexicano a lo largo de los dos últimos siglos como nación independiente, lo cierto es que éstas tienen sus orígenes en la historia reciente y se han robustecido en la medida que se ha consolidado un régimen más plural y democrático para el país. Independientemente de lo anterior, cualquier institución en el país es perfectible y el Poder Legislativo debe trabajar en favor de fortalecer nuestro andamiaje institucional.

El TEPJF es un órgano que garantiza el correcto funcionamiento de nuestra democracia y debe contar con mecanismos institucionales para solucionar las divergencias que pudieran suscitarse entre los miembros que conforman su Sala Superior. En agosto de 2021 fuimos testigos de una crisis institucional nunca antes vista en nuestra historia moderna, cuando los ministros de la Sala Superior del TEPJF intentaran remover al presidente de este máximo órgano de decisión.

Ello evidenció la necesidad de contar con normas jurídicas que nos permitan superar, en adelante, las dificultades entre los magistrados del Tribunal Electoral, evitando así la parálisis de las decisiones de justicia electoral.

Y aunque la referida crisis institucional fue resuelta por la vía de la negociación, mediante el diálogo y la conciliación entre los magistrados electorales; sería deseable contar con disposiciones en nuestros ordenamientos jurídicos que nos permitan superar problemáticas similares.

En este sentido, es posible señalar que el artículo 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación contempla únicamente que las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación elegirán entre ellos a su presidente o presidenta, quien lo será también del Tribunal por un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelecto o reelecta por una sola vez.

Esto nos brinda una primera línea de análisis en el estudio jurídico de la remoción del presidente de la Sala Superior del TEPJF; ya que, por lo general, cuando los integrantes de un cuerpo colegiado, le dan la confianza a uno de sus miembros para dirigir los trabajos plenarios, son los únicos que pueden solicitar su remoción.

Por ejemplo, para el caso de la Cámara de Diputados, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 19, numeral 4, que los integrantes de la Mesa Directiva —incluido su presidente—, sólo podrán ser removidos con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes de la Cámara, por: 1) transgredir en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución y/o en la Ley Orgánica; 2) por incumplir los acuerdos del Pleno, cuando se afecten las atribuciones constitucionales y legales de la Cámara; y 3) por dejar de asistir, reiteradamente y sin causa justificada, a las sesiones de la Cámara o las reuniones de la Mesa Directiva.

Por lo que se refiere al Senado de la República, el artículo 65 de la Ley Orgánica señala que los integrantes de la Mesa Directiva solo podrán ser removidos de sus cargos por transgredir en forma reiterada las disposiciones de la Ley Orgánica, del Reglamento o por incumplir los acuerdos de la Mesa Directiva y de la Cámara. Además, se contempla un procedimiento específico para la remoción de los miembros de la Mesa Directiva, el cual consiste en que algún senador presente moción al que se adhieran, por los menos, cinco senadores y que sea aprobada en votación nominal por las dos terceras partes de los miembros presentes; después se someterá a discusión, en la cual podrán hacer uso de la palabra hasta tres senadores en pro y tres en contra. El propio artículo 65, numeral 2, del citado ordenamiento señala que la remoción a que se refiere el párrafo anterior tendrá efectos definitivos y deberá procederse a la designación de un nuevo integrante de la Mesa Directiva, mediante el mismo mecanismo previsto por la ley.

Así como cada una de las Cámaras federales del Poder Legislativo, pueden decidir libremente sobre sus procedimientos de remoción de los integrantes de la Mesa Directiva, el TEPJF también deber contemplar un procedimiento de derecho y no solo de hecho. Ello no requeriría necesariamente de una reforma constitucional, al no plantearse un nuevo sistema de pesos y contrapesos entre poderes públicos.

Por su parte y para el caso específico del Banco de México, también se contemplan algunos mecanismos y causales de remoción de su Gobernador, el cual si bien es cierto no es nombrado por los miembros de la Junta de Gobierno del Banxico, sino a propuesta del presidente de la República y con aprobación del Senado, o en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; lo cierto es que la Junta de Gobierno tiene la competencia, conforme al artículo 44 de la Ley Orgánica, de dictaminar sobre la existencia de causas de remoción, por no cumplir con los acuerdos de la Comisión de Cambios, debiendo hacerlo a solicitud del Presidente de la República o de cuando menos dos de sus miembros. Se contempla, además, que se deberá realizar un dictamen formulado según la resolución de la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno, después de conceder el derecho de audiencia al afectado y sin que éste participe en la votación. Finalmente, el dictamen deberá ser enviado al Ejecutivo federal y éste deberá remitirlo a la Cámara de Senadores o, en su caso, a la Comisión Permanente para su resolución definitiva.

En estos tenores, debe destacarse el papel que juegan los miembros de la Junta de Gobierno para la remoción de su titular; aunque por la naturaleza institucional y el origen del nombramiento del Gobernador de Banxico, el Ejecutivo federal y el Senado de la República, son poderes públicos que participan relevantemente en el proceso de remoción del titular de este órgano constitucionalmente autónomo.

Por lo que respecta al Tribunal Electoral y al ser un órgano que pertenece al Poder Judicial de la Federación, no puede ni debe contar con un sistema de controles por parte de los Poderes Legislativo ni Ejecutivo; ello con la finalidad de garantizar la plena autonomía e independencia entre los poderes públicos.

De ahí que la propuesta del procedimiento para la remoción del presidente del TEPJF, sea un mecanismo que exclusivamente pueda ser activado cuando uno o más magistrados de la Sala Superior justifiquen las faltas graves de titular del Tribunal. Posteriormente éstas deberán ser analizadas en pleno y deberá votarse dicha propuesta por la mayoría calificada de los magistrados.

El TEPJF no es un órgano político, sino de carácter jurisdiccional. Así como es una atribución y competencia de la Sala Superior el poder nombrar a su presidente, según el artículo 169, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; también debería serlo, poder retirarle la confianza en cualquier momento a dicho servidor público cuando no actúe como un miembro de un órgano colegiado y por faltas graves.

No debe olvidarse que actualmente el artículo 171 de la Ley Orgánica solo contempla el cambio de su presidente en caso de renuncia, señalándose que la Sala Superior procederá a elegir, de entre sus compañeros, a un nuevo titular hasta por la conclusión del periodo que fue electo o electa el o la renunciante.

Dentro de la misma disposición se señala, además, que las ausencias del presidente o presidenta del Tribunal serán suplidas por el magistrada o magistrado electoral con mayor antigüedad, o en su caso, el de mayor edad; si no exceden de un mes. Sin embargo, si la ausencia excediere dicho plazo, pero fuere menor a seis meses, se designará a una nueva presidenta o presidente interino, pero si fuera mayor a este plazo, se designará a una nueva presidenta o presidente sustituto para que ocupe el cargo hasta el final del periodo.

Ello quiere decir que en caso de remoción del presidente del TEPJF, se elegiría a un nuevo titular únicamente por el tiempo restante del encargo y podrá ser reelecto únicamente por una ocasión.

Con estos argumentos, y conforme a la práctica, se propone reformar el artículo 169, fracción V, y adicionar dos párrafos al artículo 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar de la siguiente manera:

Reglamento de la Cámara de Diputados

Texto vigente

Artículo 169. ...

I. a IV. ...

V. Elegir a su presidente o presidenta en los términos del párrafo primero del artículo 171 de esta ley, así como conocer y aceptar, en su caso, su renuncia a dicho cargo.

VI a XVIII. ...

VI a XVIII. ...

Artículo 171. ...

...

...

(Sin correlativo)

Texto propuesto

Artículo 169. ...

I. a IV. ...

V. Elegir o remover a su presidente o presidenta en los términos de los párrafos primero, cuarto y quinto del artículo 171 de esta ley, así como conocer y aceptar, en su caso, su renuncia a dicho cargo.

Artículo 171. ...

...

...

El presidente o la presidenta podrán ser removidos de este cargo por transgredir de forma grave o reiterada las disposiciones de la Constitución o de esta ley; o por incumplir las determinaciones de la Sala Superior. Para ello deberá someterse una propuesta de remoción fundada y por escrito ante el Pleno, la cual será discutida, analizada y, en su caso, aprobada, por cuando menos, cinco magistrados.

La resolución tendrá efectos definitivos, debiendo procederse inmediatamente a la designación del nuevo presidente en los términos de la ley.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 169 y 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Artículo Único. Se reforma la fracción V, del artículo 169; y se adiciona un párrafo cuarto y quinto al artículo 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 169. ...

I. a IV. ...

V. Elegir o remover a su presidente o presidenta en los términos de los párrafos primero, cuarto y quinto del artículo 171 de esta Ley, así como conocer y aceptar, en su caso, su renuncia a dicho cargo.

VI a XVIII. ...

Artículo 171. ...

...

...

El presidente o la presidenta podrán ser removidos de este cargo por transgredir de forma grave o reiterada las disposiciones de la Constitución o de esta ley; o por incumplir las determinaciones de la Sala Superior. Para ello deberá someterse una propuesta de remoción fundada y por escrito ante el Pleno, la cual será discutida, analizada y, en su caso, aprobada, por cuando menos, cinco magistrados.

La resolución tendrá efectos definitivos, debiendo procederse inmediatamente a la designación del nuevo presidente en los términos de la ley.

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Confróntese Nava Gomar, Salvador O.; “El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como Tribunal garante de la constitucionalidad y convencionalidad en materia político-electoral”, en Carbonell Sánchez, Miguel; Fix-Zamudio, Héctor; González Pérez, Luis Raúl; (coordinadores); Estado constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria, estudios en homenaje a Jorge Carpizo,México, IIJ/UNAM, Colección Doctrina Jurídica, 2015, página 449.

2 El Senado fue reinstaurado en la Constitución en 1874 e inició sus trabajos en 1875. Confróntese Chávez Hernández, Efrén; El derecho parlamentario estatal mexicano. Análisis y propuestas de reforma,México, IIJ/UNAM, 2016, pp. 23 y 24. y Cfr. S/A, El Senado Mexicano. Por la razón de las leyes,México, Senado de la República, LII Legislatura, Libro Dos, 1987, páginas 68 y 69.

3 Confróntese Franco González Salas, José Fernando; “Un testimonio de la conquista del control judicial en materia electoral y de su institucionalización”, en S/A, Testimonios sobre el desempeño del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su contribución al desarrollo, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2003, página 98.

4 Confróntese Arreola Ayala, Álvaro; La justicia electoral en México. Breve recuento histórico,México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, Temas selectos de Derecho Electoral, número 5, 2008, página 17.

5 Confróntese Gutiérrez López, Roberto; y Becerra Gelover, Alejandro; “Las reformas electorales en el periodo 1989-1995 y el Tribunal Federal Electoral”, en Elías Musi, Edmundo (coordinador), Evolución histórica de las instituciones de la Justicia Electoral en México, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2002, página 231.

6 Ibídem, página 289.

7 Terrazas Salgado, Rodolfo; y Sánchez Ávila, Rosa María; “Antecedentes, evolución y perspectivas de la facultad para determinar la no aplicación de leyes inconstitucionales en materia electoral”, en Revista Justicia Electoral,México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Voumen 1, número 7, 2011, página 187.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.– Diputado Martín Sandoval Soto (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, suscrita por la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada María Teresa Castell de Oro Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1; 77, numeral I; y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII y se adiciona la fracción X al artículo 11 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, al tenor de la siguiente:

La Convención sobre los Derechos del Niño deja clara la idea de que todos los niños deben tener derecho a una calidad de vida básica, en lugar de ser un privilegio que pocos disfrutan. 1 Lo que representa para nuestro país un verdadero desafío, pues hasta hace algunos años, de acuerdo con información del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), 1 de cada 2 niños o adolescentes carecía de las condiciones mínimas para ejercer al menos uno de sus derechos sociales. 2

A pesar de los importantes avances legislativos que se han dado en la última década en México, es necesario actualizar y homologar conceptos para poner fin, a la deuda que existe por parte de nuestra nación con los menores que aún ven vulnerados sus derechos.

Esta necesidad la encontramos en una de las leyes más importantes en materia de protección infantil que se ha concebido en el marco jurídico diseñado para este sector poblacional; la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil de 2011, en virtud, a que fue concebida años antes de que entrará en vigor, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014, que incluye una serie de planteamientos, definiciones y reconocimientos de vanguardia que permitieron, por primera vez, ampliar el catálogo de derechos y principios que buscan garantizar la máxima esfera de protección a los infantes.

La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil fue producto de la respuesta gubernamental a una tragedia que cobró la vida de 49 niñas y niños tras el incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, en 2009, con la finalidad de establecer una serie de lineamientos para que las guarderías y estancias infantiles sean espacios de desarrollo integral donde se garanticen todos sus derechos en un entorno seguro y apropiado que les permita crecer adecuadamente.

En su momento, este lamentable acontecimiento dejó ver lo importante que resulta tener un marco normativo sólido que regule estos espacios tan relevantes para la niñez y la sociedad en general, de tal manera, que cuando se carece de ellos, pueden suceder terribles accidentes, fruto del descuido institucional y de políticas orientadas al verdadero acceso y defensa de los derechos infantiles. Lo ocurrido aquella vez en Sonora no solo dejó ver las deficiencias en materia de infraestructura o seguridad de los centros infantiles, también permitió ver la falta de interés del gobierno en el cuidado y protección de toda la normativa para el sector de estancias y guarderías en todos los aspectos, desde los espacios físicos, hasta el desarrollo de planes y estrategias que buscaran el desarrollo de los menores.

A una década de la entrada en vigor de esta ley, es necesario incorporar en ella una serie de principios y derechos que se han ido incorporando dentro de la doctrina jurídica, tanto de corte nacional, como aquellas posturas adoptadas por la comunidad internacional, mismas que responden a la amplia concepción de protección desde un enfoque de Derechos Humanos, más allá de establecer únicamente un reconocimiento por ser menores.

En este sentido, el Estado debe velar por el bienestar y desarrollo de las niñas y los niños mexicanos, a través de leyes, políticas públicas y programas, teniendo siempre presente el principio del interés superior de la niñez, establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política desde el 2011 y como lo establece la Convención antes mencionada; de la misma manera, el gobierno debe asegurarse que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes.

Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad deben ejercer plenamente todos y cada uno de sus derechos contenidos en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales y demás leyes aplicables, considerando sus propias necesidades. 3

Las niñas y los niños no solo son seres humanos, son la viva representación de los valores y virtudes humanas, pilar de nuestra sociedad y son nuestro futuro, son aquellos que van a continuar con el desarrollo y construcción de los acontecimientos venideros para México. Es por ello que debemos de darles herramientas para que gocen plenamente de sus derechos, sobre todo, aquellos que requieren cuidados especiales, es por ello que Unicef recomienda que los niños con algún tipo de discapacidad deben recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especial que se requiere para ellos con el objetivo de garantizar la inclusión. 4

Además, entre otras disposiciones, también señala que los niños deben de ser de los primeros que reciban protección y ayuda, en consideración al derecho de prioridad. 5

En esta línea, nuestra Constitución reconoce el derecho a la igualdad y no discriminación en el artículo 1o., en el artículo 4o., párrafo 12, la garantía sobre el ejercicio de las cuestiones culturales y de igual forma, en el precepto 24 se establece la libertad de creencia y convicción ética.

Así pues, resulta de suma importancia ampliar al catálogo de los derechos reconocidos en al artículo 11 de la última ley mencionada; derechos que no solo están reconocidos en los tratados internacionales, sino también en la Constitución y leyes federales.

De esta manera, se integraría el derecho a la inclusión de niños discapacitados pues tienen derecho a vivir incluidos en la comunidad, en igualdad de condiciones, 6 por lo que los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo Integral infantil deben de prever las medidas necesarias para que puedan gozar plenamente de sus derechos, de conformidad con el artículo 13, fracción X, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

También se busca incluir el derecho que tienen todos los pequeños a disfrutar libremente su cultura, lengua, usos, costumbres, prácticas culturales, religión, pensamiento y todos los elementos que constituyan su identidad cultural, 7 en observancia al artículo 13, fracción XIII, de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Estos dos fundamentos deben formar parte de los principios rectores de una legislación moderna, con visión de futuro y garante de los derechos de la niñez mexicana, con el fin de que las niñas y niños de este país puedan desarrollarse libre e integralmente desde sus primeros años de vida.

Por lo antes fundamentado, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Único. Se reforma la fracción VII y se adiciona la fracción X del artículo 11 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

I. a VI. ...

VII. A la no discriminación y respeto a sus creencias, convicciones éticas y todos los elementos que constituyan su identidad cultural;

VIII y IX...

X. A la inclusión y desarrollo integral de niñas y niños con discapacidad, así como recibir cuidados y atenciones especiales en los casos en que así se requieran.

Único. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/por-que-son-importantes

2 https://www.unicef.org/mexico/media/1791/file/SITAN-UNICEF.pdf

3 https://www.cndh.org.mx/niñas-niños/derechos-humanos-de-ninas-y-ninos

4 https://www.unicef.org/lac/historias/10-derechos-fundamentales-de-los-ni%C3%B1o s-por-quino

5 Idem

6 https://www.gob.mx/sipinna/es/articulos/la-inclusion-de-ninas-ninos-y-adolescen tes-con-discapacidad-es-un-derecho-que-deben-gozar-a-plenitud?idiom=es

7 https://www.cndh.org.mx/ni%C3%B1as-ni%C3%B1os/derechos-humanos-de-ninas-y-ninos #collapse-accordion-1882-20

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2021.– Diputada María Teresa Castell de Oro Palacios (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de las Leyes Agraria, y Federal de Variedades Vegetales, a cargo del diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta para su análisis y dictamen iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Agraria y de la Ley Federal de Variedades Vegetales, al tenor de la siguiente

Una de las principales funciones de todo gobierno es lograr que sus habitantes cuenten con todas las oportunidades posibles para lograr un desarrollo íntegro, así como poner los medios para que éstos mismos puedan satisfacer sus necesidades básicas que les permita un nivel de vida digna y con ello alcanzar un mayor bienestar social.

Uno de los instrumentos con los que cuentan los ciudadanos para alcanzar este nivel de vida digna es el trabajo, mediante el cual las personas buscan hacerse de los medios que les permitan satisfacer sus necesidades básicas, e incluso lograr un mayor desarrollo.

De esta manera, tanto el derecho a una vida digna como al trabajo, se encuentran protegidos por tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1 cuyo artículo 23 establece, en su numeral 3, que “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”.

Por su parte, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2 en su artículo 1 establece que “Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada”. Además, en el apartado a del artículo 7 dispone que este derecho al trabajo debe contemplar “una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción” entre otros temas.

De esta forma y para lograr una mayor calidad de vida de los trabajadores mexicanos, la figura del salario mínimo se estableció en nuestro país con la promulgación de la Constitución General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917, en donde se estableció, en la fracción VI de su artículo 123, que el salario mínimo deberá ser suficiente “...para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia...”. Además, en la fracción VIII del mismo artículo, se dispuso que el salario mínimo no podrá ser objeto de embargo, compensación o descuento alguno. 3

El salario mínimo se ha definido, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que éstos hayan efectuado durante un periodo determinado, cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual, cuya finalidad es proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas. 4

Sin embargo, la finalidad del salario mínimo se ha ido transformando con el tiempo, ya que se convirtió, en nuestro país, en un parámetro económico que se utilizaba en el cálculo para el cumplimiento de obligaciones, derechos, sanciones o multas, quedando desvirtuado el sentido y fin del salario.

Con el fin de regresarle su objeto al salario mínimo, el Congreso de la Unión aprobó un decreto, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, es decir, desvincular una variable del índice de actualización al que hasta entonces estaba ligado, por lo que, a partir de ese momento, el salario mínimo ya no puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, es decir, ya no puede ser utilizado como parámetro para la determinación de multas, cuotas, sanciones administrativas o penas convencionales, entre otras.

La reforma del año 2016 contempló la creación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual sustituye al salario mínimo, y que ya es utilizada como parámetro para la determinación de dichas multas, cuotas, sanciones administrativas o penas convencionales, entre otras. Cabe mencionar que la UMA es calculada por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), conforme lo establecido en el artículo 26 constitucional.

Dentro de las disposiciones transitorias del decreto por el que quedó desindexado el salario mínimo, destaca el artículo cuarto, mediante el cual, el Poder Legislativo dispuso que “el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las administraciones públicas federal, estatales, del Distrito Federal y municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización”. A pesar de lo dispuesto en el citado artículo transitorio, aún existen ordenamientos legales que no han sido armonizados, tal es el caso de la Ley Agraria y la Ley Federal de Variedades Vegetales, por ello, la presente iniciativa pretende armonizar las disposiciones de la reforma constitucional de 2016 con lo dispuesto en las leyes secundarias antes mencionadas, con el fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de dicho decreto.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Agraria y de la Ley Federal de Variedades Vegetales

Artículo Primero. Se reforman las fracciones II y III del segundo párrafo del artículo 112 y los artículos 176 y 183, todos de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 112. ...

...

I. ...

II. En las de responsabilidad limitada, la aportación inicial será la necesaria para formar un capital mínimo que deberá ser equivalente a setecientas Unidades de Medida y Actualización;

III. En las de responsabilidad suplementada, la aportación inicial será la necesaria para formar un capital mínimo, que deberá ser equivalente a trescientas cincuenta Unidades de Medida y Actualización.

...

Artículo 176. En los casos a que se refiere el artículo 172, el acuse de recibo se firmará por la persona con quien se practicará el emplazamiento. Si no supiere o no pudiere firmar lo hará a su ruego un testigo; si no quisiera firmar o presentar testigo que lo haga, firmará el testigo requerido al efecto por el notificador. Este testigo no puede negarse a firmar, bajo multa del equivalente de tres Unidades de Medida y Actualización.

Artículo 183. Si al iniciarse la audiencia no estuviere presente el actor y sí el demandado, se impondrá a aquél una multa equivalente al monto de uno a diez Unidades de Medida y Actualización. Si no se ha pagado la multa no se emplazará de nuevo para el juicio.

Artículo Segundo. Se reforman las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 48, y se deroga el penúltimo párrafo del artículo 48 de la Ley Federal de Variedades Vegetales, para quedar como sigue:

Artículo 48. ...

I. Modificar la denominación de la variedad vegetal protegida sin autorización de la Secretaría, de doscientos a dos mil Unidades de Medida y Actualización;

II. Ostentarse como titular de una variedad vegetal protegida sin serlo, de quinientos a tres mil Unidades de Medida y Actualización;

III. Divulgar o comercializar una variedad vegetal como de procedencia extranjera cuando no lo sea o bien, divulgar o comercializar una variedad vegetal como de procedencia nacional cuando no lo sea, de trescientos a tres mil Unidades de Medida y Actualización;

IV. Oponerse a las visitas de verificación que se realicen conforme a esta ley y a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de trescientos a tres mil Unidades de Medida y Actualización;

V. Explotar comercialmente las características o contenido de una variedad vegetal protegida, atribuyéndolas a otra variedad vegetal que no lo esté, de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización;

VI. Dejar de cumplir o violar las medidas establecidas en el artículo 42 de esta ley, de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización;

VII. Aprovechar o explotar una variedad vegetal protegida, o su material de propagación, para su producción, distribución o venta sin la autorización del titular, de dos mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización, y

VIII. Las demás violaciones a las disposiciones de esta ley y su reglamento de doscientos a cinco mil Unidades de Medida y Actualización.

(Derogado).

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 ONU, “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, 10 de diciembre de 1948, consultado en:

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-ri ghts

2 OAS, “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, 17 de noviembre de 1988, consultado en:

https://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-52.html

3 Conasami, “Comisión Nacional de los Salarios Mínimos”, consultado en:

http://www.conasami.gob.mx/pdf/participacion_ciudadana/PARTICIPA CION_CIUDADANA_JULIO_2011.pdf

4 OIT, “¿Qué es un salario mínimo?”, consultado en:

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/definition /lang–es/index.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2021.– Diputados y diputadas:  Eduardo Zarzosa Sánchez, Brasil Alberto Acosta Peña, Jazmín Jaimes Albarrán, Alan Castellanos Ramírez, Mariano González Aguirre, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Mary Carmen Bernal Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y adiciona el párrafo segundo al artículo 12 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

El informe presidencial conceptualizado por el maestro Elisur Arteaga Nava, como “una exposición que en forma escrita debe formular el presidente de la república y presentar anualmente al congreso de la unión, en la que manifieste el estado general que guarda la administración pública federal”, 1 reviste una gran importancia en la vida democrática de nuestro país, así como en el sistema de frenos y contrapesos en el que la división de poderes debe de ser estable, eficiente y responsable.

El informe presidencial tiene entre otros antecedentes históricos, a la Constitución Política de la Monarquía Española o Constitución de Cádiz de 1812, la cual en sus artículos 121 y 123, disponía que:

Artículo 121. El Rey asistirá por si mismo a la apertura de las Cortes; y si tuviere impedimento, la hará el presidente el día señalado, sin que por ningún motivo pueda diferirse para otro. Las mismas formalidades se observarán para el acto de cerrarse las Cortes.

Artículo 123. El Rey hará un discurso, en el que propondrá a las Cortes lo que crea conveniente; y al que el presidente contestará en términos generales. Si no asistiere el Rey, remitirá su discurso al presidente, para que por éste se lea en las Cortes.

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, en sus artículos 67 y 68, contemplaba lo siguiente:

Artículo 67. El Congreso general se reunirá todos los años el día primero de enero en el lugar que se designará por una ley. En el reglamento de gobierno interior del mismo se prescribirán las operaciones previas a la apertura de sus sesiones, y las formalidades que se han de observar en su instalación.

Artículo 68. A esta asistirá el Presidente de la federación, quien pronunciará un discurso análogo a éste acto tan importante; y el que presida al Congreso contestará en términos generales.

En igual sentido, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, en su artículo 63, se establecía lo siguiente:

63. A la apertura de sesiones del congreso asistirá el presidente de la Unión, y pronunciará un discurso en que manifieste el estado que guarda el país. El presidente del congreso contestará en términos generales.

Cabe hacer mención que, de acuerdo a Don Emilio Rabasa, durante los últimos años del “Porfiriato”, el General Díaz, en razón de su edad, solamente daba lectura a su mensaje y el informe era leído por los diferentes Secretarios del ramo.

Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 en su artículo 69, expresaba lo siguiente:

Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias del primer período del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Desde el año 1917 y hasta el 2018, se llevó a cabo la tradición de que en el informe presidencial se hiciera una exposición verbal (aunada a su presentación escrita), lo cual dio origen a lo que se conocía como el “día del presidente”, en el cual el Titular del Poder Ejecutivo hacía un monólogo de hasta cinco horas, en las que se auto alababa con los “grandes logros” de su administración del año inmediato anterior, ello ante el debilitamiento de un poder legislativo, cuya mayoría de legisladores eran miembros del partido predominante, motivo por el cual jamás se oponían a la figura presidencial.

Fue hasta el 1º de septiembre de 1988, en el Sexto Informe de Gobierno de Miguel de La Madrid Hurtado, que el Diputado Porfirio Muñoz Ledo, interpeló al presidente para manifestarse en contra de los comicios electorales de ese año, lo cual desencadenó que en cada informe presidencial se sumaran más Diputados o Senadores de oposición, a efecto de interrumpir el otrora sacramental discurso presidencial.

Por lo anterior, en el año 2008 se realizó la reforma a los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual el Presidente de la República ya no tenía la obligación de asistir ante el Congreso de la Unión, pero sí de remitir su informe por escrito; dicho artículo quedó de la manera siguiente:

Artículo 69. En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Con la reforma señalada no se terminó con el “día del presidente”, ya que el Titular del Ejecutivo federal sustituyó el informe verbal ante el Congreso de la Unión, por un mensaje televisado desde palacio nacional, con la comodidad de no ser interpelado o interrumpido y ante la complacencia de los invitados que en su mayoría son servidores públicos de la administración pública federal.

El informe presidencial reviste una gran importancia en un sistema de pesos y contrapesos, en el que se busca alcanzar una situación de equilibrio entre las tres ramas en las cuales se ha divido la acción gubernamental, por tanto, la asistencia del Presidente de la República ante el Congreso de la Unión, es necesaria par afianzar las relaciones entre estos dos, aunado a que el Congreso es el representante del pueblo motivo por el cual se le debe dar a conocer el estado de la administración pública de México.

La asistencia del Titular del Ejecutivo federal a rendir su informe ante el Congreso de la Unión, lo es con el objeto de “mantener un vínculo de colaboración, respeto y control entre estos dos poderes (principio mecanicista de frenos y contrapesos), que a través del informe se entabla una comunicación entre dichos órganos con la finalidad de que el primero haga saber al segundo de manera detallada y pormenorizada la situación en que se encuentra la administración, las decisiones tomadas y sus motivos, los éxitos, logros, problemas, fracasos, necesidades e intenciones para mantener o modificar el rumbo de las políticas públicas a seguir; y que a su vez el segundo revise, analice, sugiera, recomiende y critique constructivamente el documento presentado, responsabilizándose en tomar las acciones que en derecho procedan”. 2

En esa tesitura, la presentación del informe presidencial se considera una forma de control parlamentario, y efectivamente, lo es aún en un sistema presidencial como el nuestro, ya que le permite al órgano legislativo ejercer cierta fiscalización sobre las acciones del presidente y sus subordinados, y este escrutinio si bien no produce directamente consecuencias sobre su permanencia en el cargo o el fincamiento de una responsabilidad, sí lo expone políticamente a él, a su administración e incluso al partido al que pertenezca, ante la opinión pública y la ciudadanía, que en tiempos electorales le puede pasar la factura.

La incomparecencia del Presidente de la República, a presentar su informe ante el Congreso de la Unión, ha distanciado a estos dos poderes, obstaculizando la colaboración entre los mismos; aunando a que la responsabilidad del Ejecutivo se ha ido degradando con respecto a las decisiones tomadas en su gestión del año inmediato anterior.

El informe presidencial no es sólo un acto protocolario, sino que reviste un acto de la vida democrática del país, en la cual el Poder Legislativo puede tener el conocimiento e interpelar respecto el estado general que guarda la administración pública, con lo cual se busca evitar los posibles excesos del Presidente de la República.

Derivado de lo anterior, el objetivo de la presente iniciativa radica en reformar el artículo 69 de la Carta Magna, con la finalidad de que el Presidente de la República nuevamente asista ante el Congreso de la Unión, a presentar su informe de gobierno, dada su importancia en la vida democrática del país, sin embargo, también se pretende evitar los vicios de antaño, como los monólogos del Presidente o las continuas interrupciones de los legisladores.

A efecto de evitar lo anterior, se propone adicionar un párrafo segundo al artículo 12 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con a finalidad de moderar la intervención del Presidente en la presentación del informe, haciendo uso de la voz por un término de hasta 20 minutos, mientras que la respuesta por parte del Presidente del Congreso, lo sería por espacio de hasta 10 minutos.

Con base a lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y adiciona el párrafo segundo al artículo 12 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la manera siguiente:

Artículo 69. En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

(...)

(...)

Artículo Segundo. Se adiciona el párrafo segundo al artículo 12 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la manera siguiente:

Artículo 12.- (...)

El Presidente de la República, presentará ante el Congreso de la Unión, el informe del estado general que guarda la administración pública, haciendo uso de la voz hasta por 20 minutos y el Presidente de la Cámara de Diputados lo recibirá en términos generales, haciendo uso de la voz hasta por 10 minutos.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Arteaga Nava, Elisur, Derecho constitucional, Oxford, México, 1999,  p. 302.

2 Gutiérrez Rosas, María de los Ángeles, Seminario de derecho constitucional y amparo, “Informe Presidencial”, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 88.

Ciudad de México, a los 28 días del mes de septiembre de 2021.– Diputada y diputados: Mary Carmen Bernal Martínez, Alfredo Porras Domínguez, Francisco Favela Peñuñuri (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Olga Luz Espinosa Morales, integrante de la LXV Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados y miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto conforme a la siguiente

La presente iniciativa pretende elevar las sanciones para quienes cometan los delitos de corrupción de menores, pornografía, turismo sexual, lenocinio y pederastia en contra de personas menores de edad; así como considerar a la pederastia como un delito imprescriptible.

Corrupción de menores

Antonio Sánchez Galindo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el artículo Corrupción de menores y pornografía infantil 1 asevera que en estudios estadísticos recientes se ha encontrado que es en el hogar donde se cometen con más frecuencia los actos de corrupción, que son el cimiento firme para una vida con problemas que van desde la enfermedad mental hasta las conductas parasociales como puede ser la prostitución infantil y la delincuencia.

Los hogares desorganizados o disfuncionales suelen imponer comportamientos y obligaciones prematuras, que debieran ser ajenos a los menores. Como deficiencias en los procesos de educación, en la familia aparecen el maltrato, la incomprensión, la incomunicación, el abandono, la sobreprotección, la ausencia de límites, el mal ejemplo, la inducción al vicio y la corrupción. Los padres no proveen emocionalmente a los hijos con la confianza básica que les permita encontrar su propia identidad en el futuro. Lo anterior se vería como la preparación para la victimización mediante los grupos de corrupción (entiéndase corrupción, prostitución y pornografía de menores) de una sociedad cuyo valor es la economía sin moral.

Sánchez Galindo afirma que la persona menor de edad que fue violentada entra en un sistema de victimización. Si padeció una infancia conflictiva puede sobrevenir una adolescencia explosiva, con avidez de experiencias extremas en las cuales él puede resultar víctima de sí mismo o de quienes tratan de aprovecharse de sus errores. Todo ello puede conducirla a ser producto apetecible para los industriales de la prostitución, la pornografía infantil, el narcotráfico y el crimen organizado y ser utilizada (o participar) como victimaria o victimario.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2 la corrupción de personas menores de edad registra un alza de 22 por ciento en 2019 con relación a 2018. Y es que pasó de mil 487 en 2018 a mil 8 17 en 2019. En el primer trimestre de 2020 el alza fue de 11.7 con relación al mismo periodo de 2019.

Por ello se propone aumentar la hipótesis de que una persona adulta inste a una persona menor de edad a que opere tecnologías de la información para perjudicar a otras personas, y en consecuencia recibir una sanción de 6 a 10 años y de 40 a 900 días de multa.

Pornografía

En el marco de las mesas de trabajo para la Prevención, atención y erradicación de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, 3 efectuadas en la Cámara de Diputados de México se refirió que ocho de cada diez casos de este tipo de abusos sexuales ocurrieron en sus propios hogares. Además de que 60 por ciento de la pornografía infantil que se consume en el mundo es generada en México.

En 2020, la Dirección General Científica de la Guardia Nacional 4 dio a conocer que, derivado del confinamiento, las denuncias por “pornografía infantil” en el país crecieron 73 por ciento entre marzo y abril. La razón en este aumento en los delitos, según la Guardia Nacional, es por el encierro de los usuarios en sus casas, quienes empiezan a tener mayor actividad en la red por fines de entretenimiento y educativos. 34 por ciento de los internautas mexicanos tiene entre seis y 17 años de edad, según datos recabados por la Asociación Internet.Mx.

En junio de 2021, cabe citar que en el Estado de México se sentenció a 82 años y seis meses de cárcel a una persona que cometió el delito de pornografía. Además, para las reparaciones del daño a favor de las víctimas tendrá que pagar una multa de 7 millones 794 mil 202.50 pesos.

Otro dato, en 2020 el gobierno federal, implemento el Operativo Salvación, 5 con la finalidad de fortalecer la investigación ministerial de este delito en coordinación con las instancias de procuración de justicia, además su objetivo es la detección de redes criminales, la identificación de los agresores sexuales que hacen posible esta forma de esclavitud moderna, su detención, así como el rescate de víctimas de este delito, con una visión enfocada a la prevención.

Turismo sexual

De acuerdo con la BBC el turismo sexual infantil ocurre en la capital mexicana, pero es un fenómeno extendido en zonas turísticas como Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Veracruz y Mazatlán.

Expertos estiman, señala este medio, que hay unos 20 mil niñas y niños en México que son víctimas de las redes de explotación sexual, incluyendo tráfico, pornografía, prostitución y turismo sexual. Las redes de explotadores ofrecen paquetes turísticos en internet, en periódicos locales o directamente a través de enganchadores que circulan por las calles, en hoteles y restaurantes.

Para la asociación civil Infancia Común, lo que se estable en el Código Penal es letra muerta porque pocas veces se ha puesto en práctica, dicen representantes de organismos no gubernamentales. Por su parte el Centro de Investigación y Antropología Social, señala que “los extranjeros vienen aquí precisamente porque saben que existen muy pocas posibilidades de que sean procesados. Los turistas detenidos son contados con los dedos de las manos. Otra organización no gubernamental, Red por los Derechos de la Infancia en México, afirma que la explotación sexual infantil se combate sin recursos en este país.

A principios de este año nuestro país ocupaba el segundo lugar a nivel mundial en turismo sexual infantil.

Según la Organización Internacional para las Migraciones, 6 cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos internacionales. En 20 por ciento de estos desplazamientos, el sexo es buscado por los turistas, de los cuales 3 por ciento confiesa tener tendencias pedófilas. “Esto supone más de tres millones de personas que viajan por el mundo buscando sexo con menores de edad”. De acuerdo con el Global Slavery Index 2016, la explotación sexual de mujeres, niños y niñas es en México la modalidad más prevalente de esclavitud moderna (en la que viven 45.8 millones de personas en 167 países).

Lo alarmante de estos datos, y las situaciones en las que viven niñas, niños y adolescente en condición de turismo sexual, deben de resultar suficientes para poner en la agenda legislativa el aumento de las sanciones para quienes dañan a nuestra niñez con este abominable delito.

Lenocinio

Juan Pablo Gutiérrez Rodríguez del Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC (CIDE), en el artículo Prostitución, lenocinio y trata: análisis jurídico 7 afirma que, en México, existen tres tipos de ejercicio de la prostitución; ya que para este autor la prostitución, el lenocinio y la trata de personas están vinculados:

a) La prostitución libre, en la que la persona decide voluntariamente ejercer la misma. Este ejercicio no constituye delito;

b) La prostitución en la que participa un intermediario, quien lucra. En este caso se configura el delito de lenocinio, independientemente de que la prostituta trabaje en forma voluntaria para el lenón; finalmente, el peor de los escenarios es

c) La prostitución obligada, en la que la persona que se prostituye es explotada por un tratante.

Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 8 en el año de 2013 estimaba que el número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual varía de 16 mil a 20 mil. Otras cifras indican que los menores sujetos a explotación sexual en México ascienden a 70 mil, de los cuales 50 mil son explotados en las zonas fronterizas y 20 mil en el resto del país; cada año, alrededor de 21 mil menores de edad son captados por las redes de trata de personas con fines de explotación sexual y 45 de cada 100 son niñas indígenas.

Además, la CNDH en 2016 apuntó que 93 por ciento de las víctimas de trata de personas en México son mujeres y 26 por ciento menores de edad. Asimismo, alrededor de 45.4 por ciento de las víctimas son captadas por una persona conocida, 49.1 por ciento por desconocidos y 5.5 por ciento por miembros de la delincuencia organizada.

En 2014 la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló que la Ciudad de México, Tijuana, Acapulco, Cancún y Guadalajara son algunos de los focos rojos de la explotación sexual comercial infantil. Además, esta oficina apunta que las ciudades del país consideradas como de “alta incidencia de trata de personas” son: Tijuana y Mexicali (Baja California); Nogales (Sonora); Ciudad Juárez (Chihuahua), Nuevo Laredo y Matamoros (Tamaulipas), Cancún (Quintana Roo), Tapachula (Chiapas), Acapulco (Guerrero), Ciudad de México, Tlaxcala, Puerto Vallarta (Jalisco), Los Cabos (Baja California Sur), Veracruz y Oaxaca.

Finalmente, y con el objeto de precisar la reforma que se propone, se adjunta el siguiente comparativo:

Cuadro comparativo de la reforma

Por lo anteriormente motivado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados se presenta el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 201, el artículo 202, el segundo párrafo del artículo 203, el último párrafo del artículo 204, el artículo 205 Bis y el artículo 209 Bis; y se adiciona el inciso g) al artículo 201 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 201. ...

a) a e) ...

f) Realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual; o

g) Efectúe acciones u operaciones a través de tecnologías de la información en contra de personas físicas o morales que dañen sus bienes o su persona.

A quién cometa este delito se le impondrá: en el caso del inciso a) o b) pena de prisión de cinco a diez años y multa de quinientos a mil días; en el caso del inciso c) pena de prisión de cuatro a nueve años y de cuatrocientos a novecientos días multa; en el caso del inciso d) se estará a lo dispuesto en el artículo 52, del Capítulo I, del Título Tercero, del presente Código; en el caso del inciso e) o f) pena de prisión de siete a doce años y multa de ochocientos a dos mil quinientos días ; g) pena de prisión de seis a diez años y de cuatrocientos a novecientos días multa.

...

...

...

...

Artículo 202. Comete el delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, a una o varias de estas personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de cómputo, electrónicos o sucedáneos. Al autor de este delito se le impondrá pena de diez a veinte años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa.

...

...

Artículo 203. ...

Al autor de este delito se le impondrá una pena de diez a veinte años de prisión y de ochocientos a dos mil días multa.

Artículo 204. ...

I. a III. ...

Al responsable de este delito se le impondrá prisión de diez a quince años y de mil a dos mil quinientos días de multa, así como clausura definitiva de los establecimientos descritos en la fracción III.

Artículo 205-Bis. Serán imprescriptibles las sanciones señaladas en los artículos 200, 201, 202, 203, 204 y 209 Bis. Asimismo, las sanciones señaladas en dichos artículos se aumentarán al doble de la que corresponda cuando el autor tuviere para con la víctima, alguna de las siguientes relaciones:

a) a j) ...

...

...

...

Artículo 209 Bis. Se aplicará de quince a veinticinco años de prisión y de setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días multa, a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento.

...

...

...

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1724/18.pdf

2 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aumentan-durante-la-4t-delitos-contra- menores/

3 http://spanish.xinhuanet.com/2020-02/08/c_138765768.htm

4 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/durante-confinamiento-ha-aumentado-la-p ornografia-infantil-5237212.html

5 https://www.gob.mx/guardianacional/prensa/arranca-operativo-salva-cion-para-com batir-la-pornografia-infantil-en-mexico

6 https://ibero.mx/prensa/mexico-segundo-lugar-mundial-en-turismo-sexual-infantil

7 http://derechoenaccion.cide.edu/prostitucion-lenocinio-y-trata-analisis-juridic o/

8 http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/ 3560/AD-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.– Diputadas: Olga Luz Espinosa Morales, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Martha Robles Ortíz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente

La democratización de nuestro sistema político en los últimos 25 años ha consolidado una vida política más vigorosa y plural permitiendo desmontar el régimen autoritario de censura que regía la vida pública de aquel entonces. Esta transformación no fue sencilla, ha sido gradual y a través de reformas electorales que han tratado de darle cauce a las demandas ciudadanas. Por ejemplo, la reforma electoral de 1977 permitió la incorporación de la figura de los diputados plurinominales para contar con una verdadera pluralidad en el Poder Legislativo; de igual manera, la reforma de 1990 por la que, por primera vez, las elecciones se organizarían bajo la conducción de un instituto autónomo.

La reforma electoral de 2002 incorporó las cuotas de género, estableciendo que no más de 70 por ciento de candidatos podrían ser del mismo género, posteriormente se perfeccionó y en 2005 se incorporó la posibilidad para que los mexicanos residentes en el extranjero pudieran votar para la elección de presidente de la República.

En 2006 tuvo lugar la elección más competitiva en la historia de México, convirtiéndose en parteaguas en la vida política de este país.

El estrecho margen que separó al primer lugar del segundo fue de tan sólo 0.56 por ciento, hecho que polarizó a la sociedad. Los candidatos utilizaron cualquier herramienta para poder sacar ventaja, entre la que destacó la contratación de tiempo en los canales de televisión más importantes. Estos mensajes tuvieron una característica principal: la guerra sucia. Fue una estrategia de comunicación negativa y ofensiva en contra del candidato puntero, tanto por los otros partidos como por particulares que contrataban espacios ilegalmente.

En consecuencia, el otrora Instituto Federal Electoral fue duramente criticado por su inoperancia al no intervenir y sancionar tanto a los partidos políticos por la rispidez de los mensajes como a los particulares que contrataron spots ilegalmente para difamar.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación describe el contexto y la coyuntura de aquel momento: “La asimetría de fuerzas se había traducido en abusos de los medios y en una amenaza para las condiciones de igualdad de las contiendas. Los partidos resintieron la desventaja de depender de las televisoras para dar visibilidad a las campañas y perder fuerza en la negociación con ellas para proyectar a sus candidatos; la falta de mecanismos y procedimientos para reclamar una cobertura noticiosa equilibrada y equitativa; las escasas opciones para escoger espacios en el espectro radioeléctrico y la ausencia de control sobre los espacios privilegiados donde transcurría la discusión en el espacio público; la ausencia de garantías de igualdad en el trato a los partidos en el ámbito de la contratación comercial de pautas de transmisión de mensajes y su elevado costo; el limitado alcance de las sanciones por actos indebidos y, en suma, la inseguridad que representaba poner el futuro político de un partido o candidato al arbitrio de las dos poderosas televisoras y algunos grupos radiofónicos. Todo esto generó entre las fuerzas políticas la idea compartida de que había que crear una nueva relación con los medios de comunicación, que devolviera a las instituciones los instrumentos para asegurar la equidad en las campañas”. 1

La reforma electoral de 2007 recogió varias fallas del marco normativo que reguló la elección de 2006 al impedir y prohibir a los partidos políticos la contratación de espacios publicitarios en radio y televisión, buscando procurar la equidad en la competencia electoral, lo que llevó a que el poder económico no se tradujera en poder político. Así lo reconoció José Woldenberg, “Una de las grandes virtudes de la reforma de 2007 es que abrió la esperanza de que los poderes constitucionales estaban en la ruta de llegar a una reglamentación de los grandes medios masivos de comunicación”. 2

Sin embargo, la implantación de un nuevo modelo de comunicación política, retomado y fortalecido con la reforma del 2014, derivó en la difusión de millones de spotsque han generado un hartazgo hacia los procesos electorales, siendo protagonistas los partidos políticos; asimismo, provocó una confrontación de los medios de comunicación con la autoridad electoral, debido a la obligación de transmitir spots publicitarios en cada estación de radio y televisión. Transformando las campañas “a propaganda cuasi comercial encapsulada en cancioncillas y lemas bobos que caben en 30 segundos”. 3

El modelo de comunicación política que la partidocracia ha impuesto encuadra a la perfección con el análisis de Federico Vázquez Calero en el ensayo México en el espejo latinoamericano: política, Estado y ciudadanía, donde afirma que nos encontramos “en el declive de la publicidad política, el debate y la argumentación racional o el uso público de la razón y la deliberación, sustituidas por el reinado de la imagen, la televisión y la simulación”. 4

La forma en que actualmente se llevan a cabo las campañas, tal como lo establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las reduce a millares de mensajes con una duración de 30 segundos, esto no permite que el ciudadano sea informado sobre las propuestas, plataformas electorales o plan de acción de cada candidato, lo que en consecuencia provoca que todos ellos, sean “vendidos” como cualquier otro producto.

La repulsión de los mexicanos al modelo de comunicación política basada en la difusión de spots, es completamente entendible, ya que son objeto de una incesante y exacerbada exposición a este tipo de “mensajes”. Por ejemplo, en el proceso electoral federal 2008-2009 cuando se implementó por primera vez este modelo, el otrora Instituto Federal Electoral pautó 9 millones 56 mil 256 spots [5], cifra que aumentó considerablemente en el proceso electoral de 2011-2012 con 43 millones 756 mil 493[6] spots; para el proceso electoral 2014-2015, el Instituto Nacional Electoral pautó 41 millones 795 mil 922 5 de spots; y, para el proceso electoral federal de 2020-2021, pautó 56 millones de spots, 6 “ya sean nacionales y locales de candidaturas independientes y de todas las autoridades electorales desde la etapa de precampaña hasta la Jornada Electoral del próximo 6 de junio”. 7

Existen posturas incluso en el Instituto Nacional Electoral en contra de este modelo, una de ellas es la expresada por el Consejero Electoral Ciro Murayama que opina que en los spots “no se está vendiendo un producto, se tiene que exponer una idea, una propuesta ante el electorado, no es lo mismo que quererle vender una marca de jabón o de comestibles y por eso podría pensarse en espacios de mayor duración y dar más lugar al debate”. 8

Las críticas a esta modelo de comunicación política no solamente se han hecho por parte de actores de la vida pública nacional sino también por actores internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de la entonces jefa de la misión de Observadores Electorales de la OEA, Laura Chinchilla, quien aseguró: “El modelo de comunicación política en México podría ser restrictivo para la libertad de expresión y para el debate”. 9

Los spots políticos transmitidos en radio y televisión vienen a ser una causa del malestar social, pues la audiencia y la sociedad receptora de contenidos son ajenas a los ejercicios legislativos que regulan los spots de partidos políticos —es decir, cuando los receptores de los contenidos televisivos y radiofónicos no forman parte de la sociedad civil ni de la sociedad política.

Hablamos de malestar porque hay una invasión hacia las audiencias y televidentes que son los receptores de los contenidos, pues su libertad de lectura, de interpretación y de recreación respecto a contenidos y spots es violada porque no son capaces de elegir si quieren o no ver spots o mensajes políticos.

Partimos de un problema proveniente de la sobrerregulación en la materia y la rigidez con la que se realizan las atribuciones del INE, las cuales se someten a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se transmuta en un acto carente de democracia, pues el tiempo en radio y televisión se segmenta a sólo mensajes de 30 segundos. La transmisión de spots es desigual no sólo para los partidos políticos, sino también para los ciudadanos que son los receptores de contenidos, que no tienen la libertad de elegir o ejercer el acto de la comunicación ni sus factores, pues no existen mecanismos de diálogo, es decir, tanto partidos políticos como el Instituto Nacional Electoral, no son capaces de ser incluyentes respecto a quién van dirigidos los spots.

Los “debates políticos públicos, como ejercicios democráticos, han ido en ascenso en el mundo durante los últimos 20 años, hasta convertirse en uno de los elementos fundamentales del voto de­ mocrático”. 10 La implantación de debates y su transmisión por los principales canales de televisión, han demostrado el interés creciente de los ciudadanos y su participación en la vida política de su país; ejemplo de ello es Alemania, que en 2000 el debate presidencial fue visto por 8 millones de alemanes, mientras que en el 2009, donde participaron Angela Merkel y Frank-Walter, la audiencia fue de 14 millones. 11

Actualmente, “el debate es la base del pluralismo socio-político y es una obligación del Estado permitir la expresión de las diversas opiniones que participan en una contienda electoral”, 12 el debate debe ser visto como uno de los pilares para que se garantice a los mexicanos su derecho a la información, previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A pesar de que México prevé en su legislación la realización de debates, resulta insuficiente e ineficaz, debido a que sólo resulta obligatorio la realización de dos debates para las elecciones presidenciales; no obstante, la asistencia a éstos no son obligatorios para los candidatos, además no toma en cuenta otro tipo de elección, como la de diputados federales o senadores.

Contrastar las propuestas, inscritas en los programas y las plataformas de los partidos, es una obligación del Estado Mexicano que debe existir no sólo por un principio ético-político, sino porque la calidad de la democracia en su dimensión deliberativa, tiene consecuencias en el bienestar social. Así lo ha expuesto el premio Nobel Amartya Sen, para quien la democracia no solamente tiene un valor intrínseco o instrumental, sino que a través del debate y la deliberación, adquiere una “importancia constructiva”, que ayuda al bienestar en campos como la educación, la salud y la economía. 13

La carencia de debates con propuestas reales, entre personas precandidatas y candidatas es el reflejo de la anomalía de la comunicación, los receptores de contenidos sólo son confundidos con retóricas y persuadidos con falacias, artimañas de mercadotecnia.

Los debates adecuadamente estructurados constituyen una orientación in situde los argumentos y de las reflexiones que los receptores de contenidos podrían entender. Hablar de una adecuación estructural de los debates se circunscribe también a una adecuación del momento, es decir, transmitir debates en tiempos que no coinciden con espectáculos que entretienen a las audiencias y televidentes.

La sustitución de spots políticos por la implementación de debates invitaría a la sociedad mexicana a ser participativa, es decir, se invitaría a la sociedad que no cabe en lo que se conoce como sociedad civil o sociedad política. En ese sentido, se propone lo siguiente:

• Reducir la transmisión de mensajes de partidos políticos y candidatos, a fin de que representen sólo el 40 por ciento del tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y de candidatos, es decir, reducir los 41 minutos diarios de tiempo en radio y televisión de que dispone el Instituto Nacional Electoral para la transmisión de mensajes, a sólo 17 minutos diarios. Lo anterior, reduciría la transmisión de spots a un minuto y medio por cada hora.

• Consecuentemente, se establece la transmisión de debates obligatorios semanalmente, para que representen el 60 por ciento del tiempo restante disponible en radio y televisión. Es decir, un total de dos horas y media por semana, destinado a la realización, transmisión y difusión de debates.

• Como parte de la propuesta, se plantea que todos los candidatos a todos los puestos de elección popular, estén obligados a concurrir a los debates semanales organizados por el Instituto Nacional Electoral, caso contrario, se impondrá una sanción consistente en una multa.

• Asimismo, se propone que las organizaciones de la sociedad civil puedan organizar libremente o solicitar al Instituto Nacional Electoral, la celebración de debates entre candidatos a puestos de elección popular.

Como establece Nuria Cunill Grau en su ensayo la construcción de ciudadanía desde una institucionalidad pública ampliada:

Una cuestión que determina la medida en que la participación ciudadana contribuya no sólo a la democratización de las decisiones sino también a su eficiencia, es el grado de deliberación que suponga. (...) la deliberación supone aceptar la autoridad del mejor argumento, en vez de la autoridad jerárquica, el número, el dinero o la fuerza. De hecho, la deliberación constituye un proceso de discusión pública en que las propuestas que se ofrecen para apoyar la toma de decisiones están respaldadas por justificaciones o razones que apelan a intereses públicos. El compromiso con la deliberación se basa, pues, en el reconocimiento de que puede haber distintas posiciones de valor afectando la elaboración de las decisiones, que requieren del diálogo para ser enfrentadas. 14

Transformar el modelo de comunicación política para la bancada naranja es continuar actuando con congruencia, puesto que previamente Movimiento Ciudadano promovió la acción de inconstitucionalidad 22/2014, contra diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que demuestra nuestra convicción en que debemos transitar de una democracia representativa —alejada de todo crítica y cuestionamiento, y donde rige la mercadotecnia política—, hacia una democracia deliberativa que permita a los ciudadanos la oportunidad de analizar, a través de la opinión, la discusión y la crítica de todos los sectores a las propuestas planteadas, así como plataformas políticas, programas de acción de los partidos políticos y candidatos, permitiendo así un acercamiento y una invitación a la ciudadanía para participar activamente en el rumbo de su país.

Por todo lo expuesto se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la implantación de debates obligatorios en el modelo de comunicación política

Único. Se reforman los incisos a) y c) a e) del Apartado A de la Base III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

...

III....

Apartado A. ...

a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral trescientos treinta y seis minutos semanales, que podrán ser distribuidos diariamente conforme determine la ley, en cada estación de radio y canal de televisión en el horario referido en el inciso d) de este apartado. En el período comprendido entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, el cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión se destinará a los fines propios de las autoridades electorales, y el resto a la difusión de mensajes genéricos de los partidos políticos, conforme a lo que establezca la ley;

b)[...]

c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos y los candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado, del cual sesenta por ciento será destinado para la transmisión de debates, y el cuarenta por ciento restante será destinado y distribuido diariamente a la transmisión de mensajes de los partidos políticos y candidatos;

d) Las transmisiones de mensajes en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas, en tanto que, la transmisión de debates se hará dentro del horario de programación comprendido entre las veinte y las veintitrés horas del día que determine el Instituto Nacional Electoral, previa opinión de partidos políticos y de candidatos independientes;

e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los candidatos independientes, para transmisión de mensajes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el setenta por ciento será distribuido en partes iguales entre los partidos políticos y el treinta por ciento restante podrá ser asignado a los candidatos independientes, conforme a lo que determine la ley;

f)[...]

g) [...]

[...]

[...]

[...]

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo de 60 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las entidades federativas deberán homologar las leyes locales y reglamentos de acuerdo con lo establecido en el presente decreto.

Tercero. En un plazo de 60 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión deberá adecuar la legislación que corresponda de acuerdo con lo siguiente:

1. Se deberá prever en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dentro de los procesos electorales federales, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral tendrá a su disposición un total de trescientos treinta y seis minutos semanales, que podrán ser distribuidos diariamente, en cada estación de radio y canal de televisión, de conformidad con lo establecido en el Apartado A de la Base III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Se establecerá que las transmisiones de debates se realizarán, en cada estación de radio y canal de televisión, dentro del horario de programación comprendido entre las veinte y las veintitrés horas del día que determine el Instituto Nacional Electoral, previa opinión de partidos políticos y de las personas candidatas independientes, procurando el horario de mayor audiencia, de conformidad con lo establecido en el Apartado A de la Base III, inciso c), del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Se deberá establecer que durante las precampañas y campañas electorales federales, el tiempo en radio y televisión establecido como derecho de los partidos políticos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 165, convertido a número de mensajes, asignable a los partidos políticos, se distribuirá entre ellos conforme al siguiente criterio: setenta por ciento del total en forma igualitaria y el treinta por ciento restante en proporción al porcentaje de votos, obtenido por cada partido político en la elección para diputados federales inmediata anterior.

4. Se dispondrá que. del tiempo total disponible a que se refiere el párrafo 1 del artículo 165 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, durante las campañas electorales federales, el Instituto destinará a los partidos políticos en conjunto, dieciséis minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión; siete minutos diarios serán utilizados para los fines propios del Instituto y de otras autoridades electorales; y, el tiempo restante será utilizado semanalmente para la transmisión de debates.

5. Se establecerá que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral organizará debates obligatorios entre todas las personas candidatas a la Presidencia de la República y, a través de los consejos locales y distritales, debates entre personas candidatas a senadores y diputados federales. La asistencia a dichos debates será obligatoria para todas las personas candidatas.

6. Se preverá que la ciudadanía y los medios de comunicación nacionales y locales podrán solicitar y organizar libremente debates entre personas candidatas, en los términos en que la Ley lo establezca.

Cuarto. En un plazo de 60 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Instituto Nacional Electoral deberá homologar sus disposiciones; emitir los Lineamientos para la transmisión y difusión de debates; e integrar el comité de debates, de acuerdo con lo establecido en el presente decreto.

Notas

1 Buendía Hegewischm, José; y Azpiroz Bravo, José Manuel. Medios de comunicación y la reforma electoral 2007-2009. Un balance preliminar, 2011. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

2 Vargas, Miguel Ángel. “Especialistas defienden la controvertida reforma electoral”, en ADN Político. Consultada en línea:

http://www.adnpolitico.com/2012/2011/12/08/especialistas-defiend en-la-controvertida-reforma-electora

3 Marván Laborde, María. “Debates vs. spots”. Consultado en línea:

http://www.excelsior.com.mx/opinion/maria-marvan-laborde/2016/07 /14/1104824

4Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Contribuciones para el debate.

5 Instituto Nacional Electoral. Informe sobre la operación del modelo de comunicación política durante el proceso electoral federal 2014-2015 y procesos electorales locales de 2015, página 15.

6 Véase

https://centralelectoral.ine.mx/2021/06/04/version-estenografica -de-la-mesa-el-modelo-de-comunicacion-politica/

7 Ídem.

8 García, Carina. “Ciro Murayama ve error en spotización”, en El Universal. Consultado en línea:

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/08/2 6/ciro-murayama-ve-error-en-spotizacion

9 “Recomienda OEA revisar modelo de comunicación política”, en El Universal. Consultado en línea:

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2015/10/2 0/recomienda-oea-revisar-modelo-de-comunicacion-politica

10 Otálora Malassis, Janine Madeline. Debates políticos y medios de comunicación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, número 45, página 32.

11 Ibídem, página 33.

12 Ibídem, página 42.

13 Amartya, Sen. La democracia como valor universal. The John Hopkins University Press y National Endowment for Democracy.

14 Coordinado por Rodolfo Mariani. Democracia/Estado/ciudadanía: hacia un Estado de y para la democracia en América Latina. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.– Diputada y diputado: María Elena Limón García, Jorge Álvarez Máynez (rúbricas).»

«Iniciativa de decreto, por el que se declara el 27 de febrero como Día Nacional del Covid-19, a cargo del diputado Antolín Guerrero Márquez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Antolín Guerrero Márquez, Integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente, iniciativa con proyecto de decreto, por el que se declara el 27 de febrero de cada año como Día Nacional de la Covid-19, al tenor de la siguiente

El mundo cambió con la aparición de un nuevo virus, se originó a finales de diciembre del año 2019 en Wuhan China, comenzó con una neumonía atípica, evidentemente no se conocía que en un futuro sería un reto para los seres humanos, médicos, epidemiólogos, químicos, científicos y el resto del mundo, que estaba más allá del alcance de la sociedad.

Se identificó al agente etiológico como un nuevo coronavirus, se le llamó SARS-CoV-2, y a la enfermedad se la denominó Covid-19, su origen de este nuevo virus, proviene de los murciélagos su probable vector, derivado al acelerado número de contagios y muertes que se produjeron primero en China y posteriormente alrededor del mundo. Este virus pasó rápidamente de ser un brote aislado a convertirse en una emergencia sanitaria de preocupación internacional, y posteriormente en una pandemia.

Para el 1 de enero de 2020, la Organización Mundial de Salud (OMS), se reúne con los tres niveles de organización, donde se declara el estado de emergencia para investigar el brote, como avanzan los días la OMS, da aviso de un conglomerado de casos de neumonía, hasta el momento solo era en Wuhan.

La OMS a partir del mes de febrero de 2020, realiza un foro de investigación e innovación, con ello se logra publicar un “Plan Estratégico de Preparación y Respuesta, para ayudar a los países que tienen un sistema de salud quebrantable a protegerse.

Conforme pasan el tiempo la problemática genera angustia, por las alarmantes cifras de la propagación, su evaluación por la OMS lo caracteriza como una pandemia, el mundo estableció un Fondo de Respuesta Solidario, en el que todos como personas, empresas e instituciones tuvieran aportaciones y donaciones, debido a que nunca se pensó que se detuviera la economía, presupuesto ante tal situación. Al mismo tiempo se necesita avanzar en los tratamientos, medicinas, investigaciones y conocer cuales avanzan a favor, contra el virus de la Covid-19.

En México, se conocía lo que sucedía en diversos países, por lo que no era un desconocimiento que en China comenzó, pero Italia tenía cifras de casos de muertes y contagios más altos que incluso en donde se había iniciado, por ello, en México se presenta un primer caso de contagio, se detecta la llegada de Covid-19 el 27 de febrero, un hombre de 35 años, que viajo a Italia donde estuvo del 14 al 22 de febrero del 2020.

En el año 2020, México tuvo 201,163 muertes por covid-19 que las cifras oficiales de la Secretaría de Salud, informo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), era el cuarto país con más muertes por Covid-19, con casi 240,000 decesos y 2.79 millones de contagios confirmados por la Secretaría de Salud.

Siendo la segunda causa de muerte en México, otras enfermedades quedaron por debajo de la cifra de muertes por covid-19, como enfermedades del corazón 218,885, la diabetes 151,214, los tumores malignos 90,645 y 56,830 que sumaron la influenza y neumonía.

A mediados de diciembre del 2020, la segunda ola de la pandemia no está siendo una copia simétrica del pico de mayo del mismo año en México, la capacidad hospitalaria es ahora mayor en vísperas de Navidad comenzó a acercarse el 90%- y el mapa de las zonas más afectadas en todo el territorio mexicano.

De diciembre a comienzos de enero las hospitalizaciones prácticamente se doblaron hasta superar los 6.000 pacientes ingresados, el 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena, la ocupación hospitalaria era del 78%; el 2 de enero había subido al 85%. El primer fin de semana del año 2021 se estabilizó en el entorno del 87%.

Teniendo diversas crisis esta es una tercera ola, hacia principios octubre de 2021, el número de personas fallecidas a causa de esta enfermedad había superado las 282,000.

Las muertes por covid-19 de conocidos, compañeros, amigos, familiares, se hicieron una situación natural, al igual que las formas de sepulturas, realmente el mundo y el país cambio después de esta pandemia, todos los seres humanos están viviendo una creación de vacunas, de una nueva forma de vivir, la tecnología una herramienta de nuestras actividades diarias, de prevenciones y medidas de sanidad como el cubre bocas un artículo de vestimenta, comportamientos y conductas sociales se han modificado, las reuniones ya no son reuniones de 20 o 30 personas, los niños ya no utilizan cuadernos y plumas, los comercios y la economía del mundo tuvo que adoptar nuevas reglas de trabajo, el turismo se detuvo y un sinfín de cambios. Es por tal motivo que debe conmemorarse en nuestro país a la covid-19, que cambio, transformo y modifico, la vida de los seres humanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto, por el que se declara el 27 de febrero de cada año como Día Nacional de la Covid-19

Artículo Único. Por el que se declara el 27 de febrero de cada año como Día Nacional de la Covid-19.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-familia-semergen-40-ar-ticulo-pande mia-covid-19-nueva-emergencia-sanitaria-S1138359320301714

2 https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline-covid-19

3 https://www.gaceta.unam.mx/covid-19-a-un-ano-del-paciente-cero-en-mexico/

4 https://www.forbes.com.mx/muertes-por-covid-19-en-mexico-son-35-mas-que-en-cont eo-oficial-inegi/

5 https://elpais.com/mexico/sociedad/2021-01-05/la-segunda-ola-de-coronavirus-en- ciudad-de-mexico-empieza-en-las-zonas-acomodadas.html

6 https://es.statista.com/estadisticas/1110089/numero-casos-muertes-covid-19-mexi co/

Dado en la Ciudad de México, dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de noviembre de 2021.– Diputado Antolín Guerrero Márquez (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de igualdad y paridad de género, a cargo de la diputada Claudia Tello Espinosa, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Claudia Tello Espinosa, integrante del Grupo Parlamentario de morena en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de igualdad y paridad, al tenor de la siguiente

En México, las características estructurales de la sociedad, la economía y la política permiten reproducir una cultura basada en modelos patriarcales que coloca en un alto grado de vulnerabilidad a la mujer, en particular en el ámbito rural y urbano popular.

Si bien, en los últimos años se han impulsado acciones afirmativas que excluyen esquemas de desigualdad y discriminación con medidas que garantizan la participación paritaria de la mujer en las elecciones federales y locales, hacen falta cambios estructurales y culturales que visibilicen a la mujer en forma íntegra y potencialicen sus capacidades en la construcción de una sociedad con más igualdad, con garantías de una vida libre violencia y trato digno para todas las mujeres.

La paridad es un principio constitucional que debe ordenar las funciones del Estado y las políticas públicas de los gobiernos, a través de acciones y programas que permitan generar condiciones para la autonomía económica de la mujer. Entendiendo a ésta, como la capacidad de generar ingresos y recursos propios con base al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres. 1

La desigualdad, en relaciones de trabajo formal en nuestro país, se expresa en la brecha salarial entre hombres y mujeres. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2019, fue de 18.8%, siendo una de las más altas de los países que la integran. En México, menos de la mitad de las mujeres en edad de trabajar participan en el mercado formal de trabajo, la tasa de hombres activos en el mercado laboral es de 82%, de las mujeres que sí trabajan, el 60% de éstas lo hace en el mercado informal, sin protección social, inseguridad en la permanencia laboral y un salario diferenciado entre hombres y mujeres en actividades laborales similares. 2

En el Sistema de Cuentas Nacionales de México (Inegi 2020), el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados registró un nivel equivalente a 5.6 billones de pesos, lo que representa el 22.8 de participación porcentual del Producto Interno Bruto (PIB). 3 Este trabajo no remunerado se desarrolla en labores de alimentación (21.6%), limpieza y mantenimiento de la vivienda (19.9), limpieza y cuidado de la ropa y calzado (7.7), compras y administración de hogar (12.2), cuidados y apoyo (28.9) y ayuda a otros hogares y trabajo voluntario (9.7). El porcentaje nacional de participación en las labores domésticas y de cuidados por sexo es el de mujeres 62.28% y el de hombres de 24.28%.

Porcentajes de participación por sexo que cambia de acuerdo con el lugar de residencia. En el ámbito urbano la participación de mujeres es de 60.33% y el de hombres de 24.86; en el ámbito rural, las mujeres participan en 69.15% contra el 22,20% de hombres.

En el ámbito rural, la discriminación y explotación de la mujer en el trabajo no remunerado es más denigrante. En nuestro país, de los 61.5 millones de mujeres, 23 por ciento habitan en localidades rurales. Las mujeres y niñas rurales enfrentan circunstancias de mayor discriminación, violencia y eliminación de sus derechos. Su vida se encuentra condicionada cultural y económicamente a condiciones de supervivencia extremas, con menos posibilidades de autonomía económica y seguridad de su persona.

La mujer rural, de manera particular, vive condiciones desfavorables en la valoración y reconocimiento de sus aportaciones a las economías familiares y comunitarias. Enfrenta limitaciones legales y sociales, como el acceso a la propiedad comunal, ejidal o privada, lo que constituye un obstáculo para ser sujeto de programas y acciones de las políticas públicas que apoyan el desarrollo del campo, así como participar en las decisiones comunitarias, al no reconocerle su derecho de participar, situación que se agrava en las mujeres indígenas.

En la familia y comunidad rural, la mujer vive restricciones cuando pretende buscar empleo o desarrollar actividades para una economía propia, inhibiendo iniciativas y eliminando cualquier posibilidad de apoyo. En el ámbito laboral enfrentan discriminación en la diferencia de sueldos con los hombres y la dificultad de acceder a puestos de mayor jerarquía. Enfrentan la insuficiencia de servicios en las necesidades de cuidado y salud, así como la dificultad de acceder o ser reconocidas como sujetos de beneficios y programas sociales.

El reconocimiento de la inserción de la mujer rural en la economía familiar y comunitaria debe garantizar la igualdad de condiciones y la paridad en sus derechos económico-sociales para una independencia económica propia, base de dignidad como persona. Debe garantizarse su participación en las organizaciones productivas e incluirlas en la toma de decisiones en paridad.

Revisar las atribuciones de la organización productiva social con el objetivo de favorecer la igualdad y paridad obliga a crear bases económicas y culturales que visibilicen la importancia de las aportaciones de la mujer. Para ello es importante  fortalecer el marco normativo e institucional para la participación productiva de las mujeres en condiciones de igualdad, promover cambios culturales para revertir estereotipos y prejuicios de género, propiciar las condiciones laborales favorables para la igualdad, apoyar empresas y proyectos productivos impulsados por mujeres, ampliar la seguridad y protección social de mujeres con mayores desventajas y favorecer la inclusión de mujeres en la propiedad, uso y decisiones sobre bienes inmuebles y de producción

Desmontar la cultura de la desigualdad por género a través del empoderamiento de la mujer en el ámbito rural implica cambios culturales, económicos y políticos en donde el quehacer legislativo tiene una función primordial.

En la ley debe plasmarse el empoderamiento de la mujer con la generación de condiciones organizacionales favorables a la igualdad y con el impulso de una agenda con perspectiva de género para la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva debe manifestarse en los espacios organizativos donde se excluye la presencia de la mujer con base a las estructuras androcéntricas que rigen su dirección y toma de decisiones.

En mi calidad de mujer y de Secretaria en la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, me corresponde impulsar cambios a las leyes que determine las bases para condiciones de igualdad y paridad en el desarrollo de las organizaciones productivas en las que se visibilice la importancia del trabajo y la aportación de la mujer rural en la economía familiar y comunitaria, para ello, proponemos reformar diversas disposiciones en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Igualdad y paridad en el desarrollo rural sustentable

El desarrollo rural sustentable es el mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio. incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, conforme al artículo 26 de la Constitución, con la intervención del Estado para su regulación y fomento, observando las libertades ciudadanas y cumpliendo sus obligaciones en el desarrollo rural.

La igualdad y paridad en el desarrollo rural sustentable inicia con el reconocimiento de los derechos plenos de la mujer rural, para ello se propone reformar el artículo 1º de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, retomando la obligación de todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus competencias,  de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con la interpretación que más favorezca a la persona, prohibiendo toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En el mismo sentido, se considera el derecho a la igualdad y la paridad como principio constitucional en la esfera administrativa y organizacional de la Ley de Desarrollo Sustentable, que tiene sustento en los artículos 2o. y 4o. de la Constitución y en la Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres.  En esta última, se define que la igualdad sustantiva es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 4 Por cuanto al principio constitucional de paridad obliga al Estado mexicano a garantizar de manera integral y en igualdad de condiciones, la representación y participación política de las mujeres.

Por lo que se propone la reforma de los 1, 6, 15, 17 y 24 de la Ley de Desarrollo Rural sustentable, para favorecer el desarrollo de la mujer rural con acciones afirmativas, en los términos siguientes:

Se reforma el segundo párrafo del artículo 1º, con el objeto de hacer patente los principios de los artículos 1º, 2º tercer párrafo, 4º y 25 de la Constitución, para garantizar la igualdad y paridad en las estructuras organizacionales, las acciones y programas de los gobiernos y potenciar la capacidad de la mujer rural, con la rectoría del Estado y su gestión en el desarrollo económico y la promoción de la equidad, con ello se traza una ruta de interpretación de la Ley que integra los derechos de la mujer rural con base a la igualdad sustantiva.

Se reforma el párrafo primero del artículo 24 para la observación de los principios de constitucionales contenidos en los artículos 1º, 2º tercer párrafo, 4º y 25 de la Constitución, y garantizar la igualdad y paridad en las estructuras organizacionales, las acciones y programas de los gobiernos y potenciar la capacidad de la mujer rural, con la rectoría del Estado y su gestión en el desarrollo económico y la promoción de la equidad .

Se reforma el artículo 6º, párrafo primero, para incluir en los criterios de las acciones del Estado, a través de sus tres órdenes de gobierno, los de igualdad y paridad.

Se reforma la fracción X, se adiciona la fracción XIX, y la actual se recorre a la fracción XX, todas del artículo 15 de la Ley, para sustituir el concepto de equidad por el de igualdad y reconocer el trabajo de la mujer rural en la economía familiar y comunitaria.

Se reforma el primer párrafo del artículo 17 de la Ley para incluir el principio de paridad en la integración del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.

De igual forma se reforma el primer párrafo del artículo 24 de la Ley para incluir el principio de paridad en la integración de Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable en las entidades, municipios y distritos de desarrollo rural. La paridad es la igualdad sustantiva entre sexos; es una medida permanente que logra la inclusión de mujeres en los espacios de decisión colectiva en órganos regulados en la ley de desarrollo rural sustentable.

Incluir los principios constitucionales de igualdad y paridad en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, tiene por objeto visibilizar a la mujer rural y reconocer sus capacidades y aportaciones en la economía de este sector, además de empoderar a la mujer en los órganos colectivos regulados en la misma ley, los que el Estado mexicano debe observar e impulsar para el desarrollo con equidad del campo mexicano garantizando la independencia económica de la mujer rural, base para la protección de sus derechos plenos.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de igualdad y equidad.

Único. Se reforman el párrafo segundo del artículo 1; el párrafo primero del artículo 6; las fracciones X y XIII del artículo 15; el primer párrafo del artículo 17 y el primer párrafo del artículo 24; y se adiciona la fracción XIX y se recorre la actual a la fracción XX del artículo 15, todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue;

Artículo 1o. ...

Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a: promover el desarrollo rural sustentable del país, observando los principios de los artículos 1º, 2º tercer párrafo, 4º y 25 de la Constitución, para garantizar la igualdad y paridad en las estructuras organizacionales, las acciones y programas de los gobiernos y potenciar la capacidad de la mujer rural, con la rectoría del Estado y su gestión en el desarrollo económico y la promoción de la equidad.

...

Artículo 6o. Tendrán carácter prioritario las acciones que el Estado, a través de los tres órdenes de gobierno y en los términos de las leyes aplicables, realice en el medio rural. En dichas acciones, que se efectuarán bajo los criterios de equidad social , de igualdad y paridad, integralidad, productividad y sustentabilidad, podrán participar los sectores social y privado.

...

...

Artículo 15. El Programa Especial Concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará acciones en las siguientes materias:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

X. Igualdad de género, la protección de la familia, el impulso a los programas de la mujer, los jóvenes, la protección de los grupos vulnerables, en especial niños, discapacitados, personas con enfermedades terminales y de la tercera edad en las comunidades rurales;

XI. ...

XII. ...

XIII. Seguridad en la tenencia y disposición de la tierra, garantizando los derechos de la mujer rural;

XIV. ...

XV. ...

XVI. ...

VII. ...

XVIII. ...

XIX. El reconocimiento de la mujer rural en la economía familiar y comunitaria;

XX. Las demás que determine el Ejecutivo Federal.

Artículo 17. Se crea el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable como instancia consultiva del Gobierno Federal, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los productores y agentes de la sociedad rural. Este Consejo se integrará con los miembros de la Comisión Intersecretarial previstos en el artículo 21 de esta Ley, representantes, debidamente acreditados, de las organizaciones nacionales del sector social y privado rural; de las organizaciones nacionales agroindustriales, de comercialización y por rama de producción agropecuaria; y de los comités de los sistemas producto, instituciones de educación e investigación y organismos no gubernamentales, de acuerdo a los temas a tratar, en los términos de las leyes y las normas reglamentarias vigentes. Será presidido por el titular de la Secretaría y operará en los términos que disponga su reglamento interior, observando la paridad en la integración de los órganos colectivos.

...

Artículo 24. Con apego a los principios de federalización y paridad, se integrarán Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable, homologados al Consejo Mexicano, en los municipios, en los Distritos de Desarrollo Rural y en las entidades federativas. Los convenios que celebre la Secretaría con los gobiernos de las entidades federativas preverán la creación de estos Consejos, los cuales serán además, instancias para la participación de los productores y demás agentes de la sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y distribución de los recursos que la Federación, las entidades federativas y los municipios destinen al apoyo de las inversiones productivas, y para el desarrollo rural sustentable conforme al presente ordenamiento.

...

...

Único. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 ONU. CEPAL. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Desde:

https://oig.cepal.org/es/autonomias/autonomia-economica

2 La Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres para el Crecimiento Incluyente en México. Ángel Gurría. Desde:

https://www.oecd.org/about/secretary-general/gender-equality-and -empowerment-of-women-for-inclusive-growth-mexico-january-2020-es.htm

3 Desde:

https://www.inegi.org.mx/temas/tnrh/

4 Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres. Artículo 5, fracción V. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Desde:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH.pdf.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 9 del mes de noviembre de 2021.– Diputada Claudia Tello Espinosa (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Gina Gerardina Campuzano González e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Gina Gerardina Campuzano González, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que les otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer el derecho a adquirir una vivienda adecuada, al tenor de la siguiente

El derecho a la vivienda ha sido uno de los menos estudiados por parte de la teoría constitucional. Si comparamos los análisis que existen sobre la libertad de expresión, sobre la no discriminación o sobre el medio ambiente, con los que se dedican al derecho a la vivienda, nos daremos cuenta de inmediato de la poca atención que ha merecido este derecho. 1

En México en el séptimo párrafo del artículo 4o. constitucional prevé el derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Para alcanzar tal objetivo, la Constitución ordena al legislador establecer los instrumentos y apoyos necesarios.

Tener una vivienda es desde los tiempos antiguos una condición necesaria para la supervivencia y para poder llevar una vida segura, autónoma e independiente. No solamente se trata de un derecho que persiga que cada persona pueda tener un lugar “para estar”o para dormir, sino que el derecho a la vivienda es una condición esencial para que puedan realizarse otros derechos, de modo que cuando no se cuenta con una vivienda los demás derechos pueden sufrir una grave amenaza. 2

La pretensión de una vivienda adecuada, en realidad, encierra un derecho compuesto, cuya vulneración acarrea la de otros derechos e intereses fundamentales. Su violación hace peligrar el derecho al trabajo, que se torna difícil de buscar, asegurar y mantener. Amenaza el derecho a la integridad física y mental, que se encuentran en permanente jaque cuando se vive bajo la presión de un alquiler que no se puede pagar. Dificulta el derecho a la educación, a la salud y al libre desarrollo de la personalidad, impracticables en cobijos abarrotados, carentes de las condiciones mínimas de habitabilidad. Menoscaba el derecho a elegir residencia, a la privacidad y a la vida familiar, y condiciona incluso los derechos de participación política.

El estado de derecho se fortalece cuando la norma se cumple, es decir; si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se vulnera por la ambigüedad y falta de actualización del texto o por las diferencias con la ley reglamentaria, la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones y en la ley, decrece y, la consolidación del estado de derecho se rezaga. Ante las imprecisiones de la ley, resulta imperativa una revisión a la Constitución por profesionales del ramo comprometidos con la visión de un México mejor, para realizar las modificaciones o reformas pertinentes con el objeto de que sea una realidad la consolidación del estado de derecho. 3

En el mismo texto constitucional, se hace referencia “al derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. En la actualidad, estos últimos dos conceptos retienen una gran carga de moralidad e infieren más que un mandato, un referente de deseos.

Atendiendo a dicha reflexión, se sugiere cambiar el texto vivienda digna y decorosa por el de vivienda adecuada, Hoy, el concepto de vivienda adecuada se amplía y se va enriqueciendo por las aportaciones de los organismos internacionales y por constitucionalistas.

Un ejemplo de vivienda adecuada reuniría las siguientes características citadas por el constitucionalista Miguel Carbonell en el libro La Constitución en serio.

En la Estrategia Mundial de la Vivienda preparada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la “vivienda adecuada” se define “un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable. 4

Asimismo, en la Estrategia Mundial de la Vivienda preparada por la ONU, la “vivienda adecuada” se define “un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”. 5

En el enunciado constitucional sobre el artículo cuarto, párrafo séptimo, se establece que la ley instrumentará los apoyos necesarios para hacer realidad el derecho a una vivienda. Es importante que en donde aparece el término, aparezca el concepto, porque es el responsable directo de implementar las políticas públicas sociales y económicas para apoyar los programas de vivienda que deberían beneficiar a todos los mexicanos, lógicamente en una sociedad de iguales. Para reafirmar la importancia del problema de la vivienda, se hará referencia a su raíz etimológica, ya que en sí misma se advierte lo relevante del vocablo.

Es innegable el espíritu que animó al constituyente del 1916-1917, y que dio origen a la primera Constitución social. Esa esencia debe preservarse.

Sobre el concepto disfrute del enunciado del artículo 4o., este sugiere el disfrute de la vivienda aun cuando no sea propiedad del que la vive; es decir, no se requiere adquirir una casa para poder disfrutarla, para todos es claro que la motivación y el objetivo fundamental radica en la adquisición, por el sentido de seguridad, realización y pertenencia que conlleva el propio concepto.

Sobre la precisión de los términos es también necesaria una modificación al texto constitucional, en la parte en donde se establece “disfrutar de una vivienda digna y decorosa” por el de adquirir una vivienda adecuada; igualmente, se propone que la facultad que se da a la ley para establecer “los instrumentos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo” se transfiera al Estado, quién realmente es el responsable de implementar y ejecutar las políticas públicas (económicas y sociales) sobre el ramo de la vivienda.

La ONU calcula que hay más de 100 millones de personas sin hogar y más de mil millones alojadas en viviendas inadecuadas en todo el mundo. No existe indicación de que estén disminuyendo esas cifras.

Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de la Vivienda hasta el año 2000 en su párrafo cinco: el concepto de “vivienda adecuada”. Significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”.

Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia.

Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riegos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes.

La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centro de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. La vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes.

Es claro que la estructura del concepto “digna y decorosa” corresponde a un determinado tiempo histórico; por ello, es necesario actualizarlo con una leyenda que defina objetivamente el texto constitucional; más aún, cuando organismos, convenciones, acuerdos internacionales y otras constituciones manejan el término “vivienda adecuada”, mismo que también incluye espacio, accesos, servicios, seguridad, iluminación, ventilación e infraestructura básica adecuada, además de una situación adecuada en relación con el trabajo, todo ello a un costo razonable.

Como parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, México ha asumido obligaciones que se expresan en la relatoría de la 59 sesión de la Comisión de Derechos Humanos realizada en México los días 4 al 15 de marzo de 2003. En ella se establecen cuatro medidas para hace efectivo el derecho a una vivienda adecuada:

Respetar el derecho a una vivienda adecuada. La obligación de respetar el derecho a una vivienda adecuada exige al Estado y sus agentes abstenerse de llevar a cabo, patrocinar o tolerar, ya sea individualmente o en asociación con terceros, toda práctica, política o medida jurídica que viole el derecho o impida el acceso a la vivienda, los servicios, los materiales conexos y los recursos.

Proteger el derecho a una vivienda adecuada. La obligación de proteger el derecho a una vivienda adecuada exige que el Estado y sus agentes impidan la violación de ese derecho por el propio Estado, por personas, entidades privadas y otros actores no estatales.

Hacer efectivo el derecho a una vivienda adecuada. Las condiciones inadecuadas de vivienda reflejan y profundizan la denegación del derecho a una vivienda adecuada, lo que a su vez también afecta el goce de otros derechos, como el derecho a la salud, el agua, la educación y la alimentación. Realizar (facilitar) el derecho a una vivienda adecuada. La obligación del Estado de realizar (facilitar) el derecho a una vivienda adecuada significa que debe cumplir un papel activo en la puesta en marcha de actividades encaminadas a fortalecer el acceso de las personas a los recursos y los medios que les permitan ejercer su derecho a una vivienda adecuada, así como la utilización de esos recursos y medios. 6

Es entonces que el hecho de que organismos internacionales, regionales, nacionales aborden el tema de la vivienda permanentemente y con un sentido integral, indica la relevancia que tiene como derecho básico. Hasta lo que se ha podido observar en el acervo que existe sobre la vivienda, es que el concepto vivienda adecuada reúne una concepción integral, que le da indivisibilidad y universalidad al concepto. Ubicarlo como derecho constitucional significa fortalecerlo como un derecho pleno a la vivienda.

Lo justo sería que todos los mexicanos pudieran adquirir una vivienda adecuada y contar con el mecanismo de ley para proteger su patrimonio familiar. Mismo que dentro de los preceptos de igualdad constitucional debería de abarcar a todos los mexicanos. Por ello, el derecho debiera otorgarse a una vivienda, específicamente, la vivienda en donde se asienta la familia, y la cual se constituye de acuerdo con la capacidad económica que cada mexicano tiene para disponer de su propia vivienda.

También es preciso señalar que a principios de 2021 la Cámara de Diputados llevó a cabo un parlamento abierto sobre la pertinencia de modificar el párrafo VII del artículo 4o. constitucional para sustituir la frase vigente de “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”, por “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada”. 7

Las implicaciones de dicha propuesta actualizarían y armonizaría el derecho de acceso a la vivienda en México con relación a tratados internacionales para incluir una transversalidad en las políticas públicas en la materia y en los indicadores de acceso y disfrute de este derecho podrían ser evaluados por organismos internacionales en la materia.

Es pues improrrogable una profunda revisión sobre el artículo cuarto, párrafo séptimo, de la Constitución mexicana, para que todos los ciudadanos sean sujetos de ese derecho y la igualdad no sólo sea un referente del texto constitucional. Se trata de que todos los mexicanos puedan adquirir y asegurar una vivienda adecuada, esto es lo que puede darle sustento a la garantía constitucional.

Esta iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho de todo individuo a tener y proteger una vivienda adecuada debe ser consustancial al marco de igualdad que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la obligación del Estado de promoverla a través del financiamiento público y privado.

Por lo que se considera necesario reformar el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de asegurar el derecho de toda familia a adquirir una vivienda adecuada, y establecer que el Estado —federación, estados, Ciudad de México y municipios— establecerán los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

En Acción Nacional sabemos que es necesario establecer dentro de la Constitución, de forma precisa, no como una figura decorativa sino como un derecho establecido en la normatividad la obligación del Estado para proporcionar viviendas adecuadas a todos los mexicanos, adaptándolas en todo momento a las normas que exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que México forma parte.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 4o.. ...

...

...

...

...

...

Toda familia tiene derecho a adquirir una vivienda adecuada. El Estado —federación, estados, Ciudad de México y municipios— establecerán los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 José Alberto Del Rivero Del Rivero, Miguel Alberto Romero Pérez (2010), La vivienda como derecho constitucional, colección pensamientos y estudios jurídicos, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

2 Pisarello, Gerardo, Vivienda para todos: un derecho en (de) construcción. El derecho a una vivienda digna y adecuada como derecho exigible, cit., p. 25

3 Ibídem.

4 V. el folleto informativo número 21, El derecho humano a una vivienda adecuada, preparado por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, consultable en Internet: www. unhchr.ch

5 Folleto Informativo No. 21. El derecho Humano a una Vivienda Adecuada. Publicado por la ONU. Consultable en la página de Internet, www.unhchr.ch/spanish/html/menu6/2/fs21_sp.htm.

6 Kothari, Miloon, Los derechos económicos, sociales y culturales, relatoría sobre su visita a México referente a una vivienda adecuada como parte de un derecho a un nivel adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación, México 2003, p. 31

7 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2021.– Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a fin de establecer el derecho a adquirir una inmueble adecuado, suscrita por la diputada Gina Gerardina Campuzano González e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Gina Gerardina Campuzano González, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a fin de establecer el derecho a adquirir una vivienda adecuada, al tenor de la siguiente

El derecho a la vivienda ha sido uno de los menos estudiados por parte de la teoría constitucional. Si comparamos los análisis que existen sobre la libertad de expresión, sobre la no discriminación o sobre el medio ambiente, con los que se dedican al derecho a la vivienda, nos daremos cuenta de inmediato de la poca atención que ha merecido este derecho. i

En México en el séptimo párrafo del artículo 4 constitucional prevé el derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Para alcanzar tal objetivo, la Constitución ordena al legislador establecer los instrumentos y apoyos necesarios.

Tener una vivienda es desde los tiempos antiguos una condición necesaria para la supervivencia y para poder llevar una vida segura, autónoma e independiente. No solamente se trata de un derecho que persiga que cada persona pueda tener un lugar “para estar”o para dormir, sino que el derecho a la vivienda es una condición esencial para que puedan realizarse otros derechos, de modo que cuando no se cuenta con una vivienda los demás derechos pueden sufrir una grave amenaza. ii

La pretensión de una vivienda adecuada, en realidad, encierra un derecho compuesto, cuya vulneración acarrea la de otros derechos e intereses fundamentales. Su violación hace peligrar el derecho al trabajo, que se torna difícil de buscar, asegurar y mantener. Amenaza el derecho a la integridad física y mental, que se encuentran en permanente jaque cuando se vive bajo la presión de un alquiler que no se puede pagar. Dificulta el derecho a la educación, a la salud y al libre desarrollo de la personalidad, impracticables en cobijos abarrotados, carentes de las condiciones mínimas de habitabilidad. Menoscaba el derecho a elegir residencia, a la privacidad y a la vida familiar, y condiciona incluso los derechos de participación política.

El estado de derecho se fortalece cuando la norma se cumple, es decir; si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se vulnera por la ambigüedad y falta de actualización del texto o por las diferencias con la ley reglamentaria, la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones y en la ley, decrece y, la consolidación del estado de derecho se rezaga. Ante las imprecisiones de la ley, resulta imperativa una revisión a la Constitución y por consiguiente a la legislación secundaria por profesionales en la materia comprometidos con la visión de un México mejor, para realizar las modificaciones o reformas pertinentes con el objeto de que sea una realidad la consolidación del estado de derecho. iii

En el mismo texto constitucional se hace referencia “al derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. En la actualidad, estos últimos dos conceptos retienen una gran carga de moralidad e infieren más que un mandato, un referente de deseos.

Atendiendo a dicha reflexión, se sugiere cambiar el texto vivienda digna y decorosa por el de vivienda adecuada. Hoy, el concepto de vivienda adecuada se amplía y se va enriqueciendo por las aportaciones de los organismos internacionales y por constitucionalistas.

Asimismo, en la Estrategia Mundial de la Vivienda preparada por la ONU, la “ vivienda adecuada” se define “un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”. iv

Sobre la precisión de los términos es también necesaria una modificación al texto, en la parte en donde se establece “disfrutar de una vivienda digna y decorosa” por el de Adquirir una vivienda adecuada.

Las Naciones Unidas calculan que hay más de 100 millones de personas sin hogar y más de 1,000 millones alojadas en viviendas inadecuadas en todo el mundo. No existe indicación de que estén disminuyendo esas cifras.

Como ha reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de la Vivienda hasta el año 2000 en su párrafo cinco: “el concepto de “vivienda adecuada”..., significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable”.

Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia

Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riegos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes.

La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a las opciones de empleo, los servicios de atención de la salud, centro de atención para niños, escuelas y otros servicios sociales. La vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que amenazan el derecho a la salud de los habitantes.

Es claro que la estructura del concepto digna y decorosa corresponde a un determinado tiempo histórico; por ello, es necesario actualizarlo con una leyenda que defina objetivamente el texto constitucional y su legislación secundaria; más aún, cuando organismos, convenciones, acuerdos internacionales y otras constituciones manejan el término “vivienda adecuada”, mismo que también incluye espacio, accesos, servicios, seguridad, iluminación, ventilación e infraestructura básica adecuada, además de una situación adecuada en relación con el trabajo, todo ello a un costo razonable.

Como parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, México ha asumido obligaciones que se expresan en la relatoría de la 59 sesión de la Comisión de Derechos Humanos realizada en México los días 4 al 15 de marzo de 2003. En ella se establecen cuatro medidas para hace efectivo el derecho a una vivienda adecuada:

Respetar el derecho a una vivienda adecuada. La obligación de respetar el derecho a una vivienda adecuada exige al Estado y sus agentes abstenerse de llevar a cabo, patrocinar o tolerar, ya sea individualmente o en asociación con terceros, toda práctica, política o medida jurídica que viole el derecho o impida el acceso a la vivienda, los servicios, los materiales conexos y los recursos.

Proteger el derecho a una vivienda adecuada. La obligación de proteger el derecho a una vivienda adecuada exige que el Estado y sus agentes impidan la violación de ese derecho por el propio Estado, por personas, entidades privadas y otros actores no estatales.

Hacer efectivo el derecho a una vivienda adecuada. Las condiciones inadecuadas de vivienda reflejan y profundizan la denegación del derecho a una vivienda adecuada, lo que a su vez también afecta el goce de otros derechos, como el derecho a la salud, el agua, la educación y la alimentación. Realizar (facilitar) el derecho a una vivienda adecuada. La obligación del Estado de realizar (facilitar) el derecho a una vivienda adecuada significa que debe cumplir un papel activo en la puesta en marcha de actividades encaminadas a fortalecer el acceso de las personas a los recursos y los medios que les permitan ejercer su derecho a una vivienda adecuada, así como la utilización de esos recursos y medios. v

Es entonces, que el hecho de que organismos internacionales, regionales, nacionales aborden el tema de vivienda permanentemente y con un sentido integral, indica la relevancia que tiene como derecho básico. Hasta lo que se ha podido observar en el acervo que existe sobre la vivienda, es que el concepto vivienda adecuada reúne una concepción integral, que le da indivisibilidad y universalidad al concepto. Ubicarlo en la legislación mexicana significa fortalecerlo como un derecho pleno a la vivienda.

Lo justo sería que todos los mexicanos pudieran adquirir una vivienda adecuada y contar con el mecanismo de ley para proteger su patrimonio familiar. Mismo que dentro de los preceptos de igualdad constitucional debería de abarcar a todos los mexicanos. Por ello, el derecho debiera otorgarse a una vivienda, específicamente, la vivienda en donde se asienta la familia, y la cual se constituye de acuerdo con la capacidad económica que cada mexicano tiene para disponer de su propia vivienda.

También es preciso señalar que, a principios de 2021, la Cámara de Diputados llevó a cabo un parlamento abierto sobre la pertinencia de modificar el párrafo VII del artículo 4o. constitucional para sustituir la frase vigente de “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”, por “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada” y en su legislación secundaria en la materia. vi

Es entonces, que las implicaciones de dicha propuesta actualizarían y armonizaría el derecho de acceso a la vivienda en México con relación a tratados internacionales para incluir una transversalidad en las políticas públicas en la materia y en los indicadores de acceso y disfrute de este derecho podrían ser evaluados por organismos internacionales en la materia.

Es pues improrrogable una profunda revisión sobre el artículo cuarto, párrafo séptimo de la Constitución mexicana y respectiva legislación secundaria, para que todos los ciudadanos sean sujetos de ese derecho y la igualdad no sólo sea un referente del texto constitucional. Se trata de que todos los mexicanos puedan adquirir y asegurar una vivienda adecuada, esto es lo que puede darle sustento a la garantía constitucional.

Esta iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona a adquirir una vivienda adecuada debe ser consustancial al marco de igualdad que garantiza nuestra Carta Magna y es obligación del Estado de garantizarla.

Es por lo anterior que la presente iniciativa propone que se reforme el primer párrafo del artículo 1 de la Ley de Vivienda, para establecer que sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de una vivienda adecuada.

Asimismo, se considera necesario reformar el artículo 2 de la referida ley, para establecer que se considerará una vivienda adecuada la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

Atendiendo al espíritu de brindar mayor precisión en la política nacional de vivienda y mejoramiento, se propone reformar la fracción IX y XII del artículo 4 de la ley de vivienda, para precisar lo que se entenderá que, para los efectos de esta ley, especificando en su definición el terminó de vivienda adecuada.

La modificación al artículo 5 de la referida ley tiene el propósito de establecer que las políticas y los programas públicos de vivienda, así como los instrumentos y apoyos a la vivienda deberán considerar los distintos tipos y modalidades de producción habitacional, entre otras; propiciando que la oferta de una vivienda adecuada refleje los costos de suelo, de infraestructura, servicios, edificación, financiamiento y titulación más bajos de los mercados respectivos, para lo cual incorporarán medidas de información, competencia, transparencia y las demás que sean convenientes para lograr este propósito.

Además, se modifica la fracción I del artículo 19 de la ley en comento, con el propósito de establecer que corresponde a la comisión, formular y ejecutar su programa institucional, así como las disposiciones y reglas de operación necesarias para llevar a cabo las acciones de vivienda del gobierno federal orientadas a proteger y garantizar el derecho de las personas a disfrutar de una vivienda adecuada, principalmente de la población de menores ingresos o en situación de pobreza.

De la misma forma, se modifica la fracción IV del artículo 34 de la ley de vivienda, para establecer que, para cumplir con su objeto, la Comisión Intersecretarial tendrá entre sus funciones el conocer las evaluaciones de los programas de vivienda y de la aplicación de las acciones e inversiones intersectoriales para el logro de una vivienda adecuada, y en su caso, formular las propuestas correspondientes.

Por último, se modifica el primer párrafo del artículo 77 de la misma ley, para establecer que la Secretaría y la Comisión fomentarán la participación de los sectores público, social y privado en esquemas de financiamiento dirigidos al desarrollo y aplicación de ecotécnicas y de nuevas tecnologías en vivienda y saneamiento, principalmente de bajo costo y alta productividad, que cumplan con parámetros de certificación y cumplan con los principios de una vivienda adecuada.

En Acción Nacional sabemos que es necesario establecer dentro de la constitución y la legislación secundaria, de forma precisa, no como una figura decorativa sino como un derecho establecido en la normatividad la obligación del Estado para proporcionar viviendas adecuadas a todos los mexicanos, adaptándolas en todo momento a las normas que exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que México forma parte.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Vivienda

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 1, se reforma el artículo 2, la fracción IX y XII del artículo 4, se reforma el artículo 5, la fracción I del artículo 19, la fracción IV del artículo 34 y primer párrafo del artículo 77; todos de la Ley de Vivienda, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 1.- La presente ley es reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de una vivienda adecuada.

...

...

Artículo 2.- Se considerará una vivienda adecuada la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

Artículo 4.-...

I. a VIII. ...

IX. Mejoramiento de vivienda: la acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de ampliación, reparación, reforzamiento estructural o rehabilitación que propicien una vivienda adecuada;

X. a XI. ...

XII. Política Nacional de Vivienda: el conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos y medidas de carácter general que se establecen para coordinar las acciones de vivienda que realicen las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, así como su concertación con los sectores privado y social, con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional del derecho a una vivienda adecuada;

XIII. a XV. ...

Artículo 5.- Las políticas y los programas públicos de vivienda, así como los instrumentos y apoyos a la vivienda deberán considerar los distintos tipos y modalidades de producción habitacional, entre otras: la promovida empresarialmente y la autoproducida o autoconstruida, en propiedad, arrendamiento o en otras formas legítimas de tenencia, así como para las diversas necesidades habitacionales: adquisición o habilitación de suelo; lotes con servicios mínimos; parques de materiales; mejoramiento de vivienda; sustitución de vivienda; vivienda nueva; y, capacitación, asistencia integral e investigación de vivienda y suelo, propiciando que la oferta de una vivienda adecuada refleje los costos de suelo, de infraestructura, servicios, edificación, financiamiento y titulación más bajos de los mercados respectivos, para lo cual incorporarán medidas de información, competencia, transparencia y las demás que sean convenientes para lograr este propósito.

Artículo 19.-...

I. Formular y ejecutar su programa institucional, así como las disposiciones y reglas de operación necesarias para llevar a cabo las acciones de vivienda del gobierno federal orientadas a proteger y garantizar el derecho de las personas a disfrutar de una vivienda adecuada, principalmente de la población de menores ingresos o en situación de pobreza;

II. a XXV. ...

Artículo 34.-...

I. a III. ...

IV. Conocer las evaluaciones de los programas de vivienda y de la aplicación de las acciones e inversiones intersectoriales para el logro de una vivienda adecuada, en su caso, formular las propuestas correspondientes;

V. a VIII. ...

Artículo 77.- La Secretaría y la Comisión fomentarán la participación de los sectores público, social y privado en esquemas de financiamiento dirigidos al desarrollo y aplicación de ecotécnicas y de nuevas tecnologías en vivienda y saneamiento, principalmente de bajo costo y alta productividad, que cumplan con parámetros de certificación y cumplan con los principios de una vivienda adecuada.

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

i José Alberto del Rivero del Rivero, Miguel Alberto Romero Pérez (2010), La vivienda como derecho constitucional, colección pensamientos y estudios jurídicos, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

ii Pisarello, Gerardo, Vivienda para todos: un derecho en (de) construcción. El derecho a una vivienda digna y adecuada como derecho exigible, cit., página 25.

iii Ibídem.

iv Folleto informativo número 21. El derecho humano a una vivienda adecuada. Publicado por la ONU. Consultable en la página de Internet, www.unhchr.ch/spanish/html/menu6/2/fs21_sp.htm.

v Kothari, Miloon, Los derechos económicos, sociales y culturales, relatoría sobre su visita a México referente a una vivienda adecuada como parte de un derecho a un nivel adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación, México 2003, página 31.

vi Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2021.– Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Cynthia Iliana López Castro y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputados Cynthia López Castro y Rubén Ignacio Moreira Valdez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicional una fracción XXXIV al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Que nuestra Constitución fue pionera en el momento de su promulgación por su amplio contenido social, pero hoy algunas de nuestras normas jurídicas han quedado rezagadas del avance progresista que han tenido otros países, por ejemplo, en materia de licencias con goce de sueldo por luto.

Que la problemática relacionada con las licencias laborales que en ocasiones deben solicitar las y los trabajadores por cuestiones de índole familiar, como es el caso del deceso de alguno de sus familiares de primer grado, no se encuentra contemplada en el marco jurídico vigente.

Que, en ocasiones, la práctica está sujeta a la discreción del patrón y que este tipo de permisos por luto se convierten en una prestación extra laboral que puede depender de la empatía (o falta de) del patrón por el empleado.

Que debe ser la ley misma la que le ampare y garantice este derecho que debe ser un justo precepto que no dependa de la empatía o de la ausencia de ella.

Que de acuerdo con especialistas superar la muerte de un familiar cercano puede llevar por lo menos un año y medio, ya que el dolor emocional que esto causa es profundo y lacerante.

Que el derecho a la salud constituye uno de los derechos humanos fundamentales y conforme al artículo 4o. de la Constitución, toda persona tiene derecho a la protección de la salud; que la Ley General de Salud reconoce en su artículo 3, fracción VI a la salud mental como materia de salubridad general.

Que diversos estudios académicos y científicos demuestran que cada persona experimenta de manera distinta la pérdida de un ser querido. Posterior a su muerte, pasamos por una etapa que se conoce como duelo, durante la cual se experimenta una serie de sensaciones físicas, emocionales y espirituales. Incluso podemos requerir ayuda de un psicólogo o tanatólogo para transitar por las distintas etapas.

Que son varias las etapas de duelo que se deben atravesar para superar esta pérdida. La primera y más sofocante es el estado de shock, el cual es un mecanismo de defensa que el cuerpo activa y que ésta puede durar hasta meses.

Que, al lidiar con la pena de la pérdida de un ser cercano, es imprescindible atender las necesidades propias del fatal acontecimiento, como el funeral, el sepelio y los eventos religiosos en los primeros días posterior al fallecimiento.

Que se requiere tiempo para reorganizar la rutina de aquellos que le sobreviven; y que es una realidad que los trabajadores que atraviesan por este doloroso proceso necesitan de tiempo para atender lo que conlleva la muerte de un familiar.

Que quien sufre la pérdida debe disponer, necesariamente, de espacio y tiempo para llorar, pensar y recordar, darle sentido a lo ocurrido, permitirse trascender la pérdida abriendo espacios de reflexión, encontrando un porqué y para qué de ésta; asimismo es importante comer bien y descansar.

Que el lapso de tiempo adyacente a la pérdida de una familiar es fundamental para que el individuo mantenga un equilibrio emocional, lo cual, en última instancia, afectará el desempeño diario del trabajador.

Que la legislación laboral de países como Australia, Brasil, China, Colombia, España, Francia, Japón, Paraguay, Reino Unido contemplan una licencia por luto en los siguientes términos y tiempos:

Que los afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), gozan del derecho a una licencia con goce de sueldo por cinco días hábiles, para el trabajador por fallecimiento de un familiar en primer grado, con parentesco por consanguinidad, afinidad o su cónyuge (Condiciones Generales de Trabajo, en el artículo 55, fracción III).

Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación prevé una licencia con goce de sueldo hasta por cinco días hábiles, por el fallecimiento del cónyuge, concubina o concubinario, o de algún ascendiente o descendente en primer grado.

En este sentido, la propuesta de la iniciativa quedaría como se muestra a continuación:

Ley Federal del Trabajo

En atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por la que se adiciona una fracción XXXIV al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se adiciona al artículo 132 del capítulo I, con una fracción XXXIV, para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

I. a XXXIII. ...

XXXIV.Otorgar permiso por luto, de hasta cinco días laborales con goce de sueldo, a las y los trabajadores por muerte de padres, hijos, hermanos o cónyuge, así como de 1 a 3 días cuando se trate de los abuelos o padres del cónyuge.

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2021.– Diputadas y diputados: Cynthia Iliana López Castro, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Brasil Alberto Acosta Peña, Jazmín Jaimes Albarrán, Alan Castellanos Ramírez, Mariano González Aguirre, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena

Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo, en materia de paternidad, con base en la siguiente

La Organización de las Naciones Unidas, en materia de igualdad de género, en la Carta de las Naciones Unidas, capítulo I, “Propósitos y principios”, artículo 1, 1 establece:

Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión;

Como se advierte en el texto anterior, la igualdad y la no discriminación son principios esenciales de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada en 1945 por sus integrantes. 2

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en la Agenda 2030 para el Desarrollo, el concepto de no dejar a nadie atrás, 3  es uno de sus principios clave, para trabajar en materia de igualdad de género, es importante mencionar que actualmente, dicho programa ha implementado programas que permiten erradicar las desigualdades entre mujeres y hombres.

Todas las concepciones anteriores son consideradas en el capítulo de garantías individuales específicamente en el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer lo siguiente en su parte relativa: 4

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En el texto anterior se aprecia que la norma máxima, garantiza a todas las personas la igualdad de derechos humanos, prohibiendo la discriminación motivada por el género.

Así mismo en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, se establece que el Hombre y la Mujer son iguales ante la Ley. Y será ésta la que proteja la organización y el desarrollo de la familia. 5

La Ley General para la igualdad entre Mujeres y Hombres 6 tiene como objetivo regular y garantizar la igualdad de condiciones de hombres y mujeres, mediante mecanismos institucionales en el orden público nacional, además de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

En materia laboral, referente al tema de licencia de maternidad y paternidad, la Organización Internacional del Trabajo se encargó de elaborar el

Convenio número 156, de 1981, referido a la licencia por paternidad. En el artículo 1o. define que la convención se aplicará a los trabajadores y las trabajadoras que tengan hijos a su cargo. En 1981, cuando fue dictada la convención, ya se utilizó un lenguaje donde se habló de trabajadores y de trabajadoras. 7

En el artículo 8 se estableció que la responsabilidad familiar no debe ser causa de término de la relación laboral.

Como se aprecia, este convenio es muy importante, ya que se reconoce la necesidad de fomentar la igualdad entre el hombre y la mujer con responsabilidades familiares en el ámbito laboral, otorgando igualdad de oportunidades, igualdad de remuneración sin discriminación de sexo por una misma actividad, y se estableció que los problemas de los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, eran problemas que debían ser puestos en la agenda política de cada país.

El Early Institute menciona en Recomendaciones para implementar una política de permisos parentales en México 8 que diversos países implementaron los permisos de paternidad, por lo que actualmente los divide en tres grupos:

Países que tienen nueve meses o más de permiso parental: En los cuales podemos destacar a Austria, Bulgaria, Quebec en Canadá, República Checa y Suecia.

Países que proporcionan de cuatro a siete meses de permiso parental: varios países de Europa Occidental continental como España, pero también otros como Nueva Zelanda y Brasil.

Países que otorgan menos de cuatro meses de permiso parental, limitados al permiso por maternidad y un permiso por paternidad muy corto: entre los que se encuentra México, Australia, Canadá, Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos.

No obstante, la Constitución Política, al referirse al tema que se trata, en el Apartado A, fracción V, del artículo 123, sólo otorga los derechos de descanso a las mujeres.

La Ley Federal del Trabajo, 9  al reglamentar el precepto constitucional referido, en la fracción II del artículo 170, brinda a las mujeres trabajadoras un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto o adopción de hijos o hijas. Mientras que en su artículo 132, fracción XXVII Bis, otorga un permiso de paternidad de únicamente cinco días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores, por el nacimiento o adopción de sus hijos o hijas.

La legislación vigente no es acorde con las ideas de igualdad mencionadas en el cuerpo de la presente. El hecho de que permanezca la legislación vigente en el estado en que se encuentra, crea una situación de discriminación, lo que va en contra de principio de igualdad.

El permiso de paternidad otorgado en el país es insuficiente y requiere mejoras en su diseño, ya que persiste amplia diferencia entre mujeres y hombres respecto al tiempo que dedican al cuidado de los hijos, advierten especialistas de Early Institute, 10 dedicado a promover medidas de protección para la niñez y las familias en México.

El permiso de paternidad, tiene entre otras finalidades, combatir los estereotipos de género que presumen que las mujeres deben ser las responsables directas de la crianza y cuidado. Lograr una corresponsabilidad en el cuidado de los hijos sienta las bases para una mayor igualdad de género en el hogar y en la sociedad.

Extender el periodo de permiso de paternidad ha sido ampliamente recomendado por diversos organismos internacionales. La OIT menciona en la recomendación número 165 11 que es importante “adoptar diversas proposiciones relativas a la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares”.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recomendó al Estado mexicano ampliar los periodos de licencias de paternidad. 12

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia destaca en el informe Maternidad y paternidad en el lugar de trabajo en América Latina 13 que la protección de la maternidad y la paternidad, son fundamentales para lograr la salud maternal, paternal e infantil, sino también ayudan a fortalecer el tema de la igualdad de género.

México ha iniciado medidas en el propósito expuesto, mediante el acuerdo General de Administración número X/2021, 14 del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde concede licencia por paternidad por 90 días consecutivos, los cuales podrán solicitar a partir del nacimiento de la hija o del hijo, o dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de éste.

Por lo expuesto, como integrante del Grupo Parlamentario de Morena, manifiesto mi compromiso con las trabajadoras y los trabajadores, a fin de luchar por la igualdad de oportunidades que permita su desarrollo en el ámbito familiar. Por ello considero importante extender el permiso de paternidad.

La presente iniciativa tiene como propósito reformar la fracción XXVII Bis del artículo 132 del capítulo “Obligaciones de los patrones”, de la Ley Federal de Trabajo.

Para apreciar con claridad la pretensión legislativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Ley Federal del Trabajo

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo, en materia de paternidad

Único. Se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones

Fracción I. a la XXVII. ...

XXVII Bis. Otorgar licencia de paternidad de 60 días consecutivos con goce de sueldo a los trabajadores por el nacimiento de sus hijos y, de igual manera, en el caso de la adopción de un infante;

XXVIII. a XXXIII. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.un.org/es/about-us/un-charter/chapter-1

2 https://www.ohchr.org/SP/Issues/Women/WRGS/Pages/WRGSIndex. aspx

3 https://www1.undp.org/content/undp/es/home/gender-equality.html

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (diputados.gob.mx).

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (diputados.gob.mx).

6 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (diputados.gob.mx).

7 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB: 12100: 0:: NO:: P12100_ILO_CODE: C156

8 https://earlyinstitute.org/wp-content/uploads/2019/10/Recomendacio-nes-para-imp lementar-una-pol%C3%ADtica-de-permisos-parentales-en-M%C3%A9xico_.pdf

9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_310721.pdf

10 https://earlyinstitute.org/wp-content/uploads/2019/10/Recomendacio-nes-para-imp lementar-una-pol%C3%ADtica-de-permisos-parentales-en-M%C3%A9xico_.pdf

11 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB: 12100: 0:: NO:: P12100_ILO_CODE: R165

12 https://www.oecd.org/social/building-an-inclusive-mexico-9789264 265493-en.htm

13 https://www.unicef.org/lac/informes/maternidad-y-paternidad-en-el-lugar-de-trab ajo-en-ALC

14 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5631325&fecha=30/09/ 2021

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2021.– Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (rúbrica).»

«Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de esta soberanía el nombre de Gilberto Bosques Saldívar, suscrita por el diputado Mario Gerardo Riestra Piña e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Quinta Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, así como por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6 numeral 1, fracción I; 77; 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, me permito someter a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor de la honorable Cámara de Diputados, el nombre de “Gilberto Bosques Saldívar”, al tenor de la siguiente

A lo largo de la historia de México han surgido mujeres y hombres que han sobresalido y realizado grandes cambios en todos los sentidos en nuestro País, sus acciones y logros han trascendido, personas que sirvieron con integridad y convicción y cuyos nombres han quedado registrados en la historia mexicana.

“El tiempo del camino se lo damos al hombre. El tiempo del hombre se lo damos a la tierra. El tiempo de la verdad se lo damos al pueblo”. Gilberto Bosques.

Gilberto Bosques Saldívar nació en Chiautla de Tapia, en el estado de Puebla, el 20 de julio de 1892. Sus padres Cornelio C. Bosques y María de la Paz Saldívar. Fue un diplomático con gran vocación pedagógica. 1

En 1904 dejó su pueblo natal para ir a la capital poblana, con la intención de estudiar para maestro de educación primaria en el Instituto Normalista de Puebla: 2 sin embargo, interrumpió su formación en 1909 para participar en el movimiento revolucionario.

Participó en el movimiento revolucionario al lado de Aquiles Serdán y sus hermanos en 1910. En 1913 formó parte y dirigió un sector estudiantil y magisterial contra Victoriano Huerta. Un años después, organizó y compartió el mando del Cuerpo de Voluntarios de San Carlos para oponerse a la invasión estadounidense al puerto de Veracruz.

En 1915, organizó y presidió el Primer Congreso Pedagógico Nacional, en Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, “para marcar nuevos rumbos a la escuela” donde se planteó una importante reforma educativa, como antecedente del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3

Tras el triunfo de la Revolución ingresó a la política y la administración pública; primero en el ámbito local, en Puebla, primero como diputado en la XXIII Legislatura del estado de Puebla por el 2o. Distrito Electoral de la capital (1917-1919). Fue secretario general del gobierno del estado de Puebla en 1921 y tesorero general del estado en 1922.

Posteriormente, en el ámbito federal, fue diputado propietario al Congreso de la Unión por el Distrito Electoral Izúcar de Matamoros-Chiautla de Tapia (1922-1924).

Prestó sus servicios como periodista en el Departamento de Prensa de la Secretaría de Educación Pública (1929). Fue fundador y jefe de Redacción de “Economía Nacional” revista mensual de estudios económicos (1930); traductor poliglota del Departamento de Prensa y editorialista de asuntos económicos de la estación radiodifusora (XFI) de la Secretaría de Industria y Comercio (1930-1932); jefe de Enseñanza Técnica para Mujeres en el Departamento de Enseñanza Técnica de la Secretaría de Educación Pública. (1932-1934). Profesor y jefe de clases de lengua española en la Escuela Superior de Construcción (1933-1934).

En 1934, Diputado propietario al Congreso de la Unión por el Distrito Electoral de Chiautla de Tapia-Acatlán de Osorio; y como presidente del Congreso de la Unión, respondió al primer informe de Gobierno del presidente Lázaro Cárdenas.

El presidente Lázaro Cárdenas los nombró cónsul general de México en Francia (1939 a 1944), con la encomienda de ayudar a los connacionales inmersos en el conflicto de la segunda guerra mundial, y a republicanos españoles que huían del franquismo y los judíos y personas en peligro ante la intervención de la Alemania Nazi en aquel país. 4 Durante su gestión logró ayudar a miles de personas, ayudo a liberar del régimen fascista a miles de judíos, españoles, franceses, libaneses e italianos; emitió alrededor de 40 mil visas a mujeres y hombres para migrar a México.

Su gran labor humanitaria es reconocida a nivel internacional, gracias a él miles de personas encontraron refugio e iniciaron una nueva vida. Con su misión personal, la cual cumplió con toda pasión y conciencia, hizo “deber de la política exterior mexicana salvar a cuanto refugiado antifascista tocara las puertas del consulado mexicano”. 5

Cuando México rompió relaciones diplomáticas con el gobierno de Vichy, el consulado fue tomado por tropas alemanas. Bosques, su esposa y sus tres hijos, así como el personal del consulado, fueron trasladados a Bad Godesberg, donde fueron recluidos. Después de poco más de un año, en 1943, los mexicanos fueron canjeados por prisioneros alemanes mediante gestión realizada por el presidente Manuel Ávila Camacho. Bosques regresó a México en abril de 1944.

Posteriormente, seria ministro extraordinario y plenipotenciario en Portugal (1945-1949) en Suecia y Finlandia (1949-1953); y embajador en Cuba de 1953 a 1964.

En 1988, su nombre fue grabado con letras de oro en el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Gilberto Bosques falleció a los 102 años de edad, un 4 de julio de 1995, en la Ciudad de México.

En 2013, se creó el Premio en Derechos Humanos “Gilberto Bosques”, por los cincuenta años del Tratado de Eliseo; impulsado por las embajadas de Francia y Alemania en México.

Dada su gran labor, humanismo y trayectoria, es que se busca hacer un homenaje a este gran poblano que participó en la vida nacional, apoyando siempre a las personas, desde sus diferentes trincheras: levantando armas, en el magisterio, en el periodismo, desde la tribuna, la catedra y la diplomacia.

Por lo que, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor de la honorable Cámara de Diputados, el nombre de “Gilberto Bosques Saldívar”

Único.- Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor de la honorable Cámara de Diputados, el nombre de “Gilberto Bosques Saldívar”, como homenaje a su gran labor, humanismo y trayectoria.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/inicio/gilberto

2 Ídem

3 ENSAYOGBSOK.pdf (congresopuebla.gob.mx)

https://www.congresopuebla.gob.mx/docs/transparencia/publicacion es/ENSAYOGBSOK.pdf

4 https://cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/0336-18

5 https://www.gob.mx/sre/prensa/la-secretaria-de-relaciones-exteriores-honra-la-m emoria-de-don-gilberto-bosques-saldivar?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2021.– Diputados: Mario Gerardo Riestra Piña, Salvador Caro Cabrera (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 54 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, suscrita por los diputados Araceli Ocampo Manzanares y Rafael Hernández Villalpando, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Araceli Ocampo Manzanares y Rafael Hernández Villalpando, diputados federales de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 54 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional con base en la siguiente

El 25 de febrero de 2017, entró en vigor la reforma constitucional al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral y libertad sindical, por la cual se establecieron los principios de la implementación de un nuevo modelo de impartición de justicia laboral y el derecho a la libertad sindical en nuestro país.

El 1 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado b) del artículo 123 Constitucional, a efecto de armonizar la legislación secundaria a la reforma constitucional mencionada y a la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo.

Esta reforma laboral tuvo como finalidad la de garantizar los derechos laborales y sindicales de los trabajadores pertenecientes al apartado B del artículo 123 Constitucional, propiciando la pluralidad de las organizaciones sindicales de los trabajadores y así estos puedan mediante la libre filiación elegir la organización que más se identifique con sus intereses; escoger libremente a sus dirigentes, mediante voto libre, secreto, personal y directo así como solicitar y defender el crecimiento de sus derechos laborales.

No obstante, anteriormente el tema de la libertad sindical ya había sido abordado por los órganos jurisdiccionales, sentando precedentes en el que se reconoció la inconstitucionalidad de la Sindicación Única, tal y como se resolvió con la siguiente tesis jurisprudencial:

“Sindicación única. Las leyes o estatutos que la prevén, violan la libertad sindical consagrada en el artículo 123, Apartado B, fracción X, constitucional. El artículo 123 constitucional consagra la libertad sindical con un sentido pleno de universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse y reconociendo un derecho colectivo, una vez que el sindicato adquiere existencia y personalidad propias. Dicha libertad debe entenderse en sus tres aspectos fundamentales: 1. Un aspecto positivo que consiste en la facultad del trabajador para ingresar a un sindicato ya integrado o constituir uno nuevo; 2. Un aspecto negativo, que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse a sindicato alguno; y 3. La libertad de separación o renuncia de formar parte de la asociación. Ahora bien, el mandamiento de un solo sindicato de burócratas por dependencia gubernativa que establezcan las leyes o estatutos laborales, viola la garantía social de libre sindicación de los trabajadores prevista en el artículo 123, apartado B, fracción X, de la Constitución Federal de la República, toda vez que al regular la sindicación única restringe la libertad de asociación de los trabajadores para la defensa de sus intereses. 1

Ahora bien, la armonización de la reforma constitucional en materia de justicia laboral y libre sindicación, estimamos no quedó suficientemente colmada en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, ya que algunas disposiciones, concretamente la que se refiere a la conformación de las Comisiones Mixtas de Escalafón que existen en cada dependencia, toda vez que se sigue aludiendo a la participación de solo un sindicato, lo cual contraviene el espíritu de la reforma constitucional citada así como los convenios de la OIT ratificados por nuestro país en materia de libertad sindical.

De hecho, existen antecedentes de litigio por el que se ha combatido el trato discriminatorio que subsiste desde la ley al excluir a sindicatos independientes para formar parte de las comisiones mixtas, dando origen a la concesión del Amparo y Protección de la justicia de la Unión, como se describe en la siguiente tesis aislada emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito:

Trabajadores al servicio del Estado. El artículo 54 de la ley federal relativa, al disponer implícitamente la sindicación única para la conformación y funcionamiento de la Comisión Mixta de Escalafón en cada dependencia gubernamental, viola el artículo 123, Apartado B, fracciones VIII y X, de la Constitución federal y el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XLV/99, de rubro: “Sindicación única. El artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, viola la libertad sindical consagrada en el artículo 123, Apartado B, fracción X, constitucional”, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, página 28, interpretó el concepto de libertad sindical contenido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus alcances; por lo que determinó que el mandamiento de un solo sindicato por dependencia del gobierno contenido en el artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, viola la garantía de libre sindicación de los trabajadores prevista en el apartado B, fracción X, del aludido artículo 123, toda vez que aquél, al regular la sindicación única, restringe la libertad de asociación de los trabajadores para la defensa de sus intereses y, en ese sentido, declaró la inconstitucionalidad de dicho numeral. Ahora bien, del análisis del artículo 54 del mismo ordenamiento, se obtiene que para la integración de la Comisión Mixta de Escalafón que funcionará en cada dependencia, ésta se formará con igual número de representantes del titular de la dependencia y del sindicato, por lo que este precepto retoma lo establecido en el numeral 68, que dispone la sindicación única, al aludir sólo a un sindicato, lo que prohíbe tácitamente el registro y existencia de otro y, en el punto de que se trata, en relación con el referido artículo 54, se limita el derecho para conformar la citada comisión, lo que también transgrede el derecho del sindicato minoritario a la participación en cuanto a la conformación y funcionamiento de aquélla, haciendo nugatorio el derecho a la libertad sindical, pues ahora se prevé la existencia de más de un sindicato dentro de cada dependencia. Por tanto, el referido artículo 54, al establecer que la integración de la Comisión Mixta de Escalafón se conformará con igual número de representantes del titular de la dependencia y del sindicato, transgrede el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y el citado artículo 123, apartado B, fracciones VIII y X, por lo que al disponer implícitamente la sindicación única viola la libertad sindical, como acto reflejo de lo dispuesto en el diverso numeral 68, que al haberse declarado inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se surte la aplicabilidad del principio ahí contenido; por ende, debe prevalecer el derecho cuyo alcance fue definido, pues de considerar lo contrario, implicaría una violación de los derechos fundamentales tutelados por el orden jurídico nacional. 2

Es por ello, que se propone modificar el artículo 54 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a fin de sistematizar el orden jurídico secundario con lo dispuesto al artículo 123 y 133 de la Constitución Federal, a efecto de atender el bloque de constitucionalidad y la interpretación conforme, tal y como lo ha sostenido el máximo tribunal en la siguiente tesis:

Derechos humanos reconocidos tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales. para determinar su contenido y alcance debe acudirse a ambas fuentes, favoreciendo a las personas la protección más amplia. Acorde con lo sostenido por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, ya que se integran al catálogo de derechos que funciona como un parámetro de regularidad constitucional. Por tanto, cuando un derecho humano esté reconocido tanto en la Constitución Federal, como en los tratados internacionales, debe acudirse a ambas fuentes para determinar su contenido y alcance, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; en el entendido de que cuando exista en la Constitución una restricción expresa al ejercicio de un derecho humano, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional. 3

Con esta reforma se dá certeza a las organizaciones sindicales constituidas conforme a la Ley, sobre el derecho que tienen de formar parte en la comisión de escalafón de su dependencia, y con ello fortalecer la libertad sindical y los principios contenidos en los convenios de la OIT, evitando las categorías sospechosas de discriminación las cuales deben ser atacadas y erradicadas conforme al artículo primero de nuestra ley fundamental.

En este orden de ideas, podemos observar que la libertad sindical ha sido un derecho que emergió del avance democrático laboral en el orbe, y nuestro país ha suscrito dicho avance mediante la ratificación de los convenios 87 y 98 de la OIT, por ello es deber de los legisladores proponer la adecuación de los instrumentos internacionales suscritos que contienen la protección de derechos humanos, y en este caso se propone incorporar el vocablo “sindicatos” en el artículo 54 de la ley burocrática en comento, para suprimir la alusión a un solo sindicato, evitando así la trasgresión a los derechos de todos los sindicatos constituidos y garantizando el derecho colectivo de las y los trabajadores del Estado.

Así las cosas, se propone reformar el artículo 54 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado b) del Artículo 123 Constitucional de la siguiente manera:

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Único. Se reforma el artículo 54, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional para quedar como sigue:

Artículo 54. En cada dependencia funcionará una Comisión Mixta de Escalafón, integrada con igual número de representantes del titular y del sindicato o de los sindicatos, en su caso, de acuerdo con las necesidades de la misma Unidad, quienes designarán un árbitro que decida los casos de empate. Si no hay acuerdo, la designación la hará el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en un término que no excederá de diez días y de una lista de cuatro candidatos que las partes en conflicto le propongan.

Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Tesis: P./J. 43/99, Registro digital: 193868, Instancia: Pleno, Novena Época, Materia(s): Constitucional, Laboral, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de 1999, página 5

2 Tesis: I.13o.T.43 L (10a.), Registro digital: 2002211, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materia(s): Constitucional, Laboral, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3, página 1973, Tipo: Aislada

3 Tesis: 1a./J. 29/2015, (10a.), Décima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Pág. 240, Jurisprudencia (Constitucional)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 4 de noviembre de 2021.– Diputada y diputado: Araceli Ocampo Manzanares, Rafael Hernández Villalpando (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Itzel Josefina Balderas Hernández e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Itzel Josefina Balderas Hernández, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso w) a la fracción II del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente

El cáncer es un padecimiento que se caracteriza por el desarrollo de células anormales que se dividen sin control y tienen la capacidad de infiltrarse y destruir el tejido corporal normal, la mayoría de los cánceres forman una masa referida como tumor o crecimiento. 1

A nivel mundial, el cáncer provoca la muerte de casi 9 millones de personas donde nuestro país suma un fuerte porcentaje en esta cifra, resultando los más comunes la leucemia, hígado, cérvico uterino, mama y pulmón.

Haciendo referencia al cáncer infantil a pesar de los datos duros en nuestro país, no se ha logrado otorgar los tratamientos y medicamentos necesarios para reducir este mal, como prueba de ello tenemos las múltiples manifestaciones realizadas por las y los padres de niñas y niños con cáncer, además, de los más de 220 amparos tramitados en todo el territorio mexicano.

De acuerdo con los datos del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes, las tasas de incidencia (por millón) hasta 2017 fueron 89.6 nacional, 111.4 en niños (0 a 9 años) y 68.1 en Adolescentes (10 a 19 años). 2

Por grupo de edad, el grupo de cero a cuatro presentó la mayor tasa de incidencia con 135.8. 3

Derivado de lo anterior, el cáncer infantil se ha convertido en un severo problema de salud público constituyendo la segunda causa de muerte y, la primera por enfermedad en niños de cinco a 14 años, produciendo cada año la muerte de más de dos mil menores (CENSIA). 4

Por otra parte, el cáncer de mama es considerado como la primera causa de muerte entre mujeres, ya que, durante 2019 por cada 100 mil mujeres de 20 años o más se reportaron 35.24 casos nuevos de cáncer de mama, resultando que entre las mujeres que fallecen por este mal 1 por ciento fue de 15 a 29 años, 13 por ciento entre 30 a 44 años y más de la tercera parte (38 por ciento), está entre los 45 a 59 años; la mayoría falleció después de los 59 años con un 48 por ciento. 5

El pasado 2 de febrero del 2021, Andre Ilbawi, especialista en cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en una conferencia de prensa refirió que se convirtió en el tipo de cáncer más frecuente del mundo demostrando que con la garantía al acceso oportuno, gratuito e igualitario a los sistemas de prevención y tratamiento salvarían anualmente hasta 3.7 millones de vidas. 6

El presupuesto asignado durante este año al Instituto Nacional para el Bienestar (Insabi) fue incrementado 4.5 por ciento respecto a lo asignado en el Seguro Popular, sin embargo, no es suficiente para cubrir la atención de 14.4 millones de personas adicionales que se afiliaron a este subsistema, sin embargo, este aumento se traduce a un gasto real de 2 mil 911 pesos por persona, 20.4 por ciento menos que en 2019 con el Seguro Popular.

El goce a la salud es un derecho fundamental reconocido en todo nuestro sistema jurídico mexicano, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2, inciso B fracción III, para asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional. 7

Artículo 4o. constitucional “Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”. 8

Refiriendo a la protección de niñas y niños, (artículo 4), “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. 9

“Ley General de Salud

Artículo 1. “y reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general”.

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán:

...

“II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y

...” 10

Aunado a lo anterior, considerando que el Plan Nacional de Desarrollo establece en el eje de política y gobierno, la garantía de empleo, educación, salud y bienestar, 11 el gobierno mexicano tiene el compromiso para asegurar la salud de las niñas, niños, adolescentes y mujeres mexicanas por lo que debe considerar la asignación de los recursos necesarios para fortalecer la prevención y, otorgar los tratamientos necesarios tanto para el cáncer infantil como el cáncer de mama.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un inciso w) a la fracción II del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo Único. Se adiciona un inciso w) a la fracción II del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 41. El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá:

I. ...

II. El proyecto de decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán:

a) a v) ...

w) Las previsiones del gasto destinados a la garantía del abastecimiento eficiente e igualitario de tratamientos y medicamentos para niñas, niños, adolescentes y mujeres, así como, la prevención y diagnóstico oportuno referente al cáncer infantil y de mama.

III. ...

a) a d) ...

...

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.cancer.org/es/cancer/aspectos-basicos-sobre-el-cancer/ que-es-el-cancer.html

2 https://www.gob.mx/salud%7Ccensia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130956#:~ : text=De%20acuerdo%20con%20los%20datos, (10%2D19%20a%C3%B1os).

3 https://www.gob.mx/salud%7Ccensia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130956#:~ : text=De%20acuerdo%20con%20los%20datos, (10%2D19%20a%C3%B1os).

4 https://www.gaceta.unam.mx/cancer-infantil-con-alto-potencial-de-curacion/

5 https://codigof.mx/el-cancer-de-mama-rebasa-globalmente-al-de-pul-mon-en-incide ncia-y-diagnostico/

6 https://codigof.mx/el-cancer-de-mama-se-convierte-en-el-mas-frecuen-te-a-nivel- mundial/

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf

8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf

9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf

10 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110121. pdf

11 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha= 12/07/2019

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2021.– Diputada Itzel Josefina Balderas Hernández (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe Evangelina Moreno Guerra, diputada de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de pueblos y comunidades indígenas, conforme a la siguiente:

Que el profesor Rodolfo Stavenhagen en su experiencia como Relator de Naciones Unidas sobre las cuestiones indígenas definía que el problema de la administración de justicia para los pueblos indígenas, así como su calificación ante la ley penal, tenía que ver con los desafíos doctrinarios y prácticos de mayor trascendencia para las legislaciones latinoamericanas:

“El primer “problema que se planteaba es el de la existencia o no de una legislación penal particular para los indígenas. La segunda cuestión, que divide a la doctrina penal, se refiere a la imputabilidad o inimputabilidad del indígena frente a la sanción. En este caso estamos en presencia de un reto formidable: porque si la comisión de un delito es un proceso psicosocial, entonces puede aducirse irresponsabilidad penal del indígena en cuanto desconoce los resultados de su acción delictiva, situación que viene condicionada por su diferencia cultura, el desconocimiento de la ley y el reconocimiento de su derecho consuetudinario. En fin, prácticas, hábitos y valores distintos a los que el Estado (como depositario de la capacidad de sanción) trata de arrogarse e imponer homogéneamente a todo el Estado nacional” (2012: 83).

Situación que se viene a ensombrecer con la falta de procedimientos claros en el derecho penal, sobre todo, cuando se trata del tema relacionados con los derechos adjetivos. Recordemos que el 5 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se reconoció el procedimiento especial de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Artículo 420. Pueblos y comunidades indígenas. Cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros, y tanto el imputado como la víctima, o en su caso sus familiares, acepten el modo en el que la comunidad, conforme a sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos proponga resolver el conflicto, se declarará la extinción de la acción penal, salvo en los casos en que la solución no considere la perspectiva de género, afecte la dignidad de las personas, el interés superior de los niños y las niñas o del derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer.

En estos casos, cualquier miembro de la comunidad indígena podrá solicitar que así se declare ante el Juez competente.

Se excluyen de lo anterior, los delitos previstos para prisión preventiva oficiosa en este Código y en la legislación aplicable.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 2º, Apartado A, el reconocimiento y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para “Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes” (Fracción II, Apartado A, Artículo 2o.).

En este tenor, la propuesta que aquí se presenta tiene que ver con el reconocimiento del derecho indígena a la par del derecho mexicano. Esto es, un derecho indígena compuesto por sus normas, instituciones y procedimientos, un reconocimiento que en el fondo fortalece el pluralismo jurídico en nuestro país.

Asimismo, se propone que las autoridades de los tribunales constitucionales y locales tengan la capacidad de comprender el derecho indígena desde una visión intercultural y bajo la metodología interseccional. Esto es, entender la cultura jurídica indígena frente a la cultura jurídica del derecho positivo mexicano. En esta misma tesitura, se plantea que las autoridades tengan la capacidad de realizar una interpretación desde la interseccionalidad, a fin de reconocer la regulación y solución de conflictos indígenas. Por último, se plantea en la propuesta establecer el principio non bis in ídem, lo que implica manifestar en un sentido material que nadie puede ser castigado dos veces por el mismo delito.

En la reforma se reconoce la justicia indígena comunitaria, de acuerdo al derecho indígena, a fin de armonizar con lo establecido en el derecho internacional. De la misma manera, se busca establecer que cuando las personas indígenas opten por la jurisdicción ordinaria, el estado deberá garantizar que sea asistido, durante todas las etapas del proceso penal, por un perito especializado en derecho indígena y cultura jurídica indígena, a fin de que coadyuve a comprender los conocimientos, actitudes, comportamientos y razonamientos jurídicos del pueblo y la comunidad indígena.

Finalmente, esta propuesta contribuirá al fortalecimiento del reconocimiento del pluralismo jurídico en nuestro país. Por lo que el espíritu de la reforma coadyuva a repensar una nueva concepción de la justicia indígena y mexicana, pues abriría la puerta y los puentes para contar con los canales indispensables del derecho penal mexicano y el derecho indígena.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de pueblos y comunidades indígenas.

Único. Se reforma el artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de pueblos y comunidades indígenas, para queda como sigue:

Artículo 420. Pueblos y comunidades indígenas

Cuando se trate de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o bienes personales de alguno de sus miembros, y tanto el imputado como la víctima, o en su caso sus familiares, acepten el modo en el que la comunidad, conforme a su derecho indígena, compuesto por sus normas, instituciones y procedimientos, para la regulación y solución de sus conflictos internos proponga resolver el conflicto, se declarará la extinción de la acción penal, salvo en los casos en que la solución no considere la perspectiva de género, afecte la dignidad de las personas, el interés superior de los niños y las niñas o del derecho a una vida libre de violencia hacia la mujer.

En estos casos, cualquier miembro de la comunidad indígena podrá solicitar que así se declare ante el Juez competente.

Los tribunales deberán tener la capacidad de ejecutar interculturalmente el derecho indígena y aplicar el principio non bis in idem. Por lo que se reconoce la justicia indígena. En caso de que se opte por la jurisdicción ordinaria, la persona indígena será asistido durante todas las etapas por un perito especializado en derecho indígena y cultura jurídica indígena, a fin de que coadyuve a comprender los conocimientos, actitudes, comportamientos y razonamientos jurídicos del pueblo indígena.

Se excluyen de lo anterior, los delitos previstos para prisión preventiva oficiosa en este Código y en la legislación aplicable.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.– Diputada Evangelina Moreno Guerra (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Susana Cano González, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada federal Susana Cano González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en materia de erradicación de la discriminación, al tenor de lo siguiente:

La presente reforma se encuentra integrada con tres vertientes encaminadas a una concepción de un ordenamiento normativo, formado por la universalidad, progresividad e igualdad, de su contenido. Comenzando con el primer término, el conjunto de derechos que hoy denominamos como “humanos” deben ser ejercidos para todas las mujeres y todos lo hombres, debido a su alcance jurídico de reconocimiento de los valores y principios ínstesenos que las leyes deben conservar ante cualquier circunstancia, pues de lo contrario podría implicar una sería decadencia en cuanto a las reformas consistentes en el perfeccionamiento conceptual e intelectual, para poder formar figuras de derecho que garanticen el ejercicio de la suma de derechos de cada ciudadana y ciudadana de nuestro país.

De evitar el método científico, que ayude a la creación de normas prescriptivas, podríamos entrar al mundo de ordenamientos normativos en exceso conceptuales, como por ejemplo el derecho usado durante la Alemania de 1939 a 1942, que encasilló a un punto extremo la reflexión argumentativa de los preceptos jurídicos, doblando una simulación ordenativa a un imperativa que terminó fracasando por su exceso de antinomias en las leyes. De allí la consecuente importancia, para motivar que tanto la progresividad como igualdad, deben entenderse como la base para construir una exponencial estructura normativa que tenga como fin el continuar perfeccionando nuestra Carta Magna, para erradicar la violación a los derechos humanos, una muestra de está macro visión, se haya en el artículo 1o. constitucional, pues en su calidad de ser uno de los fundamentos de la máxima compilación de derechos de nuestro país, reúne a principios de interpretación y aplicación de las obligaciones en materia de derechos humanos, que según el maestro José Luis Caballero Ochoa, deben ser considerados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en sus niveles federal, local y municipal.

Solo de esa manera la concepción de un principio revolucionario como el “pro persona” ha permitido que se tome una nueva postura ante la aplicación pragmática de las leyes, dejando de lado las clásicas dependencias del stricto sensu ius positivista, y de esa forma encaminando la redacción de los textos normativos, a un pensamiento critico prudencial de integrar a la igualdad, progresividad y universalidad dentro del lenguaje jurídico.

La expedición de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LD, en lo que sigue), aunque a primera vista no tenga demasiada trascendencia, está llamada a ser, en el mediano y largo plazos, uno de los hechos más relevantes del proceso de democratización de México. La razón fundamental de su importancia radica en el hecho de que se trata de un instrumento jurídico de primer nivel para lograr una “democracia de contenidos”, es decir, una democracia que no se quede en las puras formas electorales, sino que genere sentidos de convivencia apropiados para una sociedad en la que todos sus habitantes se consideren y sean tratados como iguales. 1

Por ende, la presente reforma se origina de manera puntual en la necesidad, de hacer una realidad los principios que mantienen viva el alma del constitucionalismo de nuestro país, y por consiguiente debe existir una permanente actualización en cuanto al lenguaje jurídico de los ordenamientos normativos, especialmente en los que se particularizan a regularizar temas de impera importancia como la proscripción de la discriminación.

Objetivo de la Iniciativa

Con la aprobación de la presente reforma se pretende hacer una integración sustancial, que, a través de la interpretación del eje rector de los principios de igualdad, progresividad y universalidad del derecho, permite cubrir las lagunas encontradas en el artículo segundo del ordenamiento normativo presente.

No hace falta volver a citar a Humboldt para recordar la arraigada persistencia de la desigualdad dentro del conjunto de la sociedad mexicana. Solamente desde una visión estrechamente jurídica o políticamente cínica se puede decir que en el pasado e incluso hoy en día todos los habitantes de México somos iguales en nuestros derechos fundamentales. Basta con mirar la realidad para darnos cuenta de que esa igualdad no pasa, en la práctica, de las declamaciones retóricas que con tanta frecuencia se han utilizado para explicar el funcionamiento distorsionado, injusto e inaceptable de nuestra sociedad y de nuestro precario desarrollo constitucional. 2

Hasta el presente punto, la motivación y fundamentación que se ha puntualizado estructura de manera muy puntual, la importancia de las modificaciones que se realizan a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, pues su impacto visto desde una visión de argumentación legislativa, podrá actualizar de manera pragmática el ordenamiento normativo, con una perspectiva de efectividad jurídica y horizontal.

Por lo anteriormente expuesto y para mayor claridad presentamos el siguiente cuadro comparativo con nuestra propuesta de reforma:

Por lo anterior expuesto, presentamos el siguiente:

Único. Se reforma el artículo 2 de Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 2. Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar todos aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas, así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán, salvaguardaran e impulsarán la participación de las autoridades de los demás órdenes de gobierno y de las personas particulares en la eliminación de dichos obstáculos.

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Notas

1 Revista de Derecho de la Facultad de Derecho UNAM, Carbonell, México, 2005.

2 Revista de Derecho de la Facultad de Derecho UNAM, Carbonell, México, 2005.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2021.– Diputadas: Celestina Castillo Secundino, Susana Cano González (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de la madre tierra o naturaleza como un sistema vivo, dinámico y único en el cual se inicia, desarrolla y reproduce la vida, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 76, 77, 78 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de reconocer los principios ambientales, de acuerdo con la siguiente

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.

El tema ambiental se ha convertido en un asunto de importancia para la humanidad, a grado tal que estamos prácticamente en un punto de no retorno. O nos comprometemos realmente a proteger al planeta y dar marcha atrás al daño ambiental que hemos ocasionado, o la viabilidad de la especie humana sobre la faz de la tierra podrá verse totalmente comprometida.

El Foro Económico Mundial en su “Informe de Riesgos Globales 2021” 1 vislumbra a los problemas ambientales como los riesgos más probables dentro de los próximos diez años, en los términos siguientes:

“Entre los riesgos más probables de los próximos diez años están: los fenómenos meteorológicos extremos, el fracaso en la acción por el clima, los daños ambientales provocados por el ser humano, la concentración del poder digital, la desigualdad digital y la falta de ciberseguridad.” Por otro lado, entre los riesgos con mayor impacto de la próxima década encontramos: las enfermedades infecciosas, seguidas del fracaso en la acción por el clima y otros riesgos ambientales, las armas de destrucción masiva, las crisis de medios de subsistencia, las crisis de deuda y la ruptura de infraestructuras de tecnologías de la información.

En lo relativo al horizonte temporal en el que estos riesgos pasan a suponer un peligro grave para el mundo, las amenazas más inminentes (las más probables en los próximos dos años) son las siguientes: las crisis de empleo y de medios de subsistencia, la desilusión generalizada entre los jóvenes, la desigualdad digital, el estancamiento económico, los daños ambientales provocados por el ser humano, la erosión de la cohesión social y los ataques terroristas.

En el horizonte de 3 a 5 años encontramos riesgos económicos, como las burbujas de activos, la inestabilidad de los precios, las perturbaciones en las materias primas y las crisis de la deuda; seguidos de los riesgos geopolíticos, como los conflictos y las relaciones interestatales, y la geopolitización de los recursos. En el horizonte de 5-10 años predominan los riesgos ambientales, como la pérdida de biodiversidad, las crisis de recursos naturales y el fracaso en la acción por el clima; junto con las armas de destrucción masiva, los efectos adversos de la tecnología y el colapso de Estados o instituciones multilaterales.

(...)

El clima continúa siendo un riesgo inminente por el debilitamiento de la cooperación mundial El cambio climático, al que nadie es inmune, sigue siendo un riesgo catastrófico. Aunque los confinamientos decretados en todo el mundo causaron la caída de las emisiones mundiales en el primer semestre de 2020, la crisis financiera de 2008- 2009 dejó patente que las emisiones podrían repuntar. El cambio hacia economías más respetuosas con el medioambiente no puede retrasarse hasta que remitan las crisis provocadas por la pandemia. El “fracaso en la acción por el clima” es el riesgo a largo plazo con un mayor impacto y el segundo más probable que se identificó en la GRPS.

(...) (sic)

La degradación que hemos ocasionado del ambiente es atroz, tan es así que estamos llegando a un punto de no retorno. Por otro lado, es necesario y urgente promover, de manera rápida, un cambio sociocultural y en el modo de producción, de lo contrario, como se señaló supra, la existencia de la humanidad es imposible.

El punto de no retorno para la humanidad cada vez está más cerca, estudios nos dicen que se encuentran entre los 450 y 500 ppm de CO2.

“... muy probablemente existe una relación entre las emisiones de carbono, el aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera y el calentamiento global. Esto se hace más evidente cuando se examinan datos provenientes de muestras de perforaciones del hielo antártico, anillos de crecimiento anual de los árboles, radiactividad de rocas, etcétera, que permiten comparar las fluctuaciones del CO2 de la atmósfera y de la temperatura desde hace más de 500 mil años. Siempre se observa una correlación entre la concentración de CO2 en la atmósfera y la temperatura, pero el máximo jamás superó los 270 ppm de CO2. Actualmente, la concentración promedio es de 385 ppm, con posibilidades de superar en la próxima década el “ punto de no retorno” (estimado entre 450 y 500 ppm) al ritmo de crecimiento actual . A partir de ese momento, los científicos predicen daños irreversibles al ecosistema con una probable desaparición de más del 30 por ciento de las especies vivientes y millones de seres humanos afectados, especialmente en los países más pobres.” 2

(El resaltado es nuestro)

El cambio climático representa hoy, para nuestra especie, uno de los retos más importantes. Debemos tomar de manera urgente medidas para mitigar los problemas que nuestro proceder irresponsable en este planeta provoca, esperar más tiempo provocará que las próximas generaciones se vean con serias dificultades para vivir. Es decir, no habremos actuado en observancia de los parámetros del Desarrollo Sustentable ni de los principios de precaución y precautorio.

Por ello, se hace urgente elevar a rango constitucional los principios ambientales para que se conviertan en una herramienta más de los ciudadanos mexicanos para proteger y preservar nuestro entorno natural. No es óbice mencionar que en algunos artículos de nuestra carta magna se encuentran reconocidos algunos principios ambientales, éstos lo están de manera dispersa e implícita enunciados.

Se puede mencionar el artículo 25 constitucional, el cual contempla el principio de desarrollo sustentable y conservación del ambiente, en los términos siguientes:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

(...)

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

(...)

Por su parte, el artículo 27 constitucional contempla los principios de conservación y restauración de la siguiente manera:

Artículo 27.

(...)

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

(...)

Un tópico que no debemos soslayar es el de los principios ambientales adoptados en la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano”, celebrada en Estocolmo, Suecia, en 1972.”; la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), también conocida como la ‘Cumbre para la Tierra”, celebrada en Río, Brasil; la “Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002 en Johannesburgo”; la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, también denominada Río +20” y la “Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible.”

Como puede apreciarse, es necesario sistematizar los principios ambientales para que, de manera explícita y sin lugar a equívocos, se contemplen en nuestra carta magna.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo con las modificaciones propuestas a la constitución:

Texto normativo propuesto

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante el pleno de esta soberanía el siguiente

Decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con objeto de reconocer los principios ambientales

Único. Se reforma el párrafo quinto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con objeto de reconocer, de manera enunciativa, más no limitativa, los principios del derecho ambiental, de la siguiente manera:

Artículo 4o.-...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. En todas las resoluciones, sentencias, decisiones o actuaciones del Estado y de las autoridades encargadas de impartir justicia ambiental, se velará y cumplirá con los principios ambientales y el interés superior de la madre tierra.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Marsh McLennan, SK Group y Zurich Insurance Group. (2021). Informe de riesgos globales 2021. X, de Foro Económico Mundial Sitio web:

https://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR21_Executive_Sum-mary_Spani sh.pdf

2 Power Porto, George. (2009). El calentamiento global y las emisiones de carbono. X, de Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Sitio web:

https://www.redalyc.org/pdf/3374/337428493007.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 4 de noviembre de 2021.– Diputados y diputada: Manuel Alejandro Robles Gómez, Alfredo Vázquez Vázquez, Adriana Bustamante Castellanos (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por el diputado Mario Mata Carrasco e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Diputado Federal Mario Mata Carrasco y las y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 71 y el inciso h del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa con Proyecto de decreto que Reforma y Adiciona la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme a la  siguiente:

I. Planteamiento del problema a resolver con la propuesta

En el estado moderno, el presupuesto es el instrumento de política pública más importante de un gobierno, en la medida que refleja las prioridades económicas y sociales del mismo en términos monetarios, traduciéndose así en un instrumento de programación económica y social, que facilita el cumplimiento de los objetivos institucionales y las metas presupuestarias que se pretenden alcanzar, así como la manera en que éstas son traducidas en actividades y proyectos definidos. 1

Así, el llamado poder de la bolsa es uno de los elementos de mayor relevancia en la distribución de poderes de cualquier nación, que da sentido y realidad a los parlamentos y congresos del mundo, en su dimensión de órganos colegiados que limitan el Poder del Ejecutivo. Esa capacidad se expresa, en gran medida, en la aprobación de los presupuestos y en la vigilancia de que el gasto público se ciña a lo que ellos estipulan. 2

Y es precisamente al amparo de esa delimitación de poderes y como consecuencia de las importantes decisiones que habrán de tomarse, que surge el cuestionamiento de cuáles debieran ser los cursos alternativos de acción, que conduzcan a los diseñadores de políticas públicas a encontrar los resultados de máxima eficiencia, en la obtención y aplicación de los recursos; puesto que hay que recordar de manera permanente que los ingresos siempre serán escasos para la gran cantidad de situaciones que deberán resolverse y que los recursos provienen mayoritariamente de los impuestos que pagan los ciudadanos, de sus contribuciones directas por servicios y de la deuda nacional e internacional, que invariablemente acompañará a los ciudadanos, durante muchas generaciones más.

Bajo ésta tónica, lo más sensato es que el destino de dichos recursos sea presentado de forma tal que permita un gran entendimiento, coordinación e interacción de los principales actores que intervienen en el proceso y que sencillamente se pongan en la mesa para su discusión y aprobación todos aquellos elementos que llevarán a los funcionarios y representantes populares a tomar las mejores decisiones, porque conocerán a fondo cuáles son las principales implicaciones y las opciones ideales con las que cuentan para que la programación se realice de forma racional, equitativa y bajo los parámetros de una gobernanza ágil y moderna. Porque es bien sabido por todos que el entramado presupuestal siempre se constituye como la base sobre la cual descansarán los objetivos para lograr un adecuado desarrollo económico, social e institucional, que pueda traducirse invariablemente en la capacidad del país para generar las mejores condiciones de vida para sus habitantes.

En esencia, lo que esta propuesta pretende, es presentar algunas opciones innovadoras para avanzar hacia un modelo de asignación presupuestal más exitoso, como en el caso de que se modifiquen algunos supuestos del procedimiento de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y se agilicen los mecanismos de comunicación, coordinación, colaboración y entendimiento entre Poderes. De forma simultánea, se propone la modificación de algunas fechas para dar mayor oportunidad al Poder Legislativo de analizar con el tiempo suficiente los elementos bajo los cuales se desarrollarán los procesos presupuestales. Paralelamente se introducen algunas mejoras a los mecanismos de participación de las comisiones ordinarias, que serán de gran utilidad en el examen y discusión del presupuesto por sectores, así como se promueve una mayor participación en el proceso presupuestal del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, al avanzar hacia su interacción con otros sectores del propio legislativo, como lo son los grupos parlamentarios y las comisiones ordinarias de dictamen legislativo.

Por lo que hace a la participación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el proceso presupuestario, se prevé una mayor intervención del brazo fiscalizador del Legislativo, al facilitar el aporte de valiosos elementos informativos, que permitirán a los legisladores conocer de forma gráfica y resumida cuales han sido los resultados de las auditorías y las evaluaciones de los programas y proyectos que se pretenden impulsar.

Adicionalmente y en ese mismo sentido, se integra la obligación de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), participe activamente en el proceso presupuestario, aportando también una amplia gama de información que resultará relevante a la hora de seleccionar lo que más conviene al país, con la única intencionalidad de direccionar el enfoque de los esfuerzos, hacia una política eficiente de desarrollo económico, político y social, donde sea posible crear las oportunidades y condiciones necesarias para que los ciudadanos forjen sus proyectos de vida, con la confianza de que contarán con los insumos esenciales, que todo buen gobierno debe proveer a sus habitantes.

II. Contexto histórico en lo general

Es de destacarse que con el advenimiento inminente del derecho financiero a nuestro país, se fueron creando paulatinamente algunas instituciones gubernamentales que fueron concentrando las instancias y funciones necesarias para atender la administración y planeación del presupuesto, la recaudación de los impuestos o contribuciones, así como la planeación económica y de inversión.

En efecto, se puede referir que en este devenir histórico fueron muchas las necesidades, las situaciones y los problemas que se vivieron durante las distintas épocas evolutivas de nuestra nación —desde la época prehispánica, la colonial, la época independiente, hasta la más reciente— que llevaron a nuestros gobernantes a reconocer la necesidad de contar con instituciones especializadas y plenamente desarrolladas en la materia, que brindaran soluciones modernas a planteamientos añejos, y que así fueron surgiendo en los últimos siglos, en las últimas décadas y en los últimos años, organismos orientados a mejorar el uso y aprovechamiento de los recursos nacionales, que fueran atendiendo las temáticas en el ámbito de su responsabilidad y capacidad de gestión, tanto en los tres Poderes de la Unión como en los distintos niveles de gobierno.

Bajo este entorno se pueden referir algunas buenos ejemplos de instituciones de avanzada, como lo fueron en su momento la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, creada en el año de 1947, la Secretaría del Patrimonio Nacional que tuvo vigencia a finales del sexenio del presidente Luis Echeverría Álvarez en 1976; la Secretaría de Programación y Presupuesto, para finalmente llegar a la actual Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene a bien integrar las funciones de gestionar el ingreso público y manejar el crédito de esa misma naturaleza.

Por lo que hace al Poder Legislativo, se pueden citar algunos buenos ejemplos de acontecimientos importantes en la materia, como lo es el ocurrido el 4 de octubre de 1824, cuando se determina en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad exclusiva del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de fijar los gastos generales de la nación y establecer las contribuciones necesarias, determinar su inversión y tomar anualmente las cuentas de gobierno. Posteriormente, en 1896, se logró la promulgación de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y es ya para la Constitución de 1917 cuando finalmente se faculta al Poder Legislativo para crear la ley de dicha contaduría y ampliando sus funciones y posibilidades.

Posteriormente, a finales de los años setentas, periodo de los grandes cambios y de la gran reforma política —específicamente en el año de 1978— que se define una nueva Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, y fue el 28 de noviembre de 1995 —época también de grandes reformas nacionales— cuando se crea un nuevo Órgano Fiscalizador de la Gestión Gubernamental, en sustitución de la Contaduría Mayor de Hacienda, se creó la Auditoría Superior de la Federación, y fue ya para el 30 de julio de 1999, en tiempos de la emblemática LVII legislatura que se caracterizó por la creación y diseño de modernas instituciones, cuando finalmente se publicaron los cambios constitucionales que marcaron definitivamente el inicio de una nueva Auditoría Superior de la Federación. Posteriormente, el 20 de diciembre de 2000, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. En esa misma oportunidad y con la introducción de la nueva Ley Orgánica del Congreso de la Unión, se crearon también los órganos de gobierno actuales e innovadoras instituciones como lo son el Servicio Civil de Carrera, los Centros de Estudios de la honorable Cámara de Diputados, incluyendo por supuesto el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la honorable Cámara de Diputados.

Por lo que hace al Coneval, destaca que fue en el año de 2004, cuando se aprobó la Ley General de Desarrollo Social, que integró el Sistema de Monitoreo y Evaluación en México, y se creó también el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, como la instancia con autonomía técnica y de gestión que cuenta con las atribuciones necesarias para medir la pobreza y para evaluar la política de desarrollo social que actualmente se conoce; así como posee las facultades necesaria para generar interpretaciones sobre la operación del gobierno y sus presupuestos, la eficacia de su ejercicio y para dar recomendaciones que sistemáticamente se enfocan a la readecuación de los programas.

III. Marco jurídico conceptual

Con la intención de referir los artículos que se relacionan con este proyecto, a continuación se detallarán las disposiciones normativas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tienen que ver con las temáticas de programación, presupuesto, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.

En primera instancia se tiene el artículo 74, que en su fracción IV desarrolla una importante disposición normativa:

“Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

I. al III. ...

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.

V. al VIII”.

Por otro lado el artículo 75, brinda información complementaria en el tema de la fijación de la remuneración, y a la letra dice:

“Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo.

En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General.

Los Poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos, prevé el artículo 74 fracción IV de esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables”.

Paralelamente a lo anterior, se localiza en la Carta Magna el artículo 126, que hace mención de lo siguiente:

“Artículo 126. No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley posterior”.

Y finalmente el artículo 127, señala las bases de cierto tipo de remuneraciones, que son las siguientes:

“Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

III. Ningún servidor público podrá tener una remune-ación igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.

VI. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo”.

En cuanto a los conceptos que resultan de interés para los efectos de esta propuesta, tenemos el de Presupuesto, que no es más que el documento de política pública en el que se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes, de los organismos autónomos, así como las transferencias a los gobiernos estatales y municipales. 3

Con respecto a los Criterios Generales de Política Económica, se tiene que es un documento que establece la estrategia, objetivos y metas macro económicas generales que fundamentan la formulación de la iniciativa de Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y los Programas Operativos Anuales.

Por su parte, la iniciativa de Ley de Ingresos, es el documento jurídico que propone el Ejecutivo federal, y que establece el catálogo de conceptos, así como la estimación de los ingresos que deberán captarse durante un ejercicio fiscal por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, emisión de bonos, préstamos, entre otros rubros, con el propósito de cubrir los gastos enunciados en el Presupuesto de Egresos. Esta Ley, como se ha señalado, tiene que ser aprobada por las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Referente al concepto de programas, se puede tomar como válido lo señalados en la Ley de Planeación, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los contenidos en el Presupuesto de Egresos, con base en los cuales las entidades fiscalizadas realizan sus actividades en cumplimiento de sus atribuciones y se presupuesta el gasto público federal.

Cuando hablamos de programas de inversión, nos estamos refiriendo a las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles, y mantenimiento;

Otro concepto relevante, es el de Proyectos de infraestructura económica y lo conveniente es enunciarlos cuando se trate de construcción, adquisición y/o ampliación de activos fijos para la producción de bienes y servicios en los sectores de agua, comunicaciones y transportes, electricidad y turismo. Bajo esta denominación, se incluyen todos los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo así como los de rehabilitación y mantenimiento, cuyo objeto sea incrementar la vida útil o capacidad original de los activos fijos destinados a la producción de bienes y servicios de los sectores mencionados.

Adicionalmente, se tiene otro concepto que no es menos importante, y nos estamos refiriendo a los Proyectos de infraestructura social, mismos que tienen que ver con todos aquellos desarrollos que se direccionan a la construcción, adquisición y/o ampliación de activos fijos para llevar a cabo funciones en materia de educación, ciencia y tecnología, cultura, deporte, salud, seguridad social, urbanización, vivienda y asistencia social.

Cuando hablamos de proyectos de infraestructura gubernamental, por lo general nos estamos refiriendo a todos aquellos que tratan de la construcción, adquisición y ampliación de activos fijos para llevar a cabo funciones de gobierno, así como funciones de desarrollo económico y social.

IV. Objetivos del proyecto

1. Se modifican algunos supuestos del procedimiento de la aprobación del PEF y los mecanismos de comunicación, coordinación, colaboración y entendimiento entre poderes, con el objeto de hacerlo más eficiente, claro y transparente. En tal circunstancia, se están proponiendo reformas y adiciones al artículo 42, para que aparte de las actividades actuales que se tienen que desarrollar, se agreguen algunas otras que redundarán en mayor eficiencia.

En tal circunstancia, se tiene por ejemplo el hecho de que la SHCP, deberá enviar al Congreso de la Unión a más tardar el 1 de abril, un documento que contenga los principales objetivos contenidos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente, además de los escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año, como lo son el crecimiento, la inflación, la tasa de interés, el precio del petróleo y datos sobre el monto total del Presupuesto de Egresos y su déficit o superávit, así como que integre también la enumeración de los programas prioritarios y sus montos. En este contexto, la iniciativa propone adicionarlo para ampliar la enumeración de los programas prioritarios y sus montos, con la desagregación del nivel de cumplimiento de los principales indicadores, objetivos y metas.

Este cambio pretende significarse como un gran avance, puesto que si tomamos en consideración que lo que no se mide no se puede evaluar, será sumamente conveniente que los legisladores conozcan el nivel de efectividad con el que está operando cada programa, contando con el suficiente tiempo para analizar el nivel de detalles necesario para impulsar determinada propuesta.

2. Se pretenden actualizar algunas fechas para dar mayor oportunidad al Poder Legislativo de analizar con tiempo suficiente los elementos bajo los cuales se desarrollarán los procesos presupuestales. En este sentido, se está proponiendo que el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, remita a la Cámara de Diputados, a más tardar el 15 de junio de cada año, la estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos, en lugar de la fecha del 30 de junio que actualmente se señala en la ley.

Lo anterior permitirá que los informes del Ejecutivo que sean lo suficientemente robustos, puedan ser analizados por el Poder Legislativo en tiempo y forma. Esto dará un margen suficiente para conocer con toda la amplitud los avances físicos y financieros de todos los programas y proyectos que se hayan aprobado en el Presupuesto de Egresos vigente, con relación a los objetivos planteados en el propio Plan Nacional de Desarrollo y los programas, así como le permitirá que exista un mayor grado de detalle y una mejor justificación de las nuevas propuestas que se pretendan integrar al proyecto, señalando además cuáles será las opciones posibles de fuentes de recursos para la realización de las actividades que incidan en la consecución de los fines y metas deseados.

3. Se introducen mejoras a los mecanismos de participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto por sectores. En esta tónica el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos, se verá beneficiado con el hecho de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, al establecer los mecanismos de participación de las comisiones ordinarias, estaría brindando las facilidades necesarias para que los legisladores de la Mesa Directiva e integrantes de dichas comisiones cuenten con mayores elementos de juicio, al incluir la obligación de tomar en cuenta sus consideraciones y propuestas.

Por otro lado y dependiendo de la disponibilidad de recursos para el caso de las comisiones que se determine que pueden llegar a contar con una asignación presupuestal adicional, se propone la emisión de convocatorias abiertas de concurso, para que mediante la presentación de proyectos y programas viables de inversión y utilizando sistemas de tecnología digital, se facilite la interacción y participación del sector público, privado y social para que mediante el estricto cumplimiento de requisitos, se logre una asignación más participativa de los recursos.

Con este cambio lo que se estaría logrando es que lejos de promover esas enormes filas donde presidentes municipales, sus equipos de trabajo y los equipos de trabajo de los propios legisladores, intentaban ingresar los proyectos del municipio que raramente se tomaban en cuenta, se incentive ahora el hecho de la participación de los sectores público, privado y social, pero ya con un eje moderno de presentación de propuestas en plataformas digitales y con la posibilidad real de que sean tomadas en cuenta, si cumplen a cabalidad con los requisitos que les pueden llevar a ganar los concursos.

Adicionalmente se está sugiriendo que en este proceso se integre anticipadamente la participación de un enlace de la SHCP para que verifique técnicamente si los proyectos están cumpliendo con los requisitos básicos solicitados. Esto tiene que ver con que anteriormente al final de cuentas, después de varias revisiones de servidores públicos del Poder Legislativo, finalmente se tenía que recurrir de cualquier manera a los expertos de esa dependencia para que revisaran la viabilidad de llevar a cabo o no el Proyecto. Estos cambios pretenden significarse en un mayor ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo.

4. Se amplía la participación del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas al ámbito de los órganos de gobierno, los grupos parlamentarios y las comisiones ordinarias de dictamen legislativo participantes. Lo que se pretende con esta reforma es que independientemente de los servicios que ya presta el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) en todo este proceso, apoye técnicamente y de forma permanente las funciones de la misma, emitiendo en cada etapa su opinión y probables propuestas de modificación, aportando bases informativas de utilidad, trabajando en colaboración y de manera coordinada, con los órganos de gobierno, los grupos parlamentarios y las comisiones de dictamen legislativo participantes en la elaboración y aprobación tanto de la Ley de Ingresos, como del Presupuesto de Egresos de la Federación.

5. Se adiciona la participación de la Auditoría Superior de la Federación en el proceso presupuestario, aportando los elementos informativos necesarios que permitan a los legisladores conocer de forma gráfica y resumida las evaluaciones de los últimos ejercicios fiscales. Si bien es cierto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 79, que la Auditoría Superior de la Federación, puede programar y planear autónomamente el proceso de fiscalización porque cuenta con autonomía técnica y de gestión, también puede contribuir a informar de manera complementaria a los legisladores en los tiempos presupuestarios de los distintos procesos del propio Poder Legislativo, de los aspectos que tienen que ver con la  ejecución de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, con la consecuente verificación de la forma y términos en que los ingresos han sido recaudados, obtenidos, captados y administrados, así como a informar de los detalles de la forma en que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos, se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado.

Hay que recordar en primera instancia que el tema de la fiscalización superior en México ha tomado gradual y paulatinamente una mayor relevancia, por lo que resulta relevante involucrar al brazo fiscalizador en este importante proceso de cada año, puesto que sus aportes serían de incalculable valor, esto porque cuenta con información básica para visualizar con mayor facilidad el cómo se están manejando los recursos, toda vez que para realizar el trabajo que tiene encomendado, despliega un ejército de auditores y servidores públicos, en las más de mil auditorías que suele desarrollar año con año.

6. Se integra la obligación de que el Coneval participe activamente en el proceso presupuestario, esto tiene que ver con la necesidad de que los legisladores cuenten de manera oportuna y expedita con los elementos de juicio necesarios que les permitan realizar una actualizada y correcta evaluación de los apoyos y programas sociales, que les brinden las evidencias suficientes para verificar la pertinencia de conservarlos en el siguiente Presupuesto de Egresos de la Federación y paralelamente les permita sugerir las mejoras en las áreas de oportunidad que se aprecien como prioritarias; incluyendo por supuesto el cumplimiento de sus indicadores, objetivos, metas y en su caso de las reglas de operación.

La integración de este apartado se direcciona a mejorar la puesta en marcha de una política más adecuada en materia de desarrollo social en nuestro país, puesto que si bien es cierto, desde agosto de 2009 el Coneval ya desarrolla un documento de análisis en materia presupuestal, que hace llegar a la Secretaría de Hacienda, al Poder Ejecutivo y al Legislativo, lo que se pretende con esta propuesta es que el intercambio sea directo y que los servidores públicos de la institución cuentan con la oportunidad de informar a detalle de los principales hallazgos de su exhaustiva labor.

V. Cuadro comparativo

VI. Propuesta concreta

Es por lo anteriormente expuesto que como legislador reelecto para la presente legislatura, considero necesario utilizar la experiencia de la legislatura pasada para presentar los cambios que de aprobarse pudieran resultar de gran valía para la función presupuestal del país, por lo que de acuerdo a las disposiciones detalladas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Artículo Único.

a) Se reforma el artículo 42 en su segundo párrafo del numeral I y el inciso d) del mismo numeral; el numeral II en su primer párrafo; el numeral VIII en su primer párrafo; y el numeral IX en su primer y segundo párrafos; todos ellos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

b) Se adiciona el artículo 42 en su inciso f) del numeral VIII con un segundo, tercero y cuarto párrafos; el numeral IX con un tercero, cuarto y quinto párrafos; todos ellos de la ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 42. ...

I. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar al Congreso de la Unión a más tardar el 15 de Marzo, un documento que presente los siguientes elementos:

a) al c). ...

d) Enumeración de los programas prioritarios y sus montos, incluyendo indicadores, objetivos y  metas. Para el caso de los que se repiten de un ejercicio presupuestal a otro, deberá relacionarse además, el nivel de cumplimiento de los mismos.

II. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría, remitirá a la Cámara de Diputados, a más tardar el 15 de junio de cada año, la estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos.

...

...

III. al VII...

VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán las siguientes características:

a) al e). ...

f) En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias en el examen y discusión del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas Comisiones deberán tomar en cuenta en sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales.

Para el caso de las comisiones que cuenten con asignación presupuestal adicional para programas y proyectos, se deberá prever lo necesario para incluir en sus procedimientos, la emisión de convocatorias que mediante concursos abiertos, contribuyan a la selección de los mejores programas y proyectos de inversión, que resulten técnica, social y económicamente más rentables.

Con el objetivo de lograr los mejores resultados en el menor tiempo posible, se deberá hacer uso de plataformas de tecnología digital, que permitan facilitar el ingreso al sistema de los documentos, la revisión del total cumplimiento de los requisitos por parte del equipo técnico y Mesa Directiva de las Comisiones, así como la participación de un Enlace de la Secretaría de Hacienda, que verifique que los proyectos y programas que resulten ganadores, cumplen con los requisitos indispensables para operar eficientemente.

Por lo que hace a la asignación eficaz y transparente de los recursos, que motiven la participación a mediano y largo plazo de los sectores público, privado y social, se deberán utilizar las fórmulas que garanticen la equidad durante los tres años de duración de la legislatura.

IX. Deberán establecerse mecanismos de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el objeto de hacer más eficiente, claro y transparente, el proceso de integración, aprobación y evaluación del Presupuesto de Egresos.

En todo este proceso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados , apoyará técnicamente y de forma permanente las funciones de la misma, emitiendo en cada etapa su opinión y probables propuestas de modificación, aportando bases   informativas de utilidad, trabajando en colaboración y de manera coordinada, con los órganos de gobierno, los Grupos Parlamentarios y las Comisiones de Dictamen Legislativo participantes en la elaboración y aprobación tanto de la Ley de Ingresos, como del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación aportará los elementos informativos necesarios, que permitan a los legisladores conocer de forma gráfica y resumida, los principales informes, los resultados de las auditorías, así como de las evaluaciones de los últimos ejercicios fiscales, que tengan que ver con la ejecución de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Además, aportará elementos adicionales de revisión, que permitan verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados, así como constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos, se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado.

Adicionalmente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, deberá participar en reuniones y eventos dentro del marco de la discusión del Presupuesto, para explicar y detallar de manera directa sus principales evidencias, análisis, hallazgos y recomendaciones, respecto del funcionamiento de los apoyos y programas sociales; explicando al Poder Legislativo el nivel de cumplimiento de indicadores, objetivos, metas y en su caso de las reglas de operación.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Poder Ejecutivo federal contará con noventa días hábiles a partir de la fecha de la publicación del presente decreto para hacer las adecuaciones normativas correspondientes.

Tercero. El Poder Legislativo federal contará con noventa días hábiles a partir de la fecha de la publicación del presente decreto para realizar los cambios a los ordenamientos que tengan que ver con las reformas y adiciones realizadas.

Notas

1 S.a. El Marco Legal del Presupuesto Público, definiciones, principios y procedimientos, Participa Perú, Perú, s.a. revisado el 19 de Septiembre del 2021. En

http://propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicacion es/archivos/cartilla_marco_legal_presupuesto.pdf

2 Cfr. Paoli B. Francisco, La Constitución y el Presupuesto, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2001.

3 Para mayor información, favor de revisar la página

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=189 consultada el 20 de septiembre del 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2021.– Diputado Mario Mata Carrasco (rúbrica).»

«Iniciativa de decreto, para inscribir en letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Ignacio Ramírez, a cargo del diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Brasil Alberto Acosta Peña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Ignacio Ramírez, por lo que se exponen las siguientes

“No hay Dios; los seres de la Naturaleza se sostienen por sí mismos”

Ignacio Ramírez, en su discurso de ingreso a la Academia de Letrán.

En el año de 1818, en San Miguel El Grande, actualmente San Miguel de Allende, Guanajuato, en el seno de una familia medianamente acomodada con carácter liberal y sobre todo con una gran vena revolucionaria, pues incluso participaron en la gesta independentista, nació Juan Ignacio Ramírez Calzada. Al paso de los años Juan Ignacio se convirtió en escritor, abogado, político, orador, poeta, polígrafo, conferencista, académico, secretario de Estado, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sobre todo, llegó a ser un ciudadano mexicano distinguido que aportó muchísimo a la sociedad en la que vivió y que ha logrado que, aún hoy, sus disertaciones se mantienen actuales.

Desde joven se apasionó con la lectura, varios de sus contemporáneos lo recuerdan como un muchacho encerrado en la biblioteca, siempre con esa avidez de saber nuevas cosas, se dice, incluso, que a los 16 años ya dominaba varios idiomas.

Impulsado por el gusto por la lectura no sólo se dedicó a estudiar derecho, también ciencias como matemáticas, física, química, astronomía, geografía, anatomía, fisiología, historia natural, jurisprudencia, economía política, historia de México, historia general, filología, teología escolástica, y demás, por lo que con la suma de todo este conocimiento comenzaron a llamarlo el Voltaire de México.

Estudió en México, en el Colegio de Abogados de la Universidad Pontificia, del que se graduó para luego ser admitido en la prestigiosa Academia de San Juan de Letrán. En su presentación de admisión causó conmoción cuando comenzó a dar grandes muestras de una brillantez y elocuencia capaz de llamar la atención, pero sobre todo, de escandalizar opiniones de los conservadores. Al respecto, dice su primer biógrafo, que en su discurso pronunció ante el público una tesis cual sentencia para todos: “No hay Dios; los seres de la Naturaleza se sostienen por sí mismos”. Idea relevante, revolucionaria, incendiaria y si se quiere, subversiva para aquella y para todas las épocas, de este talante eran todas sus ideas y críticas.

Su nombre, como dije antes, fue Juan Ignacio Ramírez Calzada, pero se le conoció de distintas formas tales como, El sublime destructor del pasado y el obrero de la Revolución, por Justo Sierra; Boris Rosen lo declaró Humanista de altos vuelos y; Liliana Weimberg lo equipara a un Prometeo inquieto y genial. Sin embargo su mote más popular y por el que muchos de nosotros lo conocemos es el de:, sobrenombre que comenzó cuando firmaba sus primeros artículos tomando fuerza debido sus ideas, y que aparentemente le causaba mucha diversión, pues pese a que la nigromancia se encuentra definida como una práctica diabólica, y se aleja mucho de las actividades de Ignacio Ramírez, lo cierto es que en aquel tiempo sus ideas bien podían ser consideradas ideas tan libres y liberales que rozaran con lo diabólico.

Sus primeros escritos se plasmaron en el periódico Don Simplicio, el cual fundó con Guillermo Prieto y Vicente Segura, medio de difusión en que comenzó a propagar sus ideas liberales junto con otros jóvenes, a través del ideal de dar a conocer el punto de vista de “los simples”, es decir, de los trabajadores. El periódico estuvo vigente hasta abril de 1846, y sirvió como estandarte de lo que serían las reformas políticas, religiosas y económicas que buscaban un cambio en la realidad mexicana. Dichos escritos siempre caracterizados por su aguda e irónica crítica en contra de los gobiernos conservadores, derivaron, al paso del tiempo, en el encarcelamiento de sus colaboradores, no obstante, Ignacio Ramírez procuró, desde cualquier tribuna, expresar todas sus ideas revolucionarias.

Colaboró también en un sinnúmero de diarios, de los que conviene mencionar El Siglo XIX, El Mensajero, El Monitor Republicano, El Precursor, El Correo de México, La Insurrección, La Sombra de Robespierre, Las Cosquillas, La Estrella de Occidente, en los que publicó abundantemente. Por fortuna para nosotros una gran parte de sus colaboraciones ha sido rescatada y puede consultarse fácilmente en las colecciones depositadas en la Hemeroteca Nacional.

También fue periodista durante casi todo el siglo XIX, cuando la publicación de libros era muy escasa en México por la carestía de papel y el alto grado de analfabetismo; el arte literario, los comentarios y el análisis político se difundían a través de la prensa; en los diarios se conocían y discutían los acontecimientos del momento, a través de ellos se divulgaron las ideologías y las expresiones de la cultura popular. En ellos El Nigromante plasmó su tinta. Se comprometió tanto con el ejercicio periodístico que fue encarcelado por verter sus ideas políticas y económicas.

Muy a menudo El Nigromante sometía al juicio de su pluma temas relevantes a la sociedad, como la igualdad del trabajador urbano y rural, señalando así que no debían existir diferencias abismales entre el desarrollo y en consecuencia los beneficios que gozaban unos y otros; el esfuerzo laboral como medio de perfeccionamiento y justificación de la propiedad, manifestando la idea de que aquel que no trabajaba cultivando el terreno no podía llamarlo suyo, es decir, no se podía aprovechar del trabajo ajeno aunque mediaran las escrituras de los escribanos, enfrentó pues, los derechos de la clase proletaria contra las opulencias de la clase ociosa, contra el despilfarro, contra la obscenidad del que se enriquece explotando a otros.

En otras áreas, escribió de distintos temas como: las razas primitivas de México, su estudios sobre la tradición tolteca de Quetzalcóatl, el discurso del 16 de septiembre de 1861, la “Desespañolización”; diversos artículos que contienen iniciativas en el ramo de la economía política; Ensayo sobre las sensaciones en el campo de la Fisiología; sus “Lecciones” que eran un curso de literatura; sus estudios sobre la Baja California en el ramo de la geología y paleontología; sus discursos sobre la lluvia de azogue en química; su Proyecto de enseñanza primaria,en psicología, entre otros.

En el ámbito de la educación, fue reconocido como uno de los precursores de la educación laica y gratuita, luchador social en favor de las mujeres, niños e indígenas. Además, como enemigo del oscurantismo, definido por la Real Academia Española, como la oposición sistemática a la difusión de la cultura, 1 fue pionero para lograr el adelanto científico en el país.

Dentro del terreno político fue nombrado, a los veintiocho años, como secretario de Guerra y Hacienda por el líder liberal Francisco Olaguíbel, gobernador del Estado de México. Una de las primeras actividades a las que se dedicó sería a reformar leyes a través del Consejo de Gobierno que él creó, además de emitir algunas como lo son: la abolición de las alcabalas, clausura de las corridas de toros, libertad de los municipios, formación de la guardia nacional, reorganización del Instituto Literario donde colaboró además como distinguido catedrático; fue dentro de este periodo cuando, a su iniciativa, el secretario Olaguíbel dictó una ley a cuyo tenor cada municipio del estado escogería y becaría al alumno pobre mejor capacitado, sin importar que fuera indígena, para cursar sus estudios en el Instituto Literario; entre los jóvenes que tuvieron ese beneficio estuvo Ignacio Manuel Altamirano, que llegaría a ser el más brillante y fiel discípulo de las ideas de El Nigromante.

Dedicó especial atención a la educación, y con el fin de asegurar los fondos indispensables para renovar el plan de estudios y su óptima eficiencia, dispuso la venta de varios edificios y propiedades del clero y del Estado. Además ordenó que parte de los impuestos federales se destinaran al ramo de la enseñanza; por sugerencia suya se estableció una lotería nacional con objeto de completar los gastos de este ramo y redactó leyes significativas que establecían la responsabilidad del gobierno general en el adecuado financiamiento de la instrucción pública, definiendo a su vez a la moderna estructura y los programas educativos con los que pretendió romper las enseñanzas medievales que por un periodo de trescientos sesenta años habían sumido a la nación en la más densa ignorancia y el estancamiento económico, político y social. Además de luchar por el sector educativo también promulgó el decreto para la construcción de un camino interoceánico, impulsó la modificación inmediata del Código Civil y el Código Criminal exponiendo que para lograr una auténtica libertad política no podría existir otro apoyo y fundamento, que el ejercicio expedito de los derechos civiles. Para el fomento del desarrollo económico, suspendió los impuestos a la industria pesquera, prestó ayuda pecuniaria a la agricultura y a la minería y emprendió de nueva cuenta una amplia política de colonización de inmigrantes extranjeros otorgándoles ciertas ventajas, siempre y cuando cultivaran las tierras y permanecieran en ellas.

Participó también en el plano legislativo de diferentes maneras, entre las cuales, redactó la Ley de Educación del Estado de México en el año de 1847, cuyos principios sirvieron para plasmar los logros de la educación laica y gratuita en la Constitución de 1857 y posteriormente, sus ideas fueron las bases para implementar los libros de texto gratuito, con los que se ha logrado beneficiar a millones de mexicanos de diversas generaciones y adentrado en el mundo del saber.

Durante ese tiempo siempre estuvo convencido que era necesaria una reforma, por lo que más tarde a sus demás sobrenombres se le sumaría el de El apóstol de la Reforma. Y en colaboración con Valentín Gómez Farías y José María Iglesias, fueron creadores de las Leyes de Reforma; por otro lado también fungió como diputado del Congreso Constituyente en el periodo de 1856-1857; formando parte de los 155 legisladores que crearon la Carta Magna de 1857, indudablemente una de las asambleas más prodigiosas en la historia del Constitucionalismo mexicano, ya que de ella emanó la Constitución de 1857, como un logro resultado de esa brillante generación.

Nombrado ministro de Justicia, Instrucción Pública y Fomento, reformó la Ley de Hipotecas y Juzgados; hizo prácticas las leyes sobre la independencia del Estado y la Iglesia, acordó que la Iglesia del estado de Puebla se convirtiese en biblioteca y se fundaran los observatorios astronómico y meteorológico, además, ordenó la formación de la gran biblioteca nacional con la reunión de libros de los antiguos conventos y la adquisición de algunos nuevos.

A mediados de 1867 El Nigromante se había convertido en una de las más prominentes figuras de la oposición a Juárez y junto con Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto, Alfredo Chavero y otros, fundó el Correo de México,en septiembre de ese año, diario cuyo propósito fundamental sería respaldar la candidatura de Díaz a la Presidencia de la República, y el ataque implacable a la política juarista.

Durante este periodo, pese a la convulsión política desfavorable, perfiló como candidato para ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Congreso se decidió en su favor, formando parte del máximo tribunal por doce años (1868-1879).

Una vez dado el cambio de régimen, volvería a ocupar el cargo de secretario de Estado con Porfirio Díaz, teniendo bajo su responsabilidad la cartera de Justicia e Instrucción Pública, aunque fue un tiempo corto, dictó medidas importantes, como la abolición del internado en las escuelas nacionales, la creación de pensiones para alumnos pobres, entre otras, hasta que renunció al referido ministerio para reincorporarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual fue presidente en el periodo de 1877 a 1879. Éste sería su último cargo, pues, si bien fue un hombre con todos los reconocimientos y elogios, desde que perdió a su esposa la vida se oscureció para él.

El Nigromante siempre asumió el compromiso de lograr el establecimiento definitivo del sistema de gobierno republicano y federal, la división de poderes, elecciones populares libres, amplia y total libertad de prensa, libertad de comercio en todo el país, libertad religiosa, abolición de los fueros eclesiásticos, reorganización del Ejército, reglamentación de los derechos políticos del pueblo, destrucción del secular monopolio de la educación pública indebidamente detentado por el clero, completa libertad de enseñanza, laicismo integral, nacionalización de los bienes de manos muertas, reparto de esas tierras a los campesinos, subordinación indisputable de la Iglesia al Estado y respeto absoluto a las garantías individuales. Además de dejar como legado sus obras, en que como he señalado de manera reiterada, se tratan distintas materias dejando ver su gran capacidad mental e inteligencia para tratar con cada una de ellas, y poder compartir tal conocimiento a la sociedad.

Por lo anterior y con base en lo establecido en los criterios para las inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados, en su artículo segundo, las inscripciones tienen como objetivo rendir homenaje a personajes de gran trascendencia para el país.

Ignacio Ramírez, El Nigromante, fue sin duda un agente fundamental para la visión política y jurídica que hoy tenemos de México, que, con su gran legado, generó un cambio de paradigma en la manera de entender y ejercer el derecho y la libertad en esta nación.

Desafortunadamente la petición de esta inscripción ha sido rechazada en varias ocasiones, por lo que nos sumamos a la siguiente lista de promoventes, a quienes de igual forma hay que hacer un reconocimiento:

1. El 18 de septiembre de 2019, el diputado Gerardo Fernández Noroña, presentó la iniciativa para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada, El Nigromante, entre otros.

2. El 13 de marzo de 2012, los diputados Omar Fayad Meneses y Gerardo Fernández Noroña, e integrantes de la LXI Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo el nombre de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante.

3. El 13 de julio de 2005, el diputado Miguel Ángel García Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo el nombre de Ignacio Ramírez, El Nigromante.

4. El 13 de diciembre de 2018, los senadores Ricardo Monreal Ávila y Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentaron la iniciativa para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputado el nombre de Ignacio Ramírez, El Nigromante.

5. El 30 de mayo de 2018, la senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó la iniciativa para inscribir con letras de oro en el recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Ignacio Ramírez Calzada.

6. El 16 de febrero de 2021, el suscrito, legislador de la LXIV Legislatura presentó iniciativa que quedó sin dictaminar.

Confío que esta honorable Legislatura tendrá a bien enaltecer el nombre de este notable ciudadano mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Ignacio Ramírez

Artículo Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Ignacio Ramírez.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Facúltese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados para la realización y organización de la ceremonia respectiva.

Nota

1 https://dle.rae.es/oscurantismo

Referencias

http://www.elem.mx/autor/obra/directa/3182/

http://www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/obras-de-ignacio-ram irez-tomo-1-poesias-discursos-articulos-historicos-y-literarios/

https://archivo.eluniversal.com.mx/sociedad/3084.html

http://www.elem.mx/autor/datos/3182

Iniciativas

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2005/jul/20050718.html# Ini20050718Nigromante

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/mar/20120315-VI.ht ml#Iniciativa17

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/09/asun_3 910844_20190919_1568995670.pdf

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/dic/20181217-I.htm l#IniciativaSenadores3

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/jun/20180604.html# Iniciativa1

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2021.– Diputados y diputada: Brasil Alberto Acosta Peña, Jazmín Jaimes Albarrán, Alan Castellanos Ramírez, Mariano González Aguirre, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino (rúbricas).»

«Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de esta soberanía el nombre de Mariano Otero, a cargo del diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Brasil Alberto Acosta Peña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Mariano Otero, por lo que se exponen las siguientes:

Consideraciones

“La Constitución, para que sea respetable y duradera, es decir, para que tenga existencia sólida, necesita no contener sino muy pocos principios, todos fundamentales, y si es posible ninguno disputable”.

Mariano Otero

En los 45 años desde la construcción del Palacio Legislativo de San Lázaro, se han escrito, a manera de rendir reconocimiento, los nombres de mujeres y hombres, de grupos y de acontecimientos que han ido trazando el rumbo de nuestra nación, ahí se encuentran, plasmados como recordatorio para cada Legislatura que se integra, los valores de la República Mexicana.

El suscrito considera, sin lugar a dudas,  que uno de estos personajes, trazador de historia y legado, es don Mariano Otero Mestas, ilustre jalisciense, pensador fecundo, político idealista y jurista prodigio, en su corta edad alumbró con la llama de su mente al México del siglo XIX, graduado como abogado del Instituto de Jalisco a la edad de 18 años, sus aportaciones a la nación mexicana fueron vastas, ocupando cargos relevantes desde su incursión a la vida política de México en 1841 como delegado de Jalisco en la Junta de Representantes de los Departamentos, carrera política que despegó con rapidez, su gran conocimiento lo llevó a ocupar los cargos de diputado de su estado, diputado constituyente, senador y ministro de Relaciones Exteriores.

Durante el encargo de estos importantes puestos, Mariano Otero se distinguió como un hombre de Estado y estudioso de la realidad mexicana, esta esencia la capturó en muchos de sus escritos, y desde todas las sedes en las que le fue posible intervenir. Por ejemplo, en 1842, después de haber sido nombrado diputado del Congreso constituyente escribió su famoso Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana, mostrando su gran capacidad de análisis de la realidad social de México.

Poco después en 1844 fue cofundador del Ateneo Mexicano de la Juventud.

Asimismo, ocupó el cargo de diputado constituyente por segunda vez, en 1847, en este periodo como diputado presentó su, hoy famoso, voto particular, que sería un parteaguas para el derecho mexicano, el legado de ese voto continúa hasta nuestra historia jurídica actual, pues sentó las bases de lo que hoy conocemos como el juicio de amparo.

Como se sabe, Mariano Otero junto con Manuel Crescencio Rejón es considerado precursor del juicio de amparo en México, sin embargo, Mariano Otero ocupa también un lugar importante en las aportaciones que hizo sobre los principios constitucionales, mismas en las que se pronunció de la siguiente manera:

“...Proponer al Congreso que eleve a grande altura al Poder Judicial de la Federación, dándole el derecho de proteger a todos los habitantes de la República en el goce de los derechos que le aseguren la Constitución y las leyes constitucionales, contra todos los atentados de Ejecutivo o del Legislativo, ya de los Estados o de la Unión”.

Como se puede percatar de la lectura del párrafo citado con anterioridad, además de dar luz de las primeras disposiciones del amparo para la protección de los gobernados, este solo párrafo da muestra del pensamiento y de la ideología federalista y liberal de don Mariano Otero. Igualmente, de este extracto se puede advertir la clara influencia de pensadores como Montesquieu, Rousseau y Locke, al proponer la división de poderes y la contención del poder con la teoría de los pesos y contrapesos.

Durante su vida siempre estuvo al lado de las mentes más brillantes y revolucionarias del momento, compartió curul como constituyente con personajes como: Benito Juárez y Manuel Crescencio Rejón. Igualmente fue compañero de ideas de Guillermo Prieto, Mariano Riva Palacio y José María Lafragua, con quienes consolidó el pensamiento liberal mexicano.

Acérrimo defensor de la soberanía nacional ante la inminente guerra con Estados Unidos de América (EUA), votó en contra del Tratado Guadalupe-Hidalgo.

Mariano Otero fue un hombre liberal, defensor de los derechos humanos, de la división de poderes, la libertad de expresión y del federalismo. Mérito de gran valor si tenemos en cuenta el tiempo en que vivió, lleno de violaciones a la dignidad humana, de autoritarismo y represión, de injusticias y atropellos. Mariano Otero se atrevió a defender con la espada de su conocimiento al país y desangro en él su gran legado.

Otero, prácticamente nació y se formó con el país, en una nación convulsa, escribió y aportó al desarrollo constitucional y jurídico una estructura que dada su prematura muerte no pudo desarrollar, pero que, sin lugar a dudas, sentó las bases de una nación futura. Sus obras abarcaron desde lo jurídico y político, hasta lo meramente literario.

Mariano Otero murió víctima de cólera en 1850, a los 33 años, con una prometedora carrera por delante.

El suscrito considera que a más de 200 años de su nacimiento, la vigencia antes expuesta sobre los planteamientos políticos, jurídicos y diplomáticos de Mariano Otero sustenta la presente iniciativa

Con acuerdo a lo establecido en los criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados, en su artículo segundo, las inscripciones tienen como objetivo rendir homenaje a personajes de gran trascendencia para el país, como hemos visto, la trayectoria de Mariano Otero y más aún, su gran legado, fueron un cambio de paradigma para el derecho mexicano.

Con anterioridad, la petición de esta inscripción ha sido rechazada, dictaminada en sentido negativo o simplemente desechada, eso sí, bajo pocos argumentos, nos sumamos a la siguiente lista de promoventes, a quienes de igual forma hay que hacer un reconocimiento:

1. El 28 de abril de 2005, en la LIX Legislatura fue presentada la iniciativa  para inscribir el nombre de Mariano Otero, por el diputado David Hernández Pérez del Grupo Parlamentario del PRI, que quedó desechada en sesión del 23 de noviembre de 2011, por acuerdo de la Mesa directiva.

2. En 2012, el diputado Rafael Yerena Zambrano del Grupo Parlamentario del PRI, integrante de la LXI Legislatura, presentó iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba el nombre de Mariano Otero en el salón de sesiones del Palacio Legislativo.

3. En un segundo intento, en 2012, el diputado David Hernández Pérez, perteneciente a la LXI Legislatura presentó iniciativa para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor el nombre de Mariano Otero y en esa ocasión agregó el nombre de Ignacio L. Vallarta, quedando nuevamente en un intento frustrado.

4. En 2017, los diputados César Camacho Quiroz, Rafael Yerena Zambrano y Pablo Gamboa Miner, del Grupo Parlamentario del PRI, en el marco del bicentenario del natalicio de Mariano Otero, propusieron la inscripción del nombre de Mariano Otero, así como de Manuel Crescencio García Rejón.

5. En la pasada Legislatura (LXIV), el suscrito, propuse la inscripción pero la iniciativa quedó sin dictaminar.

Como se puede ver, todas estas intenciones han quedado desestimadas.

Antes he mencionado que en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro se albergan inscritos los nombres de los personajes, instituciones y acontecimientos que han dado forma a la historia de México; se puede ver, en estás letras áureas la independencia, la reforma, la revolución, la libertad, la igualdad y la democracia. En la mente y el ideario mexicano es necesario reconocer otro nombre, que peleó férreamente por los ideales de la nación que se esculpen en esas letras: don Mariano Otero.

En la LXIV Legislatura, el Consejo Editorial de la honorable Cámara de Diputados tuvo a bien aprobar el rescate de algunas de las obras más importantes de don Mariano Otero, situación que dio origen a la publicación de un libro que reúne sus principales escritos, homenaje y reconocimiento al pensamiento y al hombre, que encarnó, hemos dicho, el sentir de un México libre y soberano.

La presente iniciativa abre una nueva oportunidad para la LXV Legislatura, a no cometer la misma omisión de las que antecedieron, y aprobar esta iniciativa con certeza de así honrar el nombre y legado de un hombre que, sobre todas las cosas, fue un patriota, representación noble del ciudadano mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Mariano Otero

Artículo Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Mariano Otero.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Facúltese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados para la realización y organización de la ceremonia respectiva.

Fuentes

- Covarrubias Dueñas, José, Aportaciones al pueblo de México de Josef Mariano Fausto Andrés Otero Mestas, Instituto de investigaciones Jurídicas, Biblioteca Virtual:

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/resultados?ti=mariano+otero &radio-libro-coleccion=on&radio-titulo-autor=on#cargando

Iniciativas en el mismo sentido

- http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBus quedaBasica.php?SID=ced724cdb609b97077ad987978824139&Origen=BB&Serial=0 a2253ce3e16730042de7fbaa88968d5&Reg=4&Paginas=15&pagina=1#2

Mariano Otero, Estudio de la SCJN

- https://otero.scjn.gob.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2021.– Diputados y diputada: Brasil Alberto Acosta Peña,  Jazmín Jaimes Albarrán, Alan Castellanos Ramírez, Mariano González Aguirre, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del PT

Esther Martínez Romano, diputada federal por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXI Bis al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración  Pública Federal, con base en la siguiente

En nuestro país se cultiva café desde hace más de doscientos años, su siembra se ha posicionado como un cultivo social pues da sustento a pequeños productores agrícolas, quienes han sabido aprovechar las bondades de la siembra del café para combinarla con la producción de otros alimentos para autoconsumo.

La importancia económica de la cafeticultura en las regiones donde se desarrolla es muy relevante; sin embargo, debido al abandono que, durante décadas, han venido padeciendo los cafeticultores mexicanos, lo cual ha impedido detonar el verdadero potencial que podría tener la industria del café en nuestro país.

Como consecuencia de lo anterior, de acuerdo a la FAO, pasamos de ser, en 1987, el cuarto productor mundial de café al undécimo en 2017.  Si bien, el actual gobierno ha buscado apoyar, con programas específicos, el cultivo del café, por su importancia social y económica que tiene dicha actividad para el desarrollo regional de los pueblos originarios, dichos programas han resultado insuficientes para potenciar el desarrollo pleno de nuestra cafeticultura, es importante señalar que el desarrollo sostenido de esta actividad traería riqueza y bienestar a cientos de pequeños productores de café que hoy, en muchos de los casos, no cubren ni siquiera sus costos de producción, debido a la volatilidad del precio del grano.

Como cualquier otro cultivo, el café requiere de condiciones climáticas y geográficas para garantizar la cantidad y calidad del grano que se obtenga; en el caso del café se ocupa sembrarse en regiones frías con temperaturas de entre 13 y 26 grados centígrados, con importante humedad, a una altitud de entre mil y mil 300 metros sobre el nivel del mar y una tierra con alto grado de nutrientes y humedad, el terreno debe ser capaz de absorber agua pero también de drenar rápidamente el exceso de la misma.

Datos del reporte anual de Producción de Café de México, publicado en el portal Inforural, señalan que la producción de café de México para la campaña comercial 2021/22 reportará un estancamiento de la producción del grano debido principalmente, a la falta de mano de obra, sequia y afectación de plagas y un último punto a considerar seria, la perdida de las cosechas por el paso del huracán Graceque en agosto pasado golpeo la zona cafetalera de Veracruz y Puebla, dejando sin cosecha a los cafeticultores de la región.

El reporte México: Café anual 2019 elaborado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), señala que nuestro país emplea a más de 515 mil productores, 310 mil de ellos solo cultivan una hectárea y 85% de ellos pertenecen a pueblos originarios.

De igual manera, el café mexicano se produce en 480 municipios de 15 estados de la república. En cuanto a la producción por estado, Chiapas aporta 41.3% de la producción nacional de café seguido de Veracruz con el 24.4%, Puebla el 15.8%, Oaxaca 8.2%, Guerrero el 4.5% y el resto de los 10 estados donde se produce café sólo el 5.9%.

Datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA 2017), indican se produjeron 10.9 millones de plantas de café, acaparando Chiapas el 46.1% del total de la producción.

En cuanto a las variedades de café que se cultivan en México, el 96% de la producción nacional de café corresponde a la variedad Arábica, el 4% restante es Robusta.

Los esfuerzos de autoridades federales y estatales, así como organizaciones de cafeticultores para lograr aumentar la producción mediante la introducción de árboles resistentes a la roya han teniendo efectos mínimos debido a la falta de financiamiento, asistencia técnica y de comercialización, así como a los bajos precios mundiales del grano.

Como consecuencia directa de la plaga de roya la producción nacional de café cereza ha registrado una caída sostenida de 4.7% promedio anual.

Por otra parte, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el consumo de café en nuestro país creció a una tasa promedio anual de 1.8% entre el ciclo 2006/2007 y 2017/2018, alcanzando 2.4 millones de sacos de 60 kilogramos en el ciclo 2017/2018, correspondiendo el 60.6% a café soluble y el 39.4% al café tostado y molido.

Si bien, en comparación con otros países tenemos un consumo bajo de café hemos registrado un aumento en el consumo anual por habitante, alcanzando entre 1.3 y 1.5 kilogramos per capital.

De acuerdo con los resultados del Análisis del Mercado de Consumo de Café en México 2016 elaborado por Euromonitor International para la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, AC, en 2016 el consumo nacional porcentual de las diferentes presentaciones de café, quedando como sigue: tostado en grano 5.3%, café molido 40.5% y soluble con 54.2%; con un consumo total de 87,300 toneladas de café.

*Fuente: Amecafe

Como se observa en la grafica el café soluble domina el mercado por su accesibilidad, precio y facilidad en su preparación, el café molido continúa aumentando su participación por su precio y la gran oferta de opciones y variedades, mientras que el café tostado en grano, al tratarse de un producto de nicho, su participación es baja, debido a su mayor precio y una distribución muy limitada, el crecimiento en su consumo seguirá dependiendo del que se tenga en las cafeterías.

México produce sólo el 3 por ciento de la producción mundial de café, exportamos café verde a más de 42 países en el mundo, en el ciclo cafetalero 2016/2017, participamos con 2.1 % del volumen mundial de exportaciones del grano, ocupando el lugar 12 entre los países exportadores de café en el mencionado ciclo. Si bien, es cierto que durante el ciclo 2016/2017 se exportaron 2.7 millones de sacos, no podemos dejar de mencionar que en el mismo ciclo tuvimos que importar 1.6 millones de sacos, lo cual representa el 35.1% de la producción nacional, lo cual representa un reto y una buena oportunidad para revertir esta situación, en beneficio de los cafeticultores mexicanos. Cabe señalar que el 80.2% del volumen de café importado por nuestro país correspondió a café verde, 14.7% a soluble y 5.1% al tostado y molido.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) proyectaba un aumento del 12.3% de las exportaciones nacionales durante el ciclo 2017/2018, siendo el destino principal de nuestras exportaciones de café, el mercado norteamericano con el 62.4%, el resto, se exporta a países de la Unión Europea, principalmente Italia que adquiere el 15.2% del café que vendemos en el mercado internacional.

En el mercado internacional de café existen cuatro categorías de café de acuerdo con el tipo de grano: suaves colombianos (granos de arábiga lavados, producidos principalmente en Colombia), suaves (granos de arábiga, producidos en México y Centroamérica), brasileños naturales (granos de arábiga sin lavar, provenientes de Brasil y otros países sudamericanos) y robustas (producidos en África, Asia y algunos países sudamericanos).

Cabe señalar que los principales países exportadores de café son, Brasil, Vietnam y Colombia; mientras que el mayor importador es la Unión Europea seguida de Estados Unidos y Japón

Como ya hemos mencionado, el café es fundamental para el sustento de muchos pequeños productores, el 90% de los caficultores son de pequeña escala, tienen menos de 2 hectáreas; igualmente el 65% de los centros de producción se encuentran en municipios con población mayoritariamente indígena, así como el 37% de los cafeticultores son mujeres; por todo lo anterior, decimos que el café es primordialmente un cultivo social que podría ayudar a llevar bienestar y generar riqueza a alguno de los municipios más necesitados del país.

Uno de los principales problemas que enfrentan los productores está relacionado con las plagas de café, el barrenador de la baya del café (CBB, Hypothenemus hampei) es un insecto que se desarrolla dentro de la fruta, afectando la producción disminuyendo la calidad, el sabor, olor, color y textura del grano.

Otra de las plagas que afecta la producción de café es la roya, es causada por el hongo Hemileia vastatrix, que se desarrolla en las hojas y puede causar defoliación e impide el desarrollo óptimo del fruto, llegando en casos extremos, a destruir el cafeto entero.

A pesar del efecto negativo que traen las plagas para la producción de café, la Asociación Nacional de la Industria del Café y la Asociación Mexicana del Café (Amecafe) pronosticaron una producción para el ciclo 2020/21 de 4 millones de sacos de 60 kilogramos; sin embargo, esta meta difícilmente se podrá alcanzar debido a las lluvias intensas, la escases de mano de obra, las plagas y los efectos dejados por la pandemia de Covid-19, todo lo anterior dificultara conseguir llegar a la meta de producción planeada.

En este sentido, el clima anormalmente severo que sufre el país, amenaza con afectar gravemente al sector cafetalero, la Conagua previó sequias en el 80 por ciento del país (el nivel más alto desde 2011), lluvias retrasadas y temperaturas cada vez más altas debido al fenómeno climático de La Niña, afectan la producción agrícola del país entero.

Así el fenómeno de La Niña, no solo representara un desafío para nuestros cafeticultores, sino en general para todos los productores agrícolas nacionales que, junto con los altos precios del combustible y la falta de mayores apoyos federales para la adquisición de plaguicidas y fertilizantes deberán hacer frente a las inclemencias climáticas causadas por dicho fenómeno climático.

Así, la falta de lluvia, en los primeros meses del año afectó la producción de café para el ciclo 2020/21, el calor intenso impidió la floración; lo cual, podría dejar afectaciones en el suelo y los cafetos para la producción del ciclo entrante.

En cuanto a las zonas productoras de café Chiapas ocupa el primer lugar con hasta 178 mil productores, el 95 por ciento de los cuales son de pequeña escala, con menos de tres hectáreas; Veracruz tiene 10 regiones productoras de café: Huayacocotla y Papantla en el norte; Atzalan, Misantla, Coatepec, Huatusco, Córdoba y Zongolica en el centro; y Tezonapa y Los Tuxtlas en el sur.

Por su parte Puebla, la sierra norte del estado, los productores poblanos han puesto en práctica tecnologías de producción innovadoras que han dado como resultado rendimientos nacionales superiores al promedio nacional, lo cual les ha permitido crear un café de alta calidad posibilitándoles comercializar un producto de nicho como el del café orgánico y/o boutique.

Como una medida para intentar disminuir las afectaciones que año con año dejan las plagas a la cafeticultura, el gobierno promueve la producción de Robusta por su resistencia a la roya del café, así como su consumo en café soluble y en cápsulas; sin embargo, los productores están preocupados por lo que podría implicar la deforestación de los árboles de Arábica, para poder plantar 150 mil hectáreas de árboles de Robusta, que requieren de pleno sol.

Sobre el particular, debemos señalar que la industrialización del café en nuestro país, la acapara Nestlé, que, en 2013, inauguró la ampliación de su planta en Toluca, Estado de México, convirtiéndola en la planta de café soluble más grande del mundo, misma que tuvo un costo de mil 600 millones de pesos.

La misma empresa ha anunciado la próxima inauguración de su nueva fábrica procesadora de café en Veracruz , misma que tendrá la capacidad de procesar hasta 20 mil toneladas de café verde al año, la compañía señala que con su planta se llevará la calidad y frescura del café mexicano al mundo.

Dicha empresa es hoy el principal comprador de café en el país; adquiere 29% de la producción nacional, tanto de la variedad arábica como robusta, proveniente de los principales estados productores: Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero . Expresa que desde 2010 beneficia a alrededor de 80 mil cafeticultores con capacitación en prácticas agrícolas sustentables, asistencia técnica y financiamiento, a través de Plan Nescafé, que es el programa global de abastecimiento responsable de dicha compañía.

Adicionalmente, Nestlé anunció una inversión por 15 millones de dólares en su fábrica de Chiapas, para aumentar la capacidad de tostado de café en 6 mil toneladas adicionales por año, pasando de 28 mil a 34 mil toneladas anuales.

Por desgracia, el sector cafetero mexicano enfrenta importantes desafíos nacionales y globales que impiden su crecimiento y consolidación, uno de estos es la volatilidad de los precios mundiales del café, no es raro que el costo de producción a menudo sea más alto que el precio internacional del grano, de ahí la necesidad de buscar fomentar la creación de almacenes de depósito que permitan negociar mejores precios de su producto a los cafeticultores; lo cual, solo será posible con el apoyo de los gobiernos federal y estatales para la construcción y administración de los locales.

Por otro lado, si bien se prevé que las exportaciones de café soluble de las campañas de comercialización 2021/22 se recuperen como resultado de las inversiones hechas por Nestlé, por desgracia, debido a que no se prevé un aumento significativo de la producción nacional de café, el aumento de la demanda del grano por la puesta en marcha de las nuevas plantas de la trasnacional, deberá ser cubierto con grano de importación. El pronóstico de importación para las campañas de comercialización 2021/22 es de 2,3 millones de 60 kg / sacos, debido al aumento de la demanda de Robusta que no se puede satisfacer exclusivamente con la producción nacional.

Para cubrir la demanda de Robusta, la industria del café en México hace uso del Programa de Promoción Sectorial del Café, dicho programa brinda beneficios a las empresas que fabrican productos relacionados con el café en México, permitiendo a las empresas importar insumos con el código arancelario 9802.0022, sin arancel, sin embargo, tramposamente, los importadores, clasifican juntos todos los tipos de café (en grano, tostado y soluble) enmascarando el tipo real de café importado y contraviniendo lo que establece el programa de importación de cupos para café.

El poder económico y de mercado que tienen estas grandes trasnacionales les permite tener el control del mercado del café. Sobre el particular, habría que recordar que el gobierno mexicano a través del extinto Inmecafé, aplicaba políticas para estabilizar la oferta y demanda del café, agrupando a los pequeños productores en Unidades Económicas de Producción y Comercialización (UEPC); las unidades recibían los anticipos a cuenta de cosecha, junto con otros apoyos y pagaban con el grano producido, lo que contribuyo al crecimiento y recuperación del sector, pues de alguna manera el Inmecafé servía de contrapeso al poder económico de las grandes empresas.

Por lo anterior, resulta urgente el agrupar y organizar a todos los cafeticultores del país, para hacer frente a las grandes trasnacionales que controlan el precio del mercado internacional del café, de lo contrario será imposible hacer frente poder económico de las grandes empresas.

Sobre el particular, la presente iniciativa propone la creación de un nuevo Instituto Mexicano del Café, que tendría entre una de sus funciones, el garantizar la estabilidad del precio del café, a través de la creación de almacenes de depósito, para guardar el grano cuando el precio está bajo y venderlo cuando suba.

Otra medida que podría ayudar a nuestros cafeticultores está relacionada con la industria de los productos orgánicos, hoy el 3.2% de la superficie cultivada de café, se ocupa para la producción de café orgánico.

En nuestro país se produce café orgánico de alto valor, principalmente para exportación a Estados Unidos; por desgracia al tratarse de una variedad que por su propia naturaleza debe de cumplir altísimos estándares de calidad y cuidado, debe estar libre de uso de plaguicidas, lo que la vuelve presa fácil de la roya afectando gravemente su producción.

Según datos de Sader, entre el siete y el ocho por ciento de los productores cultivan café orgánico, hoy nuestro país es uno de los principales exportadores de café orgánico a nivel internacional; anualmente exportamos 28 mil toneladas. La producción y comercialización del café orgánico, al ser un producto de altísimo valor agregado y sobretodo amigable con el ambiente, no solo trae beneficios ambientales y económicos, también trae desarrollo y bienestar en las localidades donde se produce.

Con la creación del Instituto Mexicano del Café, el sector cafetalero del país contará con un ente público encargado de coordinar la creación y diseño de políticas, estrategias y programas para impulsar el crecimiento y desarrollo de nuestra cafeticultura.

Asimismo, el Instituto estará encargado de organizar, capacitar y asistir a los cafeticultores para garantizar una mejor y mayor producción, así como el mejor precio de venta del grano.

De igual manera, tendrá a su cargo el prestar la asistencia técnica necesaria para garantizar la calidad en el café producido en México; así como el desarrollo y consolidación de la producción de café orgánico.

Otras de las funciones que tendrá el Instituto será la de promocionar, dentro y fuera del país, el consumo del café mexicano; asimismo, garantizar el acceso al financiamiento para la ejecución de proyectos de investigación, innovación técnica del cultivo del café; así como, su transformación y comercialización.

Para su funcionamiento el Instituto deberá contar con un padrón y registro de productores de café, mismo que deberá ser elaborado y actualizado por dicho ente público. Del mismo modo, le corresponderá la construcción y administración de los almacenes para el acopio y conservación del café, con lo cual, se permitirá posibilitará la obtención de mejores precios de venta.

Además, le corresponderá tomar las medidas necesarias para el control de plagas, mediante la puesta en marcha de programas para la entrega de plaguicidas y asesoría técnica para el control natural de las plagas.

Con la finalidad, de facilitar e ilustrar de mejor manera los cambios y adiciones propuestos a la Ley, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XXI Bis al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear Instituto Mexicano del Café

Artículo Único. Se adiciona la fracción XXI Bis al artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XXI. (...)

XXI-Bis.- Promover el cultivo, la transformación, la comercialización y el consumo del café mexicano, a través de un ente público denominado Instituto Mexicano del Café, con las siguientes facultades:

a) Proporcionar asesoría técnica en los procesos de producción, industrialización y comercialización del café y sus derivados, en coordinación con las autoridades competentes,

b) Garantizar el acceso a financiamiento para el desarrollo de proyectos de innovación y tecnificación del cultivo de café,

c) Proponer a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la expedición de las normas oficiales mexicanas que correspondan al sector cafetalero,

d) Crear y administrar un padrón y registro de productores de café por región,

f) Promover la creación de zonas cafetaleras en el país; además, gestionar, ante las autoridades competentes las solicitudes de las declaraciones de protección de Denominación de Origen a solicitud de los productores, y

g) Promover, en coordinación con la Secretaría de Economía, el consumo del café nacional.

XXII. al XXIV. (...)

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo federal contará con un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para la creación del ente público referido en la fracción XXI-Bis del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Referencias

https://www.inforural.com.mx/reporte-anual-de-produccion-de-cafe -de-mexico/

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/256426/B_sico-Caf _.pdf

https://smattcom.com/precio-productos-agricolas/precio-cafe

http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/94Caf%C3%A9%20-Producci%C3% B3n%20y%20Consumo.pdf

http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0542001.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2021.– Diputada Esther Martínez Romano (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente

Actualmente, vivimos en un grave contexto de desconfianza de la ciudadanía hacia los representantes populares y, en general, hacia la clase política, situación que debilita nuestra democracia. Según el Informe Latinobarómetro de 2021, el apoyo a la democracia en México en 2020 se sitúa en 43 por ciento (frente a 69 de Venezuela e incluso por debajo del de 46 de El Salvador) y se encuentra incluso en el segundo lugar en países que en algunas circunstancias, preferirían un gobierno autoritario a uno democrático. 1

Asimismo, de los 93 millones de electores con posibilidad de votar en las pasadas elecciones intermedias de 2021, tan sólo un reducido 52.5 por ciento se presentó a ejercer este derecho ciudadano, lo cual evidencia la baja participación en los ejercicios electorales en el país, que denotan que el abstencionismo reina durante las elecciones debido, en gran parte, a la falta de confianza por parte de la ciudadanía hacia los partidos políticos. 2

En suma, la percepción es que el sustento democrático del Estado Constitucional dejó de tener consenso social y que la clase política está al servicio de intereses ajenos a los de los ciudadanos. Es evidente la crisis de gobernabilidad y representatividad.

Una de las principales causas de esta crisis de legitimidad y confianza, es la falta de compromiso respecto de las propuestas que los candidatos adquieren en campaña, y su falta de cumplimiento. Los candidatos a cargos de elección popular se presentan en las contiendas electorales con una serie de propuestas que, después de resultar electos, no se sienten obligados a cumplir, práctica que se ha vuelto el común denominador, y que lleva al olvido de los compromisos adquiridos con los electores, quedando al arbitrio y voluntad del funcionario público electo, su eventual cumplimiento.

Es decir, el votante toma la decisión de ejercer el sufragio en la mayoría de las ocasiones en función de lo que el candidato promete sin que ningún instrumento jurídico le asegure al ciudadano que se llevará a cabo. Es decir, se deja a la buena voluntad del político que asuma su responsabilidad y cumpla lo dicho.

La relevancia de las promesas de campaña reside en el hecho de que representan el primer contacto entre los candidatos y sus electores, ya que, son el medio por el cual se empiezan a adquirir compromisos entre los futuros representantes populares y el soberano, es decir, el pueblo. En ese sentido, dado que nuestro sistema de gobierno es, por mandato Constitucional, una democracia representativa, resulta indispensable que los gobernantes obedezcan el mandato que los votantes expresan en las urnas. Una de las maneras de obedecer el mandato popular es precisamente cumplir las promesas de campaña.

Lo anterior ha propiciado que, demagógicamente, algunos candidatos firmen sus promesas ante notario público bajo la supuesta intención de otorgar certeza a los posibles votantes. Sin embargo, la realidad no cambia, los candidatos y después gobernantes no cumplen con lo prometido, repercutiendo en la creciente distancia entre ciudadanos y autoridades y profundizando aún más la desconfianza en nuestro sistema político.

Lee Payne, profesor de la Universidad Estatal de Austin, revisó las plataformas electorales de los partidos Demócrata y Republicano de Estados Unidos de 1980 a 2004 para verificar su congruencia con el sentido del voto en las cámaras de los legisladores de cada partido, y encontró que se mantienen fieles a sus plataformas en 82 por ciento de las votaciones. Otro estudio hecho con datos de Austria, Bulgaria, Canadá, Alemania, Irlanda, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos muestra también que el cumplimiento de las promesas de campaña es bastante alto. 3

A efecto de no particularizar los ejemplos, debe decirse que podría realizarse una amplia lista de candidatos y representantes populares que no han cumplido con lo que han prometido. Lo más grave es que dicha traición a la confianza del elector no es castigada, pues la ciudadanía no cuenta con los mecanismos ni los medios institucionales para evaluar el cumplimiento de las promesas de campaña, ni su desempeño a lo largo de la duración de los cargos públicos.

En una democracia representativa, en vías de consolidación, como la mexicana, es necesario fortalecer la rendición de cuentas como un instrumento fundamental para que la ciudadanía ejerza el control sobre quienes detentan el poder, para evitar el abuso del mismo y garantizar que los gobernantes cumplan su mandato con transparencia, honestidad y eficacia.

De acuerdo con Guillermo O’Donnell, hay dos clases de rendición de cuentas: la horizontal; y, la vertical. La primera se refiere a los controles que ejercen mutuamente los entes estatales, por ejemplo, el control del ejercicio del gasto del Poder Ejecutivo, por parte del Congreso de la Unión. Por otra parte, la rendición de cuentas vertical es realizada por la ciudadanía hacia el gobierno: por medio de procesos electorales, incluidos los ejercicios de ratificación de mandato, los gobiernos se obligan a rendir cuentas y ser evaluados por los ciudadanos. El medio con que estos cuentan para aprobar o reprobar a los representantes, es el voto. 4

Para Andreas Schedler, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas, la rendición de cuentas en el ámbito político es un concepto de dos dimensiones que denota, por un lado, la obligación de los políticos y funcionarios públicos de informar y justificar sus actos y, por el otro, la capacidad para imponer sanciones negativas a los funcionarios y representantes que violen ciertas normas de conducta. 5

La definición es clara, no solo es necesario que los políticos informen y hagan de sus avances de gobierno un discurso, se requiere y urge fortalecer la capacidad institucional para sancionar a aquellos que no han cumplido. En suma, para que el gobierno pueda rendir cuentas a la ciudadanía, se necesita desarrollar un marco jurídico, político e institucional, que delimite los derechos de los ciudadanos y las correlativas obligaciones del gobierno. Se debe especificar quién será competente para vigilar y evaluar el ejercicio del poder, así como los medios con que se cuenta para, en su caso, sancionar a sus gobernantes. El objetivo final de la evaluación gubernamental es “avanzar hacia un gobierno por resultados; a un gobierno efectivo, eficiente y eficaz en su actuar y que sea capaz de dialogar de forma constructiva con su principal evaluador: el ciudadano”. 6

En ese sentido, la presente iniciativa tiene por objeto regular un nuevo mecanismo de rendición de cuentas de los representantes populares hacia la ciudadanía, a fin de obligar a quienes han sido candidatos a cargos de elección popular a cumplir cabalmente sus promesas de campaña, de manera transparente y en un tiempo determinado.

El proceso planteado para garantizar el efectivo cumplimiento de las promesas de campaña es el siguiente:

1. Todo candidato a un cargo de elección popular tendrá la obligación de registrar un informe de promesas de campaña ante los organismos electorales federal o locales, a más tardar, veinte días antes de que se lleve a cabo la elección.

2. El informe de promesas de campaña del candidato electo será remitido a las autoridades correspondientes, a fin de que publiquen y publiciten en el Diario Oficial de la Federación o en las respectivas gacetas gubernamentales de las entidades federativas, dentro de los cinco días siguientes al del inicio del cargo.

3. Una vez electos, los servidores públicos estarán obligados a rendir semestral o anualmente un informe detallado acerca del estado de cumplimiento de sus promesas de campaña, mismo que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación o en las respectivas gacetas gubernamentales de las entidades federativas.

4. A partir del día en que los informes sean publicados, los ciudadanos inconformes con el contenido de los mismos, tienen el derecho a solicitar a los organismos garantes del derecho de acceso a la información federal o locales una opinión técnica acerca de la veracidad del estado de cumplimiento en que se encuentren las promesas de campaña.

5. Si de la opinión técnica de los organismos garantes del derecho de acceso a la información federal o locales se desprende que existe una desproporción grave, evidente e injustificada entre lo prometido por los candidatos durante las campañas y los avances logrados durante el periodo evaluado, los ciudadanos tendrán el derecho de solicitar la celebración del ejercicio de revocación de mandato de los representantes electos.

Las diputadas y los diputados de la bancada naranja tenemos la convicción de que la transparencia y la rendición de cuentas son mecanismos necesarios para transitar a una verdadera democracia en nuestro país, por lo que el cumplimiento de compromisos por parte de las candidatas y los candidatos electos será de mucha utilidad para tener una mejor calidad de políticos y servidores públicos, que tengan convicción de servicio, comprometidos y responsables con la ciudadanía.

Por todo lo expuesto se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Primero.- Se adicionan los incisos g Bis) e i Bis) al artículo 3; se adiciona el inciso r), con lo que se recorren los subsecuentes, al artículo 44; se adiciona el capítulo IV Bis al título segundo, “De los actos preparatorios de la elección federal”; se adiciona el inciso f), y se recorren los subsecuentes, al artículo 394; se reforma el inciso e) y se adiciona el inciso f), con lo que se recorren los subsecuentes, al artículo 445; y se reforma el inciso n) y se adiciona el inciso ñ), con lo que se recorren los subsecuentes, al artículo 446 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 3.

1. Para los efectos de esta ley se entiende por

a) a g) [...]

g Bis) Informe de promesas de campaña: se refiere al informe que las y los candidatos deberán presentar en cada proceso electoral en el que consten las promesas y compromisos de campaña con el plazo y medidas necesarias para su cumplimiento.

h) [...]

i Bis) Promesa de campaña: aquellas acciones de gobierno, propuestas o proyectos, acordes a las facultades y obligaciones propias del cargo de elección popular, cuya futura e imprescindible realización haya sido prometida por las y los candidatos a los votantes y, a través de las cuales, las y los candidatos adquieren la obligación de cumplimiento.

j) y k)[...]

Artículo 44.

1. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones:

a) a q) ...

r) Registrar el informe de promesas de campaña que para cada proceso electoral deben presentar los candidatos y solicitar su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

s) a kk) ...

Artículo 240 Bis. Salvo la candidatura del titular del Ejecutivo federal, una vez concluido el registro de candidatos a todo cargo de elección popular, deberán presentar su informe de promesas de campaña, acordes a las facultades y obligaciones propias del cargo de elección popular, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral o de los organismos públicos electorales de las entidades federativas. Dicho registro deberá llevarse a cabo, a más tardar, quince días antes a aquel en que se lleve a cabo la elección.

El informe de promesas de campaña deberá contener cuando menos lo siguiente:

I. Apellido paterno, apellido materno, nombre completo y firma o, en su caso, huella dactilar del solicitante;

II. Cargo para el que se pretenda postular el solicitante;

III. Lista de promesas de campaña, acordes a las facultades y obligaciones propias del cargo de elección popular.

En la lista a que se refiere la fracción III del presente artículo, el candidato o candidata deberá señalar, al menos, diez promesas de campaña, acordes a las facultades y obligaciones propias del cargo de elección popular, señalando de manera detallada el plazo, así como de las medidas jurídicas, materiales o económicas mediante las cuales se compromete a darles cumplimiento cabal.

Artículo 240 Ter. El informe de promesas de campaña del candidato que resulte electo será publicado, por orden del Consejo General del Instituto Nacional Electoral o de los Organismos Públicos Locales de las entidades federativas, en el Diario Oficial de la Federación o en las respectivas gacetas gubernamentales de las entidades federativas, dentro de los cinco días siguientes al del inicio de su periodo en el cargo.

Artículo 240 Quáter. Una vez electas, las personas servidoras públicas estarán obligadas a rendir anualmente un informe de cumplimiento de promesas de campaña, que constará de un estudio detallado acerca del estado de cumplimiento que se encuentran las promesas. Dichos informes deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación o en las respectivas gacetas gubernamentales de las entidades federativas, según corresponda.

Lo anterior, sin perjuicio de que la ciudadanía pueda solicitar información por medio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o de los organismos garantes de las entidades federativas, para conocer el estado de cumplimiento de las promesas de campaña en cualquier momento del periodo para el que fue electo el servidor público.

Artículo 240 Quintus. A partir del día en que los informes sean publicados, la ciudadanía inconforme con el contenido de los mismos, tienen el derecho a solicitar al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o a los organismos garantes de los Estados y de la Ciudad de México una opinión técnica acerca de la veracidad sobre el estado de cumplimiento en que se encuentren las promesas de campaña.

Si de la opinión técnica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o de los organismos garantes de los Estados y de la Ciudad de México se desprende que existe una desproporción grave, evidente e injustificada entre lo prometido por las personas candidatas durante las campañas y los avances logrados durante el periodo evaluado, de tal manera que se estime que el cumplimiento cabal de las promesas de campaña resultará imposible durante la duración del cargo para el que fueron electas, la ciudadanía tendrá el derecho de solicitar la ratificación o revocación del mandato de las personas funcionarias electas mediante voto popular, en los términos de la Constitución y las leyes secundarias en la materia. La opinión que en el caso se emita, podrá ser invocada como causal de pérdida de la confianza referida en la ley reglamentaria.

La opinión técnica que emita el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o los organismos garantes de los estados y de la Ciudad de México deberá circunscribirse únicamente al cumplimiento de los compromisos y promesas adquiridas durante la respectiva campaña, que se encuentren dentro del marco de facultades y obligaciones constitucionales y legales propias del cargo de elección popular.

Respecto al titular de la Presidencia de la República, se estará a lo que determina la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Artículo 240 Sextus. La solicitud de revocación de mandato a que se refiere el artículo anterior, deberá realizarse en los términos establecidos en la Fracción IX del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 394.

1. Son obligaciones de las candidatas y los candidatos independientes registrados

a) a e)[...]

f) Enviar el informe de promesas y compromisos de campaña al Instituto;

g) a p)[...]

Artículo 445.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular a la presente ley

a) a d) [...]

e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos ;

f) No presentar el informe de promesas y compromisos de campaña, establecido en esta ley; y

g) [...]

Artículo 446.

1. Constituyen infracciones de los aspirantes y candidatos independientes a cargos de elección popular a la presente ley

a) a m)

n) La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto ;

ñ) No presentar el informe de promesas y compromisos de campaña, establecido en esta ley; y

o) [...]

Segundo. Se adiciona el artículo 25 Bis; y se reforma la fracción X y se adiciona la XI, con lo que se recorre la subsecuente, al artículo 41 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue:

Artículo 25 Bis. Además de lo señalado en el artículo 24 de esta ley, los sujetos obligados cuyo nombramiento derive de un cargo de elección popular deberán rendir un informe anual respecto del cumplimiento de promesas y compromisos adquiridos, acordes a las facultades y obligaciones propias del cargo de elección popular, durante la campaña electoral, de la que derive su mandato.

Para el caso de las diputaciones federales y locales, deberá incluirse un apartado sobre la aprobación de la Ley de Ingresos y en el Presupuesto que corresponda a cada año, en el que funde y motive el sentido de su voto.

Artículo 41. El Instituto, además de lo señalado en la Ley Federal y en el siguiente artículo, tendrá las siguientes atribuciones:

I. a IX.[...]

X. Elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la evaluación general en materia de acceso a la información pública en el país, así como del ejercicio de su actuación y presentarlo ante la Cámara de Senadores, dentro de la segunda quincena del mes de enero, y hacerlo público ;

XI. Emitir la opinión que solicite la ciudadanía, respecto del cumplimiento de promesas y compromisos adquiridos, acordes a las facultades y obligaciones propias del cargo de elección popular, durante la campaña electoral por parte de sujetos obligados de esta Ley, cuyo mandato derive de elección popular; y

XII. Las demás que le confieran esta ley y otras disposiciones en la materia.

Tercero. Se adiciona el artículo 12 Bis; y se reforma la fracción XXIII y se adiciona la XXIV, con lo que se recorre la subsecuente, al artículo 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue:

Artículo 12 Bis. Además de las obligaciones señaladas en el artículo 11 de esta Ley, los sujetos obligados, cuyo nombramiento derive de un cargo de elección popular, deberán rendir un informe anual respecto del cumplimiento de promesas y compromisos adquiridos, acordes a las facultades y obligaciones propias del cargo de elección popular, de la que derive su mandato.

Para el caso de las diputaciones federales y locales, deberá incluirse un apartado sobre la aprobación de la Ley de Ingresos y en el Presupuesto que corresponda a cada año, en el que funde y motive el sentido de su voto.

Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XXII [...]

XXIII. Coadyuvar con el Archivo General de la Nación en la elaboración y aplicación de los criterios para la catalogación y conservación de los documentos, así como la organización de archivos de las dependencias y entidades ;

XXIV. Emitir la opinión que solicite la ciudadanía, respecto del cumplimiento de promesas y compromisos adquiridos, acordes a las facultades y obligaciones propias del cargo de elección popular, durante la campaña electoral por parte de sujetos obligados de esta ley, cuyo mandato derive de elección popular; y

XXV. Las demás que le confiera esta ley, la ley general y otras disposiciones aplicables.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los congresos de las entidades federativas tendrán 120 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para adecuar sus leyes respectivas y demás disposiciones normativas vigentes en la materia.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Latinobarómetro. Informe 2016. Recuperado de

www.latinobarometro.org

2 El Financiero (2021). “Elecciones 2021 tuvieron participación histórica, según datos del INE”. Recuperado de

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/06/eleccion-202 1-participacion-ciudadana-en-un-rango-del-517-y-525-menor-a-la-de-2018/

3 Hill, Benjamin. “Promesas de campaña, una propuesta para su incumplimiento”, en El Financiero, 24 de julio de 2018. Recuperado el 26 de octubre de 2021 de

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/benjamin-hill/promesas-d e-campana-una-propuesta-para-su-incumplimiento/

4 O’Donell, Guillermo. “Illusions about consolidation”, en Journal of Democracy,volumen 7, 1996.

5 Ugalde, Luis Carlos. Rendición de cuentas y democracia. El caso de México,página 44. Disponible en

http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenid o/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-CuadernosdeDivulgacion/docs/ 21.pdf

6 Morales González, Gisela. Evaluación del desempeño gubernamental y cultura organizacional: reflexiones desde la nueva gestión pública y la sociología de las organizaciones, INAP. Disponible en:

http://www.inap.mx/portal/images/REVISTA_A_P/rap121.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.– Diputada y diputado: Taygete Irisay Rodríguez González, Jorge Álvarez Máynez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Andrea Chávez Treviño, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Andrea Chávez Treviño, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por la que se realizan diversas reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

El derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica resultan esenciales para el funcionamiento y la existencia misma del sistema democrático, igualmente constituyen un canal que permite al pueblo mexicano y los distintos grupos de lo conforman expresar sus demandas, disentir y reclamar respecto al gobierno, sobre su situación particular, así como respecto del acceso y cumplimiento a de sus derechos políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Diferentes estudios coinciden en destacar la peligrosidad de protestar y defender los derechos humanos en América Latina, el concepto de criminalización de la protesta ha sido usado por organismos nacionales e internacionales dedicados a la defensa de los derechos humanos y por las propias organizaciones y movimientos sociales para nombrar un conjunto de estrategias recurridas por actores del estado, como una forma de intimidar, inhibir y deslegitimar cualquier tipo de lucha.

Desde siempre, la protesta debió asumirse como un derecho que puede entenderse como un derecho autónomo o bien un derecho llave a través del cual se hace posible el ejercicio de otros derechos, desplegando los derechos de reunión, manifestación, libre expresión, asociación y petición, pero lo más importante, es entender el derecho a la protesta como aquella prerrogativa que el pueblo tiene de autotutelar sus derechos, para protestar pacíficamente en las calles cuando considera que estos han sido desatendidos, violentados o que ha ocurrido algún hecho que se considera injusto, para hacer escuchar sus voces y promover un cambio.

De tal manera que resulta claro que la protesta se encuentra estrechamente vinculada a la promoción y defensa de la democracia y debemos recordar que los estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en contextos de protestas, según lo ha manifestado la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diversas resoluciones. 1 Lo anterior, al señalar puntualmente la relación de interdependencia e indivisibilidad que existe entre los derechos ejercidos a través de las manifestaciones públicas y acciones de protesta social en la operación del sistema internacional y los sistemas regionales de derechos humanos de que México es parte.

En el sistema interamericano de derechos humanos se ha reconocido la clara relación entre los derechos políticos, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación, y que estos derechos en conjunto, hacen posible el juego democrático. 2

Ya en un plano histórico, la criminalización de la protesta social en México alcanza una amplía visibilidad internacional desde 1968, durante la represión contra el movimiento estudiantil en la cual se acusó a sus dirigentes del delito de disolución social, la legislación penal en ese entonces fungió como herramienta para criminalizar mediante acusaciones penales a un movimiento estudiantil completamente legítimo.

Con dicho antecedente y los posteriores ocurridos en la represión ocurrida en el ataque de Los Halcones contra la marcha del 10 de junio de 1971, la Guerra Sucia antiguerrillera en la década de 1970, y el movimiento en defensa de la tierra en San Salvador Atenco en 2001 y 2002, entre otros, hoy podemos entender la criminalización de la protesta social como un proceso político, jurídico, mediático y social en el que el Estado prevé acciones represivas y utiliza la legislación penal contra actores sociales; es decir, el poder punitivo y el monopolio del uso legítimo de la fuerza pública del Estado para pretender resolver el conflicto social, cuando en el fondo lo que se buscaba era la criminalización, anulación o al menos la restricción, de los derechos como el de protesta y libertad de expresión.

En consecuencia, y al jugar la protesta un papel central en defensa de la democracia, es que existe la imperiosa necesidad de dar a la ciudadanía marcos jurídicos bajo los cuales puedan tener la libertad de elegir la modalidad, forma, lugar y mensaje para llevar a cabo una protesta pacífica y con ello, el estado adquiera la obligación de gestionar el conflicto social desde la perspectiva del diálogo. De tal forma que este tendrá que respetar el limitado espacio que tienen para establecer restricciones legitimas a manifestantes y protestas al estar el derecho a la protesta, fuertemente asociado a las actividades de defensa de los derechos humanos y su estrecho vínculo como se ha reiterado en repetidas ocasiones con la promoción y defensa de la democracia.

Es por todo lo plasmado que debemos terminar con las múltiples y diversas formas de criminalización, terminar con las estructuras legales utilizadas como excusa o trampolín para facilitar el uso del derecho penal para castigar a quienes protestan y cuestionan, se debe dejar de acusar a dirigentes sociales de delitos comunes que solo sirven para poner en duda el prestigio de la persona, o restar fuera a un movimiento; debemos poner un alto definitivo a las detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza, en contra de quienes protestan y dejar de descalificar a quien tiene el valor de exigir el respeto irrestricto a sus derechos humanos.

El reto es mantener la vigencia del derecho a la protesta como una vía que permita que los ciudadanos nos hagamos presentes, participemos en los asuntos públicos y que los debates sobre estos no sean solo monopolio de la clase política, ni de los actores económicos y, sobre todo, que dichas prácticas no sean criminalizadas.

Es así que resulta de inminente necesidad que concibamos la protesta como un derecho y mecanismo indispensable para la consolidación democrática y, en consecuencia, constituirla en un uso tan legítimo del espacio público como cualquier otro, no olvidemos que la protesta social es un evento esencialmente público y constituye el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y participación política entre otros.

La iniciativa que hoy pongo a su consideración, no tiene otro fin que el que nuestro país, asegure y garantice el disfrute de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación a todas las personas y a todos los tipos de organizaciones y asociaciones sin necesidad de autorización, que se establezca desde la Carta Magna de forma más clara y explícita, la presunción a favor de la licitud de las manifestaciones y protesta pacífica, lo que implica que las fuerzas de seguridad no deben actuar bajo el supuesto de que constituyen una amenaza al orden público y con ello criminalizar y reprimir a quienes tienen el valor de alzar la voz.

En atención de lo expuesto se somete a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por la que se realizan diversas reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman el artículo 6o. y el segundo párrafo del artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de criminalización, sino solo en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público ; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información deberá ser garantizado por el Estado.

Artículo 9o....

Toda persona tiene el derecho a protestar o hacer petición alguna a cualquier autoridad considerándose en todo momento legal, salvo que se profieran injurias contra ésta, se hiciera uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el contenido del presente decreto.

Notas

1 Consejo de Derechos Humanos, resoluciones números 19/358, del 23 de marzo de 2012; 22/10, del 21 de marzo de 2013; 25/38, del 28 de marzo de 2014; 31/37, del 24 de marzo de 2016; y 38/11, de 16 de julio de 2018.

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Lone y Otros vs, Honduras. Sentencia del 5 de octubre de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2021.– Diputadas y diputados: Andrea Chávez Treviño, Adela Ramos Juárez, Adriana Bustamante Castellanos, Alejandro Carvajal Hidalgo, Alfredo Vázquez Vázquez, Blanca Araceli Narro Panameño, Brianda Aurora Vázquez Álvarez, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Carlos Augusto Pérez Hernández, Emmanuel Reyes Carmona, Gabriela Martínez Espinoza, Gustavo Contreras Montes, Hamlet García Almaguer, María del Rosario Reyes Silva, María Guadalupe Román Ávila, Martha Barajas García, Martha Robles Ortiz, Martín Sandoval Soto, Olga Zulema Adams Pereyra, Pedro Sergio Peñaloza Pérez, Rosa María Alvarado Murguía, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, Susana Cano González, Wilbert Alberto Batun Chulim (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 5o. y 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Francisco Javier Borrego Adame, Diputado Federal de la LXV Legislatura, secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes e Integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 5o. y un segundo párrafo al artículo 39, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019—2024 el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, establece un capítulo segundo relativo a una nueva visión de política social en el que el país impulse un modelo de desarrollo sostenible.

También se establece en el mismo plan, que con la creación de las Universidades del Bienestar Benito Juárez se crearan las carreras las de Ingenierías Civil, Desarrollo Regional Sustentable e Ingeniería de Viajes entre otras.

Desde el inicio del presente siglo, en nuestro país se ha acentuado el rezago en la actualización de los modelos del parque vehicular del autotransporte federal concesionado sea este de carga, pasajeros y turismo, en ese sentido la presente iniciativa de ley tiene como objetivo principal, generar un andamiaje jurídico base al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, impulse y coordine con otras dependencias del Gobierno Federal políticas públicas así como programas, que ayuden a mejorar la seguridad en carreteras federales así como el mejorar la sustentabilidad del sector de autotransporte federal concesionado.

En el léxico popular, se ha llamado “chatarra” a los vehículos que con más de 10 años de antigüedad ya sea de transporte particular, así como los de autotransporte público federal, mismo que siguen en circulación en las vías de comunicación terrestre en nuestro país. Este fenómeno ha traído, en consecuencia, un considerable e invariablemente el aumento del parque vehicular y, por ende, la elevación de los índices de contaminación y accidentes carreteros que desafortunadamente han causado la muerte de innumerables de seres humanos.

El deterioro del parque vehicular se agudizó entre otras cosas como consecuencia de una apertura indiscriminada que permitió la entrada a casi 8 millones de vehículos “chatarra” provenientes de Estados Unidos (EU), aunado a la cantidad ya existente de vehículos chatarra de fabricación nacional que están en circulación. 1

Según estimaciones de la SCT, el 75.5% (16 mil 712 millones de litros), del consumo anual de diésel lo hace el transporte en sus diferentes modalidades. El autotransporte (carga y pasaje), el 90.7% (15 mil 158 millones de litros); estimamos que, solo el autotransporte de carga adquiere 13 mil 750 millones de litros al año (82.3%).

Con estas estimaciones de acuerdo con datos proporcionados por la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, este sector paga al SAT solo por concepto de IEPS, 79 mil 567 millones de pesos. Es decir, el 61.5% de lo recaudado a través del consumo de diésel; 26.7% de lo cobrado a través de las gasolinas y el diésel y el 17.4% del total del IEPS.

En todo este periodo de tiempo, han existido algunos esfuerzos a través de programas de renovación vehicular, mismos que han sido insuficientes y han quedado en buenas intenciones. Estos programas de actualización del parque vehicular tenían la finalidad de impulsar el desarrollo económico, preservar el medio ambiente y la seguridad de las carreteras del país, pero sobre todo salvaguardar la vida y la integridad física de los miles de usuarios que utilizan las carreteras del orden federal y local en nuestro país.

Con esta reforma pasaremos como país de las buenas intenciones al terreno de los hechos, ya que sin duda la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se encargará previa aprobación del proyecto de decreto, de planear y coordinar una política logre de una vez por todas asegurar de forma gradual la actualización de nuestro parque vehicular en el ramo de autotransporte federal concesionado.

Recalco con claridad a esta soberanía que la presente iniciativa, tiene por objeto en principal apoyar en primer término a los transportistas mexicanos denominados hombre camión, es decir aquellos operadores de su propio negocio rodante que representan en números aproximados 150 mil permisionarios federales, para que cuenten con un parque vehicular moderno y les permita ser más competitivos y productivos, contribuyendo con una mayor seguridad vial en las carreteras federales del país y así también mejorar nuestro compromiso en cuanto a la disminución de emisiones de efecto invernadero así como la protección al medio ambiente y lo primordial que es preservar la integridad y salud de las y los ciudadanos.

Al inicio del gobierno federal anterior (2012 — 2018), la antigüedad promedio de los vehículos de carga era de 15.96 años, desde entonces, el aumento más significativo se dio entre 2016 y 2017 cuando el salto se dio desde los 16.17 años en promedio a 16.39 años.

Esta irresponsabilidad de permitir el crecimiento promedio de la antigüedad del parque vehicular de carga pesada en el país, demuestra con claridad la falta de interés que tuvo el estado mexicano para incentivar y coordinar programas y políticas públicas efectivas que busquen frenar esta tendencia, sobre todo porque no se ha actualizado el Esquema de Renovación Vehicular del Autotransporte Federal, establecido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el cual ha incentivado a los dueños de unidades con más de 10 años a cambiarlas por un vehículo nuevo.

El 97.5% de los empresarios del autotransporte de carga se encuentran en el rango de las compañías pequeñas y medianas denominado hombres camión, que son transportistas de 1 a 10 vehículos pesados.

De acuerdo a los datos proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el sector autotransporte de carga genera alrededor de 233 mil empleos directos y genera ganancias por cerca de 247 mil millones de pesos. 2

Deseo enfatizar al Pleno de esta soberanía y a la Dictaminadora, que la importación de vehículos usados con más de 10 años de antigüedad, tienen un efecto negativo en el ambiente, a la economía, seguridad en las carreteras y en la salud de las personas. Esta apertura indiscriminada afecto al desarrollo del mercado de vehículos usados nacionales y ha dañado el potencial de crecimiento del mercado de vehículos nuevos. Solo por ejemplificar destaco las siguientes estadísticas

En un estudio realizado por la AMIA indican que la industria automotriz aporto a pesar de la crisis sanitaria del 2020 el 3.8% del Producto Interno Bruto (PIB) y genero cerca de 980,000 puestos de trabajo, los que sostiene económicamente a poco más de 3.6 millones de mexicanos. Además, generó impactos en 157 actividades económicas del país, 84 corresponden a la industria manufacturera y 73 a comercio y servicios. De 1993 a 2019, el PIB de la industria automotriz creció más del doble que el PIB manufacturero y el PIB nacional. 3

Es evidente que la fabricación de vehículos en cualquiera de sus vertientes en el país genera empleos, mayor recaudación fiscal etc. El de México es un modelo que nació con un perfil exportador y así se ha mantenido. El reto es fortalecer las ventas internas. México se ha convertido en una importante plataforma de exportación de vehículos. De cada 100 vehículos que se fabrican en México, más de 80 unidades se exportan, teniendo comercio con 100 países. 4

Además de lo anterior en México existen 13 armadoras de autobuses de pasajeros y unidades de transporte de carga, mismas que sin duda aumentarían su capacidad de producción ante una renovación del parque vehicular del servicio público federal.

Esta propuesta de modificación a la Ley de Caminos y Puentes va en concordancia a la estrategia prioritaria 2.5 Diseñar e implementar las acciones que garanticen la calidad del servicio, la inclusión de los grupos vulnerables y la sustentabilidad del transporte, 5 así como la 2.5.5 Diseñar e implementar medidas para la renovación de la flota vehicular en el autotransporte federal a fin de contribuir a la disminución de la contaminación y fortalecer la seguridad de los pasajeros, 6 ambas incluidas dentro del Plan Sectorial 2019 - 2024 de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 7

Con esta modificación a la Ley, se ratificará en los hechos el compromiso de la cuarta transformación, de apoyar la modernización del parque vehicular del autotransporte federal con el objetivo de reducir la edad promedio de las unidades vehiculares, especialmente las del hombre-camión y del pequeño transportista fomentando la circulación de unidades vehiculares modernas en la red federal de carreteras, para optimizar el desempeño del sector, aumento de la seguridad vial, disminución de las tasas de siniestralidad y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

La modernización del parque vehicular, generará impacto directo en los costos operativos por traslados, incrementando así la competitividad y la productividad de las actividades económicas. 8

Por todo lo anterior es que me presento ante esta soberanía y la comisión Dictaminadora las siguientes adiciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal para que:

1. Ocupando la vacía fracción VII, derogada en el año de 1999 que establecía el fundamento legal de la entonces Policía Federal de Caminos, para, en ella facultar a la SCT para que establezca estos programas de renovación sustentable para que también brinde seguridad a los usuarios de las carreteras federales.

2. Adicionar, en el artículo 39, que habla de los requisitos de seguridad y de operación de los vehículos de autotransporte federal, un segundo párrafo que establezca las bases sobre las cuales la SCT deberá desarrollar dicha facultad de planeación y programación a efecto de poder renovar el parque vehicular del autotransporte federal.

Con base lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien proponer a esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 5o. y un segundo párrafo al artículo 39, ambos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Único. Se adiciona: una fracción VII al artículo 5o., así como un segundo párrafo del artículo 39, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 5o....

...

I a VI....

VII. Planear, formular y conducir las políticas y programas que promuevan la renovación sustentable del parque vehicular del autotransporte federal, en sus diferentes modalidades.

VIII y IX....

Artículo 39....

La Secretaría planeará, formulará y conducirá las políticas y programas de forma transversal con otras secretarias del gobierno federal, que busquen la renovación sustentable del parque vehicular de autotransporte federal en sus diferentes modalidades.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Autos chocolate, ¿otra regularización? 1 El Economista

2 Transportes (inegi.org.mx)

3 El sector automotriz pide ser considerado esencial para continuar operaciones (expansion.mx)

4 https://www.amda.mx/wp-content/uploads/asociaciones 2018-2024 180724.pdf

5 Microsoft Word - PT SCT 2021 FINAL.docx (www.gob.mx)

6 Microsoft Word - PT SCT 2021 FINAL.docx (www.gbo.mx)

7 Microsoft Word- PS-SCT (final publicada).docx

8 https://imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt462.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre del 2021.– Diputados y diputadas: Francisco Javier Borrego Adame, Adela Ramos Juárez, Carlos Augusto Pérez Hernández, Gustavo Contreras Montes, María Guadalupe Román Ávila, Martha Robles Ortiz, Susana Cano González (rúbricas).»

«Iniciativa de decreto, por el que se declara el 15 de noviembre como Día Nacional de los Dulces Típicos Mexicanos, suscrita por la diputada Saraí Núñez Cerón e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscribimos, diputada federal Saraí Núñez Cerón y las y los diputados, pertenecientes a esta LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 15 de noviembre de cada año como “Día Nacional de los Dulces Típicos Mexicanos”, al tenor de la siguiente:

En la historia del desarrollo de la humanidad los dulces han existido, en muchas de las culturas ancestrales como la “egipcia, griega o romana, también existió un tipo de cocina en la que se combinaban quesos, frutas, mieles y nueces para crear platillos dulces y golosinas. Con el tiempo, estas preparaciones fueron evolucionando hasta lo que hoy en día conocemos como postres y pasteles”. 1

De forma similar se comenzaron a idear preparaciones dulces en muchas de las grandes civilizaciones de todo el mundo, pero a pesar de que todas tenían en común la experimentación de los sabores dulces, los resultados fueron muy diferentes en cada una, debido a las diferencias en los ingredientes utilizados en cada región.

En este orden de ideas, en el México prehispánico los niños solían consumir las hormigas necuazcatl, también conocidas como hormigas mieleras o juchileras, pues estas capturan néctar de miel en su interior, fue así como se comenzó a presenciar el nacimiento de los dulces típicos mexicanos.

Más tarde con la conquista española, la cultura indígena se mezcló con nuevas costumbres, tradiciones y sabores, unieron sus ingredientes tradicionales para crear una nueva gastronomía y gracias a esta herencia hoy en día podemos encontrar una gran variedad de dulces típicos mexicanos que varían dependiendo de cada región.

Es por lo antes dicho, que México es uno de los lugares que cuenta con una amplia variedad de productos autóctonos y otros foráneos que se han acoplado al clima de las diferentes regiones que abarca este hermoso territorio. Así podemos observar desde el desierto de Chihuahua hasta la selva de Chiapas y encontrar la cosmovisión de los diferentes productos que componen nuestra cocina.

Actualmente, gracias a esta diversidad culinaria se ha hecho más énfasis a la gastronomía mexicana; al grado que la comida que emana de este gran país tiene un gran reconocimiento a nivel mundial que recibió por parte de la Unesco el día 16 de noviembre del 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial.

En este contexto la Unesco menciona que:

“La cocina tradicional mexicana es un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales”. 2

Es por lo antes mencionado y para seguir festejando esta impórtate festividad y que este no se empalme con lo antes mencionado por la Unesco, propongo que sea el 15 de noviembre de cada año como “Día Nacional de los “Dulces Típicos Mexicanos”.

Por ende, la cocina mexicana tiene significados, historia y recetas de algunos dulces típicos tales como los caramelos nacen a raíz de la necesidad del hombre por encontrar un alimento ligero que sirviese de sustento para los viajes. Los primeros dulces, creados con pulpa de fruta, cereales y miel, servían a los viajantes y mercaderes para soportar los largos trayectos y proveerse de energía rápidamente.

Muchos de los dulces que se conocen actualmente encuentran sus orígenes en la época prehispánica; en esos tiempos se cocían en una miel de maguey muy espesa, dulce y oscura, asimismo, se siguen usando otras mieles que utilizaban para endulzar son la de la hormiga mielera, la de la caña de la planta del maíz y de la abeja pipiola, entre otras.

Por ejemplo, el tzoalli o saule, ahora llamado dulce de alegría. En los años en que surgió la Conquista se introdujo la caña de azúcar para hacer miel de caña, piloncillo y azúcar, mismas que desplazaron a los otros endulzantes, dado que el azúcar de caña era más fácil de obtener.

Muchos de los dulces que hoy son tradicionales llegaron a España en la Época virreinal: de ese entonces son los famosos dulces conventuales. Varios de estos dulces se modificaron y siguen intactos; otros, especialmente los hechos a base de frutas se sustituyeron por diversos productos autóctonos; así nacerían los dulces y ates de guayaba, tejocote y muchas otras frutas.

También se utilizaron las bondades del pulque y del aguamiel que se extrae del maguey, la melcocha obtenida del jugo de tuna concentrado, del mezquite, así como mieles extraídas de las hormigas, avispas y abejas, además de varias palmas y raíces, mezclados con el maíz, cacao y la semilla de amaranto se originaron dulces como el pinole, el chocolate y la alegría. Con la miel elaboraban alegrías de amaranto y palanquetas de semillas de calabaza y cacahuate.

El aguamiel recalentado se utilizaba para bañar frutas y las mujeres machacaban el fruto del nopal (tuna), hasta obtener una capa dulce y transparente que se revolvía con amaranto y servía como postre, como un verdadero manjar de dioses.

Los dulces típicos se acentuán en diferentes puntos del país como Puebla con su indispensable camote poblano, seguida muy de cerca por Tlaxcala, Querétaro, el estado de México, Guanajuato con su variedad de cajetas, Sonora con las conocidas coyotas, las glorias, originarias de Linares, Nuevo León, las cocadas procedentes de Veracruz, Michoacán con la fresa acitronada, la Ciudad de México, con las alegrías propias de Xochimilco, el jamoncillo, originario de Axochiapan, Morelos, la capirotada que es un dulce típico de Sinaloa y Zacatecas Oaxaca y Yucatán donde existieron importantes conventos mismos donde nace el uso de la leche, para los rompopes, las cajetas y otros productos como los limones rellenos de coco, las palanquetas, el acitrón, las frutas cubiertas y las cocadas, que los pueblos fueron adaptando y elaborando, haciéndolos iconos de las gastronomías locales de cada región del país.

El impulsar el reconocimiento de los productos como es el dulce y cada artesanía transmite recuerdos, experiencias, sentimientos y emociones. Es por ello por lo que este día 15 de noviembre de cada año como “Día Nacional de los Dulces Típicos Mexicanos”, el gobierno y la sociedad civil impulsarán este día mediante ferias y exposiciones organizadas por los tres niveles de gobierno para impulsar a los pequeños productores de la región y artesanos, en las exposiciones realizar talleres demostrativos para conocer los procesos de los dulces artesanales, de ferias para conocer la variedad de dulces y los lugares de origen y como es que se realizan cada uno de ellos, a fin de continuar con las costumbres, fomentar el comercio y consumo en el sector.

Con este proyecto pretende que las direcciones o áreas de los municipios y estados general orientación a los productores para impulsar sus ventas, difusión de la producción artesanal y así evitar su desaparición frente a la baja demanda y el consumo de dulces ante la manufactura industrial, así como orientar e impulsar el comercio justo y la generación de buenos empleos de una forma bien pagada, ya que muchas veces hay un regateo a los artesanos y se les paga poco por lo que hacen.

Con esta propuesta también tiene el fin de concientizar al público que el consumir productos elaborados de manos mexicanas, que han sido preparados por generación día con día esperando la satisfacción del cliente benefician a la economía del país y detona el comercio regional.

En esta tesitura, según la Cámara de la Industria Alimenticia, menciona que:

“México es el tercer país en Latinoamérica en consumir dulces, solo detrás de Estados Unidos y Brasil. Los mexicanos consumen en promedio 4.5 kilogramos de dulces por año, lo cual resulta muy beneficioso para la industria de la confitería.

Más allá de la frontera, los dulces mexicanos son apreciados en varias partes del mundo. Un ejemplo de ello es Mexitreat, un startup creado por dos mexicanos que viven en California y se dedican a la venta de cajas cuyo interior contiene solamente dulces de marcas mexicanas.

Los dulces típicos son buscados por muchas personas alrededor del mundo. Por ejemplo, la cajeta generó un ingreso anual de más de 2 millones de dólares en 2017 y se consumió en más de 15 países, según cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

Por otro lado, Ana Rita García Lascurain, directora del Museo del Chocolate afirma que México produce más de 27 mil 844 toneladas de cacao al año y que es el sector asiático y el árabe los principales interesados en la compra del producto mexicano.

Los dulces típicos mexicanos, declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco desde 2010, son un sector fuerte de la confitería dados su sabor difícil de emular en el mundo. Invertir en las diversas maneras de venderlos, incluyendo las ventas en línea, favorece al crecimiento de la propia industria”. 3

“La cultura da raíz y sentido a la vida personal y social, sus distintas expresiones son un bien común de la nación, por ello la cultura mexicana, expresa la grandeza y la pluralidad de la nación”. 4

Es por lo antes menciono, que quiero impulsar y resaltar que esta iniciativa cuyo espíritu y parte de la argumentación se extrajo de una propuesta presentada de un compañero diputado de la LXIV Legislatura perteneciente al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Adolfo Torres Ramírez.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestro carácter de integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que se declara el 15 de noviembre de cada año como “Día Nacional de los Dulces Típicos Mexicanos”

Único. Se declara el 15 de noviembre de cada año como Día Nacional de los “Dulces Típicos Mexicanos”.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Dulces tipicos, recuperado de la pagina Web

https://aprende.com/blog/gastronomia/comida-mexicana/dulces-tipi cos-mexicanos/

2  La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva - El paradigma de Michoacán

https://ich.unesco.org/es/RL/la-cocina-tradicional-mexicana-cult ura-comunitaria-ancestral-y-viva-el-paradigma-de-michoacan-00400.

3 ¿Cuál es el escenario de los dulces típicos mexicanos actualmente?, pág, web:

https://www.confitexpoinforma.com/2019/11/12/cual-es-el-escenari o-de-los-dulces-tipicos-mexicanos-actualmente/

4 Doctrina del Partido Acción Nacional, 4. Cultura y Educación , Pág. 5. Pág. Web

https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/documentos/ toqfeHtQI8xfmvAAiJNc5U6xqTHiSO.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2021.– Diputadas y diputados: Saraí Núñez Cerón, Emmanuel Reyes Carmona, Martha Robles Ortíz, Gustavo Contreras Montes (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 10 y 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Alan Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Alan Castellanos Ramírez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 10 y 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, al tenor de la siguiente

La movilidad urbana es un desafío de las grandes ciudades, ya que el desplazamiento de millones de personas es una variante en su calidad de vida y conlleva retos de gobernabilidad, sustentabilidad, cambio climático, tecnológico, planeación, inversión y contaminación, entre otras.

Definamos a la movilidad urbana como un “factor determinante tanto para la productividad económica de la ciudad como para la calidad de vida de sus ciudadanos y el acceso a servicios básicos de salud y educación”. 1 Es decir, esta acción permite aproximar a las personas de forma práctica a centros de servicios y realicen sus actividades en total plenitud.

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) refiere que la movilidad “se ha convertido en uno de los asuntos prioritarios a atender y resolver en las agendas gubernamentales, las estrategias que se han llevado a cabo hasta el momento, en la mayoría de los casos, no han logrado crear las condiciones de bienestar y prosperidad para la población en las áreas urbanas”. 2 Este tema es de principal interés internacional, ya que la movilidad no sólo se da dentro de una ciudad y su periferia, sino entre países.

Ahora bien, la pandemia provocada por Covid-19 hizo que los temas en materia de movilidad urbana cambiaran. La demanda de viajes se redujo en respuesta directa a los cierres y al trabajo remoto. Al mismo tiempo, se observó un impulso sin precedentes para los viajes no motorizados, como andar en bicicleta y caminar, mientras que el uso del transporte público, ahora asociado con la amenaza potencial de contagio, se desplomó.

En este sentido, “algunas ciudades han empezado a percibir una reducción dramática de los ingresos por los servicios de transporte público que podrían hacer que los presupuestos de transporte de la ciudad tengan dificultades en los próximos años.

Sin embargo, aún se necesitan más investigaciones para conocer completamente el verdadero riesgo de que el transporte público contribuya a la propagación del virus. Actualmente hay estudios iniciales que sugieren que, en las condiciones adecuadas, el transporte público sigue siendo uno de los medios más seguros y esenciales para moverse por las ciudades.

Al comprender el papel integral que desempeña el transporte público, por ejemplo, al permitir que los trabajadores se muevan fácilmente entre su hogar y el lugar de trabajo, las ciudades deben elevar los estándares de higiene para abordar el riesgo de infección asociado con el transporte público.

Con las medidas adecuadas, el transporte público se puede utilizar de forma segura durante una pandemia. Sin embargo, los gobiernos de las ciudades deberán realizar esfuerzos para comunicar las medidas adecuadas para tranquilizar a los usuarios y restaurar la confianza en el transporte público.” 3

El tema de movilidad no sólo ocupa a gobiernos nacionales, sino que también en la clasificación de lo subnacional ha existido un gran interés en el tema, al igual que en las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, diferentes estudios acerca del origen y destino de la población en su vida cotidiana ahora tienen un especial interés para la elaboración de políticas públicas que permitan una mayor efectividad en el traslado.

Ante esta problemática, los retos en movilidad en nuestro país siguen siendo abismales, dado que, cada uno de nosotros hemos experimentado la ineficiencia del sistema de movilidad en México, y es que no importa si viajas en transporte público, vehículo particular, o si tienes la fortuna de desplazarte en un vehículo eco amigable como bicicleta o patines; seguro te has encontrado atrapado en embotellamientos que difícilmente duran menos de una hora y en el caso de los últimos mencionados se carece de infraestructura poniendo en peligro tu integridad si es que planeas moverte por la ciudad.

De acuerdo, con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se tienen registros administrativos de 50 millones 347 mil 569 vehículos de motor registrados en circulación en todo el país, 4 mismos que pueden llegar a formar parte de la flota de instituciones públicas, ya sean federales, estatales o municipales, aunque pareciera imposible lograr movilizar todos estos vehículos sin aglomeraciones no es así, este problema se deriva principalmente de una mala planeación en calles y avenidas.

De acuerdo con el propio Inegi, hay nueve entidades en el país que cuentan con parques vehiculares que superan el millón en cada una de ellas; éstas son 1) Estado de México, con 5 millones 530 mil 839 automóviles; 2) Ciudad de México, con 5 millones 278 mil 405; 3) Jalisco con dos millones 222 mil 924; 4) Nuevo León con un millón 706 mil 431; 5) Michoacán, con un millón 322 mil 689; 6) Baja California, con un millón 315 mil 649; 7) Veracruz con un millón 253 mil 173; 8) Chihuahua con  un millón 129 mil 300; y 9) Guanajuato con  un millón 116 mil 211 automóviles. Con estos datos, lo que se observa es que dos de cada tres automóviles registrados en circulación en el país, se concentran en estas entidades. 5

Es interesante observar que las entidades con más automóviles no son necesariamente las que tienen un mayor número de estos vehículos para el servicio público. Así, aquellas que concentran más unidades en esta modalidad son 1) Ciudad de México, con 134 mil 375 unidades; 2) Estado de México, con 94 mil 486; 3) Guerrero, con 56 mil 773; 4) Veracruz, con 55 mil 790; 5) Quintana Roo, con 44 mil 804; 6) Nuevo León, con 36 mil 628; 7) Michoacán, con 32 mil 020; 8) Puebla, con 30 mil 261; y 9) Oaxaca, con 22 mil 596. 6

Ante esto, la inclusión en aspectos de movilidad urbana es un tema que se debe priorizar, ya que tanto la infraestructura como los medios de transporte tendrán que ser accesibles para todos los habitantes.

México ha trabajado mucho bajo el objetivo de enriquecer su infraestructura, un ejemplo de ello es el transporte público, de hecho, el sistema de tránsito rápido de autobuses que se maneja en varias ciudades del país ha sido tomado como referente por otras naciones. Estos autobuses urbanos tienen paradas establecidas y un carril exclusivo para su circulación, de esa forma no detienen el tránsito constante de los autos que circulan por la zona.

La construcción de puentes, vías rápidas y desniveles es otro modelo de infraestructura que se utiliza en las grandes urbes y permite el flujo constante de vehículos sin detenerse, sobre todo si la distancia a recorrer es amplia.

Es importante destacar, que movilidad y transporte juegan un papel clave para mejorar la calidad de vida de las personas, propiciar el crecimiento y desarrollo económico en las ciudades y hacer más eficientes los procesos de producción.

Por lo tanto, se le debería dar peso a:

- Infraestructura para la movilidad: Es importante que existan obras adecuadas para los diferentes hábitos de transportación de las personas. Con ello nos referimos tanto al transporte público como al particular, y que cada una reciba el mantenimiento adecuado.

- Movilidad inteligente: Hay que hacer uso de la tecnología actual y del análisis de datos para dar solución, o bien adelantarnos un paso, antes de que las necesidades que se tendrán en los próximos años nos rebasen.

Aunado a ello, en la actualidad, el 55 por ciento de las personas en el mundo vive en ciudades. Según un informe de la ONU, se estima que esta proporción aumentará hasta un 13 por ciento más de cara a 2050, por lo que el desarrollo sostenible dependerá cada vez más de que se gestione de forma apropiada el crecimiento urbano, especialmente en los países de ingresos medios y bajos que son los que liderarán el proceso. 7

La causa reside en que parte de la población mundial desplazará su lugar de residencia de las áreas rurales a las urbanas y, a esta predicción, se unen las perspectivas de crecimiento demográfico, según las que cerca de 2,500 millones de personas adicionales vivirán en las ciudades para esa fecha.

Se prevé que este aumento se producirá de forma desigual en términos geográficos y que, además, algunas de las urbes que actualmente presentan un mayor tamaño podría ver reducido su número de habitantes.

En esta tesitura, las administraciones nacionales, estatales y municipales deberán crear soluciones ante las problemáticas en materia de movilidad e infraestructura. Pese a que se puedan presentar diversas propuestas para dar solución a algún desafío especifico, para así lograr el objetivo de mejorar la movilidad de las ciudades.

Aun cuando la concientización de los problemas en materia de movilidad en las ciudades de nuestro país, han conducido al Gobierno Federal a que se formulen programas que coadyuven a resolver este reto, es preciso señalar que en cada región se presentan condiciones que pueden ser consideradas para la adopción o implantación de diversas políticas en esta materia, dado que cada localidad presenta diferentes necesidades.

En tal sentido, las administraciones locales juegan un papel importante en concientizar y responder a las problemáticas de cada región y/o comunidad, dado que son ellos los que entienden el problema en su totalidad, por lo que deberán atender estas circunstancias con estrategias que respondan a las características que vulneran la movilidad en su zona.

Al respecto y de conformidad a lo establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.” 8

Asimismo, enuncia en sus fracciones V y VI del artículo 115, lo siguiente: 9

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I a IV [...]

V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como los planes en materia de movilidad y seguridad vial;

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la federación o los estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios;

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

...

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, incluyendo criterios para la movilidad y seguridad vial, con apego a las leyes federales de la materia.

Ante lo establecido en nuestra Carta Magna, es obligatorio que los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, acojan responsabilidades para atender las problemáticas en materia de movilidad, entre ellas:

I. Planeación Local: Considerar a la movilidad no en función de mover automóviles sino como un medio para lograr que las personas gocen de acceso a bienes y servicios. Esto da como resultado natural priorizar a peatones, ciclistas y al transporte público dentro de las políticas públicas. También implica que los usuarios de automotores deben de asumir el costo de los daños ambientales y sociales del uso de sus vehículos. Al optar por este enfoque es posible disminuir las desigualdades sociales y alcanzar la sustentabilidad.

II. Compromiso Gubernamental: La implementación de las soluciones, involucra establecer un plan de movilidad con un enfoque sustentable y participativo. El proceso de elaboración y el seguimiento del plan requieren necesariamente del involucramiento activo de la sociedad. Es fundamental que la participación implique dialogo deliberativo para que la sociedad colabore en la elaboración del plan, se apropie de él e impulse su implementación. La importancia de la participación va más allá del simple sentido práctico: descansa en los principios fundamentales de una sociedad democrática.

En síntesis, los gobiernos de las ciudades mexicanas deben llevar a cabo acciones y obras que sumen elementos hacia algún objetivo definido colectivamente. Ésta es la única manera en que las políticas públicas sean constructivas y sea posible salir de un modelo de “planeación de supervivencia” que antepone sistemáticamente lo urgente a lo importante, un modelo que resulta sumamente ineficiente para el futuro de las ciudades. Para que las políticas públicas se agreguen hacia un objetivo hay que hacer dos cosas: mantener las políticas que funcionaron a pesar de haber sido creadas o impulsadas por una administración anterior, y planear las políticas futuras.

Es por ello que la movilidad urbana presenta diferentes retos como la extensión y calidad del transporte público, infraestructura vial, retos ambientales, calidad en la salud pública, regulaciones, entre otros. Por tanto, es importante la participación ciudadana, gubernamental, etcétera, a fin de fortalecer aspectos culturales que permitan una movilidad ordenada, como el respeto a los límites de velocidad y a los reglamentos o el uso compartido de vehículo.

Ante esta problemática, la presente iniciativa propone reformar las atribuciones que se le otorgan a las entidades federativas y a los municipios, con la finalidad de que contribuyan, organicen, planeen y formulen políticas públicas a favor de la movilidad urbana, de manera que estas estrategias coadyuven a la planeación transversal que prevé el Gobierno Federal a través de diferentes entes públicos.

Por lo anteriormente expuesto es necesario que en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano se establezca que el gobierno municipal será el encargado de vigilar que los programas gubernamentales coincidan con el objetivo de generar un Plan Urbano, que beneficie a la ciudadanía.

En tal virtud, esta propuesta busca responder a las problemáticas de cada región ya que son ellos los principales afectados-beneficiados y cuentan con los medios para diseñar estrategias que respondan a las características propias de la localidad.

Con ello se prevé un mejoramiento en la articulación gubernamental tanto federal, estatal como municipal, a fin de crear soluciones al problema de movilidad.

De aprobarse esta reforma, se promoverán los planes de movilidad para las ciudades que se encuentran en su territorio considerando las propuestas de los gobiernos municipales, con lo que se garantiza la plena participación de los gobiernos locales un reto compartido.

Las decisiones más eficaces de política pública se toman cuando las acciones responden a una visión colectiva en las ciudades, donde se alinean las expectativas con los proyectos. Esto permite procesos ampliamente benéficos: la sinergia entre estrategias en distintos sectores y niveles de la administración pública, la continuidad de políticas públicas a lo largo del tiempo a través de distintas administraciones e incluso con diferentes partidos políticos, así como el alineamiento entre sociedad y gobierno que permite legitimar las decisiones y sobre todo reducir el riesgo y mejorar la capacidad de gestión y decisión de la autoridad responsable. Una visión no es la suma de los proyectos, sino la meta que como sociedad se exige alinear a las acciones. Toda política de innovación en movilidad requerirá sólidos acuerdos entre sociedad y gobierno, y debe ser punto de partida para cualquier plan o programa.

A continuación, se presenta el cuadro comparativo de la propuesta:

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Único. - Se reforman la fracción V del artículo 10 y la fracción III del artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

Artículo 10. ...

I a IV ...

V. Formular, aprobar y administrar su programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano bajo el principio de coordinación de las instancias gubernamentales para garantizar la armonización de los objetivos de los planes urbanos, así como vigilar y evaluar su cumplimiento con la participación de los municipios y la sociedad;

VI a XXVII ...

Artículo 11. ...

I y II ...

III. Formular, aprobar y administrar la Zonificación de los Centros de Población que se encuentren dentro del municipio, en los términos previstos en los planes o programas municipales y en los demás que de éstos deriven. El gobierno municipal será el encargado de vigilar que los programas gubernamentales coincidan con el objetivo del plan urbano;

IV a XXVI ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Banco de Desarrollo de América Latina. Observatorio de Movilidad Urbana. Qué es movilidad urbana. Disponible en:

https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/Reporte-Nac ional-de-Movilidad-Urbana-en-Mexico-2014-2015.pdf.

2 ONU Hábitat y Senado de la República. Reporte nacional de movilidad urbana en México 2014-2015. Página 6. Disponible en:

http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20Movilidad%20 Urbana%20en%20Mexico%202014- 2015%20-%20Final.pdf (fecha de consulta: 24 de octubre de 2016).

3 ONU Hábitat. Por un mejoramiento urbano. La pandemia cambió la movilidad en las ciudades. Disponible en:

http://onuhabitat.org.mx/index.php/la-pandemia-cambio-la-movilid ad-en-las-ciudades

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Vehículos de motor registrados en circulación. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/programas/vehiculosmotor/#Documenta-cio n.

5 Excélsior. Mala planeación: El principal problema de movilidad en México. Disponible en:

https://www.dineroenimagen.com/actualidad/mala-planeacion-el-pri ncipal-problema-de-movilidad-en-mexico/114915

6 Ibid.

7 Organización de las Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. as ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países en desarrollo. Disponible en:

https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-worl d-urbanization-prospects.html

8 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 4o. y 115. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf

9 Ibid.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2021.– Diputados y diputadas: Alan Castellanos Ramírez, Brasil Alberto Acosta Peña, Jazmín Jaimes Albarrán, Mariano González Aguirre, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, Shamir Fernández Hernández, Cristina Amezcua González, Sayonara Vargas Rodríguez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Planteamiento del problema

La presente iniciativa pretende incorporar el reconocimiento del uso del lenguaje inclusivo a la Ley Federal del Trabajo, ya que, al referirse únicamente al “jefe de familia” excluye a las mujeres que desempeñan el rol de asumir la responsabilidad absoluta de la manutención de la familia. Por ello, es necesario el uso del lenguaje incluyente, a fin de combatir la discriminación, la desigualdad entre los géneros y la eliminación de roles y estereotipos tradicionales atribuidos a mujeres y hombres.

Por ello, reconociendo que las sociedades se integran por hombres y mujeres, no es incorrecto ni redundante nombrar en femenino y en masculino. Una sociedad democrática requiere de un lenguaje incluyente, donde mujeres y hombres sean visibilizados. En este campo, hay un amplio número de alternativas por explorar para crear usos no sexistas del lenguaje que coadyuven a incrementar la equidad de género.

Argumentos

El lenguaje no es una mera herramienta mediante la cual expresamos y comunicamos nuestros pensamientos. El lenguaje construye nuestro pensamiento y a través de él entendemos el mundo, construimos y extendemos nuestra cultura. El uso de ciertas palabras o la omisión de ellas para definir y dirigirnos a determinados colectivos pueden contribuir a su invisibilización o, por el contrario, a potenciar su reconocimiento e identificación 1, hablamos en este caso de las jefas de familia.

El uso del idioma es un reflejo de las sociedades; transmite ideología, modos, costumbres y valores. En las sociedades patriarcales, el lenguaje está plagado de androcentrismo que se manifiesta en el uso del masculino como genérico, lo que produce un conocimiento sesgado de la realidad, coadyuvando a la invisibilidad y la exclusión de las mujeres en todos los ámbitos.

Es importante que en esta LXV Legislatura, la legislatura de la absoluta paridad de género, impulsemos todas las precisiones necesarias y suficientes para visibilizar lingüísticamente a las mujeres en cada uno de los roles que desempeñan.

En un país como México en el que la población del sexo femenino es de 61 millones de mujeres 2, se estima que 69 de cada 100 hombres son jefes de familia y  49 de cada 100 mujeres son jefas de familia. Existiendo solo una estrecha diferencia entre ambos sectores.

Lo que representa que la dinámica social y económica, así como las necesidades expresadas en las familias mexicanas, han impulsado que las mujeres mexicanas tengan un incremento en la toma de decisiones y jefatura de las familias, conformándose estas como nucleares, monoparentales o de otro tipo.

Resulta necesario realizar las modificaciones pertinentes para dar el amplio reconocimiento y visibilización que las mujeres se merecen, entonces el aprender a hablar y escribir con perspectiva integradora y visibilizadora es una tarea de todas y todos; que requiere, de entrada, un proceso de reflexión consciente y crítico sobre hábitos verbales muy arraigados, propios y ajenos, y una adaptación de las alternativas de uso sustentada en el convencimiento del papel que desempeña la lengua en el mantenimiento del status quo (o, en sentido contrario, su modificación).

En este sentido, es un imperativo categórico ejecutar las acciones pertinentes a fin de generar un leguaje incluyente que se convierta en una realidad palpable y normalizada para manejarnos en una adecuada sinergia de géneros, por lo que se propone, la siguiente modificación al artículo 123, Apartado A, fracción VI, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Texto vigente

Artículo 123. ...

A. ...

I. a V. ...

VI. ...

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

...

Propuesta de reforma

Artículo 123. ...

A. ...

I. a V. ...

VI. ...

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

...

Por lo expuesto y bajo el siguiente

Fundamento legal

Quien suscribe, Emmanuel Reyes Carmona integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 123, Apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Primero. Artículo 123. ...

A. ...

I. a V. ...

VI. ...

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Aliaga, José; Lenguaje Inclusivo con perspectiva de género; Gobierno de Aragón; Aragón, España. Recuperado el 17 de julio de 2019 en el sitio web:

https://www.aragon.es/documents/20127/186069/Lenguaje+inclusivo+ con+perspectiva+de+g%C3%A9nero/ca98fdb6-0d4c-563a-7f54-2ef933d5a60d?t=154944864 1684

2 Consulta de la encuesta interesal realizada por parte del Inegi en 2015; recuperado el 17 de julio de 2019 en el sitio web:

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/mujeresyhombres.aspx? tema=P

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.– Diputados y diputadas: Emmanuel Reyes Carmona, Pedro Sergio Peñaloza Pérez, Adriana Bustamante Castellanos, María Elena Limón García, Martha Robles Ortíz, Gustavo Contreras Montes, Alma Delia Navarrete Rivera  (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Óscar Almaraz Smer e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Óscar Almaraz Smer, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional correspondiente a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que reforma el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Conceptualmente, en los estudios parlamentarios y diseño de Estado se infiere que el informe presidencial al Congreso es una expresión del control ejercido por el Congreso a éste, distinguiéndose su participación de los otros integrantes del Gabinete a los que si se tiene previsto en la legislación su asistencia ante los legisladores en la figura de las comparecencias que permiten mayor interlocución y preguntas.

En 1824, el Constituyente dispuso el 1 de septiembre como el día en el que el titular del Ejecutivo federal rendiría su informe al Congreso, conservándose en las Constituciones de 1852 y 1917. Sin embargo, cabe destacar históricamente cuando Venustiano Carranza asistió a la apertura de un periodo de sesiones y presentó un informe del estado de la administración, posteriormente Lázaro Cárdenas (1936-1940) agregó al formato su transmisión por radio y Miguel Alemán (1946-1952) lo difundió por televisión.

Los informes desde la administración de Alemán Valdés no variaron hasta el ultimo informe de Vicente Fox, en el que las condiciones no le permitieron el acceso al Pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro y optó por entregarlo por escrito y dar un mensaje en cadena nacional, ello con su correspondiente debate de constitucionalidad. Al siguiente sexenio, de Felipe Calderón, el Constituyente modificó en 2014 el texto constitucional suprimiendo la presencia y discurso del Ejecutivo federal para dar lugar a la entrega por escrito del informe.

Si bien la Constitución establece claramente la entrega escrita del Informe presidencial la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, continúa sin actualizarse en lo que respecta a la entrega del informe presidencial y el Reglamento de la Cámara de Diputados no apunta a la recepción en específico, pero no entra en conflicto, por lo que hace meritorio armonizar el marco legal parlamentario, que como matriz de las regulaciones nacionales no puede permitirse tal rezago.

Para mejor ilustración de la propuesta se presenta un cuadro comparativo:

En suma, la presente iniciativa pretende suprimir la referencia en la Ley Orgánica del Congreso a la presencia física del Ejecutivo federal durante la presentación de su informe, con la finalidad de armonizarlo con el texto constitucional.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Único. Se reforma el artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 7.

1. El primero de septiembre de cada año, a la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, el presidente de la República presentará un informe de conformidad con el artículo 69 de la Constitución.

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.– Diputado Óscar Almaraz Smer (rúbrica).»

«Iniciativa que deroga el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo de la diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, del Grupo Parlamentario de Morena

La proponente, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, diputada por Zacatecas a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, al tenor de la siguiente

En México la crisis económica actual por la pandemia que ha acaecido, evidenció la vulnerabilidad de nuestra economía, por si fuera poco, lo anterior, el artículo 61 de la Ley General de Instituciones de Crédito, permite incautar los ahorros de los cuentahabientes que han logrado depositar a lo largo de su vida en un banco, y que no realizan movimientos en sus cuentas durante 3 años.

Esta iniciativa ha sido presentada en legislaturas pasadas por compañeros diputados de bancada y no ha sido dictaminada en tiempo, pero por la relevancia del asunto es que retomo el tema, abonando al bien de los ahorradores de México. 1

En 2011 hubo más de 9 reportes de cuentas que se integraron a una cuenta global sin consentimiento y las cifras siguen aumentando, por considerarlas cuentas “inactivas”. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en 2010 presentó 50 casos, de este tipo.

Las personas son en su mayoría de la tercera edad y desempleadas, que mantienen en el banco poco dinero, para poder hacer frente a emergencias, imprevistos o una enfermedad, con la confianza de que podrán disponer de él cuando les sea necesario, sin saber que serán despojados de su pequeño patrimonio que con mucho trabajo lograron tener.

Las cuentas hasta por la cantidad de 300 días de UMA vigente en la Ciudad de México (21 mil 30 pesos) corren el riesgo de ser entregados a la beneficencia pública de la Secretaría de Salud, si sus propietarios los mantienen sin “movimientos”. ¿Por qué las cuentas con recursos mayores a 300 UMAS no tienen esta suerte si no reportan movimientos durante 3 años? 2

Se está dejando en indefensión a un sector de la sociedad que no cuenta con los medios económicos para estar realizando retiros o depósitos en sus cuentas de forma permanente.

A las cuentas con un monto superior a 300 UMA se otorgan garantías, como el nombramiento de beneficiarios, y los bancos buscan mantenerse actualizados en sus domicilios, ya sea para cobrar o para enviar promociones y otras cosas, sin embargo para este sector con un ahorro mínimo, lo que sucede es que se les quita el dinero, lo único que tiene que cumplimentar el banco para trasladar el recurso a la cuenta global, es acreditar que se notificó al titular de que hiciera algún movimiento 90 días antes de la transferencia.

Hay que apuntar que el cobro de comisiones que hace el banco muy puntualmente y en cantidades excesivas no es tomado en cuenta como movimiento.

https://www.gob.mx/condusef/prensa/sabias-que-si-tu-cuenta-banca ria-no-registra-movimiento-tus-recursos-pueden-pasar-a-la-beneficencia-publica.

El artículo 61 de la Ley de Instituciones de crédito, señala que estos fondos, de las cuentas sin movimiento por 3 años, serán enviados a una “cuenta global” donde permanecerán otros tres años y, de no reclamarlas, sus propietarios perderán ese dinero, que pasará a la beneficencia pública.

El nombramiento de beneficiarios, en términos del artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, establece que se debe designar claramente y por escrito a los beneficiarios y precisar la proporción que a cada uno corresponda; si fallece el titular de la cuenta, el banco entregará el saldo a quien o quienes se haya designado y en la proporción indicada, previa identificación y presentación del acta de defunción.

Por tanto, presento esta iniciativa para derogar el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que daña a los cuentahabientes, y ya bastante tienen las personas con la crisis actual como para tener que perder sus ahorros en estos tiempos tan difíciles.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se deroga el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito

Único. Se deroga el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 61. Se deroga.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los fondos de las cuentas a las que se refería el artículo que se deroga, que se encuentren en la cuenta global de cualquier banco, se regresarán al titular de la cuenta respectiva.

1. Es la cuenta administrada por un operador o por un socio liquidador en donde se registran las operaciones de uno o varios clientes siguiendo sus instrucciones en forma individual y anónima.

Notas

1 Gaceta Parlamentaria, número 4908-III, jueves 16 de noviembre de 2017 (5382), Gaceta Parlamentaria, número 5138-III, jueves 18 de octubre de 2018 (553).

2 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/12/asun_ 3789734_20181205_1539895309.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de septiembre del 2021.– Diputadas y diputados: Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, Alma Delia Navarrete Rivera, Esther Berenice Martínez Díaz, Gustavo Contreras Montes, Ismael Brito Mazariegos, José Miguel de la Cruz Lima, María Guadalupe Román Ávila, Martha Robles Ortiz, Olimpia Tamara Girón Hernández (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, y del Seguro Social, suscrita por el diputado Riult Rivera Gutiérrez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El proponente, Riult Rivera Gutiérrez, diputado por el estado de Colima en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y la Ley del Seguro Social, por las que se establece la prevención del linfedema como padecimiento secundario derivado del tratamiento del cáncer de mama y se incluye para la prevención del mismo en el cuadro básico de insumos para la salud la “manga para linfedema” como material de cuidados post mastectomía y oncológico mamario, al tenor de los siguientes:

Primero. El cáncer de mama se origina a partir del crecimiento descontrolado e independiente de las células que forman un tumor maligno que puede invadir tejidos circundantes y también órganos distantes (metástasis). La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo reconoce como el tipo de cáncer más común en el mundo.

Según las Naciones Unidas este tipo de cáncer fue el de mayor incidencia en 2020, con 2.3 millones de casos nuevos lo que representa un 11.7 por ciento del total de casos de cáncer diagnosticados a nivel mundial.  Por otra parte, por iniciativa de la OMS, el 19 de octubre se celebra el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. 1

Cabe señalar que el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, se celebra en todo el mundo cada mes de octubre, debido a que es uno de los tipos de cáncer con mayor incidencia.

Se sigue trabajando a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama, con la detección precoz que será el estandarte de la lucha contra este cáncer.

El cáncer de mama no tiene una causa única, toda vez que se han identificado una serie de factores que contribuyen en su aparición y desarrollo, un ejemplo de ello es la edad, ya que conforme las personas envejecen aumenta el riesgo de padecerlo.

Otro factor puede ser el inicio temprano de la menstruación, considerado antes de los 12 años, además del inicio tardío de la menopausia considerado después de los 55 años y por supuesto, antecedentes de cáncer de seno o de ovario; la obesidad y el sobrepeso; el tabaquismo y la ingesta de alcohol; algunas terapias de reemplazo hormonal y ciertos anticonceptivos orales; así como mutaciones genéticas heredadas en los genes BRCA1 y BRCA2. 2

Segundo. En México, cada año se producen 1.38 millones de nuevos casos de cáncer de mama, tan sólo en el año 2020 fallecieron 7 mil 821 mujeres. La tasa más alta de defunciones de mujeres por cáncer de mama, se registra en el grupo de edad de 60 años o más, lo que representa el 49.08 por cada 100 mil mujeres de este grupo de edad, es por ello que, ante tal circunstancia, México ha implementado campañas de prevención para mitigar dichas incidencias, para la detección temprana del cáncer de mama, emprendiendo técnicas de difusión de la autoexploración mamaria. 3 El 24 de enero de 2020, se publicó Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se declara el tercer miércoles del mes de octubre de cada año como “Día Nacional sobre la Reconstrucción Mamaria”. 4

Tercero. Como ya se mencionó, el cáncer de mama no tiene una causa única, así mismo, si se detecta en etapa temprana puede elevar el porcentaje de supervivencia, sin embargo, aun cuando se detecte en momento precoz, no exonera a la paciente de enfrentar los procedimientos que tratan el cáncer para evitar que siga avanzando, por tal motivo, los procedimientos que ordinariamente establecen los hospitales de alta especialidad para el tratamiento, dependen del tipo de cáncer de mama y del grado de diseminación, los cuales puede ser de múltiples maneras.

Las personas con cáncer de mama a menudo reciben más de un tipo de tratamiento; como es el caso de cirugía, cuyo procedimiento implica una operación en la que los médicos cortan el tejido con cáncer y extirpan los ganglios linfáticos durante la cirugía contra el cáncer de mama, este es el caso de las mastectomías.

Sin embargo, después de una mastectomía, los médicos suelen aplicar radioterapia, donde se usan rayos de alta energía para matar las células cancerosas, suministrar  quimioterapia, que implica la utilización de medicamentos especiales para reducir o matar las células cancerosas, entre otros tratamientos más sofisticados.

Cuarto. Lo que es importante saber es que tanto la mastectomía (extirpación de los ganglios linfáticos durante la cirugía contra el cáncer de mama) y la radioterapia, pueden desencadenar linfedema, un padecimiento que surge por la afección a los ganglios linfáticos, y que desgraciadamente no tiene cura.

El linfedema es el nombre de un tipo de inflamación desmedida, entendida como la acumulación de líquido linfático en los tejidos adiposos justamente debajo de la piel. Esta acumulación podría ser también considerada como una obstrucción que genera inflamación, malestar, sensación de pesadez o rigidez, amplitud de movimiento limitada, dolor o molestia, endurecimiento y engrosamiento de la piel, llamada fibrosis.

Es importante resaltar que la aparición del linfedema producido por la afección del cáncer de mama o por el tratamiento oncológico se ve reflejada e incluso después de meses o años de este, por lo que se requiere de cuidados específicos para prevenirlo desde el momento que es detectado el cáncer de mama y se comienza con el tratamiento oncológico, por lo que comúnmente se recomienda es la utilización de una “manga para linfedema”.

Quinto. En México, las mujeres que se encuentran luchando contra el cáncer de mama y que están pasando por el tratamiento oncológico a causa de este, viven una realidad que poco conocen, pues 4 de cada 8 de ellas padecen linfedema. 5 Debemos entender que, para aquellas mujeres que enfrentan el cáncer de mama, no termina con la quimioterapia, ni al extirpar el tumor, o la glándula mamaria y todo el tejido cercano que puede albergar alguna célula maligna. La mitad de ellas podría enfrentar además una complicación secundaria: el linfedema, un problema que les arrebata calidad de vida y del que raramente suelen informarles los servicios sanitarios. 6

Se estima que el 20 por ciento de los pacientes con disección axilar desarrollarán linfedema a los seis meses, el 36 por ciento al año y el 54 por ciento a los 36 meses, incrementándose el riesgo de acuerdo al número de ganglios linfáticos extirpados y a la radioterapia. Por otra parte, el sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo hasta 80 por ciento de los casos impactando en los resultados del tratamiento. 7

Para la prevención del linfedema secundario, que es la secuela originada por el cáncer de mama y de su tratamiento, de acuerdo a las recomendaciones de los especialistas oncológicos es la utilización de la “manga para linfedema”, misma que la paciente debe adquirir por su cuenta y utilizarla hasta por cinco años después de concluir su tratamiento oncológico, cuyo valor estimado oscila en el mercado de venta entre los seiscientos y ochocientos pesos, con la latente de que no todas las mujeres tienen acceso a comprarla.

Sexto. La manga para linfedema no es otorgada por el sector salud, asimismo es necesario incluir políticas donde no sólo se prevenga un cáncer de mama avanzado, sino que además se impulsen acciones que apoyen a las mujeres que enfrentan un tratamiento por cáncer de mama, para que tengan una mejor calidad de recuperación y no enfrenten complicaciones, otorgándoles material de cuidados oncológicos mamario de manera gratuita.

Para el sector salud, invertir en la prevención del padecimiento del linfedema derivado del tratamiento del cáncer de mama resulta 100 por ciento conveniente, ya que le genera un gasto mayor para su atención, toda vez que una prenda de compresión para la prevención del linfedema oscila entre $600 y $800, a comparación de una prenda de compresión, vendajes y terapia aumenta un costo de $2 mil 500 a $3 mil, además del efecto irreversible que le causa a la paciente.

Por todo ello se cree en la necesidad de la actualización del cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud, donde se incorpore la manga para linfedema dentro del cuadro básico de insumos para la salud como material de curación, donde la “manga para linfedema”, sirva como prevención de las secuelas derivada del tratamiento del cáncer de mama, y además forme parte del cuadro básico del material de curación.

Séptimo. La presente iniciativa tiene como objeto la prevención del padecimiento llamado linfedema secundario derivado de tratamiento del cáncer de mama que muy pocos conocen, ya que al ser un padecimiento que no tiene cura y que merma la calidad de vida y autoestima de la paciente con cáncer de mama, se considera necesario el suministro de la manga para linfedema dentro del cuadro básico de material de curación, como mecanismo de prevención.

Ello conlleva a un gran beneficio, dentro del sector salud porque el costo invertido es menor en la prevención, a diferencia del costo que genera los tratamientos para un linfedema que ha surgido o que se encuentra en una etapa tardía o avanzada, y por otro lado genera un beneficio a la paciente porque evita algo irreversible y costoso.

Considerando que el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Que la Ley General de Salud establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, de aplicación en toda la república y sus disposiciones son de orden público e interés social, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la misma.

Octavo. En el entendido que el linfedema secundario es una “enfermedad no transmisible”, referida dentro de un grupo de enfermedades que no son causadas principalmente por una infección aguda, dan como resultado consecuencias para la salud a largo plazo y con frecuencia crean una necesidad de tratamiento y cuidados a largo plazo, 8  y que por su condición de no tener cura y ser prevenible, se ve la importancia de adicionar el artículo 159 Bis, del Capítulo III. Enfermedades no transmisibles, para incluir los padecimientos derivados del tratamiento del cáncer de mama, considerado como servicio básico de la salud, para su prevención y control, en la Ley General de Salud.

Como se muestra en el cuadro siguiente:

Por otro lado, en la Ley del Seguro Social, en materia de prevención, se ve la importancia de adicionar el segundo párrafo del artículo 110, relacionando los padecimientos secundarios derivados del tratamiento del cáncer de mama, como tema de medicina preventiva, además de reformar el primer párrafo del artículo 90 y adicionar un segundo párrafo, para incluir la prevención de los padecimientos derivados del tratamiento del cáncer de mama, como servicio básico de la salud, garantizando que dentro del cuadro básico de insumos incluyan el material de cuidados post mastectomía y oncológico mamario de carácter preventivo, quedando como sigue:

Noveno. Tanto en la Ley General de Salud como en la Ley del Seguro Social se establece el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, mismo que contiene los cuadros básicos de insumos para la salud, donde uno de ellos son los “Materiales de Curación”, entendido como el Cuadro Básico del Material de Curación, considerado “el documento que agrupa los insumos como dispositivos, materiales y substancias, de un solo uso que se emplean en la atención médica, quirúrgica, procedimientos de exploración, diagnóstico y tratamiento de pacientes, que se apliquen en la superficie de la piel o cavidades corporales y que tengan acción farmacológica o preventiva.”

En esa tesitura, reformando la fracción V del artículo 262 de la Ley General de Salud, donde se pretende incluir el material de cuidados post mastectomía y oncológicos mamario, como prevención a padecimientos secundarios derivados del tratamiento del cáncer de mama, dentro de los “Materiales quirúrgicos y de curación: Los dispositivos o materiales que adicionados o no de antisépticos o germicidas se utilizan  en  la  práctica quirúrgica o en el tratamientos de las soluciones de continuidad, lesiones de la piel o sus anexos”, se garantiza de alguna manera actualizar el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, incluyendo la “manga para linfedema”. 9

Por lo anterior, se reforma la fracción V del artículo 262 de la Ley General de Salud, como se muestra en el cuadro siguiente:

Con lo anteriormente expuesto, presento y someto a consideración del pleno de la honorable asamblea de la LXV Legislatura federal la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley del Seguro Social, por las que se establece la prevención de padecimientos secundarios derivados del tratamiento del cáncer de mama y se incluye en el cuadro básico de insumos para la salud el material de cuidados post mastectomía y oncológico mamario

Primero. Se adiciona el artículo 159 Bis y se reforma la fracción V del artículo 262 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 159 Bis. Para efectos del artículo anterior quedan incluidos en las enfermedades no transmisibles, los padecimientos derivados del tratamiento del cáncer de mama, para los cuales deben otorgarse los insumos de cuidados post mastectomía y oncológico mamario de carácter preventivo.

Artículo 262. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I a IV. ...

V. Materiales quirúrgicos y de curación: Los dispositivos o materiales que adicionados o no de antisépticos o germicidas se utilizan en la práctica quirúrgica o en el tratamiento de las soluciones de continuidad, lesiones de la piel o sus anexos, así como material de cuidados post mastectomía y oncológico mamario de carácter preventivo, y

VI...

Segundo. Se reforma el primer párrafo y adiciona un párrafo segundo en el artículo 90 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 110 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 90. El Instituto elaborará los cuadros básicos de medicamentos e insumos para la salud que considere necesarios, sujetos a permanente actualización, a fin de que los productos en ellos comprendidos sean los de mayor eficacia terapéutica.

Para efectos del párrafo anterior, dentro del cuadro básico de insumos para la salud, queda incluido material de cuidados post mastectomía y oncológico mamario, de carácter preventivo a padecimientos secundarios derivados del tratamiento del cáncer de mama.

Artículo 110. Con el propósito de proteger la salud y prevenir las enfermedades y la discapacidad, los servicios de medicina preventiva del Instituto llevarán a cabo programas de difusión para la salud, prevención y rehabilitación de la discapacidad, estudios epidemiológicos, producción de inmunobiológicos, inmunizaciones, campañas sanitarias y otros programas especiales enfocados a resolver problemas médico-sociales.

Para efectos del párrafo anterior, queda incluida la prevención de enfermedades secundarias derivadas del cáncer de mama.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud y el Instituto del Seguro Social deberán realizar las reservas presupuestarias necesarias derivadas de las asignaciones con que cuenten en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 para la aplicación del presente decreto.

Tercero. El Consejo de Salubridad General deberá actualizar el Compendio Nacional de Insumos para la Salud para incluir la manga para linfedema como material de curación post mastectomía y oncológico mamario.

Cuarto. Dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, las autoridades del sector salud, las instituciones públicas de Seguridad Social y demás que señale el Ejecutivo federal, deberán adecuar en el ámbito de sus respectivas competencias, sus disposiciones normativas conforme al presente decreto.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=6844

2 https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=6844

3 https://fcm.uncuyo.edu.ar/dia-internacional-de-la-lucha-contra-el-can-cer-de-ma ma

4  https://dof.gob.mx/

5 https://www.cdc.gov/spanish/cancer/breast/basic_info/treatment.htm

6 ]https://www.milenio.com/estados/cancer-mama-50-mujeres-sufre-linfedema

7 http://consensocancermamario.com/documentos/FOLLETO_CON-SENSO_DE_CANCER_DE_MAMA _9aRev2021.PDF

8 https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-no-transmisibles

9 Imss.gob.mx/profesionales-salud/cuadros-básicos/material-de-curación

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.– Diputado Riult Rivera Gutiérrez (rubrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lidia Pérez Barcenas, del Grupo Parlamentario de Morena

Lidia Pérez Bárcenas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma la fracción II del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disminución de la edad para ser diputada o diputado federal, con base en el siguiente

Planteamiento del problema

La juventud mexicana es un importante segmento de la población que, a lo largo de la historia moderna de nuestro país, ha protagonizado luchas destacadas por la autonomía de las instituciones educativas de nivel superior y en defensa de la educación pública; la gratuidad de la educación; el ejercicio de sus derechos políticos; contra el autoritarismo y por el respeto a las libertades democráticas.

En la agenda legislativa del Grupo Parlamentario de Morena ocupa especial relevancia el desarrollo de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las y los jóvenes, cuyo ejercicio pleno contribuirá a robustecer nuestra incipiente democracia. A pesar de su presencia en la sociedad, las y los jóvenes aún no encuentran cauces de participación política adecuados y ven esta actividad con desconfianza.

Con la iniciativa que aquí se presenta buscamos estimular la participación política de la juventud en los cargos de representación popular, específicamente en las diputaciones federales, al reducir de 21 a 18 años cumplidos el día de la elección la edad para acceder al cargo. Sostenemos que el sistema político tiene madurez suficiente para permitir este cambio, además de hacer compatible los requisitos exigidos para ser diputada o diputado con los derechos políticos de las juventudes ciudadanas en la Constitución.

I. La juventud en México

En México, y en el mundo en general, la juventud han demostrado ser una fuerza importante para el cambio social y el fortalecimiento del régimen democrático. Los movimientos estudiantiles de 1929 cuando el gobierno mexicano otorgó la autonomía a la Universidad Nacional y estableció la paridad de estudiantes y profesores en los órganos de gobierno en la Ley Orgánica expedida ese año; en 1966 por el pase automático en la UNAM; en 1968 por el cambio democrático; en 1986-1990 por la transformación democrática de la UNAM; el movimiento Yo Soy 132 en 2012, entre otros, así lo demuestran.

En este sentido, cabe afirmar que las luchas juveniles y estudiantiles en favor de la democratización fueron un prolegómeno de cambios políticos de mucho mayor calado y alcance, que incluyen la formación de nuevos partidos y coaliciones de oposición a las formas de régimen prevalecientes en cada país, el impulso de agendas por la apertura y democratización del ámbito público y, sobre todo, la sensibilización social y política de jóvenes estudiantes y profesionistas sobre la problemática de su entorno. 1

Sin embargo, los jóvenes siguen relegados de la arena pública y política, sobre todo en el proceso de toma de decisiones. Esto sucede, a pesar de que en los últimos años han sido precisamente las y los jóvenes quienes han sido los más activos en promover agendas y acciones sobre temas de incidencia.

Un ejemplo es el movimiento feminista, en el cual mujeres, muchas de ellas jóvenes, han salido a las calles para manifestarse por la igualdad en el acceso a oportunidades y el fin de la violencia de género.

Ésos y otros movimientos liderados por juventudes alrededor de México y el mundo son el síntoma de las brechas y problemáticas que existen para el ejercicio libre de los derechos político-electorales; y, sobre todo, la apertura de espacios para la deliberación y la toma de decisiones.

Estos movimientos son consecuencia de varios elementos, pero sobre todo de la falta de respuestas efectivas por parte del sistema de gobernanza democrática para dar satisfacción a las demandas sociales, económicas y políticas; lo que se ha traducido en el incremento de la desafección democrática.

Lo anterior ha derivado en un activismo de los movimientos sociales, mismo que corre el riesgo de no encontrar los cauces institucionales adecuados que se traduzcan en resultados concretos, lo cual tiene por resultado el escepticismo y falta de apoyo a la democracia.

Ante esta situación es primordial fortalecer los derechos político-electorales de las juventudes mediante acciones que garanticen la equidad en la representación y acceso al poder, y reduzcan de manera sustantiva las condiciones de desigualdad.

Pero igual de importante también, será fortalecer el rol de los órganos de justicia electoral y el acceso a la justicia electoral para que las y los jóvenes sean parte sustantiva de los regímenes democráticos.

Al cabo, si sus derechos políticos y electorales son garantizados, la democracia gana, pues se hace efectiva la pluralidad de sus demandas, esenciales para todo régimen democrático.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2018, en México hay 30.7 millones de jóvenes (de 15 a 29 años) y representan 24.6 por ciento de los habitantes. 2

Por grupos de edad, 36.8 por ciento (11.3 millones) tiene entre 15 y 19 años, 32.7 (10 millones) está en el grupo de 20 a 24 años y 30.5 (9.4millones) en el de entre 25 y 29 años. Y de la población joven, 34.2 por ciento de los hombres y 33 de las mujeres asisten a la escuela.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, de la población de 15 años y más de edad, en el cuarto trimestre de 2019, 67.3 por ciento de los hombres jóvenes y 40.5 de las mujeres jóvenes forman parte de la población económicamente activa.

En la distribución por sexo no hay gran diferencia: 50.8 por ciento (15.6 millones) corresponde a hombres; y 49.2 (15.1 millones), a mujeres. En los grupos de edad de 15 a 19 y 20 a 24 años, los hombres son mayoría. Sólo en el grupo de 25 a 29 años la tendencia se invierte.

El Instituto Nacional Electoral señala que al 13 de agosto de 2021, el padrón electoral estaba compuesto por 92 millones 206 mil 413 ciudadanos registrados. 3 De ellos, la población joven se dividía en los siguientes estratos:

• 1 millón 437 mil 172 personas tienen 18 años;

• 1 millón 963 mil 517 tienen 19 años;

• 11 millones 128 mil 849 tienen entre 20 y 24 años; y

• 11 millones 112 mil 150 ciudadanos tienen entre 25 y 29 años de edad.

Ello se aprecia en la siguiente gráfica:

Padrón electoral

Por edad

El Instituto Nacional Electoral señala que la lista nominal se forma por 90 millones 801 mil 127 ciudadanos registrados, 4 al 13 de agosto de 2021, divididos de la siguiente manera:

• 1 millón 343 mil 444 personas tienen 18 años;

• 1 millón 927 mil 516 ciudadanos tienen 19 años;

• 11 millones 38 mil 27 tienen entre 20 y 24 años; y

• 10 millones 993 mil 59 ciudadanos tienen entre 25 y 29 años.

Ello se observa en la siguiente gráfica:

Lista nominal (por edad)

II. Ciudadanía y derechos político-electorales

En la antigua Grecia, la idea de ciudadanía se refiere a la situación de la persona en la polis y constituye, por eso mismo, un elemento básico y originario de la propia noción de la política.

La definición aristotélica del hombre como “animal político” expresa esa simbiosis originaria entre la propia noción de humanidad y la pertenencia a la polis. Ciudadanía procede etimológicamente del latín cives, que designa la posición del individuo en la civitas. La idea romana de ciudadanía hace referencia a un estatus integrado por el núcleo compacto e indesmembrable de derechos y deberes que definían la posición de las personas libres en la república. 5

Marco Tulio Cicerón, en el diálogo De república, 6 postuló como fundamento y el nervio de las instituciones republicanas: la libertas y la concordia. La libertad consistiría en el desarrollo ordenado de la vida social garantizado por el ius civile; la ciudanía representará, por tanto, la proyección de esa forma de libertad en las situaciones individuales.

En la era contemporánea, en Facticidad y validez: sobre el derecho y el estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso, 7  Jürgen Habermas define la ciudadanía o el status de ciudadano como “los derechos democráticos los que el individuo puede hacer reflexivamente uso para cambiar su situación, posición o condición jurídica material”.

Ello significa que los habitantes adultos de un Estado, sean o no ciudadanos, deben tener la capacidad jurídica de ser partícipes en la vida política de ese Estado; concretamente, a través de las formas democráticas que permiten la toma de decisiones, es decir, votar y ser votados. Para Tomas Janoski, la ciudadanía es “la membresía pasiva y activa de los individuos en un Estado-nación con ciertos derechos universales y obligaciones en un dado nivel de igualdad”. 8

El sociólogo ingles T. H. Marshall sostiene en el ensayo Ciudadanía y clase social que la ciudadanía es “el estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad, siendo sus beneficiarios iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que implica”. 9

En este orden de ideas, los derechos de la ciudadanía se han desarrollado históricamente en tres aspectos consecutivos:

I. Los derechos civiles que protegen la seguridad del ciudadano y le permiten ser autónomos respecto del Estado, en tanto que consideran al individuo como como un sujeto competente y capaz de tomar decisiones y de reconocer sus intereses y preferencias;

2. Los derechos políticos que se refieren a la capacidad de estos sujetos para elegir a quienes han de gobernarlos; y

3. Los derechos sociales que garantizan las condiciones mínimas de supervivencia y dignidad para todos los miembros de una comunidad en condiciones de igualdad.

Conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos político-electorales son prerrogativas reconocidas exclusivamente a las ciudadanas y ciudadanos, incluido el derecho a votar y ser votada/o que, en esencia, conceden a su titular una participación tanto en la formación de la voluntad social, como en la estructuración política de su comunidad y en el establecimiento de las reglas necesarias para el mantenimiento del orden social.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 35 son los derechos político-electorales de los ciudadanos:

Artículo 35. Son derechos del ciudadano

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votadas/os para todos los cargos de elección popular; y

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.

...

En Ciudadanos y cultura de la democracia. Reglas, instituciones y valores de la democracia, 10 estudio elaborado en 2000 por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, se dieron a conocer los resultados de una encuesta levantada y organizada en ocho rubros temáticos:

a) Los procesos de socialización política y el cambio;

b) Las reglas;

c) Los valores de la democracia;

d) La representación y el poder en la democracia: las nociones de legalidad, legitimidad y los ámbitos de autoridad;

e) la movilización de las identidades políticas: democracia y participación;

f) Los reflejos de la competencia: el sistema de partidos y la experiencia electoral;

g) Las percepciones sobre el ciudadano y la ciudadanía; y

h) Las representaciones sobre el ciudadano y las ciudadanas.

En este estudio, en las percepciones de los ciudadanos destacan varias cuestiones:

I. Es notoria la debilidad de una cultura de la legalidad, pues se percibe como un ámbito en conflicto entre la norma y la práctica;

II. Las instituciones de representación ciudadana no se consideran como algo cercano, sino distante y lejano;

III. El gobierno es responsable de resolver los problemas sociales; con lo que se fortalece la percepción de que la democracia es un régimen que debe resolver las necesidades y demandas de la ciudadanía;

IV. En el tema educativo y de acceso a la información no se aprecia que los mexicanos establezcan una relación entre estos factores y la construcción de la ciudadanía;

Este dato resulta contrastante pues siempre se ha considerado que las democracias más consolidadas han podido alcanzar ese estatus porque sus ciudadanos poseen mayores niveles educacionales. El factor educacional entonces sigue teniendo un bajo efecto en la configuración del ciudadano; y

V. El derecho a ser votado se define desde su idea pasiva como el derecho individual a ser elegible y a presentarse como candidato en las elecciones para cargos públicos.

La Fundación SM presentó la Encuesta de Jóvenes en México de 2019, 11 desarrollada en el marco del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica.

El estudio permite conocer las realidades y percepciones que viven jóvenes entre 15 y 29 años en nuestro país, y aborda temas de educación, anhelos, expectativas, trabajo, participación, convivencia, observancia de la ley, exposición a la violencia, identidades juveniles, valores, religión, uso del tiempo libre, entre otros.

El estudio destacó que el contexto es desfavorable para las personas jóvenes por la baja calidad del sistema educativo y su tendencia expulsora, por la escasez y precariedad de los trabajos, por la exposición a ambientes de violencia y por la inseguridad, por lo que ser joven en México hoy es complicado.

También se hace referencia a que muchos jóvenes acceden a trabajos precarios y dos terceras partes ganan menos de 5 mil pesos, lo cual no es suficiente para mantener una familia con lo más básico y sólo 6 por ciento de quienes trabajan perciben más de 10 mil pesos al mes.

El estudio demuestra que no hay oportunidades educativas o laborales para muchas personas jóvenes: 26 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 17 años que deberían estar en el bachillerato ya no están estudiando como actividad principal. Y lo mismo casi, la mitad de quienes tienen entre 18 y 22 años, 44 por ciento también quedaron fuera del sistema educativo.

Los jóvenes tienen altas expectativas en la educación pues saben que es el camino para mejorar sus condiciones de vida, en la vida de los jóvenes es muy importante la familia (58.3 por ciento) y a la salud (57.7). Y en los lugares más bajos en importancia consideran la política (23.9) y la religión (22.5).

Al preguntarles cómo perciben a las personas jóvenes en general, la mayoría coincide en que “están demasiado preocupados por su imagen” (58.2 por ciento), en que son rebeldes (53.1). En los rangos más bajos, 40.8 considera que las personas jóvenes son tolerantes y 34.3 que son maduras.

En la pregunta acerca de la confianza que los jóvenes tienen en las instituciones, las de mayor porcentaje son “el presidente de la República”, con 23 de mucha confianza y en segundo lugar “el sistema educativo”, con 16.

En general, entre los jóvenes prevalece la desconfianza respecto a las instituciones: las de menor porcentaje de confianza son las representadas por los diputados y senadores (9.8), los partidos políticos (9.3) y los sindicatos (8.3).

La forma de participación más frecuente de las personas jóvenes es votar (54.3 por ciento). En cuanto a la participación en asociaciones o grupos, la mayoría no lo hace. Los grupos con mayor participación son los deportivos (29.6) y el “de amigos de la colonia” (26.5).

Estos datos demuestran que se tiene una deuda con las personas jóvenes pues no ha habido una política consistente e integral para garantizar sus derechos y promover su desarrollo.

Para ser claros es necesario señalar que carecer de una política integral hacia los jóvenes proviene, fundamentalmente, de la falta de representación ante los órganos de tomas de decisiones, tanto en el poder ejecutivo como en legislativo.

El derecho a ser votado, definido el derecho individual a ser elegible y a presentarse como candidato en las elecciones para cargos públicos, hasta el momento ha sido disminuido, ya que existen trabas estructurales que han cercenado este derecho para los jóvenes de 18 años y hasta antes de cumplir 21 años.

En lo relativo al derecho de ser votados, para los jóvenes de estas edades, se les ha aplicado una suerte de capitis diminutio; 12 es decir, la disminución de la capacidad jurídica, que consiste en la aptitud que tienen las personas para adquirir y ejercer derechos, ser sujetos de derecho.

Eso, en razón de que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 55, fracción II, como requisito para ser diputado federal “ tener veintiún años cumplidos el día de la elección”, lo que a todas luces impide el ejercicio pleno de los jóvenes de 18 años y hasta antes de cumplir 21 años, y que aun teniendo la ciudadanía, al cumplir los 18 años, en términos del artículo 35 fracción II Constitucional y que establece como derecho “ poder ser votados para todos los cargos de elección popular”, no pueden ejercer esta prerrogativa ciudadana por el requisito impuesto en otro artículo de la Carta Magna.

Esto es una clara violación de lo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de diversos tratados internacionales de que el Estado es parte.

El artículo 1o. constitucional señala:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Es decir, el derecho de ser votado, establecido en el artículo 35, fracción II, y la protección de que goza en términos del artículo 1o. de la Carta Magna, entran en contraposición con el artículo 55, fracción II, del Código Político Federal.

Esta antinomia constitucional debe ser corregida por el poder reformador de la Constitución a fin de garantizar la protección más amplia de los derechos político-electorales de los ciudadanos de entre 18 años y hasta antes de cumplir los 21.

Los requisitos positivos y negativos del sufragio pasivo, es decir, el derecho de ser votado, se configuran como las condiciones necesarias para la titularidad y ejercicio de este, y otros derechos políticos.

Respecto a los requisitos positivos, son el conjunto de formalidades que se requieren para poseer la capacidad de ser elegible, mientras que los requisitos negativos se refieren a los elementos de inelegibilidad como condiciones para el ejercicio de un derecho preexistente. Sin embargo, actualmente en México, la titularidad y ejercicio del derecho de ser votado y las condiciones que lo acompañan para su ejercicio, no son de un amplio espectro, y están limitadas parcialmente por la edad.

Con base en la ciudadanía se siguen manteniendo inaceptables discriminaciones y desigualdades basadas en un accidente tan coyuntural como puede ser la edad. Danilo Zolo ha subrayado, que “los derechos de ciudadanía implican una presión hacia la desigualdad”, 13 lo cual había sido ya percibido, por T. H. Marshall, que apuntaba cómo la ciudadanía “se ha convertido, en ciertos aspectos, en el arquitecto de una desigualdad social legitimada”. 14

En contraposición a esta limitante parcial al derecho de ser votado tenemos las reformas políticas en materia de derechos humanos de 2011, 15 la reforma político-electoral de 2014 16 y la que culminó con la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, 17 el 5 de febrero de 2017, han consolidado el deber de todas las autoridades del país de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas, reconocidos por el sistema nacional, local, universal e interamericano en la materia.

La conciencia jurídica de la comunidad crece al asumir que los derechos humanos se reconocen para todas las personas, y se ejercen en las modalidades que más les favorezcan, de acuerdo con sus circunstancias y con el contexto de vida en que se encuentren.

Los derechos políticos definen la democracia como sistema político y como modo de vida, es decir, se constituyen como el marco de referencia para la realización de un régimen de libertad personal en los planes de vida.

En este contexto, estos derechos exigen una ciudadanía informada, participativa y corresponsable con las autoridades, en la observación puntual de los principios rectores del orden electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

III. Evolución histórica de la edad de poder ser votado en México

Después del movimiento estudiantil del 1968 y de la brutal represión que el Estado ejerció en su contra, el régimen autoritario del Partido Revolucionario Institucional quedó al descubierto.

Así, para poder afrontar los comicios presidenciales de 1970, el aparato estatal debió a tomar medidas políticas y jurídicas para reconciliarse con la juventud mexicana que mantenía una lucha social, desde finales de la década de los sesenta, de oposición al Estado.

Por ello, para disminuir el descontento que había quedado en todos los sectores de la sociedad, pero particularmente entre la juventud, durante el gobierno del aun entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, una reforma a la Ley Electoral el 29 de enero de 1970, para, entre otros puntos, establecer el derecho activo a ejercer el voto a partir de los 18 años, como parte de la reforma electoral que impulsó el sistema político.

Esta reforma modificaba artículos 51; 52, fracción II; 60; 67; 70; 71; 72; 77; 78; 84, fracción II y párrafo final; 93, fracciones II y VI; 94, fracciones I a III; 105, fracción VI; y 110, fracción III, de la Ley Electoral. 18

Lo más significativo de estos cambios, resultaron ser lo que se estableció en los artículos 52 fracción II y 60 que a la letra señalaban:

Artículo 52. Para la revisión, conservación y perfeccionamiento del Registro Nacional de Electores, la inscripción se hará con apego a las siguientes disposiciones:

I. ...

II. Todo mexicano, dentro del mes siguiente a aquel en que cumpla 18 años, se dirigirá por escrito al Registro Nacional de Electores presentando por duplicado su solicitud de inscripción, acompañada de los documentos correspondientes. La Oficina del Registro Nacional de Electores, si están satisfechos los requisitos que exige esta ley, hará la inscripción y extenderá al solicitante su credencial de elector.

Artículo 60. Son electores los mexicanos mayores de 18 años, que estén en el goce de sus derechos políticos y que se hayan inscrito en el registro Nacional de Electores.

Posteriormente, ya como presidente Luis Echeverría Álvarez, impulsó ciertos cambios que dieron la impresión de una actitud más abierta a la tolerancia. Sin embargo, de manera contradictoria, a diferencia de la mayoría de las políticas de Echeverría, la” apertura democrática” sólo se expresó tímidamente en términos jurídicos.

De cualquier manera, los inicios del sexenio, y de la década de los setenta, fueron de definición de un sector de la sociedad: si la “apertura democrática” convenció a algunos jóvenes militantes del movimiento estudiantil de 1968 de participar a través de los pequeños canales legales que se fueron abriendo, algunos otros en cambio optaron por radicalizarse. La “derrota” de Tlatelolco, la represión de los Halcones en junio de 1971, y la débil democratización de la vida política nacional, les hizo reflexionar sobre que la mejor vía para cambiar al país era la de la lucha armada, a través de las guerrillas en las montañas o a través de la guerrilla urbana.

Para entonces, diferentes sectores de la sociedad pugnaban por participar políticamente a través de organizaciones no oficiales. Una de las características del sexenio, es que fueron apareciendo diversos movimientos que trataban de presentarse como una opción política distinta a la que representaba históricamente la del propio Estado. Entre 1971 y 1974, la disidencia sindical tomó fuerza entre los electricistas, los maestros, los ferrocarrileros y los petroleros, pero también en un sinnúmero de sindicatos de empresa. A la vez, aparecieron organizaciones formales, como el Frente Auténtico del Trabajo y la Unidad Obrera Independiente. Por lo general, se luchaba por mejores condiciones económicas, pero también, cada vez más, por impulsar la democratización del sindicalismo oficial.

Por otro lado, los movimientos independientes campesinos, aunque pequeños y aislados entre sí, empezaron a adquirir un perfil orgánico más definido a nivel local y regional, y en las principales urbes del país comenzaron a organizarse grupos de marginados y posesionarios que exigían tierras, títulos de propiedad y servicios. En síntesis, los años entre 1971 y 1976 fueron los tiempos de la aparición y ascenso de este tipo de movimientos que, aunque reprimidos muchos de ellos, hicieron evidentes las limitaciones de la apertura echeverrista, limitaciones contrastadas mucho más dramáticamente por la guerrilla urbana y rural.

Por ello, el 14 de febrero de 1972 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma 19 de los artículos 52, 54, fracciones I a III, 55, fracción II, y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tenía como propósito, entre otros, disminuir a 21 años la edad para ser diputado.

Dicha reforma de la Carta Magna estableció en el artículo 55, párrafo II:

Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:

I. ...

II: Tener veintiún años cumplidos al día de la elección;

III. a VII. ...

En la exposición de motivos 20 de esa reforma constitucional se señalaba, entre otros aspectos:

Reformas de los artículos 55, fracción II, y 58 de la Constitución

Se propone, asimismo, reducir la edad para ser sujeto de voto pasivo, de manera que pueda elegirse diputados de 21 años y senadores de 30.

Este enunciado reconoce una estrecha vinculación con la reforma del artículo 34 de la Constitución, que incorporó la juventud a la formación de la voluntad de la nación. El régimen de la Revolución advirtió desde entonces que la evolución de nuestro marco jurídico hacía de los jóvenes de dieciocho años sujetos de numerosos derechos y obligaciones y, por tanto, debía concedérseles también el derecho a participar en lo conformación de las grandes decisiones nacionales. La numerosa y entusiasta votación de los jóvenes en las elecciones generales de 1970, demostró la validez de la decisión tomada. Proponemos ahora que se abran las puertas o las nuevas generaciones paro su mayor participación en el ejercicio del poder político.

Un análisis de las condiciones de existencia de la juventud contemporánea, de la información que posee, de su desempeño en los diversos aspectos de la vida social, en los sindicatos, en las asociaciones rurales, en los grupos culturales y en los partidos, permite concluir que a los 21 años los ciudadanos han adquirido ya experiencia en el manejo de intereses que trascienden los de la vida familiar.

Reducir a la edad de 21 años el requisito para ser electo diputado, corresponde a un viejo anhelo revolucionario, que en nuestro momento es posible considerar. Voces muy destacadas del Constituyente de 1917 se pronunciaron por lo elegibilidad de los diputados a partir de los 21 años. Fueron los jóvenes quienes hicieron la Revolución”, se afirmó en Querétaro para promover lo medida. Hoy la Revolución está en posibilidad, de ser aprobada esta iniciativa por el Poder Legislativo, de asociar a las nuevas generaciones a la representación Nacional. Para ello se propone la modificación correspondiente a la fracción II del artículo 55 de la Constitución.

Es decir, hace casi medio siglo que esta norma Constitucional, para fijar como requisito para ser diputado tener 21 años cumplidos el día de la elección, no ha sido modificada, a pesar de la explosión demográfica de los jóvenes, de su papel en el mercado laboral, de la ampliación y reconocimiento de sus derechos en prácticamente todos los ámbitos del quehacer nacional e internacional.

En este sentido tenemos un anacronismo jurídico que considera a los ciudadanos mexicanos, en pleno goce de sus derechos, como menores de edad, por lo que no pueden ser electos para cargos de representación popular por considerarlos inmaduros.

Estos ciudadanos que pueden contraer matrimonio, firmar contratos civiles, mercantiles o de prestación de servicios, que están insertos en el mercado laboral, que no tienen restricciones legales para comprar cigarros y bebidas alcohólicas, que pueden votar por Presidente de la República, senadores, diputados federales o de los congresos locales, por gobernadores o jefes del gobierno de la Ciudad de México, presidentes municipales y alcaldes, resulta que no son considerados aptos para ejercer su derecho al voto pasivo de ser votados.

Esto es algo que claramente debe ser superado a la luz de la evolución constitucional en materia de derechoso humanos y a la revisión de convencionalidad a que están obligadas todas las autoridades en el ámbito de su competencia, lo cual incluye al Constituyente Permanente como una obligación constitucional, convencional y legal, además de una forma de saldar una deuda histórica con la juventud mexicana.

IV. Marco jurídico nacional e internacional

En México contamos con un amplio marco Constitucional, Convencional, legal y de Jurisprudencia en favor de los derechos y en específico de los derechos político electorales de los jóvenes de entre 18 años y hasta antes de cumplir 21 años como se verá a continuación.

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Adicionalmente a los mencionados artículos 1o. y 35 de la Carta Magna, en materia de derechos humanos y ciudadanos, los artículos 4o., último párrafo, y 73, fracción XXIX-P, con los transitorios, señalan expresamente protección hacia la juventud:

Artículo 4o....

...

El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. La ley establecerá la concurrencia de la federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad

...

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos, así como en materia de formación y desarrollo integral de la juventud, cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte.

...

Decreto por el que se declaran reformados los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2020

Único. Se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 y se adiciona un último párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General en materia de Personas Jóvenes en el plazo de un año, a partir de la publicación del presente decreto.

Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas realizarán las adecuaciones normativas necesarias para cumplir los fines establecidos en el presente decreto dentro de los 180 días siguientes a la expedición de la Ley General en materia de Personas Jóvenes.

b) Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

En el artículo 7 señala los derechos y las obligaciones de los ciudadanos:

Artículo 7.

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.

3. Es derecho de las ciudadanas y los ciudadanos ser votados para todos los puestos de elección popular, teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine esta ley.

4. Es derecho y obligación de los ciudadanos, votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, en los términos que determine la ley de la materia y en los procesos de participación ciudadana que estén previstos en la legislación correspondiente.

5. Los derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 30.

1. Son fines del instituto

a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática;

b) Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;

c) Integrar el Registro Federal de Electores;

d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;

e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los procesos electorales locales;

f) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio;

g) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática;

h) Garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral; y

i) Fungir como autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los objetivos propios del Instituto, a los de otras autoridades electorales y a garantizar el ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a los partidos políticos en la materia.

Artículo 104.

1. Corresponde a los organismos públicos locales ejercer funciones en las siguientes materias:

a) a c) ...

d) Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda, de paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral;

e) Orientar a los ciudadanos en la entidad para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones político-electorales;

...

c) Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

El sistema de medios de impugnación en materia electoral se integra por

a) El recurso de revisión, para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal;

b) El recurso de apelación, el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración, para garantizar la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal;

c) El juicio para la protección de los derechos político—electorales del ciudadano;

d) El juicio de revisión constitucional electoral, para garantizar la constitucionalidad de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos;

e) El juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores; y

f) El recurso de revisión en contra de las resoluciones y sentencias emitidas en los procedimientos especiales sancionadores para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Para el caso que nos ocupa, el juicio para la protección de los derechos político—electorales del ciudadano es un medio de impugnación en materia electoral, a través del cual los ciudadanos pueden solicitar la protección de sus derechos político-electorales, así como de todos aquellos derechos fundamentales estrechamente vinculados con éstos.

Y tiene como finalidad restituir a los ciudadanos en el uso y goce de sus derechos político-electorales, a través de su protección legal y constitucional.

El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que se encuentra regulado de los artículos 79 al 85 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

d) Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Ahí se plasman los objetivos del Instituto Mexicano de la Juventud como órgano descentralizado del gobierno federal. Los artículos 2o., 3o., fracciones I, II, IV y VI, y 3o. Bis fracciones II a IV, señala:

Artículo 2. Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.

Artículo 3. El instituto tendrá por objeto

I. Promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad y no discriminación de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales y tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano;

II. Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país;

III. ...

IV. Asesorar al Ejecutivo federal en la planeación y programación de las políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo;

V. ...

VI. Promover coordinadamente con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, culturales y derechos; y

VII. ...

Artículo 3 Bis. El instituto, en la definición e instrumentación de la política nacional de juventud a que hace referencia la fracción II del artículo 3, deberá trabajar en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social, conforme los siguientes lineamientos:

I. ...

II. Promover una cultura de conocimiento, ejercicio y respeto de los derechos de los jóvenes, en los distintos ámbitos;

III. Garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute de oportunidades en condiciones de equidad. Los jóvenes, por su condición humana particular, representan un potencial humano que los hace formadores de cambios sociales y actores estratégicos para el desarrollo de nuestra sociedad;

IV. Fomentar en los distintos ámbitos en los que se desenvuelven los jóvenes el conocimiento de sus derechos, su comprensión, aprobación y los medios para hacerlos exigibles;

V. y VI. ...

e) Jurisprudencia en México. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido como criterio de los derechos político-electorales la siguiente jurisprudencia:

Derecho de asociación. Sus diferencias específicas en materia política y político-electoral. 21 El artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la libertad general de asociación, concebida como un derecho constitucional establecido para los ciudadanos mexicanos, de este género deriva, como una especie autónoma e independiente, el derecho de asociación política, que tiene su fundamento en el artículo 35 de la propia Constitución y, por la otra, el derecho de asociación político-electoral, consagrado a su vez en el artículo 41, fracción III, octavo párrafo, de la Carta Magna. El citado artículo 35 establece que los ciudadanos mexicanos detentan la libertad general de asociación pacífica con fines políticos, mientras que el artículo 41, así como los artículos 33 a 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, contemplan el derecho de los ciudadanos a formar e integrar una clase especial de asociación política, que recibe el nombre de agrupación política nacional, a través de la cual se propende al establecimiento de mejores condiciones jurídicas y materiales para garantizar a los ciudadanos el ejercicio real y pleno de sus derechos políticos, en condiciones de igualdad, con orientación particular hacia los derechos políticos de votar y ser votado con el poder de la soberanía que originariamente reside en ellos, en elecciones auténticas, libres y periódicas, por las que se realiza la democracia representativa, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Esta subespecie de derecho de asociación política, encuentra su límite lógico, natural y jurídico en el momento que queda satisfecho ese propósito, lo cual se consigue cabalmente a través de la afiliación y militancia en una agrupación política, y con ello se colma el derecho de asociación, de modo que la afiliación simultánea a diferentes agrupaciones de esta clase, no está respaldada por la prerrogativa ciudadana expresada en el citado artículo 9o. De esto se concluye que no ha lugar a confundir al género con sus especies.

Tercera época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-057/2002. Organización Nacional Antirreeleccionista, 11 de junio de 2002. Unanimidad de votos.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-063/2002. Unión de Participación Ciudadana, AC, 11 de junio de 2002. Unanimidad de votos.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-078/2002. Ciudadanos Unidos del Distrito Federal, 11 de junio de 2002. Unanimidad de votos.

Notas: El contenido del artículo 41, fracción III, octavo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta jurisprudencia, corresponde con el 41, fracción V, noveno párrafo, del ordenamiento vigente.

La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de noviembre de dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 25.

f) Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 22

La cual tiene por objeto consolidar en el Continente Americano, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre.

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos; y que en el artículo 23 señala:

Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

 a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

g) Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes 23

La cual es el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes. Fue firmado en la ciudad de Badajoz, España, en octubre de 2005, y entró en vigor el 1 de marzo de 2008.

Con el propósito de ampliar y especificar derechos contemplados en la Convención, en función de las realidades juveniles contemporáneas, el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica impulsó en 2016 su actualización a través de un Protocolo Adicional, que fue firmado el mismo año, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Gracias a este proceso de fortalecimiento y difusión, el Pacto Iberoamericano de Juventud que fue aprobado en la vigésima quinta Cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, incorpora, en el acuerdo 2, el compromiso de los países con el reconocimiento de los derechos de las personas jóvenes, mediante el impulso a la ratificación y promoción de la convención.

Esta convención señala que las personas jóvenes gozan y disfrutan de todos los derechos humanos, y los Estados parte se comprometen a respetar y garantizar el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos políticos.

Asimismo, determina que el goce de sus derechos no admite ninguna discriminación fundada en la raza, el color, el origen nacional, la pertenencia a una minoría nacional, étnica o cultural, el sexo, la orientación sexual, la lengua, la religión, las opiniones, la condición social, las aptitudes físicas, o la discapacidad, el lugar donde se vive, los recursos económicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de la o del joven que pudiese ser invocada para establecer discriminaciones que afecten la igualdad de derechos y las oportunidades al goce de éstos.

El artículo 21 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes establece:

Artículo 21. Participación de los jóvenes.

1. Los jóvenes tienen derecho a la participación política.

2. Los Estados parte se comprometen a impulsar y fortalecer procesos sociales que generen formas y garantías que hagan efectiva la participación de jóvenes de todos los sectores de la sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión.

3. Los Estados parte promoverán medidas que de conformidad con la legislación interna de cada país, promuevan e incentiven el ejercicio de los jóvenes a su derecho de inscribirse en agrupaciones políticas, elegir y ser elegidos.

4. Los Estados parte se comprometen a promover que las instituciones gubernamentales y legislativas fomenten la participación de los jóvenes en la formulación de políticas y leyes referidas a la juventud, articulando los mecanismos adecuados para hacer efectivo el análisis y discusión de las iniciativas de los jóvenes, a través de sus organizaciones y asociaciones.

Como se observa, en México se cuenta con un marco Constitucional, Convencional, legal y jurisprudencial muy amplio que apunta hacia el reconocimiento pleno de los derechos de los jóvenes, sin distinción alguna.

Por ello, cualquier traba en el diseño constitucional y legal previamente establecida debe ser removida del marco jurídico nacional.

h) Objetivo de la iniciativa

La presente iniciativa tiene como finalidad adecuar el marco normativo nacional, en función de las realidades juveniles contemporáneas, y eliminar las antinomias que a nivel constitucional existen entre los artículos 1o. y 35 en contraposición de la fracción II del artículo 55, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, debemos ceñirnos a la interpretación conforme para cumplir las obligaciones jurídicas internacionales, de carácter obligatorio, que el Estado mexicano ha adoptado por voluntad propia pero que colocan con la limitante al derecho de ser votado de los jóvenes ciudadanos de entre 18 años y hasta antes de cumplir 21 años.

Esto se logrará mediante una reforma constitucional a la fracción II del artículo 55, para reducir el requisito de edad para ser diputada o diputado y que actualmente es de 21 años para establecerla en 18 años, es decir al momento que se vuelven ciudadanos con derechos y obligaciones.

Para mayor comprensión de la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Todo lo anterior sirva para ejemplificar y son razones suficientes para proponer la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción II del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disminución de la edad para ser diputada o diputado federal

Único. Se reforma la fracción II del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disminución de la edad para ser diputada o diputado federal, para quedar como sigue:

Artículo 55.

I. ...

II. Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección;

III. a VII. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión contará con un plazo de 120 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para modificar la legislación correspondiente para cumplirlo.

Notas

1 Cien años de movimientos estudiantiles. Imanol Ordorika Sacristán, Roberto Rodríguez-Gómez y Manuel Gil Antón (coordinadores). México: UNAM, PUEES, 2019,

https://www.ses.unam.mx/integrantes/uploadfile/iordorika/Ordorik aEtAl2019_CienAniosDeMovimientosEstudiantiles.pdf

2 Inegi. Comunicado de prensa número 393/20, 10 de agosto de 2020. Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud (12 de agosto), Datos Nacionales,

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020 /Juventud2020_Nal.pdf

3 Instituto Nacional Electoral. Estadísticas, Lista Nominal y Padrón Electoral

https://www.ine.mx/credencial/estadisticas-lista-nominal-padron- electoral/

4 Ibídem.

5 Universidad de Sevilla. Antonio Enrique Pérez Luño. Ciudadanía y Definiciones,

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10141/1/doxa25_05.pdf

6 Marco Tulio Cicerón. De la república,

http://www.infodf.org.mx/escuela/curso_capacitadores/administrac ion/Cicer%C3%B3n,%20Marco%20Tulio%20-%20De%20la% 20Rep%C3%BAblica.pdf

7 Habermas, Jürgen. Facticidad y validez: sobre el derecho y el estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso, tercera. edición, Trotta, Madrid, 2001, 689 páginas,

http://www.pjedomex.gob.mx/ejem/cid/exlegibus6/facticidad6.pdf

8 Tomas Janoski. Citizenship and civil society: a framework of rights and obligations in liberal, traditional and social democratic regimes, Cambridge University Press, 1998, página 9,

https://books.google.com.mx/books?id=aYZ2dC1236MC&pg= PR3&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=fal se

9 T. H. Marshall y Tom Bottomore. Ciudadanía y clase social. Alianza Editorial, Madrid. 1998.

10 Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México-IFE. Ciudadanos y cultura de la democracia. Reglas, instituciones y valores de la democracia. Julia Flores Dávila Yolanda Meyenberg, diciembre de 2000,

https://portalanterior.ine.mx/documentos/DECEYEC/encuesta_1.pdf

11 Fundación SM-Observatorio de la Juventud en Iberoamérica. Encuesta de Jóvenes en México 2019,

https://drive.google.com/file/d/1QNRuGhuSMSOV3Ky2fAPHo6otNtFORsk k/view

12 Enciclopedia Jurídica. Capitis diminutio. En el derecho romano, era la institución en virtud de la cual una persona sufría una disminución de su estado o capacidad. El estado de un ciudadano romano constituía la capacidad de derecho necesaria para actuar en la vida jurídica; comprendía su libertad, su ciudadanía y su familia, y podía verse disminuido en ocasión de hallarse incluso en algunas de las situaciones previstas por las leyes, de manera tal que, según fuera el caso, el ciudadano romano podía sufrir una disminución en su status libertatis, civitatis o familiae, respectivamente. La capitis diminutio podía ser máxima, media y mínima. La capitis diminutio máxima suponía la pérdida de los tres estados, de manera que el ciudadano que la sufría era en la práctica un incapaz de derecho, desprovisto de personalidad jurídica, y en consecuencia se le privaba de su libertad debiendo someterse a la autoridad de otra persona; de los derechos emergentes de su calidad de ciudadano, como el jus honorum y el jus sufragii; de los derechos emergentes de las relaciones de familia, como la tutela, curatela, sucesión y jus connubii. El patrimonio se transfería íntegramente a su amo puesto que también se le privaba del jus commercii. La capitis diminutio media importaba la pérdida de los derechos emergentes de la calidad de ciudadanos y de aquellos provenientes de las relaciones de familia, conservando el capitis minutus la libertad. Finalmente, la capitis diminutio mínima importaba la pérdida del estatus familiae, es decir, de los derechos emergentes de las relaciones de familia, como por ejemplo el derecho sucesorio, la tutela y la curatela,

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/capitis-diminutio/capitis -diminutio.htm

13 Danilo Zolo. “La ciudadanía en una era poscomunista”, en La Política. Revista de Estudios sobre el Estado y la Sociedad, Barcelona, número 3, Paidós, 1997, página 127.

14 T. H., Marshall. Obra citada.

15 DOF, 10 de junio de 2011. Decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del título primero y se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se reforman y adicionan los artículos 1o., 3o., 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10 jun11.pdf

16 DOF, 10 de febrero de 2014. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 26, 28, 29, 35, 41, 54, 55, 59, 65, 69, 73, 74, 76, 78, 82, 83, 84, 89, 90, 93, 95, 99, 102, 105, 107, 110, 111, 115, 116, 119 y 122,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_ 216_10feb14.pdf

17 DOF, 05 de febrero de 2017. Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México,

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470989&fecha =05/02/2017

18 DOF, 29 de enero 1970,

http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=200630&pa gina=2&seccion=0

19 DOF, 14 de febrero de 1972. Reformas y adiciones a los artículos 52; 54, fracciones I a III; 55, fracción II; y 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declara aprobadas,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_073_14 feb72_ima.pdf

20 “Memoria política de México”, 1973, en exposición de motivos de la reforma política. Luis Echeverría Álvarez,

http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1973-E M-RP-LEA.html

21 Jurisprudencia número 61/2002. Organización Nacional Antirreeleccionista vs. Consejo General del Instituto Federal Electoral,

https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribun al-electoral/jurisprudencia-61-2002/

22 Organización de los Estados Americanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos (B-32). San José, Costa Rica, 7 a 22 de noviembre de 1969,

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_ sobre_derechos_humanos.htm

23 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes,

https://oij.org/wp-content/uploads/2017/01/Convenci%C3%B3n.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2021.– Diputadas y diputados: Lidia Pérez Bárcenas, Martha Robles Ortíz, Gustavo Contreras Montes, Brenda Ramiro Alejo, Emmanuel Reyes Carmona, Carlos Alberto Manzo Rodríguez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley de Nacionalidad, a cargo del diputado Alberto Villa Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Alberto Villa Villegas, diputado federal del Grupo Parlamentario Morena a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción I, numeral 1, del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía, la siguiente iniciativa:

El concepto de identidad es un tema tan profundo dadas las cualidades que le dan un significado a cada individuo, por lo que en primera instancia se describe como un conjunto de características propias de una persona o un grupo, por el cual se distinguen del resto, esto hace referencia a “ lo que distingue a una persona o grupo”. 1 El hablar de la identidad va desde lo individual, hasta lo grupal y nacional, distinguiendo principalmente:

Fuente: Elaboración propia con datos de Teoría: El concepto de identidad. https://www.fuhem.es/ecosocial/dossier-intercultural/conteni-do/9%20EL%20CONCEP TO%20DE%20IDENTIDAD.pdf

Por lo anterior se puede resumir que, la identidad personal es el conjunto de información y datos diferenciadores e individuales que sirven para identificar a una persona, y estos se van desde la información personal; números, fotos, huellas digitales y otros elementos que permiten identificar de manera oficial a una persona, hasta las características cualitativas, gustos y preferencias.

Cada vez es más importante el concepto de identidad para comprender el contexto y la construcción sociales de las últimas décadas, y con factores como; una economía globalizada, nuevas tecnologías y medios de comunicación, adicionalmente el éxodo rural y la transformación de las ciudades, han transformado la identidad colectiva e individual desde los conceptos de trabajo, migración, hasta los roles sexuales. Por ello, la identidad además de ser constante en el sentido individual, es dinámica, evolucionada y cambiante dando forma a los grupos sociales.

Actualmente, se habla del género no binario, por el cual las personas que se identifican con este género exigen que se les reconozca como tal.

Pero el Género No Binario va más allá de no identificarse como Hombre o Mujer, se puede considerar como un acto político que va en contra de un régimen heterosexual, en donde las estructuras neoliberales han limitado y permeado las libertades y expresiones sociales, si bien ya hay un término de diversidad sexual que incluye a heterosexuales, lesbianas, gays, bisexuales, pansexuales o asexuales, también hay distintas percepciones de géneros, es decir además del masculino y femenino que son los biológicamente conocidos, hay personas que a pesar de que su biología los defina como hombres o mujeres, ellos no se identifican con ningún género de manera binaria, pues en ellos fluye tanto lo femenino como lo masculino, son neutrales y objetivos, además de considerar que tanto hombre como mujer. 2

Si bien, es necesario no confundir entre orientación sexual e identidad de género, pues la primea esta direccionada con el deseo y la segunda con la certidumbre interna de ser mujer u hombre.

El respeto a los derechos de todos los individuos, ha sido una base fundamental para la Cuarta Transformación, por ello no solo se debe avanzar en reconocer a las personas no binarias, también se debe avanzar en una inclusión visible y real, la cual vaya desde el lenguaje hasta garantizar sus derechos, pues actualmente en un régimen hetero-normativo se les ha marginado y excluido.

Ante ello, y analizando los documentos oficiales, en donde solo encontramos cabida para términos binarios de género, por ejemplo: el acta de nacimiento, pasaporte y credencial de elector, donde se considera el apartado de “sexo” donde solo contempla a: hombre o mujer, sin considerar a las personas no binarias.

Por ello es importante reconocer el derecho humano de asumir la identidad de género que individualmente se expresa y hace armonía con el deseo y la acción, y no la impuesta en un régimen heterosexual, porque de ello deriva la libertad integra del ser humano.

Haciendo una remembranza de algunos cambios que socialmente hemos tenido en las últimas décadas, al ser testigos del reconocimiento y ascenso en lo laboral por parte de las mujeres, y considerando que aún es inequitativo, hoy en día, los jóvenes principalmente los activistas son quienes reclaman su derecho humano a ser reconocidos con un género no binario, porque la diversidad humana es mucho más amplia que solo encasillarla en los términos biológicos, y es necesario que todos tengamos una vida libre de violencia y de respeto a los derechos y garantías fundamentales.

Cabe señalar que, ante ello la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través del Comunicado de Prensa DGC/112/20 del pasado 31 de marzo de 2020, exhorto a los tres niveles de gobierno, a impulsar políticas públicas que garanticen a las personas Trans una vida libre de violencia y de respeto a sus derechos fundamentales este reconocimiento y respeto. 3

Si bien este en este comunicado donde la CDNH solicita a los servidores públicos y sociedad en general, erradicar acciones que estigmatizan, minimizan y anulan la dignidad, derechos y libertades de las personas trans, aún no se considera a las personas no binarias, el contemplarlas es un paso que requiere toda atención, porque es un concepto incluyente, y no solo por considerar la diversidad sexual, sino porque es un término que suma y respeta en él la libertad de ser.

La discriminación y la falta de reconocimiento social es lo que minimiza los derechos no solo de las personas Trans, si no, de todas las personas que se identifican dentro de la diversidad sexual o personas No Binarios, de tal manera que el avance en el tema de garantías y protección por parte de estado, significara un avance al acceso efectivo al reconocimiento y visibilizarían de la identidad sexo-genérica de las personas.

Si bien, dentro de la sociedad aún existen muchos estereotipos sociales y culturales, adicionalmente los prejuicios y desinformación van distorsiona la realidad y tratando de justificar actitudes de manera discriminatoria y excluyente, esto hace que sea necesario eliminar el flagelo de la expresión de la sexualidad y las emociones mismas de todo individuo,

Para transitar hacia el libre desarrollo de la personalidad y derecho a la integridad personal y jurídica, algunos congresos locales ya han avanzado con reformas que establecen la ratificación de nuevos documentos oficiales con nuevos nombres e identidad de género deseado, a nivel federal se deben considerar los pronunciamientos en favor de una legislación incluyente.

Cabe señalar que de acuerdo con el estudio del Proyecto Trevor en el cual se recopilaron datos de cerca de 35 mil jóvenes entre los 13 y 24 años, uno de cada cuatro miembros LGBTQ + de la Generación Z son no-binarios, además la mitad de los jóvenes no-binarios no son transgénico. 4

Gráfica 1
Porcentaje de Jóvenes No Binarios — Proyecto Trevor

Fuente: Elaboración propia con datos del Proyecto Trevor agosto 2021, https://businessinsider.mx/jovenes-lgbtgeneracion-z-1-de-cada-4-no-binarios/

Como se puede observar los jóvenes están haciendo uso de la variedad de lenguaje para describir los matices de su identidad de género, y es momento de que se considere la libertad de que legalmente sean reconocidos.

Por ello la iniciativa que se propone es que las, los y les ciudadanos puedan ratificar nuevos documentos oficiales con nuevos nombres e identidad de género que consideren afines a su elección, porque en un México renovado la legalidad también es inclusiva.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Asamblea, el presente:

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto por el que se reforman el artículo 3o. de la Ley de Nacionalidad:

Único: Se adiciona una fracción VIII el artículo 3° de la Ley de Nacionalidad, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Son documentos probatorios de la nacionalidad mexicana, cualquiera de los siguientes:

I. El acta de nacimiento expedida conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables;

II. El certificado de nacionalidad mexicana, el cual se expedirá a petición de parte, exclusivamente para los efectos de los artículos 16 y 17 de esta Ley;

III. La carta de naturalización;

IV. El pasaporte;

V. La cédula de identidad ciudadana; y

VI. La matrícula consular que cuente con los siguientes elementos de seguridad:

a) Fotografía digitalizada;

b) Banda magnética, e

c) Identificación holográfica.

VII. A falta de los documentos probatorios mencionados en las fracciones anteriores, se podrá acreditar la nacionalidad mediante cualquier elemento que, de conformidad con la ley, lleve a la autoridad a la convicción de que se cumplieron los supuestos de atribución de la nacionalidad mexicana.

VIII. Toda persona con capacidad legal, y siempre y cuando no esté sujeto a ningún proceso judicial que afecte los derechos de terceros, podrá ratificar nuevos documentos oficiales con nuevos nombres e identidad de género afín a su elección individual.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Secretarias del Ramo tendrán un plazo de 120 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias sobre los nuevos objetivos del presente decreto.

Notas

1Teoría: El concepto de identidad.

https://www.fuhem.es/ecosocial/dossier-intercultural/ contenido/9%20EL%20CONCEPTO%20DE%20IDENTIDAD.pdf

2 El doctor César Torres Cruz, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, considera que la mezcla de prendas femeninas y masculinas en su atavío es un acto político que les da identidad a las personas no binarias.

3 Dirección General de Comunicación, Ciudad de México, a 31 de marzo de 2020, Comunicado de Prensa DGC/112/20,

file:///C:/Users/52553/Downloads/COM_2020_112.pdf

4 Más jóvenes que nunca se identifican como LGBT, y 1 de cada 4 son no-binarios, https://businessinsider.mx/jovenes-lgbtgeneracion-z-1-de-cada-4-no-binarios/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.– Diputado Alberto Villa Villegas (rúbrica).»