«Iniciativa que reforma los artículos 474 de la Ley Federal del Trabajo y 42 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito Armando Contreras Castillo, diputado federal de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción I, numeral 1, del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 42 de la Ley del Seguro Social, en materia de accidente de trabajo, con base en la siguiente

El home office, también conocido en México como teletrabajo, es una modalidad laboral en la que los trabajadores pueden realizar sus actividades profesionales vía remota , sin tener que presentarse físicamente en las instalaciones de la empresa. 1

Aunque esta forma laboral lleva años en funcionamiento, gracias a la expansión del uso del internet, al desarrollo de diferentes herramientas digitales y a la posibilidad de que algunas profesiones pueden realizarse desde el hogar, la pandemia por la covid-19 llevó a que más empresas e instituciones lo implementen para continuar sus actividades durante la emergencia sanitaria. 2

Esto derivado del cierre temporal de empresas cuyos giros comerciales no eran esenciales, lo que obligó a que algunas recurrieran al teletrabajo para continuar sus operaciones, generando una rápida transición a una nueva modalidad de trabajo.

La pandemia ha demostrado que el 70% de los trabajos pueden realizarse de forma remota. 3 Aunque el home office no es posible para todos los puestos de trabajo e industrias, un estudio del portal de empleo CompuTrabajo reveló que 7 de cada 10 empresas en México pueden adoptarlo. 4

Lo que indica que el punto de vista de las empresas ha observado positivamente la implementación del home office, pues además de reducir costos operativos como el de la renta, mejoraron su productividad y la satisfacción laboral de los trabajadores, además de que previnieron posibles contagios.

Además, ante los lineamientos que deben incorporar para garantizar la salud de los empleados, las empresas tendrán que invertir en esas medidas que incluyen la adecuación de los espacios, la disposición de mamparas, equipos de saneamiento y limpieza continua, lo cual, no garantiza que fuera de las instalaciones, los trabajadores no puedan contraer la enfermedad, lo que hace más factible implementar el home office. 5

Para los trabajadores se ha identificado que, tras una transición caótica inicial, muchos colaboradores se han adaptado con éxito, pues además de mantener un ingreso económico en una situación donde a nivel mundial aumentó el desempleo, tuvieron la oportunidad de reorganizarse, convivir con su familia y sentirse menos expuestos a la delincuencia.

A pesar de que el teletrabajo en México ayudó a continuar laborando a gran parte de la población, sin necesidad de arriesgar la salud, este provocó una serie de condiciones extremas para los trabajadores. Lo que generó la necesidad de una revisión de la Norma Operativa Mexicana (NOM) para asegurar el bienestar de los empleados.

De tal forma que este año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó el decreto por el que se reforma el artículo 311 y se adiciona el capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo, en materia de Teletrabajo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Con ello entra en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), reformando el teletrabajo en México. Ahí se contemplan las obligaciones de empleados y empleadores, y se da un reconocimiento a las actividades laborales realizadas fuera del centro de trabajo.

Pese a que esto ha generado un avance en la protección de los trabajadores, quedan lagunas jurídicas que dejan al trabajador sin tutela de sus derechos laborales.

Tal es el caso del riesgo de trabajo que no se encuentra incluido en esta última reforma laboral, y es que, en la actualidad, para que sea reconocido la figura de accidente de trabajo, se requiere cumplir con lo que indica la Ley Federal del Trabajo en su artículo 472, segundo párrafo:

“Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél.”

De la misma forma, la Ley del Seguro Social en su artículo 42 párrafo segundo, indica el accidente de trabajo como:

“También se considerará accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador, directamente de su domicilio al lugar del trabajo, o de éste a aquél.”

Por consiguiente, no está considerada la figura del teletrabajo en este supuesto, es decir, en caso de que el trabajador sufra un accidente en casa no podrían obtener incapacidad, quedando sin indemnización, corriendo el riesgo de que no le sea pagado su salario, o en el peor de los casos, perdiendo su empleo.

Actualmente existen países que cuentan con algún tipo de legislación integral o complementaria relacionados con el teletrabajo, en materia de accidente de trabajo, que indican lo siguiente:

• España: El accidente que pudiera sufrir un teletra-bajador/a durante el tiempo de trabajo, se presumirá que es accidente laboral.

• Francia: Un accidente ocurrido en el lugar donde labora el teletrabajador, se considera como un accidente de trabajo.

Por tanto, podemos concluir que el teletrabajo es un modelo que permite que las y los trabajadores puedan continuar con sus labores, por lo que ha llegado para quedarse; incluso el sector público ha tenido que transitar en esta forma de trabajo. Por ello que, en la actualidad hay empresas e instituciones que han decidido continuar con esta forma de trabajo, lo que deriva en la necesidad de actualizarnos y regular lo más íntegro posible los accidentes de trabajo que puedan ocurrir en este modelo, ya que son derechos de las y los trabajadores de nuestro país.

El texto propuesto es el siguiente:

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se reforma el artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 42 de la Ley del Seguro Social, en materia de accidente de trabajo; para quedar como sigue

Artículo Primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 474 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 474. ...

Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél, así como los accidentes que se produzcan en el lugar y horario de trabajo del teletrabajador.

Artículo Segundo. Se reforma el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 42. ...

También se considerará accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador, directamente de su domicilio al lugar del trabajo, o de éste a aquél, así como los accidentes que se produzcan en el lugar y horario de trabajo del teletrabajador.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 UNAM, “Home office una opción laboral antes y después de la pandemia”, [En línea] [Fecha de consulta 19 de octubre 2021] Disponible en:

http://ciencia.unam.mx/leer/1015/home-office-una-opcion-laboral- antes-y-despues-del-coronavirus

2 Ibídem

3 El home office y sus etapas durante la pandemia por covid-19, [En línea] [Fecha de consulta 19 de octubre 2021] Disponible en:

https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/El-home-office-y-sus-etap as-durante-la-pandemia

4 7 de cada 10 empresas puede operar total o parcialmente bajo el modelo de trabajo de home office... pero deciden regresar a presencial, [En línea] [Fecha de consulta 20 de octubre 2021] Disponible en:

https://businessinsider.mx/empresas-operar-home-office_estrategi a/

5 UNAM, “Home office una opción laboral antes y después de la pandemia”, [En línea] [Fecha de consulta 19 de octubre 2021] Disponible en:

http://ciencia.unam.mx/leer/1015/home-office-una-opcion-laboral- antes-y-despues-del-coronavirus

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.– Diputado Armando Contreras Castillo (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Sonia Rocha Acosta e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Sonia Rocha Acosta, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LXV Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 61 y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI del artículo 50 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con base en la siguiente:

El derecho a la salud incluye la salud mental, toda vez que no hay salud sin salud mental y se concibe de acuerdo con la Ley General de Salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

La pandemia a causa del covid-19 ha causado diversas preocupaciones y efectos sobre la salud mental de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo, al respecto el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en su informe Estado mundial de la Infancia 2021. En mi mente: promover, proteger y cuidar la salud de la infancia, señala que estos efectos podrían tardar años y han causado una pérdida para la economía de casi 390 mil millones de dólares al año, según un nuevo análisis realizado por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres que también incluye en su informe.

Antes del covid-19, los niños y los jóvenes ya sufrían problemas de salud mental sin que se hicieran las inversiones necesarias para solucionarlos, están invirtiendo muy poco para atender estas necesidades esenciales. No se está dando suficiente importancia a la relación entre la salud mental y las consecuencias que se producen más adelante en su vida.

A medida que el covid-19 se acerca a su tercer año, las consecuencias de salud mental y el bienestar de los niños y los jóvenes siguen siendo excesivas. Según los últimos datos de UNICEF, al menos 1 de cada 7 niños se ha visto afectado directamente por el confinamiento en todo el mundo, mientras que más de mil seiscientos millones de niños han sufrido alguna pérdida en la educación.

Los trastornos mentales diagnosticados como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ansiedad, autismo, trastorno bipolar, trastorno de la conducta, depresión, trastornos alimentarios, discapacidad intelectual y esquizofrenia, pueden perjudicar considerablemente la salud, la educación, las condiciones de vida y la capacidad para obtener ingresos de los niños y los jóvenes, por ello, exige una inversión urgente en la salud mental de niños y adolescentes en todos los sectores, no sólo en la salud, sino en la educación y la protección social y según las cifras, se considera lo siguiente:

• Se estima que más de 1 de cada 7 adolescentes de 10 a 19 años sufre trastorno mental diagnosticado en todo el mundo.

• Casi 46 mil adolescentes se suicidan cada año, una de las principales causas de muerte para este grupo poblacional.

• Alrededor de 2 por ciento de los presupuestos de salud de los gobiernos se destinan a la salud mental en todo el mundo. 1

Aunque los factores de protección, como la presencia de los cuidadores afectuosos, los entornos escolares seguros y las relaciones positivas con los compañeros, pueden producir el riesgo de padecer trastornos mentales, también UNICEF advierte que hay importantes obstáculos, como la estigmatización y la falta de financiamiento, que impiden a los niños gozar de una salud mental positiva o acceder al apoyo que necesitan.

La Asociación Mexicana de Pediatría Infantil, (AMPI), nos da una definición de salud mental, al señalar que la salud mental infantil es mucho más que sólo la ausencia de trastornos o discapacidad y se determina por múltiples factores psicológicos, sociales y biológicos; lo que significa alcanzar los indicadores de desarrollo en diversas áreas, como la motricidad, el lenguaje, la cognición y la socioemocional. Además del aprendizaje de habilidades sociales saludables y cómo afrontar los problemas de la vida cotidiana.

Es importante la detección temprana de problemas relacionados con la salud mental de niñas, niños y adolescentes, ya que, al no tratarse desde una etapa temprana del inicio de los síntomas, se tendrán consecuencias en el desarrollo, los logros sociales y académicos, reduciendo el potencial para alcanzar una vida plena, productiva y saludable. 2

Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un análisis dirigido a la salud mental del adolescente, publicado el 28 de septiembre de 2020, nos da los siguientes datos:

• Los trastornos mentales representan 16 por ciento de la carga mundial de enfermedades y lesiones en las personas de edades comprendidas entre 10 y 19 años.

• La mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años o antes, pero en la mayoría de los casos no se detectan ni se tratan.

• La depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre adolescentes a nivel mundial.

• El suicidio es la cuarta causa de muerte de jóvenes de 15 a 19 años.

No abordar los trastornos mentales de los adolescentes tiene graves consecuencias que se extienden hasta la edad adulta, y que afectan tanto a la salud física como a la mental y limitan las oportunidades de llevar una vida adulta satisfactoria.

La adolescencia es una etapa única y formativa y los múltiples cambios físicos, emocionales y sociales que se dan en este periodo, incluida la exposición a la pobreza, el abuso o la violencia, pueden hacer que este grupo poblacional sea vulnerable a problemas de salud mental y es importante promover el bienestar psicológico y protegerlos de experiencias adversas y factores de riesgo que puedan afectar a su capacidad para desarrollar su potencial, que es esencial tanto para su bienestar como para su salud física y mental en la edad adulta.

Los factores de riesgo que determinan la salud mental en los adolescentes son múltiples, cuantos más sean a los que están expuestos, mayores son los efectos que pueden tener, algunos factores que pueden contribuir al estrés durante esta etapa son:

1. Presión para acoplarse con sus compañeros.

2. Exploración de la identidad sexual.

3. Mayor acceso y uso de tecnología. La influencia de los medios de comunicación y la imposición de normas de género pueden provocar la discrepancia entre la realidad que vive el adolescente y sus percepciones o aspiraciones de cara al futuro.

4. Calidad de su vida doméstica.

5. La violencia, en particular los malos tratos y la violencia sexual. Los niños y los adolescentes son especialmente vulnerables a la violencia sexual, que tiene claros efectos perjudiciales sobre la salud mental.

Los trastornos emocionales que sufren nuestros niños y adolescentes surgen habitualmente desde la adolescencia, además de la depresión o ansiedad, también pueden experimentar reacciones excesivas de irritabilidad, frustración o enojo.

A nivel mundial la depresión es la cuarta causa principal de enfermedad y discapacidad entre adolescentes de edades comprendidas entre los 15 y 19 años de edad, y la decimoquinta, entre los 10 y los 14 años de edad.

La ansiedad es la novena causa principal entre los adolescentes de 15 a 19 años de edad y la sexta para los de 10 a 14 años de edad.

Los trastornos emocionales pueden afectar el rendimiento académico y la asistencia escolar. El retraimiento social puede provocar el aislamiento y la soledad y en el peor de los casos, la depresión puede concluir en el suicidio.

En este sentido se estima que 62 mil adolescentes murieron en 2016 como consecuencia de autolesiones. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los adolescentes de mayor edad (15 a 19 años). Cerca de 90 por ciento de los adolescentes en el mundo viven en países de ingresos bajos o medianos y más de 90 por ciento de los suicidios de adolescentes tienen lugar entre los que viven en esos países.

Los factores de riesgo para el suicidio son muy variados, ya que incluyen el uso nocivo del alcohol, los abusos durante la niñez, la estigmatización de la búsqueda de ayuda, los obstáculos para recibir atención y el acceso de medios para llevarlo a cabo. La información recibida a través de los medios digitales sobre comportamientos suicidas es una gran preocupación y un foco rojo para prestar atención en este grupo poblacional. 3

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en un comunicado de prensa de fecha 8 de septiembre de 2020, presentó las siguientes estadísticas respecto a cifras en suicidios en niñas, niños y adolescentes en México:

• En 2018, del total de fallecimientos ocurridos en el país, 6 mil 710 fueron por lesiones autoinfligidas, lo que representa una tasa de suicidio de 5.4 por cada 100 mil habitantes.

• En el grupo de niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años ocurrieron 641 fallecimientos por lesiones autoinfligidas, que representan el cuarto lugar dentro del total de causas de muerte. 4

Nueve de cada diez fallecimientos por lesiones autoinfligidas (88 por ciento), de niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años, fueron por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación.

El suicidio es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un problema grave de salud pública, que tiene la cualidad de ser prevenible. Para ello es necesario no sólo atender los casos de depresión o intentos de suicidio, sino implementar estrategias para la detección temprana de posibles riesgos de suicidio.

En este sentido, la atención de la salud mental en niñas, niños y adolescentes se vuelve un foco de atención, en tanto que es un grupo en el que también se encuentran fallecimientos por lesiones autoinfligidas.

No cabe duda que el confinamiento, las restricciones a la movilidad, la suspensión de clases y otros factores, han generado afectaciones graves en las niñas y los niños, según informa la Subsecretaría de Gobernación, ya que han causado:

• Afectaciones en las etapas de desarrollo y salud mental por falta de convivencia comunitaria y por segregación social.

• Afectación en su proyecto de vida por la deserción escolar y por el incremento de la desigualdad.

• Vulnerabilidad ante la violencia familiar, el incremento en homicidios y embarazos en menores de edad. 5

Cabe señalar que el Estado Mundial de la Infancia 2021, estableció una serie de medidas al pedir a los gobiernos y a los asociados en los sectores público y privado que se comprometan, comuniquen y actúen para promover la salud mental de todos los niños, adolescentes y cuidadores y proteger a los que necesitan ayuda y cuidar a los más vulnerables, estas medidas son las siguientes:

1. Invertir urgentemente en la salud mental de los niños y adolescentes en todos los sectores, no sólo en el de la salud, para apoyar un enfoque basado en la prevención, la promoción y el cuidado que abarque a toda la sociedad.

2. Integrar y ampliar las intervenciones basadas en pruebas en los sectores de la salud, la educación y la protección social, incluidos los programas de crianza que promueven una atención sensible y enriquecedora y apoyan la salud mental de los padres y cuidadores; y garantizar que las escuelas apoyen la salud mental mediante servicios de calidad y relaciones positivas.

3. Romper el silencio que rodea a las enfermedades mentales, afrontando el estigma, promoviendo una mejor comprensión de la salud mental y tomando en serio las experiencias de los niños y los jóvenes. 6

Ante este panorama y a pesar de las acciones que se han implementado, es trascendental seguir impulsando estrategias para la promoción de la cultura de la prevención y detección oportuna de enfermedades mentales, en niñas, niños y adolescentes y sobre todo tener informada a la ciudadanía en general, pero en particular a los padres de familia y cuidadores de este grupo poblacional.

Fundamento legal

El artículo 4o. constitucional reconoce el derecho a la protección de la salud y la prevalencia del Interés Superior de la Niñez, acorde con la Convención sobre los Derechos del Niño, a fin de asegurar el desarrollo integral de niñas y niños. 7

La Ley General de Salud, establece en diversos artículos que 8:

• Una de las finalidades del derecho a la protección de la salud es la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades (artículo 2, fracción VIII).

• La salud mental es materia de salubridad (artículo 3, fracción VI).

• Asistencia social (artículo 3, fracción XVIII).

• Para efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud, entre otros, lo relativo a la salud mental (artículo 27, fracción VI).

• Asimismo, contiene un capítulo VII, de la prestación de servicios de salud, enfocado a la salud mental. En el que se define a ésta como el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales y, en última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación (artículo 72, párrafo segundo).

En ese orden, se considera prioritaria la atención y prevención de los trastornos mentales y del comportamiento, basándose en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación y mejoramiento de la salud mental (artículo 72, párrafo primero).

En este tenor de ideas, las tareas de atención se brinden considerando un enfoque comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de estos servicios, más tratándose de niños y adolescentes.

Por otro lado, en el artículo 73 de la Ley General de Salud se prevé una amplia coordinación entre la Secretaría de Salud, gobiernos estatales, instituciones y otras autoridades locales, para promover la salud mental y la atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento, fomentando y apoyando que:

Artículo 73.

Específicamente.

I. a VII. ...

VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes, y...

IX. ...

En ese orden, el artículo 77 establece que:

• Los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la representación legal de personas con trastornos mentales y del comportamiento, serán responsables de la guarda o custodia.

• Las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con las personas con trastornos mentales y del comportamiento, procurarán la oportuna y debida atención de los mismos, pudiendo obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, con énfasis en niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.

Por su parte la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, capítulo noveno, Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social, artículo 50, fracción XVI, señala lo siguiente 9:

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica y gratuita y de calidad, de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

I a XV. ...

XVI. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial los casos de niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental.

En conclusión, considerando con un factor que refuerza el propósito, armonía legislativa y espíritu de esta iniciativa a la Ley General de Salud, la cual establece que la prevención y atención de los trastornos mentales y del comportamiento tienen un carácter prioritario y con la llegada de la pandemia agudiza la problemática en trastornos de salud mental en niñas, niños y especialmente adolescentes, se estima necesaria esta iniciativa ya que busca que todas las autoridades involucradas, así como padres, tutores y quienes conserven la guarda y custodia, pongan especial atención y apliquen las medidas de prevención necesarias para evitar en la medida de lo posible que la salud mental de niñas, niños y adolescentes prevalezca de forma sana y segura para garantizarles una vida plena, en la que puedan gozar de sus derechos fundamentales.

En Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se propone:

Por lo tanto, la presente iniciativa busca que la Secretaría de Salud en coordinación con las secretarías federales, así como gobiernos estatales, alerten a la población sobre los problemas que existen en la salud mental de niñas, niños y adolescentes no sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional, para que se tomen las medidas de prevención necesarias para apoyar a este grupo poblacional.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Artículo Único. Se reforma la fracción XVI del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 50. ...

I a XV. ...

XVI. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se prevengan, detecten y atiendan de manera especial los casos de niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental y se informe de manera oportuna a quienes estén a cargo de su guarda y custodia, a fin de orientarlos sobre las acciones que deben aplicar para garantizar su bienestar emocional, psicológico y social.

XVII y XVIII. ...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 file:///C:/Users/hortencia.garcia/Downloads/Resumen%20regional% 20%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%20(1).pdf

2 http://www.ampi-ac.org/

3 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-men-tal-health

4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/ suicidios2020_Nal.docx

5 https://www.gob.mx/presidencia/documentos/impacto-de-la-pandemia-en-ninas-y-nin os

6 file:///C:/Users/hortencia.garcia/Downloads/Resumen%20regional% 20%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%20(1).pdf

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf

8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_150721.pdf

9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110121.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.– Diputada Sonia Rocha Acosta (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Nacional de Procedimientos Penales, y Penal Federal, en materia de salvaguardia de las vías de comunicación terrestre, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Marcela Guerra Castillo, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracción XXIX-A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal, en materia de salvaguarda de las vías de comunicación, al tenor de la siguiente

La presente iniciativa tiene por objeto adicionar el cierre de vías de comunicación terrestre, al catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Asimismo, propone endurecer las penas para quienes realicen dicha conducta por varios días.

En los últimos meses, continuamente se han presentado cierres arbitrarios de vías de comunicación a lo largo del país, ya sea por contingentes de manifestantes, o bien, por grupos pertenecientes a la delincuencia organizada.

Estos actos no sólo ponen en riesgo la movilidad y la seguridad de las personas que intentan trasladarse de un lugar a otro, sino que también representan pérdidas económicas millonarias para el comercio mexicano, ya sea para grandes empresas tratándose de cierres de medios de transporte como lo son los trenes; pequeños y medianos comerciantes que requieren el traslado de los bienes y servicios que mercadean, o bien, pérdida de tiempo y dinero para las personas que tienen que esperar por horas la liberación de las vías incomunicadas.

Tal es el caso del llamado que recientemente realizó la empresa Kansas City Southern de México, quien solicitó la intervención del gobierno federal y del gobierno del estado de Michoacán para atender las demandas de maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes por varios días cerraron vías de tren, bajo el argumento de que no se les han pagado sus salarios.

Al respecto, la Asociación de Industriales de Michoacán estimó que el bloqueo de las vías férreas conlleva una pérdida de más de 150 millones de pesos. Lo anterior, debido a que con el cierre ferroviario se interrumpe el tránsito de toneladas mercancías que salen del puerto de Lázaro Cárdenas con destino a otros estados del centro de México. 1

Por otra parte, empresas privadas concesionarias de autopistas y carreteras de cuota; así como Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) estimaron una pérdida de 7 mil millones de pesos por la toma de casetas, cifra retomada sólo en los primeros dos años del gobierno federal.

En esa tesitura, el director general de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV) Marco Antonio Frías Galván afirmó que la toma de casetas en distintas autopistas del país es realizada por un grupo de delincuentes y no por personas desempleadas a raíz de la crisis por la pandemia de covid-19. Asimismo, expresó que la toma de casetas apareció por toda la República Mexicana por ser un negocio ilegal y se incrementó en 2019 y 2020.

El representante de los operadores de autopistas señaló que la toma de casetas fue una constante en los estados de México, Jalisco, Sonora, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México.

Ante tales circunstancias es importante resaltar que las acciones realizadas por el gobierno federal no han sido suficientes para recuperar la operación de las plazas de cobro, pues “prevalecen todavía incentivos perversos, que seguramente propiciarán que los grupos sigan tomando casetas no en el Estado de México, Jalisco, Sonora, Morelos, Guerrero, Sinaloa y Nayarit, pero sí en otras entidades de la República Mexicana” (sic). 2

A su vez, el titular de la Cámara de la Industria de Transformación de mi estado, Nuevo León (Caintra), Rodrigo Fernández, afirmó que en promedio se han perdido 2 mil millones de pesos por las afectaciones logísticas generadas por las interrupciones en las cadenas de suministro.

El dirigente empresarial señaló que más que un bloqueo a paso de mercancías, esto incrementa la complejidad y aumenta el costo de logística para miles de empresas, pero no sólo en un puerto, sino en todo el país, por lo que afirmó “es un tema de mucha preocupación de impacto para las operaciones industriales en general” (sic). 3

La situación es grave, ya que las acciones realizadas por el gobierno federal y los gobiernos locales no son suficientes; es necesario buscar mecanismos que permitan salvaguardar las vías de comunicación terrestre y con ello permitir el flujo de mercancías para evitar seguir golpeando a las empresas y pequeños y medianos comerciantes que experimentan pérdidas millonarias por estas ilegales acciones.

En esa virtud, la presente propuesta busca que el delito contenido en el artículo 167, fracción III, del Código Penal Federal consistente en el cierre de vías de comunicación terrestre, sea considerado en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, para con ello desincentivar que manifestantes o grupos criminales ejecuten estas acciones.

Asimismo, se plantea que el delito se agrave hasta en una mitad de la pena, cuando su ejecución se prolongue por varios días.

Bajo ese tenor, a continuación, se presenta un cuadro comparativo con la adición propuesta:

Por todo lo anteriormente motivado, fundado y expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal, en materia de salvaguarda de las vías de comunicación

Artículo Primero. Se reforma el tercer párrafo y se adiciona una fracción IX al párrafo quinto, recorriéndose las subsecuentes del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 167. Causas de procedencia

...

...

El juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, cierre de vías de comunicación terrestre, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

...

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal, de la manera siguiente:

I. a VIII. ...

IX. Cierre de vías de comunicación terrestre, previsto en el artículo 167, fracción III;

X. a XVIII. ...

...

...

...

...

Artículo Segundo. Se adiciona un último párrafo al artículo 167 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 167. Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien a diez mil días multa:

I. a II....

III. Al que, para detener los vehículos en un camino público, o impedir el paso de una locomotora, o hacer descarrilar ésta o los vagones, quite o destruya los objetos que menciona la fracción I, ponga algún estorbo, o cualquier obstáculo adecuado;

IV. a IX.

Si el delito al que se refiere la fracción III de este artículo se prolongara en el tiempo por varios días, la pena se aumentará hasta en una mitad.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Estrada, Arturo, Cierre de vías genera pérdidas por 150 millones en Michoacán, El Financiero, 2 de agosto de 2021, ubicable en la siguiente liga electrónica:

https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/08/02/cierre-de-via s-genera-perdidas-por-150-millones-en-michoacan/ Consultada el día 11 de septiembre de 2021.

2 Hernández Enrique, Toma de casetas es por grupos delictivos, no desempleados: concesionarios, Forbes, 16 de marzo de 2021, ubicable en la siguiente liga electrónica:

https://www.forbes.com.mx/toma-casetas-grupos-delictivos-no-dese mpleados-concesionarios/ Consultada el día 11 de septiembre de 2021.

3 De la Rosa, Eduardo, Bloqueos en vías de comunicación han dejado pérdida de 2 mil mdp a industria, Milenio, 7 de septiembre de 2021, ubicable en la siguiente liga electrónica:

https://www.milenio.com/negocios/bloqueos-promedian-2-mil-mdp-af ectacion-industria-ip Consultada el día 11 de septiembre de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.– Diputadas y diputados: Marcela Guerra Castillo, Ana Laura Huerta Valdovinos, Brasil Alberto Acosta Peña, Eduardo Zarzosa Sánchez, Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz, María Guadalupe Alcántara Rojas, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4o. y 12 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Carlos Alberto Puente Salas, en representación de las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4 y 12 de la Ley de Asistencia Social, al tenor de la siguiente

El Estado mexicano, desde la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se ha sido distinguido por reconocer los derechos sociales de las personas.

A partir de este reconocimiento, el texto constitucional mexicano se ha enriquecido con normas que buscan extender los beneficios del constitucionalismo social a toda la población. Nuestra reciente historia da cuenta de diversas reformas que se han llevado a cabo con el propósito anterior, entre ellas destacan especialmente: la introducción del mandato de redistribución de la riqueza en el texto del artículo 25 constitucional; la creación de un sistema de salud para el bienestar a fin de garantizar la extensión progresiva de los servicios de salud para la atención gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social; el establecimiento de la obligación del Estado de garantizar la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente; el reconocimiento del derecho de las personas adultas mayores a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva; y el establecimiento de un esquema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública.

No obstante lo anterior, aún existen áreas de oportunidad para seguir robusteciendo y consolidando un auténtico Estado de bienestar en nuestro país, principalmente después de que la pandemia por covid-19 ha dejado expuesta la profunda desigualdad persistente entre los diversos sectores de la población y la forma en que ésta se ha convertido en un impedimento para el ejercicio de otros derechos fundamentales, por ejemplo, el de acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

A fin de extender los alcances de los derechos sociales, en otras latitudes se han llevado a cabo reformas con el propósito de garantizar que las personas puedan gozar en forma efectiva de todos los derechos y libertades que les otorga el orden constitucional, siendo una condición indispensable para ello que cuenten con la capacidad de satisfacer sus necesidades más básicas.

En ese sentido, un Estado comprometido con los derechos sociales debe necesariamente reconocer que para que los mismos sean efectivos se requiere establecer que las personas tienen requerimientos existenciales básicos, los cuales deben ser satisfechos para alcanzar un pleno desarrollo. La identificación de estos mínimos y su satisfacción constituyen también objetivos en la estructuración de políticas cuyo objetivo es propiciar igualdad en la sociedad.

El conjunto de estos requerimientos esenciales se denomina “mínimo vital” y forma parte de los objetivos que pueden identificarse dentro de un sistema democrático social, el cual aspira a lograr la igualdad de oportunidades entre los miembros de una sociedad y pretende garantizar el pleno goce de la libertad civil y política para el mayor número posible de personas.

El estado social de derecho está basado en la solidaridad. En este modelo, los derechos sociales se establecen como una herramienta fundamental. Los derechos sociales crean posibilidades más efectivas y reales para que el ejercicio de los derechos individuales no quede limitado a un enunciado formal. Para que las relaciones económicas puedan desarrollarse en libertad, es preciso asegurar un mínimo de recursos para todos los miembros de una comunidad.

Estos derechos sociales pueden constituirse como principios que sirven de directriz a las autoridades para que consideren su cumplimiento de manera particular y especial en cada caso y, al mismo tiempo, como un mandato para realizar los objetivos que buscan el cumplimiento de determinadas aspiraciones sociales.

Así, garantizar la capacidad de las personas para satisfacer sus necesidades más básicas se presenta como un eje articulador de lo sustantivo con lo procesal para hacer efectivos los principios constitucionales que sustentan a la democracia y los derechos fundamentales, poniendo énfasis en la dignidad de la persona.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos contiene un doble reconocimiento del derecho a un mínimo vital. Por un lado, se reconoce el derecho del trabajador a “una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure a él y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por otros medios de protección social” (artículo 23, numeral 3). Y, por otra parte, establece el derecho de toda persona a “un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (artículo 25, numeral 1). 1

La concepción del estado social de derecho hace referencia a un sistema político que impone al Estado la misión de garantizar ciertos derechos considerados esenciales para la subsistencia mínima de la persona dentro de la sociedad sin privaciones irracionales. Estos derechos sociales se basan en el principio de igualdad y tratan de garantizar una igualdad esencial, como atributo de la persona y presupuesto de su libertad.

Desde un punto de vista operativo, el derecho a un mínimo vital puede referirse a la posibilidad de que las personas puedan disponer de recursos económicos mínimos para hacer frente a sus necesidades más perentorias. Para articular este ejercicio, el derecho al mínimo vital hace a un lado a aquellos segmentos de la población que tienen recursos suficientes para su subsistencia y se concentra en quienes no tienen los medios necesarios. De esta manera, una política diseñada para garantizar el mínimo vital se debe enfocar en proporcionar complementos al salario de los trabajadores que así lo requieran, o bien, una cantidad periódica a aquellos ciudadanos que no realizan un trabajo remunerado.

El establecimiento de un ingreso que ayude a las personas que no pueden hacerlo a satisfacer necesidades tan básicas la alimentación no pretende que todas las personas sean iguales, sino que aspira a que las transformaciones sociales se orienten hacia la remoción de todos aquellos obstáculos, de hecho y de derecho, que impiden el acceso del mayor número de personas a mejores oportunidades de desarrollo.

El mínimo vital supone un derecho fundamental a la vida no entendido como mera existencia, sino como una existencia digna con las condiciones suficientes para desarrollar, en la medida de lo posible, todas las facultades de las que puede gozar la persona humana.

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha identificado al mínimo vital como un derecho fundamental que se apoya en los principios del estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad y protección de ciertos bienes constitucionales, que se conforma para la satisfacción y protección de diversas prerrogativas que, en su conjunto o unidad, forman la base o punto de partida desde la cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas para desarrollar un plan de vida autónomo y de participación activa en la vida democrática del Estado. 2

De lo anterior se desprende la necesidad de que el Estado mexicano tome las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de ciertas prestaciones a personas que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y acceder a una vida digna, especialmente las relacionadas con el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Bajo esta lógica, en el contexto de la pandemia generada por el covid-19, la discusión sobre la necesidad de establecer un seguro de desempleo público en nuestro país volvió a cobrar relevancia debido a los efectos directos que tuvo en el empleo la paralización casi completa que experimentó nuestra economía durante algunas semanas y que provocó la pérdida de millones de plazas laborales en apenas un par de meses.

Esta situación ha hecho indispensable el diseño e instrumentación de medidas contingentes para mantener y estimular el empleo, pero también para garantizar un ingreso temporal que permita a los desempleados a causa de la pandemia adquirir lo necesario para garantizar al menos su derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Además de los 3 millones 846 mil 508 contagios confirmados y las más de 291 mil defunciones que lamentablemente se habían registrado en nuestro país a causa del covid-19 hasta mediados del mes de noviembre de 2021, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud del gobierno federal, 3 la pandemia nos ha dejado como saldo un difícil panorama en el ámbito económico y social.

Tras la declaración por parte del gobierno federal de que la epidemia causada por el covid-19 constituía una emergencia sanitaria de fuerza mayor, se implementaron una serie de medidas preventivas para evitar la propagación del virus, consistentes principalmente en el confinamiento voluntario de las familias y el cierre de todas aquellas actividades económicas que no se considerasen esenciales para el país.

Ante estos hechos, apenas unos meses después de haber iniciado el confinamiento y de estar acatando las medidas precautorias por parte de la población, los negocios y empresas de todos tamaños comenzaron a sucumbir y, a pesar de distintas medidas emprendidas, como el trabajo a distancia y los esfuerzos por mantener la plantilla laboral de las empresas, muchas de ellas incurrieron en despidos masivos, declaraciones de quiebra y cierre de las mismas por falta de liquidez.

En enero del presente año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la economía mexicana en 2020 se contrajo en 8.5 por ciento. 4 Se trata de la segunda caída más aguda tras la de 1932, durante la Gran Depresión, cuando la economía se desplomó 14 por ciento. Esta contracción rebasó claramente la registrada en 2009, que fue de 5.3 por ciento y que la registrada en 1995, cuando el producto interno bruto (PIB) se contrajo 6.9 por ciento.

Por otra parte, de acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por covid-19 en las empresas 2020, 5 casi cuatro de cada cinco empresas en México reportaron una disminución de sus ingresos hasta agosto de 2020, cuyo monto había caído casi a la mitad.

Asimismo, según el Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2020, realizado también por el Inegi, una de cada cinco empresas registradas en el Censo Económico de mayo de 2019 había cerrado permanentemente para septiembre de 2020, lo cual se explica en buena medida como consecuencia de la pandemia por covid-19. 6

Entre marzo y abril de 2020, los meses más críticos del confinamiento, se perdieron más de 12 millones de empleos y si bien la mayoría de ellos se habían reestablecido para el primer trimestre de 2021, según los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), aún quedaban pendientes de recuperar casi 2.1 millones de fuentes de trabajo. 7

También es importante señalar que la recuperación económica se ha dado a costa de un aumento de la precariedad laboral, pues la tasa de subocupación, es decir, el porcentaje de personas con disponibilidad de trabajar más horas de las que labora en el periodo creció para ubicarse en 13.8 por ciento, frente a 8.4 por ciento que ese indicador registró un año antes. 8

Es de resaltar que el desempleo provocado por la crisis sanitaria ha golpeado más duramente a las mujeres que a los hombres, pues ellas representan siete de cada diez desempleados. De los casi 2.1 millones de empleos que no se han recuperado, 1 millón 480 mil corresponden a mujeres y sólo 604 mil a hombres. 9

Asimismo, se debe señalar que los hogares más afectados por la crisis provocada por la pandemia han sido los más pobres. De acuerdo a un análisis realizado por el economista Luis Monroy Gómez Franco, el ingreso laboral de los segmentos de mayores ingresos disminuyó en menor magnitud que el de los grupos sociales de menores ingresos, con lo cual se amplía la brecha de desigualdad entre grupos ricos y pobres en nuestro país. 10

Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó recientemente que la pobreza laboral, es decir, el porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria, aumentó 3.8 puntos porcentuales a nivel nacional, al pasar de 35.6 por ciento a 39.4 por ciento entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre 2021. 11

Finalmente, el propio Coneval destacó la preocupación del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, de la Universidad Iberoamericana, respecto a que la pandemia podría derivar en el incremento de la inseguridad alimentaria, principalmente en los hogares de menor nivel socioeconómico, poniendo en riesgo los avances observados en la reducción de la carencia por acceso a la alimentación. 12

Una prueba de que la pandemia y su impacto negativo sobre el ingreso y el empleo de las y los mexicanos se han convertido en un obstáculo para el acceso a una alimentación suficiente y de calidad en muchos hogares es el aumento registrado en la demanda de atención en los comedores públicos gratuitos de la Ciudad de México en 30 por ciento. La responsable de la operación de estos comedores dijo que se tuvieron que crear 20 comedores emergentes y explicó que el incremento referido se ha visto no sólo en cuanto respecta a las personas en situación de calle, sino en diferentes grupos de la población que antes de la emergencia sanitaria no acudían a ese servicio. 13

Frente a esta situación, se vuelve fundamental el diseño e instrumentación de medidas contingentes para mantener y estimular el empleo, así como garantizar un ingreso mínimo de manera temporal para los desempleados en una coyuntura como la que ha representado la pandemia que aún estamos padeciendo.

Se trata de contar con un mecanismo para atender a personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad y requieran de la asistencia social para contribuir a salvaguardar el bienestar y cumplimiento de sus derechos sociales.

En este sentido, buscamos promover, a través de una reforma a la Ley de Asistencia Social, la creación de un mecanismo que constituya un apoyo temporal para que las personas que pierdan su empleo o su fuente de ingresos a consecuencia de contingencias como la pandemia por covid-19 y puedan adquirir una canasta básica alimentaria.

Para mejor comprensión, se presenta a continuación un cuadro comparativo con las modificaciones propuestas:

En virtud de lo aquí expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4 y 12 de la Ley de Asistencia Social

Único. Se reforma la fracción XI del artículo 4, se adiciona una nueva fracción XII y se recorre la actual en el mismo orden; se reforma el primer párrafo del artículo 12, se reforma la fracción XIV, se adiciona una nueva fracción XV y se recorre la actual en el mismo orden, todos de la Ley de Asistencia Social, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

I. a X. ...

XI. Coadyuvar en asistencia a las personas afectadas por desastres naturales , y;

XII. Las personas que hayan perdido su empleo o fuente de ingresos como consecuencia de una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, y

XIII. Los demás sujetos considerados en otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 12. Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los siguientes:

I. a XII. ...

XIII. La promoción de acciones y de la participación social para el mejoramiento comunitario , y;

XIV. El apoyo temporal a las personas que hayan perdido su empleo o fuente de ingresos como consecuencia de una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y se encuentren en situación de pobreza para acceder a una canasta básica alimentaria, y

XV. Los análogos y conexos a los anteriores que tienda a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo y familias, su desarrollo integral.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase, “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, Naciones Unidas, 2015. Disponible en:

https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf

2 Véase, “Derecho al mínimo vital en el orden constitucional mexicano”, Tesis Aislada 1a. XCVII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 793.

3 Véase, “Informe Técnico Diario COVID-19 México”, Secretaría de Salud, Gobierno de México, 15 de noviembre de 2021. Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/681920/Comunicado _Tecnico_Diario_COVID-19_2021.11.15.pdf

4 Véase, Alegría, Alejandro, “Economía mexicana cayó 8.5% en 2020: INEGI”, La Jornada, 29 de enero de 2021. Disponible en:

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/29/economia/economia-me xicana-cayo-8-5-en-2020-inegi/

5 Véase, “Impacto Económico Generado por covid-19 en las Empresas. Resultados Segundo Evento”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, agosto 2020. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ecovidie/doc/PRECO VIDIER2.pdf

6 Véase, “Estudio sobre la demografía de los negocios 2020. Primer conjunto de resultados”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/edn/2020/doc/EDN20 20Pres.pdf

7 Véase, “Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, nueva edición (ENOEN), cifras durante el primer trimestre de 2021”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, comunicado de prensa núm. 280/21, 17 de mayo de 2021. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ enoe_ie/enoe_ie2021_05.pdf

8 Ibídem.

9 Véase, Cullell, Jon Martín, “Siete de cada 10 desempleados por la pandemia en México son mujeres”, El País, 17 de mayo de 2021. Disponible en:

https://elpais.com/mexico/economia/2021-05-17/siete-de-cada-10-d esempleados-por-la-pandemia-en-mexico-son-mujeres.html

10 Véase, Monroy Gómez-Franco, Luis, “Una crisis desigual”. Blog Economía y Sociedad. Revista Nexos, 19 de noviembre de 2020, citado en “México frente a la crisis de 2020”, México ¿cómo vamos?, marzo de 2021, página 22. Disponible en:

https://mexicocomovamos.mx/wp-content/uploads/2021/03/ Me%CC%81xico-frente-a-las-crisis-de-2020.pdf

11 Véase, “El Coneval presenta información referente a la pobreza laboral al segundo trimestre de 2021”, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Disponible en:

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_ a_nivel_nacional.aspx

12 Véase, “El Coneval da a conocer el informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020”, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, comunicado no. 01, 9 de febrero de 2021. Disponible en:

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2021/COMUNICADO_01_IEPDS_2020.pdf

13 Véase, Pantoja Sara, “La demanda de comedores públicos en la CDMX aumentó 30% por la pandemia”, Proceso, 08 de febrero de 2021. Disponible en:

https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/2/8/la-demanda-de-comed ores-publicos-en-la-cdmx-aumento-30-por-la-pandemia-257835.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.– Diputados: Eunice Monzón García, Carlos Alberto Puente Salas (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 61 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Luis Enrique Martínez Ventura, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Luis Enrique Martínez Ventura, diputado federal de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción V del artículo 61 de la Ley General de Salud, de conformidad con la siguiente:

Antecedentes

Displasia de cadera, un problema de salud en México. Tamizaje universal por USG para el diagnóstico oportuno de Displasia de Cadera.

Doctor Luis Eduardo Loyo Soriano, médico adscrito de Ortopedia Pediátrica del Instituto Nacional de Rehabilitación LGII, Ciudad de México.

La displasia de cadera (DC) describe un espectro de anormalidades anatómicas que afectan la articulación de la cadera en etapa neonatal o infantil. El proceso central consiste en la disrupción de la relación anatómica normal entre la cabeza femoral y el acetábulo. 1

Estas alteraciones se producen durante el periodo embrionario, fetal o neonatal; pueden ir desde la deficiente osificación del acetábulo (displasia), provocando una ligera incongruencia entre las superficies articulares del iliaco y fémur, lo cual provocará un desgaste prematuro de dicha articulación; hasta una luxación de cadera, que es cuando la cabeza femoral se encuentra fuera del acetábulo, provocando alteraciones como desviación de la columna, acortamiento de la extremidad, deformidades en rodilla y en la cadera contralateral; además de provocar dolor y pérdida de movilidad de la articulación coxofemoral afectada.

Es la principal causa de artrosis temprana de cadera. 2, 3

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que del 10 — 15 por ciento de los reemplazos articulares de cadera en pacientes menores de 50 años, son a consecuencia de DC no diagnosticada o tratada de forma tardía. 4 En Estados Unidos se colocan 370 mil prótesis de cadera al año, de las cuales se estima que una tercera parte son secundarias a DC. Esto genera un alto impacto en cuestión de discapacidad, además de representar un alto costo económico para los sistemas de salud, el individuo, su entorno familiar y la sociedad.

La DC es el padecimiento congénito más frecuente en el recién nacido. 5 A nivel mundial se tiene una incidencia de variable que va desde 1.4 a > 35 casos por cada mil recién nacidos vivos, 6 esta variabilidad se presenta debido a factores genéticos, al método diagnóstico y a la diferencia entre guías clínicas de cada país, que van desde realizar un tamizaje universal, hasta solo realizar un estudio de imagen en caso de sospecha clínica. La incidencia en países desarrollados oscila entre 1 — 1.5 casos por cada mil recién nacidos vivos. En México se estima una incidencia de 2 - 5 casos por cada 1000 recién nacidos vivos, 7, 8 incidencia que puede ser mucho mayor debido a la falta de un tamizaje universal. En países donde se busca la presencia de DC en todos los recién nacidos por medio de ultrasonido (tamizaje universal), la incidencia incrementa a 8 por cada mil recién nacidos vivos, esto incidencia es considerando solo los casos que requirieron de tratamiento, ya que en series en las que son tomadas en cuenta todas las caderas displásicas incluyendo las inmaduras, el número incrementa hasta 50 — 60 casos por cada mil recién nacidos vivos, esto se traduce en un 5 al 6  por ciento de la población. 9, 10, 11

En distintas series se han identificado factores de riesgo asociados a la presencia de DC, siendo 3 los que presentan relevancia estadística. 1) Sexo femenino, 2) Presentación pélvica, 3) Antecedente familiar en primera línea. 12

La presencia de alguno de estos factores de riesgo, obliga al médico a confirmar o descartar el diagnóstico de DC de forma inmediata.

Diagnóstico

El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno son las piedras angulares para la obtención de resultados excelentes, previniendo el desarrollo de artrosis temprana y la generación de otras complicaciones inherentes a la enfermedad o como consecuencia del tratamiento quirúrgico.

El éxito del tratamiento se basa en aprovechar la capacidad de osificación que presenta el acetábulo al ser estimulado por la cabeza femoral al lograr una reducción concéntrica. Graf et al describieron la capacidad de osificación acetabular de acuerdo a la edad del paciente e identificaron que el potencial de osificación del acetábulo presenta un incremento entre la sexta y decimosegunda semana de vida, motivo por el cual el tratamiento se debe iniciar en esta etapa.

Cuando el tratamiento comienza entre la sexta - octava semana, el 96 por ciento de los casos evolucionarán hacia una cadera reducida y estable, además de que el acetábulo se osificará, desapareciendo los cambios displásicos. 13 Este porcentaje de éxito disminuye a partir de los tres meses de edad, considerándose a partir de este momento un diagnóstico e inicio de tratamiento tardío. 14, 15

En el 2005 Roovers et al realizaron un estudio en el que describieron la sensibilidad de los diferentes métodos de diagnóstico para DC en pacientes menores de 4 meses. Se dividieron a los pacientes de acuerdo al tipo de displasia en tres grupos: a) DC luxada, b) DC inestable y c) DC estable. En los tres grupos la sensibilidad del USG de cadera fue superior a la radiografía de pelvis y a la exploración física, por un amplio margen. 16

(Tabla 1).

De primera instancia se tiene que explorar de forma intencionada la cadera, de preferencia dentro de la primera semana de vida. Para esto se utilizan las maniobras de Barlow y Ortolani; 17, 18 el inconveniente de estas maniobras es que evalúan la estabilidad de cadera, esto las limita a detectar solo los casos de displasia que son subluxables o luxables; otro punto en contra fue descrito por Tonnis en 1987, el cual menciona que el 54 por ciento de los casos de DC variedad luxada no presentan signos clínicos (Ortolani) ni factores de riesgo asociados. 19

Radiografía de pelvis

Como consecuencia de que gran parte de las DC no presentan signos clínicos ni factores de riesgo, se llegó a la necesidad de utilizar estudios de imagen.

En neonatos y menores de cuatro meses, los rayos X de pelvis no solucionan el problema de manera completa, esto debido a que solo muestra tejido óseo y no todas las estructuras que conforman la cadera, que en su mayor parte está conformada por cartílago, otro aspecto es que, al tratarse de un estudio estático, es incapaz de identificar casos de inestabilidad. esto se tiene que agregar la exposición a radiación. Otra desventaja del diagnóstico de DC por medio de una radiografía antero posterior de pelvis, es la variabilidad inter observador, que llega a ser hasta de 8.35º con un intervalo de confianza del 95 por ciento en la medición del índice acetabular, lo cual lleva a la generación de falsos positivos y falsos negativos. 20

Posterior a los cuatro meses de vida, la radiografía toma mayor utilidad, esto se debe a la osificación de la cabeza femoral que facilita la evaluación de la relación entre el acetábulo con el núcleo de osificación y la metáfisis femoral. 21

Ultrasonido de Cadera

Existen distintos métodos para realizar un ultrasonido de cadera, siendo el de Graf el más difundido y aceptado. 22

Actualmente es el estándar de oro para el diagnóstico de la DC en pacientes menores de 4 meses de edad, con una sensibilidad de 88.5 por ciento y una especificidad del 96.7 por ciento, con un valor predictivo positivo del 61.6 por ciento y predictivo negativo del 99.4 por ciento. 23 Permite visualizar la estructura ósea de la pelvis y el fémur, además de identificar los componentes que no son óseos, como lo es el cartílago acetabular, la cápsula articular, ligamentos y tendones. Tiene la ventaja de ser un estudio dinámico que permite valorar de forma directa la estabilidad de la articulación determinando el grado de luxación, subluxación o luxación. Además, también es un estudio estático que permite cuantificar el grado de displasia acetabular por medio del ángulo Alfa y de la cobertura del labrum por medio del ángulo Beta. 24

Impacto económico del tamiz universal para el diagnóstico de DC por medio de ultrasonido con el método de Graf.

Opciones de Tamizaje

1. Tamizaje universal (Exploración física + USG) Austria 1991, Suiza 1995, Alemania 1996: Todos los pacientes son revisados con estos dos métodos.

Riesgos: Incremento de falso — positivos que recibirán tratamiento para una condición que puede resolver espontáneamente.

Beneficio: Todas o casi todas las displasias de cadera serán identificadas y tratadas.

2. Tamizaje selectivo (EU, Canadá): Examen físico a todos los recién nacidos. Ultrasonido selectivo a pacientes con riesgo de displasia, examen físico positivo y/o factores de riesgo para displasia (presentación pélvica, antecedente familiar).

Beneficio: menor número de falsos positivos, con el consiguiente menor número de sobre tratamientos.

Riesgo: No todos los pacientes con displasia serán identificados.

3. No tamizaje: Todas las displasias pasan desapercibidas y por lo tanto sin tratamiento durante la infancia. La enfermedad sigue su historia natural. No hay riesgos inherentes al tratamiento (quirúrgico o no quirúrgico) displasia. Pero tampoco hay beneficios del tratamiento.

El tamiz universal para para el diagnóstico de DC continúa siendo motivo de debate, el principal argumento en contra es el aparente incremento de falsos positivos con el consecuente sobre tratamiento. Lo cual no es del todo cierto, porque de llevarse a cabo de forma correcta el método de Graf, las caderas inestables o con displasia leve en menores de 12 semanas (Cadera inmadura, Graf IIa), son identificadas, pero no tratadas de forma inmediata, se mantienen en observación. 25  Se sabe que el 90 por ciento de las caderas diagnosticadas como inmaduras, evolucionarán hacia la normalidad sin la necesidad de tratamiento. 26 En caso de persistir la inestabilidad o displasia posterior a las 12 semanas de vida (Graf IIb), se inicia el tratamiento.

Otros países, como EU, consideran que no existe evidencia estadística que sustente la implementación de un tamizaje universal, 27, 28 sin embargo, no toman en cuenta en su decisión la disminución probable del número de artroplastias de cadera con su consecuente impacto económico, para ello recomiendan realizar estudios comparativos a largo plazo entre los distintos tipos de tamizaje.

Los países que realizan el tamizaje universal son: Austria (1991), Suiza (1995) y Alemania (1996). En todos ellos se ha demostrado el impacto favorable en salud y en el aspecto económico. Muestran una considerable disminución en el número de cirugías (reducción abierta, acetabuloplastías), complicaciones inherentes al procedimiento quirúrgico (necrosis de la cabeza femoral), una disminución del 33 por ciento en los costos del tratamiento de la DC, estancias hospitalarias y discapacidad. 29, 30

En México, Cymet-Ramírez et al realizaron un estudio en el que describieron el efecto favorable en cuestión de salud y discapacidad que tiene el diagnóstico y tratamiento oportuno de la DC. También compararon el costo que implica el diagnóstico y tratamiento tardío (Tabla 2) de la DC en comparación con la detección y tratamiento temprano (Tabla 3), ratificando que las ventajas del diagnóstico y tratamiento oportuno de la DDC mediante un tamizaje universal, ofrecen grandes beneficios en todos los rubros. 31

Tabla 2. Costos de la atención

Tabla 3. Costo aproximado del tratamiento

2. Consideraciones

Por lo antes descrito, es urgente atender las problemáticas que se genera por la no detección temprana de la displasía de cadera. La displasia del desarrollo de la cadera (DDC) es una enfermedad de carácter mundial.

En nuestro sistema de salud sólo existe la norma y guía oficial mexicana para el abordaje de este problema en los niños que acuden a los servicios médicos; sin embargo, a pesar de dicha norma, existen múltiples casos de diagnósticos tardíos que no fueron detectados por falta de un tamizaje universal al nacimiento.

El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno son menos complejos y dan mejores resultados. Un diagnóstico tardío complica el tratamiento y ensombrece el pronóstico. La presencia de la displacía de cadera DDC durante la infancia es de los principales factores asociados a enfermedad articular degenerativa de la cadera en la vida adulta. El reconocimiento precoz de una cadera displásica permite un tratamiento temprano, simple y efectivo, asegura una mejor calidad de vida y ayuda a disminuir los costos de la atención.

El diagnóstico tardío ocasiona una articulación coxofemoral mal desarrollada que en el adolescente o adulto puede ameritar procedimientos reconstructivos más complejos como osteotomías pélvicas, femorales o hasta reemplazos articulares que traería como consecuencia altos costos.

En México, el estudio radiográfico es utilizado comúnmente para el diagnóstico (DDC); el estudio de ecografía no está disponible.

Conclusiones

-El diagnóstico y tratamiento temprano son la base del éxito.

-Exploración física, insuficiente para el diagnóstico de DDC.

-Rayos X insuficientes en etapas iniciales.

-Exploración física: Valora estabilidad

-Rayos X: Valora morfología

-USG: Valora estabilidad y morfología

Tamiz universal

-Diagnóstico en la mayor parte de la población

-Inicio oportuno del tratamiento

-Disminución del número de cirugías secundarias a DC

-Disminución de complicaciones a consecuencia de DC

-Impacto económico en el sector salud, social y familiar

-Disminución de la discapacidad a consecuencia de DC

USG con método de Graf

-Estándar de oro para el diagnóstico en menores de cuatro meses, permite iniciar el tratamiento en el momento idóneo para obtener resultados excelentes.

-Diagnóstico inmediato sin la necesidad de la interpretación de un tercero.

-Bajo costo

-Fácil acceso

-Técnica reproducible

-No presenta riesgos para el paciente

Reforma Propuesta

El objeto de esta iniciativa es poder garantizar a los recién nacidos el acceso directo a que las instituciones de salud públicas realicen obligatoriamente un tamizaje universal al nacimiento. Con la propuesta que presentamos el día de hoy, en el Partido del Trabajo refrendamos nuestro compromiso con la población y buscamos ofrecer a la sociedad un ambiente más sano, y al mismo tiempo, mostramos una opción para fortalecer las finanzas públicas y generar así mayores beneficios sociales en favor de los mexicanos; los legisladores del Partido del Trabajo estamos comprometidos en ofrecer mejores condiciones de bienestar a nuestra sociedad.

Por lo aquí expuesto se propone reformar y adicionar la fracción V del artículo 61 de la Ley General de Salud, de la siguiente manera:

En consecuencia, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción V del artículo 61 de la Ley General de Salud

Único. Se reforma y adiciona la fracción V del artículo 61 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 61. El objeto del presente Capítulo es la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, post-parto y puerperio, en razón de la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto.

La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende, entre otras, las siguientes acciones:

......

......

......

......

......

V. El diagnóstico oportuno y la atención temprana de la displacía en el desarrollo de la cadera (DDC) se debe realizar en la primera semana del nacimiento mediante la exploración física dirigida, con posteriores revisiones a los 2, 4 ,6 y 12 meses. Tomando en cuenta la exploración física y factores de riesgo asociados, se tiene que realizar USG de cadera previo a los 2 meses de edad, considerando la edad máxima para realizar dicho estudio a los 4 meses. En pacientes mayores de 4 meses se tiene que tomar una Radiografía antero posterior de pelvis.

Algoritmo de Diagnóstico y tratamiento para displasia de cadera, tamizaje universal por medio de ultrasonido. Entre 0 y 4 meses de edad. Examen físico de cadera a todos los recién nacidos dentro de la primera semana de vida.

-Examen físico positivo o factores de riesgo (pélvico, antecedente familiar, sexo femenino): Realizar USG inmediatamente. USG: cadera luxada = Inicio de tratamiento con arnés de Pavlik. USG: cadera displásica o subluxable = Repetir el USG entre la sexta y octava semana.

-Examen físico negativo sin factores de riesgo: Realizar USG entre la sexta y octava semana. Pacientes entre 6 y 12 semanas: Realizar examen físico + USG. Pacientes de 12 a 16 semanas: Realizar examen físico + USG. De ser positivo el estudio para displasia de cadera, se le considera como diagnóstico tardío. Mayores de 4 meses. Examen físico + Radiografía AP de pelvis.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 RPA Newborn Care Guidelines Royal Prince Alfred Hospital Developmental dysplasia of the hip, 2014

2 Harris WH. Etiology of osteoarthritis of the hip. Clin Orthop Relat Res. 1986; 213: 20-33.

3 Felson DT, Zhang Y. An update on the epidemiology of knee and hip osteoarthritis with a view to prevention. Arthritis Rheum. 1998;41: 1343- 55.

4 World Health Organisation (WHO) Bone & Joint Decade 2000-2010.

5 Kocher MS. Ultrasonographic screening for developmental dysplasia of the hip: an epidemiologic analysis (part I). Am J Orthop. 2000;29: 929- 33.

6 Mahan ST, Katz JN, Kim YJ. To screen or not to screen? A decision analysis of the utility of screening for developmental dysplasia of the hip. J Bone Joint Surg Am. 2009;91(7): 1705-1719. doi: 10.2106/JBJS. H.00122.

7 - Fox-Alonso: Luxación congénita de la cadera. Su frecuencia en el Hospital Central Militar, en revisión de 10,076 recién nacidos vivos durante los años 1962-1967. Anales de Ortop Traumat Méx 1972; 8: 331-5.

8 Chávez-Rojas G, Estrada-Viesca A, Villareal L, Torres R, Chávez- Monsalvo A, Fragoso-Gallardo F: Frecuencia de malformaciones congénitas en 65,540 recién nacidos vivos. Rev Mex Ped 1969; 38: 3.

9 Kocher MS. Ultrasonographic screening for developmental dysplasia of the hip: an epidemiologic analysis (part I). Am J Orthop. 2000; 29: 929- 33.

10 - Biedermann R, Riccabona J, Giesinger JM, et al. Results of univer-sal ultrasound screening for developmental dysplasia of the hip: a prospective follow-up of 28 092 consecutive infants. Bone Joint J. 2018;100-B(10): 1399-1404. doi: 10.1302/0301-620X.100B10.BJJ-2017- 1539.R2.

11 Kokavec M, Bialik V. Developmental dysplasia of the hip. Prevention and real incidence. Bratisl Lek Listy. 2007;108(6): 251-254.

12 de Hundt M, Vlemmix F, Bais JM, et al. Risk factors for developmental dysplasia of the hip: a meta-analysis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012;165(1): 8-17. doi: 10.1016/j.ejogrb. 2012.06.030.

13 Holen KJ, Tegnander A, Bredland T et al (2002) Universal or selective screening of the neonatal hip using ultrasound? A prospective, randomised trial of 15,529 newborn infants. J Bone Joint Surg Br 84-B(6): 886—890.

14 Graf R. Hip sonography: background; technique and common mistakes; results; debate and politics; challenges. Hip Int. 2017;27 (3): 215- 219. doi: 10.5301/hipint.5000514

15 Keller MS, Nijs EL. The role of radiographs and US in developmental dysplasia of the hip: how good are they?. Pediatr Radiol. 2009;39 Suppl 2: S211-S215. doi: 10.1007/s00247-008-1107-3.

16 Roovers EA, Boere-Boonekamp MM, Castelein RM, Zielhuis GA, Kerkhoff TH. Effectiveness of ultrasound screening for developmental dysplasia of the hip. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2005 Jan;90(1): F25-30.

17 Ortolani M (1937) Un segno poco noto e wua importanza per la diagnosi precoce de prelssazione congenital dell’anca. La Pediatrics 45: 129—131.

18 Barlow TG (1962) Early diagnosis and treatment of congenital dislocation of the hip. J Bone Joint Surg Br 44: 292—294.

19 - Tönnis D. Congenital dysplasia and dislocation of the hip in children and adults. Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1987.

20 Keller MS, Nijs EL. The role of radiographs and US in developmental dysplasia of the hip: how good are they?. Pediatr Radiol. 2009;39 Suppl 2: S211-S215. doi: 10.1007/s00247-008-1107-3.

21 Garn SM, Rohmann CG, Silverman FN (1967) Radiographic standards for postnatal ossification and tooth calcification. Med Radiogr Photogr 43(2): 45—66.

22 Graf R. Hip sonography: background; technique and common mistakes; results; debate and politics; challenges. Hip Int. 2017;27(3): 215-219. doi: 10.5301/hipint.5000514.

23 Rosendahl K, Markestad T, Lie RT. Ultrasound screening for developmental dysplasia of the hip in the neonate: the effect of treatment rate and prevalence of late cases. Pediatrics 1994; 94: 47—52.

24 Graf R. Hip sonography: background; technique and common mistakes; results; debate and politics; challenges. Hip Int. 2017; 27(3): 215-219. doi: 10.5301/hipint.5000514.

25 Graf R. Fundamentals of sonographic diagnosis of infant hip dys-plasia. J Pediatr Orthop. 1984;4: 735-40.

26 Rosendahl K, Markestad T, Lie RT. Ultrasound screening for de-velopmental dysplasia of the hip in the neonate: the effect of treatment rate and prevalence of late cases. Pediatrics 1994; 94: 47—52.

27 Clinical practice guideline: early detection of developmental dysplasia of the hip. Committee on Quality Improvement, Subcommittee on Developmental Dys- plasia of the Hip. American Academy of Pediatrics. Pediatrics. 2000;105(4 Pt 1): 896-905.

28 Goldberg M. Early detection of developmental hip dysplasia: synopsis of the AAP Clinical Practice Guideline. Pediatr Rev. 2001;22: 131-4

29 On Kries R, Ihme N, Oberle D, et al. Effect of ultrasound screen- ing on the rate of first operative procedures for developmental hip dysplasia in Germany. Lancet. 2003;362(9399): 1883-1887.

30 Hallinger C, Pospischill R, Ganger R, Radler C, Krall C, Grill F. Long-term results of a nationwide general ultrasound screen- ing system for developmental disorders of the hip: the Austrian hip screening program. J Child Orthop. 2014;8(1): 3-10.

31 Cymet-Ramírez J, Álvarez-Martínez MM, García-Pinto G, et al. El diagnóstico oportuno de la displasia de cadera. Enfermedad discapacitante de por vida. Consenso del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Acta Ortop Mex. 2011;25(5): 313-322.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2021.– Diputado Luis Enrique Martínez Ventura  (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, General para el Control del Tabaco, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada María Macarena Chávez Flores, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, María Macarena Chávez Flores, diputada federal de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y en observancia del artículo 78 del mismo cuerpo normativo, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma la denominación del Capítulo Quinto y los artículos 38 y 39 y adiciona un artículo 9A y un párrafo a los artículos 38 y 39, todos de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en materia de símbolos patrios. al tenor de la siguiente

Argumentos

En la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, se define al Escudo, la Bandera y el Himno Nacional como los símbolos patrios de los Estados Unidos Mexicanos y estos forman parte del patrimonio cultural de nuestra nación. Los acontecimientos que formaron parte del proceso histórico que contribuyó a llevar estos hasta su reconocimiento como símbolos patrios, son hoy día parte de nuestro patrimonio histórico, así como cultural inmaterial, pues dan cuenta del surgimiento de una nación independiente, marcado todo esto por un evento histórico único en su clase; el grito de independencia dado por el cura Hidalgo...

Nuestra constitución, de corte humanista, la primera en su clase a nivel mundial a principios del siglo XX defiende los ideales de igualdad y fraternidad. De la misma manera nuestra Carta Magna en sus artículos tercero y cuarto menciona el derecho a la cultura del que gozan todas las personas en este país.

Respecto a nuestros símbolos patrios, la ley atinente a estos se publicó el 8 de febrero de 1984 en el Diario Oficial de la Federación, la cual en su sentido primario representaba el refrendo del compromiso que, de acuerdo a la publicación de la SCJN que a continuación se cita, y con relación a la iniciativa del presidente presentada al Congreso en 1984:

“Compromiso solidario como mexicanos y a revalorar, lo que, sin desmedro del pluralismo consubstancial a un sistema democrático, constituye un punto de afinidad indiscutible: los símbolos patrios.”

“la defensa de nuestra identidad no riñe con el espíritu de universalidad”

“El culto a nuestros símbolos patrios se inscribe, en el propósito de alentar nuevas manifestaciones de afirmación nacionalista. Preservando al pluralismo que garantiza las divergencias en la libertad, podemos también alcanzar la convergencia que aliente nuestra solidaridad” 1

Los anteriores son pequeños extractos del texto antes citado, los cuales ponen de manifiesto la naturaleza de nuestros símbolos patrios como depositarios de sentimientos de fraternidad y unión entre los mexicanos, características que nuestra ceremonia del grito de independencia también exhibe.

Por otra parte, es pertinente mencionar en esta exposición de motivos, respecto al grito de Independencia, lo que la página del gobierno mexicano se encuentra publicado:

15 de septiembre: El grito de Independencia

Un evento histórico que marcó el inicio de la lucha por la independencia de México.

El grito de Independencia es uno de los eventos históricos más importantes de nuestro país, pues marca el inicio de la lucha por la independencia de México y se conmemora cada 15 de septiembre.

El inicio del movimiento independentista comenzó cuando el cura Hidalgo incitó al pueblo de Dolores a levantarse en armas en contra del virreinato, al convocarlos a todos a través del sonar de las campanas de su parroquia y gritando con elocuencia los motivos por los cuales no podían quedarse esperando sin participar de esta lucha. Es por esto que dicho evento es denominado como “El grito”.

Para celebrar este acontecimiento histórico, se lleva a cabo una ceremonia liderada por el presidente de la República, en donde se tocan las campanas de Palacio Nacional, haciendo alusión al llamado de Hidalgo, al mismo tiempo que se ondea la bandera de México y se brindan respetos a los héroes de la patria.

Mientras el presidente grita el nombre de cada uno de ellos, el pueblo reunido en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México grita con entusiasmo ¡Viva! ¡Viva!, expresión que representa el respeto y la admiración de la nación hacia estos personajes.

De acuerdo al protocolo, el grito de Independencia se lleva a cabo de la siguiente forma:

. ...

El grito no solo se da a nivel nacional, sino que también puede ser representado a nivel estatal y municipal, en donde los gobernantes correspondientes llevan a cabo este acto desde sus respectivas sedes de gobierno.

Este evento es tan importante que en las escuelas de nivel básico en México se incluye esta conmemoración como parte de los actos cívicos que ayudan a los jóvenes y niños a conocer la historia de su país, rememorando el momento histórico en el cual se inició la lucha por la libertad nacional. 2

Patrimonio cultural inmaterial

Con relación a esto, se reproduce a continuación el Texto de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, el cual en su artículo dos, reza:

Artículo 2: Definiciones

A los efectos de la presente Convención,

1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.

2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el párrafo 1 supra, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;

b) artes del espectáculo;

c) usos sociales, rituales y actos festivos;

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;

e) técnicas artesanales tradicionales. 3

De lo cual se desprende por asociación que, nuestra ceremonia del grito de Independencia es parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial, pues coincide con los incisos a), b), y c) del texto citado.

A lo anterior se suma que una parte de lo que compone a la nación mexicana, son sus tradiciones populares, las cuales de manera consuetudinaria marcan, lo que en el corazón de los mexicanos se ha mantenido por la práctica y la observancia. Cada año los mexicanos esperan el 15 de septiembre a que den las once de la noche, hora en que el Presidente da el Grito de Independencia, el cual es motivo de celebración y orgullo nacional, y esta espera para el pueblo mexicano se ha trasmitido de generación en generación, en buena parte del siglo XX, motivo por el cual, se hace necesario preservar y regular dicha tradición.

Por los argumentos antes expuestos es que se plantea reglamentar el protocolo y el texto que se utilizará en la ceremonia de la noche del 15 de septiembre, lo cual se insertará en el cuerpo de la antes mencionada Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno de los Estados Unidos Mexicanos. La finalidad será atender el fenómeno actual de abuso al protocolo de esta tradición, pues actualmente se cuenta con testimonios en vídeo del como inclusive en consulados se ha adulterado el contenido de dicho grito de independencia con usos políticos, por lo que se hace necesario evitar que los representantes por voto popular y las autoridades políticas, el presidente de la República, presidentes municipales y alcaldes, utilicen dicha ceremonia con fines proselitistas incluyendo frases que no están referidas directamente a la celebración de la independencia nacional o a sus mártires, entendiéndose este último vocablo como: persona que muere en la defensa de sus creencias o sus ideales.

Tomando en cuenta que la ley inherente a nuestros símbolos patrios se encarga de regular el uso y la difusión de los símbolos patrios a que alude su título, y que también regula, por ejemplo, el uso de la banda presidencial como una modalidad del lábaro patrio. Es entonces que extender esta regulación y protección que actualmente abarca tres elementos como son la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional, se manifiesta como reforma pertinente para abarcar un símbolo inmaterial como el grito de independencia en su modalidad ceremonial, pues regular una ceremonia cívica en la que se utilizan los símbolos patrios, se convoca al pueblo y se le arenga a enaltecer la gesta de la independencia es por mayoría de razón una expresión de voluntad política que los mexicanos del presente y del futuro agradecerán y valorarán por la solidez que esto aporta a nuestra cultura nacional.

Dentro de esta iniciativa se detalla además el protocolo que deberán seguir los titulares del Poder Ejecutivo a todos los niveles de las administraciones públicas en esta ceremonia, y los representantes de la población en los municipios, las alcaldías (en el caso de la Ciudad de México), los estados integrantes del pacto federal, embajadores y del país en todo su conjunto.

Como resultado del estudio de nuestro derecho positivo, encontramos que esta es una ceremonia no considerada en ninguna norma, por lo que el acto se circunscribe a las directrices que marca el momento político y la tradición cívica, y tomando en cuenta además de que se trata de una tradición, la cual es vista por millones de mexicanos dentro del país y en el extranjero, en la que se utilizan profusamente los símbolos patrios, vemos como se recrudece la necesidad de contar con una norma que regule dicho acto.

Esta reforma y adición pretende dar uniformidad y armonía a un acto que reitera la independencia del pueblo de México a través de su historia, y envía un mensaje de unidad y esperanza el cual es tan necesario en estos tiempos de incertidumbre económica y política.

Por lo anteriormente expuesto pongo a su consideración la iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la denominación del Capítulo Quinto y los artículos 38 y 39 y adiciona un artículo 9A y un párrafo a los artículos 38 y 39, todos de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales en materia de símbolos patrios 

Artículo Único. Se reforma la denominación del capítulo quinto y los artículos 38 y 39 y adiciona un artículo 9A y un párrafo a los artículos 38 y 39, todos de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 9o.- En festividades cívicas o ceremonias oficiales en que esté presente la Bandera Nacional, deberán rendírsele los honores que le corresponden en los términos previstos en esta Ley y los Reglamentos aplicables; honores que, cuando menos, consistirán en el saludo civil simultáneo de todos los presentes, de acuerdo con el Artículo 14 de esta misma ley.

Artículo 9 A.- En la fecha del 15 de septiembre de cada año, al dar las 23: 00 horas, en la celebración del Grito de Independencia durante la cual el presidente de la República, los gobernadores de los estados federados, los presidentes municipales y, en el caso de la Ciudad de México, el jefe del gobierno y los alcaldes, en su sede de gobierno respectiva, recibirán de manos de una escolta militar, o si no la hubiere, de fuerzas de policía, la Bandera Nacional, con el protocolo y los honores que esta ley señala, para salir a un balcón, ventana o templete, en el que arengará al pueblo lo siguiente:

¡Mexicanos!

¡Viva la Independencia Nacional!

¡Vivan los héroes que nos dieron patria!

¡Vivan los héroes que nos dieron libertad!

¡Viva Miguel Hidalgo!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva doña Josefa Ortiz de Domínguez!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva el estado de... o viva el municipio de...! (el que se aplique. En el caso de la Ciudad de México, será ¡Viva la Ciudad de México!)

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!

Artículo 38.- El canto, ejecución, reproducción y circulación tanto del Himno Nacional, como del grito de Independencia, se apegarán a la letra y música de la versión establecida en la presente ley. La interpretación del Himno se hará siempre de manera respetuosa y en un ámbito que permita observar la debida solemnidad.

En el caso de la ceremonia del grito de independencia, la autoridad encargada de dicho acto se apegará al texto contenido en el artículo 9A de esta ley.

Artículo 39.- Queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del Himno Nacional y el texto del grito de independencia, ejecutarlo s total o parcialmente con composiciones o arreglos. Asimismo, se prohíbe cantar o ejecutar el Himno Nacional con fines de lucro.

En el caso de la ceremonia y ejecución del grito de independencia se estará a lo establecido en el párrafo anterior.

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El titular del Ejecutivo federal contará con un plazo de noventa días, a partir de la publicación del presente decreto, para realizar las modificaciones reglamentarias correspondientes.

Tercero. Las representaciones diplomáticas de México en el extranjero atenderán a las disposiciones de la Cancillería respecto a la celebración o no de esta ceremonia. Sin embargo, en caso de que la hubiere, se ajustará a la presente disposición, con la salvedad de que la escolta podrá ser conformada por personal de la representación nacional, o bien podrá ser entregada al titular de dicha representación directamente del receptáculo donde el lábaro se guarda.

Notas

Del grito de Independencia, gobierno de México.

1 https://www.gob.mx/siap/articulos/15-de-septiembre-el-grito-de-inde-pendencia?i diom=es

Iniciativa presidencial, SCJN

2 https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislati-voCompleto. aspx?q=XiHGMGm0tf3DexUGxyTnSIHVU61HvNIK6C8p3egfgjjFYWl9sSIb2P5fRkcnslpYNkT9ALwW PHa7j+4M/Uc5rw==

El texto de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial

3 https://ich.unesco.org/es/convenci%C3%B3n

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.– Diputadas y diputados: María Macarena Chávez Flores, Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, Elizabeth Pérez Valdez, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Héctor Chávez Ruiz, Olga Luz Espinosa Morales (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la diputada Martha Robles Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

Martha Robles Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan las fracciones X y XI del artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al tenor de la siguiente

El principal objetivo de este proyecto es contar con centros de readaptación social capaces de garantizar a las internas y a las hijas e hijos de las mismas, tener una vida digna durante su estancia en los penales.

El artículo 18, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el regulador del Sistema Penitenciario Mexicano y en él se establece, de manera preponderante, que su organización está basada en el respeto a los Derechos Humanos y como objetivo de la reclusión, generar la reinserción social de las personas privadas de su libertad, siendo claro que éstos son los ejes bajo los cuales las prisiones del país deben funcionar.

Para una adecuada organización del sistema penitenciario mexicano, resulta muy importante atender lo previsto en el artículo 1o. de la Carta Magna, respecto a que todas las personas gozan de los Derechos Humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual incluye a las personas procesadas o sentenciadas que se encuentran recluidas y que no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establezca.

Por lo que toca a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en el artículo 9 establece los derechos de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario y que a la letra dice:

Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre y cuando éstos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas.

Concluyendo, todas las personas privadas de su libertad con excepción en las limitaciones que sean necesarias por el hecho del encarcelamiento, deberán de gozar de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los demás instrumentos de las Naciones Unidas que brindan protección a las referidas personas.

Con lo anterior, se cumplirán los cinco ejes señalados en el citado artículo 18 Constitucional, para lograr la Reinserción Social del sentenciado.

Según datos al cierre de 2020, había 211 mil 169 personas en prisión como total nacional. De ahí, 94.4 por ciento correspondía a hombres y 5.6 mujeres, traducido esto en 117.24 personas. De estas cifras, el estado de México y la Ciudad de México concentran el mayor número de personas encarceladas, de acuerdo con los datos del Inegi del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Mexicano de 2021.

Al año mencionado, a escala nacional la cantidad de mujeres privadas de la libertad, que presentaron embarazo o que se encontraban en periodo de lactancia fue de 35.6 personas, de las que 57.3 por ciento estaba lactando y adicionalmente se registraron 384 mujeres privadas de la libertad que tuvieron a sus hijos en prisión, siendo menores de 6 años.

Por lo que se refiere a los menores de 6 años que permanecieron con sus madres privadas de la libertad en penales estatales y federales a escala nacional, se reportó que había 392 menores: 50.5 por ciento varones y 49.5 niñas. De ellos, 43.4 son menores de un año y la mayoría de esta población son del estado de México y recurrentemente vivieron con sus madres dentro de un penal y desde luego, estuvieron sufriendo las condiciones de vida precarias puesto que las autoridades responsables de mantener la convivencia, la seguridad y la salvaguarda de la salud, de la educación y el esparcimiento dentro de los penales, incluyendo a los tres niveles de gobierno, que en conjunto han sido artífices de la falta de una supervisión exhaustiva y ésta omisión permite la violación de los artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal y es evidente que su actuar no es bajo un programa de trabajo que contemple visitas de campo, a centros penitenciarios con población femenil federales, estatales y municipales, llevar a cabo entrevistas a mujeres privadas de su libertad y al personal técnico penitenciario, así como la recopilación de información que se aplique a la revisión de expedientes relacionados con quejas que se generaron por acciones u omisiones violatorias de los derechos humanos, atribuibles a autoridades del complejo penitenciario actual y pasado.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la mayoría de las reclusas tuvieron una defensa deficiente, fueron víctimas de tortura y abandonadas por sus familiares; muchas de las mujeres que fueron detenidas por delitos menores llevaron procesos irregulares que las mantienen en la cárcel durante varios años sin recibir sentencia; en éste problema se cruzan diferentes factores como el género, el nivel socioeconómico y los procedimientos legales del país.

Todo esto contradice a las leyes generales de protección a los derechos humanos que la Organización de las Naciones Unidas ha establecido en el sentido de que las cárceles deben contar con espacios exclusivos para mujeres e instalaciones especiales para el tratamiento de las embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes; y de manera similar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2017), en el artículo 18 citado con antelación, señala que las mujeres deben purgar su pena en un lugar diferente al de los hombres y que en la misma naturaleza, el Código Federal de Procedimientos Penales establece que las mujeres pueden solicitar ser examinadas físicamente por médicos, que sean mujeres, cuando esto sea necesario (CESOP, 2011).

La ausencia de espacios exclusivos para mujeres, según datos investigados, es alarmante, pues menos de la tercera parte de los centros de readaptación cuentan con una área para el desarrollo, a esto, se le suma que en México ha sólo 18 centros estatales exclusivos para mujeres, un centro federal y 91 centros mixtos, muy a pesar de que la ley determina separar a la población, lo que reduce las posibilidades de tener áreas destinadas para el esparcimiento de los infantes y también limita los procesos de reinserción social a los cuales la madre tiene derecho para integrarlos a su proyecto de vida.

En suma, la atención de éstos menores tiene muchas deficiencias que van de la mano con la falta de personal y una adecuada atención médica a sus necesidades específicas, especialmente aquellas que son propias de su género y que en ocasiones se omite de ser atendidas oportunamente o de urgencias; aunando a ello que periódicamente no se integran de manera correcta los expedientes clínicos, existiendo una marcada escasez de medicamentos y por ende, que no se no cuenta con instalaciones propias como un área de hospitalización, otra para estudios de laboratorio y de gabinete, etcétera.

Solamente a través de un plan de supervisión dictado por encargo legislativo y coordinado y operado por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, así como con diversos establecimientos penitenciarios con población mixta y de aquellos que albergan exclusivamente población femenil, se evidenciará a todas y cada una de las deficiencias e irregularidades que derivan violaciones de los derechos humanos de las internas y de los hijos que viven con ellas, por lo que es urgente alzar la voz contra esas violaciones, a fin de que se corrijan en los lugares donde se llevan a cabo.

Por otro lado, en algunos centros de reclusión se genera una serie de limitantes que afectan a las internas, dado que se les impide satisfacer sus necesidades primarias y por tanto, vulneran su dignidad en virtud de que la existencia de deficiencias en las condiciones de las instalaciones así como el hacinamiento al que muchas de ellas son sometidas, constituyen actos de molestia sin motivo legal, que contravienen lo previsto en el último párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se traducen en la violación del derecho humano a recibir un trato digno.

Considerando las violaciones cometidas a internas que en el mes de octubre de 2021 detectó en los centros penitenciarios la Comisión Nacional de Derechos Humanos, derivando de ésta última la recomendación para verificar sus formas de revisión a los familiares que acuden a visitar a sus familiares que están internos, ya que obligan a las mujeres que acuden a la visita a levantarse la blusa y bajarse el pantalón o descubrirse el vestido, siendo todo esto una clara acción de violación a sus derechos humanos.

Una vez manifestados los datos y los motivos correspondientes, solicito su anuencia para que juntos podamos otorgar mínimamente las características primordiales para una vida digna a las internas de nuestro país, ya que con dicho papel en algún centro penitenciario no dejan de ser humanas y mucho menos sus hijas e hijos, no tienen por qué heredar una sanción cometida por su madre.

En virtud de lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Único. Se reforman las fracciones X y XI del artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para quedar como sigue:

Artículo 10. Derechos de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Además de los derechos establecidos en el artículo anterior, las mujeres privadas de la libertad tendrán derecho a

I. a IX. ...

X. Contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos reciban la atención médica, de conformidad con el interés superior de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y a sus necesidades de salud específicas, así como tener disponible a un médico pediatra especialista para su atención.

XI. Los demás previstos en las disposiciones legales aplicables.

La autoridad penitenciaria deberá garantizar que en los centros penitenciarios para mujeres haya espacios adecuados para el desarrollo integral de las hijas o los hijos de las mujeres privadas de su libertad, o en su defecto, para el esparcimiento del niño o niña en las visitas a su madre, así como una instancia infantil para su desarrollo intelectual (preescolar)

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.– Diputadas y diputados: Martha Robles Ortiz, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Armando Corona Arvizu, Bernardo Ríos Cheno, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Héctor Ireneo Mares Cossío, María Guadalupe Román Ávila, Martha Azucena Camacho Reynoso, Olegaria Carrazco Macías, Omar Enrique Castañeda González, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Susana Cano González (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, María del Carmen Bautista Peláez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa que reforma la fracción XXXII del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pesca y acuacultura, al tenor de la siguiente

Las comisiones son órganos especializados constituidos por el pleno que, por medio de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que las Cámaras del Poder Legislativo cumplan sus atribuciones constitucionales y legales. Se integran por diputados o senadores de los diversos grupos parlamentarios, buscando que en su seno se refleje lo más fielmente posible la composición política del pleno (criterio de proporcionalidad) y toman sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros. 1

En la división de las comisiones se encuentran las “ordinarias”. Éstas son permanentes: cada tres años que se renueva la Cámara de Diputados deben continuar. Por ello se conservan de una legislatura a otra. Cumplen funciones de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio en su ramo; su competencia se corresponde en lo general con la de las dependencias y las entidades de la administración pública federal, 2 y tienen su fundamento en los artículos 26, Apartado A, párrafo cuarto, y 93, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, conforme a lo señalado en el párrafo anterior, la Comisión de Pesca es un órgano encarado de ejercer en el ámbito de su competencia el estudio, análisis y dictamen de las iniciativas de ley o decretos en materia pesquera y acuícola, y entre sus actividades está solicitar a las autoridades competentes, el diagnóstico de la realidad nacional en materia pesquera y acuícola, dar seguimiento constante al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial Pesquero y Acuícola.

Como se desprende de lo anterior, la Comisión de Pesca ve también temas “acuícolas” o que tienen que ver con la acuacultura. Esta actividad convierte las presas, los lagos y las lagunas en zonas de explotación de recursos naturales marinos. Las especies que incluye se dividen en cuatro categorías algas, moluscos, crustáceos y peces.

La acuacultura contribuye al crecimiento y estabilidad del sistema alimentario, conservación de especies acuáticas, incremento de niveles de nutrición, disminución de impactos ambientales, manufactura de materias primas de uso industrial y farmacéutico, fomento del autoempleo y erradicación de la pobreza.

Las técnicas acuícolas permiten producir diversos alimentos de alta demanda como: camarón de cultivo, bagre, tilapia, trucha, entre muchos otros. Estás técnicas se practican según tres sistemas: el extensivo, realizado en estanques de cinco o más hectáreas; y los semiintensivos e intensivos, llevados a cabo en estanques pequeños, de alrededor de una hectárea.

A escala mundial, se considera al sector acuícola un gran generador de empleos para pescadores, y una de las más sanas fuentes alimenticias. Es importante destacar además que dentro de este ámbito la pesca impulsa el desarrollo de comunidades de escasos recursos alrededor del planeta.

La acuacultura es una de las mejores técnicas ideadas por el hombre para producir alimentos y aprovechar los recursos acuáticos. La actividad se está desarrollando para sumarse a la pesca y complementarla. Se constituye por unidades productivas que utilizan los conocimientos sobre biología, ingeniería y ecología. Según la clase de organismos que se cultivan, se ha dividido en varios tipos, siendo uno de los más desarrollados la piscicultura (cultivo de peces).

El pez más cultivado a nivel mundial es la tilapia por su demanda en el mercado. Es una especie cuyo ciclo reproductivo es relativamente conocido y sencillo, además tiene un rápido crecimiento, es resistente a la manipulación y a enfermedades, acepta alimento balanceado y soporta alta densidad en los cultivos.

Los cultivos que han alcanzado mayor desarrollo son: crustáceos, peces, moluscos bivalvos, y algas. Sin embargo, el más relevante por su valor económico es el camarón. 3

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha desarrollado lineamientos generales para el mejor manejo de la acuacultura, entre los que destacan el Código de Conducta para la Pesca Responsable y el Enfoque Ecosistémico de la Acuicultura. Ambos tienen el carácter de voluntarios y están orientados en garantizar la oferta adecuada de productos acuícolas y pesqueros para las generaciones actuales y futuras, encaminados en obtener mayores ingresos.

En ellos se encuentra el concepto crecimiento azul, enfoque coherente para la ordenación sostenible, integrada y sensible de los océanos y humedales, lo cual se traduce en el reconocimiento y la aplicación de los derechos de las personas cuyo medio de vida dependen de la pesca y la acuacultura; derechos que están relacionados con la tenencia del agua, de la tierra, de los ingresos, del acceso a los mercados, además de la posibilidad de tener una vida en condiciones laborales dignas.

Diversos documentos de trabajo realizados por la propia FAO, la World Wildlife Fund for Nature, la Organización Mundial de Comercio, entre otros, consideran que la contribución de los océanos, los mares y las costas tanto a la seguridad alimentaria, la nutrición y el empleo digno, implica que las actividades acuícolas sean rentables. 4

Además, presupone “el imperio de la ley para velar por la seguridad de los derechos de propiedad”, aunado a lo que definen como “licencia social”, que se refiere a la aceptación de la acuacultura por parte de las comunidades vecinas y de la sociedad en el sentido más amplio y que determina, por lo tanto, los lugares en los que puede llevarse a cabo.

En el país, la pesca y la acuacultura han ido siempre de la mano, toda vez que las dos actividades conllevan al mejoramiento económico de las zonas pesqueras de nuestro país y sobre todo a los pobladores que hacen de estas sus actividades primordiales para subsistir, es por ello que se creo la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para regular todo lo relacionado a estas dos materias.

Las dos instituciones más importantes en la materia pesquera en el país, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, regulan la actividad pesquera del país y las actividades de acuacultura que se desarrollan en él.

Por ello propongo esta modificación a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que el nombre de la Comisión de Pesca, pase a ser Comisión de Pesca y Acuacultura, por toda la relación que guardan dichas materias, además de que en concordancia con las autoridades responsables y la legislación aplicable, son los temas que se trabajarán dentro de las actividades de esta comisión, por lo que es necesario llevar más allá el nombre y de esta forma se integren los asuntos que vayan asociándose.

Como ejemplo de que en algún momento se utilizó esta denominación para dicha comisión se encuentra el de la LXII y LXIII Legislaturas de la Cámara de Senadores, donde se denominaba “Comisión de Pesca y Acuacultura”. Como se ha mencionado en párrafos anteriores, estas actividades tienen gran relevancia y relación entre ellas.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción XXXII del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma la fracción XXXII del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. ...

2....

Las comisiones ordinarias serán

I. a XXXI. ...

XXXII.- Pesca y Acuacultura

XXXIII. a XLVIII. ...

Notas

1 http://www3.diputados.gob.mx/

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

3 http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/8126La%20acuacultura.pdf

4 https://www.fao.org/home/es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2021.– Diputadas: María del Carmen Bautista Peláez, Olegaria Carrazco Macías (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 15 a 17 de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 16 de Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

En el año 2011, a través de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el Estado mexicano generó un marco de reconocimiento y protección de los mismos; sobre esta base se justifica la gestión pública en favor de la persona y sus derechos, y como parte de este conjunto de derechos humanos, se encuentra el derecho a la salud, el cual es elemento fundamental para acceder a un nivel de vida digno y adecuado, así como poder ejercer otros derechos.

El derecho a la protección de la salud, 1 por tanto, es un derecho para todos y su acceso debe ser sin discriminación de ningún tipo. Nuestra Constitución señala en el tercer párrafo de su artículo primero que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ...”. 2 Y de manera más específica, el párrafo cuarto del artículo cuarto de nuestra Carta Magna dispone que “Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución...”.

Así, la Ley General de Salud (LGS) 3, reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona, señala que las finalidades de este derecho son, entre otros, el bienestar físico y mental de la persona, la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida y el disfrute de servicios de salud. El artículo 1o. Bis de la LGS, define a la salud como, un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades; definición que coincide con la establecida por la Organización Mundial de la Salud OMS. 4

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante diversas tesis jurisprudenciales, 5 ha definido el alcance y contenido del derecho a la protección salud establecido en nuestra Constitución, entre otros, señala que la protección de la salud es un objetivo que el Estado debe perseguir legítimamente, y que dicho derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social.

La Corte mexicana señala que en el enfoque social o público del derecho a la salud, es el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general; establecer mecanismos para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, desarrollar políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud e identificar los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras. 6

Así, el derecho a la salud se integra de manera simultánea de dimensiones tanto colectivas como individuales; dentro de la dimensión colectiva, se encuentra el derecho que tiene la población en general de ser protegida contra enfermedades epidémicas; 7 para lo cual el Estado tiene que activar una serie de mecanismos que le permitan prevenir y contener los riesgos que representan para la salud; además de la obligación de diseñar y operar los programas necesarios para garantizar la protección y atención de la salud de las personas, considerando situaciones de emergencia.

Para atender las enfermedades que se generan por epidemias y enfermedades graves, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 73, fracción XVI, bases 1a, 2a y 3a, las disposiciones constitucionales para atenderlas. 

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.

1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país.

2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República.

3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del País.

4a. ...”.

Así, el Consejo de Salubridad General (CSG), fue creado ante la necesidad de que el Estado mexicano tuviera un órgano ejecutivo capaz de reaccionar de manera inmediata y eficaz ante los distintos problemas que se pudieran suscitar en materia de salud en el país, particularmente en el caso de epidemias de carácter grave, ante las cuales es necesario actuar con toda oportunidad. Además, la Secretaría de Salud tiene la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República.

El artículo 73, fracción XVI, con sus bases 1a, 2a y 3a, son el fundamento constitucional de diversas disposiciones que en la Ley General de Salud, regulan al CSG; dicho Consejo, es una institución que por sus características no se asemeja a ninguna otra en nuestro sistema jurídico; no tiene el carácter de una dependencia de la administración pública federal, ni de una entidad y mucho menos un órgano autónomo; no obstante, su figura jurídica se acerca al de un órgano desconcentrado de la Presidencia de la República, con atribuciones normativas extraordinarias como lo establece la propia Constitución.

Para referir a los antecedentes, tenemos que, el 19 de enero de 1917, durante la quincuagésima sesión ordinaria del Congreso Constituyente, el diputado José María Rodríguez y Rodríguez presentó la iniciativa para adicionar la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución, argumentando lo siguiente 8:

“[S]i la autoridad sanitaria no tiene un dominio general sobre la salubridad de la República en todo el país, para dictar sus disposiciones y ponerlas en vigor, éstas dejarán de ser efectivas en un momento dado para evitar las consecuencias de contagios o invasión de enfermedades epidémicas de Estado a Estado o internacionales, es indispensable que estas disposiciones emanadas del departamento de salubridad tengan el carácter de generales para evitar estas consecuencias... [con] pérdidas enormes de vidas y capitales, como sucedió, por ejemplo, con la epidemia de peste bubónica en Mazatlán y la epidemia de fiebre amarilla en Monterrey...”

“Por esto, los subscriptos sostenemos que la unidad sanitaria de salubridad debe ser general, debe afectar a todos los Estados de la República, debe llegar a todos los confines y debe ser acatada por todas las autoridades administrativas, pues en los pueblos civilizados, sin excepción, la autoridad sanitaria es la única tiranía que se soporta en la actualidad, porque es la única manera de librar al individuo de los contagios, a la familia, al Estado y a la nación...”.

“También sostenemos... que la autoridad sanitaria será ejecutiva, y esto se desprende de la urgentísima necesidad de que sus disposiciones no sean burladas, porque si la autoridad sanitaria no es ejecutiva, tendrá que ir en apoyo de las autoridades administrativas y judiciales para poner en práctica sus procedimientos, y, repetimos, esto es indispensable, porque es de tal naturaleza violenta la ejecución de sus disposiciones, que si esto no se lleva a cabo en un momento dado y se pasa el tiempo en la consulta y petición que se haga a la autoridad judicial o administrativa para que ejecute la disposición de la autoridad sanitaria, las enfermedades o consecuencias habrán pasado los límites a ceros que la autoridad sanitarias haya puesto y habrán invadido extensiones que no será posible prever en un momento dado...”.

En ese sentido, a lo largo de la historia del país, el CSG ha tenido una función estratégica, para lo cual una preocupación constante ha sido su naturaleza jurídica, que le permita tomar decisiones rápidas y establecer reglamentaciones generales, que salven vidas y protejan a la población. Esto lo podemos ver en los siguientes esquemas:

Actualmente, independiente de otras atribuciones, en materia de epidemias de carácter grave, el CSG tiene la responsabilidad de actuar con oportunidad, por ello, depende directamente del Presidente del país, sin intervención de ninguna secretaría de Estado o autoridad alguna, y sus disposiciones generales son obligatorias en el país. Asimismo, establece que la Secretaría de Salud, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas, podrá dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente. 9

Pero, para el caso de una emergencia sanitaria, como es una epidemia de carácter grave, está prevista una toma de decisiones centralizada, las cuales corresponden a las autoridades sanitarias en el orden y jerarquía establecidos en nuestra Constitución y en el artículo 4o. de la LGS, que señala como autoridades sanitarias al Presidente de la República, al Consejo de Salubridad General, a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas; esta jerarquía evidencia la importancia del titular del Ejecutivo federal y el CSG que depende directamente de él.

Así, el CSG, en su carácter de máxima autoridad sanitaria y considerando que sus disposiciones generales son obligatorias para las autoridades administrativas del país, es el responsable aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria de los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria; tal como lo establece actualmente el reglamento que lo rige. 10

Una vez declarada una epidemia de carácter grave, le corresponde entonces a la Secretaría de Salud, dictar “inmediatamente”, las medidas indispensables para prevenir y combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas sean después sancionadas por el Presidente de la República; como establece el artículo 181 de la LGS; además dichas disposiciones, tanto las del CSG como las de la Secretaría de Salud, deberán ser obedecidas por las autoridades administrativas del país, ya que al ser un caso extraordinario, estas decisiones son innegociables, de acuerdo con lo previsto en la propia Constitución. 11

Es claro que quien tiene la responsabilidad primaria para declarar oportunamente la emergencia sanitaria por una epidemia de carácter grave, como la que enfrentamos actualmente en nuestro país; es del Presidente de la República, por medio del CSG, y una vez tomadas las determinaciones que corresponden a este órgano, será la Secretaría de Salud, la encargada de determinar todas las acciones ejecutivas que resulten necesarias para atender dicha emergencia. 12

La actual de la epidemia por el virus SARS-CoV-2 (covid-19), que se enfrenta en México y el mundo, fue alertada desde finales de diciembre de 2019, cuando la Comisión Municipal de Salud de Wuhan (provincia de Hubei, China) notifica un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad; que posteriormente se determina que fueron causados por un nuevo coronavirus.

A partir de entonces, la Organización Mundial de la Salud (OMS), puso en marcha una serie de acciones para su atención; 13 así, el 30 de enero de 2020, declara que el brote por el nuevo coronavirus (2019-nCov), constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII), establecida en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 2005; y el 3 de febrero, publica el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta para ayudar a los estados parte con sistemas de salud más frágiles a protegerse; además el 11 de marzo, declara que la nueva enfermedad por coronavirus 2019 (covid-19) puede caracterizarse como una pandemia.

Sin embargo, en nuestro país, fue hasta casi tres meses después de que se conoció la noticia del inicio de la epidemia, el 23 de marzo de este año, que el CSG reconoció la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (covid-19), como una enfermedad grave de atención prioritaria; 14 y sólo a partir de ahí se comenzaron a tomar algunas acciones.

Sin embargo, fue hasta el 30 marzo de 2020, que el CSG, declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (covid-19), y estableció que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resultaran necesarias para atender la emergencia; 15 es decir, demasiado tarde.

Incluso, previo a que se hiciera la primera declaratoria de enfermedad grave de atención prioritaria 23 de marzo, la Secretaría de Educación Pública ya había ordenado la suspensión de clases en el Sistema Educativo Nacional, a partir del 16 de marzo, y el 17 de marzo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y las universidades estatales públicas y privadas así como las instituciones independientes de educación superior tomaron la decisión de cerrar las aulas.

La ausencia de una definición clara y oportuna por parte de la autoridad sanitaria, originó que, desde los ámbitos tanto público como social y privado; y los distintos niveles de gobierno, se comenzaran a tomar medidas preventivas y de contención desarticuladas y sin coordinación, sin que hubiera la declaratoria correspondiente por parte de CSG, ni las medidas, que a partir de la declaratoria, debería dictar la Secretaría de Salud.

La emergencia requería tomar acciones inmediatas y así lo hicieron las entidades federativas y los particulares, a falta de decisión de la máxima autoridad sanitaria en el país. Pero los resultados no fueron satisfactorios.

No obstante las diversas alertas e información generada en el mundo sobre esta pandemia, nuestro país se mantuvo en la inacción; las autoridades sanitarias en nuestro país no actuaron con oportunidad como era su obligación; la falta de una declaratoria de emergencia por enfermedad grave que justificara su atención prioritaria; se hizo evidente y tomó a nuestro país, y en particular, a la población, sin haber tomado las medidas necesarias para su contención y prevención.

La autoridad sanitaria restó importancia a la pandemia y su gravedad, fue minimizada; se retrasaron las acciones gubernamentales y no permitió prever ni planificar oportunamente; además, no se adquirieron los insumos necesarios, ni se previeron las necesidades de personal de salud capacitado, ni los requerimientos hospitalarios con la capacidad necesaria para su atención. La falta de un plan de respuesta y una postura clara y firme respecto de medidas de prevención y contención han puesto en riesgo la salud de millones de personas.

Como ya se ha señalado, la responsabilidad de la declaración de la emergencia sanitaria es del Presidente de la República a través del CSG, sin embargo, la falta de precisión y claridad en la norma vigente, no permitieron actuar con la oportunidad y eficacia requerida. Está claro que el diseño normativo actual, que condiciona al CSG a estar atado a la Secretaría de Salud, lo limita. Cuando el CGS debería ser una institución con capacidad de respuesta inmediata, tal y como fue la intención de los legisladores del Constituyente de 1917.

Recordemos que el CGS está integrado por los titulares de áreas prioritarias de la administración pública federal, por los gobiernos locales, así como por expertos del sector académico, social y privado, por lo que es el espacio ideal para la articulación de las políticas sanitarias en situaciones que representen una amenaza.

Por ello, debemos perfeccionar las disposiciones jurídicas que permitan actuar con oportunidad y fortalecer los mecanismos para actuar eficazmente ante el riesgo de una emergencia sanitaria; ello exige mejorar la capacidad de coordinación y ejecución de las acciones gubernamentales; así como los mecanismos que deban activarse, con claridad respecto de quién o quiénes toman las decisiones y asumen las responsabilidades en cada ámbito de gobierno.

La incertidumbre que genera la norma vigente no contribuye a generar las condiciones para que un órgano, como el CSG, actúe con oportunidad; con base en el régimen especial o extraordinario que establece nuestra Constitución, para la toma de decisiones en materia emergencia sanitaria por epidemias de carácter grave.

Dado que sus disposiciones generales son obligatorias, el CSG tiene la capacidad de obviar los procedimientos y requisitos que cualquier autoridad debe satisfacer conforme al régimen constitucional ordinario, así como de los derechos fundamentales; no obstante, en la práctica dichas atribuciones no sirven, si operativamente el CSG depende de la Secretaría de Salud.

Es indispensable que el CSG cuente con total independencia de la Secretaría de Salud, y que sea un órgano que dependa solamente del Poder Ejecutivo, para que adquiera capacidad de respuesta ante situaciones que pongan en riesgo a la población. Asimismo, es urgente que cuente con recursos presupuestales, materiales y humanos propios, sin la intermediación de la Secretaría de Salud, a fin de que goce de absoluta autonomía operativa y de financiamiento.

Por lo anterior, el presente proyecto tiene como objetivos fortalecer las disposiciones jurídicas en la Ley General de Salud, para regular de manera clara y contundente la institución y los mecanismos permitan atender las emergencias sanitarias.

Los objetivos de la presente iniciativa son:

1. Darle autonomía al Consejo de Salubridad General, para establecer que dependerá directamente del Presidente de la República, en los términos del artículo 73, fracción XVI, base 1a. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y estará a cargo de un consejero o consejera presidente, que sólo deberá desempeñar esa responsabilidad y su designación corresponderá al titular del Poder Ejecutivo federal. Esto quiere decir que el secretario de Salud formará parte de su junta directiva, pero no lo presidirá.

Además, se establece que el Consejo de Salubridad General tendrá una junta de gobierno, integrada por el consejero o consejera presidente, además de las personas que desempeñen la titularidad de las dependencias o entidades siguientes:

I. Secretaría de Salud;

II. Secretaría  de Hacienda y Crédito Público;

III. Secretaría de Bienestar;

IV. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

V. Secretaría de Economía;

VI. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural;

VII. Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

VIII. Secretaría de Educación Pública;

IX. Instituto Mexicano del Seguro Social

X. Instituto  de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y

XI. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Quienes tendrán la calidad de vocales titulares, los cuales contarán con voz y voto.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos invitará a las personas que desempeñen la titularidad de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, la presidencia de la Academia Nacional de Medicina de México, AC, y la presidencia de la Academia Mexicana de Cirugía, AC, quienes tendrán la calidad de vocales titulares, los cuales contarán con voz y voto, sus cargos serán honoríficos.

Los vocales titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal serán designados y removidos por el Presidente de la Republica, en tanto que los vocales titulares tendrán tal calidad en función del cargo descrito.

La Presidencia del Consejo de Salubridad General podrá invitar como vocales a personas físicas o morales que considere que contribuyan al cumplimiento de sus responsabilidades, quienes contarán con voz.

La Secretaría de Salud deberá asegurar la participación en el Consejo de Salubridad General de las entidades de la federación, a efecto de que cuenten con voz como vocales. Para ello, en disposiciones reglamentarias se determinará su forma de participación.

La Cámara de Diputados y el Presidente de la República han omitido diferenciar al Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud, por esa razón el primero carece de ramo presupuestal y estructura orgánica, siendo que sus recursos humanos, financieros y materiales le son proporcionados por la Secretaría de Salud, ello transgrede la ley. Entonces, también se le dota de autonomía financiera, estableciéndose en el artículo cuarto transitorio que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asignará el Presupuesto del Consejo de Salubridad General mediante un ramo presupuestario propio, y realizará las gestiones necesarias para asegurar la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales para su funcionamiento sin la intermediación de ninguna dependencia.

2. Se da certeza jurídica y se clarifica la responsabilidad del Consejo de Salubridad General para identificar y evaluar los riesgos, en el caso de enfermedades o epidemias graves que puedan ser causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional; además de aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de emergencia sanitaria por enfermedades graves.

Al incorporar de manera expresa esta disposición en la LGS, se elimina la incertidumbre respecto de qué autoridad sanitaria y en qué momento debería actuar ante el riesgo inminente de una emergencia sanitaria por enfermedad o epidemias graves. Se establece con toda claridad que el Consejo de Salubridad General debe publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de emergencia sanitaria por enfermedades graves, para que una vez publicada, la Secretaría de Salud determine inmediatamente las acciones extraordinarias que resulten necesarias para atender la emergencia.

Además, el Consejo de Salubridad General, en su responsabilidad de identificar y evaluar los riesgos que pudiera representar una enfermedad o epidemias graves, podrá auxiliarse de las instituciones nacionales o internacionales especializadas en la enfermedad u otras que considere necesarias para dicho cometido.

Compañeras y compañeros legisladores

Las lecciones que nos ha dejado la actual pandemia, es que necesitamos perfeccionar nuestro marco normativo para darle certeza a la actuación de nuestras instituciones y autoridades sanitarias; se requiere fortalecer y clarificar sus atribuciones de manera que puedan actuar con eficacia. Es el momento de iniciar un análisis y deliberación profundas para dotar al Estado mexicano, pero particularmente a la población, de la garantía de que cuentan con los mecanismos jurídicos y de política pública, que de manera oportuna y eficaz permitirán proteger la salud de todas y todos los mexicanos.

La iniciativa busca establecer las disposiciones que permitan ofrecer una respuesta coordinada, efectiva y oportuna a los retos que en materia de riesgos sanitarios enfrenta la sociedad. Es claro que si se hubiera actuado con oportunidad, los efectos sobre la salud de las personas, la economía y en el bienestar social se hubieran atenuado.

México debe estar preparado para hacerle frente a cualquier emergencia sanitaria por epidemias graves, ya que siempre estaremos expuestos a nuevos retos en esta materia; en un mundo donde ya no hay fronteras y donde un agente que produce enfermedad puede diseminarse en el mundo en cuestión de horas.

Es indispensable que el Consejo de Salubridad General cuente con total independencia de la Secretaría de Salud, y que sea un órgano que dependa solamente del Poder Ejecutivo, para que adquiera capacidad de respuesta ante situaciones que pongan en riesgo a la población. Así mismo, es urgente que cuente con recursos presupuestales, materiales y humanos propios, sin la intermediación de la Secretaría de Salud, ni ninguna otra dependencia, a fin de que goce de absoluta autonomía operativa y de financiamiento.

El Congreso mexicano tiene frente a sí un gran reto, sólo falta ver si estamos a la altura y tenemos la capacidad de enfrentarlo.

Se anexa cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 15. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, en los términos del artículo 73, fracción XVI, base 1a. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estará a cargo de un Consejero o Consejera Presidente, que sólo deberá desempeñar esa responsabilidad y su designación corresponderá al  titular del Poder Ejecutivo Federal.

Artículo 16. La organización y funcionamiento del Consejo de Salubridad General se regirá por su reglamento interior, que formulará el propio Consejo.

El Consejo de Salubridad General tendrá una junta de gobierno, integrada por el Consejero o Consejera Presidente, además de las personas que desempeñen la titularidad de las dependencias o entidades  siguientes:  

I. Secretaría de Salud;

II. Secretaría  de Hacienda y Crédito Público;

III. Secretaría de Bienestar;

IV. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

V. Secretaría de Economía;

VI. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural;

VII. Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

VIII. Secretaría de Educación Pública;

IX. Instituto Mexicano del Seguro Social;

X. Instituto  de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y

XI. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Quienes tendrán la calidad de vocales titulares, los cuales contarán con voz y voto.

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos invitará, a las personas que desempeñen la titularidad de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, la presidencia de la Academia Nacional de Medicina de México, A.C., y la presidencia de la Academia Mexicana de Cirugía, A.C., quienes  tendrán la calidad de vocales titulares en función del cargo descrito, los cuales contarán con voz y voto, sus cargos serán honoríficos.

Los vocales titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán designados y removidos por el Presidente de la Republica.

La presidencia del Consejo de Salubridad General podrá invitar como vocales a personas físicas o morales que considere que contribuyan al cumplimiento de sus responsabilidades, quienes contarán con voz.

El Consejo de Salubridad General deberá asegurar la participación de las entidades federativas, a efecto de que cuenten con voz y voto como vocales. Para ello, en disposiciones  reglamentarias se determinará su forma de participación.

Artículo 17. Compete al Consejo de Salubridad General:

I. a IX. ...

El Consejo de Salubridad General deberá sesionar oportunamente para realizar una adecuada identificación y evaluación de riesgos, en casos de enfermedades o epidemias graves que puedan ser causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, basado en evidencia con estricto rigor científico; y en su caso, aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de emergencia sanitaria por enfermedades graves.

Para la identificación y evaluación de riesgos el Consejo, podrá auxiliarse de las instituciones nacionales o internacionales especializadas.

Una vez publicada dicha declaratoria, la Secretaría de Salud determinará inmediatamente las acciones extraordinarias que resulten necesarias para atender la emergencia.

El Consejo en coordinación con la Secretaría de Salud, expedirá el reglamento y las normas correspondientes en materia de acción extraordinaria en caso de epidemias de carácter grave.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Consejo de Salubridad General deberá integrarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, conforme a las disposiciones señaladas en los artículos 15 y 16. Y se actualizará la reglamentación para su organización y funcionamiento interno en los 80 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto.

El secretario del Consejo de Salubridad General en funciones, podrá ser considerado para la designación del nuevo consejero presidente que realice en Presidente de la República.

Tercero. El Consejo de Salubridad General conservará las facultades y atribuciones conferidas en la Ley General de Salud y demás disposiciones legales y administrativas.

Cuarto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público asignará el presupuesto del Consejo de Salubridad General mediante un ramo presupuestario propio, y realizará las gestiones necesarias para asegurar la disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales para su funcionamiento, sin la intermediación de ninguna dependencia.

Notas

1 Ver, párrafo cuarto del artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud... ”,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, 28 de mayo de 2019.

2 Ibídem.

3 Ver, Ley General de Salud en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgs.htm

4 https://www.who.int/es/about/who-we-are/frequently-asked-questions

5 Ver,

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id =192160&Clase=DetalleTesisBL;

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Cl ase=DetalleTesisBL&ID=167530&Semanario=0;

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID =2019358&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0;

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID =169316&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0;

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID =161333&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0

6 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tesis: 1a./J. 8/2019 (10a.), Jurisprudencia Primera Sala, Décima Época, Libro 63, febrero de 2019, Tomo I.

7 Villarreal Lizárraga, Pedro Alejandro, La protección contra epidemias y pandemias como manifestación del derecho a la salud desde una perspectiva de gobernanza global, Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 2016.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4095/19.pdf

8 Revista Nexos.

https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/origen-de-la-medida-de-exc epcion-en-salud-el-consejo-de-salubridad-general/

9 Ver,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm.

10 Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, ver artículo 9 fracción XVII,

http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/normatividad/Reglamento_Inte rior_del_CSG-2013.pdf

11 Huerta Ochoa Carla, “Emergencia sanitaria y la distribución de competencias en el estado federal mexicano”, en Emergencia Sanitaria del COVID 19. Federalismo, Nuria González Martín, Coordinadora, Universidad Nacional Autónoma de México — Instituto de Investigaciones Jurídicas, México 2020.

12 Así se establece en el artículo 73 constitucional, fracción XVI, en sus bases 1ª a 3ª, y en diversas disposiciones de la Ley General de Salud entre otros los artículos 3 fracción XV, 16, 17, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 145, 146, 148, 151, 152, 153, 156, 359, y el Título Décimo “Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad General”. Pero también en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) es un instrumento jurídico internacional de carácter vinculante para 194 países, entre ellos todos los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud OMS. Para la adopción del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), basta, en principio que el Estado lo haya suscrito sin reservas, para que sea válido en su territorio (Artículos 21 y 22 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud); aunque su entrada en vigor y aplicación fue progresiva el plazo máximo fue 2016, pero ya requería que en 2012 los estado tuvieran un plan de acción para desarrollar las capacidades necesarias para aplicar el Reglamento con su cronograma correspondiente.

13 Covid-19: cronología de la actuación de la OMS, ver,

https://www.who.int/es/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline– -covid-19

14 Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (covid-19) en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia, ver,

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha =23/03/2020

15 Ver,

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590745&fecha =30/03/2020

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2021.– Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 119 de la Ley de Infraestructura de la Calidad y adiciona el 56 de la Ley de Hidrocarburos, a cargo del diputado Jaime Zertuche Bueno, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se propone reformar el último párrafo del artículo 119 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, y adicionar la fracción XII al artículo 56 recorriéndose las subsecuentes de la Ley de Hidrocarburos, con el propósito de eliminar la facultad que tienen las empresas prestadoras de servicios de realizar cobros con base en estimaciones, conforme a la siguiente

La distribución del gas natural en Coahuila y gran parte de nuestro país es realizada a través de la empresa Naturgy, antes Gas Natural Fenosa, lo anterior conforme a lo dispuesto en las Condiciones Generales para la Prestación del Servicio de Distribución de Gas Natural aprobada por la Comisión Reguladora de Energía, que establece las tarifas y los derechos y obligaciones del permisionario frente a los usuarios y viceversa.

Desde hace algún tiempo un gran número de usuarios de dicho servicio me han comentado que el incremento de pago por uso del gas natural, en algunos casos, superan el cien por ciento respecto a los recibos anteriores.

Sin prejuzgar sobre las causas de esta situación, consideramos que resultaba indispensable que la Procuraduría Federal del Consumidor, iniciara una investigación al respecto, a efecto de que determinara si el incremento en el servicio había sido apegado a las disposiciones en la materia o si, por el contrario, vulneraba los derechos de los usuarios de la compañía.

De tal modo que, durante mi gestión como diputado local en Coahuila, instalamos módulos en distintos sectores de la ciudad de Saltillo, con el propósito de recibir quejas de la ciudadanía con respecto a posibles cobros indebidos, recogiendo un gran número de quejas en donde los cobros eran excesivos. Y fue así que ejercí mi derecho para enviar iniciativas al Congreso de la Unión, misma que fue recibida en mayo de 2019 por este órgano sin tener respuesta alguna.

Es importante mencionar que dicha iniciativa pretendía modificar la Ley sobre Metrología y Normalización, misma que fue abrogada en el 1 de julio de 2020 para dar paso a la Ley de Infraestructura de Calidad, sin embargo en estos nuevos lineamientos aún existe la facultad para quienes prestan los servicios de suministro de agua, gas, energía eléctrica u otros, para que realicen cobros con base en estimaciones, lo cual se formaliza al momento de celebrarse el contrato con el usuario bajo la modalidad de adhesión; mismo que resulta preocupante y grave, ya que los usuarios en Saltillo, en Coahuila, y en todo el país, quedan a la libre voluntad de quienes les prestan los servicios, al aplicarse cobros estimativos, y que, desgraciadamente, en su inmensa mayoría, van muy por encima de lo que verdaderamente se consumió.

En este orden de ideas, al revisarse las normas oficiales mexicanas relacionadas con la industria del gas natural y servicios, principalmente conforme lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE2010: “Especificacio-nes del Gas Natural”; y la Norma Oficial Mexicana NOM- 002-SECRE-2010 sobre instalaciones de aprovechamiento de servicios, ambas publicada en el Diario Oficial de la Federación, así como por aquellas que, en su caso, las sustituyan, se deja en total desamparo a los usuarios y genera un beneficio leonino a los prestadores del servicio.

Debemos destacar que la Ley de Infraestructura de la Calidad establece que corresponde a la Secretaría de Economía, pudiéndose auxiliar del Centro Nacional de Metrología, elaborar las normas oficiales de metrología legal, que pretendan asegurar la equidad en las transacciones comerciales y prestaciones de servicios y que el reglamento de la ley determinará las bases y reglas para que se publiquen en el Diario Oficial los instrumentos de medición que resulten de uso obligatorio.

De ahí que la presente propuesta legislativa tenga por objeto principal reformar el artículo 119 de la citada ley, con el propósito de estipular que en ningún caso se podrán realizar cobros en base a estimaciones, por lo que el reglamento de esta ley y las normas oficiales que se expidan, deberán garantizarlo.

Del mismo modo, al analizar diversos ordenamientos legales que rigen nuestro país en el tema de cobro con base en estimaciones, detectamos que era viable se estableciera en la Ley de Hidrocarburos que las empresas con permiso de comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos tienen prohibido vender con base en estimaciones perjudiciales para el consumidor a riesgo de perder la concesión de venta del servicio; y de esta forma evitar que se realicen cobros dolosos por estimaciones en perjuicio de los ciudadanos.

Por lo que les pido, compañeros y compañeras, que nos sumemos a esta propuesta, que tiene como fin primordial velar por los derechos humanos de los usuarios de los servicios de suministro de agua, gas, energía eléctrica u otros, en todo el país.

Por todas las razones antes mencionadas, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se presenta ante esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente propuesta de iniciativa con proyecto de

Artículo Primero. Se reforma el último párrafo del artículo 119 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, para quedar como sigue:

Artículo 119. ...

...

El Reglamento determinará las bases y reglas para que se publique en el Diario Oficial de la Federación aquellos instrumentos de medición específicos que resulten de uso obligatorio. En ningún caso se podrán realizar cobros en base a estimaciones, lo cual quedará garantizado en las bases reglamentarias de esta ley y en las normas oficiales mexicanas que al efecto se expidan.

Artículo Segundo.- Se adiciona una fracción XII al artículo 56 recorriéndose las subsecuentes de la Ley de Hidrocarburos.

Artículo 56.- La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán, en el ámbito de sus competencias, revocar los permisos expedidos en los términos establecidos en esta ley.

Los permisos podrán revocarse por cualquiera de las causas siguientes:

I. a XI. ...

XII. Realizar cobros dolosos por estimaciones en perjuicio del consumidor;

XIII. Reincidir en las conductas señaladas en los incisos a) y h) de la fracción II del artículo 86 del presente ordenamiento; y

XIV. Las demás previstas en el permiso respectivo.

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de la presente reforma, deberán realizarse las adecuaciones a las normas oficiales mexicanas correspondientes y demás reglamentación aplicable.

Salón de sesiones del honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2021.– Diputados y diputadas: Jaime Bueno Zertuche, Adriana Campos Huirache, Brasil Alberto Acosta Peña, Cristina Amezcua González, Eduardo Zarzosa Sánchez, Frinné Azuara Yarzábal, Jazmín Jaimes Albarrán, José Guadalupe Fletes Araiza, María Guadalupe Alcántara Rojas, Mariano González Aguirre, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Rodrigo Fuentes Ávila, Sayonara Vargas Rodríguez, Sue Ellen Bernal Bolnik, Xavier González Zirión (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 3o. Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Adriana Bustamante Castellanos, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Adriana Bustamante Castellanos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, párrafo 1, fracción I, y 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI y se recorre la subsecuente al artículo 3o. Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas, al tenor de la siguiente:

Primera. El envejecimiento humano constituye un proceso multidimensional de los seres humanos que se caracteriza por ser heterogéneo, intrínseco e irreversible; inicia con la concepción, se desarrolla durante el curso de vida y termina con la muerte.

Es un proceso complejo de cambios biológicos y psicológicos de los individuos en interacción continua con la vida social, económica, cultural y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo. Representa una construcción social y biográfica del último momento del curso de vida humano. 1

La vejez constituye un proceso heterogéneo a lo largo del cual se acumulan, entre otros, necesidades, limitaciones, cambios, pérdidas, capacidades, oportunidades y fortalezas humanas.

Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con su entorno inmediato y con las futuras generaciones. 2

Cada sociedad establece el límite a partir del cual una persona se considera mayor o de edad avanzada, aunque sin excepciones, la frontera entre la etapa adulta y la vejez está muy vinculada con la edad fisiológica.

En el caso de México, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores señala que las personas adultas mayores, son aquellas que cuentan con sesenta años o más de edad.

De acuerdo, al Censo de Población y Vivienda del Inegi 2020, la población total en México es de 126,014,024 habitantes. De ellos, 64,540,634 son mujeres (51.2%) y 61 473 390 son hombres (48.8%); la tasa de envejecimiento es de 38.0, por lo que residen 15.4 millones de personas de 60 años o más, de las cuales 1.7 millones viven solas. Sólo 41.4% son económicamente activos (54.1% son hombres y 45.9 son mujeres). 3

El 69.4% presentan algún tipo de discapacidad o limitación. El 60% son mujeres (1,048,426) y 40% son hombres (697,699). Su estructura por edad indica que 43.1% tiene entre 60 y 69 años, mientras que más de la tercera parte (36.4%) entre 70 y 79 años. La tasa de analfabetismo es de 19 por ciento y su afiliación a servicios de salud alcanza 81.1 por ciento. 4

Es evidente, que el país ha venido dándose de manera progresiva un proceso de envejecimiento, aunque sigue siendo joven, esto se va acentuando en la edad mediana, la cual pasó de los 26 a 29 años edad en la última década, la mitad de la población tiene 29 años o menos.

El proceso de envejecimiento también queda en evidencia en la pirámide poblacional, que presenta una tendencia a reducir su base, mientras que continúa su ensanchamiento tanto en el centro como en la parte alta, lo que significa que la proporción de niñas, niños y adolescentes ha disminuido y se ha incrementado la proporción de adultos y adultos mayores. 5

Muestra de lo anterior es que la población de 60 años y más que pasó de 9.1% en 2010 a 12.0% en 2020, mientras que la población de 0 a 17 años disminuye de 35.4% en 2010 a 30.4% en 2020. 6

Segunda. El tema del envejecimiento demográfico cobra cada vez mayor relevancia a nivel internacional y México no es la excepción. En nuestro país, el nivel de ingreso y las bajas tasas de ahorro han reducido a la mayor parte de los adultos mayores a la situación pobreza, condición que se agravará en los próximos años debido a la transformación de la pirámide poblacional que implica una mayor cantidad de adultos mayores respecto a la población total.

El envejecimiento tiene facetas múltiples que exigen análisis y demandan atención. Los adultos mayores enfrentan problemas de salud, pobreza, desempleo, baja cobertura en pensiones y en protección social, entre otras. 7

Pero, además durante la actual crisis sanitaria de covid-19, los adultos mayores son uno de los grupos vulnerables que mayormente han padecido las tasas de mortalidad y que han sufrido con especial dureza los efectos económicos del confinamiento.

De acuerdo al Inegi, la covid-19, fue la segunda causa de muerte en México durante 2020 y provocó más fallecimientos en hombres, con un 64% de los decesos totales, que en mujeres. Por grupos de edad, los números dan cuenta de que el covid fue la principal causa de muerte en toda la franja que va de los 35 a los 64 años. En los mayores de 65 años, solo las enfermedades cardíacas se cobraron más muertes que el coronavirus. 8

Otro aspecto que también preocupa el surgimiento de casos de adultos mayores abandonados a su suerte en residencias de asilo y la falta de aplicación de protocolos que minimicen el riesgo de contagio en esos lugares de este sector, muy lastimado por la pandemia. 9

Aunado a los anterior, las tasas de discriminación y violencia de las personas adultas mayores en México, ha tenido un aumento considerable en el número de casos, en todas las modalidades de discriminación y en todos los tipos de violencia, que va desde la psicológica, física, sexual, patrimonial, económica e institucional.

Tercera. En la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948 se establecen los derechos fundamentales y se incluye la prohibición de discriminación por cualquier motivo alguno; a partir de esta Declaración se han promulgado normas internacionales y nacionales que buscan el desarrollo de las libertades en la vejez y la protección de los derechos humanos de las personas mayores (Naciones Unidas, 1948). 10

En este sentido, en 2015 se promulgó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA, 2015), en la que se abordan los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos, reafirmando la obligación de eliminar todas las formas de discriminación y maltrato, en particular la que se presenta en razón de la edad.

El maltrato de las personas adultas mayores se define como cualquier acción voluntariamente realizada, es decir, no accidental, que dañe o pueda dañar a una persona mayor, o cualquier omisión que prive a un anciano de la atención necesaria para su bienestar, así como cualquier violación de sus derechos. 11

De acuerdo con OMS, “el maltrato de las personas mayores es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza.

Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico o emocional; la violencia por razones económicas o materiales; el abandono; la negligencia; y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto”. 12

Por otro lado, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores define el maltrato como todo acto u omisión contra una persona mayor, que ocurra de manera única o repetida y produzca daño a la integridad física, psíquica, moral o que vulnere el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que esta situación se produzca en el marco de una relación de confianza. 13

Algunas cifras derivadas de estudios nacionales, encuestas específicas o informes judiciales dan indicios de la magnitud de este problema en algunos países de América Latina.

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), llevó a cabo la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares en 2016, los resultados mostraron una prevalencia del maltrato a adultos mayores del 17,3%, siendo mayor en las mujeres (18,4%) que en los hombres (12,6%). El maltrato más prevalente fue el psicológico (9,4%), seguido del económico (4,9%) y el físico con un 1,2%. 14

Como se ha señalado, los efectos de la actual crisis sanitaria del covid 19, las personas adultas mayores junto con las mujeres han sido, los sectores más vulnerables a la discriminación y sobre todo violencia en todas sus acepciones.

Desde el punto de vista gerontológica, se han determinado distintos tipos de maltrato o violencia en contra de las personas mayores:

• Maltrato físico.  Acto no accidental que provoca daño corporal o deterioro físico.

• Maltrato psicológico.  Actos verbales o no verbales que generen angustia, desvalorización o sufrimiento.

• Abuso sexual. Cualquier contacto sexual no consentido.

• Abandono.  Descuido u omisión en la realización de determinadas atenciones o desamparo de una persona que depende de otra por la cual se tiene alguna obligación legal o moral. Es una de las formas más extremas del maltrato y puede ser intencionada o no.

• Explotación financiera.  Uso ilegal de los fondos, la propiedad o los recursos de la persona adulta mayor.

• Maltrato estructural. Se manifiesta en la falta de políticas sociales y de salud adecuadas, la inexistencia, el mal ejercicio y el incumplimiento de las leyes; la presencia de normas sociales, comunitarias y culturales que desvalorizan la imagen de la persona mayor y que resultan en su perjuicio y se expresan socialmente como discriminación, marginalidad y exclusión social.

• Maltrato institucional Como los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos de los adultos mayores. 15

Es de señalar, que generalmente la violencia es ejercida por familiares, vecinos o desconocidos, con o sin propósito de llevarlo a cabo y puede darse dentro de la familia, en la sociedad o por parte de las mismas instituciones gubernamentales. A veces ni siquiera la notamos por desconocimiento, porque llegamos a acostumbrarnos a ella o por falta de sensibilidad.

Las personas mayores que han sido maltratadas pueden presentar confusión, insomnio, agitación, agresividad, pérdida de peso, moretones, cicatrices o quemaduras, higiene deficiente, desarrollo de úlceras, entre otros. Es importante destacar que la violencia, en cualquiera de sus formas tiene consecuencias en la integridad emocional y física de las personas mayores, por eso es importante reconocerla, prevenirla y atenderla.

Al respecto, la Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, publicada en el Diario de la Federación el 25 de junio de 2002, tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de la política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores.

Asimismo, establece los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deben implementar para prevenir y atender el problema de la violencia contra los adultos mayores. 16

Además, establece en su artículo 3° Bis, los tipos de violencia que son sujetos los adultos mayores, los cuales define como:

I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;

II. La violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas;

III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; hecha excepción de que medie acto de autoridad fundado o motivado;

IV. La violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;

V. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder, y

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las Personas Adultas Mayores. 17

Sin embargo, este ordenamiento no prevé, ni define a la violencia institucional, como prácticas estructuradas de violación de los derechos de los adultos mayores por parte de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminan o ejercen algún tipo de violencia.

Cuarta. La violencia institucional es un concepto que amplía y define cualquier uso indebido de poder o fuerza como la discriminación llegando a causar alguna afectación a una persona hasta la pérdida de la vida, ya sea por medio del asesinato o la tortura física como la psicóloga, el aislamiento, esto incluye la detención por parte de algún ente judicial o institución de funciones públicas; es decir, que funcionarios o servidores públicos pueden llegar a violentar los derechos humanos de cualquier ciudadano, usando la fuerza corporal, con armas mediante el apoyo de la ley como fuerza de seguridad, son actos violentos que pueden hacerse individualmente como colectivo, haciéndolo rutinario de manera ilegal, así sea de manera intencional. 18

¿Cuándo puede ocurrir la violencia institucional en un adulto mayor? Cuando ha presentado una denuncia por ser víctima de algún tipo de violencia, o has sido despojado injustamente de sus derechos y las instituciones no le han proporcionado un trato digno de calidad y calidez, e incluso cuando las autoridades han tolerado la vulneración de derechos o han participado en complicidad con su agresor. 19

Las autoridades que ejercen la violencia denominada institucional son los cuerpos policiacos, los jueces y los magistrados, el Ministerio Público, las autoridades educativas y las administrativas o servidores públicos de los tres niveles de gobierno, o cualquier otra autoridad mediante actos, acciones o negligencias que segreguen, discriminen o violentan los derechos y atentan contra la dignidad e integridad personal, familiar de algún adulto mayor.

Al respecto, los servidores públicos que están sujetos a una instancia gobierno deben ser sancionados por la discriminación y que en cuyo caso impidan un goce natural como tener derechos constitucionales como ciudadanos de una nación y como seres humanos, impidiendo o negando los derechos políticos, de constitución, de la atención para prevenir e investigar los diferentes tipos de violencia para llegar a un futuro la erradicación de la misma, principalmente en los sectores más desprotegidos y vulnerables como son los adultos mayores.

Por lo anterior es importante establecer acciones interinstitucionales y multidisciplinarias orientadas a la prevención y atención de la violencia cometida en contra de las personas mayores en todas sus manifestaciones y ámbitos, así como brindarles todas las herramientas jurídicas que les permitan fortalecerse como sujetos de derecho y mejorar su calidad de vida.

Por lo que resulta transcendente proponer una reforma que tenga por objeto incorporar en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores el concepto de “violencia institucional. Como los actos, acciones o negligencias de los servidores públicos de los tres ámbitos de gobierno que segreguen, discriminen o cuya finalidad sea la de retardar, dificultar o impedir el goce y el libre ejercicio de los derechos de los adultos mayores, así como, su acceso al disfrute de políticas públicas, programas e instrumentos de la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la propuesta de adición de una fracción VI y se recorre la subsecuente al artículo 3º Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas, para quedar de la siguiente manera:

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 3o. Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de violencia institucional.

Artículo Único. Se adiciona una fracción VI y se recorre la subsecuente al artículo 3o. Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Bis. ...

I. a IV. ...

V. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder ;

VI.  La violencia institucional. Como los actos, acciones o negligencias de los servidores públicos de los tres ámbitos de gobierno que segreguen, discriminen o cuya finalidad sea la de retardar, dificultar o impedir el goce y el libre ejercicio de los derechos de los adultos mayores, así como, su acceso al disfrute de políticas públicas, programas e instrumentos de la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios, y

VII. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Pagi-nas/envejeci miento-vejez.aspx

2 https://fiapam.org/wp-content/uploads/2012/10/Modulo_1.pdf

3 https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/

4 Ibídem.

5 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-registra-una-desa-celeracion-en -su-crecimiento-poblacional-20210125-0132.html

6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/Est Sociodemo/ResultCenso2020_Nal.pdf

7 http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/ dgap/diagnostico/Diagnostico_70%20y%20Mas_VERSION_FINAL. pdf

8 https://elpais.com/mexico/2021-07-29/covid-19-la-segunda-causa-de-muerte-en-mex ico.html

9 https://blogs.iadb.org/salud/es/coronavirus-y-adultos-mayores/

10 https://www.cepal.org/es/notas/maltrato-personas-mayores-america-latina

11 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188- 25032016000300343

12 https://www.gob.mx/inapam/articulos/el-maltrato-en-la-vejez

13 https://www.cepal.org/es/notas/maltrato-personas-mayores-america-latina

14 https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/286

15 https://www.gob.mx/inapam/articulos/el-maltrato-en-lavejez#:~: text= Desde%20una%20perspectiva%20gerontol%C3%B3gica%2C%20se,da%C3%B1o%20corporal%20o %20deterioro%20f%C3%ADsico.

16 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245_200521.pdf

17 Ibídem.

18 https://conceptodefinicion.de/violencia-institucional/

19 http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/cartilla_violencia InstitucionalContraMujeres.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, miércoles 17 de noviembre de 2021.– Diputada Adriana Bustamante Castellanos (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Leticia Zepeda Martínez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Leticia Zepeda Martínez, en nombre de las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el párrafo sexto de la fracción III del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), 1  fiscalización es el conjunto de acciones que tienen por fin comprobar el efectivo apego de la actividad económico-financiera de los organismos encargados de ejercer recursos públicos a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía.

El Imco también señala que, aunque la fiscalización es un instrumento de pesos y contrapesos que ejerce el Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, existen tres diferentes tipos de supervisión a las finanzas gubernamentales en regímenes presidenciales. El primero es el presupuesto, pues el proceso presupuestal divide la responsabilidad de definir las prioridades de gasto entre ambos poderes, creando un control anterior al ejercicio del dinero público. El segundo tipo es el control interno, porque se lleva a cabo por organismos o entidades que pertenecen a la institución que ejerce el gasto. Este control ocurre al mismo tiempo que el control presupuestal y se apoya en auditorías concurrentes con la ejecución del presupuesto. El tercer control es el externo, pues la institución que vigila el gasto es distinta de la institución o entidad vigilada. El control externo generalmente es posterior al ejercicio del presupuesto, una vez que las políticas públicas han sido implantadas.

Recordemos que la fiscalización, junto con la rendición de cuentas, son dos postulados del servicio público esenciales para generar confianza en la sociedad y fortalecer la gestión de gobierno.

En este tenor, el control interno de que llevan a cabo las instituciones a través de los órganos internos de control se ha constituido en un elemento fundamental en la rendición de cuentas y, sobre todo, del combate a la corrupción, ya que estos organismos son una pieza fundamental para legitimar el actuar de los gobiernos y dar, así, confianza a la sociedad en general.

Recordemos que la corrupción es considerada uno de los problemas más graves del país que afecta, de manera directa, los esfuerzos para combatir la desigualdad, la pobreza y el crecimiento económico de México.

Lo anterior cobra mayor relevancia ya que, según el Índice de Percepción de la Corrupción de 2020, 2 publicado por Transparencia Internacional, nuestro país es de los más corruptos del mundo al colocarse en el lugar 124 de 180 países, obteniendo una calificación de 31 sobre 100 puntos en una escala donde 0 es una percepción de altos niveles de corrupción y 100 son bajos niveles de percepción de corrupción.

Además, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) de 2019, 3 levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señala que en 2019, la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción se incrementó de 14 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes en 2017 a 15 mil 732 en 2019. Además, señala que el monto nominal del soborno promedio pasó de 2 mil 450 pesos en 2017 a 3?mil 822 pesos en 2019.

Respecto a los trámites, la ENCIG señala que el trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción en 2019 fue el contacto con autoridades de seguridad pública, con 59.2, seguido de los trámites relacionados con la propiedad, con 25. Además, 22.2 se dio en trámites municipales y 9.6 correspondió a servicios municipales.

Sin duda, la existencia de los órganos internos de control a nivel municipal muestra el compromiso de la clase política y de los gobernantes para hacer las cosas dentro del marco de legalidad, sin embargo, su diseño institucional aún deja dudas de su imparcialidad, pues el actuar del contralor interno está supeditado, en muchos casos, a las órdenes del Ejecutivo del ayuntamiento quien es el facultado para proponer su nombramiento a los integrantes del cabildo, evitando, de esta manera, la existencia de incentivos para la independencia y autonomía del contralor municipal.

Dado que el municipio es la célula básica de la administración pública y el primer contacto de los ciudadanos con su gobierno para atender sus demandas, se vuelve de la mayor importancia que los titulares de sus órganos reguladores se mantengan independientes de presiones políticas y de los grupos de interés a los que están inevitablemente.

La Auditoría Superior de la Federación es el máximo órgano fiscalizador del país y la Cámara de Diputados designa a su titular, conforme a lo establecido en el artículo 79 de la carta magna, mediante una convocatoria abierta, de la que surgen diversos candidatos que son puestos a evaluación, para que, conforme al procedimiento establecido en el artículo 84 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se constituya una terna de la que saldrá, por votación con mayoría calificada, el auditor superior.

Por ello, el objetivo de la presente iniciativa es establecer la necesidad de que todos los municipios cuenten con un organismo de control interno y que éste sea designado por medio de un proceso que asegure la objetividad, imparcialidad y autonomía en su ejercicio.

Con lo anterior se busca que los contralores municipales puedan realizar libremente su función de vigilancia, control y fiscalización de los recursos públicos municipales.

El avance democrático de México, como refiere Luis Carlos Ugalde, 4 requiere órganos de fiscalización autónomos provistos de las facultades necesarias para poder llevar a cabo una eficiente supervisión del manejo de las finanzas públicas. La rendición de cuentas de los gobernantes ante la ciudadanía y el perfeccionamiento de los mecanismos de fiscalización, son factores que contribuyen a lograr una mayor transparencia y eficiencia en el ejercicio de la gestión pública.

En vista de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo sexto de la fracción III del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el párrafo sexto de la fracción III del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 109. ...

I. y II. ...

III. ...

...

...

...

...

Los entes públicos estatales y municipales, así como de la Ciudad de México y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior. Cuando se trate de municipios y alcaldías de la Ciudad de México, el titular de dicho órgano de control interno durara? en su encargo tres años y será elegido, mediante convocatoria pública y por el voto de las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento o consejo presentes, según corresponda. las legislaturas de los estados establecerán en sus respectivas leyes el procedimiento para su designación; y

IV. ...

...

...

...

...

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados deberán adecuar sus respectivas leyes en la materia en un plazo no mayor de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1 Imco. Índice de Competitividad Estatal de 2010: la caja negra del gasto público”, 8 de septiembre de 2010. Consultado en

https://imco.org.mx/indice_de_competitividad_estatal_2010-_la_ca ja_negra_del_gasto_publico/

2 Transparencia Mexicana. “ Mejora percepción de corrupción en México 2020; riesgo de impunidad, latente”: Transparencia Mexicana, 27 de enero de 2021. Consultado en

https://www.tm.org.mx/ipc2020/

3 Inegi. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2019, “Principales resultados”, mayo de 2020. Consultado en

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2019/doc/enc ig2019_principales_resultados.pdf

4 Ugalde, Luis Carlos. La rendición de cuentas en los gobiernos estatales y municipales. Consultado en

https://www.asf.gob.mx/uploads/63_Serie_de_Rendicion_de_Cuentas/ Rc4.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.– Diputada Leticia Zepeda Martínez (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Rocío Natalí Barrera Puc, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Rocío Natalí Barrera Puc, diputada integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la LXV Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 76; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IV al artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, conforme al siguiente:

Planteamiento del Problema

En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a pesar de que continúa siendo un país de jóvenes, en los últimos años se ha observado un proceso gradual de envejecimiento, que se ve proyectado en la edad mediana, que pasó de 26 a 29 años en la última década, es decir, en 2020, la mitad de la población tiene 29 años o menos. El proceso de envejecimiento también queda en evidencia en la pirámide poblacional, que presenta una tendencia a reducir su base, mientras que continúa su ensanchamiento tanto en el centro como en la parte alta, lo que significa que la proporción de niñas, niños y adolescentes ha disminuido y se ha incrementado la proporción de adultos y adultos mayores. La población de 60 años y más pasó de 9.1% en 2010 a 12.0% en 2020, mientras que la población de 0 a 17 años disminuye de 35.4% en 2010 a 30.4% en 2020. i

Fuente: Inegi, Censo de Población y Vivienda 2020.

Las proyecciones de Inegi y Conapo, establecen que la población de 65 años y más seguirá en crecimiento, por ello es necesario continuar fortaleciendo con políticas públicas que identifiquen sus necesidades y su vez la atiendan de manera garantista los derechos de este sector de la población.

En México los adultos mayores enfrentan condiciones de vulnerabilidad, incluyendo la disminución ingresos y carencias en el acceso a los sistemas de protección social y salud, lo cual repercute en sus condiciones de vida. De acuerdo con el Coneval, En 2018, las transferencias monetarias, principalmente las pensiones por jubilación y los apoyos por programas sociales, fueron el principal ingreso de la población de 65 años o más en 2018. Sin embargo, la desigualdad en el ingreso provoca que haya ciertos sectores con mayor incidencia de pobreza, por ejemplo, quienes no reciben ingresos de pensión por jubilación. ii

Toda la población en sus diferentes etapas de vida está expuesta a condiciones de pobreza, sin embargo las personas adultas mayores tienen mayor riesgo, derivado de la reducción de las capacidades físicas y el retiro del mercado laboral en esta etapa de la vida, así como las condiciones específicas de salud y educación, entre otros factores, pueden significar una reducción en su ingreso que podría verse reflejado en la posibilidad de encontrarse en situación de pobreza o mayor dificultad para enfrentarla, en caso de que las acciones para su retiro del trabajo y protección social no les favorezcan.

Por ello la insistencia de atender de manera específica este sector de la población, porque su bienestar repercute en la sociedad en general. A partir del triunfo del gobierno que representa el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se fortaleció el programa de la Pensión para Adultos Mayores, que fue desde un inicio un modelo del programa Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores de 68 años, residentes en la Ciudad de México. Iniciado e implementado en su gobierno en aquella entidad.

Combatir las desventajas en el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores es un imperativo de la administración 2018-2024, ya que persisten diferencias en el trato, negación de derechos y estereotipos vejatorios hacia las personas adultas mayores. Estas desventajas se ven agravadas en poblaciones indígenas, afromexicanas, mujeres, personas con discapacidad o por el lugar de residencia; lo cual impacta negativamente en las brechas de desigualdad socioeconómica, que pueden representarse en ingresos, seguridad social, servicios de salud, participación en la vida política, cultura y recreación, en menoscabo de la dignidad de las personas adultas mayores y tendientes a su invisibilización. Es por ello que, el Gobierno de México decidió realizar un rediseño de la política pública enfocada al bienestar de las personas adultas mayores. iii

El Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tiene el objetivo de contribuir a su bienestar a través de la entrega de una pensión no contributiva que ayude a mejorar las condiciones de vida y que a su vez permita el acceso a la protección social, el programa consiste en la entrega de un apoyo económico bimestral a todos los adultos mayores de 68 años de todo el país, y a los adultos mayores de 65 años que viven en los municipios integrantes de pueblos indígenas. Actualmente en 2021, la pensión para el bienestar consiste en un apoyo económico de $1,550.00 mensuales pagados bimestralmente.

El programa sin duda atiende y reconoce a las personas adultas mayores como titulares de derechos y contribuye a otorgar un piso mínimo solidario de protección social, a través de una pensión no contributiva y universal, como parte de una estrategia de justicia social inclusiva y sostenible para toda la población.

Asimismo, los beneficios que ofrece el programa responden a derechos constitucionales y convencionales, por ejemplo, atiende al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer el acceso a la justicia, particularmente este programa responde a los objetivos de poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, así como en su objetivo de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición.

Afortunadamente, en el año 2020, se incorporó a nivel constitucional el derecho de las personas adultas mayores a una pensión no contributiva, que de acuerdo con el dictamen tiene el objetivo de asegurar a ellas, un ingreso que reconozca su esfuerzo y empeño en la construcción de este país.

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Párrafo 1-14 ...

Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad.

Nuestro marco jurídico se compone de diferentes ordenamientos que por su naturaleza y objeto atienden diferentes espacios y materias. La constitución es a nivel federal, junto con los tratados internacionales que el Estado Mexicano ha firmado y ratificado, el máximo ordenamiento jurídico de tutela y protección de los derechos humanos.

Las leyes generales o también llamadas leyes marco, son ordenamientos expedidos por el Congreso de la Unión que establecen reglas generales de las materias permitidas por la constitución, para que en el marco del federalismo se distribuyan en la concurrencia de los tres niveles de gobierno, siempre apegadas por los dispuesto por el orden constitucional.

En este sentido, la presente propuesta tiene el objeto de armonizar en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la reciente reforma al artículo cuarto constitucional, en materia de bienestar y en atención a que este ordenamiento es una ley general que tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento.

La aplicación y seguimiento de esta Ley, corresponde entre otros al Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Estado y demás dependencias que integran la Administración Pública, así como las Entidades Federativas, los Municipios, los Órganos Desconcentrados y paraestatales, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción.

Por ello la importancia de incorporar en esta ley el derecho constitucional de una manera clara y específica, aunado al mandato establecido en el Articulo Segundo Transitorio de la reforma constitucional en esta materia y publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 8 de mayo de 2020 que establece:

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar

Segundo. El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de la entrada en vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos correspondientes, así como la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos derivados del presente Decreto.

De ahí la importancia la presente reforma que atiende el mandato constitucional y armoniza este derecho en la ley general de su competencia, es importante mencionar que la presente propuesta no implica un impacto presupuestal excedente federal a lo contemplado, por ejemplo y de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022 es de 238 mil millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto y derivado de una obligación del Congreso de la Unión a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional, para garantizar a las personas adultas mayores a recibir una pensión no contributiva que sume a la garantía en el acceso a derechos de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Artículo Único. Por el que se adiciona la fracción IV al artículo 6 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 6o. El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores con el fin de lograr plena calidad de vida para su vejez. Asimismo, deberá establecer programas para asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para su retiro. Igualmente proporcionará:

I. al III. ...

IV. Pensión no contributiva: Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado un recurso económico bimestral que se determine de manera progresiva por los egresos federales anuales. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad.

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El monto de los recursos asignados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda, para el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Notas

i Véase en: En México somos 126 014 024 habitantes: Censo de Población y Vivienda 2020

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ EstSociodemo/ResultCenso2020_Nal.pdf

ii Véase en: Pobreza y Personas mayores en México

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_y_pobla cion_mayor_Mexico.pdf

iii Véase en: ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2021. ROPS_PAM_2021_07_07_Ver_Comp_ 260721.pdf (www.gob.mx)

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 17 días del mes de noviembre de 2021.–  Diputada Rocío Natalí Barrera Puc (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Justino Eugenio Arriaga Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a órganos reguladores coordinados en materia energética; al tenor de la siguiente

Los órganos reguladores coordinados en materia energética

En México hay desde 2013 dos órganos reguladores coordinados en materia energética:

1. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); y

2. La Comisión Reguladora de Energía (CRE)

La creación de estos órganos deviene directamente de la Constitución, la cual fue reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, para crearlos. Así, el artículo 28, párrafo octavo, constitucional establece textualmente, lo siguiente:

Artículo 28. [...]

El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados “Comisión Nacional de Hidrocarburos” y “Comisión Reguladora de Energía”, en los términos que determine la ley.

[...]

Estos órganos reguladores deben coordinarse con la Secretaría de Energía (SENER) y con otras dependencias relacionadas con el sector, para asegurar que sus actos y resoluciones se emitan de conformidad con las políticas públicas del Ejecutivo federal.

Si bien el texto constitucional no fue prolífico sobre estos órganos, los artículos transitorios del decreto publicado el 20 de diciembre de 2013, sí amplió la información respecto de estos.

El artículo décimo transitorio, incisos b) y c), de dicho estableció cuáles serían las atribuciones de estos órganos, y que deberían ser desarrolladas por la ley:

Décimo. [...]

b) A la Comisión Nacional de Hidrocarburos: la prestación de asesoría técnica a la Secretaría del ramo en materia de Energía; la recopilación de información geológica y operativa; la autorización de servicios de reconocimiento y exploración superficial; la realización de las licitaciones, asignación de ganadores y suscripción de los contratos para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos; la administración en materia técnica de asignaciones y contratos; la supervisión de los planes de extracción que maximicen la productividad del campo en el tiempo, y la regulación en materia de exploración y extracción de hidrocarburos.

c) A la Comisión Reguladora de Energía: en materia de hidrocarburos, la regulación y el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; la regulación de acceso de terceros a los ductos de transporte y al almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las ventas de primera mano de dichos productos. En materia de electricidad, la regulación y el otorgamiento de permisos para la generación, así como las tarifas de porteo para transmisión y distribución.

[...]

Los artículos décimo segundo y décimo tercero del decreto de referencia establecieron también las líneas que deberían desarrollarse en la ley, para convertir a la CNH y a la CRE, en órganos reguladores coordinados en la materia, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión; para regular sus ingresos y el ejercicio de estos, así como para establecer la forma en que se elegiría a sus consejeros.

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

En el mismo proceso de reforma constitucional en materia energética, también se previó fortalecer la protección del ambiente, pues el desarrollo energético no puede estar desligado de la conservación del entorno.

Así, en el artículo décimo noveno transitorio del mismo decreto publicado el 20 de diciembre de 2013 se consideró la creación de una institución dedicada ex profeso a velar por la protección del medio ambiente, en un entorno de producción y desarrollo energético.

El artículo transitorio citado estableció textualmente lo siguiente:

Décimo Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del ramo en materia de Medio Ambiente, con autonomía técnica y de gestión, que disponga de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios para financiar un presupuesto total que le permita cumplir con sus atribuciones.

La agencia tendrá dentro de sus atribuciones regular y supervisar, en materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos. En la organización, funcionamiento y facultades de la agencia, se deberá prever al menos:

a) Que si al finalizar el ejercicio presupuestario, existiera saldo remanente de ingresos propios excedentes, la agencia instruirá su transferencia a un fideicomiso constituido por la secretaría del ramo en materia de medio ambiente, donde una institución de la banca de desarrollo operará como fiduciario.

b) Que la agencia instruirá al fiduciario la aplicación de los recursos de este fideicomiso a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones en posteriores ejercicios respetando los principios a los que hace referencia el artículo 134 de esta Constitución y estando sujeta a la evaluación y el control de los entes fiscalizadores del Estado.

El fideicomiso no podrá acumular recursos superiores al equivalente de tres veces el presupuesto anual de la agencia, tomando como referencia el presupuesto aprobado para el último ejercicio fiscal. En caso de que existan recursos adicionales, éstos serán transferidos a la Tesorería de la Federación.

El fideicomiso a que hace referencia este transitorio estará sujeto a las obligaciones en materia de transparencia derivadas de la ley. Asimismo, la agencia deberá publicar en su sitio electrónico, por lo menos de manera trimestral, los recursos depositados en el fideicomiso, así como el uso y destino de dichos recursos.

La Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer de recursos presupuestales a la Agencia, con el fin de que ésta pueda llevar a cabo su cometido. El presupuesto aprobado deberá cubrir los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como de servicios generales, necesarios para cumplir sus funciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en dicho artículo transitorio, el 11 de agosto de 2014 se publicó la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, mejor conocida como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

El artículo 1o de la ley en cita establece que la ASEA será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con autonomía técnica y de gestión y que tendrá por objeto la protección de las personas, el ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión de

1. La seguridad industrial y seguridad operativa;

2. Las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones; y

3. El control integral de los residuos y las emisiones contaminantes.

Al igual que los órganos reguladores coordinados -la CRE y la CNH-, la ASEA tiene una función, en el sector hidrocarburos, que no puede realizarse de forma exitosa sin establecer una estrecha colaboración con otras dependencias y entidades públicas y privadas.

¿Por qué la ASEA debe considerarse órgano regulador coordinado en materia energética?

La reforma constitucional que dio origen a los órganos reguladores coordinados en materia energética excluyó a la ASEA de este esquema.

Si se revisa el dictamen formulado en el Senado de la República, que fue Cámara de origen, por el cual se propuso la reforma constitucional en materia energética, se encuentra que esta modificación trascendental derivó de tres iniciativas: una del Poder Ejecutivo federal, una de senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y una de senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Destaca que hubo intensas propuestas sobre la CRE y la CNH, tanto en la iniciativa del PAN, como en la del PRD. En el primer caso, el PAN proponía dar autonomía constitucional a ambos organismos, mientras que el PRD proponía que tanto la CRE, como la CNH, se convirtieran en organismos descentralizados. Al final, la reforma aprobó crearlos con la naturaleza jurídica que tienen actualmente (desconcentrados con personalidad jurídica y autonomía técnica y de gestión) e integrarlos como órganos reguladores coordinados en la materia.

Las tres iniciativas destacaron la necesidad de que el desarrollo energético tenía que ir acompañado de medidas que protegieran el medio ambiente y, destaca que la iniciativa del PAN dedicó un apartado para motivar el por qué tenía que buscarse un crecimiento y desarrollo energético sustentable.

El dictamen, en la parte de las consideraciones, da cuenta de la importancia que tienen los órganos reguladores (CRE y CNH), por lo que describe que el Congreso de la Unión deberá expedir las normas jurídicas correspondientes, que regulen la importante labor de estos órganos.

Respecto de la ASEA, el dictamen también destaca su importancia y subraya la obligación del Congreso de la Unión de emitir la legislación relativa a la Agencia, pero sin razón alguna, determina no incluirla dentro de estos órganos reguladores. Sí le reconoce similar naturaleza jurídica y similar funcionamiento, pero, inexplicablemente, la excluye del ámbito de los órganos reguladores.

En el dictamen, las comisiones señalan como obligación del Ejecutivo federal lo siguiente:

c) El decreto también impone al Ejecutivo federal la obligación de crear, dentro de un plazo de ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto de reformas constitucionales, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Esta agencia será un órgano administrativo desconcentrado de la secretaría del ramo en materia ambiental y tendrá como funciones sustantivas la regulación y supervisión, en materia de seguridad operativa y protección al medio ambiente, de las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo, entre otras, el desmantelamiento y abandono de dichas instalaciones.

En línea con lo expuesto, en atención de las características, condiciones y complejidades técnicas que la industria del petróleo y de los demás carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos puede representar, se requiere contar con organismos especializados que vigilen y regulen los aspectos de seguridad operativa, así como la protección del ambiente.

En el caso del decreto de reformas, se instruye al Ejecutivo federal para que este organismo especializado, se constituya como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del ramo en materia de Medio Ambiente y al Congreso de la Unión, se ordena proveer de recursos presupuestales a la Agencia Nacional, con el fin de que pueda llevar a cabo su importante cometido. 1

A partir del texto anterior es fácilmente comprensible que la importancia de la ASEA radica en que se constituye como un órgano regulador, pues sus funciones sustantivas son regular y supervisar, en materia de seguridad operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos.

Pero no existe motivo o razón alguna en el dictamen que explique por qué este fundamental regulador del sector hidrocarburos no fue considerado como un regulador coordinado en materia energética.

Si bien el objeto de regulación de la ASEA se focaliza exclusivamente en el sector hidrocarburos, esto no debería ser un obstáculo para excluirla de la interacción, cooperación y trabajo conjunto y coordinado que realizan los mencionados órganos reguladores.

Tampoco debería ser un obstáculo que la materia de la ASEA sea fundamentalmente ambiental, pues la reforma constitucional reconoció que no puede existir un desarrollo energético sin sustentabilidad, por lo que el cuidado del medio ambiente es indispensable en todas las acciones que realicen las empresas en el sector hidrocarburos.

Que la ASEA sea un desconcentrado de la Semarnat tampoco justifica la exclusión, pues también la CRE y la CNH fueron contempladas como desconcentrados —de la Secretaría de Energía—, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión. Es decir, la naturaleza jurídica es idéntica, pero su tratamiento es diferente.

El párrafo octavo del artículo 28 constitucional no estaba contemplado para modificarse en el dictamen de mérito, pero antes de iniciar su discusión en el pleno del Senado, el presidente de la Mesa Directiva informó que las comisiones presentaron diversas propuestas de modificación al dictamen, las cuales fueron aceptadas y se integraron a la discusión.

Entre esas modificaciones aceptadas por el pleno estaba la adición de un nuevo párrafo octavo al artículo 28 constitucional, que establecería que el Estado contará con los órganos reguladores coordinados, encarnados en la CRE y la CNH.

Inexplicablemente, el acuerdo de las comisiones dictaminadoras no motivó ni justificó la causa por la que se excluyó de este párrafo a la ASEA. 2

Una vez aprobada la reforma en el Senado, la Cámara de Diputados no hizo modificaciones relacionadas con la ASEA y, por lo tanto, tampoco se generó en esta Cámara una motivación o argumentación sólida acerca de las causas que generaron la exclusión de la ASEA del sistema de órganos reguladores coordinados.

La exclusión de la ASEA del sistema de órganos reguladores coordinados en materia energética no tiene razón de ser y que, tomando en consideración su naturaleza jurídica, su funcionamiento, así como sus labores sustantivas y operativas, es evidente que ejerce funciones de regulación del sector hidrocarburos, por lo que debería estar incluida en ese esquema de coordinación.

Prácticamente toda la política energética del gobierno federal tiene un impacto considerable en cuestiones de seguridad industrial y, muy en especial, en afectaciones al medio ambiente. Estas pueden ir desde las muy leves hasta las cuestiones graves que podrían implicar, incluso, violaciones al derecho al medio ambiente sano de cientos de miles de personas.

No obstante, la Constitución no contempló a la ASEA como órgano regulador coordinado y, por ende, la ley que rige la coordinación de dichos órganos tampoco la consideró.

Las funciones que realiza la ASEA son fundamentales y complementarias en el sector energético, pues sin la labor de esta agencia, la política energética prescindiría del elemento de protección ambiental, que es indispensable para crear desarrollo sostenible y que respete los principios, derechos y estándares internacionales en materia de medio ambiente.

Asegurar la autosuficiencia energética, fomentar el desarrollo de fuentes de energía renovables y no renovables, consolidar mercados energéticos funcionales, regular el almacenamiento, transporte y distribución de hidrocarburos, entre otras muchas funciones vitales para el sector, no deben estar divorciadas de la protección del ambiente y de las medidas de seguridad industrial y operativa.

Mientras desde el gobierno federal se clama por volver a esquemas de hace cincuenta años, los cuales no son compatibles con la realidad y con el mundo del siglo XXI, lo que esta soberanía debe buscar es fortalecer a los órganos reguladores para que el mercado, además de estar debidamente regulado en su parte técnica, también lo esté en la parte ambiental.

Por ello, fortalecer a la ASEA convirtiéndola en un órgano regulador coordinado, es un paso fundamental para que estas tres importantes instituciones (CRE, CNH y ASEA) trabajen de manera coordinada y que ello permita una mejora en todo el sistema.

Por ello, la presente iniciativa propone reconocer a la ASEA el carácter de órgano regulador coordinado en materia energética, asegurando que la dimensión ambiental y la de seguridad industrial y operativa en el sector hidrocarburos, estén siempre, debidamente coordinadas.

Cuadro comparativo

Para mayor claridad, se sintetiza la propuesta en el siguiente cuadro comparativo:

Por lo antes expuesto, el suscrito, somete a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a órganos reguladores coordinados en materia energética

Único. Se reforma el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 28. ...

...

...

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...

...

El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética denominados “Comisión Nacional de Hidrocarburos”, “Comisión Reguladora de Energía” y “Comisión Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos”, en los términos que determine la ley.

...

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I. a XII. ...

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I. a VIII. ...

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...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro del plazo de 120 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones a la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética que sean necesarias para cumplir lo dispuesto en el presente decreto.

Notas

1 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Energía; y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética. Senado de la República, 2013, página 249.

2 Para mayor referencia es importante consultar la información pública del Senado sobre la discusión del dictamen, en

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/ 45203

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.– Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 20 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, suscrita por el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Justino Eugenio Arriaga Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción VI y se reforma el penúltimo párrafo del artículo 20 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; al tenor de la siguiente

Los órganos reguladores coordinados

El 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una ley que destacó por su innovación: la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

El artículo 1 de esta ley refleja claramente su objeto, pues fue diseñada y aprobada para regular la organización y funcionamiento de los órganos reguladores coordinados en materia energética y establecer sus competencias.

Pero ¿qué son los órganos reguladores coordinados en materia energética? De acuerdo con el numeral 3 de la ley en cita, estos órganos son instituciones que tienen autonomía técnica, operativa y de gestión; cuentan con personalidad jurídica propia y pueden disponer de los ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos que se establezcan por los servicios que prestan conforme a sus atribuciones y facultades.

El artículo 2 de la ley los individualiza; señala que son los siguientes:

1. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); y

2. La Comisión Reguladora de Energía (CRE)

Esta determinación no es propia de la ley, pues deviene directamente de la Constitución, la cual fue reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, para crear estos órganos. Así, el artículo 28, párrafo octavo, constitucional, establece, textualmente, lo siguiente:

Artículo 28. [...]

El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados “Comisión Nacional de Hidrocarburos” y “Comisión Reguladora de Energía”, en los términos que determine la ley.

[...]

Estos órganos reguladores deben coordinarse con la Secretaría de Energía (Sener) y con otras dependencias relacionadas con el sector, para asegurar que sus actos y resoluciones se emitan de conformidad con las políticas públicas del Ejecutivo federal.

Si bien el texto constitucional no fue prolífico sobre estos órganos, los artículos transitorios del decreto publicado el 20 de diciembre de 2013 sí amplió la información respecto de estos.

El artículo décimo transitorio, incisos b) y c), de dicho decreto estableció cuáles serían las atribuciones de estos órganos, y que deberían ser desarrolladas por la ley:

Décimo. [...]

b) A la Comisión Nacional de Hidrocarburos: la prestación de asesoría técnica a la Secretaría del ramo en materia de Energía; la recopilación de información geológica y operativa; la autorización de servicios de reconocimiento y exploración superficial; la realización de las licitaciones, asignación de ganadores y suscripción de los contratos para las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos; la administración en materia técnica de asignaciones y contratos; la supervisión de los planes de extracción que maximicen la productividad del campo en el tiempo, y la regulación en materia de exploración y extracción de hidrocarburos.

c) A la Comisión Reguladora de Energía: en materia de hidrocarburos, la regulación y el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; la regulación de acceso de terceros a los ductos de transporte y al almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las ventas de primera mano de dichos productos. En materia de electricidad, la regulación y el otorgamiento de permisos para la generación, así como las tarifas de porteo para transmisión y distribución.

[...]

Los artículos décimo segundo y décimo tercero del decreto de referencia establecieron también las líneas que deberían desarrollarse en la ley, para convertir a la CNH y a la CRE, en órganos reguladores coordinados en la materia, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión; para regular sus ingresos y el ejercicio de estos, así como para establecer la forma en que se elegiría a sus consejeros.

Desde esta lógica, no extraña que la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética se concentrara solamente en ambas instituciones y que, la misma no haya sido reformada desde su expedición en 2014.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente

En el proceso de reforma constitucional en materia energética, también se previó fortalecer la protección del medio ambiente, pues el desarrollo energético no puede estar desligado de la conservación del entorno.

Así, en el artículo décimo noveno transitorio del decreto publicado el 20 de diciembre de 2013, se contempló la creación de una institución dedicada ex profeso para velar por la protección del ambiente, en un entorno de producción y desarrollo energético.

El artículo transitorio antes citado estableció, textualmente, lo siguiente:

Décimo Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como órgano administrativo desconcentrado de la secretaría del ramo en materia de ambiente, con autonomía técnica y de gestión, que disponga de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios para financiar un presupuesto total que le permita cumplir sus atribuciones.

La agencia tendrá entre sus atribuciones regular y supervisar, en materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos. En la organización, funcionamiento y facultades de la agencia, se deberá prever al menos

a) Que si al finalizar el ejercicio presupuestario, existiera saldo remanente de ingresos propios excedentes, la agencia instruirá su transferencia a un fideicomiso constituido por la secretaría del ramo en materia ambiental, donde una institución de la banca de desarrollo operará como fiduciario.

b) Que la agencia instruirá al fiduciario la aplicación de los recursos de este fideicomiso a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones en posteriores ejercicios respetando los principios a los que hace referencia el artículo 134 de esta Constitución y estando sujeta a la evaluación y el control de los entes fiscalizadores del Estado.

El fideicomiso no podrá acumular recursos superiores al equivalente de tres veces el presupuesto anual de la agencia, tomando como referencia el presupuesto aprobado para el último ejercicio fiscal. En caso de que existan recursos adicionales, éstos serán transferidos a la Tesorería de la Federación.

El fideicomiso a que hace referencia este transitorio estará sujeto a las obligaciones en materia de transparencia derivadas de la ley. Asimismo, la Agencia deberá publicar en su sitio electrónico, por lo menos de manera trimestral, los recursos depositados en el fideicomiso, así como el uso y destino de dichos recursos.

La Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer de recursos presupuestales a la Agencia, con el fin de que ésta pueda llevar a cabo su cometido. El presupuesto aprobado deberá cubrir los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como de servicios generales, necesarios para cumplir con sus funciones”.

En cumplimiento de lo dispuesto en dicho artículo transitorio, el 11 de agosto de 2014 se publicó la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, mejor conocida como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

El artículo 1o. de la ley en cita establece que la ASEA será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autonomía técnica y de gestión y que tendrá por objeto la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión de

1. La seguridad industrial y seguridad operativa;

2. Las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones; y

3. El control integral de los residuos y las emisiones contaminantes.

Al igual que los órganos reguladores coordinados —la CRE y la CNH—, la ASEA tiene una función que no puede realizarse de forma exitosa sin establecer una estrecha colaboración con otras dependencias y entidades públicas y privadas.

Esto debe destacarse en razón de que, de acuerdo con la información publicada por la propia agencia, la ASEA regula lo siguiente:

• 2.4 millones de barriles de petróleo diarios.

• 6.5 mil millones de pies cúbicos de gas natural diarios.

• 9 mil 300 pozos terrestres.

• 250 plataformas marinas.

• 12 mil gasolineras.

• 60 mil kilómetros de ductos.

• 111 terminales de almacenamiento y distribución.

• 6 refinerías.

• 9 centros procesadores de gas natural.

• 3 mil 300 centros de distribución de carburación de gas LP (¿Qué es ASEA y qué regula? Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Blog disponible en https://www. gob.mx/asea/es/articulos/que-es-asea-y-que-regula? idiom=es).

Es evidente entonces que, para llevar a cabo su función, la ASEA y las dependencias, entidades y demás reguladores del sector energético deben estar en permanente coordinación. Por ello, la relación entre la ASEA y esas instituciones es indisoluble y debe fortalecerse cada vez más.

El Consejo de Coordinación del Sector Energético

El artículo 19 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, establece la creación del Consejo de Coordinación del Sector Energético, que funge como mecanismo de coordinación entre los órganos reguladores coordinados (CRE y CNH), la Sener y el resto de las dependencias del Ejecutivo federal.

Este consejo, de acuerdo con el artículo 21 de la ley en cita, tiene las siguientes funciones:

I. Dar a conocer a los órganos reguladores coordinados en materia energética la política energética establecida por la Secretaría de Energía;

II. Emitir, en su caso, recomendaciones sobre los aspectos de la política energética y programas del Ejecutivo federal a incluir en los programas anuales de trabajo de los órganos reguladores coordinados en materia energética;

III. Analizar, en su caso, las recomendaciones y propuestas de los órganos reguladores coordinados sobre la política energética y programas del Ejecutivo federal;

IV. Establecer las reglas para su operación;

V. Implementar sistemas de información compartida y de cooperación institucional; y

VI. Analizar casos específicos que puedan afectar el desarrollo de las políticas públicas del Ejecutivo Federal en materia energética y proponer mecanismos de coordinación.

No hace falta hacer un análisis detallado de cada una de esas funciones para conocer que, para cumplir con ellas, el consejo debe tener en consideración las cuestiones de seguridad industrial y operativa y, en especial, de protección al medio ambiente, que se derivan de ellas.

Prácticamente toda la política energética del gobierno federal tiene un impacto considerable en cuestiones de seguridad industrial y, muy en especial, en afectaciones al medio ambiente. Estas pueden ir desde las muy leves hasta las cuestiones graves que podrían implicar, incluso, violaciones al derecho al medio ambiente sano de cientos de miles de personas.

No obstante, la ley no consideró en este consejo a la ASEA, pues el artículo 20 incluyó sólo a los siguientes integrantes:

I. El titular de la Secretaría de Energía;

II. Los comisionados presidentes de los órganos reguladores coordinados en materia energética;

III. Los subsecretarios de la Secretaría de Energía;

IV. El director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural; y

V. El director general del Centro Nacional de Control de Energía.

El mismo numeral prevé que otros servidores públicos podrán asistir como invitados a las reuniones del Consejo, a juicio del titular de SENER, entre los que se encuentran:

• Los titulares de otras dependencias del Ejecutivo federal, incluyendo a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Economía.

• Los titulares de

- La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias;

- La ASEA; y de

- La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.

• Los servidores públicos responsables de prevenir y, en su caso, combatir actos de corrupción.

Tal parece que la idea del legislador fue centrar la labor del consejo en cuestiones que se limitaran a las atribuciones específicas y aisladas de la CRE y de la CNH, sin reparar en que éstas están íntimamente ligadas con la protección al medio ambiente y con la seguridad industrial.

Si bien la ley prevé que, en ese contexto, la ASEA puede ser invitada al consejo, esto solamente ocurre cuando el titular de la Sener así lo disponga, de acuerdo con su criterio, lo que supedita las cuestiones ambientales en el ramo a la voluntad o conveniencia de la Sener.

Supeditar la protección al medio ambiente a la voluntad de una persona o de una institución constituye una visión limitada del fenómeno y genera el riesgo de que la política energética se distancie de la política de protección ambiental, lo que puede ocasionar graves riesgos, o incluso daños, a los derechos de todas las personas en el país.

Integrar la ASEA al Consejo de Coordinación del Sector Energético

Es cierto que la ASEA tiene una naturaleza constitucional distinta a la de los órganos reguladores coordinados (CRE y CNH), así como funciones diferentes, pero ello no debe provocar su segregación.

Las funciones que realiza la ASEA son fundamentales y complementarias en el sector energético, pues sin la labor de esta agencia, la política energética prescindiría del elemento de protección ambiental, que es indispensable para crear desarrollo sostenible y que respete los principios, derechos y estándares internacionales en materia ambiental.

Asegurar la autosuficiencia energética, fomentar el desarrollo de fuentes de energía renovables y no renovables, consolidar mercados energéticos funcionales, regular el almacenamiento, transporte y distribución de hidrocarburos, entre otras muchas funciones vitales para el sector, no deben estar divorciadas de la protección al medio ambiente y de las medidas de seguridad industrial y operativa.

Afortunadamente, hasta el momento, la práctica indica que el Consejo ha invitado de manera constante al titular de la ASEA, lo que enriquece las labores, la información y las decisiones del Consejo, pero, repetimos, esto no debe estar condicionado a la voluntad o interés de una sola entidad gubernamental —en este caso la Sener.

Por ello, la presente iniciativa propone incluir a la ASEA como miembro permanente del Consejo de Coordinación del Sector Energético.

Con ello se asegurará que la dimensión ambiental y la de seguridad industrial y operativa estén siempre presentes en las discusiones y decisiones adoptadas por el consejo y fortalecerá a la ASEA en su papel de órgano regulador, a pesar de no contar con la misma naturaleza jurídica de la CRE y de la CNH.

Cuadro comparativo

Para mayor claridad se sintetiza la propuesta en el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto, el suscrito somete a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 20 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética

Único. Se adiciona la fracción VI y se reforma el penúltimo párrafo del artículo 20 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, para quedar como sigue:

Artículo 20. ...

I a III. ...

IV. El director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural ;

V. El director general del Centro Nacional de Control de Energía ; y

VI. El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente en el Sector de Hidrocarburos.

...

...

A las reuniones del Consejo de Coordinación del Sector Energético se podrá invitar, a juicio del secretario de Energía, a los titulares de otras dependencias del Ejecutivo Federal, incluyendo a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Secretaría de Economía. Asimismo, se podrá invitar a los titulares de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, así como de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y a los servidores públicos responsables de prevenir y, en su caso, combatir actos de corrupción.

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.– Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Juanita Guerra Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de protección de las mujeres y perspectiva de género, al tenor de la siguiente

La falta de seguridad ciudadana constituye una de las principales amenazas a la estabilidad, la gobernabilidad democrática y el desarrollo humano sostenible.

En América Latina y el Caribe, los homicidios duplican el promedio mundial, y en algunas zonas lo quintuplica. En una región donde habita sólo 8 por ciento de la población mundial, se lleva a cabo 42 por ciento de los homicidios y 66 por ciento de los secuestros de todo el planeta.

Aunque la falta de seguridad ciudadana es un problema que afecta a toda la población, podemos afirmar que las mujeres viven la violencia, el despojo, la trata y otros problemas de seguridad de una manera distinta a los hombres —diferencia resultante principalmente de la construcción social de los roles de género y de la relegación tradicional de las mujeres al ámbito privado—. Como afirma el PNUD, “No se trata de una simple diferencia cuantitativa, por ejemplo, en el número de homicidios de unos y otras, o de sus autorías”. Es más, entre las mujeres las diferencias de género en la experiencia de la seguridad se interconectan también con diferencias de estatus económico, etnicidad, edad, capacidad física, orientación sexual, identidad de género y otros factores que afectan el estado de vulnerabilidad de ciertas personas.

Los países de América Latina y el Caribe han ido adaptando gradualmente su legislación nacional al marco jurídico internacional e interamericano sobre los derechos de las mujeres, dentro del cual se hace particular referencia a la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).

De acuerdo con la OCDE, en el mundo en vías de desarrollo, América Latina y el Caribe es la región que ha alcanzado más progreso en el reconocimiento formal de los derechos de las mujeres, desde adopción de compromisos a nivel internacional e interamericano o el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres a nivel constitucional, hasta la formulación de leyes y política públicas sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

América Latina y el Caribe es la región en vías de desarrollo que más ha avanzado en cerrar la brecha entre mujeres y hombres en términos de educación, participación laboral, derechos civiles, de propiedad y de tierra y en términos de los códigos familiares. Sin embargo, este compromiso y estos avances todavía no se han traducido en una protección adecuada de la integridad física y de la seguridad de las mujeres, y la violencia física y psicológica sigue siendo un tema de particular preocupación en toda la región.

La paradoja fundamental de la violencia contra las mujeres es que se sabe que es altamente prevalente en varias manifestaciones en toda la región y que impacta negativamente en las vidas de mujeres y hombres, en el desarrollo humano y en la seguridad. Un volumen creciente de estudios de caso apoya la aseveración general de que una de cada tres mujeres ha sido en algún momento de su vida víctima de violencia física o sexual. Sin embargo, persiste una carencia importante de conocimiento específico sobre la incidencia, las causas, los costos y las consecuencias de la violencia contra las mujeres.

Igualdad sustantiva en la seguridad ciudadana

La seguridad es un derecho fundamental, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se vincula directamente con la libertad y con la igualdad sustantiva. Esta prerrogativa al igual que el resto de los derechos fundamentales consagrados por el orden jurídico internacional y nacional, debe tutelarse de manera absoluta a favor de toda la población. Si bien, tradicionalmente el de la seguridad ha sido considerado un bien objetivo, vivido y percibido de forma homogénea por la ciudadanía, la realidad y las condiciones actuales evidencian que su planteamiento en tanto que política pública ha resultado neutral respecto al género; es decir, la política de seguridad pública ha permanecido indiferente a las necesidades particulares de hombres y de mujeres concretamente.

Durante las últimas décadas se ha puesto de manifiesto el impacto fundamental de la socialización de género en las diferentes percepciones y experiencias de seguridad de hombres y mujeres; de igual manera, hemos atestiguado el impacto negativo de las políticas neutras en términos de invisibilización y desatención de las necesidades de seguridad de las mujeres, a pesar de que éstas constituyen la mitad de la población.

La violencia de género, es un problema que trasciende y afecta a todos los sectores de la sociedad sin distingos de clase, raza o pertenencia étnica; estatus socioeconómico; instrucción académica o grupos etarios. En esencia, la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y representa uno de los grandes obstáculos para que las mujeres puedan ejercer su derecho a un entorno adecuado.

Sobre esta línea de razonamiento resulta indispensable admitir que la violencia contra la mujer en gran medida y de manera adicional no menos significativa, conforma un problema de seguridad pública, de tal suerte que es tarea también de dicho ámbito prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla a través de mecanismos de profesionalización e instrumentación de acciones, planes y programas en la materia en el corto, mediano y largo plazos.

Una arista de la seguridad pública en donde se reproduce cotidianamente la dinámica de las mujeres víctimas de violencia se encuentra íntimamente vinculada con el nivel municipal de gobierno por ser éste el espacio por excelencia de la convivencia social y donde —contrario sensu— es perceptible la comisión de actos de violencia contra las mujeres y en donde la participación de los cuerpos policíacos resulta fundamentalmente protagónica.

Las mujeres víctimas de violencia requieren una institución que garantice las necesidades de seguridad y protección de sus derechos y que prevengan la violación de los de derechos humanos y las normas jurídicas.

Se requieren sin duda cuerpos de seguridad pública con perspectiva de género, que garanticen una seguridad pública integral y protectora de la integridad, de la dignidad y de los derechos humanos.

La seguridad pública debe dar paso a la transformación institucional y renovarse para consolidar y fortalecer su quehacer, de tal suerte que, se prevé como uno de los principios que debe de imperar en el interior de los cuerpos policíacos, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la paridad como una medida para impulsar la participación e incorporación de las mujeres a los cuerpos de seguridad, toda vez que su presencia en la seguridad pública es fundamental para fortalecer el quehacer de la institución.

Este proceso de transversalización de la perspectiva de género, transita por la integración de la visión de paridad total en un proceso de institucionalización de corporaciones, mandos, operaciones y acciones, así como de la definición de líneas de acción y protocolos homologados a fin de orientar al esquema práctico las acciones de igualdad.

El proceso de institucionalización de la paridad total, requiere de una nueva visión de estructura organizacional, inserta desde la norma a fin de garantizar su permanente aplicación y actualización, así como de un aparato administrativo que pueda ejecutarla y supervisar su implementación de manera conjunta con todo el conjunto que conforma el sistema de seguridad pública.

Implantar la perspectiva de género en el Sistema Nacional de Seguridad Pública implica, en primer término, la adecuación de la norma de carácter general que regula su actuación y rige el sistema de distribución de competencias en esta importante función del Estado; en segundo término, implica una ruptura de paradigma y de pensamiento en el que, se esbocen los trazos de un nuevo modelo de política en la propia organización de los cuerpos de seguridad ciudadana, en la cultura organizacional y en la forma de hacer y ejecutar las acciones que implican ejercer el orden coactivo; en tercer lugar, implica que esta transformación de los procesos de institucionalización de género traigan consigo cambios que van más allá de lo formal, al proponer nuevos enfoques y formas de actuación, distintos de los tradicionales, a fin de eliminar el pensamiento de que la labor policial compete solamente a los hombres y cuyas políticas y acciones se encuentran basados en modelos patriarcales ampliamente enraizados en nuestros sistemas sociales y políticos.

De ahí que el proceso de institucionalización de la perspectiva de género en las labores de seguridad ciudadana cobre aún más sentido a partir de la reforma de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues esta norma es el pilar de arranque de todo un engranado de acciones, procesos, procedimientos, competencias y atribuciones de todo un mecanismo integrado e integrador.

Las instituciones de seguridad ciudadana se han caracterizado por la escasa presencia generalizada de mujeres, especialmente en los cargos de responsabilidad superiores. En especial, las instituciones de seguridad son instituciones con cultura masculinizada muy arraigada, donde se producen resistencias a reconocer a las mujeres como protagonistas en los procesos de cuidado del tejido social y de ejecución del uso legitimado de la fuerza.

Asimismo, en la implementación de acciones de perspectiva de género, deben desarrollarse procesos focalizados con una visión preventiva, sin dejar de lado la concepción originaria de que el derecho y la seguridad deben ser herramientas sociales para todos sin distinción.

Sin embargo, es preciso reconocer una realidad, la percepción y las situaciones de la inseguridad no son las mismas para hombres y mujeres. Las mujeres, en mayor proporción que los hombres, afirman —con justificadas razones estadísticas y ejemplificativas—sentirse inseguras en sus barrios, tienen una percepción de mayores niveles de violencia en la ciudad o pueblo donde viven.

De ahí que sean necesarios diagnósticos y acciones participativas específicas por géneros, en la medida en que exista la posibilidad de diferenciar los riesgos a los que se enfrentan de manera diferenciada hombres y mujeres.

Por ejemplo, la mayor parte de la violencia que afecta a las mujeres se produce dentro de sus hogares y a manos de su compañero sentimental y el lugar de trabajo puede no ser un espacio libre de violencia para las mujeres, a causa del acoso sexual o la violencia sexual en el trabajo. Incluso parece una obviedad, pero es real, que puede haber espacios públicos seguros para los hombres donde por la escasa iluminación o poca presencia de gente o policial sean muy inseguros para las mujeres.

El análisis de las políticas de seguridad en materia de género muestra como hombres y mujeres tienen necesidades y demandas de seguridad distintas, por ello, debemos entender que la inseguridad va más allá de la vulneración de los intereses primigenios de los individuos vistos como un conglomerado uniforme, precisamente porque la inseguridad determina las dinámicas sociales las políticas públicas para erradicación deben ser diseñadas, de manera obligada, desde la perspectiva de género, sobre todo porque no atender sus causas y sus consecuencias desde esta visión, puede tener —y ha tenido— graves consecuencias sobre el ejercicio de otros derechos humanos para las mujeres.

Hasta el momento, la falta de acciones y políticas públicas con verdadera perspectiva de género ha orillado a la implementación de programas aislados y coyunturales más para cumplir el requisito de una conmemoración o como mera estrategia de comunicación; a lo largo de muchos años la autoridad consideró que los problemas de inseguridad en el entorno social se resolverán siempre con un repliegue al ámbito privado del hogar, con mayores restricciones de la libertad y movilidad de quienes son más vulnerables: las mujeres.

Tales acciones no han tenido la eficacia esperada y cuya consecuencia ha sido el limitar el ejercicio de las más elementales libertades y erosiona la cohesión social y que, más bien, han abonado al silencio en la ocurrencia de otros graves fenómenos delincuenciales como la violencia familiar.

La delincuencia, violencia e inseguridad producen afectaciones en el estilo de vida de las personas, preponderantemente en las mujeres, quienes, limitando su participación en el espacio comunitario como acción de prevención, se ven excluidas de los espacios de ocio, de encuentro, de intercambio de información o incluso de expresión política, las mujeres se han tenido que volver invisibles para no ser vulnerables y esto debe cesar de inmediato.

Hasta ahora, las acciones de seguridad ciudadana han sido diseñadas al amparo de una cultura de género machista, discriminatoria, que genera menosprecio y que incluso revictimiza a las mujeres de la violencia de que son objeto, poco o nada se han enfocado en las políticas de prevención o acciones de carácter especializado, mucho menos con una reforma legislativa, incluso a pesar de que la Carta Magna ordena al Congreso de la Unión a armonizar las normas secundarias para establecer el principio de paridad total.

Por todo lo anterior, desde la perspectiva de los hechos, la promovente de la presente iniciativa considera que las políticas públicas de seguridad ciudadana con perspectiva de género deben tener como objetivo consolidar el derecho de las mujeres a vivir en sociedades y comunidades incluyentes, donde la seguridad sea un derecho de todas, en donde la dimensión de género oriente las acciones no solo para que en las instituciones de seguridad se incorporen mujeres con las mismas oportunidades de ascenso y desarrollo profesional que los hombres, sino también, para que desde las mismas instituciones, al momento de pensar las políticas públicas, se haga con una perspectiva de género y con acciones especializadas para atender los particulares problemas a los que se enfrentan, sobre todo porque tal y como se ha afirmado, la violencia y la delincuencia no afectan por igual a todas las personas. La seguridad y la prevención no tienen el mismo significado para hombres y mujeres, ni para quienes tienen recursos económicos y los que no.

A lo largo de los últimos años, la incorporación de las mujeres a las fuerzas de seguridad pública, se dio a través de cuerpos específicos de mujeres separados, cuerpos auxiliares femeninos, dedicados a tareas de apoyo y contacto directo con la sociedad, lo que respondía a la atribución de roles de género considerados femeninos, de conciliación, protección y cuidado.

Esta forma de participación definió el modo de entender la participación de las mujeres en las fuerzas de seguridad, relegándolas a un segundo plano y partiendo de una presunción de desigualdad en el tipo de tareas y funciones que mujeres y hombres vendrán llamados a desempeñar en los cuerpos policiales de la región.

Con la reforma constitucional en materia de paridad de género, se mandató al Poder Legislativo a reformar el andamiaje jurídico secundario para establecer este importante principio, por ello resulta prioritario integrar en los cuerpos de seguridad pública el principio de igualdad para todos los ámbitos y funciones comprendido de manera ilimitada y no restringida.

En la implantación de este principio, se deberán identificar, en primer lugar, las barreras para el ingreso, la promoción, la permanencia y el ascenso de las mujeres a fin de propiciar una mayor participación en los altos mandos policiales, asimismo se deberán establecer, a partir de las de las necesidades de adaptación, la adecuación de infraestructura, protocolos y procedimientos a las circunstancias de vida de las mujeres. Se deberán tomar en cuenta circunstancias como el embarazo y el cuidado de hijos a fin de que dejen de ser un obstáculo para el acceso de mujeres a formación y ascensos.

La consideración de las mujeres como menos válidas que los hombres para ejercer funciones policiales o la dificultad de aceptar el mando femenino constituyen aspectos que junto con el acoso sexual generan un ambiente que contribuye a expulsar a las mujeres de la institución por lo que es claro que quienes toman las decisiones políticas y técnicas —en este caso, el Sistema Nacional de Seguridad Pública— deben tomar conciencia de la desigualdad de hecho y contar con las herramientas y formación adecuadas para entender cómo y por qué se producen las desigualdades de género y cuáles son sus consecuencias sobre las mujeres, el personal en general y las propias instituciones, así como para identificar las medidas adecuadas para combatir la desigualdad. Se requiere una gran comprensión de la importancia del tema y la voluntad política de promover la igualdad de género que se refleje en la inversión en medios e instrumentos de intervención adecuados.

La urgente necesidad por dar una respuesta adecuada y eficaz frente a la violencia de género como fenómeno pandémico deberá motivar a establecer en las agendas de seguridad ciudadana y de reforma policial, desde una perspectiva de igualdad de género. La lucha contra la violencia de género, debe ser pilar de todas las políticas de seguridad de los tres órdenes de gobierno y ser incorporada en los planes institucionales policiales y de seguridad. El feminicidio, la violencia sexual, la explotación sexual y la trata de personas con fines de explotación, como otras expresiones de la violencia contra las mujeres deben formar parte de la agenda de género y seguridad, sobre todo porque las medidas dirigidas a combatir estos delitos no han sido ni las más adecuadas y se tornan insuficientes, lo que sigue planteando retos de primera magnitud en la integración de una perspectiva de igualdad de género en seguridad y prevención.

Hasta ahora, las acciones que se han llevado a cabo han ido encaminadas a generar un sistema adaptado y especializado en la atención y protección de las víctimas de violencia de género, a través de unidades especializadas y protocolos específicos para la recepción de denuncias, adopción de medidas de prevención y protección e investigación policial que tengan en cuenta los derechos de las mujeres y eviten la doble victimización.

Sin embargo, si no hay una política integral de perspectiva de género donde se pueda afirmar que “los buenos jueces y juezas por su casa empiezan” difícilmente podrán establecer acciones y mecanismos de combate eficaz a los delitos de género, de ahí que la iniciativa que se presenta busca responder a la pregunta acerca de ¿cómo integrar la perspectiva de género en la policía?

La respuesta a esta interrogante implica una perspectiva legal a partir de la reforma al andamiaje legal que rige el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que en sus contenidos se implementen, por un lado, las acciones y políticas que permitan, por un lado, incorporar de manera plena y garante de sus derechos plenos, a las mujeres a la vida organizacional de la policía en todos sus niveles de manera paritaria.

Por otro lado, se busca que con esta reforma se incorpore en todas las acciones, programas, procedimientos, protocolos y definiciones del sistema, la perspectiva de género, que deberá ser aterrizada en las correspondientes reglamentaciones y normas operativas que no son objeto de reforma desde el Poder Legislativo.

En un tercer nivel, se busca que en un componente tan importante como lo es el Sistema Nacional de Llamadas de Emergencia, se diseñe e implemente un número específico para la atención a delitos exclusivamente relacionados con mujeres, estableciendo que para el caso de delitos cometidos en contra de las mujeres, se deberán implementar sistemas de alerta, protocolos de atención y acción inmediata, apoyo psicológico y médico, para su atención y en su caso, para su búsqueda y localización en el que sean coadyuvantes los integrantes del sistema las corporaciones de emergencia, los medios de comunicación, los concesionarios de servicios de telecomunicaciones, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general.

Si las fuerzas de seguridad carecen de los principios de respeto de los principios constitucionales como el de paridad total, difícilmente podrán ser instrumentos útiles para garantizar a la sociedad el cumplimiento de la norma.

En mérito de lo expuesto someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Único. Se reforman el artículo 6, primer párrafo, las fracciones IV y VI del artículo 7, las fracciones IV y IX del artículo 14, la fracción II del artículo 47, la fracción I del artículo 48 y el artículo 84; y se adicionan la fracción XXV al artículo 18, con lo que se recorren las subsecuentes, la fracción X del artículo 20, con lo que se recorren las subsecuentes, un quinto párrafo al artículo 85, una fracción VI al artículo 111Bis, con lo que se recorren las subsecuentes, y el tercer párrafo al artículo 129 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo 6. Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, paridad de género y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana, la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres y rendir cuentas en términos de ley.

Artículo 7. Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las instituciones de seguridad pública de la federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta ley, deberán coordinarse para

I. a III. ...

IV. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la Ley de Planeación, así como los programas de igualdad sustantiva de las instituciones de la federación, las entidades federativas y los municipios;

V. ...

VI. Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública bajo el principio de igualdad de oportunidades para mujeres y hombres;

VII. a XVI. ...

Artículo 14. El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I. a III. ...

IV. Promover la implementación de políticas en materia de atención a víctimas del delito con especial énfasis en aquellos delitos cometidos en contra de las mujeres;

V. a VIII. ...

IX. Formular propuestas para los programas nacionales de seguridad pública, de procuración de justicia y de prevención del delito, así como de la inclusión en los mismos de la perspectiva de género, en los términos de la ley de la materia;

Artículo 18. Corresponde al Secretario Ejecutivo del sistema

I. a XXIV. ...

XXV. Establecer y coordinar el Sistema Nacional de Llamadas de Emergencia, así como los mecanismos para su instrumentación, en el que se deberá establecer un mecanismo de atención especializado de emergencias relacionadas con violencia de género, así como su reglamento; y

XXVI. ...

Artículo 20. El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tendrá como principales atribuciones

I. a IX. ...

X. Someter a consideración del Consejo Nacional, el Programa Nacional de Prevención de la Violencia en contra de las Mujeres, así como establecer las bases para el diseño de una política criminológica integral con perspectiva de género; y

XI. ...

Artículo 47. La federación y las entidades federativas establecerán y operarán academias e institutos que serán responsables de aplicar los programas rectores de profesionalización, que tendrán, entre otras, las siguientes funciones:

I. ...

II. Capacitar en materia de investigación científica y técnica a los servidores públicos , así como en temas relacionados con igualdad de género;

III. a XVII. ...

Artículo 48. En materia de planes y programas de profesionalización para las instituciones policiales, la secretaría tendrá la facultad de proponer a las instancias de coordinación de esta ley lo siguiente:

I. Los contenidos básicos de los programas para la formación, capacitación y profesionalización de los mandos de las Instituciones policiales, con perspectiva de género, su diagnóstico y su implementación;

II. a IX. ...

Artículo 84. La remuneración de los integrantes de las instituciones policiales será igual para mujeres y hombres, acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno.

De igual forma, se establecerán sistemas de seguros para los familiares de los policías, que contemplen el fallecimiento y la incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones, así como mecanismos de seguridad social y laboral para madres trabajadoras y en periodo de lactancia.

Artículo 85. La carrera policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá por las normas mínimas siguientes:

...

...

...

En dichos nombramientos se deberá respetar en todo momento el principio constitucional de paridad de género.

Artículo 111 Bis. El Centro Nacional de Información regulará el Servicio Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia bajo el número único 911, en coordinación con las entidades federativas. Para el funcionamiento de dicho servicio deberá llevar a cabo las siguientes acciones:

I. a V. ...

VI. El diseño, implementación y vinculación a este número único de un dígito especializado en atención a delitos en contra de las mujeres, así como de los mecanismos de atención y respuesta inmediata;

VII. ...

Artículo 129. ...

...

Para el caso de delitos cometidos en contra de las mujeres, se deberán implementar sistemas de alerta, protocolos de atención y acción inmediata, apoyo psicológico y médico, para su atención y en su caso, para su búsqueda y localización en el que sean coadyuvantes los integrantes del sistema las corporaciones de emergencia, los medios de comunicación, los concesionarios de servicios de telecomunicaciones, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general.

Primero. Remítase para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo que establece la fracción XXV del artículo 18 del presente decreto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá expedir el reglamento correspondiente, en un término improrrogable de 180 días naturales a partir de su entrada en vigor.

Cuarto. Se deberá expedir la Norma Oficial Mexicana con las adecuaciones establecidas en los artículos 18, fracción XXV, y 111 Bis, fracción VI, del presente decreto, en lo que se refiere a la implementación del mecanismo de atención especializado de emergencias relacionadas con violencia de género, en un término de un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Quinto. El Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá establecer los diagnósticos, comisiones interinstitucionales, mecanismos de armonización con las entidades federativas y municipios, a fin de que en un término de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, se implementen las acciones, mecanismos, políticas y programas en materia de paridad de género, objeto de la presente reforma, así como para adecuar sus reglamentos, manuales, directrices y resoluciones en términos de sus respectivas atribuciones.

Sexto. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.– Diputadas y diputados: Juanita Guerra Mena,  Alma Delia Navarrete Rivera, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Ana Laura Huerta Valdovinos, Andrés Pintos Caballero, Araceli Celestino Rosas, Armando Corona Arvizu, Bernardo Ríos Cheno, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Claudia Tello Espinosa, Dulce María Corina Villegas Guarneros, Dionicia Vázquez García, Eduardo Zarzosa Sánchez, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Eunice Monzón García, Fátima Almendra Cruz Peláez, Héctor Ireneo Mares Cossío, Ismael Brito Mazariegos, José Antonio Estefan Gillessen, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Julieta Kristal Vences Valencia, Karla Estrella Díaz García, Laura Imelda Pérez Segura, Lidia Pérez Bárcenas, Marco Antonio Pérez Garibay, Marcos Rosendo Medina Filigrana, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Román Ávila, María Magdalena Olivia Esquivel Nava, María Sierra Damián, Martha Azucena Camacho Reynoso, Martha Robles Ortíz, Miguel Torruco Garza, Navor Alberto Rojas Mancera, Noemí Salazar López, Olegaria Carrazco Macías, Omar Enrique Castañeda González, Otoniel García Montiel, Pedro Sergio Peñaloza Pérez, Rocío Alexis Gamiño García, Sandra Simey Olvera Bautista, Susana Cano González, Yeidckol Polevnsky Gurwitz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado por Sonora, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

I. Antecedentes

El 20 de diciembre de 2013 el presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto constitucional de la reforma energética que permitió la apertura del sector al capital privado. Aquel día, en Palacio Nacional, el mandatario expresó que con la promulgación de la reforma “comienza así una nueva historia para nuestro país. Hemos abierto las puertas de un mejor futuro para todos”. 1

Apoyados en este “slogan” político, desde la presidencia de la República se operó una estrategia de comunicación intentando convencer a la sociedad de las supuestas bondades de la reforma en materia energética, sin embargo, lo único que lograron fue despilfarrar millones de pesos del erario público pues, el gobierno neoliberal fracasó cuando no logró “...sumar apoyo de la opinión pública a pesar de haber invertido por 36 días de campaña, del 27 de diciembre de 2013 al 31 de enero del 2014, la cantidad de 353 millones de pesos, a los que habría que sumar el costo de la di fusión de la iniciativa de Peña Nieto entre agosto y octubre del 2013, por la que Pemex, Comisión Federal de Electricidad y Sener destinaron al menos 105 millones de pesos en spots y adquisición de tiempos comerciales en radio y televisión” 2

Los objetivos de esta reforma energética fueron

i. Mejorar la economía de las familias: Bajarán los costos de los recibos de la luz y el gas. Al tener gas más barato se podrán producir fertilizantes de mejor precio, lo que resultará en alimentos más baratos.

ii. Aumentar la inversión y los empleos: Se crearán trabajos en los próximos años. Con las nuevas empresas y menores tarifas habrá cerca de medio millón de empleos más en este sexenio y 2.5 millones más para 2025 en todo el país.

iii. Reforzar a Pemex y a CFE: Se le dará mayor libertad a cada empresa en sus decisiones para que se modernicen y den mejores resultados. Pemex y CFE seguirán siendo empresas 100 por ciento de los mexicanos y 100 por ciento públicas.

iv. Reforzar la rectoría del Estado como propietario del petróleo y gas, y como regulador de la industria petrolera.

Con la reforma energética se esperaría que la producción de crudo aumentará de 2.5 millones de barriles diarios a 3 millones para 2018 y a 3.5 millones o más para 2025, cifra histórica de producción en México. En el caso del gas natural, la producción pasaría de 5 mil 700 millones de pies cúbicos a 8 mil millones para 2018, y para 2025, la producción sería de 10 mil millones de pies cúbicos. 3

Siete años después, empresas transnacionales como Royal Dutch Shell, BP y Exxon Mobil, ejecutan sus contratos en México, ganados a través de licitaciones abiertas. 4 Sin embargo, los beneficios para el país no sólo están muy alejados de lo que se difundió en el periodo de Enrique Peña Nieto sino que, sus resultados, desastrosos, aunado a la corrupción que permea el procedimiento legislativo seguido para su aprobación, hacen necesaria una revisión exhaustiva del marco constitucional a fin de que este sea reformado con la finalidad de devolver al pueblo de México lo que a través de esa “mal llamada reforma” le fue arrebatado.

II. Planteamiento del problema

El gran error económico de esta reforma del Ejecutivo federal consiste en el hecho de que transfiere riqueza al extranjero y desmantela la economía nacional, pues ello aumentará la pobreza y caerá el empleo en el país. 5

Luego de siete años de la mal llamada reforma energética, las “...tarifas de electricidad y gas son más elevadas. Si bien el gobierno ha logrado mantener sin variaciones abruptas las tarifas del sector doméstico de bajo consumo, las cuales han registrado descensos marginales durante el sexenio, con las nuevas tarifas de la CRE, el sector comercial e industrial reportaron incrementos de hasta 40 por ciento al inicio de 2018.

En 2018, el precio de la luz subió 59 por ciento para las industrias en México en términos reales, según un ejercicio elaborado por el diario Reforma” 6

Por otro lado, es necesario dotar a la Comisión Federal de Electricidad de los mecanismos constitucionales y legales que le permitan asumir la responsabilidad de proteger los mecanismos de Transición energética para que, el Estado a través de sus instituciones, utilice las fuentes de energía disponibles, para garantizar el derecho humano a la vida digna a través de un servicio de distribución y suministro moderno, eficaz y eficiente, que privilegie el uso de aquellas fuentes de energía que favorezcan la protección del medio ambiente y todo tipo de vida en el planeta pues es un error creer que solo los particulares producen energías limpias y la Comisión Federal de Electricidad energía sucia; esto es así porque, hay particulares “que producen electricidad sobre la base del gas y particulares que producen energía eólica después de arrasar grandes superficies de tierra cultivable. En cambio, hay energía limpia generada por la CFE a través del agua que no está reconocida en la ley”, 7 motivo adicional por el cual se necesita ajustar la norma constitucional para resolver este y el resto de problemas heredados por el periodo neoliberal de Peña Nieto en esta materia.

También es fundamental que se reconozca en la Constitución federal que, la Comisión Federal de Electricidad es una entidad estatal con personalidad jurídica, patrimonio propio y dotado de autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración y que es responsable exclusivo en los términos de la ley, de la electricidad y el Sistema Eléctrico Nacional, así como, de la Transición Energética.

Debe reconocerse que el derecho humano a la vida digna como elemento de desarrollo social debe ser protegido también en su vertiente de contar con un servicio de transmisión y distribución de energía eléctrica que se brinde en condiciones de autosuficiencia estatal para el abastecimiento continuo de las personas usuarias.

Por lo expuesto es necesario hacer un nuevo planteamiento sobre los aspectos complementarios y alcances que debe tener la norma constitucional respecto a su actividad estratégica de transición, suministro y abastecimiento en materia energética en los términos aludidos.

III. Propuesta legislativa

Por los razonamientos y argumentos vertidos en esta Iniciativa, someto al conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 25. (...)

(...)

(...)

(...)

El sector público tiene a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que señaladas en el artículo 28, párrafo cuarto, de esta Constitución. El gobierno federal tiene la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado.

Los habitantes del país, tienen derecho a contar con un servicio de transmisión y distribución de energía eléctrica a cargo del Estado y que se brinde en condiciones de autosuficiencia estatal para el abastecimiento continuo de las personas usuarias. Este derecho es, a su vez, un mecanismo de desarrollo social.

Esta Constitución y las leyes federales en materia de energía eléctrica, exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos determinarán la forma en que el Estado llevará a cabo dichas actividades.

Asimismo, puede convocar a participar a los sectores social y privado en los términos del párrafo anterior, a fin de impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

(...)

(...)

(...)

(...)

Artículo 27. (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. El servicio de energía eléctrica es un área estratégica cuyo manejo es exclusivo de la Nación en todas las etapas y actividades de su generación, distribución y abastecimiento.

La transición energética está a cargo del Estado y este, a través de sus instituciones, tiene la obligación de utilizar, con independencia de su origen, todas y cualquiera de las fuentes de energía disponibles, privilegiando el uso de aquellas que favorezcan la protección del medio ambiente y todo tipo de vida en el planeta.

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a entidades estatales o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la ley reglamentaria. Para cumplir el objeto de dichas asignaciones o contratos, las entidades estatales pueden contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.

(...)

(...)

(...)

Artículo 28. (...)

(...)

(...)

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: energía eléctrica, correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear o cualquier otra que señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.

El Estado contará con los organismos que requiera para el eficaz y eficiente manejo de las áreas estratégicas a su cargo, así como, en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado.

La Comisión Federal de Electricidad es la entidad estatal con personalidad jurídica, patrimonio propio y dotado de autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Es responsable exclusivo en los términos de la ley, de la electricidad y el sistema eléctrico nacional, así como, de la transición energética.

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(...)

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Arturo Rafael Constantini Torres (2015). “La voz de la reforma energética de Peña Nieto: cómo se comunica una política pública en un entorno polarizado”, 8 de septiembre de 2021, de Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública.Sitio web:

http://www.remap.ugto.mx/index.php/remap/article/viewFile/138/ 120

2 Ídem.

3 Secretaría de Relaciones Exteriores, Embajada de México en Italia. Comunicado “Reforma energética”,

https://embamex.sre.gob.mx/bolivia/images/pdf/REFORMAS/energetic a%20comunicado.pdf

4 Isabella Cota (24 de julio de 2020). “El gobierno de López Obrador apunta a la reforma energética de Peña Nieto con Lozoya como testigo”, 8 de septiembre de 2021, en El País. Sitio web:

https://elpais.com/mexico/2020-07-24/el-gobierno-de-lopez-obrado r-apunta-a-la-reforma-energetica-de-pena-nieto-con-lozoya-como-testigo.html

5 Sergio O. Saldaña Zorrilla (2014). “10 consecuencias económicas de la reforma energética”, 8 de septiembre de 2021, en Forbes México. Sitio web:

https://www.forbes.com.mx/10-consecuencias-economicas-de-la-refo rma-energetica/

6 Arturo Solís (2018). “EPN: fin de ciclo. La necesaria reforma energética que incumplió sus promesas”, 8 de septiembre de 2021, en Forbes México. Sitio web:

https://www.forbes.com.mx/epn-fin-de-ciclo-la-necesaria-reforma- energetica-que-incumplio-sus-promesas/

7 Martí Batres (2021). “Las mentiras del PAN sobre la reforma eléctrica”, 8 de septiembre de 2021, en El Universal. Sitio web:

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/marti-batres/las-mentiras -del-pan-sobre-la-reforma-electrica

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2021.– Diputados y diputadas: Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Armando Corona Arvizu, Bernardo Ríos Cheno, Brenda Espinoza López, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Román Ávila, Martha Azucena Camacho Reynoso, Martha Robles Ortíz, Olegaria Carrazco Macías, Otoniel García Montiel, Susana Cano González, Susana Prieto Terrazas (rúbricas).»

«Iniciativa de decreto, por el que la Cámara de Diputados declara la presente como la Legislatura de la Inclusión y la Diversidad, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Julieta Kristal Vences Valencia, diputada de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que la honorable Cámara de Diputados declara a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión como la “Legislatura de la Inclusión y la Diversidad”, al tenor de la siguiente:

La integración de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados representó un avance en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, alcanzando una mayor representación en el Poder Legislativo y en consecuencia una mayor influencia en la toma de decisiones.

En comparación con la distribución de curules de la LV Legislatura de 1999, la LXIV Legislatura registró un incremento de 39.4 puntos porcentuales. En 2018 las mujeres representaron 48.2 por ciento de los espacios ocupados por legisladoras 1. Por ello, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la declaración de la LXIV Legislatura como la “legislatura de la paridad de género”.

La igualdad de género en la Cámara de Diputados se convirtió en una conquista para el régimen democrático mexicano, pero también, resultó un pilar fundamental para la inclusión de otros estratos sociales que han realizado demandas legítimas para participar en la vida pública de México.

Como producto del proceso electoral federal 2020-2021, el Poder Legislativo ha cambiado su composición y representatividad política en la actual LXV Legislatura, teniendo como principal característica la inclusión de grupos sociales que históricamente habían sido excluidos o que enfrentaban restricciones en el ejercicio de sus derechos político-electorales.

El proceso electoral del 6 de junio de 2021 contó con la participación electoral más grande de la historia de México. Alrededor del 52 por ciento de la lista nominal de electores salieron a ejercer su voto libre y secreto. En dichas elecciones se postularon a 30 personas indígenas; 5 personas migrantes; 8 personas con discapacidad; 4 personas afromexicanas; y 3 personas de la diversidad sexual, por cada uno de los partidos políticos nacionales mediante los principios de mayoría relativa y representación proporcional 2.

Los cambios jurídicos en material electoral, así como los acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, han permitido generar medidas compensatorias que disminuyan las desventajas en las que algunos grupos sociales se encuentran inmersos.

La integración de la LIX Legislatura resulta un hecho histórico para la vida parlamentaria del país. Actualmente, no solo se cuenta con una paridad total con la representación de 250 diputadas y 250 diputados, sino que también ostenta una representación política de 37 personas indígenas; 10 personas migrantes; 8 personas con alguna discapacidad; 6 personas afromexicanas; y 4 personas de la diversidad sexual 3.

Correspondiente con el nuevo esquema de la actual representatividad política y una nueva correlación de fuerzas, se puede señalar que la actual LXV Legislatura del Congreso de la Unión se ha constituido como la Legislatura de la Diversidad y la Inclusión.

Las acciones afirmativas son el producto de luchas sociales y el reconocimiento de derechos por parte del Estado, mismas que se consolidaron como medidas compensatorias para revertir los escenarios de desigualdad política que existían en nuestro país y modificar las situaciones de desventaja ante las cuales se encontraban algunos grupos sociales.

En el caso de la diversidad, la actual LXV Legislatura representa el acceso de las personas provenientes de la comunidad lesvica, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual y queer más (LGBTTTIQ+), de las juventudes; de las poblaciones migrantes, con discapacidades específicas y comunidades afromexicanas, en cargos de elección popular, dando paso a la posibilidad de un mayor número de postulaciones y espacios de participación para los que históricamente habían sido relegados de las decisiones políticas de México.

A su vez, la inclusión considera la modificación del entorno político de México, mediante la eliminación de barreras que representaban una limitación para que todas las personas puedan ejercer sus derechos efectivamente en igualdad de oportunidades y sin discriminación.

En este tenor es que la presente iniciativa busca que la Cámara de Diputados declare esta legislatura  como la “Legislatura de la Inclusión y la Diversidad”, con la finalidad de reconocer la relevancia histórica que tiene la integración actual de la LXV Legislatura, la cual reside en la inclusión de nuevas voces que merecen ser escuchadas y atendidas, así como la diversidad que enriquece la pluralidad de ideas para que a través del diálogo y los consensos se traduzcan en mejores normas en beneficio de la sociedad mexicana.

El presente reconocimiento no solamente debe representar un posicionamiento institucional de este órgano legislativo, sino que también debe de asumirse como un compromiso por legislar desde los principios de inclusión y de diversidad con la finalidad de transitar hacia un Estado de derecho y democrático más sólido.

Debido a las consideraciones expuestas, someto ante esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión declara la LXV Legislatura como la Legislatura de la Inclusión y la Diversidad

Artículo Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión declara que en su plataforma de comunicación social, así como en la documentación y papelería oficial que utilice esta Soberanía, se inscriba la leyenda conmemorativa: “LXV Legislatura de la Inclusión y la Diversidad”.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Instituto Nacional de las Mujeres. (2019). Cuadernillo temático. Las mujeres en la legislatura de la paridad.Consultado en

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Cuadernillo_I_ %202019%20.pdf

2 Instituto Nacional de Migración. (2020). Acciones afirmativas en postulaciones de candidaturas.Consultado en

https://igualdad.ine.mx/wpcontent/uploads/2021/06/INFOGRAFIA_ACC IONES_AFIRMATIVAS_EN_POSTULACIONES_DE_CANDIDATURAS_PROCESO_ELECTORAL_20202021_C orrec9_COMPLETO.pdf

3 Instituto Nacional Electoral. (2020). ¿ Sabías que la integración de la próxima legislatura de la Cámara de Diputadas y Diputados será incluyente?Consultado en

https://centralelectoral.ine.mx/2021/08/26/sabias-que-la-integra cion-de-la-proxima-legislatura-de-la-camara-de-diputadas-y-diputados-sera-inclu yente/

Palacio Legislativo, a 13 de septiembre de 2021.– Diputadas y diputados: Julieta Kristal Vences Valencia, Adriana Bustamante Castellanos, Aleida Alavez Ruiz, Alma Delia Navarrete Rivera, Alma Griselda Valencia Medina, Ángel Benjamín Robles Montoya, Araceli Celestino Rosas, Beatriz Rojas Martínez, Brenda Espinoza López, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Claudia Delgadillo González, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Esther Martínez Romano, Eunice Monzón García, Janine Patricia Quijano TapiaJoaquín Zebadúa Alva, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Karen Castrejón Trujillo, Laura Imelda Pérez Segura, Manuel Vázquez Arellano, Marcos Rosendo Medina Filigrana, María Isabel Alfaro Morales, María Magdalena Olivia Esquivel Nava, María Sierra Damián, Martha Robles Ortiz, Navor Alberto Rojas Mancera, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Noemí Salazar López, Omar Enrique Castañeda González, Pedro Sergio Peñaloza Pérez, Susana Prieto Terrazas, Yeidckol Polevnsly Gurwitz (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona los artículos 1o. y 13 de la Ley de Ciencia y Tecnología, suscrita por la diputada Saraí Núñez Cerón e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscribimos, diputada federal Saraí Núñez Cerón y las y los diputados pertenecientes a esta LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 1o. y se adiciona una fracción I Bis del artículo 13 de la Ley de Ciencia y Tecnología, al tenor de la siguiente:

El Grupo parlamentario de Acción Nacional siempre está a favor de la mujer y del respeto de los derechos humanos, es por lo anterior que nuestra doctrina menciona lo siguiente:

“La equidad de género significa que mujeres y hombres deben de desarrollar plena, libre y responsablemente, 1 (páp.1.)”.

En este orden de ideas, la Unesco conmemora el día Internacional de la Mujer y las Niñas en la ciencia.

“La celebración, el 11 de febrero de 2021, del sexto Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Asamblea Científica llevada a cabo en la sede de las Naciones Unidas. Con el objetivo e interés de impulsar el progreso en la consecución de la Agenda de Desarrollo 2030 y sus 17 Objetivos Mundiales, el tema de la Asamblea del Sexto Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia es “Más Allá de las Fronteras: Igualdad en la Ciencia para la Sociedad”, con un enfoque especial en el valor de los aspectos sociales y las dimensiones culturales en la ciencia, la tecnología y la innovación para mejorar los programas de desarrollo sostenible.” 2

Es por lo anterior que la ciencia y la igualdad de género es imperante para alcanzar Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“La propia Unesco menciona que: En los últimos 15 años, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo para inspirar y promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Sin embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos para desenvolverse en el campo de la ciencia.” 3

La desigualdad en la ciencia y la tecnología es persistente en los últimos años a nivel mundial, es increíble que el crecimiento de la mujer en este ramo no es tan desarrollado, según datos de la propia Unesco menciona que 30 por ciento de los investigadores en todo el mundo son mujeres, solo alrededor del 30 por ciento de todas las estudiantes escogen estudios superiores dentro del campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y matemáticas. En todo el mundo, la matrícula de estudiantes femeninas es particularmente baja en el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), con un tres por ciento; ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, con un cinco por ciento, y en ingeniería, manufactura y construcción, con un ocho por ciento.

Es Indudablemente la diversidad, tanto en la innovación como en la investigación, implica más talento, nuevas perspectivas y mayor creatividad en un sector que es determinante para el desarrollo sostenible.

En esta tesitura lo mencionó Audrey Azoulay, directora general de la Unesco: “Para hacer frente a los inmensos desafíos del siglo XXI —desde el cambio climático hasta los trastornos tecnológicos— nos hace falta la ciencia y toda la energía necesaria y, por ello, el mundo no puede privarse del potencial, la inteligencia y la creatividad de los miles de mujeres que son víctimas de desigualdades o prejuicios tan arraigados.

En México, de acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), en su reporte Global Gender Gap Report 2020:

“México se encuentra entre el top 5 de países que avanzaron en el cierre de su brecha de género. El WEF destaca que esto se ha debido en gran parte a la incursión de mujeres mexicanas en puestos de administración pública, legislativos, entre otros. Respecto a la conclusión exitosa de carreras relacionadas con ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), el WEF registra que únicamente 14.46 por ciento de estudiantes son mujeres.

Como mujer profesionista, estoy convencida de que el talento y el potencial de cada ser humano es totalmente independiente al género y quiero sentir, en cualquier foro que me toque participar, que estoy ahí por mis logros, por mi talento y por mis credenciales y no para cumplir con una cuota. En Softtek, más allá de la aplicación de cuotas de género, hemos apoyado programas de inclusión de mujeres en programas de formación científica y tecnológica.

Uno de estos programas lo denominamos Codellege, que está orientado a lograr la inclusión laboral en tecnologías de la información para jóvenes con talento, quienes, por situaciones externas, no han tenido la oportunidad de acceder a esta educación. Tenemos un enfoque integral que les permite adquirir habilidades de programación, conceptos básicos de inglés, desarrollo humano y emprendimiento.

Estoy convencida de que, como sociedad, no podemos darnos el lujo de dejar al margen a más del 50 por ciento de la población del país y, sobre todo, no podemos dejar a un lado la capacidad creativa, de gestión y habilidad empática que tenemos como mujeres.” 4

En este contexto, de Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia la Universidad Autónoma de México  UNAM, a través  de la Coordinación para la Igualdad de Género y la startup Epic Queen realizó el primer festival de chicas en la ciencia y tecnología para inspirar  y contribuir a reducir la brecha de género de acuerdo con datos de la Coordinación para la Igualdad de Género de la máxima casa de estudios, la participación de mujeres en programas de licenciatura, maestría y doctorado, así como en la planta académica de las entidades de nivel superior en áreas relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es menor a 40 por ciento.

Por ejemplo, en la licenciatura en Ingeniería Mecánica solo 9.1 por ciento del total de alumnos son mujeres, en Ingeniería Eléctrica y Electrónica la cifra es de 11.2 por ciento; a nivel posgrado, en doctorado y maestría en Ciencias (Física) solo hay 10.1 por ciento y 11.8 por ciento de estudiantes mujeres respectivamente.

En el caso de los centros de estudios también hay una baja representación femenina, en el Instituto de Ciencias Físicas solo 11.5 por ciento de la comunidad científica son mujeres, mientras que en el Centro de Ciencias Matemáticas sube apenas a 12.9 por ciento; de ahí la importancia de promover estas disciplinas entre las jóvenes, para cerrar la brecha de género en los espacios científicos de la universidad.

En esta tesitura, hay que resaltar también la gran participación de las mujeres mexicanas en la lucha contra el covid-19 en materia científica como:

“Susana Vázquez Torres, quien trabaja en una super vacuna contra el coronavirus a base de proteínas sintéticas. Laura Alicia Palomares Aguilera, líder del proyecto de desarrollo de la vacuna contra el covid-19 que se lleva a cabo en el Instituto de Biotecnología de la UNAM.

Mónica Olvera de la Cruz, quien por medio de investigaciones a nivel computacional identificó las interacciones electrostáticas del virus de la covid-19 que lo unen a las células humanas.

Carol Perelman, autora del cuento infantil Coronesio, covidín y los secretos de lo invisible, una ficción basada en evidencia científica sobre el covid-19.

Susana López Charretón, centrada en investigaciones en la genómica funcional de la interacción virus-célula huésped, así como en epidemiología, diagnóstico y metagenómica viral.

Norma Alma Fierro González, doctora en Ciencias Bioquímicas por la UNAM. Investiga la variabilidad genética de los virus y la inmunopatogénesis asociada a infecciones virales.

Marícela Morales, descubridora de la existencia de neuronas combinatorias que explicarían conductas adictivas. Por sus investigaciones fue premiada por el National Institute of Health y el National Institute on Drug Abuse en Estados Unidos.

Y Paty Rodil, fundadora de Científicas Mexicanas, red que busca visibilizar el trabajo y los logros de las mujeres mexicanas en la ciencia y la tecnología.” 5

Es por lo antes mencionado que la necesidad de impulsar el desarrollo de la mujer ante la ciencia y la tecnología por ello retoma esta propuesta por el diputado Adolfo Torres Ramírez durante la pasada LXIV Legislatura, ya que es imperante poner piso parejo para las mujeres y los hombres en nuestra legislación, las necesidades de la sociedad hoy en día las mujeres están dando pasos acelerados en cubrir más áreas de oportunidad que aún la legislación no cubre esas necesidades por lo que tenemos que apurarnos a cubrir esas lagunas jurídicas de desigualdad.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestro carácter de integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que se adiciona una fracción X al artículo 1o. y se adiciona una fracción I Bis del artículo 13 de la Ley de Ciencia y Tecnología

Artículo Único. Se adiciona una fracción X al artículo 1o. y se adiciona una fracción I Bis del artículo 13 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria de la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto:

I. a IX...

X. Fortalecer los mecanismos institucionales para promover la difusión de los trabajos de alto impacto científico de las mujeres en las diferentes ramas de la ciencia, tecnológica e innovación, orientado a dar visibilidad a su conocimiento, que incremente la cultura y la aportación científica de las mujeres, y acelere su mayor acceso y participación en forma sostenida.

Artículo 13....

I. ...

I Bis. Fortalecer los mecanismos institucionales para promover la difusión de los trabajos de alto impacto científico de manera equilibrada y sin discriminación entre mujeres y hombres.

II. a VIII. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Proyecto de principios de doctrina del Partido Acción Nacional 2002, 1. Persona y libertad, pág. 1, extraído, de la página Web:

https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/documentos/ toqfeHtQI8xfmvAAiJNc5U6xqTHiSO.pdf.

2 Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 11 de febrero, extraído de la página Web:

https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day .

3 https://www.un.org/es/observances/women-and-girls-in-science-day

4 Más de una vida por delante: 100 años para alcanzar la paridad de género en el mundo, extraído de la página Web:

https://es.weforum.org/press/2019/12/gggr20-33b4437b58/

5 Periódico la Jornada, Científicas mexicanas ponen en alto el nombre de México: SRE, extraído de la página Web:

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/12/sociedad/cientificas -mexicanas-ponen-en-alto-el-nombre-de-mexico-sre/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 octubre de 2021.– Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica).»

«Iniciativa de decreto, para inscribir en letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro la frase “A la comunidad migrante mexicana”, a cargo de la diputada María Elena Serrano Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada María Elena Serrano Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro la frase “A la Comunidad Mexicana Migrante”, al tenor de la siguiente

Orgullosamente pertenezco y me honra representar ante este Congreso a la comunidad migrante de mexicanas y mexicanos en el extranjero.

Históricamente las comunidades migrantes han simbolizado los valores del esfuerzo constante, el trabajo arduo y, sobre todo, el deseo entrañable por alcanzar mejores condiciones de vida para cada una de nuestras familias.

Han sido muchas generaciones de personas que por diversas circunstancias han tenido que abandonar sus lugares de nacimiento, en pos de conseguir mejores condiciones de vida, oportunidades laborales que permitan conseguir bienestar individual y familiar, luchar contra pobreza y marginación, así como integrarse y aportar lo mejor de nuestra cultura a otras sociedades.

Las comunidades de migrantes representan un pilar de apoyo en cada una de las familias mexicanas, en cuanto al envío de remesas que permiten asegurar la alimentación, vestido, educación y salud a sus integrantes. A su vez representan pilares de apoyo para las comunidades y poblaciones que se han visto beneficiadas por las gestiones y donativos para mejorar la infraestructura de colonias, pueblos o rancherías de México.

Las aportaciones positivas del fenómeno migratorio han sido de tal relevancia para las sociedades, que en 2000 la Asamblea General de la ONU declaró el 18 de diciembre de cada año como el Día Internacional del Migrante, manifestando en su resolución 55/93 que dicha Asamblea ha sido alentada por el creciente interés de la comunidad internacional por proteger de manera positiva y enteramente los derechos humanos de todas y todos los migrantes.

El Anuario de Migración y Remesas 2020 señala que, de acuerdo con información de la División de Población de las Naciones Unidas, para 2019 se tenía un registro aproximado de 11.8 millones de mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero, de los cuales 97.4 por ciento viven en alguna región de los Estados Unidos de América. 1

Dicho documento también señala que alrededor de una tercera parte de las personas nacidas en México residentes en Estados Unidos se han naturalizado, toda vez que las cifras refieren un incremento de 2.5 a 3.6 millones entre 2006 y 2018. En tanto que, la población trabajadora nacida en México pero que radica en Estados Unidos mayor de 15 años es en su mayoría asalariada, ya que alrededor del 71.5% recibe ingresos por su fuerza de trabajo. 2

El Instituto Nacional de Migración (INM) menciona que entre los meses de enero y agosto de 2021, elementos de Grupos Beta del INM de la Secretaría de Gobernación han recuperado 46 cuerpos de personas migrantes que fallecieron durante su ingreso y tránsito por territorio mexicano, por diversas causas, como ahogamiento, accidentes, armas de fuego, problemas de salud y asaltos. 3

Cabe señalar que, la mitad de ellos no portaban algún tipo de identificación, encontrándose en calidad de desconocidos, en tanto que 6 de ellos eran originarios de Honduras, cinco de Guatemala, tres de Haití, tres de Nicaragua, dos de Cuba, y uno de Venezuela, así como tres cuerpos de personas mexicanas. 4

Asimismo, el INM señaló que, del 1 de enero al 14 de octubre de 2021, ha brindado atención a 181 mil 64 personas de origen mexicano repatriadas de Estados Unidos y del total de connacionales, que corresponde a 145 mil 274 son hombres y 17 mil 193, mujeres. Mientras que 18 mil 597 eran menores de edad, de los cuales 14 mil 615 iban sin compañía. 5

Por lo expuesto, consideramos que en una justa medida para la difusión de los derechos que asisten a las personas migrantes, las buenas prácticas derivadas de la movilidad de personas y la constante formulación de estrategias para proteger a la comunidad migrante, según la resolución de las Naciones Unidas, este Congreso debería aprobar la inscripción de honor para que sirva de homenaje a las personas migrantes mexicanas, teniendo como deferencia:

• El reconocimiento a su trabajo, esfuerzo, solidaridad y buen ejemplo cívico,

• Su contribución y méritos a la divulgación de la cultura y tradiciones mexicanas,

• Por haber propiciado la integración armónica con otras sociedades,

• Por sus aportaciones económicas y contribuir a la mejora de sus lugares de origen y

• Por el legado de mejores condiciones de vida para las generaciones presentes y futuras.

En atención a lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro la frase “A la Comunidad Mexicana Migrante”

Artículo Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados, la leyenda “A la Comunidad Mexicana Migrante”.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al momento de su aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias definirán la fecha, el orden del día y el protocolo de la sesión solemne que debe llevarse a cabo para cumplir con lo señalado en el artículo único del presente decreto.

Notas

1 Consejo Nacional de Población, Anuario de migración y remesas México 2020.

https://www.gob.mx/conapo/documentos/anuario-de-migracion-y-reme sas-mexico-2020

2 Ídem.

3 Instituto Nacional de Migración, Recuperan Grupos Beta del INM 46 cuerpos de personas migrantes entre enero y agosto de 2021.

https://www.gob.mx/inm/prensa/recuperan-grupos-beta-del-inm-46-c uerpos-de-personas-migrantes-entre-enero-y-agosto-de-2021

4 Ídem.

5 Instituto Nacional de Migración, Atención a 181 mil 64 personas de origen mexicano repatriadas de Estados Unidos.

https://www.gob.mx/inm/prensa/atencion-a-181-mil-64-personas-de- origen-mexicano-repatriadas-de-estados-unidos-285668?idiom=es

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.– Diputadas y diputados: María Elena Serrano Maldonado, Adriana Campos Huirache, Ana Laura Sánchez Velázquez, Ana Laura Valenzuela Sánchez, Ana María Esquivel Arrona, Ana Teresa Aranda Orozco, Berenice Juárez Navarrete, Brasil Alberto Acosta Peña, Carlos Humberto Quintana Martínez, Claudia Gabriela Olvera Higuera, Cristina Amezcua González, Diana María Teresa Lara Carreón, Eduardo Zarzosa Sánchez, Elvia Yolanda Martínez Cosío, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, María Guadalupe Alcántara Rojas, Mariano González Aguirre, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Roberto Carlos López García, Sayonara Vargas Rodríguez, Sue Ellen Bernal Bolnik, Yesenia Galarza Castro (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 18 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un nuevo párrafo sexto y séptimo al artículo 18 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, al tenor de la siguiente

I. Antecedentes

Los espacios públicos son la identidad de la sociedad. En los últimos años se ha replanteado la necesidad de impulsar la participación directa y activa de la ciudadanía en la planeación y construcción de los mismos por medio del establecimiento de los comités ciudadanos de obra pública, lo que brinda seguridad a los habitantes de que los recursos públicos están cubriendo las necesidades colectivas.

Por medio de políticas públicas y los planes de planeación de desarrollo urbano y movilidad se han concretado objetivos de interés clave para la sociedad en el desarrollo de vialidades, puentes, calles, hospitales, escuelas, parques, jardines y, en general, toda aquella obra pública que satisface las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas, con la finalidad de resolver sus necesidades básicas y brindarles un beneficio directo.

Sin embargo, en ocasiones los llamados elefantes blancos o las obras que no han tenido un impacto positivo en el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas se han considerado como actos discrecionales de autoridad, pues existe un derroche injustificado de recursos públicos para que unas cuantas personas se vean beneficiadas únicamente por la asignación de la obra o el denominado moche, sin siquiera tomar en consideración la opinión ciudadana respecto a si determinada obra les beneficia o no.

Actualmente, se está procurando la consulta y participación de las personas para la elaboración de las políticas públicas, legislación y programas que se establezcan a favor de la sociedad, ya que con esta participación activa de la ciudadanía se consigue otorgar legitimidad a esos proyectos y para en el caso de los pueblos y comunidades indígenas, a través diversos criterios jurisdiccionales, se ha determinado la dimensión y relevancia del derecho humano a la consulta previa en todas aquellas medidas administrativas o legislativas de impacto significativo sobre el entorno de dichos grupos, con el propósito de salvaguardar su derecho a la libre determinación, así como de los demás derechos culturales y patrimoniales.

“Registro digital: 2019077

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tesis: XXVII.3o.20 CS (10a.)

Décima Época

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2267

Materia(s): Constitucional

Tipo: Aislada

Derecho humano a la consulta previa a las personas y pueblos indígenas. Su dimensión y relevancia

Las personas y pueblos indígenas, por su particular situación social, económica o política, se han visto históricamente impedidos o limitados en la participación de las decisiones estatales. Por ello, el reconocimiento, promoción y protección de su derecho humano a la consulta previa, contenido en los artículos 2o., apartado B, fracciones II y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, numeral 1, 15, numeral 2, 22, numeral 3, 27, numeral 3 y 28 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, emana de la conciencia y necesidad de abogar de manera especial por los intereses de las poblaciones humanas de base indígena, ligadas a su identidad étnico-cultural, mediante un proceso sistemático de negociación que implique un genuino diálogo con sus representantes. Así, la dimensión y relevancia del derecho indicado, respecto de medidas administrativas o legislativas de impacto significativo sobre el entorno de los grupos mencionados, se erigen también como un mecanismo de equiparación para garantizar su participación en las decisiones políticas que puedan afectarlos, con el propósito de salvaguardar su derecho a la libre determinación, así como los demás culturales y patrimoniales.”

Por otro lado, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos públicos de los que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Asimismo, dicho numeral establece que los resultados de los ejercicios de los recursos públicos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan la federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos de egresos cumpliendo con los principios ya señalados.

De modo tal que es necesario impulsar una mayor participación de los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas, pues es la sociedad en primera instancia la que evalúa con su propio uso, y día tras día, si la obra pública que se encuentra siendo asignada, con cargo al erario público, es realizada de manera eficiente, con eficacia, economía y transparencia, pues es también el pueblo quien se ve afectado cuando alguna obra es deficiente, pues no satisface las necesidades colectivas o, en los peores casos, termina en pérdidas humanas.

II. Consideraciones

La ciudadanía es la única que en realidad conoce sus necesidades, al tener conocimiento directo de su entorno social y de su comunidad, puesto que son los ciudadanos los que recorren a diario las calles, avenidas y pasos peatonales del lugar en el que viven y conviven con sus familias y vecinos, lo que crea un tipo de conexión muy especial con esas obras, por lo que, sin duda alguna, desean que sean más funcionales y seguras.

Una de las formas de democratizar nuestro régimen es integrando a los ciudadanos en la toma de decisiones colectivas y otorgando a la población más mecanismos de control de sus representantes.

Por ello es necesario que se promueva la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y en los procedimientos de asignación de obra pública, pues, como ya fue referido, son los habitantes de las comunidades quienes se ven impactados por la asignación de obras en sus lugares de residencia, haciendo necesario que sean garantes de la vigilancia del debido ejercicio del recurso público.

En algunas entidades federativas ya se tiene conocimiento del establecimiento de los comités de obras públicas a nivel estatal, municipal, o empresas paraestatales o paramunicipales, los cuales se encuentran conformados por comités técnicos resolutivos de la obra pública, así como por observatorios ciudadanos.

Estos comités ciudadanos de la obra pública se encargan de vigilar, monitorear y supervisar que las mismas se realicen correctamente, reportando cualquier anomalía durante los procedimientos de asignación o los desperfectos que pudieran ocurrir durante la ejecución de la obra o al finalizar el proceso de la misma.

En otros casos las legislaciones estatales permiten la incorporación del presupuesto participativo, consistente en que la ciudadanía propone las obras públicas que se consideran prioritarias para el desarrollo de los pueblos y comunidades, por lo que se realiza una asignación de los recursos públicos para los ayuntamientos para la elaboración de dichas obras.

Sin embargo, consideramos que ello no es suficiente para llegar a obtener los resultados que la sociedad requiere, ya que lamentablemente no se les da la atención requerida por las autoridades.

En ese sentido, tratándose de los pueblos y comunidades indígenas, el rezago académico, la falta de oportunidades y la desventaja social en la que se encuentran frente a otros grupos sociales y miembros de la sociedad hacen relevante la obligación del Estado mexicano de desarrollar más y mejores medidas legislativas para mejorar su situación económica, cultural y social.

A su vez, el artículo 2o. de nuestra Carta Magna reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a su libre determinación y, en consecuencia, su autonomía para conservar y mejorar el hábitat. La federación, las entidades federativas y los municipios deben promover la igualdad de las oportunidades a las que tienen acceso los pueblos indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, estableciendo las instituciones y políticas públicas necesarias para garantizar sus derechos, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Asimismo, para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, tienen la obligación de impulsar el desarrollo regional de la zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas, con la participación de las comunidades, y los municipios deben determinar equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

Luego entonces, si el propio texto constitucional estatuye la obligación del Estado mexicano para mejorar e impulsar el desarrollo de las zonas indígenas, es obligación del Poder Legislativo Federal, llevar a cabo las acciones necesarias para que se cumpla con el aludido precepto constitucional, el cual me permito transcribir a continuación:

“Artículo 2o. La nación mexicana es única e indivisible.

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingu?ísticos y de asentamiento físico.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas.

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

B. La federación, las entidades federativas y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI.Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

C. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.”

Nota: El subrayado y marcado es nuestro.

Por su parte, en nuestra legislación federal existen limitados avances para garantizar la participación ciudadana en la elaboración de los estudios, planes y programas para el desarrollo de los proyectos de obra pública, empero, este mecanismo no genera ningún tipo de obligación para las dependencias o entidades que se encarguen de los mismos.

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de conformidad con su artículo 1o., tiene por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de contrataciones de obras públicas, así como los servicios relacionados con las mismas que realicen las unidades administrativas de la Presidencia de la República, las secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos públicos, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo federal.

Sobre este tópico, para que a las entidades federativas, municipios y entes públicos les sea aplicable la ley, las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas debe de ser con cargo total o parcial de recursos públicos, lo cual se termina materializando mediante la firma de los convenios de coordinación cuando se asigna o se reasignan recursos públicos para la construcción o el trabajo de alguna obra pública, lo cual permite a su vez que desde el texto federal se incluya a cierto grado, la participación de pueblos y comunidades indígenas en la vigilancia y evaluación de los recursos públicos y las obras públicas que se destinen en las zonas donde habitan.

Ahora bien, como se señaló anteriormente, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ya prevé en un cierto grado la participación de las personas en los estudios, planes y programas para el desarrollo de los proyectos de obra pública, lo cual se establece en su artículo 18, párrafo quinto, que dice lo siguiente:

“Artículo 18. Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o proyectos, previamente verificarán en sus archivos la existencia de trabajos sobre la materia de que se trate.

En el supuesto de que se advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos de la entidad o dependencia, no procederá? la contratación, con excepción de aquellos trabajos que sean necesarios para su adecuación, actualización o complemento.

Las entidades deberán remitir a su coordinadora de sector una descripción sucinta del objeto de los contratos que en estas materias celebren, así como de sus productos.

Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas sólo se podrán celebrar cuando las áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual deberá justificarse a través del dictamen que para tal efecto emita el titular del área responsable de los trabajos.

Cualquier persona, las entidades federativas y los municipios podrán promover y presentar a consideración de las dependencias y entidades, estudios, planes y programas para el desarrollo de proyectos, debiendo proporcionar la informacio?n suficiente que permita su factibilidad, sin que ello genere derechos u obligaciones a las mismas dependencias y entidades.

Los estudios, planes y programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura de los sectores comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, educación, salud y energético, deberán reunir los requisitos que establezcan, mediante disposiciones de carácter general, las dependencias del sector que corresponda, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Las dependencias y entidades realizarán el análisis de los estudios, planes o programas asociados a proyectos de infraestructura, con el objeto de determinar su viabilidad conforme a las disposiciones referidas en el párrafo anterior, así como su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes.

Asimismo, las dependencias y entidades notificarán al promovente de los estudios, planes o programas a que se refiere el párrafo anterior, su autorización, negativa o, en su caso, las observaciones que formulen en relación a éstos, en un plazo que no excederá de seis meses contado a partir de la fecha de presentación del estudio, plan o programa correspondiente, sin que contra esta determinación proceda recurso alguno. En caso de que las dependencias y entidades no respondan en el término indicado, el estudio, plan o programa presentado se tendrá por rechazado.

Respecto de las propuestas de estudios, planes o programas autorizados, la dependencia o en el caso de entidades, la dependencia coordinadora del sector respectivo evaluara?, dentro de dicho plazo, las condiciones y tiempos para el desarrollo de los estudios complementarios que se requieran, a fin de contar con el proyecto de obra correspondiente.”

Nota: El subrayado es nuestro.

Así pues, en cumplimiento de la normatividad anteriormente descrita, algunas entidades o dependencias de la administración pública federal han elaborado políticas, bases y lineamientos en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas, por ejemplo, las que en su momento emitió la entonces Procuraduría General de la República, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 2012, que a través de su regla 6.1 estableció lo que se indica a continuación:

“Diversos actos relacionados con los procedimientos de contratación

6.1. Área responsable de analizar los estudios, planes y programas presentados por particulares, entidades federativas o municipios.

Cuando los particulares, entidades federativas o municipios, presenten a la Procuraduría estudios, planes y programas para el desarrollo de proyectos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 quinto párrafo de la LOPSRM; serán analizados y revisados por la DP a efecto de determinar su factibilidad, y su posterior consideración dentro del PAOP.

La Procuraduría podrá informar por escrito al particular, entidad federativa o municipio dentro de los noventa días naturales, contabilizados a partir del siguiente día en que haya presentado el estudio o el plan y programa para el desarrollo de proyecto; el resultado de su análisis y revisión.

La recepción, análisis y revisión de los estudios, planes y programas presentados por particulares, entidades federativas o municipios ante la Procuraduría; no generará derechos u obligaciones entre las partes.”

De la literalidad del texto anterior se desprende que los sujetos obligados por la ley, si bien han diseñado las políticas y lineamientos a seguir cuando los particulares presenten planes y programas para el desarrollo de proyectos, en términos del artículo 18, párrafo quinto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, éstas serán analizadas y revisadas para efectos de determinar su factibilidad, dentro del Programa Anual de Obras Públicas, sin embargo, no se advierte mayor participación alguna para el ciudadano que haya presentado el proyecto, en virtud de que la norma, hasta el momento, no lo establece. Por este motivo se considera necesario establecer mecanismos de participación ciudadana para los pueblos y comunidades indígenas, cuando estos sean quienes presenten algún proyecto ante la entidad o dependencia respectiva, puedan vigilar, evaluar y ser garantes del debido ejercicio de los recursos en las obras públicas que habrán de desarrollarse en sus comunidades.

No se debe dar más largas a las demandas y exigencias de la ciudadanía y menos en la consecución de un beneficio en el que toda la sociedad va a resultar favorecida, por lo cual se propone involucrar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en los proyectos que lleguen a asignarse en los municipios o zonas en donde habitan y también en aquellos que hayan propuesto, pues esta medida es necesaria para garantizar sus derechos en la medida que las decisiones políticas pueden afectar sus derechos más básicos, los cuales se encuentran protegidos por la Constitución.

Con lo anterior vamos a reforzar la transparencia, la participación y colaboración de la sociedad en todos los ámbitos de gobierno y a generar nuevas oportunidades de desarrollo, garantizando más crecimiento económico y, lo más importante, mayor seguridad para la sociedad y las familias, puesto que a lo largo del tiempo y en distintas administraciones se han llevado a cabo actos de corrupción, inflamiento de los presupuestos y favoritismos en la asignación y realización de obras públicas en los diferentes niveles de gobierno.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito a someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un nuevo párrafo sexto y séptimo al artículo 18 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Único. Se adiciona un nuevo párrafo sexto y séptimo al artículo 18 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Artículo 18. Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o proyectos, previamente verificarán en sus archivos la existencia de trabajos sobre la materia de que se trate.

(...)

(...)

(...)

Cualquier persona, las entidades federativas y los municipios podrán promover y presentar a consideración de las dependencias y entidades, estudios, planes y programas para el desarrollo de proyectos, debiendo proporcionar la información suficiente que permita su factibilidad, sin que ello genere derechos u obligaciones a las mismas dependencias y entidades.

En el caso de que la persona sea integrante o miembro de una etnia, pueblo o comunidad indígena y el proyecto sea propuesto en algún municipio o zona del que formen parte o habiten, las dependencias y entidades deberán de informar, en breve término y de manera constante, el estatus que guarda el estudio, plan y programa para el desarrollo del proyecto. Si se aprueba el desarrollo del proyecto, las entidades y dependencias deberán de conformar un comité en el que participen integrantes y miembros de la etnia, pueblo o comunidad indígena para que formen parte de la vigilancia, verificación y resolución de la obra pública.

Las dependencias y entidades deberán respetar el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas en la elaboración de los planes, programas y proyectos de obras públicas, con el propósito de que sus integrantes y miembros puedan participar en la asignación o licitación de la obra pública.

Los estudios, planes y programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura de los sectores comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, educación, salud y energético, deberán reunir los requisitos que establezcan, mediante disposiciones de carácter general, las dependencias del sector que corresponda, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Las dependencias y entidades realizarán el análisis de los estudios, planes o programas asociados a proyectos de infraestructura, con el objeto de determinar su viabilidad conforme a las disposiciones referidas en el párrafo anterior, así como su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes.

Asimismo, las dependencias y entidades notificarán al promovente de los estudios, planes o programas a que se refiere el párrafo anterior, su autorización, negativa o, en su caso, las observaciones que formulen en relación a éstos, en un plazo que no excederá de seis meses contado a partir de la fecha de presentación del estudio, plan o programa correspondiente, sin que contra esta determinación proceda recurso alguno. En caso de que las dependencias y entidades no respondan en el término indicado, el estudio, plan o programa presentado se tendrá por rechazado.

Respecto de las propuestas de estudios, planes o programas autorizados, la dependencia o en el caso de entidades, la dependencia coordinadora del sector respectivo evaluara?, dentro de dicho plazo, las condiciones y tiempos para el desarrollo de los estudios complementarios que se requieran, a fin de contar con el proyecto de obra correspondiente.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.– Diputados y diputadas: Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Antonio de Jesús Ramírez Ramos, Elvia Yolanda Martínez Cosío, Fátima Almendra Cruz Peláez, Marco Antonio Natale Gutiérrez, María del Carmen Pinete Vargas, Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente

I. Antecedentes

De conformidad con el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito”; asimismo, el artículo 123 del mismo ordenamiento señala que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”.

El Estado mexicano entendido como el conjunto de instituciones que fueron erigidas en una república democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos, y por la Ciudad de México, el cual ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, tiene el deber de garantizar el libre desarrollo económico lícito del país para que las familias puedan tener un mayor ingreso económico y una mejor calidad de vida.

En ese sentido, una de las mayores actividades económicas en el país lo constituye el de transporte de pasajeros y mercancías por vía terrestre, cobrando especial relevancia el autotransporte de pasajeros en su ámbito local, pues es una actividad que se realiza día a día, intrínseca de la vida social, ya que permite desarrollar las actividades económicas, sociales y culturales que requiere nuestra sociedad.

En relación a ello, en diversas carreteras rurales de la República Mexicana se presta el servicio de pasaje en vehículos tipo combi, automóvil sedan, camioneta (redilas), pick up o de otras especificaciones, que transitan en caminos de jurisdicción federal en tramos no mayores a 30 kilómetros, pues los habitantes colindantes a los tramos o carreteras federales se movilizan por la zona para llegar a sus lugares de trabajo o visitar a sus familiares, sin embargo, existen en ocasiones puntos de descenso y ascenso de pasajeros que exceden el kilometraje establecido en la ley, por lo que los permisionarios u autorizados pueden verse multados por las autoridades o incluso les pueden ser negados sus permisos federales.

Por lo anterior es necesario evidenciar que uno de los problemas que más aqueja a los transportistas rurales en nuestro país se ha agravado por el problema del tránsito por tramos de carreteras federales, ya que al no facilitar los trámites para contar con un permiso son acreedores al pago de multas, y esto llega a tener una gran repercusión en su patrimonio familiar; aunado a que se está ante una incertidumbre jurídica respecto al servicio que prestan a sus comunidades.

Ya en el año 2001 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió el “Acuerdo mediante el cual se crea el Programa Nacional para el Reordenamiento y Regularización de Vehículos Destinados al Autotransporte Federal de Pasajeros y Turismo y de Concesionarios o Permisionarios Estatales que transitan en Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal” teniendo un impacto oportuno en su momento, sin embargo, todavía son muchos los transportistas quienes se ven afectados para prestar sus servicios, pues el endurecimiento de las medidas y requisitos para obtener permisos son cada vez mayores.

II. Consideraciones

Los transportistas rurales son la única alternativa para poder satisfacer las necesidades y demandas que existen para el traslado de personas entre las comunidades rurales, ya que proporcionan un servicio eficiente, al mismo tiempo que ayudan con el desarrollo y fortalecimiento económicos, fomentan el turismo y permiten la consolidación de la comunicación entre pueblos y comunidades aledañas, garantizando un tránsito ágil y seguro por las carreteras.

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal regula en cierto grado el régimen de los caminos, puentes y autotransporte federal, señalado en su artículo 33 que el servicio de autotranporte federal es el de pasajeros, turismo y de carga.

Asimismo, el artículo 41 de dicho ordenamiento jurídico dispone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes expedirá permisos a transportistas autorizados por las autoridades estatales o municipales para el uso de caminos de jurisdicción federal que no excedan de 30 kilómetros y sean requeridos para la operación de sus servicios, en los términos del reglamento respectivo.

Así pues, el artículo 25 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares establece ciertos requisitos para la obtención de permisos que requieran los autotransportistas estatales o municipales que transiten en caminos de jurisdicción federal, condicionándolos a lo siguiente:

1. Que sea complementada la ruta o recorrido autorizado por las autoridades locales;

2. Que la longitud de tramo federal que se pretenda utilizar no exceda de 30 kilómetros, en los que no podrá efectuarse ascenso y descenso de pasaje;

3. Que cuenten con la autorización correspondiente de la entidad federativa para prestar el servicio de autotransporte en caminos estatales o municipales;

4. Que las características y especificaciones técnicas de los vehículos cumplan con los requisitos para la operación del servicio de autotransporte federal; y

5. Que se acrediten que cuentan con póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y, en el caso de pasajeros, con la póliza del seguro del viajero.

En ese orden de ideas, si bien la ley contempla ciertas excepciones para que a los transportistas les sea otorgado el permiso para transitar por carreteras federales, su reglamento condiciona excesivamente dicho permiso, señalando que será otorgado siempre que sean cumplidos los requisitos referidos con antelación, lo cual vulnera la garantía de supremacía de ley, así como el derecho al trabajo y la libre profesión, pues se está impidiendo que un gran número de transportistas se vean impedidos en prestar sus servicios ya que al no cumplir con las condicionantes reglamentarias no se les otorga un permiso para transitar por los tramos federales, afectando sus economías e impidiendo prestar tan importante servicio a sus comunidades.

Ante dicha circunstancia y para evitar una mayor afectación a sus derechos, los particulares transportistas se ven en la necesidad de promover medios de defensa como el juicio de amparo para que se les permita continuar prestando el servicio público de transporte de pasajeros, por lo cual tienen que hacer mayores erogaciones de dinero a las que requieren para la sola obtención de su permiso a nivel estatal o municipal, razón por la que sus economías y patrimonios familiares se ven afectados.

Bajo esa óptica, es indispensable que se dote de seguridad jurídica a los transportistas nacionales, especialmente a aquellos que por su labor brindan el servicio de transporte de pasajeros en los pueblos y comunidades rurales del país, pues estos por su posición especial, ya sea que sus puntos de ascenso o descenso se encuentran en el camino federal, así como los tramos que deben recorrer para llegar a sus destinos son mayores a los establecidos en la norma, violentándose con ello su derecho al trabajo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de este honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Único. Se reforma el artículo 41 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 41. La Secretaría expedirá permiso definitivo a los transportistas autorizados por las autoridades estatales o municipales para el uso de caminos de jurisdicción federal dentro del límite territorial del que dichas autoridades lo hubieren otorgado y sean requeridos para la operación de sus servicios, en los términos del reglamento respectivo.

En todos los casos, los transportistas autorizados por las autoridades estatales o municipales tendrán el derecho que se les otorgue, mediante escrito, un permiso provisional expedido por la Secretaría para usar caminos de jurisdicción federal, siempre y cuando hayan solicitado el permiso definitivo establecido en el párrafo anterior.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2021.– Diputados y diputadas: Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Antonio de Jesús Ramírez Ramos, Elvia Yolanda Martínez Cosío, Fátima Almendra Cruz Peláez, Juan Luis Carrillo Soberanes, Marco Antonio Natale Gutiérrez, María del Carmen Pinete Vargas, Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de Partidos Políticos, en materia de candidaturas jóvenes, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General  de Partidos Políticos en materia de candidaturas jóvenes, al tenor de los siguientes

La participación política-electoral en México es manifestada por medio del voto, el cual se basa principalmente en tres características: las personales, actitudes y valores políticos y el efecto del grupo.

Las personales están basadas en comportamientos que puedan influir dentro de cada individuo como la edad, educación, ingresos, etc.; las de actitudes y valores políticos afectan los índices de participación y está vinculada con la eficacia política interna ya que es la percepción del ciudadano de que sus actos pueden influir en el comportamiento del gobierno; y el efecto del grupo es la convivencia en grupo o asociaciones que pueden afectar las probabilidades de participación política de un individuo.

Tal es el caso del voto de la mujer en México, reconocido en 1953 en los artículos 34 y 115 de nuestra Constitución otorgando plenitud en los derechos ciudadanos de las mujeres mexicanas, en donde actualmente las mujeres ejercen en mayor proporción que los hombres, tal es el caso que en las últimas elecciones de 20172018 el Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estudio muestra sobre participación ciudadana en las elecciones federales 2018, menciona que el 62.3% del electorado que acudió a votar fueron mujeres.

Para el caso de México un Estudio del Inegi estima que existe un estimado de 30.6 millones de personas jóvenes que tienen entre 15 y 29 años, mismos que representan 25.7% de la población. De ese universo, 50.9% son mujeres y 49.1% son hombres.

Un estudio elaborado por la ONU llamado: El progreso de las mujeres en el mundo: en busca de la justicia 2011- 2012, elaborado por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, muestra que la mayor parte de los países que ha reconocido los derechos de las mujeres ante la ley como cuotas de género para aumentar el número de legisladoras, participación en puestos importantes de gobierno, etc., ha tenido mayor participación político-electoral de mujeres; bajo este estudio se muestra que si se aumenta la cantidad de legisladores jóvenes se tendrá mayor participación de ellos en las votaciones.

La convención iberoamericana de los derechos de los jóvenes es el único tratado internacional centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas jóvenes el cual define bajo las expresiones “joven”, “jóvenes” y “juventud” a todas las personas, nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica, comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad, en el se establecen criterios en donde la participación juvenil debe ser importante y considerada por el estado, donde la inclusión de los jóvenes en los quehaceres políticos debe ser un derecho, a continuación, menciono alguno de los artículos que este instrumento internacional garantiza a los jóvenes:

“Artículo 2, la obligación de los estados parte, a reconocer el derecho de todos los jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, y se comprometen a respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales.” 1

Asimismo se menciona en el artículo 21 del mismo tratado:

“Artículo 21. Participación de los jóvenes.

1. Los jóvenes tienen derecho a la participación política.

2. Los Estados Parte se comprometen a impulsar y fortalecer procesos sociales que generen formas y garantías que hagan efectiva la participación de jóvenes de todos los sectores de la sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión.

3. Los Estados Parte promoverán medidas que, de conformidad con la legislación interna de cada país, promuevan e incentiven el ejercicio de los jóvenes a su derecho de inscribirse en agrupaciones políticas, elegir y ser elegidos.

4. Los Estados Parte se comprometen a promover que las instituciones gubernamentales y legislativas fomenten la participación de los jóvenes en la formulación de políticas y leyes referidas a la juventud, articulando los mecanismos adecuados para hacer efectivo el análisis y discusión de las iniciativas de los jóvenes, a través de sus organizaciones y asociaciones.” 2

Por tanto, la participación de las y los jóvenes en la vida política de un país debe ser importante, pero sabemos que actualmente no todos los partidos políticos dan oportunidad a la postulación de los jóvenes a la vida política, realmente han sido pocos los casos donde algún o alguna joven ha ejercido algún cargo público de elección popular.

En el caso de los jóvenes en México en 2018 los jóvenes de entre 18 y 29 años representaban el 29.1% del total de la población, siendo el grupo de edad más amplio, pero también el más desinteresado en participar, sin embargo, en las elecciones 2018 el 47% de los votos que obtuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador fue de personas de entre 18 y 35 años de edad, por lo que la participación político-electoral de los jóvenes en esta elección fue histórica, si comparamos los comportamientos de votación en elecciones anteriores.

Lo que hace visible que la participación de los jóvenes tiene un peso muy importante en el rumbo de la política nacional y local, con sus acciones y aportaciones, ya que proporcionan otro punto de vista para generar cambios, romper paradigmas y así garantizar, exigir y hacer justica a sus derechos.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hacen mención que los jóvenes en México son los líderes del cambio por su participación en la construcción de ciudadanía y el fortalecimiento de las competencias de jóvenes para su incidencia en políticas públicas, además de presentar proyectos que resuelven problemas en sus comunidades; además de que la participación juvenil en las políticas públicas forma una parte importante de la Agenda 2030, específicamente en el objetivo 16 en donde se promueve la construcción de una ciudadanía que participe y se interese en lo público, que demande cuentas y buen desempeño de sus representantes y que sean parte de la solución. 3

Tan solo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 55 fracción II, se especifica la edad para poder ser diputado federal, que a la letra dice:

“Artículo 55. Para ser diputado se requiere:

I. ...

II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;

III. al VII. ...” 4

Y en el artículo 58 se especifica los requisitos para ser Senador, que a la letra dice:

“Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección.” 5

Podemos observar que nuestra Constitución es un claro ejemplo de que de cómo se contemplan a los jóvenes para la participación en elecciones de cargos públicos, debido a que establece un mínimo de edad como requisito para ser un legislador lo que permite que jóvenes de entre 21 y 25 años y hasta los 29 años puedan participar, además se debe de tomar en cuenta que de los 126,014,024 6 personas que vivimos en México, los jóvenes representan más del 24% del total de la población, en la siguiente tabla se muestra la cantidad de jóvenes que hay en el país según el rango de edad:

*Tabla obtenida de la página del Inegi

Los partidos políticos cuentan con una representación de jóvenes con la creación de las Secretarias de la juventud, que llevan acciones encaminadas a su fortalecimiento y como base de cuadros políticos de los partidos, además de ser el apoyo logístico en las campañas electorales, sin embargo, se debe hacer un esfuerzo para incorporar a los jóvenes al sector público, ya sea en puestos de la administración pública, así? como en las Cámaras de Diputados Locales, en la Federal y en Senado de la República, la cual ha sido limitada a pesar de que en los estatutos de los partidos se menciona que las personas jóvenes tendrán las mismas posibilidades de acceder y colocarse en las boletas y elecciones internas de los partidos, si a los partidos políticos se les asigna un presupuesto para la preparación de cuadros jóvenes, ¿por que? no se abre el espacio para puestos directivos internos?

Como podemos observar en la siguiente tabla se va reduciendo la participación de los jóvenes desde su participación en los partidos políticos, en la participación global hasta llegar a 0 en la toma de decisiones, lo que implica que no son tomados en cuenta para puestos importantes.

*Tabla obtenida de Índice Nacional de Participación Juvenil 2017-2018

Tal es el caso de que en las elecciones de 2018 de los 2, 919 candidatos para el Congreso de la Unión, solo 545 eran jóvenes menores de 30 años, en donde 28 lograron obtener un espacio como legislador, por lo que solo se tuvo una representación de jóvenes del 18.67%.

Para las elecciones de 2021 el INE registro solo 1,312 candidaturas jóvenes que cubrían el rango de edad de 21 a 29 años de edad, el mayor número de candidaturas fue el del rango de edad de 30 a 40 años, a saber:

*Tabla obtenida de la Pagina del INE

Existen varios estados en el país en donde ya se encuentra regulado la proporción 7 de los jóvenes para su representación en las leyes, tal es el caso de los siguientes estados:

Como podemos observar en la tabla anterior 6 entidades federativas son las que están tomando en cuenta la inclusión de los jóvenes en la vida política, por lo que el hecho de no incluirlos en las leyes Generales parece una discriminación al ser ellos un gran porcentaje de nuestros votantes, y una cuarta parte de nuestra población.

Se debe de tomar en cuenta que los jóvenes son los que están innovando la forma de participación ya que actualmente es por medio de la tecnología, ya que gustan del intercambio entre iguales, son defensores del código abierto y el software libre, se coordinan en línea con otras personas para evaluar reputación, confianza y credibilidad del otro interlocutor lo que hace establecer nuevas formas de relacionarse con la política y participar en ella.

Por último, en esta iniciativa también propongo que en el artículo 232 numeral 3, se hace la reforma al nombre de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ya que con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México promulgada el 5 de febrero de 2017, cambia al nombre al de Congreso de la Ciudad de México.

Por los motivos anteriormente expuestos someto a consideración de este pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 7, numeral 1, 14, numeral 4, 232, numerales 3 y 4, y 364, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 25, inciso r), de la Ley General de Partidos Políticos

Artículo Primero. Se reforman los artículos 7, 14, 232 y 364 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 7. ...  

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los

Ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres, así como un porcentaje mínimo de 30% en candidaturas jóvenes de 18 a 29 años de edad de titulares y suplentes para tener acceso a cargos de elección popular.

2. ...

3. ...

4. ...

Artículo 14. ...

1. ...

2. ...

3. ...

4. En las listas a que se refieren los párrafos anteriores, los partidos políticos señalarán el orden en que deban aparecer las fórmulas de candidatos. En las fórmulas para senadores y diputados, tanto en el caso de mayoría relativa, como de representación proporcional, los partidos políticos deberán integrarlas por personas del mismo género, respetando la paridad de género y el porcentaje de jóvenes.

5. ...

Artículo 232. ...

1. ...

2. ...

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, así como la participación de jóvenes entre los 18 y 29 años de edad con el mínimo de 30% de fórmulas jóvenes, en la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y del Congreso de la Ciudad de México.

4. El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas, así como rechazar el registro de candidaturas hasta que se cumpla con el mínimo de 30% de fórmulas de jóvenes. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros.

5. ...

Artículo 364. ...

1. Las fórmulas de candidatos para el cargo de senador, deberán estar integradas de manera alternada por personas de género distinto, verificando que se cumpla con el porcentaje mínimo del 30% de fórmulas de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 25, inciso r), de la Ley General de Partidos Políticos.

Ley General de Partidos Políticos

Artículo 25. ...

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

e) ...

f) ...

g) ...

h) ...

i) ...

j) ...

k) ...

l) ...

m) ...

n) ...

o) ...

p) ...

q) ...

r) Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales ; así como la participación de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad con el mínimo de 30% de fórmulas.

s) ...

t) ...

u) ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, Tratado Internacional de Derechos de la Juventud. Organismo Internacional de Juventud.

2 Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, Tratado Internacional de Derechos de la Juventud. Organismo Internacional de Juventud.

3 En México, los jóvenes sin líderes del cambio, PNUD, 2017

4 Artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

5 Artículo 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

6 Cifra obtenida de la Página del Inegi:

https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/#Informacion_general

Bibliografía

- Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, Tratado Internacional de Derechos de la Juventud. Organismo Internacional de Juventud. Recuperado de:

https://oij.org/wpcontent/uploads/2017/01/Convenci%C3%B3n.pdf

- Página Oficial del Inegi,

https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/#Tabulados

- En México, los jóvenes sin líderes del cambio, Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo, 2017 Recuperado de:

https://www1.undp.org/content/undp/es/home/ourwork/ourstories/en -mexico–los-jovenes-sonlideres-del-cambio.html

- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

- Ley General de Partidos Políticos

- Somuano, María Fernanda. Los efectos del capital social sobre la participación política en México (Política y Gobierno, Desafíos de la Política Mexicana, Volumen Temático 2013)

- ONU Mujeres, Participación política de las mujeres en México, a 60 años del reconocimiento al voto femenino (ONU Mujeres México, 2013)

- INE, Número 217. En el Proceso electoral 2017-2018 votaron más mujeres que hombres (2019)

- Coordinadores Álvaro Martín, Adolfo y Rubio, Rafael. Jóvenes y generación 2020. Revista de Estudios de Juventud 108 (Injuve, 2015)

- Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos. Juventudes, agenciamiento y ciudadanía

(Instituto Electoral de la Ciudad de México, 2019)

- Ollin Jóvenes en Movimiento A.C. Índice Nacional de Participación Juvenil 2017-2018 (2018)

- Candidaturas 2021, Pagina Oficial del INE,

https://candidaturas.ine.mx/

- Código Electoral del Estado de Colima

- Código de Instituciones y procedimientos Electorales de la Ciudad de México

- Ley Electoral del Estado de Querétaro

- Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo

- Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí

- Ley Numero 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero

- Página oficial del Congreso de la Ciudad de México:

https://www.congresocdmx.gob.mx/historia101-1.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.– Diputadas y diputados: Margarita García García, Armando Corona Arvizu, Bernardo Ríos Cheno, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Román Ávila, Martha Azucena Camacho Reynoso, Martha Robles Ortiz, Olegaria Carrazco Macías, Susana Cano González (rúbricas).»

«Iniciativa que expide la Ley General de Comunicación Social y Publicidad Oficial, Reglamentaria del Artículo 134, Párrafo Octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y deroga el numeral 5 del artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del PRD

Ana Cecilia Luisa Gabriela Sodi Miranda, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en el ejercicio de la facultad que conferida en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo sexto y se adiciona un séptimo párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Planteamiento del problema

Los animales de compañía han tomado particular relevancia a partir de las medidas de confinamiento por la pandemia de covid-19, principalmente para las personas que viven solas. En ese sentido, además de realizar una campaña intensiva de concientización para prevenir el abandono, el Estado debe auxiliar a las personas, organizaciones, fundaciones e instituciones que se dedican al rescate urbano y a la manutención de albergues en donde son resguardados, a partir de la conformación de un registro nacional que permita conocer no sólo cuántos existen, sino establecer un control en la calidad de la atención que reciben, además de proveerlos de alimentos y la atención veterinaria indispensable, en los casos en que sea necesario.

Argumentación

A pesar de que 7 de cada 10 hogares tiene una mascota, México es el país con más animales en situación de calle de toda América Latina, con un promedio de 500 mil animales sin hogar cada año. Lo anterior se agudizó con la crisis pandémica por covid que incrementó en 15 por ciento el abandono de perros y gatos, lo cual supone un problema sanitario para muchas ciudades, en dónde la proliferación de estos animales, su reproducción indiscriminada, la falta de limpieza y sus enfermedades, pueden provocar verdaderas crisis para sus habitantes.

Es importante señalar que la vida promedio en un hogar para un animal de compañía, en nuestro país, difícilmente supera los seis meses, antes de ser arrojados a las calles, expuestos al hambre, a las enfermedades y a la violencia de las personas. Muchos de estos animales son comprados de manera irregular, a partir de la explotación reproductiva y el abuso por parte de sus dueños. Otros tantos, de manera irresponsable, simplemente son abandonados debido a la falta de compromiso de sus dueños.

Por ello, debemos hacer énfasis en que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, debe redoblar sus esfuerzos para implementar políticas que fomenten la tenencia responsable y eviten la explotación y el abandono. Adicionalmente, para el rescate de los que son abandonados, particularmente en las zonas urbanas, existen organizaciones de la sociedad civil, personas físicas y morales, así como instituciones y dependencias que se dedican a su recuperación, brindándoles protección, atención veterinaria y alimento, en muchos casos, con grandes dificultades ya que muchos de ellos no cuentan con ningún tipo de apoyo ni gubernamental ni privado.

En los albergues, los perros y gatos deben encontrar la estimulación apropiada, a través de las actividades adecuadas, para evitar el aburrimiento, el deterioro de la salud y las conductas negativas, la ansiedad, el estrés y la agresividad. No sabemos a ciencia cierta cuántos albergues para animales existen, cómo se mantienen y es normalmente por redes sociales que nos enteramos de la falta de alimento o de la necesidad de atención veterinaria. Aunque los esfuerzos institucionales son importantes, esta es una de las actividades en las que las dificultades superan con mucho la capacidad de las dependencias gubernamentales y es por ello que la sociedad civil, como en muchos otros casos, ha debido poner manos a la obra.

Si bien es cierto que hemos avanzado en la tipificación penal del maltrato animal y en garantizar el diseño e implementación de políticas públicas destinadas a la regulación sobre trato digno y respetuoso para con los animales, resulta indispensable cerrar el círculo virtuoso de las políticas públicas, conociendo cuál es la situación de las personas y organizaciones civiles que se dedican al rescate urbano de animales en situación de calle y establecer los mecanismos de apoyo por parte de los gobiernos de los tres niveles de gobierno.

Es por ello que, como parte de las políticas de protección al ambiente y a la vida animal, en esta reserva proponemos la conformación de un Registro Nacional de Albergues para Animales en Situación de Calle, con el objeto de generar un instrumento para que el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales, coadyuven con estas organizaciones a fin de dotarlas de alimento y atención veterinaria básica, vacunación y desparasitación en caso de que lo requieran y ejerzan una supervisión que evite que, con el pretexto del rescate, los animales vuelvan a ser objeto de abuso o explotación.

En el Grupo Parlamentario del PRD nos encontramos convencidas y convencidos de que, como humanidad, tenemos la alta responsabilidad de restaurar la armonía en nuestra convivencia con los animales y el medio ambiente y para ello debemos tomar conciencia de la gran responsabilidad social que esto implica. “La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que se trata a sus animales”, decía Gandhi ,y en la alianza Va por México aspiramos a construir un país mejor para todas y todos, incluyendo a los animales de compañía.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo sexto y se adiciona un séptimo párrafo al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Único. Se reforma el párrafo sexto y se adiciona un séptimo párrafo, recorriéndose el subsiguiente, al artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 87 Bis 2.- ...

...

...

...

...

Las entidades federativas en coordinación con los municipios o, en su caso, las Alcaldías de la Ciudad de México, garantizarán la esterilización gratuita de animales, y su trato digno y respetuoso en los centros de control animal, estableciendo las sanciones correspondientes para todo aquel que maltrate a los animales.

La federación, en coordinación con las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, conformarán el Registro Nacional de Albergues para Animales en Situación de Calle, que contendrá, como mínimo, los siguientes datos:

a) Persona física responsable;

b) Capacidad física del albergue y población animal beneficiada;

c) Método de financiación de sus actividades;

d) Si cuentan con atención veterinaria fija.

En los casos en que no se cuente con un financiamiento regular o las necesidades de los animales superen el financiamiento, los gobiernos deberán proveer, en especie, alimento, vacunas, desparasitación y atención veterinaria para los animales. Adicionalmente, deberán supervisar que los animales albergados, cuenten con las condiciones adecuadas para su desarrollo y sean tratados de manera digna y respetuosa.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México contarán con un plazo de 180 días para la creación del Registro Nacional de Albergues para Animales en Situación de Calle y para emitir las reglas de operación para el suministro del apoyo en especie para los albergues que lo requieran y cumplan con lo establecido en ellas, para lo cual deberán proveer los recursos financieros que sea necesario para dar cumplimiento al presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.– Diputadas y diputados: Ana Cecilia Luisa Gabriela Sodi Miranda, Alfredo Aurelio González Cruz, Ana Laura Huerta Valdovinos, Ana Laura Valenzuela Sánchez, Ana María Esquivel Arrona, Ana Teresa Aranda Orozco, Ángel Domínguez Escobar, Berenice Montes Estrada, Bernardo Ríos Cheno, Claudia Gabriela Olvera Higuera, Cristina Amezcua González, Diana María Teresa Lara Carreón, Elizabeth Pérez Valdez, Elvia Yolanda Martínez Cosío, Enrique Godínez del Río, Fátima Almendra Cruz Peláez, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Julieta Mejía Ibáñez, Marco Antonio Natale Gutiérrez, María Eugenia Hernández Pérez, María Leticia Chávez Pérez, María Macarena Chávez Flores, María Teresa Castell de Oro Palacios, Martha Robles Ortiz, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Rocío Alexis Gamiño García, Salomón Chertorivski Woldenberg, Sayonara Vargas Rodríguez, Sergio Barrera Sepúlveda, Sue Ellen Bernal Bolnik, Wendy González Urrutia, Xavier González Zirión, Yesenia Galarza Castro, Yolanda de la Torre Valdez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 381 Ter del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Claudia Tello Espinosa, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Claudia Tello Espinosa, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 381 Ter del Código Penal Federal, a fin de que se estipule como delito de abigeato el comerciar, ser intermediario, poseer, transportar, ministrar o adquirir uno o más animales en pie o sacrificados, o parte de ellos, de las especies mencionadas en el presente artículo, a sabiendas de su ilícita procedencia.

Una de las metas que se ha planteado el gobierno federal es reducir la inseguridad en México, es de resaltar que un 75% de la población mayor de 18 años reporto en 2021 tener la sensación de inseguridad en su Estado, la menor cifra desde 2018, esto lo ha informado el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi). 1  Detrás de esta mejora, hay una reducción en el número de personas que se declararon víctimas de un delito, de 22 millones en 2019 a 21 millones en el 2020, justo cuando la pandemia impuso restricciones en cuestiones de movilidad. Pese a estos avances, la impunidad se ha acrecentado. Un 93% de los delitos no se denuncian o no resultan en una carpeta de investigación.

La seguridad se mantiene como la principal preocupación de los mexicanos. Un 59% la considera el problema más importante, seguida del desempleo y la salud, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), que se recoge de forma anual.

Uno de estos delitos es el robo, mismo que tiene varias vertientes, una de ellas es el robo de ganado o el abigeato, que daña profundamente la economía de nuestro campo mexicano, ya que al sustraer las especies como bovina, caballar, asnal, mular, ovina, caprina, porcina o una colonia de abejas, se está afectando de forma directa al campo nacional, ya que se hace el daño directo con el ganadero, dejándolo sin su propiedad y sin su sustento laboral.

El sector pecuario constituye, sin lugar a dudas, un eje y tema estratégico en la actividad agroalimentaria del país. Una muestra es el sector lechero, el cual produce anualmente 12 millones de litros de leche; para hacerlo cuenta con 250 mil unidades de producción, creándose más de 1 millón de empleos directos con un factor multiplicador de 1.78.

Por otro lado, la carne en sus diferentes presentaciones, es un alimento, vital, básico y preponderante para la alimentación de todos los mexicanos, ya que reditúa en, mención aparte de su aporte al organismo, un factor económicamente fundamental en el sistema económico mexicano, tanto por su generación en el mercado interno como externo, generando divisas gracias a las exportaciones.

El abigeato no solo es una amenaza para quienes laboran en el campo o centros de engorda, los transportistas también padecen este delito, pues este ilícito también se comete en tránsito, cuando el ganado es transportado de una ciudad a otra.

Suele acontecer que este delito se maneja de diversas formas unas de ellas es su transporte, para movilidad de las especies, es necesario poder mover de un lugar a otro el producto del hurto, y en muchas ocasiones la persona que sustrae el producto del abigeato, necesita un cómplice para esta movilización, convirtiendo en coautor, pero va más allá, ya que esté al ver que no es acusado del robo solo como participe, recurre en diversas ocasiones a la misma actividad como transportista.

Otras de las actividades es el ser intermediario con recursos o productos de abigeato, muchas veces no es el autor material, no lo transporta, pero se presta como intermediario o tercero para desarrollar y culminar el delito, entendiendo que es una cadena de complicidad, es importante estipular que el ser intermediario para el delito de abigeato también debe de considerarse como tal, todo lo anterior a sabiendas y con pleno conocimiento de que el producto viene de una acción ilícita como el hurto.

En otra vertiente, y es de aclarar que es posible que no sea como tal intermediario para una negociación, pero si posea, tenga o goce del producto del abigeato, como resguardar bajo su tutela el ganado robado, estipular que el poseer productos de esta índole como delito y equipararlo al delito de abigeato es ayudar a la norma jurídica para su cumplimiento, es por eso que entre los supuestos se propone el de poseer, entendido esto como tener algo en su poder.

De igual manera la siguiente acción de inclusión en el párrafo es ministrar (dar o suministrar), el otorgar y tener decisión de hacerlo sin ser propietario legal, se debe de asentar en el artículo del Código Penal Federal, a razón de que si bien es cierto que para dar hay que poseer, esta acción se puede realizar no siempre con sentido de posesión sino como una acción de indicación, por ejemplo, se señala que se le otorga ciertas especies, mismas que están estipuladas en el artículo que se reforma, y la persona acude por el producto y comete el abigeato, con conocimiento de su ilícita acción, esta acción de indicar dar o como se propone, ministrar, también es una variante de este ilícito.

Cabe resaltar que una de los actos y consecuencia de acciones ilícitas siempre será el sacar provecho de algún modo de las conductas delictivas, es por eso que sin menoscabo de las anteriores acciones se plantea de igual manera y con el fin de abarcar cualquiera omisión de acción intrínseca en este delito, pero no estipulada en el párrafo, el aprovechar o sacar provecho del abigeato; precisamente es por eso que se plantea incluir esta definición.

Por último, el adquirir un bien de ilícita procedencia es de suma importancia y ya está estipulado en nuestro Código Penal Federal, sin embargo, es de suma importancia adicionarlo en el delito de abigeato, pues es una práctica común cuando se incurre en esta práctica.

Cabe aclarar que todas las acciones mencionadas en los párrafos anteriores tienen que tener una característica fundamental, la persona que las ejecute, tiene que tener conocimiento de su ilícita procedencia, es decir, todo a sabiendas que está incurriendo en un delito.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de las diputadas y los diputados de esta LXV Legislatura el siguiente proyecto de

Único. Se reforma el párrafo cuarto del artículo 381 Ter del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 381 Ter. Comete el delito de abigeato, quien por si o...

...

...

Se equiparará al delito de abigeato y se sancionará con la misma pena que éste, el sacrificio de ganado sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, el comerciar, ser intermediario, poseer, transportar, ministrar, aprovechar o adquirir uno o más animales en pie o sacrificados, o parte de ellos, de las especies mencionadas en el presente artículo, a sabiendas de su ilícita procedencia.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1. https://www.inegi.org.mx/temas/averiguaciones/ consultada el día 26 de octubre del 2021

Palacio Legislativo, a 17 de noviembre de 2021.– Diputadas y diputados: Claudia Tello Espinosa, Alfredo Aurelio González Cruz, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Ángel Domínguez Escobar, Armando Corona Arvizu, Bernardo Ríos Cheno, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Gabriela Martínez Espinoza, Juan Ángel Bautista Bravo, Karla Estrella Díaz García, Leonel Godoy Rangel, Lidia Pérez Bárcenas, María Guadalupe Román Ávila, Martha Azucena Camacho Reynoso, Martha Robles Ortíz, Olegaria Carrazco Macías, Olga Juliana Elizondo Guerra, Otoniel García Montiel, Sandra Simey Olvera Bautista, Susana Cano González (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Navor Alberto Rojas Mancera, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal Navor Alberto Rojas Mancera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

El artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los requisitos para ser diputado y, de manera indirecta, para ser senador. La fracción IV prevé como requisito que la persona que desee fungir como representante o legislador no tendrá que estar en servicio activo en el Ejercito Federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos 90 días antes de esta.

Como puede observarse, el requisito en comento se trata de una restricción de ejercer un cargo público o de elección popular que gira en torno a la participación de las personas en instituciones u organizaciones dedicadas primordialmente a temas de seguridad pública y defensa nacional.

En el año 2019, se creo la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyo objetivo principal es ejecutar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y de las entidades federativas, en caso de mediar convenio.

La Guardia Nacional cumple funciones propias de cuerpos de seguridad como las policías, por lo que en este supuesto debe privilegiarse el trato equitativo entre los integrantes de organizaciones cuya principal función es salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas.

Por ello, es que resulta conveniente que en la fracción IV del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también se prevea lo correspondiente a la Guardia Nacional. Con esto, se actualiza el requisito en cuestión y se veda la posibilidad de dar un trato desigual a personas que comparten situaciones esencialmente idénticas.

A fin de otorgar mayor claridad, se procede a hacer el comparativo correspondiente entre el texto vigente y el propuesto:

Es importante mencionar que la fracción en cuestión no ha sido reformada y/o actualizada de forma alguna desde la publicación original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, por lo que resulta conducente hacer una modificación para que atienda las circunstancias actuales de nuestro país.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma la fracción IV del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 55. Para ser diputado se requiere:

(...)

IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía, guardia nacional o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella.

(...)

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Ciudad de México, a los 28 días del mes de septiembre de 2021.– Diputados y diputadas: Navor Alberto Rojas Mancera, Otoniel García Montiel, Martha Robles Ortíz, María Eugenia Hernández Pérez, Lidia Pérez Bárcenas, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos contra el patrimonio de las personas, suscrita por el diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados, LXV Legislatura, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos contra el patrimonio de las personas, a cargo del diputado Luis Mendoza Acevedo, y suscrita por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al tenor de lo siguiente:

La Ciudad de México es una de las entidades con mayor densidad poblacional y una de las que más carpetas de investigación inicia con relación a delitos cometidos. Tan solo en agosto del 2021 se abrieron 19 mil 116 carpetas de investigación, con un promedio diario de 616.6.

En la alcaldía Benito Juárez de mil 407 delitos registrados, 932 fueron delitos contra el patrimonio, siendo la cuarta alcaldía con mayor incidencia en este rubro. 1

De acuerdo con el portal: https://delitosmexico.onc.org.mx, en la alcaldía Benito Juárez los delitos con mayor tasa por cada 100 mil habitantes en agosto de 2021 fueron:

En total de los 19 mil 116 delitos cometidos en la Ciudad de México en agosto 2021, 10 mil 608 fueron en contra del patrimonio de las personas, es decir 55.49 por ciento.

Si bien en marzo de 2021 la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México reportó una disminución de 45.8 por ciento de los delitos de alto impacto, es necesario generar acciones conjuntas que incluyan la prevención y castigo de la comisión de los delitos de alto impacto, dada la distribución e incidencia que tienen.

Fuente: https://www.jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/ nota/disminuyen-458-delitos-de-alto-impacto-en-la-ciudad-de-mexico-de-marzo-de- 2019-marzo-de-2021

Con estas cifras se observan los delitos de alto impacto, que en su mayoría corresponden a afectaciones al patrimonio de las personas. 14 de los 17 delitos de alto impacto son robo, por lo que a pesar de su reducción, se requiere de mecanismos que inhiban la comisión de delitos.

La intención de la presente propuesta es incrementar las penas relativas a los delitos de alto impacto, especialmente los que afectan el patrimonio de las personas, como robo a transeunte, a vehículos y robo a casa habitación entre otros.

Las modificaciones propuestas se pueden observar en la siguiente tabla:

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXV Legislatura, la aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delitos contra el patrimonio de las personas

Primero. Se reforman los artículos 370, 376 Bis y 381 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Código Penal Federal

(...)

Artículo 370. Cuando el valor de lo robado no exceda de cien veces el salario, se impondrá hasta tres años de prisión y multa hasta de cien veces el salario.

Cuando exceda de cien veces el salario, pero no de quinientas, la sanción será de tres a cinco años de prisión y multa de cien hasta doscientas veces el salario.

Cuando exceda de quinientas veces el salario, la sanción será de seis a doce años de prisión y multa de doscientos cincuenta hasta seiscientas veces el salario.

(...)

Artículo 376 Bis. Cuando el objeto robado sea un vehículo automotor terrestre que sea objeto de registro conforme a la ley de la materia, con excepción de las motocicletas, la pena será de nueve a quince años de prisión y de dos mil a dos mil quinientos días multa.

(...)

Artículo 381 Bis. Sin perjuicio de las sanciones que de acuerdo con los artículos 370, 371 y 372 deben imponerse, se aplicarán de treinta días a quince años de prisión al que robe en edificios, viviendas, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para habitación, comprendiéndose en esta denominación no sólo los que estén fijos en la tierra, sino también los móviles, sea cual fuere la materia de que estén construidos, así como en aquellos lugares o establecimientos destinados a actividades comerciales.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en la presente ley.

Notas

1 https://www.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/Esta./2021/boletin-estadistico-ago sto-2021.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre del 2021.– Diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Mariano González Aguirre, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Mariano González Aguirre, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para reglamentar la estructura de financiamiento público al Sistema Nacional de Investigadores, con base en la siguiente:

A la par de que el gobierno federal 2018-2024 ha iniciado nuevos y costosos programas de apoyos monetarios directos, también ha abandonado la creación y manutención de fuentes de ingreso en el país. 1 Esta inercia, conducida a través de la reorganización de los recursos públicos ha generado daños permanentes a sectores esenciales de larga trayectoria, agravando las condiciones de desamparo durante la pandemia por covid-19.

En el caso del sector de ciencia y tecnología, la política gubernamental de austeridad ha lastimado el desempeño de las funciones y la certidumbre para su desarrollo. 2 En particular, la reducción en la asignación de fondos directos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a través de la extinción de sus fideicomisos, y la reorganización al interior del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), impactando en los salarios de todas y todos sus miembros.

El Sistema Nacional de Investigadores fue creado en 1984 como una política de respuesta auxiliar para reinstaurar los salarios de los docentes académicos en el sector público e incentivar la producción de conocimiento. Cuatro años después, en 1988, esto se modificó para que las investigadoras y los investigadores de universidades privadas también pudieran participar, ampliando y cubriendo los estímulos económicos correspondientes, evolucionando hasta que finalmente en 2014 se ratificó la capacidad que tendría para cubrir la totalidad de los gastos de investigación. 3 Estos ingresos se han destacado por ser totalmente independientes de las percepciones de las y los investigadores, pero respaldando el avance y la producción del conocimiento en el país. 4

En los últimos 30 años, los reglamentos del Sistema Nacional de Investigadores han sido modificados en varias ocasiones para renovar los marcos de actuación de su liderazgo y ajustar los canales para lograr la rendición de cuentas. Esto, hasta meses recientes, habría fungido como un método de gobernanza dentro del sector para escuchar a los involucrados en el perfeccionamiento de los marcos normativos, generando legitimidad y democracia organizativa.

Gracias a ello, hasta 2020, la cobertura de miembros del Sistema se reportaba en poco más de 33 mil personas en todo el país, entre sus cinco niveles. Al respecto, hasta el último año se reportaba que el 26.3% de los miembros investigadores se encontraban ubicados como candidatos, 51.5 por ciento en el nivel 1 y el resto en las categorías 2 y 3. 5

En el SNI existen cinco categorías, mismas que marcan la distribución de los apoyos económicos. La primera, es la de candidato a investigador nacional, donde reciben aproximadamente 7 mil pesos mensuales; la segunda es Investigador Nacional Nivel I, donde los miembros reciben más de 14 mil pesos al mes; la tercera es Investigador Nacional Nivel II, donde reciben 18 mil pesos mensuales; la cuarta es Investigador Nacional Nivel III y eméritos, donde se transfieren más de 32 mil pesos mensuales; la quinta aplica para las y los investigadores adscritos a alguna institución ubicada fuera de la Ciudad de México para fomentar la producción regional. Cabe destacar que, aunado a estas distinciones, el SNI puede o no otorgar estímulos económicos de entre cuatro y quince salarios mínimos mensuales, con la condición de que los investigadores mantengan un contrato vigente con alguna institución de educación superior. 6

En este contexto, es pertinente destacar que el Sistema Nacional de Investigadores es el único mecanismo que integra a nivel nacional profesiones atomizadas en el país. A diferencia de las rectorías o direcciones de instituciones de educación superior agrupadas en organizaciones o asociaciones nacionales, en el SNI los investigadores y científicos se adscriben a categorías socio-profesionales que se tipifican de la siguiente manera: I, para físico matemáticas y ciencias de la tierra, II para biología y química, III para medicina y ciencias de la salud, IV para humanidades y ciencias de la conducta, V para las ciencias sociales, VI para la biotecnología y ciencias agropecuarias y VII para ingeniería. 7

De igual forma, es conveniente destacar que, aunque a la fecha se reportan alrededor de 33 mil personas en el sistema, fue durante el periodo de su creación y hasta 2016 cuando el número de investigadores reportó el mayor crecimiento, con un promedio anual de 650 nuevos miembros. Esto, sin embargo, no está determinado por reglamentos, sino por política interna. 8

En el mundo, existen organismos similares al SNI para apoyar la producción del conocimiento y la continuidad de la educación y desarrollo. En Estados Unidos, existe la American Association for the Advancement of Science (AAAS por sus siglas en inglés), para desempeñar esta tarea. En el Reino Unido, The Royal Society es un pilar importante para la producción de conocimiento. Asimismo, en Chile se registran varios organismos de este tipo, tales como la Sociedad Chilena de Física y la Sociedad Chilena de Educación Científica, las cuales se encargan de incentivar, financiar y habilitar la labor científica. 9

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la inversión en conocimiento, investigación y desarrollo a nivel mundial se mide en dólares de paridad de poder adquisitivo (PPA por sus siglas en inglés) para observar su incidencia. Con esto, se ha observado que en países como Japón, que ostenta el primer lugar de porcentaje de PIB invertido, gasta alrededor de 3.4  por ciento en el sector, lo equivalente a 169 mil 554 millones de dólares en PPA. En esta misma medición, Estados Unidos también se destaca por invertir alrededor del 2.7 por ciento, traducido en 476 mil 459 millones de dólares PPA.

En nuestro país, pese al nivel de profesionalización del SNI, lo que nos separa de estos órganos internacionales es la disposición presupuestal y la mejora interna. Nuestra producción en ciencia y tecnología sigue siendo baja en comparación con la de países similares, y aún más baja en comparación con la de países que lideran el mundo por su autosuficiencia. Según datos de Nexos, la producción científica de México por 100 mil habitantes es diez veces menor que la de Portugal, y entre 15 y 25 veces menor que la de Suiza, Suecia, Holanda, Dinamarca, Australia o Singapur. 10

El artículo 25 de la Ley General de Educación, 11 señala que es responsabilidad del Estado mexicano invertir como mínimo 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) en materia educativa, del cual, al menos 1 por ciento se debe dirigir a los rubros de investigación científica y el desarrollo tecnológico. Sin embargo, de acuerdo con distintos análisis esta meta no ha sido alcanzada en los últimos 15 años o más, generando un déficit nacional que ha colocado en desventaja al sector frente a otros referentes internacionales, y afectando a la comunidad científica mexicana.

Sobresale que hasta el 2014, los fondos invertidos en el sector oscilaron entre 0.2 por ciento y el 0.3 por ciento del PIB, pero a partir de 2014 y 2015 se registró un repunte importante que llevó la inversión hasta el hasta 1.5 por ciento. Esta tendencia se mantuvo durante cinco años, hasta que la administración federal decidió etiquetar menos recursos, registrando apenas una asignación del .4 por ciento del PIB para la producción académica y científica, logrando representar apenas un monto de 49 mil 390 millones de pesos. Este número es crítico, dado que, durante el pico más alto de la pasada administración, se registró una disposición de más de 88 mil 800 millones de pesos.

En este contexto, las políticas de austeridad del actual gobierno federal han lacerado al sistema y a sus programas. De acuerdo con distintos actores, desde el año 2019 no se han abierto nuevas plazas en las Cátedras Conacyt, que en los últimos años habrían representado una oportunidad laboral para personas recién egresadas de posgrados. Esto también ha impactado en el número de becas otorgadas para estudiar en el extranjero y realizar estancias posdoctorales.

Dentro de estas acciones, hasta hace unos meses, trascendió que el Conacyt habría renunciado a instrumentos de negociación colectiva para los gastos de seguros de gastos médicos de los investigadores del SNI. Incluso, en este mismo sentido, medios de comunicación reportaron que al menos 92 doctores y doctoras miembros del SNI habrían dejado de recibir sus pagos mensuales por irregularidades administrativas al interior del Conacyt durante 2021, lo que ha generado incertidumbre y consecuencias económicas para las personas que dependen de las dietas. 12

Según las declaraciones, ha habido casos donde las personas han tenido que reembolsar fondos debido a que el sector administrativo del Conacyt no ha procedido a dar acuses de recibido para dar de alta trámites internos. Otras declaraciones reflejan que el sistema interno para recabar documentos ha estado suspendido, y los buzones de correo electrónico no han dado respuesta; sobre esto, existen testimonios que han respondido 8 meses después de lo solicitado. Algunas personas entrevistadas han comentado al respecto que necesitan cobrar el apoyo del SNI para pagar sus investigaciones, reactivos, apoyo a estudiantes o publicaciones. Destaca que, en muchos casos, el estímulo del programa también compensa los salarios que se cobran en las sedes de trabajo.

Otro fenómeno que ha afectado, es el retiro de los apoyos a investigadores que laboran en universidades privadas. En noviembre de 2020, la Universidad Iberoamericana informó que aquellas y aquellos docentes miembros del sistema dejarían de recibir recursos del Conacyt debido a los recortes presupuestales implementados en la pandemia por covid-19. 13 Esta decisión fue ratificada de manera universal en la publicación del 21 de abril del Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se anunció que al interior del Conacyt se habían modificado los reglamentos para que a partir de 2022 las científicas y los científicos de instituciones de educación superior privadas dejen de recibir los estímulos del Sistema Nacional de Investigadores de forma total. 14

En respuesta, docenas de universidades y académicos han interpuesto recursos legales para detener la aplicación del nuevo reglamento. Incluso, a principios de junio de 2021, un juzgado federal concedió una suspensión provisional para mantener los derechos y beneficios del SNI de los investigadores afectados. 15

Debemos recordar que retirar el apoyo económico a las y los miembros del SNI, además de constituirse como un acto discriminatorio, es una política ineficiente. Los recursos se destinan directamente a los trabajadores económicos y no a las instituciones donde laboran, lo que representa un desconocimiento y desprotección de las aportaciones y el trabajo de estas personas que son parte integral del sistema de ciencia y tecnología del país.

De igual forma, a esta relatoría se puede agregar el ataque directo a las y los investigadores que representó la eliminación de los fideicomisos en octubre de 2020. Debido a estas acciones, encabezadas por el gobierno federal, se ha estimado que uno de cada cuatro investigadores del sistema quedó fuera de la red de apoyo, lo que representa alrededor de 24 por ciento de la comunidad dedicada a la investigación y desarrollo a nivel nacional. 16

Es en este sentido, qué ante la incertidumbre generada por la publicación del nuevo reglamento, la descompensación económica causada por las políticas actuales y la necesidad de mantener equilibrio en el sistema, esta iniciativa tiene a bien establecer una distinción mínima para garantizar el cumplimiento de la ley y eliminar ambigüedades en la materia. Para ello, se prevé que la tasa mínima, además de integrar los apoyos extraordinarios que contempla la Ley vigente y sus reglamentos, fije en Unidades de Medida y Actualización (UMA), la aportación que se deberá realizar a las y los investigadores miembros del SNI.

Tomando en cuenta que el valor de la UMA se encuentra en 2021 en 89.62 pesos diarios y 2 mil 724.45 pesos mensuales, 17 la propuesta considera modificar la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para quedar como sigue:

1. Candidato (a) a investigador (a) nacional: Seis veces el valor mensual de la UMA ( 16 mil 346.7 pesos)

2. Investigador(a) Nacional, con tres niveles:

- Nivel I: Diez veces el valor mensual de la UMA ( 27 mil 244.5 pesos)

- Nivel II: Doce veces el valor mensual de la UMA ( 32 mil 693.4 pesos)

- Nivel III: Catorce veces el valor mensual de la UMA ( 38 mil 142.3 pesos)

3. Investigador(a) Nacional Emérito(a): Quince veces el valor mensual de la UMA ( 40 mil 866.75 pesos)

Los cambios propuestos quedarían como sigue:

Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifican los artículos 2 y 6 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Artículo Único. Se reforman el artículo 2, numeral VIII y el artículo 6, numeral IV de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología:

Artículo 2. El Conacyt tendrá por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada para articular las políticas públicas del gobierno federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país. En cumplimiento de dicho objeto le corresponderá al Conacyt, a través de los órganos que establece esta Ley y de sus representantes, realizar lo siguiente:

I. a VII. ...

VIII. La conducción y operación del Sistema Nacional de Investigadores, y establecer sus objetivos, funciones y forma de organización en las reglas de operación y reglamentación interna. En ellas, se asegurará que las distinciones mensuales que confiere, además de las contempladas de manera extraordinaria, cuenten con un estímulo mínimo de:

I. Candidato (a) a investigador (a) nacional: Seis veces el valor mensual de la UMA

II. Investigador (a) nacional, con tres niveles:

• Nivel I: Diez veces el valor mensual de la UMA

• Nivel II: Doce veces el valor mensual de la UMA

• Nivel III: Catorce veces el valor mensual de la UMA

III. Investigador (a) Nacional Emérito (a): Quince veces el valor mensual de la UMA

Artículo 6. La Junta de Gobierno, además de las atribuciones que le confiere el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes:

I. a III. ...

IV. Analizar y, en su caso, aprobar las reglas de operación y reglamentación interna del Sistema Nacional de Investigadores que para tal efecto le presente el director general, siempre priorizando la suficiencia presupuestal y el bienestar económico de todas y todos sus miembros.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tendrá 90 días para emitir los cambios pertinentes al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores.

Tercero. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología contará con 45 días para solicitar las adecuaciones presupuestales para garantizar los recursos en el ejercicio fiscal del año siguiente, a partir de su aprobación.

Notas

1 Austeridad que destruye: el SNI y las universidades privadas. Disponible en:

https://educacion.nexos.com.mx/austeridad-que-destruye-el-sni-y- las-universidades-privadas/

2 26 centros de investigación sobrevivirán 2020 con una cuarta parte de su presupuesto. Disponible en:

https://www.animalpolitico.com/2020/05/centros-investigacion-via bilidad-largo-plazo-recorte-75/

3 Ellos son los científicos privados que dejarán de recibir apoyo del CONACyT. Disponible en:

https://www.milenio.com/politica/CONACyT-los-cientificos-del-ip- marginados-por-el-sni

4 Académicos adscritos al SIN. Disponible en:

https://www.jornada.com.mx/2018/07/29/politica/012n1pol

5 Fideicomisos y Sistema Nacional de Investigadores: ¿última llamada? Disponible en:

https://www.educacionfutura.org/fideicomisos-y-sistema-nacional- de-investigadores-ultima-llamada/

6 The National Researchers System in Mexico: 21 years of research output at institutions of higher education (1991-2011). Disponible en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S 0187-358X2017000400187

7 ¿Qué pasa en el SNI? Disponible en:

https://educacion.nexos.com.mx/que-pasa-en-el-sni/

8 Rodríguez, C. (2016). El Sistema Nacional de Investigadores en Números. Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC: México

9 La crisis mexicana de la inversión en el conocimiento científico. Disponible en:

https://Observatorio.Tec.Mx/Edu-News/Crisis-Investigacion-Conacy t

10 ¿Qué pasa en el SNI? Disponible en:

https://educacion.nexos.com.mx/que-pasa-en-el-sni/

11 Ley General de Educación. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.pdf

12 Reclaman investigadores falta de pago de estímulo del SNI. Disponible en:

https://www.milenio.com/politica/investigadores-Conacyt-exigen-p agos-estimulo-sni

13 Conacyt retira apoyos a investigadores de la Ibero que forman parte del SNI. Disponible en:

https://www.elfinanciero.com.mx/universidades/Conacyt-retira-apo yos-a-investigadores-de-la-ibero-que-forman-parte-del-sni/

14 Acuerdo por el que se reforma el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5616259&fecha =20/04/2021

15 Fondos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Disponible en:

https://www.nexos.com.mx/?p=57766

16 Mayoría morenista rechaza reponer en el PEF 2021 fondos para seguridad, mujeres y ciencia. Disponible en:

https://www.animalpolitico.com/2020/11/pef-2021-mayoria-morenist a-rechaza-reponer-fondos-seguridad-mujeres/

17 Ya entró en vigor el nuevo valor de la UMA para 2021. Disponible en:

https://www.elcontribuyente.mx/2021/02/ya-entro-en-vigor-el-nuev o-valor-de-la-uma-para-2021/#:~: text=La%20UMA%202021% 20tiene%20un,de%2032%20mil%20693.4%20pesos.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.– Diputados y diputadas: Mariano González Aguirre, Brasil Alberto Acosta Peña, Eduardo Zarzosa Sánchez, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, María Macarena Chávez Flores, Mario Gerardo Riestra Piña, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Miguel Sámano Peralta, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Pedro Armentia López, Sayonara Vargas Rodríguez, Sergio Barrera Sepúlveda, Sue Ellen Bernal Bolnik, Xavier González Zirión (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de iniciativas ciudadanas, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Olga Juliana Elizondo Guerra, diputada federal de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción I, numeral 1, del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta H. Asamblea, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Iniciativa Ciudadana, al tenor de la siguiente

Los mecanismos de participación ciudadana, tales como el referéndum, el plebiscito, la consulta popular, revocación de mandato, cabildeo abierto, concejos vecinales, presupuesto participativo e iniciativa popular, entre otros, han sido considerados como una alternativa y herramienta indispensable de la democracia representativa, así como instrumentos complementarios para posibilitar que la ciudadanía decida en materias específicas y no solamente se restrinja su participación al voto libre, directo y universal para elegir representantes y gobernantes. 1

El artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho de Iniciativa para las y los ciudadanos a partir de la reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 agosto de 2012, la cual tuvo lugar ante la demanda de la ciudadanía de contar con un mecanismo de participación que le posibilitara incidir de manera directa en el proceso de formación y actualización del andamiaje jurídico mexicano, así como colocar en el centro de las agendas legislativas sus problemas, causas y necesidades.

En otras palabras, la Iniciativa Ciudadana es un mecanismo de participación por el que se otorga a las y los ciudadanos el derecho de iniciar leyes, dejando así de ser una facultad exclusiva de diputados, senadores, Congresos locales y presidente de la República; cabe apuntar que este derecho ciudadano abarcó tanto las propuestas de reformas constitucionales, así como las leyes reglamentarias, generales y secundarias.

Conforme a lo ordenado por el Texto Fundamental, en nuestro país la Iniciativa Ciudadana debe presentarse al menos por el 0.13% de la lista nominal de electores (aproximadamente 117 mil firmas, debidamente requisitadas), ya sea para crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar disposiciones normativas. Las disposiciones constitucionales y legales en materia de Iniciativa Popular, a la letra dicen:

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos:

“Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

I. a VI. ...

VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley;

VIII. a IX. ...”

“Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. a III. ...

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes.

...

...

...”

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

“Artículo 32.

1. ...

2. Además de las anteriores, el Instituto, en los términos que establece esta Ley, contará con las siguientes atribuciones:

a) al d)...

e) Verificar el porcentaje requerido por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución, para la presentación de iniciativas de leyes o decretos por parte de los ciudadanos;

f) al j). ...”

Es fundamental reiterar que, desde la entrada en vigor de la Iniciativa Ciudadana como un derecho, este no ha podido ejercerse a cabalidad debido al alto porcentaje que se requiere de la lista nominal y, particularmente, porque existen vacíos jurídicos que impiden su efectividad, es decir, no están establecidos plazos adecuados para su dictaminación, discusión y votación, lo cual ha dado como resultado que las Iniciativas Ciudadanas sean guardadas en el “cajón de la ignominia”. De ahí que la presente Iniciativa pretende resolver esta problemática.

Para ejemplificar lo anterior, en el siguiente cuadro podemos observar la suerte que han corrido cada una de las Iniciativas presentadas por ciudadanas y ciudadanos, entre septiembre de 2015 y septiembre de 2019 en la Cámaras del Congreso de la Unión, las cuales cumplieron con los requisitos de ley establecidos en la norma jurídica y, que como señalamos en líneas anteriores, no son menores. 2

Es claro que el estatus de las propuestas ha sido mayoritariamente desafortunado, de las 15 iniciativas presentadas por ciudadanas y ciudadanos:

A) 5 Iniciativas se encuentran aún pendientes desde 2017, 2018 y 2019 respectivamente. Lo anterior, a pesar de que Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 130 numeral 3 ordena que: “Las iniciativas ciudadanas seguirán el procedimiento legislativo dispuesto por esta Ley y los reglamentos de cada Cámara, una vez que la autoridad electoral comunique el cumplimiento del requisito señalado en el numeral 1 (0.13%). Cumplidos los plazos en los términos que establecen los reglamentos respectivos, sin que haya dictamen de las comisiones, la Mesa Directiva incluirá el asunto en el Orden del Día de la sesión inmediata siguiente.”

Es decir, la Ley no dicta ninguna excepción, no prevé ningún requisito extraordinario, ni hace remisión reglamentaria alguna para la inclusión del asunto en el Orden Día, toda vez que el legislador originario, asumió plenamente que es un derecho irrevocable de los ciudadanos, el cual no puede ser violentado.

Incluso, no da lugar a que exista otro procedimiento que no sea el ordinario, de ahí que cuando este procedimiento no se solventa, debido al incumplimiento del deber de los legisladores en Comisiones y en protección del derecho ciudadano, se mandata la inclusión del asunto en el Orden del Día de la sesión inmediata siguiente, sin mayor requisito. No obstante, en la práctica parlamentaria ha persistido la omisión y el desacato a la norma, lo cual se traduce a la violación de los derechos político-electorales de las y los ciudadanos.

B) 1 Iniciativa fue retirada, lo cual es un derecho para todo iniciante.

C) 1 Iniciativa concluyó su proceso legislativo exitosamente y se publicó en el Diario Oficial de la Federación. La Iniciativa Ciudadana conocida como Ley 3 de 3, transitó por todas las etapas de su proceso legislativo. Sin embargo,  fue objeto de diversas modificaciones por parte del poder legislativo e incluso por el Ejecutivo Federal dando un sentido distinto al objetivo planteado por las organizaciones civiles mexicanas, que pretendía distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación. No obstante, esta iniciativa logro establecer en la agenda pública una serie de acciones que desembocaron en la legislación de un marco jurídico que coordine a los 3 niveles de gobierno para que prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción que se denominó como el Sistema Nacional Anticorrupción, que se conforma por la legislación de 4 nuevas leyes y la reforma a 3 ordenamientos más (Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Código Penal Federal, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal).

D) 6 Iniciativas concluyeron su proceso legislativo, fueron discutidas, dictaminas en sentido negativo en las Comisiones y votadas por el Pleno a favor del sentido del Dictamen, por lo que fueron desechadas en los términos constitucionales. En estos casos, aunque el Dictamen fue en sentido negativo y avalado por el Pleno, es de insistir en que la votación se emitió de manera extemporánea y por encima de los plazos que ordena la Ley Orgánica antes citada, es decir en un tiempo intolerable que va de uno a tres años, entre la fecha de su presentación hasta la de su votación.

E) 1 Iniciativa fue desechada debido a la omisión de las Comisiones dictaminadoras de cumplir con los plazos establecidos en la ley para su desahogo. Es decir precluyó sin cursar su procedimiento legislativo.

F) 1 Iniciativa fue desechada en el pleno de la Cámara de Senadores aunque el Dictamen se encontraba en sentido positivo, no obstante fue necesaria la presentación de una excitativa por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva a petición de los ciudadanos promoventes, acción que conforme al artículo 214 del Reglamento del Senado del República, se emite 20 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo para emitir su dictaminación.

Algunas ciudadanas y ciudadanos que han presentado Iniciativas cumplimentando todos los requisitos de ley, en su calidad de iniciantes y a efecto de hacer valer su derecho, han promovido sendas demandas en contra de órganos legislativos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de exigir mediante juicio la protección a sus derechos políticos-electorales, debido a las omisiones para cumplimentar cabalmente el proceso legislativo.

Ejemplo de ello, fueron los siguientes casos:

1. El de la C. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, quien el 2 de febrero de 2017 presentó la iniciativa ciudadana cuyo objeto tenía disminuir en un 50% el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en gasolina y diésel, la cual fue respaldada con las firmas de 404 mil 324 ciudadanas y ciudadanos. Dicha propuesta no fue dictaminada por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Presupuesto en el plazo de 45 días establecido por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, lo que derivo a que la proponente interpusiera una demanda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto de controvertir la omisión de la Cámara de Diputados para ejecutar el proceso legislativo, incluyendo las etapas de dictaminar, discutir y votar dicha Iniciativa.

El órgano judicial emitió sentencia a favor de la ciudadana, acreditó que las Comisiones dictaminadoras fueron omisas, señaló que dicha omisión derivó de la violación de los derechos políticos ciudadanos y ordenó a la Cámara de Diputados a convocar un periodo extraordinario de sesiones, para discutir y votar, en el sentido que los legisladores consideraran pertinente, dicha iniciativa.

A pesar de la existencia de la referida resolución judicial, esta no fue acatada por la Cámara de Diputados, por lo que el 15 de septiembre de 2017 la promovente presentó un Incidente de Inejecución de Sentencia, con la cual el Tribunal ordenó a la Cámara Baja la ejecución inmediata de la sentencia y para que en un término de 24 horas se realizara la declaratoria de publicidad de la iniciativa ciudadana y a la brevedad emitiera el acuerdo de su Mesa Directiva para que la propuesta se presente ante el Pleno, y esta fuera discutida y votada en la sesión inmediata siguiente.

2. El de la Iniciativa Ciudadana presentada el 16 de octubre de 2018 también en la Cámara de Diputados por los C. Héctor Melesio Cuén Ojeda y Víctor Antonio Corrales Burgueño, la cual pretende reformar diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a fin de eliminar los montos al cobro de dichos impuestos en gasolina, diésel y gas de uso doméstico.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y posteriormente el 28 de enero de 2019, el órgano legislativo solicitó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la ampliación del plazo para dictaminar la iniciativa ciudadana, concediéndolo hasta el 30 de septiembre de ese año.

Transcurrido ese plazo, y al no contar con un Dictamen de la propuesta, el 16 de enero de 2020 nuevamente los iniciantes recurrieron a las instancias judiciales, para promover una demanda por la omisión de dicho órgano de la Cámara de Diputados. No obstante, contrario al caso de la C. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió sentencia que no fue favorable para los actores.

La sentencia entre sus considerandos refirió:

1. “Que se pretende combatir una abstención relacionada con el trámite legislativo de una iniciativa ciudadana, por lo que no se incide en una afectación de los derechos político-electorales de los actores, al encontrarse dentro del ámbito del derecho parlamentario”.

2. “El presente medio de impugnación debe desecharse, porque el juicio ciudadano es improcedente para impugnar omisiones legislativas, en tanto que este Tribunal Electoral no tiene facultades para constreñir a la Cámara de Diputados para que dictamine, discuta o apruebe una iniciativa ciudadana”.

3. “Considera que el presente medio de impugnación resulta improcedente, al ser inexistente la omisión reclamada, puesto que actualmente se encuentra en trámite dentro del proceso legislativo la iniciativa ciudadana presentada por los actores”. 3

Por lo tanto, resolvió como “fundada pero inoperante la pretensión de los promoventes”.

Los casos mencionados, dan cuenta de la necesidad de legislar adecuadamente para que conforme al espíritu del legislador originario, el Poder Legislativo como máximo órgano de representación, desde el ámbito de sus atribuciones haga lo conducente para que los derechos políticos de las y los ciudadanos queden plenamente garantizados por mandato de ley, evitando la discrecionalidad tanto de las Cámaras y órganos del Congreso como de la autoridad judicial, toda vez que ello deriva en falta de seguridad y certeza jurídica para los gobernados.

Resulta evidente que es necesario dar un paso más y perfeccionar los mecanismos de participación ciudadana y democracia directa, toda vez que el pueblo soberano es quien manda y los Poderes del Estado se instituyen para beneficio de este.

Es por ello que la presente Iniciativa tiene como objetivo garantizar el derecho ciudadano a presentar Iniciativas de Ley, el cual para que sea efectivo, lleva implícita la obligación de las y los legisladores de someterla al procedimiento legislativo ordinario que ordena la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso sin dilación alguna, para que esta sea dictaminada en sentido positivo, positivo con modificaciones o negativo, según se estime conducente, para que finalmente se sometida a consideración y votación del Pleno de la Cámara de origen y surtan los efectos constitucionales a que haya lugar.

De acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tesis XXIII/2015) “el derecho de los ciudadanos a iniciar leyes no se agota con la simple presentación de la propuesta, sino que, para su vigencia plena y ejercicio eficaz, es necesario que la autoridad legislativa se pronuncie al respecto, lo cual incluye, en su caso, la emisión del dictamen por parte de las comisiones correspondientes, así como la discusión y votación en el Pleno de las cámaras del Congreso”.

Los requisitos que deben cumplir los ciudadanos son mayúsculos, toda vez que requieren del 0.13% de la lista nominal de electores, es decir tal y como se señaló al inicio de este cuerpo expositorio de aproximadamente 117 mil firmas, las cuales conforme a lo establecido en el artículo 35 fracción VII, 71 fracción IV de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, una vez formulada la Iniciativa los ciudadanos promoventes deben recopilar las firmas de otros ciudadanos que la respaldan, posteriormente entregan la propuesta al presidente o presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de origen, quien dará cuenta al Pleno y solicitará de inmediato al Instituto Nacional Electoral la verificación del número mínimo de ciudadanos requeridos conforme al artículo 71 de la Constitución, por su parte el INE lleva a cabo la verificación a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de la recepción del expediente. Ahora bien, en el procedimiento de verificación el INE corrobora que los nombres de los ciudadanos firmantes de la Iniciativa se encuentren dentro de la lista nominal de electores, así como la autenticidad de las firmas, para lo cual realiza un muestreo. Si el INE resuelve que el requisito se ha cumplido lo notifica a la Cámara.

En el caso de que el Instituto determine en forma definitiva que no se cumple con el porcentaje requerido por la Constitución, el Presidente o Presidenta de la Mesa Directiva dará cuenta de ello al Pleno de la Cámara, lo publicará en la Gaceta, y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido notificando a los promoventes, por conducto de su representante.

En el supuesto en el que los promoventes decidan ejercer el recurso de impugnación respecto a la resolución emitida por el Instituto Nacional Electoral, la Presidencia de la Mesa Directiva deberá suspender el trámite correspondiente mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve lo conducente, tal y como lo sustenta el artículo 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra refiere:

“ Artículo 132.

1. La iniciativa ciudadana atenderá el siguiente procedimiento:

a) El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen, dará cuenta de ella y solicitará de inmediato al Instituto Nacional Electoral, la verificación de que haya sido suscrita en un número equivalente, a cuando menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de la recepción del expediente.

El Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, verificará que los nombres de quienes hayan suscrito la iniciativa ciudadana, aparezcan en las listas nominales de electores y que la suma corresponda en un número equivalente, a cuando menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores.

Una vez que se alcanzó el requisito porcentual a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores deberá realizar un ejercicio muestral para corroborar la autenticidad de las firmas de acuerdo a los criterios que defina al respecto la propia Dirección Ejecutiva;

b) El Instituto Nacional Electoral contará con un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de la recepción del expediente para realizar la verificación a que se refiere el inciso anterior;

c) En el caso de que el Instituto Nacional Electoral determine en forma definitiva que no se cumple con el porcentaje requerido por la Constitución, el Presidente de la Mesa Directiva dará cuenta de ello al Pleno de la Cámara, lo publicará en la Gaceta, y procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido notificando a los promoventes, por conducto de su representante.

En caso de que el representante de los promoventes impugne la resolución del Instituto Nacional Electoral, el Presidente de la Mesa Directiva suspenderá el trámite correspondiente mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve lo conducente;

d) En el supuesto de que se verifique el cumplimiento del porcentaje señalado en el inciso a), el Presidente de la Mesa Directiva, turnará la iniciativa a comisión para su análisis y dictamen; y seguirá el proceso legislativo ordinario; y

e) En el caso de que la iniciativa ciudadana sea aprobada por la Cámara de origen, pasará a la Cámara revisora, a efecto de que siga el procedimiento legislativo ordinario, conforme a lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución.

En virtud de lo anterior, se considera como principio democrático fundamental que se equiparen los plazos legislativos de la Iniciativa Ciudadana a los de la Iniciativa Preferente que tiene derecho a presentar el Ejecutivo Federal. 4

Agilizar la dictaminación, discusión y votación de las Iniciativas Ciudadanas, obligará a las Mesas Directivas de ambas Cámaras a actuar con celeridad, turnarlas inmediatamente a la comisión o comisiones unidas que estime necesario, notificar y prevenir a estas 7 días naturales antes del vencimiento del plazo, el cual será de 30 días improrrogables para dictaminar, y de vencerse emitir la declaratoria de publicidad inmediatamente para su discusión en el Pleno, pero sobre todo asegurará la atención que merecen las y los ciudadanos por parte del Poder Legislativo, efectivará la democracia directa y otorgará a la ciudadanía y a sus propuestas el estatus que realmente les corresponde. Así la Legislatura de la Cuarta Transformación se erigirá como un Parlamento verdaderamente abierto, leal a la ciudadanía y auténticamente trasformador.

Para tener mayor claridad de la reforma propuesta, se ofrece el siguiente cuadro comparativo:

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de iniciativa ciudadana

Único. Se reforma el inciso d) del numeral 2 del artículo 20; numeral 2 del artículo 23; inciso d) del numeral 1 del artículo 34; segundo párrafo del numeral 1 del artículo 43; inciso c) del numeral 1 del artículo 66; incisos a), c) y d) del numeral 2 del artículo 67; inciso d) del numeral 1 del artículo 82; numeral 1 del artículo 104; inciso d) y e) del numeral 1 del artículo 132; y se adiciona el artículo 133 BIS todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 20.

1. ...

2. La Mesa Directiva observará en su actuación los principios de imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes atribuciones:

a) al c) ...

d) Incorporar en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno las iniciativas o minutas con carácter preferente y ciudadana para su discusión y votación, en el caso de que la comisión o comisiones no formulen el dictamen respectivo dentro del plazo de treinta días naturales;

e) al k) ...

Artículo 23.

1.  ...

2. En el caso de iniciativas , minutas preferentes y ciudadanas tendrá las siguientes atribuciones:

a) al e) ...

3. ...

4. ...

Artículo 34.

1. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:

a) al c) ...

d) Proponer al Pleno la integración de la comisión o comisiones a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura, cuando se presente una iniciativa con el carácter de preferente o se reciba el oficio del Ejecutivo Federal señalando dicho carácter a iniciativas presentadas con anterioridad, así como una iniciativa ciudadana;

e) al j) ...

Artículo 43.

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta treinta miembros, o el número necesario para garantizar la proporción entre la integración del Pleno y la conformación de comisiones, de tal manera que los Grupos Parlamentarios no pierdan su representación proporcional en ellas. Los diputados podrán pertenecer hasta tres de ellas; para estos efectos, no se computará la pertenencia a las comisiones Jurisdiccional y las de investigación.

El encargo de sus integrantes será por el término de la legislatura, salvo aquellas que conozcan de una iniciativa preferente o ciudadana las cuales deberán constituirse a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura.

2. a 7. ...

Artículo 66.

1. La Mesa Directiva observará en su desempeño los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes facultades:

a) y b) ...

c) Incorporar en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno las iniciativas o minutas con carácter de preferente y ciudadana para su discusión y votación, en el caso de que las comisiones no formulen el dictamen respectivo dentro del plazo de treinta días naturales;

d) al m) ...

2. ...

3. ...

Artículo 67.

1. ...

2. En el caso de iniciativas preferentes y ciudadanas tendrá las siguientes atribuciones:

a) Turnar inmediatamente la iniciativa preferente a una o más comisiones para su análisis y dictamen;

b) ...

c) Solicitar a la Junta de Coordinación Política que constituya e integre de manera anticipada las comisiones que dictaminarán la iniciativa o minuta con carácter de preferente y ciudadana;

d) Prevenir a la comisión o comisiones, siete días naturales antes de que venza el plazo para dictaminar la iniciativa o minuta con carácter de preferente y ciudadana a través de una comunicación que deberá publicarse en la Gaceta; y

e) ...

Artículo 82.

1. La Junta de Coordinación Política tiene a su cargo las siguientes atribuciones:

a) al c) ...

d) Proponer al Pleno la integración de las comisiones a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura, cuando se presente una iniciativa con el carácter de preferente o se reciba el oficio del Ejecutivo Federal señalando dicho carácter a iniciativas presentadas con anterioridad, así como cuando se presente una iniciativa ciudadana;

e) al g) ...

Artículo 104.

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, tendrán hasta quince miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma, salvo aquéllas que conozcan de una iniciativa preferente o ciudadana las cuales deberán constituirse a más tardar en la tercera sesión ordinaria del primer periodo de sesiones del primer año de la Legislatura. Ningún senador pertenecerá a más de cinco comisiones ordinarias, salvo Acuerdo de la Junta.

2. al 5. ...

Artículo 132.

1. La iniciativa ciudadana atenderá el siguiente procedimiento:

a) a c) ...

d) En el supuesto de que se verifique el cumplimiento del porcentaje señalado en el inciso a), el Presidente de la Mesa Directiva, turnará la iniciativa a comisión para su análisis y dictamen; y seguirá el proceso legislativo previsto en esta Ley; y

e) En el caso de que la iniciativa ciudadana sea aprobada por la Cámara de origen, pasará a la Cámara revisora, a efecto de que siga el procedimiento legislativo previsto en esta Ley.

Artículo 133 Bis.

1. En el caso de las iniciativas ciudadanas presentadas, la Cámara de origen deberá discutirla y votarla en un plazo máximo de treinta días naturales improrrogable, contados a partir de que el Instituto Nacional Electoral determine que se cumple con el porcentaje de ciudadanos suscritos requerido por la Constitución y lo haga de conocimiento del Presidente de la Mesa Directiva.

2. Si transcurre el plazo sin que se formule el dictamen correspondiente, procederá lo siguiente:

a) La Mesa Directiva deberá incluirla como primer asunto en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno para su discusión y votación en sus términos, y sin mayor trámite.

b) La discusión y votación sólo se abocará a la iniciativa ciudadana y deberá ser aprobada, de lo contrario, se tendrá por desechada, en términos de lo dispuesto en la fracción G del artículo 72 de la Constitución.

c) El proyecto de decreto materia de la iniciativa ciudadana aprobado por la Cámara de origen, será enviado de inmediato a la Cámara revisora, en calidad de minuta, para los efectos del artículo 72 de la Constitución.

d) La comisión o comisiones podrán trabajar en conferencia en cualquier etapa del proceso legislativo, a fin de agilizar el análisis y dictamen de las iniciativas ciudadanas.

3. Para las minutas sobre iniciativas ciudadanas aprobadas y remitidas a la Cámara revisora para los efectos de la fracción A del artículo 72 constitucional, se observará lo siguiente:

a) El Presidente turnará a la comisión o comisiones que corresponda, en cuanto se reciba y se dé cuenta de ésta al Pleno.

b) El Presidente dará treinta días naturales improrrogables a partir de la recepción del asunto por la Cámara revisora, para que la comisión o comisiones formulen el dictamen correspondiente.

c) Cuando la minuta sea aprobada en sus términos se remitirá al Ejecutivo para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución.

4. Cuando la minuta sea desechada, en todo o en parte, modificada o adicionada por la Cámara revisora deberá devolverla a la Cámara de origen, para los efectos del artículo 72, fracciones D o E, de la Constitución, se observará lo siguiente:

a) El Presidente turnará a la comisión o comisiones que corresponda, en cuanto se reciba y se dé cuenta de ésta al Pleno;

b) El Presidente dará treinta días naturales improrrogables a partir de la recepción del asunto por la Cámara revisora, para que la comisión o comisiones formulen el dictamen correspondiente;

c) Si transcurre el plazo sin que se formule el dictamen correspondiente, la Mesa Directiva deberá incluirla como primer asunto en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno para su discusión y votación en sus términos, y sin mayor trámite. Cuando la minuta sea aprobada en sus términos se remitirá al Ejecutivo para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución; si esta fuera desechada, en todo o en parte, modificada o adicionada por la Cámara revisora deberá devolverla a la Cámara de origen, para los efectos del artículo 72, fracciones D o E, de la Constitución.

5. Para las minutas sobre iniciativas ciudadanas remitidas para los efectos de las fracciones D o E del artículo 72 constitucional, se observará lo siguiente:

a) El Presidente turnará a la comisión o comisiones que corresponda, en cuanto se reciba y se dé cuenta de esta al Pleno;

b) La Cámara deberá discutirla y votarla en un plazo máximo de quince días naturales improrrogables contados a partir de la recepción del asunto;

c) Cuando la minuta sea desechada, en todo o en parte, modificada o adicionada por la Cámara revisora deberá devolverla a la Cámara de origen, para los efectos del artículo 72, fracciones D o E, de la Constitución;

d) Si transcurre el plazo sin que se formule el dictamen correspondiente, la Mesa Directiva deberá incluirla como primer asunto en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno para su discusión y votación en sus términos, y sin mayor trámite; cuando la minuta sea desechada, en todo o en parte, modificada o adicionada por la Cámara revisora, la cual deberá devolverla a la Cámara de origen, para los efectos del artículo 72, fracciones D o E, de la Constitución.

Primero. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las Cámaras del Congreso de la Unión, deberán armonizar sus respectivos Reglamentos al presente Decreto en un plazo máximo de 180 días hábiles a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 La iniciativa legislativa ciudadana en México. Estudio de casos, Lorena Vázquez Correa, 2018, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República.

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789 /4114/CI_47.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2 http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/41 14/CI_47.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3 https://www.te.gob.mx/buscador/

4 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=255

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2021.– Diputadas: Olga Juliana Elizondo Guerra, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, María Eugenia Hernández Pérez, Sandra Simey Olvera Bautista, Alma Delia Navarrete Rivera (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 3o., 9o. y 10 de la Ley General de Turismo, suscrita por la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, María Teresa Castell de Oro Palacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 77, numeral I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXI, y recorre la subsecuente, al artículo 3; y se modifican las fracciones XV del artículo 9 y XIV del artículo 10 de la Ley General de Turismo, al tenor de la siguiente

En México, el turismo es una de las áreas económicas más importantes y con mayor potencial, debido a que somos una nación pluricultural, megadiversa y, por supuesto, con una gran calidez humana, reconocida incluso a nivel global.

El país es considerado como uno de los líderes mundiales en este rubro gracias a la enorme oferta de productos turísticos, entre los que destacan el turismo cultural, gastronómico, arquitectónico, comercial, arqueológico, el ecoturismo, turismo alternativo y, por supuesto, el turismo de sol y mar, entre muchas otras opciones que México tiene para ofrecer al paseante nacional y extranjero.

No obstante, el desarrollo de esta importante actividad se ha visto truncado por la pandemia provocada por el virus SARS CoV-2, causante del covid-19.

A escala global, el panorama es poco alentador: datos del Barómetro del Turismo Mundial, de la Organización Mundial del Turismo, revelan que, durante el primer trimestre de 2021, la cantidad de viajeros internacionales se redujo en 385 por ciento respecto a 2019 y 65 en comparación con el mismo periodo de 2020. 1

Producto de la crisis en el sector, fue que por iniciativa de la propia OMT se formó el Comité Mundial de Crisis para el Turismo a través de la Declaración de Tiflis, en septiembre de 2020, donde se establecieron las directrices necesarias para repensar el futuro del turismo internacional, a la vez que se sientan las bases para hacer esta actividad incluyente y con miras a concretar los Objetivos del Desarrollo Sostenible, planteados por la ONU. 2

Por ello es posible hablar de una crisis generalizada respecto al desarrollo de actividades turísticas, recreativas y de ocio, que dependiendo de la región donde se analice y de la capacidad institucional de los Estados, podrá hablarse de mayores o menores tiempos de recuperación.

Aterrizando al caso específico de México, durante 2020, año en que más profunda fue la crisis por el covid-19, ingresaron alrededor de 6 mil 144 millones de dólares, tan solo contabilizando a los visitantes internacionales. 3

Lo anterior resulta una situación alarmante para la generación de empleos en el país y, por supuesto, para la economía nacional, puesto que la actividad turística es un pilar fundamental para el producto interno bruto (PIB).

Y a pesar de que aún no es posible hablar de un restablecimiento de los índices del PIB turístico respecto a años anteriores, expertos en el ramo visualizan una mejora importante para 2022, aunque todavía lejana a la normalidad.

Como parte de las acciones internas, se preparan estrategias conjuntas entre gobierno y sector privado que permitan recibir y atender a los viajeros tanto nacionales como extranjeros, de tal suerte que esta sinergia pueda repercutir en un retorno gradual que beneficie a largo plazo.

Tampoco se puede soslayar que, debido a la emergencia sanitaria, ciertos delitos aumentaron su incidencia como posible resultado del encierro, tal como lo indican las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se denota, por ejemplo, un alza considerable en homicidios durante 2021, en comparación con periodos idénticos de 2020 y 2019, 4 impactando negativamente en la imagen y percepción que se tiene acerca de algunos destinos turísticos.

Los datos más recientes de dicha dependencia, establecen algunas de las tasas más elevadas de homicidios en ciudades clave para el sector, como Tulum, Cancún y Playa del Carmen, Quintana Roo; Acapulco, Guerrero; Salamanca, Silao e Irapuato, Guanajuato; y Culiacán, Sinaloa, 5 lo que sin duda impacta de forma negativa en la percepción del turista y limita la afluencia de visitantes al país.

Por lo anterior, es que resulta evidente que la dinámica respecto al turismo no puede continuar siendo la misma que en los años anteriores al covid-19, pues hay nuevas cuestiones tanto económicas como de seguridad pública que requieren protocolos actualizados para la atención integral de los paseantes.

Ante esta nueva modalidad de trabajo, es necesario establecer no solo medidas sanitarias para quienes visiten los destinos nacionales, sino también un ambiente de certidumbre ante el cambio en la dinámica acostumbrada.

Ahora no bastará con dirigirse al destino preferido de las familias, sino que habrá que cumplir con una serie de protocolos establecidos en conjunto por las autoridades sanitarias en los tres ámbitos de gobierno, así como aquellas que los prestadores de servicios juzguen necesarias, según el tipo de actividades que se desarrollen.

Aunado a lo anterior, la nueva normalidad ha fomentado que las interacciones comerciales sean a través de medios digitales y por redes sociales, lo que sin duda es una valiosa herramienta en tiempos de pandemia, pero también puede tergiversar la información otorgada a los paseantes acerca de los servicios que ofrece cada destino.

Tan es así, que varias agencias turísticas han alertado sobre estafas a través de internet por parte de supuestos establecimientos, lo que genera un doble efecto negativo; por un lado, se daña la imagen del gremio en general y con ello se alejan potenciales turistas y, por otra parte, bajan los dividendos de quienes si ofrecen servicios reales y se encuentran legalmente constituidos. 6

Una posible solución ante esta problemática, es la introducción de oficinas o unidades encargadas de otorgar a los visitantes toda la información acerca de la oferta turística local, los protocolos a seguir respecto a las normas de higiene, así como detalles sobre los prestadores de servicios turísticos, pero también a través de páginas oficiales.

Además, contar con un espacio destinado a esta tarea podrá fomentar la competencia leal entre prestadores de servicios, puesto que tendrán la misma capacidad de oferta sin importar el grado de inversión que posean o la naturaleza de sus productos turísticos.

Otros países han incorporado oficinas o centros de orientación como la que aquí se plantea; tal es el caso de España, donde para este fin se cuenta con el Instituto para la Calidad Turística Española, que tiene no solo las atribuciones en comento, sino que además provee servicios de consultoría y certificación a los prestadores de servicios turísticos.

Al contar con un canal de información completamente reconocido y fomentado por las dependencias locales y federales que se encargan de velar por el turismo mexicano, quienes hagan uso de ellas podrán estar plenamente convencidos de la veracidad e imparcialidad de la información y orientación que se les brinde.

Así, los usuarios también podrán emitir sus opiniones sobre el grado de satisfacción que pudieron percibir durante su estancia en cada lugar, lo que sin duda aumentará la confianza de los viajantes que se hallen interesados en acudir no solo a los espacios físicos, sino también al denominado turismo de experiencias.

En la actualidad, a pesar de que existen módulos destinados para brindar información al turista en su modalidad tradicional, estos en su mayoría se encuentran sin personal o en el completo abandono, a causa de que no hay un ordenamiento a nivel federal que contemple dichas instancias y solamente se cuenta con las secretarías locales, que se encargan de asuntos a nivel macro, principalmente.

También resulta indispensable dotar de atribuciones a estas unidades para que puedan recibir, procesar y dar solución a las quejas que los viajantes deseen interponer, ya que este proceso, aún en la normalidad anterior, resulta engorroso, lento y en ocasiones, ni siquiera queda claro cuál es la autoridad competente.

Esto toma especial importancia por el tipo de interacción que conlleva el turismo, puesto que se da como relación directa entre los prestadores y quienes hacen uso de los servicios y paquetes turísticos, ya que es justo el cliente quien percibe las fallas en el servicio y solo así se pueden identificar y posteriormente subsanar.

Incluso, a través de las quejas de los consumidores se abre un área para que tanto las dependencias gubernamentales, como los empresarios en el ramo logren escuchar a los usuarios de servicios turísticos, tal como se hace en el sector privado, donde las compañías más exitosas son capaces de transformar los reclamos en oportunidades de crecimiento. 7

Hoy en día, el proceso de recepción de quejas se realiza directamente en la Dirección General de Verificación y Sanción de la Secretaría de Turismo, ubicada en las instalaciones de la propia dependencia a nivel federal, es decir, se encuentra exclusivamente de manera concentrada en la Ciudad de México, impidiendo que de manera simple se pueda hacer algún tipo de trámite, puesto que el desplazamiento a dicha Dirección conlleva un gasto extra, tanto en recursos económicos como en tiempo.

Paralelamente se encuentran las unidades de la Procuraduría Federal del Consumidor, pero estas se limitan a verificar cuestiones de índole comercial, por lo que no realizan una atención integral en los diferentes aspectos que se involucran en las actividades turísticas.

Es importante establecer que no todas las quejas son del ámbito de competencia de la Profeco, puesto que existe una variedad de temas sobre los cuales el turista pueda tener descontentos, motivo por el que resulta poco viable contar solamente con esta vía para llevar a cabo las gestiones en materia.

Y si bien la Profeco tiene facultades administrativas para gestionar controversias a través de procedimientos conciliatorios, la instancia no cuenta con el poder legal para establecer obligación real a los proveedores para cumplir con todos los reclamos.

Las quejas presentadas ante dicho órgano pueden ser presentadas mediante cualquiera de las vías siguientes:

- Directamente en la delegación, subdelegación o unidad de servicio más cercana.

- Mediante escrito dirigido a la oficina de contacto ciudadano, quien canaliza a las instancias antes señaladas.

- Vía internet, siempre y cuando el proveedor se encuentre adscrito a Concilianet, la plataforma diseñada por Profeco y la Secretaría de Turismo para realizar las audiencias de conciliación vía Internet.

No obstante, en la práctica resulta complicado pensar que el turista posea conocimientos sobre los mecanismos que ofrece la Profeco, lo que se acentúa al hablar de los visitantes extranjeros. Por ello, la propuesta actual busca que exista un acompañamiento y orientación a los paseantes con la finalidad de acceder de manera oportuna y sencilla a los diferentes mecanismos que existen para la presentación de quejas.

Al no contar con un organismo que sea capaz de conjuntar ambos rubros (brindar información y orientación al turista y, por otro lado, recibir y procesar las quejas), se crea una laguna en la que el único afectado es el viajero, aunado a que los procesos se vuelven complicados y pocas veces dan una respuesta certera a cada situación.

Como antecedente internacional, desde 2012 se promulgó, el Proyecto de Ley Macro de Defensa del Turista como Consumidor, mediante el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, al cual México está suscrito, donde se señala la necesidad de que los países de la región generen la institucionalidad necesaria a fin de garantizar el acceso a información oportuna, confiable y verificable para todos los ciudadanos y visitantes, a la vez que se puedan recibir y solucionar los conflictos que se presenten en los productos turísticos. 8

Por ello es necesario emprender una nueva estrategia de turismo que responda a la nueva normalidad, a la vez que se establezcan reglas claras y atribuciones definidas a las instancias que se proponen en el proyecto en comento.

Hablamos entonces, de evolucionar el concepto de oficina o módulo de turismo, cuyas funciones tradicionales se han limitado a otorgar información básica sobre los servicios en cada destino, para pasar a ser un elemento clave para el fomento de esta actividad económica, su desarrollo y atención.

El asunto del turismo requiere confianza plena y coordinación entre sociedad civil, empresas y gobierno, que, si antes de la pandemia por coronavirus era una materia pendiente, ahora se vuelve un tema primordial.

Incluso, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021, a través del ramo 21, “Turismo”, señala éste como uno de los sectores más afectados por la pandemia de covid, por lo que resulta indispensable establecer mecanismos “innovadores y con mayor calidad, para responder a las necesidades de un turista cada vez más informado y exigente”. 9

El mismo proyecto establece en el programa P001, “Planeación y conducción de la política de turismo”, que se “continuará trabajando en el desarrollo de instrumentos y mecanismos de política pública que contribuyan al turismo social e incluyente, mediante acciones de planeación estratégica, el fortalecimiento de los sistemas de información estadísticos y geográficos a través de integración de nuevas fuentes de información que tendrán como meta la generación de información estadística turística detallada y oportuna en apoyo a la toma de decisiones de los actores del sector público y privado”. 10

El Programa E005, “Programa de calidad y atención integral al turismo”, en alineación con el Prosectur 2020-2024, habla sobre la posibilidad de continuar prestando servicios integrales de información turística, asistencia, auxilio turístico (...)

Es decir, el concepto que se plantea en la iniciativa en comento ya se encuentra implícitamente asentado en el paquete económico pasado (Y se prevé que continúen en el proyecto de 2022), por lo que no resultaría necesario asignar una partida presupuestaria extra, toda vez que ya se incluye en los organismos destinados a esta labor y solamente se tendrían que redireccionar los recursos.

Si queremos que el turismo sea uno de los principales detonantes de la recuperación económica, es indispensable dotar de toda la certidumbre posible tanto a los visitantes como a los empresarios y prestadores de servicios turísticos, para que se desenvuelvan en un ambiente de confianza, seguridad y tranquilidad, que permita desarrollar el máximo potencial turístico de cada destino y, por ende, del país.

En el cuadro siguiente, se establece un comparativo entre la redacción actual de la Ley General de Turismo y los cambios que se proponen, a fin de clarificar la importancia de las modificaciones propuestas

Por lo fundamentado se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción XXI, y recorre la subsecuente, al artículo 3; se modifica la fracción XV del artículo 9; y se modifica la fracción XIV del artículo 10 de la Ley General de Turismo

Primero. Se adiciona la fracción XXI, y se recorre la subsecuente, del artículo 3 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

I. a XX. ...

XXI. Unidad de Orientación, Información y Quejas: Es la instancia local donde los turistas nacionales y extranjeros pueden presentar quejas y recibir una orientación adecuada, así como obtener información relevante en materia turística de la respectiva entidad federativa.

XXII. ...

Segundo. Se modifica la fracción XV del artículo 9 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 9. ...

I. a XIV. ...

XV. Brindar orientación y asistencia al turista , así como recibir, procesar y atender sus quejas, a través de la Unidad de Orientación, Información y Quejas.

XVI. a XXI. ...

Tercero. Se modifica la fracción XIV del artículo 10 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 10. ...

I. a XIII. ...

XIV. Recibir y canalizar las quejas de los turistas, para su atención por parte de la Unidad de Orientación, Información y Quejas.

XV. a XVII. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 180 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las entidades federativas contarán con un plazo de 180 días para realizar las adecuaciones correspondientes para cumplir lo establecido en el presente decreto.

Notas

1 Organización Mundial del Turismo, Barómetro del Turismo Mundial,2021. Consultado en

https://www.unwto.org/es/taxonomy/term/347

2 Organización Mundial del Turismo, Acciones para una recuperación sostenible del turismo,2020. Consultado en

https://www.unwto.org/es/acciones-para-una-recuperacion-sostenib le-del-turismo

3 Madrid, Francisco. Panorama de la actividad turística en México,2021, México: Universidad Anáhuac.

4 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva.Consultado en

https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/incidencia-delictiva?idiom=e s

5 Ibídem.

6 Reportur.mx, “Alarma con fraudes disparados por agencias ‘patito’ en internet”, 2021. Consultado en

https://www.reportur.com/mexico/2021/05/08/alarma-fraudes-dispar ados-agencias-patito-internet/

7 Erdogan, Ekiz. “Obstáculos al reclamo. El comportamiento particular de los turistas ante los reclamos”, en Estudios y perspectivas en turismo,Buenos Aires, 2010.

8 Parlamento Latinoamericano y Caribeño, Proyecto de Ley Macro de Defensa del Turista como Consumidor, Lima, 2012.

9 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021, Estrategia Programática, ramo 21, “Turismo”. Consultado en

https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2021/docs/21/r2 1_ep.pdf

10 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2021.– Diputada y diputado: María Teresa Castell de Oro Palacios, Sergio Barrera Sepúlveda (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Beatriz Rojas Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de las Cámara de Diputados, tiene a bien someter a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

La LXIV Legislatura fue conformada por 241 diputadas, lo que representó 48.2 por ciento, y 259 diputados, o 51.8, un hecho histórico en la línea del tiempo del Poder Legislativo, al tener por vez primera casi la mitad de las curules ocupadas por mujeres, por este hecho fue nombrada la “Legislatura de la Paridad de Género”.

En la presente LXV Legislatura, la paridad se ha consumado como un hecho en el número de curules ocupadas por mujeres diputadas con 250 mujeres y 250 hombres, resultando en un perfecto 50/50, lo que constata que la lucha de las mujeres a lo largo de la historia y en cada esfera por los derechos político-electores, se está cristalizando, pero haciendo hincapié en que este logro histórico, ha sido complejo, largo y aun no culmina.

La historia

El trayecto de las mujeres por la obtención de su ciudadanía y su incursión a la vida pública, ha estado plagado de obstáculos y resistencias, lucha que conlleva a un análisis histórico:

Desde 1824, un grupo de zacatecanas solicitaron su ciudadanía sin obtener respuesta alguna. Y en1856, 86 mujeres comenzaron a demandar derechos políticos al Constituyente.

De 1884 a 1894 una serie de huelgas de mujeres cigarreras en la Ciudad de México denuncian explotación laboral y falta de oportunidades, con esto consiguen que la reforma liberal autorice el derecho a la educación a las mujeres.

En 1910, el Club Hijas de Cuauhtémoc, presidido por Dolores Jiménez y Muro, protesta en la glorieta de Colón por el fraude en las elecciones y reclama la participación política de las mexicanas.

En 1911, centenares de mujeres firman una carta a favor del sufragio femenino argumentando que la Constitución no menciona el sexo de los votantes.

En 1916, se lleva a cabo el Segundo Congreso Feminista en Yucatán, demandando el derecho al voto activo de la mujer, Hermila Galindo, en la ponencia La mujer en el porvenir, plantea la igualdad intelectual entre la mujer y el hombre, al tiempo que demandó educación sexual para ambos sexos, y la ciudadanía limitada, después presenta la iniciativa para otorgar a las mujeres la ciudadanía y votar en elecciones municipales.

En 1917, en la 54 sesión ordinaria, se discute la comentada iniciativa de Hermila Galindo, y en la 63ª Sesión Ordinaria, el artículo 34 se aprobó por 166 votos a favor y 2 en contra, es decir, por la negativa de otorgarles la ciudadanía a las mujeres.

En 1922, Felipe Carrillo Puerto, considera que la Constitución no prohíbe el voto femenino, Rosa Torres se convierte en la primera regidora mexicana, por el ayuntamiento de Mérida, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Dzib Cícero, se convierten en las primeras diputadas mexicanas y después de desempeñar el cargo durante dos años, tras el asesinato de Felipe Carrillo Puerto, las tres diputadas declinan de sus cargos y huyen de Yucatán al recibir amenazas de muerte.

En 1923, en la Ciudad de México se lleva a cabo el Primer Congreso Nacional Feminista, demandando igualdad civil y política. En San Luis Potosí se obtiene el voto activo y pasivo a mujeres que sepan leer y no pertenezcan a asociaciones religiosas, pero en 1926 fue derogado.

En 1925, el Congreso de Chiapas aprueba a la mujer el voto municipal por su importancia social y superioridad moral, así en 1927 Chiapas registró a su primera diputada local, la maestra Florinda Lazos. Al mismo tiempo Tabasco otorga el derecho de votar y ser votadas a mujeres en los comicios electorales de los ayuntamientos.

En 1934, durante su campaña presidencial, Lázaro Cárdenas ofrece colocar “a las mujeres en el mismo plano de igualdad política con los hombres y promete el voto femenino”.

En 1935, se crea el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, presidido por Refugio García y conformado por 800 agrupaciones femeninas de todo el país, para obtener el derecho al voto.

En 1936, Puebla aprueba el voto femenino y Antonia González se convierte en la Primera Regidora Poblana.

En 1937, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer apoya las candidaturas femeninas para diputaciones de Guanajuato y Michoacán, pero la Convención del PNR integrada por hombres, sólo designa a candidatos de ese mismo sexo.

En 1938, Cárdenas presenta la iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional y establecer el voto femenino en elecciones federales, pero esta reforma no se consuma por temor a que favorezca al candidato de oposición.

En 1946, el presidente Miguel Alemán envía la iniciativa de adición del artículo 115 para otorgar a la mujer el derecho a votar y ser votada en elecciones municipales. Y en 1947, a raíz de esta reforma las mujeres comenzaron a ocupar cargos de elección popular en los ayuntamientos.

En 1952, Amalia González Caballero crea la Alianza de Mujeres de México, que exige el voto femenino. En ese año, el presidente Ruiz Cortines envía una iniciativa de reforma al artículo 34 constitucional. Al tiempo que Hermila Galindo es nombrada la “primera mujer congresista”.

Así, en 1953 se aprobó la reforma del artículo 34 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación, para otorgar ciudadanía plena y permitir el voto femenino en elecciones federales.

Y en 1955 las mujeres acuden por primera vez a las urnas a emitir su voto.

Después de esta victoria, la inserción de las mujeres en el ámbito público ha estado plagada de obstáculos propios de esta cultura patriarcal, la participación de las mujeres en los distintos órganos de representación popular, cargos en la administración pública de las entidades locales, federales y en las principales instancias de toma de decisión, aún se encuentra limitada.

Primeras mujeres en cargos públicos

“Somos las mujeres el fruto de la revolución... Porque la mujer participó en la lucha armada desde siempre y abrazó las mejores causas, pero su falta de preparación académica fundamental le impidió llegar a lugares de estrategia política y de alto nivel de decisiones. Conquistó la igualdad con el voto y empezó a ascender. Unas cuantas mujeres en relación numérica con los hombres.

• Griselda Álvarez, Cuesta arriba. Memorias de la primera gobernadora.

• 1954, Aurora Jiménez Palacios, primera diputada federal, por el distrito 1 de Baja California.

• 1955, Remedios Albertina Ezeta (estado de México), Margarita García Flores (Nuevo León), Guadalupe Ursúa Flores (Jalisco) y Marcelina Galindo Arce (Chiapas), primeras diputadas federales a la XLII Legislatura.

• 1959, Cristina Salmorán, primera ministra de la SCJN.

• 1964, María Lavalle Urbina y Alicia Arrellano Tapia, primeras senadoras, por Campeche y Sonora.

• 1979, Griselda Álvarez Ponce de León, primera gobernadora mexicana, por Colima.

Derechos políticos y cuotas de género

Cuarenta años después de la victoria de las mujeres al obtener la ciudadanía en 1953, en la Cámara de Diputados se aprobó en 1993 la reforma del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para promover que partidos postulen a mujeres.

En 1996, otra reforma del mismo código estableció que las candidaturas para diputaciones y senadurías no podrían exceder de 70 por ciento de un mismo género.

En 1999 se creó la Comisión de Equidad y Género , para incorporar en políticas y en todos los niveles la perspectiva de género.

En 2002, con la reforma nuevamente del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; se obliga a partidos a inscribir al menos 30 por ciento de candidaturas de mujeres en calidad de propietarias.

La reforma de la Ley Electoral de 2007 establece la cuota de género de al menos 40 por ciento y las listas plurinominales debían incluir al menos 2 mujeres en cada segmento de 5 candidatos.

En 2011, ocho diputadas solicitan licencias indefinidas para entregar sus cargos a sus esposos, hermanos, parientes y padrinos políticos. La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para evitar que se presentaran más casos.

En 2014 se aprobó la reforma del artículo 41 constitucional, estableciendo que los partidos políticos tienen como fin garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.

Reformas en materia de violencia política de género

En 2017, después de 4 años, la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado aprobó diversas reformas en materia de violencia política de género, con la modificación de las siguientes leyes:

• General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;

• General de Instituciones y Procedimientos Electorales;

• General de Partidos Políticos;

• General en Materia de Delitos Electorales; y

• General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Paridad en todo

En la recién pasada LXIV Legislatura; en 2019 se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y después en 2020, se aprobaron más de 80 reformas y adiciones a diversas leyes, en materia de Paridad de Género, para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, estableciendo parámetros para la designación de los puestos titulares, de dirección y de toma de decisiones dentro de la administración pública federal y órganos autónomos, así también modificaciones a las leyes secundarias.

Y, materia de violencia política en razón de género, hubo modificaciones a ocho leyes, generales y orgánicas, para su tipificación penal.

El género es materia universal, que atañe desde lo personal, hasta las relaciones de poder, que en su conjunto están invariablemente determinados por la cultura. La lucha de las mujeres a lo largo de la historia y el camino trazado por cada una de ellas en todos los ámbitos, han modificado con el tiempo la forma de considerar a los hombres y a las mujeres, así como las relaciones entre ambos. No se puede tolerar ni justificar, ninguna forma de discriminación ejercida contra nosotras.

Historia y exclusión en el lenguaje

Su estancia en la Escuela de Medicina en la Ciudad de México nunca estuvo exenta de problemas. Algunos estudiantes la apoyaban, otros alumnos y docentes enardecidos ante su buen desempeño, solicitaron que se revisara su expediente antes de los exámenes finales del primer año, objetando la validez de las materias del bachillerato que había cursado en escuelas particulares, ante esto a Matilde le fue comunicada su baja.

La joven Matilde Montoya, solicitó a las autoridades escolares de la Escuela de Medicina, la revalidación de las materias que ya había cursado en una escuela particular (latín, raíces griegas, matemáticas, francés y geografía) o que de no ser posible esto, le permitieran entonces cursarlas en la Escuela de San Ildefonso por las tardes. Su solicitud fue rechazada, con el argumento de que en el Reglamento Interno de la Escuela, el texto señalaba que los requisitos de ingreso eran para alumnos, no para alumnas.

Desesperada apeló al presidente de la República, Porfirio Díaz, escribiéndole una carta y poder continuar con sus estudios. El presidente vio con interés la causa de la joven y giró las instrucciones correspondientes el director del Colegio de San Ildefonso para que Matilde pudiera cursar las materias pendientes.

La alumna concluyó la carrera con excelente desempeño académico y escribió la tesis Microbiología; cirugía y obstetricia, técnica de laboratorio en algunas investigaciones clínicas. Trabajo escrito para el examen general de medicina. Pero al solicitar su examen profesional se encontró con un nuevo obstáculo: le negaron el derecho a presentarlo porque en los Estatutos de la Escuela Nacional de Medicina se hablaba del derecho a examen de “alumnos” y no de “alumnas”. De nuevo, la pasante apeló al presidente Porfirio Díaz, quien tuvo que enviar una solicitud a la Cámara de Diputados para que se actualizaran los Estatutos de la Escuela Nacional de Medicina y también pudieran graduarse médicas. Pero como la Cámara no estaba en periodo de sesiones, el presidente Díaz emitió un decreto el 24 de agosto 1887 para que se pudiera realizar el examen profesional de Montoya.

Así Matilde Montoya logra ser la primera mujer médica graduada en México.

Lo que no se nombra no existe

En la actualidad no existe sociedad alguna en el mundo donde mujeres y hombres reciban un trato equitativo, todas las palabras tienen una lectura de género. Así, la lengua no sólo refleja, sino que también transmite y refuerza los estereotipos y roles considerados adecuados para mujeres y hombres en una sociedad.

Se sigue usando el masculino como lenguaje universal y neutro. Se niega la feminización de la lengua y al hacerlo se invisibiliza a las mujeres y se rechazan los cambios sociales y culturales que están ocurriendo en la sociedad.

El proceso de socialización de género se desarrolla a lo largo de toda la vida y es transmitido a través de los distintos agentes de socialización: familia, escuela, medios de comunicación y el lenguaje.

De la misma manera que para muchas personas, lo que aparece en la televisión es “totalmente cierto” e incuestionable, así lo que se comunica desde las instancias del Estado es para la gran mayoría inapelable, de forma que si los poderes de gobierno utiliza el “masculino” como universal, dando por entendido que están incluidas las mujeres, se está en realidad, haciendo una exclusión que ha tenido como consecuencia que sean los hombres los perpetuos interlocutores con los poderes públicos y los que han manejado la dirección y los intereses de todas y todos.

Si ya de entrada el liderazgo político y social ha estado por siglos en manos de los hombres, al convocar las instancias públicas y de gobierno en sus documentos a “los adultos”, “los funcionarios” etc., se sigue falseando, mediante un uso incorrecto del lenguaje, la realidad social. Mediante ello se fomentan las exclusiones de siempre y se reproducen estereotipos que mantienen una cultura sexista y convencimientos que mantienen falsas creencias y discriminación entre la población.

Será difícil alcanzar una igualdad si cuando hablamos seguimos reproduciendo los esquemas, las formas y los atavismos que históricamente han conducido a la marginación, la exclusión y la discriminación de las mujeres, a saber, la utilización del lenguaje para invisibilizarlas, entre otros métodos.

El androcentrismo se manifiesta gracias a la desigualdad en el orden de las palabras, en el contenido semántico de ciertos vocablos o en el uso del masculino como genérico para ambos sexos. Utilizar el masculino como genérico ha borrado la presencia de las mujeres en la historia en la vida cotidiana, en el mundo.

Concluimos pues qué; el lenguaje es uno de los agentes de socialización de género más importantes al conformar nuestro pensamiento y transmitir una discriminación por razón de sexo. La lengua tiene un valor simbólico enorme, “ lo que no se nombra no existe”, y durante mucho tiempo, al hacer uso de un lenguaje androcéntrico y sexista, las mujeres no han existido y han sido discriminadas. Se nos ha enseñado que la única opción es ver el mundo con ojos masculinos, pero esta opción oculta los ojos femeninos. No es por tanto incorrecto, o una repetición, nombrar en masculino y en femenino, esto no supone una duplicación del lenguaje puesto que; duplicar es hacer una copia igual a otra y este no es el caso, es sencillamente un acto de justicia, de derechos, de libertad. Es necesario un cambio que represente igualitariamente a las mujeres y a los hombres.

Todo esto hace patente la necesidad y urgencia de fomentar el uso de un lenguaje incluyente para ambos sexos en las instituciones públicas y de gobierno; evitar la confusión, negación, ambigüedad y sobre todo la invisibilización de las mujeres que han logrado tras varios obstáculos, insertarse en la vida pública del país.

Igualdad, principio universal

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal plasmado en nuestra Constitución Mexicana y reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca: la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, noviembre de 1967; la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, septiembre 1981; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Belém do pará, junio 1994; la Declaración y Programa de Acción de Viena Conferencia Mundial de Derechos Humanos, junio 1993 y la Conferencia Mundial Beijing de 1995.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

(...)

Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

Hace referencia a que; todos Estados Partes, tomarán en todas las esferas y en particular las esferas; política, social y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Artículo 2. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas a fin de abolir las leyes, costumbres, reglamentos y prácticas existentes que constituyan una discriminación en contra de la mujer, y para asegurar la protección jurídica adecuada de la igualdad de derechos del hombre y la mujer, en particular:

a) El principio de la igualdad de derechos figurará en las constituciones o será garantizado de otro modo por la ley.

Artículo 4. Deberán adoptarse todas las medidas apropiadas para asegurar a la mujer en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación alguna: El derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas y este derecho deberá ser garantizado por la legislación.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, Belém do Pará:

Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, Estos derechos comprenden, entre otros:

j) El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas en prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

d) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

h) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.

Hace dos décadas, sólo Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Holanda tenían más de 30 por ciento de parlamentarias. En la actualidad, Bolivia, Granada, Nicaragua, Costa Rica, Cuba y México están en los primeros 10 parlamentos, con más de 40 por ciento de parlamentarias.

México vive un momento histórico sin precedentes, las mujeres ganamos el 50 por ciento de curules en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y por ello es necesario que se destaque y visibilice este logro histórico.

El camino aun es largo, para lograr la plena paridad en el ejerció del poder para las mujeres, hoy lo hemos logrado en el Poder Legislativo, pero nos falta incursión en el Ejecutivo y el Judicial, la igualdad se traduce en la presencia de las mujeres en los puestos de toma de decisiones.

Para tal efecto, resulta ineludible la transformación de la cultura política con hegemonía patriarcal y de su sistema político electoral. Se ha logrado la paridad, limitada al ámbito de la participación política en el Poder Legislativo, pero es impostergable que se institucionalice en todos los ámbitos de la vida.

Logramos llegar al tiempo en que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal plasmado en nuestra Constitución Mexicana y reconocido en diversos tratados internacionales de derechos humanos, sin embargo, la historia nos ha enseñado que solo las mismas mujeres harán valer sus derechos.

Por ello es de estricta necesidad nombrar a las mujeres, hacerlas visibles como protagonistas de la historia y del poder.

En este sentido, se hace necesario efectuar las reformas necesarias que permitan adaptar las instituciones nacionales a la realidad política de nuestro país en materia de paridad de género. Por ello se presenta ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de la Carta Magna, con el objetivo que el Congreso de la Unión sea incluyente en su lenguaje al nombrar a sus legisladoras, que en la LXV Legislatura son exactamente 50 por ciento, concretándose la paridad.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 50. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputadas y diputados y otra de senadoras y de senadores.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su aplicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, Belém do Pará.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Manual para el Uso no Sexista del Lenguaje.

Historia de la Lucha de las Mujeres por sus Derechos en México, doctora Patricia Galeana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2021.– Diputadas y diputados: Beatriz Rojas Martínez, Alma Delia Navarrete Rivera, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Andrea Chávez Treviño, Armando Corona Arvizu, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Héctor Ireneo Mares Cossío, Lidia Pérez Bárcenas, Marco Antonio Natale Gutiérrez, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Chavira de la Rosa, María Guadalupe Román Ávila, Martha Azucena Camacho Reynoso, Martha Robles Ortiz, Nora Elva Oranday Aguirre, Olegaria Carrazco Macías, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Sandra Simey Olvera Bautista, Socorro Irma Andazola Gómez, Susana Cano González, Yeidckol Polevnsky Gurwitz (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 32 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por el diputado José Antonio García García e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Antonio García García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio y con arreglo a las facultades y atribuciones conferidas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción II Bis al artículo 32 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en atención de la siguiente

Las personas con discapacidad, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, muestran alguna diversidad funcional de tipo físico, mental, intelectual o sensorial que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 1

En el país, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda de 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a escala nacional hay 6 millones 179 mil 890 de personas con algún tipo de discapacidad, cifra que representa a 4.9 por ciento de la población del país. De ellas, 47 por ciento corresponde a hombres; y 53, a mujeres. 2

No obstante, si se suma a la población con alguna limitación para realizar alguna actividad cotidiana o con algún problema o condición mental, la cifra aumenta a 20.8 millones de personas, 16.5 por ciento de la población total del país.

Dichos datos del Inegi refieren que los principales tipos de discapacidad que afectan a las personas con discapacidad en nuestro país son la discapacidad motriz, la cual afecta a 47.6 por ciento de la población con discapacidad; la visual, a 43.5; y la auditiva, a 21.9. 3

Respecto de las personas que presentan dificultad auditiva, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad señala que el problema auditivo representa una dificultad para comunicarse con los demás y obstaculiza su desarrollo educativo, profesional y humano, por consecuencia se ven limitadas sus oportunidades de inclusión.

La Organización Mundial de la Salud señala que más de 5 por ciento de la población del planeta padece pérdida de audición discapacitante, cifra que representa 466 millones de personas, mientras que en el país se habla de poco más de 1.4 millones de personas con esta dificultad. 4

Los 10 estados con mayor porcentaje de población con limitaciones auditivas aun con aparato auditivo son Tlaxcala, con 40.8 de los habitantes; Ciudad de México, con 39.3; Hidalgo, con 37.9; Zacatecas y Puebla, con 37.6; San Luis Potosí, con 37.5; Oaxaca y Veracruz, con 36.2; y estado de México y Jalisco, con 35.9 y 35.6, respectivamente. 5

La lengua de señas representa un aspecto fundamental para establecer las condiciones para la accesibilidad e inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades de las personas con dificultad auditiva.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, las lenguas de señas son idiomas naturales a todos los efectos, estructuralmente distintos de las lenguas habladas.

Cada nación tiene su lengua de señas. En el caso del país, de acuerdo con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la lengua de señas mexicana es “la lengua nacional de comunicación, por medio de cual la comunidad de personas con problemas auditivos pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social a través de una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, siendo esta tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral”.

Actualmente, la lengua de señas mexicana es considerada una de las principales herramientas para facilitar y garantizar el goce pleno y efectivo de los derechos de las personas con algún problema auditivo.

El sistema braille es el medio de comunicación representado por signos en relieve, alfabéticos y numéricos que usan las personas ciegas o con deficiencia visual para leer libros, documentos y publicaciones.

La ONU señala que el sistema de escritura braille garantiza a las personas ciegas o con deficiencia visual, la comunicación de información importante para ellas y otras personas y representa competencia, independencia e igualdad, por ello, resalta la importancia de fomentar desde las distintas esferas de gobierno este sistema de escritura. 6

Ante este contexto, resulta necesario promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, a través de acciones específicas para beneficiar a este sector de la población, con el propósito de que todas y todos los ciudadanos puedan conocer las decisiones de la vida pública que toman las diferentes instituciones del sector público federal, estatal o municipales.

Derivado de ello, la presente iniciativa tiene por objeto establecer que las instituciones del sector público de los tres órdenes de gobierno establezcan modos, medios y formatos de comunicación accesibles que permitan a las personas con discapacidad su participación e integración en los asuntos públicos en igualdad de condiciones que el resto de la población, a través de, entre otras, intérpretes de la lengua de señas mexicana, el sistema braille y todos los adecuados a los diferentes tipos de discapacidad.

Resulta apremiante el poder beneficiar y garantizar a este sector de la población su derecho oportuno a la libertad de expresión, opinión, acceso a la información y conocimiento de los asuntos de relevancia, como discusiones sobre modificaciones a las leyes estatales vigentes o creación de nuevas normas estatales y/o reglamentos municipales, entre otros.

Actualmente, diversos congresos estatales y ayuntamientos, cuentan ya con intérpretes de lengua de señas mexicanas en sus transmisiones, lo que permite a las personas con discapacidad auditiva, conocer su desempeño y los asuntos públicos que tratan y resuelven y con ello avanzar en su derecho a la información.

En el Partido Acción Nacional consideramos fundamental garantizar la igualdad de oportunidades a través de la eliminación de las barreras de comunicaciones físicas, sociales y culturales que excluyan a las personas de su plena incorporación y participación.

La inclusión y la participación plena e igualitaria en la sociedad requiere que los modos, medios y formatos de comunicación para las personas con discapacidad, como el lenguaje de señas y el sistema braille, entre otros, sean accesibles, respetados y apoyados las instituciones del sector público de los tres órdenes de gobierno, a fin de contribuir positivamente al acceso a la información para todos los ciudadanos sin importar su condición. 7

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción II Bis al artículo 32 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Único. Se adiciona la fracción II Bis al artículo 32 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 32. ...

I. y II. ...

II Bis. Las instituciones del sector público de los tres órdenes de gobierno proporcionarán modos, medios y formatos de comunicación accesibles que permitan a las personas con discapacidad su participación e integración en los asuntos públicos en igualdad de condiciones que el resto de la población, ello a través de, entre otras, intérpretes de la lengua de señas mexicana, el sistema braille y todos los adecuados a los diferentes tipos de discapacidad.

III. y IV. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los gobiernos federal, estatales y municipales realizarán las adecuaciones normativas correspondientes para cumplir lo previsto en el presente decreto en un plazo de 120 días, contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se contrapongan a lo previsto en el presente decreto.

Notas

1 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2014). Observaciones finales sobre el informe inicial de México. ONU,

https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf, consultado el día 08-10-2021

2 Censo de Población y Vivienda de 2020 (Inegi). Disponible en

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Cens o2020_Principales_resultados_EUM.pdf Consultada el 10 de octubre de 2021.

3 Ibídem.

4 Sordera y pérdida de la audición, OMS. Disponible en

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and -hearing-loss Consultada el 27 de septiembre de 2021.

5 La discapacidad en México, datos al 2014, Inegi. Disponible en

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/pro d_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825090203.pdf Consultada el 2 de octubre de 2020.

6 Día Mundial del Braille, 4 de enero, ONU. disponible en

https://www.un.org/es/observances/braille-day Consultada el 19 de octubre de 2021.

7 http://www.onunoticias.mx/con-lenguaje-de-senas-todo-el-mundo-esta-incluido/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.– Diputado José Antonio García García (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 40 de la Ley de la Fiscalía General de la República, a cargo del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito Arturo Roberto Hernández Tapia, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este honorable pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40, en su fracción III, de la Ley de la Fiscalía General de la República, en materia de denuncia anónima.

La inseguridad sigue siendo un grave problema en nuestro país. Brindarle confianza en las instituciones a los ciudadanos es fundamental para que ellos se sientan protegidos y apoyados.  El Poder Legislativo debe mantenerse cercano a las necesidades y realidades del pueblo, sin fundamental realizar las reformas legislativas necesarias para alcanzar el Estado de Bienestar al que aspiramos. 

Planteamiento del problema

Las conductas antijurídicas son un problema social complejo, “en México de cada 100 delitos que se cometen solo 6.4 se denuncian”, 1 uno de los motivos más significativos dentro de esta omisión por las víctimas se debe a la incompleta legislación de la denuncia anónima y el miedo a las represalias por parte de la delincuencia.

El crimen organizado se ha vuelto más cercano a las víctimas, llegando a identificarlos, dar seguimiento a sus hábitos y a los de sus familiares como una estrategia de miedo hacia el agredido. Por otro lado, la lenta impartición de justicia incrementa el riesgo a las victimas frente a este flagelo.

Es alarmante la deficiencia existente en torno a la protección de los denunciantes en procedimientos de investigación, lo que pone en peligro la colaboración de los ciudadanos. Al hacer una denuncia o querella con los documentos de identidad que exige la ley con el fin de respaldar el procedimiento, se teme recibir actos de intimidación y represalias en su contra, a tal grado de afectar la vida diaria del individuo.

La denuncia anónima, “también llamada delación, se produce si se avisa de forma secreta/anónima a las autoridades de un hecho delictivo”. 2 La palabra delación “viene del latín delatio y significa acción de denunciar ante un tribunal.” 3

La denuncia anónima trae consigo proteger la integridad, dignidad, vida o empleo de la víctima y así no quede vulnerable ante más actos ilícitos y las células delincuenciales organizadas.

Si dicha práctica llegará a nivel Nacional, los afectados y/o testigos tendrán la seguridad y confianza de cooperar con las autoridades correspondientes, generando información y elementos que permitan identificar, investigar y perseguir el delito, sobre todo los de alto impacto.

De acuerdo con “la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del Delito (ENVIPE, 2020), señala que en el país hubo 30.27 millones de delitos declarados por la población mayor de 18 años en nuestro país. De esa suma, un 92.4% de los delitos no fueron denunciados y constituyen lo que las y los expertos denominan como la cifra negra, es decir, los delitos que se cometen y que no se denuncian, pero también todos aquellos delitos que no son siquiera declarados por las víctimas, sobre todo en el ámbito de la violencia sexual o la violencia intrafamiliar.” 4

Para complementar la información anteriormente citada, “el INEGI en dicha encuesta con fecha de 10 de diciembre del 2020, estimo que en 2019 se denunció el 11% del total de los delitos, y para los cuales el Ministerio Público inició una Carpeta de Investigación en 69.1% de los casos.” 5

Durante 2019 se inició Carpeta de Investigación “en 7.6% del total de los delitos. Lo anterior, representa 92.4% de delitos donde no hubo denuncia o no se inició una Carpeta de Investigación” 6

En la Ciudad de México “con la finalidad de que las y los habitantes de la Ciudad de México puedan denunciar de manera confidencial la comisión de un delito, está a su disposición el servicio de Denuncia Anónima, el cual atiende a las y los ciudadanos que desean reportar algún acto ilícito que se ha cometido en su entorno como narcomenudeo, secuestro, violencia intrafamiliar, entre otros.

Al llamar al 089, los reportes de las y los ciudadanos son canalizados inmediatamente a las autoridades correspondientes las cuales inician la investigación y en su caso la persecución del delito. Todas las denuncias realizadas son completamente confidenciales.” 7

Dentro de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el artículo 36 párrafo I, se establece que una de las Facultades del Ministerio Publico es recibir la denuncia o querella a través de cualquier medio, estas pueden ser de manera anónima. Se busca aplicar dicho ordenamiento local a un Orden Jurídico Nacional

La denuncia anónima se encuentra regulada en el artículo 36 la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mismo que establece:

“Artículo 36. Facultades del Ministerio Público.

Son facultades del Ministerio Público de la Ciudad de México, las siguientes:

I. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios electrónicos, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables, sobre hechos con apariencia de delito;

Tal precepto normativo crea el fundamento procesal administrativo de la Fiscalía a fin de que los denunciantes puedan justificar y optar por la denuncia anónima garantizando que dicha denuncia pueda denunciarse y ser atendida e investigada por el Ministerio público sin poder argumentarse que sin denuncia no hay investigación.

De tal suerte que se justifica el análisis de derecho comparado analizar lo que las entidades federativas como lo es en este caso la Ciudad de México han implementado en sus ordenamientos a fin de proteger a los denunciantes de delitos de alto impacto, sin embargo, esta regulación que permite la denuncia anónima solo tiene su ámbito de aplicación a nivel local o estatal, por lo que propongo que tal disposición pueda también ser considerada en el ámbito federal.

La Ley de la Fiscalía General de la Republica es de reciente aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2021, en su artículo 41 fracción II establece:

“Artículo 41. Con independencia de las facultades que señalan la Constitución, el Código Nacional, y las demás disposiciones aplicables, las personas agentes de la Policía Federal Ministerial deberán actuar durante la investigación bajo la conducción y mando de la persona agente del Ministerio Público de la Federación, en ejercicio de las siguientes facultades:

...

II. Constatar la veracidad de los datos aportados en informaciones anónimas, mediante los actos de investigación que resulten necesarios conforme a su ámbito de facultades;”

Como puede apreciarse da facultades a las personas agentes de la Policía Federal Ministerial de constatar la veracidad de los datos aportados en informaciones anónimas, pero dicha ley no regula dentro de su texto la denuncia anónima. Solo se limitan a constatar la información, pero no el accionar del proceso administrativo de la Fiscalía General. A pesar de que el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 131 fracción II de igual forma contempla la denuncia anónima, es conveniente armonizar tal precepto en la Ley de la Fiscalía General de la República.

Por ello y a manera de derecho comparado, sugiero incorporar la redacción establecida en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la Ley de la Fiscalía General de la República, para que las denuncias anónimas sean investigadas y tengan la misma validez para las autoridades investigadoras autónomas y se salvaguarde la secrecía de las víctimas y con ello su integridad, ya que esta ley tiene por objeto establecer la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones de la Fiscalía General de la República, reiterando que dicha Fiscalía es un órgano público autónomo.

Para ello incorporo en el siguiente cuadro mi propuesta de decreto a fin de ser analizada:

Ley de la Fiscalía General de la República

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 40, en su fracción III, de la Ley de la Fiscalía General de la República

Artículo Único. Se reforma el artículo 40 en su fracción III de la Ley de la Fiscalía General de la República, para quedar en los siguientes términos:

“Artículo 40. ...

I. a II. ...

III. Recibir denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios electrónicos, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables, sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito;

IV. a XLVIII. ...”

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.impunidadcero.org/impunidad-en-mexico/#/

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/fccb58883ac7998 61f7de653d3320d5604f859f9.pdf

2 https://es.wiktionary.org/wiki/delaci%C3%B3n

3 http://etimologias.dechile.net/?delacio.n

4 https://www.mexicosocial.org/la-cifra-negra/

5 https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2020/

6 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/ EstSegPub/envipe2020.pdf

7 https://www.c5.cdmx.gob.mx/canales-de-atencion-emergencias/089-denuncia-anonima

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2021.– Diputados y diputadas: Arturo Roberto Hernández Tapia, Alma Delia Navarrete Rivera, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Armando Corona Arvizu, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Francisco Javier Borrego Adame, Héctor Ireneo Mares Cossío, Juan Ángel Bautista, Juan Ángel Bautista Bravo, María Guadalupe Román Ávila, Martha Azucena Camacho Reynoso, Martha Robles Ortíz, Noemí Salazar López, Sandra Simey Olvera Bautista, Susana Cano González (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los congresos locales a legislar en favor de incorporar mecanismos para garantizar la matriculación de indígenas en grados medio superior y superior, atendiendo las condiciones de desigualdad estructural, a cargo de la diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que

Se exhorta a las y los integrantes de los congresos locales de las entidades federativas para que legislen en favor de incorporar mecanismos que contribuyan a garantizar la matriculación de personas indígenas en grados medio superior y superior atendiendo las condiciones de desigualdad estructural.

Primero.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla en el artículo segundo, inciso B, fracción II, la responsabilidad del Estado con respecto a abatir carencias y rezagos que presenta la población indígena con respecto a escolaridad, a la letra señala “Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.”

Segundo. En el artículo tercero, con referencia al derecho a la educación, el estado ratifica su responsabilidad con respecto al fomento de la educación “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.” En su fracción X La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.

Tercero. Informes con respecto a la situación que en materia educativa presenta la población indígena devela una radical diferencia en el acceso a la educación entre la población indígena y el resto de la población. En términos estadísticos esto se ve reflejado en una diferencia porcentual importante. Con respecto a la población sin escolaridad, la población adscrita indígena asciende a un 9.3% de la población indígena, en contraste a la población no indígena que es de 3.7. En lo correspondiente al porcentaje de población que concluye estudios de educación medio superior, los porcentajes que se registran son: entre la población no indígena de un 19.6 y la adscrita indígena un 13.7%. La brecha se ahonda radicalmente en el nivel superior donde la población que se adscribe indígena reporta un 9.7 de conclusión de este grado de estudios, cifra baja con respecto a la del resto de población que llega a un 18.7 (El breve panorama educativo de la población indígena, 2017).

Cuarto. El acceso a la educación entre la población indígena se encuentra limitada por factores estructurales por lo que los mecanismos establecidos para garantizar el acceso deberán considerar elementos como:

De acuerdo al informe de 2018, el porcentaje de población indígena en situación de pobreza es de 69.5%, en contraste con el 39% de la población no indígena que se encuentra en esta situación. El 50% de la población indígena vive en localidades rurales de menos de 2500 habitantes, donde un 78.7 % se encuentra en situación de pobreza. Con respecto al ingreso inferior a la línea de pobreza extrema, 40% de la población indígena presenta esta situación que se agrava en localidades rurales donde está condición la presenta un 52.6%. Con respecto al ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos (costo de la canasta alimentaria más no alimentaria) en la población indígena es 71.9% en contraste con la población no indígena en la que 46.3% se encentra en esta situación.

Quinto. Con respecto a la responsabilidad de Estado para garantizar el acceso a la educación señala la Ley General de Educación vigente:

Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte.

Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de la educación; la impartida por éste, además de obligatoria, será:

I. Universal, al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual,

II. Inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación, por lo que:

b) Eliminará las distintas barreras al aprendizaje y a la participación que enfrentan cada uno de los educandos, para lo cual las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables;

Artículo 48. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, el cual la garantizará para todas las personas que cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones respectivas.

Para tal efecto, las políticas de educación superior estarán basadas en el principio de equidad entre las personas, tendrán como objetivo disminuir las brechas de cobertura educativa entre las regiones, entidades y territorios del país, así como fomentar acciones institucionales de carácter afirmativo para compensar las desigualdades y la inequidad en el acceso y permanencia en los estudios por razones económicas, de género, origen étnico o discapacidad.

En el ámbito de su competencia, las autoridades educativas federal, de las entidades federativas y de los municipios concurrirán para garantizar la gratuidad de la educación en este tipo educativo de manera gradual, comenzando con el nivel de licenciatura y, progresivamente, con los demás niveles de este tipo educativo, en los términos que establezca la ley de la materia, priorizando la inclusión de los pueblos indígenas y los grupos sociales más desfavorecidos para proporcionar la prestación de este servicio educativo en todo el territorio nacional. En todo momento se respetará el carácter de las instituciones a las que la ley otorga autonomía.

Artículo 56. El Estado garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas.

Contribuirá al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo tanto de la tradición oral y escrita indígena, como de las lenguas indígenas nacionales como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento.

La educación indígena debe atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística; además de basarse en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y de nuestras culturas.

Artículo 58. Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en este Capítulo, las autoridades educativas realizarán lo siguiente:

V. Tomar en consideración, en la elaboración de los planes y programas de estudio, los sistemas de conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para favorecer la recuperación cotidiana de las diferentes expresiones y prácticas culturales de cada pueblo en la vida escolar;

VI. Crear mecanismos y estrategias para incentivar el acceso, permanencia, tránsito, formación y desarrollo de los educandos con un enfoque intercultural y plurilingüe, y

VII. Establecer esquemas de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno para asegurar que existan programas de movilidad e intercambio, nacional e internacional, dando especial apoyo a estudiantes de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, en un marco de inclusión y enriquecimiento de las diferentes culturas.

Con fundamento en lo anterior, y en consideración, al imperativo de establecer acciones para garantizar el acceso a la educación media superior y superior y con ello incidir en una mejora de las capacidades de este sector poblacional para lograr que compita bajo mejores condiciones en el mercado laboral y acceda a seguridad social

Por lo anteriormente señalado, se propone al pleno de esta soberanía el siguiente

Único: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las y los integrantes de los congresos locales de las entidades federativas para que legislen en favor de incorporar mecanismos que contribuyan a garantizar la matriculación de personas indígenas en grados medio superior y superior atendiendo las condiciones de desigualdad estructural.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de octubre 2021.– Diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, el IMSS y el ISSSTE a restablecer el suministro de tratamientos inmunosupresores para trasplantados de riñón que lo requieran, a cargo de la diputada Berenice Juárez Navarrete, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Berenice Juárez Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a restablecer con la mayor brevedad el suministro de tratamientos inmunosupresores para las personas trasplantadas de riñón que así lo requieran, al tenor de las siguientes

La insuficiencia renal es, quizá, una de las enfermedades más lacerantes y desgastantes que puede padecer una persona. La pérdida de capacidad de los riñones de filtrar los desechos de la sangre, es una afección que, en poco tiempo, puede deteriorar la salud de una persona al grado de causarle la muerte.

Los diferentes tipos de insuficiencia renal, exigen distintos tratamientos médicos especializados, no obstante, cuando dicho trastorno llega a su fase final, solo la diálisis o el trasplante de riñón son las alternativas que le permiten a quien la padece, poder seguir con vida.

La diálisis es un procedimiento que elimina los productos de desecho y el exceso de líquido de la sangre que los riñones no pueden eliminar. Este tratamiento realiza la función que normalmente hacen los riñones cuando están sanos y es administrado de por vida, salvo que se recupere la función renal, situación poco frecuente, o bien se produzca un trasplante de riñón.

El proceso por el cual atraviesa una persona con insuficiencia renal crónica y su familia, puede llegar a ser un verdadero suplicio. Permanecer durante varias horas, varios días a la semana conectado a una máquina para poder seguir con vida, debe ser realmente extenuante. Ello, aunado a la interminable espera que representa ser un número más en una larga lista para poder ser beneficiario de un trasplante o el cúmulo de estudios y candidatos que pueden pasar para que finalmente un familiar le pueda donar el órgano esperado. Lamentablemente para muchas personas con insuficiencia renal, nunca llega ese día.

Según datos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, durante 2020, fueron otorgadas en sus hospitales 333 mil 948 consultas a personas por insuficiencia renal, siendo la Ciudad de México, Nuevo León, Puebla, Baja California, Guanajuato, Jalisco y Morelos las entidades donde más casos fueron atendidos.

Por otra parte, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Trasplantes, hasta septiembre de 2021 se han realizado en el país 1162 trasplantes de riñón, siendo la Ciudad de México y Jalisco las entidades donde mayor número de intervenciones se han realizado.

Cuando finalmente, después de una desgastante espera, de años incluso, se lleva a cabo el tan esperado trasplante de riñón, comienza una nueva lucha por la vida. Los cuidados extremos y el tratamiento médico por lograr que el organismo no rechace el órgano trasplantado, representan un verdadero desafío.

Los llamados inmunosupresores, constituyen un fármaco de vital importancia para el trasplantado de riñón, pues estos disminuyen la actividad del sistema inmune con el objetivo de prevenir y tratar el rechazo, así como evitar la lesión crónica del órgano trasplantado.

No obstante que dichos esquemas de medicación resultan imprescindibles para brindar a los pacientes estabilidad, en los últimos meses no se encuentran disponibles para las pacientes que los requieren.

El desabasto de medicamentos para algunos padecimientos que actualmente sufre nuestro país, ha alcanzado también a pacientes trasplantados de riñón, quienes desde hace aproximadamente 9 meses padecen, cada día de manera más agudizada, la falta de dichos medicamentos, al extremo de no recibir absolutamente nada en los hospitales y clínicas donde son atendidos.

“Nuestra pena y necesidad ahora es de vida o muerte y así se encuentran bastantes de nuestros compañeros, en ventanilla de nuestra farmacia de la clínica médico familiar número 19 de Ciudad Hidalgo sólo se nos niega surtirnos las recetas”. Así lo relata un trasplantado de riñón del Estado de Michoacán, que sufre la falta de dichos medicamentos.

Como éste, muchos son los casos que la Asociación de Enfermos de Riñón, AC, de Ciudad Hidalgo, Michoacán, ha documentado y que son motivo de preocupación para las familias de los enfermos.

Ante tan grave situación y, toda vez que el tratamiento postrasplante resulta de vital importancia para el resultado exitoso de dicho procedimiento e incluso para la vida misma del paciente, los afectados se ven obligados a recurrir a la compra de los medicamentos mencionados, los cuales por ser de alta especialidad, tienen costos demasiado elevados, situación que afecta de manera grave la economía familiar del tratado, máxime que después del trasplante el paciente no puede retomar de manera inmediata su actividad laboral.

La falta de medicamentos en hospitales y clínicas públicos no es un hecho aislado, el pasado 22 de octubre el doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, reconoció ante el pleno de esta Cámara que el desabasto de medicamentos es una realidad en el país, a la que él mismo denominó un “talón de Aquiles”.

Ante un discurso de constante negación del problema, así como descalificación e incluso acusaciones golpistas a las personas que denuncian y exigen su solución; el hecho de que el encargado de la política de salud en el país, reconozca la existencia del problema, representa un avance significativo.

Sin embargo, el reconocimiento de la falta de medicamentos en las farmacias de los hospitales, por parte de la autoridad responsable, no es suficiente. Se requiere la implementación de medidas prontas y contundentes. La salud de las personas que dependen de los fármacos faltantes no puede esperar, es su vida la que está en juego. Un día que pase sin el tratamiento requerido, puede representar la muerte misma del paciente.

Por otro lado, es necesario restablecer y fortalecer la atención que requieren los enfermos renales, cuyo tratamiento es la terapia sustitutiva renal, como recurso terapéutico de soporte renal en cualquiera de las modalidades: diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal.

La omisión y falta de resultados en cualquier área de la función pública resulta reprochable, sin embargo, cuando se trata de la salud y la vida de las personas se torna criminal.

Más allá de debates estériles o de acusaciones sin sentido, compañeras y compañeros, antepongamos el bien supremo que cualquier persona puede tener: la vida. La vida de mujeres y hombres que representamos, quienes votaron por nosotros, los que permitieron que hoy estemos reunidos en este pleno. Dejemos de lado mezquindades políticas y legislemos por la salud de miles de pacientes que hoy reclaman de nuestro trabajo.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud y de los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a que con la mayor brevedad restablezcan el suministro de tratamientos inmunosupresores para las personas trasplantadas de riñón que así lo requieran.

Segundo: La Cámara de Diputado del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud y de los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a restablecer y fortalecer la atención de pacientes con enfermedad renal crónica que se encuentran en tratamiento sustitutivo con hemodiálisis o diálisis peritoneal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.– Diputada y diputado: Berenice Juárez Navarrete, Xavier González Zirión, Julieta Mejía Ibáñez (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades de salud, la Secretaría de Bienestar y la SHCP a adquirir, entregar y distribuir insumos médicos y fármacos, a cargo del diputado Xavier González Zirión, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Xavier González Zirión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Derivado de la pandemia por el SARS-CoV-2 (covid 19), el acceso a medicamentos seguros, eficaces, asequibles y de calidad es un componente esencial del derecho a la salud que pasa, entre otras cosas, por garantizar que los pacientes tengan acceso a los medicamentos necesarios en todo momento y de manera predecible. Sin embargo, la escasez y otros problemas en el suministro de medicamentos se están produciendo de forma creciente y recurrente en los últimos años, afectando plenamente la disponibilidad y con graves consecuencias para los pacientes, los sistemas de salud y la sociedad en general.

La falta de adquisición afecta a una amplia variedad de medicamentos. Muchos de estos se utilizan en un entorno hospitalario y, a menudo, incluyen antibióticos, medicamentos contra el cáncer y anestésicos.

A pesar de la enorme relevancia de este tema y la preocupación de los profesionales, no se ha establecido de forma eficaz para la adquisición de fármacos, lo que produce un desabastecimiento cuando la demanda no se cubre, por políticas ineficientes generando un aumento de solicitudes de medicamentos (para uso humano o veterinario) a nivel nacional. En este punto, aún es necesario acordar una política de adquisición de insumos y fármacos homologada para el sector salud para evitar la escasez, interrupción del suministro.

Los más afectados por la mala aplicación de políticas en la adquisición de insumos y fármacos por parte del gobierno son los pacientes, consecuencias que tienen un efecto directo en su salud física y mental, así como en sus finanzas.

Actualmente, México vive la peor crisis de escasez de insumos y fármacos en la historia moderna de nuestro país. Según expertos de la industria, la persistencia de esta escasez se explica, por un lado, por el alto nivel de improvisación, desorganización e inexperiencia de quienes tienen la tarea de adquirir medicamentos e insumos médicos y, por otro, por la deficiencia de la estrategia implementada por el gobierno para la compra de medicamentos de manera eficiente y efectiva [Badillo, D. (2021). “Escasez de medicamentos”, en El Economista, https://www.eleconomista.com.mx/poli-tica/Es-casi-medio-ano-y-el-gobierno-todav ia-no-compra-los-medicamentos-para-2021-20210627-0001.html].

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea los siguientes

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Salud para el Bienestar, para que, en el marco de sus atribuciones y de manera coordinada, diseñen e implementen mecanismos para la entrega y distribución de insumos médicos y fármacos del Cuadro Básico de Medicamentos, así como fármacos especializados.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en el marco de sus atribuciones agilice y eficiente los mecanismos de adquisición de insumos médicos y fármacos del Cuadro Básico de Medicamentos, así como fármacos especializados.

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 14 de octubre de 2021.– Diputados y diputadas: Xavier González Zirón, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Sue Ellen Bernal Bolnik, Elizabeth Pérez Valdez, Diana María Teresa Lara Carreón, Norma Angélica Aceves García (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos locales a implantar por sus secretarías de educación un mecanismo o fungir como intermediarios ante la CFE para establecer esquemas que permitan a los planteles públicos cubrir el costo de la electricidad que consumen, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada María del Carmen Pinete Vargas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

La educación en nuestro país es un derecho al que toda persona debe tener acceso según se reconoce el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La educación proporciona a las personas las habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse, siendo un factor que influye en el avance y progreso tanto individual como colectivo; además, enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos.

En este sentido, la educación resulta necesaria para alcanzar mayores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, con la finalidad de acortar las desigualdades económicas y sociales, propiciando la movilidad de las personas, permitiéndoles acceder a mejores empleos y mayores ingresos.

Por ello es responsabilidad del Estado garantizar el ejercicio pleno y efectivo del derecho de acceso a la misma, lo que implica también asegurar que las comunidades cuenten con una infraestructura física educativa adecuada, pues la escuela es el contexto en donde se produce el aprendizaje escolar, es el ambiente físico donde transcurren las dinámicas e interacciones entre los docentes, estudiantes, los recursos, los contenidos pedagógicos y las tecnologías que propician la educación.

Con respecto a los estudiantes, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una adecuada infraestructura educativa se asocia respecto de los alumnos a su bienestar cognitivo y motivación; a la mejora en sus prácticas de higiene y su salud, a incrementos en los niveles de asistencia y matriculación, a su seguridad física, su potencial de aprendizaje y, en última instancia, a su logro académico. 1

Existe una evidente relación positiva entre la calidad de la infraestructura educativa y el aprendizaje de los estudiantes y son claros los beneficios que trae consigo el hecho de que una escuela cuente con toda la infraestructura necesaria para su funcionamiento, es decir, que cuente con mobiliario, espacios deportivos, agua potable, energía eléctrica, drenaje, conexión a internet, entre otros elementos.

Bajo esta lógica, la energía eléctrica juega un papel central en el proceso educativo. No olvidemos que, debido a la importancia alcanzada por la electricidad en la vida moderna, el acceso a ésta ha sido considerado por algunos juristas, instituciones y colectivos, incluso, como un derecho humano.

En las escuelas, la electricidad es indispensable para hacer funcionar la iluminación de las aulas, las bombas de agua, los equipos de cómputo y los servicios de telecomunicaciones que facilitan la transmisión de conocimientos como el internet, la televisión y la radio, así como el aire acondicionado o la calefacción en los lugares donde estos son necesarios.

El sector educativo en nuestro país resultó uno de los más afectados por las restricciones dictadas por las autoridades sanitarias derivadas de la pandemia por covid-19, ya que durante más de 18 meses las aulas se trasladaron a casa para dar continuidad a la formación de millones de alumnas y alumnos, anunciándose en el mes de agosto del presente año, el retorno a clases presenciales.

En este contexto, en el estado de Veracruz el retorno es aún más complejo, la realidad de 212 municipios que presentan diferencias enormes entre sí, agrava superlativamente esta problemática, en donde, por ejemplo, existen niñas, niños y adolescentes que tienen que tomar clases, sin contar si quiera con de energía eléctrica.

El problema fundamental es que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les suspendió el servicio a varias escuelas ante el incumplimiento de pago y muchas otras están en riesgo latente de que esto suceda derivado de los adeudos que tienen.

Ejemplo de ello es que en septiembre pasado, de acuerdo a declaraciones de un regidor de la Comisión de Educación del honorable Ayuntamiento de Veracruz, muchas escuelas no habían podido regresar a las clases presenciales porque la CFE cortó el servicio de energía eléctrica. 2

Como se señaló, desde antes de la pandemia existían casos de escuelas que presentaban adeudos impagables, es el caso del jardín de niños Gabriela Mistral, ubicado en el municipio de Boca del Río, cuya comunidad de padres de familia bloqueó en mayo de 2019 la circulación de la carretera Veracruz-Medellín de Bravo, en protesta por la falta de energía eléctrica que estaba generando, además de problemas educativos, enfermedades en los menores. El adeudo con la CFE era de más de 348 mil pesos, un monto difícil de cubrir para una escuela pública. 3

Si esta situación afecta a un buen número de escuelas en las principales ciudades del estado de Veracruz, la misma se replica incluso con mayor fuerza en municipios que concentran en su mayoría comunidades rurales en donde las niñas, niños y adolescentes enfrentan aún más obstáculos para acceder a una educación de calidad, como lo es la zona que represento del Distrito 02 con cabecera en Tantoyuca, Veracruz, donde de los 15 municipios que lo integran, más de 80 por ciento es de población rural e indígena.

Derivado de lo anterior, según se ha dado a conocer en medios de comunicación del estado, algunas escuelas públicas han recurrido al cobro de cuotas, 4 argumentando que éstas se requieren para el pago de los servicios que son indispensables para el funcionamiento óptimo de las mismas.

Si bien lo anterior pudiera parecer comprensible frente a la difícil situación económica por la que pasan muchos centros escolares, esto va en contravención de la gratuidad de la educación consagrada en el artículo 3o. de nuestra Carta Magna y de lo dispuesto en el artículo 7, fracción IV, inciso a) de la Ley General de Educación, el cual prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione el acceso al servicio educativo que imparta el Estado.

En atención a lo expresado, es urgente encontrar el o los mecanismos que permitan a la Secretaría de Educación, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, ambas del gobierno del estado de Veracruz, destinar recursos con la finalidad de ayudar a los planteles educativos públicos de la entidad a cubrir el costo de la energía eléctrica que consumen y/o fungir como intermediario entre la Comisión Federal de Electricidad y los centros escolares que presentan adeudos por energía eléctrica de la entidad para llegar a convenios que les permitan cubrir el costo de la energía eléctrica que deben, principalmente de manera paulatina o en plazos que les permitan finiquitar dichas moras, especialmente aquellas escuelas que se encuentren en mora o con imposibilidad de liquidar sus adeudos, con el propósito de garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la educación de calidad.

La situación descrita no es exclusiva del estado de Veracruz, pues esta problemática se presenta lamentablemente en cientos o miles de escuelas en todo el territorio nacional.

En virtud de lo expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales, a través de sus Secretarías de Educación, a implementar un mecanismo y/o fungir como intermediarios ante la Comisión Federal de Electricidad para establecer esquemas que permitan a los planteles educativos públicos de sus entidades cubrir el costo de la energía eléctrica que consumen, especialmente a aquellas escuelas que se encuentren en mora o con imposibilidad de liquidar sus adeudos, con el propósito de garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la educación.

Notas

1 Véase, Informe de evaluación a la política de infraestructura física educativa de la educación obligatoria en México, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, junio de 2019. Página 1. Disponible en:

https://www.inee.edu.mx/portalweb/suplemento12/evaluacionescuela s-al-cien-fam.pdf

2 Véase, Flor Meza, “Por falta de pago de luz y agua, escuelas no regresan a clases presenciales”, El Dictamen, 6 de septiembre de 2021. Disponible en:

https://www.eldictamen.mx/noticias-deveracruz/boca-ver/por-falta -de-pago-de-luz-y-agua-escuelas-no-regresan-a-clases-presenciales/

3 Véase, Ingrid Ruíz Rivera, “Sufren calor en kínder por falta de luz”, Diario de Xalapa, 21 de mayo de 2019. Disponible en:

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/sufren-calor-en-kinder-p or-falta-deluz-3649300.html

4 Véase, Ariadna García, “Cuotas escolares ponen a temblar a padres; ve hasta cuánto piden”, Diario de Xalapa, 13 de agosto de 2021. Disponible en:

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/cuotas-escolares-ponen-a -temblar-a-padres-piden-hasta-mil-500-pesos-7080006.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.– Diputada María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a realizar las acciones conducentes a garantizar los derechos a la movilidad, la protección civil y la seguridad de la infraestructura urbana para quienes viven o transitan por la zona aledaña al tren suburbano que correrá de la estación Lechería al aeropuerto internacional Felipe Ángeles y realizar éstas de manera consensuada con los habitantes afectados, en particular de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan, Zumpango y Tecámac, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y los demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en el ámbito de sus facultades, se realicen las acciones pertinentes a fin de proteger y garantizar los derechos a la movilidad, a la protección civil y la seguridad de la infraestructura urbana para las personas que habitan y transitan por la zona aledaña al tren suburbano que correrá de la estación Lechería al aeropuerto internacional Felipe Ángeles y estas se realicen de manera consensuada con los habitantes afectados, en particular de los municipios de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan, Zumpango y Tecámac, al tenor de las siguientes

Recientemente se han llevado a cabo distintas protestas por parte de vecinos de colonias aledañas por donde correrá la extensión del tren suburbano que abarcará de la estación Lechería al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en el estado de México. Apenas el pasado 17 de agosto del presente año, vecinos del municipio de Tultepec impidieron que trabajadores realizaran sus labores con maquinaria pesada porque señalan que la ampliación del tren suburbano afectará la movilidad de más de 15 mil habitantes de diferentes colonias. En dicho acto, los habitantes explicaron que, con el proyecto que forma parte del nuevo aeropuerto, ya no tendrían acceso a una de las avenidas principales de colonias como la 10 de Junio, Ejido Teyahualco o El Arenal. Razón por la que tendrían que desplazarse 2 kilómetros para buscar una alternativa vial. 1

De acuerdo con reportes de un medio de comunicación nacional, en entrevista con personal del Gobierno del Ayuntamiento de Tultepec, se señaló que “..., el Ayuntamiento de Tultepec advirtió que Avenida Doctores se vería prácticamente cerrada con el proyecto que les ha presentado el Gobierno federal...” 2

Al respecto, los manifestantes aclararon que no están en contra del Tren Suburbano, sino que con la obra se dejarían “encerrados” a los vecinos.

Por si estos problemas de movilidad no fueran suficientes, también se tendría que tomar en cuenta una nueva infraestructura subterránea para los conductos del drenaje, gas natural, agua potable; así como los problemas de inundaciones que afectan a la región para que estas nuevas obras de infraestructura no representen un riesgo a futuro.

El viernes 24 de septiembre del presente año a las 11 de la mañana, los representantes de los vecinos fueron convocados por autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en sus instalaciones de avenida Universidad número 1738, en Coyoacán, Ciudad de México, para que les sea planteada una solución alternativa de movilidad. 3

Entre las principales inquietudes por parte de los representantes vecinales de las colonias 10 de junio y Santiago Teyahualco del municipio de Tultepec, se encuentran el que los circuitos de vialidades que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes proponen para solucionar el problema de las avenidas principales de colonias como 10 de Junio, Ejido Teyahualco o El Arenal, que se verán afectadas, no existe la certidumbre de que sean suficientes para la circulación de vehículos de carga pesada, que éstos tengan el suficiente radio de giro para maniobrar; la necesidad de que se contemplen ciclovías dignas pues gran parte de la población utiliza este tipo de transporte; así como de que se tome en cuenta que estas avenidas son el paso para la circulación de otros municipios de la región, por lo que el incremento del tránsito vehicular es evidente y se podrían ocasionar serios problemas de circulación si las dimensiones de las vialidades que se proponen no son las requeridas.

Al respecto, el párrafo dieciocho del Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “...Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.” 4

Las fracciones XXII y XXV del Artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establecen que a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le corresponde:

“XXII. Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares;...”

“...XXV. Cuidar de los aspectos ecológicos y los relativos a la planeación del desarrollo urbano, en los derechos de vía de las vías federales de comunicación;...” 5

Asimismo, México firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y ratificó su Protocolo Facultativo el 30 de marzo de 2007, convirtiéndose así en uno de los Estados comprometidos a proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, con miras a una sociedad inclusiva.

Al respecto, el primer párrafo del artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establece que: “La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá? el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral...” 6

Asimismo, no podemos negar que en materia de movilidad, el uso de la bicicleta como medio de transporte es cada vez más importante en diversas localidades en el mundo, en donde se implementan acciones que tienen como propósito la movilidad sustentable. En este contexto, es importante tener presente que las nuevas vialidades que deberán convivir con la extensión del tren suburbano, tienen un denominador común: muchos habitantes de estas localidades aledañas son usuarios de bicicletas como principal medio de transporte.

En esta tesitura, coincidimos con el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador que en esta región del estado de México, no sólo se está llevando a cabo una de las obras de infraestructura más importantes en el país, sino que se está construyendo en la actualidad el aeropuerto más importante, en su tipo, en el mundo.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes asignó en este año, más de 290 millones de pesos de presupuesto para la ampliación del tren suburbano, de los cuales se ha ejercido el 6.9 por ciento hasta el cierre del primer semestre de 2021. 7 Por lo que resulta urgente que se lleven a cabo los consensos con la comunidad afectada para no detener los avances del proyecto.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo coincidimos en que la extensión del tren suburbano de Lechería a Santa Lucía traerá grandes beneficios a la población de la zona aledaña, no obstante, para que esto sea posible resulta imperativo que las instancias gubernamentales involucradas lleven a cabo mesas de trabajo con la población afectada pues son ellos los conocen mejor que nadie, las necesidades viales y de infraestructura urbana de sus localidades. La búsqueda del consenso debe ser la herramienta principal para la consecución de los fines de los proyectos de infraestructura vial para garantizar la seguridad y la movilidad de las zonas aledañas.

Por lo expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en el ámbito de sus facultades, se realicen las acciones pertinentes a fin de proteger y garantizar los derechos a la movilidad, a la protección civil y la seguridad de la infraestructura urbana para las personas que habitan y transitan por la zona aledaña al tren suburbano que correrá de la estación Lechería al aeropuerto internacional Felipe Ángeles y estas se realicen de manera consensuada con los habitantes afectados, en particular de los municipios de Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan, Zumpango y Tecámac.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en el ámbito de sus facultades, en el proyecto ejecutivo que contemple los accesos de la población a sus localidades que se realicen por parte de esta Secretaría con motivo de la construcción del tren suburbano que correrá de la estación Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles -que incluyen puentes peatonales y vehiculares, así como pares viales al interior de los municipios-, se incluyan los estudios técnicos que garanticen que estos están diseñados para soportar el aumento del tráfico vehicular, las maniobras de vehículos pesados, el traslado de personas y mercancías, la inclusión de ciclovías, accesos para personas con discapacidad y constituyan un detonante de la actividad económica de los municipios de la zona aledaña al mismo.

Notas

1 Reforma. “Detienen vecinos al tren suburbano”. Disponible en:

https://cutt.ly/0EnbWDf. Consultado el 24 de septiembre de 2021

2 Ibíd.

3 Dicha reunión puede ser consultada en la transmisión de facebook en:

https://web.facebook.com/1107932764/videos/390529956017195/. Consultado el 25 de septiembre de 2021.

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:

https://cutt.ly/HEnY3aE. Consultado el 25 de septiembre de 2021

5 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Disponible en:

https://cutt.ly/9EnUF2f. Consultado el 25 de septiembre de 2021.

6 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Disponible en:

https://cutt.ly/rEnFl3L Consultado el 25 de septiembre de 2021

7 El Economista, “Ampliación del Suburbano al AIFA ya tiene 298 millones de pesos”. Disponible en:

https://cutt.ly/LEnDMnV Consultado el 25 de septiembre de 2021.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2021.– Diputadas: Dionicia Vázquez García, Ana Laura Bernal Camarena, Sandra Simey Olvera Bautista, Sue Ellen Bernal Bolnik, Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a actualizar el documento rector Política Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2 para inmunizar a niños y adolescentes de 12 a 17 años, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en la siguiente

Las vacunas tienen como función primordial el fortalecimiento del sistema inmunológico a fin de que éste pueda combatir los virus y bacterias. Dicho de otro modo, en cuanto el cuerpo humano se vea expuesto a los patógenos en cuestión, éste estará listo para destruirlos y, por ende, prevenir una enfermedad. 1

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, al 18 de febrero de 2021 hay al menos siete vacunas que se han comenzado a administrar en distintos países del mundo. Sin embargo, según este organismo internacional también existen más de 200 vacunas experimentales en desarrollo, de éstas 60 ya se encuentran en fase clínica. 2 Sin lugar a dudas, las vacunas salvan vidas y, por ello, resultan ser una herramienta clave en contra de la pandemia de covid-19.

Ahora bien, es de señalar que de acuerdo con Jiménez et al en el artículo La obesidad como factor de riesgo en personas concovid -19: posibles mecanismos e implicaciones,las personas que padecen obesidad tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones ante la covid-19. Textualmente las y los académicos refieren lo siguiente:

“Los primeros datos disponibles acerca del papel de la obesidad en covid-19 sugieren que las personas con obesidad severa tienen más riesgo de hospitalización, cuidados intensivos, ventilación mecánica y/o muerte, independientemente de otras comorbilidades. Los datos apuntan también a que la obesidad podría ser un factor muy importante en las personas más jóvenes.” 3

En este sentido, resulta preciso apuntar que México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil. De acuerdo con el Inegi, en 2020, el 22 por ciento de las niñas y niños menores de 5 años en México tienen riesgo de padecer sobrepeso. 4 Por su parte, el 18 por ciento de la población de 5 a 11 años, el 21 por ciento de los hombres de 12 a 19 años y el 27 por ciento de las mujeres de la misma edad presentan sobrepeso. 5 Resulta evidente que existe un especial riesgo a complicaciones generados por la covid-19 en los grupos etarios que componen a los menores de edad en México.

Por su parte, es de apuntar que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) recomienda que todas las personas de 12 años o más deben vacunarse a fin de protegerse contra la covid-19. 6

Ahora bien, es de resaltar la preocupación de las madres y los padres de familia por el regreso a clases presenciales de las niñas y niños y adolescentes el pasado 30 de agosto de 2021. Ello pues a la fecha, y pese al regreso escolar, las autoridades sanitarias mexicanas no han autorizado la aplicación de las vacunas contra la covid-19 para el grupo etario de 12 a 17 años. Esta situación, sin duda, expone a las niñas, niños y adolescentes a un contagio de esta enfermedad.

En virtud de ello, es de suma importancia que la Política Nacional Rectora de Vacunación contra el SARS-CoV-2 para la Prevención de la covid-19 en México contemple a las niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años a fin de que este grupo etario sea inmunizado contra la covid-19. Lo anterior, en virtud de que el 95 por ciento de las escuelas públicas y privadas arrancó el ciclo escolar 2021-2022 el día 30 de agosto de 2021 con clases presenciales 7 y que, al momento, el 99 por ciento de las niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años, sigue sin ser vacunado. 8

Vacunación niñas niños y adolescentes en Nuevo León

El pasado 16 de septiembre, el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, anunció que se concretó la gestión con autoridades de McAllen, Texas, en Estados Unidos, a fin de vacunar contra la covid-19 a niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años neoleoneses en McAllen. Lo anterior, como parte del Programa de Vacunación Transfronterizo impulsado por el gobernador electo. 9

Con este programa, Nuevo León se convierte en el primer estado de la República Mexicana en realizar gestiones para comenzar a vacunar contra la covid-19 a niñas, niños y adolescentes. El pasado 20 de septiembre 360 menores de edad fueron inmunizados gracias a este programa. 10

Posteriormente, el 31 de octubre del presente año se anunció que el gobierno del estado de Nuevo León determinó inmunizar a adolescentes de 12 a 17 años que padezcan alguna comorbilidad. 11

Marco jurídico

En cuanto al marco jurídico, en primer lugar, es de señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere en su artículo 1 que queda prohibida toda forma de discriminación, incluyendo por supuesto, la motivada por la edad. A la letra, dicho artículo refiere lo siguiente:

“ Artículo 1. (...)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 12

En este sentido, privar a este grupo etario de la vacuna no sólo se traduciría en la comisión de un acto que podría poner en riesgo la salud de las niñas, niños y adolescentes, sino que también, se traduciría en un acto discriminatorio violatorio del artículo 1 constitucional.

Por su parte, es de mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4 el derecho de toda persona a gozar de protección a la salud. A la letra este artículo establece lo siguiente:

“ Artículo 4. (...)

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

(...)” 13

En este sentido, resulta evidente que las niñas, niños y adolescentes, al igual que el resto de las y los mexicanos, tienen derecho a la protección de la salud. Por ello, como consecuencia lógica, también tienen derecho a ser inmunizados contra la covid-19 incluso aunque se trate de una parte de la población de bajo riesgo. Esto pues, no por formar parte de este sector quedan exentos de adquirir el virus e incluso ser portadores asintomáticos.

El martes 16 de noviembre de 2021, el subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López Gatell, anunció que se inmunizará contra la covid-19 a menores de edad de 15 a 17 años. 14 Lo anterior, se da después de que diversos jueces otorgaran múltiples amparos a familiares de menores que desean ser inmunizados contra el virus SARS CoV-2 15  y después de que el propio subsecretario haya calificado el acudir al Poder Judicial para solicitar una vacuna como una conducta “egoísta y que atenta contra los principios de la sanidad.” 16

Finalmente, dado que el documento rector de Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la covid-19 en México, no contempla a las niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años, es preciso incorporar a este grupo etario en la calendarización de la vacuna a fin de garantizar su salud.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Único.— La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal a actualizar el documento rector de Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la covid-19 en México, a fin de que se vacune contra la covid-19 a todas y todos los adolescentes de 12 a 17 años.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. (2021). Vacunas contra la covid-19. Organización Mundial de la Salud. Recuperado de:

<https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronaviru s-2019/covid-19-vaccines>

2 Ídem.

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7247450/

4 Inegi. (2020). Estadísticas a propósito del Día Mundial contra la Obesidad (12 de noviembre). Inegi. Recuperado de:

<https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/ 2020/EAP_Obesidad20.pdf>

5 Ídem.

6 Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. (2021). Niños y adolescentes.  Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Recuperado de:

<https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recom mendations/adolescents.html>

7 El Financiero. (2021). Así se vive el regreso a clases en la CDMX. El Financiero. Recuperado de:

<https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/30/asi-se-v ive-el-regreso-a-clases-en-la-cdmx/>

8 Letal regresar a clases, sin vacuna. El Financiero Recuperado de:

<https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/luis-pazos/2021/08/2 5/letal-regresar-a-clases-sin-vacuna/>

9 El Financiero. (2021). Samuel García anuncia vacunación contra covid para menores en NL en McAllen. El Financiero. Recuperado de:

<https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/09/16/samuel-ga rcia-anuncia-vacunacion-contra-covid-para-menores-de-nl-en-mcallen/>

10 ADN40. (2021). Menores de edad de NL van a la frontera para vacunarse contra covid-19. ADN40. Recuperado de:

<https://www.adn40.mx/mexico/menores-de-edad-nl-frontera-covi d-19-lhp>

11 Gobierno del estado de Nuevo León. (2021). Iniciará NL este lunes vacunación de menores con comorbilidades. Gobierno del estado de Nuevo León. Recuperado de:

<https://www.nl.gob.mx/boletines-comunicados-y-avisos/iniciar a-nl-este-lunes-vacunacion-de-menores-con-comorbilidades>

12 Cámara de Diputados. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados.

13 Cámara de Diputados. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados.

14 Monroy, J. (2021). López -Gatell anuncia vacunación contra covid-19 para menores de 15 a 17 años sin comorbilidades. El Economista. Recuperado de:

<https://www.eleconomista.com.mx/politica/Lopez-Gatell-anunci a-vacunacion-contra-covid-19-para-menores-de-15-a-17-anos-sin-comorbilidades–20 211116-0034.html>

15 Ocampo, A. (2021). Familias buscan con amparos vacunas para sus hijos; madres denuncian discriminación de juez. Animal Político. Recuperado de:

<https://www.animalpolitico.com/2021/09/familias-amparos-vacu nas-ninos-discriminacion-juez/>

16 Hernández, E. (2021). López-Gatell se lanza contra vacuna infantil. Eje Central. Recuperado de:

<https://www.ejecentral.com.mx/lopez-gatell-se-lanza-contra-v acuna-infantil/>

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 17 de noviembre de 2021.– Diputada y diputado: María Leticia Chávez Pérez, Jorge Álvarez Máynez (rúbricas).»

Quienes suscriben, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

I. Pandemia de covid-19

En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, República Popular de China, se detectaron casos de infección de un virus que en esa fecha se desconocían sus efectos y los medios de transmisión y que ataca las vías respiratorias, causando una enfermedad conocida como síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus covid-19 (SARS-CoV-2), cuyo paciente cero se cree que contrajo la enfermedad el día 1 de diciembre de 2019. 1

El 27 de marzo de 2020, tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto mediante el cual se dieron a conocer de manera oficial las acciones extraordinarias en materia de salubridad, tras la expansión del virus SARS-CoV-2 que origina la enfermedad de covid-19, medidas que describen la coordinación entre las dependencias y entes de la administración pública federal a fin de mitigar y controlar entre la población los efectos de dicha enfermedad.

El 30 de marzo de 2020, a través del Consejo de Salubridad General se publicó el acuerdo por el que se declaraba la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, formulando oficialmente el inicio de la cuarentena por la situación que prevalecía de manera internacional ante la epidemia de covid-19 y la inminente llegada a nuestro país, declarando así las acciones extraordinarias en las regiones de todo el territorio nacional para atender los sectores público, privado y social.

En este sentido, vale la pena destacar que a más de un año donde se establecieron las actividades esenciales y no esenciales mediante dichos acuerdos o decretos, hoy hasta la fecha el país atraviesa por un momento crucial derivado de los estragos sociales, económicos y de salud, que se han reflejado en el número de contagios diarios, los fallecimientos ante la evidente falta de coordinación y de toma de decisiones entre el sector salud y el gobierno federal.

La pandemia de covid-19 ha generado tremendos estragos económicos, sociales y sanitarios en nuestro país. Según la Johns Hopkins University of Medicine, al 16 de noviembre se han identificado en nuestro país 3 millones 845 mil 733 casos de covid-19 y 291 mil 147 lamentables decesos por esta enfermedad. Sin embargo, según la propia Secretaría de Salud del gobierno federal, desde el inicio de la emergencia sanitaria, se han identificado 621 mil 43 defunciones en exceso. 2

Aunado a lo anterior, el cierre de actividades en las escuelas, tanto a nivel público como en el privado, han repercutido en la salud mental de niños, niñas y adolescentes por no acudir de manera presencial a sus actividades escolares. Pues conforme a datos del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) han provocado a las y los estudiantes de todos los niveles educativos ansiedad y depresión por el uso excesivo de las tecnologías de la información para poder continuar con sus estudios, 3 por lo que es necesario tomar las medidas necesarias, comenzando por el reforzamiento de la vacuna del personal docente y posteriormente los que así correspondan de los menores de edad.

II. CanSino, segunda dosis

Las y los maestros mexicanos fueron de los primeros grupos poblacionales en inmunizarse contra la covid-19 pues desde mayo de 2021 se comenzó a aplicar a todo el personal docente el biológico chino CanSino. 4

Sin embargo, es de señalar que, en comunicado de prensa del 8 de agosto de 2021, CanSino Biologics, la empresa farmacéutica que desarrolló el biológico CanSino, señaló que es altamente recomendable la aplicación de una segunda dosis de la vacuna seis meses después de la primera, a fin de que se multipliquen los anticuerpos y se ofrezca una mayor protección. Textualmente se señaló lo siguiente:

“ Con base en los resultados observados de manera preliminar, es claro que existe un beneficio en la respuesta de anticuerpos con la aplicación de una segunda dosis, seis meses después de la primera.” 5

En este sentido, según la propia empresa productora de la vacuna, resulta mucho más efectivo que haya una segunda dosis de la vacuna CanSino a los seis meses de la primera aplicación a fin de reforzar la respuesta de los anticuerpos neutralizantes, ya que estos logran multiplicarse por ocho. Además, la empresa aseveró que esta vacuna es eficaz, segura y sin efectos secundarios graves, evita la hospitalización y la muerte en 90 por ciento de las personas a las que se le aplica. 6

Algunos medios de comunicación han señalado que, en diversas entidades federativas, las y los maestros de los diferentes niveles educativos han externado su preocupación por recibir la vacuna Casino y hasta la fecha no contar con algún refuerzo o por no estar aprobada por Organización Mundial de la Salud (OMS), generando su inconformidad por razones de salud y no por querer viajar a otro país. Se estima que más de 100 mil maestras y maestros de escuelas públicas y privadas son quienes solicitan el refuerzo de la segunda dosis. 7

En la bancada naranja, las diputadas y los diputados  estamos conscientes de que al regresar a clases presenciales, el personal docente de la iniciativa, tanto pública como privada, son aquellos quienes están más expuestos a contagiarse de covid-19, por lo que aplicarles una segunda dosis de la vacuna CanSino o bien que se le aplique a dicho grupo poblacional biológicos autorizados por la Organización Mundial de la Salud, lo anterior es necesario para que el personal docente  puedan llevar a cabo sus funciones de una manera más segura  y adecuada.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal, para que, con base en sus atribuciones, impulse las acciones necesarias encaminadas a que se aplique una segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 CanSino a todo el personal docente de la iniciativa pública y privada o, en su defecto, a que se le aplique a dicho grupo poblacional biológicos autorizados por la Organización Mundial de la Salud.

Notas

1 Disponible en:

https://www.sciencemag.org/news/2020/01/wuhan-seafood-market-may -not-be-source-novel-virus-spreading-globally. Fecha de consulta 5 de diciembre de 2020.

2 Gobierno Federal. (2021). Exceso de Mortalidad en México. Gobierno Federal. Recuperado de:

<https://coronavirus.gob.mx/exceso-de-mortalidad-en-mexico/>

3 Proteger a los niños más vulnerables de los efectos de covid-19, UNICEF, año 2021, recuperado de:

https://www.unicef.org/es/coronavirus/proteger-los-ninos-mas-vul nerables-de-efectos-coronavirus-covid19

4 Varela, M. (2021). Los maestros de Chiapas, Nayarit, Veracruz, Tamaulipas y Coahuila recibirán la vacuna china de CanSino. El País. Recuperado de:

<https://elpais.com/mexico/2021-04-16/los-maestros-de-chiapas -nayarit-veracruz-tamaulipas-y-coahuila-recibiran-la-vacuna-china-de-cansino.ht ml>

5 Animal Político. CanSino recomienda en México una vacuna de refuerzo tras seis meses de primera aplicación. Animal Político. Recuperado de:

<https://www.animalpolitico.com/2021/08/cansino-mexico-segund a-dosis-refuerzo-seis-meses/>

6 Cansino Biologics México, “Refuerzo de la vacuna CanSino, a los seis meses, reporta una protección amplificada contra covid-19, 8 de agosto de 2021, recuperado de:

https://twitter.com/CansinoBio/status/1424479310476349440?s=20

7 Maestros, con derecho a una vacuna covid-19, periódico Milenio, Edith Álvarez, 15 de noviembre de 2021, recuperado de:

https://www.milenio.com/opinion/edith-alvarez/caleidoscopio/ maestros-con-derecho-a-una-vacuna-contra-covid-19

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.– Diputada y diputado: María Leticia Chávez Pérez, Jorge Álvarez Máynez (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa sobre la vacunación infantil contra el SARS-CoV-2 en México, a cargo de la diputada Fabiola Rafael Dircio, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, la diputada Fabiola Rafael Dircio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

La Política Nacional de Vacunación contra el SARS CoV-2, ha excluido y discriminado a los menores de edad de la aplicación de las vacunas contra los efectos del covid-19.

Que, se carece de un plan integral de regreso a clases, así como claridad de la aportación y apoyos que el gobierno federal consienta a los planteles educativos para abrir las aulas.

Existe una violación grave de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes por parte del gobierno federal y de las autoridades sanitarias, dado que el Interés Superior de la Niñez, estriba en otorgar todas las medidas necesarias posibles para proteger el bien mayor de la humanidad, la vida y el libre desarrollo personal.

Que, contrario a lo que se dicta por el subsecretario de Salud, no existe estudio que indique el riesgo de los efectos del covid-19 es igual a cero en los menores de edad, incluso no existe garantía médica que permita determinar que los efectos del covid, no causarían daños vitales a sus órganos fundamentales.

Que, para garantizar la política de vacunación se debe privilegiar la opinión del Grupo Técnico Asesor para la Vacuna (GTAV), que es un grupo de expertos en la materia de inmunología, vacunación, infectología, sociología, sistemas y economía de la salud.

Que, el derecho fundamental a la salud y vida de los menores de edad se relega a último término, a partir de criterios utilitarios político económicos; sin embargo, desde la perspectiva garante al interés superior del menor, no puede existir una razón estadística, ni política pública, económica, que induzca a no observar su derecho irrestricto a la vida y a la salud.

Que, en el país se decidió por vacunar contra el covid-19 a los y las adolescentes, especialmente con comorbilidades de riesgo (enfermedades que ya tienen y que debilitan su sistema inmunológico), 1 así como a las adolescentes embarazadas a partir de la novena semana, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud federal.

Que, a partir del 19 de noviembre de 2021, se inicia con el registro de menores de 15 a 17 años, lo que es un paso en la estrategia de vacunación nacional.

Sin embargo, el secretario de Salud federal señaló que no se contempla en lo inmediato a los niños en el proyecto de vacunación, con base en la opinión de un grupo asesor ligado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que le invita a esperar hasta en tanto se defina si las vacunas no limitan el desarrollo natural del sistema inmunológico para enfrentar otras enfermedades. 2

Esta estrategia ha motivado que se ejerza un derecho pleno de los padres para el acceso a la vacunación, esto mediante amparos, hasta el mes de octubre se tenían contemplados en existencia al menos 250 amparos, principalmente en los estados de Veracruz, Oaxaca, México y Ciudad de México.

Estados Unidos de América (EUA), dio a notar que es necesaria la vacunación a menores dado que la variante delta del virus ha provocado la hospitalización de miles de niños, que constituyen 25 por ciento de los casos en el país. 3

Por su parte los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), recomiendan que todas las personas de cinco años de edad o más se vacunen contra el covid-19 para ayudar a protegerse del covid-19.

Esta decisión se consideró con base en el conocimiento de que, aunque el covid-19 tiende a ser más leve en niños, también puede hacer que los niños se enfermen gravemente y sean hospitalizados, incluso a causa de las complicaciones puede provocar la muerte.

Vacunarse contra el covid-19 puede ayudar a proteger a los niños de cinco años de edad o más de contraer el covid-19.

La vacunación también puede ayudar a evitar que los niños se enfermen gravemente, incluso si contraen covid-19.

Vacunar a los niños de cinco años de edad o más puede ayudar a mantenerlos en la escuela y ayudarlos a participar de manera segura en actividades deportivas, juegos y otras actividades grupales. 4

El pasado martes 2 de noviembre, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomendaron, al igual que la FDA, la vacuna de Pfizer Inc/BioNTech SE para su uso generalizado en el grupo de 5 a 11 años.

Con base en esas autorizaciones, EUA va a empezar a administrar la vacuna contra covid-19 a niños de entre 5 y 11 años, alrededor de 28 millones de menores en edad escolar han sido incluidos en la población a inocular en ese país.

La decisión abonará para prevenir en 90 por ciento la infección sintomática en los niños, y según lo dieron a conocer las autoridades sanitarias de ese país, ofrece una vía para reducir las cuarentenas o el cierre de escuelas y aumentar las libertades.

Que, Israel se sumó a la autorización de vacunar contra covid-19 a los niños de entre 5 y 11 años con dosis de Pfizer/BioNtech, la permisión nace bajo el argumento de que la mayoría de los expertos consideraron que los beneficios para los niños eran mayores que los riesgos.

Vale señalar que países como China, Emiratos Árabes Unidos, Camboya y Colombia, entre otros, han comenzado a vacunar menores de 12 años.

Asimismo, el estado de Nuevo León, inicio una campaña de vacunación en Puente Colombia, y la frontera con McAllen y Laredo, donde se vacunarán alrededor de 500 menores de entre 5 y 11 años de edad, en el Programa de Vacunación Transfronterizo.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal para que se considere como parte de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la prevención de covid-19 en México, a la población infantil de los cinco años de edad en adelante, garantizando con ello lo establecido en el artículo 4o. constitucional de que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Notas

1 http://vacunacovid.gob.mx/

2 www.jornada.com.mx/

3 https://www.forbes.com.mx/

4 https://espanol.cdc.gov/coronavirus

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.– Diputada Fabiola Rafael Dircio (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a establecer un programa permanente de atención integral de personas con cáncer de mama, a cargo de la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al titular de la Secretaría de Salud federal, para que en el ámbito de sus atribuciones establezca un Programa permanente de Atención Integral para las personas que sufren Cáncer de mama, con base en lo siguiente:

El cáncer de mama es un problema de salud pública a nivel mundial. Su alta frecuencia, las implicaciones biológicas, el impacto emotivo y económico que acarrea en la paciente y sus familiares, hacen de esta enfermedad uno de los problemas de salud más discutidos a nivel médico-familiar y en la sociedad desde tiempo inmemorial hasta la actualidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que más de un millón 380 mil mujeres mayores de 25 años, son diagnosticadas de cáncer mama en el mundo, mientras que 458 mil de estas mujeres mueren cada año, y México desgraciadamente no es la excepción, pues el cáncer de mama cada vez está creciendo más, pese a los esfuerzos que se han hecho tecnológica y mediáticamente para concientizar sobre su peligro, ya que en México en particular mueren 15 mujeres al día por esta enfermedad ya que su incidencia ha aumentado en un 22%.

Es de crucial importancia enfrentar el problema con responsabilidad, no solo de buenas voluntades se enfrenta el cáncer, tal como un atinado comentario que me hizo una señora sobre el color rosado que se pinta a nuestro querido México, como un recuerdo en el mes dedicado al combate del cáncer de mama, pues de nada sirve que una capital esté pintarrajeada si en un hospital no se dispone de lo elemental para la detección oportuna del cáncer de mama. Se debe buscar alternativas reales para que se disponga de un presupuesto para el cáncer, debemos incorporar fondos donados e incorporarlos al presupuesto de la nación y se destinen para tan noble fin bajo la supervisión estricta de las agencias donantes.

El derecho a la vida es un derecho fundamental de todos los seres humanos, así mismo el acceso a los programas de bienestar es un derecho contemplado en nuestra Constitución Política en el artículo cuarto, Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

...

En el ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala lo siguiente:

Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 25.- 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

...

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 1 señala que, Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y en su artículo 11 señala que, toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.

Con esto quiero dejar claro que no podemos demorar más y debemos eliminar todo tropiezo burocrático para que se disponga de una comunicación directa con el Ejecutivo para abordar todo lo relacionado con el cáncer.

Debemos ver más allá: el cáncer en el área rural pareciera que no existiera cuando es ahí donde ocurren la mayor cantidad de muertes, pues lo inaccesible de los lugares hace que el paciente desista de recibir el tratamiento oportuno.

Es un llamado para las autoridades de salud, vigilar se logre este propósito; La lucha contra el cáncer debe recibir suficientes recursos económicos para que toda mujer sepa que si la enfermedad se aborda en sus primeras etapas hay mucha oportunidad de detener y erradicarlo.

Se reconoce la gran voluntad de hacer grandes cosas que tiene en los responsables de las instituciones que atienden a pacientes con cáncer; sin embargo, se necesita no solo voluntad sino dinero para salir adelante. Mucho del drama que viven los pacientes es la escasez de medicamentos, de profesionales especializados y poco a poco se debe descentralizar la atención del cáncer y que un paciente que vive en un área remota sepa que no tendrá que vivir un calvario para llegar a las grandes capitales para ser atendido. Debe ser atendido en un hospital de su región y eso conlleva destinar fondos económicos para llevar a cabo un sueño para muchos que se debe convertir en una realidad. A pesar de los grandes problemas que enfrenta nuestro país por la pandemia, no se debe de abandonar y se debe apostar a la prevención y en el diagnóstico ágil y oportuno del cáncer de mama para que el paciente reciba el tratamiento con la mayor brevedad.

Para enfrentar el cáncer de mama, primero es necesario adelantar campañas de educación para la población urbana, rural e indígena, sobre la enfermedad, su impacto y la importancia de su prevención. Para ello, es importante dar a conocer a la población las cifras de incidencia y mortalidad características de la región y del país, e informarles que si la enfermedad se diagnóstica tempranamente, puede ser tratada con eficacia.

En segundo lugar, es esencial la realización de la mamografía para el tamizaje del cáncer de mama, en toda mujer sana mayor de 35 años.

Las acciones en salud. Para su éxito se requiere la detección oportuna y el diagnóstico temprano de la enfermedad y sin duda la participación de los sectores público y privado, y de las sociedades médicas y civiles.

Con esto se busca que el tema de la lucha del cáncer debe ser parte de la agenda nacional y tener claro el horizonte para que sea una realidad.

El Cáncer No Perdona.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Salud federal, para que en el ámbito de sus atribuciones revise los Convenios que se tienen con Instituciones públicas y privadas para la Detección y Atención del Cáncer de mama a fin de tener una mayor cobertura.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Salud federal, para que en el ámbito de sus atribuciones establezca un Programa permanente de Atención Integral para la Detección, Atención y Seguimiento a las personas que sufren Cáncer de mama.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días de octubre del 2021.– Diputadas y diputados: María Guadalupe Chavira de la Rosa, Bernardo Ríos Cheno, Otoniel García Montiel, María Eugenia Hernández Pérez (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la adquisición de medicamentos oncológicos, a cargo de la diputada Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Merary Villegas Sánchez, integrante de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Una de los sectores más afectados por esta pandemia covid-19 sin duda alguna es el sector salud, los recursos presupuestados no han sido suficientes para atender un problema sistémico que presenta su mayor crisis en este momento, los factores son diversos como la deteriorada e insuficiente infraestructura de los hospitales, los precarios salarios otorgados al personal dedicado a la salud en comparación con otros profesionales y la inexistencia de un servicio de salud público que cubra de manera eficiente y con calidad la atención médica de cualquier ciudadano.

La posibilidad de recibir atención médica oportuna y tener un acceso inmediato a medicamentos, estudios médicos y tratamientos en general se volvió una quimera para la mayoría de la población que habita en las ciudades y no se diga para quienes habitan regiones serranas o comunidades indígenas, el sistema neoliberal implantado abrió una brecha muy grande entre los servicios públicos y los servicios privados de salud, de tal manera que sólo los de mayor poder adquisitivo podían acceder a un tratamiento adecuado además de poder costear medicamentos y cuidados especiales. Todos conocimos casos de ciudadanos que no eran atendidos en el hospital público más próximo por no estar afiliados a ese servicio de salud, violentándose de manera flagrante el derecho a la salud consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Queda muy claro que a las políticas neoliberales no les convienen sistemas de salud fuertes y a cargo del Estado, porque la salud era un negocio para unas cuantas empresas que monopolizaban el servicio y la venta de medicamentos, sin embargo con esta pandemia covid-19 nos quedó claro que fue el Estado mexicano quien asumió la responsabilidad, con todo lo que implica no contar con un sistema de salud que estuviera preparado para atender esta contingencia, la irresponsabilidad del pasado nos cobra ahora una factura que tardaremos años en pagar o que incluso no podremos pagar por la cantidad de familia afectadas.

Por ello, presento este punto de acuerdo con el objetivo de contribuir con lo establecido en el artículo cuarto constitucional que garantiza el derecho de toda persona a la protección de la salud, y cuya última reforma a este artículo estableció que, cito textualmente, la ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social, ante esta obligación constitucional como legisladores se les exhorta atentamente a los grupos parlamentarios que integran la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados a sensibilizar a los partidos políticos, según corresponda su afiliación, para que renuncien a un porcentaje del financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes de los ejercicios 2021 y 2022, con el objetivo de que esos recursos sean canalizados al sector salud con enfoque especial a la adquisición de medicamentos oncológicos.

Con ello se busca atender la problemática del desabasto de medicamentos particularmente aquellos de uso oncológico porque apremia la toma de decisiones urgentes que coadyuven para que a corto plazo los enfermos de cáncer reciban el tratamiento adecuado, esto es así porque durante todo este tiempo que ha sido imperiosa la necesidad de atender la pandemia covid-19 y la infraestructura hospitalaria existente resultó insuficiente para seguir atendiendo con la misma regularidad los padecimientos existentes.

Por citar algunos datos que sustentan este punto de acuerdo respecto de la importancia de apoyar en la adquisición de medicamentos oncológicos, menciono que en México, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2019 se registraron 747 784 defunciones, de las cuales 12 por ciento se deben a tumores malignos (88 683), la distribución porcentual por sexo indica que hay más fallecimientos en mujeres (51 por ciento) que en los hombres (49 por ciento) por esta causa. Entre enero y agosto de 2020 se registraron 683 823 defunciones, de las cuales 9 por ciento se deben a tumores malignos (60 421), la distribución porcentual por sexo indica que en este periodo (enero-agosto de 2020) hay más fallecimientos en mujeres (51 por ciento) que en hombres (49 por ciento) por esta causa, lo que ubica a los tumores malignos en la cuarta causa de muerte para este periodo.

Asimismo, el cáncer de mama es la principal causa de morbilidad hospitalaria por tumores malignos entre la población de 20 años y más, con 24 de cada 100 egresos hospitalarios para este grupo de edad; en las mujeres, estos tumores malignos representan 37 de cada 100 egresos. En los datos más recientes proporcionados por el Inegi a nivel nacional, la tasa de mortalidad por tumores malignos para el año 2019 es de 70 defunciones por cada 100 mil habitantes y las entidades federativas donde se ubican las tasas de defunciones por tumores malignos más altas (73.48 a 97.10) son: la Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, Veracruz, Nuevo León, Sinaloa y Nayarit. Siendo las entidades que registran las tasas más bajas (50.93 a 62.44): Quintana Roo, Guerrero, Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Aguascalientes y Puebla.

Este es el contexto del México actual en cuanto a algunas cifras de este padecimiento que es el cáncer, ahora bien, sabemos que como legisladores la única forma de hacer posible la disminución del presupuesto a partidos políticos es una reforma constitucional, pero el tiempo apremia compañeras y compañeros, por ello pido que apoyen este punto de acuerdo.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los grupos parlamentarios que integran la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados a que, en conjunto acudan a sensibilizar a los partidos políticos, según corresponda su afiliación, para que renuncien a un porcentaje del financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes de los ejercicios 2021 y 2022, con el objetivo de que esos recursos sean canalizados al sector salud, con enfoque especial a la adquisición de medicamentos oncológicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2021.– Diputadas y diputados: Merary Villegas Sánchez, Bernardo Ríos Cheno, Otoniel García Montiel, María Eugenia Hernández Pérez, Juan Guadalupe Torres Navarro (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a crear instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección para terminar la venta de niñas o el casamiento forzado, a cargo de la diputada Yesenia Galarza Castro, del Grupo Parlamentario del PAN

Yesenia Galarza Castro, diputada integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y III; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

1. El pasado domingo 24 de octubre de 2021, gracias a diversos medios de comunicación, nos enteramos de comentarios relacionados con hechos tan lamentables como la venta y el matrimonio infantil que ocurre en algunas comunidades indígenas, por parte del ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, durante una gira realizada por Guerrero.

En tales comentarios el ciudadano presidente señaló lo siguiente:

“Ahora que fuimos a La Montaña unas periodistas, por toda la campaña que se genera de quienes no conocen las comunidades, ni conocen de las culturas de los pueblos, la pregunta que me hacían es: A ver, ¿qué nos dice, o viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas? No, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla, en las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales, eso puede ser la excepción, pero no es la regla. ¿Qué, acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres?

Entonces, toda una campaña en ese sentido. Pero no es motivo para cuestionar a nadie, es que es muy enajenante el manejo de la información o, mejor dicho, la información que se transmite para distorsionar, para deformar las cosas.

Entonces, en La Montaña y en todo Guerrero y en todo México hay muchos valores, hay una gran reserva de valores en el México profundo para regenerar la vida pública.” 1

Ante estos dichos se observa una clara falta de sensibilidad por parte del ciudadano presidente ante tan lamentables sucesos, ya que no se han puesto en duda los valores de los pueblos y comunidades indígenas, sino del grave hecho que representa la venta de alguna persona, puesto que supone que es una mercancía u objeto, y al tratarse de niñas, el hecho es todavía más grave, ya que se vulneran sus derechos más elementales.

Es preocupante, no solo porque el gobierno federal no ha tomado las medidas necesarias para frenar esta práctica, si no también, porque es una realidad y una estadística más de lo que se vive en diversas comunidades indígenas en México.

De acuerdo con los Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020, se puede observar que el matrimonio infantil es una constante en México y que la cifra en el caso de las niñas hablantes de alguna lengua indígenas, actualmente duplica a la nacional. Véase Gráfica No. 1.

A decir de Martha Givaudan, presidenta de la organización no gubernamental “Yo quiero. Yo puedo”, que trabaja en el municipio de Metlatónoc, Guerrero, se estima que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio, solo en este estado, pero no existen cifras exactas, ya que la mayoría de estas uniones no se registran, además del mencionado estado, también se tiene que comunidades de Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Puebla, llevan a cabo este tipo de prácticas.

2. México es firmante de diversos tratados contra la violencia sexual, como son:

• “Estatuto de Roma”, de la Corte Penal Internacional, que nuestro país firmó el 7 de septiembre de 2000. 2

• La Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará), firmada por nuestro país en 1995. 3

De manera local también se ha trabajado para modernizar, modificar y reformar leyes, que castigan este tipo de actos, como es el caso de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y los Códigos Civiles locales, así como el Código Civil Federal, o más recientemente en una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha del 26 de marzo de 2019 , en el que se establece la “ Eliminación de dispensas para que menores de edad contraigan matrimonio en Aguascalientes”. 4

Estos instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, deben de asegurar una adecuada protección, por lo que en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es que se crea el Sistema Nacional de Protección Integral.

Que en el artículo 125 de esta ley, es que se establece que el Sistema Nacional de Protección Integral será el encargado de:

“Asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la participación de los sectores público, social y privado así como de niñas, niños y adolescentes.” 5

El Sistema Nacional de Protección Integral estará integrado por el Ejecutivo Federal, en calidad de Presidente, así como diversos secretarios de estado, las entidades federativas, los Organismos Públicos y representantes de la sociedad civil. 6

Por lo anterior es que el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos no puede minimizar los hechos que vulneran los derechos de las niñas y las adolescentes de manera flagrante y que abiertamente van en contra de las leyes que protegen a las menores de edad, y que en su calidad de Presidente del Sistema Nacional de Protección integral es que debería se estar promoviendo una mayor y mejor adecuación de las leyes para evitar cualquier tipo de violencia sexual en contra de cualquier niña, adolescente o mujer que pertenezca a una comunidad o grupo indígena o afrodescendiente, y por supuesto no solo trabajar para mejorar el alcance legal de este grupo, sino de todos los sectores en los cuales la niñas, adolescentes y mujeres son parte importante de la vida mexicana.

3. En un informe de la UNICEF sobre las “Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Informe sobre su costo y propuestas para su fortalecimiento.”, 7 señala que dichas procuradurías:

“son las instituciones directamente responsables de coordinar las acciones de protección y restitución de derechos de la infancia y adolescencia en México. En ese sentido, se les debe considerar como uno de los ejes centrales de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para cumplir con la obligación del Estado mexicano de que todas las niñas, niños y adolescentes del país puedan ejercer plenamente todos sus derechos.”

Por lo que es importante que, por medio de la Procuraduría Federal de la Protección de niños, niñas y adolescentes, se establezcan Protocolos, lineamientos, manuales y todo lo relacionado a terminar todo tipo de violencia sexual y de explotación, que se pueda ejercer contra las niñas de las comunidades indígenas y afrodescendientes o en cualquier comunidad en que este tipo de prácticas se lleven a cabo.

También deberá procurar una mayor coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para tener una mejor respuesta ante hechos denunciados y tomar acciones legales lo antes posible para acabar completamente con este tipo de práctica, como es el casamiento con menores de edad, en las comunidades donde se realice este tipo de actos.

La postura del Titular del Ejecutivo Federal y de todos los órdenes de gobierno debe de ser contundente contra este tipo de acciones, ya que el Estado debe de velar por el bienestar general de la población y no tratar de justificar este tipo de acciones. El hecho de que los pueblos indígenas se manejen por usos y costumbres, no justifica que este tipo de actos estén en contra de las leyes que se imparten en todo el territorio mexicano.

Por lo antes expuesto, a usted ciudadano presidente de la Mesa Directiva, solicito se tenga por presentada la siguiente proposición con

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a que, en su calidad de presidente del Sistema Nacional de Protección Integral, reglamentado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a crear instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescente en coordinación con las instancias de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a fin de terminar con la práctica de la venta de niñas y/o casamiento forzado.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a implementar las acciones necesarias a fin crear los protocolos, lineamientos, manuales, etcétera, con el fin de acabar con todo tipo de violencia sexual y de explotación, que se pueda ejercer contra las niñas de las comunidades indígenas y afrodescendientes o en cualquier comunidad en que este tipo de prácticas se lleven a cabo, así como procurar una mayor coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para tener una mejor respuesta ante hechos denunciados y tomar acciones legales lo antes posible para acabar completamente con este tipo de prácticas.

Notas

1 Véase:

https://lopezobrador.org.mx/2021/10/24/version-estenografica-pla n-de-apoyo-a-guerrero/

2 Corte Penal Internacional. Estatuto de Roma. Véase:

https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute( s).pdf

3 Secretaría de Gobernación (Segob). Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belem Do Pará). Véase:

http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/comision/interna cional/1_13.%20Convencion%20de%20Belem%20Do%20 Para.pdf

4 Véase: Lista de Comunicados (scjn.gob.mx)

5 Véase:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_1101 21.pdf

6 Artículo 127 de la LGNNA, véase:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110 121.pdf

7 Véase:

https://www.unicef.org/mexico/media/2951/file/Resumen%20ejecutiv o.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.– Diputada Yesenia Galarza Castro (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, la Conagua y sus 32 homólogas locales a implantar campañas de toma de conciencia sobre el cuidado del agua, a cargo el diputado Alan Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Alan Castellanos Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

En México la conservación y cuidado de los recursos hídricos debería ser de carácter prioritario, por tratarse de un elemento vital para la subsistencia y el desarrollo económico del país. La mala distribución, falta de mantenimiento, deficiente saneamiento y mejora de infraestructura, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la contaminación de los cuerpos de agua, las fugas en el sistema de agua potable, la falta de cultura del agua y su mal uso y sobre todo las malas políticas que se han implementado para su cuidado, han ocasionado que hoy México se enfrente a grandes retos para garantizarle a sus ciudadanos el derecho al agua y al saneamiento de la misma.

En los últimos 40 años la situación se agravó debido a los problemas de sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos que, pueden traer consigo importantes problemas ambientales, sociales y económicos. Además de producir la disminución regional de los niveles de agua subterránea y con ello producir pozos secos (lo que puede afectar el abasto humano y a las actividades agropecuarias e industriales), puede elevar los costos de extracción del líquido, ocasionar hundimientos del terreno y, en las zonas costeras, deteriorar la calidad del agua subterránea por la intrusión del agua marina. 1

La mayoría de las ciudades en el país han sobrepasado su capacidad de carga y han provocado el deterioro de las cuencas hidrológicas. Las grandes metrópolis del país (Ciudad de México, Guadalajara y Monterey) han recurrido a la importación de agua de otras cuencas para satisfacer sus necesidades básicas y/o han construido kilómetros en acueductos para cubrir la demanda de agua, afectando a su paso zonas naturales y regiones agrícolas.

Dada la escasez crítica de agua que padecen muchas de las grandes ciudades alrededor del mundo y nuestro país no es la excepción, la “captación” o “cosecha de agua de lluvia”, se está convirtiendo en una práctica común en áreas urbanas. En la actualidad, existe una vasta literatura que nos da cuenta de ello, lo que hace posible conocer ejemplos exitosos sobre el manejo integral de agua de lluvia. En las ciudades de nuestro país esta práctica, aunque aún incipiente, ha permitido generar opciones de abasto de agua de lluvia en áreas en donde el suministro por vía de la red pública es insuficiente en cantidad y en calidad.

Los beneficios de la cosecha de agua de lluvia son múltiples, entre ellos, encontramos 2:

• Aumento en la cantidad de agua potable disponible y reducción en la dependencia por el uso de agua entubada.

• Ahorro de energía en la extracción, purificación y transporte del agua desde las fuentes hasta los sitios de consumo (viviendas, escuelas, mercados, hospitales, edificios, etcétera).

• Reducción en los escurrimientos de agua pluvial hacia el sistema de drenaje.

• El proceso de instalación de un sistema para la cosecha y aprovechamiento del agua de lluvia implica un diseño sencillo, de fácil adaptación y su construcción se lleva a cabo con materiales disponibles en el mercado a costos accesibles.

• Permite generar conciencia sobre la importancia del aprovechamiento de agua lluvia y una nueva cultura frente al fenómeno de la escasez de agua.

En términos reales la cosecha de agua de lluvia constituye una alternativa cuando la dotación de agua potable es insuficiente o de mala calidad, o bien, cuando el abasto a través del agua entubada es costoso, especialmente en aquellas zonas distantes o de difícil acceso. Resulta una solución sustentable en lugares donde la lluvia es abundante y por lo tanto es preciso fomentar entre la población la elección personal de cosechar agua de lluvia, para lo cual sería importante otorgar incentivos por parte de la autoridad para fomentar este ejercicio.

Con el objetivo de revertir la problemática que ocasiona la extracción de las aguas subterráneas, en la Ciudad de México se han creado programas como el de Cosecha de Lluvia. Este programa se ha implementado en las alcaldías de Xochimilco e Iztapalapa, brindando un sistema de captación de agua de lluvia que tiene la capacidad de abastecer de agua hasta por ocho meses a sus habitantes.

Este programa de la Secretaría del Medio Ambiente busca que los hogares de las colonias que presentan los más altos niveles de precariedad hídrica puedan captar el agua de la lluvia y aprovecharla. Este programa, sin duda, es el promovente de una gran herramienta que con una visión sostenible logra dotar al Estado de mejores capacidades para garantizar a los ciudadanos de estas colonias un mejor acceso al agua para uso doméstico.

El desarrollo urbano desmedido y sin códigos sustentables es el principal factor que provoca:

1. Inundaciones,

2. Contaminación de los cuerpos de agua y

3. Desabasto de agua.

La Asociación de Captación de Agua de Lluvia (AMSCALL) y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) son actores de alto impacto para la captación de agua de lluvia, debido a que son instituciones donde convergen la experiencia, conocimientos y proyectos de captación pluvial. Sin embargo, esto debe homologarse a todo el país para garantizar la sustentabilidad del recurso.

A partir de estas instituciones se promueven nuevos paradigmas, indispensables hoy más que nunca en esta nueva realidad que vivimos a partir del covid-19:

• Normas

• Cursos

• Certificaciones y

• Divulgación de la cosecha de agua de lluvia en México

Otro ejemplo de éxito es el proyecto urbano arquitectónico de manejo del agua en Ciudad Universitaria, el cual debería servir como un modelo de aplicación en todo México. El buen manejo del recurso hídrico en Ciudad Universitaria se deriva de las distintas estrategias que han contribuido al ahorro de agua potable y la recarga del acuífero.

Estas acciones son relativamente nuevas, pero con avances considerables, por ello, es necesario que se implementen estas acciones en todo el país y no sólo en algunas zonas.

La promoción de este tipo de programas debe ser parte de la política pública hídrica nacional, con la finalidad de que se garantice el abasto de agua a los ciudadanos y se garantice la recarga de los mantos acuíferos.

Lo anterior, a fin de cumplir con cabalidad lo ya establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece en su artículo 4o., párrafo sexto:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. 3

El derecho humano al agua es indispensable para vivir; por ende, debe tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural, y no sólo como un bien económico. De acuerdo con el Programa Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento el agua potable es “aquella utilizada para los fines domésticos y la higiene personal, así como para beber y cocinar”. 4

A su vez, en su artículo 115, fracción III, inciso a) de la propia Constitución, establece que:

“Artículo 115. (...)

I. a II. (...)

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales”. 5

En tal virtud, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con funciones en materia de gestión de las aguas nacionales que le corresponden conforme a la Ley de Aguas Nacionales, y cuya misión es administrar y preservar las aguas nacionales para la sociedad en general.

Ante tal problemática se deben promover programas que garanticen la sustentabilidad ambiental: sistemas de captación de agua de lluvia, políticas hídricas eficientes que busquen remediar la problemática del desbasto del agua de manera integral y sostenida en el tiempo.

Aunado a eso y debido a que lavarse las manos con jabón y agua limpia es la principal defensa contra el coronavirus y se considera como un gesto principal para evitar el contagio y propagar la pandemia en México, es necesario hacer un llamado a los tres órdenes de gobierno para que se suministre agua dichas entidades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua y a sus homólogas en las 32 entidades federativas para que implementen campañas de concientización sobre el cuidado del agua, además de acciones, programas y esquemas que faciliten la cosecha de agua para uso doméstico, industrial y agrícola.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a que haga público en su portal de internet las acciones implementadas para el cuidado de las aguas subterráneas con el fin de disminuir el deterioro del recurso hídrico en el país; asimismo los avances del Programa Nacional Hídrico 2020-2024, con el propósito de buscar remediar la problemática del desbasto del agua de manera integral y sostenida en el tiempo.

Notas

1 Consultado en:

https://apps1.semarnat.gob.mx: 8443/dgeia/indicadores_verdes16/indicadores/03_capital/1.1.3.html

2 Consultado en:

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/ManualCo secharLaLluvia.pdf

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2021.

4 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El derecho humano al agua potable y saneamiento. 1a ed., México, 2014, pp. 3-5. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/Derecho- Humano-Agua-PS.pdf

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2021.– Diputado Alan Castellanos Ramírez (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a establecer y actualizar por la Sader, la CFE y la Conagua, el programa especial de energía para el campo en materia de electricidad de uso agrícola en Chihuahua, a cargo del diputado Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Mario Mata Carrasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 1, fracción I, del artículo 6; numerales 1, fracción II, y 2 del artículo 79; numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua, se restablezca y se actualice el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de energía eléctrica de uso agrícola, para los agricultores del estado de Chihuahua, de acuerdo con las siguientes

Primera. Que de acuerdo con nuestro marco jurídico, la política hídrica nacional contempla entre sus principios más importantes, que el agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental y cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del estado y de la sociedad, así como que el preciado líquido es prioridad y asunto de seguridad nacional y que la atención de las necesidades de agua provenientes de la sociedad para su bienestar, de la economía para su desarrollo y del ambiente para su equilibrio y conservación, merecen tratamiento especial, particularmente para atender las necesidades de la población con características de marginación y menos favorecida económicamente.

Segunda. Que para lograr la puesta en marcha de los principios anteriores en materia de desarrollo del campo, resultará muy conveniente impulsar la coordinación de acciones entre los tres órdenes de gobierno y entre los distintos Poderes de la Unión, que conforman la organización política de México, en el ámbito de sus correspondientes atribuciones.

Y esto es así, porque es precisamente en el ámbito de una gobernanza de calidad, en la que se producen las mejores iniciativas en materia de planeación, realización y administración de los recursos materiales, técnicos y humanos; puesto que es este el espacio en donde convergen, participan y asumen compromisos los principales actores que en ella intervienen, como lo son el sector privado, el social y el académico.

En esencia, de lo que se trata en materia de implementación de políticas públicas eficientes y bien diseñadas, es de fomentar la participación de todo el público usuario de los servicios, para que presentando propuestas y sugerencias de mejoras, quede lejos la necesidad de manifestarse organizadamente con la intencionalidad de exigir mejores condiciones para el desarrollo de la actividad con la que se ganan el sustento diario y la manutención de sus familias.

Tercera. Que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) es una dependencia del Poder Ejecutivo federal que tiene entre sus objetivos principales propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar de una manera más conveniente las ventajas comparativas del sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así como detonar el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo, para el sector agropecuario. 1

En otras palabras, la Sader es la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia agropecuaria, que garanticen la rentabilidad y sustentabilidad de las actividades en este rubro, coordinándose conveniente con otras secretarías para los temas que les sean comunes.

Cuarta. Que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es un organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, creado en el año de 1989 y cuya principal responsabilidad es la de administrar, regular, controlar y proteger las aguas nacionales en México.

En este contexto, cuenta con funciones definidas dentro del campo del derecho público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que corresponden, tanto a ésta como a los órganos de autoridad a que la misma se refiere.

Quinta. Que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una empresa pública sin fines de lucro, de carácter social, que ofrece el servicio público de energía eléctrica, como servicio fundamental para el desarrollo de una nación. Además que es una empresa productiva del estado, propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 2

En ese contexto y de acuerdo con la normatividad aplicable, la CFE tiene como fin principal, lograr el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales, en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario.

Sexta. Que el suministro eléctrico es un servicio de interés público y que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, 3 donde las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, son de utilidad pública y deben sujetarse a las obligaciones del servicio público y universal, a fin de lograr el cabal cumplimiento de los objetivos establecidos.

Como consecuencia de lo anterior, debe ofrecer y prestar el suministro eléctrico a todo aquel que lo solicite; cuando ello sea técnicamente factible, en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad.

Séptima. Que las tarifas eléctricas en México, son las disposiciones específicas que contienen las cuotas y condiciones que rigen los suministros de energía eléctrica y se identifican oficialmente por su número y/o letra o letras según su aplicación.

Paralelamente se puede acotar, que si bien es cierto, el mercado doméstico, el comercio y el de negocios, es controlado y suministrado por el momento por la CFE, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es la entidad de la administración pública federal, facultada para poner las tarifas reguladas en el mercado eléctrico nacional, no obstante que el precio de las tarifas eléctricas dependen en gran parte del tipo de tecnología y materia prima, en el contexto de cómo se genera la electricidad.

En la tónica anterior destaca que se debe seguir trabajando para disminuir las tarifas eléctricas, teniendo una mayor competitividad y un número de plantas que generen electricidad de bajo costo y que estén cerca de la red nacional eléctrica, para disminuir costos de transmisión y distribución.

Octava. Que el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de energía eléctrica de uso agrícola, tiene como finalidad que las personas físicas y morales que realicen actividades que tengan que ver con el sector y que utilicen energía eléctrica en el bombeo y rebombeo de agua para uso de riego agrícola, sean beneficiarios de cuotas de energía eléctrica con costos de estímulo, tendientes a incentivar los procesos primarios de las actividades del campo.

En esta tesitura, es preciso recalcar que cualquier productor que se dedique a las actividades agrícolas y que utilice energía eléctrica en el bombeo y rebombeo de agua para uso de riego de igual naturaleza, debiera contar con el acceso a este tipo de programas, previo cumplimiento de los requerimientos, como el al estar al corriente en los pagos a la CFE y las obligaciones con Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De esta forma debe impulsarse que la productividad y el desarrollo de las actividades de este tipo deben generarse de manera sustentable y cuidando adecuadamente el medio ambiente, con el fin de contribuir a que éstas sean más rentables y que paralelamente faciliten la energía eléctrica de buen precio y a tarifas competitivas.

Dicho lo anterior, es menester destacar que se deben tomar las previsiones necesarias para mejorar las condiciones actuales atendiendo eficientemente las demandas de los sujetos productivos, toda vez que al verificar la realidad en que se encuentran bombeando los usuarios del agua que hoy nos ocupan, lo que resalta es que padecen enormemente con el incremento de sus costos de producción, por lo que se debe tomar la determinación de ofrecer una cuota energética más competitiva.

Con este objetivo y para reafirmar la premisa que antecede, basta recordar que es la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la que establece en su artículo 27 que el Estado promoverá? las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina, el bienestar y su participación en el desarrollo nacional, así como fomentara? la actividad agropecuaria para el óptimo uso de la tierra, con insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

Y que por otro lado, es necesario traer a colación que es también en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, donde se establece como uno de sus principales objetivos, el de corregir las disparidades de desarrollo regional, a través de la atención diferenciada a las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del estado que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica, siempre con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable, que incluya la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, junto con los demás bienes y servicios, así como todas aquellas acciones tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural. Así, las acciones que el Estado realiza en el medio rural, deben sustentar un carácter prioritario, bajo criterios de equidad social, género, integralidad, productividad y sustentabilidad.

Novena. Que por lo que hace a la actuación del propio Poder Legislativo dentro de la materia, se seguirá propugnando insistentemente para que las consideraciones expuestas a lo largo del presente ocurso, se revisen de manera preponderante; en el entendido de que debe formar parte al menos, de la discusión que en forma anual se realiza, en términos de la aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio del año fiscal siguiente.

Es decir, que no debe perderse de vista que para el momento en que se revisen los distintos conceptos y tarifas del sector que nos ocupa, deben ser consideradas las disminuciones que tengan que ver con uno de los sectores que más lo necesita, como lo es el agropecuario y que dicho sea paso, aporta una porción considerable del producto interno bruto de la nación.

Décima. Que por otro lado es conveniente recordar que fue con fecha 5 de abril de 2013, donde a través de distintos acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación, se suspendieron provisionalmente el libre alumbramiento en las porciones no vedadas, no reglamentadas o no sujetas a reserva de la mayoría de los acuíferos del estado de Chihuahua, en donde de forma particular se señalaba que los usuarios que con anterioridad a la entrada en vigor de las reglas de referencia efectuaban la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo y que conforme a la Ley de Aguas Nacionales no requerían de concesión, asignación o permiso alguno para ello, podrían continuar realizándolo.

Y que por otro lado lo conducente para efectos prácticos, tenía que ver con que se debería proporcionar a la autoridad del agua, el nombre, la ubicación del predio donde se llevaba a cabo el alumbramiento, así como las principales características de la obra correspondiente, todo esto dentro de un plazo que no podía exceder de los 60 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del instrumento de referencia y que a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la autoridad del agua debería implementar un servicio de ventanillas itinerantes, tendientes a promover la participación del público usuario.

Undécima. Que como consecuencia del ordenamiento anterior se ingresaron muchísimas solicitudes de registro de volumen en zona de libre alumbramiento o folio 8, en la Dirección Local del Estado de Chihuahua de la Conagua, con el objetivo de registrar los pozos que se encontraban operando para ese entonces, mismos que estaban equipados y electrificados desde antes del 5 de abril del año 2013.

Duodécima. Que resulta evidente deducir que desde la publicación del decreto del 2013, se generó un estado general de incertidumbre, puesto que no se especificaron al detalle los requisitos formales que deberían cumplir las solicitudes presentadas ante la autoridad; aunado esto a que la Dirección Local para el Estado de Chihuahua, se dispuso a instrumentar visitas en la ubicación señalada en las solicitudes de registro de volumen o folio 8, las cuales desafortunadamente no fueron realizadas por funcionarios públicos de las propias dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, si no que se llevaron a cabo por empresas privadas subcontratadas, derivando en corrupción y descontrol —según las percepciones del propio público usuario de los servicios—, toda vez que la mayoría de las visitas reportadas no se realizaron, o fueron enlistadas como realizadas, cuando en realidad se simularon, teniendo como consecuencia directa que la autoridad determinara improcedente el registro de los pozos en la mayoría de los casos.

Paralelamente, ha sido del dominio público que los expedientes correspondientes al trámite de registro de volumen en zona de libre alumbramiento, han sido manipulados por varias administraciones y funcionarios públicos, y que también es importante resaltar que los expedientes han sido transportados en variadas ocasiones desde el estado de Chihuahua a la Ciudad de México y a organismos de la cuenca del río Bravo, por lo que muchos de estos expedientes se encuentran extraviados o incompletos, derivando esto como consecuencia lógica, en perjuicio de una resolución negativa para los agricultores, todo lo anterior por causas ajenas a su responsabilidad.

Decimotercera. Que como consecuencia de los hechos anteriores, una gran parte de los productores agrícolas del estado de Chihuahua no cuentan con la constancia de registro de obra de alumbramiento debidamente inscrita en el Registro Público de Derechos de Agua, situación que los ha llevado a enfrentar una nueva problemática, derivada de la falta de resolución de su trámite o de la ilegal e injusta resolución del mismo, al haber sido clasificada de manera negativa, ya que estos pozos han estado operando desde hace décadas, encontrándose electrificados y debidamente inscritos en el Padrón de Beneficiarios de la tarifa agrícola de la Sader.

En este contexto, es menester destacar que miles de agricultores chihuahuenses han salido perjudicados, puesto que de manera injusta la Sader y la CFE decidieron eliminar el apoyo de la tarifa preferencial a los usuarios que no cuentan con la constancia de registro de folio en zona de libre alumbramiento, cuando es la propia autoridad a través de la Conagua, la que a lo largo de los últimos tiempos no ha podido resolver de manera adecuada, las solicitudes que muchas veces han expuesto los productores.

En resumen de cuentas, lo que realmente desean los productores y por lo que han propugnado durante muchos años, es sobre la urgente necesidad de que se generen las condiciones necesarias para que puedan operar legalmente y seguir trabajando sus tierras; motivo por el cual se han dirijo a esta representatividad para que se realicen las diligencias necesarias y las gestiones indispensables para que se impulse el restablecimiento de los subsidios a las tarifas eléctricas.

Asimismo, están solicitando atentamente que la Conagua direccione acciones efectivas a realizar visitas legales a los pozos objetos de subsidio; esto con el fin de que se resuelvan de manera positiva sus trámites de registro, ya que también es obligación de la propia autoridad que tiene a su cargo el manejo del preciado líquido, el haber resuelto en tiempo y forma los asuntos que oportunamente se les han presentado, por lo que están solicitando que paralelamente se emita un nuevo acuerdo de regularización de los pozos que sea congruente con la problemática expuesta y para que se respeten los derechos de los agricultores.

Decimocuarta. Que según los datos de la propia autoridad, hasta el 6 de octubre del 2021, contaban con 9 mil 987 usuarios registrados, susceptibles de recibir el beneficio de las tarifas de energía eléctrica con descuento, quedando aún pendientes por incorporarse al Programa alrededor de 6 mil 816 usuarios agrícolas que no han concluido su reinscripción por diferentes motivos, entre los que se encuentran el no haber realizado su trámite de reinscripción, el presentar documentación fuera de los plazos establecidos, o el haber entregado solicitudes de nuevas concesiones que fueron negadas por motivos de disponibilidad. 4

Sin embargo son los propios usuarios potenciales del Programa los que han manifestado que en muchos de los casos no han podido cumplir con los requisitos, porque la operación para la recepción y procesamiento de las solicitudes no ha sido la adecuada, situación atribuible en parte a los problemas logísticos causados por la pandemia de covid-19, adicionalmente a la falta de coordinación y transparencia en el desarrollo de los procesos y también, a la deficiente puesta en marcha de los sistemas en línea de la Comisión Nacional del Agua, como lo es el Conagua Digital.

Es por todos los argumentos anteriormente expuestos, que desde el ámbito de mis atribuciones como representante popular, tengo a bien presentar ante la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Sader, la CFE y la Conagua, se actualicen y agilicen los procedimientos para la correcta aplicación del Programa Especial de Energía para el Campo, en materia de energía eléctrica de uso agrícola para los agricultores del estado de Chihuahua, poniendo en marcha los instrumentos necesarios para que:

a) Se defina, integre y presente una nueva convocatoria, ampliando el proceso de reinscripción hasta enero de 2022, que incluya toda la información necesaria para su operación, como son los criterios de elegibilidad, los requisitos y procedimientos operativos, los derechos y obligaciones de los usuarios, las fechas y plazos para la entrega, las condiciones precisas de revisión y reposición de documentación, la apertura y cierre de ventanillas, las instancias participantes y las funciones de apoyo, así como los procedimientos de quejas, denuncias y solicitudes.

b) Se definan nuevos mecanismos de transparencia que eviten las posibilidades de corrupción en los distintos procesos.

c) Se lleven a cabo las correcciones en la facturación de los nuevos reinscritos.

d) Se atiendan, revisen y se dé puntual seguimiento a las quejas, denuncias y peticiones que se formulen al respecto del incumplimiento del programa.

e) Se actualice y transparente la base de datos del padrón de los usuarios autorizados para obtener el beneficio.

f) Se atienda lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que todas las convocatorias, los formatos, los instructivos, así como los diversos comunicados relacionados con el programa, estén disponibles en los sitios oficiales de la dependencias y entidades participantes, y que éstos funcionen de manera eficiente.

g) Se analice, revise e instruya lo necesario, para que se emita un nuevo acuerdo tendiente a regularizar la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales del subsuelo, con el objeto de apoyar a los productores del campo y para que el hecho de no contar con la Constancia de Registro de Obra de Alumbramiento, inscrita en el Registro Público de Derechos de Agua, no sea un impedimento para que puedan acceder a los beneficios de la tarifa eléctrica con descuento.

h) Se emita un nuevo acuerdo en materia de regularización de los pozos, que sea congruente con la problemática actual de los agricultores.

Notas

1 Consultado el 07 de Octubre del 2021 en

https:   //www.agricultura.gob.mx/que-hacemos

2 Para mayor información, se puede revisar el sitio

https://www.cfe.mx/nuestraempresa/Pages/queeslacfe.aspx consultado el 07 de Octubre del 2021.

3 Cfr. Ley de la Industria Eléctrica, H. Cámara de Diputados, publicada en el diario oficial de la federación el 11 de Agosto del 2014, Ciudad de México.

4 Para mayor información, favor de revisar el sitio

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/672044/Comunicado _de_Prensa_No._0799-21.pd revisado el 09 de Octubre del 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2021.– Diputado Mario Mata Carrasco (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader, como encargada del Programa de Fertilizantes, a impulsar la economía y producción agrícola en Oaxaca, a cargo del diputado Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Azael Santiago Chepi, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

En el marco del Día Mundial de los Fertilizantes (13 de octubre) recordamos la gran aportación y contribución de los fertilizantes frente al importante incremento de la población mundial en los últimos años, pues este incremento exige un constante reto a la agricultura para proporcionar un mayor número de alimentos, tanto en cantidad como en calidad.

En 1950 se estimaba que la población mundial era de 2 mil 600 millones de personas. En 1999 se alcanzaron 6 mil millones. En octubre de 2011 se estimaba que la población mundial era de 7 mil millones de personas y se espera que aumente a 2 mil millones en los próximos 30 años, pasando de los actuales 7 mil 700 millones a 9 mil 700 en 2050. 1

Con una población mundial en constante crecimiento, es importante producir suficientes cultivos cada año para proporcionar alimentos, ropa y otros productos agrícolas, por ello, para alcanzar estas metas existen dos factores posibles:

• Aumentar las superficies de cultivo.

• Proporcionar a los suelos fuentes de nutrientes adicionales en formas asimilables por las plantas, para incrementar los rendimientos de los cultivos.

Los fertilizantes garantizan la productividad y calidad nutricional de los cultivos, ofreciendo seguridad alimenticia e incremento en el contenido de nutrientes de las cosechas, evitan la necesidad de incrementar la superficie agrícola mundial y conservan el suelo evitando su degradación. 2

México es el décimo país más poblado, con una cifra de 127.8 millones de personas, 3 donde la actividad agrícola representa 3 por ciento del PIB y se estima que 13 por ciento de la población está empleado en la agricultura. 4

Las actividades primarias han tenido un papel relevante para el abasto y la seguridad alimentaria de México durante la pandemia por covid-19. El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), pronosticó para 2021 un incremento en la producción de 3.2 por ciento respecto al año anterior.

La política agroalimentaria del gobierno asume el principio de economía para el bienestar, sustentada en la relevancia de los productores de pequeña y mediana escala, quienes constituyen 85 por ciento de los productores agroalimentarios, generan más de 60 por ciento del empleo contratado y son poseedores y garantes de la agrobiodiversidad.

En el gobierno de la Cuarta Transformación, y de cara a la necesidad de reducir las desigualdades, emprendió una política diferenciada para atender a los distintos grupos de productores y regiones del país considerando el potencial de los territorios y las necesidades diferenciadas de los productores agropecuarios. 5 Por ello reconoce la importancia de la productividad agrícola como una forma de elevar el bienestar de las familias.

Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua y Sinaloa concentran la mayor producción agrícola, distribuidos a lo largo del territorio nacional. En conjunto producen 114 millones 24 mil 954 toneladas de productos agrícolas en un total de 6 millones 512 mil 626 hectáreas que se siembran y cosechan en los diferentes ciclos de cultivo. Oaxaca ocupa el tercer lugar de los estados en producción agrícola del país, con 19 millones 337 mil 368 toneladas de productos agrícolas al año, según cifras otorgadas por la Sader. 6

Construir un sector agropecuario productivo que garantice la seguridad alimentaria es un objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, con el objetivo específico de alcanzar la autosuficiencia alimentaria y rescate al campo; como acciones específicas para alcanzar estos objetivos, establece la implantación de un programa de entrega de fertilizantes en beneficio de las productoras y productores agrícolas y asimismo se expone la necesidad de impulsar la producción, distribución y consumo de fertilizantes nacionales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 25 que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

El artículo 27, fracción XX, del citado ordenamiento dispone que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria para el óptimo uso de la tierra con insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece en el artículo 5 como uno de sus objetivos: corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable.

La agenda aprobada por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 que, entre otros, plantea como objetivo 2, “Hambre cero”, donde en la meta 2.3 está duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, respetando el medio ambiente y la biodiversidad de cada región. Asimismo, en el objetivo uno se establece la meta 1.5 para fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables, el programa contribuye mediante el acceso a un insumo estratégico como es el fertilizante para lograr mejorar la producción en zonas vulnerables y reforzar los sistemas de autoconsumo de granos básicos.

La atención al sector rural es una prioridad diseñada e instrumentada por la actual administración del Ejecutivo Federal, atendida fundamentalmente por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en materia de fertilizantes, en el artículo 11 de su Reglamento Interno establece las facultades de la Coordinación General de Agricultura, a fin de impulsar las acciones en materia de normalización para los sistemas de riego, fertilizantes químicos y biológicos, así como de los productos y tecnologías que mejoren la fertilidad, conservación y regeneración de los suelos agrícolas.

Para el desempeño de esta función, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, el ramo 08, “Agricultura”, asignó mil 912 millones de pesos al programa S292, “Fertilizantes”, con el propósito de apoyar la adquisición nacional de fertilizantes nitrogenados y fosfatados como asunto de interés nacional para la seguridad y soberanía alimentaria, asegurando las productoras y productores agrícolas de pequeña escala los fertilizantes a precios accesibles, disminuyendo la dependencia de fertilizantes importados y apoyando con ello su capacidad de producción.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022, el programa S292, “Fertilizantes”, tiene una asignación de 2 mil 500 millones de pesos.

Así lo establece las Reglas de Operación del Programa de Fertilizantes para el ejercicio 2021, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2020, que contribuye mediante el apoyo a los productores de pequeña y mediana escala, quienes estarán en condiciones de incrementar la producción de alimentos en las comunidades rurales de los estados y zonas prioritarias. Sin embargo, la cobertura de este programa sólo atiende a Guerrero y zonas de atención estratégica en Morelos, Puebla y Tlaxcala conforme a suficiencia presupuestaria y a lo publicado en la convocatoria respectiva.

Oaxaca tiene una importante producción agrícola, en su territorio se siembra: maíz, frijol, cacahuate, trigo, sorgo, café, limón, mango, maguey mezcalero (que es la bebida tradicional de la región), copra y hule, siendo éstos los cultivos más representativos. Además, cuenta con frutales que le han dado fama a Oaxaca, por ejemplo la piña de Loma Bonita y el chicozapote de la Cañada.

En 2016 creció la demanda de alimentos oaxaqueños en los mercados internacionales, impulsados por su excelente calidad y cumplimiento con los estándares de sanidad e inocuidad internacionales, lo que facilita su comercialización. 7

En 2017 la producción agrícola oaxaqueña se colocó en el ranking nacional con el cultivo de 22 frutos y hortalizas, siendo la papaya, piña y limón el primer, segundo y tercer lugar nacional, respectivamente. La fruticultura, una actividad que se desarrolla en más de 59 mil hectáreas del campo oaxaqueño, considerando 29 cultivos. Cada año agrícola, se destinan alrededor de un millón 384 mil hectáreas de tierra para la agricultura, lo que sitúa a Oaxaca entre las entidades de México con más aportación agrícola al volumen nacional. 8

Sin embargo, pese a lo anterior, Oaxaca no se encuentra integrado en el programa de fertilizantes para el bienestar, imposibilitando a los pequeños agricultores la adquisición de estos fertilizantes en un contexto del alza en sus precios de hasta 80 por ciento, 9 estimando una baja en la producción del sector agrícola para el 2022. Dicho programa solo considera a los estados de Guerrero, zonas estratégicas de Tlaxcala, Morelos y Puebla, lo que condiciona el programa e imposibilita el acceso de productores de importantes zonas productivas del país.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto de la división de poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, como instancia responsable del Programa de Fertilizantes, a considerar Oaxaca en las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal de 2022, a fin de impulsar la economía y la producción agrícola de la entidad.

Notas

1 Una población en crecimiento. Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano, ONU. Disponible en

https://www.un.org/es/global-issues/population#:~: text=Se%20 espera%20que%20la%20poblaci%C3%B3n,de%2011.000%20millones%20para%202100

2 Fertilizantes, Chemical Safety Facts.org. Disponible en

https://www.chemicalsafetyfacts.org/es/fertilizantes/

3 México en una mirada, FAO en México, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Disponible en:

https://www.fao.org/mexico/fao-en-mexico/mexico-en-una-mirada/es /

4 La Agricultura en Oaxaca, Inegi, séptimo Censo Agropecuario 1991. Disponible en

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/pro d_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/1329/702825112882/702825 112882_1.pdf

5 Ibídem, México en una mirada.

6 Cinco estados con cinco estrellas en producción agrícola, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 11 de julio de 2021,

https://www.gob.mx/agricultura/articulos/cinco-estados-con-cinco -estrellas-en-produccion-agricola

7 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Disponible en

https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/oaxaca-solido-produc tor-agricola-y-gastronomico

8 “22 productos agrícolas oaxaqueños en el ranking nacional”: Economía, gobierno de Oaxaca. Disponible en

https://www.oaxaca.gob.mx/comunicacion/22-productos-agricolas-oa xaquenos-en-el-ranking-nacional-economia/

9 “Encarece gas 80 por ciento los fertilizantes”, Moisés Ramírez, Monterrey, México, 11 octubre de 2021, en El Norte. Disponible en

https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/def ault.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/encarece-gas-80-a-lo s-fertilizantes/ar2275062?referer=–7d616165662f3a3a626 2623b727a7a7279703b767a783a–

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2021.– Diputado Azael Santiago Chepi (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, la SEP y la SHCP a instaurar en escuelas públicas el programa de captación de agua de lluvia Atli, a cargo de la diputada Wendy González Urrutia, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Wendy González Urrutia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1 fracción 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Millones de niñas y niños en edad escolar no cuentan con acceso al agua en sus escuelas, exponiéndose a múltiples enfermedades e incrementando su vulnerabilidad ante el covid-19.

El agua es un elemento fundamental en todo plantel educativo, no podemos pensar en la operación de ninguna escuela sin un adecuado abasto del vital líquido.

Antes de la pandemia, la carencia de agua potable e infraestructura hidráulica ya representaban un grave problema para millones de niños y jóvenes, más aún, en estos momentos de retorno a clases, resulta de vital importancia, que las escuelas de educación básica, así como las de nivel medio superior cuenten con las condiciones adecuadas de salubridad e higiene, y para lograrlo, el ingrediente indispensable, por antonomasia, es el agua.

La apuesta de la actual administración para generar desarrollo, es a través de mega proyectos interestatales de dudosa factibilidad ambiental, económica y social, como son: el Tren Maya, el Corredor Transístmico, el aeropuerto Felipe Ángeles o la refinería de Dos Bocas.

Dejando de lado temas de gran relevancia social como lo es, el bien superior del menor. Concepto elemental para garantizar un desarrollo integral y una vida digna, mediante la generación de condiciones materiales, ambientales, sociales y afectivas para alcanzar el máximo bienestar de los menores.

En el caso que nos ocupa el agua juega un papel central para garantizar el derecho a la educación, pues sin las condiciones sanitarias elementales, ir a la escuela lejos de ser un derecho, representa un atentado a la salud.

Si bien, en el artículo 4o., párrafo 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce el derecho humano al agua al mencionar que:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. ...Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales”, observamos que dichos postulados, sencillamente, son letra muerta y no están en las prioridades del actual gobierno, para miles de alumnos de las escuelas públicas.

De acuerdo al documento de la Secretaría de Educación Pública titulado, “Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional”: 32 por ciento de las escuelas de educación básica no cuentan con lavabos en tanto que la cifra de escuelas de educación media superior asciende a 21 por ciento.

En el rubro de sanitarios, 17 por ciento carece de ellos en el nivel básico y 16 por ciento en el nivel medio superior.

Si estas cifras ya son alarmantes, resulta inadmisible, pero lastimosamente real, que “ 27 por ciento de las escuelas de educación básica, simplemente no cuentan con agua y para el caso de la educación media superior el porcentaje es de 23 por ciento”. (Secretaría de Educación Pública, 2020)

Como siempre las escuelas que más sufren, son las más alejadas de la urbanización, las que se encuentran en las regiones rurales o periurbanas.

En nuestro país aproximadamente 10 por ciento de la población rural se encuentra dispersa en pequeñas localidades de menos de 100 habitantes, a las cuales es muy costoso dotar de los servicios de agua potable y alcantarillado. (Comisión Nacional del Agua, 2008).

En cuanto al potencial hídrico mencionaremos que, anualmente el territorio de México recibe del orden de mil 488 miles de millones de metros cúbicos de agua en forma de precipitación. De esta agua, 72.5 por ciento se evapotranspira y regresa a la atmósfera, 22.1 por ciento escurre por los ríos o arroyos y 5.4 por ciento restante se infiltra al subsuelo y recarga los acuíferos.

La precipitación normal del país durante el periodo comprendido de 1971 a 2000 fue de 759.6 milímetros. (Comisión Nacional del Agua, 2008)

Por lo cual, se pueden captar en promedio 760 litros de agua por cada metro cuadrado durante el periodo de lluvias y ser aprovechados en la red de escuelas públicas del país, si consideramos que la mayoría de escuelas cuentan con al menos 100metros cuadrados de superficie, estamos hablando de 760 mil litros, muy valiosos para el funcionamiento escolar, por supuesto que dicha cifra es un promedio que tendrá variaciones de acuerdo a las distintas zonas geográficas del país.

En nuestro país ya existen varios casos exitosos en cuanto a la captación de agua pluvial en escuelas como es el caso de la Comisión del Agua del estado de México, organismo que con la colaboración de la asociación “Isla Urbana”, instalaron sistemas de cosecha de agua de lluvia en 35 planteles con los que se tiene prevista la captación de más de 10 millones 500 mil litros, reforzando entre estudiantes, docentes y padres de familia, la cultura hídrica mexiquense en armonía con la Agenda 2030 de la ONU. (Diario El Edo Mex Informa, 2021)

Para el Partido Acción Nacional, nuestra población infantil está mucho más allá que cualquier megaproyecto, y dotarlos de seguridad hídrica y sanitaria en sus centros escolares, es parte fundamental de asegurarles una educación digna.

Por esta razón el día de hoy, presentamos ante este recinto parlamentario, el exhorto que busca dotar de sistemas de captación de agua de lluvia a todas las escuelas públicas de México, tanto de educación básica y media superior, así como lavabos, sanitarios e instalaciones hídricas adecuadas, cuando de ello se requiera.

El proyecto de cosecha de agua de lluvia en las escuelas, se denominará, “Atli”, cuyo significado en lengua náhuatl, se refiere a la acción de tomar agua. (Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, 2014)

Al contar con unidades de almacenamiento, canaletas, filtros y adecuados sistemas hidráulicos se brindará seguridad a nuestro alumnado, en caso de sequía o fallas en la dotación del servicio hídrico, siempre se contará con una reserva estratégica, incrementando la resiliencia de la infraestructura educativa en nuestro país.

Con esto fortalecemos en nuestros menores, el derecho humano a la educación, al agua y a un medio ambiente saludable, a la vez que desarrollamos en ellos una valiosa conciencia ambiental, creando a futuro, potenciales ciudadanos defensores del planeta.

Dada la urgencia de contar con agua en las escuelas, aun cuando estén muy alejadas, se presenta el exhorto a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Educación Pública y Hacienda y Crédito Público, para que instrumenten el programa de captación de agua de lluvia en escuelas públicas, denominado “Atli”, con la finalidad de dotar de reservas de agua pluvial, lavabos, sanitarios e instalaciones hidráulicas funcionales a las escuelas de educación básica y media superior.

Mediante la coordinación interinstitucional, se deberá trazar un plan de acción para priorizar las zonas escolares que más padecen la falta de agua, así como las adecuaciones necesarias, para acompañar los sistemas de captación de agua de lluvia con eficientes sistemas hidráulicos y mobiliario sanitario.

Para la apropiación social de este programa, se deberá contemplar la participación activa de las comunidades escolares y padres de familia.

Para ello, las dependencias involucradas deberán definir las reglas de operación de acuerdo a las distintas características ambientales, sociales, culturales y económicas de nuestra nación.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Educación Pública, y de Hacienda y Crédito Público, para que a través de la coordinación interinstitucional y en apego a sus atribuciones, instrumenten el programa integral denominado “Atli”, cuya misión sea otorgar seguridad hídrica a las escuelas públicas de nivel básico y medio superior.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, de acuerdo a los principales factores climáticos y ambientales, diseñen modelos de captación y aprovechamiento del agua de lluvia provistos de instalaciones hídricas, afines a los distintos territorios del país.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que en el marco del programa “Atli”, defina las reglas de operación y los lineamientos de instrumentación, así como las regiones prioritarias de acuerdo a las condiciones socioeconómicas y ambientales.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a disponer de los recursos necesarios para llevar a cabo el programa de captación de agua en escuelas públicas de nivel básico y medio superior, denominado “Atli” y para ello se gestionará de manera adicional y directa, ante esta dependencia, la ampliación de recursos en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, como se establece en el artículo 79, numeral 3, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el fin de cumplir con la legislación y la normatividad correspondiente.

Bibliografía

Comisión Nacional del Agua. (2008). Estadísticas del Agua en México 2008. CDMX: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diario El Edo Mex Informa. (2021). CAEM impulsa captación de agua de lluvia en escuelas del Edomex. Nezahualcóyotl, estado de México: Edomex Informa.

Secretaría de Educación Pública. (2020). Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2019-2020.

Ciudad de México: Secretaría de Educación Pública.

Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo. (2014). Vocabulario Básico, Náhuatl-Español, Material de apoyo para la niñas y los niños indígenas de Educación Básica. Ciudad de México: Secretaría de Educación Pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2021.– Diputada Wendy González Urrutia (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a realizar acciones dirigidas a mantener actualizada la información en su portal de internet y vinculada a la Plataforma Nacional de Transparencia, a cargo del diputado Jesús Roberto Briano Borunda, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado federal Jesús Roberto Briano Borunda, integrante de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

En septiembre del 2012, la Conferencia Mundial del Parlamento Electrónico presentó oficialmente la Declaración sobre Apertura Parlamentaria, la cual es un llamado a los parlamentos nacionales y subnacionales a promover la transparencia gubernamental y parlamentaria, y con ello, asegurar la participación ciudadana en el trabajo parlamentario. 1

Ante el compromiso internacional, en septiembre del 2014 se constituyó la Declaración de lanzamiento de la alianza para el parlamento abierto en México participando, como firmantes, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, el Organismo Autónomo Garante del Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y doce organizaciones de la sociedad civil impulsoras de la apertura legislativa. Dicha declaración señala la firme intención de los firmantes de convocar a los congresos de las entidades federativas, a los organismos garantes del derecho de acceso a la información y protección de datos personal de las entidades federativas y a la sociedad de todo el país a sumarse a la alianza de acuerdo a los lineamientos, metodología y procedimientos de participación previamente acordados por las partes. 2

En referencia de lo anterior, el artículo seis constitucional establece el derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Además, es la primera fracción del apartado A, establece lo siguiente:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

Y, con ello, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 72 establece que poderes Legislativos federal y de las entidades federativas son sujetos obligados a poner en disposición del público y actualizar información de la gaceta parlamentaria, el diario de debates, las versiones estenográficas, la asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de la Comisiones y Comités, las iniciativas de Ley o decretos, puntos de acuerdo, convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités y de las sesiones del pleno, identificando el sentido del voto, en votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración.

A partir de las disposiciones citadas, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emitió los “Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia” (Lineamientos de Verificación). De modo que, en su Anexo III “Poder Legislativo Federal, de las Entidades Federativas y la Legislatura de la ciudad de México”, en el cual señala el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sustenta que los sujetos obligados del Poder Legislativo federal, de las entidades federativas y la Legislatura de la Ciudad de México deben poner a disposición de los particulares y mantener actualizada en una sección de transparencia en sus portales de Internet y vinculada a la Plataforma Nacional. 3

De igual forma, el Anexo III, detalla los criterios sustantivos y adjetivos que por cada rubro de información publicada y actualización de los portales de Internet y en la Plataforma Nacional, que los sujetos obligados del Poder Legislativo federales y locales deben cumplir.

Por lo anterior, cabe mencionar que la Cámara de Diputados ha presentado avance notorio en la materia. El pasado 01 de junio de 2021, el INAI, emitió el dictamen de cumplimento, señalando que la Cámara de Diputados cumplió con la publicación de la información concerniente a sus obligaciones de transparencia comunes y específicas establecidas en la Ley General de Transparencia y en la Ley Federal de Transparencia, obteniendo un total de cien puntos porcentuales (100 por ciento) del Índice Global de cumplimiento en Portales de Transparencia. 4

Dicho Dictamen en comento señala el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que debe publicar y mantener actualizadas en base de los criterios señalados en los Lineamientos de Verificación.

Sin embargo, la situación es adversa los poderes legislativos de las entidades federativas, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó el Informe Legislativo 2017, en donde analiza la composición y conformación de los congresos locales, el manejo que hacen de los recursos públicos y su desempeño legislativo.

El informe sostiene que se enviaron 800 solicitudes de información, de las cuales el 79 por ciento fueron respondidas de manera satisfactoria. Solo las legislaturas de Campeche, Chihuahua y Sinaloa respondieron satisfactoriamente el 100 por ciento de las solicitudes, mientras que los congresos con menor porcentaje de respuestas adecuadas fueron Morelos (36 por ciento), Veracruz (32 por ciento) y Colima (16 por ciento). 5

Es por ello, que la presente proposición con punto de acuerdo pretende que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte a los congresos locales para que implementen los mecanismos necesarios en publicar y mantener actualizada información en su portal de internet y vinculada la plataforma nacional transparencia con la finalidad de garantizar el derecho al libre acceso a información plural y oportuna.

Este conjunto de acciones permitirá avanzar en el acceso de información desde el ámbito legislativo y gubernamental. La Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 sostiene que tan solo el 8.6 por ciento de la población consulta una página de internet gubernamental para obtener información de instituciones. Destacando que el 71 por ciento de la población que realizó una consulta en una página de internet del gobierno manifestó que era accesible y de fácil manejo; además el 50 por cientode ellas, obtuvo algo satisfecha con la información disponible. 6

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los congresos locales de las treinta y dos entidades federativas para que, en el ámbito de sus obligaciones de transparencia, realicen las acciones necesarias en publicar y mantener actualizada la información en su portal de internet y vinculada en el Sistema Nacional de Transparencia.

Notas

1 Opening Parliament (2012). Declaración sobre Apertura Parlamentaria. Disponible en el siguiente sitio web:

https://www.openingparliament.org/static/pdfs/spanish.pdf.

2 Senado (2014) Declaración de Lanzamiento de la Alianza para el Parlamento Abierto en México. Disponible en el siguiente sitio web:

https://www.senado.gob.mx/comisiones/cogati/eventos/docs/Declara cion_220914.pdf

3 INAI (2020). Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Disponible en:

https://www.transparencia.ipn.mx/Apoyo/SIPOT/LTG_DOF28122020.pdf

4 INAI (2021) Dictamen de cumplimiento. Sujeto Obligado: Cámara de Diputados. Clave: 01200.Disponible en:

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2021-06-09-1/asse ts/documentos/Unidad_de_Transparencia_Cumplimiento_CD.pdf

5 IMCO (2019) INFORME 2017. Disponible en el siguiente sitio web:

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/INFORME_ LEGISLATIVO_2017_FINAL_26Jun17.pdf

6 Inegi (2019) Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/programas/enaid/2019/

Referencia

Fracción I, Apartado A, Artículo 6, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 72, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.– Diputado y diputadas: Jesús Roberto Briano Borunda, Lidia Pérez Bárcenas, Andrea Chávez Treviño (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob y distintas autoridades a intervenir a la liberación de los presos políticos en Coyomeapan, Puebla, con el establecimiento de mecanismos y protocolos para proteger los derechos humanos y brindar acompañamiento técnico y jurídico a los implicados en el asunto, suscrita por la diputada Inés Parra Juárez e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Inés Parra Juárez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Gobernación federal (Segob), para que intervenga de manera pronta y expedita con todos los recursos a su disposición, para la liberación de los presos políticos en el municipio de Coyomeapan, Puebla; a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Segob, para que ejecute y/o implemente de manera urgente, los mecanismos y/o protocolos para la protección de los derechos humanos; a la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Segob, para que brinde su acompañamiento técnico y jurídico, con motivo de la liberación de los presos políticos en el municipio de Coyomeapan; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su actuación institucional en el municipio de Coyomeapan conforme a la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos y a la Fiscalía General del Estado de Puebla para la liberación de presos políticos, deseche la imputación y retire las órdenes de aprehensión en contra de los activistas de unidad Coyomeapan.

En el distrito de Ajalpan, en el estado de Puebla, se encuentra enclavada la Sierra Negra, zona de alta marginación de comunidades indígenas y de una añeja tradición de caciques locales. Los cacicazgos locales han mantenido el control político de la región a través de acciones de “intimidación social”, corrupción y se han traspasado los cargos públicos locales entre familiares o bajo la lógica cultural del compadrazgo. Se presenta específicamente en el municipio de Coyomeapan, mismo que el presidente municipal, David Celestino Rosas, quien está por concluir su periodo, intervino políticamente para suceder el cargo a su cuñado, Rodolfo García López; asimismo realizó acciones de infiltraciones para que su hermana Aracely Celestino Rosas, accediera al cargo de diputada federal. Estos hechos de nepotismo político ocasionaron malestar social que se tradujeran en protestas y acciones ciudadanas de denuncia, libre manifestación, reunión y toma pacífica de espacios públicos municipales.

De estos hechos de resistencia civil en Coyomeapan, el gobierno del estado de Puebla intervino a través de una delegación de la Secretaría de Gobernación que citó a ciudadanos inconformes, bajo el supuesto de dialogar y distender la situación; por lo que la comunidad nombró una comisión ciudadana para el diálogo con los funcionarios enviados por parte de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, misma que se efectuó en el Centro Integral de Servicios (CIS) de Ajalpan, ubicado en dirección carretera Tehuacán, Teotitán kilómetro 16.2, esquina del ejido, Ajalpan, Puebla, el 1 de septiembre de 2021, resultando una emboscada política en la que agentes de la Fiscalía Estatal de Puebla y policías estatales, detuvieran a los ciudadanos: Basilisa Montaño Gutiérrez, Adán Anastacio González Sangines y Eruviel Aguilar Gómez. Hecho que se cataloga anticonstitucional y violatorio de derechos cívicos, políticos y humanos.

Días después del 5 de septiembre, fue detenido en su domicilio con lujo de violencia y sin orden de un juez, el ciudadano Gonzalo Martínez Herrera. Ante estos hechos violatorios de derechos humanos se solicita la intervención de la Secretaría de Gobernación Federal.

Ciudadanos ambientalistas, agricultores y pobladores de Coyomeapan que protestan contra el cacicazgo que padece en su región, bajo el movimiento Unidad por Coyomeapan, que está integrada por más de 4 mil personas originarias de este municipio, han externado situaciones de detrimento de la población más desfavorecida, manifestándose en contra de cacicazgo que se vive en este municipio y denunciando las acciones por parte de los funcionarios en el poder. A causa de lo anterior expuesto se emitieron acciones de represión violatorias de derechos humanos y el debido proceso por parte de la fiscalía

Ordenes de aprehensión causa penal 347/2021, del Juzgado de Oralidad Penal de la Región Sur Oriente con sede en Tehuacán, Puebla.

1. Emmanuel Bravo Porras

2. José Julio Bolaños Natividad

3. Jael Bravo Porras y/o Gael Bravo Porras - Fidencio Porras Trujillo

4. Marcelo Herrera Bolaños y/o Marcelo Carrera Bolaños

5. Magdaleno Pérez Contreras

6. Alejo Mazahuatl Cuevas

7. Julián Jacobo Porras Osio

8. Patricio Campo Mosqueda

9. Azucena Campo Pérez

10. Camilo Ramírez Sánchez

11. Rafael Cabrera Ramos

12. Teodoro Mirafuentes Cacho

13. Fernando Mirafuentes Cacho

14. Martin Arriaga Mora

15. Daniel Arellano García.

16. Fidencio Porras Trujillo

Lista de ciudadanos con amparo indirecto 887/2021 del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de Puebla. Relativoa la orden de aprehensión de la causa penal 347/2021 del Juzgado de Control de Tehuacán, Puebla.

1. Lauro Gil Arguelles

2. Esmeralda Pérez Mazahuatl

3. Abelardo Solís Ramos

4. Marco Antonio Solís Ramos

5. Natalio Sanguinez Rodríguez

6. Roberto Izúcar Reyes

7. Ariel Aguilar Sánchez.

Lista de personas detenidas en la causa penal 347/2021 del Juzgado de Oralidad Penal de la Región de Tehuacán, Puebla.

1. Basilisa Montano Gutiérrez

2. Adán Anastasio González Sanguines

3. Eruviel Aguilar Gómez.

Es por ello que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), ha realizado un llamado al Poder Judicial de Puebla y a la Fiscalía General del Estado para que se garanticen los derechos humanos de Basilisa Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez y Adán Anastasio González. Mismo que puede consultarse en el boletín número 533/2021 de la dependencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración la siguiente proposición con

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación federal, para que intervenga de manera pronta y expedita con todos los recursos a su disposición, para la liberación de los presos políticos en el municipio de Coyomeapan, Puebla: Basilisa Montaño Gutiérrez, Adán Anastacio González Sangines, Eruviel Aguilar Gómez y Gonzalo Martínez Herrera.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, para que ejecute y/o implemente de manera “urgente”, los mecanismos y/o protocolos para la protección de los derechos humanos.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Segob, para que brinde su acompañamiento técnico y jurídico, con motivo de la liberación de los presos políticos en el municipio de Coyomeapan: Basilisa Montaño Gutiérrez, Adán Anastacio González Sangines, Eruviel Aguilar Gómez y Gonzalo Martínez Herrera.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su actuación institucional en el municipio de Coyomeapan, conforme a la normativa nacional e internacional en materia de derechos humanos.

Quinto. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla, para la liberación de los presos políticos contenidos en la lista de personas detenidas en la causa penal 347/2021 del juzgado de oralidad penal de la región de Tehuacán, Puebla; que deseche la imputación, contenida en la carpeta de investigación número FGEP/CDI/FIR/TEHUACAN-1/0156/2021; retire las órdenes de aprehensión causa penal 347/2021, del Juzgado de Oralidad Penal de la Región Sur Oriente con sede en Tehuacán, Puebla, y la lista de ciudadanos con amparo indirecto 887/2021 del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del estado de Puebla relativo a la orden de aprehensión de la causa penal 347/2021 del juzgado de control de Tehuacán, Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2021.– Diputadas y diputados: Inés Parra Juárez, Francisco Javier Borrego Adame, Alma Delia Navarrete Rivera, Judith Celina Tanori Córdova, Arturo Roberto Hernández Tapia, Juanita Guerra Mena, Celestina Castillo Secundino (rúbricas).»