«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso y el gobierno de Oaxaca a sustanciar consulta previa de los pueblos y las comunidades indígenas del estado en el plazo de 18 meses otorgados por la SCJN en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad número 180/2020, promovida por la CNDH, en demanda de la invalidez del decreto 1201, por el que se expidió la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, a cargo del diputado Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Diputado Federal Azael Santiago Chepi, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 fracción I y 79 numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

La Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO) responde a un proceso complejo en el que convergen vida comunitaria, práctica política y reflexión académica. La UACO encarna un proyecto de educación superior que emana de las necesidades de las comunidades que acoge a cada uno de sus Centros Universitarios y sus Unidades de aprendizaje. Cada una de las dieciséis comunidades en las que inicia actualmente este proyecto, expresan lo que es la realidad histórica oaxaqueña, en su relación con la tierra, es decir, una tenencia comunal y ejidal mayoritariamente (85%). Lo que se traduce en un arraigo territorial profundo y en subjetividades compartidas y, por ende, identidades colectivas pre modernas que fluyen con el ritmo de la naturaleza y la temporalidad de la siembra y la cosecha. Así, la UACO busca recuperar y preservar las relaciones no individualizantes, y elevarlas a conocimiento que se pueda difundir mediante prácticas pedagógicas que tienen como principio ético la Comunalidad.

La Comunalidad, como su fortaleza epistémica y su práctica concreta en la construcción del conocimiento, se funda en la experiencia y razón de ser, de los pueblos y comunidades de las regiones en Oaxaca. Los aprendizajes desde la Comunalidad, son vivenciales, por lo tanto, el encuentro de los constructores de conocimiento, es la realización de programas educativos y/o proyectos de acción decididos en Comunidad, respondiendo a sus intereses y expectativas de incidencia hacia la vida concreta de los pueblos.

En ese sentido, en el reconocimiento a un camino andado de más de dos décadas, es que el 20 de abril de 2020 el Gobierno del Estado de Oaxaca publica el decreto número 1201, mediante el cual expide la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, como órgano descentralizado del Estado, dotada con plena autonomía en los términos de la fracción VII del artículo 3° de la CPEUM, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Misma que dicta que su patrimonio estará integrado por; los ingresos que obtenga por los servicios que preste conforme a la Ley Estatal de Derechos del Estado de Oaxaca; los recursos federales, estatales y municipales que obtengan mediante transferencias, subsidios y donaciones; los bienes y demás ingresos.

La UACO, como institución de educación superior y en coincidencia con los principios de Comunalidad que guían su labor, tiene como fin primordial generar educación de nivel licenciatura, posgrado, especialización y actualización; además investigación y difusión de saberes y la Cultura.

La UACO para cumplir su misión fundamenta su actuar en los principios de Comunalidad, Integralidad existencial, Complementariedad, Horizontalidad, Igualdad de género, Respeto y Reciprocidad; mediante las estrategias fundadas en la labor y acción, así como resiginificar la labor de Tequio y servicio.

Su visión es, ser una universidad que busca recuperar y preservar las relaciones colectivas y comunitarias, y elevarlas al conocimiento en educación superior mediante prácticas pedagógicas que tienen como principio la epistemología de la comunalidad, que se plantea refundar la formación de profesionales con sensibilidad y conocimientos que transformen las relaciones sociales y comunitarias.

Marco Normativo

Una de las acciones más importantes del Gobierno federal en funciones desde el 1 de diciembre de 2018, ha sido la puesta en marcha del Acuerdo Educativo Nacional, en el marco del cual se promulgó (DOF 15 de mayo de 2019) el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución.... en materia educativa”.

El nuevo texto del artículo 3o. constitucional: fortalece la educación como derecho humano, bien público y responsabilidad del Estado; reafirma la gratuidad, laicidad, obligatoriedad, universalidad e inclusión; instituye el interés superior de las niñas, niños y adolescentes (NNA); establece el compromiso estatal de proveer a los alumnos una educación integral, intercultural, de excelencia, equitativa e inclusiva; y, establece la obligatoriedad de la educación inicial y superior, etc.

Igualmente esboza las políticas, los programas, las acciones prioritarias y la obligación del Estado mexicano con financiamiento, con el objetivo de garantizar la universalidad, equidad e inclusión; promueve los derechos humanos y la igualdad sustantiva; instituye la obligatoriedad de la educación inicial y superior; fomenta la mejora continua; contiene reglas que buscan fortalecer las instituciones públicas de formación docente.

Es así que ahora la Ley General de Educación (DOF 30 de septiembre de 2019), establece que el Estado tiene el deber de asignar al menos un monto equivalente al 8% del PIB a la educación pública, 1 % de cual se destinará “... para la educación superior y la investigación científica y humanística, así como al desarrollo tecnológico y la innovación en las instituciones públicas de educación superior”.

Paralelamente a lo anterior, el artículo 119 de la LGE expresamente puntualiza que: “En la asignación del presupuesto de cada uno de los niveles de educación, se procurará cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de infraestructura, así como de su mantenimiento, a fin de dar continuidad y concatenación entre dichos niveles, con el fin de que la población escolar tenga acceso a la educación, con criterios de excelencia”.

Por su parte , Ley General de Educación Superior (DOF 20 de abril de 2021), que tiene por objeto: “Contribuir al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país, a través de la formación de personas con capacidad creativa, innovadora y emprendedora con un alto compromiso social que pongan al servicio de la Nación y de la sociedad sus conocimientos”; promover un mayor impacto social de las funciones sustantivas que realizan las Instituciones de Educación Superior; entre otras, impone al Estado deberes expresos con el cumplimiento de la obligatoriedad y el financiamiento, para lo cual se mandata el establecimiento de “un fondo federal especial” y la implementación progresiva de la gratuidad” (...) “en función de la suficiencia presupuestal, a partir del ciclo 2022-2023”.

Así también, hace de una obligación concurrente de las autoridades educativas federal, de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus competencias, para garantizar la prestación del servicio de educación superior en todo el territorio nacional enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, respetando el principio de inclusión. Tendrán una perspectiva de juventudes, de género, así como de interculturalidad con especial atención a los pueblos y comunidades indígenas, a las personas afromexicanas, a las personas con discapacidad y a los grupos en situación de vulnerabilidad.

En esta ley se reconoce como parte del Subsistema Universitario a las Universidades e Instituciones Públicas Comunitarias de Educación Superior, y es una obligación concurrente del estado y la federación el “promover, fomentar y coordinar acciones programáticas que vinculen la planeación institucional e interinstitucional de la educación superior con los objetivos y prioridades que demande el desarrollo comunitario, municipal, estatal y nacional.” Además de ampliar la distribución territorial y la oferta de educación superior, a fin de atender las problemáticas locales y comunitarias con énfasis en el bienestar de la población.

En este sentido, también resalta el compromiso de garantizar el cumplimiento de las prioridades estratégicas del Programa Sectorial de Educación, 2020-2024 (PSE): educación para todas y todos, sin dejar a nadie atrás; educación de excelencia para aprendizajes significativos; maestras y maestros como agentes de la transformación educativa; entornos educativos dignos y sana convivencia; deporte para todas y todos; y rectoría del Estado en la educación.

Estructura

La función sustantiva de la UACO, se traduce en la construcción y desarrollo de 17 licenciaturas, 2 ingenierías, y 3 maestrías, de los cuales operan el 80%. Su matrícula escolar asciende a más de 343 estudiantes inscritos, y del cual, al estudio de factibilidad, se proyecta en un aumento del 50% para el inicio del ciclo escolar en agosto del 2021.

La estructura de la Universidad, se expone de manera inicial en la Ley orgánica, que en la dinámica de operación y concreción de la función sustantiva de la UACO. Se establecen los cargos de orden superior y orden directivo: 4 autoridades y 15 Coordinadores Generales de cada Centro Universitario Comunal, que suman 19 cargos, ésta estructura a casi un año de operación ha tenido su propio crecimiento con base en lo establecido en el Estatuto Orgánico.

Centros Universitarios y Unidades de Aprendizaje Comunal de la UACO

1. Centro Universitario de Tlahuitoltepec CCT 20USU0025U

Licenciatura en Comunicación Comunal

Licenciatura en Territorio y Bien Vivir Comunal

Maestría en Educación Comunal

2. Centro Universitario de Valles Centrales CCT 20USU0040M

Licenciatura en Comunalidad

Maestría en Educación Comunal

Maestría en Recreación Comunal

3. Centro Universitario de San Antonio Huitepec CCT 20USU0029Q

Licenciatura en Vida Comunal y Territorio

4. Centro Universitario de San Cristóbal Lachirioag CCT 20USU0030F

Ingeniería Comunal

5. Centro Universitario de San Pablo Guelatao CCT 20USU0039X

Licenciatura en Comunalidad

6. Centro Universitario de Santa María Yaviche CCT 20USU0026T

Ingeniería Comunal

7. Centro Universitario de San Andrés Solaga CCT 20USU0031E

Licenciatura en Gestión Comunal

8. Centro Universitario de Jaltepec de Candayoc CCT 20USU0028R

Maestría en Educación Comunitaria para el Buen Vivir

9. Centro Universitario de Santa María Colotepec CCT 20USU0032D

Licenciatura en Gastronomía Comunal

Licenciatura en Comunalidad Agrícola

Maestría en Educación Comunal

10. Centro Universitario de San Pedro Comitancillo CCT 20USU0027S

Licenciatura en Salud Integral Comunitaria

Licenciatura en Sistemas Alimentarios Sustentables

Maestría en Educación Comunal

11. Centro Universitario de San Pedro Amuzgos CCT 20USU0036Z

Licenciatura en Comunalidad Agrícola

Licenciatura en Gestión Comunal

12. Centro Universitario de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco CCT 20USU0038Y

Licenciatura en Educación Comunal

Licenciatura en Comunalidad Agrícola

Maestría en Educación Comunal

13. Centro Universitario de Unión Hidalgo CCT 20USU0033C

Licenciatura en Agroecología Comunal

Licenciatura en Artes y Filosofía Comunal

Ingeniería en Bioconstrucción Comunal

Licenciatura en Política Comunal

Licenciatura en Derecho Indígena Comunal

Licenciatura en Salud Integral Comunitaria

14. Centro Universitario de San Francisco Ixhuatán CCT 20USU0037Z

Licenciatura en Agroecología Comunal

Licenciatura en Pesca Y Cooperativismo

Maestría en Educación Comunal

15. Centro Universitario de Matías Romero CCT 20USU0035A

Licenciatura en Agroecología Comunal

Licenciatura en Artes y Filosofía Comunal

Ingeniería en Bioconstrucción Comunal

Licenciatura en Política Comunal

Licenciatura en Derecho Indígena Comunal

Licenciatura en Salud Integral Comunitaria

Maestría en Educación Comunal

16. Centro Universitario de Ciudad Ixtepec CCT 20USU0034B

Licenciatura En Sistemas Alimentarios Sustentables

Unidades de Aprendizaje Comunal

1. San Miguel Reyes, Putla

2. Santa Cruz Mixtepec

3. San Domingo del Estado

4. Santiago Juxtlahuaca

5. Álvaro Obregón, Juchitán

6. Santo Domingo Zanatepec

7. Pueblo Viejo, San Francisco del Mar

8. San Juan Bautista Tuxtepec

9. San Miguel Panixtlahuaca

La Universidad y su influencia académica atiende a seis regiones del estado, ubicada en las 24 comunidades, desplegando sus acciones académicas en los pueblos vecinos, respondiendo a la realidad geográfica, cultural y lingüística de la entidad.

Asimismo, la operatividad de la Universidad, se desarrolla con base en las actividades sustantivas y funciones de servicio necesarios, por lo que, de manera general se organiza en tres ramas, con 148 personas en los puestos y/o cargos respectivos:

1. Rama Administrativa, con cargos académico y administración en general (20)

2. Rama Académica — Administrativa de los Centros Universitarios (60)

3. Rama Académica, con los Facilitadores Académicos (66)

Cobertura escolar

En el ciclo escolar 2020-2021 en la educación Superior (pública y privada) existen 500,693 docentes en 10,974 Instituciones de Educación Superior. Si consideramos solo en el sostenimiento público el número de docentes es de 284,545, en 2,516 Instituciones de Educación Superior. Por otra parte, la cobertura en este nivel es del 30.4% que incluye posgrado, técnico Superior y licenciatura tecnológica. La cobertura se incrementa al 40.9% (sin incluir posgrado) pero incorporando además del sistema escolarizado el sistema no escolarizado. Es importante mencionar que la edad escolar para este nivel es de 18 a 23 años cuando se toma en consideración el posgrado y de 18 a 22 años cuando no se incluye en las cifras al posgrado.

Para el ciclo escolar 2020-2021 se estima una matrícula de 78,118 alumnos en licenciatura y 2,961 en posgrado, que, de los 156,124 alumnos de media superior, se tendría una tasa de absorción del 50.5%, el 8.4% de abandono escolar con una cobertura promedio de tan solo el 20% de la población. i El número de docentes en educación superior en el estado de Oaxaca en sistemas escolarizados y no escolarizados es de 6,348, y 793 escuelas e instituciones de educación superior (púbico y privado), con

Dentro de la propia iniciativa de creación indica que las causas del abandono escolar son multifactoriales como el interés, las normas, la pobreza y la falta de infraestructura; en esta última la cobertura territorial se dificulta en los 570 municipios de la entidad.

En virtud de tales consideraciones, con el objeto de promover y garantizar el derecho humano a la educación superior de los oaxaqueños, así como los derechos culturales. de los pueblos originarios, bajo el principio de progresividad, se estimó conveniente la creación de la Universidad Autónoma Comunal del Estado de Oaxaca.

Acción de Inconstitucionalidad 180/2020

En razón de la publicación del mencionado Decreto número 1201, del 20 de abril de 2020, el Gobierno del Estado de Oaxaca expide la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, promueve acción de inconstitucionalidad en general sobre el decreto y en particular los artículos 13 fracción V, 16 fracción VI, 19 fracción VI, 22 fracción sexta, y 25 fracción VI del mismo ordenamiento. En relación al Congreso Libre y Soberano de Oaxaca y el Gobernador del Estado de Oaxaca, por la emisión y promulgación de la norma impugnada.

Establece los siguientes conceptos de invalidez:

Es un ordenamiento que impacta significativamente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, al regular el acceso a la educación superior de dichos sectores de la población y promover una acción sustentada en su visión comunitaria y ancestralmente practicada.

Al tratarse de una norma susceptible de impactar o afectar los pueblos y comunidades referidos, el Estado tenía la obligación de consultarles de manera previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe, sin embargo, el análisis legislativo no mostró elementos que cumpliera los parámetros.

La CNDH estima que el ordenamiento vulnera el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, reconocido en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Si bien, observan que dentro de los considerandos de la iniciativa y el dictamen que dieron origen al Decreto 1201, la convicción del legislativo estatal en buscar preservar, enriquecer y difundir los saberes comunitarios como un método educativo, tomando como base el modo de percibir y entender la vida de los pueblos y comunidades originarias.

En esta tesitura, resulta inconcuso que la construcción del concepto de comunidad recogido por el Congreso de Oaxaca en la legislación materia del recurso, involucra una conciencia cultural y étnica ancestral propia de pueblos y comunidades indígenas, fundada en una cosmovisión específica, ligada a su origen y pertenencia.

Dichos elementos se han asociado al concepto de lo “indígena”, entendiéndolo como aquello que comprende la idea de una cultura y un estilo de vida distintos e independientes, basados en antiguos conocimientos y en tradiciones, vinculados fundamentalmente. a. un territorio especifico. Los pueblos indígenas no pueden sobrevivir ni ejercer sus derechos fundamentales como naciones, sociedades y poblaciones distintas si no pueden conservar, recuperar, desarrollar y transmitir los conocimientos que han heredado de sus antepasados.

La CNDH, considera necesario resaltar la importancia de la vinculación de las comunidades y pueblos indígenas con sus territorios ancestrales y su correspondiente garantía del derecho a la propiedad comunitaria, toda vez que debe tomarse en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta; filosofía y valores. En función de su entorno, su integración con la naturaleza y su historia, los miembros de las. comunidades indígenas transmiten de generación en generación este patrimonio cultural inmaterial, que es recreado constantemente por los miembros de las comunidades y grupos indígenas.

Por ello, la CNDH considera que la cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus tierras tradicionales y recursos naturales, no sólo por éstos su principal medio de subsistencia, sino, además, porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, su identidad cultural. Cuando se trata de pueblos indígenas o tribales, la posesión tradicional de sus tierras y los patrones culturales que surgen de esa estrecha relación, forman parte de su identidad. Tal identidad alcanza un contenido particular debido a la percepción colectiva que tienen en tanto grupo o sus cosmovisiones, sus imaginarios colectivos y la relación con la tierra con la que desarrollan su vida.

Con ello, la CNDH expone que el concepto sobre el cual se sostiene la definición de “comunidad” que regiría a la UACO, refiere a un modo de vida con sentido de pertenencia a la tierra, y en general, a una determinada forma de comprenderla, es decir a la cultura de los pueblos y comunidades originarios de Oaxaca.

Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con base en la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, realiza un control de regularidad constitucional para analizar la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.

Considera que el artículo 2º de nuestra norma Fundamental reconoce que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas, los cuales se integran por comunidades indígenas que constituyen unidades sociales, económicas y culturales, que se encuentran ubicadas en un territorio especifico y reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

Las personas, pueblos y comunidades originarías gozan de todos los derechos consagrados por la Norma Suprema y los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Adicionalmente, se les reconoce una multiplicidad de derechos específicos, los cuales se recogen fundamentalmente en el citado numeral 2° de la Constitución Federal, así como en diversos instrumentos internacionales vinculantes, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y orientadores como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Por ello, el pleno de la SCJN resolvió el pasado martes 31 de agosto, por unanimidad de votos, procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad 180/2020; y declara la invalidez del Decreto número 1201, por el que se expide la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, publicado en el periódico oficial del estado el 20 de abril de 2020.

“El proyecto se califica de fundado el concepto de invalidez respectivo, toda vez que la ley orgánica impugnada afecta a las comunidades originarias del Estado de Oaxaca, en virtud de que se crea y regula una institución estatal destinada a la atención de las necesidades de educación superior de estas comunidades dentro del territorio estatal y, por ello, el Congreso local, efectivamente, tenía la ineludible obligación de consultarles directamente y de manera previa, la emisión del Decreto 1201 impugnado”. Y concluye que con la emisión de la ley impugnada existió una violación directa al artículo 2 de la Constitución General y los numerales 6 y 7 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, afectando en su conjunto al cuerpo legislativo.

A criterio del Ministro González Alcántara Carrancá, en la votación de la sentencia, establece que, si bien el Decreto no refiere a pueblos ni a comunidades indígenas, porque se emplean los términos “comunitario” o “comunidad”, coincide con la exposición de motivos de la ley impugnada, la regulación s– les concierne. Tal como se extrae del dictamen de la comisión, la asamblea comunitaria constituye la instancia de decisión social, económica y política de esas comunidades y pueblos. De esta forma, tanto de la exposición de motivos como del dictamen se extrae la voluntad de crear un centro de estudios, adaptado a las necesidades de los estudiantes oaxaqueños, en general, pero que pugna en específico por la revalorización y defensa de los derechos culturales de los pueblos originarios.

Asimismo, la declaración de invalidez decretada en el fallo de la SCJN surtirá sus efectos a los 18 meses siguientes a la notificación de los puntos resolutivos al Congreso del Estado de Oaxaca, plazo dentro del cual deberá legislar para subsanar el vicio advertido, en los términos precisados en la sentencia.

En este sentido el Ministro González Alcántara Carrancá, expuso su coincidencia en que la ley orgánica combatida puede afectar directamente a pueblos y comunidades indígenas, no está dirigida exclusivamente a ellos. Incluso, la propia ley define el objeto de la universidad en términos genéricos y abiertos, destinándolo a la impartición de cursos de licenciatura, de postgrado y de especialidad abiertos a cualquier estudiante. Por otro lado, esta universidad goza de autonomía, que constitucionalmente es relevante, por lo que, con la prórroga, busca ser preservada, así como la noble naturaleza de la propia UACO.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para sustanciar la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca en el plazo de dieciocho meses otorgados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 180/2020 promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, demandando la invalidez del decreto número 1201, por el que se expidió la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, publicado el 20 de abril del 2020.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente al honorable Gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca a brindar el acompañamiento y facilidades en el proceso de consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca, respecto del decreto número 1201, por el que se expidió la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, publicado el 20 de abril del 2020, a fin de cumplir cabalmente con los tiempos de la prórroga de la sentencia de invalidez que dicto la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de agosto de 2021 (180/2020), y con ello se siga fortaleciendo el proyecto de la inclusión intercultural para el tipo superior en el estado de Oaxaca

Nota

i Cuarto informe de Gobierno del Estado de Oaxaca 2019-2020 Anexo Estadístico.

https://www.oaxaca.gob.mx/CuartoInforme/pdf/anexo.pdf

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno.– Diputado Azael Santiago Chepi (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a incluir por la Ssa en la estrategia de vacunación contra el SARS-Cov-2 a los niños y adolescentes de 12 a 17 años con la vacuna Pfizer-BioNTech, aprobada por la Cofepris, suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y los diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, incluya en la estrategia de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 a toda la población de niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años con la vacuna Pfizer-BioNTech que ha sido aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para prevenir y proteger los contagios por Covid 19 en este grupo de edad, conforme a las siguientes:

A finales de diciembre del año 2019 la Organización Mundial de la Salud informó que una nueva enfermedad estaba extendiéndose rápidamente en la provincia de Wuhan, China: la Covid-19, ocasionada por el virus SARS-CoV-2. En pocos días, los contagios alcanzaron a Europa, África y a América, convirtiéndose en una pandemia.

Durante casi un año, los científicos y diversas farmacéuticas empezaron los protocolos de investigación para desarrollar vacunas contra la Covid-19 que fueran inocuas para el ser humano a fin de prevenir, proteger y salvar vidas en todo el mundo.

Gracias al esfuerzo científico, varias vacunas fueron autorizadas para su uso de emergencia en prácticamente todos los países del orbe, incluido México. En nuestra nación, las vacunas que se han recibido, ya sea por donación o por adquisición, son las comúnmente conocidas como Pfizer-BioNTech; AstraZeneca; Moderna; CanSino, Sputnik V, Sinovac y Jannsen.

Si bien ha habido contratiempos, quejas y muchas oportunidades perdidas para mejorar el proceso, la vacunación ha ido avanzando poco a poco en el país y las personas mayores de 18 años han recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas antes mencionadas.

A pesar de que las metas que se han fijado por diversas autoridades federales no han sido cumplidas como se hubiera deseado, estamos en una mejor situación que hace un año, cuando no existían aún las vacunas, lo que da esperanza para enfrentar la enfermedad, así como impulsar la recuperación de la economía y de la vida social con mayor velocidad y seguridad.

Desde mayo, el presidente López Obrador anunció que esperaba que en octubre próximo se concluyera con la vacunación de las personas adultas, para estar listos para enfrentar el invierno con toda la población con al menos una dosis. 1

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró desde julio que el final de la vacunación a personas mayores de 18 años en la ciudad, se daría el 12 de octubre de 2021. 2

De acuerdo a cifras que reporta el Gobierno Federal, desde el inicio de la Estrategia Nacional de Vacunación el 24 de diciembre y hasta el 4 de octubre, 65 millones 479 mil 465 personas han sido inmunizadas con al menos una dosis contra Covid-19.

De ese total, 70 por ciento, que representa 45 millones 714 mil 485, han completado el esquema de vacunación; el 30 por ciento restante, equivalente a 19 millones 764 mil 980, cuenta con una dosis en tanto se cumple el lapso requerido para recibir la segunda aplicación.

Por entidad federativa, la Ciudad de México se mantiene a la cabeza en cuanto a cobertura de vacunación con 95 por ciento, le sigue Querétaro con 92 por ciento; el resto de los estados presenta avances de entre 48 y 87 por ciento.

Por lo que es necesario que el gobierno federal concluya el esquema de vacunación en la población adulta.

No obstante que en la población adulta ha habido avances, en la población infantil y adolescente estos han sido nulos, pues tanto el presidente de la República como el subsecretario de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, han manifestado su negativa a iniciar un proceso de vacunación a niñas, niños y adolescentes. 3

López-Gatell, declaró: .... “que hasta el momento no hay la suficiente evidencia científica respecto a que los niños deban ser vacunados contra el Covid-19, aunque las farmacéuticas hagan ensayos para inocularlos en el corto plazo”.

Esta negativa hace evidente una clara violación del derecho al acceso a la salud de niñas, niños y adolescentes a pesar del repunte de contagios en este grupo de edad.

Además la motivación es incorrecta, toda vez que sí existen ensayos clínicos en diversos países que han demostrado la inocuidad de las vacunas en personas de 12 a 18 años y, por ello, una gran cantidad de países, incluyendo a los Estados Unidos de América.

En dicho país, los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan la vacunación de personas de más de 12 años de edad para protegerse y ayudar a proteger contra el Covid-19. La vacunación a una proporción grande de la población es una herramienta fundamental para detener la pandemia. Las personas que están totalmente vacunadas pueden reanudar actividades que solían hacer antes de la pandemia. Obtenga más información sobre lo que usted y su hijo o adolescente pueden hacer una vez que estén totalmente vacunados. Los niños de 12 años de edad o más puede recibir la vacuna contra el Covid-12 de Pfizer-BioNTech.” 4

De hecho, el pasado 24 de junio del presente año, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) hizo público el Comunicado No. 23 /2021 referente a la autorización para uso de emergencia de la vacuna PFIZER-BIONTECH; que permite su aplicación a niños a partir de los 12 años de edad.

La negativa del gobierno federal de vacunar a menores de edad ocasionó que cientos de padres y madres promovieran demandas de amparo para sus hijos. Lo que llevó al subsecretario López-Gatell en la conferencia mañanera del presidente de la República del 14 de septiembre a admitir que se vacunará a un millón de niños y adolescentes de 12 a 17 años que tienen factores de riesgo para presentar cuadros graves e incluso de morir por Covid-19, al declarar lo siguiente:

“Tenemos identificados a un millón de personas de 12 a 17 años con cáncer (leucemia, linfoma, tumores sólidos), insuficiencia renal o hepática, VIH/Sida con trasplante de órganos, enfermedades congénitas y otras que disminuyen el sistema inmunológico” 5

Ante esto, y bajo una enorme presión social, el Gobierno Federal ha iniciado únicamente la vacunación contra Covid-19 para niñas, niños y adolescentes con enfermedades crónicas y comorbilidades, así como adolescentes embarazadas, toda vez que se trata de personas más susceptibles a desarrollar la forma grave de la infección provocada por SARS-CoV-2. Otro muy reducido segmento de este sector poblacional se ha logrado vacunar solo mediante recursos legales.

Pero se trata solo de un millón de menores que accederían a las vacunas y se requiere inmunizar a los más de 13 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en México, por lo que es urgente que la estrategia de vacunación se modifique y permita la vacunación a esta población de 12 a 17 años, con la vacuna Pfizer-BioNTech, que ha sido aprobada por la Cofepris para tal efecto.

Se trata de proteger el derecho a la salud de millones de niñas, niños y adolescentes que tienen la misma necesidad de la vacuna como cualquier persona adulta, y atender el ejercicio de sus derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en los tratados internacionales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario, de urgente resolución, a consideración de esta Soberanía, con el siguiente resolutivo:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud, incluya en la estrategia de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 a toda la población de niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años con la vacuna Pfizer-BioNTech que ha sido aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para prevenir y proteger los contagios por Covid 19 en este grupo de edad.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud, complete el esquema de vacunación de la población adulta mayor de 18 años, en particular es necesario avance en los estados que tienen menos del 50% de cobertura de vacunación en la población adulta.

Notas

1 AMLO prevé que en octubre concluirá la vacunación contra el Covid-19 en México. El Economista, disponible en

https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-preve-que-en-octub re-concluira-la-vacunacion-contra-el-Covid-19-en-Mexico-20210518-0036.html

2 CDMX se ‘pone’ como fecha el 12 de octubre para terminar vacunación Covid. El Financiero. Disponible en

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/07/23/cdmx-se-pone-com o-fecha-el-12-de-octubre-para-terminar-vacunacion-Covid/

3 AMLO dice que no comprará vacunas Covid para niños hasta que se analice si las requieren. Animal Político. Disponible en

https://www.animalpolitico.com/2021/07/amlo-vacunas-ninos-Covid- farmaceuticas-negocio/

4 Vacunas contra el Covid-19 para niños y adolescentes. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Gobierno de los Estados Unidos de América. Disponible en

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/reco-mmen dations/adolescents.html

5 López-Gatell corrige sobre vacunas a menores y ofrece 1 millón de dosis. Expansión Política. Disponible en

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/09/13/lopez-gatell-cor rige-sobre-vacunas-a-menores-y-ofrece-1-millon-de-dosis

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre del 2021.– Diputados: Mario Gerardo Riestra Piña, José Elías Lixa Abimerhi (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y la SHCP a garantizar que todas las dependencias del sector salud, hospitales e instituciones públicas afines cuenten con recursos materiales, humanos, financieros y médicos y abasto de medicamentos suficientes e implantar las estrategias y los mecanismos conducentes a su aplicación para asegurar la atención médica a las mujeres con cáncer de mama, suscrita por la diputada Frinné Azuara Yarzábal e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputadas y diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Alma Carolina Viggiano Austria, Frinné Azuara Yarzábal, Yerico Abramo Masso, Norma Angélica Aceves García, Brasil Alberto Acosta Peña, Ricardo Aguilar Castillo, Yeimi Yazmín Aguilar Cifuentes, María de Jesús Aguirre Maldonado, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, María Guadalupe Alcántara Rojas, Cristina Amezcua González, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Pedro Armentía López, Karla Ayala Villalobos, Carlos Miguel Aysa Damas, Laura Barrera Fortoul, Karina Marlén Barrón Perales, Sue Ellen Bernal Bolnik, Jaime Bueno Zertuche, María del Refugio Camarena Jáuregui, Adriana Campos Huirache, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, Sofía Carvajal Isunza, Javier Casique Zárate, Alan Castellanos Ramírez, Eufrosina Cruz Mendoza, Carolina Dávila Ramírez, Yolanda de la Torre Valdez, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Juan Francisco Espinoza Eguía, Shamir Fernández Hernández, José Guadalupe Fletes Araiza, Rodrigo Fuentes Ávila, Pablo Gamboa José Luis Miner, Garza Ochoa, Augusto Gómez Villanueva, Mariano González Aguirre, Xavier González Zirión, Ildefonso Guajardo Villarreal, Marcela Guerra Castillo, Guadalupe Guerrero Esquivel Fuensanta, José Antonio Gutiérrez Jardón, Laura Lorena Haro Ramírez, Ismael Alfredo Hernández Deras, Johana Montserrat Hernández Pérez, Hiram Hernández Zetina, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Carlos Iriarte Mercado, Jazmín Jaimes Albarrán, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, Cynthia Iliana López Castro, Roberto Carlos López García, Tereso Medina Ramírez, Marco Antonio Mendoza Bustamante, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Mariana Erandi Nassar Piñeyro, Lorena Piñón Rivera, Reynel Rodríguez Muñoz, Cristina Ruiz Sandoval, Miguel Sámano Peralta, Paloma Sánchez Ramos, María Elena Serrano Maldonado, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Sayonara Vargas Rodríguez, Maribel Guadalupe Villaseñor Dávila, José Francisco Yunes Zorrilla, Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Margarita Zavala Gómez del Campo, Éctor Jaime Ramírez Barba, Martha Estela Romo Cuellar, Karen Michel González Márquez, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Jorge Álvarez Maynez, Salomón Chertorisvki Woldenberg, Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, María Elena Limón, Ivonne Ortega Pacheco, Julieta Mejía Mirza Flores, del  Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; Gabriela Ortega Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

En 2020, en todo el mundo se diagnosticó cáncer de mama a 2.3 millones de mujeres, y 685 mil fallecieron por esa enfermedad. A fines del mismo año, 7.8 millones de mujeres a las que en los anteriores cinco años se les había diagnosticado cáncer de mama, seguían con vida, lo que hace que este cáncer sea el de mayor prevalencia en el mundo. Se estima que, a nivel mundial, los años de vida perdidos ajustados en función de la discapacidad (AVAD) en mujeres con cáncer de mama superan a los debidos a cualquier otro tipo de cáncer. El cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad después de la pubertad en todos los países del mundo, pero las tasas aumentan en su vida adulta. 1

En el periodo de 1980 a 2020, en los países de ingresos elevados la mortalidad por cáncer de mama normalizada por edades se redujo en 40 por ciento. Los países que han tenido éxito en sus esfuerzos por reducir la mortalidad por cáncer de mama han logrado una reducción anual de 2 a 4 por ciento. Si la mortalidad anual mundial consiguiera reducirse en 2.5 por ciento, entre 2020 y 2040 se evitarían 2.5 millones de muertes por cáncer de mama.

El cáncer de mama es la principal causa de muerte por tumores en las mujeres a nivel mundial. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicados en 2019, esta enfermedad afecta a más de 140 mil mujeres en México, durante ese año, por cada 100 mil mujeres de 20 años o más se reportaron 35.24 casos nuevos. Los estados con mayor incidencia son Morelos (151.94 casos por cada 100 mil mujeres de 20 años o más), Colima (139.62) y Aguascalientes (66.64), mientras que los estados con menos casos registrados son Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Yucatán. 2

A nivel nacional, la tasa de mortalidad por cáncer de mama es de 17.19 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años o más. Las entidades con las menores tasas (de 9.29 a 13.64) son Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Campeche, Colima, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Tabasco. En el siguiente estrato (13.65 a 18) se encuentra Tlaxcala, Puebla, México, San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Durango y Zacatecas. Le siguen (estrato 18.01 a 22.35) Querétaro, Coahuila, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, Tamaulipas y Nayarit. Las mayores tasas (22.36 a 26.71) se encuentran en Chihuahua, Ciudad de México, Baja California y Baja California Sur. Este año, debido a la pandemia por Covid-19, las pacientes de cáncer de mama se han visto afectadas en diversos factores relativos a su enfermedad.

El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se multiplican sin control. Se origina en las células del revestimiento (epitelio) de los conductos (85 por ciento) o lóbulos (15 por ciento) del tejido glandular de los senos. Al comienzo, el tumor canceroso está confinado en el conducto o lóbulo ( in situ), donde generalmente no causa síntomas y tiene un mínimo potencial de diseminación (metástasis).

Con el paso del tiempo, este cáncer in situ(estadio 0) puede progresar e invadir el tejido mamario circundante (cáncer de mama invasivo), y a continuación propagarse a los ganglios linfáticos cercanos (metástasis regional) u a otros órganos del organismo (metástasis distante). Cuando una mujer muere de cáncer de mama, es como consecuencia de la metástasis generalizada.

Son múltiples los problemas que en México originan la alta prevalencia y mortalidad de esta enfermedad, entre los que destacan los siguientes:

La cifra de asistencia de pacientes para practicarse mastografías de prevención disminuyó en 50 por ciento en comparación a 2019 y será la cifra más baja de consultas en los últimos 16 años, lo que en un futuro afectará en la salud, sobrevida y costo del tratamiento para las pacientes.

De acuerdo con un reporte publicado por Animal Político, este año el sistema de salud pública dejó de atender a 1.5 millones de personas con padecimientos crónico-degenerativos (incluidos pacientes con cáncer de mama) para concentrar su atención en pacientes Covid. Otro estudio presentado por organizaciones como Salvati, AC y MILC muestra que 58 por ciento de las mujeres que se atienden en alguna institución pública no han recibido tratamiento desde el comienzo de la pandemia en México (finales de marzo).

Las pacientes con cáncer de mama que están siendo afectadas no cuentan con un respaldo ante esta situación, según la encuesta nacional Estamos Aquí, 72 por ciento de ellas no ha presentado quejas ante el desabasto y la falta de atención para su enfermedad ya que no saben cómo hacerlo y 28 por ciento restante las ha presentado a través de oficios dirigidos a las autoridades, por medio de redes sociales o han promovido amparos.

Para disminuir la mortalidad de este padecimiento que afecta a muchas familias en México, es necesario contar con personal calificado, campañas informativas que promuevan la prevención de esta enfermedad e informen a la población los métodos de detección temprana que son un elemento clave para disminuir la mortalidad de este padecimiento, así como contar con programas gubernamentales que ofrezcan apoyo y respaldo para las pacientes diagnosticadas.

No han recibido tratamiento 58 por ciento de las mujeres que se vienen atendiendo en alguna institución pública desde el comienzo de la pandemia, es decir, desde finales de marzo de 2019.

Los cambios implementados por el actual gobierno en el sistema de salud han disminuido notablemente los recursos que se tenían disponibles en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, ahora denominado Fondo de Salud para el Bienestar, a través del cual se financiaba el tratamiento de cáncer de mama. Tan sólo en estos dos últimos años se han retirado de este Fondo 73 mil millones de pesos y se perfila el retiro de un supuesto remanente por un monto estimado en más de 50 mil millones de pesos.

Ello ha disminuido sensiblemente la capacidad operativa de las instituciones y hospitales de alta especialidad, que venían atendiendo este padecimiento, al no contar con recursos suficientes para atender la alta demanda, toda vez que están impedidos para generar ingresos propios. Como ejemplo, basta citar al Instituto Nacional de Cancerología (Incan), cuyo presupuesto disminuyó dramáticamente en 640.9 millones de pesos, que representan 27.6 por ciento al pasar de 2,315.4 mdp en 2020 a 1,674.5 mdp en 2021. 3

Otro ejemplo es el de organizaciones de la sociedad civil que también se han visto afectadas con estos cambios, como es la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), que previo a la pandemia por Covid-19 atendía hasta 10 mil pacientes al año, disminuyendo hasta 2 mil, aunado al temor de las pacientes a ser infectadas de Covid-19.

No han podido comprar los medicamentos para continuar su tratamiento 67 por ciento de las mujeres diagnosticadas. Para colmo, la fallida estrategia de compra consolidada de medicamentos de esta administración también ha afectado la disponibilidad de medicamentos en las unidades médicas del Sector Salud, orillando a las pacientes a adquirirlos en farmacias privadas a un costo de hasta 5 mil pesos mensuales.

De acuerdo con información del tercer Informe de Gobierno, 30 estados de la República recibieron de enero a junio de este año, apenas 3.1 por ciento de los medicamentos para cáncer solicitados, es decir, 6.5 mil medicamentos de 205 mil solicitados. 4

La mayoría de las pacientes con cáncer de mama que están siendo afectadas no cuentan con respaldo para superar esta crisis, agravada por las condiciones económicas precarias que ya tenían inclusive antes de la llegada de la pandemia y agudizada por la misma. Ante esta situación muchas familias están acudiendo cada vez más a los servicios médicos privados, con el riesgo de incurrir en gastos catastróficos y con ello perder sus ahorros, sus bienes o endeudarse con tal de salvar de sus seres queridos.

Entre las diferentes causas que los especialistas consideran responsables del incremento en la frecuencia de los casos de cáncer de mama, figuran: el envejecimiento poblacional, el retraso de la maternidad o el no tener embarazos a término, la disminución de la lactancia materna, la menarquia temprana y una menopausia tardía, las que se suman a los ya conocidos factores de riesgo para el desarrollo de algunos tipos de cáncer, como el llevar una dieta inadecuada, el sedentarismo, el consumo de alcohol, tabaco, vapeadores, y uno que afecta a un alto porcentaje de mexicanos, el sobrepeso y la obesidad.

En los últimos años, el número de muertes causadas por esta enfermedad ha aumentado de forma alarmante, principalmente, por el retraso en el inicio del tratamiento, ya sea por la tardanza en la búsqueda de atención médica luego de que una mujer presenta un posible síntoma de cáncer de mama o por la demora en el sistema de salud, particularmente al dar el diagnóstico definitivo.

Es insuficiente la estrategia de detección, centrada en realizar la autoexploración y la exploración clínica a mujeres a partir de los 20 y 25 años de edad respectivamente y la mastografía de tamizaje en mujeres de 40 a 69 años. 70 por ciento de casos de cáncer de mama se detecta de forma tardía, cuando ya no hay posibilidades de cura para las pacientes.

Pese a los esfuerzos, la mortalidad continúa al alza.

Para disminuir la mortalidad de este padecimiento que afecta a miles de familias en México, urge implementar diversas acciones como son: retomar el seguimiento oportuno de los tratamientos, contar con más personal calificado en las unidades médicas, fortalecer las campañas informativas de prevención y asignar mayores recursos para reforzar los programas gubernamentales enfocados a la detección temprana y tratamiento de este padecimiento.

Las estrategias para mejorar los resultados relativos al cáncer de mama dependen del fortalecimiento primordial de los sistemas de salud para suministrar los tratamientos que ya se sabe que son eficaces. Esos tratamientos también son importantes para manejar otros tipos de cáncer y otras enfermedades no transmisibles (ENT) no neoplásicas.

Entre más tempranamente se logre la identificación, más pronto se logrará el tratamiento y es mayor la posibilidad de sobrevida. Es posible evitar 40 por ciento de las muertes por cáncer con prevención temprana.

En México, a pesar de que la Norma Oficial Mexicana 041-SSA2-201 recomienda que las mujeres entre 40 y 69 años se realicen la mastografía cada 2 años, la cobertura a nivel nacional es insuficiente (20 por ciento) para contribuir con la disminución de la mortalidad. 5

Es indecible el sufrimiento de las mujeres que padecen cáncer de mama, que luchan estoicamente y al doble, sacando fuerzas hasta de lo inimaginable, con la esperanza de poder sobrevivir. Muy pocas lo logran cuando ya está muy avanzado. A su calvario se suma el sufrimiento de sus familias que quisieran transferirse la enfermedad para no verlas desfallecer.

No podemos ser insensibles ante el sufrimiento de tantas familias mexicanas que demandan urgentemente el apoyo y solidaridad de su gobierno para continuar el tratamiento de sus familiares que ya han sido diagnosticados con esta terrible enfermedad, el tiempo avanza y de ello dependen sus posibilidades de sobrevivir.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario de Salud federal, doctor Jorge Alcocer Varela, y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, para que, en el marco de sus competencias y atribuciones, todas las dependencias del Sector Salud, hospitales e instituciones de salud pública, cuenten con los recursos materiales, humanos, financieros, médicos y abasto de medicamentos suficientes e implementen con carácter urgente las estrategias y mecanismos necesarios para su aplicación, con el objeto de garantizar la atención médica a las mujeres con cáncer de mama.

Notas

1 OMS. Cáncer de mama. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer

2 Inegi. Comunicado de prensa No. 462/20.

www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Cancerm ama20.pdf

3 Consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx

4 https://www.animalpolitico.com/2021/09/medicamentos-oncologicos-estados-solicit ados-unops-insabi/

5 INSP. Cáncer de mama, una prioridad para la salud de las mexicanas. www.insp.mx/avisos/5090-octubre-cancer-mama-19.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.– Diputada Frinné Azuara Yarzábal (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, la Secretaría de Bienestar y la SHCP a implantar un programa integral denominado “canasta básica de medicamentos”, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Juan Carlos Natale López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

El gasto de bolsillo que los mexicanos destinan para atender su salud y adquirir medicinas, tanto de uso básico como especializado, es muy elevado. Aproximadamente un 25 por ciento de la población utiliza servicios médicos privados, ya sea por decisión propia o por necesidad ante la falta de calidad en el servicio, de respuesta oportuna, o por no estar afiliado a los servicios públicos de salud, lo que los obliga a recurrir al uso de recursos personales para poder solventar los gastos médicos y la compra de medicamentos para el tratamiento de sus padecimientos.

Situación distinta es la que experimentan quienes ni siquiera tienen la posibilidad económica para poder erogar el costo de la atención médica y la compra de medicamentos básicos para atender sus malestares físicos; afectando de manera directa el bienestar y su calidad de vida.

Si bien, la actual administración ha puesto especial énfasis en la ampliación de la cobertura de atención y en el fortalecimiento de los servicios de salud, lo cierto es que existen diferentes dolencias comunes que pueden ser tratadas de manera sencilla si se contara con una serie de medicamentos básicos para su atención.

A pesar de que el derecho a la salud se encuentra reconocido constitucionalmente como un derecho humano, ello no significa que su protección y desarrollo efectivo se encuentre garantizado. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señalan que para el 2021 el 28.2 por ciento de la población -unos 35.7 millones de personas- no tienen acceso a ningún servicio público de salud; cifra que se eleva a un 30.5 por ciento en las zonas rurales.

Sumado a lo anterior, es importante exaltar que el bienestar de muchos de nuestros ciudadanos está condicionado por malestares de salud cotidianos que pueden ser tratados con un paquete de medicinas básicas que no generan efectos secundarios adversos ni fomentan la automedicación, pero que permiten atender de forma expedita los problemas de salud básicos más comunes.

Para el Partido Verde, el suministro oportuno y suficiente de los medicamentos representa una prioridad, virtud a ello hemos presentado diversas iniciativas y proposiciones en la materia, con el objetivo de garantizar la protección efectiva de la salud de las y los mexicanos.

Es por esta razón que hoy se presenta un exhorto que busca abonar a robustecer el derecho a la salud de las personas, mediante el exhorto a las Secretarías de Salud, de Bienestar y de Hacienda y Crédito Público para que instrumenten un programa integral denominado “Canasta Básica de Medicamentos”, cuyo objetivo sea otorgar un grupo mínimo de medicamentos esenciales para atender padecimientos básicos.

Lo anterior, mediante la participación activa de estas instituciones para definir, de acuerdo a los principales padecimientos detectados, los medicamentos que deberán integrar dicha canasta básica; así como las reglas de operación, los lineamientos de entrega y los destinatarios de dicho programa.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud; de Bienestar, y de Hacienda y Crédito Público, para que, en el marco de sus atribuciones y de manera coordinada, diseñen e implementen un programa integral denominado “Canasta Básica de Medicamentos”, cuyo objetivo sea otorgar un grupo mínimo de medicamentos esenciales para atender padecimientos básicos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, de acuerdo a los principales padecimientos detectados, defina los medicamentos que deberán integrar la “Canasta Básica de Medicamentos”.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar para que en el marco del programa “Canasta Básica de Medicamentos”, defina las reglas de operación y los lineamientos de entrega; así como los destinatarios de dicho programa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.– Diputado y diputada: Juan Carlos Natale López, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se condena el uso de las instalaciones del Senado por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN y PRI para albergar a personajes como Santiago Abascal, de conocido discurso de odio, racismo, xenofobia y misoginia, contrario a los valores de la democracia y los derechos humanos, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Vox es un partido español de ultraderecha que ha generado polémica debido a sus postulados. Surgió en 2013 en Madrid y se autodefine como un movimiento que lucha contra la corrección política asfixiante. Su proyecto se resume en la defensa de España, de la familia y la vida; y, sobre todo, en expulsar al gobierno de la vida privada de los ciudadanos.

Su presidente es Santiago Abascal quien fue diputado del parlamento vasco en 2009 por el Partido Popular, al que años más tarde renunció.

El jueves 2 de septiembre de 2021, en las instalaciones del Senado de la República, se llevó a cabo una reunión entre legisladores del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, con Santiago Abascal para presentar el Foro Madrid.

La reunión estuvo auspiciada por el senador Julen Rementería, coordinador en el Senado del PAN, y en ella se adhirieron a la Carta de Madrid los senadores del PAN, Julen Rementería, Alejandra Reynoso, Lilly Téllez, Roberto Moya, Víctor Fuentes Solís, María Guadalupe Murguía, Gina Cruz Blackledge, Minerva Hernández Ramos, Mayuli Latifa Martínez, Indira de Jesús Rosales, Nadia Navarro, María Guadalupe Saldaña, Marco Antonio Gama y Juan Antonio Martín del Campo; los diputados de este mismo partido, América Rangel, Saraí Nuñez y Raúl Torres, así como los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lorena Piñón y Manuel Añorve.

En la Carta de Madrid, Vox expone que la que suscribe, Ana Karina Rojo Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente:

“Una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países. Todos ellos, bajo el paraguas del régimen cubano e iniciativas como el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideológica”.

“El avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas. El Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada son elementos esenciales que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades, por lo que deben ser especialmente protegidos frente a aquellos que tratan de socavarlos”.

“El futuro de los países de la Iberosfera ha de estar basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia”

Con este documento Vox se ha presentado ante distintas fuerzas conservadoras hispanohablantes como el mejor embajador de la extrema derecha en América, poniendo en el centro el anticomunismo y llevar a cabo una realineación en la esfera internacional. Sin embargo, detrás de ello se encuentra la idea de reivindicar sus valores y volver a poner a España en el centro, esto sin lugar a dudas es una nueva forma de neocolonialismo.

Vox es un partido que reivindica la dictadura franquista hecho que, por sí solo, basta para considerarlo como enemigo de un país democrático.

Abascal y su partido Vox han generado polémica debido a sus postulados contra el comunismo y abiertamente en contra de libertades y derechos como el aborto, la igualdad de género, la eutanasia, el matrimonio entre las personas del mismo sexo, la migración, el Islam; y en temas como la protección de los animales y el cambio climático.

Vox y sus líderes partidistas han llamado la atención por acusaciones, críticas y expresiones discriminatorias a diversos sectores de la población española. Los discursos de Abascal en específico están cargados de desprecio y odio hacia la actual realidad social y política, la cual, desde su punto de vista, está caracterizada por la hegemonía de feministas supremacistas, de los activistas LGTBI, los migrantes, etcétera.

El 13 de agosto de 2021, la fecha en que México reivindicaba la resistencia indígena, el partido de ultraderecha celebró la derrota de Tenochtitlan a manos de los españoles encabezados por Hernán Cortés.

A través de su cuenta en Twitter, el partido que encabeza Santiago Abascal posteó: “Tal día como hoy de hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Orgullosos de nuestra historia”

Esta visión que justifica las matanzas de los conquistadores con el argumento de que civilizaron a los indígenas.  Pero en realidad debemos recordar que con la caída de la gran Tenochtitlán empezó para los pueblos sometidos una era de violencia, sobreexplotación, esclavitud, la conquista fue una catástrofe.

Los legisladores del PAN y el PRI están en todo su derecho de suscribir un acuerdo político con Vox, un partido neofascista, racista, xenófobo, homófobo y misógino. Hecho que desenmascara la verdadera naturaleza de estos legisladores y sus partidos político.

Sin embargo, no cabe, bajo ningún argumento, abrir las puertas de un recinto laico y republicano como el Senado de la República a tolerancia alguna con el fascismo y Vox navega en ese campo. La tolerancia con el fascismo, en cualquiera de sus versiones, siembra del odio y la mentira y socava los cimientos de la democracia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena el uso de las instalaciones de la Cámara de Senadores por parte de legisladoras y legisladores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional para albergar a personajes como Santiago Abascal que son conocidos por su discurso de odio, racismo, xenofobia, misoginia los cuales son contrarios a los valores de la democracia y los derechos humanos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 7 de septiembre de dos mil veintiuno.– Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, lo gobiernos locales y el Congreso de la Unión a convocar a un debate público sobre la necesidad de una nueva convención hacendaria donde se revisen las atribuciones tributarias de los tres órdenes de gobierno y se diseñen nuevos mecanismos de captación y recaudación de recursos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los suscritos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

1. Desde el 16 de julio de 2020, en una gira por el estado de Jalisco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en materia de finanzas estatales y municipales el gobierno federal y las administraciones locales han heredado una carga de deuda importante. Esto, atendiendo al llamado de diversos gobernadores de que se revise el esquema de coordinación fiscal, a fin de mejorar la distribución de los recursos federales.

En esa oportunidad, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez le planteó al Presidente de la República acordar una estrategia integral para efecto de que los estados pudieran reconstruir sus economías con la ayuda de la federación, derivado de la crisis generada por la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), cuestión que el Presidente se comprometió a analizar el tema y proponer una solución.

2. Por su parte, en una investigación elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, titulada El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Una herramienta para el federalismo, y publicada desde julio de 2020, se reiteró la necesidad de continuar con los trabajos en el marco del federalismo fiscal para fortalecer las haciendas locales e incluir a los municipios con la finalidad de disminuir la dependencia a las participaciones federales. Esto, al determinar que es fundamental lograr acuerdos para que en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se establezcan las bases de la planeación hacendaria no sólo para una mayor distribución de los recursos tributarios en beneficio de la población, sino también para atender las necesidades de los habitantes y de los lugares en los que viven.

3. Igualmente, desde el 17 de marzo de 2021 se instaló formalmente en la Cámara de Diputados el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, que fue aprobado por el pleno en sesiones anteriores, con el objetivo de realizar diagnósticos y propuestas de los temas hacendarios y fiscales en nuestro país, entre ellos, una eventual convocatoria a una Convención Nacional Hacendaria, la revisión del reparto de recursos en entidades federativas y municipios, así como las bases para crear un Instituto Nacional de Finanzas Públicas.

Recientemente, como parte de sus trabajos, el 16 de julio, 11 de agosto y 18 de agosto del año en curso, sostuvieron diversos encuentros en los que también participaron especialistas en la materia fiscal y económica, en los que se advirtió que el federalismo fiscal no está balanceado con la debida rendición de cuentas y medidas de responsabilidad. Al respecto, urgieron actualizar el pacto fiscal federal con el propósito de garantizar la sustentabilidad del gasto público de estados y municipios, al haberse concluido que existe una gran falta de actualización de los esquemas y del pacto fiscal federal.

4. En este sentido se han pronunciado recientemente tanto el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, como el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quienes incesantemente han urgido respecto a la necesidad de celebrar un nuevo pacto fiscal a fin de priorizar un reparto equitativo de recursos con la federación y los distintos estados de la República.

Ambos, el pasado 1 de julio de 2021, efectuaron una rueda de prensa conjunta en la que externaron nuevamente la necesidad de revisar el Convenio de Coordinación Fiscal, y destacaron la presentación de una iniciativa de reforma para que sea obligación del Estado revisar cada determinado tiempo, estas reglas de coordinación fiscal entre las entidades y la federación. Incluso, destacaron particularmente el tema de las consultas ciudadanas en este rubro, al ser esenciales para conocer el sentir de la gente a este respecto.

Por un lado, resaltaron que en el estado de Nuevo León ya se ha efectuado una consulta ciudadana en esta materia, efectuada entre diciembre del año 2020 y febrero de 2021, en la cual una mayoría de ciudadanos optaron por una modificación a este convenio de coordinación fiscal, ya que, según especialistas, por cada peso que Nuevo León aporta al gobierno federal, solamente se le devuelven 29 centavos.

Por su parte, señalaron que en el estado de Jalisco se llevará a cabo un ejercicio de esta naturaleza, partiendo de la experiencia que el gobernador tienen en este tipo de ejercicios, tal como aconteció con la ratificación de su cargo como presidente municipal en Tlajomulco de Zúñiga.

Los gobernadores concluyeron la conferencia de prensa antes referida que la sinergia que harán de forma conjunta, pretende ejercer una mayor presión a fin de convencer a la federación de esta problemática existente, y lograr la modificación que se pretende con la referida iniciativa de ley.

En ese sentido, y a fin de fortalecer la discusión y ampliar el debate respecto de la necesidad de respecto de una nueva convención hacendaria donde se revisen las atribuciones tributarias de los tres órdenes de gobierno, y se diseñen nuevos mecanismos de captación y recaudación de recursos, así como esquemas más eficientes, transparentes y equitativos de distribución de los mismos.

5. El pasado 6 de octubre, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, apuntó que durante cuatro fines de semana consecutivos entre el 20 de noviembre y el 12 de diciembre se realizará una consulta popular con la pregunta “¿Estás de acuerdo en que cada seis años se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera en la que la federación distribuye los impuestos, para que se decida si Jalisco se mantiene o sale del Pacto Fiscal?”. 1 Lo anterior a fin de que las y los jaliscienses decidan si el estado de Jalisco permanece o no en el pacto fiscal.

En caso de ser afirmativa la respuesta de la ciudadanía en esta consulta, el gobernador de Jalisco apuntó que se buscará reformar la Constitución del estado para que cada seis años las autoridades locales revisen los términos de Pacto Fiscal a fin de decidir si es conveniente seguir en él, renegociar o abandonarlo. 2 Finalmente, el gobernador de Jalisco apuntó “pero el mensaje es claro, no queremos salirnos, lo que queremos es un trato justo”. 3

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a las entidades federativas, y al Congreso de la Unión, a convocar a un debate público, con efectos vinculatorios, respecto de la necesidad de una nueva convención hacendaria donde se revisen las atribuciones tributarias de los tres órdenes de gobierno, y se diseñen nuevos mecanismos de captación y recaudación de recursos, así como esquemas más eficientes, transparentes y equitativos de distribución de los mismos.

Notas

1 Torres, R. (2021). “Sólo queremos trato justo” dice Alfaro sobre Pacto Fiscal. El Universal. Recuperado de:

https://www.eluniversal.com.mx/estados/solo-queremos-trato-justo -dice-alfaro-sobre-pacto-fiscal

2 Ídem.

3 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.– Diputados: Salvador Caro Cabrera, Jorge Álvarez Máynez (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Jucopo de esta soberanía a crear la comisión especial para la pacificación de México, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Francisco Javier Huacus Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, LXV, con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, acude ante el pleno de esta soberanía a fin de presentar la proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se solicita a la Junta de Coordinación Política la creación de la Comisión Especial para la pacificación de México, con base en la siguiente

Se dice que en política se vive siempre sobre un volcán; hay que estar siempre preparados para súbitas convulsiones y erupciones. Y esta frase bien cabe en el marco de la inseguridad pública en México. Hoy nos encontramos sobre un volcán incierto, riesgoso y azaroso.

México se encuentra en una situación insostenible, donde la inseguridad, la violencia y grupos delictivos atentan contra el bienestar de los ciudadanos. En diversos estados de la república, las autoridades han sido suplantadas de sus funciones constitucionales por los poderes fácticos, ante los profundos vacíos de autoridad y la continua socavación del Estado de derecho de la nación.

El Poder Ejecutivo presentó en 2018 su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, y en 2019 se presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 con el objetivo de emprender la construcción de la paz y la promoción de la cultura de la paz, sin embargo, estos no han tenido mayor impacto en la seguridad en México.

Ya que el 2021, en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), solo en mayo pasado fueron asesinadas en México 3 mil 61 personas, asimismo la ONG señalo que menos 15 de los 32 estados de México están en foco rojo en delitos de crimen organizado, pues tienen las tasas más altas de homicidio, secuestro, extorsión, narcotráfico y robo de vehículo. 1

La organización explicó que el delito de homicidio se comportó de manera similar al año pasado, pues registró una ligera disminución del 1 por ciento por lo que se mantiene la tasa de 28 víctimas de homicidios por cada 100 mil habitantes. Refiriendo que las zonas del territorio con tasas más altas de homicidio son aquellas en donde dos o más células delictivas se disputan los territorios, con el objetivo de producir, importar, traficar o vender alguna sustancia prohibida. 2

En Michoacán, en marzo de 2021, se anunció un operativo de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en coordinación con la Guardia Nacional (GN), estableciendo un despliegue operativo de 980 elementos de la GN y el Ejército, a fin de reducir la elevada tasa de homicidios en la entidad particularmente en los municipios de Zamora, Jacona, Uruapan, Zitácuaro y Morelia, donde posteriormente se podría extenderse a los municipios que así lo requieran.

Sin embargo, este despliegue nunca cumplió con sus objetivos en el Valle de la Tierra Caliente de Apatzingán, donde se viven momentos de temor, miedo y angustia. Ante este contexto de impunidad pública, se registra otro fenómeno derivado por la violencia como es el éxodo de la población, hecho que se registra diariamente. Ante ello, la ciudadanía decidió abandonar sus hogares y lugares de residencia solo para salvaguardar la vida y la de sus familias. Así, por el profundo vacío institucional de la autoridad en los municipios que integran la demarcación política, los grupos delictivos se apropiaron de territorios, de la vida y de la libertad de los habitantes.

En semanas recientes la violencia se incrementó con fuerza en los municipios de Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Coalcoman, derivado de ello, se registró el desplazamiento forzado de familias en la región, ocasionado por las acciones beligerantes de los grupos delictivos que operan indiscriminadamente en los límites de Michoacán y Jalisco. 3

Por ello, como integrante del Partido de la Revolución Democrática asumimos la responsabilidad legal y constitucional, con el fin de resolver la problemática que viven diversos estados, y donde el poder Ejecutivo federal no ha cumplido con la encomienda de avanzar en la disminución de la tasa de violencia debido a su disímbola complejidad, por lo que urge transitar por otros mecanismos institucionales para asumir la problemática al conformar una comisión especial con el objetivo de reestablecer las garantías constitucionales y derechos humanos en el país.

Como diputado del distrito 12 de Apatzingán, coadyuvaré y seguro estoy de que también el resto de los integrantes de la honorable Cámara de Diputados para recuperar la paz y la seguridad de los mexicanos; por ello, proponemos la creación de la Comisión Especial para la pacificación de México, con el objetivo diseñar estrategias en harás de erradicar la violencia de estados como Michoacán, Zacatecas, Colima, Baja California, Morelos, Sonora, San Luis Potosí, estado de México, Chihuahua, Tlaxcala, Quintana Roo, Querétaro, Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Tamaulipas y Baja California Sur.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Primero. Que en términos del inciso c), numeral 1, del artículo 34; y el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se solicita a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura, integre la Comisión Especial para la Pacificación de México.

Segundo. Que la Comisión Especial para la pacificación de México, se integre por diputadas y diputados pertenecientes a todos los grupos parlamentarios con base en el criterio de proporcionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la representación de legisladores correspondientes a las zonas con mayor índice de violencia.

Tercero. La Comisión Especial para la pacificación de México tendrá por objeto establecer un diálogo sostenible y permanente con la población afectada por la violencia, con el propósito de restituir la estabilidad social del país, al fomentar espacios de plena coordinación entre el poder federal, estatal y local, donde los sectores sociales afectados por los altos índices de violencia protagonicen las propuestas que solventen la problemática.

Cuarto. Que la Comisión Especial para la Pacificación de México podrá solicitar la información que considere pertinente y realizar las acciones que correspondan para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Quinto. Que la Comisión Especial para la pacificación de México estará vigente todo el tiempo que sea requerido para alcanzar su objetivo.

Notas

1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia- delicti-va-87005

2 https://www.forbes.com.mx/al-menos-15-estados-en-foco-rojo-por- crimen-organizado-semaforo-delictivo/

3 https://elpais.com/mexico/2021-07-14/el-conflicto-criminal-en- mi-choacan-escala-a-la-tierra-caliente.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2021.– Diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar tanto a los congresos locales cuyos ordenamientos penales criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo de forma absoluta como a las autoridades encargadas de perseguir los delitos y salud pública a adecuar y tomar como referente en sus actuaciones y determinaciones los razonamientos de la decisión de la SCJN en la acción de inconstitucionalidad 148/2017, a cargo del diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 55, numeral 4; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III, IV y VI; y 100, numerales 1 y 2, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes:

El pasado 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 148/2017, por la cual se declara la invalidez de diversas disposiciones del Código Penal del estado de Coahuila de Zaragoza, incluidas aquellas que tipifican el aborto voluntario en cualquier etapa de la gestación.

Con esta resolución, la Corte dio un paso histórico en favor de la protección y garantía de los derechos y libertades de las mujeres y personas con capacidad de gestar, al determinar por primera vez la inconstitucionalidad de las normas que sancionan penalmente la interrupción voluntaria del embarazo.

La autonomía de las mujeres a decidir sobre su proyecto de vida, sobre su salud y su cuerpo, es un derecho reconocido y protegido por la Constitución, como lo estableció el máximo tribunal de nuestro país. El Estado no solo no puede recurrir al derecho penal para castigar el ejercicio de esa autonomía, sino que, por el contrario, debe garantizar todas las condiciones materiales y jurídicas para que las libertades reproductivas de las mujeres se ejerzan de manera segura. La postura a este respecto es clara: “el ejercicio de un derecho constitucional no puede ser, al mismo tiempo, un delito”. 1

Tutelar el valor fundamental de la autonomía de las mujeres y personas con capacidad  de gestar es una obligación del Estado mexicano, pues dicho principio maximiza el ejercicio de los derechos a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad jurídica, la privacidad, la salud y a la libertad reproductiva. Impedir y, aun más, criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo supone una limitante injustificada a la luz de nuestra Constitución y de los tratados internacionales protectores de derechos humanos suscritos por nuestro país.

La autodeterminación de las mujeres ha sido negada históricamente, con base en prejuicios de género fundados en estructuras patriarcales que buscan subordinarlas e imponer sobre ellas mandatos que niegan toda forma de autonomía y el derecho a una vida digna. Paradójicamente, esos mandatos patriarcales se esconden en la defensa de la vida. Sin embargo, como lo explicaron las ministras y ministros, aunque la vida es un valor fundamental en nuestro sistema jurídico, no es un valor absoluto, pues en nombre de ella se suelen minimizar problemáticas e invisibilizar —u obstaculizar — otros derechos. Precisamente, en nombre de la vida, el Código Penal de Coahuila impedía que las mujeres y personas gestantes que interrumpían su embarazo fueran asistidas por personal sanitario y, por otra parte, limitaba a 12 semanas la posibilidad de abortar en casos de violación, inseminación o implantación artificial.

La determinación de cuándo inicia la vida es el principal objeto de discusión al momento de hablar sobre aborto, sin embargo, esas posturas suelen olvidar que —como sostuvo la ministra Margarita Ríos Farjat— “la idea de vida sobrepasa, en muchas dimensiones, la posibilidad normativa del derecho”. 2

La idea de cuándo comienza la vida depende, muchas veces, de apreciaciones subjetivas que no pueden ser la base de las decisiones que toma el Estado.

Ni el Poder Legislativo, ni cualquier otra autoridad, pueden resolver en definitiva cuándo comienza la vida, pero sí pueden reconocer grados de protección. Así pues, la interpretación de la Corte determinó que, en nuestro sistema jurídico constitucional, este valor goza de una protección progresiva, por cuanto ninguna prerrogativa tiene un carácter absoluto, y los derechos y principios en juego exigen un espacio de resguardo y defensa propio en dicho sistema.

La decisión de la Corte se basa, de acuerdo con el ministro Luis María Aguilar, “en una narrativa jurídica propia del contexto actual, que responde a los cambios y a la dinámica cultural de la sociedad mexicana y que tiene sus bases generales en los principios fundamentales que definen al Estado mexicano, como son democracia, laicidad, pluralidad y la propia vocación social de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de un discurso de derechos fundamentales y desde la razón pública”. 3

La decisión de la Corte es paradigmática, como ya se ha mencionado, porque establece por primera vez que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, además de reconocer el derecho y la necesidad de garantizar el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar, sin enfrentar por ello consecuencias penales. La decisión adoptada por unanimidad de 10 votos tiene efectos generales en el estado de Coahuila, por lo que se expulsan del sistema jurídico las normas declaradas inconstitucionales, lo cual tiene por efecto eliminar el fundamento para mantener privadas de la libertad a las mujeres, personas con capacidad de gestar y demás sujetos involucrados en casos de interrupción voluntaria del embarazo.

Ahora bien, de conformidad con el párrafo décimo segundo del artículo 94 constitucional, las razones que justifican esta decisión son obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Los efectos de la sentencia que en su momento se publique son obligatorios, por supuesto, para las autoridades encargadas de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales en el estado de Coahuila, no así para los poderes legislativos o autoridades administrativas que no se encuentren obligados a acatar este fallo paradigmático de la Corte.

No obstante esos efectos, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sienta un precedente que, más temprano que tarde, llevará a que las legislaturas de los estados armonicen sus leyes y códigos locales con base en esta interpretación garantista sentada en lo relativo a la interrupción voluntaria del embarazo. Por su parte, los actos y decisiones de las autoridades encargadas de la persecución de los delitos, cuando estos se refieran al aborto tipificado como la interrupción del embarazo de manera voluntaria y en términos absolutos, se enfrentarán al ejercicio del control de constitucionalidad de los órganos jurisdiccionales locales y federales que sí están vinculados por la sentencia de la Corte.

De esta manera, al decidir sobre casos futuros, las y los juzgadores deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, lo cual — de acuerdo con la Corte — ocurre cuando los tipos penales no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un período cercano a la implantación, o cuando las normas solo establecen la posibilidad de abortar en el contexto de excusas absolutorias, pues en este último caso el delito existe aun cuando no se imponga una sanción por ello.

El ejercicio de las libertades y derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, su autonomía para decidir sobre su proyecto de vida, su salud y su cuerpo, no pueden aplazarse más. El respeto y garantía de estos derechos no es optativo para el Estado mexicano, máxime cuando estos se encuentran plenamente reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que hemos decidido formar parte.

Reiteramos, el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar no puede ser confrontado por el Estado, menos aún mediante el derecho penal. Por el contrario, es nuestra obligación garantizar que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar accedan a servicios de salud seguros, gratuitos y accesibles; que tengan a su alcance información, educación y medios que las acompañen en el ejercicio de sus derechos, de manera no invasiva y respetuosa de su privacidad, inteligencia y autonomía; que no sean sujetas a ninguna forma de violencia, coerción o que vulnere su consentimiento durante la decisión de su proyecto de vida.

Es por todo lo anterior que proponemos a esta soberanía considerar como puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución, por ser de interés público y trascendencia nacional, los siguientes:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas, cuyas legislaciones locales en materia penal tipifican la interrupción voluntaria del embarazo de manera absoluta, o bien, que únicamente contemplan causas de exclusión de la responsabilidad en casos de aborto, a derogar dichas normas por ser inconstitucionales y a regularizar su contenido conforme a los parámetros constitucionales y convencionales protectores de derechos humanos, tomando como eje para ello, la jurisprudencia sentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 148/2017.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Fiscalías, ministerios públicos y demás autoridades encargadas de la persecución de los delitos, a tomar como referente los motivos y razonamientos que justifican la jurisprudencia sentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 148/2017, durante el ejercicio de sus atribuciones de persecución y ejercicio de la acción penal.

En consecuencia se exhorta específicamente a las autoridades ministeriales que empleen la figura del desistimiento de la acción penal para beneficiar a las mujeres que hayan sido imputadas por los delitos de aborto, homicidio en relación de parentesco u otros semejantes.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades administrativas de salud pública de las entidades federativas, a garantizar el derecho a la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar, mediante el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo seguros, gratuitos y accesibles, mediante personal capacitado, suficiente y no objetor de conciencia; así como a brindar información objetiva, veraz, accesible y no invasiva de la libre determinación y autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Notas

1 Acción de Inconstitucionalidad 148/2017. Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el martes 7 de septiembre de 2021. p. 19.

2 Ibídem, p. 6.

3 Acción de Inconstitucionalidad 148/2017. Versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el lunes 6 de septiembre de 2021. p. 11.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.– Diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades de las 32 entidades federativas a evitar la criminalización de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, y revisar las carpetas abiertas por el mismo tema, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Julieta Kristal Vences Valencia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

El 7 de septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad de diez votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.

Con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien la hiciere abortar con el consentimiento de aquélla, es inconstitucional, pues vulnera el derecho de la mujer y de las personas gestantes a decidir.

En el comunicado de prensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se menciona: “La Suprema Corte entendió que el producto de la gestación merece una protección que incrementa en el tiempo, a medida que avanza el embarazo”. Sin embargo, precisó que esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva. Por tanto, estableció el pleno, “criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo es inconstitucional”.

Asimismo, extendió la invalidez a porciones del artículo 199 que criminalizaban el aborto y limitaban a 12 semanas la posibilidad de abortar en caso de violación, inseminación o implantación artificial.

Al haberse alcanzado una mayoría que supera los ocho votos, las razones de la Corte obligan a todas y todos los jueces de México; tanto federales como locales. A partir de ahora, al resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, o las normas que sólo prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se imponga una sanción.

En este mismo sentido se invalidó el artículo 224, fracción II, del Código Penal local, al establecer una pena menor para el delito de violación entre cónyuges, concubinos y parejas civiles, que la pena para la violación en general, por ser discriminatoria, especialmente contra las mujeres.

El trabajo por realizar en todo el país es largo, ya que la mayoría de los congresos estatales penaliza la interrupción legal del embarazo. El País menciona: “Dependiendo de la entidad, existen ciertas circunstancias, llamadas ‘causales de no punibilidad’, bajo las que cada código penal no lo castiga o considera delito. En casos de violación, interrumpir un embarazo está garantizado a través de la Norma Oficial Mexicana 046. Sólo 4 entidades autorizan el aborto voluntario hasta la semana 12 de gestación: Ciudad de México (desde 2007), Oaxaca (2019), Veracruz e Hidalgo (2021). Otras causales vigentes para interrumpir legalmente un embarazo son violación (en todo el país), aborto imprudencial o culposo (en 29 estados), peligro de muerte para la madre (24), riesgos para su salud (16), alteraciones graves en el producto (16), inseminación artificial no consentida (15) y motivos económicos (2)”. 1

De los 32 estados del país, sólo Chiapas, Michoacán y Veracruz no imponen prisión por interrumpir el embarazo.

El Grupo de Información en Reproducción Elegida menciona: “La criminalización del aborto impacta no solo a las mujeres que son sometidas a un proceso penal por este delito, sino a todas aquellas que tienen embarazos no deseados y deben enfrentar el riesgo de llevar a cabo abortos fuera de la ley, continuar un embarazo no deseado o, incluso, enfrentar maltratos por parte del personal de salud al solicitar interrupciones del embarazo dentro de un marco legal”.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben asegurar el libre desarrollo de las mujeres, evitando la criminalización por ejercer sus derechos sexuales, por lo que resulta necesario analizar los casos de las personas acusadas por el delito de aborto en todas las entidades del país.

En México, según datos proporcionados por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, actualmente se encuentran 432 carpetas de investigación registradas en 27 estados este año.

Tomando en cuenta la resolución del pasado 7 de septiembre, es necesario y urgente que las autoridades locales y federales, fiscalías y procuradurías, poderes judiciales locales, deben de trabajar con el propósito de evitar la criminalización de las mujeres o cualquier caso en el que se vulnere sus derechos.

El 8 de septiembre del presente año, el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el acuerdo mediante el cual se definió que el Instituto Federal de Defensoría Pública brinde asesoría, representación y defensa a toda mujer que sea o haya sido sujeta a procedimiento en su contra por el delito de aborto. 2

El Poder Legislativo ha trabajado de manera constante para eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres, por ello resulta de suma importancia hacer el llamado a todas las autoridades locales para evitar la violación de derechos humanos de las mujeres.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las 32 fiscalías y procuradurías de los estados de la república a evitar en el ámbito de sus atribuciones, funciones y responsabilidades la criminalización de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las 32 fiscalías y procuradurías de los estados de la república a revisar en el ámbito de sus atribuciones, funciones y responsabilidades las acusaciones abiertas por el delito de aborto.

Notas

1 María Julia Castañeda (2021). “Mapa de la despenalización del aborto en México: en 28 de 32 estados sigue siendo delito”, 12 de septiembre de 2021, de El País,

https://elpais.com/mexico/2021-09-12/mapa-de-la-despenalizacion- del-aborto-en-mexico-en-28-de-32-estados-sigue-siendo-delito.html

2 Más información disponible en

https://www.cjf.gob.mx/documentos/Comunicados%20Prensa/docsComun icadosPrensa/2021/comunicado25.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.– Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CNPC y la SHCP a agilizar la entrega de recursos para atender a los afectados en los municipios con daños y pérdidas materiales desde el inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales de 2021, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I del artículo 6 y I y V del Apartado 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a agilizar la entrega de recursos para atender a la población afectada en los municipios que sufrieron daños y pérdidas materiales, e igualmente se destinen recursos y se establezcan programas orientados a los estados y municipios para apoyarlos en la reconstrucción de la infraestructura pública por fenómenos hidrometeorológicos que se han presentado en el país desde el inicio de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2021, al tenor de las siguientes

El 13 de mayo del 2021 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que el 15 de mayo iniciaba estadísticamente la temporada de ciclones tropicales 2021. En el comunicado de anuncio se pronostican de 15 a 20 ciclones con nombre para el Atlántico Norte y de 14 a 20 en el Pacífico nororiental.

Hasta el día de hoy son varios huracanes y ciclones que han azotado al país dejando a la población con pérdidas materiales importantes en sus viviendas, como afectaciones en infraestructura pública y de servicios como hospitales y carreteras, e incluso lamentables pérdidas humanas.

Si bien sabemos que estos fenómenos se presentan año con año, hemos observado que los efectos son cada vez más numerosos y de una mayor intensidad a causa del cambio climático a nivel global.

Tan sólo en dos meses, se han presentados huracanes que han provocado lluvias torrenciales, desbordamiento de ríos y presas en varios estados.

Recientemente, en su entrada al territorio como Huracán “Grace” el 21 de agosto, el gobierno del estado de Puebla confirmó en sólo 2 días la muerte de tres personas por las lluvias, con lo que suman al menos 11 fallecidos.  Se registraron tres víctimas mortales, una en el municipio de Huauchinango y dos más en Tlaola”, informó en un comunicado el gobierno de Puebla (centro).

Luego de que Grace tocara tierra a primera hora como huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson (de 5), el gobierno del estado de Veracruz informó de ocho decesos, entre ellos una mujer y sus cinco hijos luego de que su casa fuera aplastada por un deslizamiento de tierra.

Casi de manera simultánea, el 28 de agosto, “Nora” ingresó a tierra como huracán categoría 1 en Tomatlán, Jalisco y horas después se trasladó a Mazatlán, Sinaloa. El 29 de agosto se degradó a tormenta tropical y el día 30 a depresión tropical.

A su paso por México, el huracán causó la muerte de un niño por el colapso parcial de un hotel en Puerto Vallarta, Jalisco. En ese momento se reportó una persona fallecida en el estado de Jalisco por el desborde del río Cuale.

En su paso por el territorio nacional, el huracán Nora dejó una víctima mortal, 30 ríos desbordados y daños en 44 municipios de seis estados: Nayarit, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Colima y Baja California. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que a las 19: 00 horas del pasado 28 de agosto, “Nora” ingresó a tierra como huracán categoría 1 en Tomatlán, Jalisco y horas después se trasladó a Mazatlán, Sinaloa.

En la primera semana de septiembre, 17 personas perdieron la vida en el IMSS de Tula, Hidalgo, tras falla eléctrica por lluvias e inundaciones . En el municipio de Tezontepec, se desbordó el río Tula y en Tlahuelilpan se desbordó el río El Salado, dejando cerca de un centenar de viviendas anegadas y más de 100 familias afectadas. También desbordó el Río Rosas. Hasta ahora van más de 2 mil viviendas, 10 comunidades afectadas, y más de 30 mil personas damnificadas.

El 27 de septiembre nuevamente intensas lluvias dejan nuevas inundaciones y daños en las calles de Tula, Hidalgo y sin que hasta este momento se atiendan las causas de tales afectaciones.

El 7 de septiembre, una tormenta dejó en el Municipio de Ecatepec, en el Estado de México, un saldo de dos personas muertas y un hospital, viviendas y negocios inundados; además obligó a suspender las operaciones de las líneas 1 y 2 del Mexibús, creó corrientes que arrastraron vehículos, colapsó vialidades y derribó árboles. Los efectos del meteoro se agudizaron por escurrimientos de agua procedentes de la Sierra de Guadalupe. Los estragos mayores ocurrieron en las avenidas San Andrés, Insurgentes, Vía Morelos y Central. Además, se anegaron las barrancas de San Andrés, Izcalli Ecatepec y Tierra Blanca; colapsaron la carretera libre y la autopista México-Pachuca, las avenidas R-1, Juárez, 30-30, y las cercanas al Centro de Justicia de Ecatepec.

A finales de septiembre nuevamente las lluvias en Ecatepec dejaron vialidades afectadas como avenida Central, así como Plaza Aragón. La autopista México-Pachuca también presentó grandes encharcamientos.

Y recientemente, el sábado 2 de octubre del presente, se volvieron a registrar fuertes lluvias en la mayoría del territorio mexicano, siendo el estado de Querétaro uno de los más afectados por las precipitaciones. Fue en las zonas centro, sur y oriente de la capital queretana donde se reportaron las mayores afectaciones. Hasta el momento nueve de los 18 municipios de Querétaro han sido afectados en los últimos tres días por lluvias torrenciales, mismas que según autoridades, propiciaron la muerte de una mujer, luego de que el vehículo que conducía cayó en un socavón formado por aguaceros en un dren de la capital del estado; además, dos personas están desaparecidas. Los municipios que han sufrido daños por inundaciones son:  San Juan del Rio, Tequisquiapan, Querétaro, Corregidora y Huimilpan.

Como observamos, tan sólo en dos meses de tormentas tropicales y huracanes, las perdidas y las afectaciones han sido inmensas para las familias afectadas y lo más grave, hay muertes que pudieron evitarse con acciones de prevención por fenómenos naturales perturbadores, que sabemos se irán incrementando en número e intensidad.

Todos estos terribles desastres y pérdidas materiales, los tenemos que enfrentar ahora sin el fideicomiso del Fonden, el cual formalmente fue extinguido el 6 de noviembre de 2020 y el 27 de julio del 2021, cuando se publica en el DOF el acuerdo por el que se abrogan las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, disposiciones y lineamientos relativos al Fondo.

No obstante, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022, el Ejecutivo Federal en el Paquete Económico 2022 que envió a la Cámara de Diputados el 10 de septiembre 2021, propone en el Ramo 23 destinar $ 9,262,390,776 para el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y $ 9,054,884,831 para el Fondo de Prevención de Desastres Naturales.

Sin embargo, estos recursos no funcionarán como una reserva de recursos que podían preverse año con año a través del fideicomiso que existía anteriormente. Ahora, la atención a la población por los desastres naturales dependerá de lo que se apruebe anualmente en el presupuesto federal, lo que implica que si ocurre un fenómeno excepcionalmente grave y no previsto, no habrá recursos para atender ni a la población afectada y mucho menos para la reconstrucción de infraestructura y de inmuebles dañados.

Ante esto, la actual administración dio como alternativa el Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó sus lineamientos el 16 de agosto del 2021 en el Diario Oficial de la Federación, los cuales tienen por objeto establecer:

• Los criterios y la mecánica para proporcionar los suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia a las entidades federativas cuyas capacidades operativas y financieras se encuentran rebasadas para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de una amenaza natural en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

• El procedimiento para el acceso a los recursos del Programa por parte de las entidades federativas que solicitan una Declaratoria de Emergencia se describe en el diagrama de flujo que se anexa en los presentes Lineamientos.

• Los procesos de acceso, autorización y seguimiento del ejercicio de los recursos previstos en los presentes lineamientos, entre otros, podrán realizarse con el apoyo de los medios, tecnologías y sistemas disponibles, para efecto de coadyuvar en la atención oportuna de la población y la mitigación de los efectos de las amenazas naturales, en los términos de las disposiciones aplicables.

Sin embargo, no ha quedado claro que mecanismos o programas ha destinado el gobierno federal para la reconstrucción. Con el Fideicomiso del Fonden desaparecido, se podían solicitar recursos para la reconstrucción a través de la declaratoria de desastre.

Es lamentable que el gobierno federal haya desaparecido un instrumento financiero como el Fideicomiso del Fonden con el pretexto del combate a la corrupción. Ahora, la atención a la población por fenómenos naturales, dependerá de los recursos que se le asignen anualmente ya que no existe una reserva para situaciones no previstas.

El 8 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) desapareció para eliminar la corrupción, pero aclaró que, pese a ello, su gobierno está atendiendo mejor a los damnificados. Situación que fue desmentida por la población afectada por el Huracán “Grace” y en un evento, el 3 de octubre en Huauchinango Puebla, lo increpó reclamando por falta de apoyos y exclusión del censo de damnificados. Posteriormente, López Obrador, reconoció que “puede haber errores, que una comunidad no fue censada”.

Es en este contexto de urgencia por atender con prontitud y pertinencia a la población afectada por fenómenos naturales, así como por la imperiosa necesidad de prevención y atención a los daños ocasionados en la infraestructura pública y en el patrimonio de las familias mexicanas, que solicitamos se agilice la entrega de recursos para las personas damnificadas y que se destinen recursos y establezcan programas para la reconstrucción en estados y municipios del país que se han visto dañados por los fenómenos hidrometeorológicos a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a agilizar la entrega de recursos para atender a la población afectada en los municipios que sufrieron daños y pérdidas materiales por fenómenos hidrometeorológicos que se han presentado en el país desde el inicio de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2021.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que adicional a los recursos destinados a la urgencia por inundaciones y otros fenómenos naturales, se destinen recursos y se establezcan programas orientados a los estados y municipios para apoyarlos en la reconstrucción de la infraestructura pública que se ha visto dañada por los fenómenos hidrometeorológicos recientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.– Diputada Marcia Solórzano Gallego (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a emitir un acuerdo para denominar a la presente como la Legislatura de la Inclusión, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, los diputados Alma Carolina Viggiano Austria, Yolanda de la Torre Valdez, Norma Angélica Aceves García y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

La inclusión, como principio de equidad y justicia social, parte de la importancia de reconocer las diferencias y la discriminación que históricamente han existido para ciertos grupos sociales o minorías y, consecuentemente, establecer mecanismos que permitan solventar las distintas circunstancias sociales, políticas, económicas y físicas que marcan las diferencias a fin de poder ser incluidos en sociedad.

En este sentido, una perspectiva de la inclusión alude a la conformación de políticas públicas que atienden a las diferencias y desigualdades de las minorías con el objetivo de poder incluirlas en el espacio social a fin de garantizar el derecho humano de igualdad ante la ley.

En México, a pesar de que se han generado importantes avances en materia de igualdad y no discriminación, tal y como lo establece el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la realidad es que históricamente las minorías han sido discriminadas e incluso relegadas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017, 20.2 por ciento de la población en México declaró haber sido discriminada. 1 Por su parte, y con relación a los grupos sociales minoritarios, 40 por ciento de las personas no heterosexuales declararon que se les negó algún derecho. 2 Asimismo, 25.1 por ciento de las personas con discapacidad y 20 por ciento de la población indígena declaró haber sido discriminadas. 3

A fin de atender el fenómeno de la discriminación, garantizar el derecho de la igualdad y buscar construir un país que verdaderamente respete y proteja los derechos de todas las personas, se han generado diversos programas que pretenden combatir las desigualdades e integrar a las personas en distintos ámbitos de la vida diaria.

En este sentido, las pasadas elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió el acuerdo INE/CG572/2020, el cual estableció la obligatoriedad de generar acciones afirmativas que permitieran incluir a grupos sociales históricamente discriminados en las campañas electorales. 4

Cabe destacar que la acción afirmativa “hace referencia a aquellas actuaciones (medidas legales, administrativas o prácticas) dirigidas a reducir o, idealmente, eliminar las prácticas discriminatorias en contra de dos sectores históricamente excluidos como las mujeres y los niños y niñas indígenas, cuestión que es hoy en día un asunto de especial preocupación cuando se pone en la balanza el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y lo derechos individuales de estos sujetos”. 5

A partir de acciones concretas, de leyes o acuerdos, se establecen mecanismos que obligan a la mayoría a abrir espacios para las personas menos favorecidas.

De esta forma, el INE estableció que los partidos políticos tenían la obligación de postular tres fórmulas de candidaturas integradas por personas afromexicanas en cualquiera de los tres distritos y una por el principio de representación proporcional en cualquiera de las cinco circunscripciones, debiendo ubicarla en los primeros diez lugares de la lista. Asimismo, las cuatro postulaciones debían hacerse de manera paritaria. 6

Por lo que se refiere a las personas con discapacidad, el INE estableció que los partidos y las coaliciones debían postular a personas con algún tipo de discapacidad en seis de los 300 distritos. Por lo que se refiere a las listas de las diputaciones por principio de representación proporcional. 7

En materia de discapacidad, partidos y coaliciones deberán postular fórmulas de candidaturas integradas por personas con discapacidad en seis de los 300 distritos que conforman el país. Asimismo, en las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, los partidos políticos nacionales también quedaron obligados para postular fórmulas en cualquiera de las cinco circunscripciones y también debían quedar en los primeros diez lugares de las listas. 8

Por lo que se refiere a la diversidad sexual, se estableció la obligación de integrar, cuando menos, dos fórmulas para cualquiera de los 300 distritos electorales y, finalmente, debieron postular una fórmula en los primeros 10 lugares por el principio de representación proporcional. 9

El resultado de lo anterior fue que, en el pasado proceso electoral, participaron 367 candidatos en representación de los sectores minoritarios y más vulnerables de la población: 169 personas indígenas; 37 afromexicanas; 31 de la diversidad sexual; 78 con discapacidad y 52 migrantes.

Del total de personas que compitieron por principio de mayoría relativa ganaron 20 representantes de la comunidad indígena, cuatro afromexicanas, dos en el de la diversidad sexual y tres en la de personas con discapacidad. Por el principio de representación proporcional entraron 31 personas.

La LXV Legislatura debe ser la legislatura de la paridad porque, por primera vez en la historia de las elecciones en México, existen 60 diputados que representan los intereses de grupos indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad, integrantes de la comunidad LGBT, migrantes, entre otros.

Lo anterior propició que, en la actualidad, 12 por ciento de las curules de la honorable Cámara de Diputados se encuentran ocupados por personas que representan a grupos sociales que históricamente han sido discriminados, lo cual constituye un avance importante para la construcción de un México más incluyente y respetuoso de todas las personas sin importar su condición social, étnica, preferencias sexuales o situación de discapacidad.

Si bien es cierto que todavía queda mucho camino por recorrer a fin de consolidar un país respetuoso de las diferencias, la Cámara de Diputados cuenta con representantes de la población indígena, de la comunidad LGTBTTTIQ+, discapacitados y migrantes, lo cual permitirá construir leyes que atiendan a la diversidad social y cultural de México.

Por lo anterior, y con pleno respeto y reconocimiento de los diputados que representan a un grupo social minoritario, la LXV debe ser considerada como la Legislatura de la Inclusión, precisamente por ser la primera que cuenta con representes que permiten dar fe de la diversidad social del país.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado ponemos a consideración la siguiente proposición con

Único. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a emitir un acuerdo para denominar a la LXV Legislatura, la Legislatura de la Inclusión.

Notas

1 Encuesta Nacional sobre Discriminación, CONADIC, en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/en adis2017_resultados.pdf

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Acuerdo, SEGOB, en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610455&fecha =27/01/2021

5 Sistema de Monitoreo de la Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, Fondo Indígena, en:

https://www.fondoindigena.org/apc-aa-files/documentos/ monitoreo/Definiciones/Definicion%20Dominios/5_2_Accion%20afirmativa_def.pdf

6 Acuerdo, SEGOB, en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610455&fecha =27/01/2021

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.– Diputadas y diputado Yolanda de la Torre Valdez, Alma Carolina Viggiano Austria, Norma Angélica Aceves García, Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y la BUAP a garantizar el derecho a la educación en Puebla, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Alejandro Carvajal Hidalgo, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, por el cual la Cámara de Diputados exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública Federal y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a fin de garantizar el derecho a la educación superior en el estado de Puebla, con base en las siguiente

El derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos, lo cual permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena. Es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades, así como para el ejercicio de otros derechos humanos; es por ello que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3o. establece el derecho humano a la educación, el cual a continuación cito:

“ Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -federación, estados, Ciudad de México y municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.” 1

En el ámbito internacional la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 2 en su artículo XII, establece que toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 3 numeral 1, artículo 13, reconoce el derecho de toda persona a la educación; la Convención Americana Sobre Derechos Humanos 4 en su artículo 26, establece que los Estados parte se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación; la Convención sobre los Derechos del Niño 5 en su artículo 28, numeral 1, reconoce el derecho del niño a la educación.

Así mismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 6 en el numeral 1, del artículo 24, así como los artículos 26, 27 y 29 del Convenio número 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de la Organización Internacional del Trabajo 7 reconoce el derecho de las personas con discapacidad y de pueblos indígenas a la educación.

Bajo este orden de ideas, la máxima casa de estudios del estado de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el pasado 27 de julio del presente año dio a conocer los resultados de admisión, donde 52 mil 500 estudiantes hicieron la prueba para poder ocupar los 37 mil 481 plazas disponibles, dando como resultado que cerca del 30 por ciento de los aspirantes quedaron sin un lugar.

Lo anterior trajo como consecuencia que al día siguiente el Frente Estudiantil Educación para Todos (FEET) se manifestara en contra de los resultados y le exigiera a la BUAP mediante un pliego petitorio, becas para los estudiantes de nivel superior, que no resultaron aceptados en dicho proceso de admisión.

De conformidad con una entrevista llevada a cabo con integrantes del FEET, señalaron que son un grupo que desde hace más de 11 años ha luchado por la ampliación de la matrícula en las instituciones de educación superior, el cual, cuando inició su activismo la BUAP tenía una matrícula de 45 mil estudiantes y hoy en día tiene alrededor de 125 mil; señalaron que la carrera de medicina sólo se ofertan 790 para licenciaturas en medicina en la BUAP y 300 lugares en la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP), pese a que ambas instituciones cuentan con la infraestructura y capacidad para recibir más estudiantes, la primera hasta mil 200 alumnos y la segunda hasta 450 alumnos.

De conformidad con el informe más reciente de Estadísticas en Salud de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el país se estima que hay “2.4 médicos por cada mil habitantes, mientras que la media de las naciones que conforman la organización es de 3.5”. 8 Por lo que nuestro país se encuentra entre los últimos lugares en cuanto a número de médicos, resultando imperante llevar a cabo acciones necesarias y suficientes para incrementar dicha cifra, máxime que hoy en día nos enfrentamos ante una crisis de salubridad provocada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), que requiere de egresados de dicha profesión para poder darle atención médica correspondiente a quien lo necesite y así evitar el alarmante número de fallecimientos.

Motivo por el cual, el suscrito legislador pretendo exhortar a los titulares de la Secretaría de Educación Pública federal y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para que implementen acciones que garanticen el acceso a la educación superior en la entidad federativa de Puebla y al mismo tiempo se lleve a cabo una mesa de trabajo con el Frente Estudiantil de Educación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de Educación Pública federal y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para que en el ámbito de sus respectivas competencias implementen acciones que garanticen el acceso a la educación superior en la entidad federativa de Puebla, con la finalidad de garantizar el derecho a la educación.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de Educación Pública Federal y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, para que, en coordinación con el Frente Estudiantil de Educación para Todos, lleven a cabo una mesa de trabajo, con la finalidad de buscar alternativas y soluciones al problema de exclusión de quienes buscan ingresar a la educación superior.

Notas

1 Recuperado de:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf. Consultado el 6 de septiembre del 2021.

2 Recuperado de:

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp. Consultado el 6 de septiembre del 2021.

3 Recuperado de:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx. Consultado el 6 de septiembre del 2021.

4 Recuperado de:

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_ americana_sobre_derechos_humanos.htm. Consultado el 6 de septiembre del 2021.

5 Recuperado de:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx. Consultado el 6 de septiembre del 2021.

6 Recuperado de:

https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf. Consultado el 6 de septiembre del 2021.

7 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–-americas/–-ro-lima/do-cuments/public ation/wcms_345065.pdf. Consultado el 6 de septiembre del 2021.

8 Recuperado de:

https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-doctores-por-abajo-d el-promedio-de-OCDE-20210218-0154.html. Consultado el 6 de septiembre del 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2021.– Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a sujetar su actuación en el abatimiento de la impunidad de los delitos más lesivos del orden público, como los de delincuencia organizada o contra la seguridad y el patrimonio, dejando a un lado agendas de orden político o partidista, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y los diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República a sujetar su actuación conforme al interés nacional exige, abatiendo la impunidad de los delitos más lesivos al orden público en el ámbito de su competencia, como son lo delitos en materia de delincuencia organizada que afectan la vida, la seguridad y el patrimonio de los mexicanos, dejando a un lado agendas de orden político o partidista, conforme a los siguientes:

México atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de inseguridad de la historia reciente. El registro del indicador de homicidios dolosos, uno de los marcadores relacionados con la actividad del crimen organizado en el país, se ha ubicado en los mayores niveles. A tres años del inicio del este gobierno se ha alcanzado la cifra de más de cien mil decesos de esta naturaleza, casi cien por día.

Sin embargo, ese no es el único índice del colapso que atraviesa la justicia de nuestro país. En el documento denominado Hallazgos 2020, realizado por México Evalúa, se destaca que en nuestro país al 29 de septiembre de 2021 hay 92,585 personas desaparecidas, correspondiendo 20,056 al 2020.

Se señala que en 2020 Fueron ubicadas 559 Fosas clandestinas, principalmente en Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Zacatecas.

En 2020 fueron cometidos 27.6 millones de delitos. La cifra negra para ese año ascendió de 92.4 a 93.3.

Si bien es cierto este panorama incluye la evaluación de todas las autoridades del país, el hecho es que la situación prevaleciente en materia del fenómeno del crimen organizado es uno de los grandes detonantes de la crisis de impunidad que padecemos.

La política del ejecutivo federal de “Abrazos, no Balazos” se ha hecho extensiva a la Guardia Nacional y a la Fiscalía General de la República. En tal sentido, incluso se ha señalado por instancias internacionales que una tercera parte del territorio nacional se encuentra bajo control del crimen organizado.

La ciudadanía se percibe indefensa y por esa razón no denuncia. Al buscar la respuesta en autoridades como la Fiscalía General lo que observa es más bien una actuación parcial y no correspondiente a las necesidades del pueblo.

Tal parece que las autoridades en la materia carecen de directrices objetivas y pertinentes correspondientes a una política criminal de estado, que de respuesta a la grave situación que en este rubro atraviesa el país. En los ejercicios de rendición de cuentas de la FGR se da cuenta con un colapso interno y con una ineficacia institucional que se traduce en indicadores insatisfactorios en materia de esclarecimiento de conductas criminales, procedimientos de recuperación de activos, extinción de dominio e incluso asistencia jurídica internacional en los niveles más bajos de la historia reciente.

Lejos de atender los asuntos más graves y delicados en esta materia, lo que la ciudadanía observa es a una Fiscalía General de la República concentrada en temas correspondientes más bien a una agenda de orden político partidista, encaminada por el presidente. Se observan investigaciones que corresponden a una justicia selectiva, agendas de revancha, como el de los científicos del Conacyt e incluso asuntos de orden familiar.

El hecho de que la FGR sea un órgano constitucionalmente autónomo no significa que no deba rendir cuentas a la sociedad o que deba ejercer sus poderosas facultades sin un criterio de oportunidad que gobierne su actuación para atacar a los grupos criminales que mayor daño hacen al país. Como se observa no se reclama que se instaure una política de balazos, como el falso dilema del presidente haría pensar, sino en que exista un compromiso verificable en los hechos para abatir la impunidad.

En virtud de los razonamientos expuestos, se somete a consideración del Pleno la siguiente proposición con:

Único. Se Exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República a sujetar su actuación conforme al interés nacional exige, abatiendo la impunidad de los delitos más lesivos al orden público en el ámbito de su competencia, como son lo delitos en materia de delincuencia organizada que afectan la vida, la seguridad y el patrimonio de los mexicanos, dejando a un lado agendas de orden político o partidista.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre del 2021.– Diputada y diputado: Lizbeth Mata Lozano, José Elías Lixa Abimerhi (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE y el INM a fortalecer las acciones tendentes a proteger y atender a niños y adolescentes migrantes no acompañados, garantizando el interés superior de la niñez, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Raquel Bonilla Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y la fracción III del numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración a fortalecer las acciones tendientes a proteger y atender a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados garantizando el interés superior de la niñez, con base en las siguientes:

La situación de los menores de edad en los recientes años se ha profundizado dentro de los procesos migratorios. El flujo de niñas, niños y adolescentes mexicanos repatriados por Estados Unidos sin compañía de un familiar en los últimos meses se ha agudizado, este sector de la población se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad en razón a los diferentes factores como la edad, el género y su condición migratoria.

Fuente: Secretaria de Gobernación, Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes en situación migratoria irregular, desde y en tránsito por México, Unidad de Política Migratoria, http://www.politicamigratoria. gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadistica/NNA/NNYA_S%C3%ADntesis_en e-jun_2021.pdf

En lo que respecta al tránsito dentro del territorio mexicano se ha observado un notable incremento de la presencia de miles de niñas, niños y adolescentes procedentes de los países centroamericanos, en especial del denominado Triángulo Norte, conformado por los países de Guatemala, Honduras y El Salvador y por supuesto de nuestro país, en los flujos migratorios irregulares que se dirigen hacia Estados Unidos.

Fuente: Secretaria de Gobernación, Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes en situación migratoria irregular, desde y en tránsito por México, Unidad de Política Migratoria, http://www.politicamigratoria. gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadistica/NNA/NNYA_S%C3%ADntesis_en e-jun_2021.pdf

Fuente: Secretaria de Gobernación, Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes en situación migratoria irregular, desde y en tránsito por México, Unidad de Política Migratoria, http://www.politicamigratoria .gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadistica/NNA/NNYA_S%C3%ADntesis_e ne-jun_2021.pdf

La falta de desarrollo económico, social y político se convierte en el principal impulsor para la migración de los países centroamericanos hacia  los Estados Unidos de América y Canadá, incrementando la migración de tránsito que recorre el territorio nacional de la frontera sur hacia la frontera norte, en busca de mejores condiciones económicas. En lo tocante a la migración de los menores de edad, este sector primordialmente decide viajar por el deseo de reunirse con sus familiares; para mejorar su nivel de vida a través del desempeño de un trabajo y; para escapar de la violencia familiar o de la explotación sexual a que son sometidos.

La migración irregular conformada por menores de edad que viajan solos, es preocupante dentro del fenómeno migratorio, su súbito incremento exige que las diversas instancias gubernamentales implementen acciones para reducir el impacto de su condición de vulnerabilidad, asegurando y garantizando el ejercicio de sus derechos y protección de su interés superior conforme al marco jurídico nacional así como con base en los instrumentos internacionales.

Más allá de las causas que originan los procesos migratorios, nuestro país debido a su localización geográfica experimenta flujos migratorios en los cuales se involucran a menores de edad sin acompañamiento de un familiar, tanto centroamericanos como mexicanos que se dirigen a los Estados Unidos de América, potencializando su vulnerabilidad en razón de que están más expuestos a la acción de las redes de tráfico de migrantes y de trata de personas.

En este sentido, el Estado mexicano reconoce que toda persona migrante, independientemente de su estatus migratorio, es sujeta de derechos, en lo concerniente a los menores de edad, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se determina que el principio del interés superior de la niñez, es primordial durante todo el proceso administrativo migratorio al que estén sujetos las niñas, niños y adolescentes migrantes. En su artículo 100, señala que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consulares garantizar la asistencia y protección consular de niñas, niños y adolescentes migrantes que se encuentran en el extranjero en proceso de repatriación. 1 En el caso de los menores de edad de nacionalidad mexicana, éstos son entregados en la frontera al Instituto Nacional de Migración, organismo que se encarga de trasladarlos a refugios temporales del DIF mientras contactan a los familiares.

En tanto, en los artículos 89 al 101, se señala que, se deberá proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes que requieran servicios para su protección; otorgar facilidades de estancia independientemente de su nacionalidad y situación migratoria, garantizar el principio de unidad familiar y el cumplimiento de las medidas de protección para la restitución integral de derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes; identificar a las niñas, niños y adolescentes extranjeros que requieren de protección internacional, ya sea como refugiado o de algún otro tipo. 2

De acuerdo a las cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaria de Gobernación, 3 el total de menores sin acompañamiento equivale a 80.5 por ciento de los 11 mil 975 niñas, niños y adolescentes repatriados desde Estados Unidos entre enero y junio de 2021. De acuerdo a estos datos se observa un incremento en el número de migrantes mexicanos menores de edad devueltos al país en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando fueron repatriados 4 mil 016 menores de edad, representando un incremento del 140 por ciento.

Fuente: Secretaria de Gobernación, Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes en situación migratoria irregular, desde y en tránsito por México, Unidad de Política Migratoria, http://www.politicamigratoria. gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadistica/NNA/NNYA_S%C3%ADntesis_en e-jun_2021.pdf

Del universo de 9 mil 638 niñas, niños y adolescentes sin acompañamiento que fueron repatriados desde Estados Unidos, se desglosa que los estados con la mayor cantidad fue, Tamaulipas con el 13.4 por ciento, Guerrero con 12 por ciento, Oaxaca con 10.3 por ciento, Chiapas con 8.7 por ciento, Guanajuato con 7.5 por ciento, Veracruz con 6.9 por ciento, y Michoacán con 5.7 por ciento.

Fuente: Secretaria de Gobernación, Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes en situación migratoria irregular, desde y en tránsito por México, Unidad de Política Migratoria, http://www.politicamigratoria. gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadistica/NNA/NNYA_S%C3%ADntesis_en e-jun_2021.pdf

Las niñas, niños y adolescentes sufren graves violaciones en su integridad física y en sus derechos humanos en su intento por cruzar la frontera sin compañía, en su tránsito por nuestro país en ocasiones son atraídos a redes del crimen organizado, ser sometidos a explotación sexual o laboral; sufrir maltrato en el momento de la repatriación o perder la vida al cruzar la frontera, entre otras circunstancias.

Nuestro país enfrenta uno de los mayores desafíos en materia de política migratoria, cada año, se incrementa el número de migrantes que son repatriados desde Estados Unidos hasta México. En este contexto, es importante remarcar que las niñas, niños y adolescentes son personas con derechos, los cuales en todo momento deben ser respetados, sin importar su nacionalidad, situación migratoria, raza, etnia, sexo o religión, en este escenario de migración es trascendental realizar un seguimiento y análisis sobre la situación de los menores de edad migrantes no acompañados. Por ello, el tema migratorio es, un asunto que requiere estrategias consolidadas de coordinación intergubernamental en sentido transversal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diversos foros ha manifestado su preocupación sobre la situación de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados 4 que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos. Este organismo ha expresado que se han registrado denuncias de abuso físico, verbal y sexual por parte de los agentes en contra de los menores de edad que se encuentran detenidos, entre las condiciones registradas se encuentran la falta de comida y alimentos, ambientes insalubres en sus celdas, falta de mantas, ropa y colchones limpios y adecuados, aunado a ello, sufren violencia durante la detención y son maltratados durante su estancia en los centros de migración. 5

Fuente: Secretaria de Gobernación, Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes en situación migratoria irregular, desde y en tránsito por México, Unidad de Política Migratoria, http://www.politicamigratoria. gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/Estadistica/NNA/NNYA_S%C3%ADntesis_en e-jun_2021.pdf

La protección de los derechos de los migrantes menores de edad para el Estado mexicano debe ser prioridad, es fundamental que reciban un trato digno por parte de las autoridades asegurando la reunificación familiar. Es importante efectuar un llamado a las autoridades a fin de que fomenten la atención y protección de este sector vulnerable creando un ambiente para su desarrollo físico-mental, a través de medidas y acciones de coordinación y cooperación entre las autoridades fronterizas y aquellas que atienden los procesos de migración, con el objetivo de coadyuvar a la implementación de instrumentos entre las naciones enfocados a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, con ello, evitar que sean violentados. 6

Los diversos factores y consecuencias que conlleva la migración infantil, deben ser atendidas dentro de una política nacional de migración para evitar que más menores de edad se expongan al querer cruzar la frontera, y en el caso, de las niñas, niños y jóvenes que transitan por nuestro territorio a fin de cruzar hacia los Estados Unidos, estos sean atendidos en todo momento velando por el respeto de sus derechos humanos.

En este sentido, recordemos que los principios en los que se sustenta la política migratoria del Estado mexicano, se encuentra el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígena, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. 7

Esto conlleva a ser congruentes con respecto a la vigencia de los derechos que se reclaman para nuestros connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido. Enfoque que nos lleva a una responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países, y sus diversas instituciones involucradas en el tema migratorio.

Por todo lo anterior, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a enriquecer las acciones, instrumentos y mecanismos implementados por los consulados mexicanos en el territorio de los Estados Unidos de América enfocados a la protección y atención de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, observando y exigiendo en todo momento el pleno respeto del interés superior de la niñez, ante el incremento de las deportaciones por parte de las autoridades norteamericanas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a entablar mesas de trabajo de alto nivel con sus homologas en los Estados Unidos de América, Canadá y los diversos países de Centroamérica, con el objetivo de efectuar un análisis sobre el fenómeno migratorio en particular el concerniente a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, a fin de implementar mecanismos de protección de sus derechos humanos y unificación familiar.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta al Instituto Nacional de Migración, a fortalecer los programas de atención migratoria garantizando, vigilando y protegiendo los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que transitan por el territorio nacional independientemente de su calidad migratoria, respetando el principio del interés superior de la niñez.

Notas

1 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Cámara de Diputados, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110121. pdf

2 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Cámara de Diputados, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110121. pdf

3 Secretaria de Gobernación, Unidad de Política Migratoria, disponible en

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/PoliticaMigrato ria/CEM/Estadisticas/Boletines_Estadisticos/2021/Boletin_2021.pdff

4 Organización de Estados Americanos-Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 4/19, Principios Interamericanos sobre los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas, apátridas y las víctimas de la trata de personas, disponible en

https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Principios%20DDHH%20mi grantes%20-%20ES.pdf

5 Organización de Estados Americanos-Comisión Interamericana de Derechos Humanos, La CIDH saluda terminación de los “Protocolos de Protección del Migrante”, y llama a Estados Unidos a adoptar políticas migratorias que incorporen un enfoque de derechos humanos, Comunicado de prensa, Washington, D.C., 25 de junio de 2021, disponible en

http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunica dos/2021/158.asp

6 Organización de Estados Americanos-Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Guía práctica sobre protección a la unidad y reunificación familiar en situaciones de movilidad humana en el contexto de la pandemia, disponible en

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/guia_practica_migracion _esp.pdf

7 Artículo 2 de la Ley de Migración, Cámara de Diputados, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_200521.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.– Diputada Raquel Bonilla Herrera (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la división de poderes en el Estado mexicano, suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los suscritos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión manifiesta su rechazo ante las expresiones emitidas por el presidente de la República que pretenden generar coacción, sujeción o sometimiento de los miembros del Poder Legislativo, a fin de respetar la división de Poderes, conforme a las siguientes

México es una república, con división de poderes, lo que significa que ninguno de ellos debe subordinarse a los otros y deben respetarse las esferas de competencia de cada uno.

A partir de 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, el poder Legislativo se ha caracterizado por tener una bancada mayoritaria de personas a las que se les ordena aprobar lo que llega por parte del Ejecutivo. El presidente les ordena y ellos cumplen esas órdenes. Es una mayoría irreflexiva, con lealtad ciega y sordomuda, acrítica. Es el brazo legislativo del partido oficial.

Ha sido costumbre durante la presente administración hacer escarnio de quienes piensan y opinan diferente; a quienes disienten se les señala, se les acusa, se les amenaza desde el patíbulo de Palacio Nacional.

El caso más reciente ha surgido por la Iniciativa de reforma constitucional en materia energética presentada por el Ejecutivo Federal el pasado 1 de octubre en esta Cámara de Diputados, y respecto a la cual, el presidente de la República ha amenazado con exhibir a los legisladores que no la aprueben.

El presidente debe saber que las decisiones del Poder Legislativo son públicas; la deliberación y votación es pública, no hay nada que se esconda, no hay decisiones en lo oscurito. Eso es propio de las democracias representativas como la mexicana, donde se exaltan principios como el pluralismo, la tolerancia, el respeto, las libertades como la de expresión y asociación.

El presidente amedrenta a los miembros de un poder que tienen opiniones diferentes a las suyas, que tienen una visión de estado diferente al suyo. Señalar las decisiones de los integrantes de otro poder, simplemente por no apoyar sus propuestas, muestra el rostro de un régimen autoritario, antidemocrático, que no respeta la división de poderes, que reprime las libertades y reduce la política al criterio de un solo hombre.

El titular del Ejecutivo debe recordar que la esencia del principio de división de poderes es la racionalización del poder público por la vía de su límite y balance, con el fin de garantizar el principio democrático, los derechos fundamentales y sus garantías, a través de un régimen de cooperación y coordinación de competencias, a manera de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público, tal y como lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, además, reconoce también que dicho principio exige un equilibrio entre los Poderes del Estado a través de un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente o, como consecuencia de ello, una afectación al principio democrático que se puede dar a través de la intromisión entre Poderes, cuando uno de ellos se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro, o través de la dependencia al pretenderse que un poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma.

La división de poderes ofrece las garantías de libertad, de imparcialidad, de justicia. México no puede ni debe regresar a los tiempos de la dictadura perfecta, en donde el diseño institucional se ponía al servicio del partido oficial. México necesita poderes libres y autónomos, que cumplan con sus funciones de manera independiente, sin presiones de los otros.

Acción Nacional rechaza y condena las amenazas que desde el Ejecutivo se vierten sobre los integrantes del Poder Legislativo, por ello, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con:

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión manifiesta su rechazo ante las expresiones emitidas por el presidente de la República que pretenden generar coacción, sujeción o sometimiento de los miembros del Poder Legislativo.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a respetar la independencia de los Poderes de la Unión, en particular al Poder Legislativo, así como la libertad de cada legislador para tomar decisiones y a que cese en sus actos de reconvención hacia ellos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 7 de octubre del 2021.– Diputados: Xavier Azuara Zúñiga, José Elías Lixa Abimerhi (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los congresos estatales a tipificar la pederastia; y a los gobiernos locales, a realizar campañas informativas para prevenir delitos sexuales y proteger los derechos de niños y adolescentes, a cargo de la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Nelly Minerva Carrasco Godínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Introducción

Hablemos del impacto de los delitos sexuales para la integridad de niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con diversos estudios de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, en 2002, la OMS estimó que 150 millones de niñas y 73 millones de niños menores de 18 años experimentaron relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual con contacto físico.

En México, las cifras de delitos sexuales contra menores deben ponernos en gran alerta. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar en el ámbito mundial en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos al año.

Datos del Inegi indican que, en México una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufre violación antes de cumplir la mayoría de edad. De acuerdo con información reciente, más del 60 por ciento de los casos ha ocurrido en el hogar con familiares o personas de confianza a niños de entre 6 y 12 años.

De mil casos de abuso, sólo se denuncian ante la justicia alrededor de 100, de esos, sólo 10 van a juicio y de esos, solo uno llega a condena. Es decir, la impunidad es del 99 por ciento. Lamentablemente, la verdadera magnitud de la violencia sexual está oculta, debido a que la mayoría de los niños y las familias no denuncian los casos de abuso y explotación a causa del estigma, el miedo y la falta de confianza en las autoridades, y a la falta de conciencia y sensibilización sobre el tema.

La violencia contra los niños, directa o indirecta, puede causar trauma, baja autoestima, problemas de salud y bajo rendimiento escolar, y, en algunos casos, puede conducir a la depresión, al abuso del alcohol y las drogas, e incluso al suicidio.

Desgraciadamente, la violencia y el abuso sexual contra menores se ha agravado durante el confinamiento por la pandemia ocasionada por Covid-19.

Derechos de la Infancia a nivel internacional

Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Un tratado internacional de derechos humanos elaborado durante 10 años con las aportaciones de representantes de todos los países y que fue aprobado el 20 de noviembre de 1989.

México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990, por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

El artículo 19, numeral 1, de la Convención establece que los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.

De igual manera, en su artículo 34, señala a la letra que:

“Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.”

El 18 de enero de 2002 entró en vigor a nivel internacional el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

El artículo 1o. de dicho instrumento internacional establece que los Estados Partes prohibirán estos actos y adoptarán medidas para que queden íntegramente comprendidos en su legislación penal.

Legislación a nivel federal

En México, en el ámbito legislativo a nivel federal, se han adoptado medidas para reconocer los derechos de la niñez mexicana, para proteger su integridad y, en consecuencia, para castigar a todas aquellas personas que atenten contra la vida, salud e integridad de niñas, niños y adolescentes, especialmente tratándose de delitos sexuales.

El Código Penal Federal contiene la tipificación del delito de “pederastia”, definida por el artículo 209 Bis como “el aprovechamiento de confianza, subordinación o superioridad sobre un menor de dieciocho años, derivado del parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guardia o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole que obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual con o sin el consentimiento del menor o contra personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo.”

Se trata de uno de los delitos que más lesionan la integridad física, mental y emocional de nuestras niñas y nuestros niños.

Por ello, se establece para este delito una condena de nueve a dieciocho años de prisión y de setecientos cincuenta a dos mil quinientos días de multa y en caso de ser servidor público la separación del cargo, así como la reparación del daño ocasionado a la víctima.

El artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estipula que “las autoridades federales y locales deberán tomar medidas para prevenir, sancionar y atender a las víctimas de estas conductas.”

Legislación a nivel local

Si bien el delito se sanciona en el Código Penal Federal, el delito tiene su mayor incidencia, principalmente, en el ámbito local.

Por ello, es muy necesario analizar el tratamiento que se le ha dado a este delito en cada uno de los Códigos Penales de las entidades federativas. Resulta que sólo 8 de los 32 Congresos locales tienen tipificado el delito de “pederastia”. Es decir, 24 entidades federativas no reconocen la “pederastia” como un delito.

A continuación, se presenta un cuadro en el que se aprecia el estado que guarda la legislación penal en los congresos locales de la República Mexicana y se señalan las entidades federativas que tipifican la “pederastia” como delito dentro de sus Códigos Penales, así como las penas otorgadas a quienes cometan dicho ilícito:

Derivado del análisis, únicamente ha sido tipificado el delito de pederastia en ocho entidades federativas: Baja California, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Querétaro, Tabasco y Veracruz.

Los estados que no tienen tipificado este delito son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

En este orden de ideas, resulta sumamente relevante y necesario que los congresos locales que no lo han hecho, incorporen la “pederastia” al catálogo de delitos de su legislación penal, para dar respuesta a la demanda de la sociedad de castigar con mayor fuerza esta conducta.

Es un hecho incuestionable la prioridad de proteger los derechos de la infancia, debido a que un menor que se desarrolla en un ambiente sano, con bienestar y protección puede tener un óptimo desarrollo de la personalidad, y convertirse en una persona plena y saludable en todos los sentidos.

Para hacer justicia, necesitamos empezar por un marco jurídico encaminado a la protección de los derechos de la infancia armonizado con los estándares internacionales en materia de protección de los derechos de la infancia. Se lo debemos a nuestras niñas, niños y adolescentes.

No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo de nuestras niñas y nuestros niños, de quienes dependen la estabilidad y el progreso de nuestro país.

Por ello, someto a la consideración de la soberanía de esta honorable Cámara los siguientes

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas a establecer en su legislación penal la tipificación del delito de “pederastia”, en armonización con el Código Penal Federal, con base en el principio del interés superior de la niñez, y a fin de contribuir a consolidar un marco jurídico encaminado a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas de toda la República Mexicana a realizar campañas informativas para la prevención de delitos sexuales, con base en el principio del interés superior de la niñez, a fin de coadyuvar a la protección de los derechos, la integridad y la salud física y psico-emocional de niñas, niños y adolescentes.

Notas

1 Código Penal Federal -

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_081119.pdf

2 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes -

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_ familia/Material/ley-guarderias-ninos.pdf

3 https://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58006.html

4 Organización de las Naciones Unidas -

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx

5 Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía — Asamblea General - Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000 Entrada en vigor: 18 de enero de 2002 —

https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-II84. pdf

6 https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/violencia_ sexual_contra_losninosylasninas.pdf

7 https://www.unicef.org/mexico/media/1731/file/UNICEF por ciento 20PanoramaEstadistico.pdf

8 https://www.unicef.es/noticia/violencia-contra-los-ninos-nuevo-info-rme-ocultos -plena-luz

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.– Diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a instituciones de los tres niveles de gobierno a establecer un programa de atención integral de quienes requieren apoyo y acompañamiento para evitar el suicidio, a cargo de la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Guadalupe Chavira de la Rosa, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud federal, del Instituto Nacional de Salud Pública y de las instituciones de los tres niveles de gobierno que se dedican a la atención, prevención, diagnóstico, y tratamiento de personas vulnerables, para que en el ámbito de sus atribuciones establezcan un programa de atención integral para las personas que requieren apoyo y acompañamiento a fin de evitar la decisión de quitarse de la vida, con base en las siguientes

El suicidio es un acto privado que se puede sustentar a partir de las libertades y la autonomía de las personas, pero cuando alguien decide quitarse la vida por problemas económicos severos, por falta de acceso a servicios de salud, por violencia intrafamiliar, por acoso escolar, adicciones, por depresión de los jóvenes al ser rechazados para ingresar a la universidad, etcétera, hay una responsabilidad del Estado que debe atender a partir de políticas públicas.

El derecho a la vida es un derecho fundamental de todos los seres humanos, asimismo el acceso a los programas de bienestar es un derecho contemplado en nuestra Constitución política en el artículo cuarto, artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

...

En el ámbito internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala lo siguiente:

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

...

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 1 señala que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y en su artículo 11 señala que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.

La tendencia ascendente y sostenida de suicidios no ha cesado en la actualidad, por el contrario, ésta se ha agudizado con la crisis sanitaria de la Covid-19, así lo señalan el Consejo Ciudadano, la Línea de la Vida de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) y la Red Mundial de Suicidólogos, quienes dan cuenta que en este escenario de la pandemia a nivel mundial, las personas suelen caer en cuadros de depresión, miedo y ansiedad que los pueden llevan al impulso de quitarse la vida.

Si bien México no es de los países con más suicidios en el mundo, ha reportado una tendencia creciente, constante y acelerada desde 2007. “Desde 1990 y hasta 2015 se suicidaron en México 104 mil personas 83 por ciento de ellas fueron hombres, y de éstos 72 por ciento tenían menos de 44 años de edad. Así, casi 62 mil hombres jóvenes se quitaron la vida en 26 años. En términos absolutos, en los noventa se suicidaban en promedio cada año 2 mil 731 personas. En 2020, sucedieron 7 mil 818 fallecimientos por lesiones auto infligidas en el país, lo que representa 0.7 por ciento del total de muertes en el año y una tasa de suicidio de 6.2 por cada cien mil habitantes. Las estrategias internacionales parten de la premisa de que el suicidio es prevenible ya que se da como un proceso que inicia con la ideación (preocupación autodestructiva, planificación de un acto letal o deseo de muerte), posteriormente pasa a intentos y, finalmente, a la consumación

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2018, de la población de 10 años y más, 5 por ciento declaró que alguna vez ha pensado en suicidarse; esto ocurre en 4 por ciento de los hombres y en 6 por ciento de las mujeres.

La idea suicida está más presente en las mujeres de 50 a 59 años (8 por ciento), seguida por las niñas y adolescentes de 10 a 19; las mujeres de 40 a 49 años y las de 60 años y más, los tres grupos con 7 por ciento. En la población masculina la idea suicida se presenta mayormente en la población de 40 a 49 años (6 por ciento), continuada por aquellos que tienen de 30 a 39 y los de 60 años y más, con 5 por ciento en cada uno de estos dos últimos grupos.

Si bien el vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales (en particular, la depresión y el consumo de alcohol) está bien documentado en los países de altos ingresos, muchos casos se dan en personas que lo cometen impulsivamente en situaciones de crisis en las que su capacidad para afrontar las tensiones de la vida, como los problemas económicos, las rupturas de relaciones o los dolores y enfermedades crónicos, está mermada, además, se ha demostrado suficientemente que vivir conflictos, catástrofes, actos violentos, abusos, pérdida de seres queridos y sensación de aislamiento puede generar conductas suicidas. Las tasas de suicidio también son elevadas entre los grupos vulnerables y discriminados, como los refugiados y migrantes; los pueblos indígenas; las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales; y los reclusos. El principal factor de riesgo es, con diferencia, un intento previo de suicidio.

Derivado de lo anteriormente expuesto queda claro que el Estado tiene la obligación de velar por la vida, y la salud física y emocional de sus gobernados, con el fin de evitar que las personas tomen la decisión de quitarse la vida, por las distintas causas ya mencionadas.

Por tal motivo pretendo exhortar a los titulares de la Secretaría de Salud federal, del Instituto Nacional de Salud Pública y de las instituciones de los tres niveles de gobierno que se dedican a la atención, prevención, diagnóstico y tratamiento de personas vulnerables para que, en el ámbito de sus atribuciones, establezcan un programa de atención integral para las personas que requieren de apoyo y acompañamiento a fin de evitar la decisión de quitarse de la vida.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de Salud federal, del Instituto Nacional de Salud pública y de las instituciones de los tres niveles de gobierno que se dedican a la atención, prevención, diagnóstico, y tratamiento de personas vulnerables para que, en el ámbito de sus atribuciones, establezcan un programa de atención integral para las personas que requieren de apoyo y acompañamiento a fin de evitar la decisión de quitarse de la vida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2021.– Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción I, numeral 1, del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa, al tenor de la siguiente

En México, como en muchos otros países, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) tienen un papel fundamental en el desarrollo económico nacional. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el extinto Instituto Nacional del Emprendedor y el Banco Nacional de Comercio Exterior, en la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Enaproce) publicada en conjunto en 2015, de poco más de 4 millones de empresas existentes en México durante 2014, 97.6 por ciento eran microempresas y concentraban 75.4 del personal ocupado total; le siguen las empresas pequeñas, con 2 por ciento, que tienen 13.5 del personal ocupado; en tanto, las medianas representan 0.4 por ciento de las unidades económicas y tienen poco más de 11 por ciento de los ocupados.

Lamentablemente, la misma encuesta señala que la falta de crédito afecta el crecimiento de las microempresas, con 22.7 por ciento, en tanto que para las empresas pequeñas y medianas 24.4 y 24.0 por ciento, respectivamente, opina que el exceso de trámites gubernamentales e impuestos altos incide negativamente en su desarrollo. 1

De acuerdo con la Enaproce, sólo 2.4 por ciento de las Mipyme a escala nacional solicitó apoyos de programas de promoción o asistencia del gobierno federal. Sólo 14.3 por ciento de los empresarios encuestados mencionó conocer al menos un programa de promoción y apoyo gubernamental en 2015, 2 lo cual puede ser otra de las razones principales que ha mermado la subsistencia y el desarrollo de los emprendimientos.

La subsistencia del emprendimiento en nuestro país arroja cifras alarmantes. De acuerdo con datos del Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial, el 75 por ciento de las Pequeñas y Medianas Empresas mexicanas fracasan durante los primeros 2 años de existencia, y coloca a México como el país del continente americano con más porcentaje de cierre de MIPYMES, siguiéndole en ese mismo rubro Colombia con 59 por ciento, Brasil con 34.8 por ciento y Estados Unidos con 34 por ciento. 3

La Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios estima que en la administración federal pasada desaparecieron cerca de 350 mil pequeñas y medianas empresas, debido a que no hubo una reactivación económica y a la inseguridad. 4

En razón de lo anterior, queda clara la importancia de trabajar desde el ámbito legislativo en beneficio de este importante sector de la economía, el cual, tiene sus beneficios más inmediatos en la economía de las familias.

La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad, así como incrementar su participación en los mercados, y con ello, fomentar el empleo y el bienestar social y económico de todos quienes las forman. 5

La citada ley, a efecto de cumplir su objetivo, establece la integración del Consejo Nacional para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Instancia mediante la cual promueve, analiza y da seguimiento a los esquemas, programas, instrumentos y acciones que deben desarrollarse en apoyo a las Mipyme a través de sesiones ordinarias realizadas trimestralmente, en las cuales se toman decisiones de gran relevancia a nivel nacional, entre las que destacan:

• Estudiar y proponer medidas de apoyo para el desarrollo de la competitividad de las Mipyme a través del análisis de las propuestas surgidas del sector público y de los Sectores.

• Desarrollar mecanismos para que las Mipyme reciban consultoría y capacitación en las áreas de comercialización y mercadeo, tecnología y procesos de producción, diseño de producto y financiamiento, así como en materia de normalización y certificación.

• Fomentar la constitución de incubadoras de empresas, la iniciativa privada y creatividad de los emprendedores.

• Procurar la formación de especialistas en consultoría y capacitación.

• Promover la certificación de especialistas que otorguen servicios de consultoría y capacitación a las Mipyme.

• Facilitar la integración entre las Mipyme.

• Impulsar la vinculación de las Mipyme con las grandes empresas.

• Estimular la integración y eficiencia de las cadenas productivas, con la participación de los sectores, con una visión de corto, mediano y largo plazos.

• Formular mecanismos y estrategias de promoción a la exportación directa e indirecta de las Mipyme.

• Impulsar esquemas que faciliten el acceso al financiamiento de las Mipyme.

• Instituir los premios nacionales que reconozcan la competitividad de las Mipyme en los términos que él mismo determine. 6

El consejo nacional está formado por integrantes que cuentan con voz y voto en las sesiones ordinarias y extraordinarias: el secretario de Economía, quien lo preside; los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social, de Agricultura y Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, de Comunicaciones y Transportes, y de Turismo; el director general de Nacional Financiera, SNC; el director general del Banco Nacional de Comercio Exterior, SNC; el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; seis representantes de los secretarios de Desarrollo Económico o su equivalente en el Distrito Federal y las entidades federativas; el presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos; el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo; el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana; el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación; el presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León; el presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco; tres miembros de los sectores que incidan en el cumplimiento de los objetivos de esta ley, quienes serán designados por la secretaría, y dos representantes del Congreso del Trabajo y un representante de la Unión Nacional de Trabajadores. 7

De modo homólogo al consejo nacional, debe formarse en cada entidad federativa un consejo estatal, el cual, “estudia y propone en el ámbito regional, estatal, municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, medidas de apoyo para el desarrollo de la competitividad de las Mipyme a través del análisis de las propuestas surgidas del sector público y de los sectores”.

Es de hacer notar que, actualmente, el marco jurídico no prevé la participación de todos los representantes de los Consejos estatales en el Consejo Nacional, únicamente de seis y establece que el resto solo podrán participar en sesiones con previa invitación y con uso de voz, pero no de voto.

En razón de lo anterior, es que la presente Iniciativa, tiene por objeto la incorporación activa con voz y voto de todos los representantes de los consejos estatales y de la Ciudad de México en las sesiones del consejo nacional, a través de sus representantes, a efecto de que puedan participar en la toma de decisiones, tal y como corresponde en un régimen federal y de clara vocación republicana.

En abono a lo anterior, precisa señalar que, “la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 40, establece el carácter federal de la organización política mexicana y reconoce al federalismo como un pacto institucional que se distingue por la división de poderes entre un gobierno federal y los gobiernos de los estados miembros. El artículo 124 constitucional señala que en el Estado los estados miembros tienen cierta área de atribuciones sobre la que pueden legislar en forma autónoma”. 8

Federalismo proviene del latín foedus-oris, “unión”, “alianza”, “pacto”, “acuerdo”, y hace referencia al “arreglo político institucional basado en una distribución funcional y territorial del poder entre un ámbito central y ámbitos locales (estados, provincias o territorios) independientes o federados, los cuales participan de un pacto que se sustenta en la Constitución”. 9

En tal virtud, podemos señalar que el federalismo es un sistema de organización política, fundamental para la toma de decisiones que permite la participación de quienes ejercen el poder público y representan los intereses del pueblo de México en los distintos niveles y poderes de gobierno.

Conforme a los principios federalistas que han dado vida a nuestra República, es que se estima pertinente que los nuevos arreglos institucionales, se construyan sobre la participación de quienes conocen de primera mano las necesidades y problemas de un determinado territorio.

La solución focalizada de la diversidad de problemas y necesidades que se presentan en las diferentes regiones del país, abonará sin duda, a la estrategia de austeridad propuesta por el Ejecutivo federal, ya que, asegurar el cabal cumplimiento de los objetivos planteados en los programas y políticas públicas, constituye un elemento fundamental para el buen uso de los recursos públicos.

“Hacer más con menos”, implica dirigir los esfuerzos humanos y presupuestarios en beneficio de quienes más lo necesitan, y de quienes decidieron poner sus recursos y trabajo en beneficio del desarrollo de México y de millones de familias, considerando las características y vocación de cada entidad federativa y de las diferentes regiones del país, e instrumentar en consecuencia, políticas y programas públicos.

Es menester hacer cumplir el federalismo ordenado en la Ley Fundamental, y el cual, en los hechos se ha desvirtuado.

La unilateral toma de decisiones y el mal uso de los recursos públicos, ha comprometido seriamente el desarrollo, la productividad y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas en México.

Por lo antes señalado, se considera imperante que la toma de decisiones para impulsar el desarrollo de las Mipyme en México, tome en cuenta las necesidades, problemas, experiencia, características y expectativas de las diferentes entidades federativas, expresadas a través de los representantes de sus Consejos, quienes conocen la realidad de sus demarcaciones.

Es fundamental, crear un vínculo estrecho que permita escuchar, entender y atender las necesidades particulares de cada Entidad Federativa, así como encontrar puntos de convergencia que permitan impulsar programas regionales, para construir los mecanismos y acciones concurrentes que beneficien al sector de las Mipyme en cada rincón del país.

Por lo expuesto se propone la integración al consejo nacional de los representantes de cada consejo estatal, a efecto de que tengan voz y voto dentro de las sesiones realizadas. Lo anterior, bajo el amplio entendimiento que, si el consejo es nacional, no debe ni puede excluir a los consejos estatales, de su toma de decisiones.

En suma, se propone bajo el nuevo esquema institucional y presupuestario del actual gobierno federal, evitar los intermediarismos para que los apoyos lleguen directamente a las manos de los beneficiarios, evitar duplicidades en las funciones públicas, evitar los privilegios, la corrupción y las malas prácticas que tanto han lastimado a México. Por lo que, el propiciar la participación, la corresponsabilidad, y la atención permanente de las necesidades favorece al bienestar y la justicia social.

Es importante mantener en el centro de nuestra atención que, las micro, pequeñas y medianas empresas, ocupan un papel de vital importancia para la economía nacional, no solo por sus aportaciones a la satisfacción de producción y distribución de bienes y servicios, sino también, por ser una importante fuente de empleos, y por ende el sustento de millones de familias. Por ello, es necesario que, desde el Poder Legislativo, perfeccionemos la norma jurídica y con ello, los mecanismos para una adecuada toma de decisiones.

A efecto de expresar de mejor manera el alcance de la presente Iniciativa, se ofrece el siguiente cuadro comparativo:

Por expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Único. Se reforman la fracción XIV y el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de La Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 18. El consejo estará conformado por los integrantes siguientes:

I. a XIII. ...

XIV. Un representante de las entidades federativas por cada Consejo Estatal y de la Ciudad de México;

XV. a XXII. ...

El consejo podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a otras dependencias y especialistas en los temas a discusión.

...

...

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de 2015,

https://www.bancomext.com/comunicados/14237

2 Ídem.

3 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/fracasan-en-mexico-75-de-emprendimiento s

4 http://www.milenio.com/negocios/desaparecieron-en-este-sexenio-350-mil-pymes

5 Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/247_190517.pdf

6 Ídem.

7 Ídem.

8 http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_temati-co/d_federali smo.htm

9 Laura Baca Olamendi; y otros (compiladores). Léxico de la política, FCE, México, 2000.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2021.– Diputadas y diputados: Olga Juliana Elizondo Guerra, Alma Anahí González Hernández, Ángel Domínguez Escobar, Héctor Ireneo Mares Cossío, Irma Juan Carlos, Klaus Uwe Ritter Ocampo, Marcos Rosendo Medina Filigrana, María de Jesús Rosete Sánchez, María Eugenia Hernández Pérez, Otoniel García Montiel, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y General de Responsabilidades Administrativas, así como del Código Penal Federal y de la Ley General de Víctimas, en materia de seguridad en infraestructura para transporte público, suscrita por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández y los diputados federales de la Ciudad de México del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, y las y los diputados federales por la Ciudad de México, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 77 y 78 del Regla-mento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Responsabilidades Administrativas, del Código Penal Federal y de la Ley General de Víctimas, en materia de seguridad en infraestructura para transporte público, al tenor de la siguiente:

La corrupción y la impunidad que desde hace décadas prevalece en las instituciones públicas del país constituye una afrenta para todas las y los mexicanos. Nuestro país ha estado entre los primeros lugares cuando de corrupción se trata, sin poder erradicar ni la práctica, ni sus efectos secundarios.

Asimismo, la corrupción es un lastre del sistema político que lo ha ido degradando paulatinamente. Así también es considerada como una enfermedad que se multiplica y crece a niveles exponenciales, con estructuras y estrategias que se reproducen casi a diario en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

La impunidad se ha convertido en una generalidad entre los servidores públicos, frente a quienes los actos de corrupción quedan impunes, aun cuando existan leyes específicas en la materia para sancionarlos, pero que por múltiples factores no se materializan en la práctica.

Por otro lado, la corrupción se ha posicionado como uno de los principales problemas a combatir, ya que en la actualidad se ventilan múltiples casos de ésta en su modalidad pública, en los que se encuentran relacionados los tres órdenes de gobierno, y por ende servidores públicos de todos los niveles jerárquicos, quienes han estado relacionados en denuncias públicas que involucran el uso y abuso de los recursos públicos para beneficio privado.

Resulta más lacerante cuando estas conductas son denunciadas con tiempo de antelación, para evitar en muchos casos desgracias y eventos fatídicos, pero son ignoradas.

La historia de la construcción de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México está marcada por la negligencia de servidores públicos; una austeridad mal concebida y aplicada a la conservación y mantenimiento de la obra pública; la opacidad y corrupción de los servidores públicos, aunado a una impunidad absoluta y flagrante de los responsables del magno percance sucedido el pasado 3 de mayo. Lo cual lamentablemente ha cobrado la muerte de 26 personas y 79 heridos por el colapso y desplome de una trabe, en el momento que circulaba un convoy que cae entre las estaciones Olivos y Tezonco.

Desde su concepción hasta su ejecución, terminación y funcionamiento de la Línea 12 del Metro ha presentado una serie de anomalías que dieron inicio en agosto de 2007, con el anuncio de la construcción de una nueva línea de Metro que correría de Tláhuac a Mixcoac y que sería en su totalidad subterránea.

En ese momento, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, señaló que ya se estaban realizando los estudios para su edificación y que su costo se estimaba en 9 mil millones de pesos; monto que resultó de imposible cumplimiento por la magnitud de la obra, la cual requería de expertos, servicios y materiales de calidad, con niveles de alta seguridad para los usuarios, ya que se transportan alrededor de 400 mil personas en sus 23 kilómetros de extensión.

Un claro ejemplo de la irresponsabilidad incurrida para ahorrar dinero se dio cuando se pidió que las ruedas de los vagones fueran como las de los trenes de carga (rodaduras férreas) y no neumáticas, como el resto de los metros. Al respecto, quien era director del Servicio de Transporte Colectivo (SCT) Metro en 2007 envió un documento a Ebrard señalándole que, por seguridad, las ruedas de los vagones debían ser neumáticas, ya que “si se llegara a descuidar el mantenimiento de las vías cuando la rodadura es férrea, se podrían originar accidentes muy lamentables”. Pero el dictamen técnico expedido por el gobierno del Distrito Federal hizo caso omiso de dicha recomendación, porque el mantenimiento de las ruedas férreas sería al año 7 por ciento más barato que el de las neumáticas.

En el contrato para la construcción de la Línea 12 también se aplicó la austeridad republicana. En enero de 2008 se publicó la licitación internacional para adjudicar la construcción de la Línea 12. En junio de ese año se formalizó el contrato con un consorcio integrado por ICA, Alstom Mexicana y Carso Infraestructura y Construcción, por 17 mil 583 millones de pesos, 2 mil millones de pesos menos que la propuesta inicial del consorcio.

Esta decisión significó reducir el alcance de la obra, lo que tradujo en eliminar estaciones, no realizar algunos estudios y sustituir una parte de la línea de subterráneo a elevado, así como eliminar andenes, entre otras cosas que eran necesarias para garantizar un buen servicio de transporte y la seguridad de los usuarios.

Sin embargo, en la compra de los trenes no hubo ni austeridad. En mayo del 2010 se adjudicó directamente el arrendamiento y mantenimiento de 30 trenes por 17 años a la empresa CAF, por un monto de mil 500 millones de dólares; pero en su desglose de precios inicial, la empresa CAF señalaba que el costo por los 30 trenes sería de 420 millones de dólares más IVA. Es decir, el precio se encareció más de 300 veces y el contrato que fue adjudicado directamente a la empresa CAF sin hacer una licitación, lo cual tuvo que haberse hecho por ley.

La empresa francesa Bombardier, dedicada a la construcción de trenes, impugnó esta adjudicación directa argumentando que había sido ilegalmente excluida del proceso, pero un juzgado desechó la impugnación señalando que la empresa Bombardier no tenía interés jurídico para intervenir en la adjudicación del contrato. No se cuestionó él que tenga interés jurídico en concursar un contrato de mil 500 millones de dólares para hacer trenes.

Otra irregularidad fue que el precio de pago para CAF fue fijado en dólares y no en pesos, sin establecerse un tipo de cambio base, es decir, que cada mes se pagaba más por la constante y sostenida devaluación del peso frente al dólar.

Por otra parte, los trenes no se compraron, sino que se rentaron. Al respecto, en una comparecencia ante la Cámara de Diputados, Mario Delgado, secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal de aquel entonces, dijo que “los trenes se arrendaron en vez de ser comprados porque la ciudad no tenía los recursos para adquirirlos de contado”, sin embargo, el arrendamiento y mantenimiento de los trenes no se pagó de contado, sino a meses.

Con esta decisión se comprometieron recursos de la Ciudad de México por 17 años (2010-2026) para comprar algo que no se compró, 300 veces más caro, sin hacer concurso y en dólares sin tipo de cambio establecido.

En el dictamen de 19 de diciembre de 2014, la Auditoría Superior de la Federación concluyó lo siguiente en razón de la Línea 12 del Metro:

-El consorcio constructor no suministró ni instaló los equipos de ventilación menor, equipos de bombeo de aguas freáticas, ni ejecutó los protocolos de pruebas.

-Los equipos y material perteneciente al Cuerpo B de la estación Ermita y del Taller eléctrico ubicado en los Talleres Tláhuac que si se suministraron pero que no fueron instalados.

-No construyó la pasarela en el paradero de la Terminal Mixcoac.

-No se colocaron 464 metros de manta elastomérica y 2 mil 164 metros no cumplen con la especificación autorizada.

-El mantenimiento del sistema de vía no se alcanzó el 100 por ciento en el torque ni en la trocha, ni en la renivelación y alineación de vía.

-La Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas y la Jefatura de Unidad Departamental de Diseño de Vías, no atendió la información sobre desgaste prematuro de rieles en curvas de radios menores a 380 metros y fallas en las grapas nabla.

-No se le aplicó la penalización por el incumplimiento al programa de trabajo.

-Los planos As-Built de instalaciones electromecánicas, no fueron firmados por el director responsable de obra, ni los corresponsables en diseño urbano y arquitectónico, en seguridad estructural y en instalaciones.

-En el contrato de servicios número 9.07 CD 03.M.3.004, se efectuó el pago de certificación sin que se concluyeran los trabajos en los sistemas electromecánicos, de energía, señalización y sonido.

-Se formalizó en forma extemporánea el acta de entrega-recepción de los trabajos del contrato de servicios núm. 9.07 CD 03. M.3.004.

-En los contratos números 12.07 CD 03.M.2.002, 12.07 CD 03.M.2.016 y 12.07 CD 03.M.2.017, no se ajustaron a las reglas generales para el uso de la bitácora electrónica ya que no se presentó la solicitud y autorización de la Secretaría de la Función Pública para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora convencional.

Asimismo, en 2014 la Secretaría de la Función Pública informó en conferencia de prensa, que notificó al gobierno del Distrito Federal la solicitud de reintegro a la Federación de 489 millones 422 mil 377 pesos, recursos del Fondo Metropolitano cuyo uso para la construcción de la Línea 12 no fue justificado, según las auditorías a los fondos.

El secretario de Finanzas del gobierno del Distrito Federal indicó que la administración capitalina cubriría ese reclamo financiero con recursos del gasto corriente para no afectar los programas sociales ni el presupuesto de organismos autónomos, señaló: a ser una afectación importante, pero no va a dislocar las finanzas locales. El gasto corriente tendrá que ser reasignado, tendrán que recortarse las compras de suministros y gastos de operación”.2

El 24 de septiembre de 2017 se informó que el tramo Nopalera-Tláhuac se mantendría cerrado al menos por 4 semanas para realizar la reparación en la columna y el cambio de elementos en las curvas 11 y 12. El servicio de todas las estaciones de la línea se reanudó el lunes 30 de octubre, después de varias pruebas de operación.

De esta manera es que llega finalmente la tragedia anunciada el pasado 3 de mayo, durante la noche, en el paso elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco.

Los primeros informes arrojaron que una “falla estructural” asociada a deficiencias en el proceso constructivo estuvo detrás del derrumbe.

Como ya se mencionó, es del conocimiento generalizado que la construcción y mantenimiento de esta Línea siempre estuvo bajo la lupa; es así que el que suscribe como diputado local de la V Legislatura de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, derivado del caso de corrupción e investigaciones que se dieron desde ese entonces respecto al cierre parcial de la Línea 12 del Metro, alcé la voz y advertí de graves irregularidades que podrían representar un riesgo para los usuarios.

Así también, presenté un paquete de iniciativas para reformar diversas disposiciones y ordenamientos jurídicos en la capital y así evitar influyentísmo y opacidad en contrataciones de la importancia de la Línea 12.

Hoy en día, después de la tragedia, solo existen promesas incumplidas, pues no existen responsables al respecto que les permita a las familias afectadas saber si habrá justicia.

Existe un claro encubrimiento por parte del gobierno de la Ciudad de México al actuar de Florencia Serranía Soto, anterior directora general del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) y también subgerente de Mantenimiento del mismo, pues, a pesar de las evidentes fallas y tragedias acontecidas en dicho transporte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se negó a destituirla, y cuando ésta renunció se fue sin dar cuenta de su actuar y responsabilidad frente al desplome de la Línea 12.

Tampoco la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México ha informado el avance en las investigaciones, si ya hay nombres de los responsables de este lamentable acontecimiento, ya que en este tiempo solo ha existido impunidad.

Así como tampoco existe información certera del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) sobre la fecha de reactivación del tramo afectado, y de la seguridad de los usuarios cuando esto suceda.

Es importante mencionar los constantes recortes presupuestales al Metro, ya que en el 2020 se había aprobado un presupuesto inicial de 15 mil 652 millones de pesos, al cual se le redujeron 774 millones, quedando un presupuesto aprobado de 14 mil 878.4 millones, de los que se ejercieron 14 mil 290.5 millones.

Otra parte que no debemos olvidar es la transparencia en el gasto que esta reactivación traerá aparejada, pues las autoridades están obligadas a informar, cuánto costará, cuáles son los procedimientos administrativos a seguir, y sobre todo qué empresas participarán.

Por otro lado, el pasado 7 de septiembre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Ciudad de México publicó el Dictamen Final Fase II, el cual no aporta nada novedoso en lo publicado anteriormente, además, de que este dictamen carnal continúa encubriendo a los verdaderos responsables de la tragedia.

-Después de casi dos meses de retraso se presentó la fase 2 del dictamen sobre el derrumbe de la línea 12 del Metro por parte de la empresa noruega Det Norske Veritas (DNV)

-El objetivo de la fase 2 fue “determinar la causa inmediata (mecanismo de falla) que causó el colapso e identificar cualesquiera de los factores contribuyentes.

-El informe concluye que el colapso se debió al pandeo de las vigas norte y sur facilitada por la falta de pernos funcionales en una longitud significativa lo que causó que parte del tramo elevado perdiera su estructura compuesta.

-En ninguna de las 180 páginas del dictamen y que fue dado a conocer ayer por Miriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se deslinda ninguna responsabilidad, ni da elementos que delimiten a los verdaderos responsables de la tragedia.

-Entre los hallazgos se identificó primero en el reforzamiento longitudinal de la viga norte en enero de 2017, lo que indica que la estructura ya se encontraba en una situación comprometida antes del terremoto de Puebla de 2017, y no como consecuencia del movimiento telúrico.

-Por otro lado, la empresa DNV a través de su director general, explicó que de forma independiente se entregará el “análisis de causa raíz” de la Fase 3, el cual determinará los controles, sistemas, prácticas y procedimientos que fallaron al prevenir que ocurrieran los mecanismos de falla. De esto se desprende que siguen dilatando el dar a conocer a la opinión pública la causa de origen de esta tragedia.

-De acuerdo a los mismos videos que proporcionó la empresa DNV la tragedia se pudo haber evitado desde 2019, las autoridades tenían conocimiento del fenómeno que se estaba produciendo entre las columnas 12 y 13 y no hicieron lo que tenían que haber realizado.

Por lo anteriormente mencionado y retomando la iniciativa presentada por del Grupo Parlamentario Acción Nacional en la Comisión Permanente, en la pasada legislatura, e insistiendo en la importancia de contar con un marco jurídico robustecido que permita sancionar a los responsables de estos hechos tan lamentables, es que se propone reformar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, toda vez que al ser un ordenamiento concurrente en el que federación, entidades federativas y municipios, ordenan el territorio y regulan la movilidad protegiendo a los ciudadanos a fin de establecer que toda obra pública se realice en observancia a las normas y disposiciones técnicas nacionales de seguridad y calidad para los usuarios y que se establezca una comisión de investigación integrada por legisladores, expertos y ciudadanos en caso de accidentes graves que pongan en riesgo la seguridad y salud de los usuarios de la infraestructura vial y de movilidad, como los servicios de transporte público masivo, a fin de realizar y analizar los estudios técnicos y financieros para apoyar las denuncias ciudadanas ante las autoridades correspondientes, esto último también reflejado en la reforma propuesta a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Las repercusiones de la construcción de obras de infraestructura que no cumplen con los parámetros exigidos por las disposiciones técnicas y que por tanto no cumplen con las condiciones de seguridad necesarias para su eficiente y óptimo funcionamiento trae serias implicaciones para las personas de la comunidad, generando retrasos en el desarrollo económico, de movilidad y principalmente, expone gravemente su seguridad física poniendo en riesgo su vida.

Debemos recordar que la vida es el principal derecho de las personas, por lo que es el primer derecho en el que los servidores públicos debemos enfocar nuestras acciones, por lo que cualquier acción que realicemos en el marco de nuestras atribuciones que deje de lado velar por la integridad y seguridad de las personas debe ser debidamente sancionado por mínimo que esta acción sea, toda vez que la suma de pequeñas acciones u omisiones en la construcción, inspección o mantenimiento, en este caso específico, en la infraestructura destinada al transporte público llega a generar tragedias que pudieron y debieron evitarse.

Por ello, también se propone establecer como obligación de las autoridades correspondientes de prever en los contratos de obra pública para la construcción de infraestructura destinada al transporte público se especifique a la persona contratista que será responsable de los vicios y perjuicios de la obra, así como al servidor público que quedará como responsable directo de su vigilancia, mantenimiento y operación, datos que en caso de ser omitidos, será causal de responsabilidad administrativa grave para los servidores públicos que autoricen la realización del contrato.

Asimismo, se sanciona como falta administrativa grave en la Ley General de Responsabilidades Administrativas la omisión de los servidores públicos responsables de dichas obras en dichas tareas, de manera tal que esta conducta sea sancionada de la misma manera en el nivel federal y estatal.

Por otro lado, se propone reformar el Código Penal Federal a efecto de precisar la sanción de ejercicio ilícito de servicio público a los servidores públicos que teniendo obligación operar, o dar mantenimiento a infraestructura pública, incumpla su deber, y genere daños a las personas o instalaciones bajo su cuidado, a efecto de sancionar dicha conducta a nivel federal buscando también que las entidades federativas lo contemplen en sus respectivas legislaciones penales.

Asimismo, se contempla que en caso de que al incurrir en dichos delitos se cause el homicidio de dos o más personas de manera culposa se atenderá a la agravante establecida en el párrafo tercero del artículo 60 del referido Código.

Por último, se propone una reforma a la Ley General de Víctimas con el objeto de que se considere como reparación colectiva los casos de accidentes graves que pusieran en riesgo la seguridad y salud de los usuarios de la infraestructura vial y de movilidad, como lo son los servicios de transporte público masivo.

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que adiciona los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 46; se reforma la fracción VII del artículo 71; la fracción III del artículo 72; el artículo 73; y el artículo 104, todos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; adiciona un numeral 2 al artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; adiciona un tercer párrafo al artículo 59, y se adiciona un artículo 59 Bis, ambos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; reforma el tercer párrafo del artículo 60,   se reforma la fracción VI  y se adiciona un último párrafo del artículo 214 del Código Penal Federal; y se adiciona un segundo párrafo a la fracción VI del artículo 27 de la Ley General de Víctimas

Primero. Se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 46; se reforma la fracción VII del artículo 71; la fracción III del artículo 72; el artículo 73; y, el artículo 104, todos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

Artículo 46. ...

...

En todo caso, en los procedimientos de contratación de obra pública para la construcción de infraestructura de transporte público realizados por la federación o las entidades federativas y municipios deberán contemplar disposiciones reglamentarias en materia de seguridad y protección civil, así como especificar a las personas contratistas responsables por los daños y perjuicios que resultaren por la inobservancia de las mismas.

Las leyes en materia de obra pública de la federación y entidades federativas determinarán a los servidores públicos de las dependencias y entidades que serán responsables de su operación, mantenimiento y funcionamiento que la mantengan en niveles óptimos para la prestación del servicio. En todo caso, los titulares de las dependencias correspondientes también serán responsables directos de vigilar la realización de las acciones señaladas en este párrafo.

La inobservancia de lo dispuesto en este artículo será sancionada conforme a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El gobierno federal y las entidades federativas contemplarán en sus disposiciones penales sanciones correspondientes a la omisión de las labores de vigilancia, operación, mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura destinada a transporte público.

Artículo 71. Las políticas y programas de Movilidad deberán:

I. a VI. ...

VII. Establecer políticas, planes y programas para la prevención de accidentes y el mejoramiento de la infraestructura vial y de movilidad que cumpla con las normas y disposiciones técnicas nacionales;

VIII. a XI. ...

Artículo 72. La federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus competencias, establecerán los instrumentos y mecanismos para garantizar el tránsito a la movilidad, mediante:

I. y II. ...

III. La priorización, congruencia y eficacia en las inversiones públicas que cumplan con las normas y disposiciones técnicas nacionales de seguridad y protección civil para los usuarios, considerando el nivel de vulnerabilidad de usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad de la colectividad.

Artículo 73. La federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales deberán promover y priorizar en la población la adopción de nuevos hábitos de movilidad urbana sustentable y prevención de accidentes encaminados a garantizar las condiciones de seguridad en que se realizan los desplazamientos de la población, lograr una sana convivencia en las calles, respetar el desplazamiento del peatón y su preferencia, prevenir conflictos de tránsito, desestimular el uso del automóvil particular, promover el uso intensivo del transporte público y no motorizado y el reconocimiento y respeto a la siguiente jerarquía: personas con movilidad limitada y peatones, usuarios de transporte no motorizado, usuarios del servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del servicio de transporte de carga y usuarios de transporte particular.

Artículo 104. Las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, promoverán mecanismos de contraloría o vigilancia social, donde participen los vecinos, usuarios, instituciones académicas, organizaciones sociales, colegios de profesionistas y los institutos y observatorios, en el cumplimiento y ejecución de normas oficiales mexicanas, de los planes, programas y obras públicas a que se refiere esta ley, aplicando los principios establecidos en ésta y, en su caso, denunciando ante la instancia de procuración de ordenamiento territorial cualquier violación a la normatividad aplicable.

En caso de accidentes graves que pongan en riesgo la seguridad y salud de los usuarios de la infraestructura vial y de movilidad, como los servicios de transporte público masivo, se podrán constituir comisiones de investigación de legisladores, expertos y ciudadanos a fin de realizar, dar seguimiento y analizar los estudios técnicos y financieros para apoyar a las denuncias ciudadanas. El informe final que rinda dichas comisiones se enviarán a las autoridades correspondientes y éstas deberán tomarlo como referencia.

Segundo. Se adiciona un numeral 2 al artículo 41, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

1.  ...

2. Además de las anteriores, se podrán constituir comisiones de investigación de legisladores, acompañadas de expertos y ciudadanos, cuando se presenten acontecimientos graves motivo de la comisión u omisión del servicio público y que de esto se desprendan daños generalizados a la ciudadanía; lo anterior con la finalidad de dar seguimiento y analizar las causas que dieron origen al hecho y que las conclusiones de esto sirvan de referencia para las autoridades competentes.

Tercero. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 59 y se adiciona un artículo 59 Bis, ambos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue:

Artículo 59. ...

...

Serán responsables de contratación indebida los servidores públicos que autoricen la contratación de obra pública para la construcción de infraestructura de transporte público sin que hayan sido determinados las personas contratistas y servidores públicos que serán los responsables por los daños, perjuicios, operación, mantenimiento y su funcionamiento.

Artículo 59 Bis. Incurrirán en responsabilidad administrativa grave los servidores públicos que hayan sido nombrados como responsables de la vigilancia, operación, mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura destinada a transporte público masivo, por la omisión de las acciones correspondientes para tal efecto; así como aquellos que no apliquen los recursos públicos destinados al mejoramiento y conservación de dicha infraestructura.

Cuarto. Se reforma el tercer párrafo del artículo 60, se reforma la fracción VI y se adiciona un último párrafo del artículo 214 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 60. ...

...

Cuando a consecuencia de actos u omisiones culposos, calificados como graves, que sean imputables al personal que preste sus servicios en una empresa ferroviaria, aeronáutica, naviera o de cualesquiera otros transportes de servicio público federal o local, o que teniendo la obligación por razones de empleo, cargo o comisión señaladas en el artículo 214, fracción VI, y se causen homicidios de dos o más personas, la pena será de cinco a veinte años de prisión, destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para obtener otros de la misma naturaleza. Igual pena se impondrá cuando se trate de transporte de servicio escolar.

Artículo 214....

I. a V. ...

VI. Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger, operar, dar mantenimiento o dar seguridad a personas, lugares, infraestructura pública, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado.

...

...

En caso de que por motivo de alguno de los delitos a que se refiere la fracción VI de este artículo, se causen homicidios de dos o más personas se tendrá a lo previsto en el párrafo tercero del artículo 60.

Quinto. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción VI del artículo 27 de la Ley General de Víctimas, para quedar como sigue:

Artículo 27....

I. a V

VI. ...

También se considerará impacto colectivo los casos de accidentes graves que pusieran en riesgo la seguridad y salud de los usuarios de la infraestructura vial y de movilidad, como lo son los servicios de transporte público masivo.

...

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las entidades federativas, en un plazo de 90 días a partir de la publicación del presente decreto, deberán realizar las modificaciones correspondientes a sus ordenamientos jurídicos correspondientes a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto.

Notas

1 https://politica.expansion.mx/voces/2021/05/08/linea-12-metro-a uste-ridad-y-corrupcion-mezcla-perfecta­ para-el-desastre-columnainvitada

2 https://www.milenio.com/estados/reembolsara-gdf-a-la-federacion-re-cursos-de-11 2

3 https://www.infobae.com/america/mundo/2021/06/16/revelaron-estre-mecedores-vide os-de-la-caida-del-teleferico-que-dejo-14-muertos-en-italia/

4 https://www.animalpolitico.com/2021/06/metro-florencia-serrania-peores-accident es/

5 https://www.eleconomista.com.mx/politica/DNV-entrega-dictamen-Fase-2-que-revela -la-causa-del-colapso-de-la-Linea-12-del-Metro-de-CDMX-20210907-0062.html

6 https://www.forbes.com.mx/abogado-exdirector-metro-desestima-dic-tamen-linea-12 /

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.– Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, suscrita por diputadas del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscriben, diputadas Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Marcela Guerra Castillo y Cristina Ruiz Sandoval, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, con base en la siguiente

En la actualidad la innovación tecnológica y la investigación científica marcan la pauta de las transformaciones que vive la humanidad. En los últimos 20 años este ritmo se ha acelerado impulsando de manera vertiginosa cambios en las formas de comunicarse, producir, comercializar, consumir, educar, interrelacionarse y socializar. En la era digital todas estas actividades socioeconómicas emigran a plataformas digitales hiperconectadas que, a través de los infinitos canales del internet proliferan día con día e irrumpen las formas tradicionales.

En el ámbito de los grupos y empresas de investigación y de desarrollo tecnológico han denominado a esta etapa como los albores o el inicio de la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0.

Recordemos que la Primera Revolución inicia con la invención de la máquina de vapor que impulsó el crecimiento de la manufactura y amplió las rutas comerciales. Un siglo después, con la introducción de las líneas de montaje, el uso de petróleo y energía eléctrica como nuevas fuentes de energía, además de los avances en comunicaciones (vía telefónica y telegráfica), cambiaron los paradigmas económicos en materia de producción en masa y permitieron la implementación de cierto grado de automatización en los procesos de fabricación. Posteriormente, una tercera revolución digital que, con el avance de la electrónica, la informática, las telecomunicaciones avanzadas y el análisis de datos aplicados a los procesos de producción, permitieron la digitalización de las fábricas para automatizar algunos procesos, además de recopilar y compartir datos.

En la actualidad, la Industria 4.0, que se caracteriza por la creciente automatización y el uso de fábricas inteligentes. Las empresas están integrando a sus fábricas las llamadas tecnologías habilitadoras, incluida el internet de las cosas (IoT), el Big Data, la computación, la analítica en la nube, la inteligencia artificial, el machine learning(aprendizaje automatizado o aprendizaje de máquinas es el subcampo de las ciencias de la computación y una rama de la inteligencia artificial, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan), 1 la robótica para hacer más eficientes sus procesos de producción. 2 La Cuarta Revolución Industrial fusiona los avances de la revolución industrial (maquinaria, procesos y fábricas) con los de la revolución digital (internet, redes y sistemas) para lograr una mayor flexibilidad e individualización de los procesos de producción, creando sistemas ciberfísicos e inteligentes, que combinan infraestructura física con software, sensores, nanotecnología y tecnología digital de comunicaciones avanzados. 3

El economista y fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, escribió desde 2016 en su libro La cuarta revolución industrial, que estábamos “...al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes”. 4

Este panorama nos da una importante dimensión sobre la relevancia que tiene y que tendrá para todos los países la inversión en formación de capital humano en ciencias e informática y en ciencia, tecnología e innovación para lograr sus objetivos de crecimiento y desarrollo.

En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo se hizo énfasis en que la ciencia, la tecnología y la innovación son factores fundamentales para el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, que si se hace un esfuerzo para modernizar las capacidades en este ámbito de los países en desarrollo, se puede propiciar una mejora en la productividad, el crecimiento económico, además de promover la inclusión social y posibilitar la sostenibilidad ambiental. 5 Se destaca que para que las políticas en esta materia tengan éxito es primordial sentar los bases fundamentales mediante la creación de un entorno propicio para fomentar la inversión de los sectores público y privado en capital humano y aprendizaje tecnológico. Además de que se debe invertir en infraestructura, garantizar el acceso universal a internet, inversión para en infraestructura y desarrollo de centros de investigación y desarrollo y el diseño de mecanismos de gobernanza que permitan orientar las iniciativas de ciencia, tecnología e innovación, y vincular y coordinar a todas las partes interesadas. 6

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha reiterado en múltiples documentos que “Invertir en ciencia, tecnología e innovación (CTI) es fundamental para el desarrollo económico y el progreso social.” Destaca que la innovación permite a los países “...aplicar las técnicas científicas y los conocimientos tecnológicos al desarrollo de productos y servicios útiles, así como a la creación de empleo”. 7

Lamentablemente en nuestro país hemos subestimado estas recomendaciones y la experiencia internacional de países que han apostado en aumentar sus niveles de gasto e inversión en estos factores. Durante los últimos diez años, el monto asignado a ciencia y tecnología en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) ha rondado entre 0.2 y 0.3 por ciento del producto interno bruto (PIB), mostrando un magro crecimiento entre 2014 y 2015. De acuerdo con el informe general del estado de la ciencia, la tecnología y la innovación 2017 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) el Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental ascendió a 0.48 por ciento del PIB en 2017. Dicha cifra es similar a la reportada por el Banco Mundial y permite observar que la gran parte de este gasto (62.5 por ciento) proviene del sector público, mientras que 22.9 por ciento proviene del sector privado y 14.6 por ciento de otras fuentes. 8

En el mismo sentido, de acuerdo con cifras del último Reporte sobre Ciencia de la UNESCO, México tiene importantes rezagos en la materia. Su inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB en 2014 fue de 0.44 y en 2018 de 0.31 por ciento.

Algunos datos importantes para destacar, si nos comparamos con otros países de la región latinoamericana, es que en 2018 en nuestro país sólo contábamos con 260 investigadores por millón de habitantes, cifra que se encuentra por debajo del promedio de la región que es de 593 investigadores donde Argentina tenía mil 192 y Brasil 888. En lo que respecta a publicaciones y coautoría científica internacional es importante destacar que tuvimos un crecimiento de 2015 a 2019 pasando de 40.3 por ciento a 45 por ciento, cifra que está por encima del promedio regional que es 40.8 por ciento. 9

Sin embargo, los niveles de inversión en este rubro siguen estando por debajo de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En 2018 el promedio era de 2.4 por ciento y nuestro país está lejos de esa cifra, 10 pese a que la Ley de Ciencia y Tecnología establece en su artículo 9 Bis que el monto no debe ser menor a 1 por ciento del PIB.

Un análisis realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados confirma que el gasto en esta materia no ha aumentado y se ha mantenido en 0.4 por ciento en promedio. 11

Recursos Aprobados para la Ciencia y el Desarrollo, 2012-2021 (millones de pesos de 2021)

Fuente: CEFP

Esta realidad conmina al gobierno y a los demás actores políticos involucrados a tomar cartas en el asunto y a redoblar esfuerzos para convertir a la inversión en ciencia, tecnología y desarrollo como catalizadores del crecimiento y desarrollo además de factores democratizadores. En el marco de la crisis de salud y económica que generó la pandemia se ratificó el valor que tienen los centros de investigación, los institutos y la comunidad científica además de la utilidad de las tecnologías digitales en situaciones de emergencia.

La UNESCO ha evidenciado que la tendencia internacional es que la mayoría de los países está aumentando sus niveles de inversión en investigación en ciencia, tecnología e innovación. Datos de este organismo refieren que entre el año 2014 y 2018 más de 30 países aumentaron su gasto en este rubro. Sin embargo, destaca también que la mayoría de los países en vías de desarrollo siguen dependiendo de las tecnologías y conocimientos técnicos procedentes del extranjero por lo que recomienda que para lograr una doble transición verde y digital bajo un enfoque de sostenibilidad se necesitará invertir más en investigación e innovación. 12

En este tenor, consideramos que para que nuestro país no quede a la zaga de la Cuarta Revolución Industrial y siga siendo dependiente de las tecnologías e investigaciones de otros países, es fundamental que establezcamos metas de inversión donde este rubro sea prioritario y estratégico, por lo cual proponemos un incremento del presupuesto en 0.5 por ciento para lograr un 1.5 por ciento en un periodo de 5 años. Consideramos que es un tiempo prudente para reestructurar nuestras políticas y directrices en esta materia, las cuales podrán ser revisadas para establecer nuevas metas. La experiencia internacional ha demostrado que los incrementos en inversión en investigación, ciencia y desarrollo tienen impactos favorables en los niveles de crecimiento económico y de desarrollo humano por lo que debemos ser proactivos a que se cumpla el marco normativo vigente y que asumamos los retos que tenemos como nación en este importante rubro.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología

Único. Se reforma el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 9 Bis. El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto publico correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la investigación científica y desarrollo tecnológico. El monto anual que el Estado-Federación, entidades federativas y municipios destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor a 1.5 por ciento del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en la presente ley.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Educación, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el marco de sus atribuciones presupuestales, deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los montos y rubros prioritarios en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico para alcanzar 1.5 por ciento de gasto público en los 5 ejercicios presupuestales posteriores a la entrada en vigor del decreto.

Notas

1 International Business Machines. ¿Qué es la Industria 4.0?. Cloud Solutions-IBM Cloud México. [En línea] [Fecha de consulta: 30—Julio—2021] Disponible en:

https://www.ibm.com/mx-es/topics/industry-4-0

2 BBVA. ‘Machine learning’: ¿qué es y cómo funciona?. Big Data. Innovación. 22/nov/19 [En línea] [Fecha de consulta: 30—Julio—2021] Disponible en:

https://www.bbva.com/es/machine-learning-para-que-se-usa-en-la-b anca/

3 Pineda Gochi, Ma. Rocío. La cuarta revolución industrial, Industria 4.0. La Crónica de Hoy. 21/Dic/16 [En línea] [Fecha de consulta: 30—Julio—2021] Disponible en:

https://www.cronica.com.mx/notas/2016/1001623.html

4 Perasso, Valeria. Qué es la cuarta revolución industrial (y por qué debería preocuparnos). BBC Mundo. 12/oct/16 [En línea] [Fecha de consulta: 30—Julio—2021] Disponible en:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-37631834

5 ONU. La ciencia, la tecnológica y la innovación como catalizadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Junta de Comercio y Desarrollo. Comisión de la Inversión, la Empresa y el Desarrollo. 25 de septiembre de 2017. P. 1 [En línea] [Fecha de consulta: 01—Agosto—2021] Disponible en:

https://unctad.org/system/files/official-document/ciid36_ES.pdf

6 Ibídem. P. 9

7 UNESCO. Invertir en ciencia, tecnología e innovación. [En línea] [Fecha de consulta: 01—Agosto—2021] Disponible en:

https://es.unesco.org/themes/invertir-ciencia-tecnologia-e-innov acion

8 Ruelas Ávila, Ignacio. Gasto público en ciencia y tecnología en México, ¿por qué, cómo y para qué? Revista Nexos. 2019. [En línea] [Fecha de consulta: 01—Agosto—2021] Disponible en:

https://educacion.nexos.com.mx/gasto-publico-en-ciencia-y-tecnol ogia-en-mexico-por-que-como-y-para-que/

9 UNESCO. Executive Summary. Unescos Cience Report: The race against time for smarter development. Pp. 6-8. [En línea] [Fecha de consulta: 01—Agosto—2021] Disponible en:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377250/PDF/377250eng .pdf.multi.page=6

10 Valle Vargas. Montserrat. El gobierno destina 4.47% más a Ciencia y Tecnología para 2021. Expansión. 09/09/20. [En línea] [Fecha de consulta: 01—Agosto—2021] Disponible en:

https://expansion.mx/tecnologia/2020/09/09/el-gobierno-destina-4 -47-mas-a-ciencia-y-tecnologia-para-2021

11 CEFP. Evolución de los Recursos Federales Aprobados para la Ciencia y el Desarrollo, 2012-2021. Nota Informativa. 06/10/20. P. 12. [En línea] [Fecha de consulta: 01—Agosto—2021] Disponible en:

https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2020/notacefp0682020. pdf

12 UNESCO. La carrera contra el reloj para un desarrollo más inteligente. Informe sobre la ciencia 2021. [En línea] [Fecha de consulta: 01—Agosto—2021] Disponible en:

https://www.unesco.org/reports/science/2021/es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.– Diputadas y diputados: Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Cristina Amezcua González, Cristina Ruiz Sandoval, Jaime Bueno Zertuche, José Antonio Gutiérrez Jardón, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, Marcela Guerra Castillo, Miguel Sámano Peralta, Norma Angélica Aceves García, Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, Reynel Rodríguez Muñoz, Sayonara Vargas Rodríguez, Sue Ellen Bernal Bolnik, Yerico Abramo Masso, Yolanda de la Torre Valdez (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 282 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María del Rosario Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 282 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Desde siempre, tanto en los hogares de manera particular como en la sociedad en su conjunto, de manera generalizada atravesar por una enfermedad de prolongado tratamiento y, si es el caso, de permanencia hospitalaria representa una gran preocupación, reto y gasto, muchas veces imprevisto, para las finanzas familiares.

Lamentablemente, el abanico de este tipo de padecimientos es grande y sumamente diverso. Son muchas las enfermedades que nos remiten a esta condición, al igual que las lesiones que nos pueden llevar a ello.

En lo que se refiere a las enfermedades, son, de igual manera, muy diversificados los detonantes y los factores de riesgo que las crean, las motivan o las favorecen.

Por ejemplo, tenemos las cuestiones genético-hereditarias y, por otro lado, los hábitos de alimentación, cuidados y procuración de la salud, además de cuestiones como la contaminación o hasta los niveles de preocupación o estrés a los que nos sometemos.

Como podemos darnos cuenta, algunos detonantes de estas enfermedades los podemos controlar, evitar y quizás hasta erradicar, otros, desafortunadamente, están fuera de nuestras manos.

La humanidad ha dado atención y seguimiento a este tipo de enfermedades, es decir, a su diagnóstico, identificación, prevención y tratamiento, y, al mismo tiempo, a los factores de riesgo o detonantes de las mismas.

A la par de lo anterior, hemos puesto mucho empeño en desarrollar, consolidar y contar con una infraestructura médica y hospitalaria adecuada para coadyuvar en esta tarea.

De entre todas estas enfermedades de tratamiento prolongado y devastadoras emocionalmente tenemos una en particular que es sumamente alarmante: el cáncer.

Esta enfermedad, hasta hace no mucho tiempo, la asumíamos como poco frecuente, es decir, no eran mucho los casos presentes entre nuestra población y generalmente se presentaba en población de edad adulta o adulta mayor, o al menos esa era la percepción.

No obstante, hoy tanto la situación real como la percepción de esta enfermedad han cambiado radicalmente.

Esta enfermedad es definida por la academia médica como un padecimiento que se desarrolla a partir de un “rápido y desordenado crecimiento de células anormales”. 1

Condición médica de la cual, desafortunadamente, y a pesar de todo el avance tecnológico en materia de salud con el cual contamos, no hemos podido ni curar ni prevenir del todo.

Su diagnóstico preciso muchas veces es complicado y en algunas ocasiones es hasta tardío, derivado de que los síntomas que nos alertan sobre su padecimiento aparecen cuando la enfermedad ya ha avanzado notoriamente en nuestro organismo.

Es cierto que los chequeos habituales del estado general de salud con una periodicidad anual nos alertarían de la probable presencia o desarrollo temprano de una condición así, pero la realidad es que somos un país con una población sin una cultura y muy probablemente también sin los medios y recursos necesarios para realizarse esos chequeos médicos y de prevención de la salud de manera regular.

De hecho, autoridades en materia de salud señalan que 7 de cada 10 mexicanos no se realizan estudios preventivos ni chequeos de su condición y estado de salud. 2

Ante ello, la presencia del cáncer entre nuestra población, de todas las edades y sin importar género, es cada vez mayor. Lo anterior es muy preocupante en materia de salud pública.

Se trata de un reto mayor de muchos vértices por atender; por un lado, tenemos pendientes en lo que respecta al diagnóstico oportuno, como también al tratamiento correcto y accesible y, por otro, está la prevención del padecimiento.

A nivel mundial han sido notables los esfuerzos por hacerle frente a esta enfermedad, se ha avanzado significativamente al grado de que su padecimiento ya no es una sentencia segura de muerte. Pero, a pesar de todos los adelantos en materia de tecnología, no hemos podido aún descubrir su cura.

Por eso sigue siendo todavía elevada su mortalidad y, por supuesto, un factor de alta preocupación entre las familias que tienen algún integrante con esta condición, lo que convierte cualquier esfuerzo por avanzar en prevenirlo e identificarlo en un muy valioso propósito.

Así lo es para todos en general y más aún para las familias de los poco más de 8.8 millones de personas que pierden la vida a nivel mundial cada año, por consecuencia directa del cáncer. 3

En nuestro país, el panorama es igual de preocupante y en algunos casos, muy desalentador.

Cada año nuestras autoridades en materia de salud reportan y dan cuenta de que en promedio se registran 191 mil casos nuevos de cáncer entre la población de diferentes edades cada año. 4

Asimismo, señalan nuestras autoridades que el cáncer es ya la tercera principal causa de muerte entre nuestra población y que, de seguir la misma tendencia y estadística en cuanto a casos, se estima que para el año 2026 el diagnóstico de tumores cancerígenos se incrementará en al menos un 50%. 5

En otras palabras, hoy en día 14 defunciones de cada 100 que se registran en México son a causa del cáncer. 6

Desafortunadamente, para nuestro país, como se mencionó anteriormente, el número de defunciones se ve favorecido al alza porque la identificación del cáncer se realiza en etapas tardías, cuando ya ha avanzado demasiado, o bien, se ha diseminado a más partes y órganos del cuerpo, lo cual complica y, en ocasiones, anula definitivamente la posibilidad de combatirlo. 7

En nuestro país, se registran poco más de 84 mil muertes por cáncer cada año, siendo los principales tipos el cáncer de mama, de próstata, de colon, de tiroides, cérvico-uterino y de pulmón. 8

Asimismo, vale la pena resaltar que el 30 por ciento de los distintos tipos de cáncer que se diagnostican entre nuestra población se deben directamente al tabaquismo, el consumo de alcohol, hábitos alimenticios, contaminación ambiental y sedentarismo; en otras palabras, se trata de padecimientos que pueden prevenidos. 9

El cáncer reduce drásticamente la expectativa de vida de quienes lo padecen, aun identificándolo en sus etapas iniciales. De acuerdo con estudios al respecto, se sabe que la expectativa de vida de los pacientes con cáncer puede llegar a reducirse hasta los 63 años.

Con todo lo anterior, quienes integramos la presente legislatura nos podemos dar cuenta del enorme reto pendiente que tenemos respecto a la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer entre nuestra población.

Por ello, es sumamente relevante que coadyuvemos en todas las etapas, en el esfuerzo por combatirlo y con ello ayudar a quienes lo padecen y proteger a la población para que no lo desarrolle.

Lo anterior implica que estemos atentos y pendientes para dotar a nuestro país de la infraestructura necesaria para hacerle frente a este mal, asimismo, el tener y mantener el suficiente capital humano de servicios de salud para su correcto tratamiento y, a la par, garantizar los medicamentos e insumos suficientes para combatirlo.

En este sentido, no podemos omitir atender o desentendernos de la prevención y la eliminación de los factores que lo detonan o desarrollan.

Cualquier estrategia pública para mitigar la incidencia del cáncer entre la población estaría incompleta si no se atienden los detonantes y factores de riesgo.

En este propósito especialmente preponderante, hay un material que sigue siendo ampliamente usado en nuestro país y que, precisamente, es objeto de la presente iniciativa. Este material ha sido identificado mundialmente como una sustancia alta y peligrosamente cancerígena y también mortalmente contaminante, me refiero al asbesto.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el asbesto, también llamado amianto, es un mineral con destacadas cualidades de resistencia a la fricción, el desgaste natural, el calor y con un costo muy accesible. 10

Esas cualidades han permitido que el asbesto sea muy demandado y ampliamente utilizado para producir un sinnúmero de objetos y productos tanto industriales como de uso cotidiano y permanente en nuestros hogares, que pueden ser desde tubería para agua y drenaje hasta pisos, láminas, tinacos, techos, aditivos para plásticos, envases y autopartes, entre muchos productos más.

Desde 1977 se identificó que el asbesto era un material altamente cancerígeno y que la inhalación de sus fibras provoca cáncer pleural, cáncer del peritoneo, de faringe, de ovarios y pulmonar. 11

Igualmente, para 1986, el asbesto fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como elemento cancerígeno con una ventana de 20 años para la manifestación de su impacto en la salud. 12

A la par, desde ese entonces se reconoció y se alertó mundialmente a la población y a los gobiernos que no hay un nivel mínimo seguro de exposición a cualquier tipo de asbestos o sus variantes. 13

Por ello, se tiene el registro de que a nivel mundial más de 50 países ya han prohibido determinante y absolutamente su uso, o bien, el uso de sus variantes.

En nuestro país el asbesto no está prohibido, por mucho tiempo se ha debatido demasiado al respecto, pero desafortunadamente los intereses económicos de particulares se han impuesto o han sometido al interés supremo de la salud pública, de la salud de la población que los gobiernos están obligados a atender, preservar y garantizar.

Irónicamente el asbesto y su amplio uso o aplicación es defendido por parte de la industria, dado su bajo costo, a pesar de que todo el asbesto utilizado en nuestro país es importado, porque nosotros no contamos con minas para su extracción. 14

Todo esto, muy a pesar de los significativos casos registrados desde ese entonces y hasta la fecha de cáncer en las cercanías de las empresas que lo utilizan, así como también de los casos identificados por la exposición directa o indirecta a productos hechos con este material, o bien, por el contacto con agua contaminada por pasar a través de tuberías hechas de asbesto o por almacenarla en tinacos para agua de uso doméstico.

De hecho, todavía existen muchos hogares en todo el país, tanto en ambientes urbanos como rurales, que siguen usando láminas de asbesto para techar sus habitaciones.

Basta señalar que, de acuerdo al último censo de población y vivienda de nuestro país, de los más de 35 millones de viviendas particulares que hay en nuestro territorio, al menos el 17 por ciento de estos tienen techo de lámina. 15

Y el principal material con el que está hecha las láminas con las que millones de personas techan sus hogares es el asbesto.

Con este simple dato nos podemos dar cuenta de la magnitud del problema, del enorme tamaño de esa fuente cancerígena para quienes habitan esos hogares y además para toda la población porque el asbesto genera residuos que se convierten en un mortal contaminante para todo el medio ambiente. Así de preocupante es el problema que hemos dejado crecer, así de colosal es esta condenable situación de salud pública.

Si lo anterior no fuera suficiente, todavía tenemos otra presencia sumamente peligrosa del asbesto en nuestras vidas, en nuestro ambiente. Peligrosamente, la gran mayoría de extensión de la red hidráulica de agua para uso doméstico en muchas ciudades del país está compuesta por tubería de asbesto.

En otras palabras, en nuestros hogares estamos recibiendo y utilizando agua potencialmente contaminada por las características que posee el asbesto en función de la erosión y el paso del tiempo. Lo mismo pasa con la mayoría de la tubería de nuestros drenajes.

Por ello, no solo estamos ante un problema mayúsculo en materia de salud pública, no solo estamos ante un material altamente toxico y cancerígeno, sino también ante un contaminante sumamente peligroso y letal.

Al haber tantos hogares techados con láminas de asbesto y con una gran red hidráulica de agua para uso doméstico, el aire que respiramos y el agua que consumimos podrían estar peligrosamente contaminados con este material cancerígeno. Lamentablemente, por mucho tiempo no hemos querido o hemos omitido hacer algo al respecto, o bien, hemos cedido al argumento de la industria la cual afirma que no hay material para sustituirlo.

Lo anterior representa un argumento falso porque sí hay sustitutos disponibles e igualmente accesibles en cuanto a su costo. Tenemos sustitutos del asbesto que han probado no representar un riesgo para la salud, además de ser materiales sustentables, como algunas fibras sintéticas e incluso fibras vegetales que ya están disponibles.

En realidad, el verdadero argumento o motivo por el que la industria se rehúsa a dejar de utilizar el asbesto, es por interés económico, por cuestiones de utilidad, de ganancia.

El hecho de que se privilegie la ganancia y el lucro económico de los particulares por encima de la vida de los seres humanos es algo intolerable, es algo que ya no podemos permitir más. Esta soberanía debe asumir la responsabilidad que le corresponde y atender este peligroso pendiente que podría seguir dañando la salud de toda nuestra población, que ha arrebatado la vida a muchos mexicanos y que puede seguir contaminando letalmente nuestro medio ambiente y nuestra agua.

Por eso es tiempo de que hagamos un balance serio y real, entre la salud pública de toda nuestra población y las utilidades que obtienen algunas empresas y prohibir tajantemente el uso de asbestos en nuestro país.

Entiendo y acepto que debe haber un periodo de gracia para que la industria se adapte, así debe de ser, pero la prohibición debe ser impostergable y no puede tardarse más allá del tiempo que se determine como prórroga.

Debemos proteger la vida de nuestra población antes que defender las ganancias de unos cuantos.

En nuestro país, el cáncer de pulmón es el tumor más letal entre nuestra población y, aunque por el número de casos no está entre los primeros tipos de cáncer, es el cáncer que ocupa el primer lugar en muertes causadas. 16

Además, en promedio el 85 por ciento de los casos de cáncer de pulmón que se presentan entre nuestra población se encuentran relacionados directamente al tabaquismo, o bien, a la contaminación del medio ambiente. 17 En lo anterior no hay duda de que el asbesto es un factor preponderante.

Esta Soberanía está obligada urgentemente a defender la vida de toda nuestra población y proteger la salud de todos y también nuestro medio ambiente.

Por todo lo aquí expuesto, la que suscribe somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 282 de la Ley General de Salud

Artículo Único.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 282 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 282.- El control sanitario de las substancias a que se refiere el artículo 278, se ajustará a lo establecido en esta ley y demás disposiciones aplicables, de acuerdo con el riesgo que representen directa o indirectamente para la salud humana.

Queda prohibido el uso, almacenamiento y/o comercialización de asbesto y sus variantes, así como de sus productos o derivados, considerados en términos de la presente Ley como sustancia peligrosa y tóxica para la salud de las personas.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el año posterior al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud contará con un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para modificar la legislación reglamentaria en términos del presente decreto.

Tercero.- Queda sin efectos la Norma Oficial Mexicana NOM-125-SSA1-2016, Que establece los requisitos sanitarios para el proceso y uso de asbesto, así como todos aquellos preceptos jurídicos que contravengan el presente decreto.

Notas

1 Mortalidad por cáncer. Bustamante. 2012.

2 Secretaría de Salud.

3 Organización Mundial de la Salud.

4 Secretaría de Salud. 2020.

5 Secretaría de Salud. 2021.

6 Secretaría de Salud. 2020

7 Instituto Nacional de Cancerología.

8 Secretaría de Salud. 2020.

9 Secretaría de Salud. 2020.

10 OMS.

11 OMS y Agencia Internacional de Investigación del Cáncer.

12 OMS.

13 OMS.

14 Secretaría de Economía. México

15 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI.

16 Secretaría de Salud e Instituto Nacional de Cancerología.

17 Secretaría de Salud e Instituto Nacional de Cancerología.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 7 de octubre de 2021.– Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 110 y 132 de la Ley Federal del Trabajo y 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputado Benjamín Robles Montoya y Diputada Maribel Martínez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 77, 78 y 102, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de deducibilidad de pensiones, de conformidad con la siguiente

Según lo ha señalado el Fondo Monetario Internacional (FMI), los países en vías de desarrollo deben de destinar más recursos privados y del propio trabajador para que estos últimos tengan una pensión digna. Hacia el 2050, se tendrá que destinar adicionalmente un 2% del PIB global en pensiones.

En un estudio publicado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro se da cuenta que, con la estructura poblacional de principios del siglo XX, esos sistemas eran sostenibles, ya que la cantidad de jóvenes en la fuerza laboral era mucho mayor que el número de jubilados. En la medida en que se ha ido alargando la esperanza de vida y se observaron otras transiciones demográficas como alteraciones en las tasas de natalidad y mortalidad, así como transformaciones de la dinámica en los mercados laborales, esos sistemas se tornaron financieramente insostenibles desde un punto de vista actuarial. El resultado es que cada vez son más las personas jubiladas en proporción a las activas. Por ende, muchos países enfrentaron problemas fiscales graves derivados del sistema pensionario de reparto.

Ello motivó a realizar reformas que sustituyeran al sistema anterior por uno de cuentas individuales o de capitalización total, conocidos también como de contribución definida, de acuerdo al cual cada trabajador acumulará individualmente los recursos que le servirán para financiar su pensión.

En México el caso es similar, pues si bien la tasa de fertilidad se mantiene relativamente alta, la pirámide poblacional ya está comenzando a invertirse. En 1997 se reformó el sistema de pensiones del IMSS y a partir de ese año, los trabajadores tienen una cuenta individual en donde se depositan sus contribuciones a la seguridad social y sus pensiones serán financiadas con los recursos que tengan acumulados en esa cuenta al momento de su retiro. En 2007 este régimen se extendió a los servidores públicos cotizantes al ISSSTE. En principio, un esquema de cuentas individuales aísla el pago de pensiones de la situación demográfica, pues el beneficio es directamente proporcional al saldo acumulado que a su vez depende de manera importante de la carrera laboral.

Sin embargo, aun en los sistemas de contribución definida, los cambios demográficos son relevantes, sobre todo si consideramos que la pensión toma la forma de un pago vitalicio. Simplemente si el pensionado vive más años la pensión puede resultar insuficiente para financiar dignamente los gastos de la vejez. El aumento en la esperanza de vida en todo el mundo en las últimas décadas ha sido producto, entre otros factores, de cambios tecnológicos dramáticos en la medicina y los cuidados de la salud y en la toma de conciencia de factores negativos como una alimentación desbalanceada, la obesidad y fumar, que se han traducido en políticas públicas para combatirlas. Por otra parte, la longevidad tiene un impacto sobre la salud financiera de cualquier plan de pensiones. Se dice que estos enfrentan un riesgo de longevidad; este se define como el riesgo potencial asociado con el aumento de la esperanza de vida de los pensionados y de los que mantienen algún plan para el retiro (renta vitalicia, pagos programados, etc.). Es decir, depende del aumento de años de vida, de las reglas de beneficios del plan y de la manera en que son retirados los recursos. Ello podría convertirse en pagos mayores a los previstos por los fondos de pensiones y las compañías aseguradoras. El riesgo para los individuos que para su retiro viven de alguna forma de ahorro, es que vivirán más y en consecuencia en algún momento agotarán su fuente de financiamiento. Por lo tanto, este es un tema para el diseño de políticas públicas enfocadas al combate a la pobreza, sobre todo para el estrato de los adultos mayores.

Por tal motivo y dada la relevancia del funcionamiento del sistema de pensiones en México se requieren modificaciones para solucionar algunos de los retos a los que se enfrenta. En 2022, se iniciarán los trámites de retiro de los primeros pensionados bajo el régimen de cuentas individualizadas. Según estimaciones, la mayoría de ellos no alcanzará a obtener una pensión. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) calcula que alrededor de 80,000 personas alcanzarán la edad de jubilación en 2022; sin embargo, 7 de cada 10 personas que debieron haber empezado a trabajar después de 1997 o, al menos, a cotizar ante el IMSS, no acumularán las 1,250 semanas de cotización necesarias para poder acceder, cuando menos, a una pensión mínima garantizada.

Ante este difícil panorama, una posible alternativa es que las y los trabajadores tengan la posibilidad de contar con un fondo de pensiones complementario que les permita obtener mejores rendimientos. Para ello, la presente iniciativa plantea establecer la obligación de los patrones, de brindar al trabajador un fondo de pensiones complementario a los ya establecidos en las disposiciones de seguridad social cuando el trabajador lo solicite.

Si bien es cierto que, en principio, dicha obligación generaría una carga adicional para el patrón, también podría ser generador de beneficios para los mismos, recordando que las prestaciones de previsión social, tal sería el caso del fondo de pensiones complementario, son objeto de deducción, lo que constituye un incentivo para que los patrones cumplan con esta obligación.

En ese tenor de ideas, el artículo 7, párrafo quinto, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, considera como previsión social aquellas erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas, tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia. Señala, además, que en ningún caso se considerará previsión social las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios o miembros de sociedades cooperativas.

Con base en la anterior definición, el artículo 25 de la ley en cuestión establece las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes, entre las que se encuentran contempladas, en la fracción X, las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social.

De lo anterior se desprende, por un lado, que la ley ya prevé la posibilidad de aportaciones complementarias y, por otro, que dichas aportaciones sean deducibles del impuesto sobre la renta para el patrón; dada la preocupación que el tema conlleva, es importante resaltar que la proporción de la no deducibilidad del 53% o 47% por el concepto de previsión social deja en inconsistencia el tema que nos compete, ya que si bien buscamos un bien poblacional, también es importante generar un beneficio global tanto para las personas físicas como para las personas morales quienes llevarían a cabo la misión de fomentar una cultura de ahorro creando y poniendo a disposición de los trabajadores un fondo de pensiones complementario.

Así también, el artículo 27 de la referida ley señala en su fracción XI como requisito para las deducciones en materia de previsión social, que las prestaciones correspondientes se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores; es decir, la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que las prestaciones en materia de previsión social, como lo son las aportaciones a un fondo de pensiones, son deducibles a condición de que sean otorgadas de manera general.

Así pues, el establecimiento de la obligación que se propone para el patrón no redunda en un perjuicio para sus finanzas, pues le brinda la posibilidad de deducir impuestos con el consecuente beneficio directo para el trabajador, quien contará con un ahorro adicional.

Cabe señalar que los fondos complementarios referidos en la presente propuesta deberán operar bajo las disposiciones de carácter general expedidas por la Consar, en los términos que mandata la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Ahora bien, con el fin de que la deducción sea equilibrada y proporcional para el patrón y, por tanto, constituya un verdadero incentivo, resulta necesario eliminar los topes establecidos en la fracción X del propio artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que la propuesta específica consiste en derogar la porción normativa del texto vigente de dicha fracción, posterior al punto y seguido.

De igual forma, tal y como se señaló anteriormente, se plantea la necesidad de establecer la obligación legal expresa del patrón, de brindar a las y los trabajadores un fondo de pensiones complementarios a los ya establecidos en las disposiciones de Seguridad Social, obligación que se propone establecer en el artículo 132 fracción de la Ley Federal del Trabajo, para lo cual proponemos la adición de una fracción XXXIV a dicho artículo.

La necesidad de incorporar dicha obligación de forma expresa radica en que sólo de esa manera se podrá garantizar el carácter de generalidad que exige la fracción XI del artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, como requisito para las deducciones por gastos de previsión social, asimismo, contemplar que los y las empleadas cuenten con la libertad y facilidad de realizar sus aportaciones a dichos fondos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Artículo Primero. Se reforma la fracción VII y se adiciona una fracción VIII al artículo 110; se reforman las fracciones XXXII y XXXIII y se adiciona una fracción XXXIV al artículo 132, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 110. ...

I. a VI.

VII. Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el Instituto a que se refiere el artículo 103 Bis de esta Ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo, o al pago de servicios. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder del veinte por ciento del salario;

VIII. Las aportaciones destinadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social o bien para fondos destinados a los planes personales de retiro contratados por el trabajador. Estos descuentos deberán haber sido aceptados o solicitados previamente por el trabajador.

Artículo 132. ...

I. a XXXI. ...

XXXII. Fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo el texto fiel de la convocatoria y demás documentos que le solicite el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el desarrollo del procedimiento de consulta a que hacen referencia los artículos 390 Bis y 390 Ter;

XXXIII. Fijar en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo la convocatoria que le solicite el sindicato cuando se consulte a los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo inicial o el convenio de revisión, en términos de los artículos 390 Ter y 400 Bis, y

XXXIV. Contratar un fondo de pensiones o jubilaciones complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social para los trabajadores, cuando estos últimos así lo soliciten. Dichos planes deberán reunir los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción X del artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

I. a IX. ...

X. Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, y de primas de antigüedad constituidas en los términos de esta Ley.

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal realizará, en un plazo de 180 días, las modificaciones necesarias a las disposiciones reglamentarias correspondientes, a fin de armonizarlas con el presente decreto.

Tercero. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro realizará, en un plazo de 180 días, las modificaciones necesarias a las disposiciones de carácter general aplicables a los planes de pensiones, a fin de armonizarlas con el presente decreto.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 21 de septiembre de 2021.– Diputada y diputado: Maribel Martínez Ruiz, Benjamín Robles Montoya (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 27 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los suscritos, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fractura hidráulica, en materia de protección ambiental, bajo la siguiente:

I. El fracturamiento hidráulico, también conocido como fracking, es un tratamiento de estimulación que se realiza en yacimientos de baja permeabilidad, con la finalidad de generar una comunicación de alta conductividad entre la formación y el pozo productor. Este se realiza por medio de la inyección de fluidos con diseños técnicos especiales, los cuales se bombean a una presión y a un régimen de bombeo alto en el intervalo a tratar, mismo que provoca la apertura de fracturas verticales que se extienden lejos del pozo. Para evitar que las fracturas se cierren por el peso de la formación, se inyecta un fluido mezclado con un apuntalante (como arena) para mantener la comunicación con el intervalo. 1

La inyección de los fluidos para llevar a cabo el fracturamiento hidráulico se realiza por etapas, inyectando en primera instancia el fluido fracturante para generar la fractura y la propagación de la misma, y posteriormente se inyecta nuevamente otro fluido mezclado con un apuntalantes para evitar el cierre de la fractura. 2

II. La utilización del fracturamiento hidráulico para la extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales ha sido una de las técnicas que ha sido más cuestionada alrededor del mundo, debido a los daños ambientales que ocasiona.

De manera general, la utilización de esta técnica genera, entre otras cosas, una degradación del área de asentamiento donde se llevarán a cabo las perforaciones, pues se instalan plataformas de perforación, áreas de estacionamiento y maniobra para camiones, equipos de procesamiento de gas, instalaciones de transporte para los hidrocarburos y accesos a carreteras.

Asimismo, otro de los puntos que más generan controversia es el relacionado con la emisión de contaminantes hacia la atmósfera, la contaminación de acuíferos cercanos a los pozos debido a los flujos incontrolados del gas o de los fluidos utilizados para fracturar la formación, además, se corre el riesgo de tener derrames o fugas de fluidos fracturantes, así como la descarga incontrolada de aguas residuales. 3

Derivado de lo anterior, muchos países han cuestionado el uso del fracturamiento hidráulico para la extracción de hidrocarburos, llegando incluso a generar su prohibición. Ejemplo de ello se ve en la decisión que tuvo el Consejo de Estado de Colombia, el cual se opuso al recurso de súplica del ministerio de Minas, ya que pedía el permiso para adelantar pruebas piloto para exploración y explotación en yacimientos no convencionales. 4

Asimismo, el gobierno alemán aprobó en 2016 una moratoria que prohibía la utilización de la fractura hidráulica para la extracción de gas en yacimientos lutíticos, ello en virtud de los riesgos ambientales que dicha técnica implica. 5

Por su parte, en fechas recientes, España estableció en su Ley de Cambio Climático y Transición Energética la prohibición de esta práctica, 6  mientras que, Francia, Bulgaria y Austria prohibieron el fracturamiento hidráulico entre 2011 y 2012. 7

III. El uso de grandes volúmenes de agua es uno de los puntos más preocupantes cuando se lleva a cabo la extracción de hidrocarburos por medio de la fractura hidráulica, ya que se utiliza un volumen promedio de entre 2 a 4 millones de galones por pozo, 8 del cual únicamente se logra recuperar entre el 30 y 40 por ciento del volumen total, sin embargo, el agua recuperada en superficie regresa totalmente contaminada por la mezcla de químicos que se utilizan en esta práctica, algo que la vuelve totalmente inadecuada para el consumo humano. Aunado a lo anterior, la reutilización de esta agua resulta demasiado costosa, por lo que únicamente se llega a reciclar una quinta parte del agua recuperada. 9

Los fluidos utilizados en el fracturamiento para la extracción de gas en formaciones lutíticas regularmente están constituidos de agua, un agente de sostén o apuntalante y una pequeña cantidad de fluidos no acuosos diseñados para reducir la caída de presión de fricción, mientras se bombea fluido hacia el interior del pozo. De manera general, los fluidos de fracturamiento contienen geles, reductores de fricción, reticuladores, rompedores del gel y surfactantes similares a cosméticos y productos de limpieza domésticos, con la finalidad de mejorar los resultados en la operación de estimulación. 10

Estos químicos son adicionados con la finalidad de cambiar las propiedades fisicoquímicas del fluido, como la densidad, el Ph, o la viscosidad, y representan, aproximadamente, el 1 por ciento del volumen total del fluido fracturante. 11

La problemática que se tiene con el fluido fracturante es que este puede canalizarse más allá de la formación objetivo, llegando incluso a contaminar acuíferos cercanos, ya que dicho proceso modifica las condiciones naturales de la permeabilidad de la formación, lo cual permite la conexión de esta con otros materiales de permeabilidad intrínseca, tales como los acuíferos, derivando así, en un intercambio de fluidos. 12

Durante el proceso de fracturamiento, la tubería y la cementación del pozo es sometida a grandes presiones, las cuales llegan a afectar en gran medida a la estructura del pozo. Aun cuando la cementación logra en gran medida mantener aislados los acuíferos cercanos al pozo petrolero, al ser sometido a una alta presión llega a generar fallas mecánicas en el pozo.

Al respecto, en 2011 el Departamento de Protección del Medio Ambiental (EPA) de los Estados Unidos de América presentó un reporte realizado en Pensilvania, donde se mostraba que en numerosos casos, la contaminación de acuíferos cercanos a los pozos donde se utilizó fracturamiento hidráulico, era el producto de una cementación defectuosa. 13

La siguiente tabla muestra algunos de los compuestos químicos más comunes utilizados en los fluidos para fracturamiento hidráulico. 14

15, 16, 17, 18, 19

V. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2017 dictó una Opinión Consultiva sobre las obligaciones estatales en relación con el medio ambiente y su vinculación con el ejercicio de los derechos de las personas en la que determinó lo siguiente: 20

“Se reconoció  la existencia de una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos, en tanto la degradación ambiental afecta el goce efectivo de los derechos humanos. Asimismo, destacó la relación de interdependencia e indivisibilidad que existe entre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, pues el pleno disfrute de todos los derechos humanos depende de un medio propicio”.

Por su parte, la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4o., párrafo quinto señala:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

En 2019 se publicó el estudio “Impactos del fracking en las mujeres” realizado por la Alianza Mexicana contra el fracking, la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa de las Huastecas y el Totonacapan (Corason) y Fundar, Centro de Analisis e Investigación, AC, con el apoyo de la fundación Heinrich Böll Stiftungen, en el que se señala que las consecuencias del fracking sobre la salud y el daño al medio ambiente son violatorios de derechos humanos: 21

“Uno de los principales derechos vulnerados por el fracking, es el derecho a un medio ambiente sano. Sin duda, el vínculo entre medio ambiente y derechos humanos se apuntala en la necesidad de garantizar el primero para lograr el pleno ejercicio de todos los demás derechos humanos, pues de las condiciones medioambientales depende el sano desarrollo”.

V. El informe “Impactos del Fracking en las mujeres” logró identificar 118 municipios en las entidades de: Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León, Puebla, Hidalgo y Coahuila que potencialmente podrán ser afectados por fracking en nuestro país. Este informe documenta que el 79 por ciento de estas localidades tienen un grado alto o muy alto de marginación, es decir, hay condiciones de pobreza y carencia de servicios públicos y el 44 por ciento corresponde a zonas rurales. 22

Además, el citado estudio en el que participaron las organizaciones mencionadas y cuya autoría es de Beatriz Olivera, Alejandra Jiménez y Sol Pérez, alerta que de la población total de esos 118 municipios (4 millones 106 mil 091 personas) el 51 por ciento de la población son mujeres y en particular se han identificado 6 mil 664 localidades rurales ubicadas en los polígonos que están destinados para la extracción de hidrocarburos de forma no convencional, en las que habitan 716 mil 747 personas que pudieran ser afectadas directas por la práctica del fracking.

Si bien en la mayoría de estas zonas, como ya se mencionó, la población se enfrenta a barreras de marginación y problemas para acceder a los servicios, las mujeres son mucho más afectadas por las condiciones sociales y culturales de exclusión que prevalecen en zonas rurales de México. Por ejemplo, los niveles de rezago educativo y de acceso a los servicios de salud son mayores entre las mujeres que en los hombres en las zonas rurales (y más en comparación con la zona urbana) así como las horas que se invierten en trabajo no remunerado.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que el 46 por ciento de las mujeres rurales no tienen ingresos propios frente al 15 por ciento de los hombres en el país, además, persisten barreras para que puedan acceder a la propiedad de la tierra.

Sumado a todas estas desigualdades, el referido estudio “Impactos del Fracking en las Mujeres” señala que esta práctica afecta de forma diferenciada a las mujeres por varios aspectos y una muy seria es la falta de acceso al agua potable en las zonas donde se realiza el fracking.

Dicho informe, tras un análisis cartográfico, revela que los municipios sin acceso al agua y donde habitan mayor cantidad de mujeres, se encuentran en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz, y en esta última entidad, los 4 municipios con mayor número de mujeres sin acceso al agua son donde se realiza el fracking. 23

La escasez se agrava con el fracking, pues como se ha señalado, para realizar la fractura hidráulica se inyectan millones de litros de agua lo que afecta aún más la disponibilidad de este recurso natural, problema más grave para las mujeres de estas comunidades que deben hacerse cargo de los cuidados de la familia y la alimentación pese a la carencia del vital líquido.

Además, en estas zonas se tiene la presencia de un gran número de mujeres indígenas, quienes a decir del informe en mención, son las más vulnerables por diferentes factores como la violación a su derecho de acceso a la información sobre las prácticas de fracking en sus comunidades.

Asimismo, las mujeres también se convierten en víctimas de los efectos del fracking por cuestiones de salud. Al respecto, la Fundación Heinrich Böll-Stiftung en conjunto con las organizaciones norteamericanas Concerned Health Professionals y Physicians for Social Responsability de Nueva York, presentaron en 2019 el “Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del fracking”. 24

En este compendio se citan investigaciones realizadas en zonas como Pensilvania, Estados Unidos, donde se realizan operaciones de fracking, en las que se exponen los posibles riesgos a los que se enfrentan las mujeres embarazadas que ahí habitan, como un 40 por ciento más de probabilidades de dar a luz prematuramente y un riesgo 30 por ciento mayor de tener embarazos de alto riesgo diagnosticados por especialistas.

Asimismo, refiere que se han publicado informes que también relacionan las sustancias emitidas por la práctica del fracking con el aumento de infecciones genitourinarias y enfermedades renales en mujeres de entre 20 y 62 años de edad.

Oxford Research Encyclopedias en “Environmental Health Concerns from Unconventional Natural Gas Development” menciona que las sustancias utilizadas para el fracking contaminan el aire, agua y la tierra, y estos químicos pueden ser riesgosos para la salud de las comunidades cercanas a donde se realiza esta actividad. También, refiere estudios que han encontrado efectos nocivos más agravados en mujeres embarazadas, recién nacidos, niñas, niños y bebés. 25

En un informe de la Alianza Mexicana contra el Fracking se explica que el tolueno, sustancia usada para el fracking,  puede provocar abortos espontáneos o retraso en el crecimiento sus hijas e hijos, defícit de atención y daños en su desarrollo. 26

Uno de los efectos más graves en la salud de las mujeres que puede estar relacionado con los químicos utilizados para la fractura hidráulica y los gases que se emiten por este proceso, es el aumento de las tasas de cáncer de mama, señala el mismo informe.

La Alianza Mexicana contra el Fracking alerta que los productos químicos usados al realizar el fracking son disruptores endocrinos, es decir, contaminantes ambientales que causan una alteración de las hormonas, como lo son el benceno, el 1,3-butadieno y el óxido de etileno, mismos que están relacionados con el cáncer de mama. Además, este informe señala que  las zonas más cercanas al uso de la técnica del fracking efectivamente tienen tasas más altas de otros tipos de  cáncer, problemas nerviosos, inmunes y del sistema cardiovascular por las sustancias tóxicas que se emiten.

La organización internacional Breast Cancer Action ha señalado tajantemente que se oponen a la técnica del fracking y han pedido su prohibición porque las sustancias químicas tóxicas que se emiten al medio ambiente están relacionadas con el cáncer de mama y cita estudios del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el que identificaron 700 sustancias químicas que pueden ser nocivas a la salud, entre estas  el benceno, la acrilamida, el óxido de etileno, el bisfenol Aiv y el formaldehído que son carcinógenos que se ha comprobado tienen  vínculo con el cáncer de mama. 27

Asimismo el estudio “Impactos del Fracking de Mujeres” refiere  que la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos (2011) relaciona el cáncer de mama con el benceno, el 1,3-butadieno y el óxido de etileno mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos detectaron que 6 condados de Dallas-Fort Worth, Texas, donde se  realizaba una perforación intensiva de gas, tenían las tasas más altas de cáncer de mama en ese estado. 28

En nuestro país, el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en mujeres y en 2019 por cada 100 mil mujeres mayores de 20 años se reportaron 35.24 nuevos casos de este padecimiento. Las autoridades de salud reportan 17.19 defunciones por cada 100 mil mujeres. 29

Finalmente, otro efecto diferenciado que impacta a las mujeres, según el compendio de la Fundación Heinrich Böll-Stiftung, Concerned Health Professionals y Physicians for Social Responsability, es el incremento de la violencia hacia las mujeres en las zonas donde se realiza el fracking, según un análisis en localidades de Estados Unidos la llegada de  instalaciones especiales para la operación y perforación a las comunidades provocó un aumento en los casos de abuso contra las  mujeres. 30

Desafortunadamente, en nuestro país hay pocas investigaciones de los nocivos efectos sobre la salud de las personas por la técnica del fracking, pero existe suficiente evidencia internacional para comprobar que hay un daño en la salud, especialmente de las mujeres como ya se ha mencionado.

VI. La técnica del fracturamiento hidráulico para la extracción de hidrocarburos genera diversos efectos nocivos tanto para el medio ambiente como para la salud de los seres vivos que dependemos de este. Además, la relación que existe entre el costo beneficio por la utilización de esta técnica, pone en duda su utilización, dadas la violaciones a los derechos humanos que de ello deriva.

En tal sentido, la presente iniciativa plantea adicionar en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la disposición específica para prohibir la utilización de técnicas como el fracturamiento hidráulico en nuestro país, para tener una medida de largo plazo que permita la salvaguarda del medio ambiente y la salud de los mexicanos, principalmente las mujeres.

Por lo expuesto se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección ambiental.

Artículo Único. Se reforma y adiciona el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando de la siguiente manera:

Artículo 27. [...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.

Se prohíbe la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos por medio de la fractura hidráulica, así como cualquier otro método que atente en contra de la integridad del medio ambiente.

[...]

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las entidades federativas contarán con un plazo de 180 días naturales para la adecuación de sus respectivas legislaciones locales. 

Tercero. Se entenderá por fractura hidráulica, al tratamiento de estimulación ejecutado en pozos de petróleo o gas que se encuentran en yacimientos de baja permeabilidad, el cual consiste en la inyección de un fluido especial que es bombeado a una alta presión y a un alto régimen de bombeo, con la finalidad de producir fracturas en las formación que permitan la fácil liberación de hidrocarburos líquidos o gaseosos.

Cuarto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá considerar en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación inmediato siguiente, a la aprobación del presente Decreto, una partida presupuestaria, proveniente del pago de impuestos de aquellos contratos vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, cuya extracción de hidrocarburos, líquidos o gaseosos, se haya realizado o se realice por medio del fracturamiento hidráulico, destinada a acciones con perspectiva de género que ayuden a disminuir las brechas de desigualdad de género entre mujeres y hombres, y a tratar los efectos sobre la salud de las personas que habiten en los municipios productores de hidrocarburos.

Quinto. A la entrada en vigor el presente Decreto, la Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá establecer un plan de acción para la cancelación de aquellos contratos que prevean la extracción de hidrocarburos líquidos o gaseosos por medio de fracturamiento hidráulico.

Sexto. El Congreso deberá realizar las adecuaciones normativas correspondientes, con la finalidad de actualizar el marco jurídico conforme a lo establecido en el presente Decreto.

Notas

1 “Fracturamiento hidráulico”, Schlumberger, 2021 Recuperado de:

https://glossary.oilfield.slb.com/es/

2 “Teoría del Fracturamiento Hidráulico”, Navarro Rodríguez Cristina, UNAM, 2017, Recuperado de:

http://www.ptolomeo.unam.mx: 8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/14074/tesis.pdf?sequence=3

3 “Impacts of shale gas and shale oil extraction on the environment and on human health”, Parlamento Europeo, (2011). Recuperado de:

https://europeecologie.eu/IMG/pdf/shale-gas-pe-464-425-final.pdf

4 “Consejo de Estado rechazó fracking y mantiene suspendida su práctica en Colombia”, Noticiasrcn, Recuperado de

https://www.noticiasrcn.com/justicia/consejo-de-estado-rechazo-f racking-y-mantiene-suspendida-su-practica-en-colombia-346913

5 “Alemania prohíbe el «fracking»”, ABC Economía, 2016. Recuperado de:

https://www.abc.es/economia/abci-alemania-prohibe-fracking-20160 6211823_noticia.html

6 “España prohíbe el fracking y la exploración de combustibles fósiles”, El Tiempo, 2021, Recuperado de:

https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/espana-prohibe-el-f racking-y-la-exploracion-de-combustibles-fosiles-588419

7 “Estos son los países que están a favor y en contra del fracking en el mundo entero”, La República, 2019, Recuperado de:

https://www.larepublica.co/globoeconomia/estos-son-los-paises-qu e-estan-a-favor-y-en-contra-del-fracking-en-el-mundo-entero-2932914

8 “Assessment of the Potential Impacts of Hydraulic Fracturing for Oil and Gas on Drinking Water Resources”, US Environmental Protection Agency, (2015). Recuperado de:

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-06/documents/ hf_es_erd_jun2015.pdf

9 “Texas Study Finds Increase in Water Used for Fracking, The Texas Tribune”, (2013). Recuperado de:

https://www.texastribune.org/2013/01/15/texas-study-traces-frack ing-and-water-use/

10 “fluido de fracturamiento”, Oilfield Glossary en Español, Schlumberger, 2021. Recuperado de:

https://glossary.oilfield.slb.com/es/terms/f/frac_fluid

11 Evaluating the Environmental Implications of Hydraulic Fracturing in Shale Gas Reservoirs, All Consulting, (2008)Recuperado de:

http://www.all-llc.com/publicdownloads/ArthurHydrFrac PaperFINAL.pdf

12 “Recomendaciones ambientales en relación con las medidas preventivas y correctoras a considerar en proyectos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos mediante técnicas de fractura hidráulica”, Instituto Geológico y Minero de España, (2014). Recuperado de:

https://web.ua.es/es/fracking/documentos/documentos-de-interes/i gme-recomendaciones.pdf

13 Natural Gas’s Toxic Waste, The New York Times, (2011) Recuperado de:

http://www.nytimes.com/interactive/2011/02/27/us/natural-gas-doc uments-1.html#document/p417/a9945

14 Se seleccionaron algunos químicos a partir del estudio Assessment of the potential impacts of hydraulic fracturing for oil and gas on drinking water resources, Departamento de Protección Ambiental de Estados Unidos, 2015.

15 Fichas Internacionales de Seguridad Química: PERSULFATO DE AMONIO, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España, (2003) Recuperado de:

http://www.icv.csic.es/prevencion/Documentos/productos/persulfat oamonio0632.pdf

16 Riesgo Químico - Accidentes Graves Isopropanol, Consejería de Sanidad Dirección General de Salud Pública Servicio de Sanidad Ambiental, Comunidad Autónoma De Canarias, (2007). Recuperado de:

https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/105452-Isopro-panol .pdf

17 Riesgo Químico - Accidentes Graves N,N-Dimetilformamida,  Consejería de sanidad, Murcia (España), (2008) Recuperado de:

https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/132201-N-N-DIMETILF ORMAMIDA.pdf

18  Etilenglicol-Hoja de Datos de Referencia, Dorwil Química Analítica, (2008),

19 Hoja de seguridad- Borato de Sodio, Corporación Química Venezolana, (2007). Recuperado de:

http://iio.ens.uabc.mx/hojas-seguridad/borato-de-sodio.pdf

20 Corte Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) (2017) Opinión Consultiva solicitada por la República de Colombia. Recuperado de:

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/resumen_seriea_23_esp. pdf

21 Alianza Mexicana contra el fracking, Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa de las Huastecas y el Totonacapan (Corason) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.  (2019) Impactos del fracking en las mujeres. Recuperado de:

https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2019/01/mujeresy fracking.pdf

22 Alianza Mexicana contra el fracking, Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa de las Huastecas y el Totonacapan (Corason) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.  (2019) Impactos del fracking en las mujeres. Recuperado de:

https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2019/01/mujeresy fracking.pdf

23 “Los municipios de Papantla, Tihuatlán, Tantoyuca y Álamo Temapache en Veracruz hay una gran cantidad de mujeres sin acceso a este recurso, lo cual es especialmente grave al considerar que es precisamente en esta zona donde se está concentrando esta actividad” Alianza Mexicana contra el fracking, Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa de las Huastecas y el Totonacapan (Corason) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.  (2019: 52) Impactos del fracking en las mujeres. Recuperado de:

https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2019/01/mujeresyf racking.pdf

24 Fundación Heinrich Böll-Stiftung, Concerned Health Professionals y Physicians for Social Responsability (2019) “Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del fracking” Recuperado de

https://mx.boell.org/sites/default/files/2019-11/Fracking_ libro_2019.pdf

25 Irena Gorski and Brian S. Schwartz, “Environmental Health Concerns from Unconventional Natural Gas Development,” Oxford Research Encyclopedia of Global Public Health, (2019) Recuperado de

https://oxfordre.com/publichealth/view/10.1093/acrefore/97801906 32366.001.0001/acrefore-9780190632366-e-44

26 Alianza Mexicana contra el Fracking (2018) Impactos del fracking sobre las mujeres

https://nofrackingmexico.org/impactos-del-fracking-en-las-mujere s/

27 Breast Cancer Action  (2014) Breast Cancer & Fracking. Recuperado de:

https://bcaction.org/site-content/uploads/2010/11/BC-Fracking-1- Pager.pdf

28 Fundación Heinrich Böll-Stiftung, Concerned Health Professionals y Physicians for Social Responsability (2019) “Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del fracking” Recuperado de

https://mx.boell.org/sites/default/files/2019-11/Fracking_libro_ 2019.pdf

29 Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) (2021) Recuperado de:

https://www.insp.mx/avisos/dale-la-mano-a-la-prevencion-del-canc er-de-mama

30 “Con la llegada de las operaciones de perforación y fracking, las comunidades han experimentado un fuerte incremento en las tasas de delincuencia, incluido el tráfico sexual, la violación, la agresión, la conducción bajo los efectos del alcohol, el uso indebido de drogas y crímenes violentos los cuales conllevan consecuencias para la salud pública, especialmente para las mujeres”  Fundación Heinrich Böll-Stiftung, Concerned Health Professionals y Physicians for Social Responsability (2019: 48) “Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del fracking” Recuperado de

https://mx.boell.org/sites/default/files/2019-11/Fracking_ libro_2019.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.– Diputada y diputados: María Elena Limón García, Jorge Álvarez Máynez (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Elizabeth Pérez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 73, fracciones II y XXIX-P, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 2º-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con la siguiente:

En 2013 México se convirtió en el primer país en elevar a rango constitucional el derecho al acceso a internet, obligando al gobierno a proporcionar acceso a quienes no puedan pagarlo mediante infraestructura para el acceso público; esto incluso anterior al reconocimiento de las Naciones Unidas al derecho de acceso a internet como un derecho humano básico.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó en 2016 una resolución que data de 2011 para la “Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet”. 1  El documento afirma que los derechos de las personas deben ser garantizados en internet y exhorta a los Estados a que promuevan y faciliten el libre acceso a internet.

Este documento si bien no es obligatorio para los países, establece un precedente histórico para el reconocimiento del Derecho de Acceso al Internet, por lo que al menos deben de observarse los principios generales de Accesibilidad, Pluralismo, No discriminación y Privacidad.

En México fuimos de los primeros países en cobrar impuestos especiales sobre telecomunicaciones, ya que hasta hace unos años se considereban un servicio de lujo, así surgió el impuesto especial sobre producción y servicios. Sin embargo, al considerar al internet como un servicio mínimo requerido, en 2009 se publicó una reforma al artículo 8 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en la cual se excenta de pago de IEPS a los servicios de acceso a internet. 2

Aun con la eliminación del impuesto especial al servicio de internet en 2009, se observan grandes diferencias en la calidad y el acceso entre los déciles poblacionales y también entre la población rural y la urbana. Según el anuario estadístíco 2020 que publica el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 3 a 2019 se elevó el número de acceso a internet a 19.4 millones de conexiones, siendo la Ciudad de México el lugar donde mayor incremento de accesos hubo.

También el aumento de velocidades de conexión es una realidad que se ha dado por la competencia en el sector, actualmente el mayor número de accesos, con más del 80 por ciento son en conexiones con velocidades mayores a los 10 MB y menores a los 100MB; cuando en 2016 más del 90 por ciento de las conexiones eran de una velocidad menor a los 5MB.

Pero esta mejora en los servicios de acceso a internet no ha garantizado el derecho, ya que el diferencial entre zonas urbanas y rurales sigue siendo por encima de 20 puntos porcentuales. Además, el gasto de los hogares del primer decil al contratar un servicio básico de internet representa en promedio el 3.6 por ciento de los ingresos del hogar, mientras que en el décil 10 la contratación de un servicio de internet de banda ancha y conexión 10 veces mayor, representa solamente el 1.5 por ciento del ingreso del hogar; aumentando considerablemente la brecha de acceso y calidad del servicio de conexión a internet.

Al menos el 31 por ciento de los hogares en México no cuentan con acceso a cuando menos un servicio de telecomunicación y solo el 56 por ciento de los hogares en todo el país cuentan con acceso al servicio de internet.

Para avanzar en la garantía del acceso a internet como derecho de las y los mexicanos es necesario tomar modelos tributarios como los establecidos en medicamentos, con ello se hará más accesible el acceso a la conexión a un costo menor, disminuyendo el porcentaje de gasto en este servicio con referencia a los ingresos de los hogares mexicanos.

Esta iniciativa se sustenta en el derecho al acceso a internet, tomando en cuenta el posible impacto presupuestal que según calculos propios no sería mayor a los 15 mil millones de pesos anuales, teniendo un impacto social de gran calado, dando un paso adelante en el avance a la garantía de este derecho.

Basados en la información de costos de servicios de internet y el número de conexiones contratadas de acuerdo a las velocidades de conexión, se establece en una regla directa que el impacto presupuestal de esta iniciativa es el siguiente:

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadistico 2020 del IFT y el Informe Estádistico Trimestral del IFT para el primer trimestre de 2020.

La iniciativa propone incluir al servicio de acceso a internet en los servicios con tasa 0 por ciento en el impuesto al valor agregado, estableciendo que de ser contratado en paquetes como el doble o el triple play, este sea reportado de manera individual para hacer aplicable la disposición.

Por lo expuesto someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Único. Se adiciona una fracción V al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo 2o-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0 por ciento a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I. a IV. ...

V. Servicio de acceso a internet, a través de una red fija o móvil, consistente en todos los servicios, aplicaciones y contenidos que mediante dicho acceso a Internet se presten a través de una red de telecomunicaciones.

Cuando los servicios a que se refiere el párrafo anterior se ofrezcan de manera conjunta con otros servicios que se presten a través de una red pública de telecomunicaciones, la tasa cero a que se refiere este inciso será procedente siempre que en el comprobante fiscal respectivo, se determine la contraprestación correspondiente al servicio de acceso a Internet de manera separada a los demás servicios de telecomunicaciones que se presten a través de una red pública, no pudiendo ser diferente el costo del servicio en contratación conjunta y unitaria.

...

Notas

1 https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_20_L13 pdf

2 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Diario Oficial de la Federación, 27 de noviembre de 2009.

3 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/ anuarioestadistico2020_0.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.– Diputadas y diputados: María del Rocío Banquells Núñez, Ana María Esquivel Arrona, Ana Teresa Aranda Orozco, Berenice Montes Estrada, Cristina Amezcua González, Edna Gisel Díaz Acevedo, Elizabeth Pérez Valdez, José Antonio Gutiérrez Jardón, Marcelino Castañeda Navarrete, María Macarena Chávez Flores, María Teresa Castell de Oro Palacios, Miguel Ángel Torres Rosales, Olga Luz Espinosa Morales, Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, Sayonara Vargas Rodríguez, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género en la formación de los órganos de gobierno de esta soberanía, a cargo de la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Karla Yuritzi Almazán Burgos, diputada de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género en la conformación de los órganos de gobierno, con base en la siguiente:

La participación de la mujer en la política, ha sido una gesta histórica de todas nosotras a lo largo de varias generaciones. Esta inició con la lucha y conquista del reconocimiento de derecho al voto de la mujer por las sufragistas mexicanas en 1946. 1 Esta reforma, de hecho, es la primera gran reforma democratizadora del sistema político mexicano, ya que le dio ingreso a la vida política, a través del derecho al voto, a la otra mitad de la ciudadanía. Poco a poco la mujer se fue involucrando más en la política a partir del ejercicio del sufragio y de su activa participación en los movimientos sociales de los años 50 y, particularmente, fue protagonista del Movimiento Estudiantil del 68. La presencia de la mujer se fue incrementando gradualmente en los espacios públicos, desde las universidades hasta las instituciones gubernamentales. Este gran cambio, se vio fortalecido a través de diversas acciones afirmativas introducidas en nuestra legislación por las reformas políticas desde la de 1977, hasta las de 1996, 2003, 2014 entre otras.

Es imposible obviar el papel de la mujer en la consolidación de la vida pública de nuestro país. Desde el surgimiento de México como nación independiente, las mujeres hemos contribuido a la consolidación de la democracia, muy a pesar de las restricciones que la cultura y la sociedad nos han impuesto. Desde personajes como Josefa Ortiz, Sor Juana Inés de la Cruz, Leona Vicario, Eulalia Guzmán, Carmen Vélez que, junto a muchas otras mujeres, lucharon codo a codo en igualdad de condiciones con los grandes revolucionarios del siglo pasado. Nuestra historia nos demuestra que el camino hacia una verdadera democracia, esta acompañada por la consolidación y reconocimiento de las luchas feministas para permitir la participación de la mujer en la vida pública del país, tal como intitula su libro Karina Andrea Bidaseca, “La revolución será feminista o no será”, de la misma forma podemos decir que la democracia será feminista o no será.

La participación de las mujeres en el ámbito político no ha sido tarea fácil, ya que ha requerido librar batallas que van más allá de las balas de cañón, batallas con enemigos que, a pesar de ser derrotados constantemente, no dejan el camino libre para el pleno ejercicio de nuestros derechos políticos. Esto toda vez que no se lucha contra personas, sino contra costumbres e ideologías con una raigambre de siglos atrás. Nada lo evidencia mejor que el relativamente reciente reconocimiento del sufragio femenino el cual apenas tiene casi 130 años, 2 mientras que la democracia moderna tiene poco más de 200 años de existencia 3 y el ejercicio político es tan antiguo como la sociedad misma.

A nivel internacional, el primer aporte a la defensa de los derechos políticos de las mujeres lo encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se logró eliminar de la redacción la referencia a “los hombres” como sinónimo de seres humanos 4, con lo cual se reconoció el derecho de toda persona a participar en la toma de decisiones de su país, es decir se le reconoce a toda persona el derecho a votar y ser votada. 5 Posteriormente, el primer instrumento, ya del llamado hart law internacional, es la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, en la cual los Estados parte se obligan a garantizar la participación de la mujer en la política de cada país.

Nuestra afirmación respecto a que los cambios democráticos van aparejados del reconocimiento a los derechos políticos de la mujer, se puede corroborar con las reformas en materia político electoral, ya que muchas de ellas se encontraron acompañadas de un avance en la paridad de género dentro de la legislación.

El origen de los cambios democráticos en el país, tal como se mencionó líneas más arriba, fue 1946, año en el que se reforma el artículo 115 constitucional, para reconocer como derecho político de las mujeres el votar y ser votas en las elecciones municipales. Esto permitió que la década de los años 50 del siglo pasado, puede considerarse como el punto de partida en el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer en nuestro país, ya que durante la segunda mitad de 1952 llega a la Cámara de Diputados Aurora Jiménez Palacios para formar parte de la XLII Legislatura, 6 primer legisladora mexicana. De igual forma, en marzo de 1953 se da la adhesión de México a la Convención Sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Por otro lado, en lo que corresponde al derecho doméstico, el 17 de octubre de ese mismo año, se aprobó la reforma constitucional en la que se le reconoce a la mujer el derecho a ejercer el voto. Con estas acciones se marca el inicio de una serie de reformas en materia político electoral, en favor de las mujeres para su participación en la política mexicana.

En 1974 se da otra reforma constitucional en materia de equidad de género, ya que dentro del artículo 4o. del texto fundacional, se reconoce la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. Esta reforma sentó las bases para incrementar la participación de las mujeres en la postulación a cargos de elección popular. Es así que, con la histórica reforma política de 1977, se fortalece al Poder Legislativo y se abre la puerta a fuerzas políticas ajenas al Poder Presidencial con la intención de mitigar la crisis económico-política heredada de los años sesenta. 7 De igual forma, se realizan importantes modificaciones a la esencia de los partidos políticos, al incluir la paridad de género como una de las finalidades de los partidos mismo, 8 con lo cual se dio paso a la intervención de la mujer en la toma de decisiones políticas de forma más activa.

Dentro de la reforma de 1977, se sustituye la figura de los diputados de partido, por los de representación proporcional, con dicha figura no sólo se permitió la inclusión de fuerzas políticas que no lograran la obtención de una curul a través del principio de mayoría, sino que, a través de ella, también se logró la inclusión de mujeres para integrar la LI legislatura de la Cámara de Diputados, con lo cual ésta contó con 33 mujeres legisladoras, de las cuales todas las que llegaron por el principio de representación proporcional pertenecían a la oposición, en tanto que las legisladoras por el principio de mayoría relativa pertenecían al partido en el poder. 9

A nivel internacional, durante las dos últimas décadas del siglo pasado México firmó y ratificó 3 importantes tratados que dan reconocimiento al libre ejercicio y garantía de los derechos políticos de la mujer por lo que, como se expondrá más adelante, los derechos humanos contenidos en ellos adquieren la categoría de normas constitucionales, esto conforme a criterios jurisprudenciales de la SCJN, que toman como base los artículos 10, 15 y 113 de la Constitución.

Es así que durante marzo de 1998, México firmó la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Por lo que respecta al sistema Interamericano, en noviembre de 1998 México firmó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Dentro de todos estos instrumentos internacionales ya no sólo se reconoce el derecho a ejercer el voto, sino que ahora se busca el reconocimiento y garantía del derecho a ser votada, es decir de participar de forma activa en la toma de decisiones políticas de cada uno de los Estados parte.

A través de la entrada en vigor de los compromisos internacionales antes citados, México inició un proceso de transformación legal, con la intención de permitir el acceso de las mujeres a los diferentes cargos de elección popular, proceso que en muchos de los casos ha sido demasiado lento. A pesar de ello, el Poder Legislativo ha sido el bastión de la lucha por los derechos políticos de la mujer, ya que la mayor cantidad de modificaciones para garantizar la equidad de género se han dado en el marco del ejercicio de las funciones parlamentarias.

Con relación a lo anterior, es importante mencionar la gran cantidad de reformas en materia de defensa y reconocimiento de los derechos políticos de la mujer, ya que en el marco de las medidas que permitan el ejercicio eficaz de tales derechos se reformó el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante Cofipe), dentro del que se estableció la recomendación a los partidos políticos de “ promover una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular” 10

De igual forma, en 1996, el Congreso de la Unión aprobó la primer reforma electoral que iniciaría el camino hacia la paridad de género, ya que se estableció en el abrogado Cofipe la recomendación de incluir en sus estatutos una regla para que sus candidaturas, ya sean por el principio de mayoría relativa o de representación proporcional, no excedan de 70 por ciento para un mismo género. 11

En 1997 se da uno de los primeros pasos en el tránsito hacia una democracia parlamentaria con paridad de género, ya que el 30 de septiembre de ese año se creó la Comisión Especial de Asuntos de la Equidad entre los Géneros. Dicha comisión adquirió el carácter de ordinaria el 3 de septiembre de 1999, fecha en la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (en adelante DOF) las reformas a la Ley Orgánica del Congreso General en materia de equidad de género, reformas con las cuales la Comisión de Equidad y Género comenzó sus actividades parlamentarias a partir de la LVIII Legislatura.

Posteriormente, con una reforma de 2002, la sugerencia se transformó en una obligación para los partidos políticos, junto con la modificación al orden de las candidaturas plurinominales, con la intención de que se postulara a una mujer cada tres posiciones de la lista de candidatos a nivel nacional, esto por lo menos en lo concerniente a los procesos electorales a nivel federal. En tal sentido, para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, se establecieron sanciones para los partidos políticos que incumplierán con dichas obligaciones.

Con el nuevo Cofipe, publicado en el DOF el 14 de enero de 2008, se aumentó el porcentaje de las cuotas de género, al pasar de 30 por ciento establecido en la legislación anterior, a 40 por ciento exigido por el artículo 219 del Cofipe 12, el cual también enuncia que la finalidad de dicha medida es alcanzar la paridad de género en el ejercicio del poder político.

Todas estas reformas, así como las subsecuentes, en materia de equidad y paridad de género en el quehacer político, se encuentran inspiradas en el principio de progresividad en materia de derechos humanos. Lo anterior toda vez que que dentro de los instrumentos internacionales obligan a los estados a eliminar todas las formas de discriminación hacia la mujer, para generar el ambiente propicio para garantizar a las mujeres el acceso no sólo a los cargos públicos, sino al ejercicio de las diversas funciones del Estado.

La modificación al artículo 41 de nuestra Constitución, promulgada el 10 de febrero de 2014, impuso la obligación para que los partidos políticos emitan las reglas internas que permitan garantizar la paridad entre los géneros, por lo menos en lo que toca a las candidaturas a las legislaciones federales y locales. Ésta reforma tuvo un gran recibimiento a nivel internacional, ya que se mereció el reconocimiento de ONU Mujeres como “un importante avance hacia una sociedad más justa, incluyente y democrática”. 13 En torno a esta reforma, es importante resaltar que con ella se logrará que la Cámara de Diputados, se convierta en una verdadera caja de resonancia de la realidad social de nuestro país, ya que nuestra población Mexicana está conformada por 64.5 millones de mujeres lo que representa 51.2 por ciento de la población nacional. 14 Esta reforma se vio cristalizada en la práctica política por medio de la expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de la Ley General de Partidos Políticos, en las que se establecieron los lineamientos, incentivos y sanciones para los Partidos que incumplieran con las normas de paridad de género. Es así que se obliga a los partidos políticos a hacer públicos los criterios a través de los cuales garantizaran la igualdad entre los géneros; de la misma forma se incrementa de 2 por ciento a 3 por ciento el presupuesto que estos deben destinar a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Otro avance en esta materia fue el establecer que las candidaturas tanto por el principio de mayoría como por el de representación proporcional, deben apegarse a la paridad de género, especialmente en lo tocante a las listas para el principio de representación proporcional, las cuales deberán integrarse de manera alternada por un hombre y una mujer.

La última reforma en materia de paridad de género, fue realizada a nuestra Constitución el 6 de junio de 2019, con la cual se buscó garantizar la participación de las mujeres en todos los espacios políticos y de toma de decisiones de nuestro país. Reforma que podríamos clasificar, en cierta medida, como enunciativa, ya que no estableció los lineamientos necesarios para dar tales garantías a tal participación, por lo menos no de manera específica. Es importante recordar que, la LXIV Legislatura representó un gran avance en materia de paridad de género, ya que fue la primera que más se aproximó al objetivo de paridad, ya que el pleno de la Cámara de Diputados estaba conformada por 241 mujeres, que representó 48.2 por ciento, su nivel más alto en toda la historia de la política en México. Por otra parte, a la que orgullosamente pertenecemos es la primera de la historia que posee 50 por ciento de mujeres en su integración.

A pesar de los grandes avances que se han tenido en materia de paridad de género dentro del Congreso de la Unión, aun no existe un acceso paritario a los centros de poder en la toma de decisiones, específicamente en lo que corresponde a los órganos de gobierno al interior de la Cámara de diputados, ya que la legislación no ha hecho uso de los instrumentos necesarios para forzar la inclusión de las mujeres en los espacios de mayor importancia al interior de la casa de las leyes, lugar que, en esta y otras materias, debería ser ejemplo a seguir en el resto de los Poderes y funciones de Estado.

Órganos como la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política, las presidencias de las comisiones o las coordinaciones de los grupos parlamentarios, son lugares que, preponderantemente, han estado reservados para los hombres. Sería un sinsentido que durante la legislatura en que se logró alcanzar la paridad de género, no se hagan las modificaciones que nos permitan el acceso a este tipo de espacios para la conducción de los trabajos políticos dentro de la Cámara de Diputados.

La intención de esta iniciativa, es materializar la igualdad sustantiva en los cargos de dirección y gobierno en los órganos de la Cámara de Diputados, para que se vea materializada la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres al momento de integrar los diversos órganos de gobierno de esta Cámara de Diputados. Una verdadera paridad de género debe ir más allá de una conformación 50/50, requiere no sólo la presencia de las mujeres en el congreso, sino que se nos permita ser protagonistas de la toma de decisiones que dan dirección al trabajo parlamentario.

Es importante resaltar que los derechos no pueden estar sometidos a la buena voluntad de los autores políticos, se requieren instrumentos jurídicos que permitan garantizar su efectivo cumplimiento ya que de esto dependerá su permanencia. Es por ello que consideramos inaplazable la reforma y adiciones legales, que permitan generar una efectiva paridad de género en la toma de decisiones políticas.

El establecimiento de reglas para la igualdad sustantiva entre los géneros, tales como las que proponemos en la presente iniciativa, tienen como fundamento nuestro propio derecho constitucional, toda vez que conforme al texto constitucional, específicamente en lo tocante al artículo 133, en relación con los artículos 1o. y 15 constitucionales, las normas que, en materia de derechos humanos, contengan los tratados internacionales, forman parte de lo que se denomina constitución ampliada. 15 En tal sentido y con relación a la participación de la mujer en los centro de toma de decisiones de la Cámara de Diputados, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en el artículo 2o., inciso f), impone la obligación de “Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; de igual forma y con la intención de permitir el libre acceso de las mujeres a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, se puede observar la necesidad de esta reforma, a la luz de la redacción del artículo 5 inciso a) de la misma convención, 16 el cual considera que una forma de garantizar el adecuado reconocimiento y eficaz ejercicio de los derechos políticos de la mujer, es necesario eliminar los patrones socioculturales de conducta que tiendan al establecimiento de prejuicios y practicas basadas en la superioridad del hombre sobre la mujer. En tal sentid, la vía más adecuada para el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer es la reforma legislativa.

En esta misma línea argumental, podríamos considerar que nuestra legislación en materia de acceso de las mujeres a la vida política de nuestro país esta en deuda, ya que el artículo 4o. de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (convención Belém do Pará) en el artículo 4o., inciso j), establece el derecho de la mujer no sólo a tener acceso a los cargos de elección popular o aquellos que impliquen las funciones administrativas del Estado, sino que también le reconoce el derecho a desempeñar las funciones que tengan una trascendencia en la toma de decisiones de su país, 17 tal como lo son los órganos de gobierno de la Cámara de diputados.

La redacción de las modificaciones anteriormente mencionadas pueden contrastarse con el texto original, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Por lo anterior, para la consecución de la igualdad sustantiva dentro de la Cámara de Diputados, proponemos dos tipos de modificaciones al marco jurídico del Congreso en materia de paridad de género en órganos de gobierno.

El primero de ellos consistente en la adecuación del lenguaje de la propia ley, al sustituir expresiones como Presidente, Coordinador, entre otras, por figuras más neutrales como las de Presidencia, Coordinación, Diputado o Diputada titular, entre algunas más. Se podría considerar que una modificación en la expresión llega a ser intrascendente, ya que es una mera formalidad, pero recordemos que la forma es fondo. Aunado a ello, no se puede obviar que si la mujer no es visibilizada en el texto legal, mucho menos lo es en la realidad política. El recuento histórico realizado líneas arriba lo muestra, ya que los derechos de la mujer comenzaron a ser reconocidos una vez que ésta figuró dentro del ámbito normativo mexicano como sujeto de derechos civiles y políticos, a la par del hombre.

La segunda modificación es de fondo, ya que cambia la forma en que se integran los órganos de gobierno, al establecer reglas específicas para la integración de las coordinaciones de los grupos parlamentarios, la integración de la Mesa de Decanos y la integración de la Mesa Directiva con relación a la integración de la Junta de Coordinación Política, específicamente en lo tocante a las Presidencias de ambos órganos.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género en la conformación de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados

Artículo Único: Se reforman y adicionan los artículo 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 36, 37 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 14.

1. ...

2. ...

3. ...

4. En los términos de los supuestos previstos por esta ley para la conformación de los grupos parlamentarios, los partidos políticos cuyos candidatos hayan obtenido su constancia de mayoría y validez o que hubieren recibido constancia de asignación proporcional, comunicarán a la Cámara, por conducto de su secretario general, a más tardar el 28 de agosto del año de la elección, la integración de su grupo parlamentario, con los siguientes elementos:

a) La denominación del Grupo Parlamentario;

b) El documento en el que consten los nombres de los diputados electos que lo forman; y

c) El nombre del coordinador o coordinadora del grupo parlamentario.

Artículo 15.

1. Para la conducción de la sesión constitutiva de la Cámara habrá una Mesa de Decanos, constituida por una Presidencia, tres Vicepresidencias y tres Secretarías.

2. La Mesa de Decanos se integra por los diputados y diputadas electas presentes que hayan desempeñado con mayor antigüedad la responsabilidad de legislador federal. En caso de presentarse antigüedades iguales, la precedencia se establecerá en favor de quienes hayan pertenecido al mayor número de Legislaturas y, en su caso, a los de mayor edad. El diputado o diputada electa que cuente con mayor antigüedad ocupara la Presidencia de la Mesa de Decanos. Las Vicepresidencias quedaran a cargo de las diputadas o diputados que cuenten con las tres siguientes mayores antigüedades, procurando reflejar la pluralidad de la conformación de la Cámara. Las tres Secretarías, serán ocupadas por los siguientes tres diputados o diputadas electos que cuenten con las sucesivas mayores antigüedades

3. Presentes los diputados y diputadas electas en el salón de sesiones para la celebración de la sesión constitutiva, el secretario general de la Cámara informará que cuenta con la documentación relativa a los diputados y diputadas electas, las credenciales de identificación y acceso de los mismos, la lista completa de los legisladores que integrarán la Cámara y la identificación de la antigüedad en cargos de legislador federal de cada uno de ellos; y mencionará por su nombre a quienes corresponda integrar la Mesa de Decanos, solicitándoles que ocupen su lugar en el presidium.

4. La Presidencia ordenará la comprobación del quórum, y la Secretaría procederá a comprobarlo a efecto de celebrar la sesión constitutiva. Declarado éste, la Presidencia de la Mesa de Decanos abrirá la sesión. Enseguida, se dará a conocer el orden del día, mismo que se ceñirá al cumplimiento de los siguientes puntos: declaración del quórum; protesta constitucional de la Presidencia de la Mesa de Decanos; protesta constitucional de los diputados y diputadas electas presentes; elección de la Mesa Directiva; declaración de la legal constitución de la Cámara; cita para sesión del Congreso General y designación de comisiones de cortesía para el ceremonial de esa sesión.

5. El presidente o presidenta de la Mesa de Decanos se pondrá de pie , frente a los diputados y las diputadas integrantes de la Cámara , para presentar la siguiente protesta con el brazo derecho extendido: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado (o diputada según sea el caso) a la (número ordinal) Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que el pueblo me ha conferido, así como la responsabilidad de presidente (o presidenta según sea el caso) de la Mesa de Decanos de la Cámara, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hago, que la Nación me lo demande”.

6. El resto de los integrantes de la Cámara permanecerá de pie y el presidente o presidenta de la Mesa de Decanos les tomará la protesta siguiente: “¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado a la (número ordinal) Legislatura del Congreso de la Unión que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?”. Los diputados y diputadas electas responderán, con el brazo derecho extendido: “¡Si protesto!”. El presidente o presidenta de la Mesa de Decanos, a su vez, contestará: “Si no lo hacen así, que la nación se los demande”.

7. ...

8. Realizadas las votaciones y declarados los resultados para la elección de la Mesa Directiva de la Cámara, el presidente o presidenta de la Mesa de Decanos invitará a sus integrantes a que ocupen el lugar que les corresponde en el presidium, y los miembros de ésta tomarán su sitio en el Salón de Sesiones.

9. ...

10. ...

Artículo 16.

1. El presidente o presidenta de la Mesa Directiva declarará constituida la Cámara de Diputados, mediante la siguiente fórmula: “La Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente a la (número ordinal) Legislatura, se declara legalmente constituida para el desempeño de sus funciones”.

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

Artículo 17.

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el pleno; se integrará por una Presidencia, tres Vicepresidencias y una Secretaría, en ella cada grupo parlamentario podrá contar con una representación, pudiendo optar éste último por no ejercer dicho derecho. Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y podrán ser reelectos.

2. ...

3. ...

4. ...

5. Los coordinadores o coordinadoras de los grupos parlamentarios no podrán formar parte de la Mesa Directiva de la Cámara.

6. En el caso de que a las 12: 00 horas del 31 de agosto del año de inicio de legislatura no se hubiere electo a la Mesa Directiva conforme a lo dispuesto en los párrafos que anteceden, la Mesa de Decanos ejercerá las atribuciones y facultades que la ley otorga a aquélla y a sus integrantes, según corresponda, y su titular citará a la sesión de instalación de Congreso. La Mesa de Decanos no podrá ejercer dichas atribuciones más allá del 5 de septiembre.

7. La elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio de la legislatura, se llevará a cabo durante la sesión preparatoria del año de ejercicio que corresponda, garantizando que la presidencia de la Mesa Directiva para tales ejercicios recaiga, en orden decreciente, en un integrante de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido. El proceso será conducido por los integrantes de la Mesa Directiva que concluye su ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría calificada requerida, esta Mesa continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes con el fin de que se logren los entendimientos necesarios.

La presidencia de la mesa, no sólo rotará en cuanto a los grupos parlamentarios que conforman la Cámara, sino que también lo hará en cuanto al género, ya que ésta no podrá recaer sobre una persona del mismo género al de su predecesora.

8. ...

Artículo 18.

1. ...

2. Conforme al principio de paridad de género, los grupos parlamentarios deberán postular a la Presidencia de la Mesa Directiva a una persona de distinto género a la que ocupe la Presidencia de la Junta de Coordinación Política.

Artículo 19.

1. Las ausencias temporales del presidente o presidenta de la Mesa Directiva, serán sustituidas por quienes integran las Vicepresidencias de conformidad con el orden de prelación establecido en la lista electa. De igual forma se procederá para cubrir las ausencias temporales de los demás integrantes de la directiva.

2. Si las ausencias del presidente o presidenta fueren mayores a veintiún días en periodos de sesiones o de cuarenta y cinco en periodos de receso, la Mesa Directiva acordará la designación de una diputada o un diputado para desempeñarse como“vicepresidente o vicepresidenta en funciones”, con la intención de que la Presidencia no quede acéfala; para tal efecto se considerará vacante el cargo hasta la elección correspondiente, para cumplir con el periodo para el que fue elegida la Mesa Directiva. Asimismo y para tal efecto, las ausencias por dichos plazos de sus demás integrantes serán consideradas vacantes y se procederá a la elección respectiva.

3. ...

4. ...

a) a c)...

Artículo 21.

1. La Mesa Directiva es dirigida y coordinada por el o la titular de la Presidencia de la misma; se reunirá por lo menos una vez a la semana durante los periodos de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los recesos.

2. Como órgano colegiado, la Mesa Directiva adoptará sus decisiones por consenso, y en caso de no lograrse el mismo por la mayoría de sus integrantes mediante el voto ponderado, en el cual el Diputado que esté facultado para ello, representará tantos votos como integrantes tenga su Grupo Parlamentario. En caso de empate, el o la titular de la Presidencia de la Mesa tendrá voto de calidad.

3. Para los efectos del párrafo anterior, el diputado o diputada que posee facultad para ejercer el voto ponderado, será el o la vicepresidenta. En el caso de los Grupos Parlamentarios que no cuenten con representación dentro de la Vicepresidencia o ante la ausencia de su titular a las reuniones de la Mesa, el voto ponderado será ejercido por el Secretario o Secretaria que corresponda.

4. ...

Artículo 22.

1 . El o la titular de la Presidencia de la Mesa Directiva también Presidirá la Cámara de Diputados y expresa su unidad. Garantiza el fuero constitucional de los diputados y vela por la inviolabilidad del Recinto Legislativo.

2 . El o la titular de la Presidencia conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión y los Poderes de las entidades federativas. Asimismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.

3 . El o la titular de la Presidencia, al dirigir las sesiones, velará por el equilibrio entre las libertades de los legisladores y de los grupos parlamentarios, y la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales de la Cámara; asimismo, hará prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo.

4 . El o la titular de la Presidencia responderá sólo ante el pleno cuando en el ejercicio de sus atribuciones se aparte de las disposiciones que las rigen.

Artículo 23.

1. Son atribuciones de la Presidencia de la Mesa Directiva las siguientes:

a) a r)...

2. ...

a) a e)...

3. ...

4. Si al comenzar el periodo constitucional no se presentase el o la titular de la Presidencia, o la elección no estuviere hecha o declarada válida el 1 de diciembre, procederá a tomar las medidas necesarias para que el Congreso se erija en colegio electoral a efecto de designar Presidente interino, en los términos del artículo 84 constitucional.

Artículo 24.

1. Quienes integran la Vicepresidencia asisten a la Presidencia de la Cámara en el ejercicio de sus funciones.

2. Las representaciones protocolarias de la Cámara podrán ser asumidas por q uienes integran la Vicepresidencia, para ello el o la titular de la Presidencia hará el nombramiento respectivo.

Artículo 25.

1. La Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara tendrán las atribuciones siguientes:

a) Asistir a la Presidencia de la Cámara en las funciones relacionadas con la conducción de las sesiones del pleno;

b)...

c) Dar lectura a los documentos y desahogar los trámites parlamentarios, en los términos dispuestos por la Presidencia de la Cámara;

d) Supervisar los servicios parlamentarios relacionados con la celebración de las sesiones del pleno, a fin de que se impriman y distribuyan oportunamente entre los diputados las iniciativas y dictámenes; se elabore el acta de las sesiones y se ponga a la consideración del o la titular de la Presidencia de la Cámara; se lleve el registro de las actas en el libro correspondiente; se conformen y mantengan al día los expedientes de los asuntos competencia del pleno; se asienten y firmen los trámites correspondientes en dichos expedientes; se integren los libros de los registros cronológico y textual de las leyes y decretos que expida el Congreso General o de los decretos que expida la Cámara, y se imprima y distribuya el Diario de los Debates;

e) Firmar junto con el o la titular de la Presidencia, las leyes y decretos expedidos por la Cámara y, en su caso, por el Congreso, así como los acuerdos y demás resoluciones de la propia Cámara;

f) Expedir las certificaciones que disponga el o la titular de la Presidencia de la Cámara; y

g) Las demás que se deriven de esta ley y los ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria, o que les confiera el o la titular de la Presidencia de la Cámara.

2. La Mesa Directiva acordará el orden de actuación y desempeño de los y las integrantes de la Secretaría en las sesiones del pleno.

Artículo 26.

1. Conforme a lo dispuesto por el artículo 70 constitucional, el grupo parlamentario es el conjunto de diputados y diputadas según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en la Cámara.

2. El grupo parlamentario se integra por lo menos con cinco diputados o diputadas y sólo podrá haber uno por cada partido político nacional que cuente con diputados en la Cámara.

3. En la primera sesión ordinaria de la legislatura, cada grupo parlamentario de conformidad con lo que dispone esta ley, entregará a la Secretaría General la documentación siguiente:

a) Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en grupo, con especificación del nombre del mismo y lista de sus integrantes;

b) Las normas acordadas por los miembros del grupo para su funcionamiento interno, según dispongan los Estatutos del partido político en el que militen

Las normas emitidas por cada grupo parlamentario deberán estar inspiradas en los principios de no discriminación e igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Dentro de dichas normas, los grupos parlamentarios establecerán de forma libre el número de actividades directivas que a sus intereses y objetivos correspondan, en cualquier caso 50 por ciento de las posiciones de dirección deberán ser ocupadas por mujeres; y

c) Nombre del diputado o diputada que haya sido designado como coordinador o coordinadora del Grupo Parlamentario y los nombres de quienes desempeñen otras actividades directivas.

4. ...

5. ...

6. ...

Artículo 27.

1. El coordinador o coordinadora expresa la voluntad del grupo parlamentario; promueve los entendimientos necesarios para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva; y participa con voz y voto en la Junta de Coordinación Política y en la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Con pleno respeto a la autodeterminación de los grupos parlamentarios, la Coordinación y la Vicecoordinación no podrán recaer en personas del mismo género.

2. Durante el ejercicio de la legislatura, el coordinador del grupo parlamentario comunicará a la Mesa Directiva las modificaciones que ocurran en la integración de su grupo. Con base en las comunicaciones de los coordinadores de los grupos parlamentarios, el o la titular de la Presidencia de la Cámara llevará el registro del número de integrantes de cada uno de ellos y sus modificaciones. Dicho número será actualizado en forma permanente y servirá para los cómputos que se realizan por el sistema de voto ponderado.

Artículo 32.

1. En caso de ausencia temporal o definitiva de quienes integran la coordinación que preside la Junta, el Grupo Parlamentario respectivo informará de inmediato, tanto a la Presidencia de la Cámara como a la propia Junta, el nombre del diputado o diputada que lo sustituirá.

2. ...

Artículo 36.

1. Corresponden a la Presidencia de la Junta de Coordinación Política las atribuciones siguientes:

a) Convocar y conducir las reuniones de trabajo que celebre;

b) Velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que se adopten;

c) Poner a consideración de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos criterios para la elaboración del programa de cada periodo de sesiones, teniendo como base la agenda presentada por los diferentes grupos parlamentarios, el calendario para su desahogo y puntos del orden del día de las sesiones del pleno;

d) Disponer la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual; y

e) Las demás que se deriven de esta ley o que le sean conferidas por la propia Junta.

Artículo 37.

1. La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se integra con el o la titular de la Presidencia de la Cámara y los miembros de la Junta de Coordinación Política. A sus reuniones podrán ser convocados los presidentes o presidentas de comisiones, cuando exista un asunto de su competencia.

2. El o la titular de la Presidencia de la Cámara también preside la Conferencia y supervisa el cumplimiento de sus acuerdos por parte de la Secretaría General.

3. La Conferencia deberá quedar integrada a más tardar al día siguiente de que se haya constituido la Junta de Coordinación Política. Se reunirá por lo menos cada quince días en periodos de sesiones y cuando así lo determine durante los recesos; en ambos casos, a convocatoria de su titular o a solicitud de los coordinadores o coordinadoras de por lo menos tres grupos parlamentarios.

4. La Conferencia adoptará sus resoluciones por consenso; en caso de no alcanzarse éste, se tomarán por mayoría absoluta mediante el sistema de voto ponderado de los coordinadores o coordinadoras de los grupos parlamentarios. El o la titular de la Conferencia sólo votará en caso de empate.

5. ...

Artículo 43.

1. ...

...

2. ...

3. ...

4. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios. Para lo cual se apegará a las siguientes directrices:

a) Cuidar que la composición de las comisiones guarde la misma proporción que cada uno de los grupos parlamentarios posee en el pleno; y

b) Generar los acuerdos necesarios entre los diversos grupos parlamentarios, para que 50 por ciento de las presidencias de las comisiones sean ocupadas por diputadas; y

c) Tomar en consideración los antecedentes, experiencia y trayectoria legislativa de las candidatas y candidatos a presidir las comisiones.

5....

6....

7....

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Confróntese,

https://www.gob.mx/inafed/articulos/12-de-febrero-de-1947-se-rec onoce-a-nivel-municipal-el-derecho-de-las-mujeres-a-votar-y-ser-votadas consultada el 24 de septiembre de 2021 a las 17: 30 hrs.

2 Confróntese,

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/10/131018_100_mujeres_ba stiones_feminismo_vs consultada el 25 de septiembre de 2021, 14: 30 hrs.

3 Esto, según el criterio de referencia que sea tomado, en el presente caso es las postrimerías del S.XIX, Confróntese,

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315 -94962016000100008

4 Confróntese,

https://www.unwomen.org/es/csw/brief-history consultada el 25 de septiembre de 2021, 10: 00 hrs.

5 Confróntese, en los tres numerales del artículo 21 de la convención,

https://www.unwomen.org/es/csw/brief-history

6 Confróntese Girón Alicia, González Marín María Luisa y Jiménez Ana Victoria Girón, Breve historia de la participación política de las mujeres en México, en González Marín María Luisa y Rodríguez López Patricia, Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PAN, PRI y PRD, las Ciencias Sociales Estudios de Género, Ediciones Miguel Ángel Porrúa, México, páginas 45-46. Texto que se puede consultar en el siguiente enlace:

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LX/lim_des_ empo.pdf

7 Confróntese, Carpizo Jorge, La reforma política Mexicana de 1977, consultada el 26 de septiembre de 2021 a las 18: 00 horas, en

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2107/5.pdf

8 Confróntese,

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S 0187-01732008000100003 consultada el 26 de septiembre de 2021 a las 13: 00 hrs.

9 Confróntese, Morales Robles Avelina, Participación política de las mujeres en la Cámara de Diputados (XLII-LXIII), Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, México, 2017, pp.15-17. Consultada el 27 de septiembre de 2021 a las 16: 30 horas en:

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/dir/DIR-ISS-02-17_Part.pdf

10 Confróntese,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cofipe/COFIPE_ref03 _24sep93_ima.pdf consultada el 27 de septiembre de 2021 a las 15: 00 horas.

11 Esta y las subsecuentes referencias históricas del proceso de Parida de Género en nuestro país, son tomadas del texto de Medina Espino, Adriana, La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la paridad., Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Cámara de Diputados, México 2010, páginas 54-55.

12 Confróntese,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cofipe_2008/COFIPE_ orig_14ene08.pdf consultada el 28 de septiembre de 2021 a las 12: 30 horas.

13 Confróntese,

https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2014/ 01/ paridad-electoral consultada el 28 de septiembre de 2021 a las 13: 00 horas.

14 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/mujeresyhombres.aspx?tema =P consultado el 28 de septiembre de 2021 a las 16: 30 horas.

15 Tal como se puede apreciar en la contradicción de tesis 293/2011, en la que la SCJN llego a la consideración siguiente: “...la conformidad de las normas internacionales de derechos humanos con la Constitución, para efectos de su incorporación al ordenamiento jurídico interno se debe analizar bajo la regla especial del artículo 15 constitucional, entendida con los principios pro persona, de interpretación conforme y progresividad previstos en el artículo 1o. constitucional, los cuales permiten el reconocimiento de nuevos derechos humanos, siempre y cuando esto no se traduzca en un detrimento al contenido y alcance de los derechos previamente reconocidos e integrantes del parámetro de control de regularidad constitucional.  De acuerdo con lo anterior, puede decirse que el requisito previsto en el artículo 133 constitucional refuerza la interpretación de que los tratados internacionales se encuentran en una posición jerárquica inferior a la Constitución, mientras que el requisito previsto en el artículo 15 constitucional garantiza que, con independencia de la jerarquía normativa del instrumento que las reconozca, las normas internacionales de derechos humanos, y no el tratado en su conjunto, se integren al parámetro de regularidad contenido en el artículo 1o. constitucional. Así, las normas internacionales de derechos humanos que cumplan con el requisito material previsto en el artículo 15, pasarán a formar parte del catálogo constitucional de derechos humanos, desvinculándose del tratado internacional que es su fuente y, por lo tanto, de su jerarquía normativa, para gozar, en consecuencia, de supremacía constitucional en los términos previamente definidos.” Criterio que puede ser consultada en el siguiente enlace:

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?i dius=24985&Tipo=2

16 Confróntese,

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx

17 Confróntese,

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.– Diputadas y diputados: Karla Yuritzi Almazán Burgos, Arturo Roberto Hernández Tapia, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, Brenda Ramiro Alejo, Ciria Yamile Salomón Durán, Consuelo del Carmen Navarrete Navarro, Eunice Monzón García, Fátima Almendra Cruz Peláez, Héctor Ireneo Mares Cossío, Irma Juan Carlos, José Luis Flores Pacheco, Julieta Kristal Vences Valencia, Karen Castrejón Trujillo, Klaus Uwe Ritter Ocampo, Leonel Godoy Rangel, Lorena Méndez Denis, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Margarita García García, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Román Ávila, Martha Robles Ortiz, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Noemí Salazar López, Rosa María Alvarado Murguía, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, Sandra Simey Olvera Bautista, Yeidckol Polevnsky Gurwitz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 20 y 21 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe Karla Yuritzi Almazán Burgos, diputada de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y  adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados en la conformación de los órganos de gobierno, conforme a la siguiente:

La participación de la mujer en la política, ha sido una gesta histórica de todas nosotras a lo largo de varias generaciones. Esta inició con la lucha y conquista del reconocimiento de derecho al voto de la mujer por las sufragistas mexicanas en 1946. 1 Esta reforma, de hecho, es la primera gran reforma democratizadora del sistema político mexicano, ya que le dio ingreso a la vida política, a través del derecho al voto, a la otra mitad de la ciudadanía. Poco a poco la mujer se fue involucrando más en la política a partir del ejercicio del sufragio y de su activa participación en los movimientos sociales de los años 50 y, particularmente, fue protagonista del Movimiento Estudiantil del 68. La presencia de la mujer se fue incrementando gradualmente en los espacios públicos, desde las universidades hasta las instituciones gubernamentales. Este gran cambio, se vio fortalecido a través de diversas acciones afirmativas introducidas en nuestra legislación por las reformas políticas desde la de 1977, hasta las de 1996, 2003, 2014 entre otras.

Es imposible obviar el papel de la mujer en la consolidación de la vida pública de nuestro país. Desde el surgimiento de México como nación independiente, las mujeres hemos contribuido a la consolidación de la democracia, muy a pesar de las restricciones que la cultura y la sociedad nos han impuesto. Desde personajes como Josefa Ortiz, Sor Juana Inés de la Cruz, Leona Vicario, Eulalia Guzmán, Carmen Vélez que, junto a muchas otras mujeres, lucharon codo a codo en igualdad de condiciones con los grandes revolucionarios del siglo pasado. Nuestra historia nos demuestra que el camino hacia una verdadera democracia, esta acompañada por la consolidación y reconocimiento de las luchas feministas para permitir la participación de la mujer en la vida pública del país, tal como intitula su libro Karina Andrea Bidaseca, La revolución será feminista o no será, de la misma forma podemos decir que la democracia será feminista o no será.

La participación de las mujeres en el ámbito político no ha sido tarea fácil, ya que ha requerido librar batallas que van más allá de las balas de cañón, batallas con enemigos que, a pesar de ser derrotados constantemente, no dejan el camino libre para el pleno ejercicio de nuestros derechos políticos. Esto toda vez que no se lucha contra personas, sino contra costumbres e ideologías con una raigambre de siglos atrás. Nada lo evidencia mejor que, el relativamente reciente reconocimiento del sufragio femenino el cual apenas tiene casi 130 años, 2 mientras que la democracia moderna tiene poco más de 200 años de existencia 3 y el ejercicio político es tan antiguo como la sociedad misma.

En el nivel internacional, el primer aporte a la defensa de los derechos políticos de las mujeres lo encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se logró eliminar de la redacción la referencia a “los hombres” como sinónimo de seres humanos 4, con lo cual se reconoció el derecho de toda persona a participar en la toma de decisiones de su país, es decir se le reconoce a toda persona el derecho a votar y ser votada. 5 Posteriormente, el primer instrumento, ya del llamado hart law internacional, es la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, en la cual los Estados parte se obligan a garantizar la participación de la mujer en la política de cada país.

Nuestra afirmación respecto a que los cambios democráticos van aparejados del reconocimiento a los derechos políticos de la mujer, se puede corroborar con las reformas en materia político electoral, ya que muchas de ellas se encontraron acompañadas de un avance en la paridad de género dentro de la legislación.

El origen de los cambios democráticos en el país, tal como se mencionó líneas más arriba, fue 1946, año en el que se reforma el artículo 115 constitucional, para reconocer como derecho político de las mujeres el votar y ser votas en las elecciones municipales. Esto permitió que la década de los años 50 del siglo pasado, puede considerarse como el punto de partida en el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer en nuestro país, ya que durante la segunda mitad de 1952 llega a la Cámara de Diputados Aurora Jiménez Palacios para formar parte de la XLII Legislatura, 6 primer legisladora mexicana. De igual forma, en marzo de 1953 se da la adhesión de México a la Convención Sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Por otro lado, en lo que corresponde al derecho doméstico, el 17 de octubre de ese mismo año, se aprobó la reforma constitucional en la que se le reconoce a la mujer el derecho a ejercer el voto. Con estas acciones se marca el inicio de una serie de reformas en materia político electoral, en favor de las mujeres para su participación en la política mexicana.

En 1974 se da otra reforma constitucional en materia de equidad de género, ya que dentro del artículo 4o. del texto fundacional, se reconoce la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. Esta reforma sentó las bases para incrementar la participación de las mujeres en la postulación a cargos de elección popular. Es así que, con la histórica reforma política de 1977, se fortalece al Poder Legislativo y se abre la puerta a fuerzas políticas ajenas al poder presidencial con la intención de mitigar la crisis económico-política heredada de los años sesenta. 7 De igual forma, se realizan importantes modificaciones a la esencia de los partidos políticos, al incluir la paridad de género como una de las finalidades de los partidos, 8 con lo cual se dio paso a la intervención de la mujer en la toma de decisiones políticas de forma más activa.

Dentro de la reforma de 1977, se sustituye la figura de los diputados de partido, por los de representación proporcional, con dicha figura no sólo se permitió la inclusión de fuerzas políticas que no lograran la obtención de una curul a través del principio de mayoría, sino que, a través de ella, también se logró la inclusión de mujeres para integrar la LI legislatura de la Cámara de Diputados, con lo cual ésta contó con 33 mujeres legisladoras, de las cuales todas las que llegaron por el principio de representación proporcional pertenecían a la oposición, en tanto que las legisladoras por el principio de mayoría relativa pertenecían al partido en el poder. 9

A nivel internacional, durante las dos últimas décadas del siglo pasado México firmó y ratificó 3 importantes tratados que dan reconocimiento al libre ejercicio y garantía de los derechos políticos de la mujer por lo que, como se expondrá más adelante, los derechos humanos contenidos en ellos adquieren la categoría de normas constitucionales, esto conforme a criterios jurisprudenciales de la SCJN, que toman como base los artículos 1o., 15 y 113 de nuestra Constitución.

Es así que durante marzo de 1998, México firmó la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Por lo que respecta al sistema Interamericano, en noviembre de 1998 México firmó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Dentro de todos estos instrumentos internacionales ya no sólo se reconoce el derecho a ejercer el voto, sino que ahora se busca el reconocimiento y garantía del derecho a ser votada, es decir de participar de forma activa en la toma de decisiones políticas de cada uno de los Estados parte.

A través de la entrada en vigor de los compromisos internacionales antes citados, México inició un proceso de transformación legal, con la intención de permitir el acceso de las mujeres a los diferentes cargos de elección popular, proceso que en muchos de los casos ha sido demasiado lento. A pesar de ello, el Poder Legislativo ha sido el bastión de la lucha por los derechos políticos de la mujer, ya que la mayor cantidad de modificaciones para garantizar la equidad de género se han dado en el marco del ejercicio de las funciones parlamentarias.

Con relación a lo anterior, es importante mencionar la gran cantidad de reformas en materia de defensa y reconocimiento de los derechos políticos de la mujer, ya que en el marco de las medidas que permitan el ejercicio eficaz de tales derechos se reformó el entonces Código Federal de Instituciones y  Procedimientos Electorales (en adelante Cofipe), dentro del que se estableció la recomendación a los partidos políticos de “ promover una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular” 10

De igual forma, en 1996, el Congreso de la Unión aprobó la primer reforma electoral que iniciaría el camino hacia la paridad de género, ya que se estableció en el abrogado COFIPE la recomendación de incluir en sus estatutos una regla para que sus candidaturas, ya sean por el principio de mayoría relativa o de representación proporcional, no excedan del 70% para un mismo género. 11

En 1997 se da uno de los primeros pasos en el tránsito hacia una democracia parlamentaria con paridad de género, ya que el 30 de septiembre de ese año se creó la Comisión Especial de Asuntos de la Equidad entre los Géneros. Dicha comisión adquirió el carácter de ordinaria el 3 de septiembre de 1999, fecha en la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (en adelante DOF) las reformas a la Ley Orgánica del Congreso General en materia de equidad de género, reformas con las cuales la Comisión de Equidad y Género comenzó sus actividades parlamentarias a partir de la LVIII Legislatura.

Posteriormente, con una reforma de 2002, la sugerencia se transformó en una obligación para los partidos políticos, junto con la modificación al orden de las candidaturas plurinominales, con la intención de que se postulara a una mujer cada tres posiciones de la lista de candidatos a nivel nacional, esto por lo menos en lo concerniente a los procesos electorales a nivel federal. En tal sentido, para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones, se establecieron sanciones para los partidos políticos que incumplierán con dichas obligaciones.

Con el nuevo Cofipe, publicado en el DOF el 14 de enero de 2008, se aumentó el porcentaje de las cuotas de género, al pasar de 30 por ciento establecido en la legislación anterior, a un 40 por ciento exigido por el artículo 219 del Cofipe 12, el cual también enuncia que la finalidad de dicha medida es alcanzar la paridad de género en el ejercicio del poder político.

Todas estas reformas, así como las subsecuentes, en materia de equidad y paridad de género en el quehacer político, se encuentran inspiradas en el principio de progresividad en materia de derechos humanos. Lo anterior toda vez que que dentro de los instrumentos internacionales obligan a los estados a eliminar todas las formas de discriminación hacia la mujer, para generar el ambiente propicio para garantizar a las mujeres el acceso no sólo a los cargos públicos, sino al ejercicio de las diversas funciones del Estado.

La modificación al artículo 41 de nuestra Constitución, promulgada el 10 de febrero de 2014, impuso la obligación para que los partidos políticos emitan las reglas internas que permitan garantizar la paridad entre los géneros, por lo menos en lo que toca a las candidaturas a las legislaciones federales y locales. Ésta reforma tuvo un gran recibimiento a nivel internacional, ya que se mereció el reconocimiento de ONU Mujeres como “ un importante avance hacia una sociedad más justa, incluyente y democrática”. 13 En torno a esta reforma, es importante resaltar que con ella se logrará que la Cámara de Diputados, se convierta en una verdadera caja de resonancia de la realidad social de nuestro país, ya que nuestra población Mexicana está conformada por 64.5 millones de mujeres lo que representa un 51.2% de la población nacional. 14 Esta reforma se vio cristalizada en la práctica política por medio de la expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de la Ley General de Partidos Políticos, en las que se establecieron los lineamientos, incentivos y sanciones para los Partidos que incumplieran con las normas de paridad de género. Es así que se obliga a los partidos políticos a hacer públicos los criterios a través de los cuales garantizaran la igualdad entre los géneros; de la misma forma se incrementa de un 2% a un 3% el presupuesto que estos deben destinar a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Otro avance en esta materia fue el establecer que las candidaturas tanto por el principio de mayoría como por el de representación proporcional, deben apegarse a la paridad de género, especialmente en lo tocante a las listas para el principio de representación proporcional, las cuales deberán integrarse de manera alternada por un hombre y una mujer.

La última reforma en materia de paridad de género, fue realizada a nuestra Constitución el 6 de junio de 2019, con la cual se buscó garantizar la participación de las mujeres en todos los espacios políticos y de toma de decisiones de nuestro país. Reforma que podríamos clasificar, en cierta medida, como enunciativa, ya que no estableció los lineamientos necesarios para dar tales garantías a tal participación, por lo menos no de manera específica. Es importante recordar que, la LXIV Legislatura representó un gran avance en materia de paridad de género, ya que fue la primera que mas se aproximó al objetivo de paridad, ya que el pleno de la Cámara de Diputados estaba conformada por 241 mujeres, que representó 48.2 por ciento, su nivel más alto en toda la historia de la política en México. Por otra parte, a la que orgullosamente pertenecemos es la primera de la historia que posee 50 por ciento de mujeres en su integración.

A pesar de los grandes avances que se han tenido en materia de paridad de género dentro del Congreso de la Unión, aun no existe un acceso paritario a los centros de poder en la toma de decisiones, específicamente en lo que corresponde a los órganos de gobierno al interior de la Cámara de diputados, ya que la legislación no ha hecho uso de los instrumentos necesarios para forzar la inclusión de las mujeres en los espacios de mayor importancia al interior de la casa de las leyes, lugar que, en esta y otras materias, debería ser ejemplo a seguir en el resto de los Poderes y funciones de Estado.

Órganos como la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política, las presidencias de las comisiones o las coordinaciones de los grupos parlamentarios, son lugares que, preponderantemente, han estado reservados para los hombres. Sería un sinsentido que durante la legislatura en que se logró alcanzar la paridad de género, no se hagan las modificaciones que nos permitan el acceso a este tipo de espacios para la conducción de los trabajos políticos dentro de la Cámara de Diputados.

La intención de esta iniciativa, es materializar la igualdad sustantiva en los cargos de dirección y gobierno en los órganos de la Cámara de Diputados, para que se vea materializada la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres al momento de integrar los diversos órganos de gobierno de esta Cámara de Diputados. Una verdadera paridad de género debe ir más allá de una conformación 50/50, requiere no sólo la presencia de las mujeres en el congreso, sino que se nos permita ser protagonistas de la toma de decisiones que dan dirección al trabajo parlamentario.

Es importante resaltar que los derechos no pueden estar sometidos a la buena voluntad de los autores políticos, se requieren instrumentos jurídicos que permitan garantizar su efectivo cumplimiento ya que de esto dependerá su permanencia. Es por ello que consideramos inaplazable la reforma y adiciones legales, que permitan generar una efectiva paridad de género en la toma de decisiones políticas.

El establecimiento de reglas para la igualdad sustantiva entre los géneros, tales como las que proponemos en la presente iniciativa, tienen como fundamento nuestro propio derecho constitucional, toda vez que conforme al texto constitucional, específicamente en lo tocante al artículo 133, en relación con los artículos 1o. y 15 constitucionales, las normas que, en materia de derechos humanos, contengan los tratados internacionales, forman parte de lo que se denomina constitución ampliada. 15 En tal sentido y con relación a la participación de la mujer en los centro de toma de decisiones de la Cámara de Diputados, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en su artículo 2o., inciso f), impone la obligación de “adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; de igual forma y con la intención de permitir el libre acceso de las mujeres a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, se puede observar la necesidad de esta reforma, a la luz de la redacción del artículo 5 inciso a) de la misma convención, 16 el cual considera que una forma de garantizar el adecuado reconocimiento y eficaz ejercicio de los derechos políticos de la mujer, es necesario eliminar los patrones socioculturales de conducta que tiendan al establecimiento de prejuicios y practicas basadas en la superioridad del hombre sobre la mujer. En tal sentid, la vía más adecuada para el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer es la reforma legislativa.

En esta misma línea argumental, podríamos considerar que nuestra legislación en materia de acceso de las mujeres a la vida política de nuestro país esta en deuda, ya que el artículo 4 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (convención Belém do Pará) en su artículo 4 inciso j), establece el derecho de la mujer no sólo a tener acceso a los cargos de elección popular o aquellos que impliquen las funciones administrativas del Estado, sino que también le reconoce el derecho a desempeñar las funciones que tengan una trascendencia en la toma de decisiones de su país, 17 tal como lo son los Órganos de Gobierno de la Cámara de Diputados.

La redacción de las modificaciones anteriormente mencionadas pueden contrastarse con el texto original, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Texto vigente

Artículo 20.

1. Los grupos se organizarán de conformidad con los lineamientos que para tal efecto aprueben, en su reglamento interno.

2. Sin correlativo.

Artículo 21.

1. Los grupos promoverán la equidad de género en los órganos que constituyan en su interior, así como en la integración de las comisiones y comités.

Propuesta de reforma

Artículo 20.

1. Los grupos se organizarán de conformidad con los lineamientos que para tal efecto aprueben, en su reglamento interno.

2. Sin menoscabo de lo anterior, los reglamentos internos de cada grupo deberán contener

materializados los principios de equidad de género, para garantizar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Artículo 21.

1. Los grupos garantizarán la equidad de género en los órganos que constituyan en su interior, así como en la integración de las comisiones y comités. Para ello, de las posiciones directivas y de toma de decisiones al interior de los grupos, 50 por ciento de ellas será ocupado por mujeres; de la misma forma, los grupos parlamentarios propondrán 50 por ciento de mujeres en la conformación de comisiones y comités, tanto para las posiciones de integrantes como para las correspondientes a las juntas directivas.

Por lo anterior, para la consecución de la igualdad sustantiva dentro de la Cámara de Diputados, proponemos dos tipos de modificaciones al marco jurídico del Congreso en materia de paridad de género en órganos de gobierno.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 20 y 21 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de paridad de género en la conformación de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados

Artículo Único: Se reforman los artículos 20 y 21 del Reglamento de la Cámara de Diputados para quedar de la siguiente manera:

Artículo 20.

1. Los grupos se organizarán de conformidad con los lineamientos que para tal efecto aprueben, en su reglamento interno.

2. Sin menoscabo de lo anterior, los reglamentos internos de cada grupo deberán contener materializados los principios de equidad de género, para garantizar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

Artículo 21.

1. Los grupos garantizarán la equidad de género en los órganos que constituyan en su interior, así como en la integración de las comisiones y comités. Para ello, de las posiciones directivas y de toma de decisiones al interior de los grupos, 50 por ciento de ellas será ocupado por mujeres; de la misma forma, los grupos parlamentarios propondrán 50 por ciento de mujeres en la conformación de comisiones y comités, tanto para las posiciones de integrantes como para las correspondientes a las juntas directivas.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Confróntese

https://www.gob.mx/inafed/articulos/12-de-febrero-de-1947-se-rec onoce-a-nivel-municipal-el-derecho-de-las-mujeres-a-votar-y-ser-votadas consultada el 24 de septiembre de 2021 a las 17: 30 horas.

2 Confróntese

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/10/131018_100_mujeres_ba stiones_feminismo_vs consultada el 25 de septiembre de 2021, 14: 30 horas.

3 Esto, según el criterio de referencia que sea tomado, en el presente caso es las postrimerías del S.XIX, Confróntese

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315 -94962016000100008

4 Confróntese

https://www.unwomen.org/es/csw/brief-history consultada el 25 de septiembre de 2021, 10: 00 horas.

5 Confróntese en los tres numerales del artículo 21 de la convención,

https://www.unwomen.org/es/csw/brief-history

6 Confróntese Girón Alicia, González Marín Maria Luisa y Jiménez Ana Victoria Girón, Breve historia de la participación política de las mujeres en México, en González Marín María Luisa y Rodríguez López Patricia, Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PAN, PRI y PRD, las Ciencias Sociales Estudios de Género, Ediciones Miguel Ángel Porrúa, México, páginas 45-46. Texto que se puede consultar en el siguiente enlace:

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LX/lim_des _empo.pdf

7 Confróntese Carpizo Jorge, La reforma política Mexicana de 1977, consultada el 26 de septiembre de 2021 a las 18: 00 horas. en

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2107/5.pdf

8 Confróntese

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S 0187-01732008000100003 consultada el 26 de septiembre de 2021 a las 13: 00 horas.

9 Confróntese Morales Robles Avelina, Participación política de las mujeres en la Cámara de Diputados (XLII-LXIII), Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, México, 2017, pp.15-17. Consultada el 27 de septiembre de 2021 a las 16: 30 horas en:

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/dir/DIR-ISS-02-17_Part.pdf

10 Confróntese

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cofipe/COFIPE_ref03 _24sep93_ima.pdf consultada el 27 de septiembre de 2021 a las 15: 00 horas.

11 Esta y las subsecuentes referencias históricas del proceso de Parida de Género en nuestro país, son tomadas del texto de Medina Espino, Adriana, La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la paridad., Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Cámara de Diputados, México, 2010 pp. 54-55.

12 Confróntese

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/cofipe_2008/COFIPE_ orig_14ene08.pdf consultada el 28 de septiembre de 2021 a las 12: 30 horas.

13 Confróntese

https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2014/ 01/paridad-electoral consultada el 28 de septiembre de 2021 a las 13: 00 horas.

14 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/mujeresyhombres.aspx? tema=P consultado el 28 de septiembre de 2021 a las 16: 30 horas.

15 Tal como se puede apreciar en la contradicción de tesis 293/2011, en la que la SCJN llego a la consideración siguiente: “...la conformidad de las normas internacionales de derechos humanos con la Constitución, para efectos de su incorporación al ordenamiento jurídico interno se debe analizar bajo la regla especial del artículo 15 constitucional, entendida con los principios pro persona, de interpretación conforme y progresividad previstos en el artículo 1o. constitucional, los cuales permiten el reconocimiento de nuevos derechos humanos, siempre y cuando esto no se traduzca en un detrimento al contenido y alcance de los derechos previamente reconocidos e integrantes del parámetro de control de regularidad constitucional.

De acuerdo con lo anterior, puede decirse que el requisito previsto en el artículo 133 constitucional refuerza la interpretación de que los tratados internacionales se encuentran en una posición jerárquica inferior a la Constitución, mientras que el requisito previsto en el artículo 15 constitucional garantiza que, con independencia de la jerarquía normativa del instrumento que las reconozca, las normas internacionales de derechos humanos, y no el tratado en su conjunto, se integren al parámetro de regularidad contenido en el artículo 1o. constitucional. Así, las normas internacionales de derechos humanos que cumplan con el requisito material previsto en el artículo 15, pasarán a formar parte del catálogo constitucional de derechos humanos, desvinculándose del tratado internacional que es su fuente y, por lo tanto, de su jerarquía normativa, para gozar, en consecuencia, de supremacía constitucional en los términos previamente definidos.”

Criterio que puede ser consultada en el siguiente enlace:

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?i dius=24985&Tipo=2

16 Confróntese

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx

17 Confróntese

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021– Diputadas y diputados: Karla Yuritzi Almazán Burgos, Antonio de Jesús Ramírez Ramos, Carol Antonio Altamirano, Ciria Yamile Salomón Durán, Consuelo del Carmen Navarrete Navarro, Fátima Almendra Cruz Peláez, Héctor Ireneo Mares Cossío, Irma Juan Carlos, Juan Carlos Natale López, Leonel Godoy Rangel, Marco Antonio Natale Gutiérrez, Marcos Rosendo Medina Filigrana, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Román Ávila, Nancy Yadira Santiago Marcos, Roberto Antonio Rubio Montejo, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, Valeria Santiago Bañuelos (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Beatriz Rojas Martínez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 1o., fracción “L” del artículo 3o. y la fracción I del artículo 14 Bis 5; y se adicionan el párrafo tercero del artículo 2o., las fracciones V Bis, XLVIII Bis y XLVIII Ter del artículo 3o., el artículo 5 Bis, y los párrafos segundo y tercero a la fracción I del artículo 14 Bis 5, todos de la Ley de Aguas Nacionales en materia de sostenibilidad, seguridad hídrica y saneamiento, al tenor de la siguiente

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los derechos humanos son “el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona [...] son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles”. 1

Los derechos humanos son inalienables, porque no pueden suprimirse salvo en determinadas situaciones; iguales y no discriminatorios, porque todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos; e incluyen derechos y obligaciones.

Por otro lado, la aplicación de los derechos humanos se rige por cinco principios básicos: universalidad, son aplicables a todos los seres humanos; interdependencia, todos los derechos están ligados y vinculados; indivisibilidad, porque forman parte de una totalidad y no pueden ser fragmentados; interdependencia e indivisibilidad, porque son interrelacio-nados e interdependientes y el avance de uno facilita el avance de los demás; progresividad, se debe asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. 2

De acuerdo con Lynn Hunt, los derechos humanos precisan ser naturales, iguales y universales pues “todos los seres humanos del mundo deben poseerlos por igual y sólo por su condición de seres humanos”. 3

Roland Dworkin señala que el contenido de los derechos humanos se sustenta en el concepto de la dignidad humana que distingue a la persona per se. 4 En la dignidad humana es una calidad única y excepcional de todos los seres humanos que debe ser respetada y protegida de forma íntegra sin excepción. 5 De ahí que, de acuerdo con Víctor M. Martínez Bullé-Goyri, los derechos humanos sean “la expresión jurídica de la dignidad humana”. 6

En este sentido, en esta iniciativa, como diputada de la LXV Legislatura, considero que el Estado mexicano debe ser garante de los derechos humanos reconocidos en nuestra constitución, leyes federales y tratados internacionales. El derecho humano al agua y al saneamiento, entonces, es fundamental porque tiene una relación estrecha con los estándares para alcanzar una vida digna y para que el ser humano pueda desarrollar todas sus capacidades.

En primer lugar, debe reconocerse que el agua es el recurso más preciado, pues la vida en nuestro planeta depende de ella. El agua es el hilo conductor de los procesos en todos los ecosistemas y es vital en la producción de alimentos, los servicios de salud y otras actividades fundamentales para el desarrollo. 7 No obstante, el agua es un recurso escaso y finito. Entonces, se entiende que la disponibilidad total del recurso es reducida pues, aunque la superficie del planeta está formada por 70 por ciento de agua, el 97.5 por ciento de ésta es salada y el menos del 1 por ciento es dulce y accesible para el hombre. Ese 1 por ciento se mantiene constante, lo que varía es su distribución en el planeta, que se ve afectada por el lugar, el clima y la época del año. 8 Además, debe añadirse que este 1 por ciento está distribuido de manera desigual, lo que genera escasez y baja disponibilidad. 9

Aunque el acceso al agua potable ha incrementado considerablemente en los últimos años, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que uno de cada cinco países en vías de desarrollo, como México, tendrá problemas de escases de agua antes de 2030; 10 por lo tanto, en estos países es urgente un menor gasto de este vital líquido o una mejor planeación para su uso y reutilización que garantice el acceso de calidad al mismo. En la actualidad, este es un tema que cada día ocupa más la atención de científicos, académicos, políticos y, en general, de la sociedad.

Una de las razones que ocasionaron este problema a nivel mundial y nacional, es el manejo del agua como un recurso ilimitado, ocasionando sobreexplotación y daños a los ecosistemas.  No existe una legislación internacional o nacional para conservar el ciclo hidrológico, aumentando la escasez del vital líquido y llevando, en el más extremo de los casos, a conflictos sociales.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en México, la sobreexplotación de acuíferos es un grave problema que ha ido en aumento desde 1975, cuando se aplicó el Programa Nacional Hidráulico. En ese año, los acuíferos sobreexplotados eran 32, pero para diciembre de 2016 se contabilizaron 105 acuíferos sobreexplotados (16 por ciento) de 653 en total. De igual manera, en 1975 no existían cuencas en déficit y para 2016 se tienen 104 cuencas con esta situación. 11

Además de la sobreexplotación de acuíferos, otras razones que se pueden citar como factores que contribuyen a la disminución de la cantidad y calidad del recurso (y por ende a la desigualdad en su acceso) son: crecimiento de la población, competencia por su uso, incremento de la contaminación del agua, la pérdida de áreas forestales y otros sistemas naturales de captura de lluvia, el uso mayoritario para riego agrícola, la falta de sistemas eficientes de suministro para poblaciones en crecimiento y el cambio climático.

Por otro lado, la escasez del agua por factores humanos puede entenderse por algunos de sus usos, que pueden dividirse en dos tipos: a) usos consuntivos (urbano, doméstico, agrícola, ganadería, servicios e industrial); y b) no consuntivos (acuicultura, hidroeléctrica, recreación, navegación y transporte). Por ello, el consumo del agua no depende exclusivamente de la disponibilidad física, sino de la infraestructura existente y los hábitos culturales. 12

El Foro Económico Mundial (FEM) identificó la crisis del agua como uno de los 5 principales riesgos mundiales. Tanto a nivel internacional como nacional, la escasez de agua puede generar problemas de diversa índole, como problemas fronterizos, migratorios, de alimentación, entre otros.

La problemática del agua y el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento podrían parecer recientes. No obstante, hay antecedentes jurídicos en la legislación internacional que marcan la relevancia de reconocer este derecho para garantizar la dignidad de los seres humanos.

Todos los derechos humanos tienen su origen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este sentido, desde su concepción, han puesto a la persona y su dignidad en el centro, con el propósito de contar con un desarrollo integral.

En 1966, las Naciones Unidas adoptaron la Carta Internacional de los Derechos Humanos, formada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

El derecho humano al agua y al saneamiento ha sido abordado en instrumentos internacionales de carácter ambiental, de desarrollo y de derechos humanos, respondiendo a coyunturas y contextos sociohistóricos específicos. Los primeros grandes avances en este derecho podemos encontrarlos en el ya mencionado PIDESC de 1966. Si bien no reconoce de manera explícita el derecho humano al agua, en sus artículos 11 y 12, dispone el derecho de toda persona a disfrutar de un nivel de vida adecuado, lo que incluye alimentación, vivienda, vestimenta y salud. 13

Conforme la crisis del agua incrementaba, la sociedad internacional comenzó a mostrar interés en los temas ambientales. En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), órgano creado para supervisar el cumplimiento del PIDESC, aprobó la Observación General Número 15 donde hizo explicito el —derecho humano al agua—. Para elaborar tal observación, el CDESC tomó como referencia una serie de conferencias que, décadas atrás, comenzaron a retomar el tema del agua, el desarrollo y el medio ambiente.

La primera fue la Conferencia de Naciones Unidas sobre Agua, realizada en 1997 en Mar del Plata, marcando el comienzo de una serie de actividades globales en torno al agua, como el Decenio Internacional de Agua Potable y Saneamiento (1981-1990) que buscó una ampliación del suministro de servicios básicos para las poblaciones más marginadas. Además, constituyó el primer llamado para que los Estados evaluaran periódicamente de sus recursos hídricos.

Por otro lado, esta convención fue pionera al reconocer por primera vez el agua como un derecho humano, declarando que “todos los pueblos, cualquiera que sea su nivel de desarrollo o condiciones económicas y sociales, tienen derecho al acceso a agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas”. 14

En 1979, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), abordó en su artículo 14, párrafo 2, inciso h, el derecho a gozar de los servicios de saneamiento y el abastecimiento de agua para mujeres en zonas rurales. 15 Diez años más tarde, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 24, párrafo 2, incisos c y e, menciona explícitamente el derecho al agua como parte de la vida digna de niñas y niños. 16

Entre los instrumentos internacionales, previos a la Resolución 64/292, donde se realiza mención del derecho humano al agua, encontramos los siguientes: a) La Conferencia Internacional sobre Agua y Desarrollo Sostenible (Conferencia de Dublín) de 1992; b) la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de Río) de 1992; c) la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo de 1994; y d) la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 2002. 17 En estos instrumentos, se entiende que, para alcanzar un desarrollo humano y sostenible pleno, el derecho al agua potable y al saneamiento es fundamental para que la vida digna y plena de las poblaciones.

La constante problemática del agua ya descrita y los intentos de la comunidad internacional por regular y reconocer el agua como un derecho humano, llevaron a que el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas , se reconociera el derecho humano al agua y al saneamiento, pues es primordial para la realización y garantía de muchos otros, reafirmando que el agua es el recurso natural más importante del planeta, porque sin él la vida termina.

De esta manera, la ONU hizo un llamado a los miembros de la comunidad internacional, específicamente los Estados y las organizaciones internacionales, a proporcionar financiamiento y transferencia de tecnología, especialmente hacia los países en vías de desarrollo, para que puedan proporcionar servicios de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para su población. 18

Desde entonces, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera que el derecho humano al agua debe contar con cinco características irrevocables:

a) Suficiente: Debe garantizarse abastecimiento de agua suficiente y continuo para el uso personal y doméstico (agua para beber, higiene personal, lavado de ropa, limpieza del hogar, preparación de alimentos). Se calculan entre 50 y 100 litros de agua diarios para cubrir las necesidades básicas.

b) Saludable: Debe estar libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza para la salud humana. Los Estados deberán crear y definir estándares nacionales para garantizar medidas de calidad del agua potable.

c) Aceptable: El agua debe ser incolora, insabora e inolora para el uso doméstico y personal.

d) Accesible: Derecho a servicios de agua y saneamiento accesibles físicamente situados en la cercanía inmediata del hogar.

e) Asequible: Tarifas o precios que no superen el 3 por ciento del ingreso del hogar. 19

En septiembre de 2010, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la Resolución 15/9 en la cual reafirmó este reconocimiento, aclarando que forma parte de la legislación internacional y confirmándolo como un derecho legalmente vinculante para los Estados. De esta manera, se consolidaron las bases internacionales para que los Estados, en política interna, generaran las reformas necesarias en el sector hídrico.

¿Por qué fue importante el reconocimiento del acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano? Porque es un paso fundamental para crear mayor justicia social y ambiental. Además, es el resultado de un enorme trabajo y esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil, del sector académico y del político para que la ONU reconociera, aunque tarde, que el agua es un derecho básico para el goce pleno para la vida de todos los seres humanos. 20

Con este antecedente, en septiembre de 2015, se adoptaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. De los diecisiete objetivos planteados, el sexto “Agua limpia y saneamiento” contempla el garantizar acceso universal al agua potable, segura y asequible para todos en 2030, por lo cual “es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene”. 21 Se plantea que el reparto es inadecuado y que las futuras generaciones enfrentarán escasez crónica y reiterada de agua dulce. De esta manera, los países de Naciones Unidas reconocen que los problemas relacionados con los recursos hídricos serán los más urgentes, especialmente por el incremento de la población que ocasiona una demanda más numerosa; esto combinado con el cambio climático y sus múltiples efectos dificultará el acceso al agua y al saneamiento.

ONU-Agua reconoce que el recurso de encuentra posicionado en el centro del desarrollo sostenible y es condición previa para el desarrollo socioeconómico. El acceso al agua y al saneamiento se ha constituido como uno de los derechos humanos reconocidos e indispensables para el pleno desarrollo de los seres humanos, porque el vital líquido es esencial para que otros derechos humanos fundamentales puedan alcanzarse, como el derecho a la vida, a la alimentación y a un medio ambiente sano, sólo por mencionar algunos. El agua es necesaria para alcanzar el desarrollo sustentable, pasando por la salud, la nutrición, la igualdad de género y la economía.

A pesar de estos avances en materia internacional, debe recalcarse que el discurso de gestión del agua tiene en el centro los conceptos de desarrollo y estrés hídrico, por lo que las soluciones, generalmente, van encaminadas a la necesidad de crear y construir nueva infraestructura que permita el acceso a la población de los Estados —particularmente aquellos en vías de desarrollo- y a generar participación multinivel, integrando a más actores y alentando a la gestión público-privada, actores de la sociedad y otros actores interesados en el sector, con la finalidad de democratizarla toma de decisiones.

No obstante, creemos que este sistema y discurso sigue manteniendo al derecho humano al agua relegado y promoviendo y primando los intereses de empresas privadas y otros particulares. Por ello, es necesario retomar la idea de la gestión social comunitaria del agua, pues es una gestión desde la sociedad civil, concibiendo al agua como un elemento natural vital y como un derecho humano. 22 De esta manera, se prima el derecho humano al agua y al saneamiento y no la maximización de las ganancias económicas, impidiendo que las grandes transnacionales y otros particulares puedan hacerse del uso exclusivo y abusivo del líquido.

En este sentido, el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento fue acompañado, en la agenda política internacional y en los centros académicos, por el concepto de seguridad hídrica, enfocada en garantizar el agua suficiente en calidad y cantidad para diversos usos, a precios asequibles y en equidad.

De acuerdo con el Inegi, en nuestro país el 87 por ciento del agua superficial la reúnen 7 ríos: Grijalva-Usumacinta, Papaloapan, Coatzacoalcos, Balsas, Pánuco, Santiago y Tonalá. De acuerdo con las Estadísticas del Agua en México 2018 con 653 cuerpos de agua subterránea, de los cuales 105 se encuentran sobreexplotados. 23

El incremento de la población ha sido uno de los factores que ocasiona la reducción de la disponibilidad del agua en nuestro país. Esto es evidente si observamos que en 1910 la disponibilidad era de 31 mil metros cúbicos por habitante al año. En 1950 disminuyó a 18 mil metros cúbicos. Y en 2010 se redujo a 4 mil 230 metros cúbicos. 24 Estas cifras demuestran que en 100 años la disponibilidad del agua disminuyó 86.36 por ciento.

Los principales usos del agua en nuestro país corresponden a las siguientes actividades: un 76 por ciento en la agricultura; el 14.4 por ciento al abastecimiento público; 4.7 por ciento se destina a las termoeléctricas; y 4.9 por ciento a las industrias. 25 Es decir, que un problema de escasez mayúsculo, aunado a un saneamiento inadecuado podría repercutir seriamente en el país, específicamente en la seguridad alimentaria (por desabasto de alimentos), los medios de subsistencia y el desarrollo social.

Además, debe considerarse que en las últimas tres décadas (y por lo menos hasta 2011), los derechos del agua se han concentrado en manos de los grandes propietarios agrícolas e industriales. Éstos generan una gran contaminación y utilizan enormes volúmenes de agua como insumo clave. Algunas empresas embotelladoras como Coca-Cola Company, Nestlé y Procter & Gamble, han visto multiplicadas sus concesiones de aguas de primera calidad, en detrimento, muchas veces, de las poblaciones originarias. 26

En México, el manejo de los recursos hídricos suele ser insuficiente, irregular y de baja calidad, afectando a la población que consume este recurso en busca de satisfacer sus necesidades básicas. El abastecimiento de agua en territorio nacional se da, principalmente, a través de tres vías: la red de servicio público, venta de agua embotellada y la distribución o venta de agua en pipas.

De acuerdo con el Fondo para la Comunicación y Educación Ambiental, México es uno de los países con baja disponibilidad del recurso: casi 5 mil metros cúbicos por habitante al año. 27 Por otro lado, Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014—2018, señala que al 31 de diciembre de 2012 en México había aún casi nueve millones de personas sin acceso a agua potable (de los cuales, cinco millones se encontraban en zonas rurales), y 11 millones de personas sin contar con servicios de alcantarillado (casi ocho millones de estas personas se encontraban zonas rurales). 28

Como se puede observar, en nuestro país persiste una enorme disparidad en cuanto a la disponibilidad del agua en el norte y sur, dejando claro que tenemos retos importantes para cumplir cabalmente con la efectividad del derecho humano al agua y al saneamiento en determinadas zonas hidrológicas administrativas.

Tampoco podemos negar una terrible realidad a nivel mundial: el acceso al agua tiene una relación bastante estrecha con la situación de pobreza de las personas. México no escapa a esta dinámica, quienes viven en las zonas rurales y más marginadas padecen en mayor medida la falta de acceso y calidad a este recurso, donde las fuentes locales de suministro, además de estar sobreexplotadas, resultan insuficientes para cubrir la demanda .

En México, se ha dado una transformación paulatina de las formas de gestión de los asuntos públicos a partir de la década de 1980. En el ámbito hídrico, significó la implementación de nuevos instrumentos de política pública orientados a una mayor participación de actores económicos y sociales en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos hídricos.

La Comisión Nacional del Agua formula, actualiza y vigila la política hídrica nacional y el Programa Hídrico Nacional que se sustentan en 22 principios. No obstante, debe entenderse que éstos tampoco contienen el respeto y la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento. Se señala que el agua es un bien público, vital, vulnerable y finito, con valor social, ambiental y económico, cuya preservación es asunto de seguridad nacional. Ocho de estos principios aluden a la necesidad de conservar, proteger y restaurar el agua en cantidad y calidad para mantener el equilibrio ecológico; uno, a la atención prioritaria a la población marginada; tres, a la necesidad de pagar por su uso y su contaminación; y dos, a la importancia de que la sociedad esté informada acerca de las características y problemas que conciernen al agua. 29

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la propiedad de las aguas dentro del territorio son propiedad la nación. El Estado mexicano regula su aprovechamiento y también transmite su dominio a particulares por medio de concesiones (este ha sido uno de los puntos más polémicos y las iniciativas ciudadanas para la redacción de una Nueva Ley de Aguas en nuestro país, se oponen terminantemente a las concesiones que se hacen en detrimento de sus derechos y el uso social y local del agua).

El 8 de febrero de 2012, el Congreso de la Unión adicionó un sexto párrafo al artículo 4° de la Carta Magna para que el derecho humano al agua y al saneamiento adquiriera rango constitucional, obligando al Estado a promulgar una nueva legislación y políticas públicas en la materia. En el artículo tercero transitorio de esta modificación se señala que el “Congreso de la Unión contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas”. 30

El párrafo cinco del artículo cuarto constitucional, hace referencia a el derecho de las personas a “[...] un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”. Por su parte, el párrafo sexto del mismo artículo protege el “[...] derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

La Ley de Aguas Nacionales (LAN) vigente desde 1992, no está concordancia con lo mandatado en la Constitución, pues en contenido no se enuncia en ninguna ocasión la responsabilidad que adquirió el Estado mexicano de respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua de manera accesible, suficiente, aceptable y asequible. El artículo 4° de la Ley de Aguas Nacionales establece que es un bien público, un recurso estratégico y que su manejo es asunto de seguridad nacional.

De esta manera, de acuerdo con Rodrigo Gutiérrez Rivas, “[...] cuando se convierte un interés o una necesidad –como el derecho al agua y a un medioambiente saludable (artículo 4°.)– en derecho fundamental, significa que la comunidad política ha decidido otorgarle a dicho interés una posición de máxima jerarquía dentro de su sistema jurídico. Esto suele hacerse con aquellos bienes que tienen especial relevancia para la su pervivencia de los entornos sociales o ambientales. Al hacerlo [...] los poderes públicos, quedan jurídicamente obligados a privilegiar dichos intereses cuando colisionen con otros no relevados por la comunidad”. 31

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) ha buscado que, además del concepto de derecho humano al agua, también se adopte el concepto de seguridad hídrica propuesto por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y se adecue al contexto nacional para aceptar la disponibilidad de agua en cantidad adecuada y calidad aceptable para preservar un clima de paz y estabilidad política, para sostener y proteger el abasto de agua para todo ser viviente y toda actividad social, económica y ambiental; asegurar la capacidad de mitigar y adaptarse a niveles aceptables y manejables ante los fenómenos naturales y antropogénicos que ponen en riesgo a la población, la economía y al medio ambiente asociados a la cantidad y calidad del agua; asegurar la capacidad para acceder, explotar, usar y aprovechar las aguas de forma sostenible, así como para gestionar, planificar, manejar y administrar de manera integrada las interrelaciones e intervenciones entre los diferentes sectores asociados a los recursos hídricos. 32

Reconocer el derecho humano al agua y al saneamiento fue un gran paso en nuestra política internacional al colocarlo en el artículo 4o. constitucional. No obstante, la Ley de Aguas Nacionales, vigente desde 1992, no contempla este derecho y se encarga únicamente de la parte técnica y administrativa, reglamentando exclusivamente el artículo 27 y, por lo tanto, dando paso a las concesiones que han sido aprovechadas por las empresas privadas en detrimento de la población.

En ese sentido, urge que la Ley de Aguas Nacionales esté en concordancia con lo mandatado en la Constitución Política. Si bien se necesita elaborar una nueva ley, que contemple el derecho humano al agua y al saneamiento, garantice la participación y administración social, y priorice las necesidades de la población sobre los intereses privados, es necesario realizar estas pequeñas modificaciones en la Ley vigente, para garantizar los derechos de la población mexicana, especialmente del sector más pobre y así puedan contar con agua potable limpia, saludable y a precios accesibles, garantizando también, dada la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, el derecho a la vida, a un medio ambiente sano, a la salud, a la alimentación, a la vivienda adecuada, entre otros.

El Estado mexicano, al haber ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PDESC) en 1981, debe cumplir con sus tres obligaciones establecidas en la Observación General número 15 del Comité de este pacto: la obligación de respetar (evitar que deniegue o restrinja el acceso al agua potable en condiciones de igualdad); la obligación de proteger (impedir que terceros —particulares, empresas u otras entidades- menoscabe el disfrute de este derecho); y la obligación de cumplir (que facilite, promueva y garantice el derecho humano al agua). 33

El agua potable, el saneamiento y la higiene correcta son fundamentales para la salud, la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo. No obstante, contar con servicios adecuados y de calidad de agua potable y saneamiento siguen siendo un lujo para muchos de los habitantes más pobres de nuestro país. Esta situación debe terminar y el Estado mexicano debe ser garante de la seguridad hídrica, la sostenibilidad y el saneamiento para el mejor aprovechamiento del recurso para la población.

El siguiente cuadro expone el comparativo de las modificaciones que se plantean:

En tal virtud, tengo a bien someter a consideración de este pleno el siguiente

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales en materia de sostenibilidad, seguridad hídrica y saneamiento

Artículo Único. Se reforman el artículo 1o., la fracción “L” del artículo 3o. y la fracción I del artículo 14 Bis 5; y se adicionan el párrafo tercero del artículo 2o., las fracciones V Bis, XLVIII Bis y XLVIII Ter del artículo 3o., el artículo 5 Bis, y los párrafos segundo y tercero a la fracción I del artículo 14 Bis 5, todos de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue :

Artículo 1o. La presente Ley es Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales; es de observancia general en todo el territorio nacional, sus disposiciones son de orden púbico e interés social y tiene por objeto regular la gestión integral, distribución, uso y/o aprovechamiento equitativo, sustentable y no discriminatorio de dichas aguas, así como el tratamiento y saneamiento de aguas residuales, para lograr un desarrollo integral sustentable y la seguridad hídrica de todo el país, preservando y garantizando la calidad, suficiencia, aceptabilidad, accesibilidad y asequibilidad del líquido.

Artículo 2. Las disposiciones de esta ley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo. Estas disposiciones también son aplicables a los bienes nacionales que la presente ley señala.

Las disposiciones de esta ley son aplicables a las aguas de zonas marinas mexicanas en tanto a la conservación y control de su calidad, sin menoscabo de la jurisdicción o concesión que las pudiere regir.

Estarán sometidas a la presente ley todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, cualquiera que sea su constitución, que presten, sean usuarios, presenten o se vinculen con alguno de los servicios de agua y saneamiento.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I.- a V [...]

V BIS. Agua Potable: Agua apta para el consumo humano sin efectos dañinos para la salud, que cuenta con las características establecidas por los parámetros internacionales y las normas oficiales mexicanas.

VI.- a XLVIII [...]

XLVIII Bis. Saneamiento. Son todas las técnicas necesarias para recoger, transportar, tratar, alejar, descargar y eliminar de manera higiénica y segura, los residuos sólidos, excretas y aguas residuales, con el fin de generar un ambiente limpio y sano.

XLVIII Ter. Seguridad hídrica. Capacidad del Estado y su sociedad para garantizar el agua suficiente en calidad y cantidad para diversos usos, a precios asequibles y en equidad, protegiendo el abasto de agua para la población y el desarrollo social y económico sustentable para preservar un clima de paz y estabilidad política, social, ambiental y económica; asegurando también la mitigación y adaptabilidad ante fenómenos naturales y antropogénicos que puedan poner en riesgo el abastecimiento del líquido.

XLIX [...]

L. “Sistema de Agua Potable y Alcantarillado”: Conjunto de obras y acciones que permiten la prestación de servicios públicos de agua potable y alcantarillado, incluyendo el saneamiento ;

L. a LXVI [...]

Artículo 4. [...]

Artículo 5. Para el cumplimiento y aplicación de esta ley, el Ejecutivo federal:

I. a III...

Artículo 5 Bis. Para el cumplimiento y aplicación de esta ley, en materia de sostenibilidad, seguridad hídrica y saneamiento, se observará lo siguiente:

I. Garantizar que el acceso y disposición del agua sea suficiente, salubre, aceptable, asequible, equitativo y no discriminatorio.

II. Priorizar el uso personal y doméstico, estableciendo las sanciones para aquellas autoridades o personas que, a través de sus actos, hechos u omisiones limiten el ejercicio pleno de este derecho humano, siempre tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que esta Ley establece.

III. Los servicios de agua y saneamiento que brinde el Estado, las entidades federativas o la Ciudad de México, deben ser accesibles para todas las personas, en equidad y sin discriminación.

IV. Se garantizará la participación ciudadana, priorizando a las personas en situación de vulnerabilidad y los pueblos originarios, eliminando todo tipo de desigualdad y discriminación en el ejercicio de este derecho. La población podrá participar en la toma de decisiones respecto a programas y proyectos referentes a la gestión del agua que puedan afectar u obstaculizar su derecho humano al agua y al saneamiento.

V. Los usuarios tendrán el derecho de recibir información respecto a la gestión integral de los recursos hídricos.

Título Tercero
Política y Programación Hídricas

Capítulo Único

Sección Primera
Política Hídrica Nacional

Artículo 14 Bis 5. Los principios que sustentan la política hídrica nacional son:

I. El agua es un recurso vulnerable y finito esencial para el desarrollo digno de la vida. Es un bien público, social, ambiental y económico. El Estado y la sociedad, velarán por preservar la sostenibilidad, que también será prioridad y asunto de seguridad hídrica.

El Estado, las entidades federativas, los municipios, la Ciudad de México y las autoridades competentes deberán garantizar el acceso universal a los servicios de agua y saneamiento, que deberán ser congruentes con las políticas de desarrollo humano y sustentable, garantizando la calidad, suficiencia, aceptabilidad y asequibilidad. La provisión de los servicios debe ser equitativo y sin discriminación entre usuarios. Se incluirá y garantizarán los derechos de la población marginada y de los pueblos originarios.

El Estado, las entidades federativas, la Ciudad de México y las autoridades competentes en la materia, deben proteger el medio ambiente conforme a la legislación vigente, promoviendo el uso y rehúso sustentable del agua, a través de técnicas y materiales que no deterioren el medio ambiente y contribuyan a la conservación del agua. Se observará también el adecuado saneamiento de las aguas residuales.

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 CNDH, ¿Qué son los derechos humanos?, CNDH, México, disponible en:

https://www.cndh.org.mx/derechos-humanos/que-son-los-derechos-hu manos

2 Ídem .

3 Lynn Hunt, La invención de los derechos humanos,TusQuets, España, 2009, página 19.

4 Roland Dworkin, Justice of hedgehogs,Harvard University Press, 2011, página 204.

5 Eduardo Ferrer, et. al.(coordinadores), Derechos humanos en la Constitución: comentarios de jurisprudencia constitucional e interamericana I,SCJN-UNAM-Fundación Konrad Adenauer, Ciudad de México, 2013.

6 Víctor Martínez Bullé-Goyri, “Reflexiones sobre la dignidad humana en la actualidad”, en Boletín mexicano de derecho comparado,año XLVI, número 136, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, enero-abril de 2013, página 55.

7 Fernando González Villareal, La gestión del agua: lecciones de la experiencia del Programa Nacional Hidráulico 1975-2000,Conagua-Red del Agua UNAM, México, 2011, disponible en:

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/3Leccio nesdelaexperienciadelPNH1975-2000.pdf

8 World Wide Fund for Nature, Ecosistemas de agua dulce,WWF México, disponible en:

https://www.wwf.org.mx/que_hacemos/agua_dulce/

9 Delia Montero Contreras, Transnacionales, gobierno corporativo y agua embotellada: el negocio del siglo XXI,UNAM, México, 2015, página 23.

10 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, “No hay crisis mundial de agua, pero muchos países en vías de desarrollo tendrán que hacer frente a la escasez de recursos hídricos”, FAO, 2003, disponible en:

http://www.fao.org/spanish/newsroom/news/2003/15254-es.html

11 s/a. Estadísticas del agua en México,Semarnat-Conagua, México, 2017, página 59, disponible en:

http://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/EAM_2017.pdf

12 Cfr.Hans Gunter Brauch, et.al. Facing Global Environmental Change: Human, Energy, Food, Health and Water Security Concepts,Springer, Alemania, 2009, página 182.

13 ACNUDH, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,Naciones Unidas, 1966, disponible en:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx

14 UNW-DPAC, El derecho humano al agua y al saneamiento. Hitos,España, s/año, disponible en:

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to _water_and_sanitation_milestones_spa.pdf

15 ACNUDH, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),disponible en:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx

16 UNICEF, Convención sobre los derechos del niño,Madrid, 2006, disponible en:

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

17 UNW-DPAC, El derecho humano al agua y al saneamiento, op.cit.

18 Página Oficial de las Naciones Unidas, Decenio Internacional para la Acción “El agua fuente de vida, 2005-2015”,Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (ONU-DAES), 2014, disponible en:

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_wat er.shtml

19 John Scanlon, Angela Cassar y Noémi Nemes, Water as a Human Right?,IUCN, Environmental Law Programme, 2004, disponible en:

https://www.iucn.org/content/water-human-right

20 s/a. “La ONU reconoce el acceso al agua como un derecho fundamental”, Ecologistas en Acción, disponible en:

https://www.ecologistasenaccion.org/18187/la-onu-reconoce-el-acc eso-al-agua-como-un-derecho-fundamental/

21 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Objetivos de Desarrollo Sostenible, 6 Agua limpia y saneamiento, PNUD, disponible en:

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-developmen t-goals/goal-6-clean-water-and-sanitation.html

22 María Griselda Gunther, “Gestión del agua y práctica del Buen Vivir” en Gian Carlo Delgado, et. al., Buena Vida, Buen Vivir: imaginarios alternativos para el bien común de la humanidad,UNAM-CEIICH, México, 2014, página 347.

23 Semarnat-Conagua, Estadísticas del Agua en México 2018,México, 2018, página 30, disponible en:

http://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/EAM_2018.pdf

24 INEGI, Cuéntame de México. Agua,InegI, México, disponible en:

https://www.google.com/search?q=agua+en+mexico+inegi&oq=agua +en+mexico+inegi&aqs=chrome..69i57j0l7.3694j0j4&sourceid=chrome&ie= UTF-8

25 Semarnat-Conagua, Estadísticas del Agua en México 2018, op.cit.

26 Roberto Constantino Toto, “Las dimensiones de la seguridad nacional en materia hídrica”, en Carlos Navarrete Ruiz, et al, Agua: el oro azul, México, Senado de la República LXI Legislatura, México, 2011, páginas 194-196.

27 Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, “Hacia una nueva ley de agua en México”, México, 2017, disponible en:

https://agua.org.mx/analisis_integral/hacia-una-nueva-ley-del-ag ua/

28 Comisión Nacional del Agua, Programa Nacional Hídrico 2014-2018,Semarnat-Conagua, México, 2014, página 38.

29 Conagua, Plan Nacional Hídrico 2014-2018,Conagua, México, disponible:

https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-naciona l-hidrico-pnh-2014-2018

30 s/a, La nueva Ley General de Aguas,Agua.org, Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental A.C., México, disponible en:

https://agua.org.mx/analisis_integral/la-nueva-ley-general-de-ag uas/

31 Rodrigo Rivas Gutiérrez, “El derecho fundamental al agua en México: un instrumento de protección para las personas y ecosistemas”, en Revista Mexicana de Derecho Constitucional,Número 18, enero-junio 2008, página 75.

32 Jorge A. Hidalgo Toledo, Fortalecimiento de la Seguridad hídrica en México.Semarnat-IMTA, México, sin año, disponible en:

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/8905 6/446605/file/4.4JorgeArturoHidalgoToledo.pdf

33 Para mayor información, véase Red-DESC, Observación General N°15: El derecho al agua,disponible en:

https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-15-d erecho-al-agua-articulos-11-y-12-del-pacto-internacional

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 23 de septiembre de 2021.– Diputadas: Beatriz Rojas Martínez, Sandra Simey Olvera Bautista, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Román Ávila (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 43 y 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, suscrita por la diputada Krishna Karina Romero Velázquez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Krishna Karina Romero Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio y con arreglo a las facultades y atribuciones conferidas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43 fracción I y 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, en atención de la siguiente

Los jóvenes representan un sector fundamental para el progreso y desarrollo de cualquier país, su participación dentro de la sociedad es indispensable, ya que actúan como agentes de cambio social, político, desarrollo económico y progreso.

A nivel mundial de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la población juvenil ronda entre los mil 800 millones de jóvenes y se espera que este número crezca durante los próximos 13 años, a casi 2 mil millones de jóvenes. 1

En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2 habitan 31.2 millones de jóvenes de entre 15 a 29 años de edad, los cuales, representan el 25% del total de la población en el país.

El estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Puebla, son las entidades federativas donde más jóvenes habitan en el país, al concentrar en su conjunto cerca del 40% del total de jóvenes.

Por grupos de edad, el Inegi, indica que 10.8 millones de jóvenes tienen entre 15 y 19 años; mientras que 10 millones están en el grupo de 20 a 24 años, y representan el 35% del total de los jóvenes y 9.9 millones se encuentran en el rango de edad de 25 a 29 años, y representan el 33% del total de los jóvenes.

Si bien, los jóvenes son un sector fundamental para el desarrollo mundial y de nuestro país, lamentablemente muchos de ellos, carecen de oportunidades para poderse desarrollar y explotar sus aptitudes y capacidades en los ámbitos educativos y laboral.

En América Latina y el Caribe, según el Informe Mundial sobre el Empleo Juvenil 2020 de la Organización Internacional del Trabajo, refiere que hay 9.4 millones de jóvenes desempleados, 23 millones que no estudian ni trabajan ni están en capacitación, y más de 30 millones sólo consiguen empleo en condiciones de informalidad. 3

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su reporte, “Panorama de la educación 2021”, señala que, en México, el 23% de los jóvenes de entre 18 a 24 años de edad, no estudian ni trabajan, es decir, 1 de cada 4 jóvenes mexicanos se encuentran en esta condición, contexto que ubica a nuestro país, en el cuarto lugar, entre los países que integran dicha Organización, con más jóvenes que no estudian ni trabajan. 4

Asimismo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del segundo trimestre del 2021 llevada a cabo por el Inegi, indica que 1.2 millones de personas de 15 a 29 años se encuentran sin empleo.

Una de las principales causas por que los jóvenes no encuentren trabajo, se debe a la falta de experiencia, pues el estudio “la Escasez de Oportunidades Laborales para los Jóvenes”, elaborado por la empresa Manpower Group, precisan que el 79% de los jóvenes mexicanos de entre 18 a 29 años de edad tiene dificultad para encontrar un empleo, principalmente debido a dicha falta de experiencia. 5

Dicho estudio afirma también, que el terminar una carrera profesional, no garantiza el poder obtener un empleo, pues entre mayor escolaridad tienen los jóvenes en México, mayor dificultad padecen para poder encontrar un trabajo bien remunerado y con las prestaciones adecuadas, ya que los jóvenes con licenciatura tienen un 83% de dificultad para emplearse, mientras que los jóvenes con Maestría o Posgrado tienen un 79% de dificultad para emplearse, y a su vez los jóvenes con bachillerato o carrera técnica, tienen un 76% de dificultad para encontrar un trabajo. 6

Lamentablemente la falta de oportunidades para poder acceder a un empleo formal, se ha convertido, en una de las problemáticas que más sufren los jóvenes en la actualidad en nuestro país y con ello se orilla a los jóvenes a optar por trabajos en el sector informal, el cual, actualmente emplea a 8.9 millones de jóvenes mexicanos de entre 15 a 29 años, sin embargo, dichos empleos en su mayoría son carentes de prestaciones y seguridad social.

Ante este contexto, resulta importante establecer acciones que fomenten la integración de los jóvenes al mundo laboral, tanto del sector privado como del sector público.

Por ello, debe ser una prioridad del Estado y de nosotros como Diputados y Diputadas y representantes de este sector tan importante de la población, el promover políticas e instrumentos que busquen disminuir el desempleo en los jóvenes y permitan lograr su integración en un trabajo decente.

En virtud de lo anterior, la presente iniciativa plantea establecer la obligación a los Poderes de la Unión de contratar progresivamente a jóvenes de entre 18 a 29 años de edad, hasta alcanzar cuando menos el diez por ciento de su plantilla laboral, los cuales deberán cumplir con los requisitos de ingreso y contar con las aptitudes para el desempeño de las funciones correspondientes.

El proporcionar a los jóvenes la posibilidad de acceder a un empleo formal, con seguridad social, prestaciones adecuadas y con un salario digno, ayudará también a combatir la pobreza en dicho sector de la población, pues actualmente de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social el 46.1% de jóvenes en nuestro país, se encuentra en condiciones de pobreza.

Resulta necesario contar con un marco normativo específico, que promueva y establezca acciones que garanticen y hagan efectivo su derecho de los jóvenes a contar con un empleo formal y bien remunerado, que les permita tener una vida más digna y de mayor calidad.

Por último, resulta importante señalar que la presente propuesta coadyuva a dar cumplimiento al objetivo 8.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cual busca que de aquí a 2030, se logre el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 43, fracción I, y 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional

Artículo Único. Se reforman los artículos 43 fracción I y 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 43. ...

I. Preferir en igualdad de condiciones, de conocimientos, aptitudes y de antigüedad, a los trabajadores sindicalizados respecto de quienes no lo estuvieren; a quienes representen la única fuente de ingreso familiar; a jóvenes de entre 18 a 29 años; a los Veteranos de la Revolución; a los supervivientes de la invasión norteamericana de 1914; a los que con anterioridad les hubieren prestado servicios y a los que acrediten tener mejores derechos conforme al escalafón.

...

II. a X. ...

Artículo 62. Las plazas de última categoría de nueva creación o las disponibles en cada grupo, una vez corridos los escalafones respectivos con motivo de las vacantes que ocurrieren, y previo estudio realizado por el Titular de la Dependencia, tomando en cuenta la opinión del Sindicato, que justifique su ocupación, serán cubiertas en un 50% libremente por los Titulares y el restante 50% por los candidatos que proponga el Sindicato , y en cada caso el diez por ciento de esas vacantes se destinarán exclusivamente a personas jóvenes de entre 18 a 29 años.

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.un.org/es/chronicle/article/los-jovenes-marcan-el-camino-hacia-un-m undo-mas-conectado-y-sostenible

2 Censo de Población y Vivienda 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); disponible en la pág. web.-

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ EstSociodemo/ResultCenso2020_Nal.pdf; consultado el día 25-09-21

3 Informe Mundial sobre el Empleo Juvenil 2020; Organización Internacional del Trabajo ; disponible en la pág. web.-

https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_738631/lang–es/ index.htm; consultado el día 25-09-21.

4 “Panorama de la educación 2021”; OCDE, disponible en la pág. web.-

https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-20 21_b35a14e5-en; consultado el día 25-09-21.

5 Escasez de Oportunidades Laborales para los Jóvenes”; Manpower Group, disponible en la pág. web.-

https://www.manpowergroup.com.mx/wps/wcm/connect/manpowergroup/9 154148c-1ae2-4a67-b988-d163c1307298/Reporte_Comple-to_de_M%C3%A9xico_en_Espa%C3 %B1ol.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_2802IK01 OORA70QUFIPQ192H31-9154148c-1ae2-4a67-b988-d163c1307298-nld6MkP; consultado el día 25-09-21.

6 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.– Diputada Krishna Karina Romero Velázquez (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 12 y 173 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como del artículo 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, Yericó Abramo Masso, diputado de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12 y 173 de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente

Una de las experiencias más difíciles de escuchar de voz de nuestras y nuestros ciudadanos es la de conocer las historias de cientos de ellos que han trabajado durante la mayor parte de sus vidas y, que habiendo logrado una pensión, ésta les sea insuficiente para vivir dignamente y que aun en el ocaso de sus vidas al no contar con un ingreso proporcional a sus necesidades, se ven obligados a incorporarse nuevamente a diversos mercados laborales, mi compromiso es, antes que nada, con las personas que viven alguna situación de vulnerabilidad, por lo que quiero proponer y aprobar leyes que generen equilibrio en todas las áreas de actividad económica en nuestro país y que provean mejores condiciones para todos los sectores de nuestra población en general y de las personas de la tercera edad en lo particular.

Como es de todos sabido, uno de los sectores más discriminados de nuestra sociedad lo constituyen los adultos mayores, son diversos los ámbitos de discriminación sin embargo, la propia Ley del Seguro Social se convierte en una limitante para ellos cuando aun contando con una pensión, por diversas razones es ven obligados a regresar al ámbito laboral para complementar sus ingresos y se encuentran con que por ley se suspende el pago de la pensión garantizada cuando el pensionado reingrese a un trabajo sujeto al régimen obligatorio, resultando contradictorio para los fines del adulto mayor que precisamente reingresó a trabajar para completar una pensión que le resulta insuficiente, el punto clave para generar empatía con esta población es de entender que esto no lo hacen con la intención de obtener otra pensión de la misma naturaleza, su motivación es sin lugar a duda la necesidad.

En este sentido, una de las peticiones recurrentes de este sector durante mi campaña y en otras, ha sido que en la Ley del Seguro Social se mantenga el pago de la pensión garantizada cuando el pensionado reingrese a un trabajo sujeto al régimen obligatorio.

La población mundial está envejeciendo. El número de personas mayores de 65 años en el mundo ha ido en aumento en los últimos años, y está previsto que esta tendencia continúe al alza en las próximas décadas.

Según datos del Banco Mundial, en 2019 las personas de 65 años de edad o más representaban el 9.10 por ciento de la población mundial. Este porcentaje casi se ha duplicado en las últimas seis décadas, puesto que en 1960 éste no alcanzaba 5 por ciento. En números absolutos, este grupo de edad ha pasado de 150 millones en 1960 a 697 millones en 2019. 1

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) reporta que en América Latina y el Caribe actualmente hay 84.9 millones de personas mayores, que representan 13 por ciento de la población de la región, en 2030 este grupo de población representará 16.7 por ciento y en 2050 1 de cada 4 latinoamericanos y caribeños será adulto mayor. El ritmo medio anual de crecimiento de este grupo poblacional es cuatro veces mayor que el de la población total durante el periodo 2020. 2

Por otra parte, en México, al igual que en el resto del mundo existe un proceso de envejecimiento y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la población de 60 años y más se incrementó de 9.1 por ciento en 2010, a 12 por ciento en 2020, por lo que para 2020 había más de 15 millones de personas residentes en el país de 60 años y más.

En el mismo sentido la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018, señala que la mayoría de ellos (47.9 por ciento) vive en hogares nucleares, 39.8 por ciento residen en hogares ampliados (un solo núcleo familiar o más, y otras personas emparentadas con él o ellos) y 11.4 por ciento viven solos.

Como podemos observar en las cifras nacionales e internacionales sobre población de adultos mayores, la dinámica de crecimiento representa una tendencia que no se modifica, por lo que atender con leyes que favorezcan a las poblaciones de mayor edad, que son la mayor parte de las y los trabajadores jubilados o pensionados es una necesidad ampliamente justificada, tanto en la región de América Latina como en México que es el lugar donde nosotros debemos asumir con responsabilidad las decisiones en materia de seguridad social y trabajo de nuestros adultos mayores.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene como principio fundamental reconocer a las personas de edad como aquellas que contribuyen al desarrollo de un país, por lo que se hace esencial que las políticas públicas y la sociedad en su conjunto tomen medidas para protegerlos (ONU, 1999).

En México, las personas de 60 años o más que viven solas se exponen a vulnerabilidad, debido a que no cuentan con una red familiar que las apoye en un momento de su vida donde su salud o sus condiciones económicas pueden ser precarias.

La situación conyugal que predomina en las personas de edad que viven solas es la viudez. Si bien es cierto que en ambos sexos se da esta condición, en los hombres el porcentaje es menor (42.6 por ciento) que en las mujeres (65.3 por ciento).

De acuerdo con estimaciones de la misma fuente indican que el porcentaje de las personas de edad que viven solas y son económicamente activas es de 41.4 por ciento. De éstas, 54.1 por ciento son hombres y 45.9 por ciento son mujeres.

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica para el segundo trimestre de 2019 que 21.7 por ciento de los adultos mayores que viven solos y están ocupados, no reciben prestaciones, 15.7 por ciento reciben aguinaldo y sólo 13.4 por ciento tienen vacaciones con goce de sueldo.

La principal fuente de ingreso de las personas de edad que viven solas la jubilación o pensión (36.7 por ciento); le siguen algún programa de gobierno (36.6 por ciento) y/o por su trabajo (34.4 por ciento).

Durante 2018 en el país, 85.4 por ciento de las personas de edad que viven solas están afiliadas a una institución de servicios de salud. De éstas, 44.1 por ciento está afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 40 por ciento al Seguro Popular o Seguro Médico Siglo XXI y 14.8 por ciento al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), entre las más importantes.

De acuerdo con la Enadid 2018, 27.1 por ciento de las personas de edad que viven solas tiene discapacidad y 42.3 por ciento alguna limitación para realizar alguna actividad considerada básica.

La relación entre el incremento de la edad y la discapacidad es más que evidente. En el grupo de 60 a 69 años, 18.1 por ciento de los adultos mayores que viven solos tiene discapacidad; entre los que tienen 80 años o más, casi la mitad de ellos (48.2 por ciento) son personas con discapacidad. 3

De acuerdo con el Conapred el problema más importante de esta población es la pobreza: casi la mitad vive en dicha situación. La discriminación estructural hacia este sector es causa de dicha pobreza, pero al mismo tiempo la acentúa.

La misma Organización de las Naciones Unidas señala en el objetivo 1 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible es referente a: poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, asimismo dentro de sus metas 1.2, 1.3 y 1.4 señala lo siguiente.

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.

1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables.

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación.

Los adultos mayores no tienen acceso a empleos bien remunerados y por el contrario se emplean en condiciones de precariedad con sueldos inferiores y sin prestaciones laborales que los obliga a depender de sus familias o de los programas sociales.

No hay forma de alcanzar estas metas señaladas en los ODS para combatir eficazmente la pobreza si limitamos el acceso de pensionados y jubilados a trabajos dignos o si no quitamos los candados que perjudican a estos trabajadores.

El mismo Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) destaca que como consecuencia de lo anterior, en ocasiones las familias las consideran una “carga” y por eso se les maltrata, abandona o invisibiliza Además, desde el Estado, muchas veces se les considera como destinatarias exclusivas de políticas asistencialistas, que no promueven realmente su inserción.

El Conapred identifica que los problemas más importantes que afectan a las personas mayores están relacionados con la pobreza: ingresos insuficientes, sea por falta de acceso a empleos seguros y de calidad o por pensiones escasas o de monto insuficiente; dependencia económica de sus familias o del Estado, así como alimentación y atención médica comparativamente deficientes. Pero también hay otros desafíos relacionados con política pública, espacios no accesibles, falta de una política de cuidado, albergues y casas hogar con recursos y regulación suficiente, y otras medidas de inclusión social. 4

En el mismo sentido la Enadis 2017, indica que sus tres principales problemas son la falta de oportunidades laborales, la insuficiencia de su pensión para cubrir las necesidades básicas, y la falta absoluta de una pensión.

La Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) reporta que en 2017 de los 91.4 millones de personas de 15 y más años, 56.1 por ciento reconoce que no ha cotizado, es decir, 51.3 millones no han realizado alguna aportación para su pensión o retiro en instituciones de seguridad social.

De la población que reconoció estar pensionada, 77.3 por ciento mencionó acudir algún servicio médico en el último año; y de los que refirieron acudir al IMSS, 13.4 por ciento eran pensionados.

En 2017 se estima 14.7 millones de adultos mayores de 60 y más años, de los cuales 14.7 por ciento reconocieron que necesitan ayuda para realizar sus actividades básicas e instrumentales en su vida diaria siendo la población femenina la que más ayuda requiere con 64.7 por ciento. 5

Para 2017 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) reportaba que en nuestro país contaba con 5 millones 418 mil 414 pensionados contributivos de los cuales 4 millones 80 mil 119, es decir, 75.3 por ciento correspondían al IMSS; un millón 118 mil 662, el 20.7 por ciento correspondían al ISSSTE y el resto a Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otros.

El Instituto Mexicano del Seguro Social reporta que para 2020 había 4 millones 19 mil 994 pensiones en curso de pago, cifra que sería el equivalente a los potenciales beneficiarios de la reforma que se propone.

El Conapred señala que se necesita una política integral hacia las personas mayores que considere sus necesidades, garantice el acceso a sus derechos y atienda sus principales problemas.

En este contexto y dadas las situaciones de discriminación por edad que sufren los adultos mayores y la falta de atención integral a la problemática que ya se ha descrito, destacaremos lo que en el ámbito jurídico respalda a este amplio y creciente sector de nuestra sociedad.

En nuestra Constitución se establece con toda precisión la prohibición de la discriminación por este motivo.

Por otra parte, la Ley Federal del Trabajo establece que el trabajo es un derecho y un deber sociales. Asimismo, señala que: No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.

En el mismo sentido, la fracción V del artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores estipula el derecho a no sufrir de discriminación laboral por la edad, al establecer que las personas adultas mayores tienen derecho a gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral. 6

Estamos convencidos que, para aprovechar la experiencia de los pensionados y jubilados de nuestro país es necesario modificar la redacción del artículo 73 del Ley del Seguro Social para permitir que cuando regrese a trabajar no se le suspenda la pensión, y que el contratante sólo le pague el seguro contra accidentes en su área de trabajo.

Con esta reforma se podría contribuir a que nuestros jubilados y o pensionados regresen a la actividad productiva y mejoren su estado de salud y dispongan de mayores ingresos.

En este sentido, además estaríamos dando cumplimiento al artículo 18 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores que dispone lo siguiente:

“La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad”.

En virtud de lo anteriormente expuesto y partiendo de un análisis de los datos duros referentes a los adultos mayores y su crecimiento poblacional en las últimas décadas, así como las leyes nacionales e internacionales que tutelan sus derechos y con el propósito de coadyuvar a disminuir uno de los principales problemas que enfrentan nuestros jubilados y/o pensionados, someto a consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción V al artículo 12 y se modifica el artículo 173 de la Ley del Seguro Social

Artículo Único. Se adiciona la fracción V al artículo 12 y se modifica el artículo 173 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:...

I. a IV. ...

V. Las personas pensionadas y jubiladas que reingresen a un trabajo y que contribuyan con las aportaciones correspondientes.

Artículo 173. El instituto mantendrá el pago de la pensión garantizada cuando el pensionado reingrese a un trabajo sujeto al régimen obligatorio conforme al artículo 12, fracción V, de esta ley.

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Consultado en:

https://es.statista.com/grafico/23071/poblacion-mayor-de-65-anos -como-porcentaje-de-la-poblacion-mundial-total/.

2 Consultado en:

https://www.cepal.org/es/notas/1-octubre-dia-internacional-perso nas-edad.

3 Inegi, Comunicado de prensa núm. 475/19, 30 de septiembre de 2019, Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad (1º de octubre).

4 Conapred, Ficha Temática Personas Mayores consultado en:

https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PM.pdf.

5 Inegi, Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS), consultado en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eness/2017/doc/pre sentacion_eness_2017.pdf

6 Consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.– Diputados y diputadas: Yerico Abramo Masso, Cristina Amezcua González, Jaime Bueno Zertuche, José Antonio Gutiérrez Jordán, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, Marco Antonio Gutiérrez Romero, Miguel Sámano Peralta, Norma Angélica Aceves García, Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, Reynel Rodríguez Muñoz, Sayonara Vargas Rodríguez, Sue Ellen Bernal Bolnik, Yolanda de la Torre Valdez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo de la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Nelly Minerva Carrasco Godínez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la  fracción IV recorriéndose la subsecuente al artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, al tenor de las siguientes

La protección del derecho ambiental es relativamente nueva, la preocupación internacional de éste tema surge en la década de los años 70 ante la necesidad de regular el manejo del medio ambiente y de los recursos naturales ante el reconocimiento de los daños causados por la mano del hombre.

Hoy en día, nuestro país se encuentra suscrito a diferentes tratados internacionales específicos en materia ambiental, además de contar con una activa participación en conferencias y foros, dado que es considerado un país megadiverso gracias a la conservación de flora y fauna que prevalece y se alberga en nuestro territorio. Entre ellos es de destacar los siguientes:

1) Conferencia de Estocolmo

Es considera el parteaguas en la materia, pues por primera vez se advirtió “a los gobiernos que debían tomar en consideración las actividades que pudieran provocar el cambio climático y evaluar la probabilidad y magnitud de las repercusiones de éstas sobre el clima” 1. De aquí, surge la Declaración de Estocolmo Sobre el Medio Ambiente Humano, en la que se establecen “los principios para la conservación y mejora del medio humano y un plan de acción que contenía recomendaciones para la acción medioambiental internacional”. 2

2) Cumbre para la Tierra

En esta Cumbre se reconoció “el hecho de que la protección del medio ambiente y la administración de los recursos naturales deben integrarse en las cuestiones socioeconómicas de pobreza y subdesarrollo” 3, además, se “demostró qué si la gente es pobre, y las economías nacionales son débiles, el medio ambiente se resiste; si se abusa del medio ambiente y se consumen en exceso los recursos, la gente sufre y las economías se debilitan” 4. De aquí surge la Agenda del Siglo XXI, también conocida como Programa 21, en éste “se detallan las acciones a llevar a cabo a nivel mundial, nacional y local, por los gobiernos de los estados miembros de la ONU y por las partes interesadas en las que se generan impactos humanos sobre el medio ambiente”. 5

Al paso de los años, México se ha incorporado a diferentes Tratados Internacionales específicos en la materia, y la importancia del medio ambiente ha sido tal que, se encuentra reconocido en la Carta Magna:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 6

Artículo 4o.

...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad ambiental para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

De este precepto surgen diversas Leyes Federales y Generales en la materia:

a) Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

b) Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

c) Ley General de Bienes Nacionales

d) Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados

e) Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

f) Ley General de Cambio Climático

g) Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

h) Ley General de Vida Silvestre

i) Ley de Vertimientos en las Zonas Marítimas Mexicanas

Sin embargo, a pesar de contar con un marco jurídico amplio, aún persisten vacíos legales, un ejemplo de ello es la responsabilidad ambiental en la tala de árboles. Por tala de árboles se entiende como “el proceso mediante el cual se destrozan árboles, induciendo así a la deforestación y —consecuentemente— a daños al medio ambiente y a la diversidad.” 7

Las consecuencias por esta actividad, son severas, algunas de ellas son 8:

a) Alteración del ciclo del agua: Los árboles forman parte esencial del ciclo del agua, y al perderse, se modifica el comportamiento de ésta en la zona, provocando que se desplace a otras partes con vegetación.

b) Desertificación: En pocas palabras, el suelo se vuelve estéril, lo que impide que crezca la vegetación y por ende el ecosistema pasa a ser desierto sin posibilidad de cultivar.

c) Pérdida de hábitat, biodiversidad y suelo: Este tipo de consecuencia va de la mano con la desertificación, pues al presentarse la tala de árboles se pierde biodiversidad y genera una grave erosión del suelo, provocando que las tierras no sean productivas, lo que impide el crecimiento de cualquier tipo de vegetación, y por tanto no pueden aprovecharse para cultivo ni para resguardo de la fauna.

d) Pérdidas de grandes masas forestales: Nuestro país es considerado una nación megadiversa, contamos con amplias áreas naturales protegidas contempladas como “pulmones naturales”, y al incrementarse la tala de árboles se pierden grandes cantidades de O2, además de que ya no se contribuye a contrarrestar las emisiones de CO2 que se producen en exceso a manos del ser humano.

e) Modificación del clima global: Como ya se mencionó anteriormente, la tala de árboles altera el ciclo del agua, y, por ende, se modifica el clima global al perderse bosques y selvas, lo que impacta en un incremento de la temperatura de la región.

De acuerdo con el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en nuestro país, cada año de deforestan 500 mil hectáreas, siendo la tala de árboles ilegal la principal causa 9. Además, la máxima casa de estudios estima que “al menos 70 por ciento de la madera que se comercializa en el país tiene origen ilegal” 10, siendo Oaxaca, Chiapas y Chihuahua donde se presenta mayormente esta actividad. 11

Por su parte, en la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA, por sus siglas en inglés), elaborada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), señaló que, en 2020, México perdió alrededor de 127 mil 770 hectáreas de bosque, lo que equivale a una tercera parte de la superficie total de Tlaxcala. Esto deja a nuestro país en un incumplimiento con los compromisos internacionales de cumplir la meta de cero deforestación para el 2030 ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. 12

Esto es realmente preocupante, pues de acuerdo con Programa Nacional Forestal 2020-2024, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), “solamente autoriza el cambio de uso del suelo en un promedio de 12 a 13 mil hectáreas al año” 13, y es destacar que 95 por ciento de la deforestación en el país, sucede de manera ilegal. 14

Además, la tala ilegal no es la única actividad que ha provocado la deforestación, sino también los incendios forestales que son provocados por el hombre, pues de acuerdo con la Semarnat, “se calcula que las actividades humanas ocasionan 99 por ciento de los incendios forestales y sólo el resto tiene como causa fenómenos naturales como descargas eléctricas y la erupción de volcanes” 15, basta recordar cuando en 2019 se activó en la Ciudad de México en el Área Metropolitana la contingencia extraordinaria por contaminación, siendo una situación histórica, dado que las partículas que se encontraron en el aire eran de 2.5 micrómetros, es decir, más pequeñas que el diámetro de un cabello humano, y más dañinas a los humanos, causando enfermedades cardiacas y pulmonares. 16

Es de reconocer los esfuerzos del gobierno federal para frenar la deforestación, la tala clandestina y los incendios forestales causados por la mano del hombre, sin embargo, persisten los vacíos legales, como, por ejemplo, que no se contemplen como responsabilidad ambiental este tipo de acciones, ya que éstos causan un daño al ambiente, el cual es entendido como de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, como la “pérdida, cambios, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurable de los hábitat, de los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de integración que se dan este éstos así como de los servicios ambientales que proporcionan” 17.

Lo anterior, lo convierte automáticamente como ‘responsabilidad por daño ambiental’, tal y como se establece en el artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 18:

Artículo 10. Todas personas física o moral que con su acción u omisión ocasiones directa o indirectamente un daño al ambiente, será responsable y estará obligada a la reparación de los daños, o bien, cuando la reparación no sea posible a la compensación ambiental que procesa, en los términos de la presente ley.

De la misma forma estará obligada a realizar las acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente.

Por lo expuesto, es que someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente reforma al artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental:

Por lo expuesto se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Único. Se adiciona la fracción IV recorriéndose la subsecuente al artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para quedar como sigue:

Artículo 12. Será objetiva la responsabilidad ambiental, cuando los daños ocasionados al ambiente devengan directa o indirectamente de:

I. Cualquier acción u omisión relacionada con materiales o residuos peligrosos;

II. El uso u operación de embarcaciones en arrecifes de coral;

III. La realización de las actividades consideradas como Altamente Riesgosas;

IV. El corte, derribo, tala y quema no controlada de uno o varios árboles, y

V. Aquellos supuestos y conductas previstos por el artículo 1913 del Código Civil Federal.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 ONU, “De Estocolmo a Kyoto: Breve historia del cambio climático”, disponible en

https://www.un.org/es/chronicle/article/de-estocolmo-kyotobreve- historia-del-cambio-climatico

2 Ibídem.

3 ONU, “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, disponible en

https://www.un.org/spanish/conferences/wssd/unced.html

4 Ibídem.

5 AEC, Agenda 21, disponible en

https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/agenda-21

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 4, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf

7 Flores, Tala de Árboles, disponible en

https://www.flores.ninja/tala-de-arboles/

8 Ecología Verde, Causas de la deforestación, disponible en

https://www.ecologiaverde.com/causas-de-la-deforestacion-258.htm l

9 Instituto de Ecología de la UNAM, En México se deforestan 500 mil hectáreas al año: Jorge Soberón, disponible en

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2001/2001_031aaa. html

10 UNAM en El Economista, Tala ilegal, el otro delito silencioso, disponible en

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Tala-ilegal-el-otro-del ito-silencioso-20190205-0151.html

11 Ibídem.

12 FAO en Excélsior, Ha perdido México más de 127 mil hectáreas de bosque, disponible en

https://www.excelsior.com.mx/nacional/ha-perdido-mexico-mas-de-1 27-mil-hectareas-de-bosque/1395425

13 Semarnat, Programa Nacional Forestal 2020-2024, disponible en

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609275&fecha =31/12/2020

14 Ibídem.

15 Semarnat, Incendios forestales, 99 por ciento provocados por el hombre, disponible en

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/incendios-forestales-99-pr ovocados-por-el-hombre-142064

16 ERNtérate, Impacto de los Incendios Forestales en la Ciudad de México, disponible en

https://ern.com.mx/boletines/NotadeInteres/ERNterate_Nota_Incend iosForestales_y_Contaminacion_CDMX.pdf

17 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, artículo 2, fracción II, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRA_200521.pdf

18 Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, obra citada, artículo 10.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.– Diputadas y diputados: Nelly Minerva Carrasco Godínez, Sandra Simey Olvera Bautista, Otoniel García Montiel, Irma Juan Carlos, María Guadalupe Román Ávila, Marco Antonio Natale Gutiérrez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 10 Bis y adiciona el 10 Ter y 10 Quáter a la Ley General de Salud, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Éctor Jaime Ramírez Barba, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Sonia Rocha Acosta, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, Héctor Saúl Téllez Hernández, Yesenia Galarza Castro, Santiago Torreblanca Engell, Carolina Beauregard Martínez, Noemí Berenice Luna Ayala, Ana María Esquivel Arrona, Daniela Soraya Álvarez Hernández, Mario Mata Carrasco, Laura Patricia Contreras Duarte, Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, Carmen Rocío González Alonso y Esther Mandujano Tinajero, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 Bis y se adiciona el 10 Ter a la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

La objeción de conciencia preserva el derecho a no ser obligado a actuar contra las convicciones más arraigadas del fuero interior o la propia conciencia, se trata de un corolario de la libertad de conciencia que en contexto de la salud es una respuesta a la necesidad creciente de conciliar los conflictos graves que en su fuero interno un individuo pueda afrontar, a causa de obligaciones legales que constriñen sus genuinas convicciones morales, éticas, filosóficas, religiosas y deontológicas, particularmente en el campo de la biomedicina, en una sociedad con crecientes dilemas éticos.

La objeción de conciencia no es un derecho absoluto e irrestricto, pues en su enunciación normativa consigna límites, se condiciona a que su práctica no sea constitutiva de un delito. No obstante, estamos ciertos que el ejercicio de este derecho debe darse en armonía y balance con otros derechos, como el derecho a la protección de la salud de todas las personas, por ello se establece que la objeción de conciencia no puede invocarse cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica.

El presente decreto encuentra sustento jurídico en el parámetro de control de regularidad constitucional, 1 que se integra por lo dispuesto en los artículos 1o., segundo párrafo, 5o. y 24 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 24 que en lo substancial de la propuesta establece literalmente:

Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión...

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el artículo 18 establece:

Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; ...

la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, en su artículo 5, inciso a), fracción VII, establece:

Artículo 5. En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente convención...

VII) El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión;

La Asamblea General de las Naciones Unidas, por resolución 36/55, proclamó la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o las Convicciones, establece en el artículo 1.1:

Artículo 1. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión...

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 18 se establece:

Artículo 18

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión...

Destaca que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sí ha mencionado este derecho como derivado del artículo 18 del Pacto, (Observación: CCPR-GC-22 Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, párrafo 11). También, hay que decir que el reconocimiento de la objeción de conciencia no puede entenderse como un obstáculo para el ejercicio de otros derechos. Se trata de una falsa dicotomía, que ignora el sentido de los principios interpretativos actuales de los derechos humanos, como son el de interdependencia e indivisibilidad, de acuerdo con los cuales los derechos humanos forman un conjunto armónico, y su protección y garantía debe darse de forma integral. Además, es claro que no existen derechos absolutos, de modo que reconocer uno no significa en modo alguno cancelar otro. En caso de colisiones, que ineludiblemente se presentan en la vida social, cada caso concreto se ha de resolver mediante la ponderación pertinente.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, (Pacto de San José) establece en su artículo 12.1:

Artículo 12.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión...

En esa tesitura, el criterio es univoco tanto en derechos fundamentales como convencionales, que protegen expresamente el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

Aunque no es vinculante, pero si referencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) señala en el caso Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen c. Dinamarca que

“Los términos pensamiento, conciencia y convicción, en la medida en que forman parte de la actividad intelectual y espiritual y espiritual de la persona, pertenecen al fuero interno individual y no tienen ninguna relevancia mientras no se exterioricen con actos o manifestaciones. Es cuando se exteriorizan que se hace patente la existencia y la naturaleza de los pensamientos o las convicciones y pueden derivarse consecuencias. Así, los agravios referidos a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión pueden verse vinculados al derecho al respecto de la vida privada (artículo 8), a la libertad de expresión (artículo 10), a la libertad de reunión y de asociación (artículo 11), y al derecho a contraer matrimonio (artículo 12)”

Así mismo, los principios generales que conforman la libertad de pensamiento, conciencia y religión los enunció el TEDH en el caso Kokkinakis c. Grecia, estableciendo:

“La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión constituye una de las bases de toda sociedad democrática en el sentido del Convenio...”

En México en junio de 2011 fue reformada la Constitución, estableciendo en el artículo 1o. que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

El 11 de mayo de 2018, después de 3 años de deliberación en el Congreso Federal, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición del artículo 10 Bis a la Ley General de Salud señalando, “El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación del servicio que establece esta Ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una emergencia médica, no podrá invocarse la Objeción de Conciencia; en caso contrario se incurriría en una causal de responsabilidad profesional. En el ejercicio de la Objeción de Conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral”.

Un mes más tarde, la SCJN ingresó la acción de inconstitucionalidad 54/2018, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), demandando la invalidez de los artículos 10 Bis, Segundo y Tercero Transitorios de la Ley General de Salud, sosteniendo la CNDH que era inconstitucional, ya que introdujo en el ordenamiento mexicano el “derecho a la objeción de conciencia”, el cual por su naturaleza y contenido representa una restricción no prevista en el texto constitucional, en tanto limita el ejercicio de la protección a la salud y acceso a los servicios de salud.

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018. 2

Artículo 10 Bis. El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley.

Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la Objeción de Conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional.

El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral.

Transitorios

Segundo. La Secretaría tendrá un plazo de 90 días naturales posteriores a la publicación de este Decreto para emitir las disposiciones y lineamientos necesarios para el ejercicio de este derecho en los casos que establece la ley.

Tercero. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

El 13 de septiembre de 2021, la SCJN, en sesión del tribunal pleno, inició el análisis del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, así como de los artículos segundo y tercero transitorios del decreto por el que se adicionó el artículo referido, publicado el 11 de mayo de 2018. 3

Siendo que el Pleno determinó el parámetro de control de regularidad dónde estudió el primer planteamiento de la accionante, concluyendo que las normas impugnadas no son violatorias de la Constitución General desde el punto de vista competencial.

Posteriormente, los ministros comenzaron la discusión sobre el tema de fondo, pero dado lo avanzado de la hora, se levantó la sesión.

El 20 de septiembre de 2021, 4 la SCJN, en sesión del tribunal pleno, invalidó el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud que establecía de forma amplia la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud.

El pleno de la SCJN determinó que la ley no establecía los lineamientos y límites necesarios para que la Objeción de Conciencia pueda ser ejercida sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas, en especial el derecho a la salud.

Posteriormente, en sesión de pleno del 21 de septiembre de 2021 resolvió lo siguiente respecto de la “acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018, así como de los artículos segundo y tercero transitorios de ese decreto (ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales)”: 5

• Primero. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.

• Segundo. Se declara la invalidez del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, adicionado mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil dieciocho, así como de los artículos transitorios segundo y tercero del referido decreto, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Unión, en términos de los considerandos quinto y sexto de esta decisión.

• Tercero. Se exhorta al Congreso de la Unión a que regule la objeción de conciencia en materia sanitaria, tomando en cuenta las razones sostenidas en esta sentencia.

• Cuarto. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Aun cuando, en sesión pasada, el propio Ppeno estableció los parámetros de constitucionalidad de la objeción de conciencia, validándola, no obstante, se señaló correctamente que su ejercicio no debe violar derechos humanos de otras personas, debiendo estar sujeta a estándares, y que aplica tanto a instituciones públicas como privadas.

Quienes suscribimos esta iniciativa consideramos que el derecho del personal de la salud a la objeción de conciencia no debe suprimirse, ni obstaculizarse, forma parte de los derechos más elementales en el sistema de salud, al preservar los principios éticos, la autonomía, la dignidad personal y profesional de los médicos y personal de enfermería.

La objeción de conciencia es plenamente compatible con derecho al acceso a la salud para los pacientes; nunca debe ser vista como una limitante para recibir atención médica, sino como un principio que protege la integridad de los profesionales de la medicina.

La objeción de conciencia no es un derecho absoluto e irrestricto, pues en su enunciación normativa consigna límites, se condiciona a que su práctica no sea constitutiva de un delito. No obstante, estamos ciertos que el ejercicio de este derecho debe darse en armonía y balance con los derechos, como el derecho a la protección de la salud de la persona.

Por ello, el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud vigente ya establece que la objeción de conciencia no puede invocarse cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, como establece el segundo párrafo.

En todo caso, en el Congreso de la Unión debe haber la voluntad y apertura para garantizar todos los derechos, y de ser necesario habrá de discutir un marco regulatorio adecuado, para su eficaz ejercicio. Por supuesto que ante el ejercicio de objeción de conciencia, el Estado debe garantizar la existencia y disponibilidad de personal de salud para garantizar el derecho a la salud.

Rafael Navarro-Valls 6 señala que la objeción de conciencia es un ejercicio de salud y madurez democrática. En este sentido, se hace preciso señalar que su práctica es perfectamente asumible en el marco del Estado de Derecho, toda vez que la misma puede y es incorporada al ordenamiento jurídico como manifestación concreta y legítima de la libertad ideológica.

Ahora bien, los profesionistas que ejercen las ciencias de la salud son agentes morales, como cualquier otro ser humano, son seres responsables y libres, que dan razón final de sus actos a su misma conciencia.

El respeto a la vida, la salud y la integridad funcional de los pacientes es el campo de actuación de las ciencias de la salud, vinculadas estas acciones a la misma vocación profesional, la cual es la dedicación de servicio siempre en un marco de respeto al ser humano y a los valores que históricamente han guiado la vocación referida a Aesculapio.

Los actos médicos, específicamente, son aquellos que promueven la salud, a través de la prevención, curación y rehabilitación de los pacientes, a través de la aplicación adecuada de la ciencia, aunada a una conducta ética, lo cual constituye una verdadera lex artis ad hoc médica y la integridad de un profesional de salud.

Es de destacar que los médicos son quine cuentan con más instrumentos deontológicos y éticos de cualquier profesión. La Deontología médica ha guiado desde el siglo V a.C. la conducta profesional en el campo de la medicina, y a través de ella se han conformado una serie de juramentos, declaraciones y guías que señalan que los valores éticos en esta profesión son tan importantes como la aplicación de su ciencia, debido a que en estos campos del conocimiento, los médicos se encuentran a cargo de seres humanos en estado de vulnerabilidad a veces extrema, que presentan pérdida en diversos grados de su autonomía y que requieren por ello el máximo cuidado y respeto por parte de estos profesionistas. La Deontología Médica históricamente se manifiesta por el respeto a la vida, salud e integridad personal y no ha habido, en ninguno de sus documentos, artículo que acepte como ético hacer daño.

El principio “primum non nocere” lo primero es no hacer daño. Se trata de una máxima aplicada en el campo de la medicina, fisioterapia y ciencias de la salud, base de la axiología de ese arte o ciencia, guía de la “lex artis ad hoc” que todo profesional de salud tiene presente previo a cualquier acto médico.

El profesional de la salud en ejercicio deberá tomar decisiones que pueden llegar a influir sobre la libertad o la vida humana. La conciencia de sus límites, el respeto por la dignidad humana, la capacidad de ponerse en el lugar del paciente, por ejemplo, influyen de forma evidente en la asistencia médica. Así, sensibilizado con el aspecto humano de la enfermedad, el médico puede comprender que está en presencia de un ser completo que sufre y que tiene necesidad de la ciencia.

Existe una ética general y una ética específica de la medicina, cuyos orígenes se confunden. La historia de la ética médica es la semblanza de los ideales profesionales y de los valores asociados a ellos, que influyen en la función sanadora del médico. Estos ideales éticos fueron desarrollados y codificados en cada época por los médicos renombrados y constituyeron las normas que se imponían los practicantes. Desde los albores de la humanidad ha habido una imbricación entre ética y medicina.

El Juramento es el texto más extendido del Corpus Hippocraticum: desde la Constantinopla del siglo X (punto culminante del humanismo bizantino), hasta la Venecia del siglo XIV (primera edición impresa del texto); desde la bula Quod Jusicurandum (1531) del papa Clemente VII, hasta la Asociación Médica Mundial (AMM) (1948). Todas las normas deontológicas que encontramos en este texto tienen una base y un objetivo común: ayudar al enfermo y proteger su integridad personal. El hecho de que estos principios sean formulados en unas normas generales refleja, por otra parte, un elemento propio de la medicina antigua: “La convicción de que el médico y el paciente son seres de igual valor, que su relación es decisiva para el ejercicio de la medicina y que en esta relación el interés del enfermo es lo más importante”.

Destaca: “En cuanto pueda y sepa, usaré de las reglas dietéticas en provecho de los enfermos y apartaré de ellos todo daño e injusticia. Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo; tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura...”

El principio de “actuar en favor y no en perjuicio de” expresa claramente la filosofía médica hipocrática que se esfuerza por el arte de restablecer la salud.

En el texto encontramos dos partes: la primera se refiere al comportamiento deontológico de la medicina; la otra, a las obligaciones (no legales, sino de compromiso privado) que contrae el médico con su paciente y la familia.

Asimismo, se tenía el sermón deontológico de Asaph. Asaph Ben Berachiach (siglo VI d. C.), discípulo judío de Hipócrates, respetó su juramento moral. Su código fue largamente expandido en las escuelas médicas de Alejandría y de Palestina. En el curso de la Edad Media, la evolución de la ética profesional médica está unida a la tradición cristiana, judía o islámica.

El código deontológico de Lafranc y Arnaldo de Vilanova ilustra cómo la ética médica occidental de la Edad Media estaba influenciada por la religión cristiana. Las normas de carácter religioso y su sentido cristiano obligaban moralmente al médico a ayudar a los pobres de manera gratuita, sobre lo cual ocasionalmente debía hacer juramento.

En esa época, el cristianismo no oculta el juramento de Hipócrates. Al contrario, después de eliminar las invocaciones a los dioses griegos, este juramento permanece entre los médicos cristianos como un código trascendental.

El principal artífice de la creación de hospitales, Haroun al Rashid, decreta en 1876 la construcción de centros de atención y de hospitales alrededor de toda nueva mezquita, porque ésta es la actitud caritativa para con los enfermos prescrita por el Corán. Estas indicaciones, más la adaptación del juramento de Hipócrates a la fe islámica, hacen que los médicos árabes se apliquen una ética exigente.

“La oración del médico”, de Maimónides (Moshé ben Maimón Rambam), redactada en la baja Edad Media, es una oración en la cual el médico pide la inspiración necesaria para cumplir su misión de forma digna y correcta.

Uno de los primeros tratados de ética médica del mundo árabe es el Ishag Ibn Ali Al Ruhawi, y se titula “Ética práctica de los médicos” (Adab al Tabib). Deja entrever su esfuerzo para descubrir la vía real del acto médico, más allá de los conflictos con las normas culturales de los ideales filosóficos griegos y los profetas islámicos.

Contemporáneo de Al Ruhawi, Isaac Israelí ejerce como médico en Egipto y en Túnez. Sus trabajos han sido traducidos a varias lenguas y utilizados por los médicos medievales. El “Libro de las exhortaciones a los médicos”, que explica de una forma similar a la moderna los preceptos relativos al crecimiento, así como las necesidades y las respuestas que es necesario aportar al paciente.

Estos textos y otros, como El libro del médico espiritual, de Al Razi, constituyeron la base ética de la época y han tenido influencias en diferentes lugares y tiempos. El mundo musulmán fue un gran motor para la medicina medieval europea.

En el renacimiento, se da un paso hacia la moral filantrópica. Fenómeno asociado al poderío creciente del poder civil y a las transformaciones de la vida social, permite el desarrollo de una medicina legal y del derecho del médico, que conocerá mayores progresos en el siglo XIX. La codificación de las obligaciones profesionales y sanitarias plantea cuestiones de orden médico-legal y la aplicación de la deontología.

A principios del siglo XIX aparece el Código de Percival, que constituye el primer código de la etapa moderna de la historia de la deontología médica. El proceso de secularización de la época, que pone en juicio ciertos aspectos de la existencia de una forma racional, tendrá influencia sobre el mismo acto médico. T. Percival (miembro del Manchester Royal Infirmary) edita su “Ética médica”. Explica de forma simple cómo debe comportarse el médico con sus colegas, y cómo, a través de unas normas, puede mejorar la idea de servicio ofrecido al paciente y a la sociedad. Este código es una guía práctica para resolver problemas y situaciones concretas, tanto en el terreno hospitalario como en el privado; aborda igualmente la legislación y las relaciones con los farmacéuticos. El código ético de la AMM (1847) se inspira mucho en él.

Ya en el siglo XX, el progreso científico y tecnológico, las posibilidades de acción sobre el enfermo y la de mantener la vida o de provocar la muerte, nos hacen más conscientes de la necesidad de unas normas éticas claras acerca de lo que es lícito o ilícito y de los límites de nuestra libertad de acción. Esta necesidad se destaca más cuando, como ocurre en la actualidad, la ciencia y la técnica progresan más rápido que el establecimiento de una legislación apropiada, planteándose nuevos problemas inimaginables de hace tan sólo algunos años. El especial trabajo del médico y su posibilidad de una influencia decisiva sobre el ser humano y la sociedad, han exigido siempre una elevada categoría moral que se apoye en códigos médicos y menos en leyes que reglamenten su conducta.

La segunda mitad del siglo XX dio nacimiento a unos códigos y declaraciones confeccionadas con el objetivo de responder a este requisito de normas claras en lo ético y lo moral. La ética, que durante un tiempo había sido relegada hasta lo ínfimo a causa del impulso irresistible de la tecnología, es más que nunca necesaria. Las muchas reuniones médicas nacionales e internacionales se han hecho eco de esta necesidad.

En la actualidad, algunos consideran que el Juramento Hipocrático está desfasado, aunque ha sido difícil mejorarlo o reemplazarlo. La Declaración de Ginebra, que traduce en lenguaje moderno el trasfondo del juramento griego, fue adoptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1948. Y en 1949, la tercera Asamblea Médica Mundial adoptó su Código Internacional de Ética Médica, dividido en tres vertientes: los deberes de los médicos entre ellos, los deberes de los médicos en general y los deberes de los médicos hacia el paciente. Seguidamente vienen otras declaraciones que inciden sobre problemas nuevos de urgente consideración, entre las principales destacan:

• Declaración de Oslo de la Asociación Médica Mundial sobre el Aborto Terapéutico (1970). Adoptada por la 24 Asamblea Médica Mundial en Oslo, Noruega, y enmendada por la 35 Asamblea Médica Mundial en Italia, octubre de 1983.

• El Código de Ética Médica de Núremberg recoge una serie de principios que rigen la experimentación con seres humanos, que resultó de las deliberaciones de los Juicios de Núremberg, al final de la Segunda Guerra Mundial (1947).

• Declaración de Ginebra (1948), un estatuto de deberes éticos para los médicos, basado en el Juramento Hipocrático. Adoptada por la segunda Asamblea General de la Asamblea Médica Mundial (Ginebra, septiembre de 1948), fue enmendada por la 22 Asamblea de la Asamblea Médica Mundial (Sídney, agosto de 1968), la 35 Asamblea Médica Mundial (Venecia, octubre de 1983) y la 46 Asamblea General de la Asamblea Médica Mundial (Estocolmo, septiembre de 1994), y revisada en su redacción por la 170 Sesión del Consejo (Divonne-les-Bains, Francia, mayo de 2005) y por la 173 sesión del Consejo (Divonne-les-Bains, mayo de 2006). En la declaración se dice: En el momento de ser admitido como miembro de la profesión médica:

Prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad.

Otorgar a mis maestros el respeto y la gratitud que merecen.

Ejercer mi profesión a conciencia y dignamente.

Velar ante todo por la salud de mi paciente.

Guardar y respetar los secretos confiados a mí, incluso después del fallecimiento del paciente.

Mantener, por todos los medios a mi alcance, el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica.

Considerar como hermanos y hermanas a mis colegas

No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor se interpongan entre mis deberes y mi paciente.

Velar con el máximo respeto por la vida humana.

No emplear mis conocimientos médicos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, incluso bajo amenaza.

Hago estas promesas solemne y libremente, bajo mi palabra de honor.

• Declaración de Helsinki (1964). Adoptada por la decimoctava Asamblea Médica Mundial (Helsinki, Finlandia, junio 1964), enmendada por la vigésima Asamblea Médica Mundial (Tokio, Japón, octubre 1975), 35 Asamblea Médica Mundial, (Venecia, Italia, octubre 1983), 41 Asamblea Médica Mundial (Hong Kong, septiembre 1989), cuadragésima octava Asamblea General (Somerset West, Sudáfrica, octubre 1996) y la quinta Asamblea General (Edimburgo, Escocia, octubre 2000). Nota de aclaración sobre el parágrafo 29 añadida por la Asamblea General, (Washington, 2002) por sus revisiones y dos clarificaciones, creciendo considerablemente por su longitud de 11 a 37 párrafos. Donde destaca: “2. El deber del médico es promover y velar por la salud de las personas. Los conocimientos y la conciencia del médico han de subordinarse al cumplimiento de ese deber”.

• En psiquiatría destacan varios instrumentos: La Declaración de Hawái (1977; actualizada en 1983). La World Psychiatric Association aprobó la declaración, introduciendo parámetros y normas éticas para la práctica de la psiquiatría. El comportamiento ético se basa en “la conciencia de la responsabilidad del propio psiquiatra con cada paciente y en la capacidad de ambos para determinar cuál es el comportamiento correcto y adecuado”. Posteriormente, en octubre de 1989, durante la Asamblea General de la WPA, en su Congreso Mundial en Atenas, se adoptó la Declaración sobre la Participación de los Psiquiatras en la Pena de Muerte. Y se adoptó una serie de proposiciones y puntos de vista de la misma WPA sobre los Derechos y la Protección Legal de los Enfermos Mentales, que fueron complementados por la Declaración de Madrid, aprobada por la Asamblea General el 25 de agosto 1996, donde señala entre otras cosas, “aun existiendo diferencias culturales, sociales y nacionales, es imprescindible y necesario el desarrollo de una conducta ética universal”. Como profesionales de la medicina, los psiquiatras deben ser conscientes de las implicaciones éticas que se derivan del ejercicio de su profesión y de las exigencias éticas específicas de la especialidad de psiquiatría”, misma que fue revisada por la Asamblea General de Yokohama, Japón, el 26 de agosto de 2002. El Comité de Ética de la WPA, siendo consciente de las nuevas situaciones en las que se coloca la práctica de la psiquiatría por el avance de la ciencia, conviene en la necesidad de desarrollar unas normas concretas para situaciones específicas. Las cinco primeras fueron aprobadas por la Asamblea General de Madrid, España, el 25 de agosto de 1996; las tres siguientes por la Asamblea General de Hamburgo, Alemania, el 8 de agosto de 1999; y las cuatro últimas por la Asamblea General de Yokohama, Japón, el 16 de agosto de 2002.

• En el plano americano, el 14 de noviembre de 1990 se adoptó la Declaración de Caracas, auspiciada por la Conferencia sobre la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América Latina dentro de los Sistema Locales de Salud (SILOS) convocada por la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) y diversas instituciones y organizaciones.

• El Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina, conocido también como Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina o Convenio de Asturias, es un tratado impulsado por el Consejo de Europa (4 de abril de 1997) y que relaciona la bioética con la defensa y promoción de los derechos humanos, especialmente en ámbitos nuevos como la biomedicina.

• La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos aprobada por aclamación en octubre de 2005, por la Conferencia General de la UNESCO.

Además de contar con un sustento deontológico, que es mucho más profundo y antiguo. El cual, también se halla expresamente reconocido en el Código de Bioética para el Personal de Salud México-2002, la Carta de los Derechos Generales de los Médicos, el Código de Ética para las Enfermeras y Enfermeros en México, y el Código de Conducta para el Personal de Salud 2002.

Como se aprecia y se desprende de lo señalado hasta aquí, los profesionales de la salud, tienen una cultura de la ética en servicio del paciente y refuerzan su honorabilidad en su arte, mismo que no es de ahora, sino histórico, donde en materia de salud la objeción de conciencia, se estructura con una nutrida fuente de base ética y deontológica.

Así, J. Rawls 7 acepta la objeción de conciencia basándose en el principio de la justicia, de una sociedad ordenada, democrática y liberal.

También lo señala en Los derechos en serio R. Dworkin, 8 quien ve una contradicción a nivel de Estado el negar la objeción de conciencia, pues señala que, aunque los Estados reconocen en sus Constituciones que las personas tienen el derecho de actuar según su conciencia, por otro lado, se les prohíbe o regula ese mismo derecho. Por tanto, es ilógico que un Estado castigue o prohíba por actuar según un derecho ya otorgado previamente. Justifica la objeción de conciencia de todo el que actúe conforme a sus principios, aun cuando se pudiera pensar que se trata de una conciencia equivocada. Además, distingue tres tipos de objeción cuyos fundamentos producirían una justificación prima facie.

Para el objetor

1. La policy-based: cuando el sujeto estima que la norma es perjudicial.

2. La justice-based: el sujeto estima que la norma es injusta.

3. La integrity-based: el sujeto estima que la ley le exige un comportamiento contrario a sus creencias.

Por tanto, en países democráticos puede considerarse excepción el acatamiento de ciertas leyes, siempre y cuando los valores propuestos por el objetor sean mayores que los de la misma legislación y su objeción no ocasione daños a terceros.

A mayor abundamiento y siguiendo el reconocimiento de este derecho, es propio ver los ejemplos a escala mundial en las diferentes normas:

Países latinoamericanos

Argentina, 9  donde el Código de Moral Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos apunta en el artículo 14: Por objeción de conciencia el médico tiene el derecho a negarse a realizar algún procedimiento, cuando sea contrario a sus principios morales, religiosos o filosóficos.

También señala las regulaciones sobre “muerte digna” de Río Negro sobre cuidados paliativos, donde se apunta que en caso de que el profesional no esté de acuerdo con las medidas paliativas debe “suministrar de inmediato la atención de otro profesional de la salud que esté dispuesto a llevar a cabo el procedimiento de información y provisión previsto en la presente ley”.

Brasil. 10 La Constitución reconoce la libertad de conciencia y para el caso de Testigos de Jehová señala que “Se aplica el derecho de la persona a rechazar un tratamiento o intervención médica excepto en caso de peligro de muerte”.

Chile. 11 El artículo 19,6 de la Constitución apunta: “La libertad de conciencia, aplica a la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público”.

Costa Rica. Apoya la libertad de conciencia por medio del Pacto de San José y específicamente en el Código de Moral Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos:

Artículo 14. Por objeción de conciencia, el médico tiene el derecho a negarse a realizar algún procedimiento, cuando sea contrario a sus principios morales, religiosos o filosóficos.

Colombia. La Constitución en su Artículo 18: “Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”.

Guatemala: en el Código Deontológico, el artículo 84 dice: “El médico por razón de sus convicciones éticas o científicas, podría abstenerse de intervenir en la práctica de la esterilización y fertilización e informará al paciente de su abstención y respetará la libertad de las personas interesadas en buscar a otro médico. El Colegio de Médicos le prestará en todo caso el asesoramiento y el apoyo necesario al colega”.

México, previamente a la adición del artículo 10 Bis a la Ley General de Salud, se encuentra en el Código de Conducta para el Personal de Salud 12 en el numeral 8: (...) “Defenderá la vida, la salud, la economía, los intereses y la dignidad de la persona, vedando las maniobras u operaciones y tratamientos innecesarios, controvertidos o experimentales no autorizados, o que contravengan la práctica médica aceptada, o bien sus propios valores personales u objeción de conciencia, en cuyo caso lo deberá hacer del conocimiento de sus superiores”.

En el mismo código, numeral 32, “se enfatizará que el médico es un profesional de la ciencia y conciencia, que no puede ser reducido a un mero instrumento de la voluntad del paciente, ya que al igual que éste, es una persona libre y responsable con un singular acervo de valores que norman su vida”.

También en el Código de Bioética para el personal de salud de la Secretaría de Salud, 13 numeral 28: (...) “El personal de salud podrá rehusarse a aplicar medidas diagnósticas y terapéuticas que a su juicio pongan en riesgo la vida, la función de los pacientes o su descendencia, bien sea a petición de los propios pacientes, de sus superiores jerárquicos o autoridades institucionales, cuando se oponga a la práctica médica comúnmente aceptada, a los principios bioéticos, a sus capacidades profesionales o a razones de objeción de conciencia”.

Y en su Numeral 47: (...) “La interrupción de un embarazo no es jamás un acto deseable. La ley ha establecido cuáles pueden ser los casos en que no está penalizado, entre los que se encuentran los que ponen en riesgo la vida o la salud de la mujer gestante, que justificarían esta intervención, sin que se pueda obligar a participar al personal que manifiesta cualquier objeción”.

Es importante señalar, que estos Códigos fungen a nivel federal y protegen no solamente a los médicos, sino a todo el personal de salud.

En el ámbito de las entidades federativas, Jalisco se destaca en el artículo 18 de la Ley Estatal de Salud: “Los profesionales, técnicos, auxiliares y prestadores de servicio social que forman parte del Sistema Estatal de Salud, podrán hacer valer la objeción de conciencia y excusarse de participar en todos aquellos programas, actividades, prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que contravengan su libertad de conciencia con base en sus valores, principios éticos o creencias religiosas.

Cuando la negativa del objetor de conciencia implique poner en riesgo la salud o vida del paciente, sin que éste pueda ser derivado a otros integrantes del sistema de salud que lo atiendan debidamente, el objetor no podrá hacer valer su derecho y deberá aplicar las medidas médicas necesarias; en caso de no hacerlo, incurrirá en responsabilidad profesional”. Y en sus considerandos declara: “Los Estados están obligados a organizar el sistema de servicios de salud de forma tal que garantice que el ejercicio efectivo de la libertad de conciencia de los profesionales de la salud en el contexto profesional no impida a los pacientes obtener acceso a servicios a los que tienen derecho en virtud de la legislación aplicable”.

El Código de Ética para Enfermeras reconoce en el artículo 17 que: “la enfermera debe actuar con juicio crítico en la aplicación de las normas de instituciones, tomando en cuenta la objeción de su conciencia”.

De manera paralela a la despenalización paulatina del aborto en diversos supuestos en el Distrito Federal, también se reconoce el derecho a la objeción de conciencia al personal sanitario; en un principio (2004), y que se ratificó en agosto de 2009. En efecto el 27 de enero de 2004, se aprobó una reforma a la ley de salud del Distrito Federal, por la que permite la objeción de conciencia a “quienes corresponda practicar la interrupción del embarazo debiendo remitir a la paciente con un médico no objetor, siempre que no sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer y obligando a las instituciones de salud a contar con personal no objetor de manera permanente” (artículo 16 Bis 7). En la nueva ley de salud del Distrito Federal este derecho está contemplado en el artículo 59.

En la normatividad federal, la Secretaría de Salud aprobó reformas a la NOM-046-SSA2-2005, el 27 de febrero de 2009 donde se señalan los criterios para la prevención y atención de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en la cual reconoce el derecho de objeción de conciencia de médicos y enfermeras para la práctica del aborto en los casos de violación (numeral 6.4.2.7.).

Por último, otro ordenamiento importante que regula este derecho humano es la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal (artículo 42), por la que se reconoce el derecho de objeción de conciencia al personal de salud para que se le permita abstenerse de intervenir en la atención de pacientes terminales, en los términos de la ley referida. Conforme a la definición establecida por dicha ley la ortotanasia.

Estados Unidos: 14 Ofrece las garantías más amplias, 44 Estados la reconocen en relación al aborto, Illinois además lo considera en el caso de transfusiones sanguíneas y Wyoming para la eutanasia.

En Missouri se protege al personal que objete a tratar o admitir el tratamiento, esto es, para todos aquellos que puedan intervenir en la preparación o atención posterior al aborto. El caso paradigmático se encuentra en Illinois, cuya legislación protege a todo el que se niegue a recibir, obtener, aceptar, realizar, asistir, aconsejar, sugerir, recomendar o participar de cualquier manera en toda forma de cuidados contrarios a la conciencia de una persona.

También señala que la Asociación de Farmacéuticos de Nueva Jersey, reunida en Atlantic City el 2.7.1998, decidió incluir en su estatuto una cláusula especial sobre la objeción de conciencia. En Kenny v. Ambulatory Centre of Miami 30, caso fallado el 28.7.1981 por el Tribunal del Distrito de Apelación de Florida, el Tribunal adujo que un jefe debe adaptarse razonablemente a las creencias religiosas de sus empleados, a menos que acredite que esto le causa graves perjuicios.

En Europa 15 se aprecian las siguientes evidencias de protección a la objeción de conciencia.

España: Código Español. 1999. Art 9 y 26.

Si el paciente exigiera del médico un procedimiento que éste, por razones científicas o éticas, juzga inadecuado o inaceptable, el médico, tras informarle debidamente, queda dispensado de actuar.

Existe el reconocimiento legal de la objeción de conciencia al aborto 16 de acuerdo con en el artículo 19.2 de la Ley 2/2010.

Francia: Está prevista en la ley 79-1204, desde 1979, no sometido a condición alguna, no está limitada en el caso de una participación previas de un procedimiento de este tipo ni exige que el objetor dé una prestación sustitutoria.

Su código señala: código francés, 18 abril de 1999, artículos 3, 7, 18, 47.

Puede hacer valer la objeción de conciencia, según tres condiciones:

1. Que no sea situación de urgencia;

2. Informando previamente al paciente; y

3. Favoreciendo la continuidad del tratamiento relacionándolo con otro médico escogido por el paciente.

Alemania: Está contemplada en la Ley de reforma del Derecho Penal del 18 de junio de 1974, cuyo artículo 2 establece “nadie puede ser obligado a cooperar en una interrupción del embarazo, excepto en el caso de que la colaboración sea necesaria para salvar a la mujer de un peligro, no evitable de otro modo, de muerte o de grave daño a su salud”.

También incluye: artículo 10. Cláusula de conciencia: “Nadie puede ser obligado a efectuar los actos mencionados en el artículo 9, ni a participar en ellos”.

Italia. 17  Código italiano de 1999, artículos 19 y 41.

“El médico al cual se le pidan acciones en contra de su conciencia o su convicción clínica, puede rehusarse, siempre que este comportamiento no agrave o menoscabe la salud de la persona atendida”. Por tanto, el personal sanitario y el que ejerce las actividades auxiliares no está obligado a participar en los procedimientos previstos en los artículos 5 y 7 y en las intervenciones para la interrupción del embarazo.

Artículo 9 de la Ley italiana de 22 de mayo 1978 (Ley del aborto) contempla la objeción de conciencia del personal sanitario. Y especifica: (...) 3. “La objeción de conciencia exime al personal sanitario del cumplimiento de los procedimientos y de la actividad específica y ligada necesariamente a la procreación asistida, pero no de la asistencia médica posterior a la intervención”.

La Ley 40/2004 sobre procreación asistida: artículo 16 (Objeción de conciencia).

Gran Bretaña: 18 Establece que ninguna persona estará obligada, ni por contrato ni por otro acto o reglamento, a participar en cualquier tratamiento autorizado en esta ley, siempre que plantee objeción de conciencia a no ser que la intervención sea necesaria para salvar la vida. Artículo 38 de la Ley de Fertilización y Embriología Humanas, de 1990.

En el Código Deontológico de Farmacia inglés de 1992 se afirma que un farmacéutico puede objetar por razones de conciencia a la dispensación de ciertos productos medicinales para el control de la fertilidad, la concepción, o la terminación del embarazo. En tales casos, el paciente implicado debe ser aconsejado sobre una fuente alternativa de suministro farmacéutico.

Dinamarca: 19 Habla del derecho de la objeción de conciencia incluso al personal sanitario auxiliar y no se plantea limitación alguna, ni siquiera en caso de peligro para la vida de la madre. Ley Danesa 350, de 13 de junio de 1973.

Suecia y Noruega: 20 Cuentan con la ley más restrictiva: Un médico solamente puede negarse a la realización de un aborto si tiene dudas fundadas acerca de si, física o psíquicamente, la gestante podrá resistir la intervención.

Holanda: 21 Hay una cláusula amplia de objeción de conciencia en la ley del 1 de noviembre de 1984. No es obligatorio motivarla ni debe mediar una declaración previa general, es extensible a todas las profesiones sanitarias y solo impone una obligación al médico de informar a la mujer sobre alternativas posibles a la interrupción del embarazo.

Portugal: 22 Asegura a los médicos y demás profesionales de la salud el derecho a la objeción de conciencia, con el único requisito de que se manifieste a través de un documento escrito en cada caso. Ley portuguesa de 11.5.1984.

La Constitución de Portugal (2 abril 1976), artículo 41. Libertad de conciencia, religión y culto dice: 1. Será inviolable la libertad de conciencia, religión y culto.

Chipre: 23 Constitución de 1960. Artículo 18. “Toda persona tendrá derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión”.

Por lo que estos ejemplos evidencian el reconocimiento de la objeción de conciencia para el personal de salud, mismo que proceden de Estados democráticos, sin instrumentalizar a médicos, dejando a salvo su conciencia de su vocación, derecho ya contemplado previamente en el Estado mexicano.

Como referente, la Unión Europea se ha pronunciado sobre el tema y reconocido

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01)

Artículo 10

Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión

1. ...

2. Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio.

Por lo que corresponde al derecho a la protección de la salud, es propio citar que, la Ley General de Salud en su artículo 2 establece las finalidades de dicho derecho, mismas que busca entre otras: el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; la protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; y la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud.

Los servicios de salud son todas las acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Asimismo, se entiende por atención médica, el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.

Esa situación no contraviene la objeción de conciencia, ya que es de destacar que todos los profesionales de la salud tienen el deber de sustentar el acto médico en conocimientos basados en la evidencia científica y principios éticos, tal y como se constata en la Ley General de Salud, en sus artículos 41 bis, 51, 77 bis 1, 77 bis 29, 100, 102, el artículo 14 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, el artículo 9 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Medica, y el artículo 103 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, por lo cual la lex artis ad hoc se estructura bajo esas dos premisas.

Reforzando la calidad de la atención, toda vez que sus pacientes, son personas humanas y no simple entidades biológicas, por lo cual, se complementa con el trato humano y ético, que establecen sus instrumentos deontológicos y éticos.

Por ello presentamos la siguiente iniciativa que reforma la Ley General de Salud, estableciendo un marco que haga compatible el derecho a la protección de la salud, con la autonomía de decisión y respeto a las convicciones éticas y profesionales del personal sanitario.

La emisión de las disposiciones legales y administrativas federales para el ejercicio de la Objeción de Conciencia que se establecen en esta reforma, deberán acatarse también en las legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México.

Non encontramos consientes que se tienen que marcar causes seguros y armónicos entre derechos, mismos que deben tener límites, tal y como lo aprobó el pleno de la Asamblea del Consejo de Europa el 7 de octubre, resolución en la que defiende y promueve explícitamente el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios:

Es de destacar que, en una gran mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa, la práctica de la objeción de conciencia está regulada adecuadamente. Existe un marco político y legal comprensible y claro que determina la práctica de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios a la vez que se asegura que el acceso a los servicios médicos legales sea respetado, protegido y proporcionado a su debido tiempo. El texto final del Consejo de Europa se ha preocupado por dejar claro que ambos derechos deben quedar asegurados y para ello invita a todos los Estados miembros a que desarrollen las regulaciones correspondientes al respecto con el fin de

• Garantizar el derecho a la objeción de conciencia en relación con la participación en el proceso en cuestión.

• Asegurar que los pacientes están informados de cualquier objeción en un tiempo adecuado y que son remitidos a otro profesional de la salud.

• Asegurar que los pacientes reciben el tratamiento adecuado, especialmente en casos de emergencia. 24

Criterios complementarios derivados del Consejo de Europa, mismos que servirán de base y referente en la materia para su reglamentación inferior.

Asimismo y para precisar la urgencia médica, el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, Capítulo IX Bis, establece:

Artículo 215 Bis 1. El presente capítulo tiene por objeto regular la prestación de los servicios de atención médica, incluyendo la atención de emergencias médicas, [...] en términos de lo dispuesto en la ley, la Ley General de Víctimas y demás disposiciones aplicables.

Artículo 215 Bis 2. Para efectos del presente capítulo, además de las definiciones contenidas en los demás artículos de este reglamento, se entenderá por

I. Emergencia médica: La urgencia médica, en términos de lo dispuesto por el artículo 72 de este reglamento, que presenta una persona, como consecuencia de la comisión de un delito o de la violación a sus derechos humanos (Artículo 72. Se entiende por urgencia todo problema médico-quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida, un órgano o una función y que requiera atención inmediata); y

Artículo 215 Bis 5. El responsable del establecimiento para la atención médica que brinde servicios a una víctima deberá supervisar que se valore su estado de salud general, a efecto de determinar las lesiones y demás afecciones causadas por la comisión del delito o la violación de sus derechos humanos. Tratándose de emergencia médica, el responsable del servicio de urgencias del establecimiento para la atención médica está obligado a tomar las medidas necesarias que aseguren, una vez realizada la valoración médica de la víctima, el tratamiento completo de la emergencia médica o, la estabilización de sus condiciones físicas generales para que pueda ser referida a otro establecimiento para la atención médica, cuando así proceda.

Consideramos que es una obligación constitucional y legal del Estado asegurar por todos los medios posibles, que se garantice el derecho de las personas a la protección de su salud y a ser beneficiarias de los procedimientos sanitarios, pero ello no implica suprimir el derecho a la objeción de conciencia.

A quienes suscribimos esta iniciativa preocupa la invalidez del texto de la Ley General de Salud que permitía el derecho a la objeción de conciencia. En virtud de que la SCJN, en su sesión de pleno del 21 de septiembre de 2021, resolvió lo siguiente respecto de la “ acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018, así como de los artículos segundo y tercero transitorios de ese decreto (ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales)”: 25

• Primero. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.

• Segundo. Se declara la invalidez del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, adicionado mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil dieciocho, así como de los artículos transitorios segundo y tercero del referido decreto, la cual surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de la Unión, en términos de los considerandos quinto y sexto de esta decisión.

• Tercero. Se exhorta al Congreso de la Unión a que regule la objeción de conciencia en materia sanitaria, tomando en cuenta las razones sostenidas en esta sentencia.

• Cuarto. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

En ese contexto, atendiendo a lo señalado por la SCJN en su sesión de pleno del 21 de septiembre, respecto de que, la ley vigente no establece los lineamientos y límites necesarios para que la objeción de conciencia pueda ser ejercida sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas, en especial el derecho a la salud, presentamos esta iniciativa, tomando como base los lineamientos señalados por el máximo tribunal en la sentencia respectiva.

Cumpliendo con ello de manera inmediata con el exhorto que el Poder Judicial realizó al Congreso de la Unión para actualizar la Ley General de Salud.

La SCJN, la CNDH, el Congreso de la Unión y los Congresos locales, deben garantizar la Objeción de Conciencia, demandamos que cumplan con sus obligaciones de proteger los derechos humanos que garantiza nuestra constitución.

La comunidad médica, los colegios, asociaciones de medicina y los que suscribimos esta iniciativa nos manifestamos en contra de todo aquello que límite la libertad de decidir y se convierta en una regresión a los derechos por los que hemos luchado durante décadas.

Desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, llamamos a los ministros de la SCJN, a las instituciones de defensa de los derechos humanos, como la CNDH, y a los legisladores federales y locales, a defender los derechos, las condiciones de trabajo y la autonomía de los profesionales de la salud.

Por lo mencionado, los legisladores abajo firmantes presentamos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Se anexa cuadro comparativo:

Decreto por el que se reforma al artículo 10 Bis y se adicionan el 10 Ter y 10 Quáter a la Ley General de Salud, en materia de objeción de conciencia

Artículo único. Se reforma al artículo 10 Bis y se adicionan los artículos 10 Ter y 10 Cuater, a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 10 Bis. El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley, cuando consideren que se oponen a sus convicciones religiosas, éticas y de conciencia.

La objeción de conciencia es un derecho individual, únicamente puede ser invocada por personas y nunca por instituciones del Sistema Nacional de Salud. Su ejercicio se sujetará a lo siguiente, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional, u otras a las que diera lugar:

I. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente, se trate de una urgencia médica o produzca un grave daño a su salud, no podrá invocarse la objeción de conciencia;

II. Las instituciones del Sistema Nacional de Salud, de conformidad con la legislación general en materia de salubridad general, deberán asegurarse de contar con equipo médico y de enfermería suficiente de carácter no objetor para garantizar que se preste la atención médica, sin forma alguna de discriminación;

III. En caso de que, en un hospital, unidad sanitaria o de seguridad social no se cuente, en un momento determinado, con personal médico y de enfermería no objetor de conciencia, las instituciones del Sistema Nacional de Salud se encuentran obligadas a realizar el traslado de las personas beneficiarias de los servicios de salud, a un hospital o unidad médica en el que se realice el procedimiento sanitario. El ejercicio de la objeción de conciencia no exime del deber de estabilizar previamente a los pacientes antes de su traslado; y

IV. Será obligación de las instituciones del Sistema Nacional de Salud garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal no objetor de conciencia.

Artículo 10 Ter. El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral.

El personal médico o de enfermería objetor de conciencia se abstendrá de emitir algún juicio valorativo de carácter religioso o personal que pueda discriminar, vulnerar la dignidad humana o interferir en la atención médica de las personas beneficiarias de los servicios de salud, en caso contrario, incurrirá en la causal de responsabilidad profesional.

Cuando una persona profesional de la medicina o enfermería ejerce su derecho a la objeción de conciencia, está obligada a actuar de conformidad con lo ordenado en esta Ley y, deberá informar a la persona las opciones médicas con que cuenta, así como avisar y remitir a la persona, de inmediato y sin mayor demora o trámite, con su superior jerárquico o con personal médico o de enfermería no objetor.

Artículo 10 Quáter. El personal médico o de enfermería objetor de conciencia no serán objeto de medida restrictiva alguna que menoscabe otros derechos.

Primero. El Presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud tendrá un plazo de 180 días naturales para emitir las disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento al presente decreto. Para tales efectos, tomará en cuenta las opiniones que realicen las academias, colegios e instituciones de educación superior en la materia.

Tercero. Los Congresos de las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días naturales para homologar su legislación local para cumplir con las disposiciones del presente decreto.

Notas

1 [J]; décima época; pleno; Gaceta SJF; libro 5, abril de 2014; tomo I; página 202. P./J. 20/2014 (10a.).

2 Véase

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgs.htm

3 https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id= 6582

4 https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id= 6584

5 https://www.scjn.gob.mx/pleno/secretaria-general-de-acuerdos/listas-de-sesion-c on-fallos

6 Navarro Valls, R. (1985). “La enseñanza universitaria del derecho canónico en la jurisprudencia española”, España, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado,volumen I, páginas 85 y 86.

7 J., Rawls. Teoría de la justicia. México, FCE, 1979.

8 Ronald, Dworkin. Los derechos en serio. Planeta-Agostini, España, 1993.

9 Sánchez, Isidoro; Casas, María de la Luz; y colaboradores. Libertad de conciencia y derecho sanitario en España y Latinoamérica. Comares, España, 2010, página 31.

10 Sánchez, Isidoro; Casas, María de la Luz; y colaboradores. Libertad de conciencia y derecho sanitario en España y Latinoamérica. Obra citada, páginas 67-105.

11 Sánchez, Isidoro; Casas, María de la Luz; y colaboradores. Libertad de conciencia y derecho sanitario en España y Latinoamérica. Obra citada, páginas 105-153.

12 Comisión Nacional de Bioética. Código de Conducta para el Personal de Salud. Disponible en

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/bioetica/codigo_ conducta.html

13 Secretaría de Salud, México. Código de Bioética para el Personal de Salud,

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7470. html

14 Observatorio de Bioética. Objeción de conciencia, legislación internacional, 2013, 28 de abril de 2018. Disponible en

http://www.observatoriobioetica.org/2013/10/objecion-de-concienc ia-legislacion-internacional/500

15 Ibídem. Observatorio de Bioética. Objeción de conciencia, legislación internacional, 2013, 28 de abril de 2018. Disponible en

http://www.observatoriobioetica.org/2013/10/objecion-de-concienc ia-legislacion-internacional/500

16 Agencia Estatal. Boletín oficial del Estado. Ley Orgánica 2/2010, 2010, 28 de abril de 2018. Disponible en

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-10153

17 Observatorio de Bioética. Objeción de conciencia Legislación internacional, 2013, 28 de abril de 2018. Disponible en

http://www.observatoriobioetica.org/2013/10/objecion-de-concienc ia-legislacion-internacional/500

18 Ibídem.

19 Ibídem.

20 Ibídem.

21 Ibídem.

22 Ibídem.

23 Ibídem.

24 Dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de objeción de conciencia, páginas 9 y 10.

25 https://www.scjn.gob.mx/pleno/secretaria-general-de-acuerdos/listas-de-sesion-c on-fallos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.– Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Iran Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario de Morena

Iran Santiago Manuel, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo séptimo del artículo 27 y la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al siguiente

Planteamiento del problema

El litio es un metal con propiedades altamente valoradas: elevada conductividad eléctrica, baja viscosidad, muy liviano y bajo coeficiente de expansión térmica. Las características del litio otorgan una elevada densidad de energía, al ser el metal más ligero y con menor densidad de los elementos sólidos de la tabla periódica permite almacenar mayor carga eléctrica por kilogramo. Debido a su propiedad reactiva, no se encuentra naturalmente en su forma metálica pura, sino mezclado en minerales y salares, donde es extraído para ser convertido en compuestos y derivados (Cochilco, 2018). 1

El litio se extrae a partir de tres tipos de depósitos: salmueras, pegmatitas y rocas sedimentarias.

Durante la última década, el litio ha despertado especial interés en el debate internacional por su estrecha vinculación con la transformación energética y las políticas de cambio climático refrendadas en el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El impulso de la demanda del litio, ha sido propiciada por los cambios tecnológicos que se dieron desde inicios del nuevo milenio con el almacenamiento de energía y la electro-movilidad, lo cual ha ocasionado que sea considerado como un recurso estratégico que era explotado desde hace algunas décadas sin la mirada colectiva y revivir el viejo dilema sobre la función del Estado como proveedor de materias primas para industrias transnacionales o la posibilidad de transitar hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación, sustentada en las energías renovables, la minería de bajas emisiones y los materiales avanzados de litio. 2

Así, el auge del litio inició con la fabricación de baterías para teléfonos celulares, equipos electrónicos, autos eléctricos y dispositivos recargables. Además, también se ha utilizado en la industria militar, para las baterías de litio en el uso en misiles de defensa aérea y otros programas de los Estados Unidos.

El litio, el oro blanco, como le han llamado algunos, se ha convertido en un mineral de gran importancia a nivel mundial, por su capacidad de reemplazar al petróleo, incluso también le han llamado “el petróleo blanco”. A finales de 2019, se dio a conocer que México cuenta con el yacimiento más grande del mundo, ubicado en Sonora, de acuerdo con la clasificación de Mining Techonology; el reporte señala que cuenta con alrededor de 243.8 millones de toneladas del químico. 3

El documento Perfil de mercado del Litio(enero, 2021), elaborado por la Dirección General de Desarrollo Minero, de la Secretaría de Economía, refiere lo siguiente:

1. El país no cuenta con ningún yacimiento de litio en explotación; sin embargo, en Baja California, San Luis Potosí-Zacatecas y Sonora se encuentran en etapa de exploración tres yacimientos que contienen este mineral.

2. El principal uso del litio en México y en el mundo es en la manufactura de baterías, con 56 por ciento; cerámica y vidrio, 23 por ciento; grasas lubricantes, 6 por ciento; producción de polímeros, 4 por ciento; polvos fundentes de fundición en continuo, 3 por ciento; tratamiento del aire, 2 por ciento; y otros usos, 6 por ciento.

3. En 2018, las exportaciones mexicanas de litio equivalieron a las 36 toneladas, con un valor de $652 mil dólares. Las importaciones fueron del orden de las 195 toneladas, las cuales representaron un monto de 3.8 millones de dólares. A través de estas variables se establece que, en 2018, la balanza comercial presentó un déficit de $3.1 millones de dólares.

4. Los registros estadísticos de litio en México no reportan ninguna producción, dado que los yacimientos que se conocen se encuentran aún en etapa de exploración. No obstante, actualmente se encuentra en construcción la planta de beneficio de la empresa Bacanora Lithium, en el estado de Sonora. Se espera que la planta comience a operar en el año 2023, siendo diseñada para procesar inicialmente 1.1 millones de toneladas (mt) de mineral por año, durante la primera etapa del proyecto; aumentando, posteriormente, hasta alcanzar los 2.2 mt anuales en una segunda etapa.

Considerando que en nuestro país no se explota actualmente este mineral y que el litio se puede encontrar tanto en pegmatitas, salmueras, pozos petrolíferos, campos geotérmicos y arcillas; es importante que el Gobierno Federal implemente un programa de exploración para detectar nuevos yacimientos, debido a que el mercado demanda una gran cantidad de este producto y que esta demanda se encuentra en franco crecimiento.

Por otra parte, los países que forman parte del triángulo del litio (Argentina, Bolivia y Chile) concentran más de la mitad de las reservas mundiales del metal.

En Bolivia, la explotación del litio ocupa actualmente un lugar central en la agenda gubernamental, pues se le considera un mineral fundamental para el desarrollo de la industria tecnológica y para concretar la llamada “electro-movilidad” (una movilidad ya no dependiente de los combustibles fósiles). En 2008, nacionalizó el litio.

Desde 2012 se utiliza en Chile un mecanismo de contratos directos para la explotación desde el Estado (administrador del bien nacional como es el litio) para entregarlo a los privados, lo cual, va en contra de la norma constitucional que obliga que todo se haga desde el Estado. La licitación para los particulares es contraria a la Constitución porque tiene que ser mediante una concesión, debido a que el Código de Minería de este país refiere que el litio no es concesible. En la Constitución no está nacionalizado el mineral.

En Argentina, ante la creciente demanda de litio para la producción de baterías de uso en vehículos eléctricos, desde el pasado mes junio de 2021, se está trabajando una iniciativa para declarar el mineral como “recurso estratégico” lo que, con base en el artículo 124 de la Constitución Nacional, habilitaría un mayor control de la Nación sobre la exploración y explotación del recurso y mayor injerencia sobre el “triángulo del oro blanco” que forman Jujuy, Salta y Catamarca.

Argumentos

El objeto de la presente iniciativa es que el litio sea considerado propiedad de la Nación, por lo que no se otorgarán concesiones, pues serán las empresas productivas del Estado las que lleven a cabo la actividad de exploración, explotación, comercialización, proceso e industrialización del litio y sus derivados, conforme a la ley que se expida, sin que esté sujeto a ninguna asignación o contrato con particulares.

Ello significa que los particulares, sean personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, no pueden obtener asignaciones ni concesiones para la exploración, explotación, comercialización, proceso e industrialización del litio y sus derivados, pues todo ello será a cargo de la empresa productiva del Estado que determine la ley.

A pesar de que en nuestro país no se cuenta todavía con ningún yacimiento de litio en explotación, lo que se busca es evitar que, en un futuro no mu lejano, cuando este mineral se convierta en uno de los más codiciados por los países más industrializados, abusen como lo han hecho con el oro, el cobre, la plata y otros minerales. Se quiere evitar, a toda costa, el saqueo de este preciado mineral, que se convertirá en uno de los principales generadores de energías limpias, sustituyendo a los combustibles fósiles.

Ello es así, pues el litio se constituye como factor clave en el cambio de matriz energética y de patrón tecnológico, es decir, como factor de poder para liderar la disputa geopolítica por los recursos naturales, razón por la cual, solo el Estado debe tener su control, sin la presencia de los particulares.

De lo contrario, si se permite a los particulares intervenir en la exploración, explotación, comercialización y toda la cadena productiva del litio, seguramente traerá como consecuencia la opresión y subordinación de las comunidades en las cuales se encuentran los yacimientos, a los intereses de grandes corporaciones y potencias, tal y como sucede con otros minerales.

Si México quiere seguir conservando al litio como recurso natural como propio, se requiere que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sea propiedad de la Nación, sin que exista la posibilidad de otorgar asignaciones o contratos a ningún particular.

Para dar mayor claridad a la propuesta contenida en la iniciativa se muestra el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman el párrafo séptimo de artículo 27 y la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman el párrafo séptimo del artículo 27 y la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

...

...

...

...

...

Tratándose del litio, petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la ley reglamentaria. Para cumplir el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. El litio es propiedad de la nación, por lo que ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado, sin que esté sujeto a ninguna asignación o contrato con particulares.

...

...

...

I. a XX. ...

Artículo 73. ...

I. a IX. ...

X. Para legislar en toda la república sobre hidrocarburos, litio, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;

XI. a XXXI. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones al marco normativo que corresponda, a fin de hacer efectivas las disposiciones del presente decreto, en un plazo máximo de ciento ochenta días, contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Tercero. Dado el carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del litio a que se refiere el presente Decreto se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas.

La ley preverá los términos y las condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación superficial o, en su caso, la indemnización respectiva.

Los títulos de concesiones mineras que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de este decreto y los que se otorguen con posterioridad, no conferirán derechos para la exploración y extracción del litio.

Notas

1 Comisión Chilena del Cobre (2018). Mercado internacional del litio y su potencial en Chile, Santiago de Chile.

2 R. Poveda Bonilla. “Estudio de caso sobre la gobernanza del litio en Chile”, serie Recursos Naturales y Desarrollo, número 195 (LC/TS.2020/40), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020.

3 https://www.thermofisher.com/blog/cienciaacelerada/mineria/extra-nos-elementos- de-la-tierra-ree/mexico-cuenta-con-el-yacimiento-de-litio-mas-grande-del-mundo/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2021.– Diputado y diputada: Irán Santiago Manuel, Sandra Simey Olvera Bautista  (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pensión por discapacidad, suscrita por la diputada Martha Estela Romo Cuéllar e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Martha Estela Romo Cuéllar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

La crisis económica generada por el Covid-19 ha producido una enorme contracción de la actividad económica que se ha comenzado a traducir en una significativa reducción del ingreso para amplios segmentos de la población. Aunque en algunos sectores, esta pérdida del empleo será temporal, en la mayoría la pérdida será definitiva, afectando de manera importante a la prolongación de la crisis y a la recuperación económica.

Tales afectaciones serán mayores en grupos vulnerables, como las personas con discapacidad permanente, y peor aún para personas de dicho grupo que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema.

Según estudios, es muy probable que la pobreza aumente en el país como resultado de la pérdida de empleos. Las estimaciones por el impacto de la pandemia sobre la pobreza extrema reflejan que ésta podría aumentar en un rango que va de 6 a 16.6 millones de personas. Esto implica que entre 4.8 y 13.3 por ciento de la población total del país podría pasar a formar parte de los pobres extremos. 1

El autor citado resalta que, en materia de pobreza total, las estimaciones sugieren un aumento mínimo de nuevos pobres de alrededor de 9 millones de personas. Esta estimación fue realizada bajo supuestos de crecimiento que ya han quedado muy alejados de la realidad debido al golpe ocasionado por la pandemia. Otros organismos, como Equide (2020), señalan que el aumento máximo en el número de pobres puede ser de más de 40 millones de personas.

Las estimaciones realizadas por expertos son preocupantes y quienes serán los más afectados son los grupos vulnerables, como las personas con discapacidad.

Desde hace mucho tiempo, distintos gobiernos han intentado realizar políticas sociales, algunas exitosas y otras no, para erradicar o disminuir el número de personas en condiciones de pobreza. Como lo son Prospera, Oportunidades, Solidaridad, y, en este gobierno, las becas universales Benito Juárez.

En el caso de las becas de este gobierno, para la presente iniciativa nos interesa una especialmente: la beca para personas con discapacidad que está recientemente consagrada en el artículo 4o. de la Carta Magna. La operación de dicha garantía la aplica la Secretaría de Bienestar y es esta quien decide las zonas de prioridad, según parámetros de pobreza por municipio. Es decir, el gobierno federal enfoca el apoyo en zonas específicas y no en todo el país, debido a los altos niveles de desigualdad existentes.

Y a pesar de la enorme desigualdad geográfica en la distribución del ingreso, es importante resaltar que la desigualdad no exime que las zonas menos pobres carezcan de grupos que no tengan acceso a servicios y a bienes de la canasta básica. Es de resaltar que, a pesar de que el paralelo para medir la pobreza resalta la desigualdad por estado, en ambos lados existen entidades federativas con altos índices de pobreza, como Guanajuato, Hidalgo, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas, con más de 40 por ciento de personas en condición de pobreza, así como Morelos, Tabasco, Puebla y Veracruz, con un promedio de 55. Y los peores estados, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, oscilan entre 67 y 76 por ciento. 2 De igual forma, los estados con menos pobreza siguen alcanzando niveles superiores a 20 por ciento. Con lo anterior se quiere explicar que, a pesar de que es importante que el gobierno focalice los apoyos, no debemos olvidar que las personas vulnerables existen en todo el país y en todos los municipios, en algunos más y en otros menos. Por tanto, es importante que, aunque una persona con discapacidad, a pesar que no se encuentre en un municipio con un alto grado de marginación, si se encuentra en el percentil de pobreza o pobreza extrema, le debe de llegar un apoyo para garantizar su subsistencia.

Desafortunadamente, el párrafo añadido al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que garantiza apoyos a las personas con discapacidad no es claro y en las reglas de operación de este año se utilizó el criterio de marginalidad por municipio, cuando debería ser entregado el recurso a absolutamente todas las personas que se encuentren en un estado de miseria económica.

Por lo anterior se pretende reformar dicho párrafo de la Constitución, para que se garantice el acceso a todas y todos quienes, por necesidad, quieran acceder a una beca de pensión por discapacidad y no se deje a criterios que pueden llegar a dejar a grupos vulnerables fuera de la implementación de la garantía constitucional que define el artículo 4o. en materia de apoyo a personas con discapacidad.

En virtud de lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o.

...

El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley. Las personas que tendrán prioridad para recibir la pensión serán las niñas y los niños, adolescentes y jóvenes de cero a veintinueve años de edad; personas de treinta a sesenta y cuatro años de edad cumplidos que habitan en municipios o localidades indígenas afromexicanas; y, personas adultas de treinta a sesenta y siete años de edad cumplidos que se encuentren en condición de pobreza o pobreza extrema.

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal deberá realizar las adecuaciones correspondientes hasta 30 días después de la publi-cación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Esquivel, Gerardo. Los impactos económicos de la pandemia en México, julio de 2020.

2 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/macario-schettino/ distrib-ucion-y-pobreza#:~: text=La%20distribuci%C3%B3n%20de%20la% 20pobreza,en%20M%C3%A9xico%2C%20es%20muy%20desigual.&text=Al%20sur%2C%20s%C 3%B3lo%20una%20entidad,de%20veinte%20puntos%20de%20diferencia

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.– Diputada Martha Estela Romo Cuéllar (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 377 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Román Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena

María Guadalupe Román Ávila, diputada federal de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 377 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

El principal objetivo del presente proyecto es el de calificar el robo de vehículos como un delito federal imponiendo penas mayores, para que de esta manera se logre disminuir el “carjacking” o robo de vehículo a mano armada y evitar que los vehículos sean utilizados en la comisión de otros crímenes.

Para nuestra ciudadanía hay una noticia que resulta inquietante, el “carjacking”, una nueva modalidad delictiva que ha comenzado a implantarse en nuestras ciudades, sobre todo en algunos estados de nuestro país los cuales debido a su incapacidad de erradicar este tipo de delito llevan encabezando por años los primeros lugares en este delito.

El “carjacking” es un delito violento extremadamente peligroso, consistente en el asalto de un vehículo automotor, en plena calle, para expulsar con lujo de violencia al ocupante u ocupantes de dicho vehículo, sustrayéndolo y que en ocasiones terminan en lesiones hasta el homicidio del conductor, a manos de los asaltantes. Para conseguirlo el o los asaltantes no dudan en utilizar la violencia contra el conductor.

Normalmente el objetivo del robo es el vehículo en sí, teniendo como un plus los objetos de valor que puedan encontrarse en su interior, inicialmente se escogían automóviles de lujo, que después serian vendidos en otros países, pero ahora les da igual lo único que les interesa es robar el vehículo a punta de pistola y utilizarlo para la comisión de otros delitos como el secuestro, asaltos violaciones, etcétera.

En estos casos nos enfrentamos a redes organizadas capaces de ejecutar el robo, modificar el vehículo (pintura, matrículas, documentación, etcétera), lo que implica una infraestructura elaborada.

Delito que día a día se ha especializado en el mismo llevando a cabo y una creación de organizaciones delictivas muy bien orquestadas donde existe el que comete el robo, el que lo traslada el que lo enfría, así como el que lo desmantela no sin omitir el que arregle los papeles. (factura, placas, engomado. etcétera.) para en ocasiones venderlo completo.

 En algunos países los delitos de “carjacking” incrementan notablemente las cifras criminales. En Estados Unidos se aprobó una ley en 1992 calificando el robo de vehículos como un delito federal. Esto ocurrió debido a una oleada de robos de vehículos, varios de los cuales terminaron con el homicidio del conductor, a manos de los asaltantes.

En Latinoamérica, países como Venezuela, Colombia o México, presentan también una alta estadística de casos de “carjacking”, a veces relacionados con otro tipo de delitos, al ser utilizados los vehículos sustraídos para la comisión de otros crímenes, y no ya para su venta.

Aun cuando el robo de vehículos ha ido disminuyendo en los últimos cuatro años anualmente las cantidades son alarmantes:

• En 2018 se robaron 213 mil 953 vehículos,

• En 2019, 187 mil 569 vehículos,

• En 2020, 145 mil 574 vehículo,

• Y en lo que va de 2021 a mayo se llevan contabilizado un total de 14 mil 546 vehículos robados.

Los casos en que los delincuentes utilizan armas de fuego para despojar a los dueños de sus vehículos automotores se han incrementado de 50 a 99 casos diarios según estadísticas oficiales a nivel nacional.

El estado de México, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Baja California, así como Puebla son estados que encabezan los primeros lugares en este tipo de delito y que por años sus fiscalías y policías locales han sido incapaces de erradicar o controlar este tipo de delito.

Según las estadísticas tan solo en el estado de México, de enero a marzo del presente año fue denunciado el robo de 14 mil 546 vehículos automotores, 9 mil 951 de ellos con violencia, y 4 mil 595 sin violencia es decir estacionados.

Es preocupante esta cantidad, compañeros legisladores, tan solo en Baja California son robados 31 vehículos diarios, 4 mil 494 de enero a mayo del 2021 23 de ellos a punta de arma de fuego. Lo que, en comparación con el año pasado, cuando se denunciaron 4 mil 555 robos de vehículos durante los primeros 5 meses del año en curso (2021); 2 mil 811 de ellos se dieron mediante el uso de un arma de fuego para intimidar a sus propietarios, y 1 mil 744 sin violencia.

Cifras que de llevarse una procuración de justicia transparente nuestros centros penitenciarios estuviesen llenos, pero tristemente sólo 40 por ciento se encuentran en un proceso judicial y el otro 60% se encuentra en libertad nuevamente delinquiendo en el mismo delito. (robo de vehículos).

Ya que en algunos estados se les juzga por el delito de encubrimiento por receptoría solo porque los desmantele tengan la posesión oh traslade de un lugar a otro lo cual al apegarse al beneficio que confiere el código nacional de procedimientos penales en su artículo 201, fracción III inciso d), y art. 202 la ley señala podrán ser acreedores de salir libres.

Los últimos reportes proporcionados por la autoridad investigadora, indican que los días jueves son los de mayor incidencia en el robo de vehículo, seguido de los lunes y miércoles. El principal horario que aprovechan los delincuentes para robar los vehículos eran de 5: 00 a 9: 00 de la mañana, cuando los propietarios se trasladan a sus trabajos o escuelas, información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Lo preocupante o alarmante no es solo eso porque la situación está empeorando para los ciudadanos. Debido a que la mayoría de las aseguradoras han dejado de cubrir sus pólizas o no garantizan la recuperación total de los vehículos robados en algunos estados de la republica ante el alto índice de robos.

En virtud de lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 377, la fracción I y IV del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 377. Se sancionará con pena de seis a quince años de prisión y hasta mil días multa, al que a sabiendas y con independencia de las penas que le correspondan por la comisión de otros delitos:

I. Desmantelé algún o algunos vehículos robados o comercialice conjunta o separadamente sus partes, que lo posea el victimario y/o dentro del domicilio que radique;

II. ...

III. ...

IV. Traslade el o los vehículos robados a otra entidad federativa o al extranjero, y que no porte documentación que acredite la posesión y que su conducta sea de reincidencia.

V ...

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.– Diputada María Guadalupe Román Ávila (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parla-mentario de Morena

Diputada Olga Leticia Chávez Rojas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 77 y 78, y los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del derecho al voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero.

Si bien es cierto que el voto extranjero ha sido un gran avance para la democracia mexicana, ya que nuestro derecho positivo vigente reconoce el derecho al voto de nuestros connacionales que residen fuera del territorio mexicano en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, también lo es que este derecho se otorga de manera incompleta ya que los migrantes mexicanos podemos votar desde el exterior a nivel federal por presidente de la república y senadores, pero no así por diputados federales.

En razón de lo anterior, es importante señalar que los migrantes somos aquellas personas que nos vimos obligados a salir de nuestro país en busca de mejores oportunidades, que en su momento nuestro lugar de origen no pudo brindarnos, pero no por ello nos hemos desvinculado de los asuntos internos de nuestro país.

Muestra de ello, es que desde el año 2006 cuando se cele-braron las primeras elecciones que contemplaron activa-mente el sufragio de las y los mexicanos residentes en el extranjero, 32 mil 621 connacionales hicimos valido ese derecho; 1 votos que han ido en un aumento considerable en las subsecuentes elecciones presidenciales.

Tan sólo en el año 2016, cuando se inició el nuevo modelo de credencialización, hasta el corte del 30 abril de 2018 para la conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, se ingresaron 701 mil 81 trámites al Centro de Cómputo y Resguardo Documental (Cecyrd) del Instituto Nacional Electoral; es decir, se recibieron 701 mil 81 peticiones de ciudadanas y ciudadanos interesados en tramitar la Credencial para Votar en el Extranjero. De este total se aprobaron y entregaron 531 mil 005 credenciales. 2

En el año 2018 en nuestro país el voto extranjero tuvo resultados históricos, ya que de acuerdo a datos emitidos por el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (en adelante el INE), para la elección presidencial en México, se contabilizaron 98 mil 470 votos de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, 140 por cientomás de los observado para esta elección en 2012 con 40 mil 714 sufragios y tres veces más respecto a los comicios de 2006 con 32 mil 621 votos.

Aunado a lo señalado y con relación a la participación de la población migrante en las elecciones de su lugar de origen, nuestro país en sus tres elecciones presidenciales (2006, 2012 y 2018) tuvo una participación ligeramente arriba de otros países en donde sus leyes prevén el derecho al sufragio internacional. Es decir, al realizar un comparativo las y los votantes mexicanos que residimos en el extranjero superamos la expectativa de participación. 3

Ahora bien, es oportuno exponer que, de conformidad con la Organización de las Naciones Unidas (en adelante la ONU), se define al migrante como “alguien que ha residido en un país extranjero durante más de un año independientemente de las causas de su traslado, voluntario o involuntario, o de los medios utilizados, legales u otros”.

Definición que acoge la Ley de Migración, en su artículo 3, fracción XVIII, que establece:

“Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I a XVI (...)

XVIII. Migrante: al individuo que sale, transita o llega al territorio de un Estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación.

(...)”

Del dispositivo legal antes descrito se tiene que los migrante somos quienes, sin importar el motivo, salimos, transitamos o llegamos a un país distinto al de nuestro origen.

A ese respecto, cabe citar que México es el segundo país con mayor volumen de población migrante a nivel mundial, la gran mayoría residente en Estados Unidos y el tercero en recepción de remesas, superado sólo por India y China. 4

Lo expuesto en el párrafo anterior, se corroborá con los datos emitidos por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que para el año 2019 señaló son 11 millones 848 mil 537 los mexicanos que viven fuera de nuestro país y de los cuales el 97.79 por ciento radican en los Estados Unidos de América, lo que sitúa la migración entre ambas naciones como una de las más importantes a nivel mundial. La demás población mexicana migrante en dicho año se concentraba Canadá, teniendo menor presencia en Europa del Sur, Europa Occidental, América del Sur y América Central, y en otras subregiones, que a nivel nación, en esas subregiones destacan, España, Guatemala, Alemania, Francia, Reino Unido, Bolivia e Italia.

La siguiente grafica muestra a la población mexicana migrante por principales regiones y países de destino, en el año 2019, según datos señalados en el Anuario de Migración y Remesas México de dicho año. 5

Es importante recalcar, que la mayoría de los mexicanos que emigramos a otro país, nos desplazamos con la finalidad de mejorar nuestra la calidad de vida y de nuestras familias, lo que implica arriesgar nuestra vida al cruzar la frontera sin documentos, dejar a nuestras familias y además ser víctimas de discriminación, abusos y un sin fin de problemas en un lugar desconocido.

De ahí que, uno de los factores más importantes de atracción asociados con la migración es la obtención de remesas, las cuales representan para muchos mexicanos la única posibilidad para crear un futuro ante la falta de oportunidades y el fracaso de las políticas públicas de las anteriores administraciones. Tan sólo en el ejercicio fiscal 2020 se obtuvo un nuevo máximo histórico al alcanzar el envío de remesas los 40 mil millones de dólares, lo que representa el 3.8 por cientodel Producto Interno Bruto, destaca el Banco BBVA y la gran mayoría de las remesas provinieron de Estados Unidos (95.5 por ciento).

Ante el auge de la migración y la trasncendencia de esta en el país de origen de los migrantes, dado la mejora de su economía por el envío de remesas, el respeto de los derechos de los migrantes en los países de origen y destino se ha convertido en materia de debate no sólo en México, sino a nivel internacional.

Por ello, que la polémica de los derechos migrantes se ve reflejado, entre otros documentos jurídicos, en la adopción de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la cual precisa en su artículo 1, que la misma será aplicable a todos los trabajadores migratorios y a sus familiares sin distinción alguna, por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convección, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.

Documento jurídico que en el artículo 41, numerales 1 y 2, señala con relación al tema de la presente iniciativa, lo siguiente:

“ Artículo 41.

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y ser elegidos en elecciones celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación.

2. Los Estados de que se trate facilitarán, según corresponda y de conformidad con su legislación, el ejercicio de esos derechos.”

De igual manera, el derecho al voto internacional, se encuentra contenido en el artículo 25, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23, numeral 1, inciso a) y b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificados por México el 24 de marzo de 1981; que disponen:

“ Artículo 25.

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) (...)

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

c) (...)”

(Negrillas propio)

“ Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y (...)”

(Negrillas propio)

Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, dispone en su artículo 21 que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.

De lo anterior se deduce que los medios de democracia directa están reconocidos, en los tratados internacionales, como un derecho humano en materia política.

En esta tesitura, es de destacarse que en el caso de nuestro país, el derecho al sufragio en el exterior es en particular desafiante en razón del número de migrantes mexicanos; no obstante y como se ha señalado México ha avanzado en cuanto a garantizar a sus ciudadanos residentes en el extranjero hacer efectivo tal derecho en las elecciones federales para presidente y senadores, pero no así para diputados federales.

Cabe señalar que el voto en el extranjero ha sido definido como “el ejercicio del sufragio fuera de las fronteras nacionales, por parte de ciudadanos de un país donde se realiza una elección, cuando el ordenamiento jurídico les reconoce dicho derecho y los autoriza ejercerlo de esta manera”. 6

A ese respecto, se entiende por voto extranjero, el derecho humano en materia política, del que gozan los ciudadanos de determinada nación, que se encuentren en el exterior, para participar activamente en las decisiones de su país de origen.

En este orden de ideas, nuestra legislación reconoce el derecho al voto en el artículo 35, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra se inserta:

“ Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

I. Votar en las elecciones populares”

Es importante citar, que se puede considerar el derecho al voto como el máximo derecho humano en materia política, al permitir al ciudadano ser parte de las decisiones políticas de su país, de ahí que este derecho sea la piedra angular de la democracia.

En este orden de ideas, La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en adelante la LGIPE), reglamentaría del precepto constitucional señalado en el párrafo inmediato anterior y que se encarga de establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las Entidades Federativas en estas materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales; dispone en su artículo 329, primer párrafo, lo siguiente:

“ Artículo 329.

1. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, así como de Gobernadores de las entidades federativas y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, siempre que así lo determinen las Constituciones de los Estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.”

De la interpretación armónica, lógica y sistemática del citado dispositivo, se advierte que:

a) El derecho al voto ciudadano se encuentra reconocido en nuestra Constitución.

b) El derecho al voto extranjero se encuentra contemplado en una norma de carácter general, pero sólo para ciertos representantes populares.

c) Por lo que este derecho se encuentra restringido para nuestro connacionales en el extrajero, ya que el migrante mexicano puede votar desde el exterior a nivel federal para presidente y senadores; sin embargo, la LGIPE no prevé el voto internacional para la elección de diputados federales.

En razón de ello, cabe señalar que en la Opinión Consultiva OC-18/03 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solicitada por México, de conformidad con el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativa a la “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”, se afirmó que toda restricción al goce de los derechos fundamentales que se derivan de los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación atenta con la obligación erga omnes de respetar los atributos inherentes a la dignidad del ser humano.

Entendiéndose por erga omnes, “contra todos, repecto de todos, se aplica para calificar aquellos derechos cuyos efectos se producen en relación con todos”. Lo que en términos quiere decir, que de las normas que reconocen derechos humanos emergen obligaciones internaciones (contra todo el mundo) de protección del ser humano ( erga omnes). 7

De lo que se deduce que el coartar el derecho al voto de los migrantes mexicanos, atenta contra los principios de igualdad ante la ley y la no discriminación y por ende contra la obligación erga omnes de respetar los atributos inherentes a la dignidad del ser humano.

Ya que como se señaló con anterioridad el voto es un derecho humano en materia política, por lo que su titularidad es de carácter objetivo y universal y cualquier reclamo a la afectación del mismo, merece ser tutelado y reparado.

Los principios enunciados anteriormente, se encuentran contenidos en el artículo 1, primero y último párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

“ Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece:

(...)

(...)

(...)”

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Del dispositivo legal antes descrito se tiene, que el principio de igualdad ante la Ley es un derecho y valor supremo fundamental reconocido por nuestra Carta Magna, por el cual todos las personas tenemos los mismos derechos y obligaciones, motivo por el cual no podemos ser tratados de manera desigual.

Por otra parte se entiende por no discriminación, la protección de carácter extraordinario que se da a un grupo que ha sido históricamente discriminados, 8 aquí cabe hacer énfasis que los todos los migrantes compartimos múltiples problemas derivados de la discriminación.

Asimismo, es oportuno exponer el principio de universalidad del derecho al voto contenido en el artículo 35 de nuestra Constitución. Por lo que por universalidad tenemos que todos los ciudadanos gozamos del derecho para ejercer la potestad del voto, lo que es vinculante con los principios de igualdad y de no discriminación, debiendo el Estado garantizar este derecho a todo ciudadano.

Por todo lo expuesto, se prevé de manera irrefutable que el derecho al voto migrante se encuentra coartado en nuestra Legislación ya que como se ha señalado en el cuerpo de la presente iniciativa, el mismo se encuentra regulado a nivel federal para presidente de la república y senadores, pero no así, para diputados federales.

Lo que atenta contra este derecho humano en materia política, reconocido en el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual nuestro país es parte y a lo establecido en los dispositivos 1, numeral 1 y 2, del citado documento jurídico que establece lo siguiente:

“ Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que este sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

(Negrillas propio)

“ Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.”

(Negrillas propias)

Y al principio “pro persona”, establecido en el artículo 1º Constitucional, segundo párrafo, que señala:

“ Artículo 1o.

(...)

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.(...)”

Precepto en el cual se establece el principio “pro persona”, el cual lo señala Mónica Pinto “es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más renstringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o suspensión extraordinaria”. 9

En razón de ello, en materia internacional se estima que el principio “pro persona” emana de los tratados internacionales relativos a los derechos humanos, que es la protección de los mismos, lo que se puede equiparar a la variante de preferencia interpretativa, en la que se tiene que aplicar la que sea más favorable a la persona, en el entendido de refugiarnos al tratado o ley en tanto sean más protector. En segundo lugar, se puede identificar al principio más favorecedor de la persona establecidos en los diversos tratados internacionales de derechos humanos.

En atención a todo lo ya expuesto, se tiene que nuestro país tiene una obligación jurídica de adecuación a nuestras normas, para garantizar el derecho al voto a las y los mexicanos residentes en el extranjero, sin restringir esta potestad.

Es decir regular en la Ley, que nuestros connacionales que habitan en país diverso, puedan votar tanto en el ámbito federal, por todos los representantes de Representación Popular elegidos mediante el sufragio efectivo, libre y directo.

Por todo ello, es necesario la adecuación a las leyes que rigen el derecho humano al voto en materia política, para las y los mexicanos residentes en el extranjero; por lo que, se requiere adecuar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a efecto de no coartar ni transgedir a nuestros connacionales la enunciada potestad.

Cabe hacer mención que la LGIPE, en términos del artículo 133 Constitucional, conforma un orden superior, de carácter nacional, que incide en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas.

Razón por la cual la enunciada Ley, dipone en su artículo 1, lo siguiente:

“ Artículo 1

1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional y para los Ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero. Tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en estas materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales.

2. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a las elecciones en el ámbito federal y en el ámbito local respecto de las materias que establece la Constitución.

3. Las Constituciones y leyes locales se ajustarán a lo previsto en la Constitución y en esta Ley.”

De lo que se verifica inequívocamente que la LGIPE es de observancia general en todo el territorio nacional y para los ciudadanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero.

Por lo que en dicha ley también se debe normar el derecho de los migrantes mexicanos residentes en el extranjero para ejercer su derecho al voto en la revocación de mandato, como lo dispone el artículo 8, último párrafo, de la Ley Federal de Revocación de Mandato, la cual fue aprobada por esta H. Cámara de Diputados el 7 de septiembre de 2021 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2021, que dispone:

“ Artículo 8. Son requisitos para solicitar, participar y votar en el proceso de revocación de mandato:

I a IV (...)

Las personas ciudadanas mexicanas que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto de la revocación de mandato, aplicándose lo conducente en la Ley General”.

En dicha reformar se cambia la demonimación de “Distrito Federal”, por “Ciudad de México”, de conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad México el 5 febrero de 2017.

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio se presenta ante ésta honorable soberanía, el siguiente:

Decreto por el que se reforma el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del derecho al voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero

Único. Se reforma y adiciona un segundo párrafo al numeral 1, del artículo 329, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 329.

1. Las y los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados federales, así como de Gobernadores de las entidades federativas y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, siempre que así lo determinen sus Constituciones.

Asimismo, las y los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en el proceso de revocación de mandato del Presidente de los Estados Unidos Méxicanos.

2 a 3 (...)

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Beltrán, Yuri, 2019 “Retos y expectativas del voto migrante en México a doce de implementación”; recuperado de:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5755/18.pdf

2 Álvarez Hernández, Álvarez Texocotitla, enero-junio 2019, “La migración y el sufragio transnacional: el caso de México”; recuperado de: La migración y el sufragio transnacional en méxico.pdf

3 Op. cit. Beltrán, Yuri.

4 Serrano, Carlos, et al, 2020, “Anuario de Migración y Remesas México”; recuperado de: Anuario_Migracion_y_Remesas_2020.pdf

5 Idem

6 Cfr. Valverde Gómez, Ricardo, “Voto en el extranjero”, en Diccionario Electoral, t. II, IIJ-UNAM, TEPJF-IFE-CAPEK, 2ª ed., México 2003, p. 1261

7  Rey Cantor, Ernesto, Rey Anaya, Ángela, “Medidas Provisionales y Cautelares en el Sistena Interamericano”, México 2005, recuperado de:

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/id/2047

8 Real Academia Española, Diccionario de Lengua Española, 22 ed, Tomo I, Madrid, 2001, Espasa Calpe, p.833.

9 Pinto, Mónica, “El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos”, en Martín Abregú, y Christian Courtis, La aplicación de los tratados de derechos humanos por los tribunales locales. [Argentina], Centro de Estudios Legales y Sociales/Editores del Puerto 2004.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2021.– Diputadas y diputados: Olga Leticia Chávez Rojas, Sandra Simey Olvera Bautista, Marco Antonio Natale Gutiérrez, Amalia Dolores García Medina, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, Héctor Ireneo Mares Cossío, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Elvia Yolanda Martínez Cosío, Consuelo del Carmen Navarrete Navarro, Ciria Yamile Salomón Durán, Fátima Almendra Cruz Peláez (rúbricas).»