«Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley de Nacionalidad, a cargo del diputado Martín Sandoval Soto, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Martín Sandoval Soto, diputado federal a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, 77, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Ley de Nacionalidad, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En alcance a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad, que presenté ante esta soberanía y donde propongo realizar una serie de modificaciones al inciso B, fracción I, con el propósito de modernizar nuestro marco constitucional para  evitar posibles contradicciones entre los derechos reconocidos a los mexicanos por nacimiento y naturalización; hago llegar la siguiente propuesta de reforma para adecuar el artículo 19 de la Ley de Nacionalidad.

En este sentido, hay que considerar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que en nuestro país queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, o cualquiera otra que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Además, la Ley Fundamental señala que nuestra nación es única e indivisible, conforme al artículo segundo.

Por ello que sea necesario promover una serie de modificaciones legales para propugnar por la igualdad jurídica entre todos los mexicanos, ya sean nacidos en territorio nacional o naturalizados.

Una propuesta que nos ayudarían a robustecer estos objetivos y evitar normas discriminatorias entre mexicanos por nacimiento y naturalización, es precisamente la que busca reformar el artículo 19 de la Ley de Nacionalidad, ya que entre los requisitos para ser mexicano por naturalización se encuentran: el formular renuncia expresa a la nacionalidad que le sea atribuida, así como a protestar que no se someterá, obedecerá ni tendrá fidelidad a un Estado extranjero, especialmente de aquél que le atribuya la otra nacionalidad, a toda protección extraña a las leyes y autoridades mexicanas, y a todo derecho que los tratados o convenciones internacionales concedan a los extranjeros.  Igualmente, se le exige al solicitante protestar adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas y se le solicita protestar que se abstendrá de realizar cualquier conducta que implique sumisión a un Estado extranjero.

También son requisitos del solicitante, probar que sabe hablar español, conoce la historia del país y está integrado a la cultura nacional; así como acreditar que ha residido en territorio nacional durante los últimos cinco años inmediatos anteriores a la fecha de su solicitud, con las excepciones que establece la ley.

El artículo 17 de la Ley de Nacionalidad contempla claramente el requisito de renunciar a la nacionalidad de origen para obtener la mexicana. Sin embargo, así como sucede en la legislación de nuestro país donde el artículo 37 de la Constitución contempla que ningún mexicano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad; las Constituciones de algunos otros países también contemplan la no pérdida de nacionalidad, lo que hace que esta regla solo opere en los requisitos, pero no en los hechos.

Ello genera un debate jurídico, en el sentido de que mientras que los mexicanos por naturalización debieron renunciar a su nacionalidad de origen para para otorgarles su carta de naturalización por la Secretaría de Relaciones Exteriores; los mexicanos por nacimiento no pueden ser privados de su nacionalidad. Lo que sería una contradicción entre nuestras propias normas.

Y aunque en el momento en que se solicita la renuncia de la nacionalidad ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, los postulantes siguen siendo extranjeros; lo cierto es que ningún mexicano que le solicite la renuncia de la nacionalidad en el extranjero, para adquirir otra, puede ser privado de ser nacional mexicano.

De ahí que se buscaría que se elimine el requisito de renuncia, para únicamente realizar la protesta de adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas, así como de abstenerse de realizar cualquier conducta que implique sumisión a un Estado extranjero por parte del solicitante.

En este sentido se propone reformar la Ley de Nacionalidad para quedar como sigue:

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 19 de la Ley de Nacionalidad

Artículo Único. Se reforma el artículo 19 de la Ley de Nacionalidad, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

I. ...

II. Formular únicamente la protesta a que se refiere el artículo 17 de este ordenamiento.

La Secretaria no podrá? exigir que se formule tal protesta sino hasta que se haya tomado la decisión de otorgar la nacionalidad al solicitante. La carta de naturalización se otorgara? una vez que se compruebe que éstas se han verificado.

III. al IV. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2021.– Diputado Martín Sandoval Soto (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Jorge Arturo Espadas Galván e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados Jorge Arturo Espadas Galván, Saraí Núñez Cerón y Miguel Ángel Monraz Ibarra, así como los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se permiten presentar para su análisis y dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que se reforma el párrafo primero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para consagrar el derecho a la vida a partir de la concepción.

Para tal efecto, se dar cumplimiento a los elementos indicados en el numeral 78 del citado ordenamiento reglamentario.

I. Encabezado o título de la propuesta.

Ha quedado precisado en el primer párrafo de este documento.

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver

La presente Iniciativa tiene como propósito explicitar en el texto constitucional el derecho a la vida, y el momento a partir del cual debe tutelarse este derecho, siendo este precisamente el momento de la concepción y hasta la muerte natural.

Al mismo tiempo, ajustar la norma fundamental a lo previsto en los distintos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos signados y ratificados por nuestro país que, por tanto, son ley suprema de la Unión.

III. Argumentos que la sustentan (exposición de motivos).

El derecho a la vida, es preeminente, es condición indispensable para el ejercicio de cualquier otro derecho. Sin el derecho a la vida, es evidente que ningún otro derecho tiene sentido. Ni la libertad de expresión o de tránsito, ni el derecho a la salud o a la educación, ni ninguna otra libertad o derecho tiene razón de ser, en tanto el derecho a vivir no esté protegido y asegurado.

Como partido humanista, el Partido Acción Nacional defiende la eminente dignidad de toda persona humana. Por ello, defiende y protege el derecho a la vida humana. Desde luego, defiende con particular hincapié a las personas más indefensas y vulnerables que puede haber, que son justamente quienes aún no han nacido, los no natos.

En consecuencia, el Partido Acción Nacional ha rechazado históricamente la liberalización del aborto, incluyendo el eufemismo de la “interrupción legal o voluntaria del embarazo”.

La discusión en torno del aborto es una de las polémicas que mayores polarizaciones producen. En esta iniciativa no pretendo atacar o controvertir la posición de los grupos defensores de la práctica del aborto o a los grupos radicales defensores de la vida, sino hacer un planteamiento lo más objetivo posible, desde el punto de vista bioético y jurídico. es importante señalar que establecer el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, no significa ni trae aparejado la criminalización de la mujer por el aborto.

Conviene traer a colación la brillante exposición realizada hace algunos años por un notable panista, Carlos Castillo Peraza, en un debate en torno del aborto. Sus ideas quedaron expuestas con claridad en los párrafos iniciales de El pabellón de la muerte, ensayo escrito y pronunciado en 2000.

Esta transcripción se realiza con el propósito de clarificar la postura institucional sobre un asunto relevante en la vida del Partido Acción Nacional que algunos han olvidado o pretenden no entender, o de plano, han desestimado la lucha política a favor de la Vida para colocarse por encima de la incomodidad que el conflicto supone y del que no se puede salir intacto.

La misión política del Partido Acción Nacional de defender la vida enfrenta un entorno político contemporáneo adverso que la ha mistificado como absurda, siendo que es más absurda la acusación que pesa sobre ella en cuanto a que es “violatoria de derechos humanos”; por el contrario, justo como habrá de exponerse en esta iniciativa, lo que se pretende es el respeto y apego a las normas internacionales en derechos humanos que ha signado nuestro país y que por tanto, constituyen ley suprema de la Unión.

El pabellón de la muerte

“...

Resulta cuando menos curioso que, al mismo tiempo que se multiplican las informaciones críticas acerca de las personas —sobre todo de nacionalidad mexicana— que esperan turno en los pasillos que conducen a las tétricas salas en que serán ejecutadas después de largos procedimientos judiciales, en los Estados Unidos, proliferen los porcentajes en que sugiere la necesidad de dar en México rango de legales a las penas máximas que, sin juicio previo, se decidan en contra de los más indefensos y vulnerables: los que aún no han salido del vientre de sus madres.

Nos indigna y aterra que aún esté vigente en el vecino país del norte, la pena capital. Simultáneamente, empero se impulsa aquí algo terrible: que las entrañas de las madres, cuna y escudo de vid, pasen a convertirse en pabellones de la muerte. Con una diferencia radical por cierto, los nacidos eventuales sentenciados a morir, no habrán sido oídos en el juicio, ni contado con defensor legal, ni expresado su parecer ante las cámaras de televisión ni ejercido presión sobre sus legisladores y jueces, pese a que, en esta “querella”, son los únicos absolutamente inocentes en cualquier hipótesis relativa a la conveniencia, la inconveniencia, la pertinencia o la impertinencia de un aborto que, para ellos, equivaldría a una ejecución sumaria en tiempo de guerra.

Los violadores tienen y tendrán siempre abogados, así sea de oficio. No les faltará apoyo —justificado, creo yo— para evitarles la pena capital, castigo que cada día se percibe como más bárbaro, menos humano, más ineficiente y menos congruente en relación con una justicia que, haga lo que haga, no pasa de ser asunto temporal y falible. Tampoco faltarán voces —las oímos y las escuchamos intensas— a favor de que las mujeres por una razón o un pretexto desean abortar. Y por cuanto hemos advertido recientemente, los defensores de la vida del no-nacido no sólo serán abrumados por los “políticamente correctos” que los señalarán como reaccionarios y cavernícolas, sino que incluso podrían pasar a ser ¡los acusados! En todo caso, incluso éstos tendrán la oportunidad de defenderse por sí o por abogados.

Mudos, solos, sin poder decir una palabra pro vita sua, sin partidos políticos o “grupos civiles” que presionen a su favor, sin voz en las encuestas, sin cámaras ni micrófonos a su alcance y a la meced de los que ya nacieron, quedarán los que aún viven dentro del seno de sus madres. Indefensos, esperarán que los fuertes, los que hablan, los hombres de un día, siete semanas, dos meses de edad intrauterina. Es más, dictado el fallo de los poderosos, no habrá para ellos solicitud viable de clemencia, ni invocación efectiva de “inclusión” en la sociedad, ni expresión audible del derecho de las minorías vulnerables a programas públicos de auxilio y sobrevivencia. No serán objeto ni sujeto de Progresa, ni del Plan DN-III; damnificados sin Cruz Roja, Blanca o Verde.

Todo se juega en la certidumbre de que el humano por nacer sea ya precisamente ser humano. Ayer, el último argumento a favor de salvarle la vida era el de la “lógica del cazador”: si tan sólo se sospecha que lo que hizo mover las ramas puede ser un hombre, no se tira del gatillo de la escopeta. Basta la duda. Hoy, que hasta la caza deportiva y la fiesta brava son impugnadas por razones “humanitarias” y que se sabe a ciencia cierta —gracias al prodigioso descubrimiento del genoma humano— que el no-nacido, de las horas o los días que sea, es un ser humano en desarrollo, distinto de su padre y de su madre, único- como también lo es un niño de un año, un adolescente de 14 o un joven de 20 años-, la cuestión no es disputable: la vida humana, desde el instante inicial de su existencia, es la de un sujeto de Derecho cuya muerte no puede ser decretada en términos y circunstancias que horrorizarían al juez de más criminal de los criminales, hombre éste con derecho a un juicio, a una defensa y a un respeto por su dignidad incluso a pesar de los que él mismo ha hecho.” 1

Como se aprecia, nuestra postura como partido político dista de ser religiosa o confesional. Acción Nacional es un partido laico, pero sabemos que la ciencia médica, en sus avances más recientes, ha logrado esclarecer que un bebé no nato, es un ser humano en desarrollo, distinto de sus progenitores, igual que lo es cualquier otro niño ya nacido, de la edad que sea.

Por eso, un bebé en gestación merece vivir y el Estado está obligado a velar por él y protegerlo precisamente por su condición vulnerable.

Cierto, al mismo tiempo, debemos trabajar para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, y evitar así, que tengan que recurrir a la dramática decisión del aborto. Estas condiciones de bienestar, deben abarcar aspectos tales como los laborales, los familiares, de seguridad y de salud.

Sabemos que en tanto estas condiciones de vida no sean una realidad plena, habrá mujeres que tomarán la decisión de abortar, por eso, creemos que criminalizarlas no es la solución, generar mejores condiciones de vida sí lo es.

Tal como lo ponen de manifiesto las iniciativas que ha planteado el PAN históricamente y las que habrá de seguir sometiendo a consideración de esta soberanía 2, proponemos la defensa del pequeño ser humano por nacer, y también debemos velar por el bienestar de la madre. Ambos deben contar con las condiciones que le permitan un sano y pleno desarrollo.

Vale la pena insistir: nuestro planteamiento no atiende a una posición religiosa, sino científica y jurídica. Muestra de ello son las opiniones de expertos en genética, quienes han coincidido en señalar que la vida de los individuos tiene un inicio determinado y comprobado: el momento de la concepción y a partir de ese momento, gozan del derecho a la vida y éste debe ser tutelado.

En este punto, conviene recordar que en abril de 1981, el Subcomité Judiciario del Senado en los Estados Unidos de América (EUA) se cuestionaba sobre ¿Cuándo es que comienza la vida humana?

Se convocó a reconocidos miembros de la comunidad científica, un grupo de genetistas y biólogos internacionalmente reconocidos, quienes afirmaron de manera coincidente que la vida humana empieza en la concepción.

El doctor Micheline M. Mathews-Roth, de la escuela de medicina de Harvard, dio su testimonio confirmatorio, reforzado con referencias de más de 20 libros de texto de embriología y medicina, de que la vida humana comienza en la concepción.

El padre de la genética moderna, doctor Jerome Lejeune, a quien la ciencia mundial reconoce unánimemente como uno de los primeros y más calificados investigadores en genética y reconocido mundialmente por sus descubrimientos, dijo a los que legisladores: el hecho de que después de que la fertilización un nuevo ser humano cobra vida, ya no es un motivo de pruebas u opiniones, es simple evidencia. No tengo duda alguna: abortar es matar a un ser humano, aunque el cadáver sea muy pequeño”.

El doctor Hymie Gordon Chairman, del Departamento de Genética de la Clínica Mayo en EUA, agregó: “Basado en todos los criterios de la biología molecular, la vida está presente en el momento de la concepción”.

El testimonio del doctor Mc. Carthy de Mere, médico y abogado, de la Universidad de Tennessee, fue el siguiente: “El momento exacto de los comienzos de la personalidad y del cuerpo humano, es el momento de la concepción”.

El doctor Alfred Bongiovanni de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pennsylvania, concluye: “Yo no estoy más preparado para decir que esa temprana etapa (de la fecundación) representa un incompleto ser humano, que para afirmar que el niño antes de los dramáticos efectos de la pubertad, no es un ser humano”.

Doctor Richard V. Jaynes: “Decir que el comienzo de la vida humana no puede ser determinado científicamente, es ridículo”.

El profesor Eugene Diamond: “...o la justicia fue alimentada de una biología ancestral, o fingían ignorancia sobre una certeza científica”.

Doctor Landrum Shettles, llamado por muchos “padre de la fertilización in vitro” comenta: ‘La concepción confiere vida y esa vida es de un solo tipo: humana’ (Y durante el juicio de Roe vs. Wade, dijo: “Negar la verdad (sobre cuando comienza la vida humana), no da las bases para legalizar el aborto...” 3

El ya mencionado Jérôme Lejeune, médico genetista francés y uno de los padres de la genética moderna, sobre el tema de la protección de la vida del no nacido sostiene:

“...

Porque sabemos con certeza que toda la información que definirá a un individuo, que le dictará no sólo su desarrollo, sino también su conducta ulterior, sabemos que todas esas características están escritas en la primera célula. Y lo sabemos con una certeza que va más allá de toda duda razonable, porque si esta información no estuviera ya completa desde el principio, no podría tener lugar; porque ningún tipo de información entra en un huevo después de su fecundación.

...

Pero habrá quien diga que, al principio del todo, dos o tres días después de la fecundación, sólo hay un pequeño amasijo de células. ¡Qué digo! Al principio se trata de una sola célula, la que proviene de la unión del óvulo y del espermatozoide. Ciertamente, las células se multiplican activamente, pero esa pequeña mora que anida en la pared del útero ¿es ya diferente de la de su madre? Claro que sí, ya tiene su propia individualidad y, lo que es a duras penas creíble, ya es capaz de dar órdenes al organismo de su madre.” 4

De manera coincidente, el doctor Enrique Oyarzún, quien fuera presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, explica con claridad en qué momento se está en presencia de un nuevo ser humano, cuya vida estamos obligados proteger.

“Hoy se realizará un debate sobre el aborto en el edificio del ex Congreso Nacional en Santiago. Como los argumentos de quienes están a favor del aborto han ido modificándose a medida que son contrarrestados por la evidencia disponible, lo que va quedando en realidad es el pensamiento de que la mujer es dueña de su propio cuerpo y de que el feto in útero no es un ser humano con los mismos derechos que los demás, de modo que ella puede disponer de él libremente.

Al final del día, eso es lo que se pretende, pero no ha habido claridad o sinceridad en todos para exponerlo. En el contexto anterior, quisiera en este artículo hacer una suerte de listado de algunas verdades que debemos todos recordar y tener en consideración cuando conversemos del tema:

1) Todas las células de un ser humano adulto provienen de una sola célula original llamada cigoto, que resulta de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide. El cigoto es el primer estado del desarrollo de un nuevo ser humano, desarrollo que está determinado por el código genético del cigoto, código que se activa a partir del momento de la fecundación.

2) Alrededor de 30 horas después de la fecundación ocurre la primera división del cigoto que genera las dos primeras células llamadas blastómeros, cada una con 46 cromosomas. Cada blastómero tiene la capacidad de reprogramarse y originar un ser humano completo, que es lo que ocurre en el caso de los gemelos monocigóticos (idénticos).

3) Al séptimo día después de la fecundación el embrión se anida en el útero y comienza la producción de hormonas que permiten detectar la presencia de un embarazo. Esto es lo que hace que algunos definan embarazo a partir de la implantación, si bien ésta fue una decisión política para que no hubiese objeciones al desarrollo y uso de métodos anticonceptivos que actuasen antes de la implantación, o a las manipulaciones reproductivas de la tecnología.

4) No existe consenso respecto del momento en que el embrión adquiere su condición de ser humano, susceptible por lo tanto del mismo respeto que otros exigen para sí mismos: fecundación, implantación, inicio del desarrollo del sistema nervioso, inicio de la posibilidad de tener dolor, nacimiento, etcétera.

5) Distintos argumentos permiten sostener que el embrión humano no pertenece al cuerpo de la mujer del mismo modo que un órgano.

6) No existe consenso respecto del momento en que el embrión humano es una persona. Cuando aquellos que sostienen que para ser persona se requiere autoconciencia, capacidad de planificación, memoria, racionalidad, etcétera, se olvidan que eso supone que uno podría eliminar entonces a muchos pacientes neurológicos, a ciertos ancianos, a los recién nacidos y otros.

7) Quizás la mejor definición de aborto sea la de Juan Pablo II: “eliminación deliberada y directa de un ser humano en las fases iniciales de su existencia, desde la concepción al nacimiento”.

8) El argumento de que Chile es el único país que no permite el aborto no resiste ningún análisis intelectual.

9) La interrupción del embarazo (diferente a aborto) por riesgo de la vida materna se realiza frecuentemente, sin legislación alguna que lo prohíba, en todas las maternidades del país.

10) Las madres con fetos con malformaciones incompatibles con la vida necesitan ser acogidas y acompañadas. El diagnóstico de incompatibilidad no está libre de error.

11) Las madres violadas sometidas a un aborto reciben con éste una agresión más. De hecho las instituciones u organizaciones que acogen a estas madres muestran que una gran mayoría de ellas no se practica un aborto y desea finalmente quedarse con su hijo/a.

12) El aborto provocado no es en Chile un problema de salud pública.

13) La mujer que se practica un aborto no merece ser castigada sino acompañada.

14) Las cifras que se dan para estimar la magnitud del aborto ilegal son aproximaciones basadas en modelos subjetivos e inexactos.

15) La afirmación de que en las clínicas privadas se realizan abortos en quienes pueden pagar es falsa, porque desde hace mucho tiempo esas instituciones tienen protocolos que impiden ese tipo de acciones.

16) El aborto no es inocuo para la mujer ni para su vida futura.

17) La falta de políticas públicas adecuadas, preventivas y terapéuticas, no se resuelve a través del aborto, y, por otra parte, es más o menos evidente que respecto de políticas de prevención y de intervención hay mucho aun que hacer.

18) Si se utiliza respecto del aborto la filosofía de la medicina basada en evidencias para ofrecer a nuestras pacientes aquellas intervenciones que se ha probado (a través de trabajos metodológicamente adecuados) que son beneficiosas, legislar a favor del aborto carece de toda evidencia para sostener que sea beneficioso para las madres, sus familias, o la sociedad en general. La mujer, siempre madre, no puede estar sola en esto. La sociedad y el país que queremos construir requiere de una reflexión que sea proactiva y no reactiva al desarrollo científico y tecnológico. Esa es responsabilidad de todos. 5

De la opinión del doctor Enrique Oyarzún, destaca que la célula original llamada cigoto, la cual es resultado de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, constituye el primer estado del desarrollo de un nuevo ser humano; ese desarrollo está determinado por el código genético del cigoto; y en tan sólo 30 horas posteriores a la fecundación, podemos encontrar células (blastómeros) capaces de reprogramarse y originar un ser humano completo; y en tan solo siete días, ocurre la “implantación” del embrión en el útero.

Todas estas opiniones emitidas por expertos, permiten afirmar que, desde el primer momento de la fecundación o concepción, estamos ante un ser único, singular e irrepetible. Las dudas que durante algún tiempo se albergaron a este respecto, han quedado absolutamente despejadas por la ciencia.

Derivado de ello, la idea de que el embrión es “como un órgano” de la mujer que puede extirparse, no resiste el menor análisis. El embrión humano no pertenece a la mujer, está alojado ahí temporalmente en tanto se desarrolla y nace, en la tierna esperanza, por cierto, de recibir la protección y el amor infinito de ella.

Se podrá alegar que mientras permanezca en el vientre, se alimenta de la madre, y es cierto, pero también lo hace un recién nacido, y no por ello tenemos justificación para matarlo.

Hay planteamientos como el del filósofo australiano Peter Singer que sostiene la idea de que en tanto no sea persona, eliminarlo no es inmoral; y como a su juicio, sólo se es persona cuando se cobra conciencia de sí mismo, un bebé recién nacido puede ser asesinado sin que ello violente principio moral alguno.

Si sólo aceptamos la existencia de una persona ahí donde hay auto conciencia, capacidad de planificación, memoria, racionalidad, etcétera, entonces llegaríamos a aceptar que podemos asesinar no solo a los recién nacidos, sino también a muchos ancianos o a pacientes neurológicos.

Consecuentemente, defender el derecho a la vida del no nacido, no es una cuestión de opinión, de creencia o de religión; sino que los argumentos tienen una base científica, racional y jurídica.

Sobre este último punto, debe tenerse presente que el artículo 133 de la Constitución federal, consagra los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes generales que de ella emanen, así como los tratados internacionales signados por el Presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, esto es, un conjunto de disposiciones que inciden en todos los órdenes jurídicos de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Diversos instrumentos internacionales reconocen el derecho a la vida de diversas formas.

La Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo 3 establece lo siguiente:

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce en el artículo 6 este derecho:

Artículo 6. 1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.

En el mismo sentido lo hacen la Declaración Americana de los Derechos Humanos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siendo esta última la que reconoce la vida desde la concepción:

Artículo 4. Derecho a la vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

En ese tenor, los instrumentos internacionales establecen con claridad como derecho humano el derecho a la vida.

La discusión estriba en el momento en que surge este derecho y objeto de tutela jurídica. Por ello, resulta relevante el último de los preceptos referidos, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya ha interpretado 6 el alcance del enunciado normativo que dice: “a partir del momento de la concepción” .

El referido tribunal señaló que el término “Concepción” obliga a realizar un análisis científico sobre su significación. Esto en razón de que la definición de “concepción” que tenían los redactores de la Convención Americana en 1969, ha cambiado con los avances de la ciencia, particularmente, a partir de la “Fertilización in vitro”, que demostró 10 años después, la posibilidad de realizar fertilizaciones fuera del cuerpo de la mujer.

En la sentencia dictada el 28 de noviembre de 2012, con motivo del caso “Artavia Murillo y otros versus Costa Rica (“Fecundación in vitro”), la Corte Interamericana interpretó por primera vez el citado numeral que consagra el derecho a la vida“ a partir de la concepción” en relación con los derechos reproductivos de la mujer y la viabilidad del aborto voluntario.

Haciendo uso de diversos métodos de interpretación, la Corte Interamericana sostuvo que diversos tribunales internacionales de derechos humanos han señalado de manera consistente que el “derecho a la vida privada” conlleva el libre desarrollo de la personalidad, de ahí que incluye la decisión de ser o no madre o padre en el sentido genético o biológico.

En ese sentido, el derecho a la vida privada se relaciona con el derecho a la autonomía reproductiva que está reconocido también en el artículo 16 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, según el cual las mujeres gozan del derecho “ a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos”.

Empero, también la Corte Interamericana se ha pronunciado de manera reiterada y consistente en el sentido de que el “derecho a la vida” es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos (Caso “Niños de la calle”, Villagrán Morales y otros Versus Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre de 1999; y Caso Comunidad indígena Xákmok Kásek versus Paraguay. Sentencia de 24 de agosto de 2010).

En efecto, ese alto tribunal ha señalado que el derecho a la vida presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente y que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida de todos quienes se encuentren bajo su jurisdicción.

En cuanto al significado y alcance del término “concepción”, la Corte Interamericana analizó en la sentencia referida, dos “corrientes” científicas: aquélla que entiende a la “concepción” como el momento de encuentro o de fecundación, del óvulo por el espermatozoide, del cual se genera una nueva célula, el cigoto; y la otra corriente que entiende a la “concepción” como el momento de implantación del óvulo fecundado en el útero; lo anterior, debido a que la implantación del óvulo fecundado en el útero materno faculta la conexión del cigoto con el sistema circulatorio materno que le permite acceder a todas las hormonas y otros elementos necesarios para el desarrollo del embrión.

Si bien la Corte Interamericana -coincidiendo con el doctor Oyarzún- concluyó que no existe una definición consensuada sobre el momento en que ocurre la “concepción”, pues se trata de una cuestión valorada de diversas formas desde una perspectiva biológica, médica, ética, moral, filosófica y religiosa; para no incurrir en la imposición de algún tipo de creencia específica, ese alto tribunal se inclinó por acudir a la prueba científica que diferencia dos momentos complementarios y esenciales en el desarrollo embrionario: la fecundación y la implantación. Con base en ello, sostuvo que sólo al cumplirse el segundo momento se cierra el ciclo que permite entender que existe “concepción”.

Esto es, ya que si bien al fecundarse el óvulo se da paso a una nueva célula diferente y con la información genética suficiente para el posible desarrollo de un “ser humano”, lo cierto es que si dicho embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer sus posibilidades de desarrollo son nulas, pues no recibiría los nutrientes necesarios, ni estaría en un ambiente adecuado para su desarrollo.

Partiendo de ello, la presente iniciativa parte de considerar que el Derecho a la Vida debe tutelarse -en nuestro sistema jurídico- a partir de la “ concepción”, esto es desde el momento en que el embrión se implanta en el útero de la mujer.

Ahora bien, en el derecho interno mexicano, lamentablemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce explícitamente el derecho a la vida; lógicamente, tampoco existe un precepto que determine el momento a partir del cual debe tutelarse ese derecho.

La única alusión directa que se realizaba de este derecho se encontraba en el numeral 14 de la Constitución federal, que a la letra señalaba “ Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.

Como se observa, el numeral expresamente establecía la prohibición de privar de la vida a alguien, y por ende, implícitamente consagraba el derecho a la vida; sin embargo, al ser reformado mediante decreto publicado el 9 de diciembre de 2005, quedó en los siguientes términos: “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

Tal modificación desafortunada propició un amplio campo para la interpretación que ha llevado a formular propuestas en el sentido de legalizar el aborto o la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, lo cual como ha quedado expuesto es contrario a lo que establecen los tratados internacionales obligatorios para nuestro país.

Esa falta de claridad del texto constitucional, obligó en 2007 a la Suprema Corte Justicia de la Nación a realizar un amplio análisis gramatical y sistemático de la Carta Magna al resolver la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, arribando a las siguientes conclusiones:

“...este Tribunal considera que lo único que podemos encontrar en la Constitución de manera expresa, son previsiones constitucionales que de manera positiva establecen obligaciones para el Estado de promocionar y hacer normativamente efectivos los derechos relacionados con la vida, por ejemplo el artículo 4o. de la Constitución, que contiene previsiones relacionadas con la salud, el medio ambiente, la vivienda, a la protección a la niñez, a la alimentación y el artículo 123 que contiene disposiciones específicas para el cuidado de las mujeres en estado de embarazo y parto.”

De esta manera, el máximo tribunal del país hizo notar la falta de claridad del texto constitucional y la necesidad de legislar en esta materia, a fin de explicitar el Derecho a la Vida y establecer con precisión sus alcances, particularmente, el momento a partir del cual debe tutelarse la vida de un ser humano, a saber, a partir del momento de la concepción.

Cabe apuntar que, como resultado de esta interpretación, se estableció el siguiente criterio jurisprudencial número P./J. 14/2002, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

Derecho a la vida del producto de la concepción. Su protección deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de las leyes federales y locales. Si se toma en consideración, por un lado, que la finalidad de los artículos 4o. y 123, apartado A, fracciones V y XV, y Apartado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la exposición de motivos y los dictámenes de las comisiones del Congreso de la Unión que dieron origen a sus reformas y adiciones, de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, y treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, respectivamente, es la procuración de la salud y el bienestar de los seres humanos, así como la protección de los derechos de la mujer en el trabajo, en relación con la maternidad y, por ende, la tutela del producto de la concepción, en tanto que éste es una manifestación de aquélla, independientemente del proceso biológico en el que se encuentre y, por otro, que del examen de lo previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, aprobados por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, respectivamente, cuya aplicación es obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la propia norma fundamental, se desprende que establecen, el primero, la protección de la vida del niño tanto antes como después del nacimiento y, el segundo, la protección del derecho a la vida como un derecho inherente a la persona humana, así como que del estudio de los Códigos Penal Federal y Penal para el Distrito Federal, y los Códigos Civil Federal y Civil para el Distrito, se advierte que prevén la protección del bien jurídico de la vida humana en el plano de su gestación fisiológica, al considerar al no nacido como alguien con vida y sancionar a quien le cause la muerte, así como que el producto de la concepción se encuentra protegido desde ese momento y puede ser designado como heredero o donatario, se concluye que la protección del derecho a la vida del producto de la concepción, deriva tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como de los tratados internacionales y las leyes federales y locales.” 7

En ese tenor, nuestro Tribunal Constitucional ha reconocido la existencia del Derecho a la Vida desde la concepción, y en una interpretación sistemática afirma que tanto la Constitución como las leyes, dan derechos al no nacido, entre ellos, el ser designado como heredero o donatario.

Por consiguiente, dado que la evidencia científica, los razonamientos jurídicos e incluso filosóficos, establecen claramente la preeminencia del derecho a la vida, se requiere su reconocimiento expreso por el derecho positivo interno, pues aunque en el derecho internacional se reconoce el derecho a la vida por diversos instrumentos que son vinculantes para el Estado mexicano, la ausencia de un elemento escrito en el derecho nacional propicia un sistema legal sujeto a interpretaciones que no necesariamente se apegan al respeto de la dignidad humana y que dejan sin protección a los no nacidos.

Sobre el particular, cobra relevancia la opinión del doctor Jorge Adame Goddard, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el sentido siguiente: “Enmendar la Constitución para que se ajuste a lo dictado por el derecho internacional e impedir toda posibilidad de suspender la vida, sin duda, será un gran avance para todos los mexicanos”.

Así lo han hecho otros países de Latinoamérica, como es el caso de Chile, al establecer dentro de su Constitución el derecho a la vida desde la concepción, en los siguientes términos:

Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:

1. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer...

En Argentina, recientemente los medios de comunicación dieron noticia de los esfuerzos legislativos y de la sociedad civil para proteger la vida del niño no nacido. 8

En nuestro país, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor en junio de 2011, se colocó en el centro de la actuación del Estado mexicano la protección y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que han sido ratificados.

Esto en atención a que dicha reforma estableció como principio interpretativo el principio pro personae, el cual supone que, en caso de contradicción entre lo contenido en la Constitución y en los tratados internacionales, se debe aplicar la norma que más favorezca a la persona, sin que eso implique que un ordenamiento prevalecerá definitivamente sobre otro. Conforme a la propia Constitución, todas las normas de derechos humanos se deberán interpretar de manera que favorezcan la mayor protección para la persona.

Por consiguiente, si tal como se ha expuesto, nuestra Constitución no reconoce el derecho a la vida como lo hacen los diversos tratados internacionales obligatorios para México, existe la necesidad de adecuarla a las disposiciones internacionales para otorgar certeza jurídica y brindar la adecuada protección a los seres humanos no nacidos.

Ahora bien, no pasa inadvertido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado al interpretar el numeral 4.1. de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que el enunciado normativo que tutela el derecho a la vida a partir de la concepción, va seguido de la expresión “en general”, lo que permite inferir que “excepciones” a esa regla. En efecto dicho precepto dispone:

“4.1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

Empero, como cualquier tipo de excepciones, éstas deberán examinarse en lo particular y en cada caso específico. Además, en cualquier caso, el reconocimiento o establecimiento de casos de excepción no puede ser arbitrario, pues no puede soslayarse que el propio dispositivo remata la hipótesis señalando: “Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

Partiendo de tales consideraciones, no se considera apropiado ni adecuado establecer en el texto constitucional excepciones que deban ser observadas por todos los gobiernos estatales y de la Ciudad de México, pues entonces se caería en el yerro de generalizar casos de excepciones que, por su misma naturaleza, deben ser excepcionales y regularse conforme a las circunstancias específicas y particulares de cada entidad federativa.

En mérito de lo anterior, la propuesta sólo explicita en el texto constitucional el derecho a la vida a partir de la concepción, y establece la posibilidad de regular en cada entidad federativa los casos de excepción —tal como ya ocurre en la actualidad—, retomando así la misma fórmula prevista en los tratados internacionales.

En efecto, hoy en día, prácticamente todos los códigos penales del país, ya contemplan algunos supuestos excluyentes de responsabilidad, esto es, hipótesis específicas y excepcionales en las que no será penalizada la interrupción del embarazo o aborto.

Esos casos de excepción generalmente responden a casos dramáticos de violación o en los que peligra la vida de la madre.

Consecuentemente, será responsabilidad de cada entidad federativa vigilar que los supuestos de excepción al derecho a la vida a partir de la concepción, efectivamente responde a una realidad o exigencia social y no se torna en una hipótesis gratuita, arbitraria o caprichosa.

Sobre el particular, es conveniente hacer notar que el argumento relativo a que legalizando el aborto disminuyen los casos de mortalidad materna porque ya no se practican clandestinamente sino en ambientes médicamente controlados, no es del todo cierto, pues a diez años de haberse aprobado la legalización del aborto en la Ciudad de México, ni la tasa de mortalidad materna ni la clandestinidad de los abortos han disminuido. De hecho, 10.7 por ciento de las muertes maternas en la ciudad son por abortos, en tanto que el promedio nacional es de 9.2 por ciento.

En estos diez años, de acuerdo con las autoridades sanitarias, se han realizado poco más de 175 mil abortos, y estudios de organizaciones civiles estiman más de un millón quinientos mil abortos.

La clandestinidad sigue ahí, porque uno de los graves problemas es que muchas jóvenes sienten vergüenza o quieren ocultarlo a sus padres y amistades, y al saber que el aborto es legal, asumen que realizarlo no está mal y buscan una opción clandestina. De hecho, paradójicamente, legalizar el aborto puede llevar a un incremento en la clandestinidad.

A manera de conclusión, me permito citar algunos fragmentos de la incitativa que trajo como consecuencia el reconocimiento del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural en la Constitución Política para el estado de Guanajuato, párrafos que coinciden esencialmente con lo señalado en la presente iniciativa:

“Desde la concepción hasta la muerte natural, el derecho a la vida debe destacar en un sistema democrático y toda autoridad legítima se debe fundamentar en ellos ya que, su violación quebranta el Estado de Derecho y restringe la libertad.

La ciencia médica ha demostrado que en un óvulo fecundado hay una nueva vida humana, pues nada sucede a lo largo de la gestación que modifique o complemente su esencia.

El genoma humano demuestra que la niña o el niño concebidos son seres humanos diferentes de la madre no meros apéndices.

El embrión, tanto desde el punto de vista biológico como filosófico contiene a todo el ser humano en potencia. Si al embrión se le permite desarrollarse normalmente será un niño o niña y luego un adulto”.

IV. Fundamento legal

Lo constituyen el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mismos que quedaron precisados desde el inicio de este documento.

V. Denominación del proyecto de ley o decreto

También fue precisado al inicio de este documento y lo es “proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para consagrar el derecho a la vida a partir de la concepción”.

VI. Ordenamientos a modificar

Como lo indica el título referido, lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .

VII. Texto normativo propuesto

En mérito de lo anterior, se somete a consideración de ese Honorable Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas...

Todas las autoridades...

Está prohibida la...

Queda prohibida toda...

VIII. Artículos Transitorios

Sobre el particular, se proponen los siguientes:

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México deberán realizar las adecuaciones que correspondan a sus Constituciones locales en un plazo máximo de seis meses a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

IX, X y XI. Lugar, fecha, nombre y rúbrica de los iniciantes

Notas

1 Castillo, Carlos.(2003) La apuesta por el mañana. Fundación Rafael Preciado Hernández, AC. México, páginas 20-21.

2 Ejemplo de ello es la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formulado por el Diputado Enrique Alejandro Flores Flores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Gaceta Parlamentaria 28 de junio de 2014; y la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Joann Novoa Mossberger, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Gaceta Parlamentaria 25 de noviembre de 2010, con las cuales se coincide sustancialmente.

3 El inicio de la vida, parte 1, consultable en

http://www.encontrandoelcamino.net/camino/aborto/inicio_de-la-vi da1.htm

4 Clara Leujene, doctor Leujene. El amor a la vida , Editorial Palabra, Madrid 1999, páginas 47-50.

5 Argumentos sobre la mesa en el debate sobre el aborto 19 de enero de 2015, Emol.com, consultable en

https://www.emol.com/noticias/Tendencias/2015/01/19/741273/Argum entos-sobre-la-mesa-en-el-debate-sobre-el-aborto.html

6 Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha construido el concepto de “Control de Convencionalidad” para enfatizar que la validez de los actos y las leyes de los Estados debe examinarse no sólo atendiendo al “texto” del tratado internacional, sino también a la interpretación que ha hecho la propia Corte respecto de ese tratado. Luego entonces, nuestra Constitución Federal no es el último parámetro de control, sino el sistema internacional de protección de derechos humanos.

7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo XV, febrero de 2002, página 588.

8 Rivas Molina Federico, El Senado de Argentina dice “no” al aborto, El País, Sección Internacional, 9 de agosto de 2018, consultable en

https://elpais.com/internacional/2018/08/08/argentina/1533714679 _728325.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2021.– Diputado Jorge Arturo Espadas Galván (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Educación; y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de violencia escolar, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo y el diputado Ismael Alfredo Hernández Deras, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción II Bis al artículo 74; la fracción XVI Bis al artículo 115 y una fracción II Bis al artículo 128 de la Ley General de Educación; y se adiciona la fracción V al artículo 59 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de violencia escolar, con la siguiente:

Exposición de Motivos

La presente iniciativa fue presentada por los diputados René Juárez Cisneros, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Ismael Alfredo Hernández Deras y la suscrita Ana Lilia Herrera Anzaldo en la legislatura pasada, misma que quedó pendiente de ser dictaminada por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Dicha iniciativa propone diversas reformas en favor de la niñez y adolescencia en materia de violencia escolar, por ello es necesario que esta propuesta vuelva a ser presentada en esta LXV Legislatura para su estudio y valoración.

La educación constituye un derecho fundamental de la población, que impulsa el desarrollo, contribuye al crecimiento económico y al progreso de la sociedad en su conjunto, además de ser uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza, mejorar la salud, lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad.

Asimismo, representa la vía para construir una sociedad más justa, democrática e incluyente, por lo que estos valores deben permear en la actividad de los planteles educativos y hacerse realidad cotidiana en cada aula. En este contexto, es un instrumento de la mayor trascendencia para adquirir conciencia, valores y actitudes, técnicas y comportamiento ecológicos y éticos en consonancia con el desarrollo sostenible y que favorezcan la participación pública efectiva en el proceso de adopción de decisiones.

Pese a lo anterior, los alumnos enfrentan diversas problemáticas que limitan su pleno desarrollo y atentan contra su propia integridad, entre las que destacan la violencia escolar, fenómeno que se ha agudizado durante los últimos años a nivel mundial.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco): “La violencia en el ámbito escolar es una realidad que deniega cada día a millones de niños y jóvenes el derecho humano fundamental de la educación”. 1

El acoso escolar comúnmente se entiende como todas aquellas agresiones físicas o verbales por parte de uno o más estudiantes. La Secretaría de Educación Pública, desde el sexenio anterior, señaló que: “El acoso escolar es una forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja o inferioridad”.

Puede causar daños físicos, sociales o emocionales en quienes lo sufren. Los estudiantes que son víctimas de acoso escolar no suelen defenderse, al principio creen que ignorando a sus agresores, el acoso se detendrá. Tampoco suelen decir a sus padres y maestros que están siendo acosados por temor. Por ello es necesario generar en la familia apertura para que los hijos nos cuenten lo que ocurre en la escuela e intervenir para detenerlo”. 2

La violencia escolar, entendida como violencia contra los niños y niñas en las escuelas y otros entornos educativos, según el Informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas del Secretario General de las Naciones Unidas, (Pinheiro, 2006), integró el acoso escolar como una categoría de análisis para todas las regiones del planeta, lo que ha legitimado su uso universal. 3

La violencia escolar es un fenómeno que puede provocar cuadros depresivos o estados de ansiedad en los alumnos, lo cual dificulta su integración en el medio escolar y en la adquisición de aprendizajes y en casos extremos puede conllevar al suicidio y homicidio.

A pesar de su trascendencia, todavía existen perspectivas diferentes en torno a la concreción teórica y conceptual de dicho tema. Autores como Isabel Fernández clasifican la violencia escolar en dos grupos: 1. Agentes exógenos, que son decisivos en la formación de la personalidad de los estudiantes y están alejados de la acción directa de las escuelas. Los más relevantes son el contexto social, las características de la familia y el impacto de los medios de comunicación; 2. Agentes endógenos (contacto directo), que se encuentran en el interior de la escuela, tales como el clima escolar, las relaciones interpersonales y las características personales de cada alumno. 4

Alejandro Castro Santander y Moreno Olmedilla aluden que para entender la violencia escolar debemos considerar todas las conductas antisociales que se presentan en la escuela, que aunque no todas forman parte de la clasificación de la violencia interpersonal, son conductas que pueden producir innumerables conflictos y, por consiguiente ser precursores de conductas violentas, incluyendo maltrato, abuso y acoso, o en situaciones más drásticas la muerte de los alumnos. 5  A continuación, se describen:

Disrupción en las aulas

Puede interpretarse como un conjunto de conductas inapropiadas de los alumnos en las aulas, tales como: falta de cooperación y mala educación, insolencia, desobediencia, provocación, agresión, hostilidad, abuso, impertinencia y amenazas. Se incluyen las estrategias para obligar a los docentes a que nuevamente expliquen los contenidos con ánimo de retrasar la tarea, hacer preguntas absurdas, vestir ropas u objetos grotescos, demostrando expresiones desmesuradas de aburrimiento, entre otras.

Indisciplina escolar

Se presentan comúnmente como conflictos en la relación entre el docente y el alumno. Se trata de conductas que implican un mayor o menor componente de violencia, desde la resistencia o boicot pasivo hasta el desafío o el insulto activo al maestro o profesor, que puede desestabilizar la vida cotidiana en el aula. No se debe olvidar que, en algunas ocasiones, las agresiones son del docente al alumno y no lo opuesto, pero lo habitual es que se registre hipersensibilidad a las agresiones verbales, insultos explícitos de los alumnos a los maestros, por lo que se presume que agresiones que preanuncian problemas más graves en el futuro si no se detienen a tiempo.

Discriminación

Constituye el primer paso de la violencia y a la vez opera como una forma de actitud de futuras conductas violentas. Las actitudes de intolerancia adoptan en las escuelas distintas expresiones, algunas más visibles y otras aceptadas en forma implícita por los docentes y directivos. Discriminación por género, condición socioeconómica, rasgos étnicos y culturales, preferencia sexual, religión, entre otras.

Acoso o maltrato entre compañeros ( bullying)

Es una manifestación de violencia escolar que consiste en una combinación de intimidación y acoso. Se trata de procesos en los cuales uno o más de alumnos acosan e intimidan a otros mediante insultos, vejaciones, aislamiento social, motes, etcétera.

Su característica principal consiste en que es un comportamiento repetitivo de hostigamiento e intimidación, cuyas consecuencias suelen ser el aislamiento y la exclusión social de la víctima. Se habla de bullying cuando se cumplen al menos tres de los siguientes criterios:

-La víctima se siente intimidada.

-La víctima se siente excluida.

-La víctima percibe al agresor como más fuerte.

-Las agresiones son cada vez de mayor intensidad.

-Las agresiones suelen ocurrir en privado.

-El acoso va acompañado de una “ley del silencio”.

Vandalismo o violencia contra los bienes de la escuela

Refiere al espíritu de destrucción que guía a algunos alumnos en contra de los bienes inmuebles de la escuela: mesas, ventanas, pupitres, baños, paredes y armarios; grafitis obscenos, amenazantes o insultantes. Son las agresiones que generalmente cometen grupos de alumnos con el fin de producir de forma voluntaria daños materiales.

Acoso sexual

El acoso sexual es la práctica donde una persona transgrede o viola la intimidad de la otra. En la escuela, el acoso sexual puede ser un resultado de palabras o conducta sexual que ofenda, marque con estigma, degrade, de miedo, o amenace por cuestiones de sexo.

Bajo esta perspectiva, hay manifestaciones de la violencia escolar que, por su naturaleza, son fácilmente observables como la indisciplina, la disrupción, el maltrato físico a los compañeros o el vandalismo contra las propiedades o las pertenencias. En cambio, el acoso sexual, el bullying y las manifestaciones de maltrato psíquico y emocional son más difíciles de identificar.

Lo que es una realidad es que hoy persiste un grave problema en el entorno escolar. La creciente violencia escolar se ha comenzado a estudiar como respuesta a su crecimiento exponencial, específicamente el maltrato e intimidación que se manifiesta cotidianamente, entre niños, niñas y adolescentes. Este comportamiento violento se da con la intención de dañar a otras personas; es persistente y repetitivo ya que puede durar, semanas, meses o incluso años.

Es un problema multifactorial que promueve la humillación, descalificación, burla, ridiculización, negligencia y abandono emocional, afectando así el aprendizaje, crecimiento y pleno desarrollo de los alumnos.

Para poner en su justa dimensión esta problemática, basta señalar que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), casi un tercio de los adolescentes del mundo han sufrido acoso escolar recientemente. Los nuevos datos muestran que el acoso afecta a jóvenes de todas partes, en todas las regiones y en países con diferentes niveles de ingreso. 6

Se estima que 246 millones de niñas y niños sufren violencia de género relacionada con el entorno escolar. 7 Según dicho organismo, los niños corren un riesgo ligeramente superior de acoso que las niñas. Los datos —que no abarcan violencia sexual ni otras modalidades de género- indican que más del 32 por ciento de los niños ha sufrido acoso escolar, cifra que en las niñas alcanza un 28 por ciento, pero en los países donde el acoso es más frecuente, las niñas son más vulnerables.

Otros de los hallazgos importantes de la Unesco son que la condición de inferioridad socioeconómica es el principal indicador para predecir si un joven de un país desarrollado padecerá acoso en la escuela; además que, en los países desarrollados, los jóvenes inmigrantes son más propensos a sufrir acoso escolar que sus coetáneos nativos.

México no es ajeno a esta grave problemática. Conforme a la organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica, ya que afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas. 8 Conforme a los resultados de la prueba PISA 2015, el 20 por ciento de los estudiantes en nuestro país sufren de algún tipo de violencia por parte de sus compañeros.

En este mismo orden de ideas, el entonces Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en 2019: “Promover prácticas escolares de participación entre los estudiantes para hacer de la escuela un espacio de convivencia libre de violencia”, subrayaba que en los niveles de primaria y educación media superior, aproximadamente una tercera parte de estudiantes reporta haber sufrido agresiones verbales; mientras que más de 66 por ciento de los alumnos de segundo grado de secundaria reportó haber sido objeto de burlas y apodos ofensivos por parte de sus compañeros. 9

En el informe 2018, “La educación obligatoria en México”, el instituto concluía que una escuela con altos niveles de violencia no se puede considerar de calidad. Además, diversos estudios internacionales afirman que los estudiantes víctimas de acoso escolar son más propensos a tener dificultades académicas.

Y por último, en su informe 2019, antes de ser disuelto por la actual administración, señaló que la violencia es un tema presente en las aulas y en las escuelas, aunque afortunadamente, no está generalizada; la del tipo verbal es la más recurrente en las escuelas a través de insultos, burlas o apodos ofensivos; por ejemplo, 4 de cada 10 estudiantes de primaria y secundaria reportaron que hubo insultos entre compañeros. Por otra parte, se identificó que 6 de cada 10 estudiantes de segundo grado de secundaria afirmaron haber sido objeto de burlas y recibir apodos ofensivos. 10

Por otro lado, la Consulta Infantil y Juvenil del Instituto Nacional Electoral (INE, 2019) revela que se presentaron datos relevantes en cuanto a la percepción de la seguridad por parte de niños y jóvenes —entre seis y diecisiete años—, que además fueron consistentes con la percepción de adultos. En el inciso de incidencia de violencia según su entorno, las niñas y niños de entre seis y nueve años refirieron en mayor medida afrontar violencia en el hogar (59.3 por ciento), mientras que 53.4 por ciento del grupo de entre diez y diecisiete años dijo enfrentarla en la escuela. 11

De igual forma, 34 por ciento de los alumnos entre catorce y diecisiete años manifestó vivir violencia en las calles. Tales datos se han mantenido constantes desde la consulta de 2015. En cuanto a la violencia escolar, es interesante observar que la incidencia es mayor en escuelas privadas: 23.3 por ciento contra 21.3 por ciento en edades de seis a nueve años, y se mantiene en una media de 13 por ciento en edades de diez a diecisiete años en escuelas privadas y oficiales.

El promedio nacional en la percepción de inseguridad en la escuela es de 31.5 por ciento en general (INE, 2019), es decir 2 de 10 niños se sienten inseguros en la escuela y 2 de 10 niños quisieran cambiar de escuela. De acuerdo con estos datos la percepción de inseguridad para los menores de nueve años está en el hogar, aunque a la vez lo identifican como el lugar de mayor confianza, y a partir de los diez años la escuela se considera el lugar de mayor violencia, en ambos casos con mayor prevalencia entre mujeres.

El acoso escolar es una realidad: un problema con el que se enfrentan miles de niños y que tiene consecuencias en su desarrollo personal y rendimiento escolar. Ante esta situación, cabe preguntarse ¿cómo cambiar la percepción de seguridad escolar en un entorno donde los alumnos carecen de elementos formativos y éticos que les permitan ser mejores ciudadanos?

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda medidas prioritarias para combatir la violencia y el acoso escolar, reforzando el liderazgo, promoviendo la concienciación sobre los riesgos de violencia escolar, estableciendo alianzas e involucrando a niños y adolescentes en la enseñanza y la buena convivencia.

Pese a los avances en la materia, el Estado mexicano aún cuenta con grandes retos, por lo que resulta indispensable fortalecer las políticas públicas para combatir y erradicar la violencia y el acoso escolar en todas las escuelas de educación básica y media superior.

Para que las políticas públicas implantadas por el gobierno puedan tener un efecto positivo en la disminución de problemas, es necesario que las instituciones con capacidad de recopilar información al respecto cuenten con el apoyo de la administración federal. Esta información será indispensable para estudios que permitan enfocar las acciones a disminuir y prevenir estos actos.

Ante este panorama, el desaparecido Instituto Nacional Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación señalaba que: “Para lograr escuelas libres de violencia deben fortalecerse las estrategias dirigidas a la construcción de una convivencia pacífica, inclusiva y democrática.

Para establecer estos ambientes, se requiere que la escuela transite hacia una cultura organizativa y democrática basada en la equidad; asegurar la funcionalidad y efectividad de los espacios de participación de los estudiantes para garantizar que su voz se escuche e incida en la toma de decisiones en el aula y en la escuela; así como abordar el conflicto a través del diálogo como una oportunidad formativa.” 12

Asimismo, se recomendó, en el documento denominado “Reglamentos escolares con perspectiva de derechos, que aporten a una convivencia sana y respetuosa”, se incluyan la perspectiva de derechos, los valores democráticos, así como el principio del interés superior de niñas y niños. Y subraya la importancia de la participación informada de los diferentes actores de la comunidad en el proceso de construcción del reglamento escolar.

En síntesis, existe consenso entre los especialistas en la prioridad de garantizar que todos los niños y jóvenes tengan acceso a ambientes de aprendizaje seguro, inclusivo y sano.

La Convención sobre los Derechos del Niño establece, en el artículo 2o., que los Estados parte respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la de cual sea su condición. 13 Menciona que reconocer los derechos del niño, resulta indispensable para su pleno desarrollo, personalidad y armonía, creciendo en el seno de una familia de libertad, igualdad y solidaridad.

La educación es un factor de primera relevancia para erradicar la desigualdad, la inseguridad y fortalecer la formación cívica y ética, por lo que es primordial que la escuela se convierta un espacio formativo de calidad que contribuya al desarrollo de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores en torno al ejercicio de una ciudadanía democrática ante los retos que impone el siglo XXI.

Para lograr lo anterior, es fundamental impulsar políticas públicas orientadas a la mejora de la convivencia social y escolar, la prevención y atención a la violencia, que contribuyan al desarrollo pleno e integral de los alumnos.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adicionan la fracción II Bis al artículo 74; la fracción XVI Bis al artículo 115 y una fracción II Bis al artículo 128 de la Ley General de Educación; y se adiciona la fracción V al artículo 59 de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, en materia de violencia escolar

Artículo Primero. Se adicionan la fracción II Bis al artículo 74, la fracción XVI Bis al artículo 115 y una fracción II Bis al artículo 128 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 74. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, promoverán la cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad, donde se involucren los educandos, los docentes, madres y padres de familia o tutores, así como el personal de apoyo y asistencia a la educación, y con funciones directivas o de supervisión para prevenir y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar.

I. y II. ...

II Bis. Diseñar y establecer una estrategia para la prevención, detección y atención de la violencia o maltrato escolar en las escuelas públicas y privadas de educación básica y educación media superior.

III. a IX. ...

...

Artículo 115. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 113 y 114, corresponde a las autoridades educativas federal, de los estados y Ciudad de México, de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. a XVI. ...

XVI Bis. Formular y desarrollar estrategias para la prevención, detección y atención de la violencia o maltrato escolar en las escuelas públicas y privadas de educación básica y educación media superior.

XVII. a XXIII. ...

...

...

Artículo 128. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

I. y II. ...

II Bis. Participar en la formulación y desarrollo de estrategias que promuevan la convivencia escolar en las instituciones educativas y colaborar en la prevención, detección y atención de la violencia o maltrato escolar.

III. a XI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo no mayor a 60 días a partir de la publicación del presente decreto, los Congresos de las entidades federativas realizarán la debida adecuación de las leyes correspondientes de conformidad con lo establecido en esta ley.

Tercero. En un plazo no mayor a 60 días a partir de la publicación del presente decreto la Secretaría de Educación Pública, en su calidad de autoridad educativa federal, en coordinación con las autoridades educativas locales, deberá establecer una estrategia para la prevención, detección y atención de la violencia o maltrato escolar en las escuelas públicas y privadas de educación básica y educación media superior.

Artículo Segundo: Se adiciona la fracción V al artículo 59 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación permanentes donde participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela.

Para efectos del párrafo anterior, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, y las instituciones académicas se coordinarán para:

I. a IV. ...

V. Establecer en coordinación con las autoridades educativas, una estrategia para la prevención, detección y atención de la violencia o maltrato escolar en las escuelas públicas y privadas de educación básica y educación media superior.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://es.unesco.org/themes/acoso-violencia-escolar

2 https://www.gob.mx/sep/articulos/acoso-escolar

3 file:///C:/Users/Poscentro/Downloads/54056-153737-1-PB.pdf

4 Isabel Fernández. Prevención de la violencia y resolución de conflictos. El clima escolar como factor de calidad. Tercera Edición, Madrid, España, 2001.

5 Alejandro Castro Santander. Violencia silenciosa en la escuela. Dinámica del acoso escolar y laboral. Buenos Aires. Primera edición, 2007, pp. 49-64.

6 https://es.unesco.org/news/nuevos-datos-revelan-que-mundo-cada-tres-ado lescentes-sufre-acoso-escolar

7 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368125

8 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/bullying-el-terror-escolar-en-m exico

9 Documento disponible en:

https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/02/P1C716.pdf. Consultado el 8 de febrero de 2020.

10 https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/04/P1I245.pdf

11 Consulta Publicada en abril 2019, Disponible en:

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2019/04/Resultados _Consulta_Infantil_y_Juvenil-2018.pdf página consultada el 10 de febrero de 2020.

12 https://www.inee.edu.mx/images/stories/2019/comunicados/ Comuni-cado24.pdf

13 www.unicef.org/argentina/spanish/7.Convencionsobrelosderechos.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2021.– Diputadas y diputados: Ana Lilia Herrera Anzaldo, Ismael Alfredo Hernández Deras, Eduardo Zarzosa Sánchez, Jazmín Jaimes Albarrán, Mariano González Aguirre, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Miguel Sámano Peralta, Navor Alberto Rojas Mancera, Paloma Sánchez Ramos, Sué Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentaio del PT

La que suscribe María Rosete Sánchez, diputada federal de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1, fracción, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los legisladores tenemos una deuda histórica con la población de la diversidad sexual.  De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) actualmente la comunidad Lésbico, Bisexual, Gay, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual, Queer (LGBTTTIQ+) ocupa la tercera causa de discriminación. Las personas trans y las personas gay y lesbianas son los dos grupos sociales a los que menos se les respetan sus derechos en el país, 1 por lo anterior, debemos asegurar y hacer tangible el derecho de estas minorías.

La encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de genero (Endosig) registró que la diversidad sexual es el grupo de población que enfrenta mayor rechazo, discriminación, exclusión y violencia por parte de la población. Aunado a lo anterior, las personas que forman parte de la comunidad LGBTTTIQ+ son rechazadas de manera constante en su núcleo familiar y social, sufriendo acoso y agresiones en las calles, así como obstáculos en los sistemas de educación, seguridad social, salud, vivienda y tratos discriminatorios en el mercado laboral, por lo que su detección preferente permitirá desarrollar programas y servicios que ayuden a prevenir y disminuir el alto riesgo que tienen de padecer trastornos de salud mental como lo son: ansiedad, miedo, autolesiones, depresión e incluso suicidio, garantizando su funcionamiento efectivo y promoviendo su bienestar.

México ocupa el octavo lugar entre los 10 países con mayor número de personas de la diversidad sexual, con el 6 por ciento de su población total. De acuerdo con la Encuesta LGBT+ Orgullo 2021 realizada vía electrónica a 19 mil 069 adultos con una edad promedio de entre los 16 y 74 años, el 11 por ciento de la población mexicana se consideró como no heterosexual, mientras que el 3 por ciento se consideró a un género distinto al masculino o femenino. 2

La salud mental es parte clave de la definición de salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el concepto de salud, como: “Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” 3

De lo anterior, la OMS define la salud mental como: “...un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”. 4

Los trastornos de salud mental generalmente suelen afectar el ánimo, pensamiento y comportamiento del individuo perjudicando su capacidad de funcionar normalmente en su vida cotidiana, relaciones y salud física, ejemplos de enfermedad de salud mental son los trastornos de ansiedad, de alimentación, depresión, comportamientos adictivos, etcétera...

Algunos signos y síntomas son: Sentimientos de tristeza o desánimo, capacidad reducida de concentración, cambios radicales de humor, baja energía y problemas de sueño, problemas con el uso de alcohol o drogas, cambios en los hábitos alimentarios, pensamiento suicida, exceso de enojo, entre otros.

Todas las personas son propensas a desarrollar un trastorno de salud mental derivado de factores biológicos, culturales, económicos, políticos, ambientales, sociales, así como experiencias de vida como traumas o abusos, estrés, estilo de vida como consumo de sustancias, pocos amigos o pocas relaciones saludables, entre otros.

Existen grupos poblaciones que debido a los factores distales como el estrés minoritario que sufren las personas de la diversidad sexual por el acoso, discriminación, la homofobia, bifobia y transfobia internalizada, estigma, prejuicio y expectativas de rechazo por parte de la población en general, así como los factores proximales que sufren como el autorechazo debido a las conductas de ocultamiento, provocan que dicho sector tenga mayores tasas de ansiedad, depresión, baja autoestima, autolesiones, suicidios y otras variantes del estado emocional y afectivo de las personas.

Asimismo, la falta de aceptación de los familiares de la comunidad LGBTTTIQ+ tiene un impacto en su salud mental, muestra de ello, es la interrupción de transición en las personas trans; quienes viven con VIH llegan a suspender su tratamiento por miedo a compartir el diagnostico a sus familiares, entre otras causas que llegan a provocar trastornos como depresión y ansiedad debido al rechazo familiar.

La Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género reveló que nueve de cada diez personas de la diversidad sexual tuvieron que esconder a sus familiares durante la adolescencia o antes, su orientación sexual y/o identidad de género debido a la discriminación y violencia. 5

Así también debido a la discriminación, acoso, hostilidad y violencia, la Endosig registró que los encuestados preferían abstenerse de:  mostrar afecto a su pareja en público (76.6 por ciento); expresar libremente su orientación sexual o identidad de género (75.4 por ciento); frecuentar algunos lugares (parques, negocios, etc) (49.8 por ciento) y asistir a eventos o actividades de su escuela y/o trabajo (37.1 por ciento).

Después de Brasil, México ocupa el segundo lugar de América Latina en crímenes de odio por homofobia; siete de cada 10 personas de la diversidad sexual son discriminados. 6 De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, de enero a mayo de 2021 se registraron 87 agresiones por identidad de género, 3 por ciento contra personas no binarias, 3 por ciento contra hombres trans, 8 por ciento contra mujeres, 39 por ciento contra hombres y 47 por ciento contra mujeres trans; las agresiones por orientación sexual se dividieron en 3 por ciento contra personas bisexuales, 11 por ciento contra lesbianas, 28 por ciento contra heterosexuales y 37 por ciento contra personas homosexuales.

Entre 2013 y mayo de 2021, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) brindó un total de 1092 atenciones a personas de la diversidad sexual, de las cuales 191 expedientes de queja fueron por actos de discriminación imputables a personas físicas o morales. 7

De acuerdo con el Proyecto de Monitoreo de Asesinatos Trans, México ocupa el segundo lugar en el mundo con mayor número de transfeminicidios. Por su parte, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT registró entre 2014 y 2020, 17 asesinatos de mujeres lesbianas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Informe Especial sobre Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos Cometidos por Homofobia, registró que durante los años de 1998 a 2008 se abrieron 696 expedientes por agravios a personas de la diversidad sexual, de las cuales 162 fueron por homicidios, registrándose un problema de discriminación en agravio de las personas de la comunidad LGBTTTI+. 8

Así también, la CNDH destacó que las personas de la diversidad sexual de manera frecuente son víctimas de discriminación, hostilidad, acoso, tortura, violencia, detenciones arbitrarias e incluso de asesinatos en todo el mundo. Datos de la Encuesta Sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (Endosig, 2018) determinaron que el 59.8  por ciento de la población encuestada de 16 años y más residentes en el territorio nacional que se autoidentificaron como transvestis, transgenero, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, se sintieron discriminados en su entorno familiar, social, laboral, educativo, medios de comunicación, instituciones gubernamentales y diversos espacios de socialización.

La Encuesta Diversidad y Talento LGBT en México registró que el 41 por ciento de las personas transexuales tiene estudios superiores y pese a ello tienen oportunidades limitadas para encontrar un empleo. Dos de cada tres miembros de la comunidad transexual no tienen experiencia laboral, comparado con el uno de cada dos de hombres gays sin experiencia laboral.

Las personas de la diversidad sexual reciben de manera frecuente comentarios, conductas y actitudes negativas en el ámbito social y laboral, así como un trato desigual en materia de oportunidades, ascensos, disfrute de beneficios y prestaciones en sus áreas de trabajo debido a su orientación sexual.

La baja aceptación de las personas LGBTTTIQ los coloca en riesgo de ser víctimas de discriminación, la falta de reconocimiento de derechos como contraer matrimonio, adoptar, someterse a cirugías para cambiar de sexo, usar baños de acuerdo a su identificación de género, así como la homofobia en sus distintos niveles, incide en el desarrollo de trastornos de salud mental como lo es, la ansiedad, depresión y el consumo frecuente de sustancias nocivas para la salud.

La Encuesta Sobre uso de Dogas en Población LGBT de 2015 realizada en México, registró que algunas de las razones que tenían las personas de la diversidad sexual para consumir drogas, fueron, para alejarse de la realidad, por soledad o depresión y para sentirse más seguro de sí mismos. 9

Por su parte, en la Encuesta Impacto Diferenciado de la Covid-19 en la comunidad LGBTI+ en México se reconoció que la orientación sexual, las variaciones congénitas en las características sexuales y la identidad de género, “son la razón determinante de diferentes actos de violencia y discriminación que son la base de la vulnerabilidad de personas LGBTI+ frente a la pandemia”. 10 Asimismo, en la citada encuesta se registró que el 24 por ciento de 4950 participantes de la diversidad sexual tenían pensamientos suicidas y el 7.25 por ciento mencionaron un intento suicida por causas de discriminación, violencia y el constante rechazo en el que viven tanto en su entorno familiar, como en otros espacios sociales.

La salud mental se genera en nuestra vida diaria, es esencial para el bienestar, permite la contribución y funcionamiento de cada persona y es un recurso importante que contribuye al capital humano, social y económico de la sociedad.

La Asamblea Mundial de la Salud aprobó en 2013 el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2020 de la OMS, reconociendo que un elemento necesario para el bienestar de todas las personas, es la salud mental. 11

La salud es un derecho humano que no puede estar sujeto a discriminación, la atención y detección preferente de las personas de la diversidad sexual ayudará a la creación de programas, servicios y tratamientos que atiendan los trastornos derivados de los actos de violencia, acoso, estigma social, discriminación, ansiedad, depresión, baja autoestima, autolesiones, suicidios y otras variantes del estado emocional y afectivo que las personas de la comunidad LGBTTTI+ suelen enfrentar de manera cotidiana.

Lo anterior, ya que en muchas ocasiones la atención para tratar los trastornos de salud mental de las personas de la diversidad sexual es de mala calidad, con tratamientos que suelen ser irrespetuosos o abusivos, muestra de ello, es la Encuesta Impacto Diferenciado de la Covid-19 en la comunidad LGBTI+ en México, en la que se registró que se minimizo la situación, padecimiento o condición médica de las personas de la comunidad LGBTTTI+, aumentando los casos donde se sugirió “curar su condición”,  vulnerando su dignidad humana y atentando contra el principio fundamental de igualdad y no discriminación como un derecho reconocido y protegido no sólo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también, en el derecho internacional.

Todo ser humano tiene derecho a vivir dentro de un estado de derecho, bajo la vigencia de un sistema jurídico normativo coherente y permanente, así como la no discriminación tal y como se consagra en los artículos 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2.1, 2.2. y 7, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; II, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1.6, de la Declaración del Milenio; 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.1, 26, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 2.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Nadie debe ser discriminado por su identidad de género, orientación sexual y expresión de género. El Estado tiene la obligación de proteger el derecho humano de las personas de la diversidad sexual en armonía con las normas internacionales a fin de salvaguardar la vida, el bienestar y la seguridad de la comunidad LGBTTTI+ con base en los principios de igualdad y no discriminación como elementos integrales de los derechos humanos y que exigen se preste atención especial a las minorías socialmente discriminadas.

A efecto de ilustrar de mejor manera la reforma que se propone, se presenta el siguiente:

Cuadro Comparativo

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto:

Decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma la fracción VIII, artículo 73 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 73. Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

I. a VII.

VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños, adolescentes, y personas de la diversidad sexual, y

IX.  ...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=listado_boletines& id_opcion=103&op=103&filtroAnio=2018

2 https://www.anda.cl/wp-content/uploads/2021/06/LGBT-Pride-2021-Global-Advisor-I psos.pdf

3 http://sw.ewok.cl/saludmental.cl/que-es-la-salud-mental/

4 Microsoft Word - PROMOCION DE SALUD MENTAL.DOC (who.int)

5 Resumen_Ejecutivo_ENDOSIG_16-05_2019.pdf (www.gob.mx)

6 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2010_ homofobia.pdf

7 https://www.copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-destaca-la-importancia- de-eliminar-la-discriminacion-violencia-y-crimenes-de-odio-hacia-la-comunidad-l gbttti

8 Informe Especial de la CNDH sobre Violaciones a los Derechos Humanos y Delitos Cometidos por Homofobia. | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México

9 https://insade.org.mx/wp-content/uploads/2020/04/Resultados-En-cuesta-LGBT-2015 .pdf

10 https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Encuesta-Impacto-diferenciado-de-l a-covid19-en-la-comunidad-lgbttti-en-Mexico.pdf

11 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/978924350 6029_spa.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro a 30 de noviembre de 2021.– Diputadas: María Rosete Sánchez, Sandra Simey Olvera Bautista, Reyna Celeste Ascencio Ortega (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los suscritos, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, fracción I y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Perspectivas teóricas

De acuerdo con el doctor Jorge Balbis, puede definirse a la participación ciudadana como “toda forma de acción colectiva que tiene por interlocutor a los estados y que intenta —con éxito o no— influir sobre las decisiones de la agenda pública”. 1 Asimismo, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados refiere que se pueden conceptualizar dos vertientes de las formas de participación ciudadana: “una que se refiere a la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones” y otra la que “enfatiza la toma de posición de un individuo independientemente de su poder de intervención en las decisiones públicas”. 2 En este tenor, la participación ciudadana es fundamental en las democracias modernas.

Por su parte, de acuerdo con el académico Enoc Morán, la consulta popular puede ser definida como un mecanismo que ayuda a fortalecer la democracia directa. Asimismo, Morán refiere que la finalidad de la consulta popular en México es “fortalecer la participación del ciudadano en el ámbito público más allá de su excluyente intervención, reducida en muchos de los casos al acto volitivo de la emisión del sufragio”. 3

Sin embargo, las últimas consultas populares realizadas en nuestro país han sido fuertemente criticadas por académicos como Jesús Silva Herzog pues las preguntas de éstas así como las consecuencias de la votación dentro de dichos ejercicios resultaron ser poco claras. 4

En este sentido, el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier Quetzalcóatl Tapia, apuntó en el texto Sobre la práctica de las consultas populares que “las consultas tampoco deben satanizarse, sino reglamentarse con rigor metodológico y perfeccionarse como consecuencia de los cambios en la política nacional a corto, mediano y largo plazo, siempre privilegiando el interés general y fundamentalmente, el respeto a los derechos humanos”. 5 esto pues, de acuerdo con la perspectiva de Tapia, dicho mecanismo de toma de decisiones tiene más ventajas que cualquier otro ejercicio ciudadano. 6

En este tenor, resulta necesario que se facilite la activación del mecanismo de consulta popular a fin de que se pueda incentivar una democracia participativa con pleno respeto al marco legal vigente. Asimismo, es crucial que se puedan realizar consultas populares dentro del orden de gobierno municipal.

II. Problemática social

La consulta popular para cuestionar a la ciudadanía acerca de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no fue convocada por el Congreso de la Unión, por la ciudadanía o por el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto; asimismo, el Instituto Nacional Electoral (INE), órgano encargado de llevar dicho ejercicio no tuvo injerencia alguna en el proceso, por tanto, resulta evidente que se violentó lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 7

Posteriormente, el 1 de agosto de 2021 se llevó a consulta popular para “enjuiciar a los expresidentes” de nuestro país. En este ejercicio la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la pregunta para dicha consulta popular debía de ser la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. 8 Como es posible advertir, la pregunta realizada en dicha consulta popular es profundamente compleja y difícil de entender para la ciudadanía. Asimismo, los efectos de dicha consulta popular no son claros puesto que, en este caso en particular, no resulta evidente cuáles serán las consecuencias en caso de que una u otra respuesta obtenga la mayoría. En este sentido, es preciso que las preguntas realizadas en la consulta popular deben de ser claras, tanto en su contenido como en sus efectos, para toda la ciudadanía.

III. Derecho comparado

En Guatemala, el artículo 280 de la Constitución de la República Guatemala dispone que las reformas a la carta magna de este país deben de ser sometidas a consulta popular ante la ciudadanía. A la letra dicho artículo dispone lo siguiente:

“Artículo 280. Para cualquier otra reforma constitucional, será necesario que el Congreso de la República la apruebe con el voto afirmativo de las dos terceras partes del total de diputados. Las reformas no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificadas mediante la consulta popular a que se refiere el artículo 173 de esta Constitución. Si el resultado de la consulta popular fuere de ratificación de la reforma, ésta entrará en vigencia sesenta días después que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta”.

En este país de Centroamérica, la figura de la consulta popular tiene especial relevancia puesto que las modificaciones a la Constitución de aquel país son sometidas a votación de las y los ciudadanos.

Por su parte, en Chile, el artículo 129 de la Constitución establece el proceso para la realización de los plebiscitos, lo que en México se le denomina consultas populares. A la letra el artículo 129 de la Constitución Política de la República establece lo siguiente:

“ Artículo 129. La convocatoria a plebiscito deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a aquel en que ambas Cámaras insistan en el proyecto aprobado por ellas, y se ordenará mediante decreto supremo que fijará la fecha de la votación plebiscitaria, la que no podrá tener lugar antes de treinta días ni después de sesenta, contado desde la publicación de dicho decreto. Transcurrido este plazo sin que el Presidente convoque a plebiscito, se promulgará el proyecto que hubiere aprobado el Congreso.

El decreto de convocatoria contendrá, según corresponda, el proyecto aprobado por el Congreso Pleno y vetado totalmente por el Presidente de la República, o las cuestiones del proyecto en las cuales el Congreso haya insistido. En este último caso, cada una de las cuestiones en desacuerdo deberá ser votada separadamente en el plebiscito.

El Tribunal Calificador comunicará al Presidente de la República el resultado del plebiscito, y especificará el texto del proyecto aprobado por la ciudadanía, el que deberá ser promulgado como reforma constitucional dentro de los cinco días siguientes a dicha comunicación.

Una vez promulgado el proyecto y desde la fecha de su vigencia, sus disposiciones formarán parte de la Constitución y se tendrán por incorporadas a ésta”. 9

IV. Marco jurídico

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere en su artículo 35, fracción VIII, numeral 1o. que las consultas populares podrán ser convocadas por el Presidente de la República, 33 por ciento de las y los integrantes de cualquiera de las Cámara del Congreso de la Unión y un número de ciudadanos y ciudadanas equivalente a 2 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal. Textualmente dicho artículo refiere lo siguiente:

“Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

I. a VII (...).

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

c) Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional competencia de la Federación, los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan, en los términos que determine la ley

Con excepción de las hipótesis previstas en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión;

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes;

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares.

Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia;

5o. Las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción, se realizarán el primer domingo de agosto;

6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.

IX (...)” 10

Del precepto constitucional anteriormente citado, resulta evidente que las consultas populares, cuando éstas se apegan estrictamente al marco legal y constitucional vigente, pueden fungir como un eficiente mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Sin embargo, también es notorio que la activación de este mecanismo constitucional es profundamente compleja y ello desincentiva la participación de las y los ciudadanos en la vida pública de nuestro país. En este sentido, es necesario por un lado incentivar la participación ciudadana y, por otro lado, simplificar el proceso de activación del mecanismo de consulta popular.

Por su parte, la Ley Federal de Consulta Popular define a la consulta popular en su artículo 4 como:

“El instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional competencia de la Federación”. 11

Asimismo, el artículo 12 de la Ley Federal de Consulta Popular, establece que la consulta popular la podrá solicitar el Presidente de la República, 33 por ciento de las y los legisladores integrantes de cualquier Cámara del Congreso de la Unión y Las ciudadanas y los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, para el caso de temas de trascendencia nacional. Textualmente dicho artículo refiere lo siguiente:

“ Artículo 12. Podrán solicitar una consulta popular:

I. El Presidente de la República;

II. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, o

III. Las ciudadanas y los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, para el caso de temas de trascendencia nacional, y el mismo porcentaje de las personas inscritas en la lista nominal de electores correspondiente a la entidad o las entidades federativas que correspondan, en el supuesto de los temas relacionados con la trascendencia regional competencia de la Federación.

Los ciudadanos podrán respaldar más de una consulta popular, pero no procederá el trámite de las consultas que sean respaldadas por los mismos ciudadanos cuando éstos rebasen veinte por ciento de las firmas de apoyo. En este caso sólo procederá la primera solicitud.

La inobservancia de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior se resolverá conforme a las reglas previstas en el artículo 34, fracción IV de esta ley.

Cuando la petición provenga de cualquiera de los contemplados en las fracciones I y II del presente artículo estará sujeta a la aprobación de la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.”

En el ámbito local, el estado de Jalisco ha regulado la figura de la consulta popular vastamente en la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco. El artículo 97 de dicho ordenamiento refiere que la consulta podrá ser solicitada por 50 por ciento de los integrantes del Congreso local, el gobernador o gobernadora del estado, o por 0.05 por ciento de los habitantes de la demarcación territorial correspondiente.

“Artículo 97.

1. Consulta popular es el mecanismo mediante el cual los habitantes del  Estado, un municipio o demarcación territorial, expresan sus opiniones respecto a temas de carácter público o impacto social que son consultados por la autoridad correspondiente.

2. Cuando la consulta se dirija a temas relativos a los Poderes Ejecutivo o Legislativo podrá ser solicitada por el 50 por ciento de los integrantes del Congreso del Estado; el Gobernador del Estado; o por el 0.05 por ciento de los habitantes de la demarcación territorial correspondiente.

3. Cuando la consulta se dirija a temas relativos a los gobiernos municipales podrá ser solicitada por el 50 por ciento de los integrantes del ayuntamiento; o por el 0.05 por ciento de los habitantes de la demarcación territorial correspondiente”. 12

Como es posible apreciar, la regulación del estado de Jalisco establece requisitos sencillos para que la ciudadanía pueda acceder a este importante mecanismo de participación ciudadana.

V. Conclusiones

De acuerdo con Enoc Francisco Morán Torres, en el texto La consulta popular en México. Una propuesta para el fortalecimiento de su diseño institucional a partir de experiencias normativas latinoamericanas,se ha avanzado en la regulación de la consulta popular, sin embargo, aún es necesario hacer viable su operacionalización. Asimismo, el autor refiere que es preciso que las consultas populares no sean meramente reuniones en las que algunas personas levantan la mano y, mediante ello, se legitime la toma de decisiones sin una metodología clara y transparente. En este sentido, textualmente, Morán Torres reflexiona lo siguiente:

“La regulación de la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana en una ley específica mexicana fue un gran avance desde el punto de vista formal, aunque materialmente es y ha resultado insuficiente. Su diseño institucional, si bien posee aspectos interesantes e incluso novedosos para México, también cuenta con un entramado complejo y procesos administrativos que tornan inviable su operacionalización. Circunstancia que se agudiza ante la falta de la previsión presupuestal de recursos para su ejecución.

Aunado a lo anterior, ante los innumerables retos que vive el país y bajo la consideración de la visión del ejercicio del poder que impera en la élite política mexicana, la consulta popular representa una inmejorable oportunidad para involucrar realmente a la ciudadanía en la toma de las decisiones con trascendencia nacional y regional. Ello impedirá que continúe la práctica política imperante de llamar consulta popular a todo acto de reunión de personas en la que se les pregunta a mano alzada si están o no de acuerdo con determinado tema sin contar con mayor información que el discurso pronunciado, y que con esta práctica se pretendan legitimar las decisiones cuando dicha consulta carece de metodología y no cumple con los requisitos que el diseño institucional señala”. 13

Por lo anteriormente expuesto, resulta evidente que las consultas populares son un mecanismo relevante para la consolidación de la democracia participativa en nuestro país. Sin embargo, también es manifiesto que aún es posible mejorar la regulación de las consultas populares. Por ello, el objetivo de la presente iniciativa es que se faculte a los municipios a que puedan realizar consultas populares dentro de su orden de gobierno; que se establezca de manera explícita que las decisiones tomadas a través de las consultas populares no pueden ser bajo ningún motivo vinculantes para el Poder Judicial; que las pregunta objeto de la consulta popular sean clara para la ciudadanía; y que se reduzca el número de ciudadanos y ciudadanas que puedan solicitar la realización de una consulta popular al uno por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores.

Derivado de lo anterior, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma la fracción VIII, en su numeral 1o., inciso c); en su numeral 2o. y en su numeral 3o. en el artículo 35 y se adiciona en la fracción VIII, en su numeral 1o., un inciso d) así como un último párrafo al numeral 2o. del artículo 35, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

I. a VII (...).

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional , regional , municipal o de una Alcaldía, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión ;

c) Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al uno por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley ; o

d) Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia para un Municipio o Alcaldía, la ciudadanía en un número equivalente al uno por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores correspondiente a dicho Municipio o Alcaldía, en los términos que determine la Ley.

Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional competencia de la Federación, los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número equivalente, al menos, al uno por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan, en los términos que determine la ley

Con excepción de las hipótesis previstas en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión;

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes. El resultado de la consulta popular, en ningún caso, podrá ser vinculante para decisiones de carácter judicial.

Podrán participar en las consultas populares todas las personas mayores de 16 años;

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta . La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá verificar que la pregunta objeto de la consulta popular sea clara, así como implicaciones y consecuencias, resultado de la misma;

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares.

Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia;

5o. Las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción, se realizarán el primer domingo de agosto;

6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.

IX (...)

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los congresos de las entidades federativas, en un plazo no mayor a 180 días naturales, deberán de regular la consulta popular de trascendencia municipal a fin de garantizar la participación ciudadana efectiva con pleno apego a lo dispuesto en el presente decreto.

Notas

1 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. (2006). Participación Ciudadana. Cámara de Diputados. Recuperado de:

<http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comis iones/d_pciudadana.htm>

2 Ídem.

3 Morán, E. (2020). La consulta popular en México. Una propuesta para el fortalecimiento de su diseño institucional a partir de experiencias normativas latinoamericanas. Universidad de la Sabana. Recuperado de:

<http://www.scielo.org.co/pdf/dika/v29n2/2027-5366-dika-29-02 -501.pdf>

4 Silva Herzog, J. (2021). El engaño de la Corte. Reforma y Pulso SLP. Recuperado de:

<https://pulsoslp.com.mx/opinion/el-engano-de-la-corte/133751 2>

5 Tapia, J. (2021). Sobre la práctica de las consultas populares. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de:

<https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derech os/article/view/15355/16411>

6 Ídem.

7 Cohen, M. (2018). Legalidad de la consulta para la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Acedo Santamarina. Recuperado de:

<https://www.acsan.mx/legalidad-de-la-consulta-para-la-cancel acion-del-nuevo-aeropuerto-internacional-de-la-ciudad-de-mexico-naim/>

8 González, M. (2021). La consulta popular para enjuiciar a ex presidentes no alcanza el 8% de participación. El País. Recuperado de:

<https://elpais.com/mexico/2021-08-02/la-consulta-para-enjuic iar-a-expresidentes-agudiza-el-enfrentamiento-entre-lopez-obrador-y-el-ine.html >

9 Honorable Cámara de Diputadas y Diputados. (1980). Constitución Política de la República.  Honorable Cámara de Diputadas y Diputados.  Recuperado de:

<https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_chile.pdf>

10 Cámara de Diputados. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados.

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf>

11 Cámara de Diputados. (2014). Ley Federal de Consulta Popular. Cámara de Diputados. Recuperado de:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCPo_190521.pdf >

12 Congreso del Estado de Jalisco. (2019). Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco. Congreso del Estado de Jalisco.

13 Morán, E. (2020). La consulta popular en México. Una propuesta para el fortalecimiento de su diseño institucional a partir de experiencias normativas latinoamericanas. Universidad de la Sabana. Recuperado de:

<http://www.scielo.org.co/pdf/dika/v29n2/2027-5366-dika-29-02 -501.pdf>

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2021.– Diputada y diputado: Mirza Flores Gómez, Jorge Álvarez Máynez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 5o., 7o. y 12 de la Ley Federal de Consulta Popular, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los suscritos, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Perspectivas teóricas

De acuerdo con el doctor Jorge Balbis, puede definirse a la participación ciudadana como “toda forma de acción colectiva que tiene por interlocutor a los estados y que intenta —con éxito o no— influir sobre las decisiones de la agenda pública”. 1 Asimismo, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados refiere que se pueden conceptualizar dos vertientes de las formas de participación ciudadana: “una que se refiere a la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones” y otra la que “enfatiza la toma de posición de un individuo independientemente de su poder de intervención en las decisiones públicas”. 2 En este tenor, la participación ciudadana es fundamental en las democracias modernas.

Por su parte, de acuerdo con el académico Enoc Morán, la consulta popular puede ser definida como un mecanismo que ayuda a fortalecer la democracia directa. Asimismo, Morán refiere que la finalidad de la consulta popular en México es “fortalecer la participación del ciudadano en el ámbito público más allá de su excluyente intervención, reducida en muchos de los casos al acto volitivo de la emisión del sufragio”. 3

Sin embargo, las últimas consultas populares realizadas en nuestro país han sido fuertemente criticadas por académicos como Jesús Silva Herzog pues las preguntas de éstas así como las consecuencias de la votación dentro de dichos ejercicios resultaron ser poco claras. 4

En este sentido, el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier Quetzalcóatl Tapia, apuntó en el texto Sobre la práctica de las consultas populares que “las consultas tampoco deben satanizarse, sino reglamentarse con rigor metodológico y perfeccionarse como consecuencia de los cambios en la política nacional a corto, mediano y largo plazo, siempre privilegiando el interés general y fundamentalmente, el respeto a los derechos humanos”. 5 esto pues, de acuerdo con la perspectiva de Tapia, dicho mecanismo de toma de decisiones tiene más ventajas que cualquier otro ejercicio ciudadano. 6

En este tenor, resulta necesario que se facilite la activación del mecanismo de consulta popular a fin de que se pueda incentivar una democracia participativa con pleno respeto al marco legal vigente. Asimismo, es crucial que se puedan realizar consultas populares dentro del orden de gobierno municipal.

II. Problemática social

La consulta popular para cuestionar a la ciudadanía acerca de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no fue convocada por el Congreso de la Unión, por la ciudadanía o por el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto; asimismo, el Instituto Nacional Electoral, órgano encargado de llevar dicho ejercicio no tuvo injerencia alguna en el proceso, por tanto, resulta evidente que se violentó lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 7

Posteriormente, el 1 de agosto de 2021 se llevó a consulta popular para “enjuiciar a los expresidentes” de nuestro país. En este ejercicio la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la pregunta para dicha consulta popular debía de ser la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. 8 Como es posible advertir, la pregunta realizada en dicha consulta popular es profundamente compleja y difícil de entender para la ciudadanía. Asimismo, los efectos de dicha consulta popular no son claros puesto que, en este caso en particular, no resulta evidente cuáles serán las consecuencias en caso de que una u otra respuesta obtenga la mayoría. En este sentido, es preciso que las preguntas realizadas en la consulta popular deben de ser claras, tanto en su contenido como en sus efectos, para toda la ciudadanía.

III. Derecho comparado

En Guatemala, el artículo 280 de la Constitución de la República Guatemala dispone que las reformas a la carta magna de este país deben de ser sometidas a consulta popular ante la ciudadanía. A la letra dicho artículo dispone lo siguiente:

“Artículo 280 Para cualquier otra reforma constitucional, será necesario que el Congreso de la República, será necesario que el Congreso de la República la apruebe con el voto afirmativo de las dos terceras partes del total de diputados. Las reformas no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificadas mediante la consulta popular a que se refiere el artículo 173 de esta Constitución. Si el resultado de la consulta popular fuere de ratificación de la reforma, ésta entrará en vigencia sesenta días después que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta.”

En este país de Centroamérica, la figura de la consulta popular tiene especial relevancia puesto que las modificaciones a la Constitución de aquel país son sometidas a votación de las y los ciudadanos.

Por su parte, en Chile, el artículo 129 de la Constitución establece el proceso para la realización de los plebiscitos, lo que en México se le denomina consultas populares. A la letra el artículo 129 de la Constitución Política de la República establece lo siguiente:

“ Artículo 129. La convocatoria a plebiscito deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a aquel en que ambas Cámaras insistan en el proyecto aprobado por ellas, y se ordenará mediante decreto supremo que fijará la fecha de la votación plebiscitaria, la que no podrá tener lugar antes de treinta días ni después de sesenta, contado desde la publicación de dicho decreto. Transcurrido este plazo sin que el Presidente convoque a plebiscito, se promulgará el proyecto que hubiere aprobado el Congreso.

El decreto de convocatoria contendrá, según corresponda, el proyecto aprobado por el Congreso Pleno y vetado totalmente por el Presidente de la República, o las cuestiones del proyecto en las cuales el Congreso haya insistido. En este último caso, cada una de las cuestiones en desacuerdo deberá ser votada separadamente en el plebiscito.

El Tribunal Calificador comunicará al Presidente de la República el resultado del plebiscito, y especificará el texto del proyecto aprobado por la ciudadanía, el que deberá ser promulgado como reforma constitucional dentro de los cinco días siguientes a dicha comunicación.

Una vez promulgado el proyecto y desde la fecha de su vigencia, sus disposiciones formarán parte de la Constitución y se tendrán por incorporadas a ésta”. 9

IV. Marco jurídico

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere en su artículo 35, fracción VIII, numeral 1o. que las consultas populares podrán ser convocadas por el Presidente de la República, 33 por ciento de las y los integrantes de cualquiera de las Cámara del Congreso de la Unión y un número de ciudadanos y ciudadanas equivalente a 2 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal. Textualmente dicho artículo refiere lo siguiente:

“Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

I. a VII (...).

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se sujetarán a lo siguiente:

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

a) El Presidente de la República;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

c) Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional competencia de la Federación, los ciudadanos de una o más entidades federativas, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan, en los términos que determine la ley.

Con excepción de las hipótesis previstas en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes.

3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.

4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos. Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos sobre las consultas populares.

Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

5o. Las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción, se realizarán el primer domingo de agosto.

6o. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.

IX (...)”. 10

Del precepto constitucional anteriormente citado, resulta evidente que las consultas populares, cuando éstas se apegan estrictamente al marco legal y constitucional vigente, pueden fungir como un eficiente mecanismo de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Sin embargo, también es notorio que la activación de este mecanismo constitucional es profundamente compleja y ello desincentiva la participación de las y los ciudadanos en la vida pública de nuestro país. En este sentido, es necesario por un lado incentivar la participación ciudadana y, por otro lado, simplificar el proceso de activación del mecanismo de consulta popular.

Por su parte, la Ley Federal de Consulta Popular define a la consulta popular en su artículo 4 como:

“El instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional competencia de la Federación”. 11

Asimismo, el artículo 12 de la Ley Federal de Consulta Popular, establece que la consulta popular la podrá solicitar el Presidente de la República, 33 por ciento de las y los legisladores integrantes de cualquier Cámara del Congreso de la Unión y Las ciudadanas y los ciudadanos en un número equivalente, al menos, a dos por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, para el caso de temas de trascendencia nacional. Textualmente dicho artículo refiere lo siguiente:

“ Artículo 12. Podrán solicitar una consulta popular:

I. El Presidente de la República;

II. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, o

III. Las ciudadanas y los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, para el caso de temas de trascendencia nacional, y el mismo porcentaje de las personas inscritas en la lista nominal de electores correspondiente a la entidad o las entidades federativas que correspondan, en el supuesto de los temas relacionados con la trascendencia regional competencia de la Federación.

Los ciudadanos podrán respaldar más de una consulta popular, pero no procederá el trámite de las consultas que sean respaldadas por los mismos ciudadanos cuando estos rebasen el veinte por ciento de las firmas de apoyo. En este caso sólo procederá la primera solicitud.

La inobservancia de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior se resolverá conforme a las reglas previstas en el artículo 34, fracción IV de esta ley.

Cuando la petición provenga de cualquiera de los contemplados en las fracciones I y II del presente artículo estará sujeta a la aprobación de la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.”

En el ámbito local, el estado de Jalisco ha regulado la figura de la consulta popular vastamente en la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco. El artículo 97 de dicho ordenamiento refiere que la consulta podrá ser solicitada por 50 por ciento de los integrantes del Congreso local, el gobernador o gobernadora del estado, o por 0.05 el de los habitantes de la demarcación territorial correspondiente.

“Artículo 97.

1. Consulta popular es el mecanismo mediante el cual los habitantes del estado, un municipio o demarcación territorial, expresan sus opiniones respecto a temas de carácter público o impacto social que son consultados por la autoridad correspondiente.

2. Cuando la consulta se dirija a temas relativos a los Poderes Ejecutivo o Legislativo podrá ser solicitada por 50 por ciento de los integrantes del Congreso del estado; el gobernador del estado; o por 0.05 por ciento de los habitantes de la demarcación territorial correspondiente.

3. Cuando la consulta se dirija a temas relativos a los gobiernos municipales podrá ser solicitada por el 50 por ciento de los integrantes del ayuntamiento; o por el 0.05 por ciento de los habitantes de la demarcación territorial correspondiente”. 12

Como es posible apreciar, la regulación del estado de Jalisco establece requisitos sencillos para que la ciudadanía pueda acceder a este importante mecanismo de participación ciudadana.

V. Conclusiones

De acuerdo con Enoc Francisco Morán Torres en el texto La consulta popular en México. Una propuesta para el fortalecimiento de su diseño institucional a partir de experiencias normativas latinoamericanas,se ha avanzado en la regulación de la consulta popular, sin embargo, aún es necesario hacer viable su operacionalización. Asimismo, el autor refiere que es preciso que las consultas populares no sean meramente reuniones en las que algunas personas levantan la mano y, mediante ello, se legitime la toma de decisiones sin una metodología clara y transparente. En este sentido, textualmente, Morán Torres reflexiona lo siguiente:

“La regulación de la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana en una ley específica mexicana fue un gran avance desde el punto de vista formal, aunque materialmente es y ha resultado insuficiente. Su diseño institucional, si bien posee aspectos interesantes e incluso novedosos para México, también cuenta con un entramado complejo y procesos administrativos que tornan inviable su operacionalización. Circunstancia que se agudiza ante la falta de la previsión presupuestal de recursos para su ejecución.

Aunado a lo anterior, ante los innumerables retos que vive el país y bajo la consideración de la visión del ejercicio del poder que impera en la élite política mexicana, la consulta popular representa una inmejorable oportunidad para involucrar realmente a la ciudadanía en la toma de las decisiones con trascendencia nacional y regional. Ello impedirá que continúe la práctica política imperante de llamar consulta popular a todo acto de reunión de personas en la que se les pregunta a mano alzada si están o no de acuerdo con determinado tema sin contar con mayor información que el discurso pronunciado, y que con esta práctica se pretendan legitimar las decisiones cuando dicha consulta carece de metodología y no cumple con los requisitos que el diseño institucional señala”. 13

Por lo anteriormente expuesto, resulta evidente que las consultas populares son un mecanismo relevante para la consolidación de la democracia participativa en nuestro país. Sin embargo, también es manifiesto que aún es posible mejorar la regulación de las consultas populares. Por ello, el objetivo de la presente iniciativa, es que se faculte a los municipios a que puedan realizar consultas populares dentro de su orden de gobierno; que se establezca de manera explícita que las decisiones tomadas a través de las consultas populares no pueden ser bajo ningún motivo vinculantes para el Poder Judicial; que las preguntas objeto de la consulta popular sean claras para la ciudadanía; y que se reduzca el número de ciudadanos y ciudadanas que puedan solicitar la realización de una consulta popular al uno por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores.

Derivado de lo anterior, se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular

Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 5, el primer párrafo del artículo 7 y la fracción III del artículo 12 de la Ley Federal de Consulta Popular, para quedar como sigue:

Artículo 5. Serán objeto de consulta popular los temas de trascendencia nacional o regional competencia de la federación.

La trascendencia nacional de los temas que sean propuestos para consulta popular, será calificada por la mayoría de los legisladores presentes en cada Cámara, con excepción de la consulta propuesta por los ciudadanos, en cuyo caso lo resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El resultado de la consulta popular, es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan. El resultado de la consulta popular, en ningún caso, podrá ser vinculante para decisiones de carácter judicial.

Artículo 7. Votar en las consultas populares constituye un derecho y una obligación de los ciudadanos y ciudadanas para participar en la toma de decisiones sobre temas de trascendencia nacional o regional competencia de la Federación. Podrán participar en las consultas populares todas las personas mayores de 16 años.

Artículo 12. Podrán solicitar una consulta popular:

I. El Presidente de la República;

II. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso, o

III. Las ciudadanas y los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al uno por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores, para el caso de temas de trascendencia nacional, y el mismo porcentaje de las personas inscritas en la lista nominal de electores correspondiente a la entidad o las entidades federativas que correspondan, en el supuesto de los temas relacionados con la trascendencia regional competencia de la Federación.

Los ciudadanos podrán respaldar más de una consulta popular, pero no procederá el trámite de las consultas que sean respaldadas por los mismos ciudadanos cuando estos rebasen el veinte por ciento de las firmas de apoyo. En este caso sólo procederá la primera solicitud.

La inobservancia de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior se resolverá conforme a las reglas previstas en el artículo 34, fracción IV de esta ley.

Cuando la petición provenga de cualquiera de los contemplados en las fracciones I y II del presente artículo estará sujeta a la aprobación de la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los congresos de las entidades federativas, en un plazo no mayor a 180 días naturales, deberán adecuar la legislación local a fin de garantizar la participación ciudadana efectiva con pleno apego a lo dispuesto en el presente decreto.

Notas

1 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. (2006). Participación Ciudadana. Cámara de Diputados. Recuperado de:

<http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Comis iones/d_pciudadana.htm>

2 Ídem.

3 Morán, E. (2020). La consulta popular en México. Una propuesta para el fortalecimiento de su diseño institucional a partir de experiencias normativas latinoamericanas. Universidad de la Sabana. Recuperado de:

<http://www.scielo.org.co/pdf/dika/v29n2/2027-5366-dika-29-02 -501.pdf>

4 Silva Herzog, J. (2021). El engaño de la Corte. Reforma y Pulso SLP. Recuperado de:

<https://pulsoslp.com.mx/opinion/el-engano-de-la-corte/133751 2>

5 Tapia, J. (2021). Sobre la práctica de las consultas populares. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de:

<https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derech os/article/view/15355/16411>

6 Ídem.

7 Cohen, M. (2018). Legalidad de la consulta para la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Acedo Santamarina. Recuperado de:

<https://www.acsan.mx/legalidad-de-la-consulta-para-la-cancel acion-del-nuevo-aeropuerto-internacional-de-la-ciudad-de-mexico-naim/>

8 González, M. (2021). La consulta popular para enjuiciar a ex presidentes no alcanza el 8% de participación. El País. Recuperado de:

<https://elpais.com/mexico/2021-08-02/la-consulta-para-enjuic iar-a-expresidentes-agudiza-el-enfrentamiento-entre-lopez-obrador-y-el-ine.html >

9 Honorable Cámara de Diputadas y Diputados. (1980). Constitución Política de la República.  Honorable Cámara de Diputadas y Diputados.  Recuperado de:

<https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_chile.pdf>

10 Cámara de Diputados. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados.

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf>

11 Cámara de Diputados. (2014). Ley Federal de Consulta Popular. Cámara de Diputados. Recuperado de:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCPo_190521. pdf>

12 Congreso del Estado de Jalisco. (2019). Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco. Congreso del Estado de Jalisco.

13 Morán, E. (2020). La consulta popular en México. Una propuesta para el fortalecimiento de su diseño institucional a partir de experiencias normativas latinoamericanas. Universidad de la Sabana. Recuperado de:

<http://www.scielo.org.co/pdf/dika/v29n2/2027-5366-dika-29-02 -501.pdf>

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2021.– Diputada y diputado: Mirza Flores Gómez, Jorge Álvarez Máynez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 27, 41 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Elizabeth Pérez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 73, fracciones II, y XXIX-P, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27, 41 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de conformidad con la siguiente

Exposición de motivos

El Presupuesto de Egresos de la Federación es una de las herramientas de planeación y política más importantes de nuestro país. A través de sus decisiones presupuestarias se cumplen con sus responsabilidades constitucionales, se establecen prioridades sociales y gestionan las arcas federales. El presupuesto refleja las decisiones que el gobierno toma para el gasto de los recursos públicos en la atención de necesidades, la prestación de servicios públicos y la inversión en programas y proyectos para el desarrollo nacional.

El destino del gasto expresado en el articulado del presupuesto y sus anexos determinan las prioridades que tiene el gobierno. Durante las últimas décadas se ha avanzado en temas de transparencia y rendición de cuentas, agregando anexos transversales que tienen por objetivo una mejor identificación del destino del gasto público en temas específicos como lo son la atención a la juventud, el cambio climático, la atención a la población indígena y afrodescendiente, ciencia y tecnología, entre otros.

Esta obligación que se estableció en algunos casos desde 2008 tiene que ser observada al pie de la letra; sin embargo, los anexos transversales han empezado a reflejar recursos que no corresponden a la atención de temas que son objetivo del mismo.

En la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 2022 se realizó un parlamento abierto, en el cual diversas asociaciones dejaron ver las deficiencias que se tienen en la construcción de anexos, especialmente el anexo 13, Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Se observó en esas mesas de trabajo, especialmente en la “Mesa 5: Presupuesto con Perspectiva de Género”, que existe una diferencia sustancial entre los programas incluidos en el anexo 13 y la incidencia real en la construcción de igualdad entre mujeres y hombres, estableciendo que es necesario visibilizar los programas que atañen a problemas para abatir la desigualdad histórica de las mujeres, además de solicitar el uso de estadísticas oficiales que reflejen la realidad de la sociedad mexicana.

Fundar, AC, realizó un estudio del anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación donde una de las conclusiones a la letra establece que “el incremento del anexo 13 se explica, principalmente, por el aumento presupuestario de los programas prioritarios de esta administración, como Pensión para el Bienestar y Becas Benito Juárez. Para evaluar el impacto de estos programas en términos de igualdad de género, es necesario que se transparente el ejercicio de los recursos mediante la publicación de padrones de beneficiarios de los programas contenidos en el anexo 13 desagregados por género. Por lo anterior, es necesario hacer un seguimiento a lo largo del año a las dependencias que tienen recursos asignados para esta finalidad para cerciorarse que estos montos se ejercen con una perspectiva de género.” 1

Ese enfoque se ha tomado en la construcción del anexo 13 ha llevado al debilitamiento de acciones y programas que efectivamente atienden la igualdad entre hombres y mujeres, como ejemplo está lo expresado por la maestra Pamela Higuera Hidalgo en el marco del parlamento abierto:

 “Ahora bien, cuando analizamos a dónde se destina el presupuesto, observamos que el 77.56 por ciento del presupuesto se dentina a cuatro programas y en estos esta etiquetado el 99.45 por ciento del aumento presupuestal.

...

Cabe señalar, que ninguno de los proyectos tiene perspectiva de género, ni cuenta con acciones afirmativas y los padrones de dichos proyectos, no tienen como beneficiario principal a las mujeres. Asimismo, no cierran ninguna brecha de género, por lo que no deberían presentarse en el anexo 13.”

Es por ello que propongo que se debe de vincular la evaluación del desempeño a la construcción del anexo transversal para la igualdad entre mujeres y hombres; con ello se logrará que los programas anunciados en este anexo efectivamente atiendan el problema específico que debe ser visibilizado.

La iniciativa propone que la evaluación del desempeño observe la Política Nacional en materia de Igualdad en el caso del anexo transversal para la igualdad entre mujeres y hombres, estableciendo que los programas cuya incidencia en el tema no se pueda medir, deben de ser retirados del anexo, además de que aquellos que ingresen deberán de tener indicadores específicos que permitan evaluar su incidencia en la igualdad entre mujeres y hombres de acuerdo a la Política Nacional en Materia de Igualdad; para quedar como sigue:

Por lo expuesto someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 27, 41 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Único. - Se reforman la fracción III del artículo 27, el inciso o) de la fracción II del artículo 41 y el cuarto párrafo del artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo 27.- Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por la Secretaría, la cual contendrá como mínimo:

I. y II. ...

III. Las acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género , de acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

...

...

...

Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá:

I. ...

II. El proyecto de decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán:

a) a ñ) ...

o) Las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres , de acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres;

p) a v) ...

III. ...

...

Artículo 111.- ...

...

...

El sistema de evaluación del desempeño deberá incorporar indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas presupuestarios en la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género , de acuerdo con lo establecido en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Política Nacional en Materia de Igualdad. En caso de que no exista forma de medir la incidencia del programa presupuestal este deberá ser retirado del anexo que señala el inciso o) de la fracción II del artículo 41 de esta ley.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los anteproyectos de presupuesto para el ejercicio fiscal deberán ajustarse para observar lo contenido en este decreto, eliminando programas del anexo transversal cuando no se pueda comprobar su incidencia. El proyecto de presupuestos de la federación deberá incluir en los anexos técnicos los mecanismos y herramientas de evaluación que se tomaron en cuenta para la construcción del anexo transversal para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Nota

1 https://fundar.org.mx/pef2022/presupuesto-federal-para-la-igualdad-entre-mujere s-y-hombres/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2021.– Diputada Elizabeth Pérez Valdez (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 11 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Navor Alberto Rojas Mancera, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Navor Alberto Rojas Mancera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 11 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años nuestro país ha dado pasos importantes para ser una nación verdaderamente inclusiva, por ejemplo, podemos señalar las reformas en materia de equidad de género o aquellas que garantizan el acceso a puestos de poder de personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI+, así como las acciones afirmativas o medidas especiales de nivelación que se han implementado para las comunidades y/o pueblos indígenas u originarios y afromexicanos.

La presente iniciativa busca ser una acción afirmativa que beneficie a las personas que tienen alguna discapacidad; concretamente, se tiene el objetivo de que las autoridades vinculadas tengan la obligación de destinar, por lo menos, el tres por ciento de sus puestos de trabajo a estas personas, bajo parámetros de igualdad. En otros términos, se pretende avanzar en la inclusión laboral de este grupo vulnerable.

En términos del artículo 15 Séptimus de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, las acciones afirmativas son las medidas especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1464/2013, mencionó que las acciones afirmativas son las medidas que tienen la finalidad de evitar que se siga produciendo una diferenciación injustificada o discriminación sistemática o que se reviertan los efectos de la marginación histórica y/o estructural de un grupo social relevante.

La Segunda Sala del máximo tribunal, al analizar el amparo en revisión 405/2019, señaló que las acciones afirmativas constituyen medidas de carácter temporal implantadas con el fin de acelerar la participación de un grupo social desfavorecido, en condiciones de igualdad; es decir, las acciones afirmativas tienen el propósito de equiparar las circunstancias de un grupo que se encuentra en desigualdad de facto.

En el último asunto mencionado, la Segunda Sala realizó una distinción entre acciones afirmativas y medidas legislativas o especiales de nivelación, señalando que las primeras buscan disminuir aceleradamente una condición específica de desigualdad; mientras que, las segundas, se enfocan en disminuir el impacto negativo que las condiciones de desigualdad podrían tener en el ejercicio de un derecho. Esta iniciativa pretende ser una acción afirmativa que busca corregir de manera acelerada una desigualdad histórica que han sufrido las personas con discapacidad en el ámbito laboral.

Las personas con discapacidad son un grupo vulnerable que han visto frustrados sus anhelos, proyectos de vida y, en general, el debido ejercicio y goce de sus derechos humanos en virtud de los diversos obstáculos o barreras socioculturales. En efecto, mediante la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado mexicano reconoció la preocupación relativa a que las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos.

El artículo 4 de la convención establece diversas obligaciones a cargo de los Estados parte. Destaca lo considerado en los incisos a) y b) del numeral 1:

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados parte se comprometen a

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente convención;

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;

(...)

Por su parte, el artículo 27 de la Convención establece la obligación a cargo de los Estados Partes a habilitar e implantar las acciones conducentes para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a la vida laboral en igualdad de condiciones con las demás. Esto conlleva la implementación de acciones afirmativas, como lo es esta iniciativa, así como medidas legislativas de nivelación.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el Inegi, en México hay 20 millones 838 mil 108 personas con alguna limitación, discapacidad o problema o condición metal, lo que representa 16.5 cinco por ciento de la población.

Esta propuesta tendrá un impacto sumamente significativo en un sector de la población amplio y que históricamente se ha dejado en estado de vulnerabilidad por su condición de discapacidad, situación que no puede ser tolerada en un país como el nuestro.

Se destaca que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al realizar las Observaciones finales sobre el informe inicial de México, señaló su preocupación por la ausencia de mecanismos para hacer cumplir la cuota laboral de 3 por ciento en el sector público a favor de las personas con discapacidad.

Luego entonces, esta iniciativa también resulta ser un mecanismo de cumplimiento a las obligaciones internacionales, lo que sin duda genera una percepción positiva de México hacia el exterior.

En virtud de lo expuesto, lo conducente es presentar una tabla comparativa a fin de otorgar mayor claridad:

Por lo expuesto y fundado someto a consideración del Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 11 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Único. Se adiciona el artículo 11 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad:

Artículo 11 Bis. Las autoridades mencionadas en el artículo 3 de esta Ley, deberán destinar al menos tres por ciento de sus puestos de trabajo a personas con discapacidad.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades objeto mencionadas en el artículo 11 Bis deberán implantar y ejecutar las acciones correspondientes para materializar este decreto en un plazo no mayor de 180 días, contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor.

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2021.– Diputados y diputada: Navor Alberto Rojas Mancera, Sandra Simey Olvera Bautista, Hamlet García Almaguer, Emmanuel Reyes Carmona (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Lidia García Anaya, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y  78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El 22 de enero de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, procesamiento y sanción de los delitos cometidos en el territorio nacional que sean competencia de los órganos jurisdiccionales locales y federales.

Dicho Código es el resultado de la  reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal de 2008, la cual dio paso a una nueva era en la impartición de justicia en nuestro país, siendo uno de sus aspectos más visibles la consolidación de un procedimiento penal que se rija por normas, principios y procedimientos que sean aplicables en todas las entidades federativas y a nivel federal, es decir, dejar de lado los múltiples Códigos Procesales Penales de los Estados para adoptar un Código Nacional de Procedimientos Penales de aplicación nacional.

El contar con un Código Nacional que regula el procedimiento penal a nivel Federal y en todas y cada una de las entidades federativas, es fundamental para comprender los alcances y objetivos que busca la reforma constitucional de 2008, ya que permite unificar y homologar los procedimientos bajo un mismo esquema que tiene como principal objetivo el respeto a los derechos humanos de las partes involucradas en un proceso penal; siendo así, el CNPP facilita la tarea de quienes imparten justicia, evita la multiplicidad de redacciones o consideraciones sobre una regla procesal que pueda afectar a las personas, a la par de detallar los derechos con los que cuentan las víctimas u ofendidos del delito, así como las personas imputadas, es decir, aquellas a quienes se les acusa de haber cometido un delito. Sobre este punto, el Código Nacional representa grandes avances en lo concerniente a la dignificación que se otorga a las partes procesales (víctima - imputado), estableciendo derechos compartidos y específicos a cada uno de ellas. 1

El 20 de mayo de 2021, en el Diario Oficial de la Federación se publica la Ley Federal de la Fiscalía General de la República, por la cual se modifica la denominación de Procuraduría General de la República, nombre que se encuentra contenido en el CNPP, es por ello, que resulta necesario realizar una actualización al Código para homologar los nombres de dichos ordenamientos en los siguientes artículos:

Código Nacional de Procedimientos Penales

Artículo 3o. Glosario

XII. Procurador: El titular del Ministerio Público de la Federación o del Ministerio Público de las Entidades federativas o los Fiscales Generales en las Entidades federativas;

XIII. Procuraduría: La Procuraduría General de la República, las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las Entidades federativas;

Artículo 144. Desistimiento de la acción penal

El Ministerio Público podrá solicitar el desistimiento de la acción penal en cualquier etapa del procedimiento, hasta antes de dictada la resolución de segunda instancia.

La solicitud de desistimiento debe contar con la autorización del Titular de la Procuraduría o del funcionario que en él delegue esa facultad.

El Ministerio Público expondrá brevemente en audiencia ante el Juez de control, Tribunal de enjuiciamiento o Tribunal de alzada, los motivos del desistimiento de la acción penal. La autoridad judicial resolverá de manera inmediata y decretará el sobreseimiento.

En caso de desistimiento de la acción penal, la victima u ofendido podrán impugnar la resolución emitida por el Juez de control, Tribunal de enjuiciamiento o Tribunal de alzada.

Artículo 145. Ejecución y cancelación de la orden de comparecencia y aprehensión

La orden de aprehensión se entregará física o electrónicamente al Ministerio Público, quien la ejecutará por conducto de la Policía. Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de aprehensión pondrán al detenido inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en área distinta a la destinada para el cumplimiento de la prisión preventiva o de sanciones privativas de libertad, informando a éste acerca de la fecha, hora y lugar en que ésta se efectuó, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma.

Los agentes policiales deberán informar de inmediato al Ministerio Público sobre la ejecución de la orden de aprehensión para efectos de que éste solicite la celebración de la audiencia inicial a partir de la formulación de imputación.

Los agentes policiales que ejecuten una orden judicial de comparecencia pondrán al imputado inmediatamente a disposición del Juez de control que hubiere expedido la orden, en la sala donde ha de formularse la imputación, en la fecha y hora señalada para tales efectos. La Policía deberá informar al Ministerio Público acerca de la fecha, hora y lugar en que se cumplió la orden, debiendo a su vez, entregar al imputado una copia de la misma.

Cuando por cualquier razón la Policía no pudiera ejecutar la orden de comparecencia, deberá informarlo al Juez de control y al Ministerio Público, en la fecha y hora señaladas para celebración de la audiencia inicial.

El Ministerio Público podrá solicitar la cancelación de una orden de aprehensión o la reclasificación de la conducta o hecho por los cuales hubiese ejercido la acción penal, cuando estime su improcedencia por la aparición de nuevos datos.

La solicitud de cancelación deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o del funcionario que en él delegue esta facultad.

El Ministerio Público solicitará audiencia privada ante el Juez de control en la que formulará su petición exponiendo los nuevos datos; el Juez de control resolverá de manera inmediata.

La cancelación no impide que continúe la investigación y que posteriormente vuelva a solicitarse orden de aprehensión, salvo que por la naturaleza del hecho en que se funde la cancelación, deba sobreseerse el proceso.

La cancelación de la orden de aprehensión podrá ser apelada por la víctima o el ofendido.

Artículo 202. Oportunidad

El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral.

A la audiencia se deberá citar a todas las partes. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Juez de control se pronuncie al respecto.

Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual acusa.

En cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión. Si al momento de esta solicitud, ya existiere acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelva sobre el procedimiento abreviado y en su caso solicitar la reducción de las penas, para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas previstas en el presente Capítulo.

El Ministerio Público al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el Acuerdo que al efecto emita el Procurador.

Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de control

No requieren autorización del Juez de control los siguientes actos de investigación:

I. La inspección del lugar del hecho o del hallazgo;

II. La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo;

III. La inspección de personas;

IV. La revisión corporal;

V. La inspección de vehículos;

VI. El levantamiento e identificación de cadáver;

VII. La aportación de comunicaciones entre particulares;

VIII. El reconocimiento de personas;

IX. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el Procurador;

X. La entrevista de testigos;

XI. Recompensas, en términos de los acuerdos que para tal efecto emite el Procurador, y

XII. Las demás en las que expresamente no se prevea control judicial.

En los casos de la fracción IX, dichas actuaciones deberán ser autorizadas por el Procurador o por el servidor público en quien éste delegue dicha facultad.

Para los efectos de la fracción X de este artículo, cuando un testigo se niegue a ser entrevistado, será citado por el Ministerio Público o en su caso por el Juez de control en los términos que prevé el presente Código.

Artículo 255. No ejercicio de la acción

Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del Procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este Código.

La determinación de no ejercicio de la acción penal, para los casos del artículo 327 del presente Código, inhibe una nueva persecución penal por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sea por diversos hechos o en contra de diferente persona.

Artículo 256. Casos en que operan los criterios de oportunidad

Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público, podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido.

La aplicación de los criterios de oportunidad será procedente en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya punibilidad máxima sea de cinco años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia;

II. Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares;

III. Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de una pena;

IV. La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo que carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta o a la que podría imponerse por otro delito por el que esté siendo procesado con independencia del fuero;

V. Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio;

VI. Cuando, a razón de las causas o circunstancias que rodean la comisión de la conducta punible, resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal.

VII. Se deroga.

No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público. Para el caso de delitos fiscales y financieros, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, únicamente podrá ser aplicado el supuesto de la fracción V, en el caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración que será este último quien estará obligado a reparar el daño.

El Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso, de conformidad con lo dispuesto en el presente Código, así como en los criterios generales que al efecto emita el Procurador o equivalente.

La aplicación de los criterios de oportunidad podrá ordenarse en cualquier momento y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio.

La aplicación de los criterios de oportunidad deberá ser autorizada por el Procurador o por el servidor público en quien se delegue esta facultad, en términos de la normatividad aplicable.

Artículo 269. Revisión corporal

Durante la investigación, la Policía o, en su caso el Ministerio Público, podrá solicitar a cualquier persona la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal, vello o cabello, exámenes corporales de carácter biológico, extracciones de sangre u otros análogos, así como que se le permita obtener imágenes internas o externas de alguna parte del cuerpo, siempre que no implique riesgos para la salud y la dignidad de la persona.

Se deberá informar previamente a la persona el motivo de la aportación y del derecho que tiene a negarse a proporcionar dichas muestras. En los casos de delitos que impliquen violencia contra las mujeres, en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la inspección corporal deberá ser llevada a cabo en pleno cumplimiento del consentimiento informado de la víctima y con respeto de sus derechos.

Las muestras o imágenes deberán ser obtenidas por personal especializado, mismo que en todo caso deberá de ser del mismo sexo, o del sexo que la persona elija, con estricto apego al respeto a la dignidad y a los derechos humanos y de conformidad con los protocolos que al efecto expida la Procuraduría. Las muestras o imágenes obtenidas serán analizadas y dictaminadas por los peritos en la materia.

Artículo 291. Intervención de las comunicaciones privadas.

Cuando en la investigación el Ministerio Público considere necesaria la intervención de comunicaciones privadas, el Titular de la Procuraduría General de la República, o en quienes éste delegue esta facultad, así como los Procuradores de las entidades federativas, podrán solicitar al Juez federal de control competente, por cualquier medio, la autorización para practicar la intervención, expresando el objeto y necesidad de la misma.

La intervención de comunicaciones privadas, abarca todo sistema de comunicación, o programas que sean resultado de la evolución tecnológica, que permitan el intercambio de datos, informaciones, audio, video, mensajes, así como archivos electrónicos que graben, conserven el contenido de las conversaciones o registren datos que identifiquen la comunicación, los cuales se pueden presentar en tiempo real.

La solicitud deberá ser resuelta por la autoridad judicial de manera inmediata, por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con la sola comparecencia del Ministerio Público, en un plazo que no exceda de las seis horas siguientes a que la haya recibido.

También se requerirá autorización judicial en los casos de extracción de información, la cual consiste en la obtención de comunicaciones privadas, datos de identificación de las comunicaciones; así como la información, documentos, archivos de texto, audio, imagen o video contenidos en cualquier dispositivo, accesorio, aparato electrónico, equipo informático, aparato de almacenamiento y todo aquello que pueda contener información, incluyendo la almacenada en las plataformas o centros de datos remotos vinculados con éstos.

Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la autorización deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público.

Los servidores públicos autorizados para la ejecución de la medida serán responsables de que se realice en los términos de la resolución judicial.

Artículo 303. Localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados

Cuando el Ministerio Público considere necesaria la localización geográfica en tiempo real o entrega de datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentra relacionada con los hechos que se investigan, el Procurador, o el servidor público en quien se delegue la facultad, podrá solicitar al Juez de control del fuero correspondiente en su caso, por cualquier medio, requiera a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, para que proporcionen con la oportunidad y suficiencia necesaria a la autoridad investigadora, la información solicitada para el inmediato desahogo de dichos actos de investigación. Los datos conservados a que refiere este párrafo se destruirán en caso de que no constituyan medio de prueba idóneo o pertinente.

En la solicitud se expresarán los equipos de comunicación móvil relacionados con los hechos que se investigan, señalando los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados, su duración y, en su caso, la denominación de la empresa autorizada o proveedora del servicio de telecomunicaciones a través del cual se operan las líneas, números o aparatos que serán objeto de la medida.

La petición deberá ser resuelta por la autoridad judicial de manera inmediata por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con la sola comparecencia del Ministerio Público.

Si la resolución se emite o registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público.

En caso de que el Juez de control niegue la orden de localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados, el Ministerio Público podrá subsanar las deficiencias y solicitar nuevamente la orden o podrá apelar la decisión. En este caso la apelación debe ser resuelta en un plazo no mayor de doce horas a partir de que se interponga.

Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo

Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días.

Transcurrido este plazo sin que se haya pronunciado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento.

Excepcionalmente, cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una persona o se encuentre en riesgo el objeto del delito, así como en hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad, secuestro, extorsión o delincuencia organizada, el Procurador, o el servidor público en quien se delegue la facultad, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará directamente la localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, quienes deberán atenderla de inmediato y con la suficiencia necesaria. A partir de que se haya cumplimentado el requerimiento, el Ministerio Público deberá informar al Juez de control competente por cualquier medio que garantice su autenticidad, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, a efecto de que ratifique parcial o totalmente de manera inmediata la subsistencia de la medida, sin perjuicio de que el Ministerio Público continúe con su actuación.

Cuando el Juez de control no ratifique la medida a que hace referencia el párrafo anterior, la información obtenida no podrá ser incorporada al procedimiento penal.

Asimismo el Procurador, o el servidor público en quien se delegue la facultad podrá requerir a los sujetos obligados que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la conservación inmediata de datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática, hasta por un tiempo máximo de noventa días, lo cual deberá realizarse de forma inmediata. La solicitud y entrega de los datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática se llevará a cabo de conformidad por lo previsto por este artículo. Lo anterior sin menoscabo de las obligaciones previstas en materia de conservación de información para las concesionarias y autorizados de telecomunicaciones en términos del artículo 190, fracción II de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Artículo 365. Excepciones a la obligación de comparecencia

No estarán obligados a comparecer en los términos previstos en los artículos anteriores y podrán declarar en la forma señalada para los testimonios especiales los siguientes:

I. Respecto de los servidores públicos federales, el Presidente de la República; los Secretarios de Estado de la Federación; el Procurador General de la República; los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los Consejeros del Instituto Federal Electoral;

II. Respecto de los servidores públicos estatales, el Gobernador; los Secretarios de Estado; el Procurador General de Justicia o su equivalente; los Diputados de los Congresos locales e integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Estatal Electoral y los Consejeros del Instituto Electoral estatal;

III. Los extranjeros que gozaren en el país de inmunidad diplomática, de conformidad con los Tratados sobre la materia, y

IV. Los que, por enfermedad grave u otro impedimento calificado por el Órgano jurisdiccional estén imposibilitados de hacerlo.

Si las personas enumeradas en las fracciones anteriores renunciaren a su derecho a no comparecer, deberán prestar declaración conforme a las reglas generales previstas en este Código.

Artículo 437. Autoridad Central

La Autoridad Central en materia de asistencia jurídica internacional será la Procuraduría General de la República quien ejercerá las atribuciones establecidas en este Código.

Cualquier solicitud de asistencia jurídica formulada con base en los instrumentos internacionales vigentes, de conformidad con el principio de reciprocidad internacional, podrá presentarse para su trámite y atención ante la Autoridad Central, o a través de la vía diplomática.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Decreto por el que se reforman las fracciones XII y XIII del artículo 3o.; párrafo segundo del artículo 144; párrafo sexto del artículo 145; párrafo quinto del artículo 202, párrafo segundo y fracciones IX y XI del artículo 251; primer párrafo del artículo 255; párrafo cuarto y sexto del artículo 256; párrafo tercero del artículo 269; párrafo primero del artículo 291; párrafo primero del artículo 303; párrafos primero, segundo y quinto del artículo 325; fracción primera del artículo 365; y párrafo primero del artículo 437

Único. Se reforman las fracciones XII y XIII del artículo 3o.; párrafo segundo del artículo 144; párrafo sexto del artículo 145; párrafo quinto del artículo 202, párrafo segundo y fracciones IX y XI del artículo 251; primer párrafo del artículo 255; párrafo cuarto y sexto del artículo 256; párrafo tercero del artículo 269; párrafo primero del artículo 291; párrafo primero del artículo 303; párrafos primero, segundo y quinto del artículo 325; fracción primera del artículo 365; y párrafo primero del artículo 437, para quedar como sigue:

Código Nacional de Procedimientos Penales

Artículo 3o. Glosario

XII. Fiscal: El titular del Ministerio Público de la Federación o del Ministerio Público de las Entidades federativas o los Fiscales Generales en las Entidades federativas;

XIII. Fiscalía: La Procuraduría General de la República, las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las Entidades federativas;

Artículo 144. Desistimiento de la acción penal

...

La solicitud de desistimiento debe contar con la autorización del Titular de la Fiscalía o del funcionario que en él delegue esa facultad.

...

...

Artículo 145. Ejecución y cancelación de la orden de comparecencia y aprehensión

...

...

...

...

...

La solicitud de cancelación deberá contar con la autorización del titular de la Fiscalía o del funcionario que en él delegue esta facultad.

...

...

...

Artículo 202. Oportunidad

...

...

...

...

El Ministerio Público al solicitar la pena en los términos previstos en el presente artículo, deberá observar el Acuerdo que al efecto emita el Fiscal.

Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de control

...

IX. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el Fiscal;

...

XI. Recompensas, en términos de los acuerdos que para tal efecto emite el Fiscal, y

...

En los casos de la fracción IX, dichas actuaciones deberán ser autorizadas por el Fiscal o por el servidor público en quien éste delegue dicha facultad.

...

Artículo 255. No ejercicio de la acción

Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del Fiscal o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este Código.

...

Artículo 256. Casos en que operan los criterios de oportunidad

...

...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

...

El Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso, de conformidad con lo dispuesto en el presente Código así como en los criterios generales que al efecto emita el Fiscal o equivalente.

...

La aplicación de los criterios de oportunidad deberá ser autorizada por el Fiscal o por el servidor público en quien se delegue esta facultad, en términos de la normatividad aplicable.

Artículo 269. Revisión corporal

...

...

Las muestras o imágenes deberán ser obtenidas por personal especializado, mismo que en todo caso deberá de ser del mismo sexo, o del sexo que la persona elija, con estricto apego al respeto a la dignidad y a los derechos humanos y de conformidad con los protocolos que al efecto expida la Fiscalía. Las muestras o imágenes obtenidas serán analizadas y dictaminadas por los peritos en la materia.

Artículo 291. Intervención de las comunicaciones privadas

Cuando en la investigación el Ministerio Público considere necesaria la intervención de comunicaciones privadas, el Titular de la Fiscalía General de la República, o en quienes éste delegue esta facultad, así como los Procuradores de las entidades federativas, podrán solicitar al Juez federal de control competente, por cualquier medio, la autorización para practicar la intervención, expresando el objeto y necesidad de la misma.

...

...

...

...

...

Artículo 303. Localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados

Cuando el Ministerio Público considere necesaria la localización geográfica en tiempo real o entrega de datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentra relacionada con los hechos que se investigan, el Fiscal, o el servidor público en quien se delegue la facultad, podrá solicitar al Juez de control del fuero correspondiente en su caso, por cualquier medio, requiera a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, para que proporcionen con la oportunidad y suficiencia necesaria a la autoridad investigadora, la información solicitada para el inmediato desahogo de dichos actos de investigación. Los datos conservados a que refiere este párrafo se destruirán en caso de que no constituyan medio de prueba idóneo o pertinente.

...

...

...

...

Artículo 325. Extinción de la acción penal por incumplimiento del plazo

Cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación establecida en el artículo anterior, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Fiscal o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días.

...

Excepcionalmente, cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una persona o se encuentre en riesgo el objeto del delito, así como en hechos relacionados con la privación ilegal de la libertad, secuestro, extorsión o delincuencia organizada, el Fiscal o el servidor público en quien se delegue la facultad, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará directamente la localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos conservados a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, quienes deberán atenderla de inmediato y con la suficiencia necesaria. A partir de que se haya cumplimentado el requerimiento, el Ministerio Público deberá informar al Juez de control competente por cualquier medio que garantice su autenticidad, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, a efecto de que ratifique parcial o totalmente de manera inmediata la subsistencia de la medida, sin perjuicio de que el Ministerio Público continúe con su actuación.

...

Asimismo el Fiscal, o el servidor público en quien se delegue la facultad podrá requerir a los sujetos obligados que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la conservación inmediata de datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática, hasta por un tiempo máximo de noventa días, lo cual deberá realizarse de forma inmediata. La solicitud y entrega de los datos contenidos en redes, sistemas o equipos de informática se llevará a cabo de conformidad por lo previsto por este artículo. Lo anterior sin menoscabo de las obligaciones previstas en materia de conservación de información para las concesionarias y autorizados de telecomunicaciones en términos del artículo 190, fracción II de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Artículo 365. Excepciones a la obligación de comparecencia

...

I. Respecto de los servidores públicos federales, el Presidente de la República; los Secretarios de Estado de la Federación; el Fiscal General de la República; los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión; los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los Consejeros del Instituto Federal Electoral;

II. ...

III. ...

IV. ...

...

Artículo 437. Autoridad Central

La Autoridad Central en materia de asistencia jurídica internacional será la Fiscalía General de la República quien ejercerá las atribuciones establecidas en este Código.

Cualquier solicitud de asistencia jurídica formulada con base en los instrumentos internacionales vigentes, de conformidad con el principio de reciprocidad internacional, podrá presentarse para su trámite y atención ante la Autoridad Central, o a través de la vía diplomática.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2021/03/miscela-neas49541.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2021. – Diputada Lidia García Anaya (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona los artículos 5o. y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por el diputado José Antonio García García e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Antonio García García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio y con arreglo a las facultades y atribuciones conferidas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea , iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un inciso d) a la fracción IX del artículo 5 y una fracción XXIII al artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en atención de la siguiente:

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son de vital importancia para el desarrollo personal y profesional de las personas, y constituyen un motor para la innovación y desarrollo de las naciones. 1

En México, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2013, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, se estableció el derecho para todas y todos los mexicanos de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en la actualidad, ha representado grandes avances en los diferentes sectores y aspectos de la vida de las personas, su incorporación ha logrado mejorar la manera en que las personas se comunican e interactúan, además de ser un factor clave del desarrollo social y económico.

Si bien, es importante el beneficio que han traído consigo las tecnologías de la información y comunicación en la vida de las personas, también es cierto que, dicho beneficio no ha llegado a todos los sectores de la población, uno de ellos son los adultos mayores.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las tecnologías de la información y comunicación disponibles para América Latina muestran que, el sector poblacional de las personas mayores, es el más aislado de las tecnologías digitales. 2

En México, según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 84.1 millones de usuarios de internet, que representan 72.0 por ciento de la población total del país, sin embargo, el grupo de edad que menos acceso a los servicios de internet tiene es de mayor a 55 años de edad, pues sólo 37.5 por ciento de este sector poblacional tiene acceso a este servicio.

Con base en dichos datos del Inegi, y considerado que en nuestro país hay 15.1 millones de personas mayores de 60 años según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, más de 6. 3 millones de adultos mayores no tienen acceso a los servicios de internet. 3

A su vez, la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), señala que a nivel nacional sólo 29 por ciento de personas mayores de 55 años cuenta con una computadora y el 30% de dicho sector de la población no cuenta con un celular. Y solo el 3.7% cuenta con una red social.

Lo anterior da cuenta de que existe una brecha generacional importante con relación a los adultos mayores, respecto de su acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Como usuarios de las tecnologías de la información y la comunicación, los adultos mayores tienen necesidades y demandas similares a las de las personas de otras edades, es decir, requieren tecnología útil, funcional, fácil de manejar y significativa.

La brecha digital entre adultos mayores los hace más vulnerables a ser víctimas de fraude cibernético o robo de identidad, por lo que el daño por este delito llega a ser de 8 mil hasta 180 mil pesos por persona, de acuerdo con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México.

De igual forma, La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), infiere que los usuarios de servicios financieros mayores de 60 años son más vulnerables a ser víctimas de un posible fraude, ya que, en el primer semestre del presente año, 36 por ciento de reclamaciones por fraudes financieros, fueron hechas por adultos mayores. 4

Derivado de lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de establecer como uno de los derechos de los adultos mayores, el acceso a los servicios de las tecnologías de la información y comunicación, así como establecer dentro de los objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas, el de fomentar la integración de las personas adultas mayores a la sociedad de la información y el conocimiento, en condiciones de equidad, asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad.

Las tecnologías de la información y comunicación, permiten a los adultos mayores aumentar y mejorar su desarrollo individual y social, así como optimizar su calidad de vida desde los puntos de vista técnico, económico, político y cultural. Mente sana en cuerpo sano, y por lo tanto las actividades intelectuales apoyan y aumentan la autonomía en la edad avanzada, por lo que se consideran un factor protector contra una vejez decadente. 5

Todos los sectores de la sociedad, desde el sector más vulnerable requieren que el trabajo de nosotros como legisladores se traduzca en reformas trascendentes, que cobren sentido en la convergencia positiva y ascendente en el nivel de vida de nuestras comunidades. Por ello resulta apremiante y urgente implementar políticas que tengan como objetivo combatir la brecha digital y ayudar a una población vulnerable como lo son los adultos mayores.

Es necesario prestar mayor atención a las necesidades particulares de las personas adultas mayores y a los problemas o condiciones especiales a las que se enfrentan, a través de acciones que puedan hacer más fácil su modo de vida para lograr su integración dentro del sector económico, social y tecnológico de nuestro país.

Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan un inciso d) a la fracción IX del artículo 5 y una fracción XXIII al artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Único. Se adicionan un inciso d) a la fracción IX del artículo 5 y una fracción XXIII al artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Artículo 5. ...

I a VIII. ...

IX. ...

a.

b.

c.

d. De las tecnologías de la información y la comunicación en condiciones de equidad, asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad, de conformidad con lo establecido en la normatividad específica.

Artículo 10.

I. a XXII. ...

XXIII. El fomentar la inclusión digital a través de la integración de las personas adultas mayores a la sociedad de la información y el conocimiento, en condiciones de equidad, asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Las tecnologías de la información son fundamentales para responder a los desafíos del desarrollo; ONU, disponible en la pág. web. -

https://news.un.org/es/story/2017/07/1382531, consultada el día 16-11-21.

2 Las personas mayores de América Latina en la era digital: superación de la brecha digital; Revista de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe número 127 • abril de 2019; disponible en la pág. web.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44580/1/RVE 127_Sunkel.pdf; consultado el día 03/11/2021.

3 Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020, Inegi, disponible en la pág. web.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ OtrTemEcon/ENDUTIH_2020.pdf, consultada el día 20-11-21.

4 Condusef y ABM acuerdan estrategia de buen trato a las personas adultas mayores; Condusef, disponible en la página web

https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=1785&idcat= 1.

5 La informática y el adulto mayor; Revista de Divulgación Científica y Tecnológica de la Universidad Veracruzana; número 3 volumen XX; disponible en la pág. web

https://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol20num3/articulos/inf ormatica/; consultado el 5 de noviembre de 2019.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2021.– Diputado José Antonio García García (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, promueve la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de incluir la educación financiera en los planes y programas de estudios de la educación básica y media superior, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

Educación financiera

La educación es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante en la adquisición de conocimientos para formar a las personas de manera que tengan aptitudes, actitudes y conocimientos para su propio bienestar y el de la sociedad.

El ser humano necesita educarse, recibir instrucción y disciplinarse para enfrentar las diversas dificultades que se le presentan en el contexto donde se desenvuelve, pues solo así puede contar con los conocimientos y herramientas necesarias para adaptarse a la realidad y transformarla, tanto individual como colectivamente.

La educación financiera es un proceso de desarrollo de habilidades y actitudes que, mediante la asimilación de información comprensible y herramientas básicas de administración de recursos y planeación, permiten a los individuos tomar decisiones personales y sociales de carácter económico en su vida cotidiana, así como utilizar productos y servicios financieros para mejorar su calidad de vida bajo condiciones de certeza.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha definido a la educación financiera como el proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras, y mejorar su bienestar. 1

La Comisión de Educación Financiera de los Estados Unidos de América afirma que la educación financiera consiste en proveer la información y los conocimientos, así como ayudar a desarrollar las habilidades necesarias para evaluar las opciones y tomar las mejores decisiones financieras. 2

En resumen, la educación financiera nos facilita desarrollar habilidades que sean útiles en el día a día: presupuestar los gastos de la casa, del negocio o de la empresa; identificar créditos convenientes, saber qué seguros contratar, contar con un ahorro, para enfrentar imprevistos y preparar nuestro retiro, entre otras situaciones.

Problema actual

Los productos y servicios financieros están cada vez más presentes en nuestra vida diaria. Los avances en la tecnología hacen posible que las instituciones financieras puedan ofrecer sus productos y servicios de diversas maneras y con alcance a más mexicanos, incluso en lugares remotos.

No obstante, de poco sirve el acceso a estos servicios si se desconoce su uso. Utilizar desinformada e irresponsablemente los diversos productos financieros sin saber cómo hacerlo, puede dañar de manera sustantiva el patrimonio de las personas. Por ello, consideramos que, al tiempo que estos servicios llegan a la población, también debe llegar el conocimiento para administrar, incrementar y proteger su dinero y patrimonio, así como para tomar decisiones adecuadas sobre su economía.

En el mundo laboral, millones de trabajadores reciben su sueldo por medio de cuentas de nómina, por lo que es evidente que nuestra realidad social orilla a las personas a empezar a ser usuarios de otros servicios financieros, de obtener créditos, préstamos, seguros, hipotecas, prendas, garantías, adquirir deudas, acciones, valores, entro otros instrumentos.

En México, contamos con un sistema financiero que se encuentra conformado por diversas instituciones que captan, administran y canalizan a la inversión, el ahorro tanto de nacionales como de extranjeros; contamos con un sistema bancario, un sistema bursátil y un conjunto de autoridades que intervienen y vigilan su operación.

Entre estas instituciones del Sistema Financiero Mexicano podemos encontrar al Banco de México, a la banca múltiple,  banca de desarrollo, fideicomisos públicos para el fomento económico, casas de bolsa, sociedades operadoras y distribuidoras de acciones de fondos de inversión, administradoras de fondos para el retiro (Afore), bolsa de valores, depósitos de valores, proveedores de precios, calificadoras, uniones de crédito, sociedades financieras ya sean de objeto múltiple, populares y comunitarias, cooperativas de ahorro y préstamo, almacenes generales de depósito, aseguradoras, afianzadoras, agrupaciones financieras, casas de cambio, arrendadoras financieras, empresas de factoraje, entre otras; las cuales se encuentran bajo la regulación y supervisión de autoridades como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), entre otros.

Sin embargo, pese a la gran importancia que reviste este sistema para las finanzas públicas y privadas del país, poca gente es la que conoce su funcionamiento y organización, y peor aún, que hacen uso de dichas instituciones de manera informada y eficiente.

Marco jurídico

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la educación y que el Estado -federación, estados, Ciudad de México y municipios- deben impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior son de carácter obligatorio.

Asimismo, dicha disposición constitucional prevé que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se debe incluir el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente , entre otras, sin  embargo no se contempla expresamente a la educación financiera.

Dicha Norma Suprema sostiene que el criterio orientador de la educación debe basarse en los resultados del progreso científico, y debe luchar contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Del mismo modo, nuestra Carta Magna dispone que la educación debe ser integral y educar para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar.

Por otro lado, el artículo 5o. de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza establece que los Estados parte -entre ellos México- convienen que la educación debe tender al pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y a reforzar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

De la misma manera, el artículo 5o. de la Ley General de Educación dispone que toda persona tiene derecho a la educación, el cual lo concibe como un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. Dicha norma contempla que con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad; que es factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria.

En este punto, vale la pena mencionar que el diverso artículo 30, fracción XIV de la mencionada Ley, mandata que la promoción del emprendimiento, el fomento de la cultura del ahorro y la educación financiera debe ser uno de los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios; sin embargo, dicha disposición legal ha resultado insuficiente para implementar de manera tangible y sólida la educación financiera en los planes y programas de estudio; razón por la cual es necesario elevar su rango a nivel constitucional.

Justificación

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hemos llegado a la conclusión de que la educación financiera es una tarea urgente y necesaria por varias razones. En primer lugar, porque hay grandes lagunas en los conocimientos financieros de la gente. Esto tiene una serie de consecuencias adversas para las personas, como el endeudamiento excesivo, la falta de ahorro para el futuro, el uso improductivo del dinero y la poca claridad sobre los beneficios que ofrece la inversión en actividades productivas, la adquisición de activos, o la educación de los hijos.

Por otra parte, la falta de educación financiera ha generado como consecuencia el uso de servicios financieros informales (tandas, rifas, cajas de ahorro, entre otros) con frecuencia desventajosos y a costos elevados. Del mismo modo, el número y la complejidad de los productos financieros han aumentado notablemente en años recientes, lo que dificulta que las personas tomen decisiones informadas que sirvan a sus propósitos.

Los beneficios que ofrece la educación financiera son considerables, tanto para la economía de cada individuo como para la economía nacional. En el plano individual, la educación financiera contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas, ya que proporciona herramientas para la toma de decisiones relativas a la planeación para el futuro y a la administración de los recursos, así como información pertinente y clara que da lugar a un mayor y mejor uso de los productos y servicios financieros. Así, los usuarios con mayores niveles de educación financiera tienden a ahorrar más, lo que normalmente se traduce en mayores niveles de inversión y crecimiento de la economía en su conjunto.

Adicionalmente, la educación financiera, más allá de contribuir a mejorar el desempeño de las instituciones debido a una clientela más responsable e informada, puede generar un intercambio de información de mayor calidad entre las instituciones financieras y sus clientes. Gracias a la educación financiera los usuarios demandan servicios adecuados a sus necesidades y los intermediarios financieros tienen un mejor conocimiento de las necesidades de los usuarios, lo que da lugar a una mayor oferta de productos y servicios financieros novedosos, aumentando la competitividad e innovación en el sistema financiero.

El derecho a la educación financiera implica simultáneamente una obligación del Estado de proveer los conocimientos e insumos necesarios para que los educandos se inicien en la cultura financiera, por lo que es su deber dar conocimientos patrimoniales básicos para planificar con visión de futuro e impulsar hábitos ahorro, inversión y gasto responsable, con perspectiva de corto, mediano y largo plazo.

Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consideramos indispensable fortalecer el derecho de los educandos a contar con información enfocada a las distintas etapas de la vida desde la niñez hasta la edad adulta, sobre los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios financieros y de las instituciones del Sistema Financiero Mexicano, así como el derecho a comprender temas tales como el ahorro, presupuesto, crédito, seguros, inversión, entre otros.

Por tales motivos, y ante el evidente rezago de las y los mexicanos en la cultura financiera, estimamos que resulta apremiante establecer las condiciones para desarrollar y fortalecer las competencias de los educandos, que les permitan tomar decisiones financieras que potencien sus recursos y eviten su malversación; y estamos convencidos de que un medio efectivo para lograrlo es elevando a rango constitucional la educación financiera.

Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa propone reformar el párrafo décimo segundo del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer que los planes y programas de estudios deben incluir la impartición de educación financiera.

Para mayor comprensión de la iniciativa que se propone, se presenta la siguiente tabla comparativa en la que se aprecia en la primera columna el texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la segunda columna la propuesta de adición resaltada en negritas:

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de incluir la educación financiera en los planes y programas de estudios de la educación básica y media superior

Artículo Primero: Se reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“ Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -federación, estados, Ciudad de México y municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. (...)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva, el cuidado al medio ambiente, la educación financiera, entre otras.

...”

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 OECD, Improving Financial Literacy, OECD, Paris, 2005, página 13.

2 The National Strategy for Financial Literacy, Financial Literacy and Education Commission, Washington D.C., 2006, p. v.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2021.– Diputados y diputadas: Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, Eduardo Zarzosa Sánchez, Mariano González Aguirre, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Jazmín Jaimes Albarrán (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 35 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Raquel Bonilla Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley General de Educación, en materia de inclusión de la educación para personas con discapacidad al Sistema Educativo Nacional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las problemáticas que se han presentado dentro del sistema educativo es la exclusión social. Nuestro país ha invertido en políticas sociales destinadas a la población que se encuentra con altos índices de pobreza en contextos de vulnerabilidad o en condiciones y características específicas que los colocan en riesgo de ser excluidos, así como dificultar su acceso a los servicios educativos, sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes.

Es oportuno recordar que nuestra Carta Magna, en su artículo 3o., garantiza que todo individuo pueda tener el derecho a la educación de calidad y, para ello, el Estado deberá asegurar el acceso universal de todos los niños y jóvenes a escuelas bien equipadas en términos de sus condiciones materiales y recursos humanos, asimismo, debe garantizar que los alumnos permanezcan en las aulas, transiten oportunamente entre grados y niveles educativos, y adquieran una formación integral y aprendizajes significativos. 1 De ello se desprende que la educación es un derecho universal para todos los seres humanos, sin discriminación, en donde es primordial erradicar la inequidad, además de promover sociedades más justas, igualitarias y democráticas.

El Programa de Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad (PAPFEMS), en cumplimiento a lo establecido en artículo 3o. constitucional, garantiza los materiales didácticos, la infraestructura educativa y su mantenimiento, así como las condiciones del entorno sean los idóneos y contribuyan a los fines de la educación. 2

El Programa está vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030, en lo que se refiere a eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional, así como en construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 3

En este sentido, el PAPFEMS pretende canalizar recursos para el fortalecimiento de los servicios de educación media superior que brindan atención educativa a estudiantes con discapacidad, contribuyendo a que dicha población cuente con mejores oportunidades y herramientas que les permita el acceso a una educación integral, equitativa e inclusiva.

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el eje 2, Política Social, apartado Derecho a la Educación, señala: “El gobierno federal se comprometió desde un inicio a mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, a garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación”. De igual manera, se impulsará a la educación y rechazando toda forma de discriminación por características físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de origen, preferencia política e ideológica, identidad de género, orientación y preferencia sexual. 4

En tanto, la Ley General de Educación señala que la educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación, y que se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder con equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los educandos. Asimismo, este ordenamiento garantiza el derecho a la educación a los educandos con condiciones especiales o que enfrenten barreras para el aprendizaje. 5

Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece que la Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles y centros educativos, para ello, proporcionará a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico. 6

En este contexto, es relevante expresar que la educación inclusiva es, un proceso orientado a responder a la diversidad del alumnado, incrementando su participación en la cultura, el currículo y las comunidades de las escuelas, reduciendo la exclusión en la educación. Está relacionada con la presencia, la participación y los logros de aprendizaje de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que, por diferentes razones están excluidos o en riesgo de ser marginados. 7

Con la educación inclusiva se garantiza que todas las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o dificultades de aprendizaje obtengan conocimientos en las diversas instituciones educativas con un área de soporte apropiada. Para la Organización de Estados Iberoamericanos, el concepto de inclusión educativa 8 ha evolucionado en los últimos años, suele asociarse con estudiantes que viven en situaciones de alta pobreza o que tienen necesidades especiales. Con la inclusión se logrará un mayor acceso a los servicios educativos de calidad sin discriminación alguna, considerando a las y los niños con discapacidad, poblaciones indígenas, poblaciones rurales, migrantes o estudiantes que han abandonado el sistema educativo.

En nuestro país, la educación que se brinda a la población en situación de vulnerabilidad es y ha sido precaria, por lo que, la actual administración está enfocada a brindar una política diversificada en materia educativa. Sin embargo, persiste una problemática que se centra en las instituciones de educación de nivel medio superior que atienden a la población en situación vulnerable con discapacidad, debido a que están presentando dificultades para ofrecer los servicios educativos, así como insuficiencia en la infraestructura y equipamiento.

Estas instituciones son los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED), los cuales están enfocados a atender a las personas con discapacidad con deseos de iniciar o concluir este ciclo de formación, entre las ventajas que ofrece esta modalidad, es la posibilidad de combinar los estudios con otras actividades; su ingreso a la preparatoria abierta no exige límite de edad; los servicios son gratuitos; se otorgan becas educativas a estudiantes inscritos en esta modalidad; para concluir el ciclo escolar no se establece límite de tiempo; la inscripción no implica examen de admisión; y cada asignatura o módulo está a cargo de un asesor especializado, al concluir se otorga un certificado de terminación de estudios de bachillerato general. 9

La cobertura de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) están ubicados en diferentes planteles de carácter federal, dispersos entre la Dirección General del Bachillerato (DGB); la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM); la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT); y la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), adscritos a la Subsecretaria de Educación Media Superior. 10

Es preciso expresar que, en esta modalidad, los estudiantes disponen de diversos recursos didácticos, entre los cuales se encuentran textos en Braille, regletas, punzones, materiales educativos termo formado para alto y bajo relieve, recursos multimedia sobre diversos temas y software especializado, entre otros, encaminados a alcanzar el máximo aprendizaje. Asimismo, con un equipo de docentes profesionales y con los conocimientos adecuados en los contenidos para transmitir los conocimientos que se requieren en lectoescritura braille, lengua de señas mexicana y sensibilización a la discapacidad, entre otros temas.

Los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad están basados en el acuerdo 445 de la SEP, que contempla la certificación del bachillerado por evaluaciones parciales. 11

Desde hace varios años, un número significativo de docentes, adscritos a los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), han exigido la intervención de diversas autoridades federales y estatales, a fin de que se regularice su situación correspondiente a sus pagos, asimismo a mejores condiciones laborales. A través de diversas acciones emprendidas por los profesores del estado de Veracruz de Ignacio de Llave, en donde se cuentan con Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad, han precisado y denunciado que les ha sido imposible acceder a una plaza fija y pagos constantes, de igual manera, no cuentan con ninguna prestación. Estos profesores laboran durante 30 horas a la semana en la modalidad de preparatoria abierta, por ello reclaman que las autoridades educativas del país regularicen su situación laboral.

Los docentes de los CAED de todo el país padecen la misma situación, no cuentan con plaza ni servicios médicos, ni prestaciones, es decir sólo tienen su salario mensual, el cual, en varias ocasiones presentan retrasos. Ante este escenario, es trascendental que las autoridades educativas escuchen sus reclamos y preocupación que genera esta situación de precariedad laboral. A pesar de las precariedades nunca han dejado de asistir a sus labores, debido a su alto profesionalismo de lograr que los jóvenes con discapacidad que desean obtener sus estudios de bachillerato lo obtengan.

En ese sentido, resulta urgente su atención con el objetivo de no afectar a miles de estudiantes que podrían quedarse sin acceso al servicio educativo en la modalidad de sistema abierto, principalmente la relacionada a la población en situación de vulnerabilidad y exclusión educativa, así como a personas con discapacidad. 12

Es oportuno recordar que, en octubre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determino que, de acuerdo con el derecho fundamental a la educación inclusiva, todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad pertenecen y deben integrarse al sistema educativo sin reglas ni excepciones, por lo que cualquier exclusión con base en esa condición resultará discriminatoria y, por ende, inconstitucional. 13

Recientemente, en el mes de junio de 2021, la Suprema Corte resolvió la Acción de inconstitucionalidad 121/2019, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley General de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 30 de septiembre de 2019, en dicha resolución determino la inconstitucional el Capitulo VIII “De la Educación Inclusiva”, del Título Tercero de la Ley General de Educación, en razón de que existía la obligación de consultar a las personas con discapacidad previo a la expedición de la ley, de conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual no fue llevado a cabo. 14

Es de mencionar que dicha resolución fue notificada al Congreso de la Unión el 30 de junio de 2021, señalando: “La declaratoria de invalidez decretada surtirá sus efectos a los dieciocho meses siguientes a la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Unión, en la inteligencia de que, dentro del referido plazo, previo desarrollo de la respectiva consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con discapacidad, dicho Congreso deberá legislar en las materias de educación indígena y de educación inclusiva, en los términos precisados en el considerando octavo de esta sentencia.” 15

Por tal motivo, es indispensable brindar certeza jurídica a la situación laboral que presentan los docentes adscritos a los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad, así como su participación dentro del Sistema Educativo Nacional, por ello, la presente Iniciativa está encaminada a establecer en la Ley General de Educación, que la Educación para Personas con Discapacidad se considerara como parte del Sistema Educativo Nacional, debido a que esta situación que no fue contemplada en las recientes reformas en materia educativa emprendidas por la actual administración.

La inclusión educativa es necesaria para dotar a la población con vulnerabilidad y barreras de aprendizaje, todas las herramientas para concluir sus estudios. Es premisa fundamental de toda sociedad, es un derecho de acceder al aprendizaje independientemente de sus características personales, condiciones, necesidades y potencialidades.

Por todo lo anteriormente expresado, presento ante el pleno de esta Asamblea, el presente proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 35 de la Ley General de Educación, en materia de inclusión de la educación para personas con discapacidad al Sistema Educativo Nacional

Artículo Único: Se reforma el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley General de Educación, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 35. La educación que se imparta en el Sistema Educativo Nacional se organizará en tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, conforme a lo siguiente:

I. a la IV....

Además de lo anterior, se consideran parte del Sistema Educativo Nacional la formación para el trabajo, la educación para personas adultas, la educación física, la educación para las personas con discapacidad, y la educación tecnológica.

...

...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf

2 http://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/es_mx/sems/Programa_ Atencion_de_Planteles_Federales_de_Educacion_Media_Superior_con_Estudiantes_con _Discapacidad_PAPFEMS

3 ONU, Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, disponible en

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarr ollo-sostenible/

4 Secretaría de Gobernación, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Diario Oficial de la Federación, 12 de julio de 2019, disponible en

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/0 7/2019

5 Cámara de Diputados, Ley General de Educación, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

6 Cámara de Diputados, Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_120718.pdf

7 Marchesi A., Metas Educativas 2021. Avances y desafíos de la educación inclusiva en Iberoamérica , Organización de Estados Iberoamericanos, Madrid, España, 2014.

8 Booth, T y Ainscow, M, Guía para la educación inclusiva, Organización de Estados Iberoamericanos, España, 2011

9 http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/11816/7/ima-ges/ficha-c aed.pdf

10 www.educacionmediasuperior.sep.gob.mx/work/models/sems/Re-sourse/11816/8/images /caed.pdf

11 http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/11816/8/ima-ges/caed.pdf

12 La falta de inclusión y de equidad incide en el fracaso escolar y se manifiesta en el abandono escolar, pues en promedio, 20 por ciento de los adultos jóvenes dejan los estudios sin completar la educación media superior. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Equidad y Calidad de la Educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja, 2012, disponible en

https://www.ceapa.es///sites/default/files/documentos/Resumen%20 informe %20OCDE%202012%20-%20Equidad%20y%20calidad.pdf

13 Suprema Corte de Justicia de la Nación, “La exclusión de alumnos con discapacidad del sistema educativo general es discriminatoria y, por tanto, inconstitucional: Segunda Sala”, Comunicado de Prensa número 123/2018, 3 de octubre de 2018, disponible en

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp? id=5768

14 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La SCJN invalida diversos artículos de la ley general de educación por falta de consulta previa, Comunicado de Prensa, 189/2021, 29 de junio de 2021, disponible en

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp ?id=6497

15 Cámara de Diputados, Ley General de Educación, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2021.– Diputadas Raquel Bonilla Herrera, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para crear un catálogo de padecimientos, suscrita por el diputado Mario Gerardo Riestra Piña e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, así como las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, se permite someter a consideración de esta soberanía iniciativa de decreto por la que se reforma el segundo párrafo del 77 Bis 9, el primer párrafo del 77 Bis 12, el segundo párrafo del 77 Bis 35 y las fracciones XVII y XVIII, la fracción IV del 77 Bis 37; y se adiciona el capítulo XI “Del catálogo de padecimientos, intervenciones y/o enfermedades de servicios de salud”, así como los artículos 77 Bis 42 y 77 Bis 43, todos de la Ley General de Salud; al tenor de los siguientes:

Antecedentes

El primer hospital fundado en México fue el hospital de Huaxtepec, situado en el jardín de Huaxtepec (1522); su dirección se encomendó al doctor Gregorio López; posteriormente quedó a cargo de los hermanos de San Hipólito, tuvo carácter provisional.

Durante el gobierno porfirista de finales del XIX hasta principios de del XX, el acceso a la atención médica a través del pago económico crea desigualdad en el acceso a la atención médica. A principios del siglo XX, la medicina evolucionó rápidamente y por tanto la organización del sistema de salud se hace compleja surgiendo nuevos elementos como laboratorios microbiológicos y productores de vacunas, hospitales más modernos con nuevos procedimientos y especialidades, etc. que coexisten con la medicina tradicional más barata y en general usada por las poblaciones pobres.

Durante la Revolución Mexicana se fortalece el sistema de atención a la salud organizado y financiado por el Estado dirigido a acercar los avances técnicos del sistema hacia el saneamiento y la protección de la salud, así como a la asistencia de enfermos pobres.

Entre 1934 y 1940, durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas, se crean los Servicios Médicos Rurales, por primera vez en la historia los pobladores del campo entran en contacto con el sistema de salud basado en los avances científicos y técnicos de la época. Tales cambios tuvieron origen en las demandas campesinas durante la revolución de 1910.

En 1936 se inaugura el servicio médico de los ferrocarriles nacionales; acontecimiento importante en la historia de la seguridad social mexicana. Es pionero en bridar atención médica a sus trabajadores. El Hospital Colonia fue el primer hospital vertical de la Ciudad de México, construido ex profeso para esa función.

El general Lázaro Cárdenas decretó la construcción del sanatorio para tuberculosos, concluyéndose en 1935.

El 15 de octubre de 1943 se crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia dirigida por el doctor Gustavo Baz Prada como secretario de ésta, la secretaría realiza las funciones de saneamiento y salud pública con las de atención a enfermos que no cuentan con atención médica derivada de contratos de trabajo y al mismo tiempo mediante la lucha de clase trabajadora industrial se logró que los trabajadores contaran con servicios médicos y pensiones pagados por los patrones.

El Instituto Mexicano del Seguro Social se creó en 1943 y posteriormente el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en 1961. Estos no lograron la desaparición de la medicina tradicional ni del ejercicio de la medicina privada. La medicina privada evolucionó de los consultorios y pequeños hospitales a los grandes hospitales privados de hoy en día que atienden la demanda sanitaria.

De igual forma, se ha incrementado la creación de instituciones civiles no gubernamentales que dirigen sus servicios hacia problemas específicos de la población (embarazadas, VIH-sida, problemas auditivos, ortopédicos, etcétera) o bien hacia grupos específicos (niños, indígenas, otros.).

Durante la década de los 90, la prestación de servicios de atención médica y de salud pública de la Secretaría de Salud Federal pasa a las Secretarías de Salud Estatales.

En 2002 se estableció el Seguro Popular, un año después se incorporó en la Ley General de Salud en el Título Tercero Bis “El Sistema de Protección Social en Salud”. Con este seguro se buscaba que la población cubierta por el programa contará con las medidas preventivas, de atención ambulatoria y de hospitalización que las autoridades consideran indispensa-bles para mejorar las condiciones de salud de la población sin seguridad social.

Pero, en 2019 desapareció el Seguro Popular, creándose en su lugar el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y a raíz de su creación han desaparecido más de 200 intervenciones.

Exposición de Motivos

La salud representa la base fundamental para el desarrollo sustentable de las diferentes comunidades, no puede existir un país sin salud, a través de los años se han logrado avances científicos y tecnológicos, los cuales impactan en forma positiva en la salud de los habitantes de las poblaciones, para continuar con esta secuencia de avances debe existir una adecuada articulación de los servicios de salud, que conlleva a organizar y coordinar adecuadamente la estructura del sistemas de salud en las diferentes comunidades de México, ya que esta debe irse adecuando a las necesidades de los individuos de la sociedad.

Según la Organización Mundial de la Salud, la salud es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social . Es decir, el concepto de salud no sólo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá de eso.

De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconoce a la salud como un derecho inalienable e inherente a todo ser humano. Esto implica la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de todos sus ciudadanos, no sólo asegurando el acceso a la atención de salud, sino también la atención adecuada.

Incluso, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos destaca que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud” ,por lo tanto, el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos las condiciones que les permitan lograr un pleno desarrollo y que la salud es la premisa básica que le permite a un individuo llevar a cabo cualquier otra actividad.

Con base en la Ley General de Salud, el derecho a la salud tiene como finalidad el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población; el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud; asì como la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

Por lo que es obligación del Estado garantizar el acceso adecuado a la salud, con la finalidad que todas las personas que vivimos en el país contemos con una condición de vida adecuada y en completo bienestar.

Dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Salud se encuentra el de proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud; sin embargo, nuestro sistema de salud se ha visto rebasado por los diversos padecimientos, enfermedades o incluso por las pandemias que actualmente se viven.

Tras casi tres sexenios de funcionamiento el seguro popular desapareció en 2019, creándose en su lugar el Insabi, el cual en términos del artículo 77 Bis 35 de la Ley General de Salud, es un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Salud; el cual tiene por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, así como impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

Y que, en palabras de su titular, Juan Antonio Ferrer se garantizarían “los servicios de salud gratuitos y de calidad para 69 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social” 1, situación que al dìa de hoy no sòlo se ha cumplido, sino que además han dejado de brindar los servicios de salud, dejando en indefensión a toda la población.

La Organización Panamericana de la Salud propone que “la salud pública es el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a través de sus instituciones de carácter público, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las poblaciones por medio de actuaciones de alcance colectivo”.

Es decir, las instituciones públicas deben garantizar, promover, proteger y restaurar la salud de la población, situación que se ha visto muy alejada en nuestro país.

El Insabi se dio en una transición caótica, donde no sòlo se hizo un cambio radical en el sector salud, sino que ademàs inició funciones sin tener listas sus reglas de operación, se comenzó a realizar cobros por servicios que eran gratuitos por lo que las personas no podían acceder a los servicios médicos o adquirir medicamentos.

Cuando al principio el propio presidente de la República aseguró que a través del Insabi se daría atención a la mayoría de los padecimientos, asì como medicamentos gratuitos y demás insumos que se necesitaran.

Sin embargo, durante la actual administración, han desaparecido cientos de intervenciones, dejando sin servicios de salud a personas con padecimientos como cáncer, diabetes, entre otras; al primero de octubre de 2021, en la información presentada en la plataforma oficial 2 donde se reporta el avance de las entregas, y que se ha presumido como el sitio donde se puede monitorear esto, está registrado que, del número de piezas solicitadas por los estados en las órdenes de suministro, el Insabi solo les ha entregado 9.5 por ciento de los medicamentos solicitados por los Estados. Esto por mencionar un ejemplo.

La realidad en que el Sistema Nacional de Salud en nuestro país se ha visto rebasado, aunado a que se han dejado de brindar servicios de salud a la población, de entregar medicamentos e insumos necesarios para garantizar el acceso al derecho a la salud.

El objetivo principal del Sistema Nacional de Salud debería ser prevenir. La prevención salva vidas y aplica para todos los padecimientos; sin embargo, ante la falta de una política integral en materia de salud, es necesario crear las bases para que se otorguen los servicios adecuados.

Sin duda, la salud es la base fundamental para el desarrollo de las sociedades, no puede existir una población sin salud; a través de los años se han logrado avances científicos y tecnológicos, los cuales impactan en forma positiva en la salud de los habitantes de las poblaciones, para continuar con esta secuencia de avances debe existir una adecuada articulación de los servicios de salud, que conlleva a organizar y coordinar adecuadamente la estructura del sistemas de salud en las diferentes comunidades de México, ya que esta debe irse adecuando a las necesidades de los individuos de cada comunidad.

El hecho de carecer de servicios de salud pone a la población en riesgo de que no trate sus padecimientos y que sufran de enfermedades que son prevenibles. Las comunidades que carecen de servicios de salud estarán poco preparadas para atender sus necesidades de salud. Ante este panorama, se plantea la creación de un Catálogo de padecimientos, intervenciones y/o enfermedades de Servicios de Salud, reconocido y establecido en la ley de la materia, con la finalidad de obligar a las autoridades a cumplir a cabalidad con esté.

Si bien, actualmente existe un Compendio Nacional de Insumos para la Salud, su elaboración es una facultad discrecional del Consejo de Salubridad General, por lo que la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados queda sujeta a esté.

Por tal motivo, se somete a consideración la creación de un Catálogo de padecimientos, intervenciones y/o enfermedades de Servicios de Salud que permita atender todas las necesidades de la población, no solo una intervención o cubrir ciertos medicamentos, sino atender el padecimiento y/o la enfermedad en su totalidad. Debiendo esta Soberanía estar involucrada, por lo que en caso de desaparecer alguna intervención, debería ser aprobada por el Congreso.

Por lo que, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de:

Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Único. Se reforman los artículos el segundo párrafo del 77 Bis 9, el primer párrafo del 77 Bis 12, el segundo párrafo del 77 Bis 35 y las fracciones XVII y XVIII, la fracción IV del 77 Bis 37; y se adiciona el capitulo XI “Catálogo de padecimientos, intervenciones y/o enfermedades de Servicios de Salud, Medicamentos e Insumos asociados”, así como los artículos 77 Bis 42 y 77 Bis 43, todos de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 77 Bis 9. ...

La Secretaría de Salud y las entidades federativas, promoverán las acciones necesarias para que las unidades médicas de las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como de los gobiernos de las entidades federativas provean de forma integral, obligatoria y con calidad, los servicios de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, de acuerdo con el nivel de atención, mismos que deberán operar como sistema de redes integradas de atención de acuerdo con las necesidades en salud de las personas beneficiarias, asì como por el Catálogo de padecimientos, intervenciones y/o enfermedades de Servicios de Salud. El acceso de los beneficiarios a los servicios de salud se ampliará en forma progresiva en función de las necesidades de aquéllos, de conformidad con las disposiciones reglamentarias a que hace referencia el párrafo tercero del artículo 77 Bis 1 de la presente ley.

...

...

Artículo 77 Bis 12. El Gobierno Federal, conforme a lo que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación, destinará anualmente recursos para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados cuyo monto no deberá ser inferior al del ejercicio fiscal inmediato anterior, en términos de lo que se establezca en las disposiciones reglamentarias y sujeto a la disponibilidad presupuestaria, garantizando cumplir con el Catálogo de padecimientos, intervenciones y/o enfermedades de Servicios de Salud.

...

Artículo 77 Bis 35....

El Instituto de Salud para el Bienestar tendrá por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, de conformidad con el Catálogo de padecimientos, intervenciones y/o enfermedades de Servicios de Salud, asì como por lo establecido en el presente Titulo e impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud en su calidad de órgano rector, acciones orientadas a lograr una adecuada integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

...

I a XVI. ...

XVII. Cumplir con los servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados establecidos en el Catálogo del Capitulo XI del presente Titulo; y

XVIII. Las demás que le otorguen esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 77 Bis 37....

I. a III. ...

IV. Recibir gratuitamente los medicamentos y demás insumos asociados, que sean necesarios y que correspondan a los servicios de salud, de conformidad con el Catálogo de padecimientos, intervenciones y/o enfermedades de Servicios de Salud;

V a XVI. ...

Capítulo XI Del Catálogo de padecimientos, intervenciones y/o enfermedades de Servicios de Salud

Artículo 77 Bis 42. El Instituto de Salud para el Bienestar publicará el Catálogo de padecimientos, intervenciones y/o enfermedades a que estarán sujetos los servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, prestando los servicios correspondientes de forma gratuita.

Los servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, de los padecimientos, intervenciones y/o enfermedades, deberán ser otorgados de conformidad con los derechos humanos de no discriminación y respeto de la dignidad humana.

Artículo 77 Bis 43. Los servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, de los padecimientos, intervenciones y/o enfermedades enlistadas en el Catálogo se garantizarán en todo momento y no podrán ser suspendidos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Consejo de Salubridad General emitirá en un plazo no mayor 180 días posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Catálogo de padecimientos, intervenciones y/o enfermedades de Servicios de Salud, el cual deberá contemplar brindar como minimo, las siguientes:

I. Afecciones originadas en periodo perinatal

a. Feto y recién nacido afectados por trastornos hipertensivos de la madre

b. Feto y recién nacido afectados por ruptura prematura de membranas

c. Feto y recién nacido afectado por complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas

d. Feto y recién nacido afectados por drogadicción materna

e. Retardo en el crecimiento fetal y desnutrición fetal

f. Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer

g. Hemorragia y laceración intracraneal debidas a traumatismo del nacimiento

h. Otros traumatismos del nacimiento en el sistema nervioso central

i. Traumatismo del nacimiento en el cuero cabelludo

j. Traumatismo del esqueleto durante el nacimiento

k. Traumatismo del sistema nervioso periférico durante el nacimiento

l. Hipoxia intrauterina

m. Asfixia al nacimiento

n. Taquipnea transitoria del recién nacido

o. Neumonía congénita

p. Síndromes de aspiración neonatal

q. Enfisema intersticial y afecciones relacionadas, originadas en el periodo perinatal

r. Hemorragia pulmonar originada en el periodo perinatal

s. Displasia broncopulmonar originada en el periodo perinatal

t. Otras apneas del recién nacido

u. Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve

v. Hemorragia intracraneal no traumática del feto y del recién nacido

w. Enfermedad hemorrágica del feto y del recién nacido

x. Enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido

y. Hidropesía fetal debida a enfermedad hemolítica

z. Ictericia neonatal debida a otras hemólisis excesivas

aa. Ictericia neonatal por otras causas y las no especificadas

bb. Coagulación intravascular diseminada en el feto y el recién nacido

cc. Policitemia neonatal

dd. Trastornos transitorios del metabolismo de los carbohidratos específicos del feto y del recién nacido

ee. Trastornos neonatales transitorios del metabolismo del calcio y del magnesio

ff. Alteraciones del equilibrio del sodio en el recién nacido

gg. Alteraciones del equilibrio del potasio en el recién nacido

hh. Íleo meconial

ii. Síndrome del tapón de meconio

jj. Otras peritonitis neonatales

kk. Enterocolitis necrotizante

ll. Convulsiones del recién nacido

mm. Depresión cerebral neonatal

nn. Encefalopatía hipóxica isquémica

oo. Sepsis bacteriana del recién nacido

II. Cáncer

a. Astrocitoma

b. Cáncer cervicouterino

c. Cáncer de esófago

d. Cáncer de Endometrio

e. Cáncer de mama

f. Cáncer testicular

g. Ependimoma

h. Histiocitosis

i. Leucemia

j. Linfoma de Hodgkin

k) Meduloblastoma

l. Neuroblastoma

m. Osteosarcoma

n. Sarcoma de Ewing

o. Sarcoma de partes blandas

p. Tumor de Wilms

q. Tumores gonadales

r. Tumor maligno de colon

s. Tumor maligno de ovario

t. Tumor maligno de próstata

u. Tumores renales

III. Cardiovascular

a. Arritmias cardiacas

b. Infarto agudo al miocardio

c. Hipertensión arterial

d. Insuficiencia cardiaca

IV. Complicaciones quirúrgicas y de atención médica

a. Efectos adversos de drogas de afectan primariamente el sistema nervioso autónomo

b. Efectos adversos de vacunas bacterianas

V. Cuidados Paliativos y Dolor Crónico

VI. Enfermedades del ojo

a. Conjuntivitis

b. Retinopatía de la prematuridad

VII. Enfermedades de oído

a. Hipoacusia neurosensorial bilateral (Prótesis auditiva externa y sesiones de rehabilitación auditiva verbal)

b. Habilitación auditiva verbal en niños no candidatos a implantación de prótesis de cóclea

c. Implantación prótesis cóclea

Habilitación auditiva verbal en niños candidatos a prótesis auditiva externa o a implantación de prótesis de cóclea

VIII. Enfermedades de sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad

a. Inmunodeficiencia con predominio de defectos de los anticuerpos

b. Inmunodeficiencias combinadas

c. Púrpura trombocitopénica idiopática

d. Síndrome de Wiskott-Aldrich

e. Otras inmunodeficiencias

IX. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas

a. Anemia

b. Depleción del volumen

c. Deficiencia de hierro

d. Deficiencia de vitamina B12

e. Deficiencia hereditaria del factor VIII

f. Deficiencia hereditaria del factor IX

g. Desnutrición leve, moderada y severa

h. Diabetes y prediabetes

i. Enfermedad de von Willebrand

j. Enfermedad de Pompe

k. Fenilcetonuria

l. Fibrosis quística

m. Galactosemia

n. Hipertiroidismo

o. Hiperplasia congénita de glándulas suprarrenales

p. Hipotiroidismo

q. Intolerancia a la lactosa

r. Mucopolisacaridosis

s. Sobrepeso

t. Obesidad

X. Enfermedades infecciosas

a. Encefalitis viral, no especificada

b. Enfermedad debida a virus citomegálico

c. Erisipela

d. Gonorrea

e. Hepatitis A y B

f. Hepatitis viral tipo C

g. Herpes

h. Herpes Genital

i. Infecciones Por Chlamydia

j. Listeriosis

k. Onicomicosis

l. Septicemia no especificada (incluye choque séptico)

m. Sifilis

n. Sífilis congénita

o. Tétanos neonatal

p. Toxoplasmosis

q. Tuberculosis del Sistema Nervioso

r. Tuberculosis Miliar

s. Vaginitis Subaguda Y Crónica

XI. Enfermedades parasitarias

a. Brucelosis

b. Escabiosis

c. Filariasis

d. Giardiasis

e. Pediculosis y phthiriasis

f. Teniasis

g. Tricuriasis

h. Triquinosis

XII. Malformaciones congénitas deformidades y anomalías cromosómicas

a. Anencefalia

b. Anquiloglosia

c. Anormalidades cromosómicas

d. Ausencia congénita de la vejiga y de la uretra

e. Catarata congénita

f. Craneosinostosis

g. Duplicación del uréter

h. Encefalocele

i. Estenosis y estrechez congénitas del conducto lagrimal

j. Epidermólisis bullosa

k. Hernia diafragmática congénita

l. Ictiosis congénita

m. Malformaciones congénitas cardiacas

n. Malformaciones congénitas de la nariz

o. Malformación congénita de la laringe (Incluye laringomalacia congénita)

p. Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios

q. Malformaciones congénitas del pulmón

r. Malformaciones congénitas de vesícula biliar, conductos biliares e hígado (Incluye atresia de conductos biliares y quiste de colédoco)

s. Malformación del uraco

t. Nevo no neoplásico, congénito

u. Otras malformaciones congénitas del oído (microtia, macrotia, oreja supernumeraria, otras deformidades del pabellón auricular, anomalía de la posición de la oreja, oreja prominente)

v. Otras malformaciones congénitas del intestino (Incluye divertículo de Meckel, Enfermedad de Hirschsprung y malrotación intestinal)

w. Páncreas anular

x. Polidactilia

y. Riñón supernumerario

z. Riñón ectópico

aa. Seno, fístula o quiste de la hendidura branquial

bb. Síndrome de Potter

cc. Sindactilia

XIII. Medicina física y rehabilitación

XIV. Medicina general

a. Apendicitis

b. Candidiasis

c. Dengue no grave

d. Envenenamiento

e. Escarlatina

f. Esguinces

g. Fiebre

h. Herpes

i. Intoxicación

j. Lepra

k. Menopausia

l. Micosis        

m. Paludismo

n. Parotiditis

o. Picaduras

p. Quemaduras

q. Sarampión

r. Tétanos

s. Tuberculosis

t. Traumatismo

u. Rotavirus

v. Rubeola

w. Varicela

XV. Piel

a. Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco

b. Acné

c. Celulitis

d. Dermatitis

e. Escarlatina

f. Micosis

g. Psoriasis

h. Síndrome estafilocócico de la piel escaldada (Síndrome de Ritter)

i. Quiste epidérmico

j. Verrugas vulgares

XVI. Quemaduras y corrosiones

a. Quemaduras de tercer grado de las diferentes partes del cuerpo

XVII. Síntomas y signos generales

a. Choque hipovolémico

XVIII. Sistema Circulatorio

a. Fibroelastosis endocárdica

b. Hipertensión pulmonar primaria

c. Miocarditis aguda

XIX. Sistema digestivo

a. Amebiasis

b. Ascariasis

c. Estomatitis y lesiones afines

d. Enfermedades del esófago (incluye acalasia del cardias, úlcera del esófago, obstrucción del esófago, perforación del esófago, disquinesia del esófago, divertículo del esófago, adquirido, síndrome de laceración y hemorragia gastroesofágicas, otras enfermedades especificadas del esófago, enfermedad del esófago, no especificada)

g. Gastritis

f. Síndrome diarreico agudo

g. Síndrome de intestino irritable

h. Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes

i. Ulcera gástrica

XX. Sistema genitourinario

a. Divertículo de la vejiga

b. Fístula vesicovaginal

c. Hidrocele y espermatocele

d. Infección de vías urinarias

e. Insuficiencia renal aguda

f. Insuficiencia renal terminal

g. Orquitis y epididimitis

h. Síndrome nefrítico agudo

i. Síndrome nefrótico, anomalía glomerular mínima

j. Uropatía obstructiva y por reflujo

XXI. Sistema nervioso

a. Hemiplejía (Diagnóstico, terapia y en su caso, los insumos o medicamentos especializados utilizados; anual y hasta por 5 años)

b. Parálisis cerebral infantil (Diagnóstico, terapia y en su caso, los insumos o medicamentos especializados utilizados)

c. Paraplejía y cuadriplejía

d. Procedimientos de Rehabilitación

e. Síndrome de Guillain-Barré

f. Trastornos del nervio facial

XXII. Sistema osteomuscular

a. Artritis

b. Artritis juvenil

c. Artritis piógena

d. Artritis reumatoide

e. Cuidados paliativos y dolor crónico

f. Esguinces

g. Fascitis necrotizante

h. Fracturas

i. Hiperuricemia Y Gota

j. Lesiones

k. Lesiones de rodilla

l. Lumbalgia

m. Luxación de cadera

n. Osteoporosis

o. Poliarteritis nodosa y afecciones relacionadas

p. Rehabilitación de fracturas

XXIII. Sistema respiratorio

a. Asma

b. Bronconeumonía, no especificada

c. Covid-19

d. Derrame pleural no clasificado en otra parte

e. Derrame pleural en afecciones clasificadas en otra parte

f. Faringoamigdalitis aguda

g. Influenza

h. Laringotraqueitis aguda

i. Neumonía por Influenza por virus identificado

j. Neumonía por Influenza por virus no identificado

k. Neumonía bacteriana no clasificada en otra parte

l. Neumonía por Covid-19

m. Neumonitis debida a sólidos y líquidos

n. Neumotórax

o. Piotórax

p. Otros trastornos respiratorios, incluye Enfermedades de la tráquea y de los bronquios, no clasificadas en otra parte, Colapso pulmonar, Enfisema intersticial, Enfisema compensatorio, Otros trastornos del pulmón, Enfermedades del mediastino, no clasificadas en otra parte, Trastornos del diafragma, Otros trastornos respiratorios especificados

q. Sinusitis aguda

r. Rinitis alérgica y vasomotora

s. Rinofaringitis aguda

t. Tos Ferina

XXIV. Traumatismos, envenenamientos y consecuencia externas

a. Avulsión del cuero cabelludo

b. Fractura de la bóveda del cráneo

c. Herida del tórax

d. Traumatismo intracraneal con coma prolongado

e. Traumatismo por aplastamiento del pulgar y otro(s) dedo(s)

XXV. Trasplantes

a. Trasplante de cornea

b. Trasplante de medula osea

c. Trasplante de corazón, mayores de 18 años

d. Trasplante hepático, mayores de 18 años

e. Trasplante pulmonar, mayores de 18 años

f. Trasplante renal

XXVI. Trastornos

a. Autismo

b. Dislipidemia

c. Síndrome de Asperger

d. Síndrome de Turner

e. Trastornos afectivos

f. Trastornos Benignos de la Mama

g. Trastornos bipolares

h. Trastornos de ansiedad

i. Trastornos psicóticos

XXVII.Tumores

a. Tumor benigno de las glándulas salivales mayores (Ránula)

b. Tumor benigno del mediastino

c. Tumor benigno de la piel del labio

d. Tumor benigno del ojo y sus anexos

XXVIII. Obstetricia

a. Amenaza de aborto

b. Amenaza de parto pretérmino

c. Atención del recién nacido

d. Cesárea y del puerperio quirúrgico

e. Choque séptico puerperal

f. Corioamnioitis

g. Diabetes gestacional

h. Eclampsia

i. Embarazo y atención prenatal

j. Embolia obstétrica

k. Endometritis puerperal

l. Hemorragia obstétrica

m. Hipertensión inducida y/o preexistente en el embarazo

n. Ictericia neonatal

o. Infección de episiorrafia o herida quirúrgica obstétrica

p. Parto y puerperio fisiológico

q. Preeclampsia

r. Trombosis venosa profunda en el embarazo y puerperio

Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Seguro Popular es remplazado por el Insabi de AMLO. El Economista

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Seguro-Popular-es-rempl azado-por-el-Insabi-de-AMLO-20200101-0055.html

2 Instituto de Salud para el Bienestar/Gobierno/gob.mx (www.gob.mx) https://www.gob.mx/insabi/prensa/abasto-de-medicamentos-en-mexico?state=publish ed

https://www.gob.mx/insabi/prensa/abasto-de-medicamentos-en-mexic o?state=published

Palacio Legislativo de San Lázaro a 25 de noviembre de 2021.– Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica).»

«Iniciativa de decreto, por el que se declara el 26 de febrero como Día Nacional de las Enfermedades Respiratorias Crónicas, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 26 de febrero como Día Nacional las Enfermedades Respiratorias Crónicas.

Exposición de Motivos

Las enfermedades respiratorias crónicas

Las enfermedades respiratorias representan una importante y pesada carga para la sociedad en general y los gobiernos en particular. Cinco de ellas son las más relevantes en generar este impacto: 1) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC); 2) Asma; 3) Infecciones respiratorias agudas; 4) Tuberculosis, y 5) Cáncer de pulmón. 1

Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias y otras estructuras del pulmón se clasifican como enfermedades respiratorias crónicas (ERC) y las más frecuentes son el asma, la EPOC, las alergias, las enfermedades pulmonares de origen laboral y la hipertensión pulmonar. 2

Es importante tener presente que la EPOC es hoy en día la tercera causa de muerte en el mundo y que una de cada diez personas la padece. Su prevalencia ha aumentado significativamente entre 1990 y 2017 y junto con ella la mortalidad derivada de esta enfermedad, que sufrió un aumento de 17.5 por ciento entre 2007 y 2017. La EPOC causa muertes prematuras, presentándose un alto subdiagnóstico, lo que impide prevenirla y tratarla de manera adecuada para evitar consecuencias fatales, adicional a esto, en muchas regiones de Latinoamérica no existe el acceso al diagnóstico. En Latinoamérica la presencia de la EPOC es preocupante, ya que en promedio esta tiene una prevalencia en la región de 15 por ciento con variaciones entre los países. Además, supera en mortalidad a causas frecuentes de muerte como diabetes, accidentes de tránsito y tuberculosis.

En cuanto al asma, esta enfermedad afecta a alrededor de trescientos millones de personas en el mundo, en algunas ocasiones es mortal y al igual que le EPOC su prevalencia ha aumentado en Latinoamérica. De igual manera, el diagnóstico y el manejo adecuado presenta desafíos importantes, teniendo adicionalmente como uno de sus problemas principales la baja adherencia a la medicación y el bajo control de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones del gobierno de México, el siete por ciento de la población en nuestro país padece asma y, el 80 por ciento de adultos que padecen esta enfermedad, manifestaron síntomas desde los primeros cinco años de vida. 3 Incluso respecto a EPOC, el asma es más prevalente. Según estimaciones de 2012, había 7 millones de personas en el país con asma y 2 millones con EPOC. 4

El Reporte Global de Asma (2018), México presenta junto con el resto de América Latina el problema de no contar con condiciones favorables para el diagnóstico oportuno del padecimiento entre la población y esto ocasiona deficiencias en el tratamiento. Más aún cuando la prevalencia de la enfermedad sigue aumentando en nuestro país.

Las enfermedades respiratorias crónicas en México

En México, según datos del Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, número 17, volúmen 36 de 2019, 5 se señala que en los últimos 8 años las defunciones por EPOC han sido mayores a 19 mil por año, lo que implica que la enfermedad se ha mantenido como una de las principales causas de muerte en nuestro país.

De igual manera, en el caso del asma, aunque se ha mantenido constante la tasa de incidencia en morbilidad, el número de casos nuevos supera los 25 mil por año y la mortalidad, aunque no es elevada, es importante tomando en cuenta los números que se detectan por año. De acuerdo con la Ensanut 2018-2019 6, las enfermedades y síntomas respiratorios crónicos son la quinta causa de consulta ambulatoria, categoría en la que están incluidas la EPOC (bronquitis crónica o enfisema) y al asma.

Hoy en día, estos retos continúan vigentes y se hace necesario y urgente impulsar acciones para lograr una política que visibilice a las ERC y que fortalezca desde el primer nivel de atención el diagnóstico oportuno y el acceso a los tratamientos adecuados.

Día Mundial del Pulmón

Desde 2017 se celebra el Día Mundial del Pulmón, el 25 de septiembre de cada año, gracias a la iniciativa del Foro de Sociedades Internacionales Respiratorias, más reconocido por su acrónimo FIRS, que corresponde a su nombre en inglés, es decir, Forum of International Respiratory Societies. 7 Este foro está formado por la unión de las más importantes instituciones sanitarias mundiales interesadas en la promoción de la salud respiratoria.

Para reducir la prevalencia de enfermedades pulmonares y mejorar la salud respiratoria mundial, la FIRS recomienda aumentar la concienciación de la población general y de las autoridades sobre salud respiratoria y mejorar el diagnóstico precoz de las enfermedades respiratorias mediante la provisión de los instrumentos necesarios para la pronta detección de los procesos respiratorios susceptibles de ser determinados de forma precoz.

En ese mismo sentido es importante el incrementar el conocimiento y las habilidades de los profesionales sanitarios en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades respiratorias y fortalecer la monitorización de la prevalencia, severidad y tratamiento de las enfermedades respiratorias.

Estos impulsos permitirán que se pongan en marcha correctas estrategias nacionales para controlar estos procesos. Otra estrategia que pudiera ser efectiva en el país es la instauración de un día nacional que enfoque la atención en sensibilizar a la población en México del grave problema sanitario que las enfermedades respiratorias están causando en el momento actual.

Si bien pueden rastrearse importantes esfuerzos internacionales y de la región en este respecto, es crucial que se reproduzcan nacionalmente para aumentar el impacto de la sensibilización de la sociedad y de los profesionales de la salud en el tema, a fin de pueda incluirse la atención las enfermedades respiratorias en las agendas de los gobiernos, dotar de mayores recursos para su tratamiento, así como fortalecer la atención primaria integral en la atención de las ERC y la capacitación permanente del personal médico.

Es por este motivo que la presente iniciativa busca aterrizar esta conmemoración al plano nacional, estableciendo el 26 de febrero de cada año como Día Nacional de las Enfermedades Respiratorias Crónicas, a fin de que al igual que el Día Mundial del Pulmón, se cuente con una efeméride nacional que visibilice la necesidad de atender con una visión integral los problemas respiratorios crónicos en México, en especial la atención al asma y la EPOC, así como los retos que implican.

Esta conmemoración que coadyuvará en la sensibilización de esta delicada situación, con énfasis en su incidencia tanto en términos de salud pública pero también en impacto sociofamiliar derivado de la atención y el tratamiento de estos padecimientos y las acciones de atención integral que hay que emprender desde el ámbito de política pública para diagnosticar a tiempo y proveer de los tratamientos adecuados a cada persona.

La consideración de esta efeméride en el calendario nacional promoverá la convergencia de los sectores público, privado, academia y la sociedad civil organizada a fin de generar mayor investigación, mejores protocolos de atención tanto preventiva como reactivamente y una mejor vigilancia epidemiológica, que en su conjunto ayuden a salvar vidas.

Por las anteriores consideraciones, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se declara el 26 de febrero como Día Nacional de las Enfermedades Respiratorias Crónicas

Único. El Congreso de la Unión declara el 26 de febrero cómo el Día Nacional de las Enfermedades Respiratorias Crónicas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Foro de las Sociedades Respiratorias Internacionales. (2017). El Impacto Mundial de la Enfermedad Respiratoria (Segunda edición).

https://bityl.co/6zcF

2 World Health Organization. (2016, 20 mayo). Enfermedades respiratorias crónicas. Organización Mundial de la Salud.

https://www.who.int/respiratory/es/

3 Boletín “Siete por ciento de la población en México padece asma” Secretaría de Salud. Publicado el 2 de mayo de 2016. Recuperado el 06 de enero de 2021 del sitio web:

https://www.gob.mx/salud/prensa/siete-por-ciento-de-la-poblacion -en-mexico-padece-asma

4 Pérez-Padilla, Rogelio “Hacia un programa de prevención y atención primaria de enfermedades respiratorias, Aire (Acción Integrada por la Respiración)” Neumol Cir Torax. Volumen 71, número 3: 244-249 Julio-septiembre 2012. Consultado el 6 de enero de 2021.

5 Secretaría de Salud. (2019, abril). Boletín Epidemiológico. (Número 17. Volumen 36. Semana 17 del 2019.). Dirección General de Epidemiología. https://bityl.co/6zdz

6 Instituto Nacional de Salud Pública. (2020). Encuesta nacional de salud y nutrición 2018-19. Resultados nacionales.

https://www.insp.mx/produccion-editorial/novedades-editoriales/e nsanut-2018-nacionales

7 Jiménez Ruiza, Pérez Padilla, Palomar Leverc. Et All. “Día mundial del pulmón” Publicado en 2017. Recuperado en septiembre de 2021 del sitio Web:

https://www.archbronconeumol.org/es-dia-mundial-del-pulmon-artic ulo-S0300289617302594

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.– Diputados y diputadas: Emmanuel Reyes Carmona, Alejandra Pani Barragán, Ángel Domínguez Escobar, Brenda Ramiro Alejo, Carlos Augusto Pérez Hernández, Catalina Díaz Vilchis, Claudia Selene Ávila Flores, Edna Gisel Díaz Acevedo, Leonor Coutiño Gutiérrez, Marcelino Castañeda Navarrete, María Eugenia Hernández Pérez, María Isabel Alfaro Morales, Martín Sandoval Soto, Navor Alberto Rojas Mancera, Otoniel García Montiel, Pedro David Ortega Fonseca, Raymundo Atanacio Luna, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos transitorios segundo del decreto por el que se declaran reformados los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 20 de marzo de 1997; y cuarto de la Ley de Nacionalidad, suscrita por el diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Jorge Ernesto Inzunza Armas, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformados los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo cuarto transitorio de la Ley de Nacionalidad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de la Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, de la cual México es un Estado miembro, establece en su artículo 16 el derecho a la nacionalidad como un derecho humano universal de toda persona, de la siguiente forma:

Artículo 16

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.”

Así mismo, en el Artículo 37, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que:

Artículo 37

A) Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.”

Sin embargo, en el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformados los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997, se establece como requisito para recuperar la nacionalidad mexicana a quienes hayan adquirido una nacionalidad extranjera, el realizar solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo cual condiciona el derecho humano a la nacionalidad, y supone una acción arbitraria del Estado mexicano, al asumir que toda persona mexicana por nacimiento ha perdido de facto su nacionalidad por haber adquirido de manera voluntaria una nacionalidad extranjera; esto implica una falta al derecho que toda persona tiene al debido proceso y al principio de legalidad establecidos en los artículos 14 y 16 constitucionales.

En este mismo sentido, la Ley de Nacionalidad en su transitorio cuarto establece para los interesados el deber de presentar solicitud por escrito ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 37, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha disposición, representa para la Secretaría de Relaciones Exteriores un gasto innecesario en la atención a las solicitudes de declaratoria de nacionalidad y para los interesados se traduce en un trámite innecesario, que dificulta el goce y ejercicio de uno de sus derechos puesto que la nacionalidad es un derecho humano universal y está garantizado por lo establecido en el artículo 37 Apartado A, constitucional.

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior registra que 11 millones 913 mil 989 mexicanos viven fuera de México; 97.79 por ciento de ellos radica en Estados Unidos de América. De ellos, muchos se han visto en la necesidad de adquirir una nacionalidad extranjera, para lo cual han tenido que renunciar a la nacionalidad mexicana.

Es así que las personas mexicanas que antes del 20 de marzo de 1998 adquirieron una nacionalidad extranjera, renunciando a la nacionalidad mexicana, están obligadas a realizar el trámite de solicitud de declaratoria de nacionalidad ante los consulados o representaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Para una mayor ilustración, se presenta el texto vigente y el texto propuesto de ambos ordenamientos:

Por lo expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformados los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo cuarto transitorio de la Ley de Nacionalidad.

Artículo Primero. Se reforma el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformados los artículos 30, 32 y 37 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, publicado en el diario oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997, para quedar como sigue:

Decreto por el que se declaran reformados los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

...

Transitorios

Primero. ...

Segundo. Las personas que hayan adquirido voluntariamente en cualquier momento una nacionalidad extranjera, conservarán su nacionalidad mexicana por nacimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 37, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin necesidad de realizar trámite alguno.

Artículo Segundo: Se reforma el artículo cuarto transitorio de la Ley de Nacionalidad, para quedar como sigue:

Ley de Nacionalidad

...

Transitorios

Primero. ...

...

...

Cuarto. El beneficio de lo dispuesto en el artículo 37, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es de facto al tratarse de un derecho humano, por lo tanto, las personas que antes de esta reforma hayan perdido su nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber adquirido voluntariamente en cualquier momento una nacionalidad extranjera, recuperan su nacionalidad mexicana sin necesidad de realizar trámite alguno.

Por lo expuesto, exhorto a todas y a todos los legisladores a aprobar estas reformas en materia de nacionalidad que beneficiarán a millones de mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero y han perdido su nacionalidad mexicana.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 25 de noviembre del 2021.– Diputados y diputadas: Jorge Ernesto Inzunza Armas, Mirza Flores Gómez, Elvia Yolanda Martínez Cosío, Noel Mata Atilano (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 6o. y 55 de la Ley Minera, suscrita por los diputados Sandra Luz Navarro Conkle y Omar Enrique Castañeda González, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, diputada Sandra Luz Navarro Conkle y diputado Omar Enrique Castañeda González, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero y el párrafo cuarto del artículo 6; y se adiciona una fracción XIV al artículo 55, todos de la Ley Minera, en materia de concesiones mineras, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En consideración de que el 67.1% del territorio nacional tiene potencial minero, conforme a los estudios que ha realizado el Servicio Geológico Mexicano, 1  en este sentido, las actividades de exploración, explotación y procesamiento de minerales ha sido una de las actividades económicas que han acompañado el desarrollo histórico nacional, a grado tal que sus vaivenes han derivado en causales de movimientos sociales y políticos.

En este sentido la minería acredita su transversalidad en la dinámica social nacional; baste para esto hacer hincapié en que México, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, México se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales a nivel mundial, primer lugar en producción de plata, segundo lugar mundial en florita, tercero en wollastonita, cuarto de bismuto y celestita, quinto de molibdeno, plomo y diatomita; sexto en la producción de selenio, cadmio, zinc, feldespato y yeso; sexto en la producción de oro, barita y sal, noveno en cobre y décimo en fierro; los datos anteriores sólo por dar algunos ejemplos del impacto que la actividad extractiva tiene en el territorio nacional. 2

El valor de la producción de la industria minero — metalúrgica, en la cual encontraremos los diversos procesos productivos del mineral, conforme al Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2019, asciende a 686 mil 634 millones de pesos; y los porcentajes de participación estatal se distribuye de la siguiente manera: Sonora con 34.8%, Zacatecas 21.6%, Chihuahua 10.9%, Durango 7%, Coahuila 5.6%, Guerrero 3.6%, San Luís Potosí 3.2%, Baja California Sur 2%, Oaxaca 2.9%, Estado de México 1.6%, Colima 1.2%, Hidalgo 1.1%, mientras que los estados restantes en valores menores al uno por ciento. 3

Ahora bien, en virtud de los datos anteriormente expuestos tenemos que   la producción minera guarda una de las paradojas de la visión económica del sistema neoliberal, padecido por México y los países en vías de desarrollo durante más de tres décadas, la cual radica en que si bien existe gran producción cuantitativa minera, la mayor parte la generan empresas mineras extranjeras en mayoría, las cuales se han enriquecido con la extracción de nuestros recursos y, por otra parte, las comunidades indígenas, poblados y ejidos dueños de las tierras donde se localizan las minas, siguen confinadas a vivir en una situación de extrema pobreza y bajos niveles de desarrollo humano.

En muchos casos, se han documentado cómo las comunidades indígenas, poblados y ejidos, en donde el gobierno federal autoriza las concesiones para explorar, explotar y procesar el producto mineral terminan éstos siendo objeto de violaciones graves a sus derechos humanos, se criminaliza a los habitantes, y se les impone sin mediación alguna que beneficie a los pobladores, los proyectos que al final precarizan la vida inmediata, la producción agropecuaria, el acceso a recursos como el agua, tierra, tradiciones y vida comunitaria.

Por mencionar algunos, tenemos el asesinato en el año 2012, de Bernardo Vázquez, en San José del Progreso, Oaxaca, líder de la oposición a la mina Fortuna Silver; el desalojo con armas a habitantes de la comunidad La Colorada, municipio de Chalchihuites, Zacatecas, en 2017, por parte de la compañía minera canadiense Panamerican Silver; o las amenazas contantes a los ejidatarios de El Bajío, del Municipio de Caborca, donde se localiza una mina de la cual se extrae oro, por una empresa minera de nombre Penmont y contra los ejidatarios de El Sombrerito y Maquipo, ubicados en el municipio de Álamos, donde también se extrae oro de sus minas, por una empresa denominada como Pan American Silver. 4

El impacto y la huella ambiental de la actividad minera es uno de los factores que también forma parte de los contradictorios beneficios que se le adjudican, pese a que la inversión privada en dicho sector redunda en más de 4800 millones de pesos, 5 se han documentado accidentes, descuidos y errores en el proceso productivo que han dañado los ecosistemas y el medio ambiente, de suerte que, estos efectos profundizan la degradación de nuestro planeta.

Algunos de los casos más emblemáticos son: En La Minera San Xavier opera fuera de la ley en San Luis Potosí, con la contaminación del aire, la sobreexplotación del acuífero y la amenaza socioambiental ocasionada por el cianuro; en 2015, la Minera Santa María ubicada en la carretera Cananea-Ímuris, derramó cerca de 180 metros cúbicos de solución gastada de cobre. Esta misma minera, propiedad del Grupo Fisto, había derramado en 2008, 50 mil toneladas de sales sin tener hasta ahora la certeza si se trata de metales pesados O el caso del derrame de 10 mil 800 toneladas de residuos químicos en la presa de jales de la mina Dos Señores, ubicada en el municipio de Concordia, Sinaloa. 6

En 2014, la contaminación en Sonora por parte de la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, donde 40 mil metros cúbicos de solución de ácido sulfúrico fueron derramados desde la mina de Cananea en aguas del río Bacanuchi en la zona de Río Sonora. Hecho que fuera denominado en su momento por la autoridad ambiental y diversos grupos ambientalistas como el peor desastre ecológico de la historia de la minería en México, y hasta la fecha no se ha hecho justicia. 7

En función de lo anterior, podemos platear que el problema se encuentra en el marco normativo actual de la minería en México, pues el mismo dato del año 1992, y deriva de un contexto propio del sistema económico neoliberal, extractivo y donde el centro no es el desarrollo humano de las mayorías, sino el beneficio económico de las élites. Por lo tanto, y luego de hacer una revisión a propuestas y estudios, se concluye que es necesario reformular el fraseo de algunas partes de la Ley Minera.

Por lo tanto, esta Soberanía debe tener como imperativo armonizar todos los elementos que coexisten en la actividad minera y contar con un ordenamiento en relación con la producción minera que proteja los intereses de habitantes de zonas mineras. La iniciativa de reforma a la Ley Minera que propongo busca, que no se repita eventos de contaminación ambiental que atenten contra los habitantes y la forma de vida de los territorios circunvecinos a las unidades mineras.

Por lo tanto, es necesario generar cambios que hagan más severas las causales para evitar la irresponsabilidad de las empresas mineras en cada uno de los procesos productivos. Se recalca que, en Morena, no se está en contra de las empresas, se está en contra de los excesos que esta tiene en contra de las poblaciones, los ecosistemas y la vida comunitaria. En Morena somos partidarios de un equilibrio entre el desarrollo económico y el respecto a los ecosistemas, y sobre todo que el éxito de la actividad minera se refleje en beneficio de los pobladores de la región.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo tercero y párrafo cuarto del artículo 6; y se adiciona una fracción XIV al artículo 55 todos de la Ley Minera

Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero y el párrafo cuarto del artículo 6; y se adiciona una fracción XIV al artículo 55, todos de la Ley Minera, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

...

La Secretaría, previo a expedir títulos de concesión, deberá solicitar información necesaria a las autoridades competentes, a fin de verificar si, dentro de la superficie en la que se solicita la concesión, se violan derechos humanos, se afecta el patrimonio arquitectónico de los poblados circunvecinos,  los sitios arqueológicos, las áreas naturales protegidas y las zonas de restauración ecológica, producto de la exploración, explotación y procesamiento, solicitar la Manifestación de Impacto Ambiental, si se realiza alguna de las actividades de exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos o del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.

En caso de que la información solicitada confirme la realización de alguna de las actividades o elementos a que se refiere el párrafo segundo de este artículo dentro de la superficie para la que se solicita la concesión, la Secretaría, con base en un estudio técnico que realice con la Secretaría de Energía y en el cual se determine la factibilidad de la coexistencia de actividades mineras con las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, o con las de servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, en la misma superficie, podrá negar la concesión minera u otorgarla excluyendo la superficie que comprendan las actividades preferentes, en la medida en que resulten incompatibles con la explotación minera.

Artículo 55. Se sancionará con la cancelación de la concesión minera cualquiera de las infracciones siguientes:

I. ... a la XIII. ...

XIV. Incumplimiento grave y reiterado, durante todas o cada una de las etapas de la operación minera, de las disposiciones legales en materia de equilibrio ecológico y la protección ambiental, lo anterior sin perjuicio de las sanciones civiles, administrativas y penales en que incurran.

Artículos Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Sistema Geológico Nacional (2019). Anuario Estadístico de la Minería Mexicana.

https://www.sgm.gob.mx/productos/pdf/Anuario_2019_Edicion_2019.p df

2 Véase: Programa Sectorial de Economía 2020-2024

https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php

3 Ibídem.

4 Véase en:

https://www.proceso.com.mx/libros/2018/2/16/la-maldicion-minera- 200110.html

5 Véase en:

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-aumenta-43-su-ca rtera-de-inversion-en-mineria-de-oro-20210903-0022.html

6 Véase en:

https://aristeguinoticias.com/2008/mexico/los-riesgos-de-la-mine ria-en-mexico-no-todo-lo-que-brilla-es-desarrollo-fundar/

7 Véase en: Enciso, A. (24 de agosto de 2014) Semarnat: desastre ambiental en Sonora, el peor de la minería en el país. La Jornada.  Recuperado de

http://www.jornada.unam.mx/

Dada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.– Diputadas y diputados: Sandra Luz Navarro Conkle, Omar Enrique Castañeda González, Leonel Godoy Rangel, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 47 Bis 1 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Diputada Federal Reyna Celeste Ascencio Ortega, en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en el Artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47 Bis 1, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El objeto de esta iniciativa es obligar a que las aerolíneas cuiden las sillas de ruedas y otros aparatos que utilizan las personas con discapacidad y para el caso de que los dañen, estén obligadas a indemnizar totalmente el daño causado, asimismo deberá cubrir los gastos médicos por la afectación a la salud de las personas derivado de la falta de uso de tales aparatos e instrumentos.

Esta proyecto legislativo se basa en la reciente muerte de la activista por los derechos de las personas con discapacidad, Engracia Figueroa, quien durante un vuelo comercial le fue dañada su silla de ruedas, lo que a su vez le ocasiono complicaciones medicas al no poder contar con el aparato que le permitía su movilidad, complicaciones que finalmente tuvieron como consecuencia su fallecimiento. 1

De tal manera que a esta propuesta de Ley que podríamos llamar Ley Engracia Figueroa sería en homenaje a esta activista de derechos humanos, a mayor detalle, en julio de 2021, Engracia Figueroa acudió a la manifestación “Care Can’t Wait” en Washington, DC. Posteriormente, de que Engracia viajó de regreso a su hogar ubicado en Los Ángeles, California se dio cuenta del inicio de una tragedia: los trabajadores de la aerolínea donde había viajado habían dañado accidentalmente su silla de ruedas, misma que costaba alrededor de 30 mil dólares, ya que la silla estaba especialmente diseñada para Engracia, quien tenía una lesión en la columna vertebral y una amputación de pierna, por lo que la silla estaba especialmente diseñada para sostener su cuerpo, sin su silla de ruedas, Engracia tenía dificultades para mantener el equilibrio y sentarse erguida, por lo que al utilizar otra silla durante cinco horas en el aeropuerto le provocó el desarrollo de una úlcera por presión, por lo que experimentó un dolor agudo y fue ingresada en el hospital poco después.

En la siguiente imagen de twitter 2 se puede apreciar las diferencias entre la silla de ruedas de Engracia frente a la silla de ruedas que le prestaron en el aeropuerto y que le ocasionó problemas médicos.

La historia que se relata se puede apreciar en la siguiente infografía:

Efectivamente, los aparatos e instrumentos que facilitan la vida y movilidad de las personas con discapacidad son parte de su cuerpo, les apoyan en su vida diaria, e incluso en algunos casos pueden ser esenciales para mantener su salud, con motivo de ello, es que las aerolíneas y aeropuertos deben tener el mayor cuidado en el manejo de estos aparatos.

En tal sentido, si los particulares concesionarios y permisionarios de servicios aéreos, saben que tienen la obligación de indemnizar al 100% por los daños a estos aparatos o instrumentos así como pagar los gastos médicos, tendrán mayor cuidado y protección al transportar estos aparatos a fin de no afectar a las personas con discapacidad.

El caso de Engracia Figueroa no es nuevo, y lamentablemente no será el último, salvo que establezcamos un marco legal que obligue a que esto no suceda, incluso en nuestro país ya hay antecedentes judiciales sobre casos similares, lo que se cita a continuación:

Registro digital: 2021210

Instancia: Primera Sala

Décima Época

Materias(s): Constitucional, Administrativa

Tesis: 1a. CXIV/2019 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 320

Tipo: Aislada

Consumidor del servicio de transporte aéreo. Derechos de los pasajeros con discapacidad o movilidad reducida.

Los derechos de los pasajeros del servicio de transporte aéreo se basan en tres pilares fundamentales: la no discriminación, la información exacta, oportuna y accesible, y la asistencia inmediata y proporcionada. Estos principios se materializan en distintos derechos de los pasajeros con discapacidad o con movilidad reducida, no sólo se les reconoce el derecho de acceder sin discriminación al transporte aéreo, sino también el derecho a la movilidad, conforme al cual se han de garantizar condiciones de accesibilidad y asistencia sin costo adicional alguno. Además, las compañías aéreas y los operadores aeroportuarios tienen la responsabilidad común de capacitar a su personal para que proporcionen una respuesta satisfactoria a las demandas y necesidades de las personas con discapacidad. También se reconoce una responsabilidad especial en caso de pérdida o deterioro de los instrumentos que requieren las personas con alguna discapacidad, pues estos pasajeros no sólo sufren los mismos daños que cualquier otro, sino que además, en caso de pérdida o deterioro, no pueden gozar de la movilidad requerida hasta la recuperación de sus instrumentos, lo que se ha de tomar en cuenta para la determinación de la responsabilidad a cargo de las concesionarias.

Amparo en revisión 434/2018. Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, también conocida como Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, Sociedad Alemana de Aviación, S.A., o como Deutsche Lufthansa Ag o como Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas y otra. 6 de marzo de 2019. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretaria: Natalia Reyes Heroles Scharrer.

Esta tesis se publicó el viernes 6 de diciembre de 2019 a las 10: 18 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

De tal manera, que nuestro Tribunal Constitucional reconoce una responsabilidad especial en caso de pérdida o deterioro de los instrumentos que requieren las personas con alguna discapacidad, pues estos pasajeros no sólo sufren los mismos daños que cualquier otro, sino que además, en caso de pérdida o deterioro, no pueden gozar de la movilidad re-querida hasta la recuperación de sus instrumentos, lo que se ha de tomar en cuenta para la determinación de la responsabilidad a cargo de las concesionarias, lo que además no es incompatible con la seguridad y la operación aeroportuaria. 3

Se trata de un proyecto legislativo que busca hacer respetar los derechos de las personas con discapacidad y de un llamado de atención para que los servicios aéreos tengan la debida protección y cuidado de estas personas, esperemos que su aprobación legal se de a la brevedad y que no imperen en este asunto intereses económicos.

A continuación, vamos a describir el proyecto de iniciativa a través de un cuadro comparativo en el que se contrasta el texto legal vigente frente al texto que propone esta iniciativa:

En mérito de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 47 Bis 1 de la Ley de Aviación Civil

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 47 bis 1 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 47 Bis 1. Los pasajeros con alguna discapacidad tendrán derecho a transportar sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o cualquier otro instrumento, siempre y cuando la persona que viaja haga uso de ésta de manera personal y se encuentre directamente asociado con la discapacidad que presenta. En caso de daño a los tales instrumentos o aparatos durante la transportación, los concesionarios o permisionarios deberán indemnizar totalmente el daño a los mismos, asimismo deberá cubrir los gastos médicos por la afectación a la salud de las personas derivado de la falta de uso de tales aparatos e instrumentos. En vuelos internacionales, dichos límites serán los fijados de conformidad con los Tratados.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

1 https://www.forbes.com/sites/lakenbrooks/2021/11/08/disability-advocate-engraci a-figueroa-died-after-an-airline-damaged-her-wheelchair/?sh=3c2f964210d7

2 https://twitter.com/CaringAcrossGen/status/1416063576016629769? ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1416063576016629769%7Ctwgr %5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fembedly.forbes.com%2Fwidgets%2Fmedi a.html%3Ftype%3Dtext2Fhtmlkey%3D3ce26dc7e3454db5820ba084d28b4935schema%3Dtwitte rurl%3Dhttps3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcaringacrossgen%2Fstatus%2F141606357601662976 9%2Fphoto%2F1image%3Dhttps3A%2F%2Fi.embed.ly%2F1%2Fimage3Furl3Dhttps253A252F252 Fabs.twimg.com252Ferrors252Flogo46x38.png26key3D3ce26dc7e3454db5820ba084d28b493 5

3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2019272, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 12/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 836, Tipo: Jurisprudencia

Servicio de transporte aéreo. La obligación a cargo de los permisionarios o concesionarios de transportar a los pasajeros con discapacidad junto con los instrumentos inherentes a su condición, no implica el desconocimiento de las especificaciones técnicas y de seguridad de las aeronaves.

De la interpretación de los artículos 47 Bis, fracción I, y 47 Bis 1 de la Ley de Aviación Civil, se advierte que, en relación con los derechos de los pasajeros con discapacidad, el legislador vinculó a los concesionarios o permisionarios al cumplimiento de diversas obligaciones, entre las que destacan la de prever mecanismos para garantizar su transporte junto con los instrumentos inherentes a su condición, siempre que éstos sean utilizados de manera personal y se encuentren directamente asociados con la discapacidad de que se trate, mecanismos que deberán implementarse conforme a las medidas de seguridad operacional que han de informarse en forma clara y precisa a los pasajeros como parte de los términos y condiciones del contrato. La simple lectura de esas normas evidencia que el legislador reconoció que el servicio de transporte aéreo debe prestarse con las máximas condiciones de seguridad, tanto en su operación como para los pasajeros, tan es así que vinculó a las aerolíneas a establecer en las políticas de contratación las medidas de seguridad operacional que han de respetarse para transportar los instrumentos que requiera este tipo de pasajeros.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintitrés días de noviembre del año dos mil veintiuno.– Diputadas y diputados: Reyna Celeste Ascencio Ortega, Ángel Domínguez Escobar, Carlos Augusto Pérez Hernández, Edna Gisel Díaz Acevedo, Emmanuel Reyes Carmona, Leonel Godoy Rangel, María Eugenia Hernández Pérez, María de Jesús Rosete Sánchez, Nancy Yadira Santiago Marcos, Raymundo Atanacio Luna, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de establecer políticas públicas y estrategias urgentes para resolver el abastecimiento de agua potable en San José del Rincón, México, suscrita por el diputado Juan Ángel Bautista Bravo e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Juan Ángel Bautista Bravo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante las últimas décadas, debido al crecimiento exponencial de la población, un tema recurrente en la agenda nacional ha sido la escasez de agua. Fenómeno natural, el cual ha tenido crecimiento acelerado inducido por los seres humanos. Aun cuando hay suficiente agua dulce en el planeta para satisfacer las necesidades de una población mundial de cerca de siete mil millones de personas, su distribución es desigual tanto en el tiempo como en el espacio, y mucha de ella es desperdiciada, contaminada y manejada de manera insostenible. 1

El cambio climático, principalmente el aumento de la temperatura global, altera gravemente los comportamientos del ciclo del agua. En el último decenio, más de 90 por ciento de los grandes desastres naturales se produjeron a causa de inundaciones, tormentas, olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.

El Estado mexicano se enfrenta a una crisis sin precedente, a lo cual se aúnan las sequías registradas en 2020, lo que ocasiono graves desequilibrios hidrológicos. Se registró un almacenamiento debajo del histórico en el sistema Cutzamala.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, 83.9 por ciento del territorio nacional sufre de sequías intensificadas desde marzo por la disminución en el porcentaje de lluvias. 2

Es responsabilidad del gobierno abastecer a la sociedad. En el artículo 4o. de la Constitución se menciona: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

La sequía no es la única causa que provoca la escasez; faltas de políticas públicas, acceso inequitativo, falta de infraestructura hidrológica, entre otros. Un claro ejemplo es San José del Rincón, México, el tema que nos ocupa.

San José del Rincón es de reciente creación, con 94 mil habitantes y 20 mil viviendas particulares ocupadas. De éstas, poco más de 21 por ciento no cuenta con agua potable y 48 no cuenta con drenaje. 3

En el artículo “¿Guerra por el agua en el valle de México?” se menciona que los municipios de donde se capta el agua suelen no tener buenos niveles de cobertura de agua potable y sus dotaciones suelen ser reducidas. Como ejemplo, citamos el caso de San José del Rincón y Almoloya del Rio, dos municipios de captación del Sistema Lerma cuya dotación promedio no alcanza 200 /h/d. 4 En el estado de México no sólo hay poca agua sino que está distribuida de forma desigual.

Los habitantes de la Guarda San Antonio Plaza de Gallos, en San José del Rincón, México, solicitaron apoyo a un servidor (se anexa copia del oficio) para la ejecución de la obra de perforación, desarrollo y aforo de un pozo profundo debido a la falta de agua.

A la población se le informo sobre la autorizó la perforación, desarrollo y aforo de un pozo profundo para obtener agua subterránea, por lo que se le solicitó a la presidenta municipal de San José del Rincón, la licencia de construcción (anexo uno), y trámite para la obtención del título de concesión para agua subterránea (anexo dos).

Los habitantes han agotado todo recurso para solicitar el seguimiento de los trámites realizados hasta ahora, sin obtener respuestas concretas por parte de la autoridad sobre la obra anteriormente mencionada y sobre las acciones y estrategias que las autoridades tomarán para cambiar la realidad de este municipio.

Por lo expuesto pongo a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua, la Comisión del Agua del Estado de México y el Departamento de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de San José del Rincón a verificar y resolver en coordinación y con la mayor brevedad la gran problemática que se tiene en el desabasto de agua potable, en la ejecución de obra perforación, desarrollo y aforo de un pozo profundo en la comunidad de Guarda San Antonio Plaza de Gallos; asimismo, hacer públicas las acciones que se implantarán y el tiempo en que resolverán la problemática.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de México, la presidenta municipal de San José del Rincón, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Agua del Estado de México a instruir en el ámbito de su facultades a las dependencias involucradas para que trabajen de manera conjunta a fin de establecer políticas públicas y estrategias urgentes para resolver al abastecimiento de agua potable; además, hacer públicas las estrategias y los mecanismos que realizarán para cumplir el mandato del artículo 4o. constitucional.

Notas

1 Abordar la escasez y la calidad del agua (UNESCO),

https://es.unesco.org/themes/garantizar-suministro-agua/hidrolog ia/escasez-calidad#:~: text=La%20acelerada%20 urbanizaci%C3%B3n%2C%20el%20incremento,los%20recursos%20de%20agua%20dulce

2 “Sequía pega a 83 por ciento del país; la peor desde 2012”,

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/4/13/sequia-pega-83 -del-pais-la-peor-desde-2012-283144.html

3 Estadística Básica Municipal del Estado de México 2020, San José del Rincón.

4 ¿Guerra por el agua en el valle de México?,

http://centro.paot.org.mx/documentos/unam/guerra_por_agua_ digital.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.– Diputado Juan Ángel Bautista Bravo (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a emprender acciones para incluir en la política nacional de vacunación contra el SARS-CoV-2 a toda la población de entre 12 y 17 años de edad, a cargo de la diputada María Josefina Gamboa Torales, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, María Josefina Gamboa Torales, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a emprender las acciones necesarias para incluir a toda la población entre 12 y 17 años de edad en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Después de las desafortunadas declaraciones del doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, en relación a que las vacunas logradas por niños y niñas a través de la interposición de amparos, eran una medida que afectaba a la Política Nacional de Vacunación contra el Covid-19, por fin el pasado 24 de septiembre, entendieron su obligación de proteger a dicho sector.

Lo que nos deja claro que todos aquellos argumentos que esgrimieron para minimizar el riesgo que enfrenta nuestra juventud en esta pandemia, son falaces. No obstante, se refirió que, a partir del primero de octubre, las y los adolescentes entre 12 y 17 años de edad, con comorbilidades, podrían comenzar a registrarse para recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech, al ser la única autorizada en territorio nacional para esta población.

De esta forma, las dosis solamente se estarán aplicando a aquellos adolescentes que presenten algún tipo de enfermedad grave, como lo serían:

• Inmunosupresión,

• Enfermedad pulmonar crónica grave,

• Afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo,

• Enfermedad neurológica crónica,

• Enfermedades cardiovasculares,

• Diabetes y otras enfermedades endocrinas, o

• Anomalías genéticas o cromosómicas.

Además de que se incluirá a las adolescentes embarazadas; lo que aseguran representaría entre 750 mil a un millón y medio de beneficiados con la inmunización 1.

Empero, de acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), en México habitan 13.4 millones de adolescentes entre 12 y 17 años de edad 2, lo que nos lleva a concluir que solo se está contemplando a 11 por ciento de este sector etario. Lo que implica un porcentaje muy bajo si en verdad queremos que la inmunización tenga efectos generales para la reducción de la propagación del virus. Recordemos que a partir del pasado 30 de agosto, regresaron a las aulas más de 25 millones de alumnos, medida que, si bien es necesaria para fortalecer la salud mental de nuestras niñas, niños y adolescentes, aunado al reforzamiento de la actividad del aprendizaje, ha sido tomada de forma imprudente.

Y eso lo podemos catalogar así, debido a que desde el 24 de junio la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) comunicó que la vacuna de Pfizer-BioNTech estaría autorizada para su aplicación a partir de los 12 años de edad.

Por ende, si en verdad se querían programar un regreso a clases seguro, para nuestra juventud, lo primero que se tenían que haber llevado a cabo es emprender las acciones necesarias para que se incluyera y empezara a ejecutar una política que contemplara a toda esta población.

El Estado mexicano, a pesar de lo señalado el pasado 24 de septiembre, sigue siendo irresponsable frente a nuestros representados, está por demás el dar razones para que este gobierno entienda que sí es viable la inmunización de personas entre 12 a 17 años, pues ya lo aceptó, ahora lo que debemos hacerles entender es que tenemos la obligación de garantizarles a todos nuestros jóvenes el poder contar con las dosis requeridas.

Es curioso ver que uno de los argumentos que las Dependencias involucradas en el plan de vacunación anticovid-19, han dado al momento de rendir sus informes en los juicios de amparo impetrados, es que dicha política tiene como ejes para ejecutarse 3: 1). La edad; 2). Las comorbilidades; 3). Grupos de Atención Prioritaria; y 4). Comportamiento de la pandemia, y por lo tanto no era posible que se inmunizaran a los menores de edad, puesto que el documento rector de dicha política, se había redactado solo para incluir a las personas mayores de 18 años.

Esto último fue así debido a que no había vacunas aprobadas para una población más joven, argumento claramente rebasado desde hace más de tres meses. Pero lo más insólito, es que en dicho documento se hace referencia que se han de vacunar a todos (los mayores de 18 años) sin importar las comorbilidades, es decir, hasta el día de hoy no se ha realizado una diferenciación entre esta población por su estado de salud.

Cabe resaltar que este tipo de argumentos han sido la base de diversas quejas interpuestas por esta dependencia para tratar de frenar los mandatos de los jueces, quienes les han ordenado vacunar a los niños y niñas que han acudido al juicio de amparo.

Así las cosas, resulta ahora infundado que, a la niñez, siendo un sector per se vulnerable, sí se les ha de limitar su acceso al biológico. Sería una discriminación injustificada, puesto que el propio eje rector reconoce a la infancia como sector vulnerable.

Aunado a lo anterior es un hecho notorio que las variantes del virus, como la Delta, tiene un grado de transmisibilidad más peligroso, lo que multiplica el riesgo de que nuestra niñez se vea infectada; pero lo más preocupante es que de acuerdo con expertos de la Universidad Autónoma de México, esta variante ataca de forma más agresiva a los grupos vulnerables que no están vacunados 4.

Por otro lado, un estudio publicado por The Lancet, ha declarado que la variante Delta detectada por primera vez en la India, afectará a los niños y jóvenes que no están vacunados, “dada la alta transmisibilidad de la variante Delta 5. Asimismo, dicho estudio señala que los pacientes con Delta tienen el doble de probabilidades de ser hospitalizados 6.

De esta forma, de acuerdo con cifras del Sipinna, los casos de covid-19 entre menores de edad, pasaron de 84 a 60 mil 928 casos, del 12 de abril de 2020 al 8 de agosto de 2021, registrándose 613 fallecimientos 7.

Así las cosas, la incongruencia de la política que el gobierno pretende emprender, cae dentro de una flagrante irresponsabilidad de acuerdo a lo plasmado en nuestra Constitución federal, aunado a los compromisos que el Estado mexicano ha suscrito a nivel internacional. Así las cosas, nuestra ley suprema establece:

Artículo 4o. ...

...

...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud...

...

...

...

...

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Si lo anterior no fuera poco, el Comité de los Derechos del Niño, al momento de interpretar el artículo 15 de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento internacional por excelencia en materia de los derechos humanos de la infancia, señaló:

2. El Comité interpreta el derecho del niño a la salud, definido en el artículo 24, como derecho inclusivo que no solo abarca la prevención oportuna y apropiada, la promoción de la salud y los servicios paliativos, de curación y de rehabilitación, sino también el derecho del niño a crecer y desarrollarse al máximo de sus posibilidades y vivir en condiciones que le permitan disfrutar del más alto nivel posible de salud, mediante la ejecución de programas centrados en los factores subyacentes que determinan la salud...

12. El artículo 3, párrafo 1, de la Convención obliga a las instituciones de previsión social, tanto públicas como privadas, así como a los tribunales de justicia, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, a velar por que se determine el interés superior del niño, que constituye una consideración de primer orden en todas las acciones que afectan a la infancia...

13. El Comité exhorta a los Estados a que sitúen el interés superior del niño en el centro de todas las decisiones que afecten a su salud y su desarrollo, incluidas las relativas a la asignación de recursos y al desarrollo y aplicación de políticas e intervenciones que afecten a los factores subyacentes que determinan la salud del niño...

14. El Comité recalca la importancia del interés superior del niño como fundamento de todas las decisiones que se adopten con respecto al tratamiento que se dispense, niegue o suspenda ( derechos) a todos los niños...

29. Deberán determinarse y eliminarse los obstáculos al acceso del niño a los servicios sanitarios, incluidos obstáculos financieros, institucionales y culturales...

A pesar de que el gobierno nos ha demostrado una resistencia a cumplir con sus obligaciones ante nuestra niñez, cabe destacar que en al Distrito 12 de Veracruz, los jueces nos han concedido más de 500 amparos, ordenando la inmediata valoración médica y aplicación de la vacuna a los niños entre 12 y 17 años, logrando hasta el momento que más de 400 menores ya tengan su primera dosis hasta el momento, seguiremos luchando para que aquellos que representan nuestro futuro, puedan tener las herramientas para crecer en un ambiente sano.

Como consecuencia de esta ola de amparos, ahora la Secretaría de Salud salió con algo inaudito, además de suspender los términos y plazos en las unidades administrativas, ordenó que todas sus oficialías de partes el “...abstenerse de recibir promociones, demandas, juicios de amparo, emplazamientos, requerimientos judiciales, así como cualquier otra notificación proveniente de las autoridades jurisdiccionales, contencioso administrativas, administrativas y del trabajo en todos sus ámbitos de competencia cuya atención le corresponda” 8.

Parece ser que no les es suficiente el no querer garantizar el derecho a la salud, ahora buscan entorpecer el acceso a la justicia, sin duda alguna es una medida aberrante, nuestros representados no se merecen esto, ellos requieren el máximo esfuerzo posible, y eso es lo que los jueces han dictado, que el Estado haga el máximo esfuerzo para cumplir con sus obligaciones frente a nuestra niñez y juventud.

De lo anterior resulta más que necesario, obvio y urgente, que la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) sea reformada de tal manera que incluya a toda la población entre 12 y 17 años de edad, y no solo a aquellas personas que sufran alguna comorbilidad, respetándose de esta forma el interés superior de la infancia.

Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, de la LXV Legislatura, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en su calidad de máxima autoridad sanitaria, para que instruya a quien corresponda, a que emprenda las acciones necesarias para incluir a toda la población entre 12 y 17 años de edad en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), respetándose con esto el Interés Superior de la Infancia, como eje rector de toda política pública.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que instruya a quien corresponda a que emprendan las negociaciones necesarias para la adquisición de las vacunas que garanticen el derecho a la salud a nuestra niñez, buscando eliminar todo obstáculo financiero, institucional o cultural.

Tercero. Se exhorta a todas las autoridades involucradas en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), para que cumplan de forma urgente y eficaz, con los mandamientos dictados por diversos juzgados federales, respecto a la vacunación de niños, niñas y adolescentes, entre 12 y 17 años de edad.

Notas

1 Consultado en:

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-c onferencia-de-prensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-24-de-septi embre-de-2021?idiom=es

2 Consultado en:

https://www.gob.mx/sipinna/galerias/derechos-y-situacion-de-las- y-los-adolescentes?idiom=es

3 Consultado en:

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/ 11May2021_PNVx_COVID.pdf

4 Véase:

https://www.rochainforma.com/preven-que-variable-delta-abarque-9 0-de-contagios-covid-para-agosto/

5 Véase:

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210713/variante-delta- covid-persistente-estudio-reino-unido-11907644

6 Véase:

https://www.forbes.com.mx/la-variante-delta-del-coronavirus-dobl a-el-riesgo-de-hospitalizacion-the-lancet/

7 Consultado en:

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/08/11/covid-19-en-nin os-y-adolescentes-suman-60928-casos-y-613-muertes-en-mexico/

8 Consultado en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5632221&fecha =11/10/2021

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021.– Diputada María Josefina Gamboa Torales (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar la creación de una comisión especial de atención y seguimiento para informar sobre las obras del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Eufrosina Cruz Mendoza, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, como de urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita la creación de una comisión especial de atención y seguimiento para informar sobre los trabajos realizados en las obras del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, al tenor de las siguientes

Consideraciones

“El Tren Maya es un proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el medio ambiente y detonar el desarrollo sustentable”, 1 y “el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es uno de los proyectos estratégicos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”. 2 La integración del corredor económico catalizará las inversiones públicas y privadas a través de la implementación de infraestructura urbana, social y productiva”. 3

Como se ha mencionado, estos son dos proyectos con muchas ambiciones de “desarrollo económico”, no obstante, se desconoce de diversas situaciones que acontecen detrás de estos proyectos. Tal como lo manifiesta el Periódico la Jornada: “Durante varios sexenios gubernamentales, poderosos intereses económicos y políticos han tratado de vender a la opinión pública las innumerables ventajas de construir un corredor transístmico para comunicar al Golfo de México con el Océano Pacífico: un canal de Panamá de la modernidad y la globalización. Con éste, los beneficios que recibiría el sureste del país serían incontables”. 4

“En un libro ya clásico y que sigue vigente, Geopolítica y desarrollo en el istmo de Tehuantepec,editado por el Centro de Ecología y Desarrollo, Alejandro Toledo Ocampo resumió por qué los repetidos intentos imperiales por apoderarse de tan importante región del país:

• Alto potencial de sus numerosas corrientes fluviales;

• Ricas reservas de hidrocarburos;

• Extensas planicies de inundación;

• Vastos recursos pesqueros y forestales;

• Ubicación estratégica respecto a los mercados externos; y

• Sociedades rurales tradicionales con evidentes muestras de pobreza y marginación.

También ilustró cómo la historia reciente del istmo es la expresión clara de que el “desarrollo” que preconizan los modernizadores de ayer y de hoy conduce a dañar preciados ecosistemas. Y algo no menos grave: a alterar y destruir hasta sus raíces las estructuras comunitarias y culturales de las poblaciones que por sus conocimientos, manejo racional del medio y comprensión de la naturaleza, asombraron a los conquistadores españoles y a quienes, más recientemente, han estudiado tan vasto territorio y a sus pobladores.

Abundan las pruebas que muestran cómo la concepción tecnocrática vigente desde hace años en México ignora los problemas de la gente, de las comunidades y de la cultura que desde hace siglos forman la base de la organización de los grupos humanos del sureste. En cambio, aparece lo peor de la civilización del petróleo. No solamente se trata de los hidrocarburos sino de ecosistemas de incalculable valor que son destruidos o alterados: planicies costeras, pantanos, lagunas, ríos y estuarios. O las selvas tropicales húmedas como las de Uxpanapa y Chimalapa”. 5

En el istmo de Tehuantepec convergen ecosistemas terrestres y marinos de gran importancia por su diversidad biológica y por los beneficios ambientales que generan. En el istmo central se localizan las sierras Mixe y de los Chimalapas, separadas por el corredor natural de baja altura sobre el nivel del mar, que conecta las planicies costeras del Golfo de México y el golfo de Tehuantepec.

El “desarrollo” dado en el istmo en las últimas seis décadas consiste en la acelerada explotación de mantos petroleros y azufreros; el aumento de la capacidad de refinación del crudo; el establecimiento de cinco grandes complejos petroquímicos; la instalación y operación de un complejo sistema de transportes; oleoductos, gasoductos y combustoleoductos; el crecimiento de la zona urbana y corredor industrial Coatzacoalcos-Minatitlán.

Todo lo expuesto anteriormente ha generado impactos ambientales muy severos reflejados en la devastación de decenas de miles de hectáreas de selvas tropicales húmedas y más del 80 por ciento de los ecosistemas de humedales en el delta del río Coatzacoalcos. Más la contaminación del aire, suelo y, sobre todo, de los cuerpos de agua alterándose la calidad para el consumo humano y la macrofauna acuática del río Coatzacoalcos. Ocurre lo mismo en el río Tonalá, en la laguna del Ostión y en las aguas del litoral del istmo norte, con fuertes descargas bacterianas y microbianas en general, de hidrocarburos y de metales pesados.

Esta situación crítica ha llevado a los especialistas que han estudiado la zona a declarar la región Coatzacoalcos-Minatitlán-Cosoleacaque-Cangrejeras como la de mayor contaminación de agua, suelo y aire de todo el país y a declarar al tramo final del río Coatzacoalcos, un río “muerto”. 6

Por otra parte, “Varias organizaciones ambientalistas, especialistas y ciudadanos aglutinados en el colectivo Articulación Yucatán enviaron una carta a autoridades federales y estatales sobre los impactos del proyecto Tren Maya al acuífero de Yucatán y en particular a la ciudad de Mérida. El colectivo señala en la misiva su preocupación por la deficiencia en el análisis de los impactos sociales y ambientales del Tren Maya en la península de Yucatán”. 7

Lo antes mencionado definitivamente nos lleva a recapitular lo acontecido con los amparos que el Tren Maya tiene en su contra, como expone el periódico El Economista: “El segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador puntualiza que hasta el momento el Tren Maya suma seis amparos en su contra, de los cuales algunos tienen suspensión provisional, sin que ello impida la continuidad de las obras.

Otra suspensión definitiva fue concedida a un grupo de personas pertenecientes al pueblo Ch’ol, de las comunidades de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, quienes se ampararon desde el pasado 7 de mayo “en contra del presidente de la República, del secretario de Salud federal y del director general Fonatur”, argumentando violaciones a su derecho a la salud, así como afectaciones ambientales y a sus derechos como comunidades indígenas.

La jueza a cargo del caso argumentó que continuar con los trabajos del Tren Maya durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19 ponía en riesgo la salud de las comunidades ch’ol de los referidos municipios, así como sus derechos a un medio ambiente sano”. 8

En 2021 se han concedido suspensiones definitivas contra el Tren Maya, como se observa en el portal de internet de Aristegui Noticias en el cual plasma lo siguiente: “Por considerar que existe una incertidumbre sobre el verdadero impacto del proyecto denominado Tren Maya, la Juez Cuarta de Distrito en el estado de Yucatán determinó conceder tres suspensiones definitivas como resultado de tres amparos presentados por dos asociaciones civiles.

Para conceder la suspensión definitiva la juzgadora sostuvo que en el caso cobra aplicación el “principio de precaución, reconocido en el artículo 15 de la Convención de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que opera como pauta interpretativa ante las limitaciones de la ciencia para establecer con absoluta certeza los riesgos a los que se enfrenta la naturaleza, y que, en relación con la administración pública, implica el deber de advertir, regular, controlar, vigilar o restringir ciertas actividades que son riesgosas para el medio ambiente” . 9

En ese sentido, es necesario que nuestro gobierno cumpla las expectativas de los ciudadanos de nuestro territorio mexicano y en la medida transparentar todo acto realizado el cual será indispensable, ya que ésta es, simultáneamente, garantía de vida democrática, así como de eficiencia y eficacia de la gestión del gobierno.

Debido a ello y a lo que acontece con las obras de Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, es importante aplicar y hacer efectivo lo establecido en el artículo 1 y 2 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tal como lo plasmo a continuación.

Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia general en toda la república, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información.

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.

Artículo 2. Son objetivos de esta ley:

I. Distribuir competencias entre los organismos garantes de la federación y las entidades federativas, en materia de transparencia y acceso a la información;

II. Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información;

III. Establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a la información, mediante procedimientos sencillos y expeditos;

IV. Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los Organismos garantes;

V. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente;

VI. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes;

VII. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región;

VIII. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia; y

IX. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.

Es necesario que el gobierno sea transparente en sus actos y decisiones para crear así un ambiente de democracia y libertades. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

En definitiva, ambos proyectos tienen demasiadas inconsistencias y dudas al respecto, tal como lo mencionan los diversos medios de comunicación y los órganos jurisdiccionales. Es por ello por lo que es necesario y urgente la creación de una comisión especial de atención y seguimiento para informar sobre los trabajos realizados en las obras del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, como de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita, en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la creación de una comisión especial de atención y seguimiento para informar sobre los trabajos realizados en las obras del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Notas

1 https://www.trenmaya.gob.mx/

2 https://www.o-ru.mx/corredor-interocenico-istmo-de-tehuantepec

3 https://www.o-ru.mx/corredor-interocenico-istmo-de-tehuantepec

4 https://ecologica.jornada.com.mx/2021/03/14/el-corredor-interoceani-co-un-ecoci dio-irreversible-2545.html

5 https://ecologica.jornada.com.mx/2021/03/14/el-corredor-interoceani-co-un-ecoci dio-irreversible-2545.html

6 https://microadmin.jornada.com.mx/ecologica/2021/03/14/los-impac-tos-ambientale s-del-corredor-interoceanico-5401.html

7 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Colectivo-alerta-sobre-impactos-negativ os-del-Tren-Maya-en-la-peninsula-de-Yucatan-20210408-0092.html

8 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Tren-Maya-suma-seis-am-paros-en-su-cont ra-20200902-0093.html

9 https://aristeguinoticias.com/1703/mexico/concede-juez-tres-suspen-siones-defin itivas-en-contra-del-tren-maya/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2021.– Diputada Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a garantizar condiciones para el ejercicio del derecho de libertad de expresión y de prensa, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. En México ser defensor de derechos humanos, activista, periodista independiente y, en general, criticar a los gobiernos —actual y anteriores— del país es sinónimo de ser víctima de acoso, intimidación, amenazas y violencia. Múltiples ejemplos sustentan esta afirmación: el 19 de junio de 2017, The New York Times publicó un reporte extensivo, 1 en colaboración con Aristegui Noticias, Article 19, R3D y Social TIC, con asistencia del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá, 2 en el que se dio cuenta del despliegue de acciones de vigilancia e intervención de comunicaciones de periodistas y activistas mexicanos, tales como Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad, Salvador Camarena, de Mexicanos contra la Corrupción, Carlos Loret de Mola, Mario Padrón, del Centro Prodh, y Carmen Aristegui. 3

Los ataques fueron dirigidos, de acuerdo con la investigación, “cuando los blancos cuestionaron las políticas del [...] [entonces] gobierno federal, por ejemplo: la difusión del reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto, el acompañamiento a la investigación independiente del caso Ayotzinapa, la actuación de la Policía Federal en Tanhuato y el debate de las leyes anticorrupción”. 4

Así, tan solo en la administración de Enrique Peña Nieta se duplicaron las agresiones contra periodistas, en comparación con la de Felipe Calderón en la que se agredía a un comunicador cada 48.1 horas. 5

De acuerdo con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2015, de Reporteros Sin Fronteras, México se ha distinguido por ser el “país más mortífero de América Latina para los medios de comunicación”.

Artículo 19, en su informe anual Estado de censura, publicado en el sexenio de Peña Nieto, dio cuenta “del deterioro del ejercicio pleno de la libertad de expresión y la violencia contra la prensa durante 2014”, 6 revelando que cada 26.7 horas se agredía a un periodista en el país, y más del 90 por ciento de los casos permanecen en la impunidad. 7 Artículo 19 registró que durante 2014, 48 por ciento de las agresiones registradas fue responsabilidad de funcionarios. 8

Por si fuera poco, durante la actual administración la situación, lejos de mejorar, ha empeorado, pues de acuerdo con Artículo 19, nuestro país “registra un ataque contra la prensa cada 11 horas”, 9 señalando “las constantes descalificaciones de López Obrador como uno de los principales detonantes de las agresiones contra los periodistas en el país”: 10

Hemos visto cómo las intimidaciones y campañas de desprestigio empiezan en las conferencias mañaneras del presidente y se replican por otros miembros de su Gobierno o en los estados y municipios”. 11

El 29 de noviembre de 2021, el titular del Poder Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, criticó fuertemente la libertad de expresión y de prensa de la periodista Carmen Aristegui, quien constantemente ha trabajado en reportajes que denuncian actos de corrupción de distintos partidos políticos y servidores públicos. Textualmente, el presidente de la República mencionó lo siguiente:

Y también aclarar que Proceso y Carmen Aristegui nunca han estado a favor de nuestro movimiento, que ellos dicen que porque son independientes y yo sostengo que sí son independientes, pero independientes del pueblo, que nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo, entonces nada más dejarlo en claro porque luego hay confusión, se piensa que estos medios, seudoobjetivos, seudoprogresistas, seudoindependientes, tienen vinculación con nosotros y no, ellos están haciendo su trabajo, pero no tenemos identificación, no hay simpatías.

Carmen Aristegui escribe en Reforma y pertenece al grupo que apoya al bloque conservador, entonces nada más aclararlo porque ya no estamos en los tiempos de la simulación y hay muchos que están en nuestro movimiento, que apoyan la transformación y que piensan que son personas que han ayudado al movimiento o apoyan al movimiento, no, ni cuando vivía don Julio Scherer, que lo quiero mucho, lo sigo queriendo, pero en Proceso tenían una línea editorial que no era afín a la nuestra. Además, recuerdo que estábamos en plena guerra sucia, nos estaban bombardeando en vísperas de las elecciones de 2006 y la portada de Proceso fue en contra mía, la recuerdo bien porque es parecida a la campaña de ahora, de que soy autócrata, autoritario, dictador, en aquel entonces la campaña de la portada de Proceso era “El Estado soy yo”. Pero eso en la época de don Julio, estoy hablando del Francisco Zarco del siglo XX según el finado Carlos Fuentes. Pero Francisco Zarco que era muy cercano a Juárez, que escribía muy bien, era un hombre de avanzada, llegó a tener diferencias con Juárez (...)

Decirles que el terreno que tienen mis hijos son 52 hectáreas, tienen 16 hectáreas cada uno, se las entregó su abuelo, el papá de la mamá, por eso los chocolates se llaman Rocío, que era mi esposa, la mamá de mis hijos que falleció y desde entonces sembraron árboles maderables y luego sembraron cacao. En el sexenio pasado les ofrecieron créditos, nunca aceptaron, nunca se ha aceptado ningún apoyo del gobierno. No tienen nada qué ver con el programa Sembrando Vida, porque no he visto lo que dicen en la entrevista pero me consultó Andrés, porque le mandaron, así al estilo del periodismo muy objetivo, le mandaron un cuestionario para que lo respondiera y le daban de plazo hasta un día a tal hora y si no contestaba pues ya podían decir en el reportaje que fueron consultados pero no respondieron. Venía una pregunta ahí acerca de que, en el sentido de que el programa Sembrando vida había surgido de un agrónomo, amigo de mis hijos, que estuvo trabajando en el gobierno y que él fue quien creó el programa Sembrando vida, no, aprovecho, este programa salió de aquí, de esta cabeza, como el programa de adultos mayores salió de aquí, no está copiado de ningún lugar del mundo. 12

II. Marco jurídico

El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la libertad de expresión así como a que nadie pueda ser juzgado por la expresión de sus ideas. A la letra el artículo 6 de nuestra Carta Magna refiere lo siguiente:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

(...) 13

La Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento internacional firmado y ratificado por el Estado mexicano, establece en el artículo 19 la libertad de expresión y de opinión:

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Por lo expuesto se propone exhortar al Titular del Ejecutivo Federal, a garantizar condiciones para el pleno ejercicio del Derecho de Libertad de Expresión y de Prensa, por lo que sometemos a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a garantizar condiciones para el pleno ejercicio del derecho de libertad de expresión y de prensa.

Notas

1 “Using texts as lures, government spyware targets Mexican journalists and their families”, en The New York Times. Disponible en

https://www.nytimes.com/2017/06/19/world/americas/mexico-spyware -anticrime.html?smprod=nytcore-iphone&smid=nytcore-iphone-share&_r=1&referer=https://t.co/3FCwv17kwz Consultado el 19 de junio de 2017.

2 “#GobiernoEspía a periodistas y activistas con herramientas para perseguir criminales”, en Aristegui Noticias. Disponible en

http://aristeguinoticias.com/1906/mexico/gobiernoespia-a-periodi stas-y-activistas-con-herramientas-para-perseguir-criminales/ Consulado el 19 de junio de 2017.

3 “‘Activistas y periodistas en México son espiados con un software adquirido por el gobierno’: NYT”, en Animal Político. Disponible en

http://www.animalpolitico.com/2017/06/periodistas-gobierno/?utm_ source=Hoy+en+Animal&utm_campaign=3316c100d1-ga&utm_medium=email&ut m_term=0_ae638a5d34-3316c100d1-366999270 Consultado el 19 de junio de 2017.

4 Obra citada, “#GobiernoEspía a periodistas y activistas con herramientas para perseguir criminales”, en Aristegui Noticias.

5 Ibídem.

6 “México: Article 19 lanza informe anual Estado de censura”, en Artículo 19. Disponible en

https://www.article19.org/resources.php/resource/37906/es/m%EF%B F%BD%EF%BF%BDxico:-article-19-lanza-informe-anual-%E2%80%9Cestado-de-censura%E2 %80%9D

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 “México registra un ataque contra la prensa cada 11 horas”, en El País. Disponible en

https://elpais.com/mexico/2020-09-15/mexico-registra-un-ataque-c ontra-la-prensa-cada-11-horas.html Consultado el 29 de noviembre de 2021.

10 Ibídem.

11 Ibídem.

12 Aristegui Noticias (2021). “‘Mis hijos no tienen nada que ver con Sembrando Vida’: AMLO; critica a Aristegui y Proceso por reportaje”. Recuperado de

https://aristeguinoticias.com/2911/mexico/mis-hijos-no-tienen-na da-que-ver-con-sembrando-vida-amlo-critica-a-aristegui-y-proceso-por-reportaje/

13 Cámara de Diputados (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. Recuperado de

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2021.– Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP a investigar al subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción de la SCTG de Oaxaca por actos de corrupción en el desempeño de sus labores, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar las investigaciones correspondientes al subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción, de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Luis Raúl Arzate Libien, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Un funcionario público es una persona física, servidor del Estado designado por elección popular o por nombramiento de autoridad competente, el cual ocupa grados superiores de la estructura orgánica el cual asume funciones de representatividad, iniciativa, decisión y mando.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo define en su artículo 108 como:

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

...

...

...

...” 1

Este artículo se encuentra insertado en el Título Cuarto que se refiere a las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción y Patrimonial del Estado, por lo que el hecho de ser un servido púbico recaen en el cumplimiento de ciertas responsabilidades y en caso de no cumplirlas se harán acreedores a sanciones.

En la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece en su artículo 7, los principios y directrices que deben seguir los servidores públicos, cuidando siempre en su desempeño los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 2

En caso de no realizar sus actividades conforme el artículo anterior se harán acreedores a sanciones dependiendo la gravedad de la falta cometida, ya que esta misma ley establecen la sanciones para faltas graves y no graves que van desde una amonestación, suspensión, destitución o inhabilitación, sanciones enumeradas en el artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En el ámbito local cada estado hace sus adecuaciones sin perder de vista los principios Generales de la ley, tal es el caso de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, en su artículo 5 establece:

“Artículo 5. Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.”

De igual manera las sanciones son las establecidas en la Ley General conforme lo establece el artículo 51 de la ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, a saber:

“Artículo 51. Las Faltas administrativas no graves, las Faltas administrativas graves y las de Particulares, serán sancionadas en los términos previstos en los Capítulos I, II, III y IV del Título Cuarto de la Ley General.”

Como podemos observar los funcionarios tienen que cumplir con ciertos compromisos a los que los obliga la ley, sin embargo, hay quienes olvidan que están obligados a cumplir con la ley y siguen actuando con prepotencia e irresponsabilidad como es el caso del Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción, de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Luis Raúl Arzate Libien, el cual ha sido denunciado públicamente por realizar reuniones privadas en su oficina en donde se dice no trata asuntos laborales, sino de índole personal además de que en el mes de julio del año en curso, en donde una persona solicitó el trámite de subdivisión de 24 lotes de un predio ubicado en el Puerto Escondido, en donde después de 6 meses de comenzar un trámite con toda la entrega de los documentos requeridos a la Dirección de Catastro el señor Raúl Arzate lo busco para que a cambio del trámite le fueran entregados 2 lotes para el gobernador, ya que de no ser así el trámite no sería autorizado, tal como paso, pero no fue suficiente el que le negaran el trámite, además ha recibido constante hostigamiento para obligarlo a presentarse a un notario público para firmar las escrituras de los terrenos que quieren como pago; estos actos de corrupción han caído en situaciones como el de suplantar personalidad y la falsificación de firmas.

Como podemos observar que el actuar y el comportamiento de este servidor público no es el que se establece en la ley, por lo cual debe ser investigado por actos de corrupción, para que no siga extorsionando a la ciudadanía, más cuando se supone que es un funcionario que está a cargo de esta área dentro de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que investigue al Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción, de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Luis Raúl Arzate Libien, por actos de corrupción en el desempeño de sus labores.

Notas

1 Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas

Bibliografía

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

- Ley General de Responsabilidades Administrativas

- Martínez Platas, Ignacio. Denuncia corrupción y despojo en Instituto Catastral de Oaxaca. Cuarta Plana (sábado, 24 de julio de 2021)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de septiembre de 2021.– Diputada Margarita García García (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversos congresos locales a eliminar toda norma discriminatoria que impida a parejas del mismo sexo contraer matrimonio civil igualitario, a cargo de la diputada María del Rocío Banquells Núñez, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, María del Rocío Banquells Núñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos a, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La función parlamentaria radica en la representación política del interés de la población a través de la legislación de normas que busquen empoderar a la ciudadanía mediante el ejercicio de sus derechos; sin embargo, dicha labor no siempre ha ido a la par de las demandas en el reconocimiento de los derechos humanos tal es el caso del matrimonio civil igualitario, cuya conquista de derechos ha significado un largo y sinuoso camino de más de una década que las parejas homoparentales y lesbomaternales, así como hombres homosexuales y mujeres lesbianas y parejas transexuales, han tenido que transitar, desde la deconstrucción del pensamiento social hasta la instauración de diversos juicios de amparo, controversias constitucionales, y otras tantas intervenciones del Poder Judicial, hasta consolidar la adquisición real y efectiva de sus derechos. Destacando entre ellos la acción de constitucionalidad 2/2010, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la cual se reconoce la validez de la primera legislación que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. 1

Pues como lo ha señalado la SCJN, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 43/2015 (10a.), pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales es discriminatorio; por lo que cualquier norma discriminatoria o que tenga por objeto vulnerar los derechos de un persona o grupo de personas, debe ser eliminada por ser contraria a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. constitucionales, así como los tratados internacionales de que México es parte, pero sobre todo por tratarse de un postulado contrario al espíritu del Estado mexicano el cual busca tratar con igualdad y equidad a todas y a todos los ciudadanos.

Es menester de cada legislador y legisladora erradicar el legado de prejuicios y estereotipos que impiden el reconocimiento del matrimonio civil igualitario. “Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de “separados pero iguales”. La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad”. 2, 3

Donde existió discriminación, indudablemente hubo daño por lo que es nuestro deber que haya reparación, pues ello permitirá que al existir una auto identificación del individuo en el que su orientación sexual o identidad de no género no represente un motivo de discriminación, se reafirme así la concepción de una construcción democrática incluyente.

“...El constitucionalismo transformador requiere de ciertas características del tipo razonamiento producido por el tribunal constitucional, como lo es la interpretación a partir de principios, la aplicación creativa de su jurisdicción y de los remedios procesales a su alcance...” 4 Tenemos un compromiso revolucionario con la democracia igualitaria, al reconocer las brechas que han generado la discriminación a los grupo vulnerables pero sobre todo a realizar cambios trascendentales; el camino es largo pero cada paso cuenta, por lo que las y los conmino a realizar las actuaciones correspondientes a fin de pronunciarse a través de legislaciones incluyentes, igualitarias y equitativas que eliminen la discriminación y a no seguir obligando a los matrimonios homoparentales y lesbomaternales, así como hombres homosexuales y mujeres lesbianas y parejas transexuales, a transitar por procedimientos legales extenuantes para tener acceso a los derechos humanos que constitucional y legalmente les corresponden.

Es tiempo de consolidar el ejercicio, en una concepción práctica y ajustada a la realidad, Sí a la inclusión de normas que permitan al individuo un reconocimiento pleno; todas y todos tenemos derecho a expresar nuestro amor en la forma que consideremos más plena, sin restricciones de ninguna índole.

“Y cuando vi su sonrisa, lo supe. Ésa era la sonrisa que quería ver siempre al despertar durante el resto de mi vida”: Mario Benedetti.

El amor es una elección, es la prórroga perpetua y la conciencia de dos corazones dispuestos a ser uno. ¡Sí al matrimonio civil igualitario en todo el país, amor es amor!

Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los Congresos de Durango, Guanajuato, Guerrero, estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas a realizar los procesos legislativos correspondientes a fin de eliminar de sus legislaciones toda norma discriminatoria que impida la realización del matrimonio civil igualitario a las parejas del mismo sexo.

Notas

1 Tesis P. XXIII/2011. Familia. Su protección constitucional comprende la formada por parejas del mismo sexo (homoparentales).

2 Tesis 1a./J. 43/2015 (10a.). Matrimonio. La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquél es la procreación o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer es inconstitucional. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, junio de 2015, tomo I, página 536.

3 Tesis 1a./J. 46/2015 (10a.). Matrimonio entre personas del mismo sexo. No existe razón de índole constitucional para no reconocerlo. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, septiembre de 2015, tomo I, página 253.

4 El matrimonio igualitario desde el activismo y la justicia constitucional, primera edición, Ciudad de México, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2017, página 79.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de noviembre de 2021.– Diputadas y diputados: María del Rocío Banquells Núñez, Alejandra Pani Barragán, Ángel Domínguez Escobar, Edna Gisel Díaz Acevedo, Elizabeth Pérez Valdez, Emmanuel Reyes Carmona, Leonel Godoy Rangel, Marcelino Castañeda Navarrete, María Eugenia Hernández Pérez, María Macarena Chávez Flores, Mauricio Prieto Gómez, Otoniel García Montiel (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a autoridades de salud y seguridad social federales y estatales a implantar estrategias y programas de capacitación para que su personal otorgue atención con calidad y buen trato a los derechohabientes, a cargo de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de las secretarías de servicios de salud y homólogos en cada entidad federativa, así como al del Instituto de Salud para el Bienestar, a implantar dentro de sus jurisdicciones, facultades y competencias, y con la mayor brevedad en todo el territorio nacional estrategias y programas de capacitación que permitan que el personal adscrito a cada una de esas dependencias otorgue atención de calidad y buen trato a los derechohabientes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sistema de salud pública en nuestro país, está compuesto por dependencias de los diferentes niveles de gobierno como lo son la Secretaría de Salud a nivel Federal quien lidera el sector por parte del estado mexicano, los organismos públicos descentralizados como lo son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como los Sistemas de Salud de cada entidad Federativa y sus organismos públicos descentralizados, centros de salud rurales, centros de salud comunitarios, hospitales generales, hospitales de especialidades, y otros homólogos, así como el Instituto de Salud para el Bienestar, las que se encuentran reguladas para garantizar los derechos a la Salud de todos los habitantes de México por la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y las Leyes secundarias en la materia como lo es la Ley General de Salud y los reglamentos correspondientes.

Lo anterior, con el objetivo primordial de cumplir lo previsto en la Carta Magna, que reconoce en el artículo 4o., párrafo cuarto, el derecho humano que toda persona tiene a la protección de la salud, así como que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establece la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73. 1

Es de gran importancia destacar lo que establecen las fracciones I y II del artículo 2o de la Ley General de Salud: “son finalidades del referido derecho humano, el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana”, y tratándose de personas sin seguridad social, la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados; como lo dicta el párrafo tercero del artículo 27 del mismo ordenamiento y en materia de disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud su fracción VIII, así como en materia de asistencia social a grupos vulnerables la fracción X de la misma Ley General de Salud.

Entre los servicios que se prestan en dichas instancias de salud, según el lugar y el tipo de cada uno, figuran éstos:

• Diagnóstico;

• Tratamientos en especialidades básicas;

• Consulta externa;

• Hospitalización;

• Laboratorio clínico y de patología;

• Imagenología y radiología; y

• Atención de urgencias.

Con información de la página oficial del IMSS-Bienestar, el padrón de la población adscrita a principios de 2021 ascendió a 11 millones 615 mil 623 en todo el territorio nacional. 2

Por lo que se considera un universo muy grande de derechohabientes, mismos que demandan un servicio expedito y con altos índices de calidad y buen trato para los titulares y sus familiares.

Sin embargo, es una realidad de que a pesar de que existen protocolos de atención, en algunos hospitales y en algunas épocas del año, la capacidad instalada se ve rebasada tanto en instalaciones como en recursos humanos médicos y administrativos, por lo que se generan diversos problemas entre los que se encuentran retrasos en la atención, falta de medicamento y entre otras cosas atención deficiente o nula, lo que se traduce al final, en mala atención y en ocasiones se percibe cierto maltrato a los derechohabientes.

Asimismo, de manera concatenada, se presentan circunstancias que ejercen en unos casos, discriminación y en otros una múltiple vulneración de diversos derechos humanos de hombres y mujeres de todas las edades que dan como resultado una segregación que las limita e impide disfrutar de forma igualitaria de los derechos que les asiste su condición de ser habitante del país.

Hay infinidad de casos en los que los y las ciudadanas derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, han sido maltratados en diferentes áreas de esta institución tanto en las áreas administrativas como en las áreas de atención médica en los consultorios, en donde de forma indiscriminada se llega a practicar la dilación en la atención, ignorando la presencia de las personas hasta que se les ocurre preguntar si se les ofrece algo, malas contestaciones y regaños entre otros, lo mismo se sabe de hospitales generales en las entidades federativas e ISSSTE.

Este problema no es nuevo y desafortunadamente todavía existe en algunas partes de nuestro país, como en Baja California de donde soy Representante Popular, en donde se tiene conocimiento de casos que las y los ciudadanos nos han reportado en la oficina de enlace legislativo de una servidora, en los que por ejemplo, por errores en el registro de los datos de derechohabientes se ocasionan, homonimias o errores en la ortografía o puntuación en los nombres de las personas, razón por lo que simplemente se les niega la atención y en algunos casos incluso, no se les orienta correctamente para solventar dichos errores, que dicho sea de paso, son errores de registro del propio IMSS que por medio de sus áreas administrativas cometen registros de mala calidad y desafortunadamente los afectados son siempre los derechohabientes.

Otro de los casos que más se puede escuchar en las quejas de las personas que acuden a algunos hospitales y oficinas del IMSS, hospitales generales e ISSSTE, son las relacionadas con falta de orientación o canalización correcta a la hora de que los derechohabientes necesitan hacer trámites administrativos diversos (pensiones, incapacidades, entrega de quejas o documentos oficiales) ante algunas oficinas o áreas de estas dependencias lo que a la postre, se materializa en un maltrato equiparado y violaciones de los derechos humanos, a la salud y a los servicios que estas dependencias deberían prestar con total seriedad y prontitud.

Ejemplos de lo anterior son los siguientes, sólo en Baja California:

Entre los múltiples casos de atención deficiente y mal trato se tiene conocimiento de que hay personas que durante más de 10 o 15 años, no han podido solventar homonimias o registros erróneos debido a que el personal que debe apoyarlos y orientarlos simplemente deciden no hacerlo y encima culpan a las personas afectadas por el problema que fue originado por malas prácticas administrativas y con ello, condenan a los derechohabientes a cursar por un camino largo y sinuoso lleno de maltrato y victimización múltiple, que desafortunadamente se ejerce en su mayoría a personas humildes, de la tercera edad o simplemente sin conocimientos académicos, quienes por temor de que se les retire el servicio médico o alguna pensión o trámite de incapacidad, se sienten obligados a aguantar el maltrato y callan la problemática.

Un ejemplo de lo catastrófico que puede desencadenar un error de registro en el IMSS, es el siguiente: En un caso real de una ciudadana en Baja California, una homonimia, ha causado dificultades que se encadenaron y dieron origen a problemas con dependencias que se relacionan con el IMSS, como lo son el Infonavit y las instituciones que prestan el servicio de administración de recursos de ahorro para el retiro como las Afore, en los que incluso por dicha homonimia a la señora María Teresa “N” se le estuvo descontando durante muchos años sus aportaciones para la vivienda que iban como amortización de un crédito al Infonavit que nunca disfrutó y se lo acreditaban a otra persona que sin escrúpulos ni conciencia del daño del que formaba parte, aprovechó esa circunstancia y ahora disfruta de una vivienda que nunca pagó, por lo que al día de hoy todavía la señora María Teresa “N” lidia para solventar legalmente que se le reconozcan y retribuyan esos recursos que de alguna u otra forma fueron desviados y acreditados a un tercero y que sin embargo el Infonavit argumenta que como el problema no se ha resuelto en el IMSS ellos (Infonavit) no pueden hacer nada al respecto; cabe hacer la aclaración de que la señora María Teresa “N”, cuenta con documentación que muestra que si ha solicitado la regularización de esa problemática primero en el IMSS y despues en las instancias en las que se vio reflejada la problemática causando daños colaterales por una mala atención y maltrato por parte del personal administrativo del IMSS que no atendió adecuadamente este caso y ocasionó que se complicara exponencialmente con las consecuencias económicas y de desgaste emocional y físico que esto implica, sobre todo porque al decir de la afectada, nadie la ha ayudado y la han “traído a vuelta y vuelta” durante años. Lo mismo sucede con el Afore en este caso.

Asimismo, sucedió con la señora Ma. Ilian “N”, a quien por un “punto” entre su primer y segundo nombre, le negaron trámites referentes a su pensión temporal e incapacidades.

Y así, se pueden mencionar infinidad de casos tanto administrativos como de atención médica, documentados, que han llegado a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos misma que ha emitido las recomendaciones correspondientes.

El maltrato se materializa de diferentes formas, entre las que se encuentran éstas:

• Discriminación por apariencia;

• Ignorar a las personas en algún trámite haciendo que esperen mucho tiempo e incluso dejándolas sin atención.

• No orientar a derechohabientes en trámites ni canalizarlos con las personas o a las áreas correspondientes;

• Negligencia médica; y

• Omisión en el suministro de medicamentos, entre otros.

No son nada nuevas y sí recurrentes las anécdotas de maltrato por personal de recepción, administración e incluso médicos en algunas de las delegaciones o unidades de medicina familiar del IMSS en diversos estados. Por ejemplo, el 1 de noviembre de 2021 yo misma acudí a la subdelegación de Tijuana a entregar un oficio de mi parte para solicitar la atención del caso de la ciudadana Ma. Ilian “N” (descrito en párrafos anteriores) y comprobé personalmente lo que se documenta en este punto de acuerdo, debido a que de manera grosera me contestaron por lo menos dos personas trabajadoras del instituto que ahí no me iban a recibir el oficio y que si no traía un “poder” no me iban a recibir nada.

Esa situación se dio porque no me presenté como legisladora o representante popular. De esa forma comprobé las dificultades y maltrato que recibe la ciudadanía en general. Ese ejercicio lo he llevado a cabo en otras ocasiones, con los mismos nefastos resultados.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación de los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el IMSS encabeza la lista entre diferentes dependencias de gobierno, con un total entre enero y septiembre de 2021 de mil 950 a escala nacional, seguido en el sector salud por el ISSSTE, con 712. 3

En Baja California se reportaron 151 quejas, de las cuales se solventaron 58 en el periodo documentado.

Por ejemplo, de las quejas que la dependencia reporta y que corresponden a Baja California, se aprecian las siguientes: 4

Omitir proporcionar atención médica: 44.

Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, los empleos, los cargos o las comisiones: 35.

Realizar deficientemente los trámites médicos: 20.

Prestar indebidamente el servicio público: 18

Negligencia médica: 11.

Omitir suministrar medicamentos: 10.

Obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho: 8.

No se puede determinar: 2.

Omitir dar información sobre el estado de salud: 2.

Omitir brindar la atención o los cuidados o prestar auxilio a cualquier persona teniendo la obligación de hacerlo: 1.

De ellas se solventaron 58 en el periodo documentado.

El 11 de diciembre de 2019, el IMSS reportó en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, en el boletín número 546/2019, “el IMSS fomenta en sus trabajadores la cultura de los derechos humanos, género, igualdad y no discriminación”, que 98 por ciento de las quejas interpuestas por derechohabientes ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es resuelto sin que ésta emita una recomendación o propuesta de conciliación. Además, en 2019 aumentó en casi 50 por ciento el número de gestiones que personal del IMSS realiza ante ese organismo a fin de atender oportunamente los requerimientos, prevenir que aumente la posibilidad de daño a la salud y evitar que se consumen actos irreparables. 5

El ISSSTE presentó a finales de diciembre de 2019 su programa de trabajo para 2020, el cual “tiene el propósito de consolidar el fortalecimiento de tres directrices: mejorar la calidad de la atención a derechohabientes y sus familias; garantizar la operación institucional mediante la estabilidad financiera y transformar el modelo de salud priorizando la atención preventiva frente a la curativa”. 6

Sabemos cuán difícil es proporcionar a una gran cantidad de pacientes y derechohabientes un servicio de calidad sin que se originen contratiempos y más en tiempos de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19. También estamos conscientes de la labor titánica que eso implica, por lo que es hasta cierto punto comprensible y razonable entender que hay mucho por hacer en materia de mejoramiento de la atención a derechohabientes de las distintas dependencias del sector de nuestro país.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de las secretarías de servicios de salud y homólogos en cada entidad federativa, así como al del Instituto de Salud para el Bienestar a implantar dentro de sus jurisdicciones, facultades y competencias, y con la mayor brevedad en todo el territorio nacional estrategias y programas de capacitación que permitan que el personal adscrito a cada una de esas dependencias otorgue atención de calidad y buen trato a los derechohabientes.

Notas

1 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/programa-atencion-a-la-salud-y-me dicamentos-gratuitos-para-la-poblacion-sin-seguridad-social-laboral

2 https://www.imss.gob.mx/imss-bienestar/estadisticas

3 https://appweb2.cndh.org.mx/SNA/ind_Autoridad_SM.asp?Id_Aut= 1063&p=1

4 https://appweb2.cndh.org.mx/SNA/ind_Autoridad_SM_3.asp?Id_Aut= 1063&Id_Estado=3&valorEF=93&mpa=1

5 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201912/546

6 https://www.gob.mx/issste/prensa/mejorar-la-atencion-estabilidad-financiera-e-i mpulsar-la-prevencion-son-objetivos-prioritarios-del-issste-en-2020-ramirez-pin eda (punto de acuerdo senadora Eva Eugenia Galaz Caletti)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.– Diputada Socorro Irma Andazola Gómez (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos del estado de México y de Ecatepec de Morelos a instruir e implantar las medidas sanitarias pertinentes en los alrededores de hospitales y centros de salud para prevenir contagios de Covid-19, a cargo de la diputada Alma Delia Navarrete Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Alma Delia Navarrete Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al gobierno del estado de México y el ayuntamiento de Ecatepec de Morelos a instruir e implantar las medidas sanitarias pertinentes en los alrededores de hospitales y centros de salud, con objeto de coadyuvar en la disminución de contagios de Covid-19, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con la llegada del SARS-Cov2, la realidad del país cambió drásticamente, trayendo nuevas adaptaciones y medidas de convivencia que en su conjunto hoy conocemos como la “nueva normalidad”.

Aunado a ello, la preocupación manifestada por los médicos, enfermeras y todo el cuerpo de salud involucrado en la atención y combate del SARS-Cov2 se ha pronunciado con respecto al tema de la concentración masiva de puestos y vendedores ambulantes en el perímetro de las instalaciones hospitalarias.

El mismo fenómeno al día de hoy ha contraído mayores implicaciones en el tema de la prevención y seguimiento de las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud. Ya que la falta de regulación sanitaria observada en los asistentes y vendedores ambulantes ha convertido este fenómeno en latentes focos de infección, que aunado a ello la inmediación con los centros médicos de atención de casos contraídos por Covid-19 aumentan o equiparan el riesgo de contagios de manera significativa.

En consecuencia, se crea una zona de alto riesgo para todos los asistentes como; doctores, enfermeras, vendedores, comerciantes, y cualquier otra persona que transite cerca de los establecimientos concentrados alrededor de centros hospitalarios, tales como; ISEM, ISSSTE, Issemym.

En el capítulo II, “Del comercio en vía pública”, del Reglamento de Salud del Estado de México se menciona de manera expresa la prohibición de establecimientos ambulantes:

Artículo 123. La Coprisem no expedirá autorizaciones sanitarias a para el ejercicio del comercio en vía pública, en el primer cuadro de cabeceras municipales, escuelas, oficinas públicas, centros hospitalarios, terminales de transporte, mercados públicos, centros de reunión, espectáculos, vías principales y otras que determine la autoridad sanitaria competente.

Artículo 124. En los lugares en donde se manipulen alimentos o bebidas deberán existir dispositivos para el aseo de las manos, limpieza y desinfección de utensilios y equipos de trabajo; con materiales resistentes a la corrosión y que puedan limpiarse fácilmente. Dichos dispositivos contarán con agua, jabón y sustancias desinfectantes.

Por lo expuesto se fija con mayor persistencia la instrucción de reubicar los comercios ambulantes establecidos en la entrada y perímetro de los centros hospitalarios.

Así como un estricto apego a las medidas generales recomendadas por la Secretaría de Salud para la prevención y protección del Covid-19. Reiterando que estas deben ser aplicadas tanto al interior como al exterior de los centros hospitalarios.

Asimismo, el presente punto de acuerdo pretende resaltar que el Covid-19 es sumamente inhóspito e incierto, su llegada aún está reciente y se desconoce en su totalidad el comportamiento a futuro que pueda presentar el desenlace de esta pandemia.

Por ello resulta apremiante, validar las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud y los Organismos Mundiales expertos en la materia. Puesto que la mejor medida para el combate a esta pandemia, es la “prevención”. Misma que puede ser implementada a través de las ya recomendadas como; la sana distancia, evitar aglomeraciones, uso de cubre bocas, lavado de manos frecuentemente, limpiar y desinfectar constantemente las superficies.

Reiteramos que cualquier medida de prevención debe ser atendida a cabalidad para poder contrarrestar los efectos de la pronosticada “cuarta ola”. Por ello es importante hacer un llamado al gobierno del estado de México y al ayuntamiento de Ecatepec de Morelos para anticipar este tipo de medidas y lograr una oportuna prevención, haciendo un llamado a las autoridades correspondientes para evitar la concentración del comercio informal concentrado en los alrededores de los centros hospitalarios.

Con la intención de fortalecer el objetivo de este punto de acuerdo, se adjunta copia de los oficios expedidos por el personal del servicio de salud. Conformando un antecedente a la problemática que sustentan estas consideraciones.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México y al ayuntamiento de Ecatepec de Morelos para que en el ámbito de sus competencias instruyan e implanten las medidas sanitaras en los alrededores de los hospitales y centros de salud (ISEM, ISSSTE, Issemym) para liberar el perímetro de los asentamientos comerciales y vendedores ambulantes, a fin de coadyuvar en la disminución de contagios de covid-19 y enfrentar de manera oportuna la lucha contra éste, a través de la prevención.

Notas

Gobierno del Estado de México (2002). Reglamento de Salud del Estado de México. Estado de México: Periódico Oficial Gaceta del Gobierno,

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/regsalud%20del%20edomex%20(3) .pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.– Diputadas y diputados: Alma Delia Navarrete Rivera, María Eugenia Hernández Pérez, María Isabel Alfaro Morales, Claudia Selene Ávila Flores, Leonor Coutiño Gutiérrez, Martín Sandoval Soto (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SCJN sobre la revisión del acuerdo presidencial emitido en el DOF el 22 de noviembre de 2021 en materia de proyectos y obras públicos, a cargo del diputado Ignacio Loyola Vera, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Ignacio Loyola Vera, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura Federal, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que somete a la consideración de ésta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes:

Antecedentes

Primero. El 22 de noviembre del presente año, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación; “Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.

El acuerdo, publicado y signado por la propia Presidencia de la República, está dividido en un apartado de considerandos, tres artículos centrales del acuerdo y, dos artículos transitorios quedando de la siguiente manera:

Considerando

Que el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado mexicano organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía y la democratización política, social y cultural de la nación;

Que México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas en los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, y otros sectores prioritarios y/o estratégicos que contribuyen al crecimiento y a la seguridad nacional del país;

Que los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo son importantes para incrementar la derrama económica del turismo, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente;

Que es de interés público y de seguridad nacional el desarrollo y crecimiento de la infraestructura a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal, y que se traducen en un beneficio colectivo de todos los mexicanos, y

Que a fin de que la actual administración continúe con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como nación a lograr el crecimiento económico y, con ello lograr el bienestar social, he tenido a bien expedir el siguiente:

Acuerdo

Artículo Primero. Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.

Artículo Segundo. Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.

La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.

Artículo Tercero. La autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.

Transitorios

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las erogaciones que, en su caso, se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Acuerdo, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a los ejecutores de gasto correspondientes en el ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Dado en la Residencia del Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2021.Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.- Rúbrica.- El Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval González.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán.- Rúbrica.- La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Eduardo Ramírez de la O.- Rúbrica.- El Secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez.- Rúbrica.- La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González.- Rúbrica.- La Secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García.- Rúbrica.- La Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula.- Rúbrica.- El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal.- Rúbrica.- El Secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino.- Rúbrica.- La Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela.- Rúbrica.- La Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.- Rúbrica.- El Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Guillermo Meyer Falcón.- Rúbrica.- La Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero.- Rúbrica.- El Secretario de Turismo, Miguel Tomás Torruco Marqués.- Rúbrica. 1

Segundo. El ciudadano presidente de la república, licenciado Andrés Manuel López Obrador, fundamenta en los artículos 89 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la emisión de este acuerdo. Se ha considerado pertinente la revisión de estos artículos de manera textual, para poder establecer un marco de análisis pertinente y apegado a derecho.

Artículo 89.  Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. Promulgar y ejecutar las  leyes  que  expida  el Congreso de  la  Unión,  proveyendo  en  la  esfera administrativa a su exacta observancia...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. Preservar  la  seguridad  nacional,  en  los términos  de  la ley  respectiva,  y  disponer  de  la totalidad  de  la  Fuerza Armada  permanente  o  sea del  Ejército,  de  la  Armada  y de  la  Fuerza  Aérea para  la  seguridad  interior  y  defensa exterior 2

VII. ...

VIII....

Al revisar este artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente se establece la facultad del presidente de la república para “preservar la seguridad nacional en los términos de la Ley respectiva”, lo cual nos remite, evidentemente a revisar la Ley de Seguridad Nacional, la cual fue publicada en el DOF con fecha de 31 de enero de 2005.

El artículo 2 de la Ley de Seguridad Nacional, faculta al presidente de la república, sustentado en el 89 constitucional, la determinación de la política en la materia y dictar los lineamientos que permitan articular las acciones de las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional. 3

En el artículo 3, se establecen, para efectos de la Ley, las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:

I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;

II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;

III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;

IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y

VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes. 4

Dentro del contexto de Seguridad Nacional, tanto lo expresado en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional, no se expresa que la obra pública (toda), la desempeñada en este mandato, pueda ser considerada como tal, en acorde con lo expresado sobre la materia legal y constitucional vigente.

Las atribuciones que se ha conferido el titular del Ejecutivo federal, para la publicación de este acuerdo, no se encuentran sustentadas en las leyes vigentes y, en los artículos referidos, donde se funda la declaración, elaboración y publicación del acuerdo en comento.

Al continuar con nuestra revisión sobre la Ley de Seguridad Nacional, el artículo 5, establece lo siguiente:

Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:

I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;

II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano;

III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;

IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;

VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación;

VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático;

VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;

IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;

X. Todo acto de financiamiento de acciones y orga-nizaciones terroristas;

XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia;

XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraes-tructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, y

XIII. Actos ilícitos en contra del fisco federal a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Tercero. La publicación de este acuerdo en comento en el DOF, ha generado una discusión que versa en la inconstitucionalidad del procedimiento, pues no se puede considerar como un atentado contra la Seguridad Nacional, la prevalencia del Estado de Derecho, la rendición de cuentas y, el respeto al marco jurídico vigente en los Estados Unidos Mexicanos.

La interpretación sesgada de las facultades del titular del Ejecutivo federal hace que el debate, en la actualidad, cimbre las condiciones generales del estado de derecho en México y, apegados en un procedimiento disciplinado al principio fundamental republicano de la división de poderes, es que este documento se dirige a la Suprema Corte de Justicia, poder envestido con las facultades propias de declarar procedente o improcedente esta acción, que a título personal, consideramos como inconstitucional, por la naturaleza del mismo y, los objetivos establecidos en el decreto en comento. No se puede considerar a la búsqueda de la transparencia de los recursos públicos en el gasto gubernamental, la asignación de contratos públicos y, la transparencia de los mismos, así como una búsqueda para que impere la legalidad y el Estado de Derecho, como un atentado en contra de la Seguridad Nacional. La utilización de estos recursos legales, podemos considerarla como un acto de ilegalidad, opacidad y, encubrimiento de actos ilícitos en la asignación de las obras, los contratos y el destino del gasto.

Permitir la violación de la Constitución y las leyes que de ella emanan por una interpretación sesgada, es abrir una brecha al debilitamiento institucional que tanto ha costado construir para los mexicanos. Nadie puede estar por encima de la Ley y, nadie al margen de la misma.

Es menester de la Corte, dirigir bajo los principios rectores, la revisión puntual y oportuna de este Acuerdo, confiando en que la legalidad impere y se establezca como eje rector por el bien de la nación.

Por lo anteriormente expuesto he invocado en el proemio, someto a consideración de esta soberanía y honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente, bajo el principio republicano de división de poderes, al ciudadano Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a establecer los mecanismos pertinentes para la atracción, revisión y divulgación pública de los resolutivos sobre el estudio del Acuerdo emitido por la Presidencia de la República el 22/11/21 en el Diario Oficial de la Federación en materia de proyectos y obras públicas bajo la premisa de Interés Público y Seguridad Nacional.

Notas

1 Transcripción textual del Acuerdo del DOF con fecha 22/11/21. Revisado y consultado de:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635985&fecha=22/1 1/2021

2 Transcripción textual del Artículo 89, Fracción I y Fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultada en:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html? pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf_mov%2FConstitucion _Politica.pdf&clen=1198130&chunk= true

3 Chrome extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html? pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf%2FLSegNac_200521.p df&clen=396403&chunk=true

4 Ibidem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2021.– Diputado Ignacio Loyola Vera (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a implantar un programa especial de vacunación contra el SARS-Cov2 para el personal educativo del país con sólo una dosis de Cansino, a cargo del diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del Partido PRI

Quien suscribe, Juan Francisco Espinoza Eguia, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El 31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud del gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, 1 ordenando la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad.

Las actividades consideradas como esenciales fueron las médicas y del sector farmacéutico, de seguridad pública y protección ciudadana, las correspondientes a sectores fundamentales de la economía como financieras, de recaudación tributaria, de energía y telecomunicaciones, de generación y distribución de alimentos, así como las relacionadas con la operación de los programas sociales del gobierno federal.

La referida suspensión de actividades no esenciales se decretó inicialmente por un plazo de un mes, es decir del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 y fue ampliado hasta la implementación del semáforo epidemiológico que rigió la reapertura de actividades no esenciales.

Segunda. De acuerdo con los datos oficiales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la pandemia ha significado la muerte de más de 300 mil mexicanas y mexicanos, a partir de 3.8 millones de casos de contagio confirmados.

De esas más de 300 mil personas fallecidas, al menos 5 mil 418 eran trabajadores de la educación. En México, la mortalidad por Covid-19 entre maestros ya rebasó a la del personal de salud. En un promedio, se trata de 11 maestros fallecidos al día. 2

Si bien el gremio docente es uno de los más grandes del país, tal y como lo ha documentado el investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Héctor Hernández Bringas, tampoco se puede dejar de observar que durante 18 meses estuvieron suspendidas las clases presenciales.

Tercera. El 20 de abril de 2021 inició la campaña de vacunación a maestros y personal de las escuelas. La vacunación se desarrolló en etapas, primero en cinco estados del país y continuó desdoblando en las demás entidades con el objetivo de inmunizar a 3.03 millones de personas pertenecientes al personal educativo tanto público como privado.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, doctor Hugo López-Gatell, refirió que se había seleccionado la vacuna CanSino para el personal educativo, toda vez que ofrecía la ventaja de no requerir ultracongelación para su manejo y de ser de una sola dosis.

El gobierno federal eligió la vacuna CanSino para el personal educativo; no obstante, que se trata de una vacuna que a la fecha no ha sido aprobada por la Organización Mundial de Salud (OMS) y que ello redunda en que no sea admitida en una buena cantidad de países.

El personal docente y administrativo que labora en las escuelas es uno de los más expuestos por el contacto que tienen diariamente y durante horas con los educandos y en muchas ocasiones con los familiares o tutores de los alumnos.

Cuarta. Muchos docentes, al darse cuenta de que la vacuna aplicada está en un limbo científico, optaron por ir a vacunarse con otro biológico sin tener certeza plena de los efectos secundarios que la combinación pudiera tener. En un principio lo lograban con total normalidad, sin embargo, de unas semanas a la fecha, el sistema alerta que un maestro se quiere vacunar y ya es posible.

Algunos docentes que tienen la posibilidad de viajar a los Estados Unidos de América (EUA) lo han hecho para ir a vacunarse, porque aquí no ha habido una respuesta del tamaño del problema. Mientras que en el mundo ha iniciado la aplicación de un tercer refuerzo de vacunas aprobadas por la OMS, en México a los maestros todavía se les tiene con una sola dosis.

El internista e infectólogo Francisco Moreno Sánchez, Premio Nacional de Salud 2020, señaló en una conferencia en la Universidad del Noreste:

“Muchas de las personas que recibieron la CanSino, se han vacunado y combinado la dosis con AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, incluso con Sputnik y Moderna, el resultado es bueno, no genera ningún efecto colateral de riesgo. La verdad, no tengo nada en contra de la CanSino, pero si tuviéramos el resultado de eficacia podría saber qué tan protegidos están; les pido a las personas que están vacunadas con CanSino que busquen recibir una dosis extra”. 3

Quinta. Hoy Europa ha vuelto a ser epicentro de la pandemia con importantes crecimientos en hospitalizaciones y defunciones, por lo que han iniciado con la aplicación de nuevas restricciones. La OMS lo califica como una advertencia para el mundo. Se trata de no relajar las medidas, de insistir en la vacunación completa y en reforzar.

La propia farmacéutica CanSino ha recomendado aplicar un refuerzo de su vacuna contra el Covid-19 seis meses después de recibir la primera dosis, luego de un estudio realizado. 4

Han transcurrido poco más de seis meses desde que inició la vacunación del personal docente. En Nuevo León fue del 27 de abril al 5 de mayo de 2021 y los alumnos han regresado a clases presenciales.

Antes de que pueda haber un mínimo rebrote, es fundamental por la educación del país ofrecer una respuesta a los maestros ante su preocupación y una protección frente al riesgo al que están expuestos, ya que sólo recibieron una sola dosis.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar la implementación de un programa especial de vacunación contra el SARS-CoV-2 (Covid-19), con fármacos avalados por la Organización Mundial de la Salud para todo el personal educativo del país, que sólo ha sido vacunado con una dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica CanSino.

Notas

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha= 31/03/2020#:~: text=ART%C3%8DCULO%20SEGUNDO.,del%20Consejo%20de%20Salubridad%20General.

2 https://www.excelsior.com.mx/nacional/mueren-mas-maestros-que-personal-medico-a dmiten-impacto-de-comorbilidades/1463542

3 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/piden-vacunados-cansino-busquen-protecc ion-biologico

4 https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/08/08/cansino-recomien-da-aplicar-re fuerzo-de-su-vacuna-seis-meses-despues-de-la-primera-dosis/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2021.– Diputado Juan Francisco Espinoza Eguía (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad de Guanajuato a ejecutar ajustes razonables en materia de accesibilidad y diseño universal para que las personas con discapacidad gocen de desarrollo integral y vida independiente, a cargo del diputado Pedro David Ortega Fonseca, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Pedro David Ortega Fonseca, integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Estado mexicano adquirió un fuerte compromiso con los derechos humanos a partir de la reforma constitucional del año 2011, 1 estas transformaciones jurídicas no solamente involucran al cumplimiento de obligaciones por parte del Estado, sino que es una apuesta cultural por el respeto a la dignidad humana.

Es así que, de acuerdo a dicha reforma, en su último párrafo del artículo primero constitucional, señala en términos generales que queda prohibida todo tipo de discriminación, que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Por lo que es fundamental focalizar cada una de las acciones del Estado mexicano, para los grupos que históricamente han sido discriminados y vulnerados, como lo han sido las personas con discapacidad.

De acuerdo con el artículo 4o., numeral 1, inciso a, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2  hace alusión que los Estados miembros están obligados a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, mismo que fue firmado por el Estado mexicano el 30 de marzo del año 2007.

Es por ello, que este instrumento puntualiza que la discapacidad no es la limitante, sino son las mismas barreras del entorno social, de tal manera, que existe una necesidad y una obligación para hacer la igualdad real y efectiva de las personas con discapacidad.

Ahora bien, dicha Convención, en su artículo 9o., específica la importancia de la participación plena de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida, es por ello, fundamental adoptar las medidas pertinentes como asegurar el acceso en el entorno físico, las comunicaciones, los edificios, las vías públicas y el transporte.

Por lo anterior, en el estado de Guanajuato, de acuerdo con el censo población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen 935 mil 673 personas con discapacidad, las cuales han sido olvidadas, excluidas y vulneradas en el acceso a sus derechos humanos por parte de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato, debido a que ha sido omisa en no  planear, programar y ejecutar eficientemente la infraestructura de calidad e innovadora para una movilidad y conectividad segura e incluyente, como lo señala en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; la cual, ha obstaculizado el desarrollo de una vida integral de las personas con discapacidad.

Existe una necesidad de que se realicen los ajustes razonables en materia de accesibilidad y diseño universal en todos los espacios públicos, ya que no hay datos o informes ni evidencia física que permitan visibilizar la existencia de entornos físicos, edificios, vías públicas y de transporte accesibles y con diseño universal para que las personas con discapacidad gocen y disfruten del acceso a sus derechos humanos y tengan una vida independiente en el estado de Guanajuato.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato para que realice y establezca los ajustes razonables en materia de accesibilidad y diseño universal, a efecto que las personas con discapacidad gocen de una participación plena y efectiva en la sociedad y se mitigue la discriminación estructural.

Notas

1 La reforma constitucional sobre derechos humanos. Una guía conceptual, Primera edición, enero de 2014, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República.

2 Instrumento internacional adoptado por la Organización de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, aprobado por el Senado de la República el 27 de septiembre de 2007 y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de octubre de 2007. Entró en vigor, tanto en el ámbito internacional como para el Estado Mexicano el 3 de mayo de 2008, previa su ratificación del 17 de diciembre de 2007 y su promulgación en el Diario Oficial de la Federación del 2 de mayo de 2008

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.– Diputados y diputadas: Pedro David Ortega Fonseca, Brenda Ramiro Alejo, Catalina Díaz Vilchis, Claudia Selene Ávila Flores, Emmanuel Reyes Carmona, Hamlet García Almaguer, Leonel Godoy Rangel, Leonor Coutiño Gutiérrez, María Eugenia Hernández Pérez, María Isabel Alfaro Morales, Martín Sandoval Soto, Navor Alberto Rojas Mancera, Otoniel García Montiel, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a informar a la opinión pública sobre el monto de los recursos obtenidos de fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Noemí Berenice Luna Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 2 de abril de 2020, el Ejecutivo federal ordenó la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, mediante la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Lo anterior, con el argumento que es propósito del gobierno que la administración pública federal se conduzca con austeridad, “lo que implica combatir el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, y la administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

En dicho decreto, el Ejecutivo federal dispuso que los recursos públicos que integren los fideicomisos y fondos públicos fueran enterados a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de abril de 2020 y que se llevarán los procesos para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal.

Se facultó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para resolver las excepciones, en consulta con la Secretaría de la Función Pública.

Quedando excluidos del referido decreto aquellos fideicomisos públicos, mandatos o análogos constituidos por mandato de ley o decreto legislativo y cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.

Al respecto, en Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero (véase Fundar, Centro de Análisis e Investigación), informe del Centro de Análisis e Investigación de Fundar publicado en mayo de 2018, se dio a conocer que hay 374 fideicomisos a escala federal, que administran un monto de 835 mil 477 millones de pesos. El 90 por ciento, es decir 337, no tienen estructura administrativa (se les conoce como fideicomiso, no entidad paraestatal) y cuentan con 772 mil 63 millones de pesos.

Sin embargo, el referido decreto no detalló información oficial respecto al número de fideicomisos existentes y los recursos con que contaba cada uno de ellos; ni tampoco se rindió cuentas después de su desaparición, del monto que se obtuvo y del destino que se dio a los recursos, limitándose a decir que se usaron para atender la pandemia de Covid-19.

El 6 de noviembre de 2020, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual se reformaron diversos ordenamientos para extinguir aquellos fideicomisos creados por ley, que no pudieron ser eliminados de manera unilateral por el ejecutivo federal en el decreto de abril del mismo año.

Dentro de dicho decreto se estableció que las dependencias y entidades, por conducto de sus unidades responsables, deberían concentrar la totalidad de los recursos públicos federales que formen parte de los fideicomisos, mandatos y análogos a más tardar dentro de los 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto de publicación, en la Tesorería de la Federación, salvo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará una fecha distinta para la concentración de los recursos.

Dentro de los 109 fideicomisos que se eliminaron mediante este decreto se encuentran el Fondo Nacional de Desastres Naturales; el Fondo Minero; el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine; los fondos del Conacyt; el Fideicomiso del CIDE; el Fondo para el Cambio Climático y el Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas; el fideicomiso para promover el acceso al financiamiento de Mi Pymes y emprendedores; así como el fondo para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas, por citar solo algunos.

Evidentemente al igual que el decreto del 2 de abril de 2020, tampoco se hizo pública la información respecto al monto que se obtuvo con la extinción de estos 109 fideicomisos, y nunca se rindió cuentas del destino que se le dio a estos recursos.

En ambos decretos ha transcurrido más de un año sin que tengamos claridad sobre el monto total que se recuperó de esos fideicomisos, y el destino que se les dio a dichos recursos públicos.

La transparencia debe comprender el derecho de acceso a la información, la rendición de cuentas y las medidas anticorrupción. Por ello es que presentamos este exhorto a efecto de que esta información se haga pública.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a presentar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe a la opinión pública a través de su página electrónica sobre el monto de recursos obtenidos mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2020 que ordenó la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, y la administración que se dio a dichos recursos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a presentar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe a la opinión pública a través de su página electrónica sobre el monto de recursos obtenidos mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2020 que ordenó la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, y la administración que se dio a dichos recursos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.– Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los congresos locales a promover la producción artística y, especialmente, literaria de integrantes de pueblos originarios en lenguas indígenas para privilegiar la conservación de éstas, a cargo de la diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo:

Por el que se exhorta a las y los integrantes de los 32 congresos locales, para que legislen en favor de la promoción de la producción artística y especialmente literaria de personas integrantes de pueblos originarios en lenguas indígenas a fin de privilegiar la conservación de estas lenguas.

Consideraciones

Primero.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla en el artículo segundo la composición pluricultural de la nación. En este sentido, es fundamental reconocer que los derechos lingüísticos representan un elemento imperativo en la garantía de derechos. De no hacerlo se continuara con las acciones neoliberales de asimilación de la cultura indígena bajo la óptica hegemónica indigenista que, por una parte promueve las expresiones culturales de estos sectores bajo un enfoque de cultura popular en contraste con las disciplinas artísticas, y por otra, que los considera a los pueblos originarios como destinatarios de y no como productores de expresiones artísticas por lo que se hace necesario abrir espacios para la creación artística en lenguas originarias.

Así mismo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, esta construida bajo dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan, por lo cual, el Estado Mexicano debe procurar las acciones tendentes a garantizar el Derecho Humano a la identidad y salvaguardar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Segundo. De acuerdo con el Inegi, el número de hablantes pasó de representar el 7.1% del total de la población en el Censo del año 2000 mientras que en el del año 2020 solo un 6.2 % del total de la población señaló ser hablante de una lengua. La reducción de la reproducción de las lenguas originarias está vinculada a procesos históricos de discriminación en razón de clase y raza, donde la lengua ha sido un anclaje de identidad y elemento de discriminación. En este proceso las medidas del Estado tendientes a fortalecer y garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios han sido insuficientes, y las consecuencias han sido una pérdida paulatina de la su práctica en espacios públicos, así como su transmisión.

Tercero. Con respecto a la responsabilidad de Estado para garantizar derechos lingüísticos de los pueblos originarios la Ley General de Derechos Lingüísticos de Los Pueblos Indígenas establece el marco de acción. En su artículo 5, señala “El Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, -Federación, Entidades Federativas y municipios-, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.” Mientras que en su artículo 9 establece “Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras.” Finalmente, en el artículo 13 puntualiza “Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la presente Ley”, y que de acuerdo en la fracción I. deberá “Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo bajo un contexto de respeto y reconocimiento de las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas”; y en su fracción XIV “Propiciar y fomentar que los hablantes de las lenguas indígenas nacionales participen en las políticas que promuevan los estudios que se realicen en los diversos órdenes de gobierno, espacios académicos y de investigación”.

Cuarto. Considerando que la lengua es un medio de transmisión y reproducción de la cultura y en este sentido, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, establece en su artículo 6 que “Corresponde a las instituciones del Estado establecer políticas públicas, crear medios institucionales, usar y mantener infraestructura física y aplicar recursos financieros, materiales y humanos para hacer efectivo el ejercicio de los derechos culturales.” Mientras que en su artículo 11, fracción VII, como derecho cultural de todos los habitantes del territorio “Comunicarse y expresar sus ideas en la lengua o idioma de su elección”. Finalmente, en el artículo 15 señala “La Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, desarrollarán acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial, favoreciendo la dignificación y respeto de las manifestaciones de las culturas originarias, mediante su investigación, difusión, estudio y conocimiento”. Y en su artículo 37 agrega “La Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México promoverán la participación corresponsable de la sociedad en la planeación y evaluación de la política pública en materia cultural.”

Con fundamento en lo anterior, y en consideración, al imperativo de establecer acciones para garantizar la reproducción y transmisión de las lenguas originarias, y con el fin de integrar a los hablantes de lenguas originarias en la elaboración de productos culturales en lenguas originarias.

Por lo anteriormente señalado, se propone al pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhortan respetuosamente a las y los integrantes de los 32 Congresos locales para que legislen en favor de la promoción de la producción artística y especialmente literaria de personas integrantes de pueblos originarios en lenguas indígenas a fin de privilegiar la conservación de estas lenguas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de octubre 2021.– Diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a generar por la SEP y el INEA un programa de apoyo para los municipios reconocidos por la UNESCO como “ciudades del aprendizaje”, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Quinta Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El crecimiento económico, el empleo, la urbanización, el cambio demográfico, los avances científicos y tecnológicos, la diversidad cultural y la necesidad de mantener la seguridad pública son sólo algunos de los desafíos para la sostenibilidad de las sociedades.

El aprendizaje a lo largo de toda la vida cobra mayor relevancia en el mundo actual, en el que se redefinen constantemente las convenciones sociales, económicas y políticas. La crisis global provocada por la diseminación del Covid-19 también ha puesto en evidencia la gran brecha que existe entre el conocimiento necesario y el conocimiento disponible, la insuficiencia de nuestros sistemas nacionales de salud, la artificialidad de nuestras fronteras pero, sobre todo, la necesidad de consolidar dentro de los sistemas educativos estructuras que permitan distribuir oportunidades de aprendizaje no formal e informal para preparar, constante, oportuna y rápidamente a toda la población no escolarizada.

El concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida no es un concepto nuevo; es un rasgo integral del desarrollo humano y está profundamente enraizado en todas las culturas y civilizaciones, es parte de la condición humana y que tiene lugar en múltiples contextos, tiempos y modalidades. Es decir, el aprendizaje es una parte integral de las personas, ya que comenzamos a aprender cuando nacemos y continuamos haciéndolo hasta el final de nuestras vidas. Esto implica que las escuelas deberían representar solamente una parte de todas las oportunidades para aprender, y que deberían considerarse políticas nacionales y locales para promover aprendizajes en múltiples contextos: con las familias, en comunidades, museos, parques, lugares de trabajo y bibliotecas.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 24 millones de niñas, niños y adolescentes en el mundo abandonarán la escuela, 495 millones de empleos se perderán y 4 mil millones de personas permanecen refugiadas en casa bajo condiciones de riesgo por violencia. 1 En este panorama adverso, El Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterres reafirmó que a nivel nacional se debe establecer las expectativas de atención a estas problemáticas, pero puntualizó que a nivel local debe darse la implementación, las ciudades deberán ser las organizaciones responsables de detectar cuáles son los aprendizajes más significativos para los ciudadanos y de crear oportunidades de aprendizaje alineadas a estas necesidades y desafíos.

Cabe señalar que las ciudades desempeñan una función por demás relevante en el cuidado de la salud; la educación ciudadana; el alfabetismo de información; la sensibilización social; la cooperación y tolerancia; los procesos de recalificación para el empleo; nuevas prácticas de convivencia, la adopción de nuevas tecnologías y la creación de oportunidades de aprendizaje no escolarizadas; además, su proximidad al ciudadano incrementa las posibilidades de cambiar el comportamiento de las poblaciones, permite la instrumentación de políticas articuladas entre diferentes niveles de gobierno y sectores de la sociedad y, por tanto, las condiciones para la construcción de comunidades resilientes y democráticas. 2

El Instituto para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida de la UNESCO UIL emprendió en 2013 la creación de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO (GNLC, por sus siglas en inglés: Global Network of Learning Cities) y desde entonces el número de ciudades miembro de la red ha aumentado hasta alcanzar un total de 254 ciudades activas procedentes de las cinco regiones de la UNESCO.

La GNLC de la UNESCO es una red internacional orientada a la formulación de políticas que ofrece inspiración, conocimientos técnicos y buenas prácticas a nivel local. Su misión es apoyar e impulsar la práctica del aprendizaje a lo largo de toda la vida en las comunidades del mundo mediante la promoción del diálogo de políticas y el aprendizaje entre iguales dentro de las ciudades miembro, el establecimiento de vínculos, el fomento de asociaciones, la creación de capacidades y la elaboración de instrumentos para alentar y reconocer los progresos en la creación de ciudades del aprendizaje.

Una ciudad del aprendizaje, de acuerdo con el UIL UNESCO es la que moviliza de un modo efectivo los recursos de todos los sectores para:

La promoción de un aprendizaje inclusivo desde la educación básica a la superior;

La revitalización del aprendizaje en las familias y comunidades;

La facilitación del aprendizaje para y en el lugar de trabajo;

La ampliación del uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje;

La mejora de la calidad en el aprendizaje; y

El fomento de la cultura del aprendizaje.

Los municipios inscritos en la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO deben demostrar y comprometerse a cumplir las características fundamentales de las ciudades del aprendizaje descritas, atender los Objetivos del Desarrollo Sostenible, en particular el 4 y el 11, y reconocer al aprendizaje a lo largo de toda la vida como la vía clave para enfrentar los desafíos de un desarrollo urbano acelerado. Esto implica un compromiso de largo plazo, que debe trascender los cambios de administración y asegurar la continuidad de las políticas y programas.

México se ha convertido en el punto de referencia en Latinoamérica en el diseño e implementación de políticas locales de aprendizaje permanente, ya actualmente se cuenta con 7 municipios mexicanos inscritos en la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, producto del fuerte compromiso multisectorial para brindar oportunidades de aprendizaje formal, no formal e informal a niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

La Ley General de Educación, publicada el 30 de septiembre de 2019, en su Artículo 5 reconoce la contribución del aprendizaje al desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad; es factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria. Así mismo en su Artículo 35 estipula que el Sistema Educativo Nacional se organizará en distintos tipos (formal y no formal), niveles (obligatoria, superior y adultos), modalidades (escolarizada, no escolarizada y mixta) y opciones educativas.

Establece también en el artículo 70 que la educación para personas adultas será considerada una educación a lo largo de la vida y está destinada a la población de quince años o más que no haya cursado o concluido la educación primaria y secundaria; además de fomentar su inclusión a la educación media superior y superior. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social. Posteriormente en su Artículo 80, estipula que el Estado ofrecerá servicios de orientación educativa y de trabajo social a fin de fomentar una conciencia crítica que perfile a los educandos en la selección de su formación a lo largo de la vida para su desarrollo personal y contribuir al bienestar de sus comunidades. 3

Si bien México enfrenta importantes retos (fragmentación social, normalización de la violencia, brechas en aprendizajes esenciales, desigualdad, deserción escolar, etcétera), la pandemia por Covid-19 exacerbó estos desafíos. La complejidad y la incertidumbre de como retomar la normalidad exige poblaciones adaptables, resilientes, abiertas al cambio y al aprendizaje constante. Adaptarse a las nuevas condiciones sociales requerirá generar y fortalecer las estrategias y programas articulados a nivel local que promuevan el aprendizaje bajo las modalidades no formales e informales. Por una paradoja poco frecuente, en medio de esta crisis la demanda por educación no formal ha rebasado la de la educación formal por lo que los esfuerzos públicos no sólo deberán enfocarse en el reinicio de actividades del sistema de educación formal escolarizado, sino desarrollar programas flexibles de aprendizaje que incluyan a toda la población, principalmente a grupos vulnerables y en situación de marginación.

En este contexto sin precedente, reconociendo el papel del país en la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO y la relevancia de la preservación de estas designaciones internacionales para los estados y las ciudades integrantes; el efecto directo del aprendizaje permanente en las condiciones de vida de la población particularmente vulnerable y para contribuir en el cumplimiento de lo plasmado en la Ley General de Educación, sometemos el presente instrumento parlamentario, de urgente resolución, a consideración de esta soberanía, con el siguiente resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos a generar en el ámbito de sus atribuciones un programa de apoyo con recursos concursables para los municipios reconocidos por la UNESCO como ciudades del aprendizaje, con el objetivo de preservar la características fundamentales y dar cumplimiento a los compromisos que les permitieron obtener su inscripción a la red mundial de la UNESCO para progresivamente garantizar el derecho universal a la educación, así como consolidar a México como referente internacional en materia de aprendizaje a lo largo de la vida.

Notas

1 UNESCO (2020) Recuperado de:

https://es.unesco.org/news/secretario-general-naciones-unidas-ad vierte-que-se-avecina-catastrofe-educacion-y-cita

2 Raúl Valdés Cotera, Sergio Cárdenas Denham (2020). Recuperado de

https://educacion.nexos.com.mx/?p=2262

3 Ley General de Educación. Recuperado de

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE_300919.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.– Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la XXIV Legislatura de BC a aprobar la reforma constitucional en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas, a cargo de la diputada Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Evangelina Moreno Guerra, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Baja California, mediante oficio número CEDHBC/TIJ/OT/19/2021, exhortó a las y los diputados del honorable Congreso del estado de Baja California “para que lleven a cabo las acciones necesarias para armonizar la legislación local, con el marco jurídico nacional e internacional, referente al reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas como sujetos de derecho público, reformándose de esta manera el artículo 7o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California”.

Que el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC) emitió la resolución del Incidente de Inejecución de Sentencia del Recurso de Inconformidad RI-30/2018 INC, el día 29 de septiembre de 2020, que a la letra establece:

Primero. Se declara el cumplimiento defectuoso de la sentencia del RI-30/2018 dictada por este Tribunal, en los términos de la presente resolución.

Segundo. Se impone al Congreso del estado de Baja California, la medida de apremio consistente en apercibimiento.

Tercero. Se vincula al Congreso del estado de Baja California, a la debida observancia de la sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho,  dictada en el expediente RI-30/2018, en términos de la presente resolución.

Cuarto. Se vincula al Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en términos de la presente sentencia.

Por lo que esta resolución de Incidente de Inejecución de Sentencia del TJEBC mandato al Congreso del estado de Baja California a realizar, por un lado, la “consulta respectiva a los pueblos y comunidades indígenas asentadas en la entidad -tanto originarios como procedentes de otras regiones-, deberá iniciarse a más tardar dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la presente resolución, tomando en cuenta las indicaciones y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la autoridad sanitaria federal, emitidas con motivo de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del virus Covid-19”.

Y, por el otro lado, se mandata a las y los legisladores del Congreso local a legislar a favor de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en la entidad para lograr una “igualdad sustantiva entre hombres y mujeres indígenas para el ejercicio de sus derechos de votar y ser votado, toda vez que el Congreso local fue omiso en legislar de manera plena sobre ese punto; ello, a fin de garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental en torno al principio de autodeterminación, así como al principio de igualdad sustantiva y no discriminación entre el hombre y la mujer de las comunidades indígenas”.

Bajo esta tesitura, el Congreso de Baja California ha sido omiso, pues no ha realizado las reformas correspondientes para garantizar los derechos de las comunidades y pueblos indígenas. Así pues, es urgente que las y los diputados de la XXIV Legislatura comiencen a reformar el marco jurídico de la entidad, a fin de salvaguardar los derechos de este grupo social. Pues, ya lo dijo nuestro presidente de la república, licenciado Andrés Manuel López Obrador, “daremos preferencia a los más humildes y olvidados, en especial, a los pueblos indígenas de México”.

Por lo que es urgente que las y los diputados del Congreso de Baja California legislen a favor de los pueblos y comunidades indígenas. Toda vez que existen iniciativas que salvaguardan los derechos humanos de este grupo social, mismas que han sido presentadas por diversos actores, las cuales fueron presentadas por representantes indígenas, por organizaciones civiles, así como por diversos legisladoras y legisladores.

No obstante, de que existe una variedad de propuestas legislativas turnadas a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local, están durmiendo el sueño de los justos, ya que dicha Comisión no las ha podido dictaminar, es más, para estas iniciativas aún no inicia el proceso legislativo correspondiente. A pesar de que existe una Recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado y de que existe una amonestación del TJEBC hacia el Congreso local y una resolución que obliga a los y las diputadas de dicho Congreso a legislar a favor de los derechos de los pueblos indígenas.

Ante esta gran omisión que enfrentan los pueblos indígenas en Baja California por parte del poder legislativo de la entidad, vengo a esta soberanía a conminar a ustedes diputadas y diputados de la LXV Legislatura a que den votemos a favor de esta propuesta de punto de acuerdo.

Por todo lo anterior expuesto, me permito someter a consideración la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la XXIV Legislatura del Congreso del estado de Baja California a aprobar la reforma constitucional en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas mandatada por la resolución del Incidente de Inejecución de Sentencia del Recurso de Inconformidad RI-30/2018 INC del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California y por la Recomendación CEDHBC/TIJ/OT/19/2021 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Baja California.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.– Diputada Evangelina Moreno Guerra (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al INM y las autoridades que hacen uso de la fuerza a garantizar los derechos humanos de quienes atraviesan el país hacia el norte continental, a cargo del diputado Sergio Peñaloza Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Pedro Sergio Peñaloza Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el cual se exhorta al Instituto Nacional de Migración y a las autoridades que hacen uso de la fuerza a garantizar los derechos humanos de las personas en contexto de migración que atraviesan nuestro país hacia el norte continental, tras los lamentables acontecimientos vividos en el sur del país, donde personas perdieron la vida, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El país, en los últimos años, ha vivido un éxodo de personas en contexto de migración, quienes son procedentes de varias latitudes del orbe. Sin embargo, este fenómeno se ha incrementado tras los lamentables sucesos que han acontecido en Haití, donde su presidente fue brutalmente asesinado, lo que ha causado una desestabilización política, económica y no se diga social en aquel país.

Tras estos hechos, miles de personas han emprendido largos viajes en busca de mejores oportunidades de vida, de desarrollo y económicas, buscando en todo momento el bienestar de ellos y sus familias.

Esto ha ocasionado que atraviesen países e incluso emprendan la huída desde sus natales tierras, donde se encuentran con polleros, con rutas de la muerte e incluso con traficantes. Panorama que vive Centro y Sudamérica. Esto se acrecienta aún más al llegar al triangulo norte centroamericano, pues ahí se han establecido grupos del crimen organizado de aquellos países, donde se les cobra un derecho de viaje para poder transitar, siendo la inestabilidad política de Centroamérica un caldo de cultivo para emprender acciones criminales en contra de quien busca una mejor vida.

Tras el recorrido de miles de kilómetros, cruzar hacia México se vuelve aún más complejo. Al llegar, el Estado mexicano brinda todas las acciones necesarias para que la estancia y, legal documentación se dé conforme a derecho. Es de reconocer que nuestras autoridades migratorias están para salvaguardar y hacer cumplir la ley del Estado.

Asimismo, la Comar ha desempeñado un papel significativo para la protección internacional de los solicitantes de asilo y refugio en el país. Aunado a ello, diversas autoridades han sido auxiliares ante el desbordamiento migratorio que se da primordialmente en el sur del país.

A nivel nacional encontramos la ley que regula el uso de la fuerza, la cual tiene aplicatividad y cabal observancia en cada rincón del país, y sobre las autoridades legítimamente creadas para hacer uso de estos instrumentos.

A su vez la ley antes mencionada, señala:

“ Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional; tienen como fin regular el uso de la fuerza que ejercen las instituciones de seguridad pública del Estado, así como de la Fuerza Armada permanente cuando actúe en tareas de seguridad pública.

Cuando las autoridades a que se refiere el párrafo anterior realicen tareas de protección civil, y se requiera el uso de la fuerza, lo harán en los términos que dispone la presente Ley.”

“ Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I-V

VI. Instituciones de Seguridad Pública: las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y dependencias o entidades encargadas de la seguridad pública de orden federal, local o municipal.

Por lo que la Guardia Nacional se instituye como un órgano de seguridad pública, que ayuda a mantener el orden en el país a través de su personal, sin embargo, en los últimos días, hubo un altercado entre agentes de esta institución con personas en contexto de migración, quienes lamentablemente perdieron la vida, recordemos que menciona la ley respecto de la institución en materia de seguridad;”

“ Artículo 2. Para efectos de la presente Ley se observarán las siguientes definiciones:

I-IV

IV. Instituciones de seguridad pública: las instituciones policiales de procuración de justicia, del sistema penitenciario y las encargadas de la seguridad pública de orden federal, local o municipal;”

“ Artículo 4. La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría.”

Compartimos la visión del Presidente de la República, que los elementos que trasgredan la ley deben ser juzgados y sentenciados, todo bajo el principio de presunción de inocencia.

Que este exhorto sirva como una voz desde esta curul para mandar un mensaje fuerte y claro; los mexicanos, las personas en contexto de migración, tienen una representación en esta Cámara de Diputados.

¡Que viva la cuarta transformación del país y del servicio público!

Por tal motivo, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional de Migración a que haga público un informe sobre el número del personal que ha sido capacitado en derechos humanos y uso de la fuerza en este 2021, tras los acontecimientos vividos en las últimas fechas donde personal de este instituto presuntamente ha cometido violaciones a derechos humanos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Guardia Nacional que haga públicos los protocolos sobre el uso de la fuerza y saber cuántos elementos han sido capacitados sobre el tema y en que consiste su capacitación, de acuerdo con los lineamientos de la ley nacional sobre el uso de la fuerza.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General de la República se apegue al principio sobre presunción de inocencia y a las garantías procesales que asisten a las personas imputadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2021.– Diputado Pedro Sergio Peñaloza Pérez (rúbrica).»