«Iniciativa que expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, suscrita por los diputados Carlos Noriega Romero, del Grupo Parlamentario de Morena, y Ana Laura Huerta Valdovinos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

«Iniciativa que reforma el artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, suscrita por la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 76; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta para su análisis y dictamen iniciativa que reforma la fracción II del artículo 12 con lo que se recorren en su orden y en sus términos las fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, para quedar como III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI respectivamente, todo ello de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Planteamiento del problema

En 2020 el virus Covid-19 tomó por sorpresa no sólo al país sino al mundo entero, las secuelas del impacto económico por la parálisis de diversos sectores y el confinamiento aún siguen afectando al país en 2021, puesto que el golpe que la pandemia ha propinado a la economía mexicana durante el año 2020 provocó un desplome del crecimiento económico de 8.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) en el año pasado, según datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En cuanto a los sectores, la industria ha sido la más golpeada por la crisis en 2020, con un desplome de 10.2 por ciento respecto al 2019, según datos del mismo instituto.

La caída se explica, en gran medida, por el cierre de las fábricas en abril y mayo del año pasado, lo que dio como resultado la afectación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), no obstante, pese a que la iniciativa privada comenzó a generar nuevas alternativas y retos para que la economía nacional logre reactivarse de forma positiva, aún se visualiza un panorama sumamente complicado.

Si bien es cierto que las Mipymes son en gran medida vitales para la nación, en el caso de México, éstas representan al igual que en muchas otras economías, 99.8 por ciento del tejido empresarial de la nación. Además, con respecto al empleo, las Mipymes generan más plazas de trabajo en México en comparación con otras economías, situándose por encima de la media regional. Aunado a esto, 78.5 por ciento del empleo en nuestro país es generado por éstas, y en lo que a su participación en la producción se refiere, México supedita 62 por ciento de su producción a este tipo de compañías.

Partiendo de esta situación, las Mipymes (formales e informales) aportan 40 por ciento al PIB nacional, y se ha observado en los últimos años un aumento notable en dicha participación. Además de su gran aporte al PIB de México, las Mipymes generan 7 de cada 10 empleos en el país, lo que las convierte en la base de la economía nacional, y por ende, de las familias mexicanas.

Las Mipymes son un motor para las economías, tanto desarrolladas como emergentes. Además, éstas son un claro generador de empleo, así como un sustento para las familias en los distintos países y un gran aporte a la recaudación.

Recuperar la economía es vital para la nación, y esto sólo será posible con la sostenibilidad y la supervivencia de las empresas, de mantenerse la falta de apoyos por parte del gobierno no hará más que prolongar la complicada situación, ensanchando los desequilibrios futuros, por ello, es fundamental trabajar por su supervivencia y sostenibilidad en este proceso de recuperación.

Aunque la progresiva apertura de las actividades económicas parece una gran ayuda, de acuerdo con el Inegi, el Estudio sobre demografía de los negocios 2020estima que de los 4.9 millones de establecimientos micro, pequeños y medianos que existían en México al inicio de la pandemia, sobrevivieron 3.9 millones (79.19 por ciento), poco más de un millón (20.81 por ciento) cerraron sus puertas definitivamente y nacieron 619 mil 443 establecimientos.

No toma por sorpresa que la mayor preocupación de las empresas esté relacionada con los efectos económicos que la situación sanitaria trajo consigo. El cierre de más de un millón de Mipymes se debe en gran medida a los problemas de liquidez, aumento de costos de materias primas y factores políticos, ya que en conjunto todo esto termina por imposibilitar a estos negocios para enfrentar una crisis y hoy en día es sumamente importante el apoyo para este sector, debido a que desde el inicio de la pandemia hasta ahora, no ha existido reforma alguna en la ley para impulsar un beneficio para dichas empresas.

En cambio, no podemos hacer a un lado la actuación por parte de la Secretaría de Economía a inicios de la declaratoria de emergencia por el Covid-19, ya que gracias a dicha actuación muchas de las Pymes encontraron un alivio con algunas facilidades que dio el sector financiero, sin embargo, éstas duraron poco en comparación con la contingencia sanitaria; a esto hay que sumarle el hecho de que el acceso a la financiación continúa siendo uno de los retos permanentes para cualquier empresa, por lo que es imprescindible contar con un plan financiero detallado y realista que convenza a las entidades de crédito y aporte las garantías necesarias, siendo el caso para la prevención de una futura emergencia sanitaria como la acontecida en el 2020 y 2021, que en gran medida ocasionó el cierre de la mayoría de las Pymes en el país.

Por lo anteriormente expuesto, y ante la crisis que vive el país y las Mipymes, es importante seguir trabajando para incentivar las actividades comerciales que generan flujo económico en México. Es por esto que es necesario implementar una reforma con el fin de garantizar el desarrollo de las mismas, y así generar un mayor derroche económico en los estados con la finalidad de apoyar directamente a las familias mexicanas.

Tal y como lo desarrolló la Secretaría de Economía a inicios de la declaratoria de emergencia por el Covid-19, ya que gracias a dicha actuación muchas de las Mipymes encontraron un alivio con algunas facilidades que dio el sector financiero, como el financiamiento de 25 mil pesos por negocio o persona, de microempresas tras las pérdidas financieras acontecidas en 2020 por dicha emergencia sanitaria. Se deben positivar normas que garanticen la seguridad económica de los empresarios, en caso de una futura emergencia sanitaria.

A continuación se citan diversos artículos y puntos de estos, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que se atendieron para el desarrollo de la presente iniciativa:

Artículo 2. La autoridad encargada de la aplicación de esta ley es la Secretaría de Economía quien, en el ámbito de su competencia, celebrará convenios para establecer los procedimientos de coordinación en materia de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, entre las autoridades federales, estatales, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa, de los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en congruencia con la planeación nacional.

La Secretaría de Economía, en el ámbito de su competencia, podrá convenir con particulares para concertar las acciones necesarias para la coordinación en materia de apoyos a la micro, pequeña y mediana empresa.

El Presupuesto de Egresos de la Federación que se destina para apoyar a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa no podrá ser inferior, en términos reales, al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal anterior (LDCMPPE).

Por otro lado, el artículo 7 de esa misma ley establece que:

La Secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento a las Mipymes, en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

Dicho esto, se propone una iniciativa que reforma el artículo 12 de Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el objetivo de garantizar y sostener el desarrollo de las mismas, mediante la dotación de los programas financieros. (LDCMPPE).

Fundamento legal de la iniciativa

Lo constituyen los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mismos que quedaron precisados desde el inicio de este documento.

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 12 con lo que se recorren en su orden y en sus términos las fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, para quedar como III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI respectivamente, todo ello de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Único. Se reforma la fracción II del artículo 12 con lo que se recorren en su orden y en sus términos las fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, para quedar como III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI respectivamente, todo ello de la Ley para el Desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, para quedar como sigue:

Artículo 12. La Secretaría tendrá en materia de coordinación y desarrollo de la competitividad de las Mipymes, las siguientes responsabilidades:

I. ...

II. En caso de que las autoridades competentes declaren una emergencia sanitaria, la Secretaría deberá incentivar la productividad de las Mipymes mediante la implementación de un programa específico de crédito y apoyos financieros durante el tiempo que dure la declaratoria de emergencia.

III. al X. ...

XI. Diseñar un esquema de seguimiento e identificación de resultados de los Programas de apoyo establecidos por el Gobierno Federal.

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2021.– Diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de deudores alimentarios, a cargo de la diputada Paloma Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Paloma Sánchez Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con Fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, artículos 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

El Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), plantea que la desigualdad de género es un factor que obstaculiza el desarrollo humano; por ejemplo, los países con altos niveles de desigualdad entre mujeres y hombres también se caracterizan por tener bajos índices de desarrollo humano, y viceversa, cuanto más alto es el nivel de igualdad de género mayor es el PIB per cápita. 1

Las cuatro áreas que abarca este indicador (participación política, educación y participación en la fuerza de trabajo, así como la existencia de marcos legislativos focalizados en cuestiones relacionadas con la equidad de género) corresponden a algunas de las esferas clave en las que el logro de la igualdad de género ha tenido repercusiones positivas y son de gran trascendencia tanto para el respeto de los derechos humanos como para la construcción de sociedades abiertas e integradoras.

Actualmente, se reconoce a nivel internacional que la igualdad de género es una pieza clave del desarrollo sostenible. 2

La Agenda 2030 establece en el Objetivo #5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. En este sentido, se señala que la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 3 Sin embargo, pese a los importantes esfuerzos realizados en la materia, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura (UNESCO) asevera que en ningún país la igualdad de género se ha convertido en la norma y aún quedan importantes disparidades por subsanar. 4

Gracias a estos indicadores que han desarrollado diversas organizaciones es posible saber en qué medida las mujeres y los hombres pueden gozar de los mismos derechos fundamentales y posibilidades de progreso personal y profesional y contribuir al desarrollo de su país.

Esa imagen empírica de la situación en materia de igualdad de género es importante para entender su relación con el desarrollo, puesto que la capacidad de las mujeres y los hombres de participar en pie de igualdad en la vida social, cultural, política y económica garantiza que tanto las políticas públicas como los valores, las normas y las prácticas culturales reflejen los intereses y experiencias de ambos sexos y los tengan en cuenta. Las políticas, medidas y prácticas que solo tienen en cuenta los intereses de la mitad de la población generan desequilibrios que socavan el desarrollo sostenible de un país. 5

Para poner en su justa dimensión las problemáticas que aún persisten en este tema medular, basta mencionar que a nivel mundial, 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de los 18 años y al menos 200 millones de mujeres y niñas en 30 países se sometieron a la mutilación genital femenina (MGF); en 18 países los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen; en 39 países, las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos de herencia; y en 49 países no existen leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica.

Asimismo, la evidencia señala que una de cada cinco mujeres y niñas, incluido el 19% de las mujeres y las niñas de 15 a 49 años, han sufrido violencia física y/o sexual por parte de una pareja íntima, durante los últimos 12 meses. Sin embargo, en 49 países no existen leyes que protejan específicamente a las mujeres contra tal violencia.

Además, si bien es cierto que las mujeres han logrado importantes avances en la toma de cargos políticos en todo el mundo, su representación en los parlamentos nacionales de 23.7% aún está lejos de la paridad; y solo el 52% de las mujeres casadas o en una unión, toman libremente sus propias decisiones sobre relaciones sexuales, uso de anticonceptivos y atención médica, entre otras.

Se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas: más niñas están escolarizadas, y se obliga a menos niñas al matrimonio precoz; hay más mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo, y las leyes se están reformando para fomentar la igualdad de género. A pesar de estos logros, todavía existen serias dificultades: las leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas a todos los niveles de liderazgo político, y 1 de cada 5 mujeres y niñas de entre 15 y 49 años afirma haber sufrido violencia sexual o física a manos de una pareja íntima en un período de 12 meses.

Actualmente, los expertos señalan que los efectos de la pandemia del COVID-19 podrían afectar lo alcanzado en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres, en la medida que podría agravar las desigualdades, desde la salud y la economía, hasta la seguridad y la protección social.

En este sentido, el Secretario General de las Naciones Unidas, manifestó en abril de 2020, que los avances en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres conseguidos a lo largo de las décadas están en peligro de retroceso como consecuencia de la pandemia, por lo que instó a los Gobiernos a que pongan a las mujeres y niñas en el centro de sus esfuerzos para la recuperación.

Ante este panorama, la pandemia brinda una oportunidad invaluable para implementar políticas orientadas a compensar las desigualdades presentes en las vidas de las mujeres. México no escapa a esta grave problemática. Cabe destacar que el año pasado se cometieron más de mil feminicidios, mientras que este año, debido a la pandemia de la COVID-19, se incrementó en 60% la violencia doméstica, por lo que es lamentable que el actual Gobierno Federal haya desaparecido programas de apoyo a madres solteras y recortado el presupuesto a instituciones dedicadas a este sector vulnerable de la población.

Asimismo, persisten prácticas que vulneran los derechos de las mujeres mexicanas. Una de ellas es el incumplimiento de las personas del pago de las pensiones alimenticias, tema que es el objeto primordial de esta Iniciativa.

Existen importantes experiencias a nivel internacional que han reconocido este fenómeno como problema público, lo que ha generado el desarrollo de políticas especializadas y la creación de instancias gubernamentales para su atención desde las instituciones de justicia. Con ello, se ha garantizado la trayectoria de las soluciones sociales y el fortalecimiento de los marcos legales para la garantía de los derechos de las mujeres y los menores.

El primer caso se registró en Canadá en 1996, con la regulación de las licencias de conducir emitidas por el gobierno de la ciudad de Ontario. Estas, preveían las órdenes judiciales emitidas sobre la obligación alimentaria para otorgar el permiso a las personas. De igual manera, la misma política se replicó en diferentes estados de Estados Unidos con la creación del Registro Central de Obligados a Aportes Alimentarios, que vinculaba la inscripción para la determinación de la licencia de conducir, y amplió las sanciones para el acceso a la jubilación, y el reembolso de impuestos para cubrir la deuda con los menores. 6

En este mismo sentido, Perú creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en 2007 para asegurar la alimentación de la familia a consecuencia de resoluciones judiciales. Su éxito, logró que en 2017 se añadieran reformas para vincular las sentencias de deudores con la emisión de documentos de identidad nacional, o incluso para condicionar la salida del país. 7

Destaca el caso de Uruguay, que ajustó las consecuencias del deudor a efectos financieros y bancarios. De acuerdo con su Registro Nacional de Actos Personales, los deudores alimenticios, deberán atravesar un proceso extraordinario para que las entidades financieras soliciten información sobre su persona para otorgar créditos, abrir cuentas bancarias, y emitir tarjetas de crédito.

Esta última disposición también atrajo a los legisladores de Colombia a proyectar la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, donde además de incluir las previsiones en materia de acceso a productos financieros, se dispusieron sanciones en cuestión civil y penal. En este caso, sobresale la adición que establece que para contender para algún cargo público o ser contratado por el Estado, no se podrá estar inscrito en el Registro.

En México, la experiencia de otros países ha llevado a que algunos congresos locales, como el de la Ciudad de México, 8 Estado de México, 9 Coahuila o Guerrero, diseñaran y activaran registros similares en materia de deudores alimentarios. Asimismo, en el nivel federal, de acuerdo a un informe reciente en la materia, hasta 2020, se habrían presentado más de 30 iniciativas para buscar modificar los marcos legales que permitieran habilitar diferentes sistemas de información pública referentes a la identificación de los deudores. 10

Las últimas, abarcan distintas modalidades de sanción en referencia a las limitantes públicas y la transversalidad de las acciones del deudor. En 2019, por ejemplo, el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que busca crear el Registro a nivel nacional y relacionarlo con autoridades migratorias para dar aviso oportuno de sus deberes alimenticios y restringir la salida del territorio nacional. 11

En abril de 2019, la Cámara de Diputados aprobó una reforma para crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, modificando únicamente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Su objetivo es concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias.

De igual forma, en el año 2015, el Senado de la República registró y aprobó una iniciativa en la materia para vincular el carácter de deudor alimenticio con la obtención de licencias y permisos para conducir, la obtención de pasaportes o documentos de identidad, así como la capacidad de participar como candidato a cargos concejiles y de elección popular, o incluso en procesos para aspirantes de cargos de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Esta iniciativa, que contó con la participación de cinco grupos parlamentarios en la Cámara Alta, también previó limitar a los deudores a participar como proveedores de los tres órdenes de gobierno y ajustar las posibilidades de llevar a cabo trámites ante notarías públicas, relativos a la compraventa de bienes inmuebles y la constitución o transmisión de derechos. 12

Sobre el fenómeno social, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con base en información registrada en los juzgados de lo familiar, mixtos y civiles y en las oficialías del Registro Civil de las entidades federativas, informa que durante 2018 se registraron 156 556 divorcios y 501 298 matrimonios. Es decir, por cada 100 matrimonios ocurrieron 31.2 divorcios. 91.1% del total de los divorcios fueron resueltos por vía judicial, mientras que el 8.9% correspondieron a divorcios resueltos por vía administrativa. 13

Las entidades que registraron las mayores tasas de divorcios por cada 10,000 habitantes fueron Nuevo León con 30.0, Aguascalientes con 25.4 y Chihuahua 24.1, mientras que la tasa nacional fue de 12.5.

Las principales causas del divorcio a nivel nacional fueron el divorcio incausado con el 60.4%, seguido por el mutuo consentimiento con el 36.0 por ciento y por la separación por dos años o más con el 1.4% (2,259). El comportamiento al interior del país muestra que, en 21 entidades federativas, la principal causa corresponde al divorcio incausado y en las 11 restantes, al mutuo consentimiento.

El registro de algunas de las variables sociodemográficas de los divorciantes como el sexo, la edad, la escolaridad y la condición de actividad, presenta resultados importantes que es necesario tomar en consideración.

Las mujeres se divorcian ligeramente más jóvenes que los hombres, ya que la edad promedio al divorcio es de 38.7 y 41.3, respectivamente.

Respecto al nivel de escolaridad con el que cuentan los divorciantes, el mayor porcentaje corresponde directamente al nivel de secundaria o equivalente con 22.2% para los hombres y con 23.1% para las mujeres. Le sigue en importancia la población con nivel de preparatoria con 20.2% para ellos y 19.4% para ellas.

Por lo que respecta al nivel profesional es ligeramente mayor el porcentaje en las mujeres que se divorcian con el 16.3%, respecto al 15.7% de los hombres.

En cuanto a la condición de actividad económica de los divorciantes, el 73.9% de los hombres declaró que trabajaba al momento del divorcio, mientras que en las mujeres esta condición fue del 52.8 por ciento. 14 Ante el aumento de divorcios, las mujeres se enfrentan a una situación de vulnerabilidad, en virtud de la preocupación por los hijos y la situación económica posterior. En este contexto, la pensión alimentaria es fundamental, la cual, en su acepción general, no solo se refiere a la satisfacción de las necesidades nutricionales, sino también, de vestido, habitación, atención médica y, en caso de los menores, educación. De allí su trascendencia y más allá, la necesidad de proteger al menor con las leyes adecuadas que garanticen su cobertura.

Pero, en muchos casos, es una mera formalidad, porque muchos hombres no cumplen con el pago de esta pensión, aun cuando exista una orden o un convenio que los obligue. Las mujeres tienen una gran dificultad para obtener la pensión después del divorcio, pues el varón no está dispuesto a seguir aportando al sostenimiento del hogar y a la manutención de los hijos después de la separación. Se estima que el 67% de las madres solteras no reciben pensión alimenticia.

En tal virtud, el objetivo central de la presente Iniciativa es crear el Registro Nacional de Deudores Alimentarios el cual, pretende inhibir la irresponsabilidad en el pago de las pensiones alimenticias, a través de su registro en una lista que los exhiba en la contratación laboral y obligue el pago de dicha pensión. Con esta medida, las empresas o personas que contraten a los padres, podrán revisar este registro y en caso de tener una deuda de pensión alimentaria, realice convenio con los tutores o madres de familia para que se deposite parte del sueldo directamente en beneficio de la manutención de los hijos.

Dicha instrumentación, permitirá que la propia cultural laboral adquiera una conciencia plena de la responsabilidad que implica la paternidad, así como la necesidad de satisfacer los alimentos de los menores. De esta manera, quienes ofrezcan empleo, podrán incidir directamente en una política de beneficio social.

La realización del Registro en un formato abierto y transparente, fortalece la trayectoria de las instituciones públicas enfocadas a la lucha en contra de la desigualdad de las mujeres y el bienestar de niñas, niños y adolescentes de nuestro país. A través de una plataforma accesible y multidimensional, se busca que las acciones que surjan de esta política sean transversales, eficientes y brinden conformidad al uso de la información pública.

Asimismo, el diseño de un instrumento nacional, ayudará a ajustar y coordinar los esfuerzos locales que se han presentado en algunas entidades del país y en el ámbito legislativo federal. Los beneficios de corregir daños estructurales a través de la innovación y distintos métodos de gobernanza, asistirán a mejorar la precisión y la integridad del sistema legal y la confianza de la ciudadanía en su desempeño.

La información gubernamental es un recurso crítico que impacta de manera positiva en la democracia, la participación ciudadana, los servicios públicos, y la eficiencia de la administración. La capacidad de acceder a ella de forma eficiente, se ha convertido en un aspecto central de las instituciones, y de los Estados garantes de derechos.

De acuerdo a la agencia de información GovLoops, el surgimiento de sistemas nacionales de datos y sus complementos legales alrededor del mundo, han generado la maximización de la calidad, utilidad e integridad de la información pública. GovLoopsestima que, para finales del 2020, en el mundo se estarán creando 1.7 megabytes de datos por segundo para atender necesidades específicas de la población en relación a los gobiernos. Igualmente, se prevé que ello arrastre efectos colaterales positivos, como la reducción de la brecha digital global hasta en un 93%. 15

En México, la presencia de servicios públicos digitales y bases de datos oficiales compartidas se ha establecido como un referente global en la alineación de las áreas encargas de la implementación de políticas públicas. En 2018, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicó un informe 16 que ubicaba a nuestro país como la quinta nación a nivel internacional con más utilidad de datos digitales en la inclusión de soluciones administrativas y jurídicas.

La generación de datos abiertos, y su relación con la gobernanza, también ha reconocido que nuestro país, se encuentra en la vanguardia del uso de estos instrumentos en políticas de atención a madres de familia y menores. Destaca la mención de la OCDE sobre más de 500 sets de datos en México, orientados a la salud de las familias, e incluso del aprovechamiento de los servicios institucionales para la prevención de embarazos y enfermedades. 17

La existencia de dichos registros, proporciona además un alcance de protección para las niñas, niños y adolescentes mexicanos y se ajusta a los estándares sobre los cuales se han pronunciado los tribunales mexicanos, al señalar reiteradamente que la protección de los menores a través de los alimentos constituye un elemento sobre el cual no debe haber discusión alguna. 18

Esta iniciativa también promueve el análisis colectivo e individual de las implicaciones de la paternidad, con el objetivo de que todas las maternidades y paternidades mexicanas sean conscientes de sus implicaciones personales, sociales y económicas, tomando como fundamento para el ejercicio de las mismas, el convencimiento de que éstas serán responsables para el beneficio de las y los menores.

Con el fin de lograr lo anteriormente expuesto, propongo las siguientes modificaciones al Código Civil Federal y a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en materia de deudores alimentarios, por lo que la propuesta de la Iniciativa quedaría de la siguiente manera:

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de deudores alimentarios

Artículo Primero. Se reforman los artículos 309 y 322 y se adiciona el artículo 322 bis del Código Civil Federal, para quedar como sigue

Artículo 309. El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión competente al acreedor alimentario o incorporándolo, a la familia. Si el acreedor se opone a ser incorporado, compete al juez, según las circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos. Así mismo, el juez apercibirá el cumplimiento de la obligación.

Cuando el obligado a dar los alimentos se rehusare a entregarlos una vez emitida sentencia de pensión alimentaria, éste adquirirá el carácter de deudor alimentario. Para tales efectos, los Jueces de lo Familiar, a instancia de parte, ordenarán su inscripción en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 322 del Código Civil Federal.

Artículo 322. Cuando el deudor alimentario no estuviere presente o estándolo se rehusare a entregar lo necesario para los alimentos de los miembros de su familia con derecho a recibirlos, se hará responsable de las deudas que se contraigan para cubrir esta existencia.

Los juzgados familiares contarán con una relación actualizada de los obligados a dar alimentos que incumplan con su obligación que cuenten con una sentencia o convenio.

Transcurridos noventa días naturales de morosidad, el juez de lo familiar notificará al Sistema Nacional DIF, para que sea inscrito en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios.

Artículo 322 bis. Una vez solventada la deuda por pensión alimentaria, el deudor deberá solicitar al juez de lo familiar competente su baja en el sistema. El juez deberá notificar al DIF Nacional el cumplimiento de la obligación.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 29, 103, 120 y se adicionan los artículos 145 bis, 145 Ter, 145 Quarter y 145 Quintus todos de la Ley General de los Derechos de las Niñas los Niños y los Adolescentes para quedar como sigue:

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional DIF, así como a los Sistemas de las Entidades y los Sistemas Municipales, en coordinación con las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas competencias:

I. a III. ...

IV. Contar con un sistema de información y registro permanente de los deudores alimentarios.

Artículo 103. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las siguientes:

I. ...

...

En caso de deudores alimentarios se establecerán los mecanismos necesarios para crear un Registro Estatal de Deudores Alimentarios.

Artículo 120. Sin perjuicio de las atribuciones que establezcan las demás disposiciones aplicables, corresponde a la federación, a través del Sistema Nacional DIF:

I. a IV. ...

V. Prestar apoyo y colaboración técnica y administrativa en las materias reguladas en esta Ley, a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México ;

VI. Actualizar el Registro Nacional de Deudores Alimentarios de conformidad con los reportes estatales y,

VII. Las demás que establezcan otras disposiciones en relación con la protección de niñas, niños y adolescentes que sean del ámbito de su competencia.

Artículo 145 bis. El Registro Nacional de Deudores Alimentarios, será el sistema de información pública que integre los datos de las personas que incumplan con sus obligaciones alimentarias por más de noventa días naturales.

Estará integrado por la siguiente información:

I. Nombre y Clave Única de Registro de Población del deudor alimentario;

II. Juez de lo Familiar que ordena la inscripción;

III. Identificación del expediente que deriva la inscripción;

IV. Concepto alimentario deudor, y

V. Fecha del último pago de la obligación.

Las autoridades de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, notificarán de manera mensual al DIF nacional, la actualización de los registros de los deudores alimentarios estatales.

Asimismo, celebrará convenios con las sociedades de información crediticia a que se refiere la Ley de la materia, a fin de proporcionar la información del Registro.

Artículo 145 ter. Cada Entidad Federativa integrará un Registro Estatal de Deudores Alimentarios que será administrado por el Sistema DIF estatal.

Para la integración del Registro Estatal, la autoridad jurisdiccional competente, notificará al Sistema DIF, sobre las sentencias y acuerdos de pensión alimentaria y entregará de manera mensual una relación actualizada de los deudores que se abstienen de cumplir su obligación por más de noventa días naturales

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Corresponde al Sistema DIF, integrar un Informe Anual de Avances en Materia de Erradicación de la Morosidad Alimentaria, con el propósito de medir el impacto que tenga la implementación del Registro Nacional y Estatales de Deudores Alimentarios.

Notas

1 Foro Económico Mundial, Global Gender Gap Report 2011, citado en Michelle Bachelet, “Beyond Equal Rights”, Americas Quarterly, julio de 2012.

2 “Cualquier cambio serio hacia el desarrollo sostenible requiere la equidad de género. La inteligencia y la capacidad colectivas de la mitad de la humanidad es un recurso que debemos nutrir y desarrollar, por el bien de todas las generaciones futuras.” Gente resiliente en un planeta resiliente, Informe del Grupo de alto nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la sostenibilidad mundial, (2012), pág. 6.

http:// www.un.org/gsp/sites/default/files/attachments/Overview%20-%20Spanish.pdf

3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/

4 https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/ Iguldad%20de%20genero.pdf

5 “La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos y constituye una condición para el logro de la justicia social, además de ser un requisito previo necesario y fundamental para la igualdad, el desarrollo y la paz.” Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979

6 Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3833/9.pdf

7 Registro de deudores alimentarios morosos en Sinaloa, una propuesta de mejora.

https://www.researchgate.net/publication/329628610_Registro_de_d eudores_alimentarios_morosos_en_Sinaloa_una_propuesta_de_mejora

8 Iniciativa disponible en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-a951a 7cf98f18860cf545e48d6747b7e.pdf

9 Disponible en:

http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/mainstream/A ctividad/Decretos/LVIII/325.pdf

10 Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Disponible en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3833/9.pdf

11 Presentada por la Diputada Federal Anilú Ingram Vallines. Disponible en:

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2019/04/asun_3 873201_20190430_1549484157.pdf

12 Disponible en:

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/ 52993

13 Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/ EstSociodemo/EstadisticasDivorcios2019.pdf

14 Ibídem.

15 Disponible en: https://ourworldindata.org/internet

16 Open Government Data in Mexico. Disponible en:

https://read.oecd-ilibrary.org/governance/open-government-data-i n-mexico_9789264297944-en#page1

17 The Way Forward. Disponible en:

http://www.oecd.org/gov/digital-government/open-government-data- in-mexico-9789264297944-en.htm

18 Semanario Judicial de la Federación, Tesis P.C.I.C. J/113 C (10ª), Libro 84, t. III, Marzo de 2021, p. 1969.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.– Diputadas y diputados: Paloma Sánchez Ramos. Ana Laura Huerta Valdovinos, Fancisco Javier Huacus Esquivel, Héctor Chávez Ruiz, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, Luis Edgardo Palacios Díaz, Marco Antonio Natale Gutiérrez, Mariana Erandi Nassar Piñeyro, Mario Miguel Carrillo Cubillas, Martha Robles Ortiz, Mauricio Prieto Gómez, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Roberto Antonio Rubio Montejo, Rocío Alexis Gamiño García, Sandra Simey Olvera Bautista, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Paloma Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

«Iniciativa que expide la Ley General para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Familia, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada María del Rocío Corona Nakamura , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Familias, al tenor de la siguiente:

Hoy en día, sin duda alguna, en los esfuerzos por construir una sólida democracia, no solo representativa, sino también verdaderamente incluyente, todas las voces, todas las demandas y todas las necesidades deben ser escuchadas y tomadas en cuenta.

Por años, estas voces, demandas y necesidades no han cesado, por el contrario, se han intensificado, diversificado, agudizado y, en algunos casos, hasta radicalizado; todo ello no solo porque las demandas y necesidades de la población cambian, sino porque históricamente estas voces han topado con muros de indiferencia, desinterés, sordera, ceguera y silencio institucional.

Muchas veces estos muros son intencionales, es decir, el desinterés y la desatención proviene por incomodidad o motivado por prejuicios establecidos en quienes nos gobiernan y toman las decisiones. Pero también pueden provenir de la ignorancia.

Es decir, el desconocimiento en general de la sociedad en su conjunto a la par de las autoridades de los temas pendientes o coyunturales y, por ende, se da la desconexión e invisibilidad de los temas más sensibles que atañen a nuestra sociedad, permitiendo muchas veces que éstos avancen más rápido que nuestra capacidad para adaptarnos, para percibirlos, para identificarlos y, por ello, atenderlos.

Lo anterior no solo es preocupante en cualquiera que sea el caso, sino también se convierte en un asunto grave cuando se vuelve una forma común y cotidiana de encarar y entender la realidad, porque la invisibilidad se establece permanentemente en cualesquiera de los temas pendientes que nos conciernen, tanto en las obligaciones gubernamentales, de la sociedad en su conjunto, o bien, algún tema que atañe a la familia o alguno de sus integrantes en particular.

Y uno de esos temas altamente invisibles y motivo de indiferencia y menosprecio por parte de todos es todo lo referente y concerniente a nuestras madres jefas de familia.

El tema de las madres jefas de familia en nuestro país no es un tema nuevo o menor, por el contrario, es un tema que representa una deuda histórica con este sector y con todas las mujeres en su conjunto.

Lo anterior partiendo del hecho irrefutable de que ser mujer en este país es una condena a padecer discriminación, inequidad e intolerancia; en otras palabras, a situarse en lo difícil, lo complejo y a luchar contra corriente, todo ello muy a pesar de los significativos y valiosos avances que las mujeres hemos logrado hasta la fecha.

Las cifras en materia de discriminación, violencia o segregación en contra de la mujer en distintos aspectos son evidentes ejemplos de la realidad que día a día enfrentamos las mujeres.

Para reflejar lo anterior, basta con mencionar un solo dato, tenemos cifras profundamente lamentables y condenables en materia de feminicidio en todo nuestro territorio.

Como podemos ver y como ya lo había mencionado anteriormente, por desgracia el simple hecho de ser mujeres en este país implica vivir en un contexto complicado.

Si bien los gobiernos de los tres ámbitos han asumido y operado grandes y significativos programas de apoyo a las mujeres y a sus familias, la realidad es que no hemos logrado separar estos programas de la categoría de subsistencia revestida de asistencia.

No hemos podido verdaderamente permear no solo en las manifestaciones permanentes y actuales del problema que enfrentan las madres jefas de familia en nuestro país y tampoco en los factores que detonan o potencializan estos problemas.

En otras palabras, no hemos incidido favorablemente en la superficialidad del problema ni mucho menos en la raíz.

Se debe señalar que ambos son retos muy difíciles, complicados y con muchos ángulos, tanto económicos, educativos, laborales y culturales, tan solo por mencionar algunos.

En nuestro país, de acuerdo a cifras oficiales, la tasa de crecimiento anual de los hogares en donde la jefa de familia es la mujer ronda en promedio 28.5 por ciento. 1

Esta tasa de crecimiento varia o depende mucho del lugar de nuestro país al que nos estemos refiriendo.

Por ejemplo, el estado con una tasa de crecimiento de hogares con madres jefas de familia de las más bajas es Nuevo León con 20 por ciento. 2

En contraparte, el estado con la tasa de crecimiento más alta de este tipo de hogares en nuestro país en donde la jefa de familia es la mujer es la Ciudad de México, con una tasa de crecimiento de 37.8 por ciento en promedio de manera anual. 3

Gracias a lo anterior, podemos resumir que al menos 2 de cada 7 hogares mexicanos son liderados en todos sus aspectos por una mujer. 4

Como se puede apreciar y tal como se dijo anteriormente, este asunto no es menor y más aún si asumimos que en nuestro país hay al menos 34.1 millones de hogares. 5

Si lo anterior no fuera suficiente tenemos las particularidades que en materia económica y en su día a día sortean nuestras madres jefas de familia para sacar adelante sus hogares.

Tomando en cuenta que no hemos sido capaces como sociedad de erradicar todas las formas de discriminación y violencia que afectan y victimizan a las mujeres, nos damos cuenta por qué al menos en nuestro país 9.2 millones de madres jefas de familia sostienen sus hogares con menos de 10 mil pesos mensuales; en promedio estamos hablando de 9 mil 559 pesos. 6

De ese ingreso mensual promedio, al menos 65 por ciento del total es destinado íntegramente a alimentos, transporte y vivienda para su familia, generalmente sus hijos. 7

Cabe señalar que la diferencia entre un hogar con madre jefa de familia y un hogar liderado por un hombre es grande, diversa, ofensiva y muy significativa.

Tristemente, somos una sociedad que permite, reproduce y tolera que la brecha salarial con la que ambos jefes de familia, mujeres u hombres, enfrentan los gastos familiares sea de 4 mil 535 pesos en promedio, por supuesto, el saldo es a favor del hombre. 8

En otras palabras, mismo empleo, mismo trabajo, pero diferente ingreso y diferente salario para cubrir los mismos gastos.

Además, no hay que hacer de lado un dato revelador de la discriminación laboral y salarial que afecta a todas las mujeres.

En estos aspectos, particularmente para el caso de las mujeres madres de familia en nuestro país 59 por ciento de ellas son asalariadas, mientras 41 por ciento restante trabajan por su cuenta, muchas veces en la informalidad. 9

Todo lo citado, es inaceptable, nos estamos refiriendo a una desventaja estructural histórica que condena no sólo a las mujeres madres de familia a la pobreza, sino también a quienes dependen de ellas.

Por lo anterior considero no solo necesario sino urgente, que quienes integramos esta Soberanía legislemos al respecto y sobre todo en favor de todas las mujeres de nuestro país, pero particularmente de nuestras mujeres jefas de familia.

Por ello, presento a consideración la presente iniciativa que crea la Ley General para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Familias, como una ayuda real, institucionalizada, irrenunciable e irrevocable que acompañe permanentemente a nuestras mujeres madres jefas de familia para sacar adelante sus hogares, a su familia.

Esta iniciativa representa un esfuerzo legislativo e institucional que les facilitaría un piso parejo indispensable en materia económica y laboral.

Asimismo, sería un buen precedente y pilar para generar en nuestra sociedad esa mayor sinergia en materia de apoyos sociales para mujeres madres jefas de familia, con el objetivo de mejorar las condiciones presentes y también futuras de nuestras madres jefas de familia y quienes dependen de ellas.

No solamente debemos preocuparnos por ayudar a nuestras madres jefas de familia para sacar adelante a su familia, sino también debemos ocuparnos por las condiciones presentes y futuras, ya sea económicas, educativas, laborales, culturales o recreativas, por mencionar solo algunas, de estas mujeres madres jefas de familia.

No podemos seguir permitiendo que en nuestro país y en nuestra sociedad ser madre jefa de familia sea una condena inevitable a renunciar al disfrute y goce de los derechos individuales o personales a los que deben de acceder.

Las aspiraciones personales de todas las madres jefas de familia deben ser atendidas a la par y con la misma prontitud y urgencia que las aspiraciones familiares.

Lo anterior es un punto que, en muchos casos hemos olvidado o hecho de lado.

Si de verdad quienes integramos la presente Soberanía, la primer Legislatura verdaderamente paritaria en nuestra historia, tenemos el compromiso de ofrecerles a nuestras madres jefas de familia la certidumbre institucional necesaria y un mejor panorama hacia el futuro para ellas mismas y para los familiares que dependen solamente de ellas tenemos que legislar y apoyar temas al respecto, como el objeto de la presente iniciativa.

En nuestro país ninguna mujer debe asumir absolutamente sola la responsabilidad de sacar adelante a su familia, no puede ser privada ni excluida de la atención y apoyo que el Estado debe proveerle.

Está demostrado que nuestras madres jefas de familia han podido asumir esa función y muchas más a la par por sí mismas, hemos visto y somos testigos de que son completamente capaces de sacar adelante a su familia, de proveerles vestido, casa, educación, alimentación y hasta esparcimiento a sus hijos, eso no está en duda. Lo que está en duda es nuestra capacidad, tanto de nuestros gobiernos como de nuestra sociedad en su conjunto, del grado de compromiso que debemos y estamos obligados a brindarles a ellas. Lo que está en duda es nuestra capacidad para ofrecerles nuestro apoyo, acompañamiento y solidaridad, en una tarea que no solo es responsabilidad absoluta de ellas, sino una responsabilidad social de todos.

Lo anterior seguirá siendo así en tanto no seamos capaces de construir un país y una sociedad más justa, equitativa, igualitaria e incluyente respecto a las necesidades y temas en materia de género.

Lamentablemente, muchas conquistas que históricamente las mujeres hemos logrado son vistas como concesiones y no como logros. Ello porque desafortunadamente todavía somos un país que avanza muy lentamente en materia de igualdad de género y lo hacemos por vencimiento y no por convencimiento, como debería ser si fuésemos lo verdaderamente incluyentes que decimos ser.

Por eso considero que esta iniciativa que propongo no debe de ser asumida como una concesión más, una que además sea evaluada solo por sus implicaciones de gasto. No podemos verla así, lo anterior no se lo puede ni permitir ni perdonar esta legislatura, la de mayor paridad en nuestra historia.

Esta iniciativa y sus requerimientos deben de asumirse como una inversión en el bien común y en nuestro futuro, no solo de las mujeres madres jefas de familia, sino de la sociedad en su conjunto.

Permitir, tolerar o consentir que las mujeres madres de familia en nuestro país asuman solas y sin el apoyo gubernamental las responsabilidades inherentes al sustento de sus hijos no es justo.

El Estado debe brindarles una opción real de apoyo efectivo para hacer frente a sus dificultades y a sus obligaciones porque es una deuda histórica que tenemos con todas las mujeres mexicanas, estén en condición de madre jefa de familia o no lo estén.

Con esta ley que propongo atendemos lo referente a garantizar el acceso a los derechos que les corresponden y que bajo ningún motivo o circunstancia les pueden ser arrebatados o condicionados, como la atención médica y psicológica, educación, becas, capacitación, salario y empleo en condiciones igualitarias.

Se propone también crear el Consejo Nacional para la Protección de las Madres Jefas de Familia, que será integrado como un órgano autónomo que tenga el propósito de elaborar propuestas y también la facultad de evaluar tanto las acciones gubernamentales como los programas y sus políticas, enfocados a este sector vulnerable de nuestra población.

Como se puede apreciar, se trata de una ley integral, la cual debe de formar parte de los esfuerzos actuales que se están brindando a las mujeres madres jefas de familia, pero también un eje rector que actualmente no tenemos y que necesitamos para darle certidumbre, viabilidad y garantía de efectividad a todos esos programas y políticas públicas tan requeridas y demandadas para la igualdad sustantiva que merecemos.

Por eso, quienes integramos la presente soberanía no podemos permitir que un esfuerzo como el que se propone se condicione a criterios meramente políticos o económico-presupuestarios.

La legislatura de mayor paridad en nuestra historia no puede ni debe actuar así; si lo hacemos y lo permitimos, al menos tenemos que estar conscientes de que la historia así nos lo demandará.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que expide la Ley General para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Familias

Único. Se expide la Ley General para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Familias, para quedar de la siguiente manera:

Ley General para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Familias

Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios en la aplicación de políticas públicas para el apoyo y protección a las madres jefas de familia.

Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en todo nuestro territorio.

Artículo 2o. La federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades expedirán las normas legales y reglamentarias para garantizar el apoyo y protección a las madres jefas de familia y tomarán las medidas presupuestales y administrativas necesarias para ello.

Artículo 3o. Las medidas que se deriven de la presente ley, serán transitorias y buscaran el desarrollo integral de las madres jefas de familia y sus hijos.

Artículo 4o. Para efectos de esta ley se entiende por Madre Jefa de Familia a la mujer que tenga bajo su responsabilidad la manutención total y absoluta de sus hijos menores de edad.

Artículo 5o. Todas las madres jefas de familia tienen derecho a integrarse al sistema económico, de salud, social, laboral, educativo, financiero, recreativo y tecnológico del país.

Artículo 6o. Son principios rectores de la presente ley:

I. La igualdad de oportunidades para las madres jefas de familias;

II. El bienestar físico y mental de las madres jefas de familia y sus dependientes económicos;

III. La integración de las madres jefas de familia a la vida económica y social, sin discriminación o exclusión; y

IV. Las políticas públicas permanentes de naturaleza compensatoria para contrarrestar la vulnerabilidad económica, salarial y social de las madres jefas de familia.

Artículo 7o. La federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, a través de sus dependencias, deberán garantizar a las madres jefas de familia el acceso universal a los siguientes servicios:

I. Atención médica y psicológica gratuita, cuando no cuenten con servicios de seguridad social, a cargo de las instituciones públicas de salud.

II. Educación básica de conformidad con los programas que al efecto se establezcan por la autoridad competente;

III. Acceso a becas educativas en las instituciones públicas de educación básica, técnica, media superior y superior;

IV. Acceso a los programas de asistencia social;

V. Trabajo digno en el sector público o privado, de manera preferente en igualdad de circunstancias; a la capacitación para el autoempleo y recibir orientación profesional para conciliar sus actividades laborales con la vida familiar;

VI. Recibir asesoría técnica y financiamiento para la realización de proyectos productivos afines con su condición familiar;

VII. Ser sujetas de incentivos fiscales en términos de la materia;

VIII. El acceso preferencial a programas de vivienda que desarrollen la Federación, los gobiernos de los estados, la Ciudad de México o los municipios;

IX. El acceso preferencial de sus hijas e hijos menores de edad a los apoyos y servicios de atención médica y psicológica gratuita, a la educación básica, al servicio de guarderías y a becas educativas;

X. Recibir una ayuda económica mensual en los términos de la presente ley; y

XI. Disfrutar plenamente de los derechos consignados en esta ley y en otras disposiciones legales, tratados internacionales suscritos o disposiciones reglamentarias aplicables.

Artículo 8o. Los municipios, de conformidad a su capacidad presupuestaria, coadyuvarán en el apoyo y protección a las madres jefas de familia, reconociendo su derecho preferencial de acceso a los programas sociales municipales.

Artículo 9o. Son condiciones de vulnerabilidad de las madres jefas de familia las siguientes:

I. Asumir la responsabilidad de la manutención de sus hijas e hijos en forma única y total;

II. La minoría de edad de sus dependientes económicos; y

III. Obtener un promedio de ingreso diario menor a 2.5 veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica de aplicación o no percibir ingresos y acreditar que están buscando trabajo.

Artículo 10. Las madres jefas de familia tendrán derecho a recibir una ayuda económica mensual equivalente a 15 días de salario mínimo general diario vigente en el área geográfica de aplicación.

La federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Bienestar, suscribirá convenios de coordinación con las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios para la incorporación de programas de ayuda económica para las madres jefas de familia, con esquemas financieros y administrativos de participación proporcional o colaboración.

Artículo 11. Las madres jefas de familia deberán cumplir, al menos, con los siguientes requisitos para tener derecho a la ayuda económica mensual y a los programas a que se refiere esta ley:

I. Ser de nacionalidad mexicana;

II. Acreditar que tienen hijos menores de edad y que dependen económicamente de ella;

III. No tener cónyuge o concubino al momento de solicitar el apoyo económico ni tenerlo durante el tiempo en que lo reciba;

IV. Acreditar que sus hijos menores de edad sean alumnos regulares en un sistema educativo, cuando éstos tengan cinco años de edad en adelante;

V. Que el ingreso que perciba por día no sea mayor a 2.5 salarios mínimos generales diarios vigentes en el área geográfica donde se encuentre domiciliada, como máximo, incluyendo cualquier ingreso familiar por derechos alimentarios o que no perciba ingresos y acredite que está buscando trabajo; y

VI. Los demás que prevean expresamente las disposiciones reglamentarias .

Artículo 12. Las madres jefas de familia deberán informar mensualmente a la institución que les corresponda lo siguiente:

I. La aplicación y destino de la ayuda económica mensual;

II. El avance escolar de sus hijos menores de edad como alumnos regulares, cuando así proceda;

III. Los demás que prevean las disposiciones reglamentarias.

Artículo 13. El incumplimiento por parte de las madres jefas de familia de los requisitos u obligaciones a que se refiere este capítulo dará lugar a la negativa o suspensión de la ayuda económica mensual, según sea el caso.

Artículo 14. El derecho a la ayuda económica mensual, a que se refiere esta ley termina:

I. Cuando los hijos menores de edad de la madre jefa de familia adquieran la mayoría de edad;

II. Cuando se destine la ayuda económica a fines distintos a proporcionar alimentos a sus hijos menores de edad;

III. Cuando la madre jefa de familia contraiga matrimonio o se una en concubinato;

IV. Cuando la madre jefa de familia reciba ingresos propios diarios superiores al equivalente a 2.5 salarios mínimos vigentes en el área geográfica de aplicación; y

V. Cuando la madre jefa de familia reciba apoyo económico de otro programa federal, estatal o municipal que rebase el ingreso señalado en la presente ley.

Artículo 15. Para el otorgamiento de la ayuda económica mensual a madres jefas de familia el Consejo deberá llevar un registro y control de beneficiarias.

El padrón que se levante para los efectos del párrafo anterior será público y se integrará con expedientes individuales de las beneficiarias. La información personal será reservada en los términos de la ley.

Artículo 16. A través de los convenios de coordinación que se suscriban en base a la presente ley, se podrán promover e implementar políticas públicas y programas de apoyo en materia de formación educativa, de capacitación, asesoría técnica y jurídica, apoyo y financiamiento de proyectos productivos y autoempleo, servicios de salud, guardería y asistencia social y demás acciones en beneficio de las madres jefas de familia y sus hijos menores de edad.

Artículo 17. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México, si es el caso, brindarán asesoría a las madres jefas de familia sobre los programas de apoyo a las mismas que implementen en sus respectivos ámbitos de competencia.

Artículo 18. Las dependencias y entidades públicas que atiendan la problemática materia de la presente ley podrán celebrar convenios de concertación con el sector privado con el propósito de implementar acciones de apoyo a madres jefas de familia, entre las cuales se incluyan descuentos en los productos o servicios que las empresas ofrezcan al público.

Artículo 19. La Secretaría de Bienestar y las instituciones homólogas de las entidades federativas, de la Ciudad de México y de los municipios, serán las encargadas de operar, coordinar y ejecutar los programas de apoyo a favor de las madres jefas de familia.

Artículo 20. Para el acceso a los programas que deriven de la aplicación de la presente ley se deberá llevar a cabo un estudio socioeconómico a las madres jefas de familia para acreditar su situación de vulnerabilidad socioeconómica y valorar su calificación como beneficiarias.

Artículo 21. Se crea el Consejo Nacional para la Protección de las Madres Jefas de Familia como un órgano público auxiliar de la Secretaría de Bienestar con funciones técnicas, de gestión y de consulta.

El Consejo será honorífico y su objeto es la elaboración de propuestas, programas, políticas públicas y acciones en materia de protección a las madres jefas de familia, con el fin de mejorar sus condiciones de vida y la de sus hijos.

La estructura administrativa necesaria para el funcionamiento del Consejo será financiada conforme a lo establecido en su reglamento.

Artículo 22. El Consejo Nacional estará integrado por:

I. Un presidente, que será la persona titular de la Secretaría de Gobernación;

II. Un secretario técnico, que será la persona titular de la Secretaría de Bienestar;

III. La persona titular del Instituto Nacional de las Mujeres;

IV. Las gobernadoras y los gobernadores de los estados y el jefe o jefa de Gobierno de la Ciudad de México; y

V. Dos vocales mujeres que serán designadas por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a propuesta de organizaciones ciudadanas cuyas líneas de acción estén relacionadas con el tema materia de esta ley.

Todos los miembros del Consejo tendrán derecho a voz y voto.

Los integrantes del Consejo designarán a sus respectivos suplentes, quienes tendrán las mismas facultades del titular en ausencia de éste.

Artículo 23. El Consejo Nacional, a través de la Secretaría Técnica, podrá invitar a las sesiones del mismo a representantes de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, de la Ciudad de México, estatal y federal cuando los asuntos a tratar en las sesiones se relacionen con la materia de su competencia, así como a integrantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y grupos de mujeres legalmente constituidos que por sus conocimientos y experiencias contribuyan a la realización del objeto del consejo, quienes, en todo caso, participarán únicamente con voz.

Artículo 24. El Consejo Nacional tendrá las siguientes funciones:

I. Diseñar políticas orientadas al desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de las madres jefas de familia y proponerlas a las dependencias públicas encargadas de su aprobación y ejecución;

II. Participar en la evaluación de programas para las madres jefas de familia; así como proponer a las instituciones encargadas de dichos programas los lineamientos y mecanismos para su ejecución;

III. Proponer alternativas para mejorar los servicios públicos que reciban las madres jefas de familia;

IV. Proponer la creación de instituciones privadas que tengan por objeto la protección y atención de las madres jefas de familia;

V. Recibir y canalizar a las instituciones competentes las quejas y sugerencias sobre la atención que éstas brinden a las madres jefas de familia;

VI. Elaborar, conservar y actualizar la relación de mujeres madres jefas de familia que sean beneficiadas;

VII. Determinar la institución pública que deberá recibir los informes a que se refiere el artículo 12 de esta ley;

VIII. Proponer los términos de los convenios de coordinación y colaboración que se suscriban al tenor de la presente ley entre la federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y lod municipios.

IX. Promover entre las universidades públicas y privadas la realización de investigaciones sobre las madres jefas de familia y sus hijos menores de edad, sobre la evaluación e impacto de las políticas y acciones que esta ley genere y sobre las causa y posibles soluciones de este fenómeno social;

X. Las demás señaladas en esta ley y otras disposiciones legales aplicables.

Artículo 25. Corresponde a la presidencia del Consejo Nacional:

I. Presidir las reuniones del Consejo Nacional;

II. Dirigir y moderar los debates durante las sesiones;

III. Proponer las políticas necesarias para mejorar la operación del Consejo Nacional;

IV. Someter a consideración del Consejo Nacional los estudios, propuestas y opiniones que se emitan en el seno del mismo; y

V. Las demás que le confiera esta ley y otras disposiciones legales o reglamentarias aplicables.

Artículo 26. Corresponde al secretario técnico del Consejo Nacional:

I. Proponer el orden del día y levantar acta de los acuerdos tomados;

II. Dar seguimiento a los acuerdos;

III. Ejecutar las instrucciones que el propio Consejo le dé;

IV. Conservar, administrar y actualizar el archivo del Consejo;

V. Elaborar y proponer los convenios necesarios para el cumplimiento de los fines de esta ley;

VI. Vigilar el buen funcionamiento del Consejo de conformidad al Reglamento de esta ley;

VII. Las demás que señale la ley y su Reglamento.

Artículo 27. Los servidores públicos responsables del cumplimiento de la presente ley que se abstengan u omitan cumplir con la obligación de actuar bajo los principios señalados en ésta serán sancionados de conformidad con los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 28. Los servidores públicos encargados del cumplimiento de la presente ley deberán abstenerse de condicionar o negar el otorgamiento de los apoyos a las Madres Jefas de Familias, así como de emplearlo para hacer proselitismo partidista o promoción personal, en caso contrario serán sancionados de conformidad a los ordenamientos legales aplicables.

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Secretaría de Gobernación emitirá el Reglamento de la ley dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Tercero. El Consejo Nacional a que se refiere esta ley se integrará dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Cuarto. El Reglamento del Consejo deberá expedirse dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Quinto. Los recursos para llevar a cabo los programas y la implementación de las acciones que se deriven de la presente ley se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal, de las entidades federativas, de la Ciudad de México y de los municipios para el ejercicio fiscal en curso y los subsecuentes.

Artículo Sexto. En un marco de coordinación, las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, promoverán las reformas necesarias para la consecución y armonización de los fines de la presente ley, dentro de un término de 6 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1 Encuesta Nacional de los Hogares. Inegi

2 Encuesta Nacional de los Hogares. Inegi

3 Encuesta Nacional de los Hogares. Inegi

4 Encuesta Nacional de los Hogares. Inegi

5 Encuesta Nacional de los Hogares. Inegi

6 Encuesta Nacional de los Hogares. Inegi

7 Encuesta Nacional de los Hogares. Inegi

8 Encuesta Nacional de los Hogares. Inegi

9 Encuesta Nacional de los Hogares. Inegi

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 23 de noviembre de 2021.– Diputadas y diputados:  María del Rocío Corona Nakamura, Ana Laura Huerta Valdovinos, Angélica Peña Martínez, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Luis Edgardo Palacios Díaz, Marco Antonio Natale Gutiérrez, Martha Robles Ortiz, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Rocío Alexis Gamiño García, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Mary Carmen Bernal Martínez, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I,  77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Título Décimo Tercero, así como los artículos 153, 154, 155, 156, 157 y 158 a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de la siguiente

La seguridad pública entendida como un servicio otorgado por el Estado a efecto de que sus habitantes puedan vivir en armonía, respetándose mutuamente en sus derechos, bienes y personas, evitando de esa manera la alteración del orden social, por lo que, en ese sentido, debe de tener un carácter universal que alcance a todas las personas. Por lo general, las grandes ciudades sufren problemas de seguridad pública, al presentar altas tasas de delitos, lo cual se está haciendo extensivo a pequeñas poblaciones, las cuales han visto aumentada la incidencia delictiva.

A raíz de la violencia de los últimos dieciocho años, millones de mexicanos, hoy, se sienten inseguros. Esa percepción de inseguridad ha provocado un cambio drástico en el actuar cotidiano de personas y empresas. Sin embargo, no todos los delitos logran modificar nuestra conducta, es decir, un robo de celular no es igual de grave que un secuestro y no impacta en la misma medida en nuestra percepción de inseguridad. Reconocer esta diferencia hace posible tener una herramienta que permite a las procuradurías saber cómo se compone el fenómeno delictivo en su entidad y cuáles son las principales preocupaciones de la ciudadanía. De esta forma es posible focalizar recursos para combatir los delitos que más vulneran a la ciudadanía.

En ese sentido, la seguridad pública también depende de la eficacia de la policía, del funcionamiento del Poder Judicial, de las políticas estatales y de las condiciones sociales. El debate respecto a la incidencia de la pobreza en la inseguridad siempre es polémico, aunque la mayoría de los especialistas establece una relación entre la tasa de pobreza y la cantidad de delitos.

En materia de seguridad pública la Organización de las Naciones Unidas ha hecho la recomendación de que deben existir, por lo menos, en promedio, la cantidad de 2.8 policías por cada mil habitantes, ello con la finalidad garantizar una mejor calidad y atención, sin embargo, nuestro país apenas oscila entre el 0.4 y el 0.5 policía por cada mil habitantes, lo que nos lleva a afirmar que el rubro de la cantidad y calidad ha sido descuidado por los órganos de seguridad publica, tanto federales, estatales y municipales.

En México existen alrededor de 350 mil elementos de policía que forman parte de 1,661 corporaciones en los tres órdenes de gobierno. El 89.3 por ciento de los cuerpos policiales preventivos a nivel nacional pertenecen a los ámbitos estatales y municipales, y son los que tienen mayor contacto ciudadano. En tanto, la policía de investigación representa apenas el 10.7 por ciento, con 37 mil 493 efectivos a nivel nacional.

En ese sentido se han instaurado los instrumentos de coordinación entre las diversas policías federales, estatales y municipales, ello a través de las Ley General del Sistema de Seguridad Pública, mediante la cual se han establecido los criterios de coordinación entre policías, así como la admisión, capacitación, permanencia, control y remoción de sus respectivos elementos, ello con la finalidad de lograr un servicio de seguridad pública más eficaz y profesional.

No obstante los esfuerzos que se ha hecho por parte de los tres niveles de gobierno para brindar una seguridad pública tendiente a su universalización, los mismos han sido poco productivos y no han cumplido con su objetivo, originando que bastas zonas del país, sobre todo las comunales y ejidales, no cuenten con la mínima seguridad pública y mucho menos que la misma sea efectiva, adecuada y suficiente, por consiguiente, se les ha dejado a merced de la delincuencia sin que los gobiernos hagan algo por solucionar esta problemática, en razón de que, los recursos humanos, materiales y económicos son insuficientes.

Es por ello que, en algunos sectores de la sociedad, sobre todo en las comunidades indígenas y ejidales, han tenido la inquietud de conformar sus propios grupos de vigilancia a efecto de brindar a su comunidad, los servicios de seguridad y protección de sus tierras y sus habitantes, como lo son los casos de los comuneros de Cherán, en el estado de Michoacán, quienes el quince de abril de dos mil once, conformaron un grupo de autodefensa para proteger sus bosques y sus recursos; o el más reciente, ocurrido el día dieciséis de octubre del presente año, en la comunidad de Urapicho, municipio de Paracho, Estado de Michoacán, en el que sus pobladores crearon su propio cuerpo de vigilancia y protección, justificando su actuar, mediante una misiva, en la que expresaron lo siguiente:

“Los pueblos indígenas han sido especialmente vulnerados, consideradas en muchos casos como atrasados por algunos gobiernos, han sido víctimas de políticas agresivas de asimilación cultural y ahora hemos enfrentado un nuevo fenómeno que, hasta ahora, era desconocido por nosotros. Este fenómeno que nos ha aquejado por sus violentas acciones de grupos criminales que intimidan y diluyen nuestra organización, es un fenómeno que pauperiza a nuestras comunidades.

La comunidad indígena de Urapicho, después de haber sido víctima de agresiones físicas, violaciones a nuestros derechos humanos y la desaparición de compañeros comuneros que nada tienen que ver con actividades ilícitas que atenten con la honra de nuestra comunidad indígena, ha fomentado una organización interna tendiente a fortalecer el vínculo comunitario, a la defensa de nuestros recursos naturales y la preservación de la vida misma.

Lo anterior ha traído consecuencias que han sido lamentables para nuestra comunidad, como la muerte de compañeros que han buscado el fortalecimiento de la organización que desde siglos ha dado supervivencia a nuestras comunidades indígenas. Sin embargo, sabemos y somos conscientes de que nuestra arma más poderosa es nuestra organización y lucha.

Luchamos por el fortalecimiento organizativo de nuestras comunidades indígenas, con ello evitaremos la filtración de grupos criminales que atenten contra nuestra seguridad.

Luchamos por la preservación de nuestros recursos naturales, por ser nuestra madre, desde donde todo florece y adquiere vida y muerte.

Luchamos por el respeto a nuestra organización, por ser nuestros artífices y protagonistas de nuestra vida política interna.

Luchamos por erradicar la inseguridad de nuestras comunidades indígenas.

Luchamos por fomentar una nueva forma de organización política que dé origen a nuevas formar de toma de decisiones políticas desde una visión endógena de las poblaciones originarias.

Luchamos por que se nos reconozca una policía comunitaria que atienda a los intereses comunitarios de la comunidad”. 1

En ese contexto el legislador no puede ser indiferente ante la creciente demanda de parte de aquellos sectores de la sociedad en los que la seguridad pública es nula, en razón de que, los elementos de las policías son insuficientes, lo que deja a muchas comunidades desprotegidas y a merced de la criminalidad, motivo por el cual el objetivo del presente decreto de reforma, radica en que, dentro de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reconozca y regule la figura jurídica de los Cuerpos de Vigilancia Ejidal o Comunal, los cuales podrán prestar los servicios de seguridad, protección y vigilancia de las personas y tierras comprendidas dentro del núcleo de población ejidal o comunal, para lo cual también podrán portar las armas que la Secretaría de la Defensa Nacional les autorice, previa solicitud que se le presente en coordinación con las autoridades municipales del lugar en que se haya asentado el ejido o comunidad.

Por lo que en ese sentido, no se pretende dar una autonomía absoluta a los cuerpos de vigilancia de las comunidades o ejidos, ya que ello podría derivar en la comisión de actos de corrupción o abuso, por ese motivo, se propone que los mismos se encuentren bajo la vigilancia, supervisión, adiestramiento y capacitación de la policía municipal del lugar en el que se encuentre asentado el ejido o la comunidad, ello por ser el municipio la autoridad más inmediata con la que se cuenta, en ese sentido, existiría una aportación por parte de los ayuntamientos de los municipios para la consolidación de estos cuerpos de vigilancia.

Toda vez que, que los cuerpos de vigilancia ejidal o comunal prestarán un servicio de protección y seguridad a las personas, tierras y recursos naturales que se encuentre dentro de su núcleo de población, en el que portaran las armas que la Secretaría de la Defensa Nacional les autorice, también deberán de cumplir con la mayoría de los requisitos que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, les impone a aquellas personas que ingresan a los cuerpos de seguridad pública así como los criterios para su control y permanencia dentro de los mismo, ello con sus salvedades atendiendo a las circunstancias especiales de los habitantes de los ejidos o comunidades, tal como el grado de escolaridad.

Asimismo, entre los requisitos que se deben cumplir para ser parte de los cuerpos de vigilancia del ejido o comunidad, se incluye el de tener la calidad de ejidatario, comunero o avecindado del núcleo de población y contar con veinticinco años cumplidos, ello con el objetivo de que solo los que cumplan con esa calidad puedan ser elementos de los cuerpos de vigilancia.

Dado que la federación, los Estados y municipios, gastan un alto porcentaje de sus recursos económicos en el tema de la seguridad pública, la presente iniciativa, a efecto de agilizar la consolidación de los cuerpos de vigilancia ejidal o comunal, se propone que los elementos que la conformen, no perciban un salario de alguno de los tres niveles de gobierno dada la naturaleza especial que le prestaran a su propia comunidad o ejido, y a que la contribución de los autoridades será en el sentido de dar toda la facilidad para las autorizaciones y permisos de portación de armas de fuego así como para la capacitación, adiestramiento y supervisión de los referidos cuerpos de vigilancia.

Por tanto, no existirá ningún tipo de relación laboral entre los integrantes de los cuerpos de vigilancia ejidal o comunal y la federación, los Estados y municipios, ello sin perjuicio de que, el ejido o comunidad puede otorgar algún tipo de gratificación a loe elementos, sin que la misma sea de manera obligatoria.

Asimismo, los integrantes de los cuerpos de vigilancia ejidal o comunal deberán de acreditar todos y cada uno de los controles de acreditación y confianza que para el efecto señala la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ello con la finalidad de que, también este tipo de elementos cumplan con el fin primordial de contar con una seguridad confiable y eficaz, en cualquier ámbito en que se preste.

Con base a lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de

Decreto que adiciona un Título Décimo Tercero, así como los artículos 153, 154, 155, 156, 157 y 158 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo Único. Se adiciona un Título Décimo Tercero denominado “De los cuerpos de vigilancia ejidal o comunal”, con los artículos 153, 154, 155, 156, 157 y 158 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 153. Los núcleos de población ejidal o comunal legalmente reconocidos conforme a Ley Agraria, mediante sus órganos de representación, podrán solicitar a la Secretaría el permiso a efecto de brindar a su comunidad, los servicios de seguridad, protección y vigilancia de las personas y tierras comprendidas dentro del núcleo de población ejidal o comunal, debiendo coordinarse con las policías federales, estatales y municipales, cuando así sea necesario.

Artículo 154. Para ser miembro de los cuerpos de vigilancia ejidal o comunal, además de cumplir con los requisitos del artículo 88, apartado A, fracciones I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X y XII, apartado B, fracciones I, II, V, VI, IX, X, XI y XII, se deberá acreditar:

a) La calidad de ejidatario, comunero o avecindado del núcleo de población solicitante, ello conforme lo prevé la Ley Agraria.

b) Tener veinticinco años cumplidos al día de su registro.

Artículo 155. El cuerpo de vigilancia ejidal o comunal estará al mando del Comisariado Ejidal o la Autoridad Comunal correspondiente, pero bajo la supervisión, capacitación y adiestramiento de la policía municipal del lugar en aquel en el que se encuentre el núcleo de población, sin que en momento alguno exista algún tipo de relación laboral entre los referidos elementos ejidales y el gobierno municipal.

Artículo 156. El núcleo de población ejidal o comunal en coordinación con las autoridades municipales de seguridad pública del lugar en el que se asiente, solicitará ante la Secretaría de la Defensa Nacional, los correspondientes permisos de portación de armas, ello conforme lo establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; las cuales únicamente podrán portarse y usarse para los fines establecidos en el presente título.

Artículo 157. Los cuerpos de vigilancia ejidal o comunal serán auxiliares en la función de seguridad pública. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las instituciones de seguridad pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, de acuerdo con los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva.

Artículo 158. Los integrantes del cuerpo de vigilancia ejidal o comunal no percibirán salario alguno por parte de la Federación, Estados y municipios, dada la naturaleza del servicio propio que prestarán a su núcleo de población ejidal o comunal, sin embargo, deberán de cumplir con todas y cada una de las leyes en seguridad pública y que no se opongan al presente título.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Nota

1 Texto íntegro del comunicado que se dio a conocer por parte de los pobladores de Urapicho, Michoacán.

En la Ciudad de México, a 28 de octubre de 2021. – Diputadas: Mary Carmen Bernal Martínez, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Ciencia y Tecnología, Orgánica de la Administración Pública Federal, y del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los suscritos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa, con base en la siguiente:

I. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México existen 126 millones 14 mil 24 habitantes, de los cuales el grupo más grande resultó ser el de los adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años con 21 millones 750 mil 230, seguida de la población  de 20 a 29 años con 20 millones 415 mil 96 millones. 1

Asimismo, en materia laboral, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición del Inegi, en México, para el cuarto trimestre del año 2020 la población económicamente activa era de  55.9 millones, 2 de los cuales 16.3 millones de mexicanas y mexicanos tenían entre 20 y 29 años,  esto sin contar a los jóvenes de entre 15 y 19 años. 3

Con lo anterior, se refleja que las juventudes representan una de las mayores fuerzas laborales con las que contamos en México,  sin embargo, la actual pandemia por Covid-19 ha generado efectos negativos en los jóvenes, pues muchos de ellos han tenido que abandonar sus estudios y en muchos casos se han unido a las filas de desempleados del país.

En el caso de México, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2020, los jóvenes de 25 a 34 años de edad con un nivel menor que la educación media superior,  tuvieron una tasa de desempleo del 4.2 por ciento, mientras que en 2019, esta se encontraba por debajo con un 3.2 por ciento. Por su parte, la tasa promedio de desempleo entre jóvenes se incrementó de 2019 a 2020, pasando de 15.1 por ciento a 17.1 por ciento. 4

Asimismo, en la mayoría de los países de la OCDE, el número de jóvenes que se encuentran desempleados y que además no se encuentran estudiando tuvo un aumento, pasando de 14.4 por ciento en 2019 a 16.1 por ciento en 2020; y en el caso de México dicho porcentaje creció en 2 puntos porcentuales pasando de 21.5 por ciento en 2019 a 23.3 por ciento en 2020. 5

II. En la actualidad, los jóvenes tienen grandes retos en el papel que desarrollan en la sociedad, ya que estos tendrán que ser los nuevos conductores del desarrollo económico y social, pues son un factor fundamental para la reducción de las desigualdades en nuestro país, serán ellos quienes promoverán un crecimiento económico sustentable y competitivo a largo plazo a nivel nacional.

Lo anterior no es una tarea fácil de lograr, ya que, para que dicha responsabilidad tenga un impacto social real, los jóvenes requieren ir más allá de tan solo estudiar una carrera u obtener un trabajo, sin embargo, tienen a favor diversos factores como nuevas tecnologías, así cómo la experimentación de grandes cambios, los cuales han logrado que sean más resilientes y capaces de enfrentar las transformaciones venideras de una manera más rápida y flexible.

Asimismo, un obstáculo muy frecuente al que se enfrentan las juventudes, aun cuando escuchamos decir que estos son el futuro de México, es que muy pocas veces sus ideas, proyectos o propuestas son escuchados o son tomados en cuenta, ello debido a que llegan a ser considerados como inmaduros o irresponsables, por lo que estos se reducen a ser solamente espectadores de una realidad presente, algo que también ha generado la apatía en este rubro por parte de esta población.

Pese a lo anterior, en México los jóvenes siguen estando considerados como uno de los pilares más fuertes dentro de la economía, pues de acuerdo Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, de los 30.7 millones de jóvenes de entre 15 y 19 años; 17.4 millones forman parte de la PEA,  y de estos 16.7 millones tenían algún empleo. Así mismo, dicha encuesta menciona que,   68.8 por ciento son empleados, 14 por ciento trabajan por cuenta propia y 7.4 por ciento laboran como jornaleros o peones. 6

Con base a lo anterior, es que podemos observar la relevancia de las juventudes para el sector laboral, por lo que es imperante que los jóvenes comiencen a llevar el rumbo del desarrollo económico y social del país, sin embargo, , no podemos dejar esta lucha solo en las manos de los jóvenes, el desarrollo de este país es responsabilidad de todos, por lo que tanto las autoridades gubernamentales como las instituciones bancarias deben otorgar herramientas para que estos tengan la facilidad  de generar los  beneficios esperados para la sociedad.

III. El uso de la tecnología se ha ligado intrínsecamente en la vida diaria de las personas, sobre todo en la de los jóvenes, algo que se ha convertido en uno de los mecanismos más utilizados para el desarrollo de cienca y tecnología, cuya importancia radica en que, estas se han convertido en una actividad fundamental para el progreso de la sociedad, pues la evolución nos obliga a transformarnos y adaptarnos a las nuevas formas de vida, la finalidad de ambas es la búsqueda y el desarrollo de productos, medicamentos, servicios, medios, herramientas, entre otros que tienen como fin la satisfacción de las necesidades humanas y de la vida en general.

Uno de los elementos esenciales en cualquier país es el Desarrollo Sostenible a través de de la creación de proyectos que prioricen un mejor futuro para la humanidad y que además,   contribuyan con el progreso económico por medio de  sociedades que tengan un acceso igualitario y aprovechando al máximo los recursos naturales, esto con la finalidad de fomentar las capacidades de aprendizaje generacional de las y los jóvenes. Para este efecto, la Organización de la Naciones Unidas define al Desarrollo Sostenible como la satisfacción de necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las próximas generaciones con políticas públicas que cuiden el medio ambiente. 7

Se ha demostrado que durante las últimas décadas es importante generar las condiciones de políticas públicas para implementar a la sociedad la resiliencia hacia los cambios tecnológicos relacionados a la salud, educación digital, medio ambiente, combate al cambio climático, la desigualdad, la seguridad pública o mejorar la productividad y producción del campo que permita dignificar la vida de las personas en nuestro país, a través de proyectos sustentables que la propia juventud pueda compartir con el resto de la población.

A nivel internacional, conforme a datos del Informe de 2021 de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), se señala que los efectos negativos que ha generado la pandemia ocasionada por Covid-19, ocasionó que muchos sectores mostraran un grado de resiliencia positiva, especialmente los países que han dedicado recursos para el impulso de proyectos relacionados a la ciencia, tecnología e innovación. Sobre todo quienes invirtieron en la digitalización de diversas áreas de oportunidad como fue la educación a distancia. 8

De lo anterior, es importante destacar algunos resultados de los países que pudieron hacer frente a la pandemia derivado del fortalecimientos del desarrollo sostenible de algunos países:

-La publicación de artículos científicos ascendió en un 7.2 por ciento tan solo en un año.

-Los presupuestos públicos y privados tuvieron un aumento para la ciencia y tecnología cuando constataron que el contar con información y disposición de datos de productos farmacéuticos y la biotecnología.

-Las empresas cuyas innovaciones estuvieron en el centro de las medidas de contención de la pandemia y sus secuelas, en particular las de:

–Servicios de software y tecnologías de la información y la comunicación.

–Hardware y equipos eléctricos de TIC y

–Productos farmacéuticos y biotecnología amplificaron sus inversiones en innovación.

Asimismo, la OMPI destaca que el impulso de la innovación de la ciencia y tecnología generó el desarrollo de las vacunas para Covid-19 y que es un gran avance para este rubro, por lo que hace un llamado a que de la misma forma se eleven los recursos para los proyectos de la investigación en materia de energías limpias, a la salud y educación. 9

En este tenor, es importante que nuestro país pueda implementar políticas a corto, mediano y largo plazo, las cuales permiten que las niñas, niños y jóvenes, desde una edad temprana, se interesen en esta materia ante la evidente digitalización, robotización e innovación en ciencia y tecnología, pues esto es un factor determinante en el impulso de proyectos para la innovación sustentable para jóvenes.

En los últimos años en nuestro país se han paralizado las ventajas competitivas que pudieran lograr transitar a una economía de desarrollo sustentable, a fin de competir a la par con otras naciones, es decir, con la creación de proyectos que permitan innovar las condiciones hacia una mayor rentabilidad sustentable en bienes, productos y servicios que influyan directamente a los ingresos de la juventud.

Los procesos educativos actuales deben estar más enfocados al desarrollo de procesos tecnológicos que puedan incrementar la competitividad de todos los sectores de la sociedad, de este modo el gasto público debe ir orientado al fortalecimiento en conducción del desarrollo de una política de alfabetización del conocimiento científico.

Ante la eliminación de los fideicomisos decretada en abril de 2020 por medio de Fondos Mixtos y Sectoriales del Conacyt y de los Centros Públicos de Investigación (91 instrumentos) donde se ubicaban 24 mil millones de pesos que fueron suprimidos bajo el argumento de que existían actos de corrupción y que hasta la fecha no se ha demostrado alguna evidencia de la justificación. El supuesto incremento a Ciencia y Tecnología en el Presupuesto 2022 no corresponde a la mitad de los recursos que se le retiraron tras la eliminación de dichos fondos, 10 asimismo se desconoce en que se ha ejercido o gastado dichos recursos.

El titular del gobierno federal se ha jactado en diversas ocasiones de apoyar e impulsar los temas relacionados a la ciencia y tecnología, sin embargo, durante los últimos 3 años han caído en un 56 por ciento 11 los apoyos que se otorgaban en esta materia, lo que se traduce en limitar el acceso a becas en el extranjero, pérdida de personal capacitado o el fortalecimiento de nuevas generaciones que puedan incursionar en esta materia.

IV. En la bancada naranja, estamos comprometidos con el desarrollo económico y social de México y creemos que las y los jóvenes son quienes llevarán a nuestro país a salir adelante de esta crisis. Por lo que el objeto de esta iniciativa es impulsar el financiamiento de proyectos creados por las y los jóvenes de nuestro país, a través de apoyos directos de aquellos que promuevan la innovación, sustentabilidad y la inclusión social para desarrollar sus capacidades para un mejor futuro de las próximas generaciones.

Para lograr lo anterior esta iniciativa pretende lo siguiente:

-Se crea el Fondo de Inclusión Social, Desarrollo e Innovación Sustentable para Jóvenes;

-Se establece como un principio del gobierno federal el fomentar e impulsar el financiamiento de proyectos ideados por las juventudes priorizando aquellos que promuevan la innovación, la sustentabilidad y la inclusión social, así mismo se deberán establecer mecanismos de asesorías y de vinculación con los diferentes sectores productivos para el desarrollo de estos proyectos.

-Se establece que el fondo será operado por el Conacyt y la finalidad que tiene el otorgamiento de este, asimismo, se define la integración de los recursos del mismo.

-Que dicho fondo una vez que inicie su operación y gestión de apoyos deberá ser evaluado  y a su vez deberá realizar informes de los resultados en aras de fortalecer los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo

Primero. Se adiciona una fracción V, recorriéndose y modificándose las subsecuentes, al artículo 4; se reforma la fracción XIX y se adiciona una XIX Bis al artículo 12; se reforma el artículo 23; y se adiciona una fracción V al artículo 33 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a IV. [...]

V. Fondo: al Fondo de Inclusión Social, Desarrollo e Innovación Sustentable para las Juventudes;

VI. a XV.  [...]

Artículo 12. Los principios que regirán el apoyo que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para fomentar, desarrollar y fortalecer en general la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como en particular las actividades de investigación que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, serán los siguientes:

I.  a XVIII. [...]

XIX. Se fomentarán las vocaciones científicas y tecnológicas desde los primeros ciclos educativos para favorecer su vinculación con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación;

XIX Bis. Se fomentará e impulsará el financiamiento de proyectos ideados por las juventudes, poniendo especial énfasis en los provenientes de las juventudes rurales, priorizando aquellos que promuevan la innovación, la sustentabilidad y la inclusión social, asimismo, se deberán establecer mecanismos de asesorías y de vinculación con los diferentes sectores productivos para el desarrollo de estos proyectos; y

XX. [...]

[...]

Artículo 23. Podrá construirse un Fondo de Inclusión Social, Desarrollo e Innovación Sustentable para las Juventudes, el cual será operado por el Conacyt, y tendrá como fin el otorgamiento de recursos financieros para proyectos ideados por los jóvenes, poniendo especial énfasis los provenientes de las juventudes rurales, donde se promuevan la innovación, la sustentabilidad y la inclusión social.

El Fondo se integrará por los recursos destinados al Conacyt, así como de aquellos recursos provenientes del Fondo Mexicano del Petróleo, de acuerdo a lo establecido en el inciso e), fracción II, del artículo 8 de La Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

El Fondo de Inclusión Social, Desarrollo e Innovación Sustentable para las Juventudes una vez que inicie su operación y gestión de apoyos a lo que se refiere la presente Ley, deberá evaluarse y realizarse los informes de resultados conforme a lo que se establece el artículo 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Segundo. Se adiciona una fracción XVII Bis al Artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 32 Bis. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XVII. [...]

XVII Bis. Establecer mecanismos para impulsar el financiamiento de proyectos sustentables elaborados por las juventudes, poniendo especial énfasis en los provenientes de las juventudes rurales, con la participación que corresponda a otras dependencias o las Entidades Federativas.

XVIII. a XLII. [...]

Tercero. Se reforma el inciso e) de la fracción II del artículo 8 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, para quedar como sigue:

Artículo 8. El contrato constitutivo del Fondo Mexicano del Petróleo deberá prever, al menos, lo siguiente:

I. [...]

II. Que su Comité tendrá las siguientes atribuciones:

a) a d) [...]

e) Recomendar a la Cámara de Diputados, cuando la Reserva del Fondo sea mayor al 3 por ciento del producto interno bruto del año previo, por conducto de su presidente, la asignación de recursos a los siguientes rubros: al fondo para el sistema de pensión universal; a financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación, y en energías renovables, al Fondo de Inclusión Social, Desarrollo e Innovación Sustentable para las Juventudes; fondear un vehículo de inversión especializado en proyectos petroleros, coordinado por la Secretaría de Energía y, en su caso, en inversiones en infraestructura para el desarrollo nacional; y a becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados; en proyectos de mejora a la conectividad; así como para el desarrollo regional de la industria, en términos del artículo 94 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

f) a h) [...]

III. a IX. [...]

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A la entrada en vigor del presente Decreto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá contemplar una partida presupuestaria para el Fondo de Inclusión Social, Desarrollo e Innovación Sustentable para las Juventudes, dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato siguiente.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo de Población y Vivienda 2020”, recuperado de:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Cens o2020_Principales_resultados_ejecutiva_EUM.pdf

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Nueva Edición)”, 3 de septiembre de 2020, recuperado de:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ enoe_ie/enoe_ie2021_02.pdf

3  El Economista, “La de los jóvenes, la crisis laboral más aguda que ha dejado lapandemia”, 12 de agosto de 2021, recuperado de:

https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/La-de-los-jovenes- la-crisis-laboral-mas-aguda-que-ha-dejado-la-pandemia-20210811-0135.html

4 “Education at a Glance 2021 OECD INDICATORS”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, año 2021 Recuperado de:

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b35a14e5-en.pdf?expires= 1634078476&id=id&accname=guest&checksum=2E66D47808ED62E4D521A3B5BC8 9539E

5 Ibidem

6 “96.3% de los jóvenes económicamente activos tienen algún empleo en México” Forbes, año 2019, recuperado de:

https://www.forbes.com.mx/mas-del-50-de-los-jovenes-15-a-29-anos -en-mexico-son-economicamente-activos/

7 De los objetivos del Milenio al Desarrollo Sostenible, Organización de las Naciones Unidas, año 2015, recuperado de:

https://scholar.google.com.mx/scholar?q=related: PXCoNwcomZsJ: scholar.google.com/&scioq=Desarrollo+Sostenible+ONU&hl=es&as_sdt=0, 5&as_vis=1

8  Índice Mundial de Innovación 2021, “Organización Mundial de la Propiedad Industrial”, marzo de 2021, recuperado:

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_gii_2021_exec. pdf

9 Ibid

10 El Proyecto de Presupuesto para ciencia 2022,” Revista Nexos” Javier Flores, septiembre de 2021, recuperado de:

https://redaccion.nexos.com.mx/el-proyecto-de-presupuesto-para-c iencia-en-2022/

11 Caen 56% los apoyos de Conacyt para investigación y becas en el extranjero con gobierno de AMLO, “Animal Político”, 12 de septiembre de 2021, recuperado de:

https://www.animalpolitico.com/2021/09/gobierno-amlo-conacyt-dis minuye-apoyo-investigaciones-becas/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.– Diputados y diputada: Gerardo Gaudiano Rovirosa, Jorge Álvarez Máynez, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Fabiola Rafael Dircio, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Fabiola Rafael Dircio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 87, de la Ley Federal del Derecho de Autor, al tenor de lo siguiente:

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor

Objetivo de la propuesta

La presente iniciativa con proyecto de decreto tiene por objeto la protección a la imagen propia, el cual deviene de los denominados derechos de la personalidad, es decir se constituye como un derecho humano, por lo que goza de la protección internacional y nacional de las normas jurídicas.

Planteamiento del problema

El siglo XXI, se ha caracterizado por el avance tecnológico y la innovación, en todos los procesos de la vida humana; lo que ha significado una mejora sustancial particularmente en el área de la comunicación, desplazamiento de la información y el marketing o márquetin (mercadeo). 1

Los que nos lleva a analizar la forma en que se mueve la especulación de productos, bienes y servicios, el acceso a la información que nos llevan en muchas ocasiones a comercializar todos los aspectos de las personas; el uso de plataformas digitales el día de hoy es indispensable tanto en los procesos públicos como privados, con lo cual se crea la necesidad de consumo respecto a la imagen pública y en muchos casos también en la esfera privada. Es necesario comprender que el uso del internet y de las plataformas y redes sociales no deben censurarse, pues ello representa una evolución en el paradigma de la convivencia, lo que representa en todo caso una necesidad normativa de avanzar con ellas y regularizar los aspectos generales que pudiesen generar una situación desfavorable o de vulnerabilidad frente a otro sector de la población.

Producto de la coyuntura actual, lo es la generación de contenido inédito cuyo objetivo es el captar al mayor número de seguidores, adeptos, compradores, publicistas a través de diversas técnicas de marketing o márquetin, etc., ya que hoy en día nos encontramos en un mercado diferente; sin embargo, ello no debe representar la monetización de las personas por encima de sus derechos y la protección a estos, es decir, aun cuando una imagen representa un valor económico en el mercado, esta imagen sigue representando a una persona, la cual reciente el modo o forma en que se presente así como la proyección que se le dé a ésta. Lo que invariablemente nos lleva a múltiples cuestionamientos, pues la problemática abordada a través de la presente iniciativa subyace en la compra-venta de derechos personales, como los es el derecho a la imagen propia; es decir, cuando una persona decide ser fotografiada, retratada, video grabada, etc., obteniendo un lucro por ello, implica el ejercicio irrestricto de sus derechos; no obstante cuando la finalidad de ese ejercicio se traduce en el perjuicio de su imagen o integridad por considerar que no representan el objeto por el cual se autorizó su publicación lleva consigo el menoscabo de su persona, lo que podría traducirse en una serie de daños y perjuicios tanto de carácter económico como emocional.

A fin de ejemplificar la presente realizaremos el siguiente ejercicio: Una modelo, se contrata para una sesión de fotos, cuyo objeto es publicitar una marca de autos; sin embargo, la empresa publicitaria que realizó la sesión fotográfica recibe una mejor oferta para utilizar esas mismas imágenes en una campaña con contenido erótico, no obstante, y al convertirse en el titular de las imágenes elige el destino de estas, pues en estricto sentido no existe una variación en razón de que ambas están destinadas a la publicidad y al comercio y su contenido no se está manipulando, sin embargo la persona retratada considera una violación a su imagen personal.

De ahí la necesidad de la tutela jurídica, que quien use o difunda una imagen, lo realice con la finalidad y para el destino con el que fue otorgado el consentimiento, realizando un proteccionismo a los derechos inherentes a la personalidad y que libremente se pueda solicitar el cese de la conducta y la reparación del daño; lo anterior en el caso concreto de existir una violación a la voluntad expresa de las partes, evitando así la ampliación de una conducta violentadora y obligar al ofendido en una carga mayor o gravosa, implicando en ello a que se respete el consentimiento expreso, lo que a su vez generaría una explicación más profunda y ampliada del uso y finalidad que se le pueda dar a las mismas, evitando que las “letras chiquitas”, es decir la opacidad en los contratos pueda usarse en desventaja de quien los suscribe con desconocimiento, o como un arma de coacción y manipulación; pues la finalidad principal es respetar el libre uso de los derechos de autor  y a su vez  la protección a las personas que  permiten el uso de su imagen sin que ello genere un detrimento a su persona.

Argumentación

La palabra imagen proviene del latín imago, imaginis, y significa la figura, representación, semejanza y apariencia de una cosa. 2

Entendemos entonces a la imagen como la representación gráfica de la persona y el derecho a la propia imagen como facultad para permitir o impedir su obtención, reproducción, difusión y distribución por parte de un tercero. 3

Es indispensable señalar que el derecho de una persona a utilizar su imagen es irrestricto y autónomo por lo que la celebración de contratos o convenios, respecto de la misma se encuentra legitimado, no obstante, la consideración a analizar es en relación no al acto jurídico en sí mismo, sino a los efectos que subyacen detrás de este, es decir eliminar el efecto negativo que contiene la frase “... y no tendrá derecho a revocarlo...”, mismo que impone la carga a la persona que se sienta vulnerada, por efectos de una transgresión en su esfera personal por un uso diverso al pactado por su imagen.

El derecho a la imagen es un derecho humano, por lo que es mismo se encuentra protegido y garantizado en la normatividad nacional e internacional, tal y como lo disponen los diversos instrumentos internacionales Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por lo que, “1. El daño, entendido como menoscabo a una persona física o moral, se origina mediante conductas contrarias a la norma, o bien contrarias a la obligación en el rango del deber ser, consistente en respetar los derechos, tanto públicos como privados, de los entes de la colectividad. 2. El menoscabo puede sufrirse tanto en el plano patrimonial, como en la esfera íntima y personal, llamándose respectivamente daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales o daño moral”. 4 Es así que, resulta imprescindible, que aun y cuando un acto pueda surgir legítimamente, de la voluntad de las partes, este no pueda ni deba interpretarse con una facultad indiscrecional de lacerar los derechos de terceros.

Los derechos de la imagen tienen un efecto erga omnes, es decir, legítimos frente a todos, y ante cualquier ataque o intromisión a ellos, lo que constituye una esfera protectora y resarcitoria en cualquier momento.

Ordenamientos por modificar

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor

Por lo anteriormente expuesto y fundado, quien suscribe, somete a consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

Único. Se reforma el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

Artículo 87.- El retrato de una persona sólo puede ser usado o publicado, con su consentimiento expreso, o bien con el de sus representantes o los titulares de los derechos correspondientes. La autorización de usar o publicar el retrato podrá revocarse por quien la otorgó quién, en su caso, responderá por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar dicha revocación. Lo anterior, se exceptuará cuando el uso, publicación o finalidad tenga por objeto dañar o menoscabar la integridad o imagen de la persona. 

Cuando a cambio de una remuneración, una persona se dejare retratar, se presume que ha otorgado el consentimiento a que se refiere el párrafo anterior, no obstante, tendrá derecho a revocarlo, siempre que no se utilice en los términos y para los fines pactados.

No obstante, cuando el fin que se le otorgue sea distinto al pactado o tenga por objeto dañar o menoscabar la integridad o imagen de la persona que otorgo el consentimiento, responderá por los daños y perjuicios que le hubiera ocasionado; teniendo la obligación de retirar la imagen o retrato de que se trate.

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Todas las disposiciones legales que contravengan al presente decreto se entienden como derogadas.

Notas

1 “El marketing es una serie de estrategias, técnicas y prácticas que tienen como principal objetivo, agregar valor a las determinadas marcas o productos con el fin de atribuir una importancia mayor para un determinado público objetivo, los consumidores”:

https://rockcontent.com/es/blog/marketing-2/

2 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1943/21.pdf

3 Ibídem

4 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3636/5.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2021.– Diputada Fabiola Rafael Dircio (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava, del Grupo Parlamentario de morena en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con base en la siguiente

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial. Datos expuestos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2020, hubo más de 210,000 nuevos diagnósticos de cáncer de mama en América Latina y el Caribe, y casi 68,000 muertes. 1

En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años y más; según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2017, 24 de cada 100 egresos hospitalarios en la población de 20 años o más por tumores malignos son por cáncer de mama. En 2018 se registraron 314 499 defunciones femeninas: 44 164 son causadas por tumores malignos, y de estas, 7 257 por cáncer de mama. Y en 2019, por cada 100 mil mujeres de 20 años o más se reportaron 35.24 casos nuevos de cáncer de mama. Y lo que corresponde al año 2020, en el periodo de enero a agosto, de acuerdo con datos de INEGI, se registraron 683,823 defunciones, de las cuales 9 por ciento se deben a tumores malignos. 2

El marco precedente ilustra que el cáncer de mama es una patología que ha ido en aumento en nuestro país año con año. Como lo establece la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, que tiene como objetivo establecer los lineamientos para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, considera que la autoexploración mamaria garantiza el diagnóstico temprano del cáncer de mama. 3

La NOM-041-SSA2-2011, en su numeral 5.2 considera como las actividades de detección del cáncer de mama tres tipos de intervención:

“5.2.1 Autoexploración, para el diagnóstico temprano

5.2.2 Examen clínico, para el diagnóstico temprano

5.2.3 Mastografía, para la identificación en fase preclínica”

Asimismo, en el numeral 7.2.2, señala que la autoexploración se debe recomendar a partir de los 20 años y tiene como objetivo sensibilizar a la mujer sobre el cáncer de mama, con la finalidad de tener un mayor conocimiento de su propio cuerpo e identificar cambios anormales para la demanda de atención médica apropiada. Además de contemplar en el numeral 7.2.3.1 que la técnica de autoexploración debe incluir la información sobre los síntomas y signos del cáncer de mama y las recomendaciones sobre cuándo demandar atención médica.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda la educación sobre el cáncer de mama dirigida a sensibilizar a las mujeres sobre la importancia de conocer las características normales de sus mamas y demandar atención médica si descubre alguna anormalidad, así como la exploración clínica ante la ausencia de servicios de tamizaje por mastografía, acompañada de programas de educación a la población y enfatiza que únicamente los programas de tamizaje organizados de mastografía, pueden reducir las tasas de mortalidad por esta neoplasia maligna.

El marco precedente se enfoca en mujeres de 20 años para la autoexploración y en 40 para la mastografía; sin embargo, la falta de prevención llevó no solo a aumentar las tasas de muerte e infección por dicho padecimiento, sino también, hace a las jóvenes más vulnerables.

Prueba de ello es que, de los 23 mil casos que se detectaron en 2016, 15 por ciento corresponden a menores de 40 años; en 2020, el número aumentó, pues de 29 mil casos detectados, 17 por ciento correspondió a mujeres de hasta 39 años, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). 4

En 2020 se registró que por cada 100 mil mujeres de 20 años hubo 35.24 casos nuevos de cáncer de mama, mientras que, en todos los rangos de edad, se reportaron 29 mil 929 casos nuevos y siete mil 931 fallecimientos secundarios al cáncer de mama, siendo el más grave el cáncer de mama triple negativo, de tipo in situ, que puede erradicarse con quimioterapias, que, a la larga, puede afectar la calidad de vida de la paciente. 5

Los tumores malignos de mama son poco frecuentes en personas menores de 20 años; 6 sin embargo, en dicho rango de edad, el cáncer de mama puede agravarse porque se detecta en etapas más avanzadas, precisamente por el hecho de que no se piensa que dicha enfermedad puede presentarse en esos rangos de edad.

Según lo estipulado por el doctor Gilberto Nicolás Solorza Luna, médico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina y del Instituto Nacional de Cancerología, el cáncer de mama se empieza a presentar con más frecuencia en mujeres de 15 a 39 años, sobre todo en aquellas que no han tenido hijos o tiene predisposición hereditaria. 7 Además de considerar que el desarrollo del cáncer de mama podría ser más agresivo en una paciente de 20 a 25 años o menos, que en una de 60 a 65 años, debido a que el tejido mamario crecer más rápidamente, pudiéndose modificar y tener mutaciones.

Si contemplamos que el autoexamen de los senos, es una de las técnicas disponibles para diagnosticar tempranamente el cáncer de mama, el objetivo central de esta iniciativa es establecer las bases, para que se pueda disponer de una estrategia efectiva de enseñanza desde edades tempranas, dirigida a las personas mexicanas que cursan la educación básica, lo anterior con la finalidad de establecer un mecanismo de prevención e identificación del cáncer de seno, en etapas iniciales. Principalmente en mujeres, las cuales inician el desarrollo mamario aproximadamente entre los ocho y 13 años y al llegar a la pubertad.

A pesar de que el cáncer de mama es una enfermedad sumamente infrecuente durante la adolescencia, existen algunas variantes que pudiesen propiciar su desarrollo, por ejemplo, las siguientes:

“ Alteraciones hereditarias por presencia de la enfermedad en algún miembro de la familia.

“ Cambios y desequilibrio de estrógenos/progestágenos.

“ Enfermedades fibroquísticas de mama con cambios proliferativos atípicos.

“ Presencia de mutaciones genéticas del gen BRCA-1 y BRCA-2 de cáncer. 8

La necesidad de implementar un programa educativo que permita que las personas desde la infancia, adquieran competencias a través de un modelo de aprendizaje significativo que permitan tanto conocer y practicar adecuadamente la autoexploración mamaria, como valorar la importancia de esta técnica para la identificación del cáncer de mama en etapas tempranas.

En este sentido, el éxito del programa no solo radicaría en la oportunidad de que las mujeres y hombres, se sensibilice con este método desde la infancia, lo aprenda a ejecutar correctamente y pueda detectar cualquier malignidad de la mama en estadios clínicos tempranos, lo cual permitiría no sólo un tratamiento de pacientes que pueda arrojar excelentes resultados en las tasas de curación, sino que también permitiría la reducción de los costos para la atención de los casos, que en la mayoría deben ser asumidos por las propias pacientes y sus familiares.

Por lo anteriormente expuesto, la presenten iniciativa de Ley propone reformar los artículos 26, 30, 75, 78 y 115 de la Ley General de Educación con la finalidad de integrar la enseñanza de la autoexploración de senos para el diagnóstico temprano del cáncer de mama para las personas que cursan la educación básica, con la finalidad de instaurar a través del aprendizaje significativo un modelo de educación para la enseñanza de la prevención del cáncer de mama.

El espíritu de la presente iniciativa se presenta en el siguiente cuadro comparativo:

Ley General de Educación

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Único. Se reforman los artículos 26, 30, 75, 78 y 115 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 26. Cuando los planes y programas de estudio se refieran a aspectos culturales, artísticos y literarios o en materia de estilos de vida saludables y educación sexual integral y reproductiva y la enseñanza de la autoexploración de senos para el diagnóstico temprano del cáncer de mama, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Salud, respectivamente, podrán hacer sugerencias sobre el contenido a la Secretaría a efecto de que ésta determine lo conducente.

Artículo 30. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. La promoción de estilos de vida saludables, la educación para la salud, la enseñanza de la autoexploración de senos para el diagnóstico temprano del cáncer de mama, la importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre;

IX. ...

X. ...

XI. ...

XII. ...

XIII. ...

XIV. ...

XV. ...

XVI. ...

XVII. ...

XVIII. ...

XIX. ...

XX. ...

XXI. ...

XXII. ...

XXIII. ...

XXIV. ...

XXV. ...

Artículo 75. ...

...

...

La Secretaría establecerá las bases para fomentar estilos de vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten, en su caso, el sobrepeso y la obesidad entre los educandos, como la activación física, el deporte escolar, la educación física, los buenos hábitos nutricionales, la enseñanza de la autoexploración de senos para el diagnóstico temprano del cáncer de mama, entre otros. En materia de la promoción de la salud escolar, la Secretaría considerará las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto emita la Secretaría de Salud.

 ...

Artículo 78. ...

En el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades educativas desarrollarán actividades de información y orientación para las familias de los educandos en relación con prácticas de crianza enmarcadas en el ejercicio de los valores, los derechos de la niñez, buenos hábitos de salud, la importancia de una hidratación saludable, alimentación nutritiva, práctica de la actividad física, la enseñanza de la autoexploración de senos para el diagnóstico temprano del cáncer de mama, disciplina positiva, prevención de la violencia, uso responsable de las tecnologías de la información, comunicación, lectura, conocimiento y aprendizaje digital y otros temas que permitan a madres y padres de familia o tutores, proporcionar una mejor atención a sus hijas, hijos o pupilos.

Artículo 115. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

X. ...

XI. ...

XII. ...

XIII. ...

XIV. ...

XV. ...

XVI. Promover en la educación obligatoria prácticas cooperativas de ahorro, producción y promoción de estilos de vida saludables en alimentación, de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares; así como la enseñanza de la autoexploración de senos para el diagnóstico temprano del cáncer de mama.

XVII. ...

XVIII. ...

XIX. ...

XX. ...

XXI. ...

XXII. ...

XXIII....

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Educación contara con un plazo de 180 días naturales contados a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la presente reforma a fin de que haga las adecuaciones reglamentarias, presupuestales y las que hubiera lugar, atendiendo a los planes y programas de estudio respectivos para la implementación de las acciones que deriven de la presente reforma y cumpliendo con lo dispuesto por el artículo 18 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Notas

1 Cfr. Cáncer de mama, datos clave. Disponible en:

https://www.paho.org/es/temas/cancer-mama

2 Cfr. INEGI. Estadísticas A Propósito Del Día Mundial De La Lucha Contra El Cáncer De Mama, 04/02/2021

3 Cfr. Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama., 09/06/2011, disponible en:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194157&fecha=09/0 6/2011

4 Cfr.

https://insp.mx/lineas-de-investigacion/prevencion-y-control-de- cancer.html

5 Valencia, Frida. Aumenta el Cáncer de Mama en Veinteañeras, Heraldo de México, 19 de octubre de 2021,

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/10/19/aumenta-cance r-de-mama-en-veinteaneras-345621.html

6 Corresponde a menos del 1% de los cánceres infantiles, siendo más frecuente el compromiso metastático. Cabellos Mujica, Alejandra. Cáncer de Mama en la adolescencia, 8 pp.

http://www.cemera.cl/sogia/pdf/2010/SOGIA_1_2010_1.pdf

7 Aumenta la incidencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes, revela UNAM. Quinto Poder, 17 de octubre de 2021,

https://quinto-poder.mx/bienestar/Aumenta-la-incidencia-de-cance r-de-mama-en-mujeres-jovenes-revela-la-UNAM-20211017-0009.html

8 Calderón del Valle, Salvador Alberto. Cáncer de mama asociado a mutaciones genéticas de los BRCA 1 y 2

http://www.scielo.org.co/pdf/cesm/v26n2/v26n2a05.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, a los veintitrés días de noviembre de 2021.– Diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 79 y 262 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Martha Barajas García, del Grupo Parlamentario de Morena

Martha Barajas García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 79, párrafo segundo, y 262, fracción III, de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

El derecho a la salud, constituye uno de los elementos esenciales para el desarrollo integral de las personas, por ello, su naturaleza es muy compleja e incluso ha sido definido por diferentes instrumentos legales tanto nacionales como internacionales y sin duda objeto de interpretaciones jurisdiccionales.

El derecho internacional ha generado compromisos fundamentales que obliga a los órdenes nacionales; es decir, a los Estados a tomar todas las medidas legislativas, administrativas y técnicas necesarias para la realización efectiva del derecho a la salud. El cumplimiento de esas obligaciones es promovido por organismos internacionales de cooperación como la OMS y la OPS, así como es vigilado y supervisado por órganos como el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Consejo de Europa y diferentes órganos del Sistema Interamericano. 1

En el marco jurídico nacional, el derecho a la salud es consagrado en el texto constitucional, el cual a la letra establece:

Artículo 4o. ...

...

...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Si bien con base en la jerarquía normativa la Constitución es la norma primigenia, se vuelve necesario el contar con una norma secundaria que permita reglamentar de manera precisa dicho derecho, por ello el surgimiento de la Ley General de Salud, materia de la presente iniciativa, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984 y se define como la norma que reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

Como se desprende de las premisas anteriores, el pacto federal garantiza la impartición del derecho a la salud sin restricción alguna, incluso según interpretaciones de la SCJN la tutela que otorga el artículo 4o. constitucional implica “la obligación del Estado de brindar los servicios y prestaciones para garantizar el más alto nivel de protección de la salud de las personas (mediante atención médica, tratamiento, medicamentos, rehabilitación, otorgamiento de licencias médicas, etcétera)”; 2 es decir, la protección de este derecho abarca todo el proceso médico, el diagnostico, la atención y el medicamento o tratamiento.

Como se desprende del criterio jurisprudencial, el derecho a la medicina pasa por diversas etapas o procesos, uno de ellos siendo el diagnóstico, siendo el primer paso, ya que con ella se permite conocer a plenitud el estado de salud y en caso de encontrar alguna enfermedad, es posible dar un tratamiento que permita la recuperación del buen estado de salud.

En medicina, el diagnóstico permite la identificación de la enfermedad, ello mediante un proceso inferencial, en el que el profesional de la salud después de una evaluación, puede determinar el mal que aqueja a la salud y a su vez, ello posibilita la existencia de un tratamiento para la atención del paciente.

La Ley General de Salud regula en el capítulo VIII, artículo 262, fracción III, el tipo de agentes de diagnóstico que utiliza el personal médico para la práctica de éstos:

Artículo 262. ....

I. y II. ...

III. Agentes de diagnóstico: Todos los insumos incluyendo antígenos, anticuerpos, calibradores, verificadores, reactivos, equipos de reactivos, medios de cultivo y de contraste y cualquier otro similar que pueda utilizarse como auxiliar de otros procedimientos clínicos o paraclínicos.

Sin embargo, toda norma jurídica debe vivir una constante revisión, con la finalidad de que podamos regular los cambios en la vida, incluso en lo relativo a la tecnología, ya que de lo contrario condenamos el marco jurídico a convertirse en una norma obsoleta.

En el artículo anterior se advierte que no se encuentra considerado el agente innovador denominado “radiofármaco”, mismo que puede ser definido como “toda sustancia conteniendo un radio nucleido dentro de su estructura y que, por su forma farmacéutica, cantidad y calidad de radiación se administra en seres humanos con fines de diagnóstico”. 3

Es importante mencionar que no se menciona ni de forma directa, ni se puede dar por entendido de forma implícita de los agentes enunciados, toda vez que si consideramos su composición y su funcionabilidad, pues es una sustancia conteniendo un radio nucleido dentro de su estructura y que, por su forma farmacéutica, cantidad y calidad de radiación se administra en seres humanos con fines de diagnóstico, lo que evidentemente no contienen los demás agentes, y es precisamente lo que lo distingue del medio de contraste, pues este último no contiene radiación. De ahí que surja la necesidad de reformar el artículo 262, fracción III, de la Ley General de Salud, para incluir a este agente.

Un radiofármaco se utiliza para efectuar pruebas diagnósticas mediante tecnología PET (tomografía por emisión de positrones), 4 y es una herramienta esencial para el combate de enfermedades tales como el cáncer, incrementando la posibilidad de vida de los pacientes.

También se considera radiofármaco, toda fuente de radiación ionizante abierta, que contiene en su estructura un radionúclido o sustancia radioactiva, que emite radiación en forma de ondas o partículas, que puede estar solo o en unión con un fármaco o molécula o cualquier otro ingrediente los cuales son utilizados en medicina nuclear para diagnóstico, estadio de la enfermedad, monitorización del tratamiento o como terapia. Un radiofármaco incluye un agente radiactivo que puede estar unido o no a uno no radiactivo. Sinónimo de radiotrazador o medicamento radiactivo. 5

Otra definición de radiofármaco es “cualquier producto que cuando esté preparado para su uso con finalidad terapéutica o diagnóstico contenga uno o más radionucleidos (isótopos radiactivos)”. 6

En la medicina nuclear, trazas de radiofármacos, se utilizan para el diagnóstico y tratamiento de muchas afecciones de salud, como ciertos tipos de cáncer, enfermedades neurológicas y cardiovasculares mediante la realización de: investigaciones diagnosticas moleculares y funcionales, a través de la visualización, caracterización y cuantificación de los procesos biológicos que tienen lugar a nivel celular y subcelular en pacientes: y tratamientos radio farmacéuticos metabólicos e inmunitarios dirigidos. 7

En los estudios de medicina nuclear, los radiofármacos son blancos moleculares para órganos o receptores celulares en un paciente dado para ver los cambios fisiológicos en estructuras internas para el diagnóstico inicial de enfermedades. Esta herramienta proporciona información única sobre una variedad de enfermedades importantes que incluyen enfermedades cardiovasculares, cancerígenas, renales, infecciosas y endocrinas. Las imágenes moleculares se pueden utilizar para el diagnóstico inicial, el seguimiento de la terapia y la reestadificación de la mayoría de las enfermedades malignas. Dado que las células malignas se dividen rápidamente, éstas son particularmente sensibles al daño por radiación, la terapia dirigida con radionúclidos que utiliza radiaciones de corto alcance es altamente eficaz en el tratamiento de enfermedades benignas y malignas con efectos secundarios mínimos. 8

La gama de indicaciones clínicas para la terapia con radionúclidos incluye principalmente la terapia contra diferentes cánceres, la paliación del dolor óseo metastásico y la terapia para enfermedades de la tiroides. 9

Ahora bien, esta rama médica necesariamente implica que sea realizada por una persona especializada, que cuente con estudios que le permita cumplir de manera adecuada con su función, ya que no es un diagnóstico per se, sino que implica un diagnóstico con el uso de componente nuclear, por ello, dicha especialidad es definida como “el medico calificado que ha tenido formación especializada en medicina nuclear, incluida la manipulación segura de materiales radioactivos”. 10

La ley no establece nada relativo a la medicina nuclear, pero su reglamento en materia de prestación de servicios de atención médica establece en el artículo 200: “Las pruebas diagnostica deberán ser efectuadas por médicos cirujanos especializados en medicina nuclear o personal técnico adiestrado que actué bajo la responsabilidad de un médico especializado en medicina nuclear”.

Ello implica que el diagnóstico de medicina nuclear requiere una serie de estudios técnicos que garanticen un buen resultado diagnóstico, pero además que el manejo de energía nuclear no implique ningún riesgo, por ello se vuelve necesario que el Estado garantice que los profesionistas que se desenvuelven en esa rama cumplan con los conocimientos necesarios.

La Declaración de Posición de la Junta Estadounidense de Medicina Nuclear definió la competencia profesional del médico nuclear y alcance de la práctica de la medicina nuclear, determinando que la especialidad en medicina nuclear se define por el conocimiento básico requerido para aplicar el principio de un radiofármaco al estudio de los procesos fisiológicos, bioquímicos y moleculares en los seres humanos; así como, por los aspectos técnicos de cómo se detecta la imagen. Las imágenes moleculares, con y sin radiofármacos, son fundamentales para la forma en que se practica la especialidad de medicina nuclear en la actualidad y cómo se practicará en el futuro. La terapia con radiofármacos es una parte importante de la medicina nuclear y probablemente aumentará con el tiempo debido a los avances en la terapia dirigida con radio inmunoterapia y radios péptidos. 11

Señaló también que los médicos especialistas en medicina nuclear son los médicos expertos en todos los aspectos de los servicios de medicina nuclear diagnóstica y terapéutica. Están capacitados para interpretar toda la gama de estudios de diagnóstico, incluidas las distribuciones radiofarmacéuticas de fotón único y por emisor de positrones obtenidas con técnicas planares y tomográficas y, cuando corresponda, datos tomográficos híbridos que incluyen imágenes anatómicas con radiofármacos.

Desde esa óptica queda claro que los médicos especialistas en medicina nuclear son los autorizados para a práctica de estos diagnósticos, sin embargo no se encuentran previstos en la Ley de Salud, siendo importante su inclusión, especialmente que sea imperativo legal que estos médicos para el ejercicio de actividades profesionales cuenten con los títulos profesionales o certificados de especialización que hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, y por ende la imperatividad de ser regulados e incluidos en el numeral 79 de la Ley de Salud.

La omisión legislativa en ese sentido propicia que personas que no cuentan con la especializad necesaria pretendan suplantar la función de medicina nuclear, atentando además el espíritu de que el Estado otorgue “cédulas profesionales” para ejercer ciertas profesiones.

Si el ejercicio de la profesión ya no reclama la especialidad y la emisión de cédulas profesional como requisito para su ejercicio, generamos un alto riesgo para los pacientes/ usuarios, por exponerlos ante personas que no cuentan con las competencias adecuadas para el ejercicio de la actividad.

Por lo expuesto y fundado se hace la propuesta de redacción en los siguientes términos:

Por lo expuesto y fundado se propone el siguiente proyecto de

Único. Se reforman el párrafo segundo del artículo 79 y el artículo 262, fracción III, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 79. ...

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, medicina nuclear, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Artículo 262. Para los efectos de esta ley se entiende por

I. y II. ...

III. Agentes de diagnóstico: Todos los insumos incluyendo antígenos, anticuerpos, calibradores, verificadores, radiofármacos, reactivos, equipos de reactivos, medios de cultivo y de contraste y cualquier otro similar que pueda utilizarse como auxiliar de otros procedimientos clínicos o paraclínicos.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud tendrá ciento ochenta días naturales para emitir la norma oficial mexicana en materia de medicina nuclear.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Navarro, R. (2018) “Reconocimiento y protección del derecho a la salud por el Corpus Iuris Internacional de los Derechos Humanos: universal y regional, alcances y limitaciones”, 11 de noviembre de 2021, en revista Contacto Global, décima edición. Sitio web:

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r38342.pdf

2 Tesis aislada en materia constitucional, I.8º.A.33 K (10ª),

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Ep oca=1e3e1fdfdf8fcfd&Apendice=1fffdfffcfcff&Expresion=articulo%25204%252 0derecho%2520a%2520la%2520salud&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1 &Clase=DetalleTesisBL&NumTE=224&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-10 0&Index=0&InstanciasSeleccio nadas=6,1,2,3,4,5,50,7&ID=2020283&Hit=3&IDs=2020684,2020444,2020283 ,2019838,2019475,2019381,2019358,2019255,2018982,2018767,2018766,2018519,201812 0,2018119,2017329,2017306,2017255,2017252,2017071,2017030&tipoTesis=&Se manario=0&tabla=&Referencia=&Tema=

3 Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, suplemento para dispositivos médicos, cuarta edición, página 893.

4 Pañuelas, I. (2020) “Diagnóstico por radiofármacos”, 11 de noviembre de 2021, de Clínica Universidad de Navarra. Sitio web:

https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/pruebas-diagnostica s/ diagnostico-radiofarmacos

5 Doctor Iván Peñuelas Sánchez, director de la Unidad de Radiofarmacia. Clínica Universidad de Navarra, España. Glosario del Consejo de Seguridad Nuclear. España,

https://www.csn.es/glosario

6 B. Soriano L. Mendarte E. San Martín. Farmacia hospitalaria, página 749.

7 National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering,

https://www.nibib.nih.gov/espanol/temas-cientificos/medicina-nuc lear

8 International Atomic Energy Agency, Viena. Human Health, número 37. Nuclear Medicine Resources Manual, edición de 2020, página 1.

9 Ídem.

10 International Atomic Energy Agency, Viena. Human Health, número 37. Nuclear Medicine Resources Manual, edición de 2020, página 71.

11 American Board of Nuclear Medicine. Position Statement: Nuclear Medicine Professional Competency and Scope of Practice. Journal of Nuclear Medicine 52(6): 994-7. Junio de 2011, DOI: 10.2967/ jnumed.111.089979

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.– Diputada Martha Barajas García (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de las Leyes Orgánicas de la Administración Pública Federal, del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Armada de México, suscrita por el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos, 6o. fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera, y las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXV Legislatura, ponen a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 37, fracción XII, y 44, primer párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y segundo párrafo del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Armada de México, así como deroga la fracción II del artículo 21, los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y el inciso D de la fracción I del artículo 27 Bis de la Ley Orgánica de la Armada de México, al tenor de la siguiente

Conforme al artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece sus bases de organización, ésta se distingue entre centralizada y paraestatal.

La Oficina de la Presidencia de la República, las secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los órganos reguladores coordinados integran la administración pública centralizada, mientras que los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.

Tratándose de las secretarías de Estado, el artículo 10 del citado ordenamiento dispone que tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna, en tanto que los artículos 11 y 12 disponen que ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo del presidente de la República y respecto de los asuntos también de su competencia.

Sobre el particular, de conformidad con el artículo 109, fracción III, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere nuestra Carta Magna.

Tal mandato constitucional se lleva a cabo, de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, bajo el despacho de la Secretaría de la Función Pública, tal como lo establece el artículo 37, en sus fracciones XII y XXIV que textualmente disponen lo siguiente:

“ Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

[...]

XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de las unidades administrativas equivalentes en las empresas productivas del Estado, quienes dependerán jerárquica, funcional y presupuestalmente de la Secretaría de la Función Pública, asimismo, designar y remover a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los citados órganos internos de control, quienes tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los tribunales federales, representando al titular de dicha Secretaría;

[...]

XXIV. Ejercer las facultades que la Constitución le otorga a los órganos internos de control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales;” (énfasis añadido).

Dicha atribución le fue conferida a la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy de la Función Pública, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre de 1996, pues hasta antes de ella, únicamente le correspondía opinar previamente sobre el nombramiento y, en su caso, solicitar la remoción de los titulares de las áreas de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Lo anterior fue así, precisamente por la necesidad de que la supervisión, fiscalización y auditoría de los recursos públicos, recaiga en un ente distinto del que los ejerce, en aras de cumplir con los principios de eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, introducidos en el texto del artículo 134 constitucional mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1982, y los de economía y transparencia incorporados con posterioridad.

No obstante lo anterior, tratándose de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina Armada de México, se encuentra que sus respectivas leyes orgánicas prevén la figura del inspector y contralor general, rompiendo así con el esquema que priva por mandato constitucional con el resto de las dependencias que conforman la administración pública centralizada, e invadiendo las atribuciones de la hoy Secretaría de la Función Pública establecidas en el artículo 37, fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante la aludida reforma del año 1996.

En efecto, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos dispone en sus artículos 24 y 25, que la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea es el órgano encargado de la supervisión, fiscalización y auditoría del personal, material, animales e instalaciones en sus aspectos técnico, administrativos y financieros, así como del adiestramiento de los individuos y de las unidades, que se integrará con personal del Ejército y Fuerza Aérea.

Por su parte, la Ley Orgánica de la Armada de México señala en su artículo 8 que el secretario de Marina, para el cumplimiento de sus atribuciones, contará con un inspector y contralor general de Marina, mientras que sus facultades están contempladas en su reglamento interior, siendo éstas, entre otras, la de vigilar el cumplimiento de las normas y lineamientos internos que se dicten para regular el funcionamiento del sistema de control de la Secretaría, en acatamiento de la normativa que expida la Secretaría de la Función Pública, e inspeccionar, supervisar, fiscalizar y auditar los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría, como lo prevé el artículo 9 de dicho ordenamiento.

Como puede advertirse, tanto las Secretarías de la Defensa Nacional, como de Marina, gozan de un régimen de excepcionalidad que no se justifica, máxime que ambas dependencias forman parte de la administración pública federal centralizada.

La transparencia y la lucha contra la corrupción requiere también de imparcialidad y objetividad por parte de quien se encuentre facultado legalmente para supervisar, fiscalizar y auditar toda actividad que implique el manejo de recursos públicos. En el caso, ello no se cumple si la figura del Inspector y Contralor General de las Secretarías de Defensa y Marina tienen plena dependencia del titular del ramo.

Tal situación ha provocado que existan múltiples denuncias de corrupción en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, principalmente, por el alto porcentaje de contratos adjudicados de manera directa que priva en la presente administración. No contar con una supervisión independiente de los funcionarios encargados de ello, como sucede en el resto de las dependencias de la administración pública federal, se traduce en opacidad que impide ver lo que realmente ocurre al interior de ellas.

El control de los recursos públicos requiere autonomía de quien los ejerce y, lo que se propone, que sea hecho por parte de un civil en ambas dependencias, en nada interfiere u obstaculiza la operatividad de estas, ni menos aún significa sumisión del mando militar. Al respecto, de acuerdo con lo que estable el artículo 59 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, los titulares de los órganos internos de control tienen, entre otras, las atribuciones siguientes:

“1. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades, y evaluar anualmente sus resultados;

2. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales;

3. Valorar las recomendaciones que haga el Comité Coordinador a las unidades administrativas competentes de la Secretaría, y adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño y control interno;

4. Programar, ordenar, instruir y realizar auditorías y revisiones de control interno a las unidades administrativas de la Secretaría y a los órganos internos de control en las dependencias, las entidades y la Procuraduría, así como a las unidades de responsabilidades y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones y acciones de mejora que realice el propio Órgano Interno de Control de la Secretaría y, en su caso, las determinadas por otras instancias de fiscalización;

5. Recibir denuncias por hechos probablemente constitutivos de faltas administrativas de los servidores públicos de la Secretaría, o de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades, y turnar a la autoridad investigadora competente para el inicio de las investigaciones correspondientes;

6. Iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa, cuando se traten de actos u omisiones que hayan sido calificados como faltas administrativas no graves;

7. Iniciar, substanciar y remitir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los autos originales del expediente para la continuación del procedimiento y su resolución por dicho tribunal, cuando se traten de faltas administrativas graves, o de particulares por conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades;

8. Recibir las denuncias por declaraciones de situación patrimonial que contengan posibles Conflictos de Intereses de los Servidores Públicos de la Secretaría, y turnar para la práctica de las investigaciones correspondientes que permitan identificar la existencia o no de presuntas infracciones;

9. Determinar la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, o de imponer sanciones a un Servidor Público de la Secretaría, cuando se advierta que se cumplen los requisitos que establece la Ley de Responsabilidades;

10. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o, en su caso, instar a la Unidad de Asuntos Jurídicos a que formule las querellas respectivas en el supuesto de detectar conductas que puedan ser constitutivas de delitos;

11. Verificar el cumplimiento y evaluar los resultados de los programas y proyectos especiales en que participen las unidades administrativas de la Secretaría;

12. Resolver el recurso de revocación que interpongan los Servidores Públicos de la Secretaría respecto de las resoluciones por las que se les impongan sanciones administrativas, y dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales;

13. Conocer previamente a la presentación de una inconformidad, las irregularidades que a juicio de los interesados se hayan cometido en los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que lleve a cabo la Secretaría, a efecto de que dichas irregularidades se corrijan cuando así proceda;

14. Resolver los recursos de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas por el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control de la Secretaría en las inconformidades que se promuevan en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como aquéllos otros que le correspondan en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y

15. Recibir las inconformidades que se formulen por actos u omisiones de los Comités Técnicos de Profesionalización y de Selección, así como de cualquier otro órgano o autoridad facultados para operar en la Secretaría el Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; supervisar la substanciación de las mismas, así como la emisión de las recomendaciones que correspondan para preservar la observancia de los principios que rigen dicho Sistema;”

Como puede advertirse de la transcripción anterior, los órganos internos de control únicamente realizan acciones tendientes a verificar que las actuaciones de las secretarías en las que se encuentran adscritos se apeguen a las disposiciones jurídicas aplicables.

A fin de que quienes ocupen la titularidad de los órganos internos de control de ambas dependencias gocen de autonomía, imparcialidad e independencia requeridas por ser éstas de carácter castrense, es que se considera oportuno también que ambos sean aprobados por esta soberanía, en los mismos términos establecidos para los titulares de los de los órganos autónomos, a que se refiere el artículo 74, fracción VIII de nuestra Carta Magna.

En virtud de lo expuesto anteriormente, el que suscribe, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, pongo a la consideración de esta soberanía, la iniciativa que reforma los artículos 37, fracción XII y 44, primer párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y segundo párrafo del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Armada de México, así como que deroga la fracción II del artículo 21, los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y el inciso D de la fracción I del artículo 27 Bis de la Ley Orgánica de la Armada de México; por ello propongo el siguiente proyecto de:

Decreto que reforma los artículos 37 fracción XII y 44, primer párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y segundo párrafo del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Armada de México, así como deroga la fracción II del artículo 21, los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y el inciso D de la fracción I del artículo 27 Bis de la Ley Orgánica de la Armada de México

Primero. Se reforman los artículos 37, fracción XII, y 44, primer párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y segundo párrafo del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Armada de México, para quedar como sigue:

Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

Fracciones I. a XI. ...

XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal de carácter civil y proponer a los de las fuerzas armadas, así como de las unidades administrativas equivalentes en las empresas productivas del Estado, quienes dependerán jerárquica, funcional y presupuestalmente de la Secretaría de la Función Pública, asimismo, designar y remover a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los citados órganos internos de control, quienes tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los tribunales federales, representando al titular de dicha Secretaría;

Tratándose de quienes ocupen la titularidad de los órganos internos de control de las Fuerzas Armadas, competerá a la Cámara de Diputados aprobarlos, en los mismos términos establecidos para los de los titulares de dichos órganos en los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Fracciones XIII. a XXIX. ...

...

Artículo 44. Los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de carácter civil y de las fuerzas armadas y de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, serán responsables de mantener el control interno de la dependencia o entidad a la que se encuentren adscritos. Asimismo, tendrán como función apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos. Los órganos internos de control de las sociedades nacionales de crédito, así como aquéllos de otras entidades que cuenten con un régimen específico de control interno, se sujetarán a las funciones y organización establecidas en las disposiciones mediante las que se crea la respectiva entidad.

...

...

...

...

...

...

Artículo 8. El Alto Mando para el cumplimiento de sus atribuciones, contará con:

Fracciones I. a VII. ...

Asimismo, y para el despacho de los asuntos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, el Alto Mando se auxiliará con el Subsecretario, Oficial Mayor, Directores Generales, Agregados Navales y demás servidores públicos, órganos y unidades que establezcan los reglamentos respectivos.

Segundo. Se deroga la fracción II del artículo 21 y los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 21. El Alto Mando, para el cumplimiento de sus funciones, contará con los siguientes órganos:

I. ...

II. Se deroga.

Fracciones III. y IV. ...

Artículo 24. Se deroga.

Artículo 25. Se deroga.

Tercero. Se deroga el inciso D de la fracción I del artículo 27 Bis de la Ley Orgánica de la Armada de México, para quedar como sigue:

Artículo 27 Bis. El Consejo del Almirantazgo se integrará de la manera siguiente:

I. ...

Incisos A. a C. ...

D. Se deroga.

Incisos E a G...

II. ...

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Segundo. Se deroga cualquier disposición legal y administrativa que se contraponga con lo establecido en el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2021.– Diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y para regular las Sociedades de Información Crediticia, en materia de deudores alimentarios morosos, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Alma Carolina Viggiano Austria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política, y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y para regular las Sociedades de Información Crediticia, en materia de deudores alimentarios morosos, al tenor de la siguiente

En México, la familia se ha consolidado como una figura primordial en la vida de todas y todos los mexicanos, su evolución en la sociedad ha logrado cambiar su conformación con el paso de los años ahora, no solo encontramos a las familias tradicionales conformadas de madre, padre, hijas o hijos, sino que encontramos familias reconstituidas, unipersonales, parejas del mismo sexo, por mencionar sólo algunas.

El Censo poblacional de 2020, levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 1 señala lo siguiente:

“ De cada 100 hogares familiares en el país

- 71 son nucleares, formados por el papá, la mamá y los hijos o sólo la mamá o el papá con hijos; una pareja que vive en el mismo hogar y no tiene hijos también constituye un hogar nuclear.

- 28 son ampliados y están formados por un hogar nuclear más otros parientes (tías(os), primas(os), hermanas(os), etcétera).

- 1 es compuesto, constituido por un hogar nuclear o ampliado, y al menos una persona sin parentesco con la jefa o el jefe del hogar.

“ Y de cada 100 hogares no familiares:

- 95 son unipersonales, integrados por una sola persona.

- 5 son corresidentes y están formados por dos o más personas sin relaciones de parentesco con la jefa o el jefe del hogar.

La información del censo 2020 también muestra que, a escala nacional, en 33 de cada 100 hogares las mujeres son reconocidas como jefas de la vivienda, esto significa 11 millones 474 mil 983 hogares, cifra que aumentó de forma considerable de 2010 a 2020: en 2010 eran 25 de cada 100 hogares.

Estos datos brindan un panorama de la coyuntura actual de las familias de todos los rincones del país, aunque gran parte de las conformaciones de las mismas dependen de la situación económica en la que se encuentran, del ambiente de violencia que los rodea y podríamos agregar de las consecuencias que han traído los desastres naturales y las pandemias.

La familia es el ámbito en el que los individuos nacen y se desarrollan, así como el contexto en el que se construye la identidad de las personas por medio de la transmisión y actualización de los patrones de socialización. Por tanto, la familia es el primer ámbito que nos brinda seguridad.

El Inegi señala que en 2019 se registraron 504 mil 923 matrimonios. De éstos, 501 mil 327 se realizaron entre parejas de mujeres y hombres y 3 mil 596 fueron entre personas del mismo sexo, pero esta cifra ha ido disminuyendo con el pasar de los años, pues en 2000 había registros de 707 mil 422 matrimonios. En 2018, se registraron 589 matrimonios de menores de edad, en 2019 fueron 69. 2

La edad promedio al casarse es de 33 años para los hombres y 30 para las mujeres y en matrimonios del mismo sexo, la edad promedio de los hombres para casarse es de 35 y para las mujeres es de 34 años de edad. En tanto que el nivel de estudios de 80 por ciento de los hombres y las mujeres que contraen matrimonio es de secundaria.

En 2019, de los hombres que contrajeron matrimonio 95 por ciento se desempeñaba como empleado, jornalero o peón y obrero. En el caso de las mujeres, al momento de contraer matrimonio 49 por ciento trabajaba principalmente como empleado, por su cuenta y como obrero.

En 2019 se registraron 160 mil 107 divorcios, de los cuales alrededor de 159 mil 769 se realizaron entre parejas de diferente sexo y 338 fueron entre personas del mismo sexo, por lo que de 2000 a 2019 el número de divorcios registrados en México se incrementó de manera constante, pues en 2000 se contabilizaron 52 mil 358 casos.

Las mujeres que se divorcian lo hacen en promedio a los 39 y los hombres a los 42 años de edad y 30 por ciento de las parejas estuvo casado 20 años o más. Se estima que por cada 100 matrimonios hay 32 divorcios, de los cuales la mayoría tiene hijos.

En cuanto a la violencia, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2020 se registraron 254 mil 598 delitos contra la familia, de los cuales 220 mil 30 fueron de violencia familiar, 4 mil 50 violencia de género y 17 mil 678 por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. 3

En 2019, esa cifra fue de 249 mil 849 delitos contra la familia, de los cuales 210 mil 188 fueron por violencia familia, 3 mil 180 por alguna modalidad de violencia de género y alrededor de 24 mil 425 por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, en este caso en particular disminuyo de manera considerable con las cifras de 2020, lo que significa que las políticas creadas en favor de los menores de edad van caminando de manera correcta.

Estos delitos antes mencionados traen consigo la desintegración familiar, algunos estudios señalan que una familia bien estructurada permite a sus miembros hacer frente a las presiones tanto de su hogar como de la sociedad; por lo que una desintegración familiar lleva a sus integrantes a enfrentar las situaciones con mayor dificultad, en particular cuando hay crisis. De ahí que el desarrollo de los hijos puede llevarlos a identificarse con grupos nocivos y caer en conductas antisociales.

La desintegración familiar tiene consecuencias importantes tanto en la dimensión material como en la emocional de las parejas y, principalmente, de los hijos e hijas. No obstante, sus causas son ajenas al derecho, no así sus efectos. Entre ellos, se encuentra el cambio en el nivel de vida de los hogares a causa del incumplimiento de obligaciones alimentarias.

Aun es grande el número de menores que no reciben pensión alimenticia, esto como consecuencia de una serie de estrategias que los deudores alimentarios implantan para evadir esa responsabilidad.

Ello se debe a que el marco jurídico actual, pese a que se han creado todo tipo de garantías para asegurar el pago de alimentos, no regula mecanismos lo suficientemente eficaces que resulten ineludibles para el deudor.

El mecanismo más eficaz que normalmente se utiliza para obtener el pago de alimentos, consiste en el descuento vía nómina que el patrón de un deudor alimentario está obligado a realizar sobre el salario para, posteriormente, entregar dicha cantidad a los acreedores. Sin embargo, para ello se requiere la existencia de un patrón y de una relación de trabajo formal.

Cuando no existen estas condiciones, la legislación permite que los jueces calculen el importe de la pensión alimenticia y que obliguen al deudor a su pago mediante una orden judicial que no siempre se cumple. Cuando esto ocurre, las leyes autorizan a los jueces para que embarguen bienes del deudor alimentario con el fin de cubrir el adeudo con un eventual remate de los mismos. La dificultad a la que se enfrentan los acreedores alimentarios en este caso, consiste en que con frecuencia los deudores ocultan sus bienes o permiten el embargo de bienes cuyo valor es insuficiente.

Se ha llegado a reconocer como delito el incumplimiento de obligaciones alimentarias, sin embargo, muchas personas víctimas u ofendidas no están interesadas en castigar penalmente este tipo de conductas o bien, la propia legislación establece elementos cuya acreditación favorecen al deudor alimentario. Ello se suma a lo tortuoso que puede llegar a ser para los acreedores alimentarios, el camino que se debe seguir para obtener una eventual orden de aprehensión.

El 21 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el proyecto de decreto por el que se adicionó una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración 4 a fin de establecer que las personas que, en su carácter de deudoras alimentarias, dejen de cumplir con las obligaciones que impone legislación civil en materia de alimentos por un período mayor de sesenta días, no podrán salir libremente del territorio nacional.

Argumentos que sustentan la iniciativa

Atendiendo a lo expuesto, es pertinente crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos de carácter público que administre una base de datos de las personas que no cumplen con sus obligaciones alimentarias. Este mecanismo debe ser de alcance nacional y sus efectos deben superar la esfera familiar para que tenga consecuencias favorables para los acreedores alimentarios. A su vez, la eficacia de este mecanismo dependerá de los efectos negativos que generaría para los deudores a causa de su conducta contraria a la ley.

En otras palabras, se trata de que el deudor redimensione el valor de sus obligaciones frente a sus acreedores alimentarios -a quienes tiene que asegurarles la supervivencia, estabilidad y desarrollo integral- y frente a la sociedad, usando la información sobre su situación legal en materia de alimentos como mecanismo de coacción.

El registro nacional de deudores alimentarios morosos formará parte del sistema nacional de información a que se refiere la fracción XV del artículo 125 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 5 que está a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y su base de datos se alimentaría con la información que proporcionen los Sistemas de Información de las entidades federativas deberán crear.

Para tal fin, se considera deudor alimentario moroso a aquella persona que haya dejado de cumplir por más de sesenta días, en forma consecutiva o intermitente, con sus obligaciones alimentarias ordenadas por los jueces y tribunales o establecidas por convenio judicial o como resultado de la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias que tengan calidad de cosa juzgada. La inscripción de deudores alimentarios morosos en los este Registro sólo procederá por orden de las autoridades judiciales.

Una vez que se haya ordenado una inscripción, el registro correspondiente debe expedir el certificado que acredite dicha circunstancia para que el mismo sea presentado ante la autoridad judicial que lo ordenó.

Cuando el Registro Nacional tenga conocimiento de una inscripción de deudores alimentarios morosos, tendrá la obligación de informarlo a las sociedades de información crediticia, quienes integrarán dicha información a sus bases de datos y que servirá para generar el historial de incumplimiento de obligaciones alimentarias, mismo que se dará a conocer en los reportes de crédito que le sean solicitados.

La cancelación de la inscripción de deudores Alimentarios Morosos Sólo Procederá Si Se Cubre El total del adeudo. No obstante, las sociedades de información crediticia sólo podrán eliminar el historial por incumplimiento de obligaciones alimentarias después de setenta y dos meses de haber ocurrido el cumplimiento pleno de la obligación alimentaria. Esto con el objeto de que los usuarios de los servicios de dichas sociedades, conozcan los antecedentes de las personas sobre las que se haya generado este historial. No obstante, si existe algún motivo de reclamación, la misma podrá tramitarse ante la autoridad judicial que haya conocido de la inscripción.

Por lo expuesto y considerando que es necesario crear un mecanismo de alcance nacional que haga efectivo el cumplimiento de obligaciones alimentarias, la propuesta de la iniciativa quedaría como se muestra a continuación:

Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia

En atención de lo expuesto someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y para regular las Sociedades de Información Crediticia, en materia de deudores alimentarios morosos

Primero. Se adicionan los artículos 125 Bis a Quáter, y 125 Quinquies y 125 Sexies de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

125 Bis. Para proteger los derechos alimentarios de las niñas, niños y adolescentes, así como promover y garantizar su cumplimiento, el sistema de información a nivel nacional a que se refiere la fracción XV del artículo 125 contará con un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, quien emitirá las disposiciones reglamentarias del mismo.

Las entidades federativas deberán homologar Registros de Deudores Alimentarios Morosos en sus sistemas estatales respectivos y emitirán las disposiciones reglamentarias que correspondan.

125 Ter. Los Registros de Deudores Alimentarios Morosos serán públicos.

Los encargados de llevar los registros tendrán las siguientes obligaciones:

1. Alimentar la base de datos del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos por medios electrónicos, conforme a los mecanismos y disposiciones reglamentarias que establezca la Secretaría Ejecutiva.

2. Permitir a las personas que lo soliciten, acrediten o no interés, que se enteren de las inscripciones e información que obre en el sistema.

3. De expedir certificaciones que informen si un deudor alimentario se encuentra inscrito.

Las certificaciones a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser denegadas. En su caso, se hará mención en ellas de las discrepancias existentes entre la solicitud y la información del sistema.

125 Quáter. En los Registros de Deudores Alimentarios Morosos se inscribirá a las personas que hayan dejado de cumplir por más de sesenta días, en forma consecutiva o intermitente, sus obligaciones alimentarias, ordenadas por los jueces y tribunales o establecidas por convenio judicial o como resultado de la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias que tengan calidad de cosa juzgada.

125 Quinquies. Las inscripciones de Deudores Alimentarios Morosos sólo procederán cuando exista resolución de una autoridad judicial que reconozca la existencia del adeudo, durante el juicio o por incumplimiento de una Sentencia definitiva o convenio judicial.

Una vez que el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos tenga conocimiento de la inscripción de personas, la informará a las Sociedades de Información Crediticia en los términos de lo dispuesto en el artículo 20 ter de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

125 Sexies. La cancelación de la inscripción sólo procederá cuando se acredite fehacientemente que se ha cubierto el adeudo, informando de tal circunstancia a las Sociedades de Información crediticia.

Segundo. Se adicionan los artículos 20 Ter, 23 Bis y 42 Bis; y se modifican el 27 y 36 Bis de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue:

Artículo 20 Ter. Adicionalmente, la base de datos de las Sociedades se integrará con la información que se proporcione del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos sobre las personas inscritas en el mismo por haber incumplido sus obligaciones alimentarias.

La información que se disponga del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos a las Sociedades deberá especificar la fecha en que se decretó la pensión alimenticia y el periodo o periodos de incumplimiento.

Cuando el deudor alimentario cubra el adeudo y el mismo sea cancelado en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, el encargado de este proporcionará dicha información a las sociedades.

Artículo 23 Bis. Las Sociedades están obligadas a conservar los historiales por incumplimiento de obligaciones alimentarias que les sean proporcionados del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, al menos durante un plazo de setenta y dos meses.

Las sociedades deberán eliminar el historial por incumplimiento de obligaciones alimentarias después de setenta y dos meses de haberse reportado el cumplimiento pleno de la obligación alimentaria en dicho historial.

Artículo 27. Las sociedades, al proporcionar información sobre operaciones crediticias, incumplimiento de obligaciones alimentarias y otras de naturaleza análoga, deberán guardar secreto respecto de la identidad de los acreedores, salvo en el supuesto a que se refiere el artículo 39 de la presente ley, en cuyo caso, informarán directamente a los clientes el nombre de los acreedores que correspondan.

Artículo 36 Bis. Las sociedades al emitir reportes de crédito y reportes de crédito especiales, además de la información contenida en sus bases de datos, deberán incluir, la contenida en las bases de datos de las demás sociedades y del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. En todo caso, los reportes de crédito a que se refiere el presente artículo deberán incluir, respecto de cada operación, al menos la información siguiente:

I. a VI....

En relación con las deudas alimentarias, cualquiera de los reportes de crédito, deberán especificar la información siguiente:

1. Fecha en que se fijó la pensión alimenticia.

2. Fecha del primer incumplimiento.

3. Fecha del último pago.

4. Total del adeudo.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 42 Bis. Las reclamaciones sobre el historial por incumplimiento de obligaciones alimentarias deberán tramitarse ante la autoridad judicial que haya ordenado la inscripción, quien resolverá lo conducente y puede tener como consecuencia la eliminación, modificación o confirmación del historial. Esta resolución deberá ser notificada inmediatamente al Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos y a las Sociedades.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría Ejecutiva tendrá un plazo máximo de dos años para crear el registro nacional de deudores alimentarios morosos a partir de la publicación del presente decreto, así como para expedir las disposiciones reglamentarias a que se refiere el primer párrafo del artículo 113 ter de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Tercero. Las entidades federativas tendrán un plazo máximo de 12 meses para adecuar su marco normativo a lo dispuesto en el presente decreto a partir de su publicación y crear sus registros estatales de deudores alimentarios morosos.

Cuarto. Las Sociedad de Información Crediticia tendrán un plazo máximo de dos años y seis meses para implantar la base de datos que contendrá el historial por incumplimiento de obligaciones alimentarias y para expedir los reportes de crédito en los términos de lo dispuesto en este decreto.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Cuéntame de México, población,

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/hogares.aspx?tema=P

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Cuéntame de México, Matrimonio,

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/myd.aspx?tema=P

3 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incidencia delictiva del fuero común 2020,

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delict iva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published

4 Diario Oficial de la Federación,

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5433963&fecha =21/04/2016

5 Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110121. pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.– Diputadas y diputados: Alma Carolina Viggiano Austria, Mariana Erandi Nassar Piñeyro, Carolina Dávila Ramírez, Sue Ellen Bernal Bolnik, Johana Montcerrat Hernández Pérez, Cristina Amezcua González, Alan Castellanos Ramírez, Frinné Azuara Yarzábal (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 5o., 10 y 11 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 78, numeral 1, 73, 77, fracción III, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Infraestructura de la Calidad.

La presente iniciativa se presenta con el fin de contribuir a fortalecer y estimular el desarrollo de estándares así como incluir en las normas oficiales mexicanas dicha certificación; permitiendo que la industria de la construcción, comercializadores y distribuidores de materiales que involucra una edificación incluyendo lo relacionado con las instalaciones hidrosanitarias, los elementos resistentes al fuego, los acabados, los elementos para la climatización de un espacio, el uso de la energía eléctrica, entre otros sean sustentables con el medio ambiente.

Las construcciones sustentables no son más que las construcciones que buscan el desarrollo sustentable, es decir, aquellas obras planificadas, diseñadas, construidas y optimizadas desde su origen, para un aprovechamiento de los recursos naturales, un menor uso de los recursos no renovables y en consecuencia un menor impacto al medio ambiente y la salud de las personas, en resumen, los edificios que perjudican al medio ambiente en la menor medida posible 1.

Los edificios constituyen significativos elementos que definen el entorno de las ciudades. Construyen espacios en los que vivimos y trabajamos todos los días, crean escenarios para la identidad de los habitantes de una comunidad. Así mismo, la edificación, ejerce influencia estética y sobre la calidad ambiental en su conjunto. En este sentido, y teniendo en cuenta aspectos de índole energética, el consumo energético 2 en el uso residencial es responsable de la emisión de millones de toneladas de contaminantes al ambiente 3.

Respecto al estudio publicado denominado La Edificación Sustentable (Normativa en México) del maestro Alejandro Cervantes Abarca y el arquitecto Alberto Ramírez Alférez ,cito: Los edificios y el entorno de la edificación conllevan asociado igualmente un enorme consumo de recursos, agua y otras materias primas. Así, como toneladas de residuos de construcción y demolición. El consumo de áridos en este sector es de 16 millones 300 mil toneladas. A este respecto, se pone de manifiesto que los residuos de construcción y demolición aumentan 4 de año en año, tanto en volumen como en complejidad, hecho este último que limita la posibilidad de reutilización y reciclado de los mismos (en el momento actual sólo alrededor de 28 por ciento), aumentando la necesidad de ocupación del suelo (en los vertederos) y la extracción de minerales.

La edificación, sin embargo, no sólo presenta implicaciones ambientales 5. No olvidemos que los edificios son los espacios en los que vive la gente. En México, la gente pasa cerca de 85 por ciento de su tiempo dentro de los edificios. Un diseño pobre y malos métodos de construcción pueden tener efectos significativos en la salud de los edificios y de sus ocupantes dando lugar a edificios caros de mantener, en los que difícilmente se alcanza el confort térmico y con claros efectos negativos sobre el modo de vida de la población anciana y de grupos sociales con menores recursos.

 Hacer notar que no obstante el amplio marco jurídico y normativo aplicable a la edificación, se adolece de un referente nacional que establezca los estándares básicos en materia de sustentabilidad que deben satisfacer las edificaciones para contribuir a reducir de manera permanente su impacto ambiental directo e indirecto, de forma que sea compatible con estándares internacionales 6.

Un cambio en el modo de diseñar, construir, mantener, renovar y demoler los edificios (y su entorno) permitirá establecer una situación de mejora en las prestaciones ambientales, económicas y sociales de los pueblos y ciudades y en la calidad de vida de los ciudadanos. Así, se puede establecer que una construcción sostenible es un proceso en que todos los actores implicados (los propietarios, los ingenieros, los arquitectos, los constructores, los suministradores de materiales, la administración reguladora, etcétera) integran todas las consideraciones funcionales, económicas, ambientales y de calidad para producir y renovar los edificios y su entorno de modo que estos sean: atractivos, durables, funcionales, accesibles, confortables y saludables para vivir en ellos y utilizarlos, promoviendo el bien hacer en todo aquello que esté en contacto con los mismos.

Eficientes en relación con el uso de recursos, en particular en lo referente al consumo de energía, materiales y agua, favoreciendo el uso de energías renovables 7, necesitando poca energía exterior para su adecuado funcionamiento haciendo un uso adecuado de la lluvia y de las aguas subterráneas y gestionando adecuadamente las aguas residuales, utilizando materiales amigables con el medio ambiente que puedan ser fácilmente reciclados o reutilizados y que no contengan productos peligrosos y que puedan ser depositados con seguridad.

Respetuosos con su vecindad, con la cultura local y el patrimonio. Competitivos económicamente, especialmente cuando se toma en consideración el largo ciclo de vida asociado a los edificios, hecho que implica a aspectos tales como costos de mantenimiento, durabilidad y precios de reventa de los edificios”.

En este sentido, también el artículo de la revista “Especificar, soluciones para agua, energía y sustentabilidad”, resalta un importante argumento el cual señala que:

“Diversas representaciones que promueven la edificación sustentable han solicitado el desarrollo de varias normas relacionadas con este tema, como la NMX-C-577-ONNCCE, Calidad del Ambiente Interior. Esta norma define los criterios de diseño en la edificación que procure un mejor ambiente interior y saludable, además del confort, vinculado a la eficiencia energética. Considera, asimismo, la mejor ventilación, el uso de equipamiento adecuado y necesario del acondicionamiento y calidad del aire, los sistemas pasivos de ventilación, así como los materiales adecuados basados en el uso y destino de la edificación” 8.

Alcanzar edificaciones sustentables requiere del desarrollo de procesos integrales, acciones y estrategias encaminadas a la protección del medio ambiente.

Para mayor claridad de la reforma legal que se propone observar el siguiente cuadro comparativo:

Ley de Infraestructura de la Calidad

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 5, 10 y 11 de La Ley de Infraestructura de la Calidad

Único. Se reforman y adicionan diversos artículos de los Artículos 5, 10 y 11 de La Ley de Infraestructura de la Calidad, para quedar como sigue:

Artículo 5. El Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, se sustenta en los siguientes principios generales:

I. a X. ...

XI. Sostenibilidad. Las actividades de normalización, estandarización, acreditación, evaluación de la conformidad y metrología se basan en el desarrollo sostenible, teniendo presente un impacto positivo en los sectores económicos, de la construcción e industriales del país.

XII. a XII. ...

Artículo 10....

Para efectos de esta Ley, se consideran como objetivos legítimos de interés público:

I. a XIV. ...

XV. La edificación sustentable;

XVI. y cualquier otra necesidad pública, en términos de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 11. En el Reglamento de esta Ley se establecerán los términos en que se desarrollarán los elementos complementarios que deberán contener la regulación que regirá, entre otros, la normalización para la industria de la construcción, vías generales de comunicaciones, seguridad vial, la protección del derecho a la información, protección al medio ambiente, sostenibilidad, seguridad alimentaria y protección a la sanidad animal y vegetal, así como aquélla relacionada con el fomento y protección de denominaciones de origen.

...

En materia de construcción las normalizaciones para edificaciones deberán establecer procesos, materiales y funcionamiento energético, de consumo de agua y desagüe que sea sostenible con el medio ambiente.

Primero. Una vez aprobado el presente decreto la Secretaría de Economía adecuará las normas oficiales mexicanas en materia de la industria de la construcción y edificaciones sustentables, así como su reglamento.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.klarea.mx/blog/que-son-las-construcciones-sustentables

2 https://www.redalyc.org/journal/4779/477957975006/html/

3 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186- 72102016000100115

4 http://www.ii.unam.mx/es-mx/Investigacion/Proyecto/Paginas/Resi-duosdeconstrucc ionydemolicion.aspx

5 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05 652010000300005

6 https://administracionytecnologiaparaeldiseno.azc.uam.mx

7 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web& cd=&ved=2ahUKEwioj62H89bzAhVOlmoFHTYHCF8QFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fw ww.revistaciencia.amc.edu.mx%2Fimages%2Frevista%2F61_2%2FPDF%2FEnergiaCasas.pdf &usg=AOvVaw39_yJQ5jQJFCadiGhNu2AN

8 https://www.especificarmag.com.mx/-qu–cambia-con-la-ley-de-la-infraestructura-de-la-calidad-.html

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 17 de noviembre de 2021.– Diputados y diputadas: Manuel Rodríguez González, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Sandra Simey Olvera Bautista, Emmanuel Reyes Carmona (rúbricas)»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 71 y 72 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, suscrita por la diputada Krishna Karina Romero Velázquez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Krishna Karina Romero Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio y con arreglo a las facultades y atribuciones conferidas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII del artículo 71 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en atención de la siguiente

De acuerdo con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la movilidad es la “capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de las personas y bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad universal, así como la sustentabilidad de la misma”.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), señala que la movilidad en las ciudades impacta directamente a sus habitantes, su calidad de vida, productividad laboral, salud física y mental y hasta su vida familiar, además de ser también un elemento clave para la competitividad de las ciudades, pues determina cómo se mueve el talento para realizar sus actividades diarias. 1

En nuestro país, derivado de una mala planificación urbana y el crecimiento poblacional, principalmente de las zonas metropolitanas, hace necesario la implementación de una movilidad sustentable que privilegie la utilización de medios de transporte y movilidad no motorizados y que sean amigables con el medio ambiente, además de ser accesibles para la ciudadanía, tales como transporte público a través de entre otros: tren ligero, tren suburbano, metro, así como el uso de la bicicleta.

El Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, señala que este tipo de medios de movilidad sustentable tienen múltiples beneficios para el ambiente, al no emitir gases, no despilfarrar energía e inclusive ayudan a reducir las emisiones de dióxido de carbono. Mientras que, con relación a los beneficios sociales, son medios de transporte colectivos e individuales que promueven una mayor inclusión y son alternativas viables para recorrer distancias a un bajo costo. 2

Respecto del uso de la bicicleta como medio de movilidad sustentable, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), infiere que la bicicleta es un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico que contribuye a la gestión ambiental y beneficia la salud, 3 además, fomenta la tolerancia, el entendimiento y el respeto para facilitar la inclusión social y la cultura de paz.

A nivel nacional, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 21.2 por ciento de las viviendas del país cuentan con bicicleta, la cual, la utilizan como medio de transporte. 4

En este sentido, si bien el uso de la bicicleta como medio de movilidad sustentable promueve la disminución de CO2, es accesible, de fácil manejo, además de ser un medio de transporte barato que mejora la salud física y emocional. No obstante, como bien señala el Instituto Belisario Domínguez, 5 esta alternativa requiere de mayor atención por parte de las autoridades encargadas de planificar la movilidad en las grandes urbes, ya que los carriles exclusivos son insuficientes, los sistemas de acceso público son limitados y de alto costo para un sector de la población, no hay suficientes espacios para estacionar las bicicletas o guardarlas, además existe una desigualdad de espacios para transitar y no se les da prioridad en cuestión de seguridad vial a los ciclistas.

En virtud de lo anterior, la presente iniciativa busca reformar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a fin de establecer que, en las políticas y programas de movilidad de los tres órdenes de gobierno, se deba promover, fomentar y estimular el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte no contaminante, así como procurar las condiciones de seguridad y cultura vial y de respeto de ciclistas y la construcción de infraestructura como ciclovías y bici estacionamientos.

Fomentar y mejorar las condiciones para la utilización de la bicicleta es una solución fundamental de movilidad para ayudar a las ciudades a desvincular el crecimiento urbano del aumento de las emisiones contaminantes, mejorando la calidad del aire, la seguridad vial y la salud de las personas. 6

Dicha propuesta toma relevancia si se considera que el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (Inegycei), indica que México se ubica entre los 13 países más contaminantes del mundo, al emitir 737 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), el principal causante del calentamiento global.

Por su parte, ONU Hábitat indica que las ciudades mexicanas padecen serios problemas de contaminación ambiental, siendo el sector del transporte una de sus principales causas al contribuir con 20.4 por ciento de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), de los cuales 16.2 por ciento proviene del subsector automotor, en su mayoría, por viajes en transporte individual motorizado. 7

En algunas zonas metropolitanas como en el Valle de México las emisiones generadas por vehículos representan hasta 60 por ciento de la contaminación total por partículas suspendidas gruesas. Dicha situación provoca que cada año en nuestro país según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) mueran en nuestro país 14 mil 700 personas a causa de enfermedades asociadas a la contaminación del aire. 8

Impulsar el uso de la bicicleta como medio de movilidad sustentable a lo largo de nuestro país, ayudará a combatir el cambio climático y promover una mejor calidad de aire para futuras generaciones, así como impulsará el desarrollo económico y traerá grandes impactos positivos en la salud de la ciudadanía, por ello es fundamental su integración dentro de las políticas y programas de movilidad.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 72 y se adiciona la fracción XII del artículo 71, ambos a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Artículo Único. Se reforma la fracción II del artículo 72 y se adiciona la fracción XII del artículo 71, ambos a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

Artículo 71. Las políticas y programas de movilidad deberán:

I. a XI. ...

XII. Promover, fomentar y estimular el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte no contaminante, así como procurar las condiciones de seguridad y cultura vial y de respeto de ciclistas y la construcción de infraestructura como ciclovías y bici estacionamientos.

Artículo 72. ...

I. ...

II. La gestión de instrumentos en la materia, tales como: cargos por congestión o restricciones de circulación en zonas determinadas; infraestructura peatonal, ciclista o de pacificación de tránsito; sistemas integrados de transporte; zonas de bajas o nulas emisiones; cargos y prohibiciones por estacionamientos en vía pública; fomento del uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte no contaminante, estímulos a vehículos motorizados con baja o nula contaminación; restricciones de circulación para vehículos de carga y autos; tasas diferenciadas del impuesto de la tenencia que consideren la dimensión o características de los vehículos motorizados, entre otros, y

III. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 El Índice de Movilidad Urbana (IMU)  2019 IMCO; disponible en la pág web.-

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2019/01/I%CC%81ndice-de-M ovilidad-Urbana_Documento.pdf; consultado el día 12-11-21.

2 La bicicleta como medio de transporte en la Movilidad Sustentable; Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, disponible en la pág. web.-

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789 /3971/CA_23.pdf?sequence=1&isAllowed=y, consultado el día 17-11-21.

3 Día mundial de la bicicleta; ONU, disponible en la pág. web. -

https://onu.org.gt/fechas-onu/dias-internacionales/junio/dia-mun dial-de-la-bicicleta/; consultado el día 01-10-21.

4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/ espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825197711.pdf

5 La bicicleta como medio de transporte en la Movilidad Sustentable; Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, disponible en la pág. web.-

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789 /3971/CA_23.pdf?sequence=1&isAllowed=y, consultado el día 17-11-21

6 ¿Pueden ser las bicicletas un medio para la recuperación verde post Covid-19?; ONU Hábitat, disponible en

https://onuhabitat.org.mx/index.php/pueden-ser-las-bicicletas-un -medio-para-la-recuperacion-verde-post-covid-19.

7 Contaminación, automóviles y calidad del aire; ONU Hábitat, disponible en la pág. web. -

https://onuhabitat.org.mx/index.php/contaminacion-automoviles-y- calidad-del-aire; consultado el día 17-11-21.

8 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2021.– Diputada Krishna Karina Romero Velázquez (rúbrica).»

«Iniciativa que expide la Ley del Sistema Nacional de Coordinación de la Seguridad Social, a cargo de la diputada Susana Cano González, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada Susana Cano González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley del Sistema Nacional de Coordinación de la Seguridad Social.

Si partimos de la premisa de que la seguridad social es un derecho humano, base del bienestar de los pueblos y facilitador de la paz, que, a través del establecimiento de instituciones y programas de previsión y asistencia puede lograr la prosperidad, el bienestar individual, colectivo y la felicidad; entonces resulta necesario visibilizar los retos presentes y futuros en un momento de encrucijada, en el que se dificulta el acceso a la seguridad social de un buen número de personas.

Puesto que la concepción moderna de “seguridad social” considera la protección de toda la población, algunos autores han considerado que ha habido una vuelta a los regímenes de asistencia, sin embargo; la protección social en la actualidad es una de las herramientas indispensables de la política social del Estado. 1

Y es que el objetivo fundamental de la seguridad social consiste en buscar la realización plena del ser humano, el derecho a la salud, la protección a sus medios de subsistencia, así como la garantía de los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. 2

En este sentido, la seguridad social se puede traducir en la posibilidad de logro de una calidad de vida que impida el estado de necesidad y el desamparo social; 3 por ello, en la medida en que sea accesible al mayor número de personas, habrá un mayor nivel de bienestar y paz.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Informe mundial sobre la protección social 2017-2019: la protección social universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 4 señala que la protección social o seguridad social es un derecho humano, definido como un conjunto de políticas y programas diseñados para reducir y prevenir la pobreza y la vulnerabilidad en todo el ciclo de vida, además de que desempeña un papel decisivo en el logro del desarrollo sostenible y la justicia social.

Este derecho fue reconocido en varios instrumentos internacionales —la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), el Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, entre otros—, entendido como sinónimo de protección social en el derecho internacional de los derechos humanos; lo que ha generado un avance que se ha reflejado en la incorporación de un enfoque de derechos en una diversidad de instrumentos de política social, que no es sólo una opción más de política pública, sino que se ha convertido en una obligación asumida a través de las constituciones, los tratados internacionales y las leyes nacionales. 5

Por ello es relevante tomar en cuenta el concepto amplio de seguridad social que la propia OIT en 2007, en la Campaña Mundial sobre Seguridad Social y Cobertura para Todos, señala como el conjunto de instituciones, medidas, derechos y obligaciones cuyo objetivo principal es proporcionar de conformidad con reglas específicas, la seguridad de los ingresos y la asistencia sanitaria a cada miembro de la sociedad. 6

Lo anterior es sumamente importante, pues la seguridad social constituye un derecho humano que debe ser garantizado a toda persona, independientemente de su condición económica, o si se encuentra dentro de un régimen formal o informal de trabajo, incluso si no forma parte de un grupo económicamente activo de la sociedad, cuyo objetivo es contribuir al bienestar personal y social.

Este derecho incluye además un conjunto de transferencias y servicios de carácter público y solidario que recaen en el Estado, y que busca la protección frente a riesgos sociales, reduciendo la vulnerabilidad, promoviendo la recuperación de aquellas consecuencias que puedan generar un riesgo social materializado, lo cual significa dignificar las distintas etapas de la vida, a través de la promoción, inclusión y reconocimiento de la diversidad social. 7

Sin embargo, en México existe una gran diversidad de programas sociales que, en ocasiones, más que benéfico, resulta un problema en la estructura de la política de desarrollo. Pues la disgregación de los recursos aplicados a cada uno de dichos programas, genera una fragmentación que provoca una falta de efectividad.

La experiencia internacional ha mostrado que ahí donde existen diversas instituciones encargadas de la seguridad social, es necesario que existan estrategias de vinculación que promuevan la actividad estatal homogénea con la finalidad de que la distribución de los recursos se ejecute priorizando a las personas más necesitadas y considerando un aumento gradual de los beneficios que gozan. 8

El caso francés, que garantiza la seguridad social en su artículo 34 constitucional, es un buen ejemplo de la implementación de un sistema integral que ayude a garantizar estos derechos, pues a través de las contribuciones de los empleadores y empleados se han creado diversos regímenes que pretenden extender la protección social a tantas personas como sea posible.

El Sistema de la Seguridad Social en Francia consta de cinco grandes apartados:

1. El régimen general, que cubre a la mayoría de los trabajadores por cuenta ajena, así como a otras categorías de personas (estudiantes, beneficiarios de determinadas prestaciones, residentes) que, a lo largo de los años, han estado afiliados;

2. Los regímenes especiales de los trabajadores por cuenta ajena de los cuales algunos cubren todos los riesgos y otros solo el seguro de vejez (los nacionales dependen en dicho caso del régimen general para cubrir los demás riesgos);

3. El régimen agrícola, que engloba todos los riesgos, pero en dos líneas distintas: los agricultores autónomos y los trabajadores agrícolas por cuenta ajena;

4. Los regímenes de trabajadores autónomos no agrícolas: existen tres regímenes para el seguro de vejez de los trabajadores autónomos (artesanos, comerciantes e industriales así como profesiones liberales) y un régimen del seguro de enfermedad;

5. Los regímenes del desempleo y los regímenes obligatorios de las pensiones complementarias.

El régimen general, como puede verse, es el más amplio de los que componen el sistema de seguridad social francés, por lo que es necesario que se exponga cuáles son las ramas que lo componen:

“ La rama de enfermedad, maternidad, invalidez y fallecimiento;

“ La rama de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales;

“ La rama de vejez;

“ La rama de la familia. 9

Como puede apreciarse, este sistema integral de seguridad social se divide en diversos apartados que contemplan a grupos sociales diferentes, así como ramas de atención que se manifiestan a través de la garantía de derechos específicos en función de las necesidades de esos grupos.

Esto se hace posible a través del trabajo coordinado de las instituciones y ministerios involucrados en la atención de la población en situación de vulnerabilidad en el país en cuestión.

Todo lo anterior es muestra clara de que existe la necesidad de la creación de un sistema que vincule a las diversas instituciones de los niveles y órdenes de gobierno mexicano con la finalidad de constituir un eje rector que proponga medidas homogéneas que ayuden a paliar definitivamente los retos que enfrenta la seguridad social en México.

La planificación adecuada en esa materia requiere de la vinculación interinstitucional en la que los esfuerzos conjuntos generen información suficiente que promueva la retroalimentación necesaria para dar continuidad a las estrategias exitosas y subsanar o suspender aquellas que presentan resultados negativos; generando así, responsabilidades compartidas en las que la atención a los derechohabientes —y al resto de la población— contemple las condiciones reales en que viven ellos y sus familias.

Teniendo en cuenta como principal objetivo, la erradicación de las condiciones de vulnerabilidad, discriminación, desigualdad económica y marginación social en que viven millones de familias en nuestro país.

Por lo antes expuesto, se propone el siguiente proyecto de

Decreto por el cual se expide la Ley del Sistema Nacional de Coordinación de la Seguridad Social

Único. Se expide la Ley del Sistema Nacional de Coordinación de la Seguridad Social que establece la creación del sistema que coordina y vincula a las diversas dependencias encargadas de la realización de la seguridad social en el país.

Ley del Sistema Nacional de Coordinación de la Seguridad Social

Artículo 1. Esta ley es de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Artículo 2. La presente ley tiene por objeto la creación e implementación de un sistema de coordinación que vincule a las distintas dependencias públicas, federales o locales y los organismos descentralizados encargadas de la realización de la seguridad social en el país; tomando como eje rector los principios de universalidad y solidaridad, para el funcionamiento del Sistema Nacional de Coordinación de la Seguridad Social, previsto en el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para lograr establecer medidas que protejan, garanticen y hagan efectivo el derecho a la seguridad social de todas las personas, por medio de mecanismos institucionales que orienten al Estado hacia esos fines.

Artículo 3. Son sujetos de los derechos que establece esta ley, los hombres y mujeres que se encuentren en territorio nacional sean o no trabajadores inscritos dentro de un régimen formal laboral.

Artículo 4. Son principios rectores de la presente ley:

I. La universalidad

II. La solidaridad

III. La igualdad

IV. La subsidiariedad

V. La obligatoriedad

Artículo 5. Son objetivos de esta Ley:

I. Fijar los mecanismos para la coordinación y vinculación entre las distintas entidades a quienes corresponde la realización de la seguridad social; estableciendo así los pisos mínimos para la efectiva promoción y ejercicio del derecho a la seguridad social de manera uniforme y bajo parámetros de universalización;

II. Reglamentar tanto el funcionamiento como la estructura del Sistema Nacional de Coordinación de la Seguridad Social, del Consejo de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Social, de su Junta Ejecutiva, del Comité de Análisis y Evaluación, del Registro Nacional de la Seguridad Social, así como de la Delegación Técnica Especializada;

III. Establecer las pautas para la creación de los sistemas físicos y electrónicos para el intercambio, actualización y sistematización de la información generada por las dependencias encargadas del desarrollo, ejecución y realización de la seguridad social;

IV. Fijar las bases de cooperación entre las distintas instituciones y dependencias que se encuentran a cargo de la seguridad social, para estar en posibilidad de generar insumos para las políticas públicas nacionales en la materia;

V. Establecer una política para el tratamiento de la información que formará parte del Registro Nacional de la Seguridad Social, para lograr una comunicación y vinculación de datos estadísticos, de desarrollo, de procesos de las distintas unidades administrativas de las dependencias encargadas de la realización de la seguridad social;

VI. Fijar las bases necesarias para el diseño y evaluación de una política nacional en materia de seguridad social;

VII. Establecer las pautas que permitan generar estudios completos y análisis de las distintas políticas económicas y financieras, así como la elaboración de estudios actuariales, de infraestructura y de servicios que permitan analizar a las diferentes instituciones que tienen a cargo la seguridad social;

VIII. Establecer la forma en la que será tratada la información que permita dar continuidad a las estrategias exitosas y subsanar o suspender aquellas que presentan resultados negativos en la materia.

Artículo 6. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Coordinación de la Seguridad Social es el conjunto de medidas, herramientas, mecanismos, políticas e insumos interinstitucionales, tendientes a coordinar a las distintas dependencias públicas, federales o locales y los organismos descentralizados encargadas de la realización de la seguridad social, con el objetivo de generar información suficiente y oportuna que permita fijar una política nacional clara en la materia, que tome en cuenta a todos los sectores de la población y las distintas realidades sociales; propiciando la retroalimentación e intercambio de información y de pautas de trabajo entre dichas dependencias, posibilitando la mayor cobertura posible de la seguridad social hacia todas las personas.

Consejo de Coordinación: El Consejo de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Social es el organismo conformado por los titulares de las dependencias públicas, federales, y los organismos descentralizados encargadas de la realización de la seguridad social, así como del titular de la Secretaría de Salud.

Junta Ejecutiva: al organismo que apoya técnicamente al Consejo de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Social.

Comité: El Comité de Análisis y Evaluación es el organismo especializado en la materia, encargado de evaluar la política nacional de seguridad social.

Registro Nacional: El Registro Nacional de la Seguridad Social es la plataforma informática operada por las distintas instituciones públicas de seguridad social y constituida por el conjunto de bases de datos correspondientes a cada una de estas instituciones públicas.

Delegación Técnica Especializada: al conjunto de operadores técnicos especializados en el tratamiento y manejo de información proveniente de las distintas entidades de protección social.

Artículo 7. El Sistema Nacional de Coordinación de la Seguridad Social tiene como finalidad coordinar y vincular a las distintas dependencias públicas, federales o locales y los organismos descentralizados encargadas de la realización de la seguridad social en el país, para gestionar la información, políticas, medidas, dinámicas, modelos de trabajo y acciones implementadas por éstas, en materia de seguridad social; logrando así una retroalimentación entre ellas que haga posible la configuración de este nuevo sistema, con base en dicha coordinación, que tome en cuenta a todos los sectores de la población y las distintas realidades sociales; para la consecuente construcción de una clara política nacional integral y uniforme en la materia. 

Artículo 8. El Sistema Nacional tendrá la siguiente integración:

I. Un Consejo de Coordinación del Sistema Nacional de la Seguridad Social;

II. Una Junta Ejecutiva;

III. Un Comité de Análisis y Evaluación;

IV. Un Registro Nacional de la Seguridad Social, y

V. Una Delegación Técnica Especializada.

Artículo 9. El Consejo de Coordinación es el ente cuya responsabilidad está dirigida a fijar los mecanismos, herramientas y medidas entre quienes integran el Sistema Nacional, además de que a su cargo se encuentra la propuesta y construcción de la política integral nacional en materia de seguridad social.

Artículo 10. Son facultades del Consejo de Coordinación:

I. El establecimiento de un Plan General de Trabajo para cumplimiento del objetivo de dicho Sistema;

II. La estructura, diseño y promoción de la política integral nacional de seguridad social;

III. Gestionar la información necesaria de las dependencias encargadas de la seguridad social, para construcción de la política integral nacional en la materia;

IV. El establecimiento y articulación de los procesos, medidas y mecanismos para la correcta coordinación entre las entidades encargadas de la seguridad social;

V. Elegir a los integrantes del Comité

VI. Determinar los procesos de tratamiento, recolección, intercambio, organización y actualización de la información que sobre la materia produzcan las instituciones de seguridad social;

VII. Instrumentar la ejecución y operatividad del Registro Nacional;

VIII. Establecer los lineamientos necesarios para operar la coordinación de las dependencias que conforman el Consejo de Coordinación;

IX. Las demás que esta Ley señala.

Artículo 11. El Consejo de Coordinación tiene la obligación de emitir un informe anual de resultados, en el que se señalen las medidas, políticas y acciones ejecutadas en la materia, el cual será evaluado por el Comité.

Artículo 12. El Consejo de Coordinación se integrará por:

I. El titular de la Secretaría de Salud

II. El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social;

III. El titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y,

IV. El titular del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Artículo 13. Será obligación de los titulares de las instituciones señaladas en las Fracciones II a IV, del artículo anterior, coordinar a su vez a las distintas delegaciones que las integran, para lograr un trabajo conjunto de conformidad con los objetivos y principios del Sistema Nacional.

Artículo 14. El Consejo de Coordinación deberá elegir a un presidente de entre sus miembros, el cual durará un año en el encargo, y deberá ser rotativo.

Artículo 15. La presidencia del Consejo de Coordinación tiene las siguientes atribuciones y facultades:

I. Presidir las sesiones del Sistema Nacional y del Consejo de Coordinación;

II. Fungir como representante del Consejo de Coordinación;

III. Llevar a cabo la convocatoria de las sesiones, por medio de la Secretaría Técnica;

IV. Fungir como presidente de la Junta Ejecutiva;

V. Emitir el nombramiento de la Secretaría Técnica;

VI. Entregar el informe anual de resultados al Comité, para su correspondiente aprobación y publicación;

VII. Dar seguimiento a los acuerdos de las sesiones del Consejo de Coordinación, por medio de la Junta Ejecutiva;

VIII. Emitir observaciones y recomendaciones al Comité respecto de su dictamen anual;

IX. Las demás que señalen las reglas de funcionamiento del Consejo de Coordinación.

Artículo 16. El Consejo de Coordinación llevará a cabo reuniones ordinarias cada cuatro meses. Y se podrán solicitar reuniones extraordinarias a petición del presidente del Consejo de Coordinación, cuya convocatoria deberá hacerse por medio de la Secretaría Técnica.

Es necesaria la mayoría de los integrantes del Consejo de Coordinación, para que este pueda sesionar.

Artículo 17. Los titulares de las instituciones encargadas de la seguridad social que integran el Consejo de Coordinación podrán invitar a uno o varios delegados de dichas instituciones, a participar en las reuniones; quienes podrán asistir con voz pero sin voto.

Artículo 18. El Sistema Nacional también sesionará, siempre y cuando exista convocatoria por medio del Consejo de Coordinación.

Artículo 19. Todas las determinaciones de las sesiones serán tomadas por mayoría de votos, con excepción de aquellas en las que haya necesidad de una mayoría calificada; de conformidad con lo que esta Ley establezca.

El voto de calidad estará a cargo del presidente del Consejo de Coordinación cuando exista empate con respecto al voto. Asimismo, los integrantes del Consejo de Coordinación tendrán la facultad de emitir votos particulares de los temas y asuntos aprobados.

Artículo 20. La Junta Ejecutiva es el organismo que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía de gestión y técnica, con estructura para operar, así como para cumplir con sus objetivos.

Artículo 21. La finalidad de la Junta Ejecutiva es fungir como órgano de apoyo técnico al Consejo de Coordinación, a efecto de que este pueda cumplir con sus objetivos y funciones, conforme a lo establecido en el artículo 4, Párrafo IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 22. El patrimonio de la Junta Ejecutiva se integra de la siguiente manera:

I. Recursos derivados del presupuesto de egresos de la Federación;

II. Todos aquellos bienes transmitidos por el Gobierno Federal para el cumplimiento de sus funciones;

III. Todos aquellos bienes transmitidos por otro título.

Artículo 23. La Junta Ejecutiva estará integrada por los miembros del Consejo de Coordinación y su presidencia recaerá a su vez en el presidente del Comité.

Artículo 24. La Junta Ejecutiva llevará a cabo tres sesiones ordinarias anuales, así como extraordinarias, de acuerdo con las necesidades de los temas que le sean relevantes. Dichas sesiones se harán por convocatoria del presidente del Comité o a solicitud de al menos tres integrantes de la Junta Ejecutiva.

Para que las sesiones ordinarias tengan validez, se requiere de la presencia de la mayoría de sus integrantes. Sus determinaciones serán validadas a su vez por mayoría de votos, que en caso de empate lo resolverá el voto de calidad de su presidente.

Artículo 25. Son requisitos para ser Secretario Técnico:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce y ejercicio de sus derechos;

II. Tener al menos 34 años de edad el día de la designación;

III. Experiencia verificable de al menos 4 años en la materia de seguridad social;

IV. Contar con título de licenciatura con al menos seis años anteriores al día de la designación, y con experiencia y conocimientos en la materia;

V. No haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos tres años anteriores al día de la designación;

VI. No ser secretario de Estado, ni Procurador o Fiscal General de la República y/o Fiscal o Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la Administración Pública Federal o estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernador, ni secretario de Gobierno, ni Consejero de la Judicatura.

Artículo 26. El presidente de la Junta Ejecutiva someterá al Consejo de Coordinación, cinco propuestas de personas que cumplan con los requisitos que para ser designado Secretario Técnico, señala la presente Ley.

Artículo 27. El nombramiento y remoción de la Secretaría Técnica se hará por medio del voto de cuatro de los integrantes de la Junta Ejecutiva. Durará 3 años en el encargo y no habrá posibilidad de reelección.

Artículo 28. La Dirección de la Junta Ejecutiva corresponde al Secretario Técnico.

Artículo 29. Son funciones del Secretario Técnico:

I. Fungir como Secretario del Consejo de Coordinación;

II. Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo de Coordinación y de la Junta Ejecutiva;

III. Administrar el Registro Nacional y garantizar el acceso a este al Consejo de Coordinación, a la Junta Ejecutiva, a la Delegación Técnica Especializada y al Comité;

IV. Elaborar y organizar los proyectos de calendarización de los trabajos del Consejo de Coordinación, de la Junta Ejecutiva y del Comité;

Artículo 30. El Comité tiene como objetivo evaluar la política nacional de seguridad social, emitida por el Consejo de Coordinación, por medio de un dictamen anual.

Artículo 31. El Comité será electo por el Consejo de Coordinación para un periodo de cuatro años, sin posibilidad de reelección, y estará conformado por seis mexicanos o mexicanas especialistas en la materia.

Artículo 32. Los miembros del Comité no podrán ocupar, durante el tiempo de su encargo, algún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán.

En la conformación del Comité se procurará que prevalezca la equidad de género.

Artículo 33. Para la elección de los miembros del Comité se llevará a cabo el siguiente procedimiento:

I. Se hará una convocatoria pública haciendo un llamado a las instituciones de educación superior y de investigación, a las organizaciones de la sociedad civil así como al público en general, para postulación de candidatos o candidatas que cumplan el perfil;

II. La convocatoria establecerá las bases, plazos, metodología y criterios de selección de los integrantes;

III. La convocatoria se deberá hacer pública;

IV. Se deberá publicar la lista de los aspirantes;

V. La sesión en la que se realice la designación de los integrantes del Comité deberá ser pública y responderá a la votación de la mayoría de los miembros del Consejo de Coordinación;

Artículo 34. El mismo Comité nombrará a su presidente, quien durará un año en el encargo, el cual será rotativo. Se reunirá por solicitud de la mayoría de sus integrantes con previo requerimiento del presidente.

Las determinaciones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. No habrá voto de calidad, por lo que en caso de empate, se deberá recurrir a una nueva votación.

Artículo 35. Son atribuciones y facultades del Comité:

I. Elaborar su programa anual de trabajo;

II. Realizar propuestas sobre la política nacional integral en materia de seguridad social en el tiempo en el que no hayan sesiones del Consejo de Coordinación;

III. Presentar su dictamen anual relativo al estudio y análisis de la política nacional en materia de seguridad social que emita el Consejo de Coordinación,

IV. Evaluar el informe anual de resultados del Consejo de Coordinación;

V. Proponer al Consejo de Coordinación:

a) Proyectos de coordinación interinstitucional entre las distintas dependencias encargadas de la seguridad social;

b) Pautas de mejora a la Junta Ejecutiva para la puesta en marcha del Registro Nacional;

c) Metodologías de estudio, análisis y evaluación de las medidas que en materia de seguridad social se lleven a cabo;

VI. Evaluar y dar seguimiento al Sistema Nacional;

Artículo 36. El Consejo de Coordinación será el encargado de elaborar los lineamientos y medidas para el funcionamiento del Registro Nacional, que permita cumplir con las finalidades de esta ley.

El Registro Nacional será administrado por la Junta Ejecutiva a través de la Secretaría Técnica

Artículo 37. El Registro Nacional se conforma por la información proveniente de cada una de las dependencias e instituciones encargadas de la realización de la seguridad social. Por lo que deberá contener al menos los siguientes esquemas de información electrónica referente a dichas instituciones:

I. Número de afiliados o derechohabientes;

II. Tipo de prestaciones sociales otorgadas;

III. Tipo de seguros;

IV. Tipos de poblaciones a las que se otorgan los beneficios;

V. Información general y específica sobre pensiones;

VI. Presupuesto otorgado;

VII. Programas especiales de atención y,

VIII. Toda aquella información que generan, utilizan, procesan, usan, obtienen, almacenan o divulgan las dependencias encargadas de realizar la seguridad social y que constituye información relevante en la materia.

Cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de la información señalada en las fracciones de este artículo, siempre estará sujeta a las disposiciones de carácter general en materia de datos y acceso a la información pública.

Artículo 38. La información que integra el Registro Nacional, deberá responder a un mecanismo de centralización de la información de las distintas dependencias que conforman el Consejo de Coordinación.

Artículo 39. El funcionamiento del Registro Nacional será conforme a los lineamientos y bases emitidos por el Consejo de Coordinación.

Artículo 40. El Sistema Nacional garantizará en todo momento la seguridad, estabilidad y consistencia del Registro Nacional, estableciendo la uniformidad de los procesos para el correcto uso del sistema electrónico que lo conforma.

Artículo 41. El Registro Nacional se ajustará a los mecanismos que el Consejo de Coordinación determine, así como al diseño y administración que la Junta Ejecutiva a través de su Secretario Técnico señale; para lo cual contará con un sistema de estadística en coordinación con las distintas delegaciones que cada uno de los titulares del Consejo de Coordinación tiene a su cargo.

Artículo 42. El Registro Nacional deberá vincular entre sí, y vaciar y concentrar en su plataforma las bases de datos pertenecientes a cada institución de seguridad social, para consulta de cualquier integrante del Sistema Nacional que así lo requiera.

Artículo 43. Será obligación de la Junta Ejecutiva suscribir acuerdos de colaboración con las dependencias encargadas de la realización de la seguridad social, necesarios para la adecuada operación del Registro Nacional, así como para la protección de los datos personales que este concentre.

Artículo 44. La información contenida en el Registro Nacional deberá estar actualizada y debidamente registrada por cada institución de seguridad social.

Artículo 45. El Registro Nacional deberá comenzar a operar en un plazo que no exceda un año y medio posterior a la entrada en vigor de la presente Ley, por lo que las instituciones de seguridad social deberán tomar las medidas necesarias para su operabilidad en el plazo señalado.

Artículo 46. La Delegación Técnica Especializada fungirá como una Dirección encargada de generar las directrices que señalen la forma en la que se deberá mantener, desarrollar, y operar el sistema de información del Registro Nacional.

Artículo 47. Estará conformada por expertos que operarán de forma técnica el tratamiento y manejo de la información proveniente de las distintas entidades de protección social.

Artículo 48. La Junta Ejecutiva tendrá la obligación de conformar la Delegación Técnica Especializada cumpliendo siempre con los perfiles más idóneos en las áreas de tecnologías de la información y comunicación, estadística, sistemas actuariales, desarrollo tecnológico e innovación, que puedan responder a las necesidades que requiere el Sistema Nacional de la Seguridad Social, así como para la implementación del Registro Nacional a que hace referencia el Título Segundo, Capítulo I de esta ley.

Artículo 49. La Delegación Técnica Especializada tendrá las siguientes funciones y facultades:

I. Elaborar y someter a consideración y aprobación de la Junta Ejecutiva un Plan en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, innovación y desarrollo tecnológico, con el objeto de instrumentar y operar correctamente el Registro Nacional;

II. Fijar y definir los lineamientos que contengan las metodologías, políticas, normas y programas en materia de tecnologías de la información y comunicación acordes con el objetivo del Sistema Nacional;

III. Desarrollar un Plan de sistematización, actualización, calidad, optimización y funcionalidad de la información en materia de seguridad social, el cual además deberá determinar los procesos y funciones para el vaciado de información por parte de las dependencias encargadas de la seguridad social;

IV. Desarrollar el diseño de los sistemas y servicios en materia de tecnologías de la información y comunicación que apoyen las funciones sustanciales, de sistematización, de control y administrativas que deberá operar el Registro Nacional, conforme al objetivo del Sistema Nacional.

V. Investigar y analizar los mecanismos de intercambio, sistematización, suministro y actualización de la información que sobre la materia generan las instituciones encargadas de la seguridad social.

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Ley del Sistema Nacional de Coordinación de la Seguridad Social entrará en vigor el día siguiente a la publicación del presente decreto.

Tercero. La elección de los miembros del Comité deberá realizarse a más tardar dentro de los cuatro meses posteriores a la entrada en vigor de este Decreto.

Cuarto. La Delegación Técnica Especializada deberá emitir los lineamientos a que hace referencia el artículo 49, fracción II, de la Ley del Sistema Nacional de Coordinación de la Seguridad Social, a más tardar noventa días posteriores a la entrada en vigor de dicha ley.

Quinto. La puesta en marcha del Registro Nacional no podrá exceder de un año posterior a la entrada en vigor de la Ley del Sistema Nacional de Coordinación de la Seguridad Social.

Sexto. El Consejo de Coordinación deberá emitir los lineamientos y políticas para la implementación del Registro Nacional, dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor de la Ley del Sistema Nacional de Coordinación de la Seguridad Social.

Séptimo. El Consejo de Coordinación deberá emitir los lineamientos a que hace referencia el artículo 10, fracción VIII, de la Ley del Sistema Nacional de Coordinación de la Seguridad Social, dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor de dicha ley.

Notas

1 Eduardo J. Ameglio, “El derecho de la seguridad social. ¿Función pública o privatización?”, en Patricia Kurczyn Villalobos (coord.), Evolución y tendencias recientes del derecho del trabajo y de la seguridad social en América, IIJ-UNAM, México, 2006, p. 35.

2 Sergio Sandoval Hernández, “La Seguridad Social en el Mundo Contemporáneo”, Boletín de Información Jurídica del IMSS, núm. 21, México, septiembre-octubre de 1976, p. 48.

3 Ángel Guillermo Ruiz Moreno y Marcelo Pablo Ernesto Richter, Derecho de la seguridad social. Bases, principios, jurisprudencia y normatividad aplicable en Guatemala, Guatemala, Serviprensa, S. A., 2013, p. 31.

4 Organización Internacional del Trabajo, Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019: La protección social universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 2017, p. 1.

5 Magdalena Sepúlveda, De la retórica a la práctica: el enfoque de derechos en la protección social en América Latina, Serie Políticas sociales, CEPAL-Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, Santiago de Chile, 2014, p. 10.

6 Organización Internacional del Trabajo, Seguridad social para todos: Una inversión en el desarrollo económico y social mundial, Campaña Mundial sobre Seguridad Social y Cobertura para Todos, documento de consulta, Temas de protección social, Departamento de Seguridad Social, Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 2007, p. 5.

7 Sánchez-Belmont Montiel, Mariela, et.al., Propuesta conceptual para el análisis de la seguridad social desde la CISS, Historia, Teoría y bienestar, Año 1, núm. 2, México, Conferencia Interamericana de Seguridad Social, 2019, p.72.

8 Calvo León, Jorge Iván. “Principios de seguridad social”.  Publicado en Revista Jurídica de Seguridad Social. No. 8, enero 1998. Disponible en:

https://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica8/art3.pdf

9 Toda la información contenida en este documento referente al sistema de seguridad social francés fue consultada en Comisión Europea (2012). La seguridad social en Francia. Disponible en:

https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your% 20social%20security%20rights%20in%20France_es.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2021.– Diputadas: Martha Azucena Camacho Reynoso, Susana Cano González (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Coordinación Fiscal, en materia de protección civil, suscrita por el diputado Francisco Javier Castrellón Garza e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Francisco Javier Castrellón Garza, diputado federal por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25, 37, 44 y 45 de la Ley Coordinación Fiscal, en materia de protección civil, con base en la siguiente

Por protección civil se entiende el sistema con el que cada país cuenta para proporcionar protección y asistencia a sus ciudadanos ante cualquier desastre, con el fin de salvaguardar las vidas humanas, los bienes y el entorno en el que vive la población.

Quiero aprovechar que el 11 de septiembre celebramos el Día Nacional de Protección civil, para hacer un reconocimiento a todas las mujeres y hombres que dedican su vida, su esfuerzo e incluso arriesgan su vida por ayudar a otros ciudadanos, incluso en ocasiones sin contar con el equipo, la preparación y los instrumentos necesarios, pero motivados por el afán de ayudar al prójimo.

El terremoto de 1985 hizo ver la necesidad urgente de crear un sistema de protección civil nacional, las autoridades se vieron gravemente rebasadas por los desastres que dejó el movimiento telúrico. Solo gracias a la intervención solidaria de la sociedad, que salió al rescate de sus compatriotas, se logró superar tan penosa tragedia, sin la ayuda de todos los mexicanos la tragedia de 1985 hubiera sido mucho peor.

Fue así como un año después del sismo del 19 de septiembre de 1985, se creó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) con la finalidad de llevar a cabo acciones coordinadas para proteger a la población de los peligros de origen natural como los sismos, huracanes, erupciones volcánicas, incendios forestales, tormentas, inundaciones, desbordamientos de ríos, deslaves, etcétera, o aquellos originados por la actividad humana que puedan eventualmente terminar en un desastre, como son: los incendios, los accidentes ocasionado por tomas clandestinas de combustible, entre otros.

Si bien, este evento catastrófico sirvió para crear consciencia de la necesidad de crear el Sinaproc, debido en gran medida al poco y en muchas ocasiones nulo presupuesto con el que cuentan los estados y municipios, para la creación, modernización y consolidación de sus sistemas de protección civil, ha sido imposible contar con un sistema moderno y articulado que responda a los riesgos que representan la geografía y clima de nuestro país.

El Sinaproc se integra por todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, por los sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y alcaldías; así mismo, por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, los representantes de los sectores privado y social, los medios de comunicación, los bomberos y los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico.

Como ya lo mencioné también, los Heroicos Cuerpos de Bomberos son una parte fundamental del Sinaproc, a pesar de la importancia y especialización de su función para el óptimo funcionamiento del Sistema, son muy pocos los cuerpos de bomberos que cuentan con el equipamiento y la capacitación permanente para el desempeño de sus labores. Además, de ser muy pocos los bomberos mexicanos que gozan de seguridad y estabilidad laboral, servicios de seguridad social y seguro de vida, para su beneficio y la protección de sus familias. La mayoría de las veces son héroes voluntarios desprotegidos de cualquier apoyo.

La labor de los organismos que integran el Sinaproc es permanente, 24 horas del día los 365 días del año, se encargan de tareas de prevención, preparación y gestión de emergencias . Ni que decir de la valentía de las personas que forman parte del Sistema, siempre anteponiendo su vida y seguridad por salvar la vida y patrimonio de los demás.

En este sentido, el Sinaproc es el encargado de establecer los lazos de colaboración entre la federación, estados, municipios y sociedad civil para garantizar la protección de la población y su entorno ante un eventual riesgos y/o peligro a causa de un agente perturbador; asimismo la vulnerabilidad en el corto, mediano y largo plazo por medio de la gestión integral de riesgos y el auxilio de la población afectada.

Desafortunadamente, el sistema se encuentra desarticulado; debido en gran medida a la falta de fondos públicos que fortalezcan a los gobiernos estatales y municipales para el fortalecimiento de sus cuerpos de protección civil y sus cuerpos de bomberos.

A causa de lo anterior, se sufre de una desvinculación entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, prueba de lo anterior es la falta de respuesta que seguimos teniendo para atender las emergencias que se nos presentan, hace algunos años fueron las explosiones en San Juanico en 1984, el terremoto del 85 o las explosiones en el centro de Guadalajara en 1992; hoy la tragedia vivida en Tula, Hidalgo, el pasado 7 de septiembre que dejo 17 muertos en un hospital del IMSS.

La falta, tanto entonces como ahora, de un adecuado sistema de protección civil estatal, pero sobre todo municipal, ha sido la causa de que los mexicanos continuemos estando vulnerables al embate de fenómenos naturales y accidentes provocados por el hombre, acarreando graves pérdidas humanas y materiales.

Sin embargo, las pérdidas humanas y materiales que dejan cada año los desastres son muy superiores al costo que podría tener un óptimo sistema de protección civil. En 2005 el ciclón tropical Wilma, que afectó a los estados de Yucatán y Quintana Roo, produjo mil 723.9 millones de pesos, en pérdidas materiales, ese mismo año Stan causó pérdidas por mil 934 millones de pesos, a su paso por Chiapas y 4 entidades más. Igualmente, en 2013, Ingrid y Manuel, causaron 157 decesos humanos y pérdidas por 3 mil 41 millones de pesos en Guerrero y 20 entidades más.

Los dos terremotos que sufrió nuestro país en 2017; causaron 468 muertos y daños materiales incalculables, cuatro años después, aún continúan las labores de reconstrucción en muchos de los inmuebles afectados.

La falta de un sistema de protección civil estatal y municipal sólido y eficaz vulnera la seguridad de los pobladores, según datos oficiales del gobierno federal, 48.8 por ciento de los municipios declarados en desastre, registran índices de alta marginación; por otra parte, el 59.9 por ciento de los 700 municipios declarados en desastre por los sismos registrados en septiembre de 2017, presentaban grado de marginación alto y muy alto.

Existe una relación entre el grado de marginación de los municipios y la falta de un sistema de protección civil adecuada, lo que los vuelve más vulnerables a sufrir las consecuencias de un desastre natural o un accidente de origen humano; es decir la población menos favorecida es la más afectada.

Gráfica 1: Impacto social y económico de los desastres en México

Mientras que el costo anual por desastres, entre 1980 y 1999 fue de 455.3 millones de dólares, en el periodo de 2000 a 2018 el costo se elevó hasta los 2 mil 357 millones de dólares.

Nuestro actual sistema de protección civil centraliza recursos, no permitiendo el desarrollo integral de los sistemas estatales ni municipales, que se encuentran supeditados a los sistemas de protección civil de la federación. Una de las consecuencias de la debilidad del Sistema, es la lentitud con la que se reacciona ante una emergencia, nuevamente la tragedia sucedida a principios de mes en Tula, ilustra la falta de equipo y personal por parte del municipio para atender la emergencia, tuvieron que pasar días y la muerte de 17 personas, para que el estado y la federación acudieran en apoyo a la emergencia.

Gráfica 2: ¿Cuánto cuestan los desastres en México?

En vista del alto costo, en vidas y pérdidas materiales, es que resulta prioritario, crear los medios de financiamiento para crear los sistemas de protección civil municipal donde aun no existen, y fortalecer los ya existentes; de lo contrario los sistemas municipales seguirán deteriorándose en detrimento de la población.

Por lo anterior, la presente iniciativa propone reformar los artículos 25, 37, 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal para posibilitar que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun) y del FASP puedan ser ocupados para el fortalecimiento de los sistemas de protección civil estatal y municipal, dependiendo del fondo.

Dentro del régimen transitorio de la reforma propuesta, se establece que, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de los sistemas de protección civil de los estados, municipios y alcaldías, necesariamente, estos, deberán destinar recursos de los fondos referidos para la formación, equipamiento, profesionalización, capacitación y modernización de los organismos encargados de la protección civil estatal y municipal.

Así mismo, en vista de las lamentables condiciones laborables y de equipamiento en las que operan la gran mayoría de los Heroicos Cuerpos de Bomberos del país, también, se propone que los recursos de los Fondos puedan ser usados para la formación, equipamiento, profesionalización, capacitación, modernización y dar una certeza laboral a los integrantes de los Heroicos Cuerpos de Bomberos que operan en los municipios de nuestro país.

Por último, la iniciativa busca adecuar también la legislación al sustituir el término Distrito Federal por Ciudad de México.

Con la finalidad de facilitar e ilustrar de mejor manera los cambios y adiciones propuestos a la ley, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 25, 37, 44 y 45 todos de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de protección civil

Artículo Único. Se reforman los artículos 25, 37, 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 25.-  Con independencia de  lo establecido en los capítulos I a IV de esta ley, respecto de la participación de los estados, municipios y la Ciudad de México en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Ciudad de México, y en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley, para los fondos siguientes:

I. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo;

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México;

V. Fondo de Aportaciones Múltiples;

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; y

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y de la Ciudad de México.

VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Capítulo.

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo será administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la transferencia de los recursos de dicho Fondo se realizará en los términos previstos en el artículo 26-A de esta Ley.

Artículo 37.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto de la Ciudad de México, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, y a la formación, equipamiento, profesionalización, capacitación y modernización de los organismos encargados de la protección civil, así como de los Heroicos Cuerpos de Bomberos municipales. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta ley.

Artículo 44.- El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y de la Ciudad de México se constituirá con cargo a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La Secretaría de Gobernación formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho Fondo.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de los recursos federales que integran este Fondo entre los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y de la Ciudad de México, con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de Gobernación, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de los estados y de la Ciudad de México; el índice de ocupación penitenciaria; la implementación de programas de prevención del delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de seguridad pública desarrollen los municipios, y el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.

Los convenios y anexos técnicos celebrados entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las entidades, deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días, contados a partir de la publicación del resultado de la aplicación de las fórmulas y variables mencionadas con anterioridad.

Este Fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los primeros diez meses del año a los Estados y a la Ciudad de México, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter administrativo, salvo que no se cumpla lo dispuesto en este artículo.

Los estados y la Ciudad de México reportarán trimestralmente a la Secretaría de Gobernación, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el ejercicio de los recursos del Fondo y el avance en el cumplimiento de las metas, así como las modificaciones o adecuaciones realizadas a las asignaciones previamente establecidas en los convenios de coordinación y sus anexos técnicos en la materia; en este último caso deberán incluirse la justificación y la aprobación del Consejo Estatal de Seguridad Pública correspondiente, o la opinión favorable del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dará respuesta en un plazo no mayor a 30 días hábiles.

Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales deberán informar a sus habitantes trimestralmente y al término de cada ejercicio, entre otros medios, a través de la página oficial de Internet de la entidad correspondiente, los montos que reciban, el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de este Fondo. Lo anterior, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y conforme a los formatos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Artículo 45.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y la Ciudad de México, reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente a:

I. La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública vinculada al reclutamiento, ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y depuración;

II. Al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías ministeriales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y de la Ciudad de México, los policías de vigilancia y custodia de los centros penitenciarios; así como, de los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes;

III. Al equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública correspondientes a las policías ministeriales o de sus equivalentes, peritos, ministerios públicos y policías de vigilancia y custodia de los centros penitenciarios, así como, de los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes;

IV. Al establecimiento y operación de las bases de datos criminalísticos y de personal, la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de las redes locales, el servicio telefónico nacional de emergencia y el servicio de denuncia anónima;

V. A la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros penitenciarios, de los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes que realizaron una conducta tipificada como delito, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública de las academias o institutos encargados de aplicar los programas rectores de profesionalización y de los Centros de Evaluación y Control de Confianza;

VI. Al seguimiento y evaluación de los programas relacionados con las fracciones anteriores; y

VII. A la formación, equipamiento, profesionalización, capacitación y modernización de las unidades de Protección Civil local, así como de los Heroicos Cuerpos de Bomberos.

Los recursos para el otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los policías ministeriales o sus equivalentes, los policías de vigilancia y custodia y los peritos de las Procuradurías de Justicia de los  estados y del Distrito Federal, tendrán el carácter de no regularizables para los presupuestos de egresos de la Federación de los ejercicios subsecuentes y las responsabilidades laborales que deriven  de tales recursos estarán a cargo de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal.

Dichos recursos deberán aplicarse conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Los estados y el Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la información financiera, operativa y estadística que les sea requerida.

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de los sistemas de protección civil de los municipios y alcaldías, necesariamente se deberán destinar recursos del Fondo previsto en los artículos 37 y 44 de la Ley de Coordinación Fiscal para la formación, equipamiento, profesionalización, capacitación y modernización de los organismos encargados de la Protección Civil, así como de los Heroicos Cuerpos de Bomberos.

Referencias

file:///C:/Users/satelitea135/Downloads/bases%20para%20el%20esta blecimiento%20sinaproc.pdf

http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/318-INFOGRAFADESASTRESENMXICO-IMPACTOSOCIALY ECONMICO.PDF

https://www.milenio.com/estados/hospital-imss-tula-hidalgo-esto- sabemos-de-la-inundacion

https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/253/datafile/F104

https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/bzPX2qB5/PPEF2022/qgp8v2PM/paquete/egresos/Proyecto_Decreto.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.– Diputado Francisco Javier Castrellón Garza (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de principios ambientales e interés superior de la madre tierra, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II; 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 76, 77, 78 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de reconocer a la tierra como sujeto de derechos, de acuerdo con la siguiente

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver

La degradación del planeta es un asunto que nos debe preocupar y ocupar a todos. Hasta ahora en ningún otro lugar del universo están dadas las condiciones necesarias para la existencia de vida tal y como la conocemos. Aunque sea una verdad de Perogrullo, el planeta tierra es único y si no lo cuidamos, nuestra viabilidad como especie no se podría imaginar en ningún otro sitio.

La visión económica hegemónica ve al planeta tierra como un ser inerte y, en consecuencia, inerme, con una infinidad de recursos listos para ser explotados por nuestra especie. Se trata de una visión mercantilista y utilitarista. Inclusive, hemos tenido la arrogancia de concebirnos como la especie suprema en la escala evolutiva. Un antropocentrismo totalmente anquilosado que debemos superar.

Ese antropocentrismo aunado al modelo económico capitalista que tiene como objetivo producir de manera irracional para la satisfacción del mercado, como si los recursos naturales fueran infinitos, han traído como consecuencia los problemas ambientales que nos aquejan y que millones de seres humanos y miembros de otras especies están padeciendo.

El modo de producción capitalista profundiza esa explotación y degradación de la naturaleza, el “...sistema capitalista mundial es una máquina acumuladora de capital y de poder que se ha favorecido siempre a costa de los recursos sociales de las poblaciones; y que se ha venido configurando a partir de esquemas basados, primero (aunque luego permanentemente), en la apropiación de la tierra y de los recursos naturales de uso comunal (RUC), y, posteriormente, en el término de las reglamentaciones colectivas que los trabajadores consiguieron entre fines del siglo XIX y el tercer cuarto del siglo XX; cuestión que ha venido sirviendo para someterlos al diseño institucional que posibilitaría la expropiación final y sistemática de parte importante de los frutos obtenidos por el trabajo”. 1

Por otro lado, la etapa actual del capitalismo, también conocida como neoliberal, ha transformado radicalmente nuestras relaciones con la naturaleza y la concepción que se tiene de ella a nivel empresarial. Ahora no sólo la explotación medioambiental es rentable, también su “conservación”, lo cual nos lleva a lo que algunos denominan “ neoliberalización de la naturaleza; es decir, la forma en que el neoliberalismo rige y transforma las interacciones humanas con la naturaleza”. 2

Afortunadamente, varios gobiernos progresistas de América Latina, como Bolivia y Ecuador han dado pasos firmes en la erradicación de esta idea de la naturaleza como un objeto susceptible de ser explotada salvajemente por algunas empresas o empresarios para la consecución de sus fines y a raíz de la lucha de líderes sociales y medioambientales se ha consagrado en textos jurídicos el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos.

En América Latina dos referentes de esta visión son Ecuador y Bolivia. Ecuador en su Constitución política de 2008 reconoció, en el los derechos de madre tierra de la manera siguiente:

“ Ecuador

Constitución Política de la República del Ecuador

Artículo 71. La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.

(...)

El artículo 83 ordena que se respeten los derechos de la naturaleza de la siguiente manera:

Artículo 83. Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:

(...)

6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.

(...)

“ Bolivia

De la mano del presidente Evo Morales, el Estado Plurinacional de Bolivia rompió con el vetusto y anquilosado paradigma de la modernidad capitalista de creer a la tierra como un ente susceptible de explotación, se trascendió la visión de derecho subjetivo, es decir, la prerrogativa que tenemos los seres humanos de acceso a un medio ambiente sano, a reconocer como sujeto de derechos a la tierra o pacha mama.

La ley número 071, 3 del 21 de diciembre de 2010 prescribe lo siguiente:

Artículo 1. (Objeto). La presente Ley tiene por objeto reconocer los derechos de la Madre Tierra, así como las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos.

(...)

Artículo 2. (Principios)

(...)

3. El Estado en sus diferentes niveles y la sociedad, en armonía con el interés común, deben garantizar las condiciones necesarias para que los diversos sistemas de vida de la Madre Tierra puedan absorber daños, adaptarse a las perturbaciones, y regenerarse sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad, reconociendo que los sistemas de vida tienen límites en su capacidad de regenerarse, y que la humanidad tienen límites en su capacidad de revertir sus acciones.

4. Respeto y defensa de los Derechos de la Madre Tierra. El Estado y cualquier persona individual o colectiva respetan, protegen y garantizan los derechos de la Madre Tierra para el Vivir Bien de las generaciones actuales y las futuras.

(...)

Artículo 3. (Madre Tierra). La Madre Tierra es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común.

 La Madre Tierra es considerada sagrada, desde las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Artículo 5. (Carácter Jurídico de la Madre Tierra). Para efectos de la protección y tutela de sus derechos, la Madre Tierra adopta el carácter de sujeto colectivo de interés público. La Madre Tierra y todos sus componentes incluyendo las comunidades humanas son titulares de todos los derechos inherentes reconocidos en esta Ley. La aplicación de los derechos de la Madre Tierra tomará en cuenta las especificidades y particularidades de sus diversos componentes. Los derechos establecidos en la presente Ley, no limitan la existencia de otros derechos de la Madre Tierra.

(...)

Artículo 7. (Derechos de la Madre Tierra)

I. La Madre Tierra tiene los siguientes derechos:

1. A la vida: Es el derecho al mantenimiento de la integridad de los sistemas de vida y los procesos naturales que los sustentan, así como las capacidades y condiciones para su regeneración.

2. A la diversidad de la vida: Es el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de tal forma que se amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro.

3. Al agua: Es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas de vida, y su protección frente a la contaminación para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes.

4. Al aire limpio: Es el derecho a la preservación de la calidad y composición del aire para el sostenimiento de los sistemas de vida y su protección frente a la contaminación, para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes.

5. Al equilibro: Es el derecho al mantenimiento o restauración de la interrelación, interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los componentes de la Madre Tierra, de forma equilibrada para la continuación de sus ciclos y la reproducción de sus procesos vitales.

6. A la restauración: Es el derecho a la restauración oportuna y efectiva de los sistemas de vida afectados por las actividades humanas directa o indirectamente.

7. A vivir libre de contaminación: Es el derecho a la preservación de la Madre Tierra de contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y radioactivos generados por las actividades humanas.

La Ley número 300 del 15 de octubre de 2012 o Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, dispone lo siguiente:

Artículo 1. (Objeto). La presente Ley tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral como medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, gestión pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación.

(...)

Artículo 9. (Derechos). El Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, debe ser realizado de manera complementaria, compatible e interdependiente de los siguientes derechos: 1) Derechos de la Madre Tierra, como sujeto colectivo de interés público como la interacción armónica y en equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, en el marco del reconocimiento de que las relaciones económicas, sociales, ecológicas y espirituales de las personas y sociedad con la Madre Tierra están limitadas por la capacidad de regeneración que tienen los componentes, las zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra en el marco de la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra.

“ Colombia

En Colombia la Ley 1774 de 2016 estipula que:

Artículo 1o. Objeto. Los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial.

En el artículo 2o. se les dio a los animales la categoría de seres sintientes.

El artículo 3o. establece cuáles son las prerrogativas mínimas a las que son acreedores los animales, siendo éstas:

1. Que no sufran hambre ni sed,

2. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor;

3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido:

4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés;

5. Que puedan manifestar su comportamiento natural;

Mediante la sentencia T-622/16, la Corte Constitucional Colombiana determinó que el río Atrato es sujeto de derechos que implican su protección, conservación, mantenimiento y en el caso concreto, restauración. 4

Previamente, mediante la sentencia T-080/15, la Corte Constitucional de Colombia determinó que:

“... la jurisprudencia constitucional ha atendido los saberes ancestrales y las corrientes alternas de pensamiento, llegando a sostener que “la naturaleza no se concibe únicamente como el ambiente y entorno de los seres humanos, sino también como un sujeto con derechos propios, que, como tal, deben ser protegidos y garantizados”

En otro asunto de relevancia, el Magistrado Luis Armando Tolosa Villabona, emitió una sentencia histórica el día 26 de julio de 2017 en la que otorgó un habeas corpus a un oso de anteojos o andino (Tremarctos ornatus)para que obtuviera su libertad, luego de ser trasladado de la Reserva Natural Río Blanco de Manizales al Zoológico de Barranquilla. Reconociéndole la calidad de sujeto de derechos y ordenándose que en un plazo no mayor a 30 días, debiera ser trasladado a un sitio digno en donde se garantizara su libertad, vida y bienestar.

“ Argentina

Argentina también ya ha reconocido a los animales como sujetos de derechos en el año 2016. Fue el caso de Cecilia —un chimpancé hembra de 30 años— que había sido privada arbitrariamente de su derecho a la libertad y a una vida digna por parte de autoridades del zoológico de la Ciudad de Mendoza, donde su estado de salud físico y psíquico se deterioró rápidamente, ante las condiciones deplorables de su cautiverio. (...) el bien protegido en esta ocasión era el bienestar de Cecilia, el cual, a su vez, es un valor colectivo, en tanto Cecilia integra el patrimonio natural, al cual también estamos inscritos los seres humanos. 5

México, como uno de los países con mayor biodiversidad en el planeta, tiene una responsabilidad mayor en la preservación de la naturaleza. Debemos mantenernos por la senda de la progresividad en la protección de la biodiversidad y de la naturaleza, el mundo va en esa dirección, nosotros no nos podemos quedar atrás. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha sumado también a este esfuerzo mundial en pos de la pachamama y de la vida:

“El día 22 de abril de 2009 la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 63ª sesión aprobó por unanimidad el proyecto presentado por el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, de que todo 22 de abril sea celebrado como el Día Internacional de la Madre Tierra. Ya no se trata del Día de la Tierra, sino del Día de la Madre Tierra”. 6 Esto mediante la resolución A/RES/63/278

Es hora de trascender los viejos paradigmas jurídicos, sociales y filosóficos de concebir a la naturaleza como al servicio de los homo sapiens sapiens, ese pensamiento petrificado en el pasado no responde a las exigencias y retos que nos impone la realidad social. Debemos retomar las sabias palabras del Gran Jefe Seattle, de la tribu de los Swamish, a Franklin Pierce presidente de los Estados Unidos de América. 7

“Deben de enseñarle a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros antepasados. Digan a sus hijos que la tierra está enriquecida con las vidas de nuestro pueblo, a fin de que sepan respetarla.

Es necesario que enseñen a sus hijos, lo que nuestros hijos ya saben, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que ocurra a la tierra, les ocurrirá también a los hijos de la tierra. Cuando los hombres escupen en el suelo, se están escupiendo a sí mismos. Esto es lo que sabemos: la tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos: todas las cosas están ligadas como la sangre que une a una familia . El sufrimiento de la tierra se convertirá en sufrimiento para los hijos de la tierra. El hombre no ha tejido la red que es la vida, solo es un hilo más de la trama. Lo que hace con la trama se lo está haciendo a sí mismo”.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo con las modificaciones propuestas a la Constitución:

Texto normativo propuesto

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante el pleno de esta soberanía el siguiente

Decreto que reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto reconocer a la tierra como sujeto de derechos

Único. Se adiciona un párrafo 6o. y se recorren los subsecuentes del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de reconocer a la tierra como sujeto de derechos, de la siguiente manera:

Artículo 4o. ...

...

...

...

...

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a la madre tierra o naturaleza como un sistema vivo, dinámico y único en el cual inicia, desarrolla y reproduce la vida. Es para esta Carta Magna un sujeto de derechos, al cual se le debe garantizar su existencia mantenimiento y regeneración de sus procesos físicos, vitales y evolutivos. Toda persona física o moral que se encuentre dentro de territorio nacional, tendrá la obligación de protegerla, preservarla, respetarla y utilizar sus recursos naturales de manera racional, sustentable y sostenible.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Francisco Báez-Urbina. (2021). Economía capitalista y apropiación de recursos comunes. Algunas notas de estudio escritas desde el republicanismo democrático, de Scientific Electronic Library Online Sitio web:

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S 1657-63572021000100007

2 Leticia Durand. (2014)¿Todos ganan? Neoliberalismo, naturaleza y conservación en México, de Scientific Electronic Library Online Sitio web:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S 0187-01732014000200006

3 Gaceta Oficial. Estado Plurinacional de Bolivia.

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/71

4 Cfr. Sentencia T-622/16, de la Corte Constitucional de Colombia.

5 Cfr. Sentencia SU016/20 de la Corte Constitucional de Colombia.

6 Leonardo Boff. (s/f). La Madre Tierra, sujeto de dignidad y de derechos. X, de IADE Sitio web:

https://www.iade.org.ar/noticias/la-madre-tierra-sujeto-de-digni dad-y-de-derechos+&cd=11&hl=es&ct=clnk&gl=mx

7 Carta del Gran Jefe Seattle, de la tribu de los Swamish, a Franklin Pierce presidente de los Estados Unidos de América, de UNAM Sitio web:

http://herzog.economia.unam.mx/profesores/blopez/valoracion-swamish.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.– Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Claudia Tello Espinosa, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Claudia Tello Espinosa, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley Agraria en materia de igualdad sustantiva y perspectiva de género, al tenor de la siguiente:

La mayoría de países del mundo han experimentaron grandes cambios políticos, sociales y culturales desde la segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI en materia de derechos de las mujeres. Estos cambios se expresaron a través de los diversos movimientos de las fuerzas progresistas al interior de la mayoría de los países, entre ellos el movimiento por los derechos de las mujeres que estaban enfocados a lograr un trato igual ante la ley. Estas demandas se materializaron en cambios como la universalización del derecho al voto, el reconocimiento de ciudadanía y capacidad civil plena para las mujeres, entre otros.

No obstante, a estas importantes conquistas de los derechos a favor de las mujeres en mundo y en nuestro país, muchas de estas reivindicaciones sociales todavía no son suficientes para alcanzar la igualdad sustantiva para todas las personas y especialmente las mujeres que viven en el mundo rural que se encuentran doblemente rezagadas y que lamentablemente la pandemia por el Covid 19, acrecentó todavía más; entre ellas la de seguridad de la tenencia de la tierra y el desarrollo de políticas públicas afirmativas de las mujeres rurales en nuestro país.

A pesar de diversos avances normativos en el mundo en materia de derechos para las mujeres, en nuestro país, no han implicado necesariamente una transformación de las condiciones reales en las que viven las mujeres rurales, la situación de las mujeres rurales aun continúa siendo preocupante. Uno de los problemas estructurales que enfrentan es la dificultad para acceder y garantizar la seguridad sobre la tenencia de las tierras. Algunas de las causas de este problema son la distancia que existen entre las normas que regulan y ejecutan las políticas agrarias; la ausencia de programas dirigidos a atender de forma exclusiva la situación de las mujeres rurales durante décadas; las barreras culturales y sociales para el acceso a la tierra de las mujeres campesinas, entre otras.

Se calcula que las mujeres rurales representan más de tercera parte de la población mundial y el 43% de la mano de obra agrícola (ONU, 2021). 1 En algunos países de África y Asia puede alcanzar hasta el 50%. En América Latina, alrededor el 67% de las mujeres rurales ocupadas perciben un ingreso inferior al salario mínimo nacional (CEPAL, 2019) 2. A su vez, pese a que se ha reducido el porcentaje de mujeres rurales mayores de 15 años sin ingresos propios, el porcentaje sigue siendo muy elevado y se mantiene una brecha importante respecto a los hombres rurales (FAO, 2018). 3 Al mismo tiempo, las mujeres rurales enfrentan restricciones particularmente rígidas para acceder a la protección social (Brito Bruno e Ivanovic Willumsen, 2019). 4

En México viven 14.7 millones de mujeres en localidades rurales (menores de 2,500 habitantes). Ellas representan el 22.7% del total de las mujeres y el 11.7% de la población total del país (Enadid, 2018) 5. Se calcula que 8.6 millones de ellas viven en situación de pobreza (Sader, 2021) 6. Las mujeres rurales que encabezan hogares y tienen actividades agropecuarias y/o pesqueras, tienen un Ingreso promedio mensual de 8 mil 515 pesos (Sader, 2021) 7 e invierten hasta 16 horas al día en jornadas laborales extendidas e invierten hasta 16 horas al día en jornadas laborales extendidas laborales extendidas, no solo en la producción y preparación de alimentos, sino también en actividades de cuidado dentro de los hogares (RAN,2021). 8

En consecuencia, la resolución de las problemáticas que enfrentan las mujeres rurales requiere de la atención por parte del Estado mexicano que permita superar las condiciones de exclusión social y discriminación que cotidianamente deben enfrentar, de la plena garantía de sus derechos humanos y de la gestión y control de los bienes más importantes como son los recursos naturales de los territorios que habitan. Por lo tanto, el acceso, control y a la propiedad de la tierra para las mujeres rurales debe volver una prioridad para las políticas públicas del Gobierno de México.

Si bien, cada vez existe un marco normativo convencional más amplio que obliga a los Estados a garantizarle a las mujeres productoras el acceso a los recursos productivos entre ellos la tierra, la realidad es que siguen siendo insuficiente las mujeres que logran hacer efectivo estos derechos en la práctica común. Esto se debe a que los habitantes rurales todavía tienen derechos precarios en el mundo y en el país cuanto a la tenencia de la tierra y son las mujeres rurales quienes más barreras encuentran para acceder y controlar las tierras.

En este sentido, el derecho internacional integrado por declaraciones de derechos humanos, tratados e instrumentos, con relación a la protección del acceso a la tierra de los pobladores rurales, reconoce el derecho a la propiedad, tanto individual como colectiva, y se hace referencia a algunos de sus derechos interdependientes. Uno de los principales instrumentos es, la Declaración universal de derechos humanos, que en el artículo 17 se establece que: “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente” y que “nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. 9 Una disposición similar está contenida en la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre que protege, en su artículo XXIII, el derecho que tiene toda persona “a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.” 10

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José en su artículo 21, también protege el derecho a la propiedad privada, subordinando el uso y el goce de los bienes al interés social, al que se añade el derecho a una indemnización justa en los casos de expropiación y el sometimiento de dichos procedimientos a las formalidades que establezca la ley.

Por otro lado, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), que es el instrumento internacional más importante en relación con los derechos de las mujeres y la lucha contra la discriminación por motivos de género, hace mención particular sobre los deberes de los Estados parte con respecto a las condiciones de vida de la mujer rural. Este tratado ha sido ratificado por nuestro país, específicamente su Artículo 14 dispone que los Estados deben tener en cuenta los problemas específicos de la mujer rural así como su aporte a la economía familiar. Igualmente, establece que, con el fin de eliminar la discriminación, los Estados deben asegurar su derecho a participar en la ejecución de planes de desarrollo en todos los niveles, a gozar de condiciones de vida adecuadas, a tener acceso a servicios adecuados de salud y a beneficiarse de los programas de seguridad social, a obtener todos los tipos de educación, a participar en las actividades comunitarias y de grupos de autoayuda y cooperativas que generen oportunidades económicas, a obtener acceso a créditos y a asistencia técnica, así como a participar en pie de igualdad en los programas públicos de distribución de tierras y de reasentamiento.

De igual forma, en la CEDAW queda de manera explícita que los esfuerzos para poner fin a la discriminación contra la mujer, deben incluir el reconocimiento de la igualdad de hombres y mujeres ante la ley (artículo15) y su derecho a poseer, heredar y administrar propiedades a nombre propio, al decir que:

“Los Estados Parte reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.”(artículo15) 11

Además, se darán “los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes...” (artículo 16-h)

Asimismo, la CEDAW define a la discriminación de la mujer como “toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” (artículo 1).Esta definición impone a los Estados parte, la obligación de tomar medidas de todo tipo para prevenir, prohibir y sancionar la discriminación contra las mujeres, en este caso las mujeres rurales, no solo en los espacios públicos sino en los privados.

Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Pidesc), consagra el derecho de libre determinación de los pueblos (artículo1), y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT (Convenio 169), 12 relativo a pueblos tribales e indígenas, desarrolla en varios de sus artículos los alcances de las obligaciones de los gobiernos en relación con la protección de las tierras de estas comunidades.

En relación con la aplicación del Pidesc, cabe resaltar el Comentario General No.16 de 2005, del Comité DESC de Naciones Unidas, sobre la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, ya que este provee un marco de análisis acerca de las obligaciones de los Estados frente a la discriminación contra las mujeres, distinguiendo entre discriminaciones directas e indirectas. Las primeras son las que se producen “cuando la diferencia de trato se funda directa y expresamente en distinciones basadas de manera exclusiva en el sexo y en características del hombre y de la mujer que no pueden justificarse objetivamente.” 13 Las segundas se producen “cuando la ley, el principio o el programa no tienen apariencia discriminatoria, pero producen discriminación en su aplicación. Ello puede suceder, por ejemplo, cuando las mujeres están en situación desfavorable frente a los hombres en lo que concierne al disfrute de una oportunidad o beneficio particulares, a causa de desigualdades preexistentes. La aplicación de una ley neutra en cuanto al género puede perpetuar la desigualdad existente o agravarla.”

Este marco de obligaciones implica que los Estados deben abstenerse de actos que, directa o indirectamente, nieguen la igualdad de derechos entre hombres y mujeres al disfrute de los Derechos económicos, sociales y culturales (DESC), y deben aprobar o derogar las leyes y rescindir las políticas y los programas que no estén adecuados con la obligación de igualdad y no discriminación, y tener en cuenta la forma en que normas y principios jurídicos, aparentemente neutrales en cuanto al género, tengan un efecto lesivo para el disfrute de los derechos, en igualdad de condiciones, para hombres y mujeres.

Además de que se debe por medio de las normas y políticas públicas, eliminar todo tipo de prejuicios, costumbres y prácticas que reproduzcan la idea de inferioridad o superioridad de uno u otro sexo y los estereotipos sobre las funciones de hombres y mujeres, así como crear mecanismos que regulen que la aplicación de políticas orientadas a estos derechos, en condiciones de igualdad, no generen efectos perjudiciales en grupos desfavorecidos, particularmente en mujeres y niñas, y promover la participación de hombres y mujeres en igualdad en la discusión sobre el desarrollo y en la participación de los beneficios derivados de él.

Por otro lado, en 2016, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité-CEDAW) emitió la Recomendación General núm. 34 sobre los Derechos de las Mujeres Rurales que desarrolla las obligaciones que tienen los Estados partes de la CEDAW para hacer efectivos los derechos de las mujeres rurales (obligaciones de carácter general y obligaciones relacionadas con dimensiones específicas de los derechos de las mujeres rurales). 14

El Comité-CEDAW colocó también en el centro: el derecho a participar en el desarrollo rural y en sus beneficios; servicios de atención médica; vida económica y social; educación; empleo; vida política y pública; tierra y recursos naturales, incluidos el agua, las semillas, los bosques y la pesca, y la garantía efectiva del derecho a la alimentación y la nutrición de las mujeres rurales; y condiciones de vida adecuadas.

Por su parte, la Recomendación General núm. 34, resalta la necesidad tanto de remover obstáculos legales que menoscaben los derechos de las mujeres rurales como de avanzar en la igualdad sustantiva, esto es: la igualdad material, real y estructural.

Todas estas normas internacionales y otras más, establecen obligaciones directas o principios guías de actuación que el Estado mexicano, deben retomar y verse reflejados en políticas públicas internas que otorgen mejores marcos normativos para avanzar en la exigencia de los derechos a la tierra y los recursos naturales de las mujeres en los territorios que habitan.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de las diputadas y los diputados de esta LXV Legislatura el siguiente proyecto de:

Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 2, se reforma el primer párrafo del artículo 4, se reforma el artículo 5, se reforma el artículo 6, se reforma el artículo 7, se reforma el artículo 8, se reforma el artículo 10, se reforma el primer párrafo del artículo 11, se reforma el título de la sección segunda del título tercero del capítulo I, se reforma el artículo 12, reforma el artículo 13, se reforma el artículo 14, se reforma el párrafo del artículo 15, se reforman las fracciones I y II del artículo 15, se reforma el párrafo del artículo 16, se reforma el primer párrafo del artículo 17, se reforma el primer párrafo y la fracción III y IV del artículo 18, se reforma el primer párrafo del artículo 30, se reforma el artículo 32, se reforma la fracción I del artículo 33, se reforma el artículo 35, se reforman el primer y segundo párrafo del artículo 37, reforma el primer párrafo del artículo 41, se reforma el primer párrafo del artículo 47, se reforman las fracciones I, II, III y IV del artículo 57, se reforma el segundo párrafo del artículo 57, se reforma el segundo párrafo del artículo 74, se reforma el artículo 76, se reforma primer párrafo del artículo 78, se reforma el artículo 96, se reforman el primer y segundo párrafo del artículo 109, se reforma el artículo 135, se reforman al primer párrafo y la fracción I del artículo 140, se reforman el primer párrafo y la fracción I del artículo 141, se reforma el artículo 142, se reforma el artículo 143 de la Ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 2....

El ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta ley en lo relacionado con el aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustará a lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Artículo 4. El Ejecutivo Federal promoverá el desarrollo integral, equitativo, sustentable del sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y de las acciones sociales para elevar el bienestar de la población y su participación en condiciones de igualdad de género en la vida nacional.

Artículo 5. Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal garantizarán el cuidado y conservación de los recursos naturales, la igualdad sustantiva, las perspectivas de interseccionalidad e intercultural y promoverán su aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio ecológico; propiciarán el mejoramiento de las condiciones de producción promoviendo y en su caso participando en obras de infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial y aptitud de las tierras en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo.

Artículo 6. Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal buscarán establecer las condiciones para canalizar recursos de inversión y crediticios que permitan la capitalización del campo; fomentar la conjunción de predios y parcelas en unidades productivas; propiciar todo tipo de asociaciones con fines productivos entre personas ejidatarias, comuneras y pequeñas propietarias y cualquiera de éstas entre sí; promover la investigación científica y técnica y la transferencia de sus resultados entre todas y todos los productores rurales; apoyar la capacitación, organización y asociación de las y los productores para incrementar la productividad y mejorar la producción, la transformación y la comercialización; asesorar personas trabajadoras rurales; y llevar a cabo las acciones que propicien el desarrollo social y regionalmente equilibrado del sector rural.

Artículo 7. El Ejecutivo Federal promoverá y realizará acciones que protejan la vida en comunidad, propicien su libre desarrollo, garanticen la igualdad sustantiva y mejoren sus posibilidades de atender y satisfacer las demandas de sus integrantes.

Artículo 8. En los términos que establece la Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal, con la participación de las personas productoras y la població n del campo a través de sus organizaciones representativas, formulará programas de mediano plazo y anuales en los que se fijarán las metas, los recursos y su distribución geográfica y por objetivos, las instituciones responsables y los plazos de ejecución, para el desarrollo integral del campo mexicano.

Artículo 10. Los ejidos operan de acuerdo con su reglamento interno que deberá garantizar condiciones igualdad sustantiva, sin más limitaciones en sus actividades que las que dispone la ley. Su reglamento se inscribirá en el Registro Agrario Nacional, y deberá contener las bases generales para la organización económica y social del ejido que se adopten libremente, los requisitos para admitir nuevas personas ejidatarias, las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común, así como las demás disposiciones que conforme a esta ley deban ser incluídas en el reglamento y las demás que cada ejido considere pertinentes.

Artículo 11. La explotación colectiva de las tierras ejidales puede ser adoptada por un ejido cuando su asamblea así lo resuelva, en cuyo caso deberán establecerse previamente las disposiciones relativas a la forma de organizar el trabajo y la explotación de los recursos del ejido, así como los mecanismos para el reparto equitativo con igualdad de género de los beneficios, la constitución de reservas de capital, de previsión social o de servicios y las que integren los fondos comunes.

Sección Segunda
De las personas ejidatarias y avencidadas

Artículo 12. Son personas ejidatarias las titurales de derechos ejidales.

Artículo 13. Las personas avecindadas del ejido, para los efectos de esta ley, son las personas méxicanas mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Las personas avecindadas gozan de los derechos que esta ley les confiere.

Artículo 14. Corresponde a las personas ejidatarias el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, los derechos que el reglamento interno de cada ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los demás que legalmente les correspondan.

Artículo 15. Para poder adquirir la calidad de persona ejidataria se requiere:

I. Ser mexicano o mexicana mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo o se trate de persona hedera de la persona ejidataria; y

II. Ser persona avecindada del ejido correspondiente, excepto cuando se trate de un heredero, o cumplir con los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno.

Artículo 16. La calidad de persona ejidataria se acredita:

I. Con el certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente; II. Con el certificado parcelario o de derechos comunes; o

III. Con la sentencia o resolución relativa del tribunal agrario.

Artículo 17. La persona ejidataria tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de persona ejidataria, para lo cual bastará que la persona ejidataria formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar en primer orden al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a una de las y los hijos, a una de las o los ascendientes o a cualquier otra persona.

Artículo 18. Cuando la persona ejidataria no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de las personas señaladas en la lista de herederas pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:

I. Al cónyuge;

II. A la concubina o concubinario;

III. A una o uno de los hijos de las personas ejidatarias;

IV. A una o uno de sus ascendientes; y

V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él.

Artículo 30. Para la asistencia válida de un mandatario a una asamblea bastará una carta-poder debidamente suscrita por la persona titular ante dos testigos que sean personas ejidatarias o avecindadas del mismo núcleo al que pertenece el mandante. En caso de que el ejidatario mandante no pueda firmar, imprimirá su huella digital en la carta y solicitará a un tercero que firme la misma y asiente el nombre de ambos.

Artículo 32. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido una persona que ocupará la Presidencia, una persona que ocupe Secretaría y una persona que ocupe la Tesorería, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y las secretarías auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente.

Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado:

I. Representar al núcleo de población ejidal sin discriminación y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas;

II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos para todas las personas ejidatarias

Artículo 35. El consejo de vigilancia estará constituido por una Presidencia y dos Secretarías, propietarios y sus respectivos suplentes y operará conforme a sus facultades y de acuerdo con el reglamento interno; si éste nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente.

Artículo 37. Las personas integrantes del comisariado y del consejo de vigilancia, así como sus suplentes, serán electas en asamblea. El voto será secreto y el escrutinio público e inmediato. En caso de que la votación se empate, se repetirá ésta y si volviere a empatarse se asignarán los puestos por sorteo entre los individuos que hubiesen obtenido el mismo número de votos.

Las candidaturas a puestos de elección que integran el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia, deberán integrarse de manera paritaria, y podrán aspirar a cualquiera de los puestos indistintamente. Para las comisiones y secretarios auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal, se deberá garantizar la integración de las mujeres.

Artículo 41. Como órgano de participación de la comunidad podrá constituirse en cada ejido una junta de pobladores, integrada de manera paritaria por las personas ejidatarias y avencindadas del núcleo de población, la que podrá hacer propuestas sobre cuestiones relacionadas con el poblado, sus servicios públicos y los trabajos comunitarios del asentamiento humano.

Artículo 47. Dentro de un mismo ejido, ninguna persona ejidataria podrá ser titular de derechos parcelarios sobre una extensión mayor que la equivalente al cinco por ciento de las tierras ejidales, ni de más superficie que la equivalente a la pequeña propiedad. Para efectos de cómputo, las tierras ejidales y las de dominio pleno serán acumulables.

Artículo 57. ...

I. Las personas posesionarias reconocidos por la asamblea;

II. Las personas ejitarias y avecindadas del núcleo de población cuya dedicación y esmero sean notorios o que hayan mejorado con su trabajo e inversión las tierras de que se trate;

III. Las y los hijos de personas ejidatarias y otras personas avecindadas que hayan trabajado las tierras por dos años o más; y

IV. Otras personas, a juicio de la asamblea.

Cuando así lo decida la asamblea, la asignación de tierras podrá hacerse por resolución de la propia asamblea y deberá tomar en cuenta la igualdad de género, a cambio de una contraprestación que se destine al beneficio del núcleo de población ejidal.

Artículo 74. ...

El reglamento interno regulará el uso, aprovechamiento, acceso y conservación de las tierras de uso común del ejido, incluyendo los derechos y obligaciones de personas ejidatarias y avecindadas respecto de dichas tierras.

Artículo 76. Corresponde a las personas ejidatarias el derecho de aprovechamiento, uso y usufructo de sus parcelas.

Artículo 78. Los derechos de las personas ejidatarias sobre sus parcelas se acreditarán con sus correspondientes certificados de derechos agrarios o certificados parcelarios, los cuales ostentarán los datos básicos de identificación de la parcela. Los certificados parcelarios serán expedidos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de esta ley.

Artículo 96. La indemnización se pagará a las personas ejidatarias atendiendo a sus derechos. Si dicha expropiación sólo afecta parcelas asignadas a determinados ejidatarios, éstos recibirán la indemnización en la proporción que les corresponda. Si existiere duda sobre las proporciones de cada ejidatario, la Procuraduría Agraria intentará la conciliación de intereses y si ello no fuera posible, se acudirá ante el tribunal agrario competente para que éste resuelva, en definitiva.

Artículo 109. Los estatutos de la unión deberán contener lo siguiente: denominación, domicilio y duración; objetivos; capital y régimen de responsabilidad; lista de las personas integrantes y normas para su admisión, separación, exclusión, derechos y obligaciones; órganos de autoridad y vigilancia; normas de funcionamiento; ejercicio y balances; fondos, reservas y reparto de utilidades, así como las normas para su disolución y liquidación.

El órgano supremo será la asamblea general que se integrará con dos representantes que deberán ser; una mujer y un hombre de cada una de las asambleas de los ejidos o de las comunidades miembros de la unión y dos representantes designados que al menos uno deberá ser mujer de entre los miembros del comisariado y el consejo de vigilancia de los mismos.

Artículo 135. La Procuraduría tiene funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de las personas ejidatarias, comuneras, así como personas sucesoras de las personas ejidatarias, comuneras, pequeñas propietarias, avecindadas y jornaleras agrícolas, ejidos, comunidades, mediante la aplicación de las atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamento correspondiente, cuando así se lo soliciten, o de oficio en los términos de esta ley.

Artículo 140. La persona titular de la Procuraduría Agraria deberá satisfacer los siguientes requisitos:

I. Ser mexicana o mexicano, mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Contar con experiencia mínima de cinco años en cuestiones agrarias; y

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal.

Artículo 141. Las personas titulares de Subprocuradurías deberán reunir los requisitos siguientes:

I. Ser mexicana o mexicano, mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

Artículo 142. La persona titular Procuraduría Agraria será nombrada y removida libremente por el presidente de la República.

Artículo 143. Las personas titulares de las Subprocuradurías y la persona titular de la Secretaría General de la Procuraduría, también serán nombrados y removidos libremente por el presidente de la República, a propuesta del Secretario de la Reforma Agraria.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al contenido del presente decreto.

Biblografía

1 ONU.2021. https://www.un.org/es/observances/rural-women-day

2 CEPAL. 2019. La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes. Santiago de Chile. 224 pp. (disponible en:

https://repositorio.cepal.org/ bitstream/handle/11362/45032/4/S19 00723_es.pdf ). Acceso: 27 de septiembre de 2021.

3 FAO. 2018. Avances y desafíos de las mujeres rurales en el marco de la estrategia de género del plan SAN CELAC 2025. Santiago de Chile. 35 pp. (disponible en:

http:// www.fao.org/3/i8750es/I8750ES.pdf) Sader,

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/674428/MUJERES_RU RALES_2021.pdf

4 Brito Bruno, C. e Ivanovic Willumsen, C. 2019. Mujeres rurales, protección social y seguridad alimentaria en ALC. Desafíos actuales y aportes del enfoque sistémico a la política pública con enfoque de género. Santiago de Chile. FAO. 18 pp. Disponible en:

http://www.fao.org/3/ca5092es/ca5092es.pdf

5 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Boletin11.pdf

6 Sader,

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/674428/MUJERES_RU RALES_2021.pdf

7 Idem.

8 Registro Nacional Agrario,

https://www.youtube.com/watch?v=1_mAkJLq9w4

9 https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

10 http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp

11 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx

12 Organización Internacional del Trabajo (OIT). 2019. Aplicación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales núm. 169 de la OIT: Hacia un futuro inclusivo, sostenible y justo. Ginebra. 156 pp. Disponible en:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-–dgreports/–-dcomm/–-publ/documents/ publication/wcms_735627.pdf

13 ONU. 2016. Recomendación general núm. 34 (2016) sobre los derechos de las mujeres rurales. CEDAW/C/ GC/34. 29 pp. Disponible en

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/ GC/34&Lang=en

14 FAO,2021 Nota de orientación jurídica para parlamentarios en América Latina y el Caribe N.o 8. The Hunger Project México, 2021, Propuesta agenda parlamentaria mujeres rurales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 noviembre de 2021.– Diputadas: Claudia Tello Espinosa, Socorro Irma Andazola Gómez, Rosa María Alvarado Murguía, Brianda Aurora Vázquez Álvarez, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que expide la Ley General para la Coordinación, Planeación y Desarrollo de las Zonas Metropolitanas, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena.»

«Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Leticia Zepeda Martínez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Leticia Zepeda Martínez, a nombre de las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente:

Uno de los temas que ha cobrado mayor importancia en nuestros días es el relativo a las finanzas de los gobiernos estatales y municipales, ya que dependen, en buena medida, de los recursos transferidos año con año por el gobierno federal.

Esta dependencia se ha ido consolidado en detrimento de la capacidad institucional de los gobiernos municipales para generar y administrar, de mejor manera, sus propios recursos, todo ello a pesar de las reformas dirigidas a fortalecer la autonomía municipal que se han dado.

Lo anterior cobra mayor importancia ya que el municipio es la instancia de gobierno más cercana a los ciudadanos y que, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 115 de nuestra Carta Magna, tiene a su cargo la prestación de servicios de primera necesidad como el agua potable; el alumbrado público; la recolección y disposición de la basura; el cuidado y equipamiento de las calles, parques y jardines, así como la seguridad pública, entre otros.

Es preciso recordar que, con la reforma al artículo 115 constitucional que se dio a finales de 1999, mediante la cual el ayuntamiento era reconocido como órgano de gobierno y no como un sistema de administración, se buscó ampliar las facultades de los municipios y con ello un fortalecimiento de su autonomía. Sin embargo esta misma reforma confirmaría la imposición de la federación sobre el municipio al establecer la exención del pago del impuesto predial a los inmuebles públicos, ya sean federales, de los estados o municipales.

En este orden de ideas, según la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), entre 1999 y 2020 el porcentaje de ingresos propios de los municipios generados mediante el cobro de impuestos se ha mantenido prácticamente estancado, al pasar de un 9.3 por ciento en el año 2000 al 13.3 por ciento en 2020, es decir, que mientras la dependencia del gasto federalizado va en aumento, la capacidad recaudatoria de los municipios no se ha visto incrementada a lo largo de ese tiempo, afirmando que de cada peso que ingresa a los municipios alrededor de 70 centavos provienen de la federación y de las aportaciones de los estados, en contraste, los impuestos municipales son equivalentes a 13 centavos por cada peso de los ingresos municipales.

Así, en los municipios del país, los ingresos obtenidos por aprovechamientos, el cobro de derechos por la prestación de servicios o por el uso, goce y aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público representan menos del 8 por ciento de los ingresos municipales, mientras que el predial es el que mayor recaudación registra de entre todos los impuestos, lo cual significa que el predial cuenta con un mayor potencial para que los municipios generen sus propios ingresos.

La misma ANAC sostiene que, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 fueron recaudados, a nivel nacional, poco más de 61 mil 302 millones de pesos en impuestos. De entre los impuestos sobre los ingresos, la producción, consumo y transacciones, los impuestos sobre el patrimonio aportaron 74 centavos de cada peso recaudado. Entre estos impuestos sobre el patrimonio, el impuesto predial por sí mismo representa un valor de 43 centavos por cada peso recaudado al registrar un monto de 26 mil 274 millones 754 mil 5 pesos, por lo que podemos advertir que el predial es la principal fuente de ingresos propios de los municipios.

En México, de acuerdo con el estudio “Impuesto Predial, análisis y alternativas para mejorar la capacidad recaudatoria en los municipios de México”, elaborado por LMM Consulting, 1 la suma de las recaudaciones del impuesto predial en el nivel local representa tan solo el 0.2 por ciento del PIB, mientras que en América Latina y Estados Unidos equivale a 1.7 por ciento y 3.2 por ciento del mismo indicador, respectivamente. Esta situación ha sido consistente desde hace más de cinco décadas.

Por su parte, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 2 la recaudación tributaria como porcentaje del PIB de nuestro país en 2019 fue de 16.5 por ciento, ubicándose 6.5 puntos porcentuales por debajo del promedio de los países que conforman la región de América Latina y el Caribe y por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE, el cual fue de 33.8 por ciento.

No podemos dejar de advertir que la recaudación de ingresos propios es uno de los factores que aumenta la eficacia de las administraciones municipales debido a que les permite manejar libremente estos recursos ya los provenientes de la federación se encuentran etiquetados, por lo que su uso se restringe únicamente para lo cual fueron aprobados y destinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Así, los municipios en nuestro país presentan grandes debilidades en sus finanzas públicas debido a una elevada dependencia de sus ingresos respecto de los recursos federales, así como por una escasa recaudación propia en materia de impuestos, principalmente del impuesto predial, ya que éste se constituye como el impuesto local por excelencia y el de mayor potencial para generar ingresos propios en los municipios de México.

El impuesto predial es un gravamen sobre la propiedad o posesión inmobiliaria y debe ser pagado por todos los propietarios de un inmueble, ya sea vivienda, oficina, edificio, local comercial o predio; cuya  base administrativa y legal es el catastro municipal, el cual, además de servir para el cobro del costo de proveer servicios básicos según el uso del suelo.

Como se mencionó anteriormente, la recaudación del impuesto predial presenta, diversas problemáticas para su cobro, desde dificultades técnicas y operativas hasta implicaciones políticas, sin embargo, como se hizo referencia párrafos anteriores, la reforma constitucional de 1999 trajo consigo un problema estructural ya que se dio una imposición de la federación sobre el municipio al establecer la exención del pago del impuesto predial a los inmuebles públicos, ya sean federales, de los estados o municipales, por lo que, desde entonces, existen exenciones en materia de impuesto predial para los inmuebles que pertenecen a las administraciones públicas federal, estatales y municipales, como edificios de gobierno, hospitales, escuelas, entre otros, así como para obras de infraestructura como aeropuertos y autopistas, lo que genera fugas en la recaudación total de los municipios.

Es por ello que diversos especialistas recomiendan, entre otras cosas para incrementar la recaudación del impuesto predial y, con ello, mejorar la capacidad financiera de los municipios, la eliminación gradual de las exenciones al cobro de impuesto predial a inmuebles de gobierno. Es decir, que la totalidad de las dependencias federales y de los organismos públicos federales cubran el pago de sus impuestos, así como las concesiones como los aeropuertos en sus áreas comerciales y administrativas, pero manteniendo la excepción a instituciones educativas y de servicios de salud.

Esta medida sin duda fortalecerá la capacidad de los gobiernos municipales hacer frente a sus obligaciones financieras, así como para poder destinar mayores recursos a los servicios que deben prestar a la ciudadanía, ello sin que implique un impacto en la economía de las familias.

Nuestro deber como representantes de la ciudadanía nos debe llevar a voltear a ver las necesidades de los municipios, ya que los servicios que prestan a la sociedad son los servicios básicos, sin los cuales, ninguna nación podrá aspirar a una vida mejor y más digna.

Así, la presente iniciativa propone eliminar, desde nuestra Constitución Política, la exención que imposibilita a los municipios cobrar el impuesto predial a los inmuebles públicos, ya sean federales, de los estados o municipales.

En vista de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo dispuesto en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115....

I. a la III. ...

IV. ...

a) a la c) ...

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades federativas o los municipios que sean utilizados con fines educativos o para la atención de la salud pública.

...

...

...

V. a la X. ...

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1  LMM Consulting,  “Impuesto Predial, análisis y alternativas para mejorar la capacidad recaudatoria en los municipios de México”, consultado en:

https://www.cefp.gob.mx/transp/CEFP-CEFP-70-41-C-Estudio0009-010617.pdf

2 OCDE, “Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2021 — México”, Consultado en:

https://www.oecd.org/tax/tax-policy/estadisticas-tributarias-america-latina-caribe-mexico.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.– Diputada Leticia Zepeda Martínez (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 14 y 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada María del Refugio Camarena Jauregui, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14, primer párrafo; y 15, fracciones XVIII y XIX, recorriéndose subsecuentemente la vigente XIX para convertirse en fracción XX de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al tenor de la siguiente

El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, aprobó la resolución donde declaró y proclamó al 15 de octubre de cada año como el Día Internacional de las Mujeres Rurales, celebrándose por primea vez en 2008, y donde se exhortó a los estados miembros a formular políticas y programas destinados específicamente a mejorar la situación de la mujer rural, a reconocer e impulsar su empoderamiento político y socioeconómico, su participación plena e igualitaria en sus actividades diarias.

La proclama internacional en favor de la mujer rural es un llamado a que los estados respeten sus libertades, derechos y realicen inversiones en sus presupuestos con perspectiva de género para que tengan acceso al desarrollo humano, a la energía, al transporte, al agua, a la nutrición, a la vivienda asequible, a la educación, a la alfabetización, al apoyo social, a la salud sexual y reproductiva.

ONU-Mujeres indica que las mujeres rurales representan una cuarta parte de la población mundial, la cuales laboran en la agricultura, como asalariadas y como empresarias, teniendo un reconocimiento en la siembra y producción de alimentos a nivel mundial contribuyendo en la seguridad alimentaria de sus países.

Refiere que menos de 20 por ciento de los propietarios de tierras en todo el mundo son mujeres en las zonas rurales; la brecha salarial de género llega a 40 por ciento a nivel mundial, además indica que, si se redujera 25 por ciento la brecha salarial, en las tasas de participación laboral entre hombres y mujeres rurales para el año 2025 podrían aumentar el producto interno bruto (PIB) mundial en 3.9 por ciento.

En este sentido, si las mujeres rurales tuvieran acceso igualitario en los activos agrícolas, la educación y los mercados podrían ampliar la producción y reducir el número de personas que padecen hambre entre 100 a 150 millones de personas a nivel mundial.

Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) señala que la contribución de las mujeres rurales representa alrededor de 50 por ciento de la fuerza formal de producción de alimentos en el mundo, por lo que las mujeres rurales ocupan un rol importante en la economía de América Latina en la producción de alimentos a pequeña escala, en la preservación de la biodiversidad, entre otras actividades.

En México de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres), señala que hay alrededor de 14.7 millones de mujeres rurales, representando 22.7 por ciento del total de las mujeres y 11.7 por ciento de la población total del país. En escolaridad las mujeres rurales alcanzan 3.4 años menos que las mujeres urbanas.

También es importante mencionar que 35.4 por ciento de deserción escolar de las mujeres rurales se debe a no tener recursos económicos y 14.3 por ciento por unión conyugal, situación que contrasta con las mujeres urbanas con 23.7 por ciento y 9.4 por ciento respectivamente.

Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC (IMCO), indica que, en México, hay alrededor de 27.4 millones de personas que viven en zonas rurales en localidades de menos de 2 mil 500 pobladores, de los cuales 50.7 por ciento son mujeres. De los más de 64 millones de mujeres en México, 23 por ciento se encuentran en localidades rurales, siendo 75 por ciento mayores de 12 años, por lo que la población de la mujer rural representa la cuarta parte de la población femenina nacional.

El mismo instituto refiere que la participación en la economía de las mujeres en México es baja donde las localidades rurales son aún menores, es decir, menos de 2 mujeres de cada 10 (18 por ciento) tienen un trabajo o están en búsqueda de uno.

También indica Inmujeres que la mujer rural vive en niveles de pobreza que son preocupantes, ya que, en las zonas rurales hay 55.9 por ciento en esta situación, mientras en las urbanas es del 38.1 por ciento, lo cual desfasa socialmente a la mujer rural y repercute en su calidad de vida, careciendo de servicios básicos, dejándolas en desventaja económica frente a las mujeres y hombres que habitan en zonas urbanas y hombres rurales.

Al respecto, el Inegi, refiere que 35.6 por ciento de las mujeres rurales de 15 a 64 años tienen un trabajo remunerado, porcentaje menor al de las mujeres urbanas que es de 50.2 por ciento. Cabe destacar que 75.5 por ciento de mujeres rurales no tienen prestaciones, este porcentaje es significativamente menor en zonas urbanas que es de 49.6 por ciento.

Otro dato muestra que 24 por ciento de las mujeres rurales ocupadas trabaja en comercio, el 23.4 por ciento en servicios, 20.1 por ciento en la industria manufacturera y 13.3 por ciento en agricultura, ganadería donde las personas que toman decisiones en las unidades de producción sólo 14 de cada 100 son mujeres.

Entre las mujeres rurales que se ocupan en actividades agropecuarias y pesqueras, sólo 3.1 por ciento tiene un trabajo remunerado y 96.9 por ciento realiza otras actividades no remuneradas, siendo las principales actividades no remuneradas los quehaceres domésticos, el cuidado de personas, acarreo de leña y agua para su hogar.

El panorama anterior muestra un rezago y una deuda histórica con la mujer rural, ya que las complejidades a las que a diario se enfrentan significa que la política social en México debe incentivar a este sector poblacional que contribuye con su trabajo diario al sistema productivo y económico del país, pero que hasta hoy siguen padeciendo marginación, pobreza y discriminación.

Pese a lo anterior la mujer rural tiene un sentido social histórico y relevante que debe ser reconocido para que les permita empoderarse frente a sus pares en zonas urbanas y frente a los hombres que habitan en zonas rurales y urbanas. Es urgente que el empoderamiento de la mujer rural supere las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias que evitan su desarrollo en la participación política, social y económica dentro de sus comunidades y hogares.

Destacar que, pese a que los hombres rurales se vuelven migrantes, las mujeres rurales que se quedan al frente de sus hogares sus condiciones económicas no mejoran de acuerdo a los indicadores económicos, de género y de desarrollo.

Por ello, la presente iniciativa propone crear el ingreso básico mensual para la mujer rural en favor de su empoderamiento para visibilizarla y fortalecerla en su bienestar que permita su incorporación a la vida laboral, a la economía de su comunidad y que contribuya al desarrollo de México.

Este ingreso básico será una acción de igualdad sustantiva que deberá reconocerse e impulsarse para que se incorpore en el Programa Especial Concurrente, el cual se encarga actualmente de fomentar las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica y socialmente débiles.

El ingreso básico mensual para la mujer rural deberá contar con lineamientos para transparentar el destino del recurso público, debiendo ser expedidos a los 90 días posteriores a la entrada de vigencia de la reforma. El monto económico del ingreso básico mensual para la mujer rural lo acordarán las autoridades correspondientes con base al presupuesto anual asignado.

Para el Grupo Parlamentario del PRI, las mujeres rurales son parte del proceso histórico de nuestro país, pero han quedado marginadas en sus derechos debido a la desigualdad salarial que les impide desarrollarse económicamente y empoderarse para hacer valer sus derechos, lo cual las ubica en la posibilidad de sufrir violencia.

Por ello, es fundamental que accedan a un ingreso mensual básico. De esta manera se podría dar cumplimiento a lo que indican las recomendaciones internacionales para invertir en el empoderamiento económico de la mujer que tiene como resultado el crecimiento significativo del producto interno bruto.

Si aspiramos a que México sea más competitivo debemos dar un gran paso en materia rural para que las mujeres que habitan esas zonas tengan mayores oportunidades, por lo que es necesario implementar políticas públicas que fomenten su autonomía económica. Al estar en una Legislatura paritaria 50-50 por ciento por primera vez en la historia de nuestro país, es necesario tener empatía y unir esfuerzos para que las mujeres rurales se empoderen económicamente, vivan en espacios sin violencia y accedan a una igualdad sustantiva.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a consideración de este honorable pleno la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 14, primer párrafo; y 15, fracciones XVIII y XIX, recorriéndose subsecuentemente la vigente XIX para convertirse en fracción XX de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Único. Se reforman los artículos 14, primer párrafo; y 15, fracciones XVIII y XIX, recorriéndose subsecuentemente la vigente XIX para convertirse en fracción XX de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 14. En el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales de las dependencias y entidades que la integren, la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable propondrá al Ejecutivo Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, 9 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 19 y 26 de la Ley de Planeación, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable que comprenderá las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo , ingreso básico y a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica y socialmente débiles.

(...)

(...)

Artículo 15. El Programa Especial Concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará acciones en las siguientes materias:

I. a XVII. (...)

XVIII. Difusión nacional sobre su contenido ,

XIX. Impulso del Ingreso básico mensual para la mujer rural, y

XX. Las demás que determine el Ejecutivo federal.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se ajustará la normatividad correspondiente al presente decreto en 180 días posteriores a la entrada en vigor en el presente decreto.

Tercero. El ingreso básico mensual para la mujer rural deberá contar con lineamientos que deberán ser expedidos 90 días posteriores a la entrada en vigencia del presente decreto.

Cuarto. El monto económico del ingreso básico mensual para la mujer rural lo acordarán las autoridades correspondientes con base en el presupuesto anual asignado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2021.– Diputadas y diputados: María del Refugio Camarena Jáuregui, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Frinné Azuara Yarzábal, Johana Montcerrat Hernández Pérez, Mariana Erandi Nassar Piñeyro, Martha Estela Romo Cuéllar, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de incluir el de transporte público colectivo en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, a cargo del diputado Luis Enrique Martínez Ventura, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Luis Enrique Martínez Ventura, diputado federal de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de incluir el robo al transporte público colectivo en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, al tenor de la siguiente:

En los distintos medios de comunicación escuchamos continuamente sobre el incremento de casos de robo al transporte público colectivo. Esta situación resulta muy preocupante, no sólo porque afecta al patrimonio y tranquilidad de los ciudadanos, sino también porque este tipo de conductas delictivas cada vez son más violentas y ponen en riesgo la vida de los usuarios que utilizan dicho medio para movilizarse.

Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2020 señalan que, en el año 2019 se cometieron 30.3 millones de delitos, de los cuales, el mayor porcentaje de víctimas lo ocupa el robo o asalto en calle o transporte público con una cifra que asciende al 27 por ciento, lo que significa que 8.2 millones de ciudadanos fueron víctimas de este ilícito.

Además, la Envipe señala que las pérdidas monetarias por victimización, es decir aquellas pérdidas a consecuencias de haber sido víctima de uno o más delitos, para el caso del robo o asalto en calle o transporte público, ascendió en el año 2019 a 5 mil 88 millones de pesos.

Los datos son contundentes y dan cuenta de la incertidumbre que sufren los mexicanos al hacer uso del transporte público, por ello, no es de extrañarse que en la Envipe se señale que, a nivel nacional, dicho medio de transporte ocupe el tercer sitio como el lugar específico donde la población se siente más inseguro.

Por otra parte, el robo a transporte público delictivo se caracteriza por ser violento. El Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SNSP) registró a nivel nacional, durante el mes de junio de 2021, 1 mil 97 delitos de robo a transporte público colectivo, de los cuales 746 se cometieron con violencia y 351 sin el uso de ésta última.

En este sentido, hace unos días, en las redes sociales y en diversos medios de comunicación circuló un video en el que se muestra como un sujeto armado le disparó e hirió al chofer de una camioneta de pasajeros que logró arrancar antes de que éste pudiera subir a la unidad a robar a los pasajeros. 1

Los hechos ocurrieron en el municipio de Naucalpan, estado de México, entidad que junto con Ciudad de México concentran el 86.3 por ciento del total nacional de robos en el transporte público colectivo de acuerdo con cifras del SNSP.

Ante este acontecimiento y como muestra del descontento por los constantes asaltos en el transporte público y la impunidad con la que actúan los infractores, los vecinos de Naucalpan comenzaron a organizarse para ellos mismos detener a los asaltantes.

Este hecho da muestra del hartazgo de la ciudadanía ante este tipo de ilícitos y de la necesidad de instrumentar acciones que contribuyan a prevenir la impunidad de los sujetos que incurren en esta conducta delictiva.

En ello, radica la importancia y trascendencia de la presente iniciativa en virtud de que tiene como propósito incluir el robo en el transporte público colectivo en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa a fin de prevenir la impunidad de los que cometen esté ilícito y evitar el fenómeno de la llamada puerta giratoria.

La falta de castigo para los que cometen el robo a transporte público está provocando una descomposición social que debe detenerse y evitar que sean los propios ciudadanos los que toman justicia por su propia cuenta, cabe recordar que, en julio de 2020, en el municipio de Texcoco, un grupo de pasajeras frustraron un asalto y lo golpearon hasta herirlo gravemente. 2

La seguridad, tranquilidad y bienestar de las familias mexicanas son asuntos prioritarios para los integrantes del Grupo Parlamentario del PT. Somos sensibles y tenemos empatía con la incertidumbre que la incidencia delictiva produce a las y los mexicanos, es por ello, que presentamos esta propuesta que busca desincentivar el robo en el transporte público al impedir la impunidad de los que incurren en esta conducta delictiva.

Por lo expuesto y fundado, presento a consideración de esta honorable asamblea la siguiente:

Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19....

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, robo al transporte público colectivo, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

...

...

...

...

...

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cae-sujeto-que-intento-asaltar-combi-y-disparo-contra-chofer-en-naucalpan

2 https://www.informador.mx/mexico/Pasajeros-en-combi-golpean-a-hombre-tras-fallar-en-asalto-20200803-0078.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2019.– Diputados y diputadas: Luis Enrique Martínez Ventura, Sue Ellen Bernal Bolnik, Mariana Erandi Nassar Piñeyro, Marisol García Segura, Fernando Marín Díaz, Alfredo Porras Domínguez, Francisco Favela Peñuñuri, Mónica Herrera Villavicencio, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que expide la Ley de Protección de los Derechos Fundamentales de las Personas en Casos de Emergencia, Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, para restringir la inasistencia a reuniones de comisión, a cargo de la diputada Sandra Simey Olvera Bautista, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Sandra Simey Olvera Bautista, con base en la facultad le confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan los artículos 167, 170, 174, 192 y 196 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de la siguiente

Una de las deudas históricas del sistema político mexicano con su sociedad es que el funcionario público no goce de privilegios superiores a cualquier ciudadano en las condiciones laborales. durante muchos años el servicio público fue objeto de críticas considerables por parte de los medios de comunicación en la sociedad debido a privilegios y las condiciones laborales de estos.

La imagen del legislador ha sido duramente criticada por la sociedad mexicana debido a un desconocimiento de la importancia de las actividades parlamentarias, pero también se debe a que la sociedad fue testigo de la poca participación real del legislador en los trabajos del Congreso. Sin embargo, el trabajo de los legisladores es primordial para la vida democrática del país.

La Revolución Francesa y la Constitución de los Estados Unidos de América fueron determinantes para definir la importancia de una división tripartita del poder en la construcción de la democracia mexicana, entendiendo el poder legislativo como la representación del pueblo, pero que no se centraliza a través de la figura del presidente. 1

Por lo tanto, el legislador no se encuentra sometido de manera directa a las decisiones del Ejecutivo, sino que cuenta con una capacidad para poder analizar su trabajo, y como legislador tiene la enorme facultad de construir la estructura jurídica del Estado.

Ya lo comentaba Fernández de Lizardi, la felicidad de los pueblos en un ambiente democrático reside precisamente en la elección de sus representantes ante un Congreso o Asamblea. 2

Es pues de gran trascendencia para la vida democrática de un país el trabajo que realizan sus legisladores como representantes mismos de la opinión de los pueblos, pues supone la representación de quienes los han elegido.

Sin embargo, también en su obra sobre ideas y políticas liberales ya recoge desde su época el pesar de la ciudadanía en caso de que el desempeño del elegido como representante popular no sea el que esperaban, y que en su momento no representan los verdaderos deseos de los pueblos.

Desde las épocas prerrevolucionarias, y muy a pesar de la fortaleza que tuvo el Congreso Mexicano durante el siglo XIX, las críticas a los diputados ya se hacían ver, pues en algunos sentidos se alejaban de la sensación popular de la representación.

Ricardo Flores Magón, bajo el seudónimo de Anakreón, escribiría en 1904 un mordaz artículo en “El Colmillo Público” criticando el desempeño del Congreso y de los diputados respecto de la reelección de Porfirio Díaz y Ramón Corral.

Durante las últimas décadas también ha sido fuertemente criticado el desempeño de los diputados como partícipes de excesos y privilegios, con tal de complacer los intereses de quienes ocupaban el Poder Ejecutivo o incluso los poderes económicos.

En sus notas editoriales, el periódico “El Informador” de Guadalajara Jalisco en su edición del 14 de enero de 1965 destacaba la columna Charlas de Sobremesadel periodista Ignacio Gutiérrez Hermosillo, bajo el pseudónimo de “P. Lussa”, donde hablaba sobre “Los diputados del montón” al hace referencia a legisladores que “sólo van a dormir, a callar y a cobrar” 3

Pasada ya la mitad del siglo XX seguía en el pensamiento popular la idea de que los diputados en realidad no aportaban, salvo algunos casos, importantes cambios o trabajo para el país.

Este fenómeno se acentúa con la llegada, en primera instancia, en 1963 con los diputados de partido, que posteriormente derivarían en los diputados plurinominales creados a partir de la reforma política de 1977. Estas figuras representativas han generado una actitud hostil hacia el trabajo parlamentario, por parte de los ciudadanos, a pesar del espíritu democrático de su creación.

Dicho rechazo se refleja claramente en la opinión que tiene la ciudadanía acerca del desempeño en las actividades que realizan los legisladores. De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados 4 de 2014, casi el 70 por ciento de la población confía poco o nada en la Cámara de Diputados.

Más recientemente, Consulta Mitofsky publicó un ranking de la confianza en México sobre sus instituciones. Los diputados se encuentran en el penúltimo lugar de percepción de confianza, solo por arriba de los partidos políticos, lo que en sí mismo es un tema preocupante, ya que de estos mismo provienen los integrantes del congreso. 5

El nivel de la confianza de la ciudadanía hacia sus legisladores es un tema realmente preocupante para la cuarta transformación, que considera el comportamiento de sus integrantes como un pilar fundamental para el ejercicio ético del poder público.

La plataforma electoral de Morena de 2021 propone un “nuevo pacto social y del modelo de desarrollo para el México que está renaciendo tras la larga y oscura noche del neoliberalismo”, 6 pues es parte de las promesas que los legisladores de nuestro partido, en particular una servidora, se han propuesto con los ciudadanos.

Parte de este pacto es actuar con ética y responsabilidad frente a nuestra labor legislativa, y con ello los ciudadanos realmente se rencuentren con sus legisladores dentro de un proceso democrático.

 Por lo anterior se hacen necesarios cambios sustancial en las reglas que rigen el comportamiento de los legisladores y su compromiso con el trabajo parlamentario, en especial en temas de trabajo profundo como es el que se realiza al interior de las comisiones legislativas en los procesos de dictaminación.

Uno de los temas más importantes desempeño del trabajo parlamentario y la asistencia de los diputados no sólo al pleno de la Cámara sino también el trabajo que se realiza en las comisiones legislativas ordinarias, grupos de trabajo y de amistad, etcétera.

En ese sentido las cifras son duras. Gracias a los cambios en la legislación diversos diputados tuvieron la oportunidad de reelegirse en el proceso electoral federal de 2021.

Según informes de la Gaceta Parlamentaria, entre febrero y agosto de 2021, se lograron acumular más de 2 mil inasistencias en 197 votaciones ordinarias y extraordinarias que se realizaron entre febrero y agosto de 2021. 7

Las cosas al interior de las comisiones ordinarias se encuentran incluso un poco más complicadas. Derivado del dinamismo del trabajo legislativo, algunas citas de las comisiones ordinarias se llevan a cabo durante el transcurso de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, o la Comisión Permanente del Congreso.

Por ello esta reforma prioriza la necesidad de que estas reuniones se lleven de manera diferente, y además en expresamente autorizadas por las mesas directivas.

El 25 de febrero de 2004, los coordinadores de los grupos parlamentarios de la LIX Legislatura, presentaron una iniciativa que pretendía reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer diversas reglas relacionadas a las inasistencias de los diputados. 8

La iniciativa en sus términos no prosperó. Sin embargo, en esta iniciativa que presento, se recogen algunas precisiones para realizar este cambio tan importante.

Además, en el texto original de nuestra Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en lo que se refiere al artículo 64, no ha sufrido una sola modificación desde su promulgación. Queda claro que es necesario abordar el tema de la reforma constitucional del artículo 64. Sin embargo, las modificaciones al Reglamento de la Cámara de Diputados en la presente iniciativa para posteriormente abordar de manera formal en nuestro texto constitucional.

Por ello se propone hacer las siguientes modificaciones al Reglamento de la Cámara de Diputados, como se muestra en la siguiente tabla:

Por lo expuesto, fundado y motivado someto a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 167, 170, 174, 192 y 196 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Único. Se reforma el numeral 6 del artículo 167; se adiciona el numeral 2 del artículo 170; se adiciona un numeral 3 recorriéndose los actuales numerales en su orden al artículo 174; se reforma el numeral 2 del artículo 192 y el numeral 1 y 2 del artículo 193 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 167.-

1 a 5...

6. Las comisiones no podrán reunirse al mismo tiempo que sesione el pleno de la Cámara o la Comisión Permanente del Congreso, salvo anuencia expresa de la Mesa Directiva.

Artículo 170.-

1. Serán reuniones extraordinarias las que se realicen fuera de las programadas previamente, conforme al calendario básico anual de cada comisión, a que se refiere el artículo 209 de este Reglamento.

2. Las comisiones no podrán reunirse de manera extraordinaria al mismo tiempo que sesione el Pleno de la Cámara o la Comisión Permanente del Congreso, salvo anuencia expresa de la Mesa Directiva.

Artículo 174.-

1 y 2...

3. Las comisiones unidas no podrán reunirse al mismo tiempo que sesione el pleno de la Cámara o la Comisión Permanente del Congreso, salvo anuencia expresa de la Mesa Directiva

4 a 7...

Artículo 192.-

1...

2. Si un diputado o diputada no participa en dos terceras partes de las votaciones nominales que se presenten en una Reunión, se computará como inasistencia, aun cuando haya registrado su asistencia al inicio y al término de la misma.

Artículo 193.-

1. Al diputado o diputada que no asista a convocatoria de junta directiva o comisión, sin justificar, se le descontará un día de dieta.

2. En caso de que el diputado o diputada acumule dos inasistencias a reunión, sin justificar durante un semestre, causará baja de manera automática.

3 a 5...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 NAVA, S. O. (s. f.). Importancia del Parlamento en los Estados democráticos. Cámara de Diputados.

http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/temasdp/tema1.htm

2 De Lizardi, J. J. F., & de Lizardi, J. J. F. (2013). Sobre las cualidades que deben tener los diputados. Cámara de Diputados, LXII Legislatura.

3 Lussa, P. (1965, 14 enero). Charlas de Sobremesa. El Informador, 4A. Hemeroteca Nacional Digital de México UNAM.

4 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. (2014). Encuesta telefónica sobre confianza en las instituciones. Opinión Pública.

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Encuesta-telefonica-sobre-confianza-en-las-institucionessa

5 Ranking Mitofsky, Confianza en México: Instituciones. (2020). [Gráfico]. Mitofsky.

http://www.consulta.mx/media/k2/items/cache/7b2b58b4b3ed159a5bd6 628c70d1383a_XL.jpg

6 Plataforma Electoral de Morena. (2021). Instituto Nacional Electoral. Recuperado 21 de noviembre de 2021, de

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/1234 56789/116687/CGor202101-27-ap-20-7-A1.pdf

7 Un tercio de los diputados que repiten curul estuvo ausente durante votaciones. (2021, 7 septiembre). Pulso Diario San Luis.

https://pulsoslp.com.mx/nacional/un-tercio-de-los-diputados-que- repiten-curul-estuvo-ausente-durante-votaciones/1364050

8 Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados (2004) Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 36, 38, 43 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados coordinadores de los grupos parlamentarios integrantes de la junta de coordinación política de la Cámara de Diputados.

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/59/2004/feb/20040225.html# Ini20040225Coordinadores

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.– Diputadas y diputados: Sandra Simey Olvera Bautista, Angélica Ivonne Cisneros Luján, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Emmanuel Reyes Carmona, Esther Berenice Martínez Díaz, Eunice Monzón García, Fernando Marín Díaz, Francisco Javier Borrego Adame, Itzel Aleli Domínguez Zopiyactle, José Luis Flores Pacheco, Klaus Uwe Ritter Ocampo, María del Rocío Corona Nakamura, María Eugenia Hernández Pérez, Marisol García Segura, Martha Robles Ortiz, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Olegaria Carrazco Macías, Olga Leticia Chávez Rojas, Olimpia Tamara Girón Hernández, Susana Prieto Terrazas, Valeria Santiago Barrientos (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona las fracciones X y XI del artículo 149 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Valentín Reyes López, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Valentín Reyes López, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Educación, al tenor de lo siguiente

La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

Ante la llegada de la pandemia de Covid-19, la forma de ver la vida y como la desarrollábamos cambio por completo, la forma de sociabilizar y de educar se ha innovado con el fin de estar a las exigencias que demanda nuestra nueva realidad. 1 De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 37.9 millones de personas opera como trabajador subordinado y remunerado ocupando una plaza o puesto de trabajo, cifra mayor en 4.2 millones de personas en su comparación anual; 13.1 millones trabaja de manera independiente o por su cuenta sin contratar empleados. Esta última categoría de ocupación subió en 2.1 millones de personas . 2

De las que 59 millones de personas a partir de los 15 años en adelante son la población económicamente activa es decir que actualmente se encuentran trabajando, que se traduce en una Tasa de participación del 59.9%. Población que se distribuye de la siguiente manera.

En servicios se concentraron 23.9 millones de personas (42.5 por ciento del total), en el comercio 10.8 millones (19.2), en la industria manufacturera 9.3 millones (16.4), en las actividades agropecuarias 7.3 millones (12.9), en la construcción 4.4 millones (7.7), en “otras actividades económicas” (que incluyen la minería, electricidad, agua y suministro de gas) 371 mil personas (0.7) y 362 mil (0.6) no especificó su actividad. En comparación con igual mes del año pasado, la población ocupada con mayor incremento fue en la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca con 1.3 millones de personas, en los servicios diversos con 1.2 millones y en los restaurantes y servicios de alojamiento con 1.1 millones de personas.

El nivel de ingresos de acuerdo con el Inegi en México el 17. 1 millones de trabajadores perciben de 0 a 3 mil 967.00 pesos equivalente a un salario mínimo, 30.5 millones percibe de 3 mil 968.00 a 18 mil 482.00 lo que es igual de 2 a 5 salarios mínimos y el 1.1 millones perciben más de 18 mil 483.00 equivalente a más de 5 salarios mínimos. 3

Quien estudia en escuela privada no necesariamente es un sector privilegiado o que tengan grandes cuentas, debemos normalizar y aterrizar la idea correcta que, por algún motivo, un cierto porcentaje de los alumnos se encuentran en escuelas del sector privado solo por necesidad de continuar sus estudios.

Si bien los padres de familia buscan darles una mejor educación a sus hijos, estos a veces se encuentran limitados con los gastos escolares, pues no les alcanza para solventar al 100% (cien por ciento) los costos que genera el asistir a una escuela particular (o privada), haciendo todo lo posible mediante el trabajo conjunto de padres e hijos para que estos últimos puedan contar con garantías de concluir sus estudios, si bien somos conscientes que la educación es pública, no todos son aceptados a las mismas, sumado a ello recordemos que no en todos los municipios (tenemos 32 estados y 126 millones de mexicanos) 4 existen escuelas públicas y algunos deben moverse a municipios cercanos para llegar a su centro educativo.

Es importante recordar que los alumnos que estudian en escuelas privadas no son candidatos a recibir una beca del gobierno, por lo que se debe garantizar que las escuelas privadas amplíen los apoyos y garanticen que los alumnos que por alguna circunstancia ajena a su persona que no cuenten con solvencia económica puedan concluir sus estudios, esto obligando a las instituciones privadas a cumplir con los mecanismos que podemos ampliar en la esta ley.

El tramitar una beca en los centros de estudios escolares son difíciles de obtener, pues las propias escuelas en este caso las privadas (o particulares) establecen criterios difíciles para la obtención de becas o bien en algunos de los casos las escuelas no emiten convocatorias para dicho otorgamiento, siendo este punto una obligación por así estar establecido en la Ley General de Educación en el artículo 149. 5

Consecuencia que lleva a la mayoría de estos alumnos a abandonar sus estudios, pues al pensar en escuelas particulares o privadas se cree que todo el alumnado tiene la solvencia económica para continuar estudiando, pero hay casos en los que es muy difícil seguir cursando sus estudios y de ahí que exista la deserción escolar definitiva, al no contar con suficientes apoyos por estos centros educativos.

Por ello es importante poner el ojo a estos temas ya que los niños, niñas y jóvenes de 3 a 29 años son el futuro de México y no se debe permitir el poner tantas trabas que provocan que cada vez haya mayor deserción escolar y sean menos los egresados, cuando al ser la educación un derecho fundamental establecido en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos este debería de ser conforme a reglas más firmes para que no haya abusos o bien problemas en el caso del otorgamiento de becas.

Propuesta

Recordemos que el sentido común no es resultado de la educación, Pero sin duda, la educación sí que es fruto del sentido común. No hay que olvidar que nos empujó a enseñar a otras personas.

Por lo expuesto someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Único. Se adicionan las fracciones X y XI del artículo 149 de la Ley General de Educación, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 149

Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán

I. a VII. ...

VIII. Solicitar el refrendo del reconocimiento de validez oficial de estudios al término de la vigencia que se establezca, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables;

IX. ...

X. Como mínimo, 20 por ciento de alumnos becados recibirá descuento en colegiaturas de 50 a 100 por ciento si garantiza que es un alumno con promedio mínimo de 8.0 y por algún percance provocado por el recurso económico le dificulte continuar sus estudios por falta de liquidez.

XI. La institución deberá realizar una convocatoria manera pública, para quienes deseen solicitar la beca a la que se refiere la fracción X, puedan solicitar y ser candidatos.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Educación Pública garantizará que se cumplan las fracciones X y XI del presente decreto.

Notas

1 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=Cj0KCQjw18WKBhCUARIsAFiW7JzgzPhXxurpFtK9055Hm-HWKuSDG7wyFVxKefCUR1HVyI9yaz10XNUaArMuEALw_ wcB

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/iooe/iooe2021_08.pdf

3 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Cuanto-ganan-los-mexi-canos-Datos-del- Inegi-de-julio-de-2021-20210802-0062.html

4 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/En-Mexico-hay-126-millones-de-habit antes-Inegi-20210125-0040.html

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2021.– Diputado Valentín Reyes López (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de Víctimas, suscrita por la diputada Kathia María Bolio Pinelo e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Kathia María Bolio Pinelo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 28 y 34 Bis, así como las fracciones XIII del artículo 34 Ter y II del artículo 34 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y se reforman la fracción IV del artículo 7 y el artículo 8, y se adiciona el 41 Bis de la Ley General de Víctimas, al tenor de la siguiente

La violencia en México es un mal que ha crecido y sigue creciendo de forma desbordada con el paso de los años a pesar de múltiples estrategias implementadas por todos los niveles de gobierno, cabe señalar que las mujeres son en la actualidad el grupo más vulnerable ante estos tratos deshumanizados y simplemente por el hecho de ser mujeres, son constantemente víctimas de delitos que atentan contra su integridad y lo que es peor aún contra su vida, como el delito de violación, trata de personas, acoso, abuso sexual, lesiones, tentativa de feminicidio, entre otros; la situación que se vive en el país es alarmante y refleja claramente que la estrategia contra la violencia ha fracasado, por lo que urge replantear y darle un rumbo más efectivo al combate de esta problemática, que parta desde la prevención del delito y la aplicación correcta y oportuna de medidas de seguridad y protección para las mexicanas que se encuentren en una situación de peligro o vulnerabilidad.

El machismo, la misoginia y los estereotipos son factores que también han influido de manera determinante en el aumento de la violencia en México, porque la cultura que se suele transmitirse todavía de generación en generación va acompañada de ciertas conductas que traen en un futuro violencia, desigualdad y discriminación en la población, ante esto las autoridades tienen que trabajar y redoblar esfuerzos en la aplicación de políticas públicas orientadas a que toda la ciudadanía viva en igualdad, con seguridad y libre de cualquier tipo de violencia.

Es evidente que la desaparición de los refugios para mujeres víctimas de violencia en México y la disminución constante de los recursos a programas que tienen como fin erradicar la violencia contra las mujeres, han sido malas decisiones por parte del Gobierno Federal, porque han ocasionado más violencia y lamentablemente la muerte de muchas mujeres que solían solicitar y encontrar en estos refugios ayuda.

La sociedad mexicana en general pero exclusivamente las mujeres han manifestado en muchas ocasiones su inconformidad claramente justificada sobre la inseguridad con la que viven y de que no se les apoya ni se les escucha en el momento que le piden a las autoridades protección, han alzado la voz en marchas pidiendo un alto a la violencia, porque las mujeres no se sienten seguras en las calles, viven con temor a la hora de subir al transporte público, en sus centros laborales e incluso en sus núcleos familiares donde muchas veces se encuentran sus agresores, ya no basta legislar para aumentar las penas de ciertos delitos, las acciones en últimos años se han centrado en la punibilidad algo que no ha contribuido a bajar los índices de violencia.

La declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, define el concepto de víctima como

Las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, perdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente, considerándose víctima a una persona, independientemente de que se identifique, aprenda, enjuicie o condene al victimario.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2021, levantada por el Inegi, presenta los siguientes datos:

- Se estima en 21.2 millones el número de víctimas de 18 años y más en el país durante 2020, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 23 mil 520 víctimas por cada 100 mil habitantes.

- 28.4 por ciento de los hogares del país contó con al menos un integrante víctima del delito.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que la violencia familiar alcanzó en 2020 un lamentable récord de más de 200 mil carpetas de investigación en todo el país, 4.7 por ciento más que en 2019.

En 2020 se cometieron casi mil feminicidios, y en lo que va de 2021 se tienen registrados más de 700, reflejo de una violencia extrema hacia las mujeres por su género en el país.

Ante cifras tan desgarradoras no se puede seguir invisibilizando lo evidente, la violencia que a diario enfrentan las mujeres existe y debe combatirse, en el Partido Acción Nacional nos preocupamos y nos ocupamos al respecto, nos hemos caracterizado por defender a las mujeres y por generar constantemente herramientas y mecanismos que les garanticen una vida libre de violencia.

Por lo expuesto, la presente iniciativa, “Pulso de Vida”, tiene el objetivo siguiente:

Otorgar a las mexicanas víctimas de delitos sexuales, lesiones, violencia familiar, violencia de género, tentativa de feminicidio u otros delitos, una máxima protección basada en principios de igualdad, perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos por parte de las autoridades, esto durante las 24 horas del día de forma permanente sin importar si su agresor está en la cárcel o no, se aplicará a partir de que la víctima denuncie y la autoridad tenga conocimiento de los hechos, para salvaguardar la integridad y la vida de todas las mujeres que se encuentren en riesgo por denunciar a sus agresores.

Mi propuesta en concreto se basará en otorgar a las mujeres víctimas de un delito un dispositivo en forma de reloj o dije, llamado “Pulso de Vida”, que cuenta con lo siguiente:

a) Un micrófono integrado para estar en comunicación con la policía en el momento en que la mujer se encuentre en peligro, también servirá para que la policía escuche todo lo que sucede en el momento de la agresión y así ser testigos de los hechos.

b) Un geolocalizador que permitirá localizar a la víctima inmediatamente, enviando policías en pocos minutos para auxiliarla, esto será operado desde los centros de comando que tengan las secretarías de seguridad pública en las entidades federativas, pudiendo ser los llamados C4 Centros de Comando, Control, Comunicaciones y Computo o C5i (Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia) o cualquier área de seguridad que pueda cumplir con el objetivo planteado.

c) Un botón de pánico con el que se obtendrá un apoyo inmediato por parte de las autoridades.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce desde el año 2008, los derechos de las víctimas en su artículo 20, apartado C, naciendo de una reforma que se propuso en su momento y que ahora es una realidad para proteger a las víctimas, garantizarles justicia, reparación del daño y sancionar al victimario, sin embargo, a la fecha se ha quedado corta esta reforma con respecto a las mujeres, no se les brindan las medidas de protección que requieren para proteger su integridad y su vida, esas medidas suelen llegar demasiado tarde o son insuficientes.

La violencia no debe formar parte de la vida de ninguna mujer ni de nadie, pero sí deben de contar con seguridad y protección, que el estado mexicano tiene obligación de otorgar y este poder legislativo la obligación reforzar y fortalecer los ordenamientos jurídicos en la materia por el bien de todas las mexicanas y mexicanos.

Por lo expuesto y fundado me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 28 y 34 Bis, así como las fracciones XIII del articulo 34 Ter y II del artículo 34 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y se reforman la fracción IV del artículo 7 y el artículo 8, y se adiciona el 41 Bis de la Ley General de Víctimas, en materia de medidas de protección máxima para las mujeres

Primero. Se reforman los artículos 28 y 34 Bis, así como las fracciones XIII del artículo 34 Ter y II del artículo 34 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 28. Las órdenes de protección que consagra la presente ley son personalísimas e intransferibles y podrán ser

I. Administrativas: que son emitidas por el Ministerio Público y las autoridades administrativas; y

II. De naturaleza jurisdiccional: que son las emitidas por los órganos encargados de la administración de justicia.

Las órdenes de protección tendrán la duración que sea necesaria hasta que cese la situación de riesgo para la víctima.

Deberán expedirse de manera inmediata en el momento que se tenga conocimiento de los hechos que las generan.

Artículo 34 Bis. Las órdenes de protección podrán solicitarse en cualquier entidad federativa distinta a donde ocurrieron los hechos, sin que la competencia en razón del territorio pueda ser usada como excusa para no recibir la solicitud.

Para efectos del párrafo anterior, las autoridades administrativas, las fiscalías, los poderes judiciales federales y locales celebrarán convenios de colaboración con las entidades públicas para garantizar la efectiva protección de las mujeres y las niñas conforme a los principios rectores de las órdenes de protección.

Después de la implantación de las órdenes de protección la autoridad que la emitió mantendrá contacto directo y constante con la mujer víctima de violencia cada 12 horas. A partir del séptimo día, se establecerá un plan de seguimiento personalizado, de acuerdo a las circunstancias, la valoración del riesgo y el avance en la carpeta de investigación.

Artículo 34 Ter. Las órdenes de protección administrativas, además de las previstas en otros ordenamientos, podrán consistir en una o varias de las siguientes:

I. a XII. ...

XIII. Utilización de dispositivos electrónicos o herramientas tecnológicas que permitan brindar seguridad a las mujeres, o niñas, en situación de violencia; así como a las víctimas indirectas y testigos. Entre las que pueden encontrarse proporcionar un teléfono móvil con contacto directo para brindar auxilio policial, un dispositivo en forma de reloj o dije, llamado “Pulso de Vida”, que contará con un botón de pánico, un geolocalizador y un micrófono para estar en comunicación con la policía, entre otras;

...

Artículo 34 Quáter. Las órdenes de naturaleza jurisdiccional, además de las previstas en otros ordenamientos, podrán consistir en una o varias de las siguientes acciones:

I. ...

II. Utilización de dispositivos electrónicos o herramientas tecnológicas que permitan brindar seguridad a las mujeres, o niñas, en situación de violencia; así como a las víctimas indirectas y testigos. Entre las que pueden encontrarse proporcionar un teléfono móvil con contacto directo para brindar auxilio policial, un dispositivo en forma de reloj o dije, llamado “Pulso de Vida”, que contará con un botón de pánico, un geolocalizador y un micrófono para estar en comunicación con la policía, entre otras;

Segundo. Se reforman la fracción IV del artículo 7 y el articulo 8; y se adiciona el 41 Bis a la Ley General de Victimas, para quedar como sigue:

Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

I. a III. ...

IV. A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, en los casos previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y en los casos de violencia contra mujeres, niñas, víctimas indirectas y testigos de acuerdo a lo establecido en los artículos 34 Ter y 34 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;

Artículo 8.

...

Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, contra la libertad o la integridad, así como de desplazamiento interno, recibirán, máxima protección, ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente ley.

...

La Comisión Ejecutiva, así como las Comisiones de víctimas de las entidades federativas deberán otorgar, con cargo a sus Recursos de Ayuda que corresponda, medidas de máxima protección, de ayuda provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación directa con el hecho victimizante.

...

Artículo 41 Bis. Las medidas de protección máxima que se otorguen a mujeres, niñas, víctimas indirectas y testigos, consistirán en lo establecido en el artículo 34 Ter y el artículo 34 Quáter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás ordenamientos jurídicos que correspondan.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, en un plazo improrrogable de noventa días, realizará las adecuaciones normativas correspondientes a efecto de cumplir lo establecido en este presente decreto.

Tercero. El Ejecutivo deberá especificar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año inmediato siguiente de la aprobación del decreto los recursos destinados para su cumplimiento.

Cuarto. Se derogan los demás acuerdos o disposiciones normativas que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2021.– Diputada Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como del artículo 6, numeral 1, fracción I; artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que se reforma la fracción XVI y se recorre el subsecuente del artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de la siguiente

México ha demostrado en los últimos años que cuenta con un sector agroalimentario sólido y robusto que sabe como afrontar cualquier tipo de inclemencia, pues de acuerdo con reportes de la propia Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) con información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la producción de alimentos en México en 2020 incrementó en 3.2% respecto al año anterior, es decir, pese a la situación de pandemia el sector primario supo como responder ante la emergencia y aprovechar la oportunidad para fortalecerse.

Asimismo, información oficial del SIAP señala que nuestro país se ubica como la nación número 11 a nivel internacional en ganadería primaria, con poco menos de 740 mil empleos dedicados a la cría y explotación de especies ganaderas, y alrededor de 110 millones de hectáreas están destinadas a esta actividad económica.

En otras palabras, México es orgullosamente un país ganadero, que cuenta con una larga tradición de desarrollo en la crianza y producción bovina, porcina, ovina, caprina y aviar.

Tan solo para poner en contexto en nuestro país se llegan a producir cerca de 553 millones de aves, 34 millones de bovinos, 17 millones de porcinos, 9 millones de caprinos y ovinos respectivamente, y poco menos de 2 millones de colmenas.

De forma adicional, la producción pecuaria además de la producción de cárnicos, esta actividad se llega a complementar con productos derivados de los lácteos, como quesos, cremas, mantequillas y leche.

Para abonar en este punto, la Unión Nacional de Avicultores con datos de la Sader revelan que el sector pecuario representa el 8% del PIB primario, generando 3 millones de empleos directos, de los cuales el 75% de estos son ganadería familiar.

En esencia, tanto los productos pecuarios constituyen una parte esencial de la alimentación y la dieta de millones de familias mexicanas, por lo que se reconoce a las y los productores de este sector, que pese a la emergencia sanitaria que azotó a nuestro país y al mundo, no se detuvieron en sus actividades y no permitieron en ningún momento que los mercados presentaran desabasto tanto en 2020 como en lo que va del 2021.

Ante los resultados anteriores, no se puede ser omiso en cuanto a las debilidades que tiene este sector, pues más allá de los buenos resultados que han presentado las actividades pecuarias en los últimos años, lo cierto es que, los productores enfrentan grandes retos que no les permiten explotar al máximo sus capacidades y líneas de negocio, lo cual derivaría en un crecimiento aún mayor a lo ya reportado.

El hecho de perder cabezas de ganado o aves implica no solo afectar al productor, sino que se crean distorsiones en las líneas comerciales que pueden perjudicar el dinamismo y la operación de los mercados nacionales.

En concreto, en términos económicos, el robo de ganado implica entre otras cosas desabasto de productos y afectaciones al sistema de precios de los productos pecuarios, pues a medida que avance el desabasto, las y los ganaderos estarán obligados a reestructurar sus precios, provocando distorsiones severas que afectan el bolsillo de las familias mexicanas ante el encarecimiento de estos alimentos.

El problema de robo de ganado o abigeato constituye uno de los principales retos que enfrentan las y los ganaderos mexicanos, pues a manera de contexto, la SSPC ha reportado que, hasta septiembre de este año, existen al menos 2 mil 700 delitos atendidos en esta materia.

De este universo de delitos reportados, 2 mil 600 de ellos fueron actos de robo sin violencia, mientras que el restante fue a través de robo con violencia, por lo que se puede observar que más del 90 por ciento de los delitos de este tipo no incurren en actos que atenten contra la integridad física de las o los perpetrados, pero si afecta su patrimonio e incluso en algunas ocasiones puede ser un factor que imposibilite la aplicación de sanciones justas que eviten la continuidad de estos delitos.

* Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, oct 2021

* Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, oct 2021

Como se puede observar en las gráficas anteriores y en sintonía con lo referido respecto a los delitos de abigeato, es de preocupar los casos sin violencia en Tabasco y Veracruz, entidades cuyos delitos superan la media del país, y respecto a los delitos cometidos con violencia, destacan los casos del Estado de México, Hidalgo y Chiapas, por ser las entidades con mayor número de casos de robo de ganado bajo esta modalidad.

Adicionalmente, para abonar a la gravedad del asunto en materia de robo de ganado y de manera particular, solo como referencia, para el caso de Villahermosa, Tabasco, de cada 16 delitos cometidos 10 de ellos están relacionados con abigeato; para el caso de Jalisco en el pasado reciente 37 rastros municipales de la entidad detectaron la presencia de ganado robado, y respecto a Guanajuato, el Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural del estado, señaló que en los últimos meses se han robaron alrededor de 200 cabezas de distintos municipios en la entidad.

En ese sentido, es necesario reforzar las atribuciones y responsabilidades que tienen las instituciones de seguridad pública, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias fortalezcan las estrategias de protección de las actividades agroalimentarias, que como se ha señalado anteriormente, existen casos que atentan contra la integridad, el patrimonio y el bienestar de las familias que se dedican a las actividades primarias agroalimentarias.

Si bien, el Código Penal Federal ya contempla en su artículo 381 Ter, penas de dos a diez años para la persona o personas que cometan delitos de abigeato, lo cierto es que las condenas son relativamente bajas y en muchos casos por la falta de investigación, se aplican las penas más bajas o incluso quedan exentos de algún tipo de sanción.

Adicionalmente, el artículo 381 Quáter, señala que se aumentará la pena hasta la mitad cuando se trate de actos cometidos con violencia física o moral y como se ha demostrado en las gráficas anteriores, estos delitos, son una realidad que viven las familias ganaderas de nuestro país.

Por otra parte, la Ley Agraria, en su título séptimo, establece que la Procuraduría Agraria es el organismo de la Administración Pública Federal encargada de velar por la defensa y los derechos de las y los ejidatarios, comunidades, sucesores, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros mediante la aplicación de los mecanismos correspondientes para salvaguardar el bienestar de este sector de la población.

Particularmente, la fracción VII. del artículo 136 de la Ley Agraria, establece con claridad que la Procuraduría auxiliará a la población agraria, incluidas aquellas que se dediquen a la ganadería, para que, a través de la participación de distintas autoridades, defiendan sus derechos.

Si bien, el marco normativo establece algunos lineamientos para atender los casos de abigeato, lo cierto es que ante un periodo de recuperación económica se deben reforzar los mecanismos de protección y seguridad para la población que participa de forma permanente en el sector agroalimentario y catalogar estas actividades como una prioridad para el diseño de políticas y acciones que reduzcan los índices delictivos dentro de esta actividad.

Dejar a la deriva a nuestro campo y a nuestros productores será condenar a nuestro país a sufrir de forma progresiva complicaciones que resulten en largo plazo en incrementos de precios descontrolados, desabasto de los mercados locales y pérdida de competitividad ante los mercados internacionales.

En el Grupo Parlamentario del PRI, nos caracterizamos por proveer soluciones integrales que atiendan las necesidades de todos los sectores de nuestro país, y en este caso, quienes requieren de mayor asistencia y protección por el contexto en el que se encuentra económica, sanitaria y socialmente nuestro país, es el sector primario agropecuario.

La iniciativa tiene por objeto incorporar como competencia del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, las entidades federativas y los municipios, la de formular, diseñar y ejecutar estrategias integrales de protección y seguridad de las actividades agrícolas, pecuarias y acuícolas para que en coordinación con las autoridades competentes —Procuraduría Agraria, Tribunales Agrarios— coadyuven de forma estratégica para reducir los índices delictivos que atentan contra el patrimonio y la producción de nuestras familias agropecuarias.

En este sentido se propone reformar la fracción XVI y recorrer la subsecuente a fin de incorporar como competencia de las Instituciones de Seguridad las descritas en el párrafo anterior.

Bajo esta modificación, se pretende cerrar filas con las autoridades agrarias que fortalezcan las capacidades de protección y seguridad del sector agropecuario, y con ello brindar a la población de este sector las herramientas necesarias que eviten pérdidas de patrimonio y calidad de vida por cualquier tipo de incidente delictivo que atente contra su producción.

De igual forma, se espera que a través de esta modificación las instituciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, focalicen esfuerzos y sean sensibles ante los hechos que afectan al campo mexicano.

En un momento de incertidumbre ante la volatilidad en la recuperación económica de nuestro país, cualquier estrategia que proteja, ayude y fortalezca las actividades económicas facilitará una reactivación más efectiva profunda y sólida.

Para una mejor explicación a la modificación, se realiza  el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno el siguiente:

Único. Se reforma la fracción XVI y se recorre el subsecuente del artículo 7 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 7. Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:

I. a XV. ...

XVI. Diseñar y ejecutar políticas y procedimientos en materia de protección, seguridad y prevención de delitos en las actividades agrícolas, pecuarias y acuícolas; y en coordinación con las autoridades agrarias nacional y de las entidades federativas.

XVII. Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la Seguridad Pública.

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscrito el 23 de noviembre de 2021 en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.– Diputados y diputadas: Juan Francisco Espinoza Eguía, Xavier González Zirión, José Luis Garza Ochoa, María de Jesús Aguirre Maldonado, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, José Guadalupe Fletes Araiza, Pedro Salgado Almaguer, Eduardo Enrique Murat Hinojosa (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por el diputado Gerardo Peña Flores e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Gerardo Peña Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional correspondiente a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona un último párrafo al artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de disposiciones internas de centros de trabajo respecto a la vacunación contra el Covid 19, al tenor de la siguiente

La Organización Mundial de la Salud señaló que el Covid-19 es una enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-Cov2, de la que tuvo noticias de su existencia por primera ocasión de ese nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, cuando se informó luego de un grupo de casos de neumonía vírica detectados en Wuhan, China. 1

La Organización Panamericana de la Salud planteó que los coronavirus son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. La epidemia de Covid-19 fue declarada por la OMS emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020. 2

Como es de conocimiento general, la pandemia del Coronavirus ha dejado efectos en la salud, desde casos leves, hasta hospitalizaciones o lamentables defunciones, como también deja profundos efectos en la economía nacional. A un año y medio del inicio de la enfermedad, el Banco Mundial esbozó que la economía global se expandirá más de 5 por ciento este año. 3 Sin embargo, la recuperación de muchos países se encontrará limitada por el resurgimiento de casos de Covid-19, con medidas gubernamentales diferentes de estímulo y vacunación desigual.

En el caso de México, no debe soslayarse que la vacunación contra el Covid 19 no fue lo suficientemente dinámica y ha sido opaca en cuanto a sus costos. Ha registrado medidas claramente polémicas como la demora en inmunizar al personal médico de primera línea de organizaciones privadas, vacunación de promotores electorales, magisterio impartiendo clases en línea y muchos mexicanos con sus propios medios optaron por viajar al extranjero para aplicarse la vacuna ante los tiempos de espera que en nuestro país se implementaron.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe consideró que sus expectativas de crecimiento para la economía mexicana se perfilan a un crecimiento de 6.2 por ciento, ubicándose entre los más robustos de la región, beneficiado por los estímulos que la economía estadounidense brindó a su territorio en 18 por ciento de su producto interno bruto, proyectando a nuestro país como beneficiado por el envío de remesas desde el exterior, enfatizando a las remesas como la evidencia de que el gobierno federal nada ha hecho para proteger el empleo.

Una política de eficiente vacunación se conjugará como una variable relevante en la recuperación económica, no obstante, hay que partir del contexto que vacunarse es un derecho y no una obligación desde nuestro sistema legal, no obstante, si una persona decide no ejercer su derecho a vacunarse incide en el bienestar de quienes le rodean y no únicamente en el propio. Aunque existen casos cuya condición específica un médico recomienda no aplicarse esta inmunización.

Al día de hoy México tiene convenios con las farmacéuticas: Pfizer-BioNTech, Cansino, Covax, AstraZeneca, Sputnik V y Sinovac y conforme a datos del gobierno federal la vacunación ha mostrado el siguiente progreso: 4

Insistiendo, la recuperación económica en nuestro país a pesar del gobierno federal y del partido mayoritario y sus frecuentes esfuerzos por sofocar a los generadores de empleo, serán a partir de los empresarios micro, pequeños y medianos, ya que son quienes impulsan la economía nacional. A ellos, el Poder Legislativo les debe dar certidumbre en la ley, pues no se encuentra con precisión si una persona empleadora pueda exigir la aplicación de la vacuna a sus trabajadoras y trabajadores.

En el marco legal se reconoce como una causa de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, que el trabajador se niegue a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, insertado en el artículo 47, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, no es exactamente aplicable para exigir en forma obligatoria la vacuna contra el Covid 19.

En la reflexión de equilibrar el derecho de una persona trabajadora a no vacunarse, con el derecho a la salud de terceros, se propone que sea respetado por la persona empleadora y el de sus compañeros en el marco de no discriminarle por no aplicarse esa inmunización, sin embargo, no vacunarse debe corresponderse con la evidencia aceptable para demostrar que no se es portadora de una enfermedad como el caso del Covid 19, es decir, con las pruebas disponibles y la frecuencia requerida.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 134. Son obligaciones de los trabajadores

I. a XIII. (...)

Para el caso específico de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia sanitaria y la aplicación recomendada de vacunas que el personal médico del centro de trabajo, o el especialista contratado o consultado para tal efecto considere esenciales para la actividad que se desempeñe, el trabajador podrá optar por no ejercer su derecho a aplicarse la inmunización correspondiente o tratamiento preventivo, pero deberá demostrar mediante las pruebas correspondientes que no es portador de enfermedades que pongan en riesgo a terceras personas. Debiendo ser realizada la respectiva prueba con la frecuencia que el especialista médico o reglamento de sanidad del centro de trabajo determine, considerando la naturaleza del trabajo o si las actividades pueden ser realizadas bajo la modalidad de teletrabajo. En el caso de que se trate de exclusiva voluntad por no vacunarse, el patrón podrá abstenerse completamente de pagar las pruebas médicas correspondientes.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Sitio de la Organización Mundial de la Salud. Información básica sobre Covid-19 (who.int).

2 Sitio de la Organización Panamericana de la Salud. Enfermedad por el coronavirus (Covid-19). OPS/OMS. Organización Panamericana de la Salud (paho.org).

3 Sitio del Banco Mundial. La reactivación mundial es firme, aunque desigual. Perspectivas económicas mundiales (bancomundial.org).

4 Sitio de la Secretaría de Salud centrado en la atención y el seguimiento de la pandemia del Covid 19. Consultado el 6 de septiembre de 2021. Información de la vacuna. Vacuna Covid.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2021.– Diputado Gerardo Peña Flores (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 303 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Salma Luévano Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Salma Luévano Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I del numeral I del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable Congreso, iniciativa con proyecto que reforma el artículo 303 del Código Penal Federal y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de crímenes de odio, al tenor de la siguiente

Para iniciar esta exposición de motivos de la presente iniciativa, es importante señalar que se busca incidir en el Código Penal Federal, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se plantea la necesidad de colocar en ambos códigos el crimen de odio en relación con la comunidad lésvico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual, queer más (LGBTTTIQ+), es por eso que nos basamos en hechos reales, en estadísticas públicas, en investigaciones sólidas y consistentes.

En declaraciones y lineamentos internacionales se han señalado como crímenes de odio aquellos comportamientos y expresiones con formas violentas de relación ante las diferencias sociales y culturales. Los crímenes de odio se sostienen, ante todo, en una densa trama cultural de discriminación, rechazo y desprecio. Es decir, son comportamientos culturalmente fundados y, sistemática y socialmente extendidos, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto dañar sus derechos y libertades fundamentales, ya sea de manera intencional o no. La ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2001) ha señalado que la violencia que experimentan ciertos grupos y colectivos está fundada precisamente en la idea de considerarlos “diferentes”. Sería entonces el encuentro o la confrontación entre distintas identidades, que simbolizan la diferencia con la violencia. No obstante, no podemos dejar de lado el poder como eje central en el mapa social de esta relación. La diferencia es frecuentemente asociada no sólo con distintas expresiones, sino que se le vive como una amenaza al status quo de una sociedad. Una estructura que define lo aceptable, lo valioso, lo legítimo de una sociedad y que orienta el comportamiento adecuado, al mismo tiempo que posibilita el señalamiento, sanción y eliminación de quienes no lo cumplen. Así, desde las amenazas verbales hasta el asesinato, pasando por los golpes y la violencia sexual pueden convertirse en actos morales de limpieza social o por lo menos “normales”, que justifica y legitima al victimario, al mismo tiempo que edifica una moral y forma de vida única. No es extraña también la normalización de la subordinación y marginación de la diferencia que podemos observar en la construcción de las relaciones sociales para definir los límites y fronteras posibles de la vivencia social. La identificación y persecución de la disidencia sexual se dan a partir de sus rasgos corporales, las formas de comportamiento, modos de vestir y su sistema mismo de relacionamiento. El romper los límites de las expresiones de género y la sexualidad heteronormativas, dimensiones fundamentales para el mantenimiento de la sociedad patriarcal, resulta por demás amenazante. Incluso, el rechazo a la disidencia sexual ha sido identificado como elemento constituyente de la masculinidad tradicional.

Así, los crímenes de odio, además del daño que ocasionan a sus víctimas, familiares y amistades, se constituyen en actos ejemplares que buscan también enviar una amenaza a quienes pertenecen a esa comunidad. En ese sentido, los crímenes de odio a través de la historia se han caracterizado por ser actos cruentos en los que se infringen daño y lesiones y está presente la saña.

En México, la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia que ha documentado casos desde 1998 ha propuesto su identificación a partir de tres indicadores:

“ En primer lugar, la forma del asesinato, la cual sigue un mismo patrón: cadáver desnudo, con manos y pies atados, golpeado, huellas de tortura, apuñalado o estrangulado”.

“ En segundo lugar, la redacción de la nota: “el periodista nos suele informar de si la persona era homosexual. En el caso de hombres, alude al hecho de que la víctima vivía solo, con frecuencia visitado únicamente por hombres, o que se trata de un individuo “de costumbres raras”.

“ Y finalmente, por las declaraciones de los policías en el momento de encontrar el cuerpo, quienes describen dichos homicidios como consecuencias de “pasiones entre homosexuales” y replican los prejuicios y estereotipos socialmente adoptados.

La vigencia y logros de los movimientos sociales de disidentes sexuales han alcanzado a llamar la atención de distintas instituciones y, desde los órganos internacionales, se han logrado impulsar importantes reformas legales derivadas de acuerdos intergubernamentales, a pesar de la reticencia y reacciones de las fuerzas.

Situación en México

Nuestro país cuenta con un marco legal robusto que garantiza la protección de los derechos de las personas sin discriminación en el primer artículo de su Constitución. Desde las reformas a ese artículo en 2011, explícitamente prohíbe la discriminación por preferencia sexual.

En los órganos de justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en 2014 el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia que involucren la orientación sexual o la identidad de género. En 2015, se publicó el protocolo de actuación para el personal de la Procuraduría General de la República en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género.

A la fecha, distintas secretarías de Estado, oficinas de gobierno e instancias del Poder Judicial se encuentran elaborando sus propios protocolos, incluso se han publicado ya varios de actuación policial federal y estatal. Desde 2009 se aprobó el matrimonio igualitario para la Ciudad de México y hoy 19 estados de la República lo han aprobado. Igualmente, desde 2015 se aprobó la Ley de Identidad de Género en la Ciudad de México y ocho estados más la han aprobado también.

El gobierno de México, a través de sus Misiones en Ginebra, en Nueva York, y en Washington, ha sido un actor político destacado en las discusiones de los espacios intergubernamentales en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Se incorporó al Core Group de las Naciones Unidas y también al Core Group de la OEA, en respuesta a la petición presentada ante el presidente el 17 de mayo de 2016. Actualmente, se ha involucrado a organizaciones lésvico, gay, bisexual y transgénero (LGBT) para los trabajos alrededor de los objetivos y metas de desarrollo sostenible (ODS) y la Agenda 2030. No obstante, como se ha señalado, la violencia y expresiones de homofobia y transfobia están presentes en la vida cotidiana en todo el país. Si bien, las personas LGBT han tenido una visibilidad creciente, reforzadas por la existencia de organizaciones defensoras de sus derechos a lo largo del país, persisten claras diferencias entre los estados, resultado del amplio y diverso panorama político y sociocultural, como de la injerencia de grupos conservadores. Esta situación ha llevado a un intenso trabajo de denuncia ante los Relatores Especiales de Naciones Unidas, así como a una activa participación en los espacios intergubernamentales, como de incidencia ante las distintas autoridades de gobierno del país.

Es así como durante la sesión 31 del Examen Periódico Universal, se logró que cinco países hicieran recomendaciones a México en torno a la situación de las personas LGBT. El gobierno de México aceptó las siete recomendaciones. y proporcionará respuesta a las mismas durante el período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

De estas recomendaciones, las 4, 5 y 6 están estrechamente ligadas con el objeto del Observatorio:

1. Emprender una campaña de sensibilización para los servidores públicos en cada uno de los Estados de la República para promover una cultura de respeto de los derechos humanos de las personas LGBT en México, que se puede evaluar en dos años.

2. Armonizar la legislación con base en la de la Ciudad de México, para garantizar la aprobación de la reforma al artículo 4o. constitucional en lo relativo al derecho a la familia mediante la eliminación de adjetivos como “varón y mujer” para ser reconocido como el matrimonio integrado por cualquier persona independientemente de su sexo y género.

3. Modificar el artículo 4o. de la Constitución Política para reconocer la decisión de cambio de identidad jurídica en cualquier momento de su vida de una persona en territorio mexicano.

4. Dar respuesta a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que buscan mejorar los registros e incluir la desagregación de datos por orientación sexual e identidad de género que permita conocer la violencia y condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas LGBT en el país y darles la atención oportuna y adecuada.

5. Diseñar, asignar un presupuesto e implementar un registro formal de crímenes de odio contra personas LGBT en México en los próximos cinco años.

6. Garantizar que la Procuraduría General de la República lleve a cabo la investigación y sanción correspondiente a los crímenes de odio contra personas LGBT que se llevan a cabo en cada uno de los estados de la República.

7. Incluir a la población LGBT en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, para desarrollar acciones gubernamentales en los diferentes ministerios para garantizar la plena protección de los derechos. Las elecciones de nuevos gobernantes en 2018 no han favorecido nuestro trabajo, ni la condición de las personas LGBT.

Por una parte, se eliminaron todos los recursos que el gobierno federal proveía a las organizaciones sociales para el desarrollo de sus actividades, y por otro, desde la presidencia pareciera una clara intención de eludir no solo las acciones en favor de los derechos LGBT, sino incluso su mención misma. Hasta hoy, únicamente 12 estados son los que tienen tipificadas las agresiones u homicidios contra la población de la diversidad sexual. Las entidades que incluyen tipos penales que agravan las penas de estos delitos son la Ciudad de México, Baja California Sur, Colima, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Aguascalientes.

Las encuestas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ubican a las personas LGBT en los primeros lugares de entre las poblaciones con los mayores índices de discriminación en nuestro país y revelan que viven inmersas en un contexto de discriminación y de intolerancia: 6 de cada 10 personas LGBT fueron discriminadas en el último año de la encuesta, y el 53 por ciento sufrió acoso, expresiones de odio y violencia física en diversos ámbitos (ENDOSIG, 2018). Los crímenes o delitos de odio por orientación sexual e identidad de género constituyen y representan la expresión de intolerancia y rechazo a las diversidades.

Son un tema central y de especial relevancia sobre todo por la importancia, la gravedad y la impunidad con la que se están cometiendo estos actos de odio contra las personas LGBT. En consecuencia, la ausencia de cifras fiables sobre criminalidad por el odio genera una falta de visibilidad y conciencia del alcance y gravedad del problema. El interés del presente informe busca precisamente instar al gobierno mexicano y a las autoridades correspondientes responsables de sistema de justicia y de la protección de los derechos humanos a desarrollar las acciones conducentes a la creación de políticas públicas y las acciones de gobierno que contribuyan de manera definitiva en el cambio cultural que el país necesita para la construcción de un tejido social armónico y la protección de todos los derechos, para todas las personas.

Observatorio México es un país diverso que actualmente enfrenta procesos de violencia generalizada debido principalmente a la exacerbación de las desigualdades, la corrupción y la impunidad imperante. Dentro de este contexto las personas LGBT (así como otros grupos) se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad por la discriminación que enfrentan y que atenta contra sus DDHH (a pesar de que el 1er artículo constitucional prohíbe cualquier forma de discriminación).

Así, la expresión más brutal de violencia son los crímenes de odio. El asesinato de personas LGBT por su orientación sexual, expresión e identidad de género (OSIEG) refleja odio y un atentado a la libertad de ser; odio que posiblemente esté arraigado en ideas fundamentalistas y/o hegemónicas de la sexualidad. La violencia que enfrentan las personas LGBT en México no ha sido contemplada en los registros oficiales, favoreciendo la impunidad.

En 2018, varias organizaciones LGBT de México realizamos las gestiones necesarias para que el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, durante el Examen Periódico Universal recomendara al gobierno mexicano, un adecuado registro de los crímenes de odio que sufren las personas LGBT en nuestro país y así lo hizo. A pesar de los señalamientos que el gobierno ha enfrentado en distintos foros, de ocupar el segundo lugar en crímenes por homotransfobia, no se ha logrado tener un registro oficial, quedando en manos de las organizaciones sociales la denuncia y documentación.

Sin eximir al gobierno de su responsabilidad, consideramos que son las organizaciones locales que conocen a las personas LGBT y su circunstancia quienes podrían visibilizar los crímenes cometidos y aportar a disminuir la impunidad.

El registro más antiguo surge a inicios de la década de los 90s, basado en un análisis hemerográfico, que enfrenta al menos dos problemas:

1) no todos los casos son registrados por los medios;

2) el registro no necesariamente es adecuado.

No es inusual que se desacredite no solo el hecho, sino muchas veces también a la persona, guardando una grave condición de impunidad que favorece la repetición de los hechos y lesiona la identidad y lugar social de las personas LGBT.

En consecuencia, los datos son insuficientes para conocer la magnitud del problema, por lo que en 2019 se realizó la creación del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT con la participación de organizaciones locales en distintos Estados del país, con el fin de dar respuesta a los vacíos en los registros de estos crímenes. Esta iniciativa consideramos que es muy importante, dado el clima de violencia que prevalece en el país y donde la situación de violencia hacia las personas LGBT queda prácticamente invisibilizada. El objetivo del observatorio es documentar casos de crímenes de odio y actos de violencia contra personas LGBT, para contar con información sistematizada y desagregada, y visibilizar la impunidad que en estos casos enfrentan las personas LGBT, sus familiares y amistades. Asimismo se busca incidir en la atención y seguimientos de los casos, y en el impulso de políticas públicas que den respuesta a dicha problemática. En otras palabras, el Observatorio cuenta con tres líneas de acción que buscan atacar el problema: el registro de casos para su reconocimiento formal; las capacitaciones a medios de comunicación para el manejo preciso y adecuado de la información; y la incidencia política para reducir la cantidad de casos y la impunidad. Dicho Observatorio se ha iniciado con organizaciones, colectivos y redes LGBT de distintos estados de la República, por ahora 10 entre ellos y confiamos en breve ampliar la asociación para contar con un informe nacional. Los estados en los que ya está en funcionamiento el observatorio son: Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Veracruz. Las organizaciones que lo conforman son: Lavanda CLIT, Colectivo Diversa, AC, Sistema Nacional de Promoción y Capacitación en Salud Sexual-Sisex, AC, Fátima I.B.P., Centro de Apoyo a las Identidades Trans-CAIT, AC, Hazte Visible, Comunidad San Aelredo, AC, Colectivo LGBTI+ Orgullo Guerrero, Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad-Codise, Colectivo Vallarta LGBT, Michoacán es Diversidad, Convihve, AC, Género Ética y Salud Sexual-GESS, ExploraT, No Dejarse es Incluirse-Vida Plena Puebla, Soy Humano, AC, Colectivo Ambient Tales de Diversidad Sexual y la Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual.

Registro de casos

En la plataforma del observatorio al 17 de mayo de 2020 se tienen registrados 209 casos (tan solo en los 10 estados participantes): 25 en lo que va del año, 75 durante 2019, 36 en 2018, 25 en 2017, 12 en 2016, 23 en 2015 y 13 en 2014. Es evidente y alarmante el incremento, como la gráfica siguiente pretende ilustrarlo.

De esos 209 casos, 6 se cometieron en Baja California, 37 en Chihuahua, 14 en Coahuila, 13 en Ciudad de México, 22 en Guerrero, 10 en Jalisco, 28 en Michoacán, 12 en Nuevo León, 18 en Puebla y 49 en Veracruz. Si bien cada caso es motivo de nuestra preocupación, las crecientes cifras en Veracruz, Chihuahua y Michoacán han resultado motivo de especial atención.

Con el fin de tener información desagregada y sistematizada que pueda servir para futuros análisis de la academia, de asociaciones aliadas o para la elaboración de políticas públicas, se diseñó un exhaustivo cuestionario para recabar la mayor cantidad de información posible de cada víctima y de cada caso. Dicho cuestionario está dividido en cuatro secciones: Datos personales de la víctima; Datos demográficos de la víctima; Características del crimen; y Seguimiento al caso (en el cual se evalúa la impunidad y la cobertura de los medios).

En muchas ocasiones, se desconoce desde el nombre legal de las víctimas, algunas son identificadas únicamente con su nombre social, es decir, el nombre que habían elegido para sí o bien el nombre con el que se les conocía. Al menos 45 de las víctimas identificadas por el observatorio permanecen en anonimato. No nos queda más que esperar que hayan podido ser identificadas para que familiares y amigos, puedan llorar su muerte. Aunque en ciertos casos, por migración o rechazo social, incluso eso se les niega y se dispone de su cuerpo sin ser reconocidos; consideremos, por ejemplo, los asesinatos de trabajadoras sexuales trans que por la discriminación tuvieron que migrar rompiendo con todos sus círculos sociales.

En cuanto a la edad, no hay momento de nuestra vida que estemos exentos de peligro: la víctima más joven tenía entre 5 y 9 años y la mayor 69. El 30.14 por ciento tenía entre 20 y 30 años y 23.44 por ciento tenía entre 30 y 40 años. En porcentaje acumulativo, casi el 58 por ciento era menor de 40 años; muy lejos de la esperanza de vida promedio de los mexicanas. Se desconoce la edad del 16 por ciento de las víctimas.

157 de las personas asesinadas fueron asociadas con el sexo masculino mientras que 43 con el femenino. Sin embargo, respetando la identidad de género, identificamos que 93 eran mujeres trans, 85 hombres, 11 mujeres, 2 hombres trans y 2 personas trans; de 16 personas no se tiene información al respecto. Estos datos coinciden con los ya denunciados por otras investigaciones: efectivamente, son las mujeres trans las principales víctimas de los crímenes de odio. De ahí la importancia de considerar la transfobia y la perspectiva de género en el análisis y tratamiento de estos casos; y de ahí la importancia de señalarles como transfeminicidios. Así mismo, hay que considerar que es posible que otras mujeres lesbianas y bisexuales hayan sido asesinadas por su orientación sexual, pero, debido a las deficiencias en las investigaciones, no se haya tomado aún en cuenta como posible agravante; esperemos que, al menos, se hayan tomado como feminicidios.

Los datos sobre los crímenes de odio registrados por el Observatorio: 112 se identificaron como homosexuales o gays, 17 como lesbianas, 15 como heterosexuales y 2 como bisexuales, no se sabe la orientación sexual de 63 de las víctimas. La gran cantidad de homosexuales corresponde, en parte, con la gran cantidad de hombres registrados; por lo tanto, podemos afirmar que, después de las mujeres trans, son los hombres gays quienes son asesinados con mayor frecuencia. La población bisexual sigue siendo invisibilizada.

Datos demográficos de las víctimas

El perfil demográfico de las víctimas es importante para la definición del panorama social en el que se enmarcan estos hechos. La nacionalidad del 81.34 por ciento de las víctimas era mexicana y solo una de ellas lo era por nacionalización. Se desconoce la nacionalidad del 17.22 por ciento, pero se sabe que 3 de las víctimas eran extranjeras. Las tres personas extranjeras eran mujeres trans, una de El Salvador y otra de Colombia, la situación migratoria de ambas era irregular. De la tercera no se tiene información.

Empero, se sabe que tanto el hombre gay nacionalizado mexicano como la mujer trans colombiana residían en Chihuahua y las otras dos mujeres trans extranjeras residían en Veracruz; fue en esos estados donde ocurrieron sus homicidios.

De las personas cuya nacionalidad se desconoce, se tiene conocimiento de una mujer trans que residía en EUA y desapareció en Baja California. Consideramos importante destacar los casos de personas migrantes y en condición de movilidad, a pesar de que intuimos que desconocemos de muchos de ellos. Es posible que podamos explicar, en parte, la falta de esos datos al considerar las vulnerabilidades y dificultades que tienen las personas migrantes LGBT, entre las que se encuentra

la persecución constante por autoridades para su detención; hecho que en ciertas ocasiones se traduce en no revelar su nacionalidad, orientación sexual e identidad de género. Así, permanecen sin haber sido identificados plenamente como en los casos de secuestro o desaparición.

En cuanto a migración interna, se sabe que al menos 16 de las víctimas residían (y murieron) en un lugar distinto a su estado natal. No podemos asegurar que el motivo de su migración fue por violencia, amenazas o persecución dada su orientación sexual o identidad de género, pero, puesto que conocemos el panorama, tampoco podemos descartar la idea. Cada trayectoria es particular y sin embargo podemos notar ciertos patrones en cuanto a estados expulsores y estados de acogida para las personas LGBT en situación de movilidad. Aunque claro, una vez más, la falta de información limita las conclusiones; esperamos poder presentar un panorama más completo cuando el Observatorio alcance la cobertura nacional.

De las 16 personas que migraron, tres de ellas (un 18.75 por ciento) salió de Chiapas. De Tabasco, de Veracruz y de Guerrero salieron dos personas (lo que representa un 12.5 por ciento por estado). Respectivamente, de Campeche, de Colima, de Durango, de Jalisco, de Nuevo León, de Oaxaca y de Zacatecas, salió una persona de cada estado. Sobre los estados receptores, Jalisco fue el que acogió a un cuarto de los migrantes nacionales de los que se tiene registro. Le siguen la Ciudad de México, Michoacán y Chihuahua con tres personas LGBT acogidas en cada estado. Baja California, Puebla y Veracruz recibieron a una cada uno. Como si fuera una réplica de la situación general, 9 de ellas eran mujeres trans (4 heterosexuales y 3 homosexuales), 6 hombres gays y una mujer lesbiana; 69 por ciento tenían entre 20 y 40 años y 19 por ciento tenían entre 45 y 50 años.

Otro dato demográfico es la actividad principal a la que se dedicaban las víctimas; se desconoce el dato de 91 de ellas. A partir de los datos con los que contamos, sabemos que la mayor parte se dedicaban al trabajo sexual y la misma cantidad de personas se dedicaban a la estética y belleza, representando entre ambas actividades el 46.6 por ciento de los datos conocidos. Cabe resaltar que estas dos actividades son comunes entre la población trans (lo que concuerda con que el número de casos contra esta población es el mayor). Las siguientes actividades más comunes son:

“ empleado público o privado” y “autoempleo o profesionista independiente”, entre los que se encuentran abogados, empleados del gobierno, académicos, comerciantes, empresarios, obreros,enfermeros, etc. 10 de las personas asesinadas eran estudiantes y tres eran docentes. Cuatro personas se dedicaban a la danza como bailarines o coreógrafos, otra se dedicaba a las actividades artísticas en general y una más era escritor y poeta, además de su empleo formal. La actividad laboral de tres de las víctimas está relacionada con bares y la de dos de ellas se relaciona con la religión.

Características del crimen

Los crímenes de odio se caracterizan por ser particularmente violentos. Las imágenes revictimizantes que presentan algunos medios de comunicación lo ilustran de la peor manera posible. Las principales causas de muerte son impactos de bala que representan 26.7 por ciento y los ataques con arma blanca que cubren 24.3 por ciento. Le siguen la golpiza con 15.7 por ciento y la asfixia con 12.9 por ciento; la tortura y el atropellamiento son las formas menos comunes en las que son asesinadas las víctimas. Como es de suponerse, las armas más comunes son las de fuego y las punzocortantes (en su conjunto conforman cerca del 66 por ciento de los datos conocidos). Sin embargo, es de mencionar que, entre los mecanismos de tortura se encuentran la lapidación, el desollamiento y el uso de productos químicos. Otras armas empleadas van desde desarmadores y martillos hasta machetes y motosierras; las golpizas se dan tanto con los puños como con otros objetos. La situación es aún más grave pues, de los casos de los que se tiene información al respecto, en 54.68 por ciento había señales de violencia y agresiones sexuales. Conocer estos datos da cuenta de la violencia, degradación y deshumanización que enfrentan las víctimas previo y posterior a los homicidios. Todas las personas tenemos derecho a vivir libres de violencia, con dignidad y respeto a nuestros derechos humanos, de igual modo que tenemos derecho a morir de manera digna.

Se desconoce si la víctima conocía o no a quien/es cometió/eron el homicidio en un 58 por ciento de los casos. Del 42 por ciento restante, en el 5.7 por ciento de los casos el homicida era un cliente, y el 13.6 por ciento de las víctimas fueron asesinadas por alguien con quien se tenía relación sexo-afectiva: 9 de los victimarios eran pareja de la víctima, uno era expareja y en dos ocasiones se trataba de ligues. Una vez más, estos datos refutan

las falsas creencias de que ciertas personas son culpables de su asesinato por el empleo que ejercen o las relaciones que establecen asociadas a su OSIG. En el 53.13 por ciento de los casos el asesino era un desconocido, mientras que en el 12.5 por ciento era alguien que conocía a la víctima, pero no tenía mayor relación con ella. Sorprende que el 4.17 por ciento fueron asesinados por quienes se hacían llamar sus amigos y preocupa que en dos ocasiones más se trataba de familiares. También se sabe de un caso en el que la relación era de alumno-mentor. Aunque conocemos que en un mundo patriarcal y homofóbico muchas personas LGBT no están seguras con sus familias, parejas o amigos, es incomprensible cómo relaciones de esa naturaleza se transforman en una de homicida-asesinado.

Lugar donde se efectuó el crimen

De los datos que se tienen, 39.75 por ciento de las personas LGBT fueron asesinadas en espacios públicos: 46 de esos homicidios ocurrieron en la calle, 4 en la carretera y 14 en diversos espacios públicos como lotes baldíos, bodegas, estacionamientos e incluso un panteón y una escuela. Por otro lado, el siguiente porcentaje más alto (38.52 por ciento) lo ocupa la casa de la víctima: 62 personas fueron asesinadas en su propio domicilio. Además, 2.48 por ciento de los homicidios ocurrieron en otros domicilios, sean de familiares o conocidos de la víctima o bien del agresor o desconocidos.

Finalmente, 9.94 por ciento de los homicidios tuvieron lugar en bares o antros (7 casos), hoteles (4 casos), o lugares de encuentros (5 casos). Estos datos muestran que no hay lugar en el que se garantice seguridad y signifiquen espacios libres de violencia para las personas LGBT.

En conclusión, los crímenes de odio no son un homicidio más, son actos de extrema violencia y deshumanización que son perpetuados tanto por desconocidos como por personas cercanas a la víctima en espacios públicos y privados.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable Congreso, la iniciativa con proyecto que reforma el artículo 303 del Código Penal Federal y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales

Primero. Se adiciona un párrafo en la fracción I del artículo 303 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 303. Para la aplicación de las sanciones que correspondan al que infrinja el artículo anterior, no se tendrá como mortal una lesión, sino cuando se verifiquen las tres circunstancias siguientes:

I. Que la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada por la misma lesión y que no pudo combatirse, ya sea por ser incurable, ya por no tenerse al alcance los recursos necesarios;

Que la muerte sea por odio cuando la persona que lo comete es por: la condición social o económica; vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o lugar de origen; el color o cualquier otra característica genética; sexo; lengua; género; religión; edad; opiniones; discapacidad; condiciones de salud; apariencia física; orientación sexual; identidad de género; expresión de género; estado civil; ocupación o actividad de la víctima.

II. ...

III. ...

Segundo. Se adiciona la fracción XVIII del párrafo quinto, del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 167. Causas de procedencia

...

...

...

...

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal, de la manera siguiente:

I. a XVII. ...

XVIII. Homicidio por odio cuando la persona que lo comete es por:  la condición social o económica; vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o lugar de origen; el color o cualquier otra característica genética; sexo; lengua; género; religión; edad; opiniones; discapacidad; condiciones de salud; apariencia física; orientación sexual; identidad de género; expresión de género; estado civil; ocupación o actividad de la víctima, previsto en el artículo 303 del Código Penal Federal.

...

I. a III. ...

...

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

http://www.fundacionarcoiris.org.mx/wp-content/uploads/2020/12/Informe-de-Cri%CC%81menes-de-odio-contra-lgbt-panorama2020.pdf

http://www.fundacionarcoiris.org.mx/agresiones/panel

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 23 de septiembre de 2021.– Diputadas y diputados:  Salma Luévano Luna, Aleida Alavez Ruiz, Ana María Esquivel Arrona, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Angélica Peña Martínez, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Esther Berenice Martínez Díaz, Frinné Azuara Yarzábal, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, José Luis Flores Pacheco, José Luis Garza Ochoa, Juan Francisco Espinoza Eguia, Kathia María Bolio Pinelo, María de Jesús Aguirre Maldonado, María del Carmen Bautista Peláez, María Eugenia Hernández Pérez, Martha Estela Romo Cuéllar, Martha Robles Ortiz, Olegaria Carrazco Macías, Olga Leticia Chávez Rojas, Olimpia Tamara Girón Hernández, Omar Enrique Castañeda González, Raquel Bonilla Herrera, Rosa Hernández Espejo, Sandra Simey Olvera Bautista, Susana Cano González, Valeria Santiago Barrientos (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 3o., 4o. y 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, suscrita por la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada María Teresa Castell de Oro Palacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral I; 77, numeral I; y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se modifica la fracción IV del artículo 3; se modifica la fracción XII del artículo 4, se adiciona una fracción XVI al artículo 4, que recorre la actual; y se modifica la fracción VIII del artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, al tenor de la siguiente:

La evaluación, en lo tocante a la administración pública, es sin duda una valiosa herramienta para recabar información y datos estadísticos sobre los resultados obtenidos por los distintos planes, programas y proyectos del gobierno, en sus tres ámbitos de representación.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe la define como la actividad que permite valorar el desempeño de la acción pública, sea en la forma de un programa, proyecto, ley, política sectorial, etcétera. 1 Y para lograrlo, emplea una serie de metodologías y procedimientos técnicos encaminados a obtener la información más relevante acerca de los resultados de la intervención pública.

Es así que la evaluación, dada su naturaleza, resulta intrínseca a las políticas públicas y acciones gubernamentales, ya que se pueden entender a estos últimos conceptos como la respuesta que el gobierno ofrece ante un problema que afecta a gran parte de la población, de modo que la evaluación es justamente el mecanismo para calificar si aquello que se implementa es o no exitoso, o si se requiere elaborar una reformulación en el momento en que se está desarrollando.

El proceso de la acción gubernamental se basa en tres grandes momentos: 2

-Formulación (ex ante), que consiste en un diagnóstico y definición del problema para analizar las alternativas de solución.

-Implementación, que corresponde a la puesta en marcha a través de decisiones operativas.

-Evaluación (ex post), que es una investigación interdisciplinaria realizada a través de metodologías sólidas, que busca calificar el grado de efectividad de la acción de gobierno, así como aportar al proceso de toma de decisiones (reformulación) para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Por lo anterior es que la teoría política posiciona a la evaluación como parte inherente del ciclo y, al contrario de lo que se podría suponer, no siempre va al finalizar la acción de gobierno.  Puede ser considerada como el fin y a la vez el inicio, toda vez que lo ideal es que los tomadores de decisión consideren evaluaciones de ejercicios que previamente se aplicaron para retroalimentar los planes que se pretendan incluir en el futuro, de modo que estos puedan incorporar las mejoras pertinentes.

En nuestro país, la evaluación se ha impulsado como parte de la Nueva Gestión Pública, cuya meta es hacer tan eficientes las labores del Estado como si de una empresa se tratase, en busca de generar también que los servicios recibidos por la ciudadanía sean de calidad, eficientes y económicamente viables.

Para lograr este cometido, emplea una serie de elementos que, al ser aplicados con todo rigor, pueden redituar en resultados válidos y confiables, mismos que se enuncian en el cuadro siguiente:

Elaboración propia, con datos de Cohen, E. y Franco R., 1992 Evaluación de proyectos sociales. México: Siglo XXI Editores

Sin embargo, no basta solamente con elaborar las evaluaciones, sino que estas deben ser tomadas en consideración por las instituciones encargadas de designar los presupuestos para la acción pública, así como por aquellas enfocadas a la creación de nuevas políticas y planes.

Es por ello que la presente iniciativa busca ampliar las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud para que, aunado a la elaboración de la política encaminada al desarrollo en todos los sentidos de la juventud mexicana, cuente también con la posibilidad de evaluar su accionar, de tal suerte que a través de esta actividad el organismo pueda mejorar su desempeño, así como detectar áreas de oportunidad para futuros proyectos.

La iniciativa en comento tiene como eje principal la Perspectiva de Juventud y la reconoce como indispensable para el país, toda vez que los datos del último censo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (Inego) establecen que en México la edad mediana es de 29 años, lo que da cuenta de que, a pesar del proceso gradual de envejecimiento, la mitad de la población cuenta con esta edad o menos. 3

Al respecto, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) llama a los países miembros a empoderar a la juventud mediante leyes, políticas públicas, modelos de participación y herramientas de gobernanza, así como identificar áreas clave susceptibles de mejora. 4

También, a través de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud, se reconoce que los jóvenes conforman un sector social con características psicosociales, físicas y de identidad que requieren de una atención especial, máxime por considerar a esta etapa como un periodo en la vida donde se consolida la personalidad, se adquiere gran parte de los conocimientos del individuo, se forma la seguridad propia así como la proyección a futuro, al tiempo que es necesario evitar cualquier aversión hacia sus derechos primordiales, como son la educación, el empleo, la salud, el medio ambiente, la participación en la vida social y política y en la adopción de decisiones, la tutela judicial efectiva, la información, la familia, la vivienda, el deporte, la recreación y la cultura en general. 5

En este sentido, nuestro país debe ser garante de que los jóvenes tengan acceso no solo a los programas enfocados a este sector, sino también a participar en su formulación, aplicación y eventual evaluación.

Resulta entonces evidente que la concepción de juventud no abarca solamente un rango de edad, sino que cuenta con múltiples percepciones y, según Duarte, puede considerarse como: a) una etapa de la vida; b) un grupo social; C) un conjunto de actitudes ante la vida; d) la generación futura. 6

Es por esta multiplicidad de concepciones, que la juventud tendría que tener no solo políticas, planes, programas y proyectos propios, sino también mecanismos de evaluación que permitan tener una mejora constante. Por ejemplo, estrategias como la aplicación de evaluaciones de impacto pueden coadyuvar con el esclarecimiento acerca de si los resultados obtenidos por la implementación de determinada acción son atribuibles, o no, a esta; o si bien es necesario reformular los procesos, de modo que se redireccione.

Ahora bien, se podría afirmar que, si existe ya una instancia evaluadora como lo es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), no sería necesario dotar al Imjuve con estas atribuciones, sin embargo, si se pretende potenciar la capacidad de los jóvenes y las instancias encargadas de su desarrollo, esta parte crucial del ciclo de las políticas, planes y programas públicos tendría que desarrollarse preferentemente por parte de las dependencias que están llevando a cabo estas acciones, puesto que son ellas quienes conocen a la perfección el trabajo.

Tampoco se pretende menoscabar el gran trabajo que realiza el Coneval, pero es menester tener en consideración que su labor va más enfocada a recuperar datos sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza, por lo tanto, sería complicado pretender que el organismo sea experto al mismo tiempo en la situación de las juventudes mexicanas.

Es por ello que quien suscribe considera necesario que, por un lado, se realicen evaluaciones a los planes, programas y proyectos con enfoque de juventud, puesto que se emplean recursos públicos y capital humano, dentro de los tres ámbitos de gobierno y por tanto debe existir un mecanismo propio de rendición de cuentas, transparencia y mejora continua. Por otra parte, que estos sean desarrollados por la instancia de la administración pública federal dedicada exclusivamente a atender al sector poblacional de los jóvenes, que es el Instituto Mexicano de la Juventud.

Para cumplir con este objetivo es que se propone la iniciativa en comento, que sugiere realizar adecuaciones a la Ley del Imjuve, mismas que son apreciables en el siguiente cuadro comparativo

Por lo antes fundamentado, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se modifica la fracción IV del artículo 3; se modifica la fracción XII del artículo 4, se adiciona una fracción XVI al artículo 4, que recorre la actual; y se modifica la fracción VIII del artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Primero. Se modifica la fracción IV del artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 3. ...

Fracciones I a III...

Fracción IV. Asesorar al Ejecutivo Federal en la planeación, programación y evaluación de las políticas y acciones relacionadas con el desarrollo de la juventud, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo

Segundo. Se modifica la fracción XII del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 4. ...

Fracciones I a XI...

Fracción XII. Diseñar, implementar, ejecutar y evaluar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes: en su desarrollo económico y productivo, a través de la incorporación laboral, de la asignación de fondos destinados a la generación y fortalecimiento del autoempleo donde los jóvenes tengan participación directa ya sea en su creación, desarrollo o inclusión laboral; en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y del humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social y la participación ciudadana; y en general en todas aquellas actividades que, de acuerdo a su capacidad presupuestal, estén orientadas al desarrollo integral de la juventud;

Tercero. Se adiciona una fracción XVI, y se recorre la actual, del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 4....

Fracciones I a XV...

Fracción XVI. Establecer las metodologías necesarias para llevar a cabo evaluaciones a las políticas, planes y programas en materia de juventud, mismas que serán tomadas en cuenta por las instancias correspondientes.

Fracción XVII. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos legales y reglamentarios.

Cuarto. Se modifica la fracción VIII del artículo 12 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como a continuación se establece:

Artículo 12....

Fracciones I a VII...

Fracción VIII. Recabar información y elementos estadísticos sobre las funciones planes y programas del Instituto, para realizar evaluaciones que permitan mejorar su desempeño;

Único. El presente Decreto entrará en vigor a los 60 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Acerca de la evaluación de políticas y programas públicos. Consultado en:

https://www.cepal.org/es/temas/evaluacion-de-politicas-y-programas/acerca-evaluacion-politicas-programas-publicos

2 Cardozo Brum, M., 2013. De la evaluación a la reformulación de políticas públicas, Política y cultura. Núm. 40.

3 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, 2021. Censo de Población y Vivienda 2020. México.

4 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 2018. Youth stocktaking report. Paris.

5 Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica, 2008. Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, Badajoz, España.

6 Duarte, K., 2000. ¿Juventud o juventudes? Acerca de como mirar y remirar a las juventudes de nuestro continente, Última década. Núm. 13.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.– Diputada María Teresa Castell de Oro Palacios (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para crear un registro sobre los datos estadísticos e informativos de los que han quedado en condición de orfandad, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Raquel Bonilla Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 7, el segundo párrafo del artículo 10, los párrafos primero y segundo del artículo 26, el artículo 30 Bis, el primer párrafo del artículo 30 Bis 1 y la fracción IV del artículo 116; y se adicionan las fracciones XXI y XXII al artículo 4, con lo que se recorren las subsecuentes, la fracción XIV al artículo 6, con lo que se recorren las subsecuentes, el capítulo vigésimo primero, “Niñas, niños y adolescentes en orfandad”, al título segundo, “De los derechos de niñas, niños y adolescentes”, los artículos 101 Ter, 101 Ter 1 y 101 Ter 2, y la fracción XVIII al artículo 125, con lo que se recorren las subsecuentes, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección en situación de orfandad, al tenor de la siguiente

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha señalado que la pandemia ha repercutido en los hogares de las niñas, niños y adolescentes, registrándose un incremento en los casos de hambruna, mala nutrición, incremento de la pobreza en el núcleo familiar, abusos y violencia, así como situaciones de ansiedad y depresión afectando su salud mental. 1 Una de las consecuencias del Covid-19 es la situación de orfandad en que se encuentran miles de menores de edad por la muerte de uno de sus padres o en su caso abuelos quienes tenían la custodia y guardia de sus nietas o nietos.

Los menores de edad son el sector de población sumamente vulnerable, los cuales requieren atención interdisciplinaria por las autoridades de los tres niveles de gobierno, en donde se involucren temas como psicología, salud, educación, así como la implantación de programas de carácter social que garanticen su adecuada atención y protección de sus derechos humanos.

Según cifras publicadas en diversos estudios señalan que en México existen cerca de 131 mil 325 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, siendo el país con la cifra más alta, en India hay 116 mil 263, Brasil, 113 mil 150 y Estados Unidos, 104 mil 884.

Fuente: Hillis D., Susan; y otros. Global minimum estimates of children affected by Covid-19-associated orphanhood and deaths of caregivers: a modelling study, publicado en línea el 20 de julio de 2021. Disponible en https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01253-8

Ante tal situación de desamparo en que están inmersos las niñas, niños y adolescentes es importante que el gobierno federal en coordinación con las entidades federativas elabore un registro sobre esta situación de orfandad, ya que con cifras oficiales se podrán afrontar con mejores prácticas y soluciones la magnitud de este lamentable escenario en que se encuentran las futuras generaciones, con ello, se podrá dimensionar la realidad, así como visualizarla.

Asimismo, fortalecer a nivel de ley, la coordinación entre el gobierno federal y las entidades federativas para que a través de convenios se implanten programas de apoyo que atiendan en el corto, mediano y largo plazo a los menores de edad que han quedado en orfandad, con objeto de garantizarles alimentación, protección social, atención médica, económica, psicológica y educativa.

El gobierno de la cuarta transformación, a finales de 2020, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, y la Unidad de Atención a la Población Vulnerable del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, suscribió un convenio de colaboración de transferencia de información para la identificación de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad derivada de la pandemia causada por el SARS-Cov2. Sin embargo, los datos son recolectados mediante información escolar.

También existe el acuerdo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) número SIPINNA/EXT/01/2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2020, se señalan acciones para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes que durante la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor generada por el virus SARS-Cov2, entre las cuales se enumeran realizar el máximo de los esfuerzos para ofrecer controles prenatales, atención a las niñas y niños recién nacidos y el fomento a la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y complementaria hasta los dos años.

Según datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en la Ciudad de México, la pandemia ha dejado a más de 2 mil 550 niñas, niños y adolescentes en orfandad, por lo cual se implantó la beca Leona Vicario, encaminada a los menores de edad que se encuentran en este escenario, mediante dicho apoyo reciben alrededor de 832 pesos mensuales. 2

No olvidemos que en la Constitución se encuentra plasmada la obligación de todas las autoridades país, ejecutivas, legislativas y judiciales, a velar, proteger y garantizar el interés superior de la niñez. 3 En la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se establece que los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencias especiales del Estado. Los Estados parte garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños, entre esos cuidados figurarán, la colocación en hogares de guarda, la adopción, o de ser necesario la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Se prestará atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. 4

En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se reconoce a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, siguiendo los principios constitucionales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano forma parte. 5

El Sipinna tiene como finalidad, que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados.

La presente iniciativa está encaminada a establecer en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la coordinación entre los registros civiles de las entidades federativas y el Sipinna, con el propósito de elaborar un registro confiable y seguro que otorgue certeza sobre los datos estadísticos e informativos sobre las niñas, niños y adolescentes que han quedado en condición de orfandad.

Las entidades federativas y el gobierno federal, a través del Sipinna, promoverán, garantizarán, protegerán y restituirán los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en estado de vulnerabilidad por orfandad ya sea de madre o padre o abuelos o tutores que hayan tenido la custodia de los menores de edad, para tal efecto, los tres niveles de gobierno se coordinaran para establecer acciones a ejecutar en el ámbito de sus respectivas competencias enfocadas a la atención e implementación de las estrategias, acciones, planes y programas en beneficio de los menores de edad en orfandad.

Asimismo, las leyes federales y locales dispondrán instrumentos y mecanismos de apoyos de carácter social, psicológico, salud, educativo para la atención inmediata de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad salvaguardando el interés superior de la niñez y restitución integral de sus derechos.

Es obligación del Estado mexicano velar por el interés superior de la niñez, es momento de establecer lineamientos para evitar que los menores de edad en situación de orfandad queden en el abandono, que su futuro se convierta en incierto. Resulta imperante la atención de aquellas niñas, niños y adolescentes que por su situación de orfandad han quedado en desventaja social, con el objetivo de alcanzar el mayor bienestar y beneficio posibles para la niñez, y no se afecte su futuro.

A raíz de la pandemia provocada por el SARS-Cov2, el país enfrenta diversos retos y desafíos, uno de ellos que por su naturaleza es de suma importancia su atención, es la protección de las niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus padres, abuelos o tutores como consecuencia del virus dejándolos en una situación de orfandad. Es lamentable la pérdida de un ser querido, el proceso de afrontar la depresión que envuelve a las niñas, niños y adolescentes, quienes hacen un esfuerzo por no colapsar, con el objetivo de seguir con su vida cotidiana pese a las adversidades, ocasionado esta situación deserción escolar, incremento del trabajo infantil, entre otras situaciones graves, como induciendo a algunos menores de edad a vivir en condición de calle.

Por ello es trascendental garantizar el apoyo a este sector vulnerable, para tal fin, se deben implementar medidas que avalen la entrega y acceso de los apoyos y becas, así como trato digno y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que han quedado en situación de orfandad, anteponiendo siempre el interés superior de la niñez, el cual es pilar fundamental en todo estado de derecho.

Por todo lo expresado presento ante el pleno de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección en situación de orfandad

Único. Se reforman el artículo 7, el segundo párrafo del artículo 10, los párrafos primero y segundo del artículo 26, el artículo 30 Bis, el primer párrafo del artículo 30 Bis 1, y la fracción IV del artículo 116; y se adicionan las fracciones XXI y XXII al artículo 4, con lo que se recorren las subsecuentes, la fracción XIV al artículo 6, con lo que se recorren las subsecuentes, el capítulo vigésimo primero, “Niñas, niños y adolescentes en orfandad”, al título segundo, “De los derechos de niñas, niños y adolescentes”, los artículos 101 Ter, 101 Ter 1 y 101 Ter 2, y la fracción XVIII al artículo 125, con lo que recorren las subsecuentes, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. a XX. ...

XXI. Registro Local de Orfandad. El Registro de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad de cada entidad federativa.

XXII. Registro Nacional de Orfandad: El Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad;

XXIII. Representación Coadyuvante: El acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, que de manera oficiosa, quedará a cargo de las Procuradurías de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público;

XXIV. Representación Originaria: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y demás disposiciones aplicables;

XXV. Representación en Suplencia: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de las Procuradurías de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público;

XXVI. Sistemas de las Entidades: Los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de cada entidad federativa;

XXVII. Sistema Local de Protección: El Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad federativa;

XXVIII. Sistemas Municipales: Los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia;

XXIX. Sistema Municipal de Protección: El Sistema de Protección de niñas, niños y adolescentes de cada municipio;

XXX. Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

XXXI. Sistema Nacional de Protección Integral: El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; y

XXXII. Tratados Internacionales: Los tratados internacionales vigentes en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes de los que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta ley, son principios rectores los siguientes:

I. a XIII. ...

XIV. El acceso a la atención oportuna por las autoridades de los tres niveles de gobierno, en caso encontrarse en situación de orfandad;

XV. La accesibilidad; y

XVI. El derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad.

Artículo 7. Las leyes federales y de las entidades federativas deberán garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes; así como prever, primordialmente, las acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos. Asimismo, señalar los instrumentos y mecanismos para la atención inmediata de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.

Artículo 10. ...

Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, orfandad, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apatridia, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.

Artículo 26. El Sistema Nacional DIF o los sistemas de las entidades, en coordinación con las procuradurías de protección, deberán otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en desamparo familiar o en situación de orfandad.

Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que se requieran por su situación de desamparo familiar o en orfandad. En estos casos, el Sistema Nacional DIF o los sistemas de las entidades, así como las autoridades involucradas, según sea el caso, se asegurarán de que niñas, niños y adolescentes

I. a V. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 30 Bis. Toda persona que encontrare una niña, niño o adolescente en estado de indefensión o que hubiere sido puesto en situación de desamparo familiar o de orfandad, deberá presentarlo ante las Procuradurías de Protección, ante el Sistema Nacional DIF o ante los Sistemas de las Entidades, con las prendas, valores o cualesquiera otros objetos encontrados en su persona, y declarará el día, lugar y circunstancias en que lo hubiere hallado.

Artículo 30 Bis 1. Los centros de asistencia social que reciban niñas, niños y adolescentes en situación de indefensión, desamparo familiar u orfandad, sólo podrán recibir niñas, niños y adolescentes por disposición de la Procuraduría de Protección correspondiente o de autoridad competente.

...

...

...

...

Artículo 101 Ter. El Sistema Nacional de Protección Integral, elaborará un Registro Nacional de Orfandad, con el objetivo de brindar certeza y seguridad jurídica a las acciones integrales de protección y restitución de los derechos, de las niñas, niños y adolescentes que por cualquier situación se encuentren en orfandad, así como para acceder a los diversos programas sociales que implanten las autoridades federal, estatal, municipal o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para su atención.

A efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, el Sistema Nacional de Protección Integral celebrará instrumentos y mecanismos de coordinación con los registros civiles de las entidades federativas a fin de que obtener información y documentación actualizada de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.

El Registro Nacional de Orfandad estará regido por las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás disposiciones en materia de protección de datos personales, protegiendo los derechos e interés superior de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad previstos en la presente ley.

Artículo 101 Ter 1. El Sistema Nacional de Protección Integral emprenderá acciones encaminadas a la protección de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, las cuales estarán enfocadas a promover, garantizar, proteger y restituir sus derechos; elaborar un diagnóstico sobre la problemática de orfandad en donde se esbocen sus diversas causas como serian la muerte de la madre, con posterioridad al alumbramiento; accidentes; feminicidio u homicidio; enfermedad; desaparición de alguno o ambos padres o de quien ejerza la patria potestad, tutela o guarda, o custodia; y entre otras causas; protocolos de atención a implementar en los diversos programas destinados a la protección de los menores, así como indicadores de su evaluación.

Artículo 101 Ter 2. Las leyes federales y de las entidades federativas dispondrán lo necesario para que, en términos de lo establecido en la presente ley, en el ámbito de sus respectivas competencias diseñen e implementen estrategias, planes, programas, instrumentos y mecanismos de apoyos de carácter social, psicológico, salud, educativo para la atención inmediata de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad salvaguardando el interés superior de la niñez y restitución integral de sus derechos. Para tal efecto, todos los órdenes de gobierno coadyuvaran para su debido cumplimiento en los términos previstos en la presente ley.

Artículo 116. Corresponden a las autoridades federales y locales de manera concurrente las atribuciones siguientes:

I. a III. ...

IV. Adoptar medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria, situación de orfandad o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten sus derechos;

V. a XXV. ...

Artículo 125. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El Sistema Nacional de Protección Integral tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XVII. ...

XVIII. Establecer mecanismos de coordinación con los registros civiles de las entidades federativas con el objetivo de elaborar el Registro Nacional de Orfandad; y

XIX. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta ley.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados, dentro de un plazo de 180 días, realizarán las adecuaciones necesarias para armonizar su legislación a fin de dar cumplimiento al presente decreto.

Tercero. El Sistema Nacional de Protección Integral, dentro de un plazo de sesenta días, expedirá los lineamientos para la coordinación con los registros civiles de las entidades federativas a fin de elaborar el Registro Nacional de Orfandad.

Notas

1 UNICEF. Emergencia sanitaria: coronavirus. Protegemos a los niños y sus familias de la emergencia sanitaria provocada por Covid-19. Disponible en

www.unicef.es/cuausas/emergencias/coronavirus

2 Gobierno de la Ciudad de México, Beca Leona Vicario, registro en el Programa Covid-19 (sólo Covid). Disponible en

https://becaleonavicario.cdmx.gob.mx

3 Artículo 4o., noveno párrafo: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”. Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf

4 UNICEF. Convención sobre los Derechos del Niño. Disponible en

www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

5 Cámara de Diputados, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, disponible en

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110121.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.– Diputada Raquel Bonilla Herrera (rúbrica).»

«Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda “En memoria al personal de salud que dio su vida para salvar la nuestra en la pandemia de Covid-19”, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, quien, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba, en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, la leyenda: “En memoria al personal de salud que dio su vida para salvar la nuestra en la pandemia de Covid-19”, con base en la siguiente

El día 30 de marzo del 2020 se publicó por parte del Consejo de Salubridad de México, la suspensión inmediata de actividades no esenciales, por lo que significó un freno a distintas actividades, menos en el sector salud.

Las y los médicos no han parado en ningún instante durante esta pandemia, cumpliendo con el juramento hipocrático que hicieron al terminar su carrera. De igual modo, tampoco han parado todas las personas profesionistas que conforman el sistema de salud de nuestro país.

Desde ese día el personal de salud ha tenido que estar en la primera línea, aprendiendo de una nueva enfermedad, acondicionando sus hábitos para prevenir su contagio, entender las reacciones y efectos en el cuerpo que conlleva el padecer la enfermedad. Desde su experiencia afrontaron olas de contagio, en las que mexicanos y mexicanas perdieron la vida que estaba a su cuidado, pero no por fracaso, sino por la inevitable consecuencia en muchos casos.

La exposición al virus para ellas y ellos es continua. Las múltiples vías de contagio que existen las viven día con día.

Ya que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 1 (OMS), durante el periodo comprendido de enero de 2020 a mayo de 2021, se estima que, entre 80 y 180 mil trabajadores de la salud y el cuidado, lamentablemente fallecieron a causa del Covid-19, en concreto, casi 115 mil 500 trabajadores del ámbito sanitario en el mundo.

Mientras que de acuerdo con el último informe de la Secretaría de Salud del día 11 de octubre de 2021, en México se han registrado 4 mil 484 defunciones confirmadas y 125 defunciones sospechosas del personal de salud a causa de la pandemia del Covid-19. 2

El muro de honor de este recinto fue creado para reconocer aquellas personas que han hecho a México un país grande, en él se inscriben nombres, leyendas o apotegmas que tienen como objetivo rendir homenaje a un personaje, institución o suceso histórico de trascendencia para nuestro país, así se estableció en el artículo 2o. de los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados. 3

La Cámara de Diputados no debe olvidar a estos héroes y heroínas que no sólo dieron su conocimiento, su tiempo, su valentía y vocación de cuidado, dieron la vida. México estuvo y sigue en sus manos. Por las familias y amistades que siguen recuperándose de la pérdida de aquellos que con vocación continuaron con la heroica tarea de atender dentro de esta pandemia a cada enferma y enfermo de Covid-19, tenemos que imprimir en este recinto su labor. No quedarán olvidados.

Hoy en día la mayoría tenemos a alguien cercano que gracias a su trabajo está con nosotros, e incluso estamos entre aquellos que sobrevivieron a una enfermedad que pudo ser mortal. Un reconocimiento a las y los médicos, enfermeras, enfermeros, estudiantes de medicina, a las y los integrantes del personal de servicio de limpieza, administrativos, a cada una de aquellas personas que integran el sistema de salud. A todas las personas que no regresaron a casa a descansar y disfrutar con los suyos, después de una jornada que implica la difícil tarea de afrontar una enfermedad sin cura y potencialmente mortal, por ellas hago esta solicitud.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se ordena inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, la leyenda “En memoria al personal de salud que dio su vida para salvar la nuestra, en la pandemia de covid-19”

Artículo Único. Inscríbase en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda “En memoria al personal de salud que dio su vida para salvar la nuestra en la pandemia de covid-19”.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345300/WHO-HWF-WorkingPaper-2021.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/674340/PERSONAL DESALUD_11.10.21.pdf

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/muro/pdf/listado_muro.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2021.– Diputadas y diputados: Laura Imelda Pérez Segura, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Andrés Pintos Caballero, Angélica Peña Martínez, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Emmanuel Reyes Carmona, Esther Berenice Martínez Díaz, Francisco Javier Borrego Adame, María Eugenia Hernández Pérez, Martha Robles Ortiz, Olegaria Carrazco Macías, Olga Leticia Chávez Rojas, Olimpia Tamara Girón Hernández, Susana Cano González, Valeria Santiago Barrientos (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 9o. y 30 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, del Grupo Parlamentario de Morena

La proponente, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, diputada por Zacatecas a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 9 y se adiciona la XXV, con lo que se recorre el orden de la siguiente, al artículo 30 todos de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Tener derecho a la educación implica dar a la enseñanza un valor fundamental para el desarrollo de personas libres y responsables; la educación, como eje fundamental del desarrollo de un país, juega un papel central en la definición y aplicación de políticas orientadas a garantizar la igualdad de oportunidades. Los programas sustentados en la equidad y encaminados a la prevención de la exclusión social deben de ser una prioridad dentro de los programas educativos de un país. Hoy en día, los temas de equidad y calidad en la educación se encuentran en boga y están sobre la base de las reformas educativas de los países.

Las políticas compensatorias como los programas y campañas educativas que promuevan la calidad en la educación, la igualdad de acceso y eliminen los obstáculos que impiden la participación activa de los grupos con mayor rezago educativo son el medio para lograr una sociedad más justa y democrática que la Regulación de las becas y ayudas al estudio tenga en cuenta las necesidades del alumnado con discapacidad, ya que tienen que hacer frente a “mayores desembolsos económicos para superar las desventajas al ejercer su derecho a la educación”. 1

“La regulación de las becas y ayudas al estudio no puede desconocer las situaciones de agravio económico que sufre el alumnado con discapacidad, que deben verse compensadas con una adecuada política de becas”, 2 ya que es significativa “la desigualdad de oportunidades” por los menores recursos económicos provocados por los gastos que deben afrontar en general las familias en las que un miembro de la misma con discapacidad pretende estudiar.

La importancia del tema de la equidad radica en la necesidad de construir una sociedad con igualdad de oportunidades, en la que el respeto por las diferencias sea la base de las relaciones entre las personas. En la educación, la política de equidad trata de garantizar el derecho a la educación expresado como igualdad de oportunidades para el acceso, permanencia y logro educativo de las niñas, niños y los jóvenes del país.

La promoción de la equidad se refiere, fundamentalmente, al conjunto de políticas destinadas al incremento de las oportunidades educativas de poblaciones vulnerables. La vulnerabilidad puede estar representada por conjuntos de desventajas o ventajas con respecto al común de la gente. Por ello, tales políticas deben centrar sus acciones en la adecuada atención a las singularidades de determinados colectivos sociales. Esas acciones pretenden mitigar desventajas o desarrollar ventajas en una sociedad.

En el país, la igualdad de los grupos menos favorecidos en el acceso a la educación representa grandes beneficios a las familias y a la sociedad en su conjunto. Si bien, en México, se observan grandes avances en la incorporación de éstos a la educación en las últimas décadas, subsisten todavía inequidades. Este tema ha sido tratado por otros legisladores en diferentes tiempos, pero no ha sido favorecido para tomarse en cuenta por lo que en el afán de hacer justicia a los grupos menos favorecidos retomo este tema. 3

La equidad educativa no se limita solamente al acceso universal a los servicios, sino que requiere de una atención diferenciada que responda a la variedad de necesidades que presentan cotidianamente los alumnos. En este sentido es necesaria la ejecución de políticas compensatorias que dirijan la asignación de recursos y esfuerzos pedagógicos a los sectores de la población más desfavorecidos con el fin de garantizarles el acceso, permanencia y conclusión exitosa de sus estudios.

Estableciendo como fin la equidad en la educación estaremos dando un paso más en el fortalecimiento del sistema educativo nacional. Si logramos contar con una cobertura suficiente y una oferta amplia y diversificada que atienda la demanda educativa con equidad, con solidez académica, y eficiencia en la organización y utilización de sus recursos, estaremos en el camino indicado para que México desarrolle y explote sus capacidades plenamente a favor de sus habitantes.

Por ello propongo que se desarrollen programas para otorgar becas y demás apoyos económicos a educandos con discapacidad permanente en todo nivel educativo, las autoridades establecerán un programa de becas a los estudiantes con discapacidad permanente que se encuentren activos, las cuales fijarán como requisito acreditar alguna discapacidad permanente por medio del DIF. Sin menoscabo de los demás criterios que para tal efecto establezca la Secretaría de Educación Pública. Además de garantizar la accesibilidad en los planteles educativos para el sector.

Derivado de lo anterior someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 9 y se reforma una fracción XXV, recorriéndose en el orden la siguiente del artículo 30 todos de la Ley General de Educación

Único. Se reforma la fracción I del artículo 9 y se adiciona la XXV, con lo que recorre el orden de la siguiente, al artículo 30 todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad y excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones:

I. Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen a los educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación; Además, se desarrollaran programas para otorgar becas a educandos con discapacidad permanente en todo nivel educativo sin requerimiento de un promedio mínimo que cursen la educación básica, media y superior que se encuentren estudiando y que no sean beneficiarios de ningún otro sistema de becas educativas, las cuales fijarán como requisito acreditar la discapacidad permanente por medio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia o sus homólogos en los Estados y municipios. Sin menoscabo de los demás criterios que para tal efecto establezca la Secretaría de Educación Pública, evitando el rezago educativo de este sector.

II. a XIII. ...

Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes:

I. a XXIV. ...

XXV. Promover la equidad a través de la justa distribución de los servicios educacionales a fin de lograr la mejor calidad y una efectiva igualdad de oportunidades y posibilidades de acceso para todos los individuos con discapacidades.

XXVI. Los demás necesarios para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación establecidos en los artículos 15 y 16 de la presente ley.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.guiaongs.org/noticias/los-discapacitados-demandan-que-las-becas-de-estudio-se-adecuen-a-sus-necesidades-2-1-1803/parrafo 3|

2 Ibídem, página 4.

3 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-2698201200 0500004 La desigualdad del nivel de aprendizaje: niveles de logro en Excale y PISA, página 1.

Dado en el Palacio Legislativo, a 7 de septiembre de 2021.– Diputadas y diputado: Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, Martha Robles Ortíz, Susana Cano González, Esther Berenice Martínez Díaz, Salma Luévano Luna, Olimpia Tamara Girón Hernández, Sandra Simey Olvera Bautista, Emmanuel Reyes Carmona (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Manuel Alejandro Robles Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de incorporar en las legislaturas de los estados la figura de diputado migrante, de acuerdo con la siguiente

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver

El homo sapiens sapiens es un ser migrante por naturaleza. Desde los inicios de nuestra existencia como especie hemos hecho de la movilidad un instrumento para sobrevivir y extendernos por todo el planeta.

A partir de que los primeros póngidos salieron de la zona que hoy se conocer como la gran falla del Rift, lugar del que se cree aparecieron los primeros seres humanos y que es considerado como la cuna de la humanidad, no hemos hecho más que migrar. Por eso somos la única especie mamífera extendida por todo el orbe.

En cuanto a la hipótesis sobre la aparición del género humano en África oriental como resultado de una modificación ecológica —hipótesis bautizada deliciosamente como “East side history”—, Coppens dijo: “El primer homínido se vio obligado a aparecer hace ocho millones de años en África oriental. ¿Por qué? Hace 10 millones de años, en torno al Ecuador existía una selva continua; allí vivían los antepasados comunes del hombre y los chimpancés. Después, África se partió, el valle del Rift rompió la tierra a lo largo de 6 mil kilómetros y se erigió una especie de muralla natural que contiene las precipitaciones. Entre la falla y el Índico, la región se irá degradando, perderá los bosques y se transformará en sabana. Al Oeste, los descendientes de los pequeños primates antecesores del hombre y del chimpancé seguirán su adaptación al medio arbóreo selvático, pero al Este deberán adaptarse a un nuevo medio. Aparecerán mutaciones y las más ventajosas se mantendrán: son los homínidos”. “Somos primos de los chimpancés”, concluyó Coppens, “pero la ecología nos hizo diferentes a un lado y al otro del Rift”. 1

La migración, un fenómeno tan natural, ha traído consecuencias serias y graves para quien la realiza en la actualidad, pero no siempre ha sido así. La criminalización de la migración es reciente, se incrementó a límites insospechados con el advenimiento de Donald Trump en la Presidencia de los Estados Unidos de América (EUA).

... ante la complicada situación no es de extrañar que de cada 10 migrantes mexicanos, 7 sean indocumentados; lo anterior se traduce en un contexto de precariedad donde viven gran número de mexicanos, pues 3 de cada 10 no cuentan con servicios médicos y alrededor de 20 por ciento vive en condición de pobreza. 2

Y se convirtió en un tema de trascendencia política a partir del siglo XIX.

Si bien las movilizaciones de grandes grupos humanos han existido desde el origen de la humanidad y puede afirmarse que la migración fue un factor determinante en el desarrollo del ser humano, no fue sino hasta el siglo XIX y XX que el tema se convertiría en un asunto político de gran interés para las naciones. Los factores históricos que han provocado las migraciones masivas desde el siglo XIX hasta nuestros días han sido diversos. Por ejemplo, tenemos el caso la hambruna irlandesa de mediados del siglo XIX, conocida como “la hambruna de la papa”, la cual orilló a casi una cuarta parte de la población de Irlanda a buscar mejores condiciones en otros países, principalmente en EUA; de igual manera, la miseria en la que vivían grandes sectores de la población europea y asiática fue determinante para buscar una nueva vida en EUA. Otros factores que propician la migración son las guerras y las persecuciones, políticas, nacionalistas o religiosas. 3

La migración de mexicanos principalmente hacia EUA ha sido una constante desde el siglo XIX. En la actualidad, datos del Conapo muestran que hay “12.9 millones de migrantes mexicanos en todo el mundo, de los que 98 por ciento reside en EUA”. 4

La División de Población de las Naciones Unidas estima que “en 2019 11.8 millones de personas mexicanas vivían en un país distinto de México, 97.4 por ciento de ellas residía en EUA, lo que sitúa la migración entre ambos países como una de las más importantes en el mundo”. 5

Los estados de EUA que reciben al mayor número de mexicanos son California, seguido por Texas y Arizona.

El Estado que más mexicanos recibe es California con 35 por ciento de la migración; en segundo lugar está Texas con 21.7 y en tercer lugar Arizona con 5.9. Estos estados se mantienen como los lugares donde reside la población de origen mexicano, la cual ya representa un porcentaje de consideración ante la población total de EUA. En Texas, California, Arizona y Nuevo México, la población de origen mexicano (tomando en cuenta la posibilidad de tener algún abuelo de ese origen) llega a ser la tercera parte de la población. En menor cantidad, pero no menos importante está el estado de Illinois, cuya ciudad más importante, Chicago, continúa siendo una receptora de gran cantidad de migrantes; en él, la población de origen mexicano llega a 14.5 del total estatal. Al pasar los años, los hijos y nietos de los migrantes ya no tenían un impedimento legal para trasladarse a otras ciudades, generando así que la población de origen mexicano tenga presencia en otros estados como Oregón, Washington, Idaho, Utah, Colorado y Kansas; en dichos estados la población de origen mexicano llega a superar 10 por ciento del total estatal. 6

Una de las grandes aportaciones que hacen los migrantes al país se refleja en las remesas. Datos del Anuario de Migración y Remesas, México 2020, indican que en 2019 México fue el principal receptor de remesas de América Latina y el Caribe, con la cantidad de 36 millones de dólares (mdd). Guatemala recibió 10.5 mdd, El Salvador 5.6 mdd y Honduras 5.4 mdd. En la región del Caribe, el primer lugar lo obtuvo República Dominicana con 7.1 mdd, Haití 3.3 mdd y Jamaica 2.4 mdd. En Sudamérica, Colombia ingresó 6.7mdd, Perú 3.3 mdd y Ecuador 3.2 mdd. 7

En 2020 México alcanzó cifras históricas en cuanto a la recepción de remesas se refiere, datos de Banco de México señalan:

En 2020, el flujo acumulado de remesas recibidas en México alcanzó un nivel histórico, de 40 mil 607 mdd. En todas las regiones, los ingresos por remesas se incrementaron respecto a 2019. En el norte, las remesas acumuladas durante 2020 alcanzaron un nivel de 5 mil 902 mdd, en el centro norte de 14 mil 504 mdd, en el centro de 12 mil 726 mdd y en el sur de 7 mil 475 mdd, cifras que representaron incrementos respecto a 2019 de 14.6, 12.3, 10.4 y 9.2 por ciento, respectivamente. 8

La cifra de remesas que envían nuestros migrantes representa el presupuesto total anual de varias secretarías de Estado juntas. De esta manera se puede observar la importancia que tienen los envíos de dinero de los mexicanos en el exterior hacia nuestro país. Datos de BBVA Research señalan lo siguiente:

En 2020 llegaron 40 mil 607md por remesas a México. Este monto equivale a más de 875 mil millones de pesos, lo que supera el presupuesto federal de México aprobado para 2021 de las Secretarías de Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Bienestar y Cultura en su conjunto. 9

En 2021 se dio un reconocimiento a los mexicanos que se encuentran en el extranjero reconociéndoles el derecho de participar como candidatos a diputaciones federales en el proceso comicial del pasado 6 de julio. De esta manera, los mexicanos residentes en el extranjero pudieron tener voz, voto y representación en su patria de origen.

Los avances que se han dado para reconocer los derechos político-electorales de la comunidad migrante han avanzado, pero no son suficientes. Si antes los migrantes teníamos la posibilidad de participar solamente en la elección de presidente de la República y senador y a partir de 2021 tenemos el derecho de votar y ser votados en las Diputaciones Federales, los principios de progresividad y no regresión en materia de derechos políticos deben prevalecer en todos los ámbitos de la vida política nacional e ir ganando terreno. Por ello, en el afán de dar a la comunidad mexicana en el extranjero el derecho de tener mayor participación política en su país de origen, es que se propone reformar el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir que los mexicanos en el exterior puedan votar y ser votados en los procesos comiciales para elegir representantes populares en las legislaturas de los estados.

A continuación se presenta un cuadro comparativo con las modificaciones propuestas:

Texto normativo propuesto

Por lo expuesto me permito presentar ante el pleno de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de incorporar en las legislaturas de los estados la figura de diputado migrante

Único. Se adiciona un cuarto párrafo, y se recorren los subsecuentes, a la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de incorporar en las legislaturas de los estados la figura de diputado migrante, de la siguiente manera:

Artículo 116. ...

...

I. y II....

...

...

Las legislaturas de los estados deberán establecer, al menos, una diputación migrante para los mexicanos residentes en el extranjero.

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Jacinto Antón (1991). “‘El hombre es resultado de un cambio ecológico’, dice el paleontólogo Yves Coppens”, en El País. Sitio web:

https://elpais.com/diario/1991/07/05/cultura/678664806_850215. html

2 Javier Aguilar (2019). Panorama de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, de Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sitio web:

https://www.iis.unam.mx/blog/panorama-de-los-migrantes-mexicanos-en-estados-unidos/

3 Ídem.

4 Ídem.

5 Conapo y Fundación BBVA Bancomer (2020). Anuario de migración y remesas. México, 2020. Sitio web:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/583047/Anuario_Mi gracion_y_Remesas_2020.pdf

6 Ídem.

7 Cónfer ídem.

8 Banco de México (2021). “Remesas y su efecto sobre el consumo de los hogares en las regiones de México en el contexto de la pandemia de Covid-19”. X, de X. Sitio web:

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-las-economias-regionales/recuadros/%7B1D16C149-35FB-577B-4262-27DB722C71E8%7D.pdf

9 BBVA Research (2021). México. En 2020 crecieron las remesas 11.4 por ciento pese a la crisis mundial por la pandemia. Sitio web:

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-en-2020-crecieron-las-remesas-114-pese-a-la-crisis-mundial-por-la-pandemia/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2021.– Diputados y diputada: Manuel Alejandro Robles Gómez, Alma Griselda Valencia Medina, Omar Enrique Castañeda González (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Itzel Josefina Balderas Hernández e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Itzel Josefina Balderas Hernández, y las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

La familia es la base de toda sociedad la cual, tiene una gran incidencia en el desarrollo social y emocional de los seres humanos.

Al cumplir con una función social determinada e insustituible ya que garantiza estabilidad en nuestra sociedad, la familia posee atribución en el desarrollo sostenible de nuestro país.

Convertirse en madre es sin duda una de las alegrías más fuertes que puede llegar a sentir una mujer, desafortunadamente, puede convertirse en una situación de estrés si somos mujeres trabajadoras.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 64 millones 540 mil 634 mujeres, mismas que componen 51.2 por ciento de la población total y, del total de la población ocupada de 25 años y más que se desempeña como funcionarios y directivos de los sectores público, privado y social, 39.0 por ciento son mujeres. 1

Con base en datos otorgados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) se identificó que para el primer trimestre de 2019, 7.4 millones de madres de 15 a 49 años son trabajadoras subordinadas y remuneradas. 2

El avance en nuestro país a favor de la perspectiva de género en cualquier ámbito de nuestra vida ha ido en avance, sin embargo, aún tenemos grandes retos por cumplir:

1. Desigualdad laboral: 8 de cada 10 hombres forman parte de la población económicamente activa (pea) y sólo 4 de cada 10 mujeres la integran.

De las mujeres que no cuentan con empleo remunerado, 45 por ciento señalan que la razón es su dedicación al hogar y 27 por ciento por trabajo de cuidado o porque se los impide la familia.

2. Empoderamiento económico: las mujeres representan 43 por ciento de la fuerza de trabajo agrícola en los países en desarrollo.

Por cada diez horas de trabajo que las mujeres invierten en el mercado laboral y las actividades domésticas o de cuidado, los hombres dedican ocho.

Las mujeres generan 75 por ciento del valor total de actividades como la alimentación familiar, el mantenimiento y la administración del hogar, lo que asciende a 59 mil 617 pesos al año por mujer.

3. Igualdad Salarial: de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2018, los hombres siempre reciben en promedio un mayor ingreso monetario trimestral, sin importar que el nivel de escolaridad sea el mismo o menor ni su edad.

Y, por último, convertirse en madre y conciliar la vida familiar con la laboral. Pese a que la mujer representa un importante porcentaje en este mercado al obtener los siguientes beneficios:

“Mejores estándares ambientales, sociales y de gobierno que, a su vez, se traducen en controles internos más sólidos, menor riesgo de fraude u otras violaciones éticas, mejor entorno laboral, mayor compromiso de los accionistas, mejor reputación y marca.

Índices más altos de compromiso de los empleados/as, retención, seguridad y márgenes de operación.

Mayor porcentaje de ingresos correspondientes a productos y servicios innovadores”. 3

Como una manera de impulsar la protección a la maternidad desde el reconocimiento de lo que esto representa no sólo en la vida familiar de las personas sino también en los beneficios que trae para el estado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene un convenio de protección en esta materia.

Sabiendo que México es promotor de la justicia social, derechos humanos y laborales reconocidos a nivel internacional, es parte de este convenio el cual establece lo siguiente:

“En el Convenio número 183 se establece una licencia de maternidad de 14 semanas para las mujeres a las que se aplica este instrumento. Toda mujer que se ausente del trabajo por licencia de maternidad, tendrá derecho a percibir prestaciones en efectivo que le garantice su mantenimiento y el de su hijo en condiciones de salud apropiadas y con un nivel de vida adecuado. El monto de esas prestaciones no deberá ser inferior a las dos terceras partes de sus ganancias anteriores o a una cuantía comparable. En el Convenio también se dispone que los estados que lo hayan ratificado deberán adoptar medidas para garantizar que no se obligue a las embarazadas o a las madres en periodo de lactancia a realizar un trabajo que haya sido considerado como perjudicial para su salud o para la de su hijo, y en él se establece que tales estados deberán adoptar medidas encaminadas a garantizar que la maternidad no sea un motivo de discriminación laboral. Por otra parte, se prohíbe que los empleadores despidan a una mujer durante el embarazo, o durante su ausencia por licencia de maternidad, o después de haberse reintegrado al trabajo, excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, con el nacimiento del hijo y con sus consecuencias o la lactancia. Se garantiza a la mujer el derecho a reintegrarse en el mismo puesto de trabajo o en un puesto equivalente con la misma remuneración. Por otra parte, en el convenio se otorga a la mujer el derecho a una o más interrupciones al día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo.” 4

Asimismo, considerando las recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres) de homologar la legislación mexicana con el convenio citado anteriormente, el objetivo de la presente reforma es incrementar el descanso de maternidad al piso mínimo de 14 semanas tal como lo establece el convenio número 183 de la OIT y del cual, México forma parte.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma la fracción V del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 123. ...

...

A. ...

I. a IV. ...

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de siete semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y siete semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos;

VI. a XXXI. ...

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/ mujer2021_Nal.pdf

2 https://www.liderempresarial.com/en-mexico-hay-7-4-millones-de-madres-trabajadoras-inegi/

3 https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Mitos_Realidades_Mu-jeres_Trabajadoras_8mayo_02_0_.pdf

4 https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-internatio-nal-labour-standards/maternity-protection/lang–es/index.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2021.– Diputada Itzel Josefina Balderas Hernández (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Frinné Azuara Yarzábal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 77, numerales 1 y 3, y 78 aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción II Bis al artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de detección y tratamiento oportuno del Alzheimer, al tenor de la siguiente

Las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central ligadas a algún tipo de demencia toman principal relevancia en temas de salud pública en la actualidad. La gravedad del problema se multiplica con el paso de los años, ya que afecta principalmente a la población adulta, lo cual implica una repercusión en el estado funcional de las personas mayores de 65 años.

Hasta 12 tipos de demencia afectan al individuo:

- Alzheimer;

- Demencia vascular;

- Demencia mixta;

- Demencia de la enfermedad de Parkinson;

- Demencia con cuerpos de Lewy;

- Demencia de la enfermedad de Huntington;

- Enfermedad de Creutzfeld-Jakob;

- Demencia frontotemporal;

- Hidrocefalia de presión normal;

- Demencia de síndrome de Dawn;

- Síndrome de Korsacoff; y

- Atrofia cortical posterior.

El Alzheimer es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central asociada a la primera causa de demencia más común diagnosticada en personas adultas. El daño celular de la enfermedad se presenta mucho antes de que se identifiquen los primeros síntomas propios del padecimiento, entre ellos se encuentra la pérdida irreversible de la memoria.

De conformidad con el Departamento de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, la enfermedad se presenta en diferentes etapas, destacando como importante la etapa preclínica, en la cual, a pesar de que no se presentan síntomas aparentes, puede detectarse la enfermedad a partir de estudios clínicos aplicados principalmente a pacientes que tengan o hayan tenido a algún familiar diagnosticado con este tipo de demencia. Posteriormente se presenta la etapa de deterioro cognitivo leve, donde hay alteraciones de la memoria de corto plazo, dando paso a la demencia leve, en la fase de demencia moderada y severa se sabe que el sujeto habrá perdido la capacidad de realizar sus actividades rutinarias, llevándolo a una dependencia total a sus familiares.

Los estudios realizados sobre el Alzheimer no logran definir con exactitud las causas que originan el padecimiento, por lo que resulta difícil determinar qué personas están en riesgo de padecerlo, no obstante, existen algunos factores de riesgo registrados como lo son la edad y la herencia familiar.

Pese a que en la actualidad no se conoce la cura del Alzheimer, es importante reconocer que el progreso de la enfermedad es inminente debido al crecimiento de la población adulta, no obstante, atender a los pacientes que se encuentran en etapas tempranas puede garantizar el retraso de diversos síntomas.

El Informe sobre la salud de los mexicanos 2015, realizado por la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud y la Dirección General de Evaluación del Desempeño, destacaron que el padecimiento del Alzheimer se encuentra dentro de las primeras 15 causas en las que se debería poner espacial énfasis debido a los altos índices de mortalidad registrados (Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud y Dirección General de Evaluación del Desempeño, 2015).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que durante el 2016 se registraron alrededor de 56.4 millones de defunciones a nivel mundial, de las cuales, cerca de 54 por ciento fueron atribuidas a 10 principales padecimientos, de entre los cuales el Alzheimer se encuentra entre las cinco primeras causas.

La cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular presentaron mayor incidencia en las defunciones, seguidas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer de pulmón, junto con los de tráquea y de bronquios, así como la diabetes, y la quinta causa de muerte fue asociada a los trastornos de demencia, puesto que éstos se duplicaron entre 2000 y 2016 (Organización Mundial de la Salud, 2018).

A continuación, se presentan las tablas comparativas de los resultados arrojados por la OMS en 2000 y 2016 de las 10 principales causas de muerte en la población:

Fuente: Organización Mundial de la Salud (24 de mayo de 2018). Las 10 principales causas de defunción. Obtenido de https://www.who. int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

Fuente: Organización Mundial de la Salud. (24 de mayo de 2018). Las 10 principales causas de defunción. Obtenido de https://www.who.int/es/ news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

Debido a que una de las primeras causas asociadas al desarrollo del Alzheimer es la edad de los individuos, resulta de alta prioridad la presencia de políticas públicas y acciones que atiendan a la población adulta, por lo que atender el problema debe estar presente en los asuntos de la agenda pública nacional.

Las estimaciones arrojadas por la Academia Nacional de Medicina de México estiman que entre 2015 y 2030, se prevé que haya un incremento de 56 por ciento en las personas de 60 años o más a nivel mundial, pasando de 901 millones a mil 400 millones; y para 2050 se espera que la población se duplique, llegando a casi 2 mil 100 millones (Academia Nacional de Medicina de México, 2017).

En 2019, la organización Alzheimer’s Disease International estima que hay más de 50 millones de personas que viven con demencia en todo el mundo, una cifra que aumentará a 152 millones para 2050. Alguien desarrolla demencia cada tres segundos y el costo anual actual de la demencia se estima en US $ 1 billón, una cifra que se duplicará para 2030 (Informe mundial sobre el alzheimer, 2019).

En este Informe Mundial sobre el Alzheimer de 2019, se revisaron las actitudes hacia la demencia y el estigma para comprender mejor el papel que desempeñan y para establecer una línea de base contra la cual se puedan medir los cambios futuros. Este informe detalla la magnitud del desafío que enfrentamos, donde las actitudes hacia la demencia, y específicamente el estigma, siguen siendo una barrera importante para las personas que buscan información, ayuda, asesoramiento, apoyo e incluso un diagnóstico; impidiendo o retrasando a las personas para poner en marcha planes; progresando a una etapa de aceptación y poder adaptarse para vivir con demencia. El estigma puede ser evidente; en algunos países todavía está asociado con la brujería, lo que resulta en personas siendo restringidas y aisladas. O puede ser más sutil; incluso en países con planes nacionales de demencia y campañas de concientización, muchas personas aún aplazan buscar ayuda cuando se dan cuenta de que algo está mal (Informe mundial sobre el alzheimer, 2019).

Otro factor de análisis importante es sin duda que las personas mayores constituyen un grupo altamente vulnerable y con alto riesgo de deterioro en su calidad de vida, de conformidad con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en México la pobreza en los adultos mayores representa una de las problemáticas más significativas.

En la actualidad persisten numerosos prejuicios en torno a las personas mayores. Por ejemplo, según datos de la Encuesta Nacional de Envejecimiento 2015, se cree que las personas de entre 60 años y más son dependientes, menos productivas y menos capaces para resolver problemas, que trabajan peor que la juventud, que tienen la memoria deteriorada, que muestran peor higiene que otras generaciones, que ya no aprenden, que se irritan con facilidad, o que pierden el interés en las cosas conforme envejecen (Conapred, 2018).

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigadora en ciencias médicas Mariana López Ortega afirma que la poca concientización en la mayoría de los países sobre la demencia, los factores de riesgo asociados y los síntomas hacen que las personas o sus familiares no prevean las consecuencias de la enfermedad, lo que a su vez implica diagnósticos tardíos en los que las opciones para intervenir son posiblemente nulas o muy reducidas y de mayor costo (Academia Nacional de Medicina de México, 2017).

En la siguiente tabla se observa el número de personas que presentaron en 2015 algún tipo de demencia, tomando en cuenta cuatro niveles de ingresos económicos de los países: alto, medio alto, medio bajo y bajo, así mismo se incluyen proyecciones a 2030 y a 2050.

Fuente: Elaborado con base en datos de Prince M, Wimo A, Guerchet M, Ali GC, Wu YT, Prina M. The ADI World Alzheimer Report 2015. The global impact of dementia. An analysis of prevalence, incidence, cost and trends. London: Alzheimer’s Disease International (ADI)/King’s College London/Bupa; 2015, en Academia Nacional de Medicina de México (2017). La enfermedad del Alzheimer y otras demencias como problema nacional de salud. Obtenido de https://www.anmm.org.mx/publicaciones/ ultimas_publicaciones/ANM-ALZHEIM ER.pdf

Particularmente en México, las estadísticas proporcionadas por el Consejo Nacional de Población (Conapo) indican que en 2018 se registraron alrededor de 13.4 millones de personas de 60 años o más, de las cuales 6.2 millones eran hombres y 7.3 millones mujeres. En tanto a las proyecciones para 2030, el Consejo indicó que en el país habrá cerca de 20.4 millones de personas adultas (Conapo, 2019).

Tomando en cuenta lo anterior, la valoración de personas que padecen este tipo de demencia en México es de 800 mil habitantes. El Alzheimer en la actualidad tiene una incidencia 100 veces mayor que el cáncer de mama, mencionó el doctor Miguel Gutiérrez Robledo, investigador del Instituto Nacional de Geriatría, de conformidad con ello, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mencionó que en 2016 se registraron 16 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años y más a causa del cáncer de mama (Inegi, 2018).

Reconocer que la enfermedad del Alzheimer es un problema de salud pública que día con día toma mayor relevancia no sólo en México sino en el mundo, obliga a conformar acciones dirigidas a atender la enfermedad, por un lado, es necesario que se difunda el impacto que tiene la enfermedad para la población y con ello consolidar medidas de detección y atención temprana, por otra parte, la capacitación del personal de salud encargado de atender a la población que es propensa a dicho padecimiento es de suma relevancia, así como la labor de contribuir a la disminución sintomática de pacientes que son diagnosticados con este tipo de demencia en las diferentes fases de la enfermedad.

Otro factor importante por considerar es el apoyo brindado a los familiares de las personas afectadas, ya que como se mencionó anteriormente, las personas que padecen Alzheimer y que se encuentran en alguna de las distintas fases de demencia, dependen en su totalidad de otra persona, aunque es cierto que existen estancias geriátricas para la atención de los pacientes, en México es común que algún miembro de la familia se haga cargo, por lo que se les deben brindar las herramientas necesarias para garantizar una vida digna al paciente, así como los familiares.

Primero. Que el Alzheimer es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central asociada a la demencia presentada principalmente en personas adultas.

Segundo. Que la demencia afecta la habilidad de una persona para llevar a cabo sus actividades cotidianas.

Tercero. Que es de suma relevancia detectar la enfermedad en la etapa preclínica, a fin de retrasar las afectaciones propias de la enfermedad.

Cuarto. Que el crecimiento demográfico en México de la población adulta obliga a las instancias del gobierno a otorgar el carácter de problema público.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Único. Se adiciona la fracción II Bis al artículo 73 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 73. Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán

I. y II. ...

II Bis. La detección de los trastornos mentales, principalmente el del Alzheimer, podrá realizarse mediante un diagnóstico preclínico, a solicitud del paciente o por recomendación del médico, a partir de estudios realizados sin la necesidad de que se presenten síntomas aparentes, a fin de controlar las afectaciones futuras propias de la enfermedad, tomando en cuenta factores de ascendencia ligados a este padecimiento.

III. a IX....

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

“ Academia Nacional de Medicina de México (2017). La enfermedad del Alzheimer y otras demencias como problema nacional de salud. Obtenido de

https://www.anmm.org.mx/publicaciones/ultimas_publicaciones/ANM-ALZHEIMER.pdf

“ Alzheimer Association (2016). Información básica sobre la enfermedad del Alzheimer: qué es y qué se puede hacer. Obtenido de

https://www.alz.org/national/documents/sp_brochure_basicsofalz.pdf

“ Alzheimer’s Disease International (septiembre de 2018). Informe mundial sobre el Alzheimer 2018 La investigación de vanguardia sobre la demencia: nuevas fronteras. Obtenido de

https://www.alz.co.uk/research/worldalzheimerreport2018-spanish.pdf

“ Conapo (2019). gob.mx. Obtenido de

https://www.gob.mx/conapo/es/archivo/documentos?idiom=es&order=DESC&page=3

“ Conapred (2018). Grupos en situación de discriminación. Obtenido de

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=52&id_opcion=39

“ Inegi (2 de febrero de 2018). “Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer (4 de febrero)”. Obtenido de

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apr oposito/2018/cancer2018_Nal.pdf

“ Organización Mundial de la Salud (24 de mayo de 2018). Las 10 principales causas de defunción. Obtenido de

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

“ Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud y Dirección General de Evaluación del Desempeño (2015). Informe de la salud de los mexicanos 2015. Obtenido de

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64176/INFORME_LA_SALUD_DE_LOS_MEXICANOS_2015_S.pdf

“ Alzheimer’s Disease International. Informe Mundial sobre el Alzheimer 2019. WorldAlzheimerReport2019-Spanish-Summary.pdf (alzint.org)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2021.– Diputadas y diputados: Frinné Azuara Yarzábal, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Olga Leticia Chávez Rojas, María de Jesús Aguirre Maldonado, Salma Luévano Luna, Marcela Guerra Castillo, Rosa Hernández Espejo, Sue Ellen Bernal Bolnik, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Carlos Iriarte Mercado (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ángel Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 77, 78 y 102 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I, así como el segundo párrafo del inciso e) de la fracción III del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

En el artículo 113 constitucional se establecen las bases del Sistema Nacional Anticorrupción; en el mismo se establece que dicho sistema es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

En el propio artículo 113 se establecen dos figuras que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción: el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana. El primero de ellos se integra por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, así como un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.

Para el caso del Comité de Participación Ciudadana, el mismo artículo 113 señala que deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley.

Es fundamental reconocer que el combate a la corrupción es responsabilidad tanto del Estado como de la ciudadanía, es tan fundamental que sin la presencia e intervención ciudadana dicho combate queda muy limitado en sus esfuerzos. La participación ciudadana en esta materia está reconocida en dos instrumentos instrumentales fundamentales suscritos por México:

1. La Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Corrupción, y

2. La Convención Interamericana contra la Corrupción.

Examinaremos a continuación de una manera muy resumida el reconocimiento que en estos instrumentos se hace sobre la intervención de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción.

Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Corrupción

En su Prefacio se asentó lo siguiente:

“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Este fenómeno maligno se da en todos los países –grandes y pequeños, ricos y pobres– pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo.

La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo. Por consiguiente, mucho me complace que dispongamos ahora de un nuevo instrumento para hacer frente a este flagelo a escala mundial.

La aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción dejará bien claro que la comunidad internacional está decidida a impedir la corrupción y a luchar contra ella. Advertirá a los corruptos que no vamos a seguir tolerando que se traicione la confianza de la opinión pública. Y reiterará la importancia de valores fundamentales como la honestidad, el respeto del estado de derecho, la obligación de rendir cuentas y la transparencia para fomentar el desarrollo y hacer que nuestro mundo sea un lugar mejor para todos”.

En su preámbulo se asentó que:

“Los Estados parte en la presente Convención:

Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley...

Preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero, Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan vastas cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de esos Estados...

Convencidos de que la corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella...

Convencidos también de que se requiere un enfoque amplio y multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupción...

Convencidos asimismo de que la disponibilidad de asistencia técnica puede desempeñar un papel importante para que los Estados estén en mejores condiciones de poder prevenir y combatir eficazmente la corrupción, entre otras cosas fortaleciendo sus capacidades y creando instituciones...

Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley,

Decididos a prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia las transferencias internacionales de activos adquiridos ilícitamente y a fortalecer la cooperación internacional para la recuperación de activos...

Reconociendo los principios fundamentales del debido proceso en los procesos penales y en los procedimientos civiles o administrativos sobre derechos de propiedad...

Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad de todos los Estados y que éstos deben cooperar entre sí, con el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces...

Teniendo presentes también los principios de debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo de la corrupción.”

Entre su articulado, contempla lo siguiente:

“Artículo 5. Políticas y prácticas de prevención de la corrupción.

1. Cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.

2. Cada Estado parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción.

Artículo 13. Participación de la sociedad.

1.  Cada Estado parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta representa. Esa participación debería reforzarse con medidas como las siguientes:

a) Aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones;

b) Garantizar el acceso eficaz del público a la información;

c) Realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas escolares y universitarios;

d) Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción. Esa libertad podrá estar sujeta a ciertas restricciones, que deberán estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

i) Garantizar el respeto de los derechos o la reputación de terceros;

ii) Salvaguardar la seguridad nacional, el orden público, o la salud o la moral públicas.

2. Cada Estado parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que el público tenga conocimiento de los órganos pertinentes de lucha contra la corrupción mencionados en la presente Convención y facilitará el acceso a dichos órganos, cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.”

Respecto del segundo instrumento jurídico internacional destacamos lo siguiente:

Convención Interamericana Contra la Corrupción

“ Convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos;

Considerando que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio;

Persuadidos de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social;

Reconociendo que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos;

Convencidos de la importancia de generar conciencia entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción;”

Si bien el artículo 113 constitucional mandata la existencia del Comité de Participación Ciudadana como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, no podemos pasar por alto el hecho de que se requiere fortalecer la presencia ciudadana en el máximo órgano de decisiones del Sistema y este órgano es el Comité Coordinador. El hecho de que sólo un miembro del Comité de Participación Ciudadana sea parte del Comité Coordinador, ubica a la ciudadanía en una posición de amplia desventaja, lo cual es contrario al espíritu de los instrumentos internacionales signados por el Estado Mexicano en la materia, y es contrario al reconocimiento de que se requiere precisamente la participación ciudadana para servir de contrapeso que facilite que el combate a la corrupción pueda florecer de una manera más sólida en nuestro país.

Por ello, la presente iniciativa propone reformar la fracción I del artículo 113 para incorporar a la totalidad de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana como miembros del Comité Coordinador, dicha reforma quedaría de la siguiente manera:

Por otro lado, es necesaria también una reforma al segundo párrafo del inciso e) de la fracción III del artículo 113 constitucional, la cual determina las obligaciones del Comité Coordinador del Sistema. El inciso e) específicamente señala:

“ III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:

...

...

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.”

En los años de existencia del Sistema Nacional Anticorrupción, pero incluso con mayor frecuencia en los Sistemas Locales Anticorrupción puestos en marcha en las entidades federativas, se está experimentando la realidad de que se rechazan las recomendaciones no vinculantes del Comité Coordinador y esto deja sin margen de operación a dicho Comité, porque una vez rechazada la recomendación no existe algún otro recurso del cual pueda echarse mano para presionar a la autoridad a quien se le hizo la recomendación, para que tome las medidas necesarias que prevengan las faltas administrativas o hechos de corrupción que dieron origen a la recomendación.

Por ello, con el propósito de fortalecer el peso de las recomendaciones no vinculantes del Comité Coordinador, se considera apropiado incorporar un modelo de actuación similar al que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando sus recomendaciones son rechazadas. Este modelo de actuación se encuentra plasmado en el segundo párrafo del apartado B del artículo 102 constitucional el cual textualmente señala:

“ Artículo 102.

...

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.”

Es decir, la CNDH tiene la atribución de recurrir al Poder Legislativo como última medida de presión para que se corrijan las actuaciones que dieron origen a sus recomendaciones no vinculantes, cuando estas son rechazadas.

Por ello, la esencia de la reforma propuesta al segundo párrafo del inciso e) de la fracción III del artículo 113 constitucional, consiste fundamentalmente en incorporarle al Comité Coordinador la facultad de poder solicitar al Congreso la comparecencia de la autoridad o servidores públicos que hayan rechazado sus recomendaciones.

Por lo anteriormente planteado, la reforma propuesta al segundo párrafo del inciso e) de la fracción III del artículo 113 constitucional, quedará de la siguiente forma:

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Artículo Único. Se reforman la fracción I, así como el segundo párrafo del inciso e) de la fracción III, todos del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 113....

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana;

II. ...

III. ...

a) a d)...

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones están obligadas a responderlas, cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Diputados o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud del correspondiente Comité Coordinador, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 7 de octubre de 2021.– Diputada y diputado: Maribel Martínez Ruiz, Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los suscritos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa, con base en la siguiente:

I. La protección del medio ambiente ha mantenido una lucha constante a nivel global, y es de suma importancia para conservar la vida humana, así como la vida de todos los seres que habitan en la Tierra, ya que es ahí donde se encuentran los recursos naturales necesarios para la supervivencia, como agua, alimentos y materias primas, de acabar con ellos, todas las formas de vida del planeta podrían desaparecer.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, el medio ambiente ha sufrido muchas alteraciones, esto debido a la quema de combustibles fósiles, descarte de basura, alcantarillado en ríos y mares, crecimiento desordenado de las ciudades, gestión hídrica inadecuada, quema y destrucción de bosques; etcétera. 1

El resultado de esto es el calentamiento global, modificaciones del ciclo natural de animales y plantas, falta de agua, contaminación del aire, entre otros. Las consecuencias actuales, reflejan la falta de compromiso que nos ha llevado a una crisis ambiental que puede ser aún peor, con la ausencia de agua potable, energía eléctrica y alimentos, además de diversos problemas sociales. 2

II. En México, durante 2019, el gasto en protección ambiental que fue realizado, de manera conjunta, tanto el sector público y los hogares tuvo un costo de 104 mil 433 millones de pesos, lo que representó cerca del 0.5 por ciento del PIB a precios básicos. Esto se realizó principalmente en: 3

-Actividades Legislativas, gubernamentales de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales en un 63.1 por ciento.

-Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 20.5 por ciento

-Servicios profesionales, científicos y técnicos con 8.2 por ciento,

-Otros sectores junto con los hogares representaron el 8.2 por ciento restante.

De manera general la degradación ambiental ha generado grandes costos económicos. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 2003 a 2019, estos costos representaron un monto de 1,096,970 millones de pesos, es decir el 4.5 por ciento del producto interno bruto a precios de mercado. Ello refleja el gasto que tendría que realizar la sociedad para prevenir o remediar la pérdida de nuestros recursos naturales. 4

Asimismo, de 2003-2019, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental presentaron una tasa media de crecimiento anual de 4.6 por ciento en términos nominales.

III. Desde 1960, el impacto ambiental ha tomado gran relevancia para ambientalistas y organizaciones internacionales, y para la década de los setentas, la ONU comenzó a establecer metas para los países-miembros con relación a la preservación del medio ambiente. Tal es el caso del Acuerdo de París, del cual México forma parte y busca enfrentar de manera global el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono.

Este acuerdo es un tratado internacional jurídicamente vinculante, y fue en abril de 2016 que el Senado de la República ratificó el compromiso de que el 35 por ciento de la energía generada para 2024, y el 43 por ciento para 2030, sería limpia, 5 así como a reducir 25 por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de contaminantes climáticos de vida corta, es decir 22 por ciento de GEI y 55 por ciento de carbono negro. 6

Aunado a los esfuerzos que realizan organismos internacionales, la justicia ambiental ha sido una de las banderas más representativas del activismo y los movimientos ambientales en México son un claro ejemplo de cómo los movimientos sociales han impactado el entramado de la ciudadanía durante los últimos 50 años. 7

A lo largo de la historia, las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, han emprendido una serie de prácticas y estrategias que les permiten reclamar derechos humanos y ambientales, exigir la rendición de cuentas por parte del Estado respecto al cumplimiento de leyes y políticas públicas en torno al medio ambiente, y forjar nuevos espacios de participación ciudadana para la toma de decisiones y el acceso a la información. 8

No obstante, a medida de que la crisis climática se intensifica, también lo hace la violencia contra las personas defensoras de la tierra y del medioambiente. Entre los sectores identificados en los que se han registrado más ataques han sido en el forestal, en la defensa del agua y represas, así como en la minería e industria extractivas, de acuerdo con la organización Global Witness. 9

Un informe de la misma organización, publicado en septiembre de 2021 revela que tres cuartas partes de los ataques letales registrados contra activistas ambientales y de la tierra en 2020 sucedieron en América Latina. Unas 165 personas fueron asesinadas en la región por defender su tierra y el planeta. A nivel mundial, se registraron 227 ataques letales, lo que constituye un aumento en las cifras históricas por segundo año consecutivo. 10

Estos ataques letales ocurren en el contexto de una gama más amplia de amenazas contra las personas defensoras, que incluyen intimidación, vigilancia, violencia sexual y criminalización y más de la mitad de los ataques sucedieron en solo tres países: Colombia, México y Filipinas. 11

IV. En el caso de México, de acuerdo a este mismo estudio, se documentaron 30 ataques letales contra personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2020, registrando un aumento del 67 por ciento respecto a 2019. La explotación forestal estuvo vinculada a casi un tercio de estos ataques, y la mitad de todos los ataques en el país fueron dirigidos contra comunidades indígenas. La impunidad de los delitos contra personas defensoras sigue siendo sorprendentemente alta: hasta un 95 por ciento de los asesinatos no enfrentan ningún tipo de proceso legal. 12

Es así que, derivado de las cifras alarmantes de violencia, Global Witness, en conjunto con otras organizaciones, ha recomendado a la  ONU, a través de sus Estados miembro, que se reconozca formalmente el derecho humano a un medio ambiente seguro, saludable y sostenible, así como garantizar que los compromisos para cumplir con el Acuerdo de París integren la protección de los derechos humanos; e implementar las recomendaciones de la relatora especial sobre personas defensoras de derechos humanos, y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. 13

Asimismo, exigieron que los Estados deben garantizar que las políticas nacionales protejan a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, y derogar la legislación utilizada para criminalizarlas; exigir a las empresas que realicen la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente en sus operaciones globales; e investigar y enjuiciar a todos los actores involucrados en la violencia y otras amenazas contra las personas defensoras. 14

Por otro lado, el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos ambientales en México, 2020, realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), advirtió que el 2020 fue el peor año para los defensores ambientales, ya que se registraron 18 asesinatos y se presentaron 65 ataques, por lo que es urgente que el Estado mexicano cumpla con su obligación de protección, respeto y garantía de los derechos humanos. 15

Cabe destacar que, en algunos de los ataques registrados, las personas defensoras sufrieron más de una agresión, es por ello que el número total de agresiones contabilizadas en el año 2020 es de 90 agresiones realizadas en 65 ataques distintos, además, por segundo año la agresión más recurrente fue el homicidio y ya suman 561 casos de agresiones a personas defensoras de los derechos de la tierra y del medio ambiente entre 2012 y 2020. 16

De esta forma, el 2020 se posiciona como el más violento para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos ambientales en lo que va de la actual administración federal. Por lo que Cemda asegura que el actual gobierno no sólo no ha logrado disminuir las cifras de agresiones, sino que éstas se han incrementado por segundo año consecutivo. 17

El mismo informe ha detectado que después del homicidio (20 por ciento), prevalecen las siguientes agresiones:

-Amenazas (17.8 por ciento)

-Intimidación: (11.1 por ciento)

-Estigmatización:  (10 por ciento)

-Criminalización: (10 por ciento)

-Hostigamiento (7.8 por ciento)

-Agresiones físicas (6.7 por ciento)

-Secuestro (3.3 por ciento)

-Desalojo forzoso (3.3 por ciento)

-Desaparición (2.2 por ciento)

-Robo (2.2 por ciento)

-Uso indebido de la fuerza (2.2 por ciento)

-Difamación (1.1 por ciento)

-Privación ilegal de la libertad (1.1 por ciento)

-Allanamiento (1.1 por ciento) 18

Por otro lado, con relación a los casos documentados por entidad federativa durante el 2020 se observa que, en contraste con el año 2019, se registró un aumento de los ataques Chiapas (8), Campeche (7), estado de México (6), Chihuahua (6), Ciudad de México (5), Guerrero (5) y Veracruz (4), y se registraron agresiones contra la defensa ambiental en estados que no aparecían en el listado del año pasado, estos son Baja California, Campeche, Coahuila, Durango, Hidalgo, Michoacán, Nayarit y Querétaro. 19

Asimismo, conforme a los datos obtenidos, se observó que los ataques perpetrados se realizaron en cuatro formas distintas:

1. Contra una persona defensora de manera individual.  (46.3 por ciento)

2. En contra de comunidades (26.4 por ciento)

3. Contra organizaciones de la sociedad civil que ejercen la defensa ambiental, de la tierra o el territorio. (18.5 por ciento)

4. Contra dos o más mujeres u hombres defensores. (10.8 por ciento) 20

Lamentablemente, la impunidad frente a dichos actos de violencia no cesa, debido a la falta de cumplimiento de las autoridades, así como la falta de identificación de los agresores que cometen los actos violentos contra la defensa ambiental. De esta manera, el Informe identifica a los principales agresores de la siguiente forma:

-Agresores no identificados (40 por ciento)

-Gobierno (40 por ciento)

-Personas de la misma comunidad (6.2 por ciento)

-Empresa privada (4.6 por ciento)

-Caciques (3.1 por ciento)

-Paramilitares (3.1 por ciento)

-Gobierno y empresas (3.1 por ciento) 21

Lo anterior hace evidente que la violencia que se vive en nuestro país continúa impactando de manera negativa los derechos humanos de aquellas personas que defienden la tierra y el medio ambiente, lo que resulta ser una situación alarmante. De la misma forma, la evidencia muestra que México se ha alejado del cumplimiento de sus obligaciones, y con ello de la consolidación de una política pública integral de protección a personas defensoras ambientales.

V. El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que actualmente es el eje conductor de los esfuerzos del Estado mexicano en la materia, ha sido insuficiente como lo han documentado diversos organismos de derechos humanos. 22

Al respecto, los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 23 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) 24 han expresado su preocupación, ante el alto nivel de violencia e intimidación que se ejerce en México en contra de personas defensoras y periodistas, en particular en contra de defensoras y defensores de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y ante las deficiencias en materia de protección y prevención de las agresiones a personas defensoras y periodistas.

VI. Por otro lado, cabe mencionar la existencia del Acuerdo de Escazú, mismo que propone una transformación de la gobernanza ambiental, poniendo en el centro los derechos humanos de las personas afectadas y estableciendo herramientas que puedan permitir la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación y la protección de personas que defienden su derecho a un medio ambiente sano el enfoque de derechos humanos. 25

Dicho acuerdo fue firmado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú y México lo suscribió el 27 de septiembre de ese año y es el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales y que brinda sustento a los derechos humanos en general y los derechos ambientales en particular. 26

Asimismo, México ratificó en enero de 2021 el acuerdo ante la ONU en un contexto mundial de crisis sanitaria y que fue puesto en vigor el 22 de abril, el cual establece el compromiso de cada parte de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. A la letra, el artículo 9 del Acuerdo de Escazú señala lo siguiente:

“Artículo 9

Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales

1. Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

2. Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema juri?dico.

3. Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.” 27

VII. En los últimos años, México ha padecido una grave crisis de derechos humanos, la cual, de acuerdo a Amnistía Internacional, prevalecerá, pues las agresiones contra activistas y defensores se mantendrán latentes ante la falta de reacción y mecanismos protectores por parte del estado.

En tal sentido, dar cumplimiento a los acuerdos internacionales, así como fortalecer a las instituciones ya existentes, permitirán a las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente continuar con su defensa y con eso garantizar el derecho a la libertad de expresión, pensamiento,  reunión y el derecho a la participación política, así como subsanar la poca acción del Estado mexicano respecto de sus obligaciones de investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos de las defensoras y defensores.

De la misma forma, es importante otorgar los recursos necesarios y suficientes a las instituciones de relevancia ambiental para el cumplimiento efectivo de sus obligaciones y facultades de conservación y protección al medio ambiente. 28

Por último, es relevante modificar la normatividad existente para su armonización con el actual marco jurídico mexicano frente al contenido del Acuerdo de Escazú como parte del bloque de constitucionalidad vigente.

Es por eso, que la bancada naranja está convencida que la creación de un refugio para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, en el cual se pueda otorgar atención jurídica, psicológica, médica, económica y de cualquier otro tipo conforme a sus necesidades, es vital para garantizar la protección y seguridad bajo la  misión de dar una atención óptima a las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente que hayan sido agredidas o se encuentren en una situación de peligro y así evitar más agresiones a futuro y en dado caso de que se cometa una agresión, se haga justicia.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

Único. Se adiciona un párrafo decimosexto al artículo 2 y se adiciona un artículo 45 Bis a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de ésta Ley se entenderá por:

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Refugio: Centro especializado que permite el resguardo y protección de personas defensoras de derechos humanos.

Artículo 45 Bis. La Federación y los Estados, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer refugios para la protección de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.

Los refugios deberán contemplar como mínimo lo siguiente:

I. Contar con espacios dignos y seguros para la protección de las personas defensoras de derechos humanos;

II. Contar con asesoría jurídica que permita prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones hacia las personas defensoras de los derechos humanos;

III. Contar con médicos y psicólogos especializados para atender los casos en que la atención sea requerida;

IV. Contar con medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos, considerando la integridad personal, la libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, asíícomo su capacidad para ejercer los derechos de acceso;

V. Contar con peritos, intérpretes, traductores, profesionales bilingües y asesores jurídicos bilingües indígenas; y

VI. Contar con recursos económicos para brindar apoyo en el traslado de las personas protectoras del medio ambiente.

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día si-guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Gobernación contará con 90 días naturales para la elaboración de la adecuación de su normatividad, con la finalidad de dar cumplimiento al presente Decreto.

Tercero. Una vez aprobado el presente Decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá establecer un partida presupuestaria dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación inmediato siguiente a la aprobación del presente Decreto.

Cuarto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá realizar una evaluación anual de todos los refugios a nivel nacional, y realizar observaciones para la mejora constante de los mismos.

Notas

1  Pucheta, Juan. “La importancia de la preservación del ambiente”. Bio Blog. Recuperado de:

https://www.bioblog.com.br/la-importancia-de-la-preservacion-del-ambiente/

2 Idem

3 “Cuentas Economicas y Ecologicas, 2019”, INEGI, 2020. Recuperado de:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/ StmaCntaNal/CtasEcmcasEcolgicas2019.pdf

4 Ibidem

5 Los compromisos climáticos de México. WRI. Recuperado de:

<https://wrimexico.org/news/los-compromisos-climáticos-de-méxico>

6 Artículo “México ratifica el Acuerdo de París sobre el cambio climático”. IMCO. Recuperado de:

<https://imco.org.mx/mexico-ratifica-el-acuerdo-de-paris-sobre-el-cambio-climatico/>

7 Analiese M. Richard. “Ciudadanía ambiental y movimientos ambientales en el México contemporáneo” Sociedad y Ambiente.

8 Idem

9 Xantomila, Jessica. “A mayor crisis climática, más violencia contra defensores: ONG” La Jornada. Recuperado de:

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/15/sociedad/a-mayor-crisis-climatica-mas-violencia-contra-defensores-ong/

10 Global Witness. “Última línea de defensa”. Global Witnees. Recuperado de:

https://www.globalwitness.org/es/last-line-defence-es/

11 Idem

12 Idem

13 Global Witness. “Tres cuartas partes de los ataques registrados contra activistas ambientales y de la tierra en 2020 ocurrieron en América Latina, según el informe de Global Witness”. Global Witnees. Recuperado de:

https://www.globalwitness.org/es/comunicados-de-prensa/global-witness-reports-227-land-and-environmental-activists-murdered-single-year-worst-figure-record-es/

14 Idem

15 Encino, Angélica. “Con 18 asesinados, 2020 fue el peor año para defensores ambientales: Cemda” La Jornada. Recuperado de:

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/13/sociedad/con-18-asesinados-2020-fue-el-peor-ano-para-defensores-ambientales-cemda/

16 Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos ambientales en México, 2020, CEMDA. P

17 Idem

18 Idem

19 Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos ambientales en México, 2020, CEMDA. Publicación:

http://miranoscemda.org.mx/

20 Idem

21 Idem

22 Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos ambientales en México, 2020, CEMDA. Publicación:

http://miranoscemda.org.mx/

23 El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se ha pronunciado ante el alto nivel de violencia e intimidación que se ejerce en contra de personas defensoras y periodistas en las Observaciones finales sobre el sexto informe periódico presentado por el Estado Mexicano en cumplimiento del Pacto Internacionales de Derechos Civiles y Políticos. (Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas de México. CCPR/C/MEX/CO/6, 4 de diciembre de 2019, párr. 42,

https://undocs.org/es/CCPR/C/MEX/CO/6

24 Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Op. Cit., pág. 228

25 Fundar, “México avanza hacia la ratificación del Acuerdo de Escazú” Funda. Recuperado de:

https://fundar.org.mx/mexico-avanza-hacia-la-ratificacion-del-acuerdo-de-escazu/

26 EFE. “México ratifica el Acuerdo de Escazú, que entrará en vigor el 22 de abril” EFE. Recuperado de:

https://www.efe.com/efe/america/mexico/mexico-ratifica-el-acuerdo-de-escazu-que-entrara-en-vigor-22-abril/50000545-4447235

27 Acuerdo de Escazú, 2019. Publicación:

https://www.dar.org.pe/archivos/publicacion/203_Acuerdo_Escazu.pdf

28 Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos ambientales en México, 2020, CEMDA. Publicación:

http://miranoscemda.org.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.– Diputada y diputado: Julieta Mejía Ibáñez, Jorge Álvarez Máynez (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Julieta Kristal Vences Valencia, diputada de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 5 al artículo 261 del Reglamento de Cámara de Diputados, al tenor de la siguiente

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, la migración hace alusión a aquel “movimiento de personas fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país”.

Dicho fenómeno responde a causas de diversa índole, desde las decisiones que toman las personas por motivos económicos, hasta por persecuciones emprendidas en su contra por sus preferencias ideológicas, religiosas o que huyen por situación de violencia generalizada en sus comunidades.

En México, los movimientos migratorios han formado parte de su dinámica sociológica, económica y demográfica, ya que en la actualidad ha sido un país de origen, tránsito, destino y retorno de persona migrantes, debido principalmente a su situación geográfica

La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene el registro de 12 millones de mexicanas y mexicanos que residen en el exterior 1, de los cuales 97 por ciento de ellos se encuentra en Estados Unidos y 0.8 por ciento en Canadá, ambos países con los que compartimos sistemas migratorios.

Dados sus movimientos migratorios México ha ocupado el segundo lugar mundial en emigración a nivel mundial. De hecho, algunas entidades federativas como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Ciudad de México concentran 32.4 por ciento del volumen de migrantes internacionales 2.

Los nuevos proyectos de vida de las personas migrantes en el exterior, los ha obligado a organizarse a través de confederaciones, federaciones y clubes de migrantes en la lucha por sus derechos y libertades. Su activismo político ha sido notable y han logrado conquistar derechos como su ejercicio al voto desde el exterior y la búsqueda de mejores servicios consulares.

Existe un grupo importante de personas que han dedicado gran parte de sus proyectos de vida a la conquista de derechos sociales para la comunidad migrante, pero también a la búsqueda de mayores niveles de bienestar en favor de sus connacionales.

Un reconocimiento que se realizó a dicha lucha social fue la distinción que hizo la Cámara de Diputados al compañero migrante José Luis Solórzano Zavala, al entregarle la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913 en 2016, integrante de las comunidades migrantes que destacó por la unidad y labor en favor de las personas migrantes en Estados Unidos.

El caso de José Luis Solórzano Zavala es destacable, no solamente por su activismo social, sino también porque desde el giro empresarial en el ramo textil impulsó la contratación de migrantes mexicanos que se habían visto afectados por la política migratoria restrictiva de Estados Unidos.

La comisión dictaminadora consideró que el caso del ciudadano José Luis Solórzano Zavala era “ejemplo de esfuerzo y logró de subsistencia en un país donde las condiciones para quienes tienen la calidad de migrantes mexicanos, llegan a ser adversas y en algunos casos hasta infrahumanas; connacional cuyas acciones han dado testimonio de solidaridad y amor a México al crear fuentes de empleo para los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos”.

Dicho lo anterior, es posible sostener que las personas migrantes en México son personajes destacados que han dedicado su vida a labores altruistas y de asistencia social con nuestra gran comunidad establecida en el extranjero, y que se enfrentan no solamente a tener que dejar sus lugares de origen, sino también a la discriminación, falta de oportunidades y dificultades de entablar relaciones sociales.

Es por ello, que solicitamos que la Cámara de Diputados pueda otorgar la medalla al Mérito Migrante, con la finalidad de que se pueda condecorar a la mexicana o mexicano más relevante en su correspondiente ámbito de lucha por los derechos de las personas migrantes, y por sus acciones en beneficio de sus comunidades.

Debido a las consideraciones expuestas, someto ante esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un numeral 5 y se recorre el subsecuente del artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Único. Se adiciona un numeral 5 del artículo 261 y se recorre el subsecuente del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 261.

1. a 4. ...

5. La Cámara otorgará anualmente la medalla al Mérito Migrante para reconocer y premiar a los mexicanos que hayan incidido o destacado en la lucha social, cultural, política, económica y de derechos humanos de los mexicanos en el exterior, de acuerdo con el decreto su creación y su reglamento que regula la entrega.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados contará con un plazo de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir el decreto reglamentario.

Notas

1 Instituto de Mexicanos en el Exterior. (2017). Población mexicana en el mundo. Consultado en

https://ime.gob.mx/estadisticas/mundo/estadistica_poblacion_prue bas.html

2 BBVA. (2021). Anuario de migración y remesas México 2021. México: BBVA.

Palacio Legislativo, a 12 de octubre de 2021.– Diputadas y diputados: Julieta Kristal Vences Valencia, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Olga Leticia Chávez Rojas, Omar Enrique Castañeda González, Martha Robles Ortíz, Sandra Simey Olvera Bautista, Emmanuel Reyes Carmona (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 156 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Salma Luévano Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Salma Luévano Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I del numeral I del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este honorable Congreso, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 156 del Código Civil Feral, al tenor de la siguiente

Como parte de la presente exposición de motivos de la iniciativa se busca atender la preocupación de las personas que viven con el virus del VIH, que además pretenden celebra su matrimonio con la persona que deciden amar, esto representa en la actualidad una complicación, ya que hay barreras ideológicas, emocionales, de desconocimiento y sobre todo jurídicas que no permiten que pueda ser realizado, que existe una serie de requisitos en el código Civil Federal que no lo permiten, por lo que uno de los objetivos primordiales de esta iniciativa es la de eliminar esas barreras y que las personas que viven con VIH accedan a ese derecho. 1

En el estado de Jalisco la Comisión Estatal de Derechos Humanos, derivado de la queja 5418/2018/I, sobre el asunto: violación de los derechos humanos a la legalidad, a la igualdad y no discriminación de las personas que viven con VIH o con SIDA que desean contraer matrimonio, se emitió la Recomendación 27/2019, misma que le dio cause a la solicitud en el siguiente tenor:

Recomendaciones

A las diputadas y diputados de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco:

Primera. Elaboren y realicen los trámites legislativos que resulten necesarios para garantizar el principio de igualdad y no discriminación que permita alcanzar la eliminación de barreras jurídicas, actitudinales y procesos administrativos que vulneren sistemáticamente derechos humanos derivadas de la condición de salud de las personas.

Segunda. Bajo el principio de máxima protección, dispongan lo necesario para diseñar e implementar un mecanismo a través del cual, se realice un diagnóstico para la armonización de las normas que limiten, suspendan y menoscaben los derechos humanos de las personas que viven con VIH o con sida en la localidad, con el objetivo de erradicar los obstáculos que criminalizan, revictimizan y limitan el ejercicio de sus derechos humanos, proyectos de vida, privacidad y dignidad humana.

Tercera. Instruyan el trámite legislativo pertinente para armonizar los contenidos de los artículos 268 del Código Civil; y 82, fracción IV, de la Ley del Registro Civil ambos del Estado, a efecto de que el ser portador de VIH, padecer alguna enfermedad crónica, contagiosa, hereditaria o incurable, no sea impedimento para contraer matrimonio.

Al maestro Enrique Cárdenas Huezo, director general del Registro Civil del Estado:

Como medidas de no repetición:

Primera. De conformidad con lo establecido en el artículo 16, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, desde el ámbito de su competencia se sume y dé impulso a la armonización que se realice de los ordenamientos legales en materia del estado civil de las personas, a fin de que se atiendan las solicitudes de las personas que deseen contraer matrimonio, con independencia de su condición de salud, o cualquier situación que vaya en detrimento del principio de igualdad y no discriminación.

Segunda. Se lleven a cabo las gestiones necesarias para reparar integralmente el daño conforme a derecho a (Q) y su ahora cónyuge, de forma directa y en la que se incluyan todas las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, garantías de no repetición y de manera transformadora de conformidad con la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención a Víctimas del Estado y los instrumentos internacionales invocados en la presente Recomendación. Como medida de satisfacción:

Tercera. Con la finalidad de mejorar la atención de las personas usuarias desde una perspectiva de inclusión social, impulse las acciones necesarias para que de manera inmediata, se inicie la impartición de talleres de abordaje, capacitación, sensibilización y toma de conciencia, que vayan dirigidos a las y los servidores públicos de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Jalisco, así como a las y los oficiales de los registros civiles de toda la entidad.

Esta Recomendación tiene el carácter de pública, por lo que esta institución deberá darla a conocer a los medios de comunicación, de acuerdo con los artículos 79 de la ley que rige su actuación y 120 de su Reglamento Interior. Con fundamento en los artículos 72, párrafo segundo, y 77 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se informa a la autoridad a la que se dirige, que tiene un término de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que se le notifique, para que informe a este organismo si la acepta o no; en caso afirmativo, esta Comisión estará únicamente en espera de las constancias que acrediten su cumplimiento, las cuales deberán presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de aceptación.

Las Recomendaciones de esta Comisión pretenden ser un sustento ético y de exigencia para las autoridades y la sociedad en general, en la resolución de problemas cotidianos que impliquen un abuso de las primeras y, por ello, una violación de derechos. Es compromiso de este organismo coadyuvar con las autoridades, orientarlas y exigirles que su actuación refleje la alta investidura que representan en un Estado constitucional y democrático de derecho.

Por otro lado en el Estado de Baja California se ha avanzado con el tema de garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación, así como el derecho a  la salud y aplicar los derechos fundamentales de las personas que deciden con quien formar una familia, de igual forma queda de manifiesto en el dictamen de la Comisión de Justicia del Poder Legislativo del Estado de Baja California que ha quedado demostrado como sigue: 2

Resolutivos

Primero. Se aprueba las reformas a los artículos del Código Civil para el Estado de Baja California, para quedar como sigue:

I. El acta de nacimiento de los pretendientes y en su defecto un dictamen médico que compruebe su edad, cuando por su aspecto no sea notorio que el varón y la mujer sean mayores de edad.

II. Se deroga.

III. (...)

IV. Un certificado suscrito por un médico titulado que establezca, bajo protesta de decir verdad, que los pretendientes padecen o no, sífilis, tuberculosis o enfermedad alguna crónica e incurable que sea, además, contagiosa y hereditaria.

El padecimiento de alguna o algunas de las enfermedades señaladas en el párrafo anterior no serán impedimento para contraer matrimonio.

...

...

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Congreso, la Iniciativa con Proyecto que reforma el artículo 156 del código Civil Federal...

Decreto por el que se reforma el artículo 156 del Código Civil Federal

Único. Se reforma el artículo 156 del Código Civil Federal. para quedar como sigue:

Artículo 156. Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio:

I. al VII. ...

VIII. Derogado

IX.  al X. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/2019/Reco%2027-2019.pdf

2 https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/ Dictamenes/20200520_3_JUSTICIA.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 7 del mes de octubre de dos mil veintiuno.– Diputadas y diputados: Salma Luévano Luna, Aleida Alavez Ruiz, Alma Griselda Valencia Medina, Andrea Chávez Treviño, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Frinné Azuara Yarzábal, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Manuel Vázquez Arellano, Martha Robles Ortiz, Olga Leticia Chávez Rojas, Omar Enrique Castañeda González, Rosa Hernández Espejo, Sandra Simey Olvera Bautista, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Noemí Berenice Luna Ayala, diputada federal, así como las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional correspondiente a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre de 1978 y actualmente tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento, según lo establecido en su artículo primero. 1

En su artículo segundo y sexto indican:

“ Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

...

...”

“ Artículo 6o. Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20 por ciento de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los municipios mediante disposiciones de carácter general, atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte municipal, considerados en el artículo 2o. del presente ordenamiento.

La Federación entregará las participaciones a los municipios por conducto de los Estados; dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los municipios descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

Los municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como mínimo el 20 por ciento de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del último párrafo del artículo 2o. de esta Ley

...

...”

Muchos de los estados y municipios del país viven una situación precaria, incluso algunos se han declarado en quiebra operacional y no tienen recursos ni para pagar nóminas, esto refleja la necesidad de tener una bolsa para atender los servicios básicos que la ciudadanía demanda, sin considerar las prioridades en seguridad pública y salud, por mencionar algunos. Esto sin considerar la inflación (6,4 por ciento) 2021.

Sin duda, es una de las prioridades principales de los estados y municipios es la redistribución de los recursos federales para coadyuvar con el principio democrático estableciendo las bases que la distribución sea más equitativa y justa para el crecimiento y desarrollo de las ciudades y comunidades.

Lamentablemente, la actualidad que vive el país es otra, con una inflación del 6.4 por ciento en 2021 los recursos son insuficientes para atender a una población más demandante, más empobrecida y en inminente crecimiento.

Actualmente los estados reciben un 20 por ciento de la recaudación federal participable que logre la federación en un ejercicio fiscal, de cada peso que recibe la federación, les corresponde a los estados sólo 20 centavos y a su vez, de los 20 centavos que les corresponde a los estados, los municipios recibirán aportaciones de 4 centavos.

Según una publicación de la Presidencia de la República del 4 de noviembre de 2021, 2 señala: “una vez aprobado el Presupuesto de Egresos por parte de la Cámara de Diputados, los recursos federales para entidades y municipios aumentarán 4.7 por ciento en 2022 respecto a este año, al pasar de dos billones 14 mil 183 millones de pesos a dos billones 108 mil 869 millones”.

Añadió que, “al margen de tales recursos, los estados de la República cuentan con ingresos propios”, por lo que recomendó a gobiernos locales hacer un esfuerzo para tener una recaudación que permita obtener fondos para atender las necesidades de la población.

Sin embargo, estas cifras señaladas por la Presidencia de la República sobre el presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (PEF) 2022 han sido cuestionadas duramente por las y los alcaldes de más de 350 municipios ante la Cámara de Diputados el pasado día 10 de noviembre de 2021, para exigir los fondos que les han sido recortados en los últimos tres años y denunciar el Presupuesto 2022, al que acusaron de atentar contra el federalismo. 3

En una publicación del diario El Financiero, 4 el presidente municipal de Apodaca, Nuevo León, César Garza Villarreal, dijo, en representación de los alcaldes, que el aumento en participaciones es insuficiente cuando se pondera frente a los recortes que han sufrido en otros fondos y programas presupuestales. Agregó que desde que empezó el actual gobierno, las principales fuentes de recursos para los gobiernos locales se han visto severamente reducidas.

 “En lo que va de esta administración se han eliminado 88 programas presupuestarios que apoyaban a personas de manera directa o indirecta, a través de bienes y servicios que proporcionaba el gobierno federal, como Prospera, Seguro Popular, Fondo Nacional Emprendedor, Comedores Comunitarios, Programa 3x1 para migrantes o el programa de Infraestructura Indígena, por señalar solo algunos”, precisó.

En el 2018, los recursos de subsidios para entidades federativas ascendían a 164 mil 500 millones de pesos. En el Presupuesto de 2022 tan solo asciende a la cantidad de 118 mil 900 millones de pesos. En los últimos tres años ha habido una reducción efectiva en programas que impactaban a los municipios de 36.8 por ciento.

Esto se traduce en menos recursos para infraestructura municipal, para salud, agua, pueblos mágicos y proyectos de desarrollo regional y metropolitano. “Disminuir los recursos a programas presupuestarios impacta de manera directa la calidad de vida de nuestras comunidades.

Se ha eliminado el programa de subsidios para la seguridad pública, con ello se acabaron los presupuestos para las pruebas de control y de confianza, la capacitación, el equipamiento, la infraestructura y la prevención del delito”, subrayó.

Con la desaparición de 109 fideicomisos a nivel federal se afectó a varios sectores que se veían beneficiados, además de que a la fecha se desconoce el uso o destino de los recursos de los mismos.

Y como ejemplo, podemos mencionar el Fondo Minero, cuyos recursos estaban destinados municipios serranos, fondos que para los alcaldes eran fundamentales para la operación y desarrollo de obras de entre 20 y 25 millones de pesos que se destinaban a materias como educación, servicios públicos, construcción de carreteras, entre otros.

Otros programas muy importantes que han desaparecido afectando la economía de los estados y municipios fueron el Programa de Pueblos Mágicos y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

Por su parte, en la misma publicación de El Financiero, 5 el diputado Rubén Moreira Valdez señaló que los presidentes municipales no tienen recursos ni apoyos, el gobierno los “estrangula”, porque desapareció programas fundamentales.

Finalmente, es ineludible otorgar mayores recursos para los estados y municipios, buscar los acuerdos necesarios y la voluntad política para atender las necesidades locales y evitar los endeudamientos que muchas veces los dejan en quiebra.

También, los estados y municipios requieren de más facultades administrativas y perfeccionamientos en los modelos de recaudación, puesto que muchas demarcaciones del país no cuentan con posibilidades financieras.

Las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal se presentan a continuación en un cuadro comparativo:

La presente iniciativa tiene por objeto: reformar los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal, aumentando de 20 a 30 por ciento las participaciones federales que reciben los estados y municipios como un mecanismo para resarcir los daños que causó la desaparición de programas y fideicomisos que apoyaban a la atención de la ciudadanía y fortalecimiento de las entidades, así como para que los estados y municipios obtengan los recursos suficientes para la atención de sus ciudadanos.

Y, como es natural, conscientes de que la presente reforma tendrá un impacto presupuestal para la federación, se presenta en el cuerpo del proyecto de decreto un segundo transitorio con la propuesta que este aumento porcentual se efectúe a razón de 2.5 por ciento anual hasta alcanzar el 10 por ciento sugerido.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberania,

Decreto por el que se reforman los artículos 2o. y 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 2o. y los párrafos primero y tercero del artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 30 % de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.

...

I a X...

...

...

Artículo 6o. Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 30 % de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los municipios mediante disposiciones de carácter general, atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte municipal, considerados en el artículo 2o. del presente ordenamiento.

...

Los municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como mínimo el 30 % de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del último párrafo del artículo 2o. de esta Ley.

...

...

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El aumento al porcentaje determinado en los artículos 2o. y 6o. de esta Ley, se incrementará gradualmente a razón de un 2.5 por ciento anual.

Tercero. Una vez aprobado el proyecto de reforma y publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de realizar los ajustes presupuestarios derivados de los cambios en la Ley objeto de la reforma.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf

2 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/aumentan-recursos-para-enti-dades-y-municipios-en-2022-informa-presidente

3 https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.elnorte.com/se-rebelan-alcaldes-exigen-mas-recursos/ar2294832?referer=–7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a–

4  https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/11/10/aprueban-pef-con-recursos-historicos-para-los-estados/

5 Idem 3.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.– Diputadas: Noemí Berenice Luna Ayala, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 122 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Melissa Estefanía Vargas Camacho, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVI de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se recorren las subsecuentes de acuerdo con la siguiente

La evidencia del ámbito internacional señala que niñas, niños y adolescentes se encuentran expuestos a diversas formas de violencia, de manera diferenciada a lo largo de su vida, en contextos donde se desenvuelven: escuela, comunidad, instituciones de cuidado e incluso en el hogar.

El maltrato o vejación hacia las niñas, niños y adolescentes, abarca todas las formas de violencia: abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

La violencia, en sus manifestaciones más directas, afecta a todas las niñas, niños y adolescentes, independientemente de su condición económica o social, sin embargo, corren mayores riesgos quienes se encuentran más vulnerables por situaciones de abandono o negligencia, marginación, discapacidad, migración, desplazamiento forzado o contextos de violencia armada

En México, los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes son difícilmente denunciados, ya sea por temor al agresor, a la exposición pública, a la estigmatización, por desconfianza en las autoridades, por desconocimiento de los derechos o bien por la ausencia de mecanismos disponibles y accesibles para reportar y pedir ayuda. Por otra parte, cuando se elaboran estudios estadísticos y se recoge información relacionada con la percepción de la violencia o experiencias de victimización, es común que la población objetivo de los análisis sea generalmente de personas mayores de 18 años. Por estas

razones, los datos sobre violencia contra las niñas, niños y adolescentes son escasos, incompletos o se encuentran fragmentados entre las distintas instituciones encargadas de recogerlos.

Ante la multiplicidad de registros, la falta de interrelación entre éstos y la insuficiente información estadística sobre la violencia, resulta complejo diseñar e implementar políticas de prevención y protección integrales y coherentes para ponerle fin. Entender el problema de manera parcial incrementa las posibilidades de que niñas, niños y adolescentes vuelvan a sufrir nuevamente algún hecho violento, a la vez que reduce las probabilidades de que sus derechos puedan ser, efectivamente, garantizados, protegidos o restituidos.

En 2016, México se sumó como uno de los países pioneros a la Alianza Global para Poner Fin a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, comprometiéndose a implementar, como una prioridad nacional, acciones concretas que contribuyan a prevenir y atender la violencia a corto plazo.

En ese marco, el Plan de Acción de la Alianza Global para el periodo 2017-2018 incluyó una línea de acción específica para identificar, basándose en el análisis y evaluación de la situación actual de las fuentes administrativas relacionadas con violencia, las oportunidades de fortalecimiento de los registros administrativos, censos y encuestas para integrar distintas fuentes de información en torno a indicadores que permitan mejorar la atención y respuesta a la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

En el proceso de identificación y visibilización de la violencia contra niñas, niños y adolescentes se destacan tres elementos que representan retos para la mayor parte de los países. Primero, hay formas de violencia que son socialmente aceptadas o no percibidas como violentas o perjudiciales y, por lo tanto, no son registradas o reportadas. Segundo, debido a su edad o situación de vulnerabilidad, las niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia, nunca o escasamente reportan formalmente ser víctimas de la violencia. Tercero, la misma falta de datos crea la percepción de que la violencia en contra de ellos es un tema de menor magnitud, por lo que en realidad se encuentra subestimado

En México son pocos los datos nacionales que permiten abordar con amplitud las manifestaciones de la violencia en el hogar. No obstante, es posible saber que casi 4 de cada 10 madres, y 2 de cada 10 padres, sin importar el ámbito de residencia, reportan pegarle o haberles pegado a sus hijas o hijos cuando sintieron enojo o desesperación. Asimismo, 2 de cada 10 mujeres reportan que sus esposos o parejas ejercen o han ejercido violencia física contra sus hijas o hijos en las mismas circunstancias. Según los resultados, la proporción de violencia masculina es mayor en contextos rurales que urbanos.

Según datos de la ENIM (2015), al examinar diversas maneras de cuidado en el hogar, los datos sugieren que 5.1% de las niñas y niños menores de 5 años fueron dejados con cuidados inadecuados, es decir, estuvieron solos o al cuidado de otro niño o niña menor de 10 años durante la semana anterior al levantamiento de la información. Adicionalmente, 63% de las niñas y niños de entre 1 y 14 años han experimentado al menos una forma de disciplina violenta durante los últimos meses. Las prácticas más comunes suelen ser agresiones psicológicas seguidas por otro tipo de castigos físicos y, en último lugar, castigos físicos severos (palizas o golpes con objetos). Este último método fue experimentado por al menos 6% de las niñas y niños del país.

Regularmente, las niñas sufren relativamente más agresiones psicológicas que los niños; en cambio, los niños suelen ser disciplinados con cualquier tipo de castigos físicos o con formas más severas. Con respecto a la edad, las niñas y niños entre los 3 y 9 años suelen ser los más afectados por las agresiones psicológicas o por cualquier otro tipo de castigo físico. El uso de castigos físicos severos suele intensificarse conforme las niñas, niños y adolescentes van creciendo

Las prácticas disciplinarias violentas no solo varían en función del sexo o la edad de niñas y niños, también cambian con la geografía. Sobre este punto, la evidencia sugiere que las niñas, niño y adolescentes de entre 12 y 17 años que viven en ciudades con altos índices de violencia psicológica exhiben igualmente niveles más elevados de violencia física.

A nivel nacional, 0.4% de las niñas, niño y adolescentes  de entre 10 y 17 años sufrieron algún daño en su salud a consecuencia de algún robo, agresión o violencia en el hogar. 63 De las y los NNA que fueron violentados, las principales agresiones fueron verbales (48%), golpes, patadas, puñetazos (48%) y otros maltratos (20%). Violencia físicamente más severa como agresiones sexuales, empujones desde lugares elevados, heridas por arma de fuego o estrangulamiento oscilaron desde 16% hasta 0.5%. Dentro del hogar, las mujeres son más violentadas que los hombres (70.3% frente a 29.7%).

A nivel nacional, el 20% de las mujeres de entre los 15 y 17 años experimentó alguna forma de violencia en el ámbito familiar durante 2015. 65 Dicha estimación equivale a 689,151 mujeres adolescentes. La violencia de tipo emocional es la más frecuente (15.7%), seguida de los tipos de violencia física (8.5%) y económica (6.2%). La proporción de mujeres adolescentes que sufrió violencia sexual en su ámbito familiar fue de 1.8%.

Al desagregar las bases de información por tipo de agresión, cada una provee un panorama distinto. Los datos de las Procuradurías de Protección contabilizan relativamente más casos de negligencia que violencia física, emocional y sexual. En cambio, el SINAIS captura más lesiones causadas por violencia emocional que el resto de las agresiones (Figura 4.1.6). En otras palabras, debido a sus características y alcances, cada institución es susceptible a recibir y atender distintos tipos de violencia.

La disponibilidad de información estadística sobre violencia en las escuelas es más limitada, especialmente en grados de educación preescolar y básica (NNA de entre 3 y 11 años). Recientemente se ha puesto gran énfasis en el acoso escolar (bullying), relegando otros tipos de violencia como peleas físicas, maltrato del profesorado hacia los alumnos, robo o daño de pertenencias, agresiones sexuales y situaciones de riesgo vinculadas con el consumo de sustancias (drogas, alcohol), formación de pandillas violentas y deterioro físico de los centros educativos. Todos estos factores pueden repercutir potencialmente en el desarrollo, en la salud física y emocional e incluso el desempeño escolar de las y los NNA.

Niñas, niños y adolescentes se encuentran expuestos tanto a la violencia que sufren los adultos como a otras que son específicas. Conforme van creciendo, su perfil de riesgo se parecerá cada vez más al de una persona adulta. En el caso de violencia comunitaria hay dos implicaciones. La primera es que a mayor edad, mayores serán las posibilidades de experimentar distintos tipos de violencia. La segunda cuestión es que también a mayor edad, menor probabilidad de que las víctimas conozcan al agresor.

Los datos de 2016 del Sistema de Justicia Penal muestran que alrededor de 50% de los delitos cometidos contra las niñas, niño y adolescentes se relacionan con actos que atentan contra su integridad física (lesiones, abusos sexuales, violaciones, homicidios) y patrimonial (robos simples o en la vía pública). Al observar las diferencias por sexo, las mujeres fueron preponderantemente víctimas de abuso sexual, amenazas y violación; los hombres de lesiones, robos y homicidio.

La Unicef estima que en México, el 62% de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida, 10.1% de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5% ha sido víctima de violencia de sexual y un 16.6% de violencia emocional.

Información de la ONU, indica que México se ubica en el sexto lugar en América Latina, al tener un alto número de homicidios de menores; tan solo en los últimos casi 25 años, murieron asesinados diariamente dos niños o adolescentes, menores de 14 años.

7 de cada 10 jóvenes viven o han vivido violencia en su noviazgo, 10.1% de los estudiantes de educación secundaria han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5% violencia de índole sexual y 16.6% violencia emocional.

La ONU asegura que en el mundo existen 275 millones de niños que son maltratados con golpes, insultos, humillaciones y abandonos.

Además, una cantidad significativa son obligados a trabajar, a prostituirse o a realizar prácticas pornográficas, otros son víctimas de tráfico humano y muchos más son obligados a enlistarse en las filas del ejército.

Durante los últimos años, México se ha enfrentado a un incremento de la violencia infantil, no hay pruebas de que esas tasas estén disminuyendo. Las agresiones  contra los niños, aumenta cuando son pequeños, pues son más vulnerables  a ser lastimados, aún si la  violencia es emocional.

Todos los organismos de protección a la niñez, comunidad científica y económica internacional señalan a México, como uno de los países que registra mayor número de infanticidios y maltrato en la población infantil.

México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años, entre los 33 países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El marco jurídico mexicano de protección a los niños tiene como base el párrafo sexto del artículo 4o. constitucional que establece que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se publicó en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2000 y se fundamenta en el artículo 4o. constitucional. La ley tiene como objetivo asegurar a los niños y niñas un desarrollo pleno e integral; ello implica formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. De los principios rectores de la ley se pueden mencionar: el interés superior de la infancia, la no-discriminación; igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición; el de vivir en familia y tener una vida libre de violencia, entre los más importantes.

Uno de los problemas centrales en materia de maltrato infantil es que se considera un problema del ámbito familiar, que ocurre la mayoría de las veces en el interior de los hogares y los victimarios generalmente son familiares cercanos a los niños victimizados.

Además de lo anterior, una buena parte de la sociedad considera que la violencia es una forma de educar o corregir a los menores y es un medio que pueden usar los adultos. Por ello, es común escuchar o leer notas sobre muertes o maltratos mortales a niños por familiares cercanos, como padre, madre, padrastros, madrastras, hermanos, entre los más frecuentes.

Al considerarlo un tema de asunto “privado o doméstico”, existen pocos registros tanto de las víctimas como de los agresores y agresoras. Lo que invisibiliza más esta problemática y permite que los agresores y agresoras reincidan sin ser detectados.

Por ello, proponemos contar con el Primer Registro Nacional de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, el cual tendrá dos vertientes:

Apartado uno: Registro de Datos de Niñas, niños y adolescentes agredidas. El cual, para evitar la Re victimización será privado y tendrá acceso las dependencias que por su naturaleza atiendan a las víctimas.

Contar con este registro permitirá darle un seguimiento puntal a su atención y evolución, así como dimensionar por primera vez en términos cualitativos y cuantitativos este triste fenómeno.

Apartado dos: Registro de agresores y agresoras a las niñas, niños y adolescentes que hayan sido sentenciados por:

Violencia física

Tráfico de menores

Pornografía infantil

Abuso sexual

Violación

Abandono

Deudor

Los agresores de niños y niñas son altamente peligrosos para la sociedad, por ello, es urgente contar con un Registro de Agresores de Niñas, Niños y Adolescentes, que permita a todas las instituciones y a los niños, niñas y adolescentes contar con los medios que les permitan verificar si alguna persona ha sido o no sentenciada por delitos de agresión, violencia, etc., y con ello garantizar que el derecho a la vida de las personas, tal como se señala en el artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Así, el Estado mantendrá un registro y control siempre actualizado de esta base de datos que facilite la planeación e implementación de medidas de prevención del delito, de seguridad, así como políticas públicas con las que se generen las condiciones para garantizar una vida libre de violencia para niñas, niños y adolescentes.

Una medida que podría evitar o reducir la re-victimización, toda vez que se contará con precedente con relación a los agresores. Además, será posible contar con certificados o constancias de no inscripción, mismos que serán emitidos a través de este registro. Con ello, se podrá garantizar que el sujeto no cuente o haya contado con una sentencia en su contra o, en su caso, que haya cumplido con la misma. Estos documentos son similares a los expedidos por otras instancias de la administración pública federal como la constancia de no inhabilitación o la constancia de no antecedentes penales.

En ese sentido y para reforzar lo anteriormente fundado y motivado, se presenta la siguiente adición al artículo 122 para hacer realidad el citado Sistema.

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Propuesta: adicionar una fracción

Por lo antes expuesto, se somete al pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción XVI del artículo 122 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recorriéndose los subsecuentes, en materia de violencia contra las niñas, niños y adolescentes

Único: Se adiciona la fracción XVI del Artículo 122 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recorriéndose las subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 122. Las Procuradurías de Protección señaladas en el artículo anterior, en sus ámbitos de competencia, tendrán las atribuciones siguientes:

I......XV

XVI. Coordinar e Integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las niñas, niños y adolescentes; el cual tendrá dos apartados:

Apartado uno: Registro de Datos de Niñas, niños y adolescentes agredidas. El cual, para evitar la revictimización será privado y tendrá acceso las dependencias que por su naturaleza atiendan a las víctimas.

Apartado dos: Registro de agresores y agresoras a las niñas, niños y adolescentes que hayan sido sentenciados por:

- Violencia física

- Tráfico de menores

- Pornografía infantil

- Abuso sexual

- Violación

- Abandono

- Deudor alimenticio

Este apartado será público y podrán acceder a este toda Institución o ciudadano que así lo solicite ante la secretaria de seguridad.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.– Diputadas y diputados: Melissa Estefanía Vargas Camacho, Adriana Campos Huirache, Carlos Iriarte Mercado, Frinné Azuara Yarzábal, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, María de Jesús Aguirre Maldonado, Martha Robles Ortiz, Sandra Simey Olvera Bautista, Sue Ellen Bernal Bolnik, Xavier González Zirión (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 34, 42 y 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Omar Enrique Castañeda González, del Grupo Parlamentario de Morena.»

«Iniciativa que reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Martha Estela Romo Cuéllar e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Martha Estela Romo Cuéllar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara Diputados, somete a su consideración iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

La violencia familiar es un problema de origen milenario y mundial, el cual el Estado mexicano, a lo largo de su historia, no hizo frente a la grave situación, sin hacer conciencia del problema que significaba y por consecuencia no se llevaron acciones jurídicas, de apoyo a víctimas y de políticas públicas. 1

Hasta finales del siglo pasado no se tomaron acciones reales para evitar y prevenir la violencia familiar, pero aún las medidas son atrasadas al mal que representa.

Denominamos como violencia familiar al comportamiento de un miembro de la familia contra otro u otros integrantes causando un daño físico, psicológico o material. 2 Usualmente la violencia es ejercida por acción u omisión del más poderoso sobre el más débil o sobre sus dependientes económicos.

La violencia familiar tiene las siguientes características constitutivas:

“ Se realiza por actos, acciones u omisiones.

“ Se realiza por un miembro de la familia contra otro u otros.

“ La conducta es intencional.

“ Tiene como propósito dominar, humillar y controlar.

“ Agresión física o verbal.

“ Sometimiento psíquicamente o avasallando sexualmente.

“ Se ejerce en el hogar o fuera de él. 3

Este problema tiene un origen milenario en donde el Estado mexicano tuvo un rezago y omisión en hacer conciencia del grave problema que trae consigo la violencia familiar, y como consecuencia de ello hoy se implementan acciones jurídicas, apoyo palpable a víctimas y políticas públicas dedicadas a atender este problema desde finales del anterior siglo. 4

Es necesario mencionar que, al ser miembro de una familia, surge la obligación de procurar el desarrollo de la misma familia en un medio ambiente de respeto a la integridad de la persona. Es por lo anterior mencionado que la ley dota a la sociedad de una variedad de instituciones que atienden la asistencia, integración y desarrollo de la familia como lo es el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Ministerio Público en su personalidad de abogado de la sociedad y los propios jueces familiares y civiles.

Es derecho de todo integrante de una familia a desarrollarse en ambiente de respeto a su integridad física, psicoemocional, económica y sexual y tienen la obligación de evitar conductas que generen violencia familiar. Por ello se protege en nuestra legislación como lo es en el Código Civil Federal y en el Código Penal Federal.

La familia por sí misma goza de principios que le garantiza su protección frente al Estado y lo observamos con gran claridad al leer los derechos humanos fundamentales familiares plasmados en el artículo cuarto constitucional ejemplos de ellos son la mención al interés superior del menor, igualdad y desarrollo en un ambiente sano, entre otros.

La violencia familiar entre otras cuestiones afecta primordialmente el principio de igualdad entre los cónyuges, concubinos y los integrantes de la familia conforme a los principios rectores que se encuentran en la constitución, así como una serie de numerales aplicable y para lo cual citamos una tesis de la novena época.

Garantía de igualdad. Está contenida implícitamente en el artículo 5o. constitucional.

El análisis del primer párrafo del artículo 5o. constitucional, que establece: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”, permite constatar, en principio, que este precepto garantiza a todos los gobernados, entre otras cosas, el ejercicio de las libertades de comercio y de industria que sean lícitas y, en segundo término, que esa facultad se otorga a todas las personas sin distinción alguna, es decir, sin hacer diferencias de nacionalidad, raza, religión o sexo, ya que su contenido no establece salvedad alguna al respecto; circunstancia que constituye un fundamento importante de la garantía de libertad de comercio, ya que el artículo 5o. constitucional, al permitir a todas las personas ejercer el comercio o la industria que les acomode, siempre y cuando sean lícitos y no opere alguna de las limitantes a que alude el mismo numeral, excluye implícitamente de tal prerrogativa todo trato desigual que no pueda ser justificado constitucionalmente o apoyado en el interés público, puesto que no debe soslayarse que el disfrute pleno de la garantía otorgada por la Carta Magna en el imperativo de cuenta exige necesariamente la actualización del principio de igualdad material o real entre los titulares de esa garantía, dado que jurídicamente la igualdad se traduce en que varias personas, cuyo número es indeterminado, que participen de la misma situación, tengan la posibilidad y la capacidad de ser titulares cualitativamente de los mismos derechos y obligaciones que emanen de la ley aplicable frente al Estado, lo cual estará en función de sus circunstancias particulares. En este sentido, el numeral 5o. constitucional prevé sustancialmente ese principio fundamental de igualdad, en virtud de que tiene como finalidad colocar a todos los gobernados, cualquiera que sea su categoría o condición social, en igualdad de condiciones frente a la necesidad de vida de escoger el comercio, el oficio, el trabajo o la industria que les acomode, con las únicas salvedades de que éstos sean lícitos y de que no ataquen los derechos de terceros ni ofendan los intereses de la sociedad.

Tesis: P. XC/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena época, 191689, 57 de 92. Pleno, tomo XI, junio de 2000. Página 26. Tesis aislada (constitucional).

En la normatividad familiar y lo tendiente a su atención existe un orden público, interés social y una vigilancia del Estado para que los fines superiores de la familia se lleven a cabo y se resguarden. 5 Es de interés social porque existe un interés básico de las personas que integran la familia. El interés social es el conjunto de principios morales y normas de carácter jurídico que tienen como finalidad salvaguardar a la familia, sus integrantes y la sociedad. 6

Por ello, la legislación debe atender a las necesidades de la sociedad y en el caso concreto en la familia. La violencia familiar es un problema y es obligación de las autoridades trabajar por el cuidado de las familias, atendiendo a las deficiencias de la legislación que se traducen en afectación o inoperatividad de nuestras instituciones.

En la legislación federal se encuentra retrasada al respecto de la definición del tipo de violencia familiar, con respecto a lo dicho por diversas legislaciones locales, federales y generales, por lo que es preciso modificar y expandir la visión de nuestra legislación federal.

Es cierto que la definición de los tipos de violencia que engloba la violencia familiar está expuesta en tesis aisladas y jurisprudenciales emitidas por el Poder Judicial federal donde las expone con claridad.

En el contexto internacional se prevé el marco de la violencia familiar como lo es en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se prevé el cuidado de la familia y su funcionamiento armónico.

Por ello, la legislación debe atender a las necesidades de la sociedad y en el caso concreto en la familia. La violencia familiar es un problema y es obligación de las autoridades trabajar por el cuidado de las familias, atendiendo a las deficiencias de la legislación que se traducen en afectación o inoperatividad de nuestras instituciones.

Artículo 16

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

La Convención Americana de los Derechos Humanos, o Pacto de San José, señala:

Artículo 17. Protección a la Familia.

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta convención.

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.

4. Los Estados parte deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo.

Por lo anterior proponemos una modificación del Código Penal Federal para que armonice con las exigencias actuales y la legislación federal, así como los mandatos convencionales, por lo que se propone la siguiente modificación:

En virtud de lo anteriormente expuesto, se propone la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal

Único. Se reforma el artículo 343 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 343 Bis. Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, sexual, psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de uno a cuatro años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado.

Deberá de entenderse por violencia familiar

1. Violencia psicológica: el trastorno mental que provoque modificaciones a la personalidad, o a la conducta, o ambas, resultante de la agresión;

2. Violencia física: El acto que causa daño corporal no accidental a la víctima, que use la fuerza física o algún otro medio que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas, con base en el dictamen emitido por los especialistas en la materia;

3. Violencia sexual: El acto que degrada o daña la sexualidad de la víctima; que atente contra su libertad, dignidad e integridad; y

4. Violencia patrimonial: La acción u omisión que daña intencionalmente el patrimonio o afecta la supervivencia de la víctima; puede consistir en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Notas

1 Cónfer Güitrón Fuentevilla, Julián. “Derecho familiar”, Enciclopedia jurídica de la Facultad de Derecho de la UNAM, Porrúa, México, 2017, página 215.

2 Ídem.

3 Ibídem, página 218.

4 Ibídem, página 215.

5 Ibídem, página 48.

6 Ibídem, página 55.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.– Diputada Martha Estela Romo Cuéllar (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 29 de la Ley General de Salud y 7o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes del Grupo Parlamentario de Morena, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el articulo 29 de la Ley General de Salud y el articulo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad al tenor de la siguiente

Según un estudio de la OMS, se estima que en 2014 había 285 millones de personas con discapacidad visual en el mundo 1. En México, según datos del Atlas de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera 2 (IAPB, por sus siglas en inglés), para 2010 había 2 millones 237 mil 626 personas con deficiencias visuales y más de 415 mil 800 con ceguera, muchas de las cuales carecen de atención integral y acceso a servicios de salud oftalmológica, cifra que no ha sido actualizada pero que seguramente ha incrementado por los problemas de salud que ha atravesado el país.

Se considera que algunas actividades, como el acceso a la información y el uso de medicamentos, entre otras actividades sobre atención en salud, suponen un gran reto para las personas con discapacidad visual y comprometen su autonomía e independencia. Por ello, además de esta caracterización, es imprescindible visibilizar las necesidades y barreras de acceso a la información y sobre el uso de los medicamentos en este grupo poblacional y el uso adecuado de los medicamentos.

En general, se ha demostrado que las personas con discapacidad tienen mayor demanda de atención en salud y más necesidades insatisfechas que quienes no presentan discapacidad. Los expertos manifiestan que esto puede ser consecuencia de dificultades en el momento de acceder a los diferentes servicios de salud, educación, movilidad e información.

El tema del acceso a la información y el uso adecuado de los medicamentos se ha demostrado que, en la mayoría de los casos, un paciente mejor informado tiene mayor adherencia al tratamiento y mejor utilización de los medicamentos. Sin embargo, el acceso a información clave sobre el medicamento antes de su uso, como nombre, concentración, posibles interacciones con otros fármacos, conservación y almacenamiento, recomendaciones y precauciones, es un proceso complejo para las personas con discapacidad visual, ya que el diseño de las etiquetas y empaques de los medicamentos comercializados en México están orientados a la identificación visual.

Esta iniciativa es pensada en beneficio de un sector que es y siempre ha estado vulnerable, derivado de que en México no se encuentra enteramente adaptado a sus necesidad, le permiten a las personas con discapacidad visual conocer aspectos detallados en braille, como el nombre de los medicamentos, su fecha de vencimiento, la dosis adecuada y las instrucciones de uso, siendo supremamente importante para los ciegos porque aparte de darles mayor autonomía, les brinda más seguridad a la hora de adquirir un medicamento, constituyéndose en un verdadero derecho.

Desde esta perspectiva, debemos entender al braille en los medicamentos como un derecho humano para los ciegos. El braille es un requisito previo fundamental para la plena realización de los derechos humanos de las personas con discapacidad visual, como sería el derecho a la salud y a la vida, al tener el braille en los medicamentos.

Cosas tan sencillas para la mayoría de las personas, como leer los títulos de un empaque de medicamento y así poder distinguirlos, es totalmente inaccesible para 2 millones 237 mil personas en México, quienes dependen de alguien que se los lea.

El braille debería tener una mayor difusión, incluso en las personas que ven, pues esto los haría más conscientes de la importancia del braille como sistema de lectoescritura para las personas ciegas.

Sin olvidar que hoy en día el país se encuentra en una difícil situación La Organización Mundial de la Salud (OMS), entidad dependiente de las Organización de Naciones Unidas, ha advertido que, en tanto no se encuentre una vacuna, el nuevo Coronavirus 3 podría quedarse para siempre y convertirse en una enfermedad con la que la humanidad tendrá que aprender a convivir. Resulta se suma importancia aprobar lo que se busca en esta iniciativa, la inclusión del braille no solo facilitara a las personas que lo necesitan, reconocer sus medicamentos, también dignificara sus vidas brindándoles autonomía.

Ante la duda del gasto monetario que esto representa, la respuesta es que no requiere un gran incentivo, en realidad no es muy costoso, pues en otros países recurrieron a las farmacéuticas para ponerle el braille a las cajas y envoltorios, se hace una plantilla metálica con el braille y en un troquel se repuja el braille miles de veces.

Pensando en que lo esencial siempre es lo más recomendado, se propone que se debe pone únicamente el nombre del medicamento, los miligramos y la fecha de vencimiento, para evitar accidentes y garantizar el derecho de los consumidores ciegos.

Esta es  una deuda histórica con los ciegos del país, pues hace más de cincuenta años que los ciegos escriben y leen braille, pero aún no tiene piso jurídico esta práctica cultural.

Antecedentes

Hoy en día existe una considerable cantidad de países que han adoptado estas medidas, en algunos de ellos lleva un vasto número de años, siendo este un tema cotidiano en su vida, México en particular no se puede quedar atrás, esta medida parece simplista a primera impresión, pero al contrario, estaríamos ayudando a uno de los sectores que más lo necesitan, personas que sufren discapacidad visual.

Europa: En Europa es obligatorio distinguir a través de este alfabeto táctil los medicamentos, por eso la demanda del derecho a un etiquetado universal se ha convertido en un clásico para organizaciones como la Comisión de Braille Española 4.

Uruguay: En 2019, el Senado de Uruguay resolvió el rotulado definitivo de medicamentos adaptado para personas ciegas o con baja visión. La iniciativa surge derivada de reuniones con la Unión Nacional de Ciegos de dicha nación 5.

Colombia: Teniendo en cuenta que el acuerdo 009 del Concejo de Bogotá, ya se aprobó de manera definitiva en la corporación, faltando únicamente la sanción por parte de la señora Alcaldesa para que se vuelva una norma jurídica en Bogotá sobre el braille en los medicamentos 6.

Es un peligro que las personas con discapacidad visual no conozcan el medicamento que están tomando por no tener braille para poder leer la dosis o la fecha de vencimiento del medicamento, así como su dosis adecuada.

Una vez aprobado el presente proyecto de decreto, por fin el braille comenzará a implementarse como lo dicta el acuerdo en la caja, empaque, envoltorio y envase de los medicamentos, garantizando que las personas con discapacidad visual puedan conocer las características de los medicamentos.

A continuación se presenta un cuadro comparativo con las modificaciones propuestas e las leyes que se pretenden modificar y reforzar:

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 29. Del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.

No tiene correlativo

Texto propuesto

Artículo 29. Del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.

En atención al derecho a la asistencia social y de la salud establecido en la Ley General Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, todos los medicamentos distribuidos en el interior del país, deberán tener en la caja, empaque, envoltorio y envase de los medicamentos rotulado su nombre, miligramos y caducidad en lenguaje braille en apoyo a personas ciegas o con alguna discapacidad.

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Texto vigente

Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones:

I. ...

No tiene correlativo

II. a XII....

Texto propuesto

Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones:

I. ...

I Bis. Trabajar de la mano con el Consejo de Salubridad General en materia de inclusión a personas con discapacidad, dictando las normas que garanticen que todo medicamento comercializado en el país cuente con su nombre, miligramos y fecha de caducidad rotulados en la caja, empaque, envoltorio y envase de los medicamentos en braille, facilitando su identificación a personas ciegas y débiles visuales.

II. a XII....

Por lo argumentos expuestos en atención de un sector que siempre se ha visto forzado a pedir ayuda y, sobre todo, que día a día tiene que luchar más que la mayoría de los connacionales para valerse por sí mismos, constituyendo el derecho al braille para los ciegos. Someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley General de Salud y el artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Primero: Se adiciona un párrafo segundo al artículo 29 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 29. Del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.

En atención al derecho a la asistencia social y de la salud establecido en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, todos los medicamentos distribuidos en el interior del país deberán tener en la caja, empaque, envoltorio y envase de los medicamentos rotulado su nombre, miligramos y caducidad en lenguaje braille en apoyo a personas ciegas o con alguna discapacidad.

Segundo: Se adiciona una fracción I Bis al artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para quedar como sigue:

Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones:

I. ...

I Bis. Trabajar de la mano con el Consejo de Salubridad General en materia de inclusión a personas con discapacidad, dictando las normas que garanticen que todo medicamento comercializado en el país cuente con su nombre, miligramos y fecha de caducidad rotulados en la caja, empaque, envoltorio y envase de los medicamentos en braille, facilitando su identificación a personas ciegas y débiles visuales.

II. a XII....

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, contará con 90 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las reformas a la legislación correspondiente o derogar toda aquella que vaya en contra del presente decreto.

Tercero. Las secretarías de Estado competentes en la materia, contarán con un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para emitir la normatividad correspondiente y realizar los ajustes a las demás disposiciones administrativas a fin de homologar sus disposiciones a las establecidas en el presente decreto en cuanto a la coordinación con las farmacéuticas encargadas de la distribución de los medicamentos.

Notas

1 OMS. “Discapacidad Visual”. Disponible en:

https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-oms-estima-hay-285-millones-personas-discapacidad-visual-mundo-201310 10134206.html

2 E-consulta. “En México hay 2 millones 237 mil personas con deficiencias visuales”. Disponible en:

https://www.e-consulta.com/medios-externos/2017-10-13/en-mexico-hay-2-millones-237-mil-personas-con-deficiencias-visuales

3 Véase, El Tiempo, “La OMS advierte que el coronavirus podría quedarse para siempre”, 14 de mayo de 2020. Disponible en:

https://www.eltiempo.com/mundo/mas-regiones/organizacion-mundial-dela-salud-dice-que-el-coronavirus-podria-no-desaparecer-495274

4 El País. “Etiquetado para todos los públicos”. Disponible en:

https://elpais.com/economia/2018/08/22/actualidad/1534952052_167510.html

5 El Observador. “Medicamentos deberán tener rotulado para personas ciegas”. Disponible en:

https://www.elobservador.com.uy/nota/medicamentos-deberan-tener-rotulado-para-personas-ciegas–20196111291

6 Instituto Nacional para Ciegos. “Preguntas sobre el braille en medicamentos”. Disponible en:

http://www.inci.gov.co/index.php/blog/preguntas-sobre-el-braille-en-los-medicamentos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.– Diputados y diputadas: Emmanuel Reyes Carmona, Andrés Pintos Caballero, Claudia Tello Espinosa, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Eunice Monzón García, Hamlet García Almaguer, José Luis Flores Pacheco, Juan Luis Carrillo Soberanis, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Martha Barajas García, Mónica Herrera Villavicencio, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Óscar Cantón Zetina, Paola Tenorio Adame, Sandra Simey Olvera Bautista, Xavier González Zirión (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, suscrita por el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 85; se reforma la fracción I y se deroga la fracción IV, del artículo 86, y se adiciona una fracción XXXVII al artículo 7, recorriéndose el resto en su orden, así como un artículo 86 Bis, todos de la Ley General de Víctimas, al tenor de la siguiente

Antecedentes

El 23 de junio de 2020, la entonces titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez, presentó su renuncia a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión y al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. 1

Previo a ello, durante al menos tres semanas, diversas víctimas y colectivos de víctimas realizaron protestas para solicitar la destitución de la entonces titular de la CEAV. Las víctimas, instalaron plantones en las oficinas centrales de esa institución, en la Secretaría de Gobernación (Segob) y en el zócalo de la Ciudad de México. 2

El 17 de junio de 2020, después de una reunión entre las víctimas y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Segob, Alejandro Encinas, éste anunció que las personas en plantón solicitaron el envío de una carta al Senado de la República, en la cual solicitaban la destitución inmediata de la entonces titular de la CEAV. La carta fue firmada por 60 colectivos de víctimas y más de 700 víctimas en lo individual. 3

Una crisis institucional estalló a partir de estos hechos. El 19 de junio, en su conferencia “mañanera” el presidente López Obrador y la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, confirmaron a la prensa que la titular de la CEAV renunciaría ese mismo día al cargo; 4 hecho que no sucedió.

Las protestas se intensificaron en los plantones, en las redes sociales, en los medios de comunicación y ni la titular de la CEAV renunciaba, ni el titular del Poder Ejecutivo Federal la destituía porque la Segob argumentaba no tener competencia y ni siquiera el Senado la removía por no tener, tampoco, facultades expresas para ello.

De esta crisis institucional, las más afectadas fueron las víctimas, beneficiarias de los servicios que brinda la CEAV, pues se paralizó la atención y creció el enfrentamiento entre la otrora titular y los colectivos de víctimas.

Casos anteriores

Pero este no es el primer caso. En el año 2019, el entonces comisionado de la CEAV y antecesor de Mara Gómez Pérez en el cargo, Sergio Jaime Rochín del Rincón, también enfrentó protestas de colectivos de víctimas que llegaron al mismo punto muerto: los colectivos pedían la destitución del entonces comisionado; la Segob argumentaba que no le era posible hacerlo debido a que la atribución para ello era del Senado y, éste, a su vez, señalaba que ni la Ley General de Víctimas ni la Constitución le otorgaban tal atribución. 5

Después de casi cuatro meses de intensas protestas por parte de víctimas y colectivos, y después de haberse negado a comparecer ante comisiones del Senado de la República, 6 el 7 de junio de 2019, el entonces comisionado de la CEAV presentó su renuncia al cargo, directamente al presidente de la República. 7

Esto demuestra que existe un vacío y una necesidad de modificación legal que han generado, en el lapso de un año, dos situaciones de crisis en la CEAV, poniendo en riesgo los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos.

Volviendo a la actualidad, hay que recalcar que estamos a más de un año de la renuncia de Mara Gómez Pérez a la CEAV y a casi un año de que el presidente de la República envió al Senado de la República la terna para elegir a la nueva persona titular de ese organismo descentralizado y no hay indicios de que exista intención de nombrarla.

Esto ha dejado a las víctimas con una enorme afectación, pues la institución ha navegado sin rumbo durante más de un año.

Normativa sobre el comisionado de la CEAV

El nombramiento del titular de la CEAV y los requisitos para tal efecto, están contenidos en los artículos 85 y 86 de la Ley General de Víctimas, los cuales, establecen textualmente lo siguiente:

“ Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, de la terna que enviará el Ejecutivo Federal, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

Artículo 86. Para ser Comisionado Ejecutivo se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano;

II. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público;

III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta ley, por lo menos en los dos años previos a su designación;

IV. Contar con título profesional; y

V. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación.

En la elección del Comisionado Ejecutivo, deberá garantizarse el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de enfoque transversal de género y diferencial.

El Comisionado Ejecutivo se desempeñará en su cargo por cinco años sin posibilidad de reelección. Durante el mismo no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.”

Como es fácilmente apreciable, en la Ley General de Víctimas se establece un procedimiento sui géneris para nombrar al comisionado de la CEAV, pues, a pesar de que dicha institución es un organismo descentralizado, no sectorizado, de la Administración Pública Federal, es decir, es parte del Gobierno Federal, a cargo del titular del Poder Ejecutivo Federal, es el Senado quien lo designa, de una terna enviada por el presidente de la República, previa consulta con las víctimas y los colectivos.

Pero la Ley no establece procedimiento alguno para su remoción y, en ese contexto, cuando existen protestas de las víctimas en contra del titular de la CEAV, lo que ha sucedido es que esta indefinición legal ha sido utilizada para que, ni el Ejecutivo federal ni el Senado, asuman la responsabilidad que les corresponde.

Esto también ha demostrado que, los nombramientos de los últimos dos comisionados no han tenido el respaldo de las víctimas que deben atender, pues las protestas han ocasionado que ambos renunciaran sin haber cumplido la mitad de su mandato, en el caso del comisionado Rochín del Rincón, y con apenas seis meses en el cargo en el último caso, el de la comisionada Gómez Pérez.

Si bien la Segob ha formulado un proceso de consulta pública para elegir a la terna que envía el Ejecutivo Federal al Senado, todo indica que este procedimiento no ha sido bienvenido por las víctimas, quienes, desde el 2017, han solicitado tener mayor participación en la elección del titular de la institución gubernamental creada ex profeso para atenderlas y garantizar sus derechos. 8

Otro obstáculo que ha generado que las víctimas no participen en el proceso es el requisito añadido en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2017, en la fracción IV, del artículo 86, por el cual, para ser comisionado de la CEAV es necesario contar con título de licenciatura. Como es fácilmente entendible, muchas de las víctimas con mayor representación y capacidad, que podrían conjuntar consensos entre los colectivos de víctimas para dirigir la CEAV, no cuentan con título profesional.

En resumen, la deficiente redacción de los artículos 85 y 86 de la Ley General de Víctimas, así como los candados que se impusieron en esos numerales, son uno de los factores que explican la crisis institucional que ha vivido la CEAV en los últimos cuatro años y, por ello, es necesario replantearlos.

Remoción del comisionado y aumento de la autonomía de la CEAV

Como se ha descrito, la falta de claridad en el proceso de remoción del comisionado de la CEAV ha generado crisis institucional en las dos últimas administraciones en el organismo. Para solucionar tal problemática, la presente iniciativa propone establecer claramente quién tiene la atribución para remover al titular de la CEAV.

Para ello se opta por un mecanismo mixto, en el cual se asegure que el Ejecutivo Federal cuenta con la atribución para destituir al comisionado, pues al final de cuentas, la CEAV es un organismo descentralizado, no sectorizado, del Gobierno Federal y, en ese sentido, el presidente de la República debe tener la capacidad para adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la institución.

Por ello, se establece que el comisionado dependerá directamente del titular del Poder Ejecutivo federal y que éste podrá removerlo.

Pero también se propone un mecanismo que asegure cierta autonomía en la CEAV: el Senado de la República tendría un plazo de diez días hábiles para objetar la destitución, en cuyo caso se reinstalaría al comisionado en sus funciones.

Esto asegura que el comisionado no pueda ser removido por cuestiones meramente políticas y aumenta la autonomía de la CEAV, a pesar de estar inserta en la administración pública federal.

Requisitos para ser comisionado de la CEAV

Ahora bien, en cuanto a los requisitos para ser comisionado de la CEAV, la presente iniciativa busca facilitar que personas que han sufrido daños por delitos o violaciones a derechos humanos, puedan aspirar a dirigir la institución que las atiende.

Originalmente, la Ley General de Víctimas no establecía, para ser comisionado, el requisito de contar con título profesional. Esta adición fue incluida en la reforma publicada el 3 de enero de 2017.

Cabe señalar que entre los requisitos que establece el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, no existe el relativo a contar con título profesional, por lo que una gran cantidad de organismos descentralizados similares a la CEAV pueden tener titulares que no cuenten con un título profesional y no por ello demerita su funcionamiento.

Baste recordar que el título profesional no es ni siquiera un requisito para ser elegido presidente de la República o secretario de Estado. Por ello, la inclusión de este requerimiento es desproporcional en el caso de las víctimas.

Por tal motivo, la presente iniciativa propone eliminar tal exigencia, pero sí adicionar que el comisionado debe estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, pues una persona privada de dichos derechos no podría ejercer el cargo ni realizar actos jurídicos.

Además, se propone establecer que, el titular de la CEAV será, preferentemente una víctima inscrita en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) o en los registros locales. Esto fortalece la participación de las víctimas y promueve que estas personas puedan tomar la administración de la institución creada ex profeso para su atención.

Cabe resaltar que esto no es una condicionante inédita en nuestro sistema jurídico, pues, al menos, en la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), cuya naturaleza jurídica es casi idéntica a la de la CEAV, el titular debe ser miembro de un pueblo o comunidad indígena y hablar, preferentemente, una lengua indígena.

Proceso de consulta a las víctimas

Para asegurar la participación de las víctimas en la elección del titular de la CEAV, se propone reconocer que es un derecho de las víctimas ser consultadas y participar en la designación del comisionado.

Asimismo, se plantea crear un procedimiento claro y conciso para elegir al comisionado ejecutivo, en el que las víctimas inscritas en el Renavi y en los registros locales, votarían para proponer candidatos a la terna que debe enviar el Ejecutivo Federal al Senado.

Asimismo, se prevé que las mismas víctimas votarían para elegir a los tres integrantes de la terna, mientras que los colectivos, los expertos y las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia podrían sumar sus apoyos a alguno de dichos integrantes.

Así, el Ejecutivo Federal remitiría la terna y el Senado elegiría al nuevo titular de la CEAV. En caso de no consolidarse la mayoría necesaria para ello, el Senado devolvería la terna y se remitiría una segunda, integrada por las tres personas que hubieren obtenido más votos entre las restantes en el proceso de consulta.

Si tampoco se construyera la mayoría necesaria, el presidente de la República designaría al titular de la CEAV de entre las personas que integraron ambas ternas.

Esto asegura que las personas en situación de víctima tengan una participación decisiva en el procedimiento de elección, lo que apuntaría a que el comisionado cuente con la legitimidad que no han tenido los anteriores titulares.

Además, también se propicia que el nombramiento del titular se dé en un breve tiempo y no suceda de nueva cuenta lo que hemos experimentado en los últimos dos procesos de elección, en los que la designación ha tardado meses, o incluso más de un año, como está sucediendo en la actualidad.

Cuadro comparativo

En el cuadro siguiente se detallan las modificaciones que dan cuenta de la propuesta de reformas contenidas en el presente proyecto de decreto.

Por lo antes expuesto, el suscrito, somete a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 85; se reforma la fracción I y se deroga la fracción IV, del artículo 86, y se adiciona una fracción XXXVII al artículo 7, recorriéndose el resto en su orden, así como un artículo 86 Bis, todos de la Ley General de Víctimas

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 85; se reforma la fracción I y se deroga la fracción IV, del artículo 86, y se adiciona una fracción XXXVII al artículo 7, recorriéndose el resto en su orden, así como un artículo 86 Bis, todos de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

“ Artículo 7.- ...

...

I a XXXV. ...

XXXVI. Tener acceso ágil, eficaz y transparente a los Recursos de Ayuda y Fondos Estatales en términos de esta Ley ;

XXXVII. A ser consultadas y participar activamente en la elección del Comisionado Ejecutivo, y

XXXVIII. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición en la materia o legislación especial.

Artículo 85. La Comisión Ejecutiva estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo elegido en términos de lo dispuesto por esta ley, previa consulta pública a las víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas o los registros locales, los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

El Comisionado Ejecutivo será, preferentemente, una víctima inscrita en el Registro Nacional de Víctimas o en los registros locales.

El Comisionado Ejecutivo podrá ser removido por el Ejecutivo federal, de quien dependerá directamente. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del momento en que se le hubiere notificado la remoción, en cuyo caso el comisionado ejecutivo será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.

Artículo 86. Para ser comisionado ejecutivo se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. ...

III. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta ley, por lo menos en los dos años previos a su designación, y

IV. Se deroga

V. ...

...

...

Artículo 86 Bis. El comisionado ejecutivo será designado conforme a lo siguiente:

I.  A partir de la ausencia definitiva del comisionado ejecutivo, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, contará con veinte días hábiles para emitir la convocatoria que fijará las bases y requisitos para participar en la consulta a las víctimas, colectivos, expertos y organizaciones de la sociedad civil en la materia;

II. En una primera etapa, que no podrá extenderse por más de 10 días hábiles, la consulta se abrirá exclusivamente para que las víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas o en los registros locales, propongan personas para integrar la terna. La Secretaría de Gobernación deberá asegurarse de que las personas propuestas cumplan los requisitos establecidos en la ley;

III. Una vez concluida la etapa anterior, se dará un periodo de 10 días hábiles para que dichas víctimas elijan, de entre las personas propuestas y elegibles, una terna. Los integrantes de la terna serán siempre quienes hubieren obtenido la mayor cantidad de votos;

IV. Los colectivos, expertos y las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia contarán, una vez que se publique la terna elegida por las víctimas, con 10 días hábiles para emitir su apoyo a la persona que consideren idónea para el cargo;

V. Una vez fenecido el plazo anterior, el Ejecutivo Federal remitirá a la Cámara de Senadores, en un plazo máximo de cinco días naturales, la terna y las documentales que demuestren el apoyo de los colectivos, expertos y organizaciones de la sociedad civil;

VI. Recibida la terna, el Senado de la República elegirá, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en un plazo máximo de 30 días hábiles, al Comisionado Ejecutivo.

VII. En caso de que ninguno de los integrantes de la terna obtenga los votos suficientes, de inmediato la devolverá al Ejecutivo Federal, quien deberá conformar nueva terna con las tres personas siguientes con más votos en la consulta, recabando el apoyo de los colectivos, expertos y organizaciones de la sociedad civil. 

VIII. Si de nueva cuenta, no se alcanzara la mayoría requerida en el Senado, el Ejecutivo Federal nombrará al Comisionado Ejecutivo, de entre las personas que integraron ambas ternas.

IX. En caso de no existir suficientes personas elegibles surgidas del proceso de consulta, la Secretaría de Gobernación podrá emitir nueva convocatoria.

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Notas

1 Mara Gómez formaliza su renuncia a la CEAV. Milenio. Disponible en

https://www.milenio.com/politica/mara-gomez-presenta-renuncia-senado-ceav

2 Por recorte a CEAV, familiares de víctimas instalan plantón frente a Palacio Nacional. LJA.MX. Disponible en

https://www.lja.mx/2020/06/por-recorte-a-ceav-familiares-de-victimas-instalan-planton-frente-a-palacio-nacional/

3 Envían carta al Senado para solicitar destitución de Mara Gómez. Excelsior. Disponible en

https://www.excelsior.com.mx/nacional/envian-carta-al-senado-para-solicitar-destitucion-de-mara-gomez/1388575

4 AMLO confirma la renuncia de Mara Gómez a la CEAV; familiares de víctimas lo pidieron, afirma. MSN Noticias. Disponible en

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/amlo-confirma-la-renuncia-de-mara-g%C3%B3mez-a-la-ceav-familiares-de-v%C3%ADctimas-lo-pidieron-afirma/ar-BB15IHt6

5 Organizaciones de derechos humanos solicitan a Segob remoción del comisionado de atención a víctimas. El Heraldo de México. Disponible en

https://heraldodemexico.com.mx/pais/organizaciones-de-derechos-humanos-solicitan-a-segob-remocion-de-comisionado-de-atencion-a-victimas/

6 Titular de la CEAV cancela su comparecencia en el Senado. MVS Noticias. Disponible en

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/titular-de-la-ceav-cancela-su-comparecencia-en-el-senado/#gsc.tab=0

7 Carta íntegra de la renuncia de Jaime Rochín a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El Universal. Disponible en

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/carta-integra-de-la-renuncia-de-jaime-rochin-la-comisionado-de-atencion-victimas

8 Piden colectivos consenso sobre nuevo titular de la CEAV. El Siglo de Torreón. Disponible en

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1586146.piden-colectivos-consenso-sobre-nuevo-titular-de-la-ceav.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2021.– Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica).»